HONDURAS
Por Publicado el 21 Junio, 2019
Según el posteo de Casa Presidencial, los uniformados forman parte de la Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aeroterrestre de Infantería.
Casa Presidencial @Presidencia_HN
El Pdte.@JuanOrlandoH dio la bienvenida hoy a un grupo de marines de #EEUU
que formarán parte de la Fuerza de Tarea de Propósito Especial
Aeroterrestre de Infantería Marina, que realizará diversas obras en
beneficio de la población y en conjunto con países de Centro y Sur
América
La llegada de los soldados estadounidenses se da en medio de una crisis social que se ha mantenido por más de un mes con protestas en contra de Hernández.
En medio de crisis, Comando Sur de EE.UU reafirma respaldo a régimen de JOH
Mientras
que la encargada de negocios, Heide Fulton que funge como embajadora
interina escribió en su cuenta de twitter: “Orgullosa del 5to despliegue
de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del @Southcom y @MARFORSOUTH en Honduras Su cuidadosa preparación para responder a futuros desastres naturales beneficiarán a toda la región.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- En medio de la crisis que vive Honduras, donde las protestas en las calles y carreteras no solo piden la no privatización de la salud y la educación sino la salida de Juan Hernández del poder, la embajadora por ley de los Estados Unidos y el Comando Sur del ejército, ratificaron hoy su apoyo al régimen hondureño.
No importan los señalamientos que hagan los organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional que señala la militarización del país y la profunda violación a los derechos humanos por parte de Hernández en la represión contra un pueblo que exige su salida del gobierno.
La brutal represión dirigida por el ejército hondureño, que ha sido sacado a las calles por orden del mandatario, ya ha dejado cuatro personas muertas en la presente semana.
Complacido por estas acciones del gobierno de Donald Trump, el titular del régimen hondureño afirmó en su cuenta de Twitter: “Es bueno saber que contaremos con el apoyo de este grupo de marines, en especial cuando debemos afrontar una serie de problemas a causa del cambio climático, por ejemplo en materia de enfermedades, otra de las consecuencias”.
En otro tuit dijo: “Seguimos estrechando lazos y uniendo esfuerzos con EEUU a través de Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aeroterrestre de Infantería Marina Le damos la bienvenida a los marines que formarán parte de esta Fuerza que realizará diversas obras en beneficio de la población”.
Mientras que la encargada de negocios, Heide Fulton que funge como embajadora interina escribió en su cuenta de twitter: “Orgullosa del 5to despliegue de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del@Southcom y @MARFORSOUTH en Honduras Su cuidadosa preparación para responder a futuros desastres naturales beneficiarán a toda la región.
Luego
de la crisis poselectoral de 2017, defensores de Derechos Humanos,
reportaron que al menos 54 personas fueron asesinadas por militares, de
esa cifra, al menos 22 fueron ejecutadas en protestas, casos que la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
(OACNUDH), reconoció y divulgó internacionalmente.
Durante una oleada de protestas en Honduras, que piden la renuncia
del presidente Juan Orlando Hernández, dos personas murieron a tiros y
unas 20 resultaron heridas, informaron este jueves las autoridades.
“Miembros de Medicina Forense hicieron el levantamiento de dos cadáveres” entre las personas trasladadas al Hospital Escuela de la capital por los incidentes de la noche del miércoles y madrugada del jueves, dijo a la AFP la portavoz del Departamento Médico Legal del Ministerio Público, Isis Alvarado.
Las víctimas mortales fueron identificadas en el hospital como Luis Enrique Maldonado Vásquez, de 24 años, y Erick Francisco Peralta Mendoza, de 37, ambos con heridas de bala.
Las muertes se registraron durante la violenta intervención de policías y militares para dispersar a miles de personas que bloquearon calles en zonas de Tegucigalpa.
Diana Rodríguez, de 49 años, dijo a la AFP que su hermano de madre, Erick, era un taxista. “Se bajó de su carro en una toma para pedir que lo dejaran pasar, pero llegaron policías militares a disparar y lo mataron”, explicó.
Según informes policiales, seguían bloqueos de carreteras con neumáticos encendidos, piedras y palos en la capital y otras ciudades, como San Pedro Sula (norte), La Ceiba (Caribe norte), Choluteca (sur) y Colón (noreste).
En algunos sectores, los manifestantes fueron desalojados por policías pero se mudaron de lugar, impidiendo la circulación de vehículos.
Al menos desde finales del pasado mes de abril, Honduras atraviesa
una compleja situación política y social, con cientos de miles de
ciudadanos movilizados en las calles de las principales ciudades del
país exigiendo distintas reivindicaciones.
El punto de inflexión ocurrió el pasado 26 de abril, cuando el Congreso Nacional de Honduras aprobó dos controvertidas reformas para reestructurar el sector educativo y de salud.
Las medidas ampliamente rechazadas por los gremios fueron pasadas con el respaldo de la mayoría oficialista, y suscitaron situaciones de violencia al interior del recinto parlamentario donde legisladores de distintos partidos protagonizaron una pelea a puños.
Médicos y profesores iniciaron un plan de lucha contra las reformas,
denuncian que vienen a terminar con las conquistas laborales y abren la
posibilidad de privatizaciones en el sector público.
