URUGUAY: LA IMPUNIDAD CAMINA JUNTO
CON LA REPRESIÓN QUE SE VIENE
CON LA REPRESIÓN QUE SE VIENE
Estamos viviendo una confrontación en toda la línea. La SCJ pasa a la ofensiva y destituye a la Jueza Mota, declara inconstitucional el magro e incipiente impuesto a la tierra (según Mujica parte de "el programa" ??) y ya ha anunciado que declarará inconstitucional la interpretación de la ley de impunidad.
Todo el mundo se pregunta de donde sacan tanto impulso los burócratas de la SCJ ? La respuesta la da el histérico y compacto frente unido de la derecha apenas Mota fue destituída. Atrás de la SCJ está toda la derecha sin distingos, los medios de sus propiedad, las radios, TV y diarios, sus partidos, todos, blancos y colorados, todas sus tendencias y caudillos (y como no podía ser menos, al igual que cuando Saravia, el llamado Partido Independiente que cual cuzco garronero también quiere mojar en el malón derechista). Ya se habla de "golpe de estado parlamentario" (aquí vale aquel dicho de que el ladrón cree que todos son de su condición), se agita histéricamente "la asonada" y de ahí en más. La derecha está apuntalando (y dándole ordenes ?) a la SCR y esta se lanza a cumplir su rol de punta de lanza derechista.
Sin dudarlo se aparece la repetición del "modelo" aplicado en Honduras y Paraguay , en ambos casos con la respectiva SCR dandole carácter legal a los graves ataques a la democracia.
La protesta civil ante la SCR - según la derecha -se transformó en "asonada", "copamiento", "toma" con la histérica derecha danzando alrededor de la hoguera. La interrogante es si está prohibido protestar contra la SCJ, si acaso TAMBIÉN ELLA TIENE IMPUNIDAD, si lo que hace no se puede cuestionar, si sobre lo que decide no se puede disentir, es decir que vendría siendo como un superpoder divino que está por encima de todos los otros, por encima de los electos, por ejemplo. Esta variante de darle carácter divino a la SCJ y a sus resoluciones no es algo pasajero, es solo el comienzo del poner ante la opinion pública a la SCJ como la que jamás nunca se equivoca y sus decisiones son leyes inapelables. Esto apunta al capítulo dos de esta historia: el rol que la derecha le tiene reservado a la SCJ según la variante proclamada cuando el golpe en Honduras por Hillary Clinton que se podría resumir en las tesis de los "golpes blandos".
No por casualidad el problema de la tierra, el tocar las grandes extensiones, fué uno de los motivos del golpe en Honduras, así como la declaración de inconstitucional de la cuarta urna mediante la cual Zelaya tenía la pretensión de que el pueblo votase de si acaso se podria empezar un proceso hacia la Asamblea Constituyente. Estos ingredientes estan presentes y la reacción de la derecha es como si se estuviesen enfrentando a una insurreción obrero-campesina. En el caso de Zelaya era de que llevaría a Honduras al "chavismo", en el caso uruguayo es mas modesto pero no menos profundo: darle completa impunidad a los asesinos y de esa manera limpiar a la dictadura, terminar con las investigaciones en las que muchos personeros de la derecha podrían verse involucrados como se esta viendo qué sucede en Argentina, y, no menos importante: soldar el frente con las FFAA de cara a lo que se viene. Derecha, la burguesía y la oligarquía, los medios en su poder, los planes yanquis para el rol de Uruguay en el futuro inmediato y unas FFAA sin asesinos condenados.
Por lo tanto la SCJ va a seguir en esta línea porque esta apoyada y porque le apetece el rol de comando del estado mayor civil derechista. El primer paso serán procesamientos que ya estan pedidos a jueces que ya tienen el ejemplo de lo que le paso a Mota si disienten. Democracia le llaman !. Procesamiento de asesinos, secuestradores, violadores, torturadores, desaparecedores, ladrones de bebés, saqueadores de bienes privados y públicos ? No !, por el contrario ,procesamientos contra aquellos que se han atrevido a disentir con las resoluciones de la SCJ.
El estilo policial-ditactorial-yanqui exige algunos chivos expiatorios. Ya los han ido marcando por adelantado en la prensa de la derecha, con fotos y en los artículos, dandole a algunos el caracter de "líderes". Van a tomar a cierta cantidad de manifestantes y tratarán de cargar las tintas contra algunos, para la represalia "ejemplarizante". Igual que la dictadura la qué - a su vez - lo había heredado de las practicas de los ocupantes en la Segunda Guerra Mundial ante hechos resistentes.
Aquí hay una sola asonada y es la asonada contra las víctimas de la dictadura. Es la asonada para limpiar a los verdugos, es la asonada por la impunidad. Es la asonada de declarar "delitos comunes" los crímenes de lesa humanidad. Y tan jugados están la SCJ y la derecha a esa variante que están dispuestos a desacatarse ante resoluciones de corte internacional.
El gran problema para el movimiento popular y específicamente para el FA es que todo esto comenzó, se le dió el puntapié inicial cuando el Presidente Mujica conminó públicamente a otro poder del estado a tomar medidas contra uno de sus funcionarios. No se debe ni puede olvidar: fue Mujica el que inició todo este proceso creyendose - quizás - el superpoder que llamaba al orden a los otros. La situación se le fué de las manos y Mujica terminó haciéndole el juego a la derecha. En esa estamos.
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Del Blog:
domingo, 17 de febrero de 2013
NO SE ACABA EL MUNDO
(si tenemos un Joder Perjudicial In the pendiente)
por José Luis Perera
La senadora Lucía Topolansky afirmó a Montevideo Portal que “el mundo no se acaba por el traslado de un juez”, y agregó: “Me preocupa mucho más la resolución sobre el impuesto a la tierra”. También dijo que “…quienes están movilizados en contra del traslado se olvidan de que en el Uruguay los poderes son independientes".
La primera aseveración es cierta. Ni siquiera se acabó el 21/12/12 a pesar de los mayas y otras yerbas. No se ha acabado a pesar de que el sistema capitalista está haciendo todo lo posible porque se acabe y desde hace siglos. El mundo no se va a acabar, es estúpido pensar que eso suceda por el traslado de una jueza de lo penal a lo civil (no creo que alguien más lo haya pensado, salvo la señora Topolanski).
No se hubiera acabado tampoco si la dictadura duraba 40 o 50 años, ni el mundo hubiera finiquitado si el pueblo uruguayo hubiera ignorado los sufrimientos de quienes estaban presos en las mazmorras de la dictadura. Pero fuimos muchos los que, a pesar de que no era el fin del mundo, dimos una dura lucha por acabar con la dictadura y por lograr la liberación de los presos políticos (incluida la señora Lucía Topolanski). Así como luego dimos y seguimos dando (somos porfiados) una dura batalla por la vigencia y el pleno respeto de los derechos humanos, por la investigación de los sucedido, por la aparición de los desaparecidos.
Sin embargo, con el traslado de una jueza como Mariana Mota, pueden suceder muchísimas cosas, que aunque menos graves que el fin del mundo, son gravísimas para el sistema democrático en su conjunto, y afectará a cientos de personas que desde hace muchísimos años luchan por lograr esos dos elementos que van unidos y que son insoslayables: verdad y justicia. Cosas que afectan al sistema democrático porque ponen en duda la independencia tan mentada del Poder encargado de administrar la justicia, porque tienden a mantener la impunidad de los crímenes más aberrantes cometidos en este país a lo largo de su historia, y porque esa impunidad en definitiva es funcional a las clases en el poder.
Porque además le dan un golpe bajo a la esperanza. Afectan al sistema democrático porque además, no se trata simplemente del “traslado de una jueza”, sino de la jueza que tenía a su cargo más de 50 casos de violaciones de los derechos humanos, la que había puesto tras las rejas a asesinos múltiples como Juan María Bordaberry, el dictador, y la que había demostrado y sostenido un criterio acorde al derecho internacional de los derechos humanos. No es cualquiera.
De conformidad al art. 99 de la ley 15.750 Ley Orgánica de la Judicatura: "Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite establecido en el artículo 250 de la Constitución. No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo de cargo o de lugar...".
Y uno tiende a pensar que tal vez sean sí razones de "buen servicio"....las que llevaron a la SCJ a trasladar a la Jueza Mota de lo penal a lo civil….si lo que se pretendía era prestar un buen servicio a la impunidad de los violadores de los derechos humanos
A la senadora Lucía Topolansky le preocupa mucho más la resolución sobre el impuesto a la tierra. Un impuesto que le cobra algo así como 4 dólares por hectáreas a las extensiones mayores a dos mil, si mal no recuerdo, pero que deja afuera a los latifundios como el de Montes del Plata. Un impuesto que pretendía, además, ser invertido en caminería para esos mismos latifundios, para que puedan sacar los productos primarios (carne, soja, lana, arroz) que la política económica de este y el anterior gobierno viene favoreciendo. A la senadora le preocupa más que ese impuestito quede sin efecto, que el brutal ataque al sistema democrático, los derechos humanos o el mantenimiento de la impunidad.
Y nos advierte a quienes nos movilizamos en defensa de la jueza Mota, sí, pero en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, que la Justicia es independiente. Independencia que, desde luego, no está en cuestión cuando un presidente (representante del Poder Ejecutivo) insinúa públicamente que la SCJ debe hacer algo con una jueza que se atreve a criticar al gobierno por su nula colaboración con la justicia en el tema de los derechos humanos.
Independencia que, desde luego, no es avasallada por un ministro de Defensa que impide que esa jueza pueda tomar fotografías en un cuartel como pruebas para una causa sobre violación de los derechos humanos. Y por un lamentable descuido, la señora Topolanski olvida que el Poder Legislativo también es independiente, y que tal vez la concurrencia del presidente al Parlamento a decirle a los legisladores de su partido que no voten la anulación de la ley de impunidad sea un grosero avasallamiento de la independencia de ese otro poder del Estado.
Lo triste, es que esta inversión de los valores ya no puede llamar la atención a nadie, es la moneda más corriente.
Publicado por José Luis Perera en 19:36 No hay comentario
Yo estuve en la Suprema Corte de Justicia
¿Por qué estuve en la Suprema Corte de
Justicia?
Porque
luego del sabotaje que hicieron los sectores políticos a la segunda campaña por
la anulación de la Ley de Caducidad, el desparpajo que tuvo el Presidente y el Vicepresidente
al ir a indicarle al Parlamento lo que tenía que hacer con la Ley
Interpretativa, después que los milicos encapuchados le mandaron a Mujica un
video que sólo él vio. ¿Qué decía? ¿Por qué no lo mostraron?
Porque
el 1 de noviembre de 2011, 28 compañeras ex presas políticas de la dictadura,
denunciaron en Canal 12, en el Programa Esta
boca es mía, conducido por la periodista Victoria Rodríguez, que todas la
mujeres que pasaron por los cuarteles fueron violadas sexualmente, entre ellas
niñas de trece años de Treinta y Tres (!!!!) por los Oficiales y la tropa. Porque no se les movió un
pelo a todos los políticos ante semejante denuncia.
Porque el 22 de noviembre de
2012
se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales la jornada "A 25 años de la Ley de
Caducidad Momentos, actores y argumentos de un tema inconcluso". En ella participó Oscar Urtasún integrante de
la organización Madres
y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, quien luego de la lectura de
un documento de Familiares, respondiendo a una pregunta de si Familiares había
participado en algún Pacto expresó: “[…]
El único pacto que se le propone a familiares, fue en el gobierno de Tabaré
Vázquez… ‘Bueno, Uds. Proponen todo o nada, y eso ha fallado. Vamos a meter en
cana a siete u ocho milicos y ya queda todo solucionado, porque sino esto no
conduce a nada’”. (Versión grabada del Encuentro).
Porque
la impunidad también se encuentra en los cajones de los parlamentarios, allí
están los documentos que prueban los ilícitos económicos de la dictadura. Allí
están los documentos que prueban el robo por parte de los militares de 400
millones de dólares en la Represa de Palmar. Duermen en los cajones de
diputados y senadores ¿por qué ningún parlamentario ha dicho nada?
Porque
estamos asistiendo al desgate de la democracia representativa, donde los
poderes no se respetan a sí mismo, donde el Poder Ejecutivo le ordena al Poder
Judicial y el Legislativo le pide cuentas. ¿Dónde está el principio de
separación de poderes, tan pregonado por los políticos.
Por
eso apoyé a Mariana Mota, porque se atrevió con el expediente de Ronald
Scarcela (tupamaro asesinado en democracia y nunca aclarado). Arremetió contra
50 causas de violaciones a los derechos humanos y también la emprendió “con lo
que había” en el avión que “cayó” en el Río de la Plata.
Por
todo eso fui a la Suprema Corte de Justicia y junto con los jóvenes no
retiramos cuando lo hizo la jueza Mariana Mota. Donde esté esta digna
magistrada podemos pensar que hace todo lo posible para que se administre
justicia, en un Uruguay donde desgraciadamente campea la Impunidad.
Por
eso estuve y como dijo un viejo compañero: VOLVERÍA A HACERLO.
Manuel
Marx Menéndez (Marxito)
CI:
1.217.845-3
19 de febrero de 2013
Yo estuve
Estuve en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el viernes 15 a las 10 de la mañana y me quedé hasta que la jueza Mariana Mota se fue por la calle Soriano, caminando con su familia.
Estuve allí porque la justa convocatoria se deslizó por una pista aceitada de indignación: la gravísima señal de la SCJ hacia la totalidad de las luchas contra la impunidad. Y la indignación es una señora emoción, de esas que hacen caminar a las reflexiones, las sostienen y si es necesario las empujan.
Estuve porque el traslado de Mota a la órbita civil es una forma sumaria de desamparar una vez más las causas en las que ella había acumulado el estudio y el trabajo de muchos años. Es inaceptable disfrazar de inocencia un acto de poder como ese y pretender naturalizarlo con tal hipocresía: «¡Felicitaciones señora jueza, es usted la ganadora de un traslado!».
Porque la campaña contra la jueza Mota ofende doblemente, por injusta y por obvia. ¿Por qué las declaraciones públicas del ministro de la SCJ Jorge Chediak (respaldado por el también ministro Daniel Gutiérrez) reclamando mayores penas para «los menores» así como sus críticas a la lentitud, insuficiencia y benevolencia del Código de la Niñez y la Adolescencia son válidas y las declaraciones de Mota sobre la lentitud y falta de políticas hacia los crímenes de lesa humanidad no lo son?
Estuve allí porque desde hace muchos años, demasiados, estamos investigando por nuestra cuenta –como víctimas, como familiares, como ciudadanos– crímenes que deberían ser investigados por la Justicia. Ni durante ni después de la dictadura el Estado investigó nada. Y cuando aparecen, como flores en el mar, magistrados que asumen esta responsabilidad se los desprestigia, se los ataca y se los aparta de sus funciones. Y eso no es en aras de mejor servicio: eso es un bloqueo político inaceptable.
Estuve porque cada vez me resulta más burdo el espanto social ante la nueva marginalización urbana (la que ya no es producto de la pobreza sino de la desigualdad) y el reclamo de penalización severa a los delitos que de allí provengan mientras se perdona, por acción u omisión, a criminales de Estado y a privados poderosos.
Porque entiendo que la solidaridad debe ser ante todo práctica. Solidaridad con Mariana Mota y esfuerzo de actuar juntos cuando todo alrededor estimula la fragmentación y la quejumbre.
Estuve porque sé que gestos como este de la SCJ son una fuente poderosa de descorazonamiento, de desrresponsabilización de todos en todo. No quiero vivir en una sociedad así y sobre todo no quiero una sociedad así para nuestros hijos.
Ivonne Trías
"A LOS QUE ME ESTÁN DEBIENDO JUNTO A ESTE SUFRIDO PUEBLO AL QUE HAN AGARRADO DE "PUNTO"
Y TODAVÍA TIENEN EL TUPÉ DE NO QUERER BANCARSE UN FORCEJEO
INTRASCENDENTE, QUE SE DIERA EN EL PRIMER PISO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE
INJUSTICIA (STI) LES DIGO PARA QUE SEPAN, QUE YO ESTUVE EN ESE PISO Y SI
ME CONDENAN POR ESA ACCIÓN COMO ESTÁN AMENAZANDO O POR ACASO LO HACEN
CON ALGÚN@ COMPAÑER@, CONVOCO A LOS MILES QUE NO AGUANTAN MÁS EL
ESCARNIO DE QUE SOMOS OBJETO A QUE NOS INCRIMINEMOS FORMALMENTE DE TAN
"GRAN DELITO", QUE PARECE PARA EL PODER JUDICIAL DE ESTE PAÍS SER MAYOR
QUE LOS ASESINATOS, DESAPARICIONES, VIOLACIONES Y TORTURAS QUE SUFRIMOS
DURANTE EL PERÍODO DEL TERRORISMO DE ESTADO IMPLANTADO POR LA DICTADURA
CÍVICO-MILITAR.
AGARREMOS NUESTRAS
MÁS SENTIDAS COSAS, SI LA SITUACIÓN LO EXIGE, UNO O VARIOS BUENOS
LIBROS, EL MATE, CIGARROS -EL QUE FUMA- NUESTRA BATERÍA DE REMEDIOS Y
VAMOS ATRÁS DE LAS REJAS CON EL HONOR QUE TENEMOS Y QUE ELLOS
DESCONOCEN.
SI ESTÁN, LOS MIEMBROS DE LA CORTE, DISPUESTOS A
COLABORAR PARA SEGUIR INCENDIANDO ESTE PAÍS QUE LO HAGAN. LAS LEYES,
ESAS QUE ESTÁN AHÍ, SON DE ELLOS.
LA TERCA RAZON SIEMPRE CON NOSOTROS, LAS VÍCTIMAS...."
Luis Dubra - Facebook
Ellos también estuvieron
Repercusiones internacionales
COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO
URUGUAY: VULNERACIÓN A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LA JUSTICIA
París-Ginebra, 19 de febrero de 2013. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresa su preocupación por el traslado de la Jueza Mariana Mota de su juzgado de lo penal a uno de lo civil y la grave vulneración de la independencia e imparcialidad de la justicia que representa este traslado.
El pasado 13 de febrero de 2013, la Jueza uruguaya Mariana Mota fue trasladada de su juzgado, la Sede Penal de 7º Turno en Montevideo, a un juzgado civil de primer turno. Según la Suprema Corte de Justicia, este traslado está justificado en una reestructuración de los juzgados. Al mismo tiempo, señala que la Jueza no ha sido degradada, sino que se trata de un «cambio horizontal».
La Jueza Mariana Mota estaba investigando causas contra militares y civiles responsables de crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985). Entre los casos que ya han sido juzgados se encuentra el del dictador Juan María Bordaberry, condenado en 2010 a treinta años de cárcel por los delitos de atentado a la Constitución, desaparición forzada y homicidio agravado.
Se recuerda que Uruguay ha sido condenado en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gelman vs Uruguay, y tiene la obligación de facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente, con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Retirar a una jueza que conoce muy bien este tema no parece satisfacer esta obligación.
El Observatorio expresa su temor ante este cambio de juzgado, en la medida en que parece constituir una sanción por haber aplicado el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales, en particular en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades uruguayas a que velen por la imparcialidad e independencia de la justicia y la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
El Observatorio solicita, además, a las autoridades que se garantice la independencia de los jueces, fiscales y magistrados, la seguridad y la integridad física y psicológica de la Jueza así como de todos los operadores judiciales en Uruguay. Asimismo, el Observatorio urge a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos de los defensores de derechos humanos en Uruguay como los establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.
Contactos prensa:
FIDH: Arthur Manet, Audrey Couprie: + 33 1 43 55 25 18
OMCT: Delphine Reculeau: + 41 22 809 49 39
Enviado por Nestor Durante
DESDE ARGENTINA: POR REMOVER A UNA JUEZA QUE INVESTIGABA CAUSAS DE DD.HH. EN URUGUAY
El FA le exige transparencia a la Corte Suprema
El Frente Amplio de Uruguay afirmó ayer en un comunicado de prensa que en un Estado de Derecho, “todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia”, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten “para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo”. En el documento, vinculado con el pedido de explicaciones a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la reciente remoción de la jueza Mariana Mota del fuero penal, el FA advierte que nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado.
Asimismo, y tomando nota de las dudas existentes en la opinión pública uruguaya respecto de la decisión del Tribunal Supremo, la coalición gobernante exigió “explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a Mota”, lo cual contribuiría “a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.
Por su parte, los dirigentes de la oposición acusaron al gobierno de propiciar un ataque a la Justicia al pretender citar al Congreso a los ministros de la SCJ para que expliquen el traslado de la magistrada que hasta la semana pasada tenía a su cargo la investigación de al menos el 40 por ciento de las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura charrúa. “Con la convocatoria a la SCJ al Parlamento, el Frente Amplio está dando un golpe de Estado parlamentario”, advirtió el senador Sergio Abreu, del opositor Partido Nacional. Citado ayer por el diario El País, de Montevideo, el funcionario afirmó que no está previsto que la SCJ ofrezca explicaciones al Parlamento sobre los traslados de los jueces.
Por su parte, el diputado Gustavo Borsari, del mismo grupo político, afirmó que no hay palabra alguna en el texto de la Constitución que admita que un parlamentario pueda convocar a la SCJ. Según la Carta Magna uruguaya, los legisladores tienen derecho a realizar pedidos de informes a ese cuerpo por escrito y por intermedio de la Cámara respectiva, recordó.
El jueves de la semana pasada la jueza Mariana Mota fue trasladada por la SCJ a un Juzgado Civil en el marco de una reestructuración que abarcó también a otros magistrados, según el máximo tribunal.
La magistrada estaba al frente de un Juzgado Penal que tiene en su órbita unos 50 casos de homicidios, desapariciones y torturas ocurridos en la dictadura. Un legislador de la gubernamental coalición de izquierda FA anunció una citación a los ministros de la SCJ para que comparezcan ante el Parlamento para explicar el traslado de Mota.
Mota dijo que su traslado se produjo sin fundamentos y que con ello se obstaculiza la visión de Justicia. Al llegar la magistrada para jurar en su nuevo cargo el viernes, un grupo de manifestantes ingresó con ella en el edificio de la Corte, lo que provocó la intervención policial, que los desalojó sin mayores incidentes gracias a la intervención de Mota para calmar los ánimos, informaron los medios locales.
Los manifestantes, entre los que se encontraban el escritor Eduardo Galeano y el cantante Daniel Viglietti (quien calificó el hecho como “un minigolpe de Estado”), se congregaron frente a la sede de la SCJ, en el centro de Montevideo, con pancartas con inscripciones como “Basta de impunidad” y “Justicia para los crímenes de lesa humanidad”.
Página 12
Finalmente, en lamentable papel el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, entra al área ética para rematar un pase regalado por el jadeante periodista. La jueza Mota habría sido sancionada por participar en la tradicional marcha del silencio. No - contesta el Dr. Ruibal - no se le sancionó sino que se le reclamó acatar la ética del Poder Judicial. ¿Cuál es la infracción ética? - Pues la sobre exposición, dice el jerarca máximo de este curioso poder del Estado. La jueza Mota se expuso demasiado para el gusto de un jerarca que, precisamente, está desarrollando una sobre exposición por la que se le puede velar el rollo
Ética y secretismo en las organizaciones
De la jubilación de Benedicto XVI al traslado de la jueza Mariana Mota
Por el Lic. Fernando Britos V.
Como
a menudo sucede en la larga y turbulenta historia del Vaticano es
posible que nunca lleguemos a conocer el minúsculo itinerario de los
hechos que precipitaron la decisión del Papa Ratzinger pero, dicha
decisión es a su vez, una fisura en las murallas de secretismo que
caracterizan las cumbres de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.En efecto, no debería sorprender a nadie esta renuncia desde que este papado y especialmente su actual titular se debatiera en los escándalos, apenas soterrados, conocidos como "Los cuervos del Vaticano". Un Papa traicionado, espiado y vendido por sus propios mayordomos y camarlengos tampoco debería ser una novedad lo que llama la atención es el insilio de la víctima, decisión aparentemente adoptada por propia voluntad.
Es seguro que más allá de las claras alusiones a las rencillas internas (un eufemismo para designar a las feroces luchas intestinas por el poder eclesial) y al afán de trepar a cualquier costo que el mismo Benedicto hizo en una de sus ùltimas apariciones, el secretismo y la omertá harán el resto.
La maquina resoplará y se esforzará para bendecir y encalar las fisuras del muro del silencio y las desdichas del Papa alemán pasaran al panteón marmóreo en que también yace el fugaz y posiblemente envenenado Juan Pablo I y el polaco Wojtyla, el Papa Juan Pablo II.
