Chile, NO era broma: Tocopilla ya está en la calle exigiendo lo que le corresponde
De esta forma Tocopilla se suma al despertar ciudadano de Magallanes, Aysén, Freirina, Calama y otras localidades que han decidido alzar la voz y constituirse soberanamente dando una lección de ciudadanía empoderada.El poder constituyente desde abajo del que habla el premio nacional de historia Gabriel Salazar, se sigue sucediendo frente a una institucionalidad centralista y de una elité que intenta mantener en pie un modelo que pierde legitimidad con el pasar de los días y que intentan sostener mediante la violencia financiera, y policial, entre otras.
Médicos especialistas, cancelar
licitación de la nueva planta de revisión técnica, subsidio a la energía
eléctrica, pago de la deuda del gobierno con la región y recursos
permanentes por los daños sociales y medioambientales que sufre la
ciudad, son las principales demandas que enarbola la Asamblea ciudadana
que desde este madrugada bloquea los accesos al puerto de la Región de
Antofagasta.
Con bloqueos en los tres accesos de la
ciudad (hacia Calama, Iquique y Antofagasta) comenzó el Paro Comunal por
la dignidad de Tocopilla, en demanda del cumplimiento de una serie de
necesidades y que busca poner fin a la postergación que sufre la ciudad,
zona de sacrificio de termoeléctricas.
A contar de las cinco de la madrugada de
este jueves, camiones de alto tonelaje y áridos bloquean las rutas, en
el marco de una jornada de protesta y paralización total en la ciudad
que es considerada como histórica por los habitantes de la comuna.
“Han sido años de abandono y hoy tanto
el Intendente como la Gobernadora no son considerados interlocutores
válidos por la ciudadanía, ya que en numerosas veces se han reunido con
las organizaciones sin lograr ningún resultado. Tenemos problemas
medioambientales, enfermedades derivadas de la contaminación, y tenemos
un tremendo hospital pero sin especialistas porque el Gobierno considero
que es una posta. Esa es una injusticia y la gente se cansó”, explicó
Fernando San Román, alcalde de la comuna, que participa activamente en
la movilización
San Román, además, culpó al centralismo
de los problemas que aquejan a las zonas distantes de nuestro país,
especialmente al norte. “Si no hubiese ocurrido el terremoto de 2007
habría cero peso de inversión pública en Tocopilla. Ahora nos adeudan
más de 20 mil millones a la Región, lo que amenaza diversos proyectos de
desarrollo, pero el Gobierno señala que no hay deuda, sino “saldo”, que
tenemos la plata depositada en una cuenta, pero no podemos gastarla, ya
que debemos conservar los equilibrios macroeconómicos. ¿Cómo le hago
entender ese tecnicismo a la gente que espera la reconstrucción de los
colegios o la remodelación de la Plaza”, añadió el Alcalde.
Los ciudadanos movilizados exigen la
presencia de los Ministros de Salud, Transportes, Medio Ambiente y
Educación para deponer los bloqueos.
PETITORIO
-Especialistas para el Hospital Macuada. Sin privatización (concesión). Tenemos un hospital de lujo, pero sin médicos.
Concebimos la salud como un derecho
humano que el Estado chileno debe garantizar. Por eso exigimos
fortalecer directamente la salud pública del sector, es decir, no
queremos el traspaso de dineros públicos a privados a través de las
concesiones o licitaciones.
Necesitamos especialistas como
pediatras, oncólogos, ginecólogos, y broncopulmonares, entre otros, para
el hospital Marco Macuada.
-Cancelar la licitación de la nueva
planta de revisión técnica automatizada, porque nuestra mala realidad
vial no nos permitirá cumplir sus exigencias.
-Subsidio en el costo de la luz
eléctrica, porque producimos casi la totalidad de la energía de Chile,
pero tenemos los precios más altos.
-Cancelación ahora de la millonaria
deuda del Gobierno central con nuestra región, para asegurar la
ejecución de proyectos emblemáticos: Plaza Condell, Complejo Domingo
Latrille, Escuela 10, y de los nuevos proyectos. La actitud del Gobierno
ha sido negar la deuda y no asegurar los dineros que permitan concretar
estos proyectos.
-Recursos permanentes para nuestra
comuna, porque producimos mucha riqueza y recibimos muy poco a cambio.
Los escasos recursos de nuestra Municipalidad –un presupuesto anual de
2500 millones de pesos- no alcanzan para cubrir todas nuestras
necesidades, aumentadas luego del terremoto y la lenta reconstrucción.
-Educación pública y de calidad para
todas y todos los jóvenes. Más recursos para la educación en Tocopilla.
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), Transporte público digno.
Reconstrucción y arreglo de infraestructura. Término de plagas en los
establecimientos educacionales. Universidad Estatal acreditada.
-Queremos un medio ambiente libre de polución y playas limpias para todos y todas.
Las termoeléctricas en nuestra comuna
han contaminado la vida de las y los tocopillanos por muchos años. El
precio que hemos tenido que pagar por su presencia es infinitamente
mayor que los beneficios que nos entregan.
Noticia en desarrollo
El CiudadanoOtro frente de la crisis: Tocopilla en paro general
Publicado el 01 Agosto 2013
Escrito por Colaboradores- Clarín
Desde esta mañana diversas barricadas mantienen cortado el transito al
interior de la comuna, en el marco de este llamado a movilización a la
que han adherido una gran cantidad de organizaciones de la zona. Mayores
recursos y mejoras en educación y salud forman parte del petitorio
ciudadano, informó Radio Universidad de Chile.
Durante esta jornada, el Movimiento de Fuerzas Laborales Organizadas Independientes de la ciudad de Tocopilla, comenzaron una paralización general de actividades, acción a la que se sumaron siete establecimientos educacionales. Los movilizados realizaron un petitorio de demandas al Gobierno del presidente Sebastián Piñera.
De esta forma, la Unión Centro Estudiantil (Ucet) de Topopilla, más las escuelas Carlos Condell de la Haza, República de Estados Unidos, Gabriela Mistral, Libertador Bernardo O’Higgins y Pedro Aguirre Cerda, y los Liceos Domingo Latrille y Politécnico Diego Portales Palazuelos, se adhirieron a la movilización.
“Tocopilla como comuna pequeña en medio de grandes urbes, hemos quedado postergados y nos sentimos abandonados históricamente por todos los gobiernos, no existen políticas de Estado que consideren el desarrollo integral del país, las ciudades se van haciendo según las leyes del mercado y nosotros no estamos dispuestos a aceptar más postergación”, sostuvo el alcalde Fernando San Román.
El edil agregó que “la ciudad produce la energía que hace posible la actividad minera y pagamos altos costos por eso en contaminación y salud. Las empresas generadoras pagan patentes vergonzosas, no hay proyectos de mitigación, y nada de esa riqueza queda en Tocopilla“.
Pedro Lazo, vocero del movimiento señaló que “la comunidad exige médicos especialistas y un tecnólogo experto en oncología, de modo de hacer prevención y seguimiento, ya que los índices de cáncer son muy altos comparados a nivel país, y no descartamos que puedan estar ligados a la contaminación”.
Entre las demandas solicitadas, se encuentran el contar con médicos especialistas y tecnólogo experto en oncología; cancelar o declarar desierta la licitación de la Planta de Revisión Técnica Automatizada; contar con un subsidio de energía eléctrica; y la restitución de los fondos adeudados a la región, y por ende, a la ciudad.
Los establecimientos educacionales también establecieron un petitorio que incluye, la creación de una universidad estatal acreditada; más recursos económicos para el área en Tocopilla; una Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) especial para la localidad; un transporte escolar digno; reconstrucción y arreglo de la infraestructura educacional; más áreas verdes; entre otras.
Joao Troncoso, dirigente estudiantil de la zona entregó más detalles “no tenemos derecho a usar la TNE (pase escolar), ya que en Tocopilla no existe el transporte público, sólo colectivos, por lo que necesitamos una TNE especial y necesitamos también una universidad estatal acreditada, para que Tocopilla no quede despoblada de sus jóvenes”.
Fuerzas Especiales de Carabineros llegó al lugar para despejar el transito que permanece cortado producto del accionar de las barricadas.
Durante esta jornada, el Movimiento de Fuerzas Laborales Organizadas Independientes de la ciudad de Tocopilla, comenzaron una paralización general de actividades, acción a la que se sumaron siete establecimientos educacionales. Los movilizados realizaron un petitorio de demandas al Gobierno del presidente Sebastián Piñera.
De esta forma, la Unión Centro Estudiantil (Ucet) de Topopilla, más las escuelas Carlos Condell de la Haza, República de Estados Unidos, Gabriela Mistral, Libertador Bernardo O’Higgins y Pedro Aguirre Cerda, y los Liceos Domingo Latrille y Politécnico Diego Portales Palazuelos, se adhirieron a la movilización.
“Tocopilla como comuna pequeña en medio de grandes urbes, hemos quedado postergados y nos sentimos abandonados históricamente por todos los gobiernos, no existen políticas de Estado que consideren el desarrollo integral del país, las ciudades se van haciendo según las leyes del mercado y nosotros no estamos dispuestos a aceptar más postergación”, sostuvo el alcalde Fernando San Román.
El edil agregó que “la ciudad produce la energía que hace posible la actividad minera y pagamos altos costos por eso en contaminación y salud. Las empresas generadoras pagan patentes vergonzosas, no hay proyectos de mitigación, y nada de esa riqueza queda en Tocopilla“.
Pedro Lazo, vocero del movimiento señaló que “la comunidad exige médicos especialistas y un tecnólogo experto en oncología, de modo de hacer prevención y seguimiento, ya que los índices de cáncer son muy altos comparados a nivel país, y no descartamos que puedan estar ligados a la contaminación”.
Entre las demandas solicitadas, se encuentran el contar con médicos especialistas y tecnólogo experto en oncología; cancelar o declarar desierta la licitación de la Planta de Revisión Técnica Automatizada; contar con un subsidio de energía eléctrica; y la restitución de los fondos adeudados a la región, y por ende, a la ciudad.
Los establecimientos educacionales también establecieron un petitorio que incluye, la creación de una universidad estatal acreditada; más recursos económicos para el área en Tocopilla; una Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) especial para la localidad; un transporte escolar digno; reconstrucción y arreglo de la infraestructura educacional; más áreas verdes; entre otras.
Joao Troncoso, dirigente estudiantil de la zona entregó más detalles “no tenemos derecho a usar la TNE (pase escolar), ya que en Tocopilla no existe el transporte público, sólo colectivos, por lo que necesitamos una TNE especial y necesitamos también una universidad estatal acreditada, para que Tocopilla no quede despoblada de sus jóvenes”.
Fuerzas Especiales de Carabineros llegó al lugar para despejar el transito que permanece cortado producto del accionar de las barricadas.
Asamblea ciudadana de Tocopilla rechazó acuerdo con Intendente y continúa el bloqueo
Tras una reunión esta tarde con
el Intendente de Antofagasta y la Gobernadora Provincial, la asamblea
que lidera las movilizaciones en el puerto de la Segunda Región rechazó
el ofrecimiento que el jefe regional hizo, el que respondía parcialmente
a algunos de los puntos del petitorio.
Aunque el Intendente Pablo Toloza
se comprometió a elaborar un documento que señalaría propuestas de
solución para algunos de los puntos del petitorio, las bases rechazaron
este gesto como garantía para deponer los bloqueos que mantienen cortado
el puerto.
En el caso del Hospital Macuada,
Toloza indicó la posibilidad de traer un pediatra, un broncopulmonar y
un gineco-obstreta cada quince días, afirmando que dada la población de
Tocopilla (28 mil habitantes) es muy difícil que un médico acepte
residir acá por las pocas atenciones que prestaría. Además, señaló el
establecimiento de una mesa de trabajo para resolver las problemáticas.
Sin embargo, para los tocopillanos esto
no responde a sus exigencias, ya que cuentan con un moderno hospital y
consideran que el Estado sí puede hacer un esfuerzo e inyectar recursos
que aseguran la permanencia de médicos, además que los especialistas
ofrecidos no contemplan oncólogos, hecho sensible ya que Tocopilla
cuenta con altos índices de cáncer por la contaminación termoeléctrica
(existen dos en pleno centro de la ciudad) y de enfermedades
relacionadas con el trabajo en minería. Por lo tanto, exigen la
presencia del Ministro de Salud para que conozca en terreno la realidad
tocopillana.
El punto de la planta de revisión técnica fue el más acabado en su respuesta, ya que Toloza aseguró la voluntad de la Subsecretaría de Transportes
de cancelar el proceso de licitación indefinidamente, aún cuando es la
Contraloría la que, en último término, debe dar el visto bueno (o
rechazar) dicha decisión. Además, invitó a los voceros del transporte a
viajar hasta Santiago para reunirse con la Subsecretaria, a lo que los
dirigentes se negaron, exigiendo que sea ella la que venga hasta
Tocopilla.
El subsidio a la electricidad podría ser
resuelto tal como el del agua potable, es decir, a través de la Ficha
de Protección Social, para las familias más vulnerables.
El resto de los puntos fue abordado
parcial y ambiguamente, ya que, si bien el Intendente señaló que los
recursos para los proyectos como la Escuela E 10, el Complejo Domingo Latrille y la remodelación de la Plaza Condell
están asegurados, insistiendo en que no hay más proyectos ingresados,
sobre la petición de recursos permanentes del cobre para la zona volvió a
indicar que no tendrían fundamentos si no hay proyectos, a lo que los
voceros del movimiento respondieron que lo que exigen es que sean
dineros que el Municipio pueda manejar directamente en obras y programas
decididos por la comunidad.
“No hay por qué postular proyectos para
todo, si aquí tenemos claro lo que necesitamos”, señaló Maritza Pino,
presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
Sobre el petitorio de educación, el
Intendente se limitó a indicar que los proyectos de reconstrucción están
en curso, omitiendo las demandas puntuales enarboladas por la Unión Centro Estudiantil Tocopilla (Ucet), lo que no dejó conformes a los secundarios.
Toloza, sin embargo, se comprometió a
hacer las gestiones para que los ministros visiten Tocopilla, aún cuando
no aseguró si aceptarán y cuándo sería su visita,
El alcalde Fernando San Román
se mostró escéptico de las promesas de la autoridad regional. “No es la
primera vez que el Intendente hace ofrecimientos que luego no se
concretan. Si el juego es el centralismo, exigimos, entonces, que sean
los señores Ministros, dede Santiago, los que vengan hasta Tocopilla a
dar las soluciones”, afirmó.
Además volvió a reiterar la negación que
el Gobierno hace de la deuda que mantiene con la comuna, indicando que
sólo exigen lo que es justo por ley.
La asamblea decidió continuar con el bloqueo de las rutas de entrada a la ciudad.
desde Tocopilla
El Ciudadano
Tocopilla se levanta y alza la voz contra el centralismo
Tocopilla ha creado para darse voz comunal la Asamblea Ciudadana de Tocopilla (ACT) y de la mano de su alcalde Fernando San Román, enfrentan cara a cara al gobierno de turno, al centralismo de Santiago para pedir soluciones claras en un petitorio que ya es público.
A estas horas el gobierno ya ha ordenado el desplazamiento de fuerzas especiales de Carabineros de Chile quienes intentan llegar a la comuna desde el sur por el camino que viene desde Calama y por el norte proviniendo desde Antofagasta.
Una de las vías de corte de ruta quedó descuidada y logró ingresar a Tocopilla un zorrillo y Guanaco, máquinas lanzas gases y agua de la policía que se espera no sean usadas contra la comunidad que pacífica y soberanamente ha salido a exigir una respuesta al gobierno central.
Fernando San Román, alcalde de Tocopilla ha sido enfático “Los tocopillanos tenemos que ser protagonistas de nuestro futuro. Luchar por nuestros hijos y por nuestra dignidad. Alcemos nuestra voz con fuerza para que Santiago escuche y responda. ¡Arriba Tocopilla!”
Siendo las 00.01 del día 2 de Agosto, Tocopilla enfrenta una nueva jornada de paralización donde los vecinos organizados mantienen cortadas las rutas de acceso a la ciudad tras las respuestas parciales del Intendente de Antofagasta y la Gobernadora Provincial, a los puntos del petitorio.
De esta forma Tocopilla se suma al despertar ciudadano de Magallanes, Aysén, Freirina, Calama y otras localidades que han decidido alzar la voz y constituirse soberanamente dando una lección de ciudadanía empoderada.
El poder constituyente desde abajo del que habla el premio nacional de historia Gabriel Salazar, se sigue sucediendo frente a una institucionalidad centralista y de una elité que intenta mantener en pie un modelo que pierde legitimidad con el pasar de los días y que intentan sostener mediante la violencia financiera, y policial, entre otras.
En desarrollo
desde Tocopilla, El Ciudadano
Pehuenche manifiestan su rechazo a policías en Alto Biobío: 9 detenidos en represalia
Jul 30, 2013 La noche del lunes se registró un enfrentamiento entre cerca de 100 habitantes del valle del Queuco y efectivos de Carabineros apostados en las inmediaciones de la comunidad Malla Malla, en el Alto Bíobío, tras lo cual, se detuvo a 9 comuneros como represalia.
La acción de rechazo a la presencia policial en la zona, llevada a cabo por un centenar de comuneros, se da en el marco de las movilizaciones por la recuperación del territorio mapuche-pehuenche que hoy está en manos de particulares que hace unas décadas llegaron a invadir esta parte del Wallmapu. En este caso, se trata del fundo Queuco, largamente reivindicado por la comunidad Malla Malla.
De acuerdo a lo informado por Radio Bio Bio, el prefecto de Carabineros en la provincia de Bío Bío, Ricardo Muñoz, confirmó que son 9 las personas detenidas por este hecho, entre ellos incluso, habría un menor de edad.
Las detenciones se produjeron en medio de un ataque policial a familias pehuenche de la zona, con efectivos militarizados provenientes de distintos puntos de la región. Para ello sitiaron el cajón del Queuco, cortando el paso de toda persona externa, incluyendo a la prensa, para así tener libertad de acción en la agresión policial, incluso con el uso de helicópteros.
Mapuche repelen ingreso policial en comunidad de Lleu Lleu
Jul 31, 2013 Un enfrentamiento entre Carabineros y comuneros terminó con dos policías heridos, luego que los mapuche de la comunidad Nicolás Calbullanca de Lleu Lleu (Cañete) ejercieran su legítimo derecho a defensa.
Los hechos se habrían iniciado cuando un vehículo policial ingresó agresivamente al territorio de la comunidad, como acostumbran los cientos de efectivos militarizados que por años sitian la zona del lago Lleu Lleu, resguardando la ocupación de las empresas forestales.
Las informaciones de prensa indican que dos carabineros resultaron con heridas de perdigones, debiendo ser trasladados a un hospital en Talcahuano.
Tras aquello, se dejó caer una airada reacción de parte de las instituciones policiales y fiscalía, coordinados desde el Ministerio del Interior, allanando casas y hostigando a las familias mapuche con numerosas tanquetas y helicópteros en busca de personas a las que culpar.
Hasta el cierre de esta noticia, no se sabía aún de algún detenido. Con anterioridad esta comunidad ya había enfrentado la persecución policial, con detenciones arbitrarias y allanamientos, por ser una de las comunidades que lucha por la recuperación territorial en esta zona.
Lof Lleu Lleu responsabiliza al gobierno chileno por represión y violencia
Ago 01, 2013 Comunicado PúblicoAl pueblo nación mapuche, pu Lob y comunidades en resistencia, a la opinión pública nacional e internacional.
El Lob Lleu Lleu informa:
Kiñe: Que desde las 14 horas del miércoles 31 de julio, las fuerzas de invasión del estado chileno, compuestas por el Gope de carabineros y la Policía de Investigaciones, PDI se encuentran apostadas al interior de la comunidad Nicolás Calbullanca perteneciente al Lob Lleu Lleu.
Epu: Actualmente son cerca de 50 efectivos militarizados los que permanecen parapetados en distintos puntos de la comunidad, hostigando a los comuneros, mujeres, niños y ancianos, y controlando a todos quienes circulen por el sector. Denunciamos a la gobernadora de Arauco, Flor Weisse, de legitimar este actuar represivo, generado tras el enfrentamiento ocurrido este mediodía cuando Carabineros irrumpió violentamente en la comunidad.
Kila: Desde ya responsabilizamos al gobierno de cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir en la comunidad, si es que no se da la orden de retirar el contingente policial que invade la comunidad en este momento.
Meli: Por último acusamos a la gobernadora de Arauco de orquestar un nuevo montaje, ya que sabemos que se está acusando a varios comuneros sin que se realice una investigación objetiva de los hechos acontecidos y que han generado este nuevo clima de militarización y hostigamiento en nuestro Lob.
¡¡Basta de militarización en territorio mapuche!! ¡¡Fuera las empresas forestales de Wall Mapu!!
¡¡Libertad a todos los presos políticos mapuche!!
Lof LLeu Lleu, 31 de julio de 2013
Pu lof de Arauco se movilizan contra la arremetida forestal en Wallmapu
Jul 27, 2013 Los lof en Resistencia de Arauko convocan a marcha en Cañete contra la Ley Forestal, la judicialización y por el control territorial mapuche.Comunicado:
El pueblo mapuche se encuentra frente a una nueva arremetida de exterminio. En el congreso chileno se debate la extensión por otros 20 años del decreto forestal 701 que entrega un piso legal al enriquecimiento de las empresas forestales, que desde su instauración en dictadura en 1974, han avasallado con el territorio mapuche, erosionando nuestras tierras y secando nuestros menokos, trayenkos y diferentes fuentes de agua.
Gracias a este decreto, las compañías Arauco y Mininco, propiedad de las familias Angelinni y Matte, han aparejado una fortuna que los tiene en el círculo de los hombres más ricos del país y el mundo. A contraparte las comunidades que engañadas plantaron sus predios, han visto como sus terrenos han quedado infértiles a raíz de la erosión y deterioro de sus tierras.
Lo anterior a nuestro entender, sumado a la pobreza y falta de tierra, ha sido la razón principal de la lucha contemporánea que las comunidades y Lof en resistencia han llevado adelante desde la década del 90.
Es un hecho que la extensión del decreto forestal 701 será aprobada por el Senado chileno. La elección que se avecina entrega seguridad en ello, ya que muchas campañas de candidatos que aspiran a llegar al parlamento por zonas mapuches, serán financiadas por Matte y Angelinni.
Letra muerta será entonces, el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos indígenas cuando proyectos económicos afecten sus territorios. Si bien Conaf desarrolló una “consulta”, su metodología da cuenta más bien de un trámite lúdico y latoso desconocido en muchos puntos del Wall Mapu, mientras que en otros sectores primó la indiferencia por razones ideológicas.
Nada nuevo, si entendemos que todos los gobiernos (de la Concertación y la Derecha) han visto a Wall Mapu como una cuna de materias primas para conservar, en parte, la hegemonía del capitalismo neoliberal en nuestra zona y, como resultado, la mantención de la actual clase política, fiel lazarillo del poder económico.
Para los Lof en resistencia esta situación no debe llamar la atención. Ningún gobierno, por muy progresista que se proclame, representará fielmente los intereses de liberación de nuestro pueblo y es ahí donde encuentra cabida este nuevo decreto forestal, el que va dirigido a los pequeños campesinos y comunidades mapuche, a quienes el estado bonificará en un 90 por ciento si deciden plantar sus terrenos. Entendiendo que la estimación de la Corporación de la Madera (Corma) es crecer al año 2025 de 3 a 5 millones de hectáreas, encausar este nuevo cuerpo legal a los más pequeños tiene una doble intencionalidad.
Por una parte, busca asegurar para el futuro la materia prima de las grandes compañías forestales. En la actualidad, se estima que entre Arauco y Mininco, poseen un patrimonio de 1.800.000 hectáreas plantadas. Debido a la lucha de las comunidades (ya sea por recuperaciones frontales de tierra y devoluciones vía Conadi) estas compañías han tenido (y tendrán) serias dificultades para aumentar su patrimonio. Por otro lado, con la bonificación buscan que sean las propias comunidades las que ingresen al negocio y así evitar situaciones de conflicto.
Sin embargo, cada vez vemos con mayor intensidad como proliferan procesos de recuperaciones productivas y sabotajes al capitalismo forestal. Es por ello que creemos que este debe ser el camino: agudizar la contradicción, a no dejarse engañar por este decreto genocida, retomar el equilibrio con la ñuke mapu (madre tierra) y profundizar los procesos de recuperación y autonomía territorial.
Es por ello que desde Arauko reivindicamos y hacemos público los procesos de lucha y recuperación territorial que llevan adelante los distintos Lof en Resistencia. Son los casos de Kolkuma, que desde 2010 mantiene controlado el fundo del usurpador Leonardo Farkas. Kura-Paillako, que ya controla parte de las 1800 hectáreas del fundo Labranza usurpadas por Mininco y que por antecedentes históricos les pertenecen. Lleu Lleu y su demanda histórica de 5 mil hectáreas, hoy en manos de Bosques Arauco, y la siembra comunitaria que sus integrantes trabajan en parte de estos predios. Pokuno y el control territorial que lleva adelante también sobre terrenos forestales; y Huentelolén, que exige la salida del usurpador Campos y las forestales Arauco y Mininco.
Judicialización:
El escenario descrito ha acarreado la judicialización de dirigentes, weichafes y autoridades ancestrales, como fruto de la cacería mapuche que el gobierno de Piñera (y antes de la Concertación) ha desatado desde los cuarteles policiales y sedes del poder judicial.
El último ejemplo que se ha vivido en Arauko es el montaje que involucra a dos peñis de la zona de Lleu Lleu. Uno de ellos formalizado de homicidio calificado de un cuidador de una parcela propiedad del usurpador Eduardo Campos. El montaje quedó en evidencia al comprobarse que el día del crimen, el peñi Claudio Tranamil se encontraba trabajando en la comuna de Quilicura, distante a más de 700 kilómetros del lugar del hecho. Lo anterior lo corroboran certificados de la empresa y de la propia policía. Al menos todavía existen jueces que se percatan de las mentiras de fiscales y policías y es por ello que nuestro peñi aún camina libre por Wall Mapu.
Dado lo anterior es que los Lof en Resistencia de Arauco hemos decidido proteger al peñi José Melgarejo Calbullanka, sindicado por la fiscalía de ser el coautor de este delito y quien resiste dignamente en la clandestinidad. Si se comprobó que el supuesto autor se encontraba a más de 700 kilómetros el día del crimen ¿qué validez puede tener la imputación a los presuntos coautores?
Como Lof en Resistencia denunciamos al Ministerio Público de Cañete de encabezar una investigación carente de objetivad. Su intención, descrito el escenario, no es esclarecer el crimen de este agricultor, sino que más bien encarcelar a los weichafes que abrazan la idea de reconstrucción nacional mapuche. Misma situación afecta a comuneros de Kura-Paillako y Huentelolén que se encuentran requeridos por la justicia chilena, y otras autoridades ancestrales de nuestro pueblo, como el werkén Daniel Melinao, machi Celestino Córdova y todos los hermanos presos políticos mapuche secuestrados en las cárceles chilenas.
Por todo lo anterior, es que los Lof en Resistencia de Arauko hemos decidido autoconvocarnos en una marcha para el próximo viernes 2 de agosto, desde las 10 horas en el Museo Mapuche de Cañete. Invitamos a todas las comunidades y Lof de todo el Wall Mapu y organizaciones sociales que solidarizan con nuestra lucha que se hagan presente para aquél día.
¡¡¡Fuera las forestales de Wall Mapu!!!
¡¡¡Abajo el montaje de Cañete!!!
¡¡¡Libertad a todos los presos políticos mapuche!!!
¡¡¡Marrichiwew!!!
Lof en Resistencia de Arauco
Huentelolén
Pokuno
Lleu Lleu
Kura-Paillako
Kolkuma
Wall Mapu, 26 de julio de 2013
Comunidad Malla Malla retoma movilizaciones por el fundo Queuco en Alto Biobío
Jul 28, 2013 El conflicto por el fundo Queuco en Alto Biobío, que hace una década fue escenario de tomas y enfrentamientos con efectivos policiales, amenaza con reactivarse, luego que la comunidad pehuenche de Malla Malla reanudara las acciones reivindicatorias.Por: Diario La Tribuna
De hecho, el lunes pasado, integrantes de dicha comunidad cortaron el tránsito en el lugar y retuvieron una camioneta de la Dirección Comunal de Salud de la municipalidad de Alto Biobío y obligaron a sus ocupantes a devolverse caminando.
Según informó el diario La Tribuna de Los Ángeles, las acciones habrían sido protagonizadas por el lonco Segundo Suárez Marihuán, quien ha sostenido reuniones en el mismo lugar con el director regional de la Conadi, Julio Anativia, donde han exigido que el terreno sea entregado a su comunidad.
El reclamo tiene su antecedente en que en abril pasado, el fundo Trapa fue oficialmente entregado a las comunidades pehuenche de Trapa Trapa y Butalelbún. En esa oportunidad, las autoridades adelantaron que estaban realizando gestiones para comprar el fundo Queuco, tomando en cuenta las reclamaciones. De hecho, el senador UDI, Víctor Pérez Varela y el alcalde de Alto Biobío, Nibaldo Piñaleo, anunciaron que el Ministerio de Desarrollo Social apuraría la compra de unas 2 mil hectáreas de dicho predio para la comunidad de Malla Malla. Tras reunirse con el ministro Joaquín Lavín, se comunicó que el mecanismo de adquisición debería haber sido informado en una reunión llevada a cabo a fines de mayo en Temuco, con la participación de organizaciones mapuche. Sin embargo, no hubo reportes acerca de si se efectuó dicha reunión.