Con paros nacionales consecutivos y ultitudinarias movilizaciones en Tegucigalpa (capital), el movimiento fue tomando volumen en sus bases hasta confluir en la conformación de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública.
En este marco, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH)derogó las polémicas medidas a principios de junio buscando desactivar la conflictividad social en las calles.
El mandatario convocó al denominado Diálogo nacional por la educación y la salud, que fue rechazado por los huelguistas que propusieron en cambio que el Ejecutivo adhiera al Diálogo alternativo ciudadano, con dirigentes de diversos sectores sociales del país centroamericano.
Docentes y trabajadores del sector salud continuaron con las movilizaciones que comenzaron a tomar fuerza también en otras ciudades y regiones como San Pedro Sula, El Progreso (norte), La Paz, Comayagua (centro), Copán (noroeste), Atlántida (Caribe norte), Olancho (este), Valle y Choluteca (sur).
En un clima de descontento social generalizado, donde se han
cultivado múltiples conflictos, rápidamente se plegaron a las protestas
los partidos políticos de oposición, sectores campesinos, estudiantiles,
del transporte, y ciudadanía en general, llevando la situación hasta lo
que parece tomar el cariz de un levantamiento popular inminente.
Nuevos paros de la Asociación de Taxistas, que exige la anulación de un conjunto de regularizaciones impuestas al sector, así como de los transportistas de carga pesada en la zona norte del país, que ha producido desabastecimiento de combustible en varias gasolineras, han abonado a la escalada del conflicto.
Tras reprimir fuertemente durante todo el mes de mayo el movimiento
popular, el pasado miércoles un sector de la Policía Nacional de
Honduras (PNH) se declaró en paro y protesta contra el Gobierno de
Hernández.
Los efectivos sublevados, que incluyen también a la Fuerza Especial Cobras (FEC), adscripta al mismo cuerpo, reclaman mejoras salariales y expresan su respaldo a los reclamos de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública.
La huelga policial no ha hecho más que intensificar la protesta ciudadana y la represión de la Policía Militar (PM) que se mantiene alineada con el Ejecutivo. En las últimas veinticuatro horas, diversas localidades hondureñas han sido escenario de saqueos, barricadas y enfre
(Con información de AFP y teleSUR)
La
Policía Militar, aprobada en 2013 cuando Juan Hernández era presidente
del Congreso Nacional, anoche asumió como el principal ente represor
ante la ausencia de la Policía Nacional, que se sumó a las protestas
contra el régimen. Organismos de Derechos Humanos reportaron el deceso
de Luis Maldonado, herido de un disparo certero en la cabeza.
Cabe destacar que en 2017 e inicios de 2018, con la crisis poselectoral que provocó un proceso altamente cuestionado y una ilegal reelección presidencial, según la Constitución, se denunció que los militares asesinaron a 54 hondureños, de ellos, 22 directamente en las protestas, reconoció la ONU.
La
represión militar, provocó, según un comunicado del HEU, el ingreso de
doce personas heridas que recibieron atención de especialistas de
neurocirugía, cirugía general y ortopedia. El documento señala que unos
cuatro ciudadanos fueron heridos de bala, llevando a uno al quirófano.
Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Al menos cinco personas murieron en menos de 24 horas en Honduras durante las jornadas de protesta en contra del régimen de Juan Orlando Hernández, donde exigieron su renuncia.
Los días 19 y 20 de junio las protestas en Honduras se intensificaron luego que el transporte de carga se paralizara y un grupo de policías de las Fuerzas Especiales se rebeló, exigiendo el cumplimiento del aumento salarial que se les había prometido.
En varias ciudades de 12 departamentos la población se auto convocó y salió a tomarse carreteras y calles, y para desalojarlos el régimen utilizó a la Policía Militar y a soldados del ejército para que realizaran esa labor.
En su monitoreo de las violaciones a los derechos humanos durante las protestas, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registra que los días 19 y 20 de junio cinco personas fueron asesinadas, tres por elementos de la Policía Militar y dos en circunstancias no muy claras.
Las víctimas fueron reportadas dos en Tegucigalpa, Francisco Morazán; dos en Jutiapa, Atlántida, y uno en Yarumela, La Paz.
Las víctimas de la Capital fueron ingresadas al Hospital Escuela donde fallecieron. Las mismas fueron identificadas como Luis Enrique Maldonado, quien recibió un impacto de bala en la cabeza durante una movilización en la colonia Kennedy, y Erik Peralta, quien recibió heridas con un objeto corto punzante esto en las faldas de El Pedregal, cuando era reprimida una protesta.
Otras de las víctimas se conoció que el hecho fue en Jutiapa, Atlántida, cuando se encontraban en una toma, hombres armados pasaban en un vehículo por el lugar y al ver interrumpido el paso, sacaron sus armas dispararon contra los manifestantes, causándole la muerte a Eliu Orellana y a otra persona de la que se desconoce su identidad. Cabe señalar que en el hecho otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladados a un centro asistencial del sector.
Eblin Noel Corea Maradiaga es otra de las víctimas que falleció a manos de los militares en la carretera desvío al municipio de Yarumela, La Paz, hecho ocurrido el jueves 20 de junio.