Sin embargo, la historia menuda no es importante. El secretismo se ha desgarrado por un instante y las acciones importantes, las razones de fondo y la ética perversa de algunas organizaciones queda por un momento al descubierto. Esto tiene que ver con el aforismo comúnmente atribuido a Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
En el último medio siglo ninguno de los problemas que acucian a la Iglesia Católica ha sido resuelto y es posible establecer que los últimos Papas han sido presos y carceleros - al mismo tiempo - de hechos dramáticos. Las responsabilidades y las culpas no pueden ser disimuladas por los procedimientos clásicos, por ejemplo la canonización. ¿Debería haber muerto Benedicto en su trono para mantener incólume el secretismo Vaticano? - Es probable pero, como se sabe, no hay secreto invulnerable.
Por ejemplo, Juan Pablo II hace tiempo ha dejado de ser el adalid del anticomunismo y los estudiosos ahora la imputan un papel vacilante y anodino en los hechos políticos que tuvieron lugar en su Polonia natal en la década de los 80 del siglo pasado. En cambio detrás de la imagen beatífica de Papa dinámico, viajero y esquiador, aparece con el tiempo su rostro más sórdido, el de "Papa de los pedófilos" debido a su responsabilidad directa en la determinación de la política desarrollada por la Iglesia Católica para enfrentar el torrente de escándalos por pedofilia y abusos sexuales que se han extendido exponencialmente desde hace 35 o 40 años/1 .
En efecto, Juan Pablo II estableció instrucciones específicas e intervino personalmente para limitar los daños morales y los enormes perjuicios económicos de los escándalos que estallaron en todo el mundo. El Papa convocó y encuadró a los cardenales estadounidenses, irlandeses, españoles, alemanes y de todos los continentes afectados.
Sus directivas reforzaron el secretismo clásico. Los sacerdotes pedófilos y perversos debían ser trasladados discretamente a diócesis lejanas, sus antecedentes debían ser ocultados. Los reincidentes debían recibir una reprensión y un tratamiento de apoyo pero sin medidas más severas.
Lo más importante de la nueva línea para lidiar con las denuncias de abuso sexual efectuadas contra los sacerdotes fue el hecho de revertir la técnica defensiva seguida hasta entonces y pasar a la ofensiva contra los denunciantes. Los cardenales estadounidenses, envueltos ellos mismos en sospechas de malversación y abuso, habían respondido a las demandas con arreglos extrajudiciales y el pago de indemnizaciones abultadas para evitar los juicios públicos. Esa línea había costado a fines de los ochenta, varios cientos de millones de dólares pero como las denuncias seguían fluyendo y probándose se estimaba que las reparaciones demandarían unos cinco mil millones adicionales.
Ante esta amenaza, Juan Pablo II determinó que no se debía negociar con las víctimas de los sacerdotes pedófilos sino rechazar enérgicamente las denuncias y contraatacar acusándolas de falsedad, chantaje, afán de lucro, estafa, evitando por todos los medios pagar reparaciones en dinero o la admisión de culpa que alguno de los victimarios estuviera dispuesto a realizar. Esta última medida requería el traslado y apartamiento o reclusión de los perpetradores para evitar cualquier confesión indeseable para la Iglesia o el contacto con los periodistas y los investigadores.
En términos generales esta estrategia no era necesariamente menos costosa porque lo que no se pagaba en indemnizaciones reparatorias se invertía en abogados, publicaciones y en todo el operativo de ocultamiento (modificación de los escenarios, traslados de personal, actividades caritativas, propaganda institucional, actos litúrgicos, campañas destinadas a desviar la atención hacia otros asuntos, etc.).
Esta perversión de la ética, de hecho su negación más absoluta en defensa de los estrechos intereses materiales del poder eclesial se afinca en el denominado doble discurso (video meliora proboque deteriorata sequor, veo el bien y lo apruebo pero practico el mal) y en el caso del Papa Wojtyla no se limitó al enfrentamiento a las acusaciones de pedofilia.
Un ejemplo notorio para los montevideanos y los uruguayos en general es el enorme crucifijo de cemento que se instaló, dizque provisoriamente como escenografía para la visita papal, en la intersección de Bulevar Artigas y Avenida Italia, bajo promesa de desmontarlo.
Después de oficiada la misa papal, el armatoste de cemento fue dejado como un hecho consumado, luego cuidadosamente envuelto en mármoles y granitos, cercado y culminado con una estatua del Papa polaco. Un ejemplo de doble discurso y cruda propaganda proselitista: en un país laico y respetuoso de la libertad de culto y pensamiento plantaron una cruz con apropiación y abuso de los espacios públicos al lado de la que el "muñeco coreano" parece una modesta muestra gratis.
Secreto y doble discurso ocultando los verdaderos propósitos de las organizaciones constituyen el descaecimiento de su ética y por ende la negación de la ética de la convivencia democrática y respetuosa de los valores ajenos. Del pase a retiro de Benedicto XVI al traslado de la jueza Mariana Mota en el Uruguay median distancias y similitudes muy evidentes, las mismas que se pueden percibir entre el Papa Ratzinger y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ruibal Pino.
Como es sabido la jueza Mariana Mota ha sido la más seria y respetuosa en el diligenciamiento de casos que involucran a los delitos cometidos durante los años de terrorismo de Estado, especialmente durante la dictadura que se extendió de 1973 a 1985.
Es evidente que desde el punto de vista administrativo el traslado de la jueza Motta es inobjetable; desde el punto de vista de la justicia inoportuno y acomodado a los intereses de los perpetradores de los peores atentados a los derechos humanos y, finalmente, desde el punto de vista político una expresión del secretismo y la arbitrariedad en la cúspide del Poder Judicial.
Las similitudes entre las "curias de poder", en este caso la legendaria curia de poder del Vaticano y la curia de poder de la corporación del Poder Judicial en el Uruguay, salen a luz, por ejemplo, cuando el Presidente de la Suprema Corte intenta cabecear los centros que le levanta un periodista complaciente para explicar lo inexplicable y, de paso, vestir de cierta corrección la manipulación perpetrada contra la resolución de buena parte de las denuncias por violaciones de derechos humanos.
De la misma manera que el Papa Ratzinger la Dra. Mota no es sino una pieza expiatoria en un manejo de las respectivas curias de poder. No sabemos cuáles son los objetivos encubiertos en el secretismo Vaticano pero ya se irá viendo en la medida en que se abran nuevas fisuras. En cambio en el caso de la curia subsidiaria de la Suprema Corte no es difícil ver adonde apunta el fuego: se trata de desmontar, de una vez por todas, el descubrimiento de la verdad, al interrumpir las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura y del terrorismo de Estado.
Esta es la antesala de una declaración de inconstitucionalidad contra la ley que dispuso la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y por lo menos una dilación por la que clamaban los defensores de los perpetradores de esos crímenes. Esto no quiere decir que la magistrada designada para reemplazar a Mariana Mota no sea igualmente diligente y apegada a las leyes per, en todo caso, deberá tomar contacto y familiarizarse con más de cincuenta voluminosos expedientes sin el beneficio de la experiencia y el tiempo que había requerido su desarrollo. Indudablemente el traslado, bajo la forma de ascenso envenenado, servirá para que los perpetradores ganen tiempo adicional después de varias décadas de impunidad.
Finalmente, en lamentable papel el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, entra al área ética para rematar un pase regalado por el jadeante periodista. La jueza Mota habría sido sancionada por participar en la tradicional marcha del silencio. No - contesta el Dr. Ruibal - no se le sancionó sino que se le reclamó acatar la ética del Poder Judicial. ¿Cuál es la infracción ética? - Pues la sobre exposición, dice el jerarca máximo de este curioso poder del Estado. La jueza Mota se expuso demasiado para el gusto de un jerarca que, precisamente, está desarrollando una sobre exposición por la que se le puede velar el rollo.
Esta concepción de jueces distantes, anónimos, fríos intérpretes de leyes y mandatos puede asimismo establecer contactos sobrenaturales. El modelo se parece mucho al secretismo eclesial y como ejemplo de administración de justicia es muy poco ético, desafortunado e insuficiente para cuestionar a una magistrada ejemplar.
LA ONDA® DIGITAL
PVP denunciará a la Suprema Corte
La Corte a la Corte
18.02.2013 15:47
El diputado del PVP Luis Puig presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura. Puig dijo a Montevideo Portal que el Poder Judicial no puede revocar la sentencia de la CIDH.El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) evalúa presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en caso de que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura.
Ante los trascendidos que indican que la SCJ se expedirá en los próximos días sobre la posible inconstitucionalidad de la ley 18.831, aprobada por el Parlamento en 2011 para evitar la prescripción de los delitos ocurridos durante la dictadura, el diputado del PVP Luis Puig anunció que su sector tiene previsto denunciar a la Suprema Corte ante la CIDH.
Puig adelantó su intención en declaraciones al portal UNoticias, argumentando que esa decisión de la Suprema Corte sería "llegar a un extremo en la cobertura de la impunidad".
En diálogo con Montevideo Portal, el legislador aclaró que el posible fallo de la SCJ no refiere a la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad ya que nunca fue aprobada, sino a la Ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura, aprobada meses más tarde por el Parlamento.
Según Puig, la Suprema Corte no puede declarar inconstitucional esa ley porque "el dictamen de la CIDH no se puede revocar", en referencia a la sentencia del organismo internacional para el caso de Macarena Gelman, que incluía la eliminación de la pretensión punitiva del Estado. "Ese dictamen mandata a los tres poderes y no por una injerencia, sino porque el Estado por su propia voluntad firmó el Pacto de Costa Rica, en 1985 durante el gobierno de Julio María Sanguinetti", afirmó.
Si bien la intención de presentarse ante la Corte surgió desde el PVP, Puig anunció que el sector extenderá la propuesta a todo el Frente Amplio el viernes, en la próxima Mesa Política.
Puig también se refirió a las repercusiones políticas que causó el traslado de la jueza Mariana Mota, considerando que, si existe tensión entre el Poder Judicial y el gobierno, "es porque la Suprema Corte lo generó con sus decisiones". En ese sentido, sostuvo que "el traslado de Mota no tuvo ningún fundamento".
"Lo que hay es una estrategia de la derecha y los terroristas de Estado", aseguró el diputado. Al respecto, opinó que el relevo de Mota "es una decisión contraria a la administración de buena justicia en el país".
Montevideo Portal
PVP recurrirá ante Corte Interamericana si Justicia declara inconstitucional imprescriptibilidad de delitos de la dictadura
El Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la eventualidad de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declare como inconstitucional la Ley que declara imprescriptible los delitos contra los derechos humanos cometidos por la dictadura (1973-1985).
Lunes 18 de febrero de 2013 | 20:57 La República uy
El diputado del Frente Amplio Luis Puig (PVP), aseguró que su sector político presentará una denuncia ante la CIDH si la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucional la Ley de imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura. De todas maneras aclaró que en primera instancia presentará la moción ante la Mesa Política Nacional del Frente Amplio.
En los últimos días ha trascendido que la corporación podría expedirse sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley 18.831, por la cual se declara que los delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico- militar, no caducan.
Impunidad
Según declaró el diputado Puig a U-Noticias si la decisión Suprema Corte de Justicia se lleva adelante sería “llegar a un extremo en la cobertura de la impunidad”.Asimismo, el legislador frenteamplista dijo a Montevideo Portal que el eventual fallo de la Justicia “no refiere a la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad ya que nunca fue aprobada, sino a la Ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura, aprobada meses más tarde por el Parlamento”.
“La Suprema Corte de Justicia no puede declarar inconstitucional esa Ley porque el dictamen de la CIDH no se puede revocar. Ese dictamen mandata a los tres poderes y no por una injerencia, sino porque el Estado por su propia voluntad firmó el Pacto de Costa Rica, en 1985 durante el gobierno de Julio María Sanguinetti”, remarcó el parlamentario.
Trincheras y chacras
FA le exigió “máxima transparencia” a la SCJ por traslado de Mota; gremiales de jueces y abogados rechazan “ataques” a la independencia de poderes.El siempre tardío arranque del año político se adelantó esta vez con el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. El Frente Amplio (FA) le reclamó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “la máxima transparencia” en sus actos administrativos; la oposición reiteró que se trata de un ataque a la independencia de poderes y la comisión de Constitución y Códigos de Diputados analizará mañana si convoca a los miembros del máximo órgano judicial. La defensa de Mota recurrirá el dictamen y no descarta apelar a instancias internacionales. Además, ayer se lanzó una campaña para que quienes estuvieron el viernes en la sede de la SCJ lo asuman públicamente y justifiquen los motivos.
El
Secretariado Ejecutivo del FA reclamó ayer que la SCJ explicite las
razones por las que trasladó a la jueza Mota. En un comunicado aprobado
por consenso, el organismo planteó la necesidad de que las autoridades
públicas actúen con “la máxima transparencia” posible, “permitiendo a la
ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que
dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del
servicio a su cargo”. Este pedido de transparencia, señala el FA, no
estaría violentando “la independencia o la posición institucional de un
órgano del Estado”, en referencia a las críticas de la oposición sobre
un supuesto ataque a la independencia de poderes.
Desde el FA sostienen que las explicaciones de la SCJ contribuirían a “descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”. El FA manifestó su “total apoyo” a los magistrados que han venido actuando en casos de denuncias por violaciones a los derechos humanos y sobre el final del comunicado respondió a las críticas vertidas por integrantes de la oposición, quienes “pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la república”.
La declaración finaliza con una devolución de gentilezas; afirma que “resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y considerada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley que esos sectores votaron sometiéndose a la más desembozada presión militar”.
En la declaración no figura una posición respecto a la movilización del viernes frente a la SCJ. El secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, destacó que las organizaciones sociales lograron “una amplia convocatoria” y planteó en la reunión que el FA debería haber evaluado la posibilidad de reunir al secretariado o a la mesa política para adoptar una postura en torno a la convocatoria, “para que los frenteamplistas tuvieran más claridad en cuanto a la participación”.
A la diputada Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay, la movilización le causó “sorpresa en lo personal” y sostuvo que no hubo “nada orquestado por el FA para ir a la SCJ”. Para el dirigente comunista Daniel Marsiglia, centrar el debate en torno a la movilización del viernes es un error. “Lo central es lo que pasó con el traslado de Mota, estar buscando cuestiones accesorias no me parece”, manifestó.
Mañana la comisión de Constitución y Códigos de Diputados resolverá si invita a la SCJ a dar explicaciones, informó a la diaria Iturralde, quien votará contra el pedido del oficialismo, mayoritario en ese ámbito.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado (PC) emitió un comunicado que rechaza la “presión” sobre la SCJ y que le exige al FA respeto por la independencia de poderes. Para los colorados, la propuesta lanzada por Bayardi “carece de sustento constitucional, lesiona el principio republicano de separación de poderes y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial”. En cuanto al traslado, el PC descarta irregularidades o intencionalidades, en tanto “disponer el traslado de los jueces por razones de servicio es competencia” de la SCJ. “Nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado por sectores políticos, ni mucho menos resistido por las vías de hecho como lo fue el traslado mencionado”, agregan desde el PC. El Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado para respaldar “toda decisión que, en el ejercicio de su competencia, adopte el Poder Judicial”. “Las relaciones entre los Poderes, y el alcance de éstas, están debidamente explicitadas en la Constitución”, concluyen.
La Asociación de Magistrados del Uruguay también emitió un comunicado sobre “los acontecimientos ocurridos” el viernes, y para condenar los intentos por “obstruir” el funcionamiento del órgano de gobierno del Poder Judicial “durante varias horas”. “Se pretendió atacar la independencia de este poder del Estado”, afirman los magistrados.
En esa línea, el Colegio de Abogados del Uruguay emitió ayer un comunicado en el que rechaza “enfáticamente todo intento, directo o indirecto, de presión sobre el Poder Judicial o de incursión en temas que son de competencia exclusiva de dicho poder”. Rechaza asimismo que los jueces “puedan estar sometidos o subordinados a las mayorías políticas que puedan existir en un momento histórico determinado, siendo censurable todo intento en este sentido”. Finalmente, exhorta a todos los actores “a defender la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces”. “El prestigio de los jueces y el Estado de Derecho está en juego”, sentencia.
También ayer, y relacionado a la propuesta de los legisladores del FA de convocar a la SCJ, el ex senador socialista José Korzeniak aclaró, en declaraciones a AM Libre, que la iniciativa “desde el punto de vista constitucional no ofrece ningún tipo de dificultad”.
En otro orden, el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, confirmó que la jueza Gabriela Merialdo ya tomó declaraciones a los jefes policiales encargados del desalojo del viernes y que empezó a analizar los videos. Oxandabarat confirmó que ayer en la reunión de ministros de la SCJ se habló de este tema porque fue un hecho que “distorsionó el trabajo habitual” de la Corte.
La jueza Mota ratificó ayer, consultada por la diaria, que presentará un recurso de revocación ante la SCJ, pero prefirió no dar más detalles. Su abogado, Antonio Rammauro, añadió que recién mañana, cuando se reúna con Mota, podrían surgir novedades. “La prioridad es que la sociedad crea y confíe en el Poder Judicial. Y para eso debe demostrar su independencia de todo menos de la propia Justicia. El que confunde discrecionalidad con arbitrariedad abusa del poder. Estamos recibiendo información y aportes muy valiosos a partir de los cuales pretendemos resolver las acciones a seguir a nivel nacional e internacional para cumplir el objetivo de que se haga justicia. Y esto trasciende el traslado de Mariana”, afirmó.
La DiariaDesde el FA sostienen que las explicaciones de la SCJ contribuirían a “descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”. El FA manifestó su “total apoyo” a los magistrados que han venido actuando en casos de denuncias por violaciones a los derechos humanos y sobre el final del comunicado respondió a las críticas vertidas por integrantes de la oposición, quienes “pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la república”.
La declaración finaliza con una devolución de gentilezas; afirma que “resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y considerada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley que esos sectores votaron sometiéndose a la más desembozada presión militar”.
En la declaración no figura una posición respecto a la movilización del viernes frente a la SCJ. El secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, destacó que las organizaciones sociales lograron “una amplia convocatoria” y planteó en la reunión que el FA debería haber evaluado la posibilidad de reunir al secretariado o a la mesa política para adoptar una postura en torno a la convocatoria, “para que los frenteamplistas tuvieran más claridad en cuanto a la participación”.
A la diputada Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay, la movilización le causó “sorpresa en lo personal” y sostuvo que no hubo “nada orquestado por el FA para ir a la SCJ”. Para el dirigente comunista Daniel Marsiglia, centrar el debate en torno a la movilización del viernes es un error. “Lo central es lo que pasó con el traslado de Mota, estar buscando cuestiones accesorias no me parece”, manifestó.
Por Avenida de las Leyes
Mediante la declaración de ayer, el FA acompañó el planteo del diputado oficialista José Bayardi (Vertiente Artiguista), quien presentó el viernes una nota al presidente de la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Representantes, Pablo Iturralde, para “invitar” a la SCJ al organismo. La nota de Bayardi funda su pedido en la “inquietud que han despertado algunos traslados en sectores de nuestra sociedad” y remarca la “necesidad de conocer directamente los fundamentos de dichas resoluciones” para hacerse una “composición de lugar”. Aclara que esto no implica “poner en cuestión la potestad” de la SCJ “de ejercer la superintendencia sobre el Poder Judicial”, ni “mucho menos” su independencia.Mañana la comisión de Constitución y Códigos de Diputados resolverá si invita a la SCJ a dar explicaciones, informó a la diaria Iturralde, quien votará contra el pedido del oficialismo, mayoritario en ese ámbito.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado (PC) emitió un comunicado que rechaza la “presión” sobre la SCJ y que le exige al FA respeto por la independencia de poderes. Para los colorados, la propuesta lanzada por Bayardi “carece de sustento constitucional, lesiona el principio republicano de separación de poderes y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial”. En cuanto al traslado, el PC descarta irregularidades o intencionalidades, en tanto “disponer el traslado de los jueces por razones de servicio es competencia” de la SCJ. “Nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado por sectores políticos, ni mucho menos resistido por las vías de hecho como lo fue el traslado mencionado”, agregan desde el PC. El Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado para respaldar “toda decisión que, en el ejercicio de su competencia, adopte el Poder Judicial”. “Las relaciones entre los Poderes, y el alcance de éstas, están debidamente explicitadas en la Constitución”, concluyen.
Abogados y doctores
Hubo más repercusiones. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) emitió un comunicado que no cuestiona “ni la formalidad ni la legalidad” del traslado pero dicen no compartir una “práctica común” de la Corte al “resolver traslados de jueces” cuando “la independencia técnica del magistrado no condice con la opinión mayoritaria” de la SCJ. El gremio afirma que estos traslados no tienen “fundamentos ni criterios conocidos públicamente”, y recuerdan que ya desde hace un tiempo la AFJU impulsa una reforma de la Ley Orgánica de los Tribunales y de la Constitución de la República para “hacer democrático la forma de ingreso, traslado y ascenso de los/as Magistrados”.La Asociación de Magistrados del Uruguay también emitió un comunicado sobre “los acontecimientos ocurridos” el viernes, y para condenar los intentos por “obstruir” el funcionamiento del órgano de gobierno del Poder Judicial “durante varias horas”. “Se pretendió atacar la independencia de este poder del Estado”, afirman los magistrados.
En esa línea, el Colegio de Abogados del Uruguay emitió ayer un comunicado en el que rechaza “enfáticamente todo intento, directo o indirecto, de presión sobre el Poder Judicial o de incursión en temas que son de competencia exclusiva de dicho poder”. Rechaza asimismo que los jueces “puedan estar sometidos o subordinados a las mayorías políticas que puedan existir en un momento histórico determinado, siendo censurable todo intento en este sentido”. Finalmente, exhorta a todos los actores “a defender la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces”. “El prestigio de los jueces y el Estado de Derecho está en juego”, sentencia.
También ayer, y relacionado a la propuesta de los legisladores del FA de convocar a la SCJ, el ex senador socialista José Korzeniak aclaró, en declaraciones a AM Libre, que la iniciativa “desde el punto de vista constitucional no ofrece ningún tipo de dificultad”.
En otro orden, el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, confirmó que la jueza Gabriela Merialdo ya tomó declaraciones a los jefes policiales encargados del desalojo del viernes y que empezó a analizar los videos. Oxandabarat confirmó que ayer en la reunión de ministros de la SCJ se habló de este tema porque fue un hecho que “distorsionó el trabajo habitual” de la Corte.
La jueza Mota ratificó ayer, consultada por la diaria, que presentará un recurso de revocación ante la SCJ, pero prefirió no dar más detalles. Su abogado, Antonio Rammauro, añadió que recién mañana, cuando se reúna con Mota, podrían surgir novedades. “La prioridad es que la sociedad crea y confíe en el Poder Judicial. Y para eso debe demostrar su independencia de todo menos de la propia Justicia. El que confunde discrecionalidad con arbitrariedad abusa del poder. Estamos recibiendo información y aportes muy valiosos a partir de los cuales pretendemos resolver las acciones a seguir a nivel nacional e internacional para cumplir el objetivo de que se haga justicia. Y esto trasciende el traslado de Mariana”, afirmó.
El Gobierno y el FA le han hecho el juego a la derecha. He aquí un ejemplo. Nada se hizo, protestó ni se llamó a Comisión de disciplina al integrante del FA Huidobro cuando impidió a la Justicia inspeccionar una unidad militar. A la Jueza Mota la destituyen, Huidobro sigue siendo ministro, nada menos que de Defensa Nacional.
Heber: “¿Por qué el FA no habla del desacato de Huidobro a la jueza Mota?”
El senador blanco señaló que desde la izquierda se dice que “la SCJ es un poder del Estado que está influenciado por el poder”
El senador y presidente del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, criticó el reclamo que el Frente Amplio (FA) le hizo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tras la remoción de la jueza Mariana Mota de la justicia penal a la civil, la semana pasada.
La coalición de izquierda pidió este lunes que “se expliquen los motivos del traslado”. “Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a la doctora Mota, contribuiría a descartar toda interpelación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.
Luego de expresar su confianza en los magistrados que han investigado las causas relacionadas con la violación de los derechos humanos durante la dictadura, el Secretariado del FA rechazó “enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que pretenden poner” en duda la adhesión del Frente Amplio a los preceptos constitucionales.
Este martes, Heber expresó a radio Sarandí que desde el FA “están cuestionando un poder del Estado” y que a su entender no se da “el marco” para que los ministros de la SCJ concurran al Parlamento por iniciativa de algunos representantes del FA que quieren saber los motivos del traslado de Mota.
“Se está diciendo que la SCJ es un poder del Estado que está influenciado por el poder. No creo que la SCJ tenga que ir frente a la invitación (al Parlamento), porque en este contexto a mi juico la SCJ reafirmaría su independencia al no ir, porque es una invitación que está enmarcada en un cuestionamiento y no en una consulta”, agregó.
Heber señaló que se puede hacer críticas al la SCJ, “pero nadie está cuestionado la legitimidad o la independencia del poder”. “La SCJ es un poder del Estado al que se está cuestionando y acusando de que está actuando en función de poderes, y es grave esa acusación”, dijo sobre la postura del FA.