El predio se encuentra ubicado por el cajón del río Queuco, a unos 30 kilómetros de la localidad de Ralco. Hace 10 años fue exigido por las comunidades de Malla Malla y Cauñicú. El interés por dicho terreno se debe a que es uno de los pocos lugares que permite el desarrollo de la agricultura, no sólo la ganadería.
Historia
En el marco del proceso de “pacificación” de los territorios mapuche y pehuenche, a mediados del siglo XIX el Estado chileno decidió como primer paso, la incorporación de estos territorios cordilleranos, a la naciente provincia de Arauco (1852). Esto significó que todo Alto Biobío, es decir, los valles del Queuco, Trapa y Antuco, quedaron como territorio indígena y de colonización, perteneciente a los departamentos de Nacimiento, Mulchén y de La Laja, teniendo como capital Los Ángeles (1875).
Desde estas ciudades se realizan las operaciones de “adquisición” de tierras indígenas ante notarios y conservadores, legalizando la formación de grandes fundos en el área, en base a engañosas y fraudulentas compras de “acciones y derechos” sobre el territorio indígena.
En 1870, Juan Núñez Fernández formó el fundo Queuco, que abarca prácticamente todo el valle del mismo nombre, y luego fue desalojando a los pehuenches de Malla Malla, Cauñicú, Pitril y Trapa Trapa. Incluso, incentivó la entrada de tropas argentinas para expulsarlos, lo que obliga al ejército chileno reforzar los puntos fronterizos.
Luego, el fundo Trapa fue adquirido en 1881 por Mariano Palacios y Luis Parada, pasando la propiedad a sus descendientes. Entre 1919 y 1920 se otorgan Títulos de Merced, como los que obtiene la comunidad de Antonio Marihuán, con 1.038 hectáreas, y la comunidad de Antonio Cañio, que considera una superficie de 8.430 hectáreas. En 1973 el fundo Trapa Trapa fue expropiado por la CORA, dejando constancia que se encontraba mal explotado. Sin embargo, el predio continuó en poder de quienes lo tenían inscrito, ya que tres años después, durante el gobierno militar (1976), se reconsideró y revocó el acuerdo de expropiación, devolviéndolos a sus antiguos dueños.
Se inicia emblemático juicio contra 12 mapuche de comunidades en resistencia
Ago 01, 2013 El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco suspendió hasta mañana viernes el juicio oral en contra de 12 mapuche de distintos puntos del Wallmapu acusados de “terrorismo” por una manifestación en el baypass de Temuco, donde resultaron unos camiones con daños y un Tur Bus con rayados en su carrocería.
La razón se debió a que en una acusación particular, presentada por el Ministerio del Interior, se incluía como acusado al testigo protegido Raúl Castro Antipán, quien ya fue condenado por el mismo hecho en un juicio abreviado en septiembre de 2012, y contra quien el Gobierno pide una pena de seis años de cárcel.
Por ello, el tribunal determinó oficiar a la Defensoría Penal Pública que se notifique del juicio a un abogado para que revise los derechos del imputado. La abogada defensora particular Karina Riquelme dijo a SoyTemuco.cl que esto demuestra “falta de seriedad por parte del Ministerio del Interior porque no revisó su acusación“.
Al respecto el abogado querellante aludido, Alexander Schneider, dijo que “no hay ningún error, porque el abreviado de Castro Antipán fue el año pasado y la acusación es de 2010. Nadie podría prever que podía terminar en un juicio abreviado”.
Según el cuento de la Fiscalía, Raúl Castro Antipán se acogió en 2012 a la figura de la “delación compensatoria” y fue condenado a tres penas de 61 días por los daños del bus. Actualmente está sujeto a medidas de protección y figura como testigo protegido clave para acusar a los demás comuneros.
Familiares, dirigentes y autoridades mapuche del Lof Yeupeko Catrileo de Vilcún, Pascual Coña Sin Tierra de Arauco y Temucuicui de Ercilla llegaron marchando a apoyar a los comuneros perseguidos.
El proceso se reanudará este viernes a las 09.30 horas, en el cuarto piso del Centro de Justicia de Temuco.
Fuente: SoyTemuco.cl
Relator de la ONU: “Debería cesar todo uso de la Ley Antiterrorista hacia protestas mapuche”
Jul 30, 2013
Ben Emmerson, relator especial de Naciones Unidas que
se encuentra en Chile desde el 17 de julio estudiando la aplicación de
la Ley Antiterrorista a los mapuche, emitió un informe con las
conclusiones de lo que ha visto en su visita.
Por: Biobiochile.cl
Al respecto, Emmerson fue enfático en señalar que “recomiendo que debería cesar todo uso de las legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuche”.
La normativa “ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuche. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”, agregó Emmerson, al concluir una visita a Chile que inició el 17 de julio.
“Esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución. Se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuche y se ha implementado sin una política coherente y objetiva”, dice Emmerson en su reporte.
Los delitos imputados, según el reporte del relator, se pueden investigar, procesar y castigar adecuadamente bajo la legislación ordinaria. Asimismo, tampoco recomienda “ninguna amnistía o impunidad por los actos de violencia”.
Emmerson instó además a que se adopte con urgencia una “Estrategia Nacional” para abordar ampliamente el conflicto mapuche, basada principalmente en la restitución de tierras y el reconocimiento Constitucional del derecho de los mapuche “de existir como pueblo dentro del Estado”.
De acuerdo al representante de la ONU, la estrategia debería llevarse a cabo “en un plazo definido y relativamente breve”, a través de una Comisión Consultiva Nacional. En caso contrario, advirtió, el conflicto podría ampliarse y dar pie a “una violencia generalizada” en el sur de Chile.
Como tercer punto, el relator exhortó al Estado a “investigar y castigar” apropiadamente los delitos de violencia cometidos por Carabineros en contra de mapuches, especialmente los allanamientos violentos a comunidades.
De acuerdo a su informe, no le quedó duda alguna “que el uso de fuerza excesiva por Carabineros durante el transcurso de tales allanamientos, fue hasta poco, usual e incluso sistemática”.
Por: Biobiochile.cl
Al respecto, Emmerson fue enfático en señalar que “recomiendo que debería cesar todo uso de las legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuche”.
La normativa “ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuche. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”, agregó Emmerson, al concluir una visita a Chile que inició el 17 de julio.
“Esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución. Se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuche y se ha implementado sin una política coherente y objetiva”, dice Emmerson en su reporte.
Los delitos imputados, según el reporte del relator, se pueden investigar, procesar y castigar adecuadamente bajo la legislación ordinaria. Asimismo, tampoco recomienda “ninguna amnistía o impunidad por los actos de violencia”.
Emmerson instó además a que se adopte con urgencia una “Estrategia Nacional” para abordar ampliamente el conflicto mapuche, basada principalmente en la restitución de tierras y el reconocimiento Constitucional del derecho de los mapuche “de existir como pueblo dentro del Estado”.
De acuerdo al representante de la ONU, la estrategia debería llevarse a cabo “en un plazo definido y relativamente breve”, a través de una Comisión Consultiva Nacional. En caso contrario, advirtió, el conflicto podría ampliarse y dar pie a “una violencia generalizada” en el sur de Chile.
Como tercer punto, el relator exhortó al Estado a “investigar y castigar” apropiadamente los delitos de violencia cometidos por Carabineros en contra de mapuches, especialmente los allanamientos violentos a comunidades.
De acuerdo a su informe, no le quedó duda alguna “que el uso de fuerza excesiva por Carabineros durante el transcurso de tales allanamientos, fue hasta poco, usual e incluso sistemática”.
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1 August, 2013
Parlamento Mapuche en Río Negro (Puelmapu): “Este modelo no nos representa”
Este modelo no nos representa, porque nuestros mayores, que dieron sus vidas en defensa de nuestros Territorios, están exigiendo Justicia, Verdad y Derechos Humanos para los Pueblos Originarios del mundo
Fuente: argentina.indymedia.org
REPARACIÓN HISTÓRICA Y DERECHOS HUMANOS PARA EL PUEBLO ORIGINARIO MAPUCHE
Desde el Territorio Ancestral del Parlamento del Pueblo Nación Mapuche en Río Negro, queremos dar a conocer ante la opinión pública, las autoridades originarias de todos los Pueblos y Primeras Naciones del mundo, la sociedad en general, aliados, sindicatos, centros de estudiantes, mujeres organizadas y distintos funcionarios de los partidos políticos, para decirles que no estamos de acuerdo con este modelo extractivo.
Modelo en donde el Estado provincial y nacional cede nuestros Territorios Comunitarios a las concesiones de las expansiones sojeras y megamineras que pretenden instalarse en los Territorios de las Comunidades Pvla ragiñ kurra mew, Ancalao y en las zona de la meseta de Zomon Kura; las petroleras que intentan aplicar el método no convencional llamado Fracking en nuestro seno de las Comunidades, caso concreto el de la multinacional Chevron en Vaca Muerta, empresa que es prófuga de la justicia ecuatoriana. Estas empresas saquean y contaminan las aguas en este nuevo modelo de país donde se prioriza el lucro, la ganancia urgente para asegurar las reservas para el proceso electoral.
Nosotros decimos NO a este modelo. Decimos que la matriz económica exitosa no puede estar sostenida por la destrucción del origen de todas las vidas que es nuestra madre naturaleza o Wall mapu. Que el modelo extractivo son los planes de muerte que de una u otra manera pretenden llegar a nuestro territorio y en muchas ocasiones no nos permite desarrollar nuestros planes de vida como es el Kume Felen o el buen vivir de las Comunidades de todos los Pueblos Originarios.
Este modelo no nos representa, porque nuestros mayores, que dieron sus vidas en defensa de nuestros Territorios, están exigiendo Justicia, Verdad y Derechos Humanos para los Pueblos Originarios del mundo.
Por eso decimos que la gestión de este Gobierno de “la década ganada” será recordada por haber instalado el tema de los juicios y castigos a los genocidas que mataron a más de 30.000 ciudadanos argentinos, pero nosotros también decimos que puede ser recordada por haber ocultado, reprimido las demandas de los Pueblos Originarios preexistentes; cuando vamos a mantener un diálogo de responsabilidades de Derechos Humanos para los Pueblos Originarios, nos considera tema de desarrollo social, como pobrecitos hambrientos, cuando exigimos control Territorial, nos entregan subsidios, cuando exigimos reconocimiento pleno como Primeras Naciones, nos ofrecen un Código Civil que nos limita los derechos constitucionales. Exigimos participación plena en la política pública con Consentimiento Libre Previo e Informado.
Si creemos una reparación histórica de los derechos fundamentales en donde ejercemos nuestra participación en la ejecución de leyes especiales que son: Propiedad Comunitaria con un verdadero reconocimiento en los Territorios de los Pueblos Originarios, sus Comunidades y Organizaciones, como la que se desea aplicar en Río Negro, implementación de la aplicación del Consentimiento, en los reconocimientos de las Personería Jurídicas no solamente de las Comunidades si no que también de los propios Pueblos Originarios y sus Organizaciones.
Además, queremos manifestar que, como Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, nuestra organización máxima representativa de las Comunidades no pertenece al ETNOPO porque no tiene la legitimidad política y no nos representa como Pueblo Mapuche ni como Comunidades.
Memoria, Verdad, Justicia, Territorio y Derechos Humanos para los Pueblos Originarios. Mariciwaw
Ignacio F. Prafil, Werken
Parlamento Mapuche en Río Negro
Julio de 2013
1 August, 2013
Comunidad Newen Mapu, Malla malla del Alto Bío- Bio denuncia negligencia de autoridades y violenta represión
Damos a conocer también que después de la no presencia del alcalde de alto Biobío Don Nivaldo Piñaleo en nuestra comunidad el día lunes 28 de julio del 2013, informamos a la opinión pública que el actual alcalde ha sido incapacitado de dar solución a las problemáticas tratándose de las demandas territoriales en alto Bio-bío. De este modo consideramos no deponer la movilización.
Comunicado Público
Nuestra Comunidad Newen Mapu, Malla-Malla ha mantenido desde el lunes 22 de julio del 2013 una manifestación como forma de protesta social y declaramos a la opinión publica lo siguiente:
1° Dicha manifestación es para dar a conocer las irregularidades cometidas al momento de tratar las demandas territoriales por parte del estado chileno, a través de las siguientes instituciones: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y Nivaldo Piñaleo, actual Alcalde de Alto Biobío.
2° Esta manifestación da a conocer el acto corrupto y chantajista al momento de llevarse a cabo una de las compras de predios a una de la comunidad vecina, en donde están involucrados la CONADI y Nivaldo Piñaleo actual alcalde de alto Bio-Bio, también damos a conocer que el actuar del alcalde Nivaldo Piñaleo es vergonzoso, puesto que no ha tenido ni la voluntad ni el compromiso para llevar adelante los temas relacionados con las demandas territoriales en alto Bio-bío.
3° De lo anterior hacemos un llamado a las autoridades superiores del estado chileno a tomar con seriedad, compromiso y responsabilidad los temas de las demandas territoriales, y así también sugerimos a las instituciones correspondientes de forma rápida e inmediata a que ejerzan sus funciones y atribuciones en este tema y dar una pronta solución.
4° También sugerimos que el estado chileno y sus instituciones correspondientes deberán tomar las medida exactas para determinar y asegurar un trato de respeto a nuestras autoridades tradicionales, como así también a nuestros Peñi (hermanos) y Lamien (hermanas), cuando esté involucrada la integridad de nuestra gente en nuestro territorio.
5° Damos a conocer también que después de la no presencia del alcalde de alto Biobío Don Nivaldo Piñaleo en nuestra comunidad el día lunes 28 de julio del 2013, informamos a la opinión pública que el actual alcalde ha sido incapacitado de dar solución a las problemáticas tratándose de las demandas territoriales en alto Bio-bío. De este modo consideramos no deponer la movilización.
6° Damos a conocer que después de un fuerte enfrentamiento entre Carabineros y nuestra gente, denunciamos que carabineros llegaron e hicieron uso de sus armas y demás elementos represivos. Posterior al enfrentamiento, Carabineros armados, fueron avanzando mediante allanamiento por todas las casas que encontraron a su paso sin mostrar ninguna orden, amedrentando y faltando el respeto con insultos a mujeres, ancianos y niños que se encontraban vulnerables.
7° De lo anterior llevándose detenido a una madre que dejo su hijo de tan solo nueve meses de edad, también a un anciano con enfermedades crónica, no permitiéndole llevar sus medicamentos y demás personas.
8° Damos a conocer a todos el territorio de alto Bio-bío, a nuestros Peñi (hermanos) y Lamien (hermanas) y en especial a las comunidades vecinas, que la lucha no es en contra de nuestros propio Peñi y Lamien, sino que es en contra del Estado Chileno que oprime, reprime y de forma violenta pasa a llevar nuestros derechos como pueblo Mapuche-Pehuenche.
9° Manifestamos también el apoyo el Peñi Machi Celestino Cordova, encarcelado en Temuco y también a todos los Presos Mapuches Políticos (PPM) que están siendo acusado injustamente por el estado chileno.
1 August, 2013
Comunidad mapuche Hueichán Mapu de Frutillar continua en recuperación de sus tierras
Tensa calma se vive desde la tarde de este martes en el sector de Colonia “San Martín”, en la comuna de Frutillar, donde la comunidad indígena Hueichán Mapu mantiene en pie un proceso de recuperación de tierras.
Fuente: Departamento de prensa radio Frutillar FM, www.radiofrutillar.cl
La situación se genera al interior del fundo “La Añorada”, propiedad de la empresa “Lácteos San Luis” del agricultor Samuel Santa Cruz, donde en las últimas horas varios guardias contratados por el empresario cerraron el acceso a las tierras que se encuentran bajo un proceso de recuperación.
De acuerdo a los antecedentes aportados por la Presidenta de la Comunidad Indígena Hueichán Mapu, Ana Hernández, por órdenes del Administrador del predio, ocho desconocidos ingresaron al territorio en recuperación para cerrar con candados los accesos al predio.
Ana Hernández afirmó que los integrantes de la comunidad indígena están preocupados por el cierre del acceso a las tierras en proceso de recuperación, pues en el lugar hay varias personas y animales, a los cuales se les entrega alimentación diariamente.
En octubre del año 2011 la comunidad indígena Weichan Mapu, compuesta por familias mapuche-huilliches que fueron desalojadas a principios de los años 90 desde un predio ubicado al norte de la comuna de Frutillar, comenzaron un proceso de recuperación de tierras, cansados de las nulas respuesta de las autoridades en torno a devolverle el territorio del que fueron desalojados.
En aquella oportunidad se les desconoció su calidad de propietarias a 30 familias.
El terreno en recuperación tiene una superficie de 250 hectáreas y hasta el momento ninguna autoridad ha dado respuesta alguna sobre sus reclamos, demandas que han realizado con documentos que demuestran que ellos fueron los primeros dueños de estas tierras.
1 August, 2013
Mapuches de Aconcagua recuperan sitio ceremonial y tierras indígenas
El proceso ha sido calificado como un hecho histórico de restitución de derechos y uso de tierras ancestrales, centrado en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, Ley Indígena N° 19.253 y el Convenio Internacional 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales.
Por Comunidades Mapueche del Aconcagua
A los vítores de ¡¡Marrichiwew!! (Arauco, diez veces vencedor) y percutir de kultrunes, Comunidades Indígenas del Valle de AKUNKAWA (Aconcagua) concretaron sus sueños de rescatar y recuperar un sitio patrimonial y arqueológico para el cuidado, protección y fortalecimiento de la cultura Mapuche y de los Pueblos Originarios en general. El pasado sábado 27 de Julio de 2013, las familias indígenas hicieron uso de suelo de forma colectiva de un terreno de 20 hectáreas - app – que correspondían a reservas de la otrora CORA.
El lugar corresponde a una ladera del Cerro Patagual de Calle Larga, sector donde viviera ahí y luchara por ellas, por más de 10 años, el dirigente mapuche Juan Oyarzo Güilquiruca quien fuera el máximo dirigente de la Comunidad Indígena "FÜTA RËPÜ" de Calle Larga.
Lamentablemente Güilquiruca falleció intempestivamente (24 de febrero 2012), antes de ver concretado su sueño, pero 3 días antes de morir, él se reunió con su comunidad indígena y explico su sueño que consideraba un Nguillathuwe (sitio ceremonial sagrado), un Paliwe (cancha para jugar Palin o Chueca), Nutrantuwe y Rukas mapuche para reuniones y ejecutar ahí la Salud Intercultural Indígena con Machi (médicos indígenas) y Lawentuchefe (Yerbateros), además de proteger los antiquísimos petroglifos que ahí existen.
El proceso ha sido calificado como un hecho histórico de restitución de derechos y uso de tierras ancestrales, centrado en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, Ley Indígena N° 19.253 y el Convenio Internacional 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales.
El extinto dirigente, que vivió en el Cerro Patagual, en su lucha por recuperar y heredar tierras para las comunidades indígenas, no estuvo exento de polémicas en donde más de alguna fue agredido o amenazado por lugareños, incluso una vez, cuando intento contar su proyecto al Alcalde Nelson Venegas, éste no le dio la palabra en el concejo municipal (23 de septiembre de 2010) y así no le dio la oportunidad de expresar sus loables intensiones de rescatar el Cerro con un proyecto de incalculables proyecciones que aún sigue abandonado por las autoridades locales transformándose en un rincón de basura y escombros, incluso corriendo serio peligro los petroglifos que han sido rayado por personas incultas.
2 August, 2013
BBC: Por qué la ONU critica la Ley Antiterrorista de Chile
Naciones Unidas puso el ojo sobre uno de los conflictos más longevos y delicados en Chile, que ha expuesto al país a fuertes denuncias por parte de organismos defensores de los derechos humanos: la aplicación de la Ley del Terrorismo a miembros de la comunidad mapuche acusados por hechos de violencia.
Por Gideon Long
Fuente: www.bbc.co.uk
Según el Relator Especial de Derechos Humanos y Contraterrorismo de la ONU, Ben Emmerson, el Estado chileno discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles la legislación antiterrorista "de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia".
Esta ha sido una de las críticas de más alto nivel que ha recibido el gobierno chileno por su manejo del conflicto de tierras en el sur del país -donde se concentra la comunidad mapuche-, que desde hace siglos ha sido escenario de fuertes disputas entre originarios y propietarios de tierras o fuerzas de seguridad.
"La situación en (las provincias de) la Araucanía y Bío Bío es extremadamente volátil", afirma Emmerson.
"Ante la ausencia de rápida y efectiva acción a nivel nacional, esta situación podría escalar aceleradamente a un estado de desorden y violencia", agregó.
Sobre todo -advirtió- porque la policía chilena "sistemáticamente apela al uso excesivo de la fuerza". En la última década, tres manifestantes mapuches fueron abatidos a tiros por la policía en distintos incidentes.
Disputas
En años recientes, algunos miembros de la comunidad mapuche del sur del país –que representa a un 9% de la población chilena- se han visto envueltos en actos de violencia como parte de una campaña para recuperar tierras cedidas por el Estado en el siglo XIX.
Los mapuches, desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, habitaban estas regiones del sur de Chile.
Conocidos por su ferocidad, los mapuches lograron resistir con éxito la conquista española. Pero hace unos dos siglos fueron doblegados y divididos en pequeñas comunidades, mientras que sus tierras fueron vendidas a terratenientes y empresas forestales: desde entonces pujan por recuperar lo perdido.
Sus recientes formas de protesta han incluido marchas de calle, la ocupación de edificios gubernamentales, cortes de ruta, ocupación de tierras en disputa y –quizás el método más criticado- ataques con incendios provocados.
Uno de estos incendios provocados –por parte de un grupo no identificado- ocurrió en enero de este año en una vivienda particular, en el sur del país. Los dueños, una pareja de la tercera edad conocida por su mala relación con los vecinos mapuches, murieron en las llamas.
La respuesta de las autoridades ha sido aplicarles a los involucrados la Ley Antiterrorismo que impulsó en 1984 el exgobernante militar del país, Augusto Pinochet, cuyo objetivo inicial era eliminar cualquier oposición a su régimen.
Recomendaciones
Pero, para la ONU (y muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos), la norma es una de las más rigurosas en el sistema penal.
Principalmente porque duplica los términos de cualquier sentencia y permite que se sostengan condenas sobre la base de testimonios de testigos anónimos.
Por eso, Emmerson, tras dos semanas de visita en Chile por invitación del gobierno de Sebastián Piñera, emitió un documento con recomendaciones al Estado:
Que se adopte una estrategia nacional para manejar el conflicto mapuche "con un objetivo definido y de corto plazo". Pero esto, advierte el relator, "requerirá de un viraje importante en la voluntad política".
Que se dé fin al uso de la Ley Antiterrorismo en casos que involucren disputas de tierras mapuches y que, sobre todo, se revisen las condenas de aquellos ya sentenciados por testimonios anónimos.
Que se establezca un nuevo organismo que investigue las denuncias de excesivo uso de la fuerza policial contra miembros de la comunidad mapuche. Según Emmerson, el actual ente encargado de esto "ha fallado en su tarea de garantizar el cumplimiento de la ley" para atender estas denuncias.
El gobierno chileno aún no ha respondido a las recomendaciones del relator de la ONU.
Pero la situación mapuche en Chile continúa siendo delicada, y la controvertida Ley Antiterrorista ha llevado a huelgas de hambre por parte de miembros de la comunidad mapuche.
Y aunque el gobierno de Piñera anunció reformas a dicha legislación en 2010, para la mayoría de la nación mapuche (o Mapudungun, en su idioma nativo), estos cambios no han sido suficientes.
1 August, 2013
Diario El Pais (España): Lucha de los mapuches gana peso
Diario español a raíz de la visita del Relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, publicó una nota sobre la situación de persecusión política al pueblo mapuche por parte del Estado de Chile: "La ONU exige a Chile que deje de aplicar la Ley Antiterrorista de Pinochet contra los indígenas que protestan por sus derechos"...
FUENTE: El País (España)
“Chile no está enfrentando ninguna amenaza terrorista”, aseguró Ben Emmerson, relator especial para la ONU de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En el marco de las reivindicaciones de tierras y las protestas para lograr mayor autonomía por parte de grupos mapuches —la mayor etnia chilena— en el sur del país, el funcionario de la ONU exhortó al Gobierno y al poder judicial a dejar de aplicar la Ley Antiterrorista y, en cambio, pidió que se utilizaran las leyes comunes en la decena de casos hoy en curso contra 85 indígenas. Tras una visita oficial que comenzó el 17 de julio, Emmerson dio a conocer las observaciones preliminares de su trabajo en una rueda de prensa que realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde dijo que ley se ha aplicado de modo discriminatorio y confuso, “lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”.
A juicio de Emmerson, quien cree que seguir por el mismo camino podría causar “una violencia generalizada” en el sur de Chile, “la legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución. Se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuches y se ha implementado sin una política coherente y objetiva”.
Dictada en 1984 durante la dictadura de Pinochet para enfrentar a grupos de resistencia, la Ley Antiterrorista castiga con penas mucho más severas respecto a la legislación ordinaria casos de homicidios, secuestros, incendios y detonaciones de artefactos explosivos. En la práctica, entre otras desventajas procesales, la norma implica la utilización de testigos sin rostro en los juicios y, previo a estos, permite periodos más extensos de prisión preventiva.
Después del retorno a la democracia en 1990, la ley se ha aplicado sobre todo en casos contra activistas mapuches, quienes —entre otras demandas, como protección de sus lugares sagrados y derechos de aguas— reclaman la restitución de los territorios despojados por la fuerza por el Estado chileno. Según el periódico La Tercera, los incidentes —enfrentamientos con la policía, ataques incendiarios a camiones y casas y cortes de caminos— aumentaron un 76% entre 2009 y 2012 en la región de La Araucanía, ubicada a 700 kilómetros al sur de la capital. En la zona viven 500.000 mapuches, mientras que en todo Chile son 1.500.000, poco más del 10% de la población total del país.
En 2009, durante el Gobierno de Michelle Bachelet —la más probable ganadora de las elecciones presidenciales de noviembre próximo—, que también recurrió a la normativa en casos de violencia en La Araucanía, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ya había instado al Estado chileno a no aplicar la polémica ley contra mapuches.
Tras su visita de 14 días a Chile, Ben Emmerson pidió además un reconocimiento constitucional para el pueblo indígena dentro del Estado chileno y, “en un plazo definido y relativamente breve”, llamó a crear una “estrategia nacional” para afrontar el conflicto a largo plazo.
Además, el relator de la ONU pidió terminar con el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía en los allanamientos a las comunidades e hizo hincapié en la impunidad de la violencia contra los indígenas, destacando el caso de Matías Catrileo, un activista mapuche muerto en 2008 a causa del disparo de un carabinero. El agente no fue dado de baja de inmediato de la institución luego de ser identificado.
Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo del Estado chileno, comentó a este diario que se encontraba satisfecha con los planteamientos de Emmerson, pues apuntan a solucionar los problemas urgentes en la zona y también, a largo plazo, insta al futuro Gobierno —que tomará posesión en marzo del año próximo— a ofrecer una solución integral al conflicto. “Coincidimos en que, sin defender la impunidad, creemos que judicializar el problema no es la forma de resolver el conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches”, dijo Fríes.
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- Informe de Organizaciones y Comunidades Mapuche al Relator Especial Sr. Ben Emmerson http://mapuexpress.net/?act=
Bases para una Asamblea Constituyente en Chile
Chile posee todos los elementos
históricos, políticos, jurídicos, filosóficos y sociales para sustentar,
desde su propia esencia y experiencia, la convocatoria a una Asamblea
Constituyente.
Las profundas demandas fundacionales de
nuestra República en su nacimiento como una patria libre e
independiente, soberana de su destino, y las distintas expresiones
constituyentes logradas entre 1810 y 1828, configuran las primeras bases
que sustentan jurisprudencialmente la demanda originaria de una
Asamblea Constituyente en Chile hoy. Desde que Fray Camilo Henríquez
llamó en 1811 a “elegir un Congreso que se encargue de darnos nuestra
primera Constitución”[1],
hasta la demanda actual levantada por el movimiento social, forman
parte de un único hilo conductor coherente de la expresión y demanda
constituyente durante 200 años de historia. Fue el mismo Bernardo
O´Higgins quien señaló explícitamente que lo correcto es convocar la
elección de un “Congreso Constituyente” con diputados electos por “todos
los pueblos” de Chile y que si el texto propuesto no tuviera la
aprobación de la mayoría de los habitantes del país, “no tendrá la
Constitución valor alguno”[2].
Lo iniciado por Fray Camilo y avanzado
hasta 1828 sufre la obstrucción violenta con el golpe de estado y guerra
civil encabezada por Portales en 1829, la que termina imponiendo una
mal llamada “constitución” que en su entramado jurídico se encargara de
impedir, mediante diversos mecanismos, el surgimiento de un proceso
constituyente democrático, tal como ocurre hoy. A penas se instala la
Constitución de 1833, inmediatamente el natural deseo constituyente del
pueblo chileno aparece, cada vez más explícitamente, en organizaciones
como la Sociedad de la Igualdad que, luego de ser derrotada en 1851 y
gracias a su trabajo en las capas sociales obreras e intelectuales,
permite arar el terreno para la posterior unidad de gran parte del país
en la llamada “Revolución Constituyente” de 1859. Poetas, intelectuales,
artesanos y algunas familias ricas de la minería, luego de 30 años de
régimen autoritario, logran canalizar y dirigir el amplio movimiento
constituyente despertado, el que se ve obligado a enfrentar al poder
central bajo la demanda de: educación laica, descentralización y
Asamblea Constituyente. Periódicos como “La Asamblea Constituyente”[3] y otros se encargaron de difundir y educar a la ciudadanía sobre este derecho.