El joven de tan solo 17 años protestaba junto a otros pobladores del sector cuando fue alcanzado por las balas de la policía y militares, quienes dispararon sus armas de reglamento cuando desalojaban a los manifestantes.
En estos hechos también resultaron heridos más de una treintena de manifestantes, donde al menos 21 fueron ingresados a la sala de emergencia del Hospital Escuela de Tegucigalpa, en su mayoría heridos de bala.
El COFADEH se trasladó hasta las instalaciones de ese centro asistencial constatando que varios de los heridos aún permanecían internos y otros ya les habían dado el alta.
Uno de los heridos, de quien omitimos su nombre, dijo que no era justo lo que hacían los Policías Militares y que él solo estaba trabajando.
“Me encontraba en la San Francisco metiendo una arena en una casa donde yo trabajo, en eso hubo un enfrentamiento entre manifestantes y policías, los militares empezaron a disparar bala viva y producto de esa represión recibí un impacto de bala en la parte baja del abdomen, me duele al caminar, pero el doctor ya me dijo que no me tocó ningún órgano interno”.
Mientras que otro joven expresó que “yo iba a dejar a alguien por la zona de la gasolinera Puma de la carretera al norte, cuando escuché disparos y fue cuando me dieron a mí, tengo de 50 a 60 perdigones de la bala en todo el cuerpo, brazos, cabeza, espalda y pierna”.
La tercera persona con la que el COFADEH habló señaló que “iba pasando y vi que los manifestantes tenían una toma pacifica en el lugar, solo se estaba interrumpiendo el paso a vehículos pesados y se estaba dejando pasar todos los carros pequeños, pero en eso un carrito pequeño empezó a disparar a lo loco hiriéndome a mí que iba pasando por el lugar”.
Destacó que esa es una nueva modalidad que utiliza la policía utilizar carros no policiales para que el echen la culpa a particulares y no a ellos.
Cabe señalar que solo el día 19 de junio en la Capital, 21 personas ingresaron al Hospital Escuela, pero se estima que ese día hubo más personas heridas y que por temor no acudieron a ese centro asistencial.
Estos hechos de brutal represión se dieron entre el miércoles 19 y el jueves 20 de junio, cuando el pueblo se auto convocó a las calles a defender la salud y la educación, mientras las Fuerzas Especiales de Seguridad de la Policía Nacional se declaraba de brazos caídos.
El gobierno ilegitimo de Juan Orlando Hernández convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde resolvió darle la seguridad de la ciudadanía a los militares, de quienes se sabe que no pueden manejar conflictos porque han sido preparados para matar, tal como lo dejaron claro durante los días 19 y 20 de junio.
Tegucigalpa.- En medio de la crisis que vive Honduras, donde las protestas en las calles y carreteras no solo piden la no privatización de la salud y la educación sino la salida de Juan Hernández del poder, la embajadora por ley de los Estados Unidos y el Comando Sur del ejército, ratificaron hoy su apoyo al régimen hondureño.
No importan los señalamientos que hagan los organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional que señala la militarización del país y la profunda violación a los derechos humanos por parte de Hernández en la represión contra un pueblo que exige su salida del gobierno.
La brutal represión dirigida por el ejército hondureño, que ha sido sacado a las calles por orden del mandatario, ya ha dejado cuatro personas muertas en la presente semana.
Complacido por estas acciones del gobierno de Donald Trump, el titular del régimen hondureño afirmó en su cuenta de Twitter: “Es bueno saber que contaremos con el apoyo de este grupo de marines, en especial cuando debemos afrontar una serie de problemas a causa del cambio climático, por ejemplo en materia de enfermedades, otra de las consecuencias”.
En otro tuit dijo: “Seguimos estrechando lazos y uniendo esfuerzos con EEUU a través de Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aeroterrestre de Infantería Marina Le damos la bienvenida a los marines que formarán parte de esta Fuerza que realizará diversas obras en beneficio de la población”.
Mientras que la encargada de negocios, Heide Fulton que funge como embajadora interina escribió en su cuenta de twitter: “Orgullosa del 5to despliegue de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del
Seguimos
estrechando lazos y uniendo esfuerzos con EEUU a través de Fuerza de
Tarea de Propósito Especial Aeroterrestre de Infantería Marina
Le damos la bienvenida a los marines que formarán parte de esta Fuerza
que realizará diversas obras en beneficio de la población
Es
bueno saber que contaremos con el apoyo de este grupo de marines, en
especial cuando debemos afrontar una serie de problemas a causa del
cambio climático, por ejemplo en materia de enfermedades, otra de las
consecuencias.
La
presencia de los Marines en Palmerola es importante para Honduras
porque contamos con desafíos comunes y necesitamos soluciones comunes.
Ahora cuando enfrentamos a crimen organizado, maras y pandillas, entre
otros, encontramos en su apoyo un bastión importante.
Protestas en Honduras, sublevación policial y el arribo de marines estadounidenses: ¿qué está pasando?
Publicado: 21 jun 2019 19:59 GMT - RT
Sectores de la oposición, junto a gremios de
la educación y salud, piden la salida del presidente Juan Orlando
Hernández en medio de una fuerte crisis social.
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras protestan en Tegucigalpa el 19 de junio de 2019.