"Desacato" de Huidobro
Heber agregó que en la izquierda se habló de los 50 casos de los delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos que tenía Mota, pero “nada dice el FA del desacato que tuvo el ministro Fernández Huidobro frente a la instancia de la jueza, cuando quiso sacar fotografías en un batallón militar”.
“¿Por qué había carteles de gente contra Fernández Huidobro del día del juramento de la jueza Mota? ¿Por qué el FA no habla de ese desacato a la jueza Mota? Se negó que se le permitiera sacar fotos”, comentó.
El senador recordó que “cuando la jueza quiso entra a sacar fotos, el ministro le negó sacar fotos”. “Y era voz corrida en el mes de febrero, no sé si es cierto, de que la jueza iba a citar a Fernández Huidobro al juzgado. Entonces, ¿es el tema de los 50 casos de lesa humanidad o es el enfrentamiento que la jueza tuvo con Huidobro?”, preguntó.
“El FA políticamente tendría que darle una explicación de cómo un ministro de su gobierno, tupamaro, en su pasado violento, supuestamente tratando de generar las condiciones del hombre nuevo en Uruguay, termina desacatando la orden judicial de una jueza que quiere entra a un cuartel”, indicó Heber.
Mensaje de Tony bolivariano
Mi Hermano Querido :
Digo yo ...nuestros Paisanos ...¿ saben leer ?
y si saben leer ...¿ como aceptan que la Constitución diga en su Art. 237 que las autoridades de CSJ se elijan por 10 AÑOS ES DECIR DOS PERÍODOS ...DE LOS PRESINDECIALES ...Y QUE DE LOS ELEGIDOS EL DE MAYOR ANTIGUEDAD SEA EL PRESIDENTE (¿ no debería ser el mas capaz ?).
Según el Art. 236 de la Constit. dice que los Miembros de la SCJ, seran elegidos por los dos tercios de los votos de la Asamblea General...cuando el Presidente de la República se elige con mayoría simple de votos y por 5 años. (creo yo...porque llevo la mitad de mi vida residenciado en otro Pais)
Papaíto Querido te mando un gran abrazo
Tony
Korzeniak: “Es constitucional” invitar a la Suprema Corte al Parlamento
El catedrático en Derecho Constitucional y referente del Frente Amplio, José Korzeniak afirmó que “desde el punto de vista constitucional no ofrece ningún tipo de dificultad” la posibilidad que el Parlamento invite a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para informarse sobre los aspectos que determinaron el traslado de la Jueza Mariana Mota, de la Justicia Penal a la Civil.
Martes 19 de febrero de 2013 | 10:50 La República uy
José KorzeniakKorzeniak descartó que los parlamentarios puedan pedir explicaciones relativas a los casos jurisdiccionales, los comprendidos en la función de juzgar, pero en lo referente a solicitud de datos administrativos como lo es un traslado, es suficiente el petitorio de un solo legislador para que la información sea accesible.
“Mirada fríamente y sin agregar aditivos, por ignorancia por no leer la Constitución -y otros por cuestiones políticas explicables donde algunos quieren decir que todo lo que hace el gobierno está mal- han llegado a decir, algún legislador, que esto es casi un golpe de Estado: eso es impresentable, solo explicable por ese estilo político que tampoco es propio del Uruguay”, agregó Korzeniak en declaraciones a la radio AM Libre.
Actos administrativos y de gobierno son la misma cosa
“Esto es un acto administrativo aunque se diga que es un acto de gobierno. Esta distinción no se acepta que exista, se lo puede llamar popularmente así, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y toda la doctrina dicen que es así,” aseguró Korzeniak, explicando que en otros países “se creó una categoría distinta”.El tema de la jueza Mota “no es una degradación, es un traslado”. Ir de Juez Penal a Juez Civil es “valorar la función, porque una persona está de Juez Letrado su próximo paso es ir al Tribunal de Apelaciones.
Supongamos que esta jueza –que nos parece muy buena e inteligente en lo personal- puede ocurrir que dentro de un año haya una vacante en un Tribunal de Apelaciones en lo Civil y si fuera la mejor calificada de los letrados, podrían decir que de Civil sabe poco por haber estado en lo Penal, por eso se perdería un ascenso. El funcionamiento es que los Jueces Letrados pasen por Civil, Penal, etc. antes de ascender al Tribunal de Apelaciones”, explicó Korzeniak.
Korzeniak consideró la ocupación de la Suprema Corte por un grupo de personas como “un desastre”, porque además del hecho “esa gente está diciendo tácitamente, sin saberlo que los otros jueces no sirven para nada, que son unos vendidos, que van a ser presionables… y eso es impresentable. Porque el Poder Judicial lo único que tiene es su credibilidad”.
En la izquierda cuestionan a la Corte
Choque de poderes. El senador Lorier dijo que ministros defienden el "poder hegemónico" | En la coalición hay preocupación por decisiones que van en contra de leyes aprobadas por el oficialismo
VALERIA GIL
La tensión entre el Frente Amplio y el Poder Judicial va en aumento. Ayer desde la coalición de izquierda se acusó a la Suprema Corte de Justicia de defender el "poder hegemónico" y se reconoció la preocupación por la posición de sus ministros.
Por Arotxa
El traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a otra civil
-tenía a su cargo más de 50 causas vinculadas a delitos cometidos por
militares durante la dictadura (1973-1985)- generó bronca en el Frente
Amplio (FA).
Este hecho, sumado a la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y un posible fallo anulatorio de la ley interpretativa de Caducidad, puso en alerta a la coalición de izquierda.
El diputado y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, dijo a El País que si bien se respeta la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el caso Mota, no se la puede tomar "como una verdad absoluta". En el FA "hay preocupación con que las expresiones de la Suprema Corte estén colidiendo con las definiciones parlamentarias", admitió Pardiñas. Y opinó que "es evidente que de consagrarse todas estas resoluciones, la mayoría de la Suprema Corte está interpretando las normas en forma bastante diferente a lo que es el sentir no solamente del Frente Amplio, sino también en el caso de la jueza Mota de las organizaciones sociales".
En la misma línea, el senador y secretario general del Partido
Comunista, Eduardo Lorier, criticó desde su muro de Facebook las
decisiones de la SCJ, a las que vinculó al "poder hegemónico".
"Pienso que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de unir traslado de Mota con posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas".
Según Lorier, "las superestructuras jurídico-políticas actúan para defender los intereses dominantes. La tierra no se toca y a los criminales violadores de los Derechos Humanos tampoco. Eso nos quieren decir. Por eso, qué bien que han hecho (Hugo) Chávez, (Rafael) Correa y Evo (Morales) modificando la Constitución por la vía democrática".
En tanto, "con todo respeto" el vicepresidente Danilo Astori opinó ayer que "sería conveniente que la Suprema Corte hiciera conocer los fundamentos del traslado, sería una contribución enorme para disminuir la tensión y le daría solidez a la decisión que ha tomado".
En declaraciones a los canales 4 y 12, Astori señaló que como ciudadano le gustaría que la propia SCJ tomara, en el ámbito de su independencia, "la iniciativa de divulgar las razones para el traslado de Mota".
Ayer, el Secretariado Ejecutivo del FA respaldó la convocatoria al Parlamento a los ministros de SCJ, para que brinden explicaciones sobre el traslado de Mota. La coalición reclamó "transparencia" al máximo organismo judicial, y se preocupó en aclarar: sin que ello afecte "la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado".
En la declaratoria se solicita la explicación de los motivos del traslado de Mota a fin de "descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados".
Los ministros de la SCJ analizarán si es procedente o no la convocatoria una vez que esta les sea cursada formalmente. Mientras tanto, no harán comentarios sobre el tema, dijo a El País el magistrado Jorge Larrieux.
Por otra parte, el FA rechazó las declaraciones provenientes de la oposición "que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República. Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país", asegura.
A su vez califica de "hipocresía lamentable" que blancos y colorados se presenten como defensores de la independencia judicial cuando "hasta hoy amparan la ley de Caducidad".
La declaratoria del FA se aprobó por unanimidad luego de un informe del diputado José Bayardi, quien ya cursó la invitación a la SCJ para que concurra a la Comisión de Constitución.
El vicepresidente del Frente Amplio Juan Castillo dijo que la resolución resume el sentir de la coalición en el entendido que "no se puede dejar confundir un pedido de información con una violación del principio de separación de poderes".
Si bien ayer en el Secretariado del FA no se trató directamente la sentencia de la Corte vinculada al ICIR y a la posible anulación de la ley interpretativa de Caducidad, ya surgieron reacciones a estas decisiones judiciales. El diputado Luis Puig (PVP) dijo a El País que denunciará a la SCJ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que declare inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad.
El tema estará a consideración de la Mesa Política prevista para el próximo viernes 22.
OPOSICIÓN.
El traslado de la jueza Mota también fue analizado ayer por el Directorio del Partido Nacional, desde el cual se reclamó respeto por la separación de poderes "como un principio básico de la democracia". Además, los nacionalistas respaldaron "toda decisión que, en el ejercicio de su competencia, adopte el Poder Judicial".
El senador Sergio Abreu (Dignidad Nacional) fustigó al FA y al gobierno por la convocatoria de la SCJ al Parlamento. Dijo que los hechos "son una moderna versión del `febrero amargo` de 1973. ¿El presidente y el Frente no saben que en vez de reformar la Constitución tienen que cumplirla?". Abreu se refería al libro Febrero Amargo del senador colorado Amílcar Vasconcellos (1915-1999) que relata el desacato militar de febrero de 1973 al no aceptar la designación de Antonio Francese como ministro de Defensa, hecho que despejó el camino para la disolución del Parlamento en junio de ese año.
Abreu dijo que respaldará al Poder Judicial para que "el febrero no derive en junio del 73; con otro ropaje (de cuño caribeño) pero con la misma intención de restringir libertades y manipular la Justicia".
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (CEN), expresó ayer que "nunca antes el traslado de una magistrada había sido públicamente cuestionado por sectores políticos, ni mucho menos resistido por las vías de los hechos". Los colorados calificaron de "asonada" a la protesta que tuvo lugar frente a la SCJ el pasado viernes 15 y aseguraron que la misma "configuró un hecho con apariencia delictiva".
Además consideraron que la anunciada citación del FA a los ministros de la Corte "carece de sustento constitucional, lesiona el principio republicano de separación de poderes y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial".
Por su parte, el Partido Independiente también aprobó ayer una declaración en la que respalda al principio de separación de poderes, rechaza la citación de la SCJ y repudia los incidentes del viernes.
CONVOCATORIA.
La citación de la SCJ a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados será analizada mañana miércoles 20 en la reunión de la comisión, donde el Frente Amplio tiene cinco de sus nueve integrantes.
El presidente de la comisión, Pablo Iturralde (Alianza Nacional) dijo a El País que prefirió consultar primero con la comisión la convocatoria, porque entendió que "no correspondía". "Lo que me parece más correcto es que el plenario defina. En lo personal no estoy de acuerdo con invitar y no voy a acompañar la iniciativa", señaló Iturralde.
El legislador sostuvo que la Constitución habilita a la jueza Mota a impugnar la decisión de la SCJ ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo si entiende que la decisión no es fundada.
El diputado Pablo Abdala (Corriente de Acción Renovadora) marcó una "paradoja" en el discurso del FA vinculado a los derechos humanos. "Me llama mucho la atención la sensibilidad que generó el traslado de la jueza Mariana Mota cuando este es el mismo Frente Amplio que se negó a votar escasos recursos para que los jueces pudieran capacitarse en temas de derechos humanos", advirtió Abdala.
La tensión entre el Frente Amplio y el Poder Judicial va en aumento. Ayer desde la coalición de izquierda se acusó a la Suprema Corte de Justicia de defender el "poder hegemónico" y se reconoció la preocupación por la posición de sus ministros.
Por Arotxa
Este hecho, sumado a la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y un posible fallo anulatorio de la ley interpretativa de Caducidad, puso en alerta a la coalición de izquierda.
El diputado y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, dijo a El País que si bien se respeta la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el caso Mota, no se la puede tomar "como una verdad absoluta". En el FA "hay preocupación con que las expresiones de la Suprema Corte estén colidiendo con las definiciones parlamentarias", admitió Pardiñas. Y opinó que "es evidente que de consagrarse todas estas resoluciones, la mayoría de la Suprema Corte está interpretando las normas en forma bastante diferente a lo que es el sentir no solamente del Frente Amplio, sino también en el caso de la jueza Mota de las organizaciones sociales".
"Pienso que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de unir traslado de Mota con posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas".
Según Lorier, "las superestructuras jurídico-políticas actúan para defender los intereses dominantes. La tierra no se toca y a los criminales violadores de los Derechos Humanos tampoco. Eso nos quieren decir. Por eso, qué bien que han hecho (Hugo) Chávez, (Rafael) Correa y Evo (Morales) modificando la Constitución por la vía democrática".
En tanto, "con todo respeto" el vicepresidente Danilo Astori opinó ayer que "sería conveniente que la Suprema Corte hiciera conocer los fundamentos del traslado, sería una contribución enorme para disminuir la tensión y le daría solidez a la decisión que ha tomado".
En declaraciones a los canales 4 y 12, Astori señaló que como ciudadano le gustaría que la propia SCJ tomara, en el ámbito de su independencia, "la iniciativa de divulgar las razones para el traslado de Mota".
Ayer, el Secretariado Ejecutivo del FA respaldó la convocatoria al Parlamento a los ministros de SCJ, para que brinden explicaciones sobre el traslado de Mota. La coalición reclamó "transparencia" al máximo organismo judicial, y se preocupó en aclarar: sin que ello afecte "la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado".
En la declaratoria se solicita la explicación de los motivos del traslado de Mota a fin de "descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados".
Los ministros de la SCJ analizarán si es procedente o no la convocatoria una vez que esta les sea cursada formalmente. Mientras tanto, no harán comentarios sobre el tema, dijo a El País el magistrado Jorge Larrieux.
Por otra parte, el FA rechazó las declaraciones provenientes de la oposición "que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República. Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país", asegura.
A su vez califica de "hipocresía lamentable" que blancos y colorados se presenten como defensores de la independencia judicial cuando "hasta hoy amparan la ley de Caducidad".
La declaratoria del FA se aprobó por unanimidad luego de un informe del diputado José Bayardi, quien ya cursó la invitación a la SCJ para que concurra a la Comisión de Constitución.
El vicepresidente del Frente Amplio Juan Castillo dijo que la resolución resume el sentir de la coalición en el entendido que "no se puede dejar confundir un pedido de información con una violación del principio de separación de poderes".
Si bien ayer en el Secretariado del FA no se trató directamente la sentencia de la Corte vinculada al ICIR y a la posible anulación de la ley interpretativa de Caducidad, ya surgieron reacciones a estas decisiones judiciales. El diputado Luis Puig (PVP) dijo a El País que denunciará a la SCJ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que declare inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad.
El tema estará a consideración de la Mesa Política prevista para el próximo viernes 22.
OPOSICIÓN.
El traslado de la jueza Mota también fue analizado ayer por el Directorio del Partido Nacional, desde el cual se reclamó respeto por la separación de poderes "como un principio básico de la democracia". Además, los nacionalistas respaldaron "toda decisión que, en el ejercicio de su competencia, adopte el Poder Judicial".
El senador Sergio Abreu (Dignidad Nacional) fustigó al FA y al gobierno por la convocatoria de la SCJ al Parlamento. Dijo que los hechos "son una moderna versión del `febrero amargo` de 1973. ¿El presidente y el Frente no saben que en vez de reformar la Constitución tienen que cumplirla?". Abreu se refería al libro Febrero Amargo del senador colorado Amílcar Vasconcellos (1915-1999) que relata el desacato militar de febrero de 1973 al no aceptar la designación de Antonio Francese como ministro de Defensa, hecho que despejó el camino para la disolución del Parlamento en junio de ese año.
Abreu dijo que respaldará al Poder Judicial para que "el febrero no derive en junio del 73; con otro ropaje (de cuño caribeño) pero con la misma intención de restringir libertades y manipular la Justicia".
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (CEN), expresó ayer que "nunca antes el traslado de una magistrada había sido públicamente cuestionado por sectores políticos, ni mucho menos resistido por las vías de los hechos". Los colorados calificaron de "asonada" a la protesta que tuvo lugar frente a la SCJ el pasado viernes 15 y aseguraron que la misma "configuró un hecho con apariencia delictiva".
Además consideraron que la anunciada citación del FA a los ministros de la Corte "carece de sustento constitucional, lesiona el principio republicano de separación de poderes y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial".
Por su parte, el Partido Independiente también aprobó ayer una declaración en la que respalda al principio de separación de poderes, rechaza la citación de la SCJ y repudia los incidentes del viernes.
CONVOCATORIA.
La citación de la SCJ a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados será analizada mañana miércoles 20 en la reunión de la comisión, donde el Frente Amplio tiene cinco de sus nueve integrantes.
El presidente de la comisión, Pablo Iturralde (Alianza Nacional) dijo a El País que prefirió consultar primero con la comisión la convocatoria, porque entendió que "no correspondía". "Lo que me parece más correcto es que el plenario defina. En lo personal no estoy de acuerdo con invitar y no voy a acompañar la iniciativa", señaló Iturralde.
El legislador sostuvo que la Constitución habilita a la jueza Mota a impugnar la decisión de la SCJ ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo si entiende que la decisión no es fundada.
El diputado Pablo Abdala (Corriente de Acción Renovadora) marcó una "paradoja" en el discurso del FA vinculado a los derechos humanos. "Me llama mucho la atención la sensibilidad que generó el traslado de la jueza Mariana Mota cuando este es el mismo Frente Amplio que se negó a votar escasos recursos para que los jueces pudieran capacitarse en temas de derechos humanos", advirtió Abdala.
Gobierno y FA contra la Suprema Corte
ICIR
El Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales fue gestado por la Presidencia en mayo de 2011. Tenía por objetivo combatir la concentración de la tierra y por eso gravó a las superficies mayores a 2.000 hectáreas. Se acordó con los Intendentes que la recaudación se destinaría a la caminería rural, y así se logró su apoyo. Desde la oposición, e incluso desde el sector del vicepresidente Danilo Astori, se advirtió sobre la inconstitucionalidad del impuesto. La Suprema Corte recibió 127 recursos y les dio la razón, haciendo caer el impuesto. Desde el gobierno se la acusa de "defender los intereses de los ricos".Mota
La jueza penal Mariana Mota procesó al exdictador Juan María Bordaberry y manejaba más de 50 causas vinculadas a los derechos humanos. Se había convertido en una jueza respetada y admirada por el Frente Amplio y las organizaciones civiles. La decisión de la Suprema Corte de trasladarla a la órbita civil, un trámite administrativo ordinario que en general no toma estado público, generó un profundo malestar en la izquierda. El Frente Amplio exige que la Suprema Corte explique los motivos del traslado, al tiempo que el pasado viernes, cuando Mota asumía su nuevo destino, manifestantes coparon la sede de la Corporación y debieron ser desalojados.Caducidad
Trascendió que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se apresta a declarar la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2011 y por la cual se interpretó la ley de Caducidad elevando los plazos de prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985). El fallo provocaría que se archive la mayoría de las causas que investiga la Justicia por violaciones a los Derechos Humanos. Se trata del tema que mayor fricción genera entre la izquierda y los ministros de la Suprema Corte. Fuentes del gobierno dijeron que sería "imperdonable" un fallo que "entierre" las investigaciones.Pluna
La Suprema Corte debe pronunciarse sobre recursos presentados por acreedores de Pluna que denuncian la inconstitucionalidad de la ley que habilitó la quiebra de la aerolínea. De considerarse inconstitucional, provocaría una sucesión de situaciones muy complejas desde el punto de vista administrativo y legal, considerándose nulos muchos de los pasos dados por el gobierno con los activos de la empresa y los aviones. Además, la Justicia del Crimen Organizado sigue investigando causas vinculadas al cierre, como por ejemplo todo lo relativo a subasta de los aviones, hecho que dejó comprometido al presidente del BROU, Fernando Calloia.
El País Digital
Para Lorier el “poder hegemónico” no permite “tocar vacas sagradas”
El senador comunista volvió a insistir en la necesidad de reformar la Constitución para evitar casos como el de la jueza Mariana Mota y la inconstitucionalidad del ICIR
+ El Observador - 19.02.2013, 13:03 hs
- ACTUALIZADO 13:07
Texto: El Observador
En una columna publicada en su perfil de Facebook, Lorier manifestó que cuando uno ve las cosas de esta manera “empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad”. “Y eso me va llevando a ver como se mueve el poder hegemónico, como no se pueden tocar algunas vacas sagradas. Como las superestructuras jurídico – políticas actúan para defender los intereses dominantes”, expresó.
“La tierra no se toca y a los criminales violadores de los DD.HH tampoco. Eso nos quieren decir. Por eso, que bien que han hecho Chávez, Correa, Evo, modificando la Constitución por la vía democrática”, afirmó el senador. Días atrás el presidente José Mujica manifestó que si la SCJ declara inconstitucional el ICIR, entonces habrá que modificar la Constitución.
“La vida va demostrando que no estábamos tan errados los que queríamos aquí también avanzar por ese camino mediante una Asamblea Nacional Constituyente”, remató Lorier, haciendo referencia a un reclamo que el Partido Comunista hace desde el inicio de este gobierno.
Último Momento | POLÉMICA
El prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, señaló que "no corresponde discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado" y que es como si la "Suprema Corte de Justicia le pidiera explicaciones a Mujica de por qué cambió un ministro".
Xavier: SCJ "con sus fallos" protege "grandes capitales, perjudicando al país"
El prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, señaló que "no corresponde discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado" y que es como si la "Suprema Corte de Justicia le pidiera explicaciones a Mujica de por qué cambió un ministro".
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier dijo que la decisión de
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inconstitucional el
Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (Icir) es "una decisión
injusta" y "un golpe muy importante para las intendencias que ya tienen
sus obras planificadas".
"Pero lamentablemente la SCJ mediante sus fallos posiblemente proteja a estos grandes capitales perjudicando al país y a su gente que se verá limitada una vez más en las obras necesarias a realizar. Frente a estos hechos decimos que respetamos los pronunciamientos de la SCJ porque somos partidarios de defender y ampliar la democracia, pero no los compartimos, ya que generan mayor injusticia en una sociedad que queremos transformar hacia la mayor equidad y justicia social", señaló en su columna publicada este martes en el sitio del Frente Amplio .
Y añadió: "Que seamos respetuosos de la institucionalidad, no significa que no podamos dar opinión y llamar la atención sobre las acciones de cualquiera de los poderes del Estado. Y si se cumplen los anuncios de declarar inconstitucional el ICIR, además de ser una decisión injusta, será un golpe muy importante para las intendencias que ya tienen sus obras planificadas para avanzar en realizaciones a favor de la producción y de la población rural dispersa (la heroica población que queda en el campo!) mejorando la deteriorada caminería rural".
Respecto a la citación de legisladores del FA a la SCJ para que concurra al Parlamento a explicar las razones del traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, Xavier citó textual la declaración emitida ayer por el Secretariado Ejecutivo del FA.
Más temprano, en declaraciones a radio Montecarlo, la presidenta del FA coincidió con los legisladores de Vertiente Artiguista al decir que se trata de una invitación por lo que los ministros no "están obligados a concurrir".
La jueza Mota tenía en su poder varios casos de violaciones a los derechos humanos vinculados durante dictadura militar, por este motivo Xavier consideró que este caso "despierta sensibilidad, creo que genera un legítima interés".
NO CORRESPONDE. Por su parte, el prosecretario de Presidencia Diego Cánepa opinó sobre la decisión de la SCJ de pasar a la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil: "Yo siempre defendí que se criticaran fallos judiciales porque considero que eso no afecta la independencia del Poder Judicial".
Sin embargo, manifestó que "no corresponde discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado. Es como si la Suprema Corte de Justicia le pidiera explicaciones a (presidente, José) Mujica de por qué cambió un ministro".
Sin embargo, el vicepresidente Danilo Astori opinó en sentido contrario. "Me gustaría que la propia Suprema Corte de Justicia tome la iniciativa de venir a explicarnos por qué trasladó a la jueza Mariana Mota", aseguró esta mañana en La Noticia y su Contexto de Televisión Nacional. ICIR. En tanto, el director de la Dirección General Impositiva, Pablo Ferreri, utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre la primera sentencia de la SCJ que declaró inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (Icir).
"En días donde sus decisiones nos gustan menos, más que nunca debemos reafirmar que los fallos de la justicia no se comentan, se acatan", tuiteó Ferreri.
Y en ese sentido, manifestó que "ahora tampoco se debería molestar a la SCJ transparentar los fundamentos de sus decisiones, frente a un Parlamento democráticamente electo".
"Si bien los fallos judiciales se acatan, recordemos que la esencia del Icir que es gravar a los que más tienen, se debe mantener como objetivo", sostuvo y añadió que se continuará "avanzando en la redistribución y la equidad buscando las herramientas dentro del marco constitucional".