No sería sino hasta 66 años después, en
1924 y 25, que se expresa un nuevo movimiento constituyente -compuesto
incluso por militares indignados-, quienes logran tomar el poder para
exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente y presionar hasta
lograr que el presidente Arturo Alessandri Palma se comprometiera a
convocarla. Y es que nuestra historia se encuentra imbuida del ideal
republicano de ejercer nuestro derecho a elegir una Asamblea
Constituyente.
En el ámbito jurídico todas nuestras
constituciones, tanto las autoritarias como las reformadoras, han sido
implantadas sin necesidad de ceñirse por los mecanismos que establecían
las constituciones anteriores. En el caso de 1925 así fue, la
constitución de 1833 no impidió que se cambiara ni reglamentó la forma
de redactar la nueva constitución. Nunca una Constitución puede impedir
que se redacte otra nueva, ya que al hacerlo contradice su propio
origen. El surgimiento de una nueva Constitución está sometido al Poder
Constituyente originario, es decir a la soberanía del pueblo, reflejada
en la voluntad general de los ciudadanos de cambiarla. Es esta VOLUNTAD
GENERAL la mayor base jurisprudencial –reconocida por los tribunales
constitucionales de variadas naciones- la que valida la convocatoria de
las Asambleas Constituyentes, al representar un PODER superior a toda
institucionalidad constituida. El poder constituyente del pueblo es,
desde lo jurídico, jerárquicamente superior al poder del Estado, por
ende las instituciones deben obediencia –y protección- al poder
instituyente que las origina. El poder CONSTITUIDO no puede limitar al
poder CONSTITUYENTE, por ser este último el originario del primero, y
tampoco el poder constituido puede ejercer el poder constituyente.
Contradiciendo totalmente lo anterior,
la Concertación plantea armar una comisión bicameral dentro del congreso
(poder constituido) como “la mejor vía” para cambiar la constitución,
sin decirle a la gente que obligatoriamente lo que generarán será igual o
peor a lo anterior debido a las trabas del binominal y los quórums
calificados. También es importante aclarar que la propuesta del comando
de Bachelet de elegir una asamblea compuesta por concejales de todo el
país tampoco corresponde a una Asamblea Constituyente, ya que en ese
caso son miembros del poder constituido quienes redactarían la nueva
carta magna, con el conflicto de intereses que eso representa al ser
quienes gestionan el poder los mismos que lo regulan. Esto último sería
más bien una asamblea constitucional y no Constituyente, al
buscar una vía que “no viole” la constitución de 1980, cometiendo así un
error similar al gran fracaso de 1998 en Ecuador.
Es algo lógico y simple de entender que
durante cientos de años los poderes fácticos privilegiados –ya sean
monárquicos, religiosos, militares o económicos- intenten siempre
ocultar este derecho natural de los pueblos a ejercer su poder
constituyente. Pero como en la esencia de la naturaleza humana está la
libertad, siempre resurge desde lo profundo de la sociedad el deseo
constituyente de cambiar el sistema cuando este se convierte en un
régimen injusto que los oprime durante tanto tiempo.
La supremacía del poder constituyente
originario, por sobre la Constitución, el Estado y las leyes, ha sido y
es reconocida por todos los tribunales y cortes constitucionales de los
países que han llevado adelante procesos constituyentes democráticos
-Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia entre muchos otros- puesto que
no se trata de un tema ideológico sino de derecho constitucional básico.
Todo esto es avalado por tratados internacionales que consagran la
autodeterminación y la soberanía popular, firmados por el Estado
chileno. Basta con leer los textos fundamentales del constitucionalismo
clásico, como el Contrato Social de Rousseau (1762) y las declaraciones
de derechos ciudadanos que surgen en distintas partes del mundo a partir
de la revolución norteamericana (1775) y francesa (1789), para darnos
cuenta que este es un tema insoslayable.
En el caso de nuestra realidad actual,
la imposición de una Constitución a través de una Dictadura, de manera
antidemocrática y con un sinnúmero de causales de fraude plebiscitario
-comprobado y confesado por quienes participaron de la farsa (ex
personeros CNI)-, demuestran la invalidez total jurídica de origen de la
constitución actual.
Pero igual de significativo que lo
anterior resulta lo sucedido durante el mes de junio con la encuesta
MORI, que dejó en evidencia la voluntad mayoritaria de la población
chilena (64%) en acuerdo con la necesidad de cambiar la constitución
mediante una Asamblea Constituyente. En esta misma lógica se enmarca la
iniciativa de marcar el voto con “AC” en las próximas elecciones de fin
de año, para ir dejando evidencia concreta de la voluntad constituyente
de los ciudadanos, imitando la experiencia colombiana que mediante una
vía similar logró crear la jurisprudencia para que la Corte
Constitucional aceptara que debía convocarse a un plebiscito aunque éste
contradijera los mecanismos de reforma establecidos en la Constitución
de ese momento.
Son realmente cientos los fundamentos
que sustentan las bases para decir que en Chile existe la jurisprudencia
supraconstitucional necesaria y suficiente para justificar la
convocatoria legítima de una Asamblea Constituyente y más
específicamente de un plebiscito donde se le pregunte al pueblo si
quiere o no una nueva constitución mediante este mecanismo. Plebiscito
que no puede ser prohibido ni limitado por la actual Constitución ni el
Estado, puesto que obedece al derecho supraconstitucional de los pueblos
a ejercer su soberanía y poder constituyente originario.
No obstante para poder abrir las puertas
del sistema y doblegar la resistencia conservadora que administra la
institucionalidad, se hace imprescindible lograr la unidad de todas las
fuerzas sociales, con toda la diversidad y pluralidad que nos
caracteriza, olvidando nuestras diferencias sectarias y dogmáticas, de
pensamiento y de origen, y así demostrar de manera irrefutable la
existencia de una mayoría social de todos los pueblos de Chile en
demanda de la convocatoria a una ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
Esta es la tarea esencial del presente, y
solo la podemos llevar adelante los movimientos sociales para que el
proceso constituyente ya comenzado hace años desemboque en una Asamblea
Constituyente soberana. La instalación de un candidato presidencial que
comprenda este proceso y se consagre de manera absoluta a él, resulta
importante para intentar abrir la institucionalidad desde el poder
ejecutivo. Debemos demostrar en las calles y en las urnas que la mayoría
de los habitantes de este país desea iniciar este camino de
transformación. No resulta tan difícil, puesto que la unidad no depende
en este caso de que PENSEMOS TODOS IGUAL, sino justamente de lo
contrario: que PENSEMOS TODOS DIFERENTE para que en un proceso
constituyente debatamos y construyamos una nueva República que refleje
fidedignamente el pensamiento mayoritario de la población.
Queda en nosotros. No vendrá nadie a
hacerlo por nosotros. Está absolutamente en nuestras manos como
ciudadanos hacer de esta esperanza una realidad.
Por Matías Sagredo.
El Ciudadano
[1]
Proclama de Quirino Lemachez (1811): primer texto difundido a la
ciudadanía chilena por Camilo Henríquez luego de su regreso de Quito,
donde vivió en carne propia del proceso revolucionario ecuatoriano.
[2]
Preámbulo de la Constitución Provisoria (1818): Bernardo O´Higgins como
Director Supremo llama a plebiscito para que los habitantes del país en
esa época votaran para decidir si el proyecto constitucional propuesto
se instalaba como Constitución Provisoria del Estado.
[3]
Benjamín Vicuña Mackenna crea y difunde este periódico, expresando su
adhesión a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, motivo por el
cual es apresado y condenado a muerte, salvándose con el exilio.Asamblea Constituyente, puerta a la libertad
Publicado el 12 Julio 2013 Clarín /
Escrito por Manuel Cabieses Donoso
Esta
deuda, que mantiene en interdicción la soberanía popular, reduciendo
los derechos del ciudadano a una mínima expresión, es todavía más
antigua si tomamos como referencia los compromisos que en los años 80
asumieron todos los partidos políticos, desde liberales de derecha hasta
el MIR, pasando por la Democracia Cristiana y los partidos Socialista,
Comunista, Radical, etc. Asimismo están las declaraciones pro
Constituyente de figuras destacadas de esas colectividades, como Eduardo
Frei Montalva, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Ricardo Núñez, Hugo
Zepeda, etc.(1)
Para los años 80 -incluso se registraron opiniones tempranas en los 70-, todos los sectores políticos que se agrupan hoy en la Concertación de Partidos por la Democracia, más la corriente liberal que tiene domicilio en Renovación Nacional -y por supuesto el Partido Comunista-, coincidían en que al recuperar Chile el Estado de derecho “se crearían las condiciones necesarias para el más pronto funcionamiento de las instituciones democráticas, particularmente mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente integrada por las distintas corrientes de opinión y la adopción de un sistema electoral que garantice la libre, informada y auténtica expresión de la voluntad ciudadana” (declaración de marzo de 1983. Ver artículo de P. Segura).
No obstante, la Concertación llegó al gobierno en 1990 y permaneció 21 años en La Moneda, disfrutando de las delicias del poder sin hacer nunca amago de convocar a la Constituyente. Más bien por el contrario; los dirigentes de esa coalición -que busca retornar al gobierno este año- se convirtieron en ardientes enemigos de la Asamblea Constituyente como legítima vía de retorno a una democracia construida por voluntad libremente expresada de los ciudadanos. La excusa para este viraje es el temor de apelar a la soberanía del pueblo en cada una de las etapas del proceso constituyente (plebiscito de la convocatoria, elección de los diputados a la Constituyente y la aprobación -o rechazo- de la nueva Constitución), lo cual pondría en peligro la gobernabilidad. En buenas cuentas, una defensa cerrada del statu quo cuyos fundamentos fueron diseñados por la extrema derecha política y empresarial asociada a la corrupta dictadura militar.
La aspiración de contar -por primera vez en la historia de Chile- con una Constitución generada con participación directa de los ciudadanos, ha sido estigmatizada por politiquillos con ínfulas de repúblicos. En medio de aplausos de la derecha, han calificado esa solución cívica a la crisis institucional en marcha como “fumar opio”. En agosto del año pasado, bajo presión de la movilización estudiantil, personeros concertacionistas como el senador Ignacio Walker, presidente de la DC, y el ex presidente de la República Ricardo Lagos, admitieron la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Pero retrocedieron casi de inmediato, ante la airada reacción de El Mercurio -que los condenaba al ostracismo publicitario-. El socialdemócrata Lagos llegó al extremo de asegurar que si la UDI aceptaba reformar el sistema electoral binominal “¡se acabó la discusión de la Asamblea Constituyente!”.(2) El demócratacristiano Walker, a su vez, se disculpó por su herejía y aseguró que la Constituyente era sólo una “posibilidad” teórica.
Por su parte el Partido Comunista, que ha cerrado filas con la Concertación en el pacto Nueva Mayoría, también le saca ahora el cuerpo a la Asamblea Constituyente. En su reemplazo propone una “asamblea ciudadana” que elabore un pre-proyecto de Constitución. Algo así como “al de por ver”. En cuanto a la candidata Michelle Bachelet, ha manifestado que hay que cambiar la Constitución por “vías institucionales”, negándose a mencionar la Asamblea Constituyente.
La Constitución dictatorial no consulta el plebiscito y por tanto, respetar el espíritu y letra de su articulado lleva a un callejón sin salida, que es lo que se propusieron los redactores de este cepo antidemocrático. A lo sumo permite reformas superficiales, como las de 2005, que se cocinarían en una comisión bicameral de los mismos que cierran el paso a la Asamblea Constituyente. Se ha sugerido que la llave que franquearía el paso a esa fórmula elitista sería una reforma del binominal, aumentando el número de senadores y diputados para dejar contentos a todos los partidos. En los hechos se ha conformado un frente anticonstituyente de los dos bloques autodenominados de “centroderecha” y “centroizquierda” que se alternan en el gobierno. Se ha consumado lo que anticipó la ironía del poeta de Las Cruces, la unidad de derecha e izquierda.
Es difícil encontrar otro espectáculo político tan bochornoso como el que están dando los partidos “democráticos” de Chile. En nombre de la gobernabilidad se han puesto de acuerdo para impedir la libre expresión de la voluntad del pueblo. En el colmo del descaro piden respetar la institucionalidad de una Constitución ilegítima de origen. Su abolición mediante una Asamblea Constituyente debió ser el primer paso del primer gobierno después de la dictadura militar. Era -y es- la única manera democrática de poner fin al periodo de dominación oligárquica que se abrió el 73. Temer a una presunta ingobernabilidad porque se convoca al pueblo al más auténtico proceso democrático que es una Asamblea Constituyente, significa aceptar que los chilenos somos incapaces de determinar el rumbo político, social y económico del país que en forma libre e informada decidamos.
Los partidos políticos parecen ignorar que impedir la Constituyente, obstruyendo el cauce pacífico y democrático de los anhelos ciudadanos, es mucho más peligroso para la gobernabilidad que llamar a la Constituyente. La paciencia de los pueblos -y el de Chile no es una excepción- tiene un límite. Lo que se está exigiendo es reconocer -después de 40 años- que la soberanía reside en el pueblo y que es hora de poner fin al periodo que abrió el zarpazo oligárquico y del imperialismo en 1973.
Mientras los partidos continúan eludiendo este deber fundamental, los intereses que gobiernan en forma ilegítima nuestra nación aumentan su voracidad. La banca, por ejemplo, confiesa una ganancia de 1.392 millones de dólares en el periodo enero-mayo. En otro plano, el consorcio anglo-australiano BHP Billiton -que explota la minera Escondida- aventaja largamente la producción y utilidades de Codelco, haciendo sal y agua la nacionalización del cobre, máxima conquista popular de los años 70. Los grandes intereses financieros que se han adueñado de Chile saben que no les queda mucho tiempo. Porque el pueblo -en definitiva- impondrá su voluntad soberana, rescatando las instituciones y políticas públicas de su país.
MANUEL CABIESES DONOSO
(1) Para una información más detallada, consultar el excelente trabajo de investigación del periodista Patricio Segura Ortiz, “Los años en que la elite política sí creía en la Asamblea Constituyente”, en Le Monde Diplomatique, edición chilena, Nº 141, junio de 2013.
(2) El Mercurio, 28 de agosto 2012 (C 2).
Para los años 80 -incluso se registraron opiniones tempranas en los 70-, todos los sectores políticos que se agrupan hoy en la Concertación de Partidos por la Democracia, más la corriente liberal que tiene domicilio en Renovación Nacional -y por supuesto el Partido Comunista-, coincidían en que al recuperar Chile el Estado de derecho “se crearían las condiciones necesarias para el más pronto funcionamiento de las instituciones democráticas, particularmente mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente integrada por las distintas corrientes de opinión y la adopción de un sistema electoral que garantice la libre, informada y auténtica expresión de la voluntad ciudadana” (declaración de marzo de 1983. Ver artículo de P. Segura).
No obstante, la Concertación llegó al gobierno en 1990 y permaneció 21 años en La Moneda, disfrutando de las delicias del poder sin hacer nunca amago de convocar a la Constituyente. Más bien por el contrario; los dirigentes de esa coalición -que busca retornar al gobierno este año- se convirtieron en ardientes enemigos de la Asamblea Constituyente como legítima vía de retorno a una democracia construida por voluntad libremente expresada de los ciudadanos. La excusa para este viraje es el temor de apelar a la soberanía del pueblo en cada una de las etapas del proceso constituyente (plebiscito de la convocatoria, elección de los diputados a la Constituyente y la aprobación -o rechazo- de la nueva Constitución), lo cual pondría en peligro la gobernabilidad. En buenas cuentas, una defensa cerrada del statu quo cuyos fundamentos fueron diseñados por la extrema derecha política y empresarial asociada a la corrupta dictadura militar.
La aspiración de contar -por primera vez en la historia de Chile- con una Constitución generada con participación directa de los ciudadanos, ha sido estigmatizada por politiquillos con ínfulas de repúblicos. En medio de aplausos de la derecha, han calificado esa solución cívica a la crisis institucional en marcha como “fumar opio”. En agosto del año pasado, bajo presión de la movilización estudiantil, personeros concertacionistas como el senador Ignacio Walker, presidente de la DC, y el ex presidente de la República Ricardo Lagos, admitieron la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Pero retrocedieron casi de inmediato, ante la airada reacción de El Mercurio -que los condenaba al ostracismo publicitario-. El socialdemócrata Lagos llegó al extremo de asegurar que si la UDI aceptaba reformar el sistema electoral binominal “¡se acabó la discusión de la Asamblea Constituyente!”.(2) El demócratacristiano Walker, a su vez, se disculpó por su herejía y aseguró que la Constituyente era sólo una “posibilidad” teórica.
Por su parte el Partido Comunista, que ha cerrado filas con la Concertación en el pacto Nueva Mayoría, también le saca ahora el cuerpo a la Asamblea Constituyente. En su reemplazo propone una “asamblea ciudadana” que elabore un pre-proyecto de Constitución. Algo así como “al de por ver”. En cuanto a la candidata Michelle Bachelet, ha manifestado que hay que cambiar la Constitución por “vías institucionales”, negándose a mencionar la Asamblea Constituyente.
La Constitución dictatorial no consulta el plebiscito y por tanto, respetar el espíritu y letra de su articulado lleva a un callejón sin salida, que es lo que se propusieron los redactores de este cepo antidemocrático. A lo sumo permite reformas superficiales, como las de 2005, que se cocinarían en una comisión bicameral de los mismos que cierran el paso a la Asamblea Constituyente. Se ha sugerido que la llave que franquearía el paso a esa fórmula elitista sería una reforma del binominal, aumentando el número de senadores y diputados para dejar contentos a todos los partidos. En los hechos se ha conformado un frente anticonstituyente de los dos bloques autodenominados de “centroderecha” y “centroizquierda” que se alternan en el gobierno. Se ha consumado lo que anticipó la ironía del poeta de Las Cruces, la unidad de derecha e izquierda.
Es difícil encontrar otro espectáculo político tan bochornoso como el que están dando los partidos “democráticos” de Chile. En nombre de la gobernabilidad se han puesto de acuerdo para impedir la libre expresión de la voluntad del pueblo. En el colmo del descaro piden respetar la institucionalidad de una Constitución ilegítima de origen. Su abolición mediante una Asamblea Constituyente debió ser el primer paso del primer gobierno después de la dictadura militar. Era -y es- la única manera democrática de poner fin al periodo de dominación oligárquica que se abrió el 73. Temer a una presunta ingobernabilidad porque se convoca al pueblo al más auténtico proceso democrático que es una Asamblea Constituyente, significa aceptar que los chilenos somos incapaces de determinar el rumbo político, social y económico del país que en forma libre e informada decidamos.
Los partidos políticos parecen ignorar que impedir la Constituyente, obstruyendo el cauce pacífico y democrático de los anhelos ciudadanos, es mucho más peligroso para la gobernabilidad que llamar a la Constituyente. La paciencia de los pueblos -y el de Chile no es una excepción- tiene un límite. Lo que se está exigiendo es reconocer -después de 40 años- que la soberanía reside en el pueblo y que es hora de poner fin al periodo que abrió el zarpazo oligárquico y del imperialismo en 1973.
Mientras los partidos continúan eludiendo este deber fundamental, los intereses que gobiernan en forma ilegítima nuestra nación aumentan su voracidad. La banca, por ejemplo, confiesa una ganancia de 1.392 millones de dólares en el periodo enero-mayo. En otro plano, el consorcio anglo-australiano BHP Billiton -que explota la minera Escondida- aventaja largamente la producción y utilidades de Codelco, haciendo sal y agua la nacionalización del cobre, máxima conquista popular de los años 70. Los grandes intereses financieros que se han adueñado de Chile saben que no les queda mucho tiempo. Porque el pueblo -en definitiva- impondrá su voluntad soberana, rescatando las instituciones y políticas públicas de su país.
MANUEL CABIESES DONOSO
(1) Para una información más detallada, consultar el excelente trabajo de investigación del periodista Patricio Segura Ortiz, “Los años en que la elite política sí creía en la Asamblea Constituyente”, en Le Monde Diplomatique, edición chilena, Nº 141, junio de 2013.
(2) El Mercurio, 28 de agosto 2012 (C 2).
La reforma electoral como cortina de humo para anular la asamblea constituyente
Publicado el 11 Julio 2013 - Clarín /
Escrito por Rafael Luis Gumucio Rivas
Maurice Duverger planteaba las siguientes hipótesis en la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos políticos: 1) en los sistemas a una vuelta, por ejemplo Inglaterra, corresponde un sistema de dos y medio partidos, laboristas, conservadores y liberales minoritarios; estos últimos, al aliarse con unos o con otros, permiten la formación de gobiernos. En un sistema mayoritario, cada distrito elige un diputado, que obtiene la primera mayoría. 2) En un sistema mayoritario a dos vueltas, en la primera se presentan todos y en la segunda las dos primeras mayorías, hay un sistema de partidos políticos moderados, entre cinco y ocho agrupaciones –un caso modélico es Francia -. 3) en el sistema proporcional están representados todos los partidos que tienen votación parlamentaria y, normalmente, existe una multiplicidad de agrupaciones políticas. Complementa su análisis con los partidos únicos, como el comunista, (en la Unión Soviética) y los nazis, (en la Alemania de Hitler); por último escribe sobre el partido “pivote” o mayoritario, en una democracia pluralista. Es el caso de la Democracia Cristiana chilena que, en 1965, obtuvo el 42.5% de los sufragios y 80 diputados entre 150 escaños.
Esta ingeniería política no cumple, necesariamente, con la realidad de los países y partidos políticos; por ejemplo, en la RDA, (Alemania comunista), pervivió un simulacro de pluralismo con la CDU y el SPD, aunque estos partidos eran, absolutamente, funcionales al régimen. En el sistema proporcional, en algunos casos, se ha impuesto un bipartidismo, como en Colombia, después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en que el poder fue repartido, en períodos iguales, entre liberales y conservadores; sólo en los últimos períodos se quebró el esquema y ahora han surgido más de 36 partidos políticos con nombres fantasiosos. En Venezuela, el ADECO, (Acción Democrática), y COPEI, (Democracia Cristiana), alternaron el poder hasta que aparecieron dos partidos nuevos, el MIR y el MAS de Teodoro Petkoff y, finalmente, la República Bolivariana, de Hugo Chávez.
Chile, una historia de la defraudación de la voluntad popular
En todo el siglo XIX, prácticamente no existió representación de la oposición en el parlamento. El Presidente nombraba a diputados y senadores a su amaño. En 1831, José Joaquín Prieto obtuvo 201 electores, contra cero de la oposición; en 1841, apenas se expresaron nueve opositores a Manuel Bulnes; en 1861, José Joaquín Pérez obtuvo 191 electores, contra 58 de los opositores; en 1871, Federico Errázuriz obtuvo 221 contra 58 electores de Urmeneta; en 1881, Santa María obtuvo 293, contra 12, del victorioso Baquedano; en 1886, Balmaceda obtuvo 334, contra 6 de José Francisco Vergara. En el senado hubo senadores de oposición hasta 1870, en que fue elegido un puñado de conservadores, entre ellos, Joaquín Walker Martínez y Abdón Cifuentes; en la cámara hubo , al menos, una minoría de diputados, que llegó a 65 en la legislatura 1876-1880. Los Presidentes mandaban a los gobernadores a robarse las urnas e inventar resultados; no era necesario cohechar, pues bastaba con hacer votar a los muertos y, a golpes, forzar a los díscolos. La democracia era una burla, por demás Portales y Santa María se limpiaban con la Constitución, una niña que debiera ser siempre violada, según el primero.
El sistema binominal no es ninguna invención de Pinochet
Cuenta mi abuelo, Manuel Rivas Vicuña, en su Historia política y parlamentaria de Chile que, en 1912, el más antidemocrático de los diputados, el nacionalista Alberto Edwards Vives, historiador, autor de la Fronda aristocrática, propuso un proyecto de ley electoral en que dividía a Chile en pequeños distritos y en cada uno de ellos se elegían dos diputados, es decir, se provocaba un empate entre alianza liberal y coalición conservadora, total, daba lo mismo: todos los diputados pertenecían a la oligarquía, la lucha doctrinaria había desaparecido y sólo quedaban los intereses de la aristocracia; el binominal actual cumple la misma función: hay senadores y diputados prácticamente vitalicios, que son gamonales, caudillos sin carisma y dueños de su distrito. Me pregunto: ¿Qué diferencia hay entre los silencios de Eduardo Frei Jr. y don Fernando Lazcano, dueño de Curicó; ambos son vitalicios en sus respectivos distritos; lo mismo ocurre con los diputados: ningún aparecido puede desbancar a quien, por 17 años, se ha dedicado a regalonear a su borrego electorado y serían tontos dejar de mamar por un ideal sistema proporcional; estas guaguas tendrán teta hasta que la muerte los separe.
Sobre los otros argumentos, como que un tercio es igual a dos tercios, me los pasaré por ahora, pues serán repetidos por estos días, hasta la saciedad; que el binominal elimina las minorías es tan evidente como creer en el misterio de la Santísima Trinidad. Al fin, Chile no es una democracia; a lo mucho, le podríamos poner el apellido de tutelada o protegida; lo de la soberanía popular y el gobierno de los ciudadanos es más falso que Judas; por lo demás, Pinochet y Jaime Guzmán nunca creyeron en esta paparruchada que, para ellos era el voto popular. Es perfectamente congruente que esta monstruosidad le encante a Carlos Larraín, una especie de “patrón de fundo” a la antigua, pero no lo puedo entender en los demócrata cristianos y algunos apitutados socialistas.
El sistema proporcional con cifras repartidoras, según el método matemático de D´Hont
Este método fue aplicado, en la historia republicana de Chile, desde 1925 a 1973. Las cifras repartidoras favorecían siempre a los partidos mayoritarios: primero a la derecha, después a los radicales y, finalmente, a los demócrata cristianos. Para ser elegido, el respectivo partido o pacto electoral debiera colocarlo en los primeros lugares de la lista; además, la Constitución proponía un diputado por cada 30.000 habitantes, por consiguiente, había que aprobar el censo para cambiar la proporción, absolutamente desequilibrada entre distritos rurales y urbanos, cambio que no convenía a la derecha. Sólo al fin de la república se llegó a 150 diputados y 50 senadores.
La división del mapa electoral también era un tanto absurda, por ejemplo, Santiago tenía un número desproporcionado de diputados respecto a las provincias; en la misma Región Metropolitana, el rural segundo distrito, con 595 000 electores, elegía el mismo número de diputados que el tercero, con 930.000 electores y, el primer distrito, correspondiente al centro de Santiago, elegía 18 diputados con 647.000 electores; incluso, se dio el caso de un regidor que fue elegido con cero votos, arrastrado por sus compañeros de lista.
No cabe duda de que el sistema proporcional se amolda mucho mejor a la historia política y cultura partidaria nacional, y sus defectos son menores a los sistemas mayoritarios, que no se aplican en ningún país de América Latina.
Las reformas electorales entre gallos y medianoche
Salvo la “libertad electoral”, lograda después de una guerra civil, en 1891, que permitió la creación de un sistema político de cinco o seis partidos, (liberales, liberales democráticos, conservadores, radicales y demócratas), la mayoría de las reformas electorales se han logrado gracias a la ausencia de parlamentarios que las obstaculizaban; cuenta don Manuel Rivas Vicuña que los diputados jóvenes pudieron imponer una reforma electoral, aprovechándose de las ausencias de los ancianos diputados. En 1958, el Bloque de saneamiento democrático, compuesto por radicales, socialistas y falangistas, pudo hacer aprobar la cédula única, sorprendiendo a liberales y conservadores. Sólo las últimas reformas, que permitieron el voto de los analfabetos y de mayores de 18 años, lograron unanimidad permitiendo el crecimiento del universo electoral, factor que hizo posible el triunfo de Salvador Allende. Respecto al voto de las mujeres, en 1949, esta reforma no tuvo ninguna oposición de la derecha pues, al comienzo las damas, influidas por los curas, votaban por los conservadores.
Es falso que el sistema proporcional siempre favoreció la proliferación de partidos políticos
La proliferación de partidos pequeños tiene más que ver con los gobiernos autoritarios o “despelotados” como el de Carlos Ibáñez, donde hubo 29 partidos políticos, que con el sistema proporcional que, en 1973, sólo tuvo nueve partidos; por lo demás, gracias a los pactos electorales en las elecciones presidenciales de 1973, terminamos con dos grandes combinaciones: la CODE (Confederación democrática, compuesta por nacionales, demócrata cristianos y otros partidos pequeños), y la Unidad Popular, integrada por comunistas y socialistas, más radicales, mapus e Izquierda Cristiana.
En el sistema pluralista de partidos siempre los presidentes estuvieron obligados a gobernar con combinaciones: en el Frente Popular, radicales, comunistas y socialistas; en el gobierno de Ibáñez, socialistas populares, agrario laboristas y, posteriormente, liberales y conservadores. Sólo Frei Montalva gobernó en base a un partido único, que fue perdiendo, paulatinamente, el apoyo popular.