Orlando Sierra / AFP
Honduras vive intensas jornadas de protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández, que dejaron un saldo de al menos dos muertes el pasado miércoles y que, por ahora, no parecen llegar a su fin.
La tensión de las últimas semanas se desató a fines de abril cuando el Congreso aprobó dos decretos impulsados por el Ejecutivo, que planteaban cambios en las áreas de salud y educación. Ambas disposiciones fueron publicadas en agosto y septiembre del año pasado, respectivamente, y establecían modificaciones similares para los dos casos. Las principales propuestas eran: declarar el estado de emergencia, hacer una intensa revisión económica, evaluar al personal y crear comisiones especiales para lograr la reestructuración de dichos sectores.
No
obstante, las asociaciones nucleadas en la Plataforma para la Defensa
de la Salud y Educación Pública se negaron a asistir al encuentro
ofrecido por el Gobierno, ya que desconfiaban de sus intenciones, aunque
algunos grupos paralelos sí concurrieron. En contrapartida, el último
martes se desarrolló el Diálogo Ciudadano impulsado
por este colectivo no gubernamental, pero también contó con las
presencias de los viceministros de Educación y Gobernación, Javier
Menocal y Nery Cerrato, en representación del Ejecutivo. Sin embargo, las movilizaciones continuaron.
Este viernes, Hernández publicó un video donde se resaltan los avances en la gestión educativa durante su Administración: "Hoy trabajamos para llevar la educación hondureña a otro nivel, remodelando los centros educativos", escribió.
Una
de las principales detractoras de las políticas oficiales es la
coordinadora de la Plataforma, Suyapa Figueroa, quien a su vez dirige
el Colegio Médico de Honduras (CMH). Sobre ella, el mandatario expresó:
"Hay que escucharla y ver en qué nos puede colaborar en salud". No
obstante, más allá de estos comentarios que parecen apuntar al diálogo,
el conflicto social se agudiza.
Al mismo tiempo, las denuncias por fraude que involucran al presidente vuelven a marcar la agenda política, siendo uno de los bastiones principales de las manifestaciones. El reclamo se originó en 2017, cuando Hernández logró la reelección con una diferencia muy estrecha, y la oposición tildó esos comicios como ilegítimos. A los pocos días, la Organización de Estados Americanos (OEA)—con sede en EE.UU.— expresó que "el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad". En resumen, el organismo no podía identificar a un ganador y planteaba disputar nuevas elecciones.
No obstante, Washington reconoció al actual Gobierno y Hernández obtuvo respaldo para sostenerse en el cargo sin disputar otra votación. Antes, las autoridades locales realizaron un nuevo conteo de algunas actas dudosas.
En contrapartida, Amnistía Internacional difundió una carta abierta para el político donde pide "evitar el uso excesivo de la fuerza
y garantizar los derechos humanos en el marco de las protestas
sociales". La organización también remarcó que, de acuerdo al derecho
internacional, las Fuerzas Armadas no deben intervenir en
manifestaciones.
Así, el mandatario pidió a la ciudadanía que se comunique con el 911 para denunciar "actos vandálicos", luego de que registraran destrozos en algunas regiones durante los últimos días.
De hecho, circularon versiones de que dirigentes contrarios a Hernández habrían alentado esos disturbios. En medio de las acusaciones oficialistas, el dirigente opositor Salvador Nasralla, quien pide la dimisión del mandatario y se autodefine como "presidente electo", ya aclaró que no está detrás de los incidentes y aseguró que las protestas son legítimas.
Desde su visión, los actos delictivos en la vía pública habrían sido impulsados por el propio Hernández para justificar una avanzada mayor de las Fuerzas Armadas y la Policía, ante la mirada de organismos internacionales.
Según afirma la propia Embajada norteamericana, se trata de un equipo "de respuesta rápida"
compuesto por 300 efectivos, que también tiene previsto "trabajar en
Belice, El Salvador y Guatemala". El argumento oficial es mejorar la asistencia humanitaria para los casos de desastres ambientales "a causa del cambio climático", informó Hernández.
Se trata de uniformados que apoyan el reclamo general de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública. "Nos manifestamos por las violaciones a los derechos humanos, no por problemas de sueldo", añadieron.
A su vez, en las últimas horas Nasralla compartió un video donde se observa un aparente enfrentamiento con disparos entre distintos sectores de las fuerzas de seguridad.
Además,
el dirigente entregó una carta al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para pedir que se resguarde la integridad de los uniformados "que
están acantonados en la Colonia 21 de Octubre [Tegucigalpa, capital del
país] para no seguir reprimiendo al pueblo como les ordena Hernández".
Leandro Lutzky
“Se ha tomado la resolución de instruir el despliegue nacional de las Fuerzas Armadas, policía, inteligencia y los órganos que dependen del Poder Ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito, pero también a la protección de la propiedad privada propiedad pública y desde luego la protección a la integridad física de los hondureños, a la vida de los hondureños”, dijo Hernández en una comparecencia ante medios de comunicación.
El gobernante hizo el anuncio en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que él mismo preside y que se ha declarado en sesión permanente, dejando establecido que de momento se analiza la adopción de una serie de medidas legales a fin de establecer una política de Estado “para ser más efectivos”.