Astori discrepó con la decisión de Mujica de reformar la Constitución para gravar las grandes extensiones de tierra y recordó que de haber aceptado sus propuestas hace más de un año no enfrentarían la inconstitucionalidad del ICIR.
"Sinceramente no creo que sea prioridad nacional reformar la Constitución. Para estos efectos no es necesario y puede perjudicar la marcha del gobierno en el sentido de perder dedicación a temas que son prioritarios", afirmó ayer Astori a los canales 4 y 12.
"Pero lamentablemente la SCJ mediante sus fallos posiblemente proteja a estos grandes capitales perjudicando al país y a su gente que se verá limitada una vez más en las obras necesarias a realizar. Frente a estos hechos decimos que respetamos los pronunciamientos de la SCJ porque somos partidarios de defender y ampliar la democracia, pero no los compartimos, ya que generan mayor injusticia en una sociedad que queremos transformar hacia la mayor equidad y justicia social", señaló en su columna publicada este martes en el sitio del Frente Amplio .
Y añadió: "Que seamos respetuosos de la institucionalidad, no significa que no podamos dar opinión y llamar la atención sobre las acciones de cualquiera de los poderes del Estado. Y si se cumplen los anuncios de declarar inconstitucional el ICIR, además de ser una decisión injusta, será un golpe muy importante para las intendencias que ya tienen sus obras planificadas para avanzar en realizaciones a favor de la producción y de la población rural dispersa (la heroica población que queda en el campo!) mejorando la deteriorada caminería rural".
Respecto a la citación de legisladores del FA a la SCJ para que concurra al Parlamento a explicar las razones del traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, Xavier citó textual la declaración emitida ayer por el Secretariado Ejecutivo del FA.
Más temprano, en declaraciones a radio Montecarlo, la presidenta del FA coincidió con los legisladores de Vertiente Artiguista al decir que se trata de una invitación por lo que los ministros no "están obligados a concurrir".
La jueza Mota tenía en su poder varios casos de violaciones a los derechos humanos vinculados durante dictadura militar, por este motivo Xavier consideró que este caso "despierta sensibilidad, creo que genera un legítima interés".
NO CORRESPONDE. Por su parte, el prosecretario de Presidencia Diego Cánepa opinó sobre la decisión de la SCJ de pasar a la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil: "Yo siempre defendí que se criticaran fallos judiciales porque considero que eso no afecta la independencia del Poder Judicial".
Sin embargo, manifestó que "no corresponde discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado. Es como si la Suprema Corte de Justicia le pidiera explicaciones a (presidente, José) Mujica de por qué cambió un ministro".
Sin embargo, el vicepresidente Danilo Astori opinó en sentido contrario. "Me gustaría que la propia Suprema Corte de Justicia tome la iniciativa de venir a explicarnos por qué trasladó a la jueza Mariana Mota", aseguró esta mañana en La Noticia y su Contexto de Televisión Nacional. ICIR. En tanto, el director de la Dirección General Impositiva, Pablo Ferreri, utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre la primera sentencia de la SCJ que declaró inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (Icir).
"En días donde sus decisiones nos gustan menos, más que nunca debemos reafirmar que los fallos de la justicia no se comentan, se acatan", tuiteó Ferreri.
Y en ese sentido, manifestó que "ahora tampoco se debería molestar a la SCJ transparentar los fundamentos de sus decisiones, frente a un Parlamento democráticamente electo".
"Si bien los fallos judiciales se acatan, recordemos que la esencia del Icir que es gravar a los que más tienen, se debe mantener como objetivo", sostuvo y añadió que se continuará "avanzando en la redistribución y la equidad buscando las herramientas dentro del marco constitucional".
Astori discrepó con la decisión de Mujica de reformar la Constitución para gravar las grandes extensiones de tierra y recordó que de haber aceptado sus propuestas hace más de un año no enfrentarían la inconstitucionalidad del ICIR.
"Sinceramente no creo que sea prioridad nacional reformar la Constitución. Para estos efectos no es necesario y puede perjudicar la marcha del gobierno en el sentido de perder dedicación a temas que son prioritarios", afirmó ayer Astori a los canales 4 y 12.
El País Digital
Gente MUY peligrosa: la embajadora yanqui en Uruguay y Diego Cánepa prosecretario de Presidencia, uno de los "mano derecha" de Mujica, un arribista sin contemplaciones dispuesto a lo que sea por "las mieles del poder". Dispuesto, por ejemplo, a traficar sin reparos a los desaparecidos, torturados y asesinados. Beso mafioso cuando inauguraban la base militar yanqui camuflada como ayuda para catástrofes.
Gente MUY peligrosa: la embajadora yanqui en Uruguay y Diego Cánepa prosecretario de Presidencia, uno de los "mano derecha" de Mujica, un arribista sin contemplaciones dispuesto a lo que sea por "las mieles del poder". Dispuesto, por ejemplo, a traficar sin reparos a los desaparecidos, torturados y asesinados. Beso mafioso cuando inauguraban la base militar yanqui camuflada como ayuda para catástrofes.
NO CORRESPONDE. Por su parte, el prosecretario de Presidencia Diego Cánepa opinó sobre la decisión de la SCJ de pasar a la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil: "Yo siempre defendí que se criticaran fallos judiciales porque considero que eso no afecta la independencia del Poder Judicial".
Sin embargo, manifestó que "no corresponde discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado. Es como si la Suprema Corte de Justicia le pidiera explicaciones a (presidente, José) Mujica de por qué cambió un ministro".
Sin embargo, el vicepresidente Danilo Astori opinó en sentido contrario. "Me gustaría que la propia Suprema Corte de Justicia tome la iniciativa de venir a explicarnos por qué trasladó a la jueza Mariana Mota", aseguró esta mañana en La Noticia y su Contexto de Televisión Nacional.
El que le exige "mano dura" a la venal SCJ (Mujica) recoge fallos de inconstitucionalidades.
Nacional - IMPUESTO A LA TIERRA
La Suprema Corte deja al gobierno sin opción para sustituir el ICIR
El revés sumergió al gobierno en un debate profundo acerca de la propiedad de la tierra y surgen diferencias en el Frente Amplio sobre la conveniencia de una reforma constitucional
+ - 19.02.2013, 05:00 hs
- ACTUALIZADO 06:48
Texto:
-El Observador
La Corte de Justicia entendió que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales viola los artículos 297 y 298 de la Carta Magna, que impiden la superposición de tributos de esa especie y establecen como fuente de recurso ese tipo de gravámenes a los gobiernos departamentales.
Por eso el presidente José Mujica primero –seguido ahora por distintos dirigentes del Frente Amplio– hablan de una reforma Constitucional, algo para lo que no tiene tiempo en este gobierno (ver recuadro). El asunto genera además un debate interno dentro de la izquierda con un consiguiente pase de facturas entre el astorismo –contrario al ICIR durante su debate– y el mujiquismo, que defiende el cobro de un impuesto a la concentración de la tierra (ver Apunte).
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo a El Observador que la sentencia de la SCJ abrirá un “debate de fondo” sobre la propiedad de la tierra.
“Lo más preocupante no es la inconstitucionalidad. Lo que preocupa es que esta Corte hace una interpretación de que el único impuesto a la tierra es la contribución inmobiliaria rural. Esto es llevar a Uruguay al siglo XIV. Es un tema de fondo. La interpretación que hace la Corte es propietarista”, dijo Cánepa.
En el Poder Ejecutivo, según pudo saber El Observador, se esperaba una sentencia con argumentos puestos sobre la autonomía municipal, y no con la amplitud planteada en el escrito que firmaron cuatro de los cinco ministros, adonde da la razón al productor de Artigas que litigó contra la ley. De hecho ayer en la tarde, antes de conocer la sentencia judicial, el vicepresidente Danilo Astori declaró a Telenoche 4 que según tenía entendido los argumentos de la Corte se basarían en la autonomía municipal.
La sentencia de la SCJ incluye también una sugerencia al Ejecutivo para el caso de querer insistir con un impuesto similar, aunque con limitaciones en su alcance. La Corte asegura que se podría crear un “impuesto adicional nacional”, pero que no exceda el monto cobrado a cada propietario por la contribución inmobiliaria. La otra “opción” que plantea la SCJ para sustituir el ICIR establece condiciones restrictivas, como la administración exclusiva de las intendencias.
Todo ello “ata de manos” al gobierno en su intención de gravar la concentración de la tierra.
“Con la creación del ICIR, se vulnera también el numeral 1º del artículo 298 de la Constitución, ya que, extendiendo la esfera de aplicación de los tributos departamentales (el sujeto activo es el gobierno departamental, según lo establece el artículo 10 de la ley impugnada), se está generando superposición impositiva, al constituirse este nuevo impuesto sobre la base de la misma expresión de capacidad contributiva (propiedad inmueble rural) contemplada en la Contribución Inmobiliaria Rural”, dice el fallo.
“Un impuesto como el ICIR solo sería procedente si se estableciera en carácter de adicional nacional, (pero) tampoco es el caso, vulnerándose así también la prohibición de superposición contenida tácitamente en el numeral 1º del artículo 297 de la Constitución”, agrega.
El gobierno y las intendencias habían formado un fideicomiso para administrar lo recaudado (US$ 60 millones al año, aproximadamente), y se habían iniciado licitaciones, que ahora necesitan una financiación alternativa.
Trabajan en reforma más amplia
Para solucionar la necesidad del dinero ya comprometido por la recaudación prevista por el ICIR, el gobierno intenta buscar otras alternativas que no impliquen gravar a la tierra directamente. Se proponen, según dijo a El Observador una fuente oficial, incluir más componentes, aunque ninguno que tenga que ver con el mecanismo electoral. Algunos intendentes reflotaron la idea del “que rompe paga”, según han declarado después de su encuentro con Presidencia en Anchorena. Consultada por la posibilidad de reformar la Constitución, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, recordó a El Observador que desde noviembre de 2012 la coalición de izquierdas tiene aprobado un plan político que incluye reflotar la comisión de la fuerza política para establecer el mecanismo y el contenido de los posibles cambios. La reforma de la Constitución está prevista en el programa del FA para este período. Pero los tiempos no dan para este período y a lo sumo se podrá plebiscitar en 2014 , salvo que se negocie con la oposición. La vía más rápida sería aprobar en el Parlamento una ley constitucional, pero para ello la mayoría del FA no alcanza y el oficialismo debería conseguir cinco senadores y 17 diputados opositores. Otra opción implica convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, pero no dan los tiempos. Las otras dos opciones implican plebiscitarlas en las próximas elecciones: juntar firmas, aprobar un proyecto con dos quintos de la Asamblea General.Como te digo una cosa...
ICIR: Mujica acatará a la Justicia
Y sí, Icir
14.02.2013 10:26
"Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Habrá que plantearse cambios constitucionales", dijo José Mujica sobre la resolución de la Corte en torno al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, aunque aclaró que "las decisiones de la Justicia en un Estado de Derecho hay que obedecerlas".
El polémico Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, promovido por José Mujica a fines del 2011, será declarado inconstitucional, según el semanario Búsqueda. En base a fuentes del Poder Judicial, la publicación asegura que la SCJ ya determinó la inconstitucionalidad del impuesto por cuatro votos a uno, al menos con respecto al primero de los 127 recursos presentados.
El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, dijo hoy a Fuentes Confiables de Radio Universal que todavía no hay decisión acordada y que la Corte no tomó una resolución al respecto. "Seguramente será sí, pero no está resuelto", señaló
Ante esta noticia, el presidente José Mujica decidió referirse al tema en su audición radial de M24.
"Ante la versión de que la SCJ se apresta a tomar una decisión, según informa cierta prensa, negativa con respecto a la concentración de la tierra, lo primero que hay que aclarar es que más allá de los puntos de vista, las decisiones de la Justicia en un Estado de derecho hay que obedecerlas", señaló. Seguidamente, Mujica explicó sus motivos para impulsar este proyecto y aseguró que es "´éticamente defendible".
"La Tierra es un bien singular, único, un bien dela Naturaleza y sobre ese bien finito no hay fábrica de tierra, se asientan las sociedades (...) Lo que hace nueve años valía unos 400 o 500 dólares de promedio hoy vale más de 5000 dólares", dijo. "Sobra información para afirmar esto. La bonanza del país ha hecho posible esta suba de valor. Parece por lo tanto moralmente defendible que quienes tienen mucha tierra, más de 2000 hectáreas, quienes han recibido un beneficio tan grande, hagan un aporte de 10, 12 o 16 dólares por hectárea, porque recibieron un beneficio cuyo origen es la marcha de la sociedad", señaló.
"Todavía más, estoy hablando no de legalidad, de moralidad. Esto es moralmente defendible. Legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar, pero hablamos de si es defendible o no. Si esa recaudación tiene una puntería explícita, contribuir a urbanizar y mejorar todas las comunicaciones del campo profundo (...) es éticamente defendible", agregó.
El presidente aclaró que su proyecto "es por franjas, y aplica la filosofía de que pague más quien tiene más y puede pagar, y quien ha recibido mayores beneficios. Se les pide una contribución para una mejora de carácter social. Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Habrá que plantearse cambios constitucionales".
"No vamos a bajar los brazos ni cambiar el programa. Seguiremos luchando con toda nuestra fuerza. Es parte de la modernización y cambios esenciales que precisa el país", concluyó.
Te digo la otra...
Decisión de reformar la Constitución
Impuestos. Presidencia quiere aumentar tributos a los grandes propietarios de tierra y cree que la Constitución se lo impide. Busca alternativa rápida al ICIR tras ser declarado inconstitucional
El presidente José Mujica y sus jerarcas más cercanos están decididos a impulsar una reforma constitucional que permita gravar a los propietarios de tierras. La inconstitucionalidad del ICIR puede atrasar hasta dos años obras en caminería rural.
En la Torre Ejecutiva existe la voluntad firme de embarcar al Frente Amplio en la búsqueda de una reforma constitucional, aunque saben que los plazos son largos.
Prima un criterio general de que la Constitución "fue hecha" para cuidar a los grandes propietarios de la tierra y se entiende que quienes la escribieron tomaron todo tipo de resguardo para evitar que pagaran más, lo que fue obra de "mayorías conservadoras" que gobernaban, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo a El País.
Como ejemplo manejan la imposibilidad de un tributo nacional que grave la extensión de tierra o que la contribución rural la fije el Parlamento para no dejar esa potestad en manos de un intendente.
Entre quienes han analizado el tema en el Ejecutivo están el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa, el director de la OPP Gabriel Frugoni, el asesor presidencial Pedro Buonomo y el ministro de Trabajo Eduardo Brenta.
Mujica ya realizó algunas declaraciones públicas en el sentido de impulsar una reforma constitucional que permita ponerle más tributos a los grandes dueños de tierra. Pero a diferencia de otros asuntos, en este tema existe conocimiento y cierto consenso en parte del gobierno.
Si bien no existe aún un texto con la propuesta, en la Presidencia quieren promover la reforma antes del fin del período de gobierno.
ICIR.
Y también te vuelvo a decir la otra...
Mujica e ICIR: “No vamos a bajar los brazos, no vamos a cambiar el programa”
El Presidente de la República dedicó la mayor parte de su audición semanal al análisis del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que según algunas versiones de prensa será declarado inconstitucional por los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Jueves 14 de febrero de 2013 | 15:16 La República
En su programa de M24, José Mujica dijo enfáticamente
que “esta batalla por cambios profundos en la ruralidad va a continuar:
no vamos a bajar los brazos, no vamos a cambiar el programa, seguiremos
luchando con toda nuestra fuerza y con los que nos puedan entender”,
para que el tributo de quienes más tienen, sirva a la mejora del
interior del país.
El mandatario refirió incluso a la posibilidad de “plantearse cambios constitucionales” para el caso de que no se pueda llevar adelante el plan. “Al parecer la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia”, dijo asegurando no poder comprender que “los gobiernos puedan subir aranceles, subir el IVA a los consumidores, el IRPF, tasas, etc. pero no pueden gravar la concentración de la tierra”.
Y al final vuelvo al principio en el reino de los sin principios
Último Momento | IMPUESTOS
Mujica dijo que tiene opciones al ICIR sin reformar Constitución
El presidente José Mujica dijo esta tarde que tiene en carpeta varias
opciones para sustituir el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles
rurales (ICIR) que la
Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional
esta semana sin necesidad de reformar la Constitución.
Subrayado reproduce declaraciones de Mujica en su chacra, en las que el mandatario sostuvo que ninguna de las opciones que maneja para sustituir al ICIR implica reformar la Constitución.
El presidente admitió que la SCJ "puede tener razón en lo jurídico", pero defendió que el gobierno "tiene razón desde lo conceptual y moral" en su intención de gravar la tenencia de tierra por encima de determinadas superfices.
Subrayado reproduce declaraciones de Mujica en su chacra, en las que el mandatario sostuvo que ninguna de las opciones que maneja para sustituir al ICIR implica reformar la Constitución.
El presidente admitió que la SCJ "puede tener razón en lo jurídico", pero defendió que el gobierno "tiene razón desde lo conceptual y moral" en su intención de gravar la tenencia de tierra por encima de determinadas superfices.
El País Digital
En el Frente Amplio discrepan sobre convocatoria a la SCJ
Astori y Cánepa dijeron que no corresponde la citación del Parlamento
+ - 19.02.2013, 05:00 hs
Texto: El Observador
“No se puede convocar a comparecer al Parlamento a un poder independiente. Se puede pedir informes pero sin violar soberanía”, opinó Astori.
En tanto, Cánepa declaró a El Observador: “Yo siempre defendí que se criticaran fallos judiciales porque considero que eso no afecta la independencia del Poder Judicial. Uno puede estar en desacuerdo con una decisión judicial y plantearlo. Lo que me parece que no corresponde es discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado. Es como si la Suprema Corte de Justicia pidiera explicaciones a Mujica de por qué cambió a un ministro”.
El tema lo puso sobre la mesa el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) cuando el sábado 16 dijo en El Observador que convocará a la SCJ para que explique en el Parlamento los motivos concretos del traslado de Mota. Desde la izquierda se considera que el traslado de Mota de un juzgado penal a uno civil tiene que ver con el protagonismo de la funcionaria en causas relativas a los derechos humanos.
Los cinco ministros de la SCJ se reunieron ayer pero no resolvieron qué decisión tomarán sobre la convocatoria al Parlamento ya que no les llegó ninguna solicitud formar. Esta será planteada mañana miércoles en la Comisión de Constitución de Diputados.
Ayer, el secretariado del FA reclamó “la máxima transparencia” de los actos de la Corte de Justicia y solicitó que “se expliquen los motivos del traslado”. “Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a la doctora Mota, contribuiría a descartar toda interpelación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.
Luego de expresar su confianza en los magistrados que han investigado las causas relacionadas con la violación de los derechos humanos durante la dictadura, el Secretariado del FA rechazó “enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que pretenden poner” en duda la adhesión del Frente Amplio a los preceptos constitucionales.
Por su parte, el integrante de la Vertiente Artiguista en ese organo del FA, Daniel Bentancourt, que los miembros del SCJ “parece que estuvieran sentados arriba de un pedestal y que no se las puede invitar al Parlamento” (ver apunte).
En tanto, el constitucionalista e integrante del FA, José Korzeniak, dijo que la Constitución “ni prohibe ni dice que los jueces están obligados a presentarse ante al Parlamento". “Perfectamente pueden decir ‘no vamos y contestamos por escrito’. Pero los parlamentarios tienen derecho a pedir informes”, sostuvo.
En 2001 durante el gobierno de Jorge Batlle sucedió una situación similar cuando el Parlamento convocó a la Suprema Corte para qué explicara con qué criterios concedí la gracia a los presos.
En aquel momento el presidente de la SCJ era Milton Cairoli y la decisión de la corporación fue la de no comparecer ante el Parlamento. “Me acuerdo perfectamente. Convoqué a mis colegas fuera de hora y, por unanimidad, resolvimos que no correspondía ir. Esto que está sucediendo ahora es un poco distinto pero el espíritu de la cuestión es el mismo”, dijo Cairoli a El Observador.
Sostuvo que tanto aquella convocatoria de 2001 como la que ahora propugna el Frente Amplio no tienen antecedentes. “En cuarenta años de carrera nunca lo había visto. Y, por referencias familiares, sé que antes de que yo me iniciara en esto tampoco había ocurrido algo similar”, sostuvo.
"No son dioses del Olimpo
“Lo que queremos saber es cuál es la justificación (para el traslado) cuando no había sumarios contra Mota. Además se parte de la base que acá no hay ningún superpoder. Los señores de la Corte no son los dioses del Olimpo que están instalados allá arriba y que nadie les puede pedir explicaciones porque hay independencia de poderes”, dijo a El Observador Daniel Bentancourt, representante de la Vertiente Artiguista en el Secretariado del FA. “Hay una ofensiva de sectores que que se oponen a los cambios y van a utilizar cualquier mecanismo, sea la via judicial, la política o lo que fuere”, agregó.
Risso. "No hay motivos"
El constitucionalista Martín Risso dijo a El Observador el Parlamento puede invitar a la SCJ para pedirle su opinión sobre, por ejemplo, asuntos presupuestales, pero en las decisiones que son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia “no hay ningún motivo” para hacerlo. En opinión de Risso, distinto es que se pueda convocar a los ministros del Poder Ejecutivo porque en ese caso la Constitución le otorga potestades concretas de control, pero no corresponde para la SCJ. “A nadie se le ocurriría convocar al presidente de la República para pedirle explicaciones por las decisiones que toma”, sostuvo.
La Justicia y su larga mano
El control que el poder político ejerce sobre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) radica en un acto único que sucede cuando la Asamblea General vota a los integrantes del cuerpo. Luego, la Justicia se convierte en un poder del Estado que, prácticamente, se controla a sí mismo. “No sé si está bien o mal. Está en la Constitución”, dijo a El Observador el expresidente de la SCJ, Milton Cairoli.Los jueces pueden ser objeto de una denuncia por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, pero quienes fallarán sobre su culpabilidad o su inocencia siempre serán sus propios colegas.
En el caso del traslado de jueces -es decir, cuando se trata de actos administrativos- los involucrados pueden recurrir la medida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativ (TCA).
Nacional - POLÍTICA
Zabalza: “No los voto más”
“No contribuyo más a la demagogia con la que se junta votos a lo bobo”, dijo el ex tupamaro, quien criticó a Mujica, por su vínculo “con el imperio”, y a la Suprema Corte
+ - 19.02.2013, 14:19 hs
- ACTUALIZADO 14:47
Texto:
-El Observador
En una nota titulada “Febrero Amargo”, que circula por las redes sociales, Zabalza expresa: “No los voto más. No contribuyo más a la demagogia con la que se junta votos a lo bobo”.
El extupamaro repasa dos acontecimientos ocurridos en este mes. “Jueves 14 de febrero de 2013. Instituto Militar de Armas y Especialidades (Camino Maldonado, km. 14). Se estrenó el galpón donado por el Comando Sur al Ministerio de Defensa del Uruguay. Su elevado costo, 430.000 dólares, abre la sospecha que la construcción es multiuso, que hoy sirve para conservar colchones y frazadas y mañana podría albergar uniformados con boinas azules. De hecho la intencionalidad ulterior de la “acción cívica” de las fuerzas armadas de los EEUU ha sido harto denunciada por los compañeros don Víctor Licandro y don Pedro Aguerre (padre). La oyeron hasta los más sordos”, escribió en el incio de su texto.
Luego hizo referencia a Diego Cánepa, “el verborrágico prosecretario de presidencia”, según lo define, quien al ser entrevistado por La Diaria dijo: “Nuestra opinión de la historia de los Estados Unidos en América Latina es muy clara, no se modifica. Pero eso no tiene nada que ver con las responsabilidades institucionales del gobierno y la nueva etapa que se vive. Tenemos una relación adulta de mutua confianza. Y es importante tener un buen vínculo. Uno no puede tapar el sol con una mano y creer que Estados Unidos no cumple un rol relevante. Hoy sigue siendo el jugador más importante del planeta”.
“¿EEUU ya levantó el bloqueo contra el pueblo cubano?, ¿ya dejó de torturar inocentes en Guantánamo?, ¿de qué nueva etapa me habla?, ¿está loco o se hace? La relación de mutua confianza con el imperialismo es más bien adúltera que adulta señor Cánepa... al establecerla se está engañando el compromiso histórico con las luchas antiimperialistas que ha dado el pueblo frenteamplista”, expresó Zabalza.
Luego agrega: “En cambio, Julissa Reynoso, dominicana que mucho mérito debe haber hecho para llegar a embajadora de los EEUU, no oculta con palabrerío el contenido real de los hechos y se la oyó decir (según La Diaria) somos “socios y cómplices”. Entiéndase bien: EEUU y Uruguay socios y cómplices. ¿Socios en Haití y el Congo?, ¿socios en las camionetas que patrullan en Montevideo con uniformes estadounidenses?, ¿en la instrucción dada por los SEALS? ¿Y en qué somos cómplices, podría decirnos, por favor, señora embajadora?”.