Todos los partidos chicos terminaron siendo absorbidos por los grandes: los demócratas y agrario-laboristas, por los demócrata cristianos, los Mapu e IC, por el PPD y el partido socialista; los conservadores social-cristianos, por los demócrata cristianos, y así, suma y sigue. La verdad es que el sistema proporcional se mantuvo con un número de partidos políticos muy similar al actual binominal, por consiguiente, es discutible la hipótesis de que los sistemas mayoritarios, mecánicamente, favorecen a las grandes combinaciones; por el contrario, el binominal tiene el efecto perverso de provocar la lucha entre sus mismos partidarios y obligar a hacerse “harakiri” entre personas que, se supone si es que piensan, debieran tener unos mismos intereses. También obliga a matrimonios donde predomina la violencia doméstica, como es el caso entre Renovación Nacional y la UDI, y entre la Democracia Cristiana y los socialistas.
¿Por qué no hacer un plebiscito completo y no limitado a la reforma electoral?
Es evidente que la cosmética, aplicada por el profesor Lagos a la Constitución de 1980, no cambió para nada su carácter autoritario. Es seguro que para hacer una reforma que favorezca al Estado docente hay que derogar, radicalmente, el concepto de libertad de mercado, que inspira la Carta Fundamental; en consecuencia, para realizar un solo plebiscito es mejor que propongamos un proyecto de Constitución democrática, derogando la de 1980; si esto no es posible, eliminemos los absurdos quórum de las leyes orgánicas constitucionales legislándose, en todos los casos, por simple mayoría. Como lo afirma Felipe Portales en su libro Chile: una democracia tutelada, si se hubieran mantenido en su redacción original los artículos 65 y 68 de la Constitución de 1980, por la prevaleciente voluntad del presidente de la república, que sólo con un tercio en el senado podía aprobar cualquier proyecto de ley, podía haber cambiando todo el sistema político heredado de la dictadura. Como siempre ha sido, a la Concertación le encantan las ataduras, al igual que los raptados que padecen el síndrome de Estocolmo, y terminan enamorándose de sus verdugos.
Está claro que es perfectamente posible aprobar, de inmediato, el voto de los chilenos residentes en el extranjero; es sólo la chimuchina de los apitutados de la Concertación que impiden este logro. Personalmente, soy partidario de limitar a dos períodos el mandato de diputados, reducir a cuatro años el de los senadores, aunque el ideal sería un parlamento unicameral. Es también evidente que deben desaparecer los gobernadores y los seremis, y elegir, popularmente, al intendente y consejeros regionales. No sería mala idea legislar sobre un proyecto de revocación de mandato de todos los cargos de elección popular. Si vamos a la democracia directa, embarquémonos en serio.
Rafael Luis Gumucio Rivas 11 07 2013
Chile:
Fuentes judiciales informaron del descubrimiento de rieles con los que
se lanzaron al mar cuerpos de presos políticos durante el gobierno
militar de Augusto Pinochet
JUEVES, 31 de JULIO de 2013 20:06 Discrepando
Los
rieles fueron encontrados en las costas de Caldera, 870 kilómetros al
norte de Santiago, gracias a la confesión antes de morir de un militar
que había participado en esas acciones y cuya identidad no fue
revelada.
Hace unos días se subieron a la
superficie los trozos de metal -"menos de cinco" según la agencia
española de noticias EFE- que se sospecha se usaban para impedir que
los cadáveres flotaran y que están siendo estudiados en el Laboratorio
de Criminalística de la Policía de Investigaciones.
El hallazgo se produjo en el marco del
juicio por la llamada Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza
especial Patricia González, sobre una comitiva militar que a fines de
1973 recorrió el país y dejó casi 100 presos políticos ejecutados.
(BBCMundo)
Hallazgo de rieles reflota todo el horror de la dictadura, dice Isabel Allende
Publicado el 01 Agosto 2013
Escrito por Colaboradores- Clarín
Al ser
consultada por el que la información sólo pudo ser obtenida tras la
confesión de un ex militar antes de morir, la parlamentaria fue enfática
en señalar que “son pocos los que finalmente con su conciencia terminan
diciendo lo ocurrido… si fueran otras las personas dispuestas a hablar
habríamos avanzado aún más rapidez para establecer esa verdad y seguir
con el paso siguiente que es el de la justicia”, explicó Isabel Allende.
La parlamentaria por Atacama señaló que esta es una nueva oportunidad para que quienes tengan información la hagan llegar a la justicia y así terminar con el dolor de las familias que aún esperan poder recuperar algo de paz al enterrar a los suyos y así poder cerrar capítulos tan dolorosos. Isabel Allende manifestó “es necesario que la justicia investigue a fondo, ya que este nuevo descubrimiento no habla más que de una máquina criminal horrenda que nunca habíamos conocido en la historia de nuestro país. Que una vez más hay que señalar que es fundamental para el reencuentro de los chilenos la verdad, la justicia y la reparación”, concluyó la parlamentaria.
La parlamentaria por Atacama señaló que esta es una nueva oportunidad para que quienes tengan información la hagan llegar a la justicia y así terminar con el dolor de las familias que aún esperan poder recuperar algo de paz al enterrar a los suyos y así poder cerrar capítulos tan dolorosos. Isabel Allende manifestó “es necesario que la justicia investigue a fondo, ya que este nuevo descubrimiento no habla más que de una máquina criminal horrenda que nunca habíamos conocido en la historia de nuestro país. Que una vez más hay que señalar que es fundamental para el reencuentro de los chilenos la verdad, la justicia y la reparación”, concluyó la parlamentaria.
En Chile hay todavía en trámite 1.268 juicios por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno miiltar de Augusto Pinochet
VIERNES, 01 de MARZO de 2012 21:58 - Discrepando
(BBC).- En Chile hay
todavía en trámite 1.268 juicios por violaciones de los derechos humanos
cometidas durante el gobierno miiltar de Augusto Pinochet, según
anunció este jueves el presidente de la Corte Suprema, Rubén
Ballesteros.
En el marco de la
inauguración oficial del año judicial 2012, Rubén Ballesteros dijo que
el número de causas aumentó significativamente en 2011, con el ingreso
de 726 denuncias correspondientes a casos que no habían sido
investigados antes por la Justicia.
Entre los nuevos casos
estaban la muerte del presidente Salvador Allende, en La Moneda (sede de
Gobierno), el 11 de septiembre de 1973 y el fallecimiento, pocos días
después, del poeta Pablo Neruda, ganador del premio Nobel de Literatura
en 1971.
En su discurso, el
presidente de la Corte Suprema también abordó las críticas que surgieron
el año pasado desde el Gobierno hacia los jueces y fiscales por ser
supuestamente "blandos" con los delincuentes.
En ese sentido, Rubén
Ballesteros pidió respeto por la autonomía del poder judicial,
recordando que la justicia y el Estado de Derecho sólo se pueden
garantizar si quienes hacen cumplir las leyes actúan de forma realmente
independiente.
coordinado por Abel Bo
MARGARITA CAMUS, VICTIMA Y QUERELLANTE, HABLA DE LA FUGA DE LOS REPRESORES JORGE OLIVERA Y GUSTAVO DE MARCHI
“Estos tipos aún tienen contactos y logística”
“Los mecanismos que existen nos parecen totalmente insuficientes y lentos para protegernos.”
Imagen: Gentileza diario El Zonda
La jueza Camus cuenta que la fuga de los represores “fue un mazazo en la nuca. A 21 días de haber logrado la condena, no lo podíamos creer”. Dice que “se minimizaron la capacidad operativa y el nivel de contactos que todavía tienen estos tipos”.
Por Ailín Bullentini - Página 12
“Nerviosa.” “Cansadísima.” “Aterrorizada.” Así se siente la jueza Margarita Camus, sobreviviente de delitos de lesa humanidad en San Juan, víctima y querellante en el juicio que culminó con la condena de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, prófugos desde el miércoles pasado, cuando se fugaron del Hospital Militar Central. En diálogo con este diario, Camus confesó que la noticia de la fuga le cayó “como un mazazo en la nuca” y lamentó la “soledad” en la que se encuentran las víctimas de violaciones a los derechos humanos en San Juan: “No podemos concebir que, después de todo lo que pasamos, tengamos que consolarnos entre víctimas”. Aseguró que por estos días trabajan para presentarse como querellantes en las causas que en Buenos Aires investigan los escapes: “Queremos a todos los responsables”, sentenció.
–¿Cómo reaccionó cuando supo que Olivera y De Marchi se habían fugado?
–Fue un mazazo en la nuca. A 21 días de haber logrado la condena, no lo podíamos creer. Ni siquiera sabíamos del traslado. Esto se actuó en el Juzgado de Instrucción, no notificaron a las querellas. Y la verdad es que la fuga era completamente imaginable. Olivera llega detenido al juicio, lo habían agarrado en Vicente López en 2008 con DNI falso. De Marchi se suma después; estaba prófugo desde que la Cámara de Mendoza lo había excarcelado. Olivera se había escapado de Italia en 2000, cuando se lo empezó a buscar. Ahí había sido abogado de Suárez Mason. No estamos hablando de perejiles.
–¿A quién le atribuye responsabilidades por la fuga?
–Se minimizan la capacidad operativa que todavía tienen estos tipos y el nivel de contactos y capacidad de logística para hacer cosas como ésta. Estos tipos tienen disponibilidad económica, tienen contactos en las Fuerzas Armadas, en la oligarquía y afuera (en el exterior). Por otro lado, la instrucción fue muy conflictiva en cuanto a su avance debido al juez (Leopoldo Rago Gallo) que la desarrolló, que está sospechado de ser cómplice de Miret y Romano. Pero nunca un hecho de esta magnitud.
Camus estuvo detenida en el penal de Chimbas durante la última dictadura militar, desde el día en que sus padres la acompañaron a presentarse ante el Regimiento de Infantería de Montaña número 22, a donde la habían citado. En Chimbas la torturaron y sufrió abusos. En el ’77 la hicieron firmar una declaración falsa, encapuchada, golpeada y con un revólver en la cabeza. “Olivera fue condenado por mi privación ilegítima de la libertad, los tormentos y el abuso sexual que sufrí”, contó. La condena abarcó también otros 50 casos de privaciones ilegítimas y tormentos agravados, más una tortura seguida de muerte y tres homicidios doblemente agravados.
–¿Cómo se comportaron De Marchi y Olivera durante el juicio?
–Burlones, insultantes, amenazantes. Olivera ha sido especialmente agresivo. Nos sobraba a todos durante las ampliaciones de indagatoria que pedía. Ellos piensan que los que no somos milicos somos retardados, entonces se la pasaba explicando cómo era la cadena de mandos, como si estuviera dando clase. Ambos me dedicaron las últimas palabras por ser sobreviviente y querellante y poner 30 años de mi vida para que los juzguen. Acá no existen mecanismos reales para proteger a testigos y a víctimas. Hemos sufrido amenazas, a mis hijas les cortaron el conducto de líquido de frenos (de su auto) en agosto del año pasado. Yo estoy sin teléfono de línea desde que terminó el juicio. Será una casualidad, pero yo a esta altura no creo más en casualidades. Estamos bastante solos. En este momento, los mecanismos que existen nos parecen totalmente insuficientes y lentos para protegernos. Esta situación nos sumergió en la incertidumbre y el temor.
LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE SAN JUAN CONVOCARON A UNA MARCHA
Los prófugos y los cómplices
Los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi en el juicio en el que fueron condenados.
Imagen: Télam
Página 12
Exigen la captura de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, los dos condenados por delitos de lesa humanidad que se fugaron el jueves del Hospital Militar Central, y el juicio a quienes facilitaron la fuga. Se movilizarán al juzgado.
Organismos de derechos humanos de San Juan realizarán hoy una marcha para exigir la captura de los dos condenados por delitos de lesa humanidad que se fugaron el jueves del Hospital Militar Central y el juicio a quienes facilitaron la fuga. “Entendemos que hay muchas irregularidades y que ha habido complicidad o cuanto menos negligencia” de la Justicia, destacó Fernando Martínez, de H.I.J.O.S. San Juan. “Llamamos a la solidaridad al pueblo de San Juan, sin distinción de banderas políticas, para pronunciarnos en conjunto por los valores fundamentales de estos más de 30 años y contra cualquier intento desestabilizador de la democracia consolidada”, dice el comunicado que, entre otros, firman la Asociación de Ex Presos Políticos, la Fundación por la Democracia y los Derechos Humanos, y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de San Juan. La marcha partirá a las 10 de la plaza 25 de Mayo rumbo a la sede del juzgado federal a cargo de Leopoldo Rago Gallo, donde la esposa del represor Jorge Olivera gestionó el traslado que concluyó en la fuga.
Olivera y Gustavo De Marchi, condenados a prisión perpetua y 25 años de cárcel, respectivamente, el 4 de julio, se fugaron luego de conseguir una autorización para ser trasladados más de mil kilómetros hasta el penal de Marcos Paz, primero, y luego al Hospital Militar, donde trabajaba la psicóloga Marta Ravasi de Olivera, gestora del trámite. La fuga derivó en el pase a retiro de siete militares y a disponibilidad de los siete penitenciarios que participaron del traslado, además de una serie de medidas para impedir que procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad sigan siendo asistidos en unidades médicas de las Fuerzas Armadas.
Mientras el Estado ofrece una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información sobre los prófugos, los organismos locales marcharán para exigir a los tres poderes “medidas conducentes para recapturar a los prófugos” y la investigación y juicio a “los cómplices” de la fuga. Además “repudiamos las aberrantes declaraciones de apología del delito de fuga del abogado Eduardo San Emeterio”, defensor de genocidas, quien justificó la fuga en base a las edades y las penas recibidas por Olivera y De Marchi. “Convocamos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles y a la población”, sostiene el comunicado que también firman la APDH, Red por la Identidad, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan, Todos x Raúl, el Foro No a la Trata y el Observatorio de Derechos Humanos de San Juan.
“La marcha no es sólo para exigir que los recapturen sino también para que se investigue a la Justicia y a todos los partícipes y cómplices de la fuga”, explicó Martínez. “Olivera y De Marchi son prófugos reincidentes y el juzgado ni siquiera le informó al Tribunal Oral sobre el traslado”, explicó. “Un par de semanas antes de la sentencia corrió el rumor de una posible fuga, se reforzó la seguridad en el penal y en la sala. Con esos antecedentes, de represores que ya habían estado prófugos, no se pueden escapar, hubo una mano negra que los ha ayudado desde afuera”, agregó. El militante de H.I.J.O.S. dijo que otro reclamo será “que se tomen los recaudos para que víctimas y testigos no tengan problemas de seguridad”. “No queremos tener otro Julio López en San Juan”, dijo en referencia al testigo del juicio a Miguel Etchecolatz desaparecido en 2006. Consultado sobre la respuesta de la dirigencia política tras la fuga, destacó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de San Juan presentó una denuncia para que se investigue la responsabilidad de los jueces Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez, en tanto no hubo pronunciamientos de los actuales candidatos en campaña.
QUITILIPI - CHACO Matan y dejan atada a un árbol a una joven qom
(AW) Una joven qom de 15 años brutalmente asesinada, fue hallada muerta, atada a un árbol por el cuello y con signos evidentes de haber recibido una severa golpiza, en el en el predio de una ex desmotadora en Quitilipi, en inmediaciones del cruce de las rutas nacional N° 16 y provincial N° 4, en la provincia del Chaco.
Quitilipi, 29 de julio de 2013 (ACTA)/ Agencia Rodolfo Walsh
Matan y dejan atada a un árbol semidesnuda a una adolescente indígena.
Ocurrió en la localidad de Quitilipi en la provincia de Chaco. Piden relacionar el caso con otras muertes.
Una joven aborigen fue hallada muerta, semidesnuda, en el predio de una ex desmotadora en Quitilipi, en inmediaciones del cruce de las rutas nacional N° 16 y provincial N° 4, por vecinos que rápidamente dieron aviso a la Policía.
El cuerpo de la chica, de 15 años, estaba atado a un árbol por el cuello, con una prenda de vestir, y presentaba varias lesiones visibles y escoriaciones, lo que, prima facie, evidenciaba que había sido víctima de una golpiza.
Tomó intervención en el caso el fiscal Marcelo Soto, de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien dispuso actuaciones del Gabinete Científico del Poder Judicial y de la División Investigaciones de la Policía, y la realización de la autopsia que permita determinar las causas de la muerte y comprobar si también fue abusada sexualmente.
Poco tiempo después del hallazgo del cadáver, fue detenido un joven de 19 años, domiciliado en el barrio San José, indicado como la última persona en ser visto con la víctima.
La comunidad Qom expresó su repudio y pidió que, expresamente, se vincule el caso con otras muertes que sufridas en la comunidad en este último tiempo.
Fuente:apn.org.ar
Diez años de extractivismo kirchnerista en Argentina
Jueves, 01 de Agosto de 2013 14:25
“Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de
dolor, desalojos y judicialización. Este gobierno no cesa con sus planes
extractivistas, pero estamos de pie y seguiremos en lucha”, resume Paz
Argentina, guía espiritual de la nación warpe.
Argentina. Soya,
minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones,
desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre
campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y
los asesinatos en el campo profundo. Son diez años que dejaron heridas a
lo largo de la Argentina.
El monocultivo de soya abarcaba 12
millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones
de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a
600 (creció mil 500 por ciento). Son sólo dos cifras y dos actividades
que confirman el avance en la última década del extractivismo
(agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el
relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos
rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en
pocas manos, judicialización y represión, y la bienvenida a las
corporaciones.
soja
Cuando Néstor Kirchner asumió la
presidencia, la soya ocupó 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de
las 25 millones de hectáreas cultivadas). En 2012, la soya abarcó 19.8
millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El
fenómeno fue llamado por técnicos y funcionarios de manera eufemística:
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soya transgénica, con uso de
glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de
Agricultura, Felipe Solá, en el gobierno de Carlos Menen. El Estado no
realizó estudios propios; basó su aprobación en informes de las propias
empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario,
gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias,
universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo:
un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (para llegar a
los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de
33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a los 42 millones. No
se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios
campesinos e indígenas.
El avance del agronegocio llega a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifican soya y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un
informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, los 300 millones de litros
por año. Otras consecuencias: hay al menos 200 mil familias expulsadas
del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras:
el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50
por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones
agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En
Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen
casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de
Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el
Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura
Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con
buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones
campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que
falta”.
“En los últimos diez años, las políticas
públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos
han brindado alivio a la resistencia de las economías
campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera
agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de
soya y la comoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y
describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía
nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del
consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de
soya”.
xSeñalan además que “hay muy buenas
condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al
campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es
posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe
legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía
popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el
campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer
la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo,
limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas
nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
La Ley 25.080 fue aprobada por el
menemismo (1999) y subsidia todos los pasos productivos. Las empresas no
deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del
pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA.
Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación
impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen
fiscal de las compañías).
El monocultivo de árboles (con iguales
consecuencias que la soya) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble
(1.2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta
llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas. Misiones concentra el
59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por
ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento). Una sola
multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de
la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del
monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009,
pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008 hasta el 2018,
como pedían las empresas nucleadas en AFOA.
Petróleo
Néstor Kirchner recibió a la empresa
YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso
Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos de
los que ya gozaban las petroleras y gasíferas. También se renovaron las
concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política
hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y
profundización del neoliberalismo de la década de los años noventa. Hubo
renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores
transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios
que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la “estatización
parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que
fuera un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de
que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta,
solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como
un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del
noventa”, afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soya,
se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Una
muestra de eso es que la Organización Federal de los Estados Productores
de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de
tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes
modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la
exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es
en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo
cuestionamiento con la extracción con la técnica de “fractura
hidráulica” (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas
hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar
yacimientos “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”.
Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y
químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y
Bulgaria, y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados
Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco
Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las
entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su
“Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que
“Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica
siete cuencas que involucran a 18 provincias. La semana pasada, YPF
anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para
explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina) y avanzar también en
la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).
La Confederación Mapuche de Neuquén
denunció que se viola toda la legislación indígena (provincial, nacional
e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e
informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que
resistirá el nuevo avance petrolero.
Minería
La Secretaría de Minería de Nación
emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión
(minera)”. Informó sobre el aumento de la exploración en un 664 por
ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord
histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor
dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la
actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos; el
país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las
principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan,
Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (informe
“La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en
estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un
mil 500 por ciento más que en 2003. Nunca antes la minería creció
tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un
discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un
trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los
ambientalistas -luego se supo que era un militante del PJ-) y reconoció
la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3:45
horas, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle,
donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
“En estos últimos diez años la minería
fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los
proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18
que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por
diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo de
2013. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más
creció entre 2003 y 2013”.
Y cita al secretario de Minería, Jorge
Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en
2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes”. Y
destacó que la premisa del Gobierno es “profundizar la visión de
considerar a la Minería como política de Estado”.
Otro dato de importancia sectorial fue
la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI),
en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de
favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para
pequeñas y medianas empresas de servicios nacionales. Es un espacio
gubernamental-empresario para impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio
centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos
de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos
naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada
de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta
sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que
empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la
explotación de yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades
pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería, Esquel (2003) y
Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del
80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido
plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca),
y en Famatina y Chilecito (La Rioja).
Leyes
En la última década el Congreso
Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse
como posibles frenos al extractivismo.
En noviembre de 2006 se
sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos
de comunidades indígenas y ordena relevar, en tres años, todos los
territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar
la ley hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay
provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La Auditoría General de la Nación (AGN)
alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se relevó el cuatro por
ciento de las comunidades y destacó que se desconocía el destino del 70
por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias
para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento
Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres
años de implementación, sobre mil 470 comunidades indígenas se
relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4.22 por ciento”,
denunció la AGN.
La llamada “ley de glaciares” fue
sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22
de octubre de 2008. Se interpreta, de aplicarse, como un virtual freno a
la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de
noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional,
Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a
aprobarse con el nombre formal de Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos
para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe
las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas
aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser
realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por
una medida cautelar debida a una presentación de la empresa Barrick Gold
en San Juan. Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia
ratificó la vigencia de la ley. La norma estableció un plazo de 180 días
para la realización del relevamiento.
En marzo de 2013, el Ianiglia difundió
una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de
Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se
identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3
mil 700 kilómetros cuadrados”.
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero nunca hizo público los informes completos.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida
como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007, pero la
Presidenta tardó 14 meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que
inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, en febrero de 2009,
donde organizaciones sociales y académicos acusaron a la tala selectiva
por venta de madera y por la actividad petrolera.
A cinco años de la sanción de la norma,
en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que -con
base en datos oficiales- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de
Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de
deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de
aproximadamente 280 mil a 230 mil hectáreas al año), sigue siendo muy
elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932 mil
109 hectáreas. Santiago del Estero (399 mil 660), Salta (222 mil 868),
Formosa (113 mil 109) y Chaco (102 mil 592) son las provincias con mayor
deforestación”, afirman las organizaciones no gubernamentales.
El informe, llamado “Ley de Bosques:
cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley
hasta fines de 2012 se deforestaron 1 millón 145 mil 044 hectáreas: 229
mil 9 hectáreas por año, 627 hectáreas por día, 26 hectáreas por hora.
Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1 millón 356 mil 868),
en los últimos nueve años se arrasaron 2 millones 501 mil 912, el
equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones
campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los
desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores
oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no
fue aprobado.
“No soy la Presidenta de las
corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre
de 2011, en el discurso de reasunción del poder en el Congreso
Nacional.
En abril de 2009, la presidenta recibió
en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor
multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en
Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de
glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con
Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo
en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment
económico estadounidense), la presidenta Kirchner anunció: “Hace unos
instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy
importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque
Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos
biotecnológicos. Aquí tengo el prospecto de Monsanto. Una inversión muy
importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con
una nueva semilla de carácter transgénico”.
Monsanto es la mayor corporación del
agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas
(transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de
transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos
meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a
Monsanto una nueva semilla de soya (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un
“preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las
mayores compañías petroleras del mundo; fue condenada en Ecuador a pagar
19 mil millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de
crudo derramado (650 mil barriles), 63 mil millones de litros de agua
tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas
donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la
Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj
Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien
en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada significó el avance
en la restitución y recuperación de derechos conculcados o vulnerados
desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los
noventa, también hay que marcar que en esta década se abrió un nuevo
ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y
denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas,
intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación
masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones
perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y
por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa
articulación ‘público-privada’ por terratenientes sojeros, empresarios
mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz, coautor del libro “15 mitos y
realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la
última década en las provincias ha crecido el “feu-deralismo
extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades
primario-exportadoras contribuyen muy poco a avanzar en la
democratización de las sociedades: “Si bien recuperaron los niveles de
empleo y se redujo la pobreza, también es cierto que creció la
proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros
políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y
recursos asistencialistas”.
Resume al extractivismo como la
“combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las
condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las
condiciones de una democracia sustantiva”.
Pueblos originarios
En mayo de 2010, una histórica marcha de
pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las
celebraciones del “Bicentenario”. Marcharon durante una semana en tres
columnas (NOA, NEA y Patagonia) y fueron recibidos por la presidenta.
Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos
protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los
pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de
esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la
actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser
“inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. Fue la
confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo)
iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la
presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a
ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a
ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando la reunión terminaba, de
imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, amta (guía
espiritual) del pueblo nación warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una
reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema
de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos
-que va a cumplir 200 años- todavía tiene (…) Soy capaz de decirle en la
cara y mirándola a los ojos que tenemos mucha inteligencia. No se trata
sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio
avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y le
aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido
pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute
las leyes”.
A tres años de aquel hecho histórico,
la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta
década unos la dan por ‘ganada’ y otros por ‘perdida’. Para los pueblos
indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y
judicialización. Este gobierno no cesa con sus planes extractivistas,
una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras.
Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un capítulo aparte debe escribirse sobre
la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), de
Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un
símbolo del padecimiento de los pueblos originarios de Argentina y de la
impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de
efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres,
mujeres y niños que cortaron el paso a los camiones de Minera Alumbrera,
símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en
rostros, patadas a mujeres y gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC,
que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y
movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las
transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos
hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan
(…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los
estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar
sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”, señalaron
en comunicado.
En julio de 2012, en Cerro Negro (cruce
de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque
reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el
paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en
democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la
provincia.
En noviembre pasado fue el turno
de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos
golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de
Legislatura.
El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a
asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la
megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un
corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y
organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de
planes sociales). El 24 de mayo fue el turno de comunidades tonocoté en
Santiago del Estero.
Se trata de sólo un puñado de las decenas de
represiones de los últimos años.
La judicialización también está
presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales
judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
contabilizó 347 integrantes del pueblo mapuche judicializados en
Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago
del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas
judiciales por resistir los desalojos.
En los últimos años cinco años se
sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes”
por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones
sociales): Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán),
Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López
(noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010,
pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian
Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván
(octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y
Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa),
Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak
(enero de 2013, qom de La Primavera) y Florentín Díaz (22 de mayo, qom
de Chaco).
Video:
 |
| Postal de la década. "Viva la Pacha Mama", exclaman mientras atrás desmontan. Tomado del video de Gonzalo Infante en el desalojo de 24.5.13 en Santiago del Estero. |
CTA y CGT: unidad en la acción
Rosario: "La protesta de hoy va mucho más allá de las dos centrales"
Viernes 2 de agosto de 2013, por Carlos Saglu
La Central de Trabajadores de la Argentina y la Confederación General del Trabajo marchan juntas hoy en Rosario en defensa de demandas urgentes de la clase trabajadora como la eliminación de los recortes salariales, respetar el 82 por ciento móvil para los jubilados y terminar con la flexibilización laboral entre otras. Mientras se ajustaban los últimos preparativos para la marcha de la que participará el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, ACTA dialogó con Gustavo Martínez, secretario Adjunto de la central rosarina.
-¿Esta marcha de hoy es la consolidación de un cambio de etapa?
Hay
una coyuntura que se abre el 20 de noviembre con el paro conjunto de
las dos centrales que no se ha cerrado. Esto va mucho más allá de las
decisiones que se pueden tomar a nivel de las conducciones de las dos
organizaciones. Se puede medir en la cantidad de organizaciones que
vienen adhiriendo a nuestra medida.
Acá lo que hay es un reclamo muy fuerte de las bases, una necesidad de
poner fin a una serie de atropellos sobre el salario, las condiciones de
trabajo, la dignidad obrera que piden respuesta, no admiten demora.
-¿Cuáles son los ejes de la convocatoria?
Que
de una vez por todas se entienda que el salario no es ganancia. Los
bancos ganan 20 mil millones de pesos anuales, detrás con un porcentaje
parecido están las telefónicas. Sin embargo siguen los despidos y la
flexibilización. Basta recordar el conflicto que tuvimos días atrás en
la metalúrgica Liliana. En tanto, lejos de cobrarle los impuestos a los
capitales que son los verdaderos ganadores de esta década, nos siguen
esquilmando a los trabajadores.
Otro punto central es la demanda del pago del 82 por ciento móvil a los jubilados. Terminar mediante una ley con la tercerización laboral de la cual, el principal cómplice es el Estado. Hay un ejemplo claro, casi no hay dependencia estatal que no haya dejado en manos privadas la seguridad. Areas de las empresas del Estado que dan mucha ganancia siguen en manos privadas. Exigimos la universalización de la asignación universal por hijo para que dejen de existir trabajadores de primera y de segunda.
Hablamos de cambios reales, no de anuncios que no tienen que ver con la realidad tanto del gobierno nacional, como del local, que tratan de maquillarse con vistas al tiempo electoral.