En el marco de esas medidas no se descarta la suspensión de las garantías constituciones, como ocurrió en diciembre de 2017 cuando en el marco de las denuncias de un fraude electoral se declaró un toque de queda para contener las manifestaciones.
Durante la comparecencia mediática el titular del Poder Ejecutivo enfatizó que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los de más entes de seguridad y defensa, se han desplegado a nivel nacional y seguirán en la misma línea.
La reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad surge a raíz de que elementos policiales, aglutinados a las unidades élites de la institución uniformada (Tigres y Fuerzas Especiales) se declararan en paro, denunciando violaciones a sus derechos y abusos por parte de sus autoridades. Los policías manifestaron el miércoles, mediante un comunicado, que no reprimirán a la población que se manifieste en las calles porque las protestas son justificadas.
Anoche cuando la ciudadanía se decantó en las calles, las fuerzas de seguridad del Estado reaccionaron de manera violenta, dejando como saldo al menos dos víctimas morales y dos decenas de heridos.
Honduras viene enfrentando una crisis de ingobernabilidad que se acentuó con las elecciones de noviembre de 2017, por un fraude electoral y por la violación de la Constitución de la República, que prohíbe la reelección presidencial.
Hernández, sigue a merced de una crisis de legitimidad y en medio de dos diálogos: uno gestado por él mismo con sectores afines y otro liderado por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, integrado por los docentes, médicos y personal de la salud, con el respaldo de la mayoría de los hondureños, que exige un sistema sanitario y educativo gratuito y de calidad. La exigencia comenzó para hacerle frente a un proceso privatizador de la salud y la educación, iniciado en los últimos nueve años.
En medio de la lucha por la salud y educación, que inicio desde abril, los ciudadanos han seguido exigiendo, mediante protestas, la salida de Hernández.
Tinte político
El gobernante dijo hoy que las protestas tienen tintes políticos. “Es muy claro que existe una vinculación entre actores fuera de las instituciones estatales relacionados con temas políticos, incidiendo en atacar la economía nacional y también generado estos brotes, estos problemas”.
La tensión de las últimas semanas se desató a fines de abril cuando el Congreso aprobó dos decretos impulsados por el Ejecutivo, que planteaban cambios en las áreas de salud y educación. Ambas disposiciones fueron publicadas en agosto y septiembre del año pasado, respectivamente, y establecían modificaciones similares para los dos casos. Las principales propuestas eran: declarar el estado de emergencia, hacer una intensa revisión económica, evaluar al personal y crear comisiones especiales para lograr la reestructuración de dichos sectores.
¿El Gobierno quería privatizar la salud y la educación?
Por su parte, organizaciones de aquellos rubros interpretaron que el trasfondo de la medida era privatizar esos servicios, perjudicando a la ciudadanía y también avanzando sobre las conquistas laborales de médicos y docentes. Así, las manifestaciones fueron cobrando fuerza y el mandatario se vio obligado a derogar sus decretos, pero invitó a sus detractores a conformar un diálogo para superar la crisis educativa y sanitaria de ese país centroamericano.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, da una conferencia de prensa en la Casa Presidencial el 30 de mayo de 2019.
/ Jorge Cabrera
/ Reuters
Este viernes, Hernández publicó un video donde se resaltan los avances en la gestión educativa durante su Administración: "Hoy trabajamos para llevar la educación hondureña a otro nivel, remodelando los centros educativos", escribió.
- Otros grupos que protestan
Piden la salida del presidente
Luego de haberse suspendido los decretos, las protestas no cesaron. Ahora, los reclamos se centran en pedir directamente que Hernández abandone el Gobierno, como se exigió en ocasiones pasadas, mientras esa nación centroamericana afronta una dura situación social. En efecto, Honduras es el país más pobre de la región: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 65,7 % de sus ciudadanos estaba en esa situación de precariedad en 2016, sobre una población total de 9 millones de personas.Al mismo tiempo, las denuncias por fraude que involucran al presidente vuelven a marcar la agenda política, siendo uno de los bastiones principales de las manifestaciones. El reclamo se originó en 2017, cuando Hernández logró la reelección con una diferencia muy estrecha, y la oposición tildó esos comicios como ilegítimos. A los pocos días, la Organización de Estados Americanos (OEA)—con sede en EE.UU.— expresó que "el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad". En resumen, el organismo no podía identificar a un ganador y planteaba disputar nuevas elecciones.
No obstante, Washington reconoció al actual Gobierno y Hernández obtuvo respaldo para sostenerse en el cargo sin disputar otra votación. Antes, las autoridades locales realizaron un nuevo conteo de algunas actas dudosas.
Hernández militariza las calles
Con este panorama, el presidente anunció en redes sociales que intensificará el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional para "garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada/pública y desde luego la protección de integridad de la población".Así, el mandatario pidió a la ciudadanía que se comunique con el 911 para denunciar "actos vandálicos", luego de que registraran destrozos en algunas regiones durante los últimos días.
De hecho, circularon versiones de que dirigentes contrarios a Hernández habrían alentado esos disturbios. En medio de las acusaciones oficialistas, el dirigente opositor Salvador Nasralla, quien pide la dimisión del mandatario y se autodefine como "presidente electo", ya aclaró que no está detrás de los incidentes y aseguró que las protestas son legítimas.