“El gobierno de Mujica y Huidobro”
“Está claro que el gobierno de Mujica y Huidobro confía en la generosidad de quienes practican el asesinato con drones en todo el mundo y avanzan a paso redoblado hacia la concreción de los “acuerdos estratégicos” con el Pentágono. Está también claro que disfrazan su postura intentando desvirtuar resistencias en el movimiento social y el Frente Amplio”, señaló Zabalza.
“Cuando pasea sus reales por el mundo, en especial por Venezuela porque a Cuba no va, Mujica pretende conservar la imagen antimperialista sugerida por su pasado guerrillero y hace discursos que despiertan aplausos entre quienes no conocen el permanente antagonismo entre sus dichos y sus hechos”, agrega la columna del extupamaro.
“Esto compromete al Uruguay cada vez más estrechamente con la estrategia de los EEUU para América Latina y van dejando en evidencia la futilidad de los discursos de Mujica. Por supuesto que siempre habrá ingenuos en el mundo pero también existen quienes leen la realidad con ojos críticos y, poco a poco, van separando la paja del trigo”.
“Mini golpe a la justicia”
El otro hecho que repasa Zabalza en su columna trata sobre el cambio de la jueza Mariana Mota desde la justicia penal a la civil
“Viernes 15 de febrero del 2013. Edificio de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, ubicada en el llamado “Pasaje de los Derechos Humanos”, paradoja que despierta tanta indignación como sus decisiones. Rodeada por la protesta pacífica de poco más de mil personas y por el repudio del movimiento social, de la militancia frenteamplista y de conocidos intelectuales, los ministros de la Corte dieron un “mini golpe a la justicia” al decir de Daniel Viglietti”, escribió.
“La remoción de la jueza Mariana Mota coloca a la Corte en la trinchera del terrorismo de Estado y, por consiguiente, la asocia con los criminales que torturaron, violaron, secuestraron niños, asesinaron y desaparecieron a más de doscientas personas. Los encabezados por Ruibal Pino asumen la vanguardia intelectual de los futuros golpistas, tal cual hizo Hamlet Reyes, abogado, profesor, presidente de la Corte en los años ’70, quién no sólo apoyó a los que derrumbaron las instituciones democráticas sino que presidió su remedo de parlamento, el llamado Consejo de Estado”, agregó Zabalza.
Almagro, “honrosa excepción”
El extupamaro expresó que “hacer carrera como magistrado no es obstáculo para ser portador de ideas fascistas y manifestarlas en concreto en cada sentencia o intervención pública”. “En este caso, la “purga express” a la jueza Mota cuenta con el consentimiento del gobierno de Mujica, con la honrosa excepción del canciller Luis Almagro, quien luego deberá concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para rendir cuenta sobre el in-cumplimiento de la “sentencia Gelman””, escribió Zabalza.
En el final de la nota, señaló que “en dos días, dos hechos contundentes, que no admiten matices del tipo “como te digo una cosa te digo la otra””. “Exigen definiciones claras: se aceptan las relaciones espúreas con el imperialismo o se defiende la independencia del Uruguay; se acepta la arbitraria decisión de la Corte que favorece la impunidad de los criminales o se lucha de alguna manera por descubrir la Verdad y hacer la Justicia”, sostuvo.
Tabaré y EEUU
“Está claro que la candidatura de Tabaré Vázquez representa la profundización de la asociación con los EEUU y con los mandos de las impunes fuerzas armadas. Más de lo peor que se viene haciendo. Nadie podrá decir “yo no lo sabía”, “me defraudaron”... no, ahora está claro cuál es el proyecto político”, advirtió Zabalza.
“La contradicción entre ser o no ser un país bananero interroga todas y todos, a las organizaciones sociales, a los partidos con intenciones de ser la izquierda del Frente Amplio y a toda la militancia política en general. De ellos depende que seamos o no dignos herederos de quienes dieron la vida por la justicia social, por la liberación nacional y lucharon a muerte contra la criminal represión del pachecato y de la dictadura cívico-militar. En lo personal no los voto más, no contribuyo más a la demagogia con la que se junta votos a lo bobo”, concluyó.
El diario derechista "El Observador" arremete contra el diario derechista "El Observador", el mismo día y en el mismo número. "Como te digo una cosa te digo la otra" versión derechista.
Opinión - ANÁLISIS- GABRIEL PEREYRA
Política de baja calaña y periodistas intoxicados
Todos los delirios dignos de ser publicados
+ Gabriel Pereyra @gabrielhpereyra - 19.02.2013, 15:33 hs
- ACTUALIZADO 16:30
Texto:
-El Observador
Pero los periodistas no. Los periodistas estamos todo el bendito día manejando información, hablando con los que supuestamente deciden, con los que generan opinión, con los que mandan o mandarán. A veces uno siente que vale la pena. Otras es tóxico y a diferencia de los obreros que trabajan en las metalúrgicas no nos dan dos litros de leche por día.
Esta tarea de desayunar, almorzar y cenar información, en ocasiones mina el espíritu y a veces mete miedo. Me remito a la portada de El Observador digital de hace un rato.
El comunista Eduardo Lorier hablando de vacas sagradas; no, no hablaba de la Universidad, ni de las corporaciones educativas ni de las prebendas de los funcionarios públicos, sino de la Suprema Corte de Justicia porque emitió algunos fallos contra los intereses del gobierno y como la Constitución no prevé que pueda ser citada al Parlamento, entonces es una vaca sagrada.
“Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas. Cómo las superestructuras jurídico – políticas actúan para defender los intereses dominantes”, dijo Lorier y un periodista (cada vez más me pregunto por qué) tuvo que escucharlo y desgrabarlo y darle forma a una nota de un senador que pertenece a un partido político que hace ochos años que gobierna con mayoría absoluta en el Parlamento y habla de poder hegemónico. ¿De quién cuernos habla? Habla porque vio un micrófono, habla, y nosotros reproducimos porque, supuestamente, eso lo ayudará a usted a tomar alguna decisión que no imagino cuál puede ser.
Y está Jorge Zabalza que acusa a la Suprema Corte de Justicia de amparar a los golpistas y en épocas en que necesitamos acelerarnos como país para enfrentar los desafíos que ya nos pasaron por encima porque el futuro es pasado cada vez más rápido, mete un recuerdo a quienes “lucharon a muerte contra la criminal represión del pachecato y de la dictadura cívico-militar”. Un delirante cuyas declaraciones, por su pasado, su apellido o porque pasó cerca de un micrófono, terminaron en manos de un periodista que tuvo que procesarlas y escribirlas.
Y está Jorge Batlle, recordándonos que los tres poderes del Estado “jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades”.
“El Frente Amplio ha resuelto enmendar e ignorar a Artigas. Prefiere a Chávez, a Correa, a Evo Morales y a Cristina Fernández. Artigas es muy bueno cuando le sirve, cuando no le sirve mejor olvidarse de Artigas”, agregó Batlle.
Sinceramente, por más desastres y manchas y señales confusas que el gobierno envíe, ¿esto es Venezuela o Bolivia? ¿Será que Batlle tiene ganas de que se convierta en eso para que los partidos tradicionales puedan volver a ganar? Porque si estos van a ser los argumentos (así como una vez fueron que se llevaban los nenes a Rusia), pobrecita la oposición.
Pero Batlle es un expresidente y escribe en Facebook y nos habla a todos sobre los poderes públicos con gran propiedad. ¿Es que hemos olvidado cómo se llenaban en este país los cargos de la Suprema Corte de Justicia?
Entre todos los delirios que publicamos en estos días está la convocatoria del Frente Amplio a la Corte al Parlamento cuando la Constitución no lo habilita a ello. El Frente parece que lamenta las consecuencias de lo que antes ansiaba: una Justicia independiente.
Cuando blancos y colorados eran mayoría, acordaban los nombres de los ministros de la Corte y los ponían allí con la venia del Senado. Y la Corte es un organismo tan pero tan político que mientras hubo gobiernos que apoyaban la ley de Caducidad, la Corte declaró a esa ley como constitucional. Y el Frente criticaba.
Hasta que llegó al gobierno y como el Frente estaba contra la ley de caducidad, la Corte la declaró inconstitucional. Y todos contentos.
Con la llegada del Frente o con su creciente poder en el Parlamento fue tomando forma la idea de que, ante la falta de acuerdos, asumiera en la Corte el más antiguo de los ministros, algo que, quizás, podría asegurar más independencia en su nombramiento pero no necesariamente calidad en el servicio. La escalera del burro: el más viejo al cargo más importante.
No es tan lineal esto de la incidencia del poder político en la Justicia. Pero en todo caso lo que está ocurriendo y que algunos critican parece ser sano más allá de si es lo mejor: la Corte está pronunciándose contra lo que dice el gobierno. Eso no pasa en todos los países de la región. Y cuando pasa, es verdad, genera reacciones como las que se están generando acá.
La Justicia es política y está sometida a las reglas de la política, a las leyes que se aprueben, a la plata que se le dé. Y si protege a los poderosos no es como dijo la presidenta del Frente Mónica Xavier porque se oponga al impuesto a la tierra, sino porque día a día, en cada juzgado del país, los pobres reciben una atención de segunda. Los ricos pagan abogados y los pobres apelan a abogados de oficio que tienen decenas de casos para atender. Si Xavier quiere una Justicia que no perjudique a los pobres, entonces que le dé más recursos, que forme gente (porque el nivel de los jueces se vino abajo), que ponga más abogados de oficio, que se esmere por tener cárceles dignas que es donde terminan los pobres.
La seguidilla de fallos judiciales adversos provocaron en el gobierno reacciones erráticas, le generaron divergencias internas y volvieron a alentar a los que comparan a Venezuela y sus 73 muertes cada 100 mil habitantes con Uruguay y sus 8 asesinados por cada 100 mil habitantes.
Unos patinan y los otros aprovechan para pegar en cualquier lugar. Y mientras las clases en los liceos van a comenzar con aulas destrozadas como en los últimos 10 años y la economía empieza a dar señales de alerta naranja, aquí estamos los periodistas tratando de redactar algo que, por más prolija y claramente que esté presentado, nadie en su honesto juicio puede terminar de comprender, salvo que se lo atribuya a la acción política de baja calaña.
Mientras tanto la Justicia en Argentina no se ha enterado del "aporte" jurídico de la SCJ uruguaya y sigue condenando a los asesinos masivos como criminales de lesa humanidad en vez de hacer como piensa la SCJ uruguaya: condenarlos por delitos comunes.
ARGENTINA: EL GENERAL ARRILLAGA Y EL ALMIRANTE PERTUSIO, DOS DE LOS TRECE CONDENADOS POR LA REPRESION EN MAR DEL PLATA
Siete sentencias a prisión perpetua
Los represores juzgados fueron acusados por 69 casos de secuestros y desapariciones.
Imagen: Télam
Página 12En el juicio por la represión ilegal en la Base Naval II de Mar del Plata fueron condenados oficiales del Ejército, la Marina y la Prefectura. El tribunal abrió el camino para que se investiguen las complicidades civiles.
El capítulo marplatense de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado emitió sentencia sobre trece genocidas imputados. Siete de ellos fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en el marco del denominado juicio “Base Naval II”. Se trata del general retirado Alfredo Manuel Arrillaga, los marinos retirados Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice. La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo, que integran el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata, quienes coincidieron con el pedido del fiscal y de los particulares damnificados en esos siete casos. También hubo un párrafo para que sean investigados los cómplices civiles.
Los represores condenados fueron investigados por homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de 69 perseguidos políticos, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina y Escuela de Infantería de Marina (ESIM). En tanto, los marinos Justo Alberto Ignacio Ortiz, Julio César Falcke y Angel Narciso Racedo fueron condenados a 25, 14 y 12 años de prisión, respectivamente; los prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva a 14 y 10; y el marino Juan Carlos Guyot, ex auditor civil de la Armada que estaba excarcelado, a 3 años de prisión por haberlo considerado partícipe secundario de la desaparición y homicidio de Roxana Frigerio.
Entre las víctimas por cuyos casos fueron condenados estos represores se encuentran, además, Susana Haydée Valor (embarazada) y su pareja, Omar Alejandro Marocchi; Susana Beatriz Pegoraro (embarazada); Laura Adhelma Godoy de De Angeli (embarazada); Liliana del Carmen Pereyra (embarazada) y su pareja, Eduardo Alberto Cagnola, y Patricia Elizabeth Marcuzzo (embarazada) y su pareja, Walter Claudio Rosenfeld. Con respecto al pedido de la fiscalía y la querella por la revocatoria de arresto domiciliario de los implicados, ya que el único que se encontraba en cárcel común era Arrillaga, el tribunal decidió resolverlo vía incidente a partir del 19 de abril, cuando se lean los fundamentos de la sentencia.
El tribunal ordenó que se investigue la posible responsabilidad o participación de civiles, jueces, fiscales, defensores y policías en la comisión de delitos de lesa humanidad por ocultar pruebas tales como los pedidos de hábeas corpus o no dar cuenta del entierro de cuerpos en cementerios sin ser identificados.
El veredicto se dio a conocer en la sala del tribunal ubicada en avenida Luro al 2400, en pleno centro marplatense, frente a un auditorio repleto de familiares de imputados, miembros de organismos de derechos humanos y con la presencia del secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto. En la puerta se produjeron incidentes cuando un grupo del Movimiento Teresa Rodríguez lanzó piedras contra el frente del tribunal con consignas contra la Justicia y el Gobierno, y terminó protagonizando algunos enfrentamientos con militantes de derechos humanos.
Esta causa fue impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de esa ciudad, la Secretaría de Derechos Humanos nacional y bonaerense, además de querellas particulares. Tuvo 69 víctimas y 16 imputados, ya que durante la instrucción de la causa murieron dos de los represores acusados: el marino Juan Carlos Malugany y quien fuera jefe de la Subzona XV del Ejército Pedro Barda, considerado el máximo responsable del accionar del terrorismo de Estado en esa ciudad. Tampoco pudo ser juzgado Aldo Máspero, del Ejército, porque fue declarado inimputable a raíz de su estado de salud.
ARGENTINA.COMENZARON A DECLARAR EN EL JUICIO ESMA LOS ACUSADOS DE PARTICIPAR EN LOS VUELOS DE LA MUERTE
Los pilotos no reconocieron los vuelos
Las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo habrían sido asesinadas en un vuelo que despegó de aeroparque a las 21.30 del 14 de diciembre de 1977.
Imagen: Helen Zout
El abogado Gonzalo Torres de Tolosa dijo que almorzaba todas las semanas con El Tigre Acosta en la ESMA, porque “allí se comía bien”, pero negó haber participado de los vuelos. Los otros acusados que declararon ayer también rechazaron las acusaciones.
Por Adriana Meyer
P+agina 12
La expectativa era grande, pero las declaraciones dejaron la conocida sensación de libreto repetido. En el megajuicio ESMA III declararon ayer los primeros imputados por los denominados vuelos de la muerte, que los genocidas utilizaron para arrojar al mar a detenidos que pasaron por ese centro de exterminio. Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y ex aviadores de la Prefectura Alejandro D’Agostino y Enrique Saint George negaron haber comandado esos vuelos que lanzaban prisioneros de la ESMA, vivos y dopados, a las aguas del Río de la Plata y el Atlántico. También fue el turno del mecánico Rubén Ormella, quien rompió en llanto cuando le tocó hablar, y del abogado Gonzalo Torres de Tolosa, quien sólo admitió ser íntimo amigo del torturador Jorge “El Tigre” Acosta.
Este ex secretario del juzgado de instrucción 9 y ex defensor de genocidas está imputado por más de 500 víctimas, y como civil formó parte del grupo de tareas 3.3.2. Como se negó a responder preguntas, los jueces del Tribunal Oral Federal 5 dieron lectura a su indagatoria, de mayo pasado. Torres de Tolosa está acusado por los casos de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y otros familiares secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Según estableció el fiscal Eduardo Taiano, “las víctimas Alice Domon, Leonie Duquet, María Ballestrino de Careaga, María Eugenia Ponce de Blanco, Angela Auad, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Eduardo Horane, Remo Bernardo, Horacio Elbert, Julio Fondovila y Azucena Villaflor de Vincenti permanecieron en la ESMA unos 15 días, período en el cual (Jorge “El Tigre”) Acosta, (Antonio) Pernías, (Alfredo) Astiz, (Héctor) Febres, (Alberto) González, (Raúl) Scheller y (Juan Carlos) Rolón, entre otros, decidieron e implementaron los traslados”. Esta medida consistía en “aplicarles una inyección de pentotal para ser conducidos al avión desde el cual fueron arrojados mar adentro”. Las víctimas mencionadas habrían sido asesinadas en el viaje del avión Skyvan PA51 de la Prefectura que despegó a las 21.30 del aeroparque el 14 de diciembre de 1977, y aterrizó al día siguiente a la 0.40 en el mismo destino”.
Torres de Tolosa dijo que almorzaba una o dos veces por semana con Acosta en la ESMA, porque “allí se comía bien”, pero negó haber hablado sobre la “lucha antisubversiva” y haber visto detenidos. “Era en la cámara de oficiales, hablábamos de la situación política, él me preguntaba qué decía la gente afuera y yo le contestaba que no tenía ni idea de la guerra”, dijo el imputado. Allí se produjo un contrapunto porque en el “casino” de oficiales está comprobado que hubo detenidos.
El abogado admitió que salía a pasear con Adolfo Scilingo, el primer “arrepentido” que mencionó los vuelos, porque “lo ayudaba en su tratamiento por el alcoholismo”. Y negó su participación en esta metodología de exterminio, tal como lo había señalado Scilingo, al explicar que viajar en avión le produce “estrés y diarrea”. Sobre su fallecido hermano, Alvaro Torres de Tolosa, dijo: “Sus tareas eran secretas, no lo vi en la ESMA ni tampoco me contaba nada, yo sabía de un grupo de oficiales que combatía la subversión, pero no conocía su funcionamiento”. Scilingo lo había sindicado con el alias de Teniente Vaca, al parecer por su contextura física, pero ayer dijo que jamás lo llamaron así.
Luego siguió Rubén Ormello, mecánico retirado de la Armada, quien entre llantos también se negó a declarar. En sus dichos previos había afirmado que al momento de los hechos era un cabo de 21 años, que sólo ingresó a esa fuerza para poder terminar la secundaria, que no entiende por qué está acusado siendo que tiene ideas socialistas y de izquierda, y que su “injusta” detención le impide criar a sus hijos. También desacreditó a los testigos que lo señalaron como partícipe de los vuelos al decir que lo hicieron por “celos profesionales”, dado que él había obtenido un ascenso en Aerolíneas y ellos no. Ormello también está imputado por los casos del denominado grupo de la Santa Cruz, que incluye a las fundadoras de Madres. “Soy mecánico de tierra, no de vuelo”, había dicho en su defensa. Y sostuvo que sólo hizo vuelos en los aviones DC3 como parte de su instrucción como mecánico aeronáutico.
Los otros dos acusados también adujeron haber sido “instructores” que pilotearon aeronaves que “no se detenían en puntos intermedios”. El primer piloto en declarar, Alejandro D’Agostino, dijo que “soy inocente de los cargos que se me imputan, jamás he visto trasladar a nadie en aviones de la Prefectura”. Además, enfatizó que “no existe constancia fehaciente que diga que el grupo de familiares y religiosas conocido como de la Santa Cruz haya sido trasladado en el vuelo del 14 de diciembre”. E intentó basar su defensa en aspectos técnicos sobre aviación.
“Jamas he participado en vuelos en que fueran trasladados detenidos para ser arrojados al mar abierto o al río”, se defendió el segundo piloto, Alejandro Saint George. Y si bien admitió haber estado en el vuelo del 14 de diciembre apuntado por la fiscalía, afirmó que no trasladó personas. Imputado por las mismas víctimas que quienes lo antecedieron en el banquillo, dijo que si los vuelos en cuestión “están anotados en las planillas los debo haber realizado pero no recuerdo el del 14 de diciembre”. Agregó que “no puede sostenerse que el grupo de tareas operara en la clandestinidad y que, a su vez, quedara registrado el vuelo”, y que sólo estuvo en la ESMA en 1970 cuando se recibió.
El juicio seguirá el lunes con las declaraciones indagatorias de los acusados Luis Navarro, Mario Palet y Julio Poch.
Y en otras partes del mundo jueces y fiscales dignos como la Jueza Mota se meten de lleno en los problemas políticos, hacen huelga contra el gobierno y critican con hechos concretos la falaz política judicial del gobierno Rajoy. A Rajoy le está faltando Mujica para "llamar al orden" a los jueces.
Jueces y fiscales hacen este miércoles su primera huelga conjunta
Histórico cuelgue de togas convocado por cinco asociaciones, que protestan contra el ataque del Gobierno de Rajoy a su independencia, por las tasas "desorbitadas", la falta de medios y los indultos arbitrarios
PÚBLICO/EP Madrid 19/02/2013 19:54 Actualizado: 19/02/2013 22:07
Rajoy y Gallardón con Esperanza Aguirre
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Los gobiernos de Rodríguez Zapatero ya soportaron la pasada legislatura dos huelgas --el 18 de febrero y el 8 de octubre de 2009--, pero entonces sólo fueron convocadas por asociaciones de jueces.
En esta ocasión, la novedad es que también los fiscales están llamados al paro, ya que la convocatoria parte de tres asociaciones de jueces --"Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- y dos de fiscales --Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales--.
Se han descolgado las dos asociaciones mayoritarias de cada uno de los colectivos, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, quienes, pese a estar de acuerdo con la tabla reivindicativa de los convocantes de la huelga, aún confían en agotar una vía del diálogo con el Ejecutivo que no ha dado hasta ahora ningún fruto.
Por contra, las asociaciones convocantes cuentan con el apoyo de la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ. A casi todos les ha unido su posición común contraria a las tasas y los recortes del Gobierno.
Jueces, fisacles y funcionarios de Justicia están llamados a concentrarse entre las 11.30 y las 12.30 horas frente a los juzgados y fiscalías de toda España, donde harán un primer balance de seguimiento. Los sindicatos de funciones rechazan especialmente "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los registros civiles que consideran que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.
Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.
Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.
No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar el 18 febrero de 2009, convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente contra la gestión del entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo. Desde entonces persiste la polémica sobre si los jueces tienen derecho o no hacer huelga, por ser un poder del Estado. Nadie ha dado hasta ahora una solución definitiva, ni se ha legislado al respecto, y el CGPJ se ha limitado a señalar que un paro de magistrados "no tiene soporte normativo".
Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.
La huelga de febrero de 2009 fue un notable éxito, con un seguimiento superior al 60% según los convocantes (30% de acuerdo al CGPJ), pero la siguiente, convocada en solitario por la asociación mayoritaria, la APM, tuvo un eco menor, y sólo fue realizda por una cuarta parte de los jueces,
En relación a la de este miércoles, la confederación MEDEL, que integra a las asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga de jueces al ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas legislativas.
Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.
El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre y recurrida ya ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Socialista.
Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el malestar de los operadores jurídicos, también las formas del titular de Justicia. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la 'Plataforma Justicia para Todos' critican la "improvisación" y el modelo "impuesto" por el ministro, mientras que los jueces afirman que la huelga se ha convertido en la "única salida" tras las llamadas a la negociación de sus reformas.
Gallardón también ha apostado por el "diálogo y la negociación" frente a la vía de la huelga, aunque ha recordado que ésta ha sido convocada "por unas asociaciones, que no son mayoritarias, dentro de la Carrera Judicial".
Las asociaciones representativas de la Carrera Judicial fueron invitadas en enero por el Ministerio a abordar el nuevo modelo del CGPJ pero éstas declinaron las reuniones porque eran "de forma separada" y no se las consultó durante la elaboración de la reforma. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó la cita al encuadrarla como una "entrevista institucional" con su nuevo presidente, Pablo Llarena
28 F, MANIFESTACIÓN ANDALUZA CONTRA LOS RECORTES Y EL PAGO DE LA DEUDA
Enviado por SAT el Mar, 05/02/2013 - 01:41.
ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN EL BLOQUE CRÍTICO
SINDICATOS: SAT, CGT, USTEA, Sindicato Unitario, Sindicato profesional de BomberosCOLECTIVOS SOCIALES Y CULTURALES: Ecologistas en Acción, Almenara, 15M (Intercomisión Vivienda, Comisión de Acción y Extensión, Asamblea de San José de la Rinconada, Asamblea de Cerro Amate, Asamblea de Barrios Zona Sur), Frente Cívico Somos Mayoría, CEHA, Marea Pública, ODS, Ciencia con Futuro (Asamblea de Trabajadorxs del Sector Cientifíco), Asoc. Estudiantil contra la Precariedad, ATTAC, Asamblea Constituyentes del Aljarafe, Atrapasueños, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla, entre otros muchos...
PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS: JCA-Sevilla, CJC, PCPA-PCPE, CUT-BAI, Unidad Popular de Aguilar, MAIS, PA, IU por la Base, JJ.AA., Primavera Andaluza, Equo Andalucía, Red Roja, Corriente Roja, En Lucha, Izquierda Anticapitalista
CALENDARIO DE REUNIONES PROVINCIALES DEL BLOQUE CRÍTICO PARA PREPARAR LA MANIFESTACIÓN
SEVILLA: 6 de febrero - 18 h. Sede nacional del SAT
ALMERÍA: 7 de febrero - 17:30 h. Sede del SAT (C/ Jorgue Guillén, 1 - frente a Carrefour)
GRANADA: 8 de febrero - 17:00 h. CAP "Blas Infante" (Paseo de la Cartuja, 19)
JAÉN: 11 de febrero - 19 h. Sede del SAT (C/ Portillo de San Jerónimo, 8)
CÁDIZ: 12 de febrero - 17:30 h. Sede del SAT en Jérez (C/ Gaspar Fernández, 1 - al final de la C/ Bizcocheros)
MÁLAGA: 12 de febrero - 18 h. CAP "Er Llano" (C/ Tejares, 11)
CÓRDOBA: 12 de febrero - 18:30 h. Sede de ASPA (Avda. de Rabanales, 18, bajo - frente al Colegio Los Califas)
HUELVA: 13 de febrero - 18:00 h. Valverde del Camino (Lugar por determinar)
ANTE EL 28 F, Manifiesto del Bloque Crítico
Andalucía afronta este 28 de Febrero una situación extremadamente difícil para la inmensa mayoría de los ocho millones de andaluces y andaluzas.
Andalucía sufre. Sufren las miles de familias desahuciadas que han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar. Y todo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos.
Sufre el millón y medio de personas sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante para cientos de miles de personas, pero lo es aún más para nuestra sociedad. Porque estamos desperdiciando el talento colectivo de nuestra tierra e hipotecando su futuro. El pueblo andaluz no se merece este atropello a nuestra dignidad colectiva.
Sufre la clase trabajadora cuando la patronal aprovechando el drama del paro masivo aprieta a la baja los salarios y las condiciones de trabajo de los afortunados y afortunadas que aún tienen el privilegio de tener un empleo.
Sufre nuestra juventud cuando abandona nuestra tierra para buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron sus padres y abuelos.
Sufre el pueblo trabajador andaluz cuando el régimen reprime a sus jóvenes, a sus sindicalistas, a sus luchadores sociales más dignos. Cuando los tribunales y la policía, el estado en definitiva, practica la criminalización, el montaje o la multa contra quienes resisten, contra quienes se levantan en rebeldía contra la dictadura del capital. Cuando en sus comisarías se tortura y en sus prisiones existen presos por motivos políticos. Sufre el pueblo andaluz cuando se recorta el presupuesto en salud, educación, dependencia y servicios sociales, lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos.
Sufre Andalucía al ver su soberanía pisoteada por bases extranjeras y escudos nucleares que llevan muerte y destrucción a otros pueblos.
Se ríen de los andaluces y andaluzas cuando no se ha sido capaz de depurar las responsabilidades políticas de la corrupción de los ERE's.
Se ríen de nuestros mayores que ven como sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes.
Se ríen cuando han dilapidado nuestro ahorro privatizando y
malvendiendo las cajas a intereses foráneos.
El pueblo andaluz ha sufrido un saqueo, planificado desde Bruselas, que ha sido llevado a cabo por el régimen dictactorial de los mercados y los gobiernos a su servicio, tanto en La Moncloa como en San Telmo. Mientras nos embaucaban con el boom especulativo de la construcción, se dedicaron a desmantelar nuestra pesca, nos dejaron sin industria, atacaron la economía social, construyendo este presente incierto. Eso sí, continuaron y continúan regalando primas millonarias a los grandes terratenientes que nunca hicieron nada por esta tierra. Nos han planificado el desastre que hoy vivimos y el sufrimiento que hoy padecemos.
30 años de ofensiva neoliberal no sólo han desmantelado nuestra economía, también han puesto el riesgo el planeta. Estamos en un momento histórico radicalmente distinto a todos los precedentes. El capitalismo destruye nuestro hábitat, pone en riesgo la biodiversidad y hasta la propia existencia de la civilización humana. Conseguir justicia social, garantizando la satisfacción de las necesidades humanas sólo es posible superando el capitalismo, abriendo la puerta a un nuevo sistema económico que no explote el planeta sino que esté en paz con él.
Pero también nos ha robado la democracia. Al capitalismo en su decadencia le sobran las libertades y derechos democráticos. Y a nosotros nos sobra una Constitución, producto de un pacto con los residuos del franquismo, que se ha demostrado inútil a la hora de parar la guerra de los mercados contra el pueblo.
Y es el pueblo soberano, de abajo a arriba, quien tiene que alzar su voz para iniciar un nuevo proceso constituyente que garantice realmente las libertades públicas y los derechos fundamentales.
El Gobierno español, en manos de la derecha troglodita del PP, ha demostrado en muy poco tiempo lo que es. Se presentaron como inocentes gaviotas y se han descubierto como voraces buitres. El caso Gurtel, el caso Bárcenas… son sólo la punta del iceberg.
Váyase Sr. Rajoy. Váyase cuanto antes. Váyase por corrupto y por
mentiroso. Prometió no subir los impuestos. Y ha subido el IVA tres puntos. Prometió crear tres millones de puestos de trabajo y el paro roza ya los seis millones. Prometió no tocar la sanidad y ha implantado el copago farmacéutico, que por primera vez tendrán que pagar los pensionistas. Prometió no tocar la educación y ha subido las tasas universitarias y recortado las becas y los recursos humanos y materiales. Se opuso a la subida de la luz cuando estaba en la oposición y la sube un 11%. Prometió no abaratar el despido y aprobó la peor reforma laboral de la historia que ha facilitado en la práctica el despido libre.
Sr. Rajoy, usted está haciendo lo mismo que le reprochaba a Zapatero y lo contrario de lo que decía que había que hacer cuando era el líder de la oposición. Usted es tan sumiso o más, si cabe, que Zapatero a las directrices de la Merkel y los bancos. Usted no ha hecho nada positivo por sacarnos de la crisis. Al contrario, como el anterior Gobierno del PSOE, sólo han aprobado medidas neoliberales que deprimen aún más la economía. Usted nos lleva al camino de Grecia, nos lleva a la desintegración social con tal de que sus amigos banqueros sigan ganando dinero a costa de la pobreza extrema de la gente. Usted, Sr. Rajoy, ha declarado la guerra al pueblo y ha sacado a su ejército de antidisturbios para reprimirnos. Sepa usted que ni eso le servirá. Nadie puede detener al pueblo cuando se pone en marcha por una causa justa.
En Andalucía, por primera vez el régimen clientelar del PSOE, construido durante décadas, comparte gobierno con Izquierda Unida, lo que ha podido generar ilusiones de cambio en amplios sectores sociales. A las ocho meses de gobierno varios hechos demuestran el camino errático que lleva este gobierno pretendidamente de izquierdas.
El pasado 15 de mayo el Gobierno andaluz aprobó un recorte presupuestario de 2.500 millones de €, cumpliendo así con las imposiciones de los mercados financieros y sus vasallos de Bruselas y de Madrid. El monto principal de ese recorte cae sobre las espaldas de los empleados y empleadas públicos a los que se les rebaja el sueldo, se les aumenta la jornada laboral y se les erosiona sus condiciones de trabajo.
Son particularmente graves estos recortes puesto que se producen con la presencia de consejeros de IU en el Gobierno de la Junta de Andalucía. En toda sociedad de clases, los gobiernos toman decisiones que favorecen o perjudican a diferentes segmentos sociales. Y estos recortes, sin ningún género de dudas, son de la misma índole que los efectuados por Rodríguez Zapatero cuando aplicó el programa neoliberal de la UE o las recetas ultraliberales que Rajoy y sus ministros derechistas están ejecutando cada viernes.
Y no sólo son de la misma índole sino que se han justificado de la misma forma que lo hicieron Zapatero antes y Rajoy ahora: “No nos gustan, son injustos, pero necesarios”. ¿Necesarios para quién? Para los mercados y banqueros, pero nunca para la mayoría social que en Andalucía dijo basta a los recortes del PP. Esto ha significado el despido de 4.500 docentes interinos y se calcula sobre 3.000 en sanidad por la vía de la no renovación de eventuales.
Pero en vez de corregir esta línea de recortes que justifican con el sanbenito del “imperativo legal”, se profundiza con la aprobación de unos presupuestos donde se vuelve a producir recortes. Los presupuestos presentados para el 2013 en la Junta, están confeccionados siguiendo las mismas tesis de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria impuestos por Madrid y suponen un retroceso incluso respecto a los últimos aprobados por el PSOE en solitario. El presupuesto tiene una disminución de un 4’1% respecto al anterior (de 32.020 millones de euros pasa 30.706). Este recorte ha ido a las partidas sociales. Se disminuye 1.000 millones de euros en sanidad (10’6% de recorte); 600 millones de euros en educación (8’6% de recorte); 360 millones de euros en empleo (30’3% de recorte); el Plan de Drogodependencia cae en un 20’2%; la Atención a la infancia un 15’8%; el bienestar social (familias, mayores, discapacidad…) un 33’6%; la coordinación de las políticas migratorias, un 54`1% y la protección de la violencia de género, nada menos que un 54`4%, de 8’6 millones de euros a 3`9, etc., etc.
Son unos presupuestos de recortes que nada aliviarán la especial situación de crisis que sufre el pueblo trabajador andaluz con una tasa de desempleo cercana al 36%, más de diez puntos por encima de la media española. En Andalucía, más de tres millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social, cerca del 40% de la población andaluza, 15 puntos por encima de la media española. 65.000 accidentes laborales sólo en 2012, de los cuales, 870 graves y 77 mortales. Familias trabajadoras que han perdido a un ser querido pero nadie se acuerda de ellas, ni medios, ni reyes, ni gobiernos, ni por supuesto la justicia que nunca busca culpables en la mayoría de los casos.
Vivimos momentos de enorme dureza para la humanidad en su conjunto y en especial para nuestro pueblo, Andalucía.
Este 28 de febrero debemos ser muchos los andaluces y andaluzas que salgamos a la calle a decir basta ya; basta de recortes, vengan de donde de vengan; basta de corrupción; basta de sumisión a los mercados; basta de represión; basta de engaños... Andalucía debe levantarse, con firmeza y audacia, para ganar su futuro.
Como la historia ha demostrado cuando un pueblo se levanta con decisión no hay gobierno que pueda pararle. Y cuando los gobiernos no escuchan la voz de su pueblo, cuando sólo tienen miradas y atenciones para los ricos, cuando incumplen reiteradamente sus promesas... han perdido su legitimidad. Contra el mal gobierno, es justo rebelarse. ¡Vamos a tomar la calle!
Por eso desde la pluralidad de colectivos que conformamos este bloque crítico de acción llamamos a los trabajadores y trabajadoras, a los autónomos, a las PYME’s, a la economía social, al 99% de la sociedad que estamos siendo atacados por los recortes y afectados por la crisis. Nos dirigimos a la inmensa mayoría de la sociedad para que desde la más firme unidad luchemos juntos contra este estado de cosas.
Y para ello hemos levantado una plataforma de lucha que recoge nuestras alternativas:
1. NO AL PAGO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA. No al pago de la deuda privada.
Ni un euro más para rescatar a la banca y al sector financiero. Recuperación de los fondos públicos donados a los bancos. Investigación imparcial e independiente de los hechos que han provocado estos agujeros negros en las entidades financieras. Procesamiento de los gestores responsables y del organismo supervisor. Renegociación de los créditos. Revocación de la reforma constitucional que, en nombre de la estabilidad presupuestaria, establece como prioridad absoluta del presupuesto el pago de la deuda. Mantenimiento de los empleos en el sector. No a los rescates bancarios. No al memorándum de condiciones de la UE.
2. EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. NO A LOS RECORTES, vengan de donde vengan. Ni recortes ni privatización, mantenimiento, ampliación y mejora de los servicios públicos.
Acceso universal y gratuito a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, justicia,…) de todas las personas, con o sin papeles. Ampliación de las plantillas en Sanidad, Educación, Ciencia y Servicios Sociales hasta cubrir las necesidades reales, garantizando que no se produzca ninguna clase de discriminación. Puesta en marcha de un plan en el sector público en los ámbitos social y productivo, con el objetivo de crear puestos de trabajo estables y de calidad. Retirada de todos los conciertos con empresas privadas en todos los servicios públicos en cualquier nivel de la Administración. Por la defensa de una educación pública, gratuita, científica, democrática y laica.
3. POR EL PLENO EMPLEO DIGNO. REPARTO DEL TRABAJO SIN REDUCCIÓN DE SALARIO. Trabajar menos para trabajar todxs.
Plan público de creación de empleo dirigido especialmente a paradxs de larga duración, juventud y mujer. Prohibición de los despidos y los ERE’s. Prohibición de las ETT’s y de la subcontratación. Aumento del SMI a 1.000 € e implantación del salario máximo que no podrá exceder de cuatro veces el mínimo. Adelanto de la edad de jubilación a 60 años con contrato obligatorio de relevo. Reducción de la semana laboral a 35 h. sin reducción salarial. Derogación de las reformas laborales antisociales implantadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Recuperación y aumento del poder adquisitivo de los salarios. Fin de la precariedad laboral.
4. POR UNA ECONOMIA DE ROSTRO HUMANO. POR LA BANCA PÚBLICA. Si gobiernan los mercados no hay democracia.
Creación de una Banca Pública andaluza, ética, democrática, que permita el acceso de personas y familias a los recursos económicos y que oriente la inversión al interés general. Devolución de Cajasol y Cajasur. Nacionalización de los bancos, cajas de ahorros y sectores estratégicos bajo control democrático del pueblo. Autogestión de empresas recuperadas al capital. Reforma agraria que expropie los latifundios, fomente el cooperativismo, la agroecología y la soberanía alimentaria.
5. POR UNA REFORMA FISCAL PROGRESIVA. El problema no son los gastos, sino los ingresos. Que pague más quién más tiene.
Un sistema fiscal justo, progresivo y solidario basado en el reparto de la riqueza y el trabajo. Control y represión de la evasión de capitales y del fraude fiscal, supresión de los paraísos financieros y de las SICAV. Fuerte aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas.
6. EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE. Sólo tenemos un planeta.
Apuesta por las energías renovables y cambio del modelo energético. Rehabilitación energética de edificios públicos y privados. Regulación del balance neto y del autoconsumo fotovoltaico. No a la fractura hidráulica. Prohibición de la prospección de hidrocarburos en nuestras costas. Prohibición de los transgénicos. Mecanismos públicos que garanticen que el desarrollo productivo tenga lugar en condiciones de salubridad, equilibrio, seguridad y respeto del medio ambiente (ley de costas, cañadas reales, acuíferos, polución industrial..). Denuncia y persecución de los numerosos delitos ecológicos que se están dando en la actualidad, endureciendo las sanciones y exigiendo el cumplimiento de las mismas. Defensa y fomento de los huertos urbanos. Prohibición de instalar ninguna planta nuclear ni almacenes de residuos nucleares. Cláusula social y medio ambiental en la compra y contratación pública. Fomento del consumo responsable, justo y ético. Medidas encaminadas a ajustar nuestra huella ecológica: favorecer el consumo de cercanía, penalizando, incluyendo en el precio de los productos la huella de carbono (transporte). Fomento de la red de transporte público por ferrocarril, incentivando su uso a un precio social. Transformación de nuestras ciudades y pueblos hacia la movilidad sostenible: peatonalización, transportes públicos y carriles bici.
7. POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. La vivienda es un derecho universal, no una mercancía.
Declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía. Suspensión y moratoria para todo tipo de desahucios de viviendas habituales. Parque público de vivienda en alquiler para cualquiera que lo necesite. Puesta en uso de las viviendas vacías: ni gente sin casa ni casas sin gente; despenalización de la ocupación de viviendas sin uso. Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Derecho a la dación en pago de su vivienda saldando plenamente su deuda. Plan de rehabilitación de viviendas. Cese de los cortes de agua y luz domésticos y restablecimiento inmediato de estos suministros a quienes se lo hayan cortado. Erradicación del chabolismo y la infravivienda.
8. POR LOS DERECHOS SOCIALES. Primero las personas.
Derogación de la reforma del sistema de pensiones del 2011, pactado entre el PSOE, CCOO, UGT y las patronales, así como detención de los planes del gobierno del PP, al convocar la comisión del Pacto de Toledo, para reducirlas más y retrasar más la edad de jubilación. Derecho a la pensión máxima con 30 años trabajados. Por una renta básica social suficiente para poder vivir con dignidad. Eliminación del requisito de las peonadas para tener derecho al subsidio y renta agraria. Seguro de desempleo indefinido para todas las personas desempleadas que carezcan de ingresos propios. Cierre de los CiE's. Regularización de las personas inmigrantes que viven en el territorio español. Derecho a la Ciudadanía Universal. Aumento de la financiación pública de la ciencia, contra la precariedad y por una carrera profesional digna y estable, democracia interna y gestión transparente de los recursos científicos, por una ciencia crítica, no ajena a las necesidades e inquietudes sociales.
9. POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. Sin mujeres no hay revolución.
Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y gratuita. Acceso a los métodos anticonceptivos y a la educación afectiva sexual. Contra el sistema patriarcal. Colocar en el centro del sistema social los cuidados. Conciliación de la vida familiar y laboral. Igualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres. Exigimos reconocer, valorar y repartir equitativamente todos los trabajos. Erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Reconocimiento como empleo del trabajo desarrollado, mayoritariamente por las mujeres, dentro del núcleo familiar y del hogar y como consecuencia que se aplique los derechos correspondientes a las prestaciones sociales y laborales generadas por el mismo. Exigimos que el estado asuma los costes de los Cuidados. Establecimiento de mecanismos institucionales que garanticen el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar y cuidadoras.
10. EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. Si hay democracia no gobiernan los mercados.
Ninguna reforma constitucional sin referéndum popular. Reforma de la ley electoral. Derecho de autodeterminación de los pueblos. Abolición de la monarquía. Alto a la corrupción. Investigación independiente y a fondo de todos los escándalos de corrupción (Gurtel, ERE’s, Barcenas, etc). Eliminación de todas la prebendas y privilegios de los políticos y gobernantes (funcionarios, inclusión en el régimen general de pensiones y de SS, varios sueldos por cargos públicos….). Despenalización de la ocupación ligada a causas de necesidad social. No a la criminalización de la protesta y la resistencia social. Fin de la represión contra jóvenes, sindicalistas o manifestantes. Basta de montajes, multas y juicios contra quienes sólo defienden sus derechos. Eliminación del régimen FIES y del aislamiento penitenciario. No a la llamada "Ley de Seguridad Ciudadana", a la videovigilancia y a toda la legislación represiva. Derogación de una "Ley de Partidos" incompatible con cualquier democracia. Disolución de la Audiencia Nacional. Depuración de responsabilidades de todos los implicados en casos de represión o tortura. Libertad para todos los presos por razones políticas y amplio indulto para los presos por razones sociales. Separación real entre Iglesia y Estado. Disolución de las unidades especiales antidisturbios.
11. POR LA PAZ Y EL ANTIMILITARISMO. Por una Andalucía de Paz, sin bases ni escudo antimisiles.
Desmantelamiento de las bases de Rota, Morón y Gibraltar. Salida de la OTAN. Drástica reducción del gasto militar. Disolución de la Legión y de la Guardia Civil. Alto a las intervenciones millitares. No al escudo antimisiles. Desnuclearización del Estrecho de Gibraltar. Fuera ejércitos del sistema educativo andaluz. Reconversión civil de las fábricas de armas en Andalucía. Fuera instalaciones militares de los núcleos urbanos. Programas de cooperación internacional, con criterios de solidaridad social, especialmente con el Norte de África. Desmilitarización del territorio andaluz (Legión en Ronda y Almería, INTA en Huelva, maniobras navales, etc.). Reconversión, sin costes, de instalaciones militares a usos civiles. Control público de las emisiones que propagan, inducen o justifican la violencia en sus distintas formas (hacia la mujer, hacia otros países, hacia otras culturas, etc).
El Coronil, la dignidad de un pueblo en lucha por la solidaridad, la ética y la democracia
Enviado por SAT el Sáb, 16/02/2013 - 17:28.
El
Coronil: 40 días de huelga continúa, ininterrumpida, constante... ¿Es
una huelga para tener más salario, menos horas, es una huelga para
beneficio propio? NO, es una huelga para que todo un pueblo pueda
acceder por turnos al empleo en un momento en que el paro es el probema
nº 1 de Andalucía y por supuesto de El Coronil. Es, por tanto, una huelga de solidaridad, una huelga humanista, una huelga que mira el bien común de toda una comunidad.
Dicen que al no recogerse la basura se perjudica al pueblo. Una
huelga que causa problemas. Claro, como todas. No hay una sola lucha que
no cree contradicciones y conflicto de intereses. En Sevilla hubo una
huelga de la recogida de basura, de LIPASAM, motivada por los recortes
salariales del Alcalde, el Sr.Zoido (PP). Los ciudadanos fuimos
perjudicados por los malos olores y la insalubridad generada por
toneladas de basura. Pero también comprendimos los motivos y nos
solidarizamos con la plantilla de LIPASAM. Esta huelga de El Coronil no es para pedir mejoras salariales, no es para tener mejores condiciones de trabajo de los operarios de la basura. Esta huelga es para acabar con el enchufismo y para que se respete una conquista de ese pueblo: la bolsa de empleo.
La bolsa de empleo es un mecanismo que permite la rotación de personas en paro accediendo por turnos al trabajo. Una persona que tiene trabajo, hoy en día, tiene un lujo. Debería ser un derecho tener un empleo digno, pero el capitalismo en crisis ni siquiera es capaz de garantizar un mínimo de subsistencia para millones y millones de seres humanos. En Andalucía, con el 35% de desempleo, 10 puntos por encima de la media estatal, con un desempleo juvenil del 60%, se está desaprovechando la fuerza manual y el talento intelectual de millones de personas a los que este sistema no les deja aportar su granito de arena para el futuro de nuestra tierra.
Las
personas en paro de El Coronil decidieron hace muchos años, cuando IU
estaba en el gobierno local, que no se iba a contratar más operarios de
la basura y que la bolsa de empleo iba a cubrir esos puestos, así como
las bajas y las vacaciones de los operarios fijos. Y así fue como la
máxima socialista de "reparte el trabajo, reparte la riqueza" se puso en práctica en El Coronil. Cuando el PSOE llegó al gobierno local, en virtud de un pacto con un grupo independiente y no respetando la victoria de la lista más votada, IU, esta bolsa de empleo se aplicó durante los cuatro años de la legislatura. Pero cuando el PSOE ganó por mayoría absoluta en las últimas elecciones locales la suprimió. Se ve que los principios socialistas tienen poco que ver con lo que es la acción de gobierno de este partido. Ante las quejas de los vecinos, el SAT intervino y el Alcalde, Jerónimo Guerrero (PSOE), se comprometió a poner en marcha de nuevo la bolsa de empleo el siguiente año, es decir, 2013.
"Ahora no puedo, dejadme un año de margen y restablezco la bolsa" y lo dijo hasta en la televisión local. Fue un compromiso. Un compromiso incumplido. Porque en diciembre de 2012 el SAT le recordó ese compromiso y el Alcalde miró para otro lado. Ya había metido gente en la cuadrilla de operarios de la basura, incumpliendo lo acordado. Así que esta huelga no sólo es una huelga humanista por el bien común de todo un pueblo, también es una huelga por la ética, una huelga para que se cumpla la palabra dada por los gobernantes, acostumbrados a decir una cosa en campaña electoral y hacer otra bien distinta cuando se gobierna.
También, es una huelga por la democracia porque fueron las personas en paro, en asamblea, las que decidieron que se creara la bolsa de empleo. Que eso fue hace mucho, dicen. Cierto. Por eso el SAT le ha planteado al Gobierno local que realice un referéndum para que el pueblo hable y diga si quiere la bolsa de empleo o quiere el enchufismo. Dar la palabra al pueblo y que decida. El SAT ya ha anunciado que aceptara el veredicto de las urnas. Pero el Alcalde se ha reido de esta propuesta. Que es lo mismo que reirse de la democracia y de la libertad. Y se rie porque no la respeta. Sabe, de sobra, que el pueblo de El Coronil votaría masivamente por la continuidad de la bolsa de empleo.
También argumentan que la bolsa de empleo está anticuada. ¿Y quién se ha negado a renovarla, Sr. Alcalde? El SAT ha propuesto que una comisión técnica con presencia de los parados y paradas del pueblo, del SAT (fuerza mayoritaria en el Consistorio con 4 de los 5 delegados del Comité de Empresa) y el Ayuntamiento estudien la bolsa y la limpien de errores.