-¿Qué organizaciones marchan?
Sindicato
de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, Sindicato de Camioneros,
Unión Tranviarios Automotor, Asociación de Trabajadores Estatales
Seccional Rosario,
Asociación del Magisterio de Santa Fe, Sindicato de Dragado y
Balizamiento, Sindicato de Recolección y Barrido y Afines, Sindicato
Ceramista, Asociación de Docentes e investigadores de la Universidad
Nacional de Rosario, Asociación del Personal de la Junta Nacional de
Granos, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social,
Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad, Sindicato
Unido de Guardavidas de Rosario y Zonas de Influencia, Unión
Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Sindicato de Médicos de
la República Argentina, Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y
Educación, Sindicato de Panaderos, La Fraternidad, Sindicato del
Personal de la Industria de la Carne, Sindicato de Conductores Navales
de la República Argentina, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales,
Unión Viajantes de Rosario, Sindicato Único de Trabajadores de los
Peajes y Afines, Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos, Nueva
Organización de Trabajadores Estatales de Santa Fe, Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores, Sindicato de Trabajadores Cerveceros
y Afines de Rosario, Sindicato de Peluqueros y Peinadores, Sindicato de
Obreros de Maestranza, Corriente Clasista y Combativa, Agrupación de
Jubilados Héctor Quagliaro, Delegados y miembros de Comisiones Internas
de ACINDAR, General Motors, Banco Credicoop, Banco Macro
y organizaciones estudiantiles, sociales, políticas entre otras.
-Esta marcha que se promete multitudinaria transcurre a días de las elecciones primarias. ¿Implica algún mensaje para los candidatos?
Hay
candidatos dignísimos luchadores, otros que son profesionales de las
promesas incumplidas. Tenemos en claro que a los trabajadores nos toca
cambiar la relación de fuerza movilizados y en la calle. Y eso es lo que
hacemos. Nos queda esperar que los candidatos que se dicen
comprometidos con los intereses de los trabajadores, acompañen en la
acción legislativa, la exigencia de respeto por la dignidad de los
trabajadores, que hoy se materializa en las calles de Rosario, más que
nunca a través de la unidad en la acción.
Hay
una coyuntura que se abre el 20 de noviembre con el paro conjunto de
las dos centrales que no se ha cerrado. Esto va mucho más allá de las
decisiones que se pueden tomar a nivel de las conducciones de las dos
organizaciones. Se puede medir en la cantidad de organizaciones que
vienen adhiriendo a nuestra medida.
Acá lo que hay es un reclamo muy fuerte de las bases, una necesidad de
poner fin a una serie de atropellos sobre el salario, las condiciones de
trabajo, la dignidad obrera que piden respuesta, no admiten demora.-¿Cuáles son los ejes de la convocatoria?
Que
de una vez por todas se entienda que el salario no es ganancia. Los
bancos ganan 20 mil millones de pesos anuales, detrás con un porcentaje
parecido están las telefónicas. Sin embargo siguen los despidos y la
flexibilización. Basta recordar el conflicto que tuvimos días atrás en
la metalúrgica Liliana. En tanto, lejos de cobrarle los impuestos a los
capitales que son los verdaderos ganadores de esta década, nos siguen
esquilmando a los trabajadores.Otro punto central es la demanda del pago del 82 por ciento móvil a los jubilados. Terminar mediante una ley con la tercerización laboral de la cual, el principal cómplice es el Estado. Hay un ejemplo claro, casi no hay dependencia estatal que no haya dejado en manos privadas la seguridad. Areas de las empresas del Estado que dan mucha ganancia siguen en manos privadas. Exigimos la universalización de la asignación universal por hijo para que dejen de existir trabajadores de primera y de segunda.
Hablamos de cambios reales, no de anuncios que no tienen que ver con la realidad tanto del gobierno nacional, como del local, que tratan de maquillarse con vistas al tiempo electoral.
-¿Qué organizaciones marchan?
Sindicato
de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, Sindicato de Camioneros,
Unión Tranviarios Automotor, Asociación de Trabajadores Estatales
Seccional Rosario,
Asociación del Magisterio de Santa Fe, Sindicato de Dragado y
Balizamiento, Sindicato de Recolección y Barrido y Afines, Sindicato
Ceramista, Asociación de Docentes e investigadores de la Universidad
Nacional de Rosario, Asociación del Personal de la Junta Nacional de
Granos, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social,
Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad, Sindicato
Unido de Guardavidas de Rosario y Zonas de Influencia, Unión
Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Sindicato de Médicos de
la República Argentina, Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y
Educación, Sindicato de Panaderos, La Fraternidad, Sindicato del
Personal de la Industria de la Carne, Sindicato de Conductores Navales
de la República Argentina, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales,
Unión Viajantes de Rosario, Sindicato Único de Trabajadores de los
Peajes y Afines, Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos, Nueva
Organización de Trabajadores Estatales de Santa Fe, Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores, Sindicato de Trabajadores Cerveceros
y Afines de Rosario, Sindicato de Peluqueros y Peinadores, Sindicato de
Obreros de Maestranza, Corriente Clasista y Combativa, Agrupación de
Jubilados Héctor Quagliaro, Delegados y miembros de Comisiones Internas
de ACINDAR, General Motors, Banco Credicoop, Banco Macro
y organizaciones estudiantiles, sociales, políticas entre otras.-Esta marcha que se promete multitudinaria transcurre a días de las elecciones primarias. ¿Implica algún mensaje para los candidatos?
Hay
candidatos dignísimos luchadores, otros que son profesionales de las
promesas incumplidas. Tenemos en claro que a los trabajadores nos toca
cambiar la relación de fuerza movilizados y en la calle. Y eso es lo que
hacemos. Nos queda esperar que los candidatos que se dicen
comprometidos con los intereses de los trabajadores, acompañen en la
acción legislativa, la exigencia de respeto por la dignidad de los
trabajadores, que hoy se materializa en las calles de Rosario, más que
nunca a través de la unidad en la acción.
* Equipo de Comunicación de la CTA
ATENCIÓN!! Los cobijadores de los criminales de lesa humanidad continúan con su persecusión de claro contenido fascista. Y tal como los fascistas "eligen" rehenes para "ejemplificar" contra las protestas. El Ministro Bonomi que tiene la desverguenza de decirse dirigente del MLN (Tupamaros), es decir del sello que mantienen "registrado" no vaya a ser que la aplastante mayoría de sus ex-integrantes le den vida, por mínima decencia debería renunciar ya que han sido sus huestes de los grupos de choque policiales los que han provocado y reventado una demostración solidaria pacífica en reconocimiento de la Jueza Mota echada por los esbirros de la SCJ por PEDIDO DEL PRESIDENTE MUJICA (a no olvidarlo!) el supuesto "campeón" de la diversidad que ha tenido el rostro de piedra de predicar lo que contradice en la práctica, tan luego ante el Moncada, en Cuba. Este atropello fascista en marcha NO DEBERÁ PASAR IMPUNE, solidaridad militante con los "elegidos" al estilo Bush, al estilo Guantánamo. El movimiento popular aunque más no sea por instinto de sobrevivencia debe quebrarle la mano al fascismo represivo del falso "progresismo" aliado con la derecha revanchista, y... con los "viejitos" de Mujica (los militares criminales de lesa humanidad) que son los que manejan los hilos. Haga de su asco un inspirador de la protesta y la solidaridad.
URUGUAY: EL LUNES
Suprema Corte de Justicia / cejil.org
Al cumplirse seis meses de los acontecimientos,
suscitados el día en que Mota debía prestar juramento como jueza civil,
la jueza penal Gabriela Merialdo, a pedido del fiscal Gustavo Zubía, citó en calidad de indagados a unas 12 personas. Los comparecientes comenzarán a concurrir desde el lunes y se espera que las indagatorias se extiendan toda la semana.
El fiscal y la jueza intervinientes se encontraban de turno cuando ocurrieron los hechos, por los que les corresponde el caso. Los comparecientes ya fueron indagados por la policía, ante la que debieron declarar por orden de la magistrada.
La jueza y el fiscal tienen a su disposición videos de los incidentes, aportados por los canales de televisión que se hicieron presentes durante la breve ocupación. Con todo el material y las declaraciones la jueza y el fiscal deberán decidir si hubo delitos.
Cabe consignar que la finalidad de la manifestación –que la jueza Mariana Mota continuara entendiendo en casos de militares vinculados a violación de derechos humanos- no tuvo andamiento. La misma Mota presentó un recurso administrativo ante la Suprema Corte contra su traslado de una sede penal a una civil, alegando la inconveniencia de la medida, tomando en cuenta que ella se capacitó especialmente en la materia penal. La Corte confirmó su decisión en base que los jueces deben rotar de materia sin que eso implique una sanción ni una baja de salario.
Las asociaciones Drug Policy Alliance y Open Society Foundation, fueron reconocidas en el programa Entrelíneas de canal 20 del cable TCC, como las que solventan parte de la campaña en Uruguay. Open Society Foundation, está bajo el mando del multimillonario George Soros, uno de los accionistas de Monsanto, y que también apoya públicamente a Drug Policy Alliance.
La evolución que ha tenido el proyecto de ley de regularización en Uruguay, que apunta a que el fuerte de la producción quede en manos privadas, podría ser un negocio multimillonario, además de proyectable en otros países, para Monsanto, que ya logró que sus semillas “registradas”, constituyan el principal rubro exportador uruguayo: la soja transgénica.
José Luis Pardo /
Pol Pareja
El País es Montevideo
/
Madrid
1 AGO 2013 - 21:24 CET
Manifestantes a favor de la legalización de la marihuana frente al Parlamento en Montevideo. / PABLO BIELLI (AFP)
Pérez reiteró que la marihuana “es una bosta con o sin ley”, la calificó como “enemiga del estudiante, del trabajador” y agregó que aunque se apruebe la medida, el problema del narcotráfico “va a seguir pasando”.
“Es un problema cultural serio que va a llevar años remontarlo. El proyecto tal cual vino del (Poder) Ejecutivo no estaba dispuesto a votarlo”, pero destacó el trabajo de sus colegas Sabini y Bango para “mejorarlo”. “A nosotros nos atacó la responsabilidad y la necesidad de meternos a trabajar y transformar cada crítica que teníamos al proyecto en una propuesta”, agregó.
“Este un típico tema que debería ser zanjado por el pueblo oriental, nos guste o no”, finalizó.
Luego y ante la prensa, Pérez reiteró su posición. Manifestó que su voto es "en forma voluntaria y sin presiones. Si me hubieran presionado, no hubieran sacado nada".
Consultado por su argumentación, donde criticó cuestiones del proyecto, dijo que fue "la necesaria para que todos los que estaban mirando, que generalmente son gente que hoy estaban -especialmente los usuarios de marihuana- supieran exactamente a lo que se exponen. Porque capaz que el mensaje no fue claro, sobre todo en los primeros seis meses de tratamiento de esta ley".
Dijo que pertenece al Frente Amplio "y ellos son mis compañeros, entonces voy a correr la misma suerte que ellos pero va a demorar mucho todavía, quizá sea cinco o diez años para ver los efectos de lo que se está haciendo".
"Critiqué el origen, porque no nació del pueblo ni siquiera del FA, nació del Ejecutivo. Un día nos despertamos y había la idea de un proyecto. No es el recorrido adecuado", subrayó.
En la bancada oficialista hay más de un legislador, como Doreen Ibarra que no comparte la iniciativa pero que la apoyará igual por disciplina partidaria.
Los partidos de la oposición anunciaron este mediodía que no acompañarán el proyecto porque lejos de atenuar el consumo lo estimulará. Aseguran que no apoya la educación o prevención de la drogadicción y que por el contrario es totalmente opuesto.
Por el Partido Nacional, el diputado Gerardo Amarilla dijo que hay que entender que la política de represión y prohibición del consumo no ha dado resultados. “Hoy el costo de un cigarrillo de marihuana está en los $ 40, una de pasta base en los $ 90 y una dosis de cocaína anda en los $ 800 o $ 900. Haciendo una evaluación generosa del volumen del cannabis, en el mejor de los casos esta norma pretende incursionar en el 12% del negocio”, dijo Amarilla. “Estamos ensayando, dando un mensaje confuso a la sociedad”, añadió.
El legislador advirtió sobre los riesgos para el consumidor de marihuana de caer en depresión o del desarrollo de otras enfermedades como esquizofrenia y distintos tipos de cáncer. “El problema no es quién vende o quién produce, sino que el problema es que consume mucha gente”, dijo Amarilla.
El diputado colorado Richard Sander, por su parte, recordó que la mayoría de la población está en contra de legalizar la droga. “Esta iniciativa va en contra del fin que persigue, afirmó Sander, que advirtió que "no se puede improvisar sobre el tema salud. La oferta de camas es absolutamente insuficiente. Va a haber problemas".
Además, tampoco creen que la medida vaya a contribuir al combate al narcotráfico, el principal argumento de Mujica.
Según una encuesta de la consultora Cifra divulgada esta semana, el 63% de los uruguayos está en contra del proyecto de regulación de la marihuana, el 26% está a favor y el 11% no opina.
Estos resultados son casi iguales a los registrados un año atrás, en julio de 2012, y en otras dos encuestas (en diciembre de 2012 y en abril de 2013).
Son muy pocos los temas respecto a los cuales la opinión se mantiene tan estable a lo largo de un año. Los votantes de los tres partidos mayores comparten su oposición al proyecto, aunque los blancos y los colorados están casi unánimemente en contra (más de 8 de cada 10) y entre los frentistas solo una mayoría relativa (46%), dice Cifra.
Con respecto a los motivos de la oposición al proyecto, Cifra señala que al menos uno de ellos parece ser que la mayoría no piensa, como argumenta el presidente, que la regulación de la marihuana ayude a combatir el narcotráfico. Solo una minoría, 27%, piensa que disminuirá. El 33% cree que seguirá igual que ahora y el 31% que aumentará.
El País uy
AREA X (Especial para Urgente24) – En Area X ya hemos dado cuenta de cómo grandes intereses transnacionales están haciendo lobby en la Argentina y el mundo para conseguir la despenalización de la marihuana (que no es lo mismo que la legalización). Principalmente las sospechas recaen sobre George Soros, quien como accionista de Monsanto impulsa proyectos de despenalización del cannabis a través de su fundación Open Society y la Drug Pollicy Alliance, que cuenta con la membresía de ex militares, jefes de inteligencia y banqueros de la FED (ver notas relacionadas)
Mientras Monsanto investiga sobre marihuana transgénica y la compañía de software habla de lanzar su propia marca de esta planta, la DPA y Open Society buscan conseguir que un primer país permita el libre consumo de la sustancia para abrir un nuevo mercado regulado por sus propios intereses.
En Uruguay algunos medios se han puesto de sobre aviso, aunque parecen llegar un poco tarde teniendo en cuenta que el debate legislativo podría definirse hoy con el voto de Darío Pérez. El lobby de Monsanto en Uruguay fue denunciado en la TV y así lo relata el sitio web de la LR21:
La campaña televisiva en Uruguay para la “regulación responsable” de la marihuana, a un costo de U$S100.000 estaría siendo financiada en parte por fondos del exterior, provenientes de organizaciones directamente vinculadas con la multinacional Monsanto que, a su vez, planea patentar una nueva semilla de marihuana transgénica en su beneficio.
Las asociaciones Drug Policy Alliance y Open Society Foundation, fueron reconocidas en el programa Entrelíneas de canal 20 del cable TCC, como las que solventan parte de la campaña en Uruguay. Open Society Foundation, está bajo el mando del multimillonario George Soros, uno de los accionistas de Monsanto, y que también apoya públicamente a Drug Policy Alliance.
La evolución que ha tenido el proyecto de ley de regularización en Uruguay, que apunta a que el fuerte de la producción quede en manos privadas, podría ser un negocio multimillonario, además de proyectable en otros países, para Monsanto, que ya logró que sus semillas “registradas”, constituyan el principal rubro exportador uruguayo: la soja transgénica.
Según publica el periodista Leonardo Haberkorn, el vínculo entre los intereses de la multinacional, la campaña publicitaria, y los intereses por la patente sobre la marihuana, son al menos, coincidentes.
Otro fenómeno “coincidente” se registra en México y USA
El ex director de estrategia corporativa de Microsoft, Jamen Shively, anunció que planea la creación de la primera marca nacional de marihuana en los Estados Unidos, con cannabis que espera importar desde México. La nueva empresa tiene ya sede en Seattle, y espera convertirse en líder del cannabis tanto recreativo como medicinal en la nación norteamericana.
El empresario señaló que tendrá una financiación inicial de U$S10 millones para su proyecto, que abarcaría en principio a los dos estados americanos que legalizaron la marihuana recreativa y a los 18 que la permiten para uso medicinal.
“Es un mercado gigante en busca de una marca. Estaríamos felices si tenemos el 40% de la marihuana en todo el mundo”, dijo Shively en declaraciones que publica El Mundo, de España.
CUMPLIENDO ORDENES
por Hugo Bruschi
Las cámaras de gas y los hornos crematorios, funcionaban las 24 horas del día. Los vecinos de Auschwitz decían no saber de que se trataba, pero algo era evidente: los trenes cargados de gente ingresaban constantemente al campo de concentración. Y cuando estos campos de exterminio son liberados, a la capitulación del Tercer Reich, todos los responsables de estos crímenes contra la humanidad, fueron llevados a juicio. Bueno.....no todos. El Vaticano se encargó de otorgarles a unos cuantos que zafaron antes, el salvoconducto de Dios y pudieron viajar a Sud América, bien lejos de aquellas tareas fatigosas. Un merecido descanso como quien Dice.
Una vez en Nuremberg, muchos de aquellos acusados que no pudieron huir, argumentaron que cumplian órdenes, es decir lo que se dió en llamar "la debida obediencia" al mando. Este argumento tiene como fin, crear el beneficio de la duda, pues como es sabido, aquél que se negara a cumplir con esas órdenes, podría correr el destino de sus víctimas.
No sabemos si funcionó como atenuante a la hora de las condenas, pero es evidente que hay una diferencia entre el oficial y el soldado. Y esto se refleja en el grado de responsabilidades. Un poco más acá en el tiempo y cuando creimos superada aquella etapa del desprecio por la vida humana, nos encontramos ante otro genocidio y también ante los mismos argumentos. Los juicios en la República Argentina recoge muchos ejemplos en este sentido. Y otra vez la duda de si aquél hombre fue obligado por las circunstancias, a cometer delitos que su conciencia rechazaba. Como es sabido, los represores, los torturadores y criminales siempre buscan involucrar a más gente en estas tareas. De este modo se aseguran el silencio. Pero que pasa cuando un eslabón de esa cadena de impunidad se rompe? Vaya uno a saber.... También existen ejemplos de quienes han esperado 40 años para hablar. No hace mucho en Uruguay una mujer rompió el silencio y dió a conocer algunos de los métodos usados por la OCOA. De los fines perseguidos, sabemos muy poco y tal vez sólo se trate de un lavado de conciencia. Tal vez alguien pueda acusarme de ingenuo, pero yo confieso que en lo más íntimo de mi ser, siempre prefiero creer que no todos los que participaron en la represión, eran carne podrida. Quiero pensar y seguir creyendo en el ser humano. Prefiero darles una oportunidad, si es que actuan con sinceridad y relatan los delitos a los que fueron obligados.
En el día de ayer, el Parlamento uruguayo votó un proyecto de legalización de la marihuana, contra la voluntad del 63% de la población y con la ignorancia y desinformación del resto. Ya tiempo atrás, publiqué unos comentarios acerca de la droga, por lo que no caeré en reiteraciones innecesarias. Voy a decir sí, que el argumento empleado, que no es otro que disputarle el mercado al narcotráfico, me resulta inmoral desde todos los ángulos. Deberemos confiar de ahora en más, que el proxenetismo no se expanda porque de lo contrario ya estaríamos a la puerta de su legalización y de este modo el estado a través de una cómoda cuota mensual, las protegería con custodia policial, de los "fiolos" que le chupan la sangre.En este rubro también se mueve mucho dinero. Pero al margen de apagar estos incendios con nafta y combatir la droga con más droga, quiero hacer referencia a un caso de "obediencia"
Un diputado -cuyo voto estaba en duda - dada su discrepancia con el proyecto legalizador, dijo que era consciente que la droga era una "bosta" y era consciente también del daño que provoca en los jóvenes. Pero votó a favor y aquí no podremos argumentar que su vida corría peligro y que por tanto tuvo que votar. Además nos aseguró que "no fue presionado por nadie, pues nada hubieran conseguido". Entonces, que lo llevó a votar contra su conciencia? Dice que fueron sus compañeros y que dentro de 5 o 10 años se verán los resultados de esta obra. No habrán también aquí ciertos códigos no escritos que mejor no violarlos? Temió acaso por la continuidad en la silla o la pertenencia al equipo ganador? Porqué dice una cosa y hace todo lo contrario, acaso para dejar constancia que la disciplina partidaria es más fuerte que los principios? Trata de curarse en salud? Qué autoridad divina lo autorizó a este Sr. a enviarle esta "bosta" como él mismo reconoce, a nuestros jóvenes? Yo pienso que la responsabilidad de este hombre es Mayor que la de los nazis que "cumplían órdenes" pues temían por sus vidas. Si bien no arrojó ninguna cápsula de cianuro ni alimentó la temperatura de ningún horno, acaba de confesar que nadie lo presionó, pero igual terminó votando un proyecto irresponsable "que no nació del Pueblo" según sus palabras y que arrojará funestas consecuencias sobre la población jóven. Estaremos ante una nueva versión de "como te digo una cosa hago la otra"? Y para estos delitos ideológicos, en donde no se puede argumentar falta de conocimiento de causa, no existen tribunales de conducta? No tendría la ciudadanía que exigirle la renuncia a un representante que en forma irresponsable vota a pesar de estar en contra? Yo puedo discrepar con el voto de alguien que vota convencido, pero jamás puedo aceptar que alguien vote contra su propia conciencia. Qué garantías nos ofrecen personas como éstas?
Uno se pregunta asimismo, que mecanismos fueron puestos en funcionamiento, que renunciamientos fueron necesarios, que silencios y agachadas fueron imprescindibles, para que un proyecto político que nació con esperanzas de cambio, pueda haberse prostituido de tal forma. Y son los mismos que mañana atacaran a los funcionarios de la salud por irresponsables, a los maestros y profesores por perjudicar a nuestros pibes. Maestros que a partir de ahora, tendrán que controlar también, ciertos inocentes "germinales" que algún niño por error traiga de su casa, no sea cosa que nos llevemos alguna sorpresa.
Mujica ante el Moncada hablo de la diversidad. Xavier lo mismo cuando fué electa en las internas. Ahí si que los HECHOS NOS SEPARAN. El cinismo de las cúpulas verticalistas y castradoras de la participación de las bases tiene razón de ser en la lucha de camarillas por el CONTROL TOTAL Y ABSOLUTO DEL APARATO. Para ello todas las voces o actitudes díscolas y disidentes con el canto del coro sospechosamente unánime de los funcionarios, son acalladas, sancionadas, amenazadas, calumniadas y ensuciadas. Diversidad o perversidad?
Ocupación popular de la Suprema Corte de Justicia: inician indagatoria judicial
Los incidentes originados tras el traslado de la jueza Mariana Mota, especializada en delitos de Derechos Humanos y trasladada a la justicia civil, que culminaron con una breve ocupación popular de la planta baja de la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero, comenzarán a ser indagados por la justicia penal que citó para el lunes a algunos participantes del hecho.
Jueves 01 de agosto de 2013 | 10:04 La República uy
Suprema Corte de Justicia / cejil.orgTodos ya fueron indagados por la policía
Los comparecientes más conocidos a nivel público, son el ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza, el dirigente de ADEOM, Aníbal Varela, la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el activista Álvaro Jaume.El fiscal y la jueza intervinientes se encontraban de turno cuando ocurrieron los hechos, por los que les corresponde el caso. Los comparecientes ya fueron indagados por la policía, ante la que debieron declarar por orden de la magistrada.
La jueza y el fiscal tienen a su disposición videos de los incidentes, aportados por los canales de televisión que se hicieron presentes durante la breve ocupación. Con todo el material y las declaraciones la jueza y el fiscal deberán decidir si hubo delitos.
Cabe consignar que la finalidad de la manifestación –que la jueza Mariana Mota continuara entendiendo en casos de militares vinculados a violación de derechos humanos- no tuvo andamiento. La misma Mota presentó un recurso administrativo ante la Suprema Corte contra su traslado de una sede penal a una civil, alegando la inconveniencia de la medida, tomando en cuenta que ella se capacitó especialmente en la materia penal. La Corte confirmó su decisión en base que los jueces deben rotar de materia sin que eso implique una sanción ni una baja de salario.
Justicia citó a 12 indagados por ocupación
El lunes declaran primeros indagados por la asonada
A casi seis meses del incidente, la jueza
penal Gabriela Merialdo comenzará el lunes a tomar declaraciones a los
indagados por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del
pasado 15 de febrero.
El 15 de febrero unas 300 personas coparon la sede de la SCJ. Foto: Inés Guimaraens.
Pablo Meléndrez El País uy
El traslado de la jueza Mariana Mota de una
sede penal a una civil generó malestar en organizaciones sociales y
grupos de izquierda, ya que la magistrada -que tenía a su cargo la mitad
de los casos por violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura- tuvo varios choques con las defensas de los militares debido a
sus interpretaciones jurídicas.
Mota debía prestar juramento ante los ministros de la SCJ como nueva jueza civil en el mediodía del viernes 15 de febrero. El acto protocolar era de carácter público, por lo que unas 300 personas se hicieron presentes en la sede de la Corporación para transmitirle su apoyo a la jueza.
La ocupación de la sede de la SCJ motivó que el juramento de Mota en su nuevo cargo se retrasara casi tres horas, ya que recién se pudo cumplir con la instancia formal cuando los manifestantes abandonaron el edificio, luego de gestiones que realizó en persona el entonces jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández.
Los ministros de la SCJ, molestos por la situación, radicaron una denuncia policial y otra penal para que se investigue a los implicados en la ocupación, que podría haber configurado el delito de asonada.
Entre las personas que tuvieron que declarar ante la Policía se encuentran Zabalza, el dirigente de Adeom Aníbal Varela, la integrante de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites y activista y expreso político Álvaro Jaume.
Tras analizar el contenido de las declaraciones policiales, la jueza Merialdo, a pedido del fiscal Zubía, citó en calidad de indagados al juzgado a unas 12 personas. Los interrogatorios comenzarán el próximo lunes y se extenderán durante toda la semana, dijeron fuentes judiciales a El País.
A nivel judicial, el caso recayó en la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía, que por entonces se encontraban de turno. En abril, por orden de la magistrada, la Jefatura de Policía de Montevideo citó a declarar a varios de los implicados en el incidente.
Luego de las declaraciones de la próxima semana, la jueza Merialdo y el fiscal Zubía tendrá que decidir si los implicados incurrieron en delito.
Además de los testimonios de los indagados, la magistrada y el representante del Ministerio Público analizarán los registros fílmicos de los incidentes, que fueron aportados a la causa por los canales de televisión que ese día estaban presentes en la sede de la SCJ.
Por otra parte, el juez Roberto Timbal y el fiscal Gilberto Rodríguez aún esperan realizar las primeras citaciones en el marco de la indagatoria abierta en torno a los incidentes de la noche martes 4 de junio y la madrugada del miércoles 5 tras los festejos de la hinchada de Peñarol por la obtención del Campeonato Uruguayo donde se registraron daños en el Centro de Montevideo.
Por orden del juez Timbal, la Policía pidió la realización de fotografías a los videos de los incidentes, en base a los cuales se intentará individualizar a los responsables. Una vez que esa medida se cumpla, el juzgado librará las primeras citaciones a los implicados.
En los disturbios registrados tras los festejos de Peñarol hubo importantes daños en comercios y vehículos del Centro de Montevideo. En especial tuvo lugar un ataque contra el Palacio de los Tribunales, ubicado frente de la sede de la SCJ, donde se destrozaron los vidrios. El costo de las reparaciones fue valuado en $ 600 mil, según informó en su momento el Poder Judicial.
Mota debía prestar juramento ante los ministros de la SCJ como nueva jueza civil en el mediodía del viernes 15 de febrero. El acto protocolar era de carácter público, por lo que unas 300 personas se hicieron presentes en la sede de la Corporación para transmitirle su apoyo a la jueza.
Espera.
Sin embargo, los manifestantes ingresaron en gran número al edificio que alberga el principal órgano del Poder Judicial con cánticos y gritos en rechazo del traslado de la magistrada. "Queremos que se suspenda el acto", dijo el histórico líder tupamaro Jorge Zabalza, presente en la movilización.La ocupación de la sede de la SCJ motivó que el juramento de Mota en su nuevo cargo se retrasara casi tres horas, ya que recién se pudo cumplir con la instancia formal cuando los manifestantes abandonaron el edificio, luego de gestiones que realizó en persona el entonces jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández.
Los ministros de la SCJ, molestos por la situación, radicaron una denuncia policial y otra penal para que se investigue a los implicados en la ocupación, que podría haber configurado el delito de asonada.
Entre las personas que tuvieron que declarar ante la Policía se encuentran Zabalza, el dirigente de Adeom Aníbal Varela, la integrante de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites y activista y expreso político Álvaro Jaume.
Tras analizar el contenido de las declaraciones policiales, la jueza Merialdo, a pedido del fiscal Zubía, citó en calidad de indagados al juzgado a unas 12 personas. Los interrogatorios comenzarán el próximo lunes y se extenderán durante toda la semana, dijeron fuentes judiciales a El País.