Desde su visión, los actos delictivos en la vía pública habrían sido impulsados por el propio Hernández para justificar una avanzada mayor de las Fuerzas Armadas y la Policía, ante la mirada de organismos internacionales.
- Presencia estadounidense
Policías sublevados
Mientras las movilizaciones y enfrentamientos entre manifestantes y policías continúan, cientos de oficiales se declararon en huelga este miércoles para no contener a la ciudadanía: "Mantendremos la garantía de no represión hacia nuestro pueblo", afirmaron desde el sector disidente de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).Se trata de uniformados que apoyan el reclamo general de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública. "Nos manifestamos por las violaciones a los derechos humanos, no por problemas de sueldo", añadieron.
A su vez, en las últimas horas Nasralla compartió un video donde se observa un aparente enfrentamiento con disparos entre distintos sectores de las fuerzas de seguridad.
Leandro Lutzky
Hernández ordena el despliegue militar y policial en toda Honduras
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se declara en sesión permanente. No se descarta que en las próximas horas se suspendan las garantías constitucionalesTegucigalpa.-El jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández, anunció este jueves el despliegue militar y policial a nivel nacional para contener la indignación de los ciudadanos, que a través de protestas callejeras exigen su salida por suponerlo responsable de actos de corrupción y de tener nexos con el narcotráfico.
Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn
Noticia Relacionada: Acorralado: JOH convoca de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
Hernández argumentó la medida a acciones de violencia, vandalismo y saqueos a tiendas y comercios, registrados en las últimas horas“Se ha tomado la resolución de instruir el despliegue nacional de las Fuerzas Armadas, policía, inteligencia y los órganos que dependen del Poder Ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito, pero también a la protección de la propiedad privada propiedad pública y desde luego la protección a la integridad física de los hondureños, a la vida de los hondureños”, dijo Hernández en una comparecencia ante medios de comunicación.
El gobernante hizo el anuncio en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que él mismo preside y que se ha declarado en sesión permanente, dejando establecido que de momento se analiza la adopción de una serie de medidas legales a fin de establecer una política de Estado “para ser más efectivos”.
En el marco de esas medidas no se descarta la suspensión de las garantías constituciones, como ocurrió en diciembre de 2017 cuando en el marco de las denuncias de un fraude electoral se declaró un toque de queda para contener las manifestaciones.
Durante la comparecencia mediática el titular del Poder Ejecutivo enfatizó que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los de más entes de seguridad y defensa, se han desplegado a nivel nacional y seguirán en la misma línea.
La reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad surge a raíz de que elementos policiales, aglutinados a las unidades élites de la institución uniformada (Tigres y Fuerzas Especiales) se declararan en paro, denunciando violaciones a sus derechos y abusos por parte de sus autoridades. Los policías manifestaron el miércoles, mediante un comunicado, que no reprimirán a la población que se manifieste en las calles porque las protestas son justificadas.
Anoche cuando la ciudadanía se decantó en las calles, las fuerzas de seguridad del Estado reaccionaron de manera violenta, dejando como saldo al menos dos víctimas morales y dos decenas de heridos.
Honduras viene enfrentando una crisis de ingobernabilidad que se acentuó con las elecciones de noviembre de 2017, por un fraude electoral y por la violación de la Constitución de la República, que prohíbe la reelección presidencial.
Hernández, sigue a merced de una crisis de legitimidad y en medio de dos diálogos: uno gestado por él mismo con sectores afines y otro liderado por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, integrado por los docentes, médicos y personal de la salud, con el respaldo de la mayoría de los hondureños, que exige un sistema sanitario y educativo gratuito y de calidad. La exigencia comenzó para hacerle frente a un proceso privatizador de la salud y la educación, iniciado en los últimos nueve años.
En medio de la lucha por la salud y educación, que inicio desde abril, los ciudadanos han seguido exigiendo, mediante protestas, la salida de Hernández.
Tinte político
El gobernante dijo hoy que las protestas tienen tintes políticos. “Es muy claro que existe una vinculación entre actores fuera de las instituciones estatales relacionados con temas políticos, incidiendo en atacar la economía nacional y también generado estos brotes, estos problemas”.
HONDURAS / CACERÍA MILITAR: 3 MUERTOS, 29 HERIDOS DE GRAVEDAD Y 41 DETENCIONES
- Publicado: 21 Junio 2019
En
las últimas horas, los manifestantes hondureños han quedado a merced de
la violencia, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, presidido por
Juan Hernández, aprobó ayer suprimir las normas de Derecho
Internacional al delegar a las Fuerzas Armadas tareas de orden civil,
sobre todo, dando luz verde a la represión bestial.
Según
el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras
(Cofadeh), en las últimas 48 horas, en las que la Policía Militar ha
tomado el rol de la Policía Nacional, se registran tres muertos, 29
heridos y al menos 41 detenciones “ilegales”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR.
Tegucigalpa.
La temporada de cacería militar se reabrió en Honduras, ayer, el jefe
de Estado, Juan Hernández, reunido con el Consejo Nacional de Nacional
de Defensa y Seguridad, organismo que según expertos en derecho, elimina
la independencia de poderes, dio visto bueno a su Ejército de la
Policía Militar (PM) y otras unidades castrenses, para reprimir al
pueblo.