No más excusas. No más trampas. No más engaños. Tendrá todo el aparato político de su partido al servicio del enchufismo en El Coronil, pero no tiene al pueblo de su lado, Sr. Alcalde. Rectifique de una vez.
Javier García, Secretario de Comunicación del SAT
Huelga en una empresa de envasado de naranjas en Almodóvar del Rio
Enviado por SAT Córdoba el Jue, 14/02/2013 - 09:41.
Desde
el día 9 sábado, 45 trabajadores/as apoyados por el SOC-SAT decidieron
una huelga indefinida en la empresa almeriense Apecuaria Oropache SL.,
ubicada en Almodóvar del Rio (Córdoba). La huelga fue motivada por el
impago de los salarios, el incumplimiento del Convenio Colectivo
Provincial del Campo, por el abuso en la jornada laboral y por la
declaración de jornadas reales trabajadas.
La empresa dedicada a la manipulación y envasado de naranjas, adeuda a
los trabajadores/as entre 1400€ y 1800€ según días trabajados, no
teniendo la empresa suficiente con este delito laboral, sino que no está
cumpliendo el convenio en ninguno de sus artículos, ni salario base, ni
plus de distancia, etc. La empresa exige a los trabajadores/as jornadas
extenuantes de trabajo que rondan muchos días las 14 horas diarias,
además las cotizaciones que la empresa realiza a la Seguridad Social por
las jornadas trabajadas cotizados no concuerdan con las trabajadas
realmente, llegando en todos los casos de tener 14 días trabajados a
cotizar un día lo que significa un delito añadido de fraude a la
Seguridad Social.Llevamos cinco días en las puertas de la empresa de día y de noche durmiendo en el tajo para impedir la actividad mientras no se les abone la totalidad de los salarios y se cumpla el Convenio, el sábado se ha impedido la salida de tres camiones cargados de naranjas, pero de madrugada efectivos de antidisturbios de la Guardia Civil nos atacaron a los 2 de la madrugada dispersando a los piquetes en su mayoría mujeres y consiguiendo sacar tres camiones de naranjas con destino a Lituania. En este momento, la actividad en la empresa esta totalmente parada, no hay nadie trabajando, pero la empresa no da su brazo a torcer llegando a tener el cinismo de decirle a los trabajadores/as que están despedidos. Y es que compañeros/as no roban solo a los jornaleros/as que trabajan en esta empresa, roban a un pueblo entero por que los aproximados 68.000 € que deben de cobrar repercute en toda la economía del pueblo, y aliviaría la maltrecha economía a la que nos han llevado la burguesía fascista y sus sicarios políticos.
Es por ello que la solidaridad y el apoyo de todo el pueblo se está volcando como nunca, dando el ejemplo de que vamos por el buen camino, que no, es otro que el de la solidaridad y la unidad.
Ni los trabajadores/as ni el SOC-SAT va a dar un paso atrás en este conflicto y estaremos allí todos los días durmiendo al raso hasta doblegar a la patronal, porque no existe otro camino, que no sea luchar, luchar hasta la victoria final y ante los ataques del capitalismo, dignidad y defensa propia.
AHORA MAS QUE NUNCA;
¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!
Somonte 13 de febrero de 2013
Siete sindicalistas del SAT serán juzgados mañana por la ocupación de un banco
Enviado por SAT el Mar, 19/02/2013 - 19:37.
Continúa
la represión contra el SAT. Gibraleón (HUelva), 23 de octubre de 2012, 9
de la mañana. Un pueblo tomado por la Guardia Civil, más de 20
vehículos y un centenar de agentes. La razón de tanto despliegue era la
Marcha Obrera "Andalucía en Pie" que en pocos minutos iba a pasar por
allí.
Pero, a pesar de tanto despliegue, el SAT consiguió ocupar, en una de
sus "acciones sorpresa" que han caracterizado las Marchas Obreras, una
entidad bancaria justo en la plaza principal del pueblo.Siete sindicalistas, entre los que se encontrabana Maria García, secretaria de Acción Sindical, y Pedro Barrera, responsable provincial de Cádiz, ambos miembros de la dirección nacional del SAT, acompañados por José Antonio Nuñez, responsable institucional de IU en la provincia de Sevilla, José Rodríguez Nuñez, portavoz municipal de IU en Osuna, todos ellos muy conocidos, junto a otros tres militantes del SAT burlaron el despliegue policial y ocuparon la entidad bancaria,
En una nota de prensa de urgencia enviada nada más realizada la ocupación se decía: "El SAT ha realizado y continuará realizando estas acciones para señalar a los auténticos responsables de la estafa llamada crisis, los bancos, que están recibiendo miles de millones de euros de dinero público, mientras se está destrozando el sistema social y se está condenando al paro a millones de personas, perdiendo muchas hasta sus casas". Nuestros siete compañeros sacaron las banderas una vez dentro de la entidad bancaria y no impidieron en ningún momento la actividad de los trabajadores de la misma ni tampoco realizaron ningún tipo de injurias contra nadie, por lo que negamos rotundamente esa acusación. Fueron detenidos por la Guardia Civil sin ninguna oposición ni resistencia.
Entramos en ese banco porque como Ada Colau ha recordado recientemente en el Congreso de los Diputados, son criminales que están haciendo daño a la gente, a millones de personas, y hay que señalar a los criminales culpables de esta crisis-estafa y por ello desde el SAT nos sentimos muy orgullosos de la acción de nuestros compañeros.
El juicio será mañana en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Huelva (Alameda Sundheim, nº 28) a las 10:45 de la mañana.
15F: Crónica de acciones "¡Que el paro no te pare!"
Enviado por prensa el Vie, 15/02/2013 - 12:00.
Allariz: [más información en http://www.cntgaliza.org/?q=
Arousa: [más información en http://www.cntgaliza.org/?q=
Badajoz: Después de la pegada de carteles y pegatinas que se hizo el martes, esta mañana se han repartido hojas frente a una oficina del INEM.
Ciudad Real: [Nota de prensa] “Si los políticos no dan soluciones se buscarán desde el pueblo”. Este podría ser el lema de las asambleas de parados que se han formado en diversos puntos de España y que el próximo 16 de marzo (17.00 horas, plaza Mayor) se formará en Ciudad Real. Así lo anunció ayer Antonio Ramírez, parado e integrante del sindicato CNT, quien hizo un llamamiento a la participación de parados de toda la provincia para que la convocatoria sea un éxito y se puedan repetir experiencias andaluzas que han logrado, por ejemplo, lograr que tierras municipales se destinen al cultivo y a alimentar a familias de parados o el desarrollo de algunas cooperativas.“Gente individual hemos acordado iniciar una asamblea contra el paro en Ciudad Real, para que los parados nos organicemos nosotros mismos no sólo para protestar y denunciar sino para paliar de alguna manera la situación”, explicaba ayer Ramírez, quien hizo el anuncio durante una convocatoria de CNT para protestar por el desempleo existente en España. La idea es crear una organización con recorrido, con ramificaciones locales y que permita crear soluciones de economía alternativa para salir de la crisis.“Pedimos que acudan todos los parados de Ciudad Real”, explicaba este desempleado, quien afirma que es el momento de que quienes no tienen empleo hagan “todas las cosas por sí mismos” porque si esperan soluciones “desde arriba” no las van a encontrar. “Hay que escapar del círculo vicioso que es la ayuda de la instituciones y que ya no hay, porque cada vez tienen menos medios”.A ellos esperan que se sumen los trabajadores precarios, los jóvenes atrapados en empleos sin futuro y otros colectivos con la idea de crear una masa crítica que busque soluciones y también que sirva de elemento movilizador de la provincia.”Estando parado se hace lo que se puede”, indicaba Ramírez, quien considera que es el momento de aunar esfuerzos para mejorar la situación de estas familias.Contra el paro y los recortesEl anuncio de la asamblea se realizó ayer en el marco de una concentración nacional convocada por CNT en la que pedían el fin del paro y los recortes y reclamaban el derecho a tener un trabajo y un salario digno y solicitaban medidas de economía social que van desde los planes de empleo a la cesión de tierras y la derogación de la reforma laboral.
Compostela: [más información en http://www.cntgaliza.org/?q=
Córdoba: [Nota de prensa] Ayer el Sindicato de Córdoba convocó una movilización contra el paro y la precariedad laboral dentro de la Jornada de Acción contra el Paro que la CNT tenía por todo el Estado. En Córdoba hicimos una ruta de la precariedad pasando por dos empresas ejemplo de prácticas laborales abusivas y contra los derechos más básicos de l@s trabajadoras/es. Estas empresas son Supermercados Piedra y Telepizza.
Contra estas dos empresas CNT tiene conflictos abiertos, con Telepizza por los compañer@s de Sevilla y con Supermercados Piedra llevamos más de tres años en conflicto en Córdoba.
Por eso, aprovechamos esta Jornada contra el Paro para hacer visible en la ciudad la situación de precariedad en estas empresas y enlazarlo con el paro existente en Córdoba con más de 45.000 desemplead@s a día de hoy.
La ruta empezó en el Telepizza de la Plaza Santa Teresa en el barrio del Sector Sur donde nos juntamos más de cuarenta compañer@s repartiendo hojas informátivas de la realidad en Telepizza y del conflicto de l@s compañer@s en Sevilla. También repartimos panfletos de la Jornada de Acción contra el Paro impulsada por CNT en todo el Estado para hacer visible el panorama de precariedad y paro existentes y mostrar nuestra alternativa como Sindicato de clase frente a las políticas de recortes y desempleo.
Durante más de media hora estuvimos en las puertas del Telepizza lanzando lemas contra las las prácticas de explotación de la empresa y por la readmisión de l@s compañer@s despedid@s en Sevilla.
Después continuamos la ruta dirigiéndonos al Supermercado Proxi situado en la Avenida de Cádiz en el mismo barrio. Proxi son una cadena de supermercados que pertenecen a los mismos propietarios del Piedra y la promotora Injupisa, los hermanos Piedra Trujillo. Estos aprovechando los años de la burbuja inmobiliaria y la cantidad de gente que ha pasado por sus supermercados han conseguido amasar una enorme fortuna.
Todo esto lo hicimos visible en las puertas del Proxi leyendo a través del altavoz la octavilla que se estaba repartiendo e informando a los vecinos que por allí pasaban. Todo esto ante la atenta mirada del jefe de seguridad del Piedra y la Policía Nacional que nos siguieron durante toda la movilización como viene siendo habitual en las campaña que tenemos contra estos supermercados.
A lo largo del recorrido much@s vecin@s del barrio nos mostraron su apoyo y se interesaron por estos conflictos. Además conseguimos el objetivo de que durante el tiempo que duró la movilización no entró apenas nadie en estos establecimientos.
La última parada fue en el Piedra de la calle Pontevedra donde continuamos repartiendo octavillas, gritando lemas contra la explotación, el paro y la precariedad, y demostrando que en CNT si nos tocan a un@, nos tocan a tod@s y que la única manera de que se respeten nuestros derechos laborales es mediante la lucha y la solidaridad.
Terminamos leyendo el manifiesto de la Jornada de Acción contra el Paro y animando a l@s vecinos a que se sumen a la lucha y se organicen para plantar cara a la precariedad laboral y el paro.
Ferrol: [más información en http://www.cntgaliza.org/?q=
Jerez: Una veintena de compañeros/as de la CNT se han concentrado el 15f, de 12 a 13 h., frente a las puertas de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Calle Diego Fdez. Herrera, en Jerez de la Frontera. La acción se enmarca en la jornada de protesta que a nivel confederal viene llevando a cabo nuestra organización sindical, con el lema "Que el paro no te pare".La pancarta de la concentración llevaba el texto "Por el reparto del trabajo y la riqueza". Durante el acto hemos recibido el apoyo de muchas personas que se acercaban a la oficina de empleo a realizar gestiones, y se ha bloqueado el tráfico un buen rato en una de las zonas con más tránsito de la ciudad. Se han coreado lemas contra la patronal y el gobierno, y se ha recordado la importancia de que los/las parados/as y trabajadores/as retomen la senda de una movilización contundente que nos permita recuperar los derechos sociales y laborales perdidos.
Lugo: [más información en http://www.cntgaliza.org/?q=
Marina Alta: Salut. Alguns afiliats al sindicat de CNT-AIT Marina Alta hem participat en la jornada de lluita contra l´atur concentrant-nos davant de l´INEM de Dénia de les 11 a les 14 hores.Allí hem repartit les enganxines de la campanya i hem parlat amb algunes persones sobre el projecte autogestionat i antiautoritari de CNT, sobre l´anarcosindicalisme que practiquem i sobre el negoci que alguns fan de l´atur. També hem conegut companys d´altres temps, amb moltes coses que contar i amb els que esperem parlar mes vegades. Salut i ens vegem als carrers.
Salud. Algunos afiliados al sindicato de CNT Marina Alta hemos participado en la jornada de lucha contra el paro concentrándonos ante el INEM de Dénia de las 11 a las 14 horas.Allí hemos repartido las pegatinas de la campaña y
hemos hablado con algunas personas sobre el proyecto autogestionado y antiautoritario de CNT, sobre el anarcosindicalismo que practicamos y sobre el negocio que algunos hacen del paro. También hemos conocido compañeros de otros tiempos, con muchas cosas que contar y con los que esperamos hablar más veces. Salud y nos vemos en las calles.
Sevilla: Poco más de medio centenar de personas nos concentramos a las puertas de la Sede del PP. Los días previos repartimos panfletos informando de la acción. Por desgracia, no nos sorprendió encontrarnos con un descumunal despliegue policial. Además de las consignas habituales y las reivindicaciones económicas básicas de CNT, el Secretario de la Federación Local de CGT apeló a la necesidad del encuentro de organizaciones como lasnuestras, con proyectos y conflictos distintos; pero los mismos objetivos y enemigos.Desde el S.O.V. de Sevilla valoramos muy positivamente esta campaña, que ha servido para recordar(nos) nuestras reivindicaciones más básicas. En nuestro acción cotidiana apostamos por el sindicalismo radical, serio yapasionado. Sabemos que sólo a través de una perspectiva y una práctica revolucinaria se conseguirán quizás pequeñas mejoras como la jornada de 30h o la jubilación digna.
Toledo: Se han repartido más de un centenar de panfletos en la puerta del paro.
Valladolid: Durante la mañana del 15F CNT Valladolid ocupó la oficina del ECYL de la calle Villabañez reclamando un reparto justo de la riqueza y el trabajo, culminando la jornada de acción contra el paro con una manifestación por la tarde en el centro de Valladolid.Dentro de la jornada de acción del 15F enmarcada en la campaña “¡que el paro no te pare!”, promovida desde la CNT a nivel estatal, en Valladolid se realizaron varias acciones durante todo el día.Por la mañana, un grupo de militantes ocupó pacíficamente la Oficina del Servicio Público de Empleo situada en la calle Villabañez. Durante la acción se colgaron varias pancartas por dentro y fuera del edificio exigiendo la reducción de la jornada laboral a 30 horas sin reducción salarial, el adelanto de la edad de jubilación a 55 años, la oposición frontal a todo tipo de EREs y despidos y una cobertura universal digna para todos los desempleados. Durante el acto se corearon consignas por la defensa de los puestos de trabajo y animando a la organización obrera para hacer frente a los desplantes de la patronal, la banca y los políticos como “desahucian al parado, rescatan al banquero”, “el próximo parado que sea un diputado”, “obrera si no luchas, nadie te escucha” y "la pasta pal obrero y no para el banquero" mientras se repartían pastitas entre los allí presentes, entre otros.Por la tarde, a las 20:00, un nutrido grupo de personas se concentró en la céntrica Plaza Madrid como parte del conjunto de acciones contra el paro que la CNT ha llevado a cabo en Valladolid así como en el resto del estado.Los manifestantes, congregados frente a la delegación de hacienda y las sedes de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, corearon consignas tales como “Ni paradas ni precarias, activas y solidarias” dejando claro la actitud combativa de las allí presentes. A continuación, debido al éxito de la convocatoria, se decidió salir en manifestación recorriendo el centro de la ciudad cortando algunas calles a su paso. Después de un alto en la calle Alcalleres (actual sede del Partido Popular en Valladolid) donde los manifestantes protestaron contra la política de recortes del actual gobierno, el acto concluyó en la calle Santiago donde se leyó un manifiesto a favor del reparto del trabajo y la riqueza.Esta acción puso fin a la jornada de acción convocada a nivel estatal, en la que la CNT-AIT reclama las 30 horas semanales sin reducción salarial, una cobertura digna para los y las desempleadas y una jubilación a los 55 años.Ya hay imágenes colgadas en la WEB confederal del acto en cuestión, mas fotos las podeís sacar de nuestra pagina web http://www.cntvalladolid.es/
Vall d'Albaida: La CNT la Vall d'Albaida, una vez más ha salido a la calle este 15-F para hacer más fuerte el grito de guerra que han declarado la totalidad de los sindicatos federados a la Confederación Nacional del Trabajo al PARO y a los gobiernos que provocan esta situación de desocupación, donde mientras tanto se suman los desahucios y las condiciones más que precarias en una clase obrera cada vez más desfavorecida y unida.
Unas 10 personas a las 12h. de la mañana han repartido información del acto pidiendo la lucha y la organización de los parados y paradas (y a la clase trabajadora en general) a las puertas del SERVEF d'Ontinyent. El acto ha tenido muy buena aceptación por parte de los observadores, ya que tener mútuo acuerdo para denunciar esta situación no está fuera de lugar. A todo esto recordamos que el sábado 16-F este sindicato hará una conferencia a las 18h. al Casal Jove d'Ontinyent (El Llombo) de la postura anarcosindicalista respecto a esta situación con las diferentes campañas alternativas que hacen posible la CNT-AIT al estado español y en el resto del mundo.
més info: http://valldalbaidacnt.
Vigo:[más información en http://www.cntgaliza.org/?q=
Villaverde: Viernes 15 de febrero, jornada de acción de la Comarcal Sur en la localidad de Leganés. A las once de la mañana una decena de compañer@s nos hemos presentado en la estación de RENFE Central, con nuestra pancarta, megáfono, panfletos y muchas razones para estar allí.
Una concluida zona, ideal para difundir nuestro ideario. Es paradójico comprobar como son l@s más mayores, quienes más claras tienen las cosas y resulta gratificante cuando nos infunden ánimos. Buena recepción de la gente en general.
Para cerrar la jornada nos hemos desplazado a la Plaza de España, otro enclave perfecto para lanzar nuestras consignas. Lugar muy concurrido y donde se encuentra la sede del PP. Una vez terminado el reparto de todos los panfletos, hemos puesto punto y final a esta jornada. Otras jornadas de lucha vendrán, y en la calle volveremos a estar.
El 15-M marchará el 23-F contra el "golpe de los mercados"
En la movilización, que tendrá lugar en Madrid, también participarán afectados por las hipotecas y movimientos en defensa de la educación y la sanidad públicas
La segunda jornada de huelga de Iberia deja 232 vuelos cancelados
El día de ayer tuvo un seguimiento del 100% según los sindicatos. La aerolínea asegura que existen posturas "alejadas" en las negociaciones. Gran despliegue policial en la T4.
EUROPA PRESS/ EFE Madrid 19/02/2013 09:57 Actualizado: 19/02/2013 15:53 Público
Trabajadores de Iberia ocuparon la T4 de Barajas durante la primera jornade de huelga, el pasado lunes.- SUSANA VERA (REUTERS)
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El primer día de huelga, que terminó con enfrentamientos entre policías en trabajadores de la compañía a las puertas de la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas , ha tenido un seguimiento masivo, cercano al 100% de trabajadores, según los sindicatos, y en todo momento se han cumplido los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento.
Según la aerolínea, el 85 % de los pasajeros afectados por las cancelaciones han podido ser recolocados en otros vuelos en esta primera semana de paro, que se prolongará con otras dos tandas de cinco días en marzo si empresa y sindicatos no llegan a un acuerdo. En toda esta semana se quedarán en tierra 1.200 vuelos, de los que 415 corresponden a Iberia, 354 a Vueling, 357 a Air Nostrum, y 96 a Iberia Express.
Posturas alejadas
Iberia ha anunciado que convocará de nuevo a los sindicatos entre hoy y mañana con la intención de "acercar posturas", al considerar que existe "obligación" de negociar por ambas partes, según ha señalado el director de Comunicación de la aerolínea, Luis Díaz Güell.En declaraciones a Onda Cero recogidas, Díaz Güell ha reconocido que las posturas están "alejadas", a la vez que ha mostrado incomprensión tras el rechazo por parte de los sindicatos de la propuesta de la compañía el pasado 31 de enero.
Así, ha recordado que en dicha fecha la aerolínea propuso 3.100 bajas a través de prejubilaciones "en su práctica totalidad" y ha remarcado que existe "cola" en la aerolínea para acogerse a ellas con elERE en vigor. El portavoz de la aerolínea ha insistido en que Iberia no se puede permitir perder un millón de euros a diario y ha pedido comprensión a los sindicatos al considerar que el sector y la economía no lo están pasando bien y es necesario realizar ajustes.
"Hay que sentarse negociar, y en esta negociación todos tenemos que ceder", ha resaltado, para después matizar que la intención de la aerolínea siempre ha sido negociar e intentar llegar a un acuerdo que haga "viable" la compañía en el futuro.
Vuelve la calma a la T4
La T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas ya ha recuperado este martes la normalidad, en medio de un amplio dispositivo policial en el segundo día de paros de Iberia, tras los incidentes del lunes.La zona de facturación de Iberia en la terminal T4, se encuentra totalmente operativa y sin presencia de manifestantes después de que unos 8.000 trabajadores ocuparan el vestíbulo después de los enfrentmainetos con la policía de ayer.
Sí se han registrado en cambio problemas en los accesos a la terminal desde primera hora de la mañana, fuertemente protegida por la Policía, con al menos 20 furgonetas en la entrada y varios agentes.
En cuanto a los trabajadores de Iberia, aunque no hay prevista ninguna concentración este martes, ya que las siguientes serán el miércoles en la sede de la aerolínea en Madrid y el próximo viernes en la T4, en el aeropuerto varios empleados de la compañía reparten folletos explicativos sobre las razones por las que han convocado 15 días de paros entre febrero y marzo.
La huelga de Iberia, en imágenes
AGENCIAS MADRID/BARCELONA 18/02/2013 16:23 Actualizado: 18/02/2013 16:55
La huelga de Iberia se salda con cinco detenidos y cargas policiales en el aeropuerto de Barajas
El 100% de los trabajadores que no tenían servicios mínimos han secundado la huelga, según los sindicatos. Más de 3.000 manifestantes han marchado en manifestación hasta la T-4. Centenares de trabajadores de la aerolinea ocupan diversos aeropuertos
JAIRO VARGAS Madrid 18/02/2013 07:24 Actualizado: 18/02/2013 18:10 PúblicoNoticias relacionadas
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Recta final de la negociación del ERE de Iberia
La mañana discurría con normalidad a pesar de los 70.000 viajeros afectados por las cancelaciones de 236 vuelos (81 corresponden a Iberia, 20 a Iberia Express, 78 a Vueling, y 57 a Air Nostrum) hasta que en torno al mediodía una larga marea amarilla se acercaba lentamente hasta la terminal desde donde Iberia opera todos sus vuelos.
Según fuentes sindicales, la manifestación tenía aproximadamente el mismo número de personas que trabajadores serán despedidos por el ERE plantado, unos 4.000 (según la Policía eran cerca de 3.000). Detrás de una pancarta con el lema “todos unidos podemos. Iberia no se desmantela”, los empleados han traspasado el cordón policial que les impedía acceder al interior de la terminal.
Una vez dentro, tanto ventanillas de atención al cliente como mostradores de facturación de equipaje de la aerolínea han cerrado hasta que el dispositivo policial, acompañado de varios agente de aduanas de la Guardia Civil con equipamiento antidisturbios, han divido la concentración.
Los trabajadores han llenado de pancartas el vestíbulo de la T4 en las que se leía “Iberia siempre española” y han gritado “dimisión”, el popular “sí se puede” y, sobre todo “British, go home” (British Airways, vete a casa), dejando patente que aquella lejana “fusión entre iguales” no fue más que una absorción que ahora están pagado los empleados de la histórica compañía española, que presentó millones de beneficios hasta el 2008.
"Siempre se escudan en que no es rentable"
De hecho, la huelga tenía una importante carga patriótica, algo raro en las protestas obreras, con varias banderas nacionales y gritos de “yo soy español, español, español”. Y es que, como había dicho Miguel Ángel González, de la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (ASETMA), desmantelar Iberia “no es apostar por el crecimiento económico de un país que saca réditos del turismo”, por eso considera que la huelga es “necesaria” para que Iberia vuelva a generar beneficios y así defender los intereses de España.