A nivel judicial, el caso recayó en la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía, que por entonces se encontraban de turno. En abril, por orden de la magistrada, la Jefatura de Policía de Montevideo citó a declarar a varios de los implicados en el incidente.
Luego de las declaraciones de la próxima semana, la jueza Merialdo y el fiscal Zubía tendrá que decidir si los implicados incurrieron en delito.
Además de los testimonios de los indagados, la magistrada y el representante del Ministerio Público analizarán los registros fílmicos de los incidentes, que fueron aportados a la causa por los canales de televisión que ese día estaban presentes en la sede de la SCJ.
Por otra parte, el juez Roberto Timbal y el fiscal Gilberto Rodríguez aún esperan realizar las primeras citaciones en el marco de la indagatoria abierta en torno a los incidentes de la noche martes 4 de junio y la madrugada del miércoles 5 tras los festejos de la hinchada de Peñarol por la obtención del Campeonato Uruguayo donde se registraron daños en el Centro de Montevideo.
Por orden del juez Timbal, la Policía pidió la realización de fotografías a los videos de los incidentes, en base a los cuales se intentará individualizar a los responsables. Una vez que esa medida se cumpla, el juzgado librará las primeras citaciones a los implicados.
En los disturbios registrados tras los festejos de Peñarol hubo importantes daños en comercios y vehículos del Centro de Montevideo. En especial tuvo lugar un ataque contra el Palacio de los Tribunales, ubicado frente de la sede de la SCJ, donde se destrozaron los vidrios. El costo de las reparaciones fue valuado en $ 600 mil, según informó en su momento el Poder Judicial.
Mantuvo traslado
La jueza Mariana Mota presentó un recurso administrativo ante la SCJ contra su traslado de una sede penal a una civil. La magistrada alegó la inconveniencia de la medida, tomando en cuenta que ella se capacitó especialmente en la materia penal. Pero la Corporación, en una resolución de fines de junio, confirmó su decisión en base que los jueces deben rotar de materia sin que eso implique una sanción ni una baja de salario.Comunicado COFE Actividad Viernes 2-8
Se van despejando los humos (de marihuana) y tras el telón aparece la mano tinta en sangre de Monsanto, de multinacionales y multimillonarios yanquis, una y otra vez aparece la garra del imperio que está utilizando a Uruguay como rata de laboratorio para siniestros planes de control ocultos bajo el verde manto de la "liberalización". Mujica y el FA que votó en "orden cerrado" asumen una gran responsabilidad histórica y si se da que Monsanto se queda con la banca en este juego de ocultamiento, habrán oficiado de cretinos útiles de esta multinacional que los habrá usado para continuar con sus bastardos planes. Esta historia no terminó, recién está empezando.
La campaña televisiva en Uruguay para la “regulación responsable” de la marihuana, a un costo de U$S100.000 estaría siendo financiada en parte por fondos del exterior, provenientes de organizaciones directamente vinculadas con la multinacional Monsanto que, a su vez, planea patentar una nueva semilla de marihuana transgénica en su beneficio.Las asociaciones Drug Policy Alliance y Open Society Foundation, fueron reconocidas en el programa Entrelíneas de canal 20 del cable TCC, como las que solventan parte de la campaña en Uruguay. Open Society Foundation, está bajo el mando del multimillonario George Soros, uno de los accionistas de Monsanto, y que también apoya públicamente a Drug Policy Alliance.
La evolución que ha tenido el proyecto de ley de regularización en Uruguay, que apunta a que el fuerte de la producción quede en manos privadas, podría ser un negocio multimillonario, además de proyectable en otros países, para Monsanto, que ya logró que sus semillas “registradas”, constituyan el principal rubro exportador uruguayo: la soja transgénica.
Uruguay rompe un tabú en la lucha contra el tráfico de drogas
El Estado asumirá la producción y venta de marihuana para uso recreativo
La ONU advierte de que Mujica incumple los tratados sobre estupefacientes
Manifestantes a favor de la legalización de la marihuana frente al Parlamento en Montevideo. / PABLO BIELLI (AFP)
Uruguay ha dado un paso al frente en el debate sobre la
despenalización de las drogas en América Latina. No solo será el primer
país latinoamericano que despenalizará su consumo, sino que se
convertirá en el primero en el mundo que gestionará y regulará la
producción de marihuana para uso recreativo. La medianoche del pasado
miércoles el Congreso uruguayo aprobó un proyecto de ley que permitirá
al Estado controlar el negocio del cannabis, permitir su autocultivo y
ponerlo a la venta en las farmacias. La decisión no ha gustado nada a la
ONU, que ayer emitió un comunicado a través de la Junta Internacional
de Control de Estupefacientes (JIFE), expresando su “preocupación” por
la legalización y afirmando que está en “completa contravención” con los
tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte.
“La ley intenta una regulación, no es que sea un viva la pepa”, defendió ayer el presidente uruguayo, José Mujica, en la emisora de radio local M24. “Se intenta terminar con la clandestinidad. Identificar y tener un mercado a la luz del día”, analizó.
En los últimos tiempos han surgido en el continente —el más azotado por la violencia y la corrupción derivada del narcotráfico— múltiples voces, cada vez menos aisladas, que reclaman una vía alternativa al modelo represivo para luchar contra el narcotráfico. El año pasado, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, abanderó durante unos meses una corriente de opinión que promulgaba la legalización de las drogas. El expresidente de México, Vicente Fox, declaró recientemente: “Cultivaría marihuana si estuviera permitido”. También el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, apoyó hace un año las intenciones del Gobierno uruguayo. Otras voces como las del premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, o los exsecretarios de la ONU y la OTAN, Kofi Annan y Javier Solana, también se han mostrado a favor de la despenalización. Sin embargo solo en Uruguay, bajo el mandato del exguerrillero Mujica, esta corriente se ha transformado en algo plausible.
Aún a falta de que el proyecto de ley pase por el Senado y se elabore el reglamento, los ejes de la futura legalización están claros. El Estado asumirá el control y otorgará licencias a algunas empresas para que realicen la distribución y producción. “Somos un país chico, con unas 20 hectáreas (unos 30 campos de fútbol) tendríamos suficiente”, calcula Sebastián Sabini, uno de los principales autores del proyecto y diputado del Frente Amplio, la coalición de partidos en el Gobierno. Cada cultivador podrá tener seis plantas, se podrán constituir clubes de cannabis de hasta 45 miembros y 99 plantas y cada usuario —mayor de edad y residente en Uruguay— tendrá una cuota de 40 gramos mensuales para su consumo, que deberá adquirir en las farmacias. “Estamos en un contexto de aumento de los decomisos y de presos por el tráfico de drogas y, sin embargo, el fenómeno no cesa, la inseguridad pública y el consumo han aumentado”, explica Sabini. Según los cálculos del Gobierno hay unos 180.000 consumidores (aproximadamente el 5,5% de la población) y unos 3.000 reos cumpliendo penas por narcotráfico.
El proyecto de regulación de la marihuana ha sido uno de los que más se le han enquistado a Mujica, que durante su mandato ha aprobado otras leyes sociales muy progresistas para la región, como la del aborto o la del matrimonio homosexual. El 63% de los uruguayos se oponen a la ley, según la última encuesta divulgada esta semana por la consultora Cifra. “Somos un país de viejos, nos cuesta mucho entender y atender a los jóvenes”, aseguró Mujica, quién expresó su deseo de que la ley esté acompañada por un mayor respaldo social.
En el terreno político también existe una gran división. La sesión en la cámara legislativa en la que se discutió la medida duró 14 horas. Finalmente los dirigentes del Frente Amplio hicieron valer su mayoría y la medida se aprobó con 50 votos a favor y 49 en contra.
En España, la portavoz del Plan Nacional sobre Drogas se abstiene de comentar “decisiones de Estados soberanos”, aunque considera que “no existen razones sociales ni de salud para favorecer un comercio legal del cannabis” en nuestro país. En su opinión, la legalización de la planta supondría un aumento de su consumo, una banalización de sus efectos, una disminución en la edad de inicio y un incremento de los costes sanitarios. Además, fuentes del organismo consideran que si no se legaliza en todo el continente americano podría suponer un “efecto llamada” que haría “aumentar el trapicheo”.
La legislación vigente en Uruguay, aprobada en 1974 bajo la dictadura militar, permite el consumo de marihuana y otras drogas pero prohíbe la producción y el comercio. Juan Vaz, uno de los fundadores de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), estuvo preso 11 meses después de que la policía le encontrara un cultivo en su casa. La AECU calcula que en Uruguay hay unos 10.000 cultivadores y que con la nueva ley se sumarán otros tantos. Vaz, que lleva 20 años cultivando la planta y que ha asesorado al Ejecutivo en la elaboración de la ley, defiende que “no es una ley ideal, pero es mucho mejor de lo que hay. Al menos se quiebra el paradigma de la prohibición respecto a las drogas”.
· EE UU permite la compra y venta de marihuana para uso medicinal, con receta médica, en 17 Estados y en el distrito de Columbia. Colorado y Washington también legalizaron, en noviembre de 2012, el uso recreativo de la planta, permitiendo la posesión de una onza (28 gramos) por persona. Dichas regulaciones chocan con la legislación federal y está por ver si podrán aplicarse. Se calcula que las ventas de marihuana medicinal ascendieron a entre 1.200 y 4.000 millones de dólares en 2012 (entre 900 y 3.000 millones de euros), según el Medical Marijuana Business Daily.
· Holanda es tolerante de facto con los coffee shops, pequeñas tiendas donde se vende y consume, pero nunca las legalizó formalmente. El cultivo está prohibido hasta el punto de que mucha marihuana consumida en los coffee shops holandeses ha sido cultivada fuera del país. Además, el consumo se restringe a nacionales.
·España no castiga el consumo privado, pero sí el público y la tenencia con una falta administrativa. Diversas sentencias judiciales que reconocen la producción para autoconsumo han hecho proliferar las asociaciones cannábicas, sobre todo en Cataluña y País Vasco, que se basan en un cultivo colectivo que se divide en tantas partes como socios tenga la asociación. En el Parlamento vasco existe una Comisión de Salud con el objetivo de buscar una “solución regulada de la actividad de los denominados clubes sociales de cannabis”. E Luxemburgo, Bélgica y Portugal sancionan con multa la tenencia para uso personal, si bien su persecución no es una prioridad. La República Checa aprobó en mayo su venta en farmacias para enfermos de cáncer, psoriasis, esclerosis múltiple o párkinson. Argentina aprobó el pasado noviembre su autocultivo.
· Otros países siguen criminalizando al consumidor. Es el caso de EE UU (a nivel federal), Reino Unido, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Finlandia y la mayoría de los latinoamericanos.
El País uy
“La ley intenta una regulación, no es que sea un viva la pepa”, defendió ayer el presidente uruguayo, José Mujica, en la emisora de radio local M24. “Se intenta terminar con la clandestinidad. Identificar y tener un mercado a la luz del día”, analizó.
En los últimos tiempos han surgido en el continente —el más azotado por la violencia y la corrupción derivada del narcotráfico— múltiples voces, cada vez menos aisladas, que reclaman una vía alternativa al modelo represivo para luchar contra el narcotráfico. El año pasado, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, abanderó durante unos meses una corriente de opinión que promulgaba la legalización de las drogas. El expresidente de México, Vicente Fox, declaró recientemente: “Cultivaría marihuana si estuviera permitido”. También el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, apoyó hace un año las intenciones del Gobierno uruguayo. Otras voces como las del premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, o los exsecretarios de la ONU y la OTAN, Kofi Annan y Javier Solana, también se han mostrado a favor de la despenalización. Sin embargo solo en Uruguay, bajo el mandato del exguerrillero Mujica, esta corriente se ha transformado en algo plausible.
Aún a falta de que el proyecto de ley pase por el Senado y se elabore el reglamento, los ejes de la futura legalización están claros. El Estado asumirá el control y otorgará licencias a algunas empresas para que realicen la distribución y producción. “Somos un país chico, con unas 20 hectáreas (unos 30 campos de fútbol) tendríamos suficiente”, calcula Sebastián Sabini, uno de los principales autores del proyecto y diputado del Frente Amplio, la coalición de partidos en el Gobierno. Cada cultivador podrá tener seis plantas, se podrán constituir clubes de cannabis de hasta 45 miembros y 99 plantas y cada usuario —mayor de edad y residente en Uruguay— tendrá una cuota de 40 gramos mensuales para su consumo, que deberá adquirir en las farmacias. “Estamos en un contexto de aumento de los decomisos y de presos por el tráfico de drogas y, sin embargo, el fenómeno no cesa, la inseguridad pública y el consumo han aumentado”, explica Sabini. Según los cálculos del Gobierno hay unos 180.000 consumidores (aproximadamente el 5,5% de la población) y unos 3.000 reos cumpliendo penas por narcotráfico.
El proyecto de regulación de la marihuana ha sido uno de los que más se le han enquistado a Mujica, que durante su mandato ha aprobado otras leyes sociales muy progresistas para la región, como la del aborto o la del matrimonio homosexual. El 63% de los uruguayos se oponen a la ley, según la última encuesta divulgada esta semana por la consultora Cifra. “Somos un país de viejos, nos cuesta mucho entender y atender a los jóvenes”, aseguró Mujica, quién expresó su deseo de que la ley esté acompañada por un mayor respaldo social.
En el terreno político también existe una gran división. La sesión en la cámara legislativa en la que se discutió la medida duró 14 horas. Finalmente los dirigentes del Frente Amplio hicieron valer su mayoría y la medida se aprobó con 50 votos a favor y 49 en contra.
En España, la portavoz del Plan Nacional sobre Drogas se abstiene de comentar “decisiones de Estados soberanos”, aunque considera que “no existen razones sociales ni de salud para favorecer un comercio legal del cannabis” en nuestro país. En su opinión, la legalización de la planta supondría un aumento de su consumo, una banalización de sus efectos, una disminución en la edad de inicio y un incremento de los costes sanitarios. Además, fuentes del organismo consideran que si no se legaliza en todo el continente americano podría suponer un “efecto llamada” que haría “aumentar el trapicheo”.
La legislación vigente en Uruguay, aprobada en 1974 bajo la dictadura militar, permite el consumo de marihuana y otras drogas pero prohíbe la producción y el comercio. Juan Vaz, uno de los fundadores de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), estuvo preso 11 meses después de que la policía le encontrara un cultivo en su casa. La AECU calcula que en Uruguay hay unos 10.000 cultivadores y que con la nueva ley se sumarán otros tantos. Vaz, que lleva 20 años cultivando la planta y que ha asesorado al Ejecutivo en la elaboración de la ley, defiende que “no es una ley ideal, pero es mucho mejor de lo que hay. Al menos se quiebra el paradigma de la prohibición respecto a las drogas”.
La situación de la marihuana en el mundo
P. PAREJA· EE UU permite la compra y venta de marihuana para uso medicinal, con receta médica, en 17 Estados y en el distrito de Columbia. Colorado y Washington también legalizaron, en noviembre de 2012, el uso recreativo de la planta, permitiendo la posesión de una onza (28 gramos) por persona. Dichas regulaciones chocan con la legislación federal y está por ver si podrán aplicarse. Se calcula que las ventas de marihuana medicinal ascendieron a entre 1.200 y 4.000 millones de dólares en 2012 (entre 900 y 3.000 millones de euros), según el Medical Marijuana Business Daily.
· Holanda es tolerante de facto con los coffee shops, pequeñas tiendas donde se vende y consume, pero nunca las legalizó formalmente. El cultivo está prohibido hasta el punto de que mucha marihuana consumida en los coffee shops holandeses ha sido cultivada fuera del país. Además, el consumo se restringe a nacionales.
·España no castiga el consumo privado, pero sí el público y la tenencia con una falta administrativa. Diversas sentencias judiciales que reconocen la producción para autoconsumo han hecho proliferar las asociaciones cannábicas, sobre todo en Cataluña y País Vasco, que se basan en un cultivo colectivo que se divide en tantas partes como socios tenga la asociación. En el Parlamento vasco existe una Comisión de Salud con el objetivo de buscar una “solución regulada de la actividad de los denominados clubes sociales de cannabis”. E Luxemburgo, Bélgica y Portugal sancionan con multa la tenencia para uso personal, si bien su persecución no es una prioridad. La República Checa aprobó en mayo su venta en farmacias para enfermos de cáncer, psoriasis, esclerosis múltiple o párkinson. Argentina aprobó el pasado noviembre su autocultivo.
· Otros países siguen criminalizando al consumidor. Es el caso de EE UU (a nivel federal), Reino Unido, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Finlandia y la mayoría de los latinoamericanos.
Los Gráficos de Gabriel Carbajales
Junta de Drogas dice que se violarían otros tratados sobre DD.HH.
ONU advierte a Uruguay violación de tratado sobre drogas ilícitas
La ONU advirtió ayer a Uruguay que se
expone a violar tratados internacionales si se aprueba la legalización
de la marihuana. El gobierno admite que su posición no cumple
estrictamente la Convención contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes.
En la noche del miércoles, la Cámara votó por 50 en 96 el proyecto de legalización de la marihuana. A.Martínez
El órgano de la ONU encargado de vigilar el
cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas mostró ayer su
"preocupación" por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto
de ley que despenaliza la producción y distribución de marihuana.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dijo en un comunicado que de aprobarse definitivamente dicha ley -falta el Senado-, estaría en "completa contravención" con las disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte.
La JIFE aseguró que siempre ha tenido como objetivo mantener un diálogo con las autoridades uruguayas sobre esta materia, y lamentó que el gobierno de Uruguay se negara a recibir a una misión de este organismo antes de presentar el proyecto de ley.
La Junta, formada por trece expertos, instó a las autoridades uruguayas a que aseguren que el país sigue cumpliendo de forma completa el derecho internacional, y a limitar el uso de estupefacientes, incluido el cannabis, exclusivamente para fines médicos y científicos.
Según los expertos, de aprobarse esta ley podría tener "graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso indebido de cannabis entre los jóvenes", por lo que pidieron a las autoridades que consideren "todas las consecuencias posibles antes de tomar una decisión".
La posición de la JIFE va en línea con lo que opinan algunos juristas en Uruguay. Carlos Álvarez Cozzi, experto en derecho penal internacional, dijo a El País que de aprobarse la ley que regula la venta de marihuana Uruguay "pasaría a violar" la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en 1988 y que se conoce como Convención de Viena.
"Con esto Uruguay pasaría a violar un tratado que ha ratificado, y todo país que viola una regulación de este tipo se expone a sanciones internacionales. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU podría emitir un comunicado contra Uruguay", dijo Álvarez Cozzi.
La Convención de Viena prevé en su artículo 3° que los países firmantes deberán penar la "producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica".
Álvarez Cozzi explicó que "ningún país puede violar un tratado internacional alegando la aprobación de una ley interna, sino que en todo caso lo que se debe hacer es denunciar el convenio para dejar de aplicarlo".
Su colega Edison González Lapeyre, experto en derecho internacional, dijo a El País que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados "es violatorio de la Convención de ONU sobre Estupefacientes". Consultado sobre las consecuencias que podría generar para Uruguay si el proyecto finalmente es ley, González Lapeyre indicó: "El derecho internacional no tiene un gendarme que uno lo lleve preso ni le aplique medidas sancionatorias, pero sería un factor de desprestigio para Uruguay a nivel internacional".
"Es lo que ha hecho desde hace 33 años sistemáticamente con Holanda y supongo que habrá hecho lo mismo con Estados Unidos", por la posición de los estados de Washington y Colorado, que despenalizaron el consumo de marihuana.
Según Calzada, el gobierno "comparte la preocupación" de la JIFE sobre el problema de las drogas y el narcotráfico, pero aseguró que en Uruguay "vamos a trabajar con otras herramientas porque las que tenemos en la actualidad no nos dan los resultados que esperamos".
Calzada también respondió la posición del organismo de la ONU en cuanto a que la legalización de la comercialización y producción de la marihuana viola convenios internacionales. En ese sentido, dijo que el gobierno se afilia a la tesis del abogado Leonardo Costa en cuanto a que se incumplirían los tratados sobre derechos humanos "si se siguiera estrictamente el tratado de Viena sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas".
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dijo en un comunicado que de aprobarse definitivamente dicha ley -falta el Senado-, estaría en "completa contravención" con las disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte.
La JIFE aseguró que siempre ha tenido como objetivo mantener un diálogo con las autoridades uruguayas sobre esta materia, y lamentó que el gobierno de Uruguay se negara a recibir a una misión de este organismo antes de presentar el proyecto de ley.
La Junta, formada por trece expertos, instó a las autoridades uruguayas a que aseguren que el país sigue cumpliendo de forma completa el derecho internacional, y a limitar el uso de estupefacientes, incluido el cannabis, exclusivamente para fines médicos y científicos.
Según los expertos, de aprobarse esta ley podría tener "graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso indebido de cannabis entre los jóvenes", por lo que pidieron a las autoridades que consideren "todas las consecuencias posibles antes de tomar una decisión".
La posición de la JIFE va en línea con lo que opinan algunos juristas en Uruguay. Carlos Álvarez Cozzi, experto en derecho penal internacional, dijo a El País que de aprobarse la ley que regula la venta de marihuana Uruguay "pasaría a violar" la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en 1988 y que se conoce como Convención de Viena.
"Con esto Uruguay pasaría a violar un tratado que ha ratificado, y todo país que viola una regulación de este tipo se expone a sanciones internacionales. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU podría emitir un comunicado contra Uruguay", dijo Álvarez Cozzi.
La Convención de Viena prevé en su artículo 3° que los países firmantes deberán penar la "producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica".
Álvarez Cozzi explicó que "ningún país puede violar un tratado internacional alegando la aprobación de una ley interna, sino que en todo caso lo que se debe hacer es denunciar el convenio para dejar de aplicarlo".
Su colega Edison González Lapeyre, experto en derecho internacional, dijo a El País que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados "es violatorio de la Convención de ONU sobre Estupefacientes". Consultado sobre las consecuencias que podría generar para Uruguay si el proyecto finalmente es ley, González Lapeyre indicó: "El derecho internacional no tiene un gendarme que uno lo lleve preso ni le aplique medidas sancionatorias, pero sería un factor de desprestigio para Uruguay a nivel internacional".
Otras herramientas.
La respuesta del gobierno la dio el secretario de la Junta Nacional de la Droga, Julio Calzada. El funcionario minimizó la posición de la JIFE. "Es lo que naturalmente un organismos que se dedica a la fiscalización de esto hace", dijo."Es lo que ha hecho desde hace 33 años sistemáticamente con Holanda y supongo que habrá hecho lo mismo con Estados Unidos", por la posición de los estados de Washington y Colorado, que despenalizaron el consumo de marihuana.
Según Calzada, el gobierno "comparte la preocupación" de la JIFE sobre el problema de las drogas y el narcotráfico, pero aseguró que en Uruguay "vamos a trabajar con otras herramientas porque las que tenemos en la actualidad no nos dan los resultados que esperamos".
Calzada también respondió la posición del organismo de la ONU en cuanto a que la legalización de la comercialización y producción de la marihuana viola convenios internacionales. En ese sentido, dijo que el gobierno se afilia a la tesis del abogado Leonardo Costa en cuanto a que se incumplirían los tratados sobre derechos humanos "si se siguiera estrictamente el tratado de Viena sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas".
PROYECTO VOTADO EN DIPUTADOS
Los principales puntos del proyecto son la venta de marihuana en farmacias, el autocultivo para uso personal, los clubes de cannabis y las prohibiciones similares a las del tabaco.El Estado regulará y los privados producirán
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en la noche del miércoles pone en manos del Estado la regulación de la importación, exportación, plantación, almacenamiento y distribución de cannabis. La producción queda en manos de privados.Farmacias podrán vender hasta 40 gramos de droga
Se autoriza al Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) a otorgar licencias para la venta de marihuana en farmacias. Se permite el retiro de hasta 40 gramos mensuales por usuario; para poder hacerlo hay que registrarse.Autocultivo de hasta seis plantas por hogar
El articulado habilita la plantación de hasta seis plantas de marihuana por hogar para uso personal o compartido, esto equivale a un máximo de 480 gramos anuales.Clubes de membresía
El Ircca podrá autorizar la plantación de marihuana a clubes de membresía, los cuales deben tener un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios. Podrán plantar hasta 99 plantas y hacer un acopio anual.Investigaciones científicas y uso medicinal
El proyecto autoriza la plantación, el cultivo, la cosecha para fines de investigación así como para la industrialización con fines farmacéuticos. Se permiten los jarabes, extractos y aceites, cuyo contenido de tetrahidrocarbocannabinol (principal constituyente psicoactivo) sea igual o superior al 1% de su volumen.Prisión para los que planten sin autorización
El que sin autorización legal produzca marihuana puede ser castigado con pena de 20 meses de prisión hasta 10 años de penitenciaría.Prevención del consumo
El sistema de educación pública deberá disponer políticas para la prevención del uso problemático de cannabis por medio de la inclusión curricular en Primaria y Secundaria.Publicidad y auspicio de eventos
Queda prohibida cualquier tipo de publicidad directa o indirecta o patrocinio de productos de consumo psicoactivo.Rigen las mismas prohibiciones que para el tabaco
Queda prohibida la venta de marihuana a menores de 18 años e incapaces. Los conductores quedan inhabilitados para conducir vehículos en zonas urbanas, suburbanas o rurales cuando la concentración de la droga en el organismo sea superior a la permitida en la reglamentación. En caso de incumplimiento se podrá retener la licencia de conducir.Ahora en el Frente Amplio pretenden que el Senado la sancione en octubre
Pérez: "Es una bosta, con o sin ley"
El diputado frenteamplista Darío Pérez
dijo que con o sin ley, la marihuana es una "bosta", pero igual votó
anoche. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto a la hora 23.28, por
50 votos a favor (todos del Frente Amplio) y 46 en contra.
Los dos diputados argumentaron en contra pero votaron junto con el resto de la bancada. M.I.Hiriart
Valeria Gil / Daniel Isgleas - El País uy
Pérez, diputado por Maldonado por el sector
Liga Federal, mantuvo el misterio sobre su votación hasta caer la tarde,
cuando le tocó hablar y para alivio de su bancada, anunció que votaría
el proyecto.
De todos modos, pronunció uno de los discursos más fuertes en contra de la legalización de la marihuana, como lo había hecho en oportunidad de la ley que despenalizó el aborto, solo que ahí se levantó e hizo que su suplente votara a favor.
Una vez aprobada en Diputados, el Frente Amplio pretende que la legalización de la producción (a cargo de privados) y comercialización (a través de la red de farmacias) de la marihuana se sancione en el Senado en octubre. "Me parece que un plazo de tres meses es un tiempo prudencial para el estudio en el Senado, pero eso lo van a terminar de definir ellos", dijo anoche a El País el diputado socialista Julio Bango.
Luis Gallo, senador de Asamblea Uruguay, informó a El País que el proyecto ingresará a estudio de la Comisión de Salud del Senado luego de que se aprueben los proyectos de reproducción asistida y la internación compulsiva de los adictos a la pasta base.
Ayer el senador de Asamblea Uruguay Carlos Baraibar dijo anoche a El País que no tiene posición sobre el proyecto de la marihuana. "No digo ni sí ni no", expresó.
Baráibar dijo que esperará a reunirse con la bancada en las próximas semanas para tomar una decisión.
El legislador cuestionó la forma en que se gestó la iniciativa, que según dijo "no nació en el seno del pueblo, ni en el corazón de un comité de base", sino que se hizo "exactamente al revés de lo que se debería haber hecho" al impulsar su aprobación con el 63% de la ciudadanía en contra, según una encuesta de la consultora Cifra.
"Vamos a hacer parir una ley en un contexto que no es el ideal y yo escuché, no importa que se enoje algún alcahuete, que el presidente (José Mujica) dijo que si esto no contaba con el 60% no corría", insistió Pérez. En ese marco contó que en una reunión que mantuvo con el mandatario pidió que se revierta la posición de impulsar la legalización de la marihuana.
Pérez dijo que el proyecto original de artículo único no era votable, pero con las modificaciones introducidas para la instalación de centros de atención a adictos en poblaciones de más de 10.000 habitantes se logró el 85% de lo reclamado por la Liga Federal y el Fidel.
Vázquez nunca se pronunció sobre el proyecto de legalización de la marihuana, pero sí marcó que ninguna droga es buena para la salud.
Fuentes del Frente Amplio dijeron a El País que en la bancada había tranquilidad respecto a la posición que iba a asumir Pérez, porque volcarse contra una decisión del Plenario de la coalición de izquierda le costaría la posibilidad de presentarse como candidato a la Intendencia de Maldonado.
"Algunas posiciones me han dolido porque han venido de compañeros dentro del Frente Amplio y he recorrido todas las instancias para repensar este proyecto y pregunté varias veces a todos los compañeros si estaban dispuestos a seguir con esto, incluso al presidente de la República", sostuvo Pérez.
En ese sentido, el legislador opinó que una vez aprobada la ley debería ser sometida a consulta popular por lo que planteará al Frente Amplio esa posibilidad.
"Este es un típico tema que debería ser zanjado por el pueblo oriental para los que nos guste o no. Uno no puede ir ni atrás del pueblo ni adelante del pueblo. Creo que hasta a la ley le hace bien que esto estuviera en otro contexto y creo que todavía hay tiempo para un gran diálogo nacional, y esto se lo quiero pedir al presidente de la República".