Desde
el pasado miércoles, los batallones de la PM en la capital, asumieron
el papel principal como ente represor, esto por la huelga de “brazos
caídos” de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, como resultado
de ese protagonismo, al menos 20 personas resultaron heridas y una
murió de un disparo certero en la cabeza.
Anoche,
la hostilidad siguió en todo el país, la violencia de militares y
policías que siguen laborando, provocó más violaciones a los Derechos
Humanos. De acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), producto de esa bestialidad
militar, el menor Eblin Corea, perdió la vida.
“Según
información ofrecida al Cofadeh, el joven participaba en las protestas y
había sido víctima de amenazas y hostigamiento”, publicó el organismo
defensor de la vida en sus redes sociales. Y confirmó que el periodista
Luis Almendares, ratificó y responsabilizó del crimen a policías y
militares en el departamento de La Paz.
Las
otras dos víctimas, han sido identificadas como Luis Maldonado, quien
falleció el miércoles a las 11:32 de la noche en el Hospital Escuela
Universitario por un disparo en la cabeza y el taxista Kevin Modesto
Banegas, quien pereció ayer en la tarde en ese mismo centro asistencial,
a causa de un disparo de la PM.
Luego
de la crisis poselectoral de 2017, defensores de Derechos Humanos,
reportaron que al menos 54 personas fueron asesinadas por militares, de
esa cifra, al menos 22 fueron ejecutadas en protestas, casos que la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
(OACNUDH), reconoció y divulgó internacionalmente.
Precisamente,
la OACNUDH, cuestionó altamente la decisión de Hernández de enviar
militares a las calles. “Se permite recordar al Estado hondureño que de
acuerdo con la doctrina internacional de DDHH, las FFAA (Fuerzas
Armadas) no debe participar en tareas de orden público”.
En
tanto, se giró estado alerta en Tegucigalpa, capital de Honduras, a eso
de las 6:00, ya que trascendió una posible invasión militar al cuartel
de las Fuerzas Especiales “Cobras”, ubicado a inmediaciones de la
residencial “Las Joyas”. Horas más tarde, vecinos de ese sector
alertaron sobre enfrentamientos a bala viva entre oficiales de policía y
PM.
Cofadeh
ha hecho un recuento de las últimas 48 horas, y señala que son tres
personas muertas por la bestial represión militar, asimismo la detención
ilegal de 41 personas y 29 ciudadanos están heridos de gravedad.
Como
las “zonas de matanza”, apunta que Tegucigalpa, La Esperanza y
Choluteca, son las ciudades que encabezan los casos de brutalidad
armada. De hecho, en la capital, se documentó fuertes enfrentamientos a
bala viva en los alrededores de la 21 de Octubre, Hato de Enmedio,
Kennedy, Arturo Quezada y El Pedregal.
Esta
mujer muestra muestra varios casquillos de bala y carga un escudo
militar, que fue quemado por los manifestantes que reaccionaron
indignados tras el crimen del joven Eblin Noel Corea (17).
Fotos: Cortesía Luis Almendares
Tegucigalpa.-El sonido de las balas ha vuelto a retumbar en Honduras. Nuevas escenas sangrientas han enlutado nuevamente los hogares de gente que protestaba en las calles, exigiendo la salida del jefe de gobierno, Juan Hernández.
En las últimas horas se registran cinco víctimasPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Fotos: Cortesía Luis Almendares
Tegucigalpa.-El sonido de las balas ha vuelto a retumbar en Honduras. Nuevas escenas sangrientas han enlutado nuevamente los hogares de gente que protestaba en las calles, exigiendo la salida del jefe de gobierno, Juan Hernández.
Noticia Relacionada: Hernández ordena el despliegue militar y policial en toda Honduras
Las muertes se han registrado a partir de que los militares y policías se desplegarán a nivel nacional para controlar las manifestaciones de ciudadanos, luego que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se declarara en sesión permanente por instrucciones de Hernández.
Los militares han llegado a las comunidades hondureñas a reprimir brutalmente a la gente que se manifiesta en las calles.La
nueva jornada violenta reporta hasta el momento cinco víctimas mortales
y decenas de heridos, siendo Luis Antonio Maldonado, un hombre de 29
años, el primer mártir de esta nueva jornada violenta. Luis murió el
miércoles a las 11:32 de la noche en el Hospital Escuela Universitario
donde ingresó minutos antes con un diagnóstico de trauma
craneoencefálico, abierto por un proyectil disparado por arma de fuego,
según el reporte médico del centro hospitalario.
Luis fue impactado por la bala en la colonia Kennedy donde protestaba.
Esa misma noche se reportó el deceso de Erick Francisco Peralta de 38 años de edad. Era conductor de taxi y recibió un disparo en la cabeza al término de su rutina diaria de trabajo, cuando se dirigía a su casa en la colonia El Pedregal de Comayagüela, donde sus vecinos protestaban y eran reprimidos con balas por los uniformados.
Mientras el cuerpo de Erick yacía inerte en un ataúd una mujer, que se identificó como su amiga, decía a periodistas que el núcleo familiar y de amistades ha quedado sufriendo por esta pérdida irreparable. “La falta de un padre que trabajaba para sus hijos, para ayudarle a su madre, pero ahora quedamos a la deriva”, dijo.