“Nos bajan el sueldo y nos piden más productividad pese a que que van a despedir a miles de empleados"
“Siempre
se escudan en que no es rentable”, asegura Sole, tripulante de cabina
de Iberia que no da su apellido como todos los manifestantes, ya que
cualquiera podría acabar en la larga lista de despidos. “No era rentable
el vuelo Madrid-Johannesburgo, por eso lo quitaron y, British Airways
los hace ahora con más frecuencia”, explica. “Nos están echando a miles y mientras los vuelos los hace nuestra competencia. Hemos
ofrecido rebajarnos un 30% el salario y volar al máximo de capacidad,
pero tampoco han aceptado. Han eliminado aviones de Iberia y han puesto
más en British, Vueling e Iberia Exprés ¿pero qué quieren si se lo
estamos dando todo?", se pregunta. Raquel, auxiliar de vuelo de la aerolínea desde hace 23 años tiene claro quiénes son los culpables: “Los que tienen que irse son los directivos y así no tendremos pérdidas porque su gestión ha sido nefasta”. Sergio es técnico de mantenimiento desde hace 4 años, él también piensa que “quieren vender Iberia a los ingleses”. “Nos bajan el sueldo y nos piden más productividad pese a que que van a despedir a miles de empleados sin garantías de que en el futuro vuelvan a hacer lo mismo”.
"Con mi edad es imposible encontrar empleo"
A su lado está José, 30 años reparando aviones y a sus 53 años se ve en peligro de ir al paro. “Con mi edad es imposible encontrar empleo y además ya nos bajaron el salario en los años 90 y nunca lo recuperamos”, argumenta. “Además, con la nueva reforma laboral pueden apañarte con 30.000 euros, cuando antes un caso como el mío podía costarles 140.000. Pero bueno, si Rajoy dice que sirve para crear empleo, me lo tendré que creer”, dice con una sonrisa irónica y seria al mismo tiempo."Con la nueva reforma laboral pueden apañarte con 30.000 euros, cuando antes un caso como el mío podía costarles 140.000" Después de un tiempo gritando y silbando sobre las cintas de facturación y varios momentos de tensión con los agentes de la UIP, todos se han sentado en el suelo de la terminal sin que hubiera más incidentes. La huelga, según varios de los sindicatos convocantes, está resultando exitosa.
“La práctica totalidad de los trabajadores que no han recibido carta de servicios mínimos”, ha dicho Antonio Escobar, presidente de SITCPLA (Sindicato independiente de tripulantes de cabina de pasajeros de líneas aéreas). Las negociaciones con la compañía siguen abiertas y "el comité está dispuesto a llegar a acuerdos si regresa el sentido común", ya que desde el Ministerio están presionando para que se alcance un acuerdo y no tenga que ser él mismo quien imponga una decisión. "Confío en que no se vaya a mayores pero si esto sigue así y tiene que ser un asunto de orden público, estamos dispuestos", dijo.
Desde UGT, su portavoz del sector aéreo Manolo Atienza cifra en un 100% el seguimiento en los dos turnos de hoy. “Hemos convocado cinco días seguidos de huelga para causar un efecto acumulativo. Aunque se respeten los servicios mínimos, poco a poco se irán retrasando vuelos y mercancías hasta llegar a una situación esclerótica”. Respecto a las cargas de esta mañana. Atienza ha lamentado la actuación policial “contra unos trabajadores que sólo intentan defender sus puestos de trabajo”.
La mujer que se quemó a lo bonzo en una sucursal bancaria de Castellón sigue "muy grave"
El colectivo de Indignados de Almassora y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón convocan una concentración en la localidad en protesta por esta situación derivada de la "usura bancaria".
EFE/E.P Castellón 19/02/2013 12:07 Actualizado: 19/02/2013 15:06 Público
La mujer se prendió fuego en la oficina de Caja Rural de Almassora pasado el mediodía.- EFE
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La mujer que se prendió fuego este lunes en una entidad bancaria de Almassora (Castellón) tras rociarse con un líquido inflamable continúa en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia, según han informado fuentes del centro hospitalario.
La mujer, de 47 años, tras ser estabilizada en el lugar por parte de los medios sanitarios, fue trasladada al hospital en un helicóptero medicalizado con quemaduras en el 48% del cuerpo.
En relación con este hecho, el colectivo de Indignados de Almassora ha convocado esta tarde, a las 19.30 horas, una concentración-cacerolada para protestar contra "esta estafa denominada crisis" que "lleva a situaciones como la vivida", según ha indicado en un comunicado.
La mujer estaba afectada por un proceso de desahucio, según informaron fuentes familiares a EFE.
Un desahucio tras otro
Este proceso habría supuesto ya para la afectada un primer desahucio, y ahora estaba tramitándose un segundo desahucio de la vivienda que había avalado la primera hipoteca, según han señalado fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón.
Sin embargo, la vecina de Almassora no se había llegado a poner en contacto con la asociación para solicitar apoyo o asistencia para su caso.
Este hecho, según ha señalado el portavoz de la Plataforma, Walter González, podría haber hecho que la mujer se sintiera sola y desamparada ante el problema económico. La concentración cuenta con el apoyo de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Castellón, La Vall d'Uixò, Betxí y otras poblaciones castellonenses, y se ha convocado a través de las redes sociales Facebook y Twitter.
El colectivo de Indignados de Almassora señala en Facebook que la vecina quemada "a lo bonzo acorralada por la usura bancaria" es "una más en la lista de las miles de víctimas de esta estafa llamada crisis a la que nos someten los poderes políticos, económicos y empresariales".
"Me lo habéis quitado todo", gritaba la señora después de prenderse fuego "Todos somos culpables, unos por condenarnos a vivir poco menos que como esclavos de sus deseos, y otros por callar y no hacer nada frente a esto", señala el colectivo, que asegura estar "harto" de "tanto miedo, de tanta pasividad, de tanto hablar sin decir nada".
La Policía Local de Almassora recibió a las 12.43 horas de este lunes el aviso del suceso por parte del 112, que alertó de que en una entidad bancaria ubicada en la avenida José Ortiz una mujer había resultado herida por quemaduras, según informó el Ayuntamiento de la localidad.
"Me lo habéis quitado todo", gritaba la señora tendida en el suelo después de rociarse con líquido inflamable y prenderse fuego dentro del banco.
Las tres patrullas desplazadas al lugar de los hechos confirmaron que la afectada habría accedido a la oficina bancaria y, una vez en su interior, se habría rociado con carburante y prendido fuego posteriormente por causas que está investigando la Guardia Civil.
La mujer, de 47 años, tras ser estabilizada en el lugar por parte de los medios sanitarios, fue trasladada al hospital en un helicóptero medicalizado con quemaduras en el 48% del cuerpo.
En relación con este hecho, el colectivo de Indignados de Almassora ha convocado esta tarde, a las 19.30 horas, una concentración-cacerolada para protestar contra "esta estafa denominada crisis" que "lleva a situaciones como la vivida", según ha indicado en un comunicado.
La mujer estaba afectada por un proceso de desahucio, según informaron fuentes familiares a EFE.
Un desahucio tras otro
Este proceso habría supuesto ya para la afectada un primer desahucio, y ahora estaba tramitándose un segundo desahucio de la vivienda que había avalado la primera hipoteca, según han señalado fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón.
Sin embargo, la vecina de Almassora no se había llegado a poner en contacto con la asociación para solicitar apoyo o asistencia para su caso.
Este hecho, según ha señalado el portavoz de la Plataforma, Walter González, podría haber hecho que la mujer se sintiera sola y desamparada ante el problema económico. La concentración cuenta con el apoyo de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Castellón, La Vall d'Uixò, Betxí y otras poblaciones castellonenses, y se ha convocado a través de las redes sociales Facebook y Twitter.
El colectivo de Indignados de Almassora señala en Facebook que la vecina quemada "a lo bonzo acorralada por la usura bancaria" es "una más en la lista de las miles de víctimas de esta estafa llamada crisis a la que nos someten los poderes políticos, económicos y empresariales".
"Me lo habéis quitado todo", gritaba la señora después de prenderse fuego "Todos somos culpables, unos por condenarnos a vivir poco menos que como esclavos de sus deseos, y otros por callar y no hacer nada frente a esto", señala el colectivo, que asegura estar "harto" de "tanto miedo, de tanta pasividad, de tanto hablar sin decir nada".
La Policía Local de Almassora recibió a las 12.43 horas de este lunes el aviso del suceso por parte del 112, que alertó de que en una entidad bancaria ubicada en la avenida José Ortiz una mujer había resultado herida por quemaduras, según informó el Ayuntamiento de la localidad.
"Me lo habéis quitado todo", gritaba la señora tendida en el suelo después de rociarse con líquido inflamable y prenderse fuego dentro del banco.
Las tres patrullas desplazadas al lugar de los hechos confirmaron que la afectada habría accedido a la oficina bancaria y, una vez en su interior, se habría rociado con carburante y prendido fuego posteriormente por causas que está investigando la Guardia Civil.
La policía zarandea a diputados y ediles que se oponían a un desahucio
La multitud logra evitar el desalojo de una mujer de 86 años después de vivir momentos de gran tensión
Aurelia Rey, de 86 años, se queda al menos por un día más en el piso
alquilado del centro de A Coruña en el que vive sola desde 1979. En
medio de fuertes altercados con la policía nacional, por dos veces
consecutivas en cinco horas, la presión social de cientos de personas de
todas las edades y condiciones impidió ayer ejecutar la orden judicial
de desalojo por impago dictada contra esta costurera jubilada. Pero
queda solo en suspenso. El Servicio de Notificación y Embargo, encargado
de ejecutar resoluciones judiciales, volverá hoy, previo acuerdo con
las fuerzas del orden, a poner día y hora para llevar a cabo la
expulsión de la octogenaria.
El primer intento fue hace una semana. Y se frustró sin incidentes, también ante una nutrida concentración de personas. Pero ayer la tensión, unida “al engaño y a la trampa”, denunció Stop Desahucios, ya que la policía esperó a que la gente se fuera para intentar, por segunda vez, ejecutar el desalojo, encendieron al rojo vivo los ánimos de vecinos, amigos, activistas y políticos movilizados durante más de seis horas para evitar que Aurelia se quede sin techo por retrasarse en el pago de la renta antigua de alquiler de su vivienda, 126 euros mensuales.
Hace unos meses, la anciana volvió a retrasarse con el alquiler. Por segunda vez, y aunque saldó casi de inmediato su deuda, sus caseros lograron antes, con la nueva ley que permite el desahucio inmediato, una orden judicial de desalojo. “Pero tengo todo pagado, todo legal, quieren verme en la calle cuando son ellos los que van de rositas y nunca pagaron a Hacienda por estee piso", clama la octogenaria. Los propietarios de la vivienda le ofrecieron la semana pasada aplazar dos meses la ejecución de la orden judicial si aceptaba mudarse voluntariamente. Aurelia se negó.
Como también rechazó, con un punto de indignación, la única alternativa que le dio el Ayuntamiento: ingresar en una residencia gestionada por una organización católica. “Que vayan ellos, yo estoy bien”, replicó a Servicios Sociales. Aprecia su barrio, en el corazón de A Coruña. Su edificio, en una de las manzanas comerciales y residenciales más caras de la ciudad, es el típico producto la especulación de los años setenta: ventanas de alumnio y nueve alturas entre otros inmuebles antiguos que no superan los cuatro pisos.
Además de concejales de la oposición municipal (PSdeG, BNG e EU),
también estaban la viceportavoz parlamentaria de AGE y coordinadora de
EU, Yolanda Díaz, y el portavoz del Bloque en la Cámara gallega,
Francisco Jorquera. Este último fue uno de los concentrados que acabó
rodando por el suelo tras enfrentarse con los agentes. La muchedumbre
logró romper el cordón policial que cerraba el tramo de la calle Padre
Feijóo, entre las plazas de Lugo y Ourense. Varios jóvenes y los
concejales Xosé Manuel Carril (BNG) y César Santiso (EU), tenaces en
intentar impedir el acceso al portal del edificio en el que vive la
anciana, fueron tirados varias veces contra el asfalto, y también
golpeados. Pero no cesaron de llamar a gritos a los funcionarios para
que desistiesen de participar “en esta barbarie”.
La petición hizo mella en los bomberos de A Coruña. Acudieron en dos ocasiones y se negaron en redondo a reventar la cadena con la que activistas Stop Desahucios habían logrado clausurar el portal del edificio. Pero uno de sus mandos, un sargento que prometió “expendientar a todos”, empuñó una sierra eléctrica y se puso manos a la obra. La tensión se disparó y se sucedieron altercados y zarandeos con los policías, mientras acudía cada vez más gente solidaria con la causa de Aurelia. Fue entonces cuando la secretaria judicial decidió suspender, por segunda vez en la jornada, el desahucio. Entendió que “la seguridad de las personas presentes no estaba garantizada”. Hasta en dos ocasiones acabó también en el suelo el funcionario que la acompañaba. Su carpeta con la orden de desalojo voló por los aires.
Y es que a las 10 horas, cuando acudió la primera vez la comitiva judicial para ejecutar el desahucio, flanqueada por la policía nacional, ya se encontraron con más de 200 personas en el portal, algunas encadenadas a las rejas. El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, portavoz oficial de los juzgados, confirmó sobre las 13.30 horas que se había aplazado la ejecución. “Aurelia se queda, todos juntos podemos”, vitorearon los manifestantes. La octogenaria bajó a dar las gracias: “Esto no hay dinero que lo pague”. Pero cuando ya se disolvía la concentración y desaparecieron los periodistas y las cámaras, volvió la policía nacional y los funcionarios judiciales. Cerraron el tráfico de la calle. Fue entonces cuando se montó el lío mientras volvía a reunirse en la calle un número cada vez mayor de personas. Nadie se acordó de informar al gabinete del alto tribunal que se había decidido intentar por segunda vez la ejecución de la orden de desahucio. “Nos han mentido”, se indignaba a través de un micrófono un anciano, erigido en portavoz de Stop Desahucios. Finalmente, al filo de las 16 horas, Aurelia volvió a bajar para dar de nuevo las gracias. Los activistas decidieron montar turnos para intentar de nuevo hoy evitar su expulsión.
El primer intento fue hace una semana. Y se frustró sin incidentes, también ante una nutrida concentración de personas. Pero ayer la tensión, unida “al engaño y a la trampa”, denunció Stop Desahucios, ya que la policía esperó a que la gente se fuera para intentar, por segunda vez, ejecutar el desalojo, encendieron al rojo vivo los ánimos de vecinos, amigos, activistas y políticos movilizados durante más de seis horas para evitar que Aurelia se quede sin techo por retrasarse en el pago de la renta antigua de alquiler de su vivienda, 126 euros mensuales.
Pelea de años por un alquiler antiguo
No funcionó ayer durante casi toda la mañana el ascensor del edificio en el que vive Aurelia Rey, en el piso noveno. La anciana, sin hijos ni familia cercana y con una pensión de 400 euros mensuales, sostiene que lleva desde 1999 “peleando” para contrarrestar las triquiñuelas y las “manipulaciones” de los propietarios de su vivienda para forzarla a irse. Aurelia lo tiene alquilado con una renta antigua de 126 euros al mes. Hace unos años, cuando aún eran de curso legal las pesetas, la mujer se retrasó en el abono de varias mensualidades, y un juez dictó una orden de desahucio contra ella. Pero Aurelia pagó lo que debía. Y siguió “peleando sola”. Pizpireta y en buena forma, se convierte en una verborrea cuando empieza a relatar sus peripecias con el alquiler. Desde pagos en el banco que nunca se registraron hasta una abogada de oficio que la rechazó “porque decía que ella no era la virgen de la caridad” hasta cortes de electricidad sin causa conocida. “A mí, en los juzgados, ya me dijeron: ‘Aurelia, aquí en A Coruña no tienes nada que hacer, todo está manipulado”.Hace unos meses, la anciana volvió a retrasarse con el alquiler. Por segunda vez, y aunque saldó casi de inmediato su deuda, sus caseros lograron antes, con la nueva ley que permite el desahucio inmediato, una orden judicial de desalojo. “Pero tengo todo pagado, todo legal, quieren verme en la calle cuando son ellos los que van de rositas y nunca pagaron a Hacienda por estee piso", clama la octogenaria. Los propietarios de la vivienda le ofrecieron la semana pasada aplazar dos meses la ejecución de la orden judicial si aceptaba mudarse voluntariamente. Aurelia se negó.
Como también rechazó, con un punto de indignación, la única alternativa que le dio el Ayuntamiento: ingresar en una residencia gestionada por una organización católica. “Que vayan ellos, yo estoy bien”, replicó a Servicios Sociales. Aprecia su barrio, en el corazón de A Coruña. Su edificio, en una de las manzanas comerciales y residenciales más caras de la ciudad, es el típico producto la especulación de los años setenta: ventanas de alumnio y nueve alturas entre otros inmuebles antiguos que no superan los cuatro pisos.
La petición hizo mella en los bomberos de A Coruña. Acudieron en dos ocasiones y se negaron en redondo a reventar la cadena con la que activistas Stop Desahucios habían logrado clausurar el portal del edificio. Pero uno de sus mandos, un sargento que prometió “expendientar a todos”, empuñó una sierra eléctrica y se puso manos a la obra. La tensión se disparó y se sucedieron altercados y zarandeos con los policías, mientras acudía cada vez más gente solidaria con la causa de Aurelia. Fue entonces cuando la secretaria judicial decidió suspender, por segunda vez en la jornada, el desahucio. Entendió que “la seguridad de las personas presentes no estaba garantizada”. Hasta en dos ocasiones acabó también en el suelo el funcionario que la acompañaba. Su carpeta con la orden de desalojo voló por los aires.
Y es que a las 10 horas, cuando acudió la primera vez la comitiva judicial para ejecutar el desahucio, flanqueada por la policía nacional, ya se encontraron con más de 200 personas en el portal, algunas encadenadas a las rejas. El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, portavoz oficial de los juzgados, confirmó sobre las 13.30 horas que se había aplazado la ejecución. “Aurelia se queda, todos juntos podemos”, vitorearon los manifestantes. La octogenaria bajó a dar las gracias: “Esto no hay dinero que lo pague”. Pero cuando ya se disolvía la concentración y desaparecieron los periodistas y las cámaras, volvió la policía nacional y los funcionarios judiciales. Cerraron el tráfico de la calle. Fue entonces cuando se montó el lío mientras volvía a reunirse en la calle un número cada vez mayor de personas. Nadie se acordó de informar al gabinete del alto tribunal que se había decidido intentar por segunda vez la ejecución de la orden de desahucio. “Nos han mentido”, se indignaba a través de un micrófono un anciano, erigido en portavoz de Stop Desahucios. Finalmente, al filo de las 16 horas, Aurelia volvió a bajar para dar de nuevo las gracias. Los activistas decidieron montar turnos para intentar de nuevo hoy evitar su expulsión.
A Coruña: Los bomberos, convocados para el desalojo, se niegan a participar y exhiben el cartel: 'Stop desahucios'
por Kaos. Vivienda y Ocupación
Lunes, 18 de Febrero de 2013 19:47
La presión vecinal impide por segunda vez el desahucio de una
anciana en A Coruña. La mujer había dejado de pagar un mes de alquiler.
La Policía ha cargado contra las personas que intentaban impedir el
desalojo.
La comisión judicial que tenía orden de
desahucio de una octogenaria en A Coruña, Aurelia Rey, por impago de un
mes de alquiler ha desistido por segunda vez en su intento de desalojar
este lunes a la anciana de su vivienda. Los bomberos, que tenían el
encargo de desbloquear las puertas de la vivienda, se han negado a
colaborar y han rechazado tirar la puerta abajo para facilitar la
entrada de la comisión judicial. Posteriormente, se han subido al camión
de bomberos y han mostrado un cartel de STOP Desahucios.
Ahora el Servicio Común de
Notificaciones y Embargos deberá fijar una nueva fecha para el desalojo
de la vivienda, según han informado fuentes judiciales.
Durante los dos intentos de desahucio se
han vivido momentos de tensión entre las personas concentradas ante el
inmueble donde reside la octogenaria, el número 9 de la calle Padre
Feijoo, y los agentes de la Policía Nacional y Local desplegados en la
zona.
La calle Padre Feijoo está situada en el
centro de la ciudad de A Coruña y permanece cortada al tráfico. Hasta
el lugar se han desplazado cinco furgones de la Policía Nacional, pero
también hay agentes de la Policía Local.
En la movilización para frenar el
desalojo ha habido empujones, agarrones y varias personas inmovilizadas y
tiradas en el suelo, entre ellos el portavoz municipal del Bloque en el
Ayuntamiento de A Coruña, Xosé Manuel Carril, y el portavoz del BNG en
el Parlamento gallego, Francisco Jorquera.
Trabajadores de Telefónica vuelven a la huelga de hambre durante el Congreso de Móviles
Tras el fracaso en la negociación entre un grupo de diputados del Parlament y el director general de Telefónica Catalunya, ponen en marcha varias acciones para lograr la readmisión de Marcos Andrés Armenteros, tras un despido improcedente por bajas médicas
PÚBLICO Barcelona 18/02/2013 17:20 Actualizado: 18/02/2013 18:01
Rueda de prensa de los trabajadores de Telefónica Catalunya para informar de su calendario de acciones.
Un grupo de quince trabajadores de Telefónica en Catalunya y Euskadi iniciaran el próximo 23 de febrero otra huelga de hambre por la readmisión de Marcos Andrés Armenteros, concidiendo con el inicio de Mobile World Congress 2013 que se celebrará en Barcelona entre el 25 y el 28 de febrero.
Se trata de la principal acción de un conjunto de movilizaciones para intensificar la lucha por la readmisión de Marcos, después de que terminase sin resultado la reunión entre un grupo de diputados del Parlament de ERC, PSC-PSOE, ICV-EUiA y CUP-AE y el director general de Telefónica Catalunya, Kim Faura. Sin embargo, los portavoces han manifestado su empeño en seguir defendiendo las acciones que los trabajadores y trabajadoras de Telefónica lleven a cabo.
"Nos parece del todo inhumano que las empresas de telefonía movil celebren este magno evento sin escatimar lujo alguno mientras someten a sus plantillas a despidos por baja medica, como en Telefónica-Movistar, o a ERE's como el de Vodafone, que afecta a más del 30% de la plantilla", denuncian los trabajadores en el mismo comunicado.
Los trabajadores en huelga de hambre forman parte de plantillas de trabajadores de las contratas y subcontratas de de Telefónica, aunque también se incluyen trabajadores recientemente prejubilados. La huelga se realizará en los locales donde se realizó la anterior huelga de hambre que duró 23 días, la sede del Comité de Empresa de Telefónica de Barcelona en la calle de Marqués de Campo Sagrado, 22. Sin embargo, tienen previsto trasladarse a las puertas del Congreso de Móviles durante su celebración.
La huelga de hambre se mantendrá al menos hasta la finalización del Congreso de Móviles el 28 de febrero, momento en que, de acuerdo con las perspectivas de negociación que se hayan abierto, se decidirá su continuación o no. La misma tarde del 23 de Febrero, los huelguistas de hambre y compañeros de Telefónica acudirán a una manifestación prevista bajo el lema 'Fem-los Fora! Juntes Podem!', sumándose a la columna laboral que partirá desde la sede del Comité de Empresa de Telefónica.
Se trata de la principal acción de un conjunto de movilizaciones para intensificar la lucha por la readmisión de Marcos, después de que terminase sin resultado la reunión entre un grupo de diputados del Parlament de ERC, PSC-PSOE, ICV-EUiA y CUP-AE y el director general de Telefónica Catalunya, Kim Faura. Sin embargo, los portavoces han manifestado su empeño en seguir defendiendo las acciones que los trabajadores y trabajadoras de Telefónica lleven a cabo.
"Nos parece del todo inhumano que las empresas de telefonía movil celebren este magno evento sin escatimar lujo alguno mientras someten a sus plantillas a despidos por baja medica, como en Telefónica-Movistar, o a ERE's como el de Vodafone, que afecta a más del 30% de la plantilla", denuncian los trabajadores en el mismo comunicado.
Los trabajadores en huelga de hambre forman parte de plantillas de trabajadores de las contratas y subcontratas de de Telefónica, aunque también se incluyen trabajadores recientemente prejubilados. La huelga se realizará en los locales donde se realizó la anterior huelga de hambre que duró 23 días, la sede del Comité de Empresa de Telefónica de Barcelona en la calle de Marqués de Campo Sagrado, 22. Sin embargo, tienen previsto trasladarse a las puertas del Congreso de Móviles durante su celebración.
La huelga de hambre se mantendrá al menos hasta la finalización del Congreso de Móviles el 28 de febrero, momento en que, de acuerdo con las perspectivas de negociación que se hayan abierto, se decidirá su continuación o no. La misma tarde del 23 de Febrero, los huelguistas de hambre y compañeros de Telefónica acudirán a una manifestación prevista bajo el lema 'Fem-los Fora! Juntes Podem!', sumándose a la columna laboral que partirá desde la sede del Comité de Empresa de Telefónica.