Por su parte, los diputados Richard Sander (Partido Colorado) y Verónica Alonso (Partido Nacional) anunciaron que juntarán firmas para someter la ley a un referéndum, tal como se hizo con el aborto.
La exposición de Pérez fue compartida por el diputado Doreen Ibarra (Fidel), quien manifestó que a su entender el Frente Amplio "se equivoca" al votar por primera vez "algo que no tiene que ver con lo que piensa la ciudadanía". Sin embargo, Ibarra destacó las modificaciones al proyecto porque la propuesta del Ejecutivo "tenía grandes falencias".
Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se expresaron cuestionamientos a la legalización de la marihuana. El diputado nacionalista Pablo Iturralde confesó haber probado marihuana en su juventud. En tanto, Luis Lacalle Pou recordó que en 2010 presentó un proyecto para legalizar el autocultivo que no contó con el apoyo del Frente Amplio.
En la bancada de Vamos Uruguay, los diputados Fernando Amado y Aníbal Gloodtdofsky pidieron autorización para votar en particular los articulos referidos al autocultivo, pero no se les permitió hacerlo debido a que había una resolución formal del sector en contra del proyecto.
Al votarse en particular, varios legisladores blancos de UNA lo hicieron en favor de los artículos del proyecto sobre el autocultivo. Asimismo, hubo apoyo de blancos y colorados a los artículos restrictivos de publicidad y que establecen la inclusión de pautas educativas sobre el tema en los programas de enseñanza.
El diputado del MPP habló por la mayoría de la comisión de Adicciones. Explicó que la idea de esta ley es "regular un mercado" que ya existe. "Lo que hacemos es dar garantías a los usuarios porque de lo contrario los impulsaríamos a ir al mercado negro, a una boca", dijo. "Esta propuesta no busca ser un ejemplo para el mundo ni para la región, sino dar respuesta a los problemas de la población", añadió. Rechazó el "mito" de que la marihuana es una droga de inicio, y sostuvo que "es falso" que el cannabis "incite a consumir otras drogas". La sociedad "regula otras drogas más peligrosas pero no las prohíbe", como el tabaco o el alcohol, afirmó.
Para el diputado nacionalista "podríamos sustituir la palabra cannabis por cocaína o pasta base y encajaría en la lógica" que justifica planteo oficial. Advirtió sobre los riesgos para el consumidor de marihuana de caer en depresión o del desarrollo de otras enfermedades como esquizofrenia y distintos tipos de cáncer, según informes médicos presentados en la comisión de Adicciones. Amarilla pronosticó que con esta ley "se va a dar un apoyo del consumo". "El problema no es quién vende o quién produce la marihuana, sino que el problema es que la consume mucha gente. Lamentamos el rumbo que se quiere tomar", sostuvo el legislador nacionalista.
Recordó que la mayoría de la población está en contra de legalizar la droga. "Esta iniciativa va en contra del fin que persigue", afirmó y advirtió que "no se puede improvisar sobre el tema salud". Sander hizo proyectar un video donde jóvenes del departamento de Rivera hablaban sobre lo difícil que era tratar de salir del consumo de drogas. Los testimonios coincidieron en que estas personas ingresaron a la droga a través de la marihuana. Anunció que recogerá firmas buscando derogar la ley. Cuestionó que la ley no prevea una provisión adecuada de recursos porque cree que así "no podrá trabajarse en la prevención o rehabilitación de adictos".
Fue el último miembro informante de la oposición, y votó en contra del proyecto. "Todo el mundo sabe dónde ir a consumir marihuana", dijo, y añadió que "el sistema perverso que se tiene en la sociedad es responsable de que todo el dinero del consumo en el mercado vaya a parar a manos del narcotráfico". Radío dijo que lo primero es que el consumidor de marihuana no termine en la pasta base porque el proveedor se la ofrece o es más barata. "La marihuana no es inocua, como el tabaco o el alcohol, la manteca o la sal de mesa. Que un consumo no sea problemático no quiere decir que no se controle. A nadie se le ocurre prohibir la sal de mesa".
De todos modos, pronunció uno de los discursos más fuertes en contra de la legalización de la marihuana, como lo había hecho en oportunidad de la ley que despenalizó el aborto, solo que ahí se levantó e hizo que su suplente votara a favor.
Una vez aprobada en Diputados, el Frente Amplio pretende que la legalización de la producción (a cargo de privados) y comercialización (a través de la red de farmacias) de la marihuana se sancione en el Senado en octubre. "Me parece que un plazo de tres meses es un tiempo prudencial para el estudio en el Senado, pero eso lo van a terminar de definir ellos", dijo anoche a El País el diputado socialista Julio Bango.
Luis Gallo, senador de Asamblea Uruguay, informó a El País que el proyecto ingresará a estudio de la Comisión de Salud del Senado luego de que se aprueben los proyectos de reproducción asistida y la internación compulsiva de los adictos a la pasta base.
¿Otra vez en duda?.
Sin embargo, la situación de indefinición que había ganado ayer el ambulatorio de la Cámara de Diputados puede trasladarse ahora al Senado, donde oficialismo y oposición también están separados por apenas un voto: en el Frente Amplio hay quince senadores más el vicepresidente Danilo Astori; la oposición suma quince. Por eso, un voto del Frente Amplio que falte dejaría automáticamente la mayoría en manos de la oposición.Ayer el senador de Asamblea Uruguay Carlos Baraibar dijo anoche a El País que no tiene posición sobre el proyecto de la marihuana. "No digo ni sí ni no", expresó.
Baráibar dijo que esperará a reunirse con la bancada en las próximas semanas para tomar una decisión.
"Una bosta".
La intervención de Pérez fue la más esperada de toda la jornada, debido a que la duda acerca de si votaría o no el proyecto se mantuvo hasta último momento. "La marihuana es una bosta con o sin ley, es enemiga del estudiante y del trabajador", dijo Pérez, médico.El legislador cuestionó la forma en que se gestó la iniciativa, que según dijo "no nació en el seno del pueblo, ni en el corazón de un comité de base", sino que se hizo "exactamente al revés de lo que se debería haber hecho" al impulsar su aprobación con el 63% de la ciudadanía en contra, según una encuesta de la consultora Cifra.
"Vamos a hacer parir una ley en un contexto que no es el ideal y yo escuché, no importa que se enoje algún alcahuete, que el presidente (José Mujica) dijo que si esto no contaba con el 60% no corría", insistió Pérez. En ese marco contó que en una reunión que mantuvo con el mandatario pidió que se revierta la posición de impulsar la legalización de la marihuana.
Pérez dijo que el proyecto original de artículo único no era votable, pero con las modificaciones introducidas para la instalación de centros de atención a adictos en poblaciones de más de 10.000 habitantes se logró el 85% de lo reclamado por la Liga Federal y el Fidel.
Maldonado.
Entre las razones para cambiar de opinión y apoyar el proyecto, Pérez sostuvo que pesó el convencimiento de que Tabaré Vázquez será el próximo presidente de la República y opere como "un aliado en la educación" sobre los riesgos del consumo de cannabis, los que dijo son muy variados y afectan la salud. Además valoró como positivo el hecho de que el Poder Ejecutivo remitiera ayer al Parlamento el proyecto que regula el expendio de alcohol.Vázquez nunca se pronunció sobre el proyecto de legalización de la marihuana, pero sí marcó que ninguna droga es buena para la salud.
Fuentes del Frente Amplio dijeron a El País que en la bancada había tranquilidad respecto a la posición que iba a asumir Pérez, porque volcarse contra una decisión del Plenario de la coalición de izquierda le costaría la posibilidad de presentarse como candidato a la Intendencia de Maldonado.
"Algunas posiciones me han dolido porque han venido de compañeros dentro del Frente Amplio y he recorrido todas las instancias para repensar este proyecto y pregunté varias veces a todos los compañeros si estaban dispuestos a seguir con esto, incluso al presidente de la República", sostuvo Pérez.
En ese sentido, el legislador opinó que una vez aprobada la ley debería ser sometida a consulta popular por lo que planteará al Frente Amplio esa posibilidad.
"Este es un típico tema que debería ser zanjado por el pueblo oriental para los que nos guste o no. Uno no puede ir ni atrás del pueblo ni adelante del pueblo. Creo que hasta a la ley le hace bien que esto estuviera en otro contexto y creo que todavía hay tiempo para un gran diálogo nacional, y esto se lo quiero pedir al presidente de la República".
Por su parte, los diputados Richard Sander (Partido Colorado) y Verónica Alonso (Partido Nacional) anunciaron que juntarán firmas para someter la ley a un referéndum, tal como se hizo con el aborto.
La exposición de Pérez fue compartida por el diputado Doreen Ibarra (Fidel), quien manifestó que a su entender el Frente Amplio "se equivoca" al votar por primera vez "algo que no tiene que ver con lo que piensa la ciudadanía". Sin embargo, Ibarra destacó las modificaciones al proyecto porque la propuesta del Ejecutivo "tenía grandes falencias".
Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se expresaron cuestionamientos a la legalización de la marihuana. El diputado nacionalista Pablo Iturralde confesó haber probado marihuana en su juventud. En tanto, Luis Lacalle Pou recordó que en 2010 presentó un proyecto para legalizar el autocultivo que no contó con el apoyo del Frente Amplio.
En la bancada de Vamos Uruguay, los diputados Fernando Amado y Aníbal Gloodtdofsky pidieron autorización para votar en particular los articulos referidos al autocultivo, pero no se les permitió hacerlo debido a que había una resolución formal del sector en contra del proyecto.
Al votarse en particular, varios legisladores blancos de UNA lo hicieron en favor de los artículos del proyecto sobre el autocultivo. Asimismo, hubo apoyo de blancos y colorados a los artículos restrictivos de publicidad y que establecen la inclusión de pautas educativas sobre el tema en los programas de enseñanza.
La cifra
1.340
cantidad de kilos de marihuana incautada en lo que va del año; en 2012 fueron 1.848LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS
Sebastián Sabini
FRENTE AMPLIOEl diputado del MPP habló por la mayoría de la comisión de Adicciones. Explicó que la idea de esta ley es "regular un mercado" que ya existe. "Lo que hacemos es dar garantías a los usuarios porque de lo contrario los impulsaríamos a ir al mercado negro, a una boca", dijo. "Esta propuesta no busca ser un ejemplo para el mundo ni para la región, sino dar respuesta a los problemas de la población", añadió. Rechazó el "mito" de que la marihuana es una droga de inicio, y sostuvo que "es falso" que el cannabis "incite a consumir otras drogas". La sociedad "regula otras drogas más peligrosas pero no las prohíbe", como el tabaco o el alcohol, afirmó.
Gerardo Amarilla
PARTIDO NACIONALPara el diputado nacionalista "podríamos sustituir la palabra cannabis por cocaína o pasta base y encajaría en la lógica" que justifica planteo oficial. Advirtió sobre los riesgos para el consumidor de marihuana de caer en depresión o del desarrollo de otras enfermedades como esquizofrenia y distintos tipos de cáncer, según informes médicos presentados en la comisión de Adicciones. Amarilla pronosticó que con esta ley "se va a dar un apoyo del consumo". "El problema no es quién vende o quién produce la marihuana, sino que el problema es que la consume mucha gente. Lamentamos el rumbo que se quiere tomar", sostuvo el legislador nacionalista.
Richard Sander
PARTIDO COLORADORecordó que la mayoría de la población está en contra de legalizar la droga. "Esta iniciativa va en contra del fin que persigue", afirmó y advirtió que "no se puede improvisar sobre el tema salud". Sander hizo proyectar un video donde jóvenes del departamento de Rivera hablaban sobre lo difícil que era tratar de salir del consumo de drogas. Los testimonios coincidieron en que estas personas ingresaron a la droga a través de la marihuana. Anunció que recogerá firmas buscando derogar la ley. Cuestionó que la ley no prevea una provisión adecuada de recursos porque cree que así "no podrá trabajarse en la prevención o rehabilitación de adictos".
Daniel Radío
PARTIDO INDEPENDIENTEFue el último miembro informante de la oposición, y votó en contra del proyecto. "Todo el mundo sabe dónde ir a consumir marihuana", dijo, y añadió que "el sistema perverso que se tiene en la sociedad es responsable de que todo el dinero del consumo en el mercado vaya a parar a manos del narcotráfico". Radío dijo que lo primero es que el consumidor de marihuana no termine en la pasta base porque el proveedor se la ofrece o es más barata. "La marihuana no es inocua, como el tabaco o el alcohol, la manteca o la sal de mesa. Que un consumo no sea problemático no quiere decir que no se controle. A nadie se le ocurre prohibir la sal de mesa".
hay quienes pretenden llevar la iniciativa a consulta popular
Se aprobó proyecto de legalización de la marihuana; 50 votos contra 46
A las 23:28 horas la Cámara de Diputados
aprobó el proyecto de ley que regula la venta y control del mercado de
la marihuana, tras un extenso debate que comenzó en horas de la mañana.
El proyecto ahora pasará a Cámara de Senadores.
Darío Pérez junto a los diputados del FA Sebastian Sabani y Alfredo Asti. Foto: María Inés Hiriart
mié jul 31 2013 23:45 El País uy
El diputado Darío Pérez votó a favor de la ley
sobre marihuana, tras la polémica desatada sobre su voto. Pero
igualmente criticó que la medida no haya nacido "en el seno del pueblo o
del comité de base, tampoco en la fuerza política (…) es exactamente al
revés de cómo se tendría que haber hecho esto. Se debió hacer un gran
congreso del pueblo”, apuntó.
El
legislador de (Liga Federal) lanzó duras críticas a la forma en que se
gestó la medida durante su oratoria en la Cámara de Diputados. "Me
parece peligroso gobernar sin tener en cuenta la opinión del pueblo",
dijo, pero aclaró que "pertenezco al FA y ellos son mis compañeros,
entonces voy a correr la misma suerte que ellos ya sean 5 o 10 años para
ver los efectos", de la iniciativa del gobierno.
Su decisión fue clave para el Ejecutivo y el Frente Amplio, ya que la oposición no acompañó la medida.Pérez reiteró que la marihuana “es una bosta con o sin ley”, la calificó como “enemiga del estudiante, del trabajador” y agregó que aunque se apruebe la medida, el problema del narcotráfico “va a seguir pasando”.
“Es un problema cultural serio que va a llevar años remontarlo. El proyecto tal cual vino del (Poder) Ejecutivo no estaba dispuesto a votarlo”, pero destacó el trabajo de sus colegas Sabini y Bango para “mejorarlo”. “A nosotros nos atacó la responsabilidad y la necesidad de meternos a trabajar y transformar cada crítica que teníamos al proyecto en una propuesta”, agregó.
“Este un típico tema que debería ser zanjado por el pueblo oriental, nos guste o no”, finalizó.
Luego y ante la prensa, Pérez reiteró su posición. Manifestó que su voto es "en forma voluntaria y sin presiones. Si me hubieran presionado, no hubieran sacado nada".
Consultado por su argumentación, donde criticó cuestiones del proyecto, dijo que fue "la necesaria para que todos los que estaban mirando, que generalmente son gente que hoy estaban -especialmente los usuarios de marihuana- supieran exactamente a lo que se exponen. Porque capaz que el mensaje no fue claro, sobre todo en los primeros seis meses de tratamiento de esta ley".
Dijo que pertenece al Frente Amplio "y ellos son mis compañeros, entonces voy a correr la misma suerte que ellos pero va a demorar mucho todavía, quizá sea cinco o diez años para ver los efectos de lo que se está haciendo".
"Critiqué el origen, porque no nació del pueblo ni siquiera del FA, nació del Ejecutivo. Un día nos despertamos y había la idea de un proyecto. No es el recorrido adecuado", subrayó.
En la bancada oficialista hay más de un legislador, como Doreen Ibarra que no comparte la iniciativa pero que la apoyará igual por disciplina partidaria.
Los partidos de la oposición anunciaron este mediodía que no acompañarán el proyecto porque lejos de atenuar el consumo lo estimulará. Aseguran que no apoya la educación o prevención de la drogadicción y que por el contrario es totalmente opuesto.
Por el Partido Nacional, el diputado Gerardo Amarilla dijo que hay que entender que la política de represión y prohibición del consumo no ha dado resultados. “Hoy el costo de un cigarrillo de marihuana está en los $ 40, una de pasta base en los $ 90 y una dosis de cocaína anda en los $ 800 o $ 900. Haciendo una evaluación generosa del volumen del cannabis, en el mejor de los casos esta norma pretende incursionar en el 12% del negocio”, dijo Amarilla. “Estamos ensayando, dando un mensaje confuso a la sociedad”, añadió.
El legislador advirtió sobre los riesgos para el consumidor de marihuana de caer en depresión o del desarrollo de otras enfermedades como esquizofrenia y distintos tipos de cáncer. “El problema no es quién vende o quién produce, sino que el problema es que consume mucha gente”, dijo Amarilla.
El diputado colorado Richard Sander, por su parte, recordó que la mayoría de la población está en contra de legalizar la droga. “Esta iniciativa va en contra del fin que persigue, afirmó Sander, que advirtió que "no se puede improvisar sobre el tema salud. La oferta de camas es absolutamente insuficiente. Va a haber problemas".
VEA LA ENCUESTA DE CIFRA
Mayoría en contra; situación seguirá igual o empeorará
Hace un año que el presidente José Mujica
envió al Parlamento el proyecto de legalización del cultivo y
comercialización de la marihuana, y desde entonces las posiciones en
torno al tema no ha variado: 6 de cada 10 está en contra.
Según una encuesta de la consultora Cifra divulgada esta semana, el 63% de los uruguayos está en contra del proyecto de regulación de la marihuana, el 26% está a favor y el 11% no opina.
Estos resultados son casi iguales a los registrados un año atrás, en julio de 2012, y en otras dos encuestas (en diciembre de 2012 y en abril de 2013).
Son muy pocos los temas respecto a los cuales la opinión se mantiene tan estable a lo largo de un año. Los votantes de los tres partidos mayores comparten su oposición al proyecto, aunque los blancos y los colorados están casi unánimemente en contra (más de 8 de cada 10) y entre los frentistas solo una mayoría relativa (46%), dice Cifra.
Con respecto a los motivos de la oposición al proyecto, Cifra señala que al menos uno de ellos parece ser que la mayoría no piensa, como argumenta el presidente, que la regulación de la marihuana ayude a combatir el narcotráfico. Solo una minoría, 27%, piensa que disminuirá. El 33% cree que seguirá igual que ahora y el 31% que aumentará.
El País uy
NI LA MARIHUANA SE SALVA DE MONSANTO
Enviado por guillermo el día 1 agosto, 2013 a la hora 16:20AREA X (Especial para Urgente24) – En Area X ya hemos dado cuenta de cómo grandes intereses transnacionales están haciendo lobby en la Argentina y el mundo para conseguir la despenalización de la marihuana (que no es lo mismo que la legalización). Principalmente las sospechas recaen sobre George Soros, quien como accionista de Monsanto impulsa proyectos de despenalización del cannabis a través de su fundación Open Society y la Drug Pollicy Alliance, que cuenta con la membresía de ex militares, jefes de inteligencia y banqueros de la FED (ver notas relacionadas)
Mientras Monsanto investiga sobre marihuana transgénica y la compañía de software habla de lanzar su propia marca de esta planta, la DPA y Open Society buscan conseguir que un primer país permita el libre consumo de la sustancia para abrir un nuevo mercado regulado por sus propios intereses.
En Uruguay algunos medios se han puesto de sobre aviso, aunque parecen llegar un poco tarde teniendo en cuenta que el debate legislativo podría definirse hoy con el voto de Darío Pérez. El lobby de Monsanto en Uruguay fue denunciado en la TV y así lo relata el sitio web de la LR21:
La campaña televisiva en Uruguay para la “regulación responsable” de la marihuana, a un costo de U$S100.000 estaría siendo financiada en parte por fondos del exterior, provenientes de organizaciones directamente vinculadas con la multinacional Monsanto que, a su vez, planea patentar una nueva semilla de marihuana transgénica en su beneficio.
Las asociaciones Drug Policy Alliance y Open Society Foundation, fueron reconocidas en el programa Entrelíneas de canal 20 del cable TCC, como las que solventan parte de la campaña en Uruguay. Open Society Foundation, está bajo el mando del multimillonario George Soros, uno de los accionistas de Monsanto, y que también apoya públicamente a Drug Policy Alliance.
La evolución que ha tenido el proyecto de ley de regularización en Uruguay, que apunta a que el fuerte de la producción quede en manos privadas, podría ser un negocio multimillonario, además de proyectable en otros países, para Monsanto, que ya logró que sus semillas “registradas”, constituyan el principal rubro exportador uruguayo: la soja transgénica.
Según publica el periodista Leonardo Haberkorn, el vínculo entre los intereses de la multinacional, la campaña publicitaria, y los intereses por la patente sobre la marihuana, son al menos, coincidentes.
Otro fenómeno “coincidente” se registra en México y USA
El ex director de estrategia corporativa de Microsoft, Jamen Shively, anunció que planea la creación de la primera marca nacional de marihuana en los Estados Unidos, con cannabis que espera importar desde México. La nueva empresa tiene ya sede en Seattle, y espera convertirse en líder del cannabis tanto recreativo como medicinal en la nación norteamericana.
El empresario señaló que tendrá una financiación inicial de U$S10 millones para su proyecto, que abarcaría en principio a los dos estados americanos que legalizaron la marihuana recreativa y a los 18 que la permiten para uso medicinal.
“Es un mercado gigante en busca de una marca. Estaríamos felices si tenemos el 40% de la marihuana en todo el mundo”, dijo Shively en declaraciones que publica El Mundo, de España.
Pablo Rossi | Fundación Manantiales
"Mujica le hace el juego a las grandes potencias"
"La salud está deficitaria y lo estará más con la gente que caerá drogada".
-¿Qué opinión tiene respecto al proyecto sobre la producción y comercialización de la marihuana aprobado por Diputados?
-Me parece que es un experimento que no ha sido probado en ningún lugar del mundo y hay grandes intereses creados para que Uruguay sea el primero. Desde magnates que juegan contra las monedas de otros países hasta el mismo narcotráfico que quiere legalizar su negocio. No obstante, el derecho de las personas a comprar y fumar marihuana no puede estar por encima del derecho a la vida y a la salud de la gran mayoría de los uruguayos.
El uruguayo es visto en el mundo como una persona amable, generosa y con una imagen del mate abajo del brazo. Me imagino esta imagen de un uruguayo: con rastas y fumando porro.
-¿Cuáles considera que serán las principales consecuencias de esta ley si es sancionada?
-La percepción de las personas de que la marihuana es inocua, el mercado secundario que va a seguir existiendo. Van a haber vivos que compren 40 gramos para seguir vendiéndola en el mercado ilegal, más gente metida en la droga. Así como hacia 30 años la gente se juntaba a tomar un refresco en un bar, ahora van a tomar una cerveza, de acá a diez años que no nos sorprenda que sea a fumar porro. Es un experimento social que más allá de reparos éticos se podría hacer en países con gran cantidad de población de jóvenes, pero en Uruguay no nos podemos dar ese lujo. Mujica le está haciendo el juego a grandes potencias que quieren usar a Uruguay como laboratorio del patio de atrás. No somos talibanes ni extremistas, decimos que la salud pública está deficitaria y lo va a estar más cuando empiece a caer más gente por problemas de drogas, siendo la marihuana puerta de entrada a otras drogas. Me gustaría saber si esto no es punible penalmente por la aberración que van a hacer.
-¿La medida puede aumentar o disminuir el número de personas con adicción a drogas?
-Va a aumentar la cantidad de fumadores de marihuana y de consumidores de otras drogas. Lo peor es que hay padres que dicen `mi hijo está fumando porro y no hace nada en todo el día` pero si el presidente lo dijo y está legalizado no hay problema. Para los chicos el mensaje es marihuana libre, marihuana buena.
La campaña televisiva en Uruguay para la “regulación responsable” de la marihuana, a un costo de U$S100.000 estaría siendo financiada en parte por fondos del exterior, provenientes de organizaciones directamente vinculadas con la multinacional Monsanto que, a su vez, planea patentar una nueva semilla de marihuana transgénica en su beneficio.
Las asociaciones Drug Policy Alliance y Open Society Foundation, fueron reconocidas en el programa Entrelíneas de canal 20 del cable TCC, como las que solventan parte de la campaña en Uruguay. Open Society Foundation, está bajo el mando del multimillonario George Soros, uno de los accionistas de Monsanto, y que también apoya públicamente a Drug Policy Alliance.
La evolución que ha tenido el proyecto de ley de regularización en Uruguay, que apunta a que el fuerte de la producción quede en manos privadas, podría ser un negocio multimillonario, además de proyectable en otros países, para Monsanto, que ya logró que sus semillas “registradas”, constituyan el principal rubro exportador uruguayo: la soja transgénica.
Según publica el periodista Leonardo Haberkorn, el vínculo entre los intereses de la multinacional, la campaña publicitaria, y los intereses por la patente sobre la marihuana, son al menos, coincidentes.
Otro fenómeno “coincidente” se registra en México y USA
El ex director de estrategia corporativa de Microsoft, Jamen Shively, anunció que planea la creación de la primera marca nacional de marihuana en los Estados Unidos, con cannabis que espera importar desde México. La nueva empresa tiene ya sede en Seattle, y espera convertirse en líder del cannabis tanto recreativo como medicinal en la nación norteamericana.
El empresario señaló que tendrá una financiación inicial de U$S10 millones para su proyecto, que abarcaría en principio a los dos estados americanos que legalizaron la marihuana recreativa y a los 18 que la permiten para uso medicinal.
“Es un mercado gigante en busca de una marca. Estaríamos felices si tenemos el 40% de la marihuana en todo el mundo”, dijo Shively en declaraciones que publica El Mundo, de España.
Educación, salud, vivienda, frigorífico nacional multimodal, retiro de las tropas de Haití, etc, etc. cosas importantes y recordables, definidas en congresos. Ahora, ¿en qué programa estaba la legalización de la droga? Parece que la política del “Lobby” se instala en la izquierda. Los mismos que después llaman corporativos a los sindicatos por reclamar lo que corresponde para los trabajadores. Nadie dice que este proyecto vaya a mejorar nada sustancialmente, ni siquiera el Pepe. Sólo se concilia con la realidad. Y a la vez, en tanto la conciliación supone concesión ideológica y política a la droga, se puede presuponer que el remedio propuesto puede ser peor que la enfermedad. El objetivo no es la salud de los gurises sino tener bajo “control” una parte ínfima del dinero del narcotráfico para tranquilidad de la plaza financiera. Mientras tanto, habrá una droga “mejor”, de más calidad, con áurea aristócrata, legal, para los que pueden pagarla. Y continuará habiendo otra droga “mala”, de peor calidad, más barata para los pobres, traída por el monopolio de los narcos. Habrá dos tipos de adictos, uno “incluido”, con remedio, aceptado por el estatus quo y seguirá habiendo otro tipo excluido, marginado, sin remedio, perseguido. Y sin respuesta a la situación de los más vulnerables, los adolescentes, los más pobres. ¿Para quién se legisla? ¿Para el conjunto más amplio del pueblo y de los trabajadores? ¿O predomina hoy el espíritu de “grupo” también, a la hora de la realización política? reafirmo mi posición contraria a las drogas y a su legalización.
Diego Peña
Publicado en El Muerto
-Me parece que es un experimento que no ha sido probado en ningún lugar del mundo y hay grandes intereses creados para que Uruguay sea el primero. Desde magnates que juegan contra las monedas de otros países hasta el mismo narcotráfico que quiere legalizar su negocio. No obstante, el derecho de las personas a comprar y fumar marihuana no puede estar por encima del derecho a la vida y a la salud de la gran mayoría de los uruguayos.
El uruguayo es visto en el mundo como una persona amable, generosa y con una imagen del mate abajo del brazo. Me imagino esta imagen de un uruguayo: con rastas y fumando porro.
-¿Cuáles considera que serán las principales consecuencias de esta ley si es sancionada?
-La percepción de las personas de que la marihuana es inocua, el mercado secundario que va a seguir existiendo. Van a haber vivos que compren 40 gramos para seguir vendiéndola en el mercado ilegal, más gente metida en la droga. Así como hacia 30 años la gente se juntaba a tomar un refresco en un bar, ahora van a tomar una cerveza, de acá a diez años que no nos sorprenda que sea a fumar porro. Es un experimento social que más allá de reparos éticos se podría hacer en países con gran cantidad de población de jóvenes, pero en Uruguay no nos podemos dar ese lujo. Mujica le está haciendo el juego a grandes potencias que quieren usar a Uruguay como laboratorio del patio de atrás. No somos talibanes ni extremistas, decimos que la salud pública está deficitaria y lo va a estar más cuando empiece a caer más gente por problemas de drogas, siendo la marihuana puerta de entrada a otras drogas. Me gustaría saber si esto no es punible penalmente por la aberración que van a hacer.
-¿La medida puede aumentar o disminuir el número de personas con adicción a drogas?
-Va a aumentar la cantidad de fumadores de marihuana y de consumidores de otras drogas. Lo peor es que hay padres que dicen `mi hijo está fumando porro y no hace nada en todo el día` pero si el presidente lo dijo y está legalizado no hay problema. Para los chicos el mensaje es marihuana libre, marihuana buena.
La campaña televisiva en Uruguay para la “regulación responsable” de la marihuana, a un costo de U$S100.000 estaría siendo financiada en parte por fondos del exterior, provenientes de organizaciones directamente vinculadas con la multinacional Monsanto que, a su vez, planea patentar una nueva semilla de marihuana transgénica en su beneficio.
Las asociaciones Drug Policy Alliance y Open Society Foundation, fueron reconocidas en el programa Entrelíneas de canal 20 del cable TCC, como las que solventan parte de la campaña en Uruguay. Open Society Foundation, está bajo el mando del multimillonario George Soros, uno de los accionistas de Monsanto, y que también apoya públicamente a Drug Policy Alliance.
La evolución que ha tenido el proyecto de ley de regularización en Uruguay, que apunta a que el fuerte de la producción quede en manos privadas, podría ser un negocio multimillonario, además de proyectable en otros países, para Monsanto, que ya logró que sus semillas “registradas”, constituyan el principal rubro exportador uruguayo: la soja transgénica.
Según publica el periodista Leonardo Haberkorn, el vínculo entre los intereses de la multinacional, la campaña publicitaria, y los intereses por la patente sobre la marihuana, son al menos, coincidentes.
Otro fenómeno “coincidente” se registra en México y USA
El ex director de estrategia corporativa de Microsoft, Jamen Shively, anunció que planea la creación de la primera marca nacional de marihuana en los Estados Unidos, con cannabis que espera importar desde México. La nueva empresa tiene ya sede en Seattle, y espera convertirse en líder del cannabis tanto recreativo como medicinal en la nación norteamericana.
El empresario señaló que tendrá una financiación inicial de U$S10 millones para su proyecto, que abarcaría en principio a los dos estados americanos que legalizaron la marihuana recreativa y a los 18 que la permiten para uso medicinal.
“Es un mercado gigante en busca de una marca. Estaríamos felices si tenemos el 40% de la marihuana en todo el mundo”, dijo Shively en declaraciones que publica El Mundo, de España.
Los químicos no se harán responsables del cannabis que vendan las farmacias
Químicos no harán control de marihuana en farmacias
La idea de utilizar las farmacias como un
canal para distribuir marihuana es cuestionada por los químicos, que
advierten que al ser una sustancia recreativa y no un producto de salud
registrado con fines medicinales, no se harán cargo de su control.
Federico Castillo / El País uy
"Para nosotros va a ser como si se vendiera un
osito de peluche", dice el secretario de la Asociación de Química y
Farmacia del Uruguay, Eduardo Savio. Utiliza esta figura para dejar
claro que la marihuana "no es un producto de salud registrado" como tal
en el Ministerio de Salud Pública (MSP), que su uso "no tiene beneficios
claramente demostrados" y que más bien se "utiliza en el marco de las
adicciones" y con fines "recreativos".
Por todo esto, los químicos farmacéuticos, responsables del control y movimiento de cada uno de los medicamentos que se expenden en las farmacias, están evaluando con sus asesores legales "no asumir ninguna responsabilidad" en el manejo de la marihuana.
"A no ser que en la reglamentación de la ley el MSP la reconozca como un producto de la salud, algo que nos parecería demasiado raro", puntualiza Savio. E insiste: "Somos los responsables de todos los productos de la salud registrados en el MSP; como esto no se trata de un producto de la salud no entra en la órbita de nuestra competencia profesional. Es como un peluche".
El hecho de no responsabilizarse por la sustancia, implica que no llevarían -como lo hacen con todos los fármacos- un control sobre las condiciones correctas de almacenamientos, de cuántas cajas ingresan y cuántas recetas entran y salen y que el paciente reciba la medicación que solicitó.
"Esa rendición de cuentas no la haremos nosotros, la tendrán que hacer los propietarios", dice el químico.
Por otra parte, advierte que incorporar el cannabis a la farmacia atenta contra una imagen de la farmacia que se busca potenciar desde hace un tiempo. "Desvirtúa su perfil como centro de salud", dice.
"No compartimos que se identifique ese lugar como un canal de distribución para el uso recreativo de la marihuana", enfatiza el químico.
Savio señala que "no sería creíble" que el MSP registre a la marihuana como un medicamento más. Pero tampoco cierra la puerta a esa posibilidad. En ese caso no tendrían problemas de asumir su manejo.
"Estamos acostumbrados a manejar especialidades farmacéuticas -como los psicofármacos- que tienen sus beneficios y sus riesgos. En el uso recreativo, no tenemos responsabilidad".
Remarca que so-lo la tendrían si la marihuana se usara con "fines medicinales y bajo prescripción médica, como cualquier principio activo de uso medicinal y que entra dentro de las reglas establecidas para el producto sanitario".
La Asociación de Química y Farmacia no se ha expedido ni a favor ni en contra de legalización de la marihuana, pero sí han objetado este mecanismo de distribución previsto por la ley. Savio destacó que aún no descartan la idea esbozada meses atrás de anteponer objeción de conciencia.
Agregó que están tramitando una reunión con senadores del Frente Amplio y también quieren plantearle el tema a la ministra Susana Muñiz.
El artículo fue aprobado en particular por 59 votos en 84 y contó con el apoyo de los diputados Lacalle Pou, Amín Niffouri, Daniel Mañana y Ruperto Ortega (Aire Fresco); José Carlos Cardoso (Más País); Gustavo Borsari y Andrés Abt (Herrerismo).
También votaron el autocultivo los diputados del Partido Independiente Iván Posada y Daniel Radío.
Además del autocultivo, los nacionalistas acompañaron los artículos 10, 11 y 12 del proyecto que disponen de políticas educativas para la promoción de salud y prevención del consumo de cannabis. Así como la instalación de centros de atención para consumidores problemáticos en centros poblados de más de 10.000 habitantes. El artículo 11 prohíbe toda la publicidad directa o indirecta, promoción o auspicio o patrocinio de productos de cannabis, y el 12 obliga a la Junta Nacional de Drogas a realizar campañas publicitarias para concientizar a la población sobre los efectos del consumo.
Estos mismos artículos fueron votados por el Partido Colorado en sala, siguiendo así la posición que ya había asumido la diputada Martha Montaner (Vamos Uruguay) en la Comisión de Adicciones.
Por todo esto, los químicos farmacéuticos, responsables del control y movimiento de cada uno de los medicamentos que se expenden en las farmacias, están evaluando con sus asesores legales "no asumir ninguna responsabilidad" en el manejo de la marihuana.
"A no ser que en la reglamentación de la ley el MSP la reconozca como un producto de la salud, algo que nos parecería demasiado raro", puntualiza Savio. E insiste: "Somos los responsables de todos los productos de la salud registrados en el MSP; como esto no se trata de un producto de la salud no entra en la órbita de nuestra competencia profesional. Es como un peluche".
El hecho de no responsabilizarse por la sustancia, implica que no llevarían -como lo hacen con todos los fármacos- un control sobre las condiciones correctas de almacenamientos, de cuántas cajas ingresan y cuántas recetas entran y salen y que el paciente reciba la medicación que solicitó.
"Esa rendición de cuentas no la haremos nosotros, la tendrán que hacer los propietarios", dice el químico.
Por otra parte, advierte que incorporar el cannabis a la farmacia atenta contra una imagen de la farmacia que se busca potenciar desde hace un tiempo. "Desvirtúa su perfil como centro de salud", dice.
"No compartimos que se identifique ese lugar como un canal de distribución para el uso recreativo de la marihuana", enfatiza el químico.
Savio señala que "no sería creíble" que el MSP registre a la marihuana como un medicamento más. Pero tampoco cierra la puerta a esa posibilidad. En ese caso no tendrían problemas de asumir su manejo.
"Estamos acostumbrados a manejar especialidades farmacéuticas -como los psicofármacos- que tienen sus beneficios y sus riesgos. En el uso recreativo, no tenemos responsabilidad".
Remarca que so-lo la tendrían si la marihuana se usara con "fines medicinales y bajo prescripción médica, como cualquier principio activo de uso medicinal y que entra dentro de las reglas establecidas para el producto sanitario".
La Asociación de Química y Farmacia no se ha expedido ni a favor ni en contra de legalización de la marihuana, pero sí han objetado este mecanismo de distribución previsto por la ley. Savio destacó que aún no descartan la idea esbozada meses atrás de anteponer objeción de conciencia.
Agregó que están tramitando una reunión con senadores del Frente Amplio y también quieren plantearle el tema a la ministra Susana Muñiz.
Blancos votaron el autocultivo
Los diputados pertenecientes al movimiento Todos (herreristas, Aire Fresco y Más País), que impulsan la precandidatura del diputado Luis Lacalle Pou, votaron el artículo que autoriza el autocultivo de hasta seis plantas de cannabis para consumo personal o compartido dentro del hogar.El artículo fue aprobado en particular por 59 votos en 84 y contó con el apoyo de los diputados Lacalle Pou, Amín Niffouri, Daniel Mañana y Ruperto Ortega (Aire Fresco); José Carlos Cardoso (Más País); Gustavo Borsari y Andrés Abt (Herrerismo).
También votaron el autocultivo los diputados del Partido Independiente Iván Posada y Daniel Radío.
Además del autocultivo, los nacionalistas acompañaron los artículos 10, 11 y 12 del proyecto que disponen de políticas educativas para la promoción de salud y prevención del consumo de cannabis. Así como la instalación de centros de atención para consumidores problemáticos en centros poblados de más de 10.000 habitantes. El artículo 11 prohíbe toda la publicidad directa o indirecta, promoción o auspicio o patrocinio de productos de cannabis, y el 12 obliga a la Junta Nacional de Drogas a realizar campañas publicitarias para concientizar a la población sobre los efectos del consumo.
Estos mismos artículos fueron votados por el Partido Colorado en sala, siguiendo así la posición que ya había asumido la diputada Martha Montaner (Vamos Uruguay) en la Comisión de Adicciones.
Educación, salud, vivienda, frigorífico nacional multimodal, retiro de las tropas de Haití, etc, etc. cosas importantes y recordables, definidas en congresos. Ahora, ¿en qué programa estaba la legalización de la droga? Parece que la política del “Lobby” se instala en la izquierda. Los mismos que después llaman corporativos a los sindicatos por reclamar lo que corresponde para los trabajadores. Nadie dice que este proyecto vaya a mejorar nada sustancialmente, ni siquiera el Pepe. Sólo se concilia con la realidad. Y a la vez, en tanto la conciliación supone concesión ideológica y política a la droga, se puede presuponer que el remedio propuesto puede ser peor que la enfermedad. El objetivo no es la salud de los gurises sino tener bajo “control” una parte ínfima del dinero del narcotráfico para tranquilidad de la plaza financiera. Mientras tanto, habrá una droga “mejor”, de más calidad, con áurea aristócrata, legal, para los que pueden pagarla. Y continuará habiendo otra droga “mala”, de peor calidad, más barata para los pobres, traída por el monopolio de los narcos. Habrá dos tipos de adictos, uno “incluido”, con remedio, aceptado por el estatus quo y seguirá habiendo otro tipo excluido, marginado, sin remedio, perseguido. Y sin respuesta a la situación de los más vulnerables, los adolescentes, los más pobres. ¿Para quién se legisla? ¿Para el conjunto más amplio del pueblo y de los trabajadores? ¿O predomina hoy el espíritu de “grupo” también, a la hora de la realización política? reafirmo mi posición contraria a las drogas y a su legalización.
Diego Peña
Publicado en El Muerto
por Hugo Bruschi
Las cámaras de gas y los hornos crematorios, funcionaban las 24 horas del día. Los vecinos de Auschwitz decían no saber de que se trataba, pero algo era evidente: los trenes cargados de gente ingresaban constantemente al campo de concentración. Y cuando estos campos de exterminio son liberados, a la capitulación del Tercer Reich, todos los responsables de estos crímenes contra la humanidad, fueron llevados a juicio. Bueno.....no todos. El Vaticano se encargó de otorgarles a unos cuantos que zafaron antes, el salvoconducto de Dios y pudieron viajar a Sud América, bien lejos de aquellas tareas fatigosas. Un merecido descanso como quien Dice.
Una vez en Nuremberg, muchos de aquellos acusados que no pudieron huir, argumentaron que cumplian órdenes, es decir lo que se dió en llamar "la debida obediencia" al mando. Este argumento tiene como fin, crear el beneficio de la duda, pues como es sabido, aquél que se negara a cumplir con esas órdenes, podría correr el destino de sus víctimas.
No sabemos si funcionó como atenuante a la hora de las condenas, pero es evidente que hay una diferencia entre el oficial y el soldado. Y esto se refleja en el grado de responsabilidades. Un poco más acá en el tiempo y cuando creimos superada aquella etapa del desprecio por la vida humana, nos encontramos ante otro genocidio y también ante los mismos argumentos. Los juicios en la República Argentina recoge muchos ejemplos en este sentido. Y otra vez la duda de si aquél hombre fue obligado por las circunstancias, a cometer delitos que su conciencia rechazaba. Como es sabido, los represores, los torturadores y criminales siempre buscan involucrar a más gente en estas tareas. De este modo se aseguran el silencio. Pero que pasa cuando un eslabón de esa cadena de impunidad se rompe? Vaya uno a saber.... También existen ejemplos de quienes han esperado 40 años para hablar. No hace mucho en Uruguay una mujer rompió el silencio y dió a conocer algunos de los métodos usados por la OCOA. De los fines perseguidos, sabemos muy poco y tal vez sólo se trate de un lavado de conciencia. Tal vez alguien pueda acusarme de ingenuo, pero yo confieso que en lo más íntimo de mi ser, siempre prefiero creer que no todos los que participaron en la represión, eran carne podrida. Quiero pensar y seguir creyendo en el ser humano. Prefiero darles una oportunidad, si es que actuan con sinceridad y relatan los delitos a los que fueron obligados.
En el día de ayer, el Parlamento uruguayo votó un proyecto de legalización de la marihuana, contra la voluntad del 63% de la población y con la ignorancia y desinformación del resto. Ya tiempo atrás, publiqué unos comentarios acerca de la droga, por lo que no caeré en reiteraciones innecesarias. Voy a decir sí, que el argumento empleado, que no es otro que disputarle el mercado al narcotráfico, me resulta inmoral desde todos los ángulos. Deberemos confiar de ahora en más, que el proxenetismo no se expanda porque de lo contrario ya estaríamos a la puerta de su legalización y de este modo el estado a través de una cómoda cuota mensual, las protegería con custodia policial, de los "fiolos" que le chupan la sangre.En este rubro también se mueve mucho dinero. Pero al margen de apagar estos incendios con nafta y combatir la droga con más droga, quiero hacer referencia a un caso de "obediencia"
Un diputado -cuyo voto estaba en duda - dada su discrepancia con el proyecto legalizador, dijo que era consciente que la droga era una "bosta" y era consciente también del daño que provoca en los jóvenes. Pero votó a favor y aquí no podremos argumentar que su vida corría peligro y que por tanto tuvo que votar. Además nos aseguró que "no fue presionado por nadie, pues nada hubieran conseguido". Entonces, que lo llevó a votar contra su conciencia? Dice que fueron sus compañeros y que dentro de 5 o 10 años se verán los resultados de esta obra. No habrán también aquí ciertos códigos no escritos que mejor no violarlos? Temió acaso por la continuidad en la silla o la pertenencia al equipo ganador? Porqué dice una cosa y hace todo lo contrario, acaso para dejar constancia que la disciplina partidaria es más fuerte que los principios? Trata de curarse en salud? Qué autoridad divina lo autorizó a este Sr. a enviarle esta "bosta" como él mismo reconoce, a nuestros jóvenes? Yo pienso que la responsabilidad de este hombre es Mayor que la de los nazis que "cumplían órdenes" pues temían por sus vidas. Si bien no arrojó ninguna cápsula de cianuro ni alimentó la temperatura de ningún horno, acaba de confesar que nadie lo presionó, pero igual terminó votando un proyecto irresponsable "que no nació del Pueblo" según sus palabras y que arrojará funestas consecuencias sobre la población jóven. Estaremos ante una nueva versión de "como te digo una cosa hago la otra"? Y para estos delitos ideológicos, en donde no se puede argumentar falta de conocimiento de causa, no existen tribunales de conducta? No tendría la ciudadanía que exigirle la renuncia a un representante que en forma irresponsable vota a pesar de estar en contra? Yo puedo discrepar con el voto de alguien que vota convencido, pero jamás puedo aceptar que alguien vote contra su propia conciencia. Qué garantías nos ofrecen personas como éstas?
Uno se pregunta asimismo, que mecanismos fueron puestos en funcionamiento, que renunciamientos fueron necesarios, que silencios y agachadas fueron imprescindibles, para que un proyecto político que nació con esperanzas de cambio, pueda haberse prostituido de tal forma. Y son los mismos que mañana atacaran a los funcionarios de la salud por irresponsables, a los maestros y profesores por perjudicar a nuestros pibes. Maestros que a partir de ahora, tendrán que controlar también, ciertos inocentes "germinales" que algún niño por error traiga de su casa, no sea cosa que nos llevemos alguna sorpresa.
Mujica ante el Moncada hablo de la diversidad. Xavier lo mismo cuando fué electa en las internas. Ahí si que los HECHOS NOS SEPARAN. El cinismo de las cúpulas verticalistas y castradoras de la participación de las bases tiene razón de ser en la lucha de camarillas por el CONTROL TOTAL Y ABSOLUTO DEL APARATO. Para ello todas las voces o actitudes díscolas y disidentes con el canto del coro sospechosamente unánime de los funcionarios, son acalladas, sancionadas, amenazadas, calumniadas y ensuciadas. Diversidad o perversidad?
OPINIÓN - ADOLFO GARCÉ
¿Tabaré Vázquez - Mónica Xavier?
Para el oncólogo no será tan sencillo elegir a su compañero de fórmula dentro de la coalición
+ Adolfo Garcé - 24.07.2013, 09:49 hs
- ACTUALIZADO 09:55
Texto:El Observador
Empecemos por repasar sus méritos y “ventajas competitivas”. En primer lugar, es notorio que Xavier despierta simpatía entre una parte importante de las bases frenteamplistas. Esto quedó claramente de manifiesto durante la elección que la llevó a presidir el FA (obtuvo aproximadamente el doble de votos que Ernesto Agazzi y Enrique Rubio, y casi el triple que Juan Castillo). En segundo lugar, es mujer. En tiempos como los que corren, con Dilma Rousseff y Cristina Fernández ejerciendo la presidencia en Brasil y en Argentina, y con Bachelet pugnando por volver en Chile, es evidente que al FA le vendría bien una fórmula que, al menos, incorpore a una mujer. En tercer lugar, también está claro que la inclusión de Xavier en el binomio le permitiría a Vázquez tender un puente hacia los (y las) frenteamplistas que están molestos por la posición pública asumida por el expresidente en el tema del aborto. En cuarto lugar, Xavier tiene una amplia y destacada trayectoria parlamentaria. Este atributo es muy importante porque el vicepresidente juega un papel clave en la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
El nombre de Mónica Xavier, como habrá quedado claro, está lejos de ser descartable. Su nominación como compañera de fórmula de Vázquez no es imposible. Sin embargo, me parece poco probable. Mi argumento es sencillo y se compone de cuatro postulados. El primero de ellos es que se parece a Vázquez en un punto clave: ella también es astorista. Xavier es una de las figuras más notorias de la corriente “renovadora” del PS, es decir, del grupo de socialistas más cercanos a la visión de Astori. Un par de gestos recientes demuestran esta convergencia con toda elocuencia: Xavier y los “renovadores” del PS apoyaron la candidatura de Astori en la primaria de 2009; a su vez, los astoristas, dentro y fuera del FLS, apoyaron la de Xavier en la elección interna de 2012.
El segundo postulado es que el astorismo es minoría. No hace falta remontarse a las elecciones de 2009 para demostrarlo. Me limito a recordar que, en la última elección interna, pese a tener el apoyo del Frente Líber Seregni y de todo el PS (renovadores y “ortodoxos”, todos votaron por ella), Mónica Xavier no logró la mayoría absoluta: ganó la elección directa a la presidencia pero sus rivales (Ernesto Agazzi del MPP, Enrique Rubio del Frente Unido y Juan Castillo del PCU) sumados obtuvieron más votos que ella. Esto ratifica un dato fundamental. Desde el punto de vista ideológico, la mayoría de quienes se identifican como frenteamplistas están más cerca del pensamiento neoestructuralistas o del marxismo tradicional que del neoinstitucionalismo astorista. Una fórmula Vázquez-Xavier no representaría adecuadamente las preferencias de la mayoría de los frenteamplistas.
El tercer postulado es que en el congreso del FA los no astoristas, especialmente comunistas y emepepistas, tienen una mayoría abrumadora. Si mi interpretación es correcta, a la larga, estarán dispuestos a apoyar la candidatura de Vázquez. Saben que lo precisan para asegurar el triunfo en la elección del año próximo. Pero no tienen ninguna razón especial para respaldar la inclusión de Xavier en la fórmula. Es evidente que le tienen cariño y respeto. Pero en política con eso no alcanza. Si algo ha quedado claro durante el mandato de José Mujica es que el de vicepresidente no es un cargo decorativo. Los que pretenden que un tercer gobierno del FA siga inclinando la balanza hacia la izquierda también lo saben. No me asombraría que intentaran conquistar esa trinchera para evitar que Vázquez, durante su segunda presidencia, sea tan centrista como durante la primera.
El cuarto postulado es que lo peor que puede hacer Vázquez si quiere que el congreso del FA no le ate demasiado las manos en términos programáticos es impulsar ahora un candidato (o una candidata) a la vicepresidencia astorista. Si lo hace, lo más probable es que el ala izquierda del FA incremente rápida y fuertemente la presión sobre el guión del nuevo gobierno que está elaborando, trabajosamente, la Comisión Nacional de Programa. Dicho de otra manera. La candidatura de Xavier haría sonar las alarmas antiastoristas en las sedes del PCU y el MPP. Automáticamente estos sectores se esforzarían por colocar todas las restricciones posibles en el programa que apruebe el congreso del FA en noviembre. Ya lo hicieron en el 2008 y pueden volver a hacerlo.
Lo más probable, especialmente en un país como el nuestro, con actores políticos tan profesionales, es que los líderes piensen bien los pasos que van a dar. Pero no siempre ocurre lo más probable. Si algo hemos aprendido durante los últimos años es que muy a menudo los comportamientos políticos no se ajustan a la perfección a las estrategias teóricamente óptimas. Cualquiera, hasta el mismísimo Vázquez, tan ducho en el manejo de la calculadora, puede terminar metiéndose en problemas. l
* Ver: Decisiones importantes, disponible en http://www.uypress.net/uc_
Por Adolfo Garcé Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar adolfogarce@gmail.com
Nacional - REUNIÓN PROGRESISTA
Vázquez dolido con compañeros y preocupado por la economía
En una reunión realizada el pasado martes, dijo que hablará con Mujica sobre la situación del país. Además, los participantes lo vieron "optimista" frente al tema de su posible candidatura
+ - 01.08.2013, 10:05 hs
- ACTUALIZADO 11:48
Texto: El Observador
En una reunión realizada el martes junto a dirigentes de Alianza Progresista, Vázquez dijo sentirse “dolido” por “expresiones de compañeros”, en referencia a los cuestionamientos de no haber cumplido con su plan de gobierno, en especial por haber vetado la ley de aborto, informó Montevideo Portal.
Además, según informó El País, el expresidente siente "dolor" por las críticas vinculadas a su eventual candidatura. La senadora Constanza Moreira (Espacio 609) lo acusó de pretender imponer al vicepresidente y de no aceptar candidaturas múltiples.
El expresidente estableció que está de acuerdo con la competencia interna, pero entiende que esto no debe sentar “ningún precedente para la fórmula”, en el entendido de que se le debe dar libertad a la hora de elegir a su vice. Con respecto al aborto, dijo que su posición sobre este tema siempre fue conocida.
Vázquez dijo al semanario Búsqueda que respalda "en un 100%" los planteos de los dirigentes y militantes del FA que promueven que haya más de un candidato en las próximas internas. "Yo estoy a favor de las candidaturas múltiples y de que se presenten todos aquellos que sientan que pueden ser candidatos", dijo Vázquez.
El exministro Héctor Lescano dijo también que el expresidente dio "señales que pueden ser interpretadas como positivas", y que se mostró "optimista" frente a su candidatura. "Lo encontramos bien, sin decisión tomada, pero con mucho sentido de la responsabilidad y lealtad con la fuerza política", dijo.
Con Mujica
Por su preocupación coyuntural Vázquez "va a conversar con el presidente José Mujica y con los integrantes del equipo económico para analizar los problemas que el próximo gobierno pueda enfrentar. Esos encuentros serán un insumo para tomar la decisión de postularse a la Presidencia", consigna El País. En la reunión ratificó que anunciará esto en setiembre u octubre.
Salen en defensa de Constanza Moreira
Los caminos de la interna
Ante el "dolor" que transmitió Tabaré Vázquez por "expresiones" en su contra por parte de quienes impulsan una candidatura alternativa en el Frente Amplio, como consignó el miércoles Montevideo Portal, el diputado del PVP, Luis Puig, reafirmó los cuestionamientos por la postura del expresidente sobre la despenalización del aborto.
"El Frente Amplio definió una posición clara sobre el tema del aborto, una decisión colectiva. Nosotros respaldamos las posiciones colectivas que toma la fuerza política. Creemos que las decisiones colectivas, sin violentar la conciencia de nadie, creemos que se equivocaba Tabaré Vázquez cuando públicamente participó en el lanzamiento de ese libro en que se daban los argumentos del veto en un momento en el cual se estaba cuestionando una ley aprobada en el Parlamento por el FA y que además es una ley que expresa los derechos de la mujer", afirmó Puig a Montevideo Portal.
Pero el legislador fue más allá y salió en defensa de la senadora Constanza Moreira, quien se vio expuesta a múltiples críticas por sus expresiones contra Vázquez. Puig se molestó en particular con el dirigente socialista Aldo Guerrini, quien fue asesor de Vázquez y días atrás protestó en Facebook contra el "feroz ataque" contra el exmandatario, como publicó el martes Montevideo Portal.
"Estaba leyendo el artículo del compañero Guerrini hablando que en realidad no es a través de la crítica que se debe desarrollar la política interna en el Frente Amplio, lo cual yo comparto integralmente. Con esa excusa sale a pegarle a la compañera Constanza Moreira, planteando que no está dispuesta a salir a la calle a organizar el triunfo del Frente Amplio, sino que se dedica a criticar", dijo Puig.
Lo consideró una "crítica muy dura" y "fuera de lugar", al tiempo que advirtió que "no contribuye hablar de fraternidad descalificando a una compañera que en el acierto o en el error entrega lo mejor sí para el Frente Amplio".
"Me llamó la atención que el compañero Guerrini en nombre de la fraternidad salga a pegarle con un fierro a la compañera Constanza Moreira. Lo de la fraternidad es un boleto de entrada para descolgarse con una actitud que no le hace bien a la interna del Frente Amplio", insistió.
Pero no sólo las críticas de Guerrini fueron cuestionadas por Puig, sino también todas aquellas que fueron dirigidas a los impulsores de la candidatura alternativa por parte de diversos dirigentes que buscaron blindar a Vázquez, como la senadora Lucía Topolansky, quien dijo a Montevideo Portal el pasado martes que Moreira "está equivocada".
"Yo no entiendo por qué ese intento tan apurado de descalificar a la compañera Constanza Moreira cuando, en realidad, el Frente Amplio está discutiendo programa y plan de gobierno y a partir de que defina eso habrá que ver cuáles son las compañeras y compañeros que pueden llevar adelante mejor ese programa", dijo Puig.
"¿Qué intentan? ¿Despejar caminos? ¿Sacar compañeros del medio? Me parece que es un error", afirmó.
"Preocupación"
Por su parte, el diputado Julio Bango indicó a Montevideo Portal que en una reunión que mantuvo junto a Yerú Pardiñas y a Hyara Rodríguez en representación del Partido Socialista, Vázquez mostró su "preocupación" por el nivel de críticas que estaba recibiendo.
"Es una preocupación que tenemos en el Partido Socialista. Lo único que nosotros reclamamos es que los matices y la diversidad se expresen en un marco de unidad política, de fraternidad política, manteniendo la unidad en la diversidad, el respeto mutuo", expresó Bango.
"Nosotros lo notamos preocupado. Eso para nosotros refleja un estado de situación que no es el más conveniente. No hay necesidad de ingresar en el campo de las agresiones para manejar nuestras diferencias. Nadie tiene la verdad encerrada en un puño y todos podemos tener opiniones distintas", añadió.
Montevideo Portal
Uruguay made in USA.-
Carezco de la necesaria formación,información e imaginación como para preveer las consecuncias de que los gringos traigan la guerra al continente para recuperar SU petróleo venezolano,y aunque me parece que se van a meter en otro berenjenal no van a dejar de hacerlo, X que no pueden dejar de hacerlo. Su propia crisis los empuja.-
Nuestros
neo-cipayos de izquierda ya han dejado clara su intención de brindarles
el necesario puerto para la 4a. Flota y la simpática presencia de los
gringos será un nuevo ingrediente de nuestro pintoresco güiso criollo.-
A
pesar de las ventajas de que las prostitutas cobren en dólares ,
surjirán algunas contraindicaciones también. Recuerdo que estando en
Madrid fuí testigo de las broncas que se agarraban los madrileños con la
arrogancia y las pechereadas de los gringos de los F-16 basados en
Barajas. Ahora los milicos imperialistas pasarán a ser nuestros
huéspedes invitados X nosotros mismos.-
Hasta
la Manuela se ha hecho amigaza de la Celeste,pero una cosa es una
perrita diplomática y otra un milico yanqui drogado,no?.-
MAU-MAU 
(La flor es para el Bebe).-