La mujer, que manifestó que ahora solo queda llorar y esperar si algún día en Honduras habrá justicia, narró que la muerte de su amigo se dio en medio de una balacera por parte de los militares “como que estábamos en una guerra”.
El jueves también en horas de la noche, el joven Eblin Noel Corea de 17 años fue abatido por el impacto de una bala en el tórax, mientras participaba en una protesta que era reprimida por militares en el municipio de Yarumela, La Paz.
Luis fue impactado por la bala en la colonia Kennedy donde protestaba.
Esa misma noche se reportó el deceso de Erick Francisco Peralta de 38 años de edad. Era conductor de taxi y recibió un disparo en la cabeza al término de su rutina diaria de trabajo, cuando se dirigía a su casa en la colonia El Pedregal de Comayagüela, donde sus vecinos protestaban y eran reprimidos con balas por los uniformados.
Mientras el cuerpo de Erick yacía inerte en un ataúd una mujer, que se identificó como su amiga, decía a periodistas que el núcleo familiar y de amistades ha quedado sufriendo por esta pérdida irreparable. “La falta de un padre que trabajaba para sus hijos, para ayudarle a su madre, pero ahora quedamos a la deriva”, dijo.
La mujer, que manifestó que ahora solo queda llorar y esperar si algún día en Honduras habrá justicia, narró que la muerte de su amigo se dio en medio de una balacera por parte de los militares “como que estábamos en una guerra”.
El jueves también en horas de la noche, el joven Eblin Noel Corea de 17 años fue abatido por el impacto de una bala en el tórax, mientras participaba en una protesta que era reprimida por militares en el municipio de Yarumela, La Paz.
Eblin Noel Corea, durante una protesta en contra del régimen de Juan Hernández.
De acuerdo a los recuentos del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) en los últimos tres días se reportan cinco personas fallecidas producto de la represión militar y policial. Adicional a las tres personas antes citadas, la organización defensora de los derechos humanos registra a dos víctimas más en el municipio de Jutiapa, Atlántida: Eliu Orellana y a una persona conocida con el sobrenombre de El Negro. Además de las muertes, el Cofadeh contabiliza 29 heridos y al menos 41 detenciones arbitrarias.
Las cinco víctimas registradas en los últimos tres días se suman a otros casos más de represiones militares y policiales. En marzo de 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció en un informe que en el marco de las manifestaciones de la crisis poselectoral de 2017, al menos 23 personas murieron producto de impactos de balas de armas de uso policial y militar.
Las muertes siguen aún en la impunidad.
Militares a las calles
El gobernante hondureño acordó el jueves en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el despliegue a nivel nacional de las Fuerzas Armadas, policía, e inteligencia del Estado, según él, para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito y para la protección de la propiedad privada y pública.
La medida surgió a raíz de un paro de labores decretado el martes por elementos policiales, aglutinados a las unidades élites de la institución uniformada (Tigres y Fuerzas Especiales).
El paro de labores de los uniformados concluyó la noche del jueves, pero el despliegue militar y policial continúa en las calles, con el objetivo de repelar toda acción de protesta.
Ante las muertes y represiones brutales por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, la OACNUDH recordó mediante un tuiter que, de acuerdo a la doctrina internacional de derechos humanos, las Fuerzas Armadas no deben participar en tareas de orden público.
En una carta abierta, la organización Amnistía Internacional le pidió este viernes a Hernández que pare la militarización y respete las manifestaciones y los derechos humanos de quienes se manifiestan.
Honduras viene enfrentando una crisis de ingobernabilidad que se acentuó con las elecciones de noviembre de 2017, por un fraude electoral y por la violación de la Constitución de la República, que prohíbe la reelección presidencial.
Hernández, sigue a merced de una crisis de legitimidad y en medio de dos diálogos: uno gestado por él mismo con sectores afines y otro liderado por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, integrado por los docentes, médicos y personal de la salud, con el respaldo de la mayoría de los hondureños, que exige un sistema sanitario y educativo gratuito y de calidad. La exigencia comenzó para hacerle frente a un proceso privatizador de la salud y la educación, iniciado en los últimos nueve años.
En medio de la lucha por la salud y educación, que inició desde abril, los ciudadanos han seguido exigiendo, mediante protestas, la salida de Hernández.
La indignación de los hondureños se profundizó en las últimas semanas luego que medios nacionales e internacionales informaran que el gobernante hondureño y sus cercanos colaboradores están siendo investigados por la DEA desde el año 2013 por narcotráfico a gran escala y lavado de dinero.
Hernández es acusado además de actos de corrupción. En junio de 2015 admitió que recibió para su campaña política de 2013 al menos 150 mil dólares por parte de empresas que participaron en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Medios nacionales e internacionales han publicado artículos noticiosos que vinculan a Hernández y a su círculo familiar con el desvío de fondos del Estado a través de oenegés.
A continuación imágenes del entierro del joven Eblin Noel Corea (17):
Fotos cortesía de Luis Almendares
De acuerdo a los recuentos del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) en los últimos tres días se reportan cinco personas fallecidas producto de la represión militar y policial. Adicional a las tres personas antes citadas, la organización defensora de los derechos humanos registra a dos víctimas más en el municipio de Jutiapa, Atlántida: Eliu Orellana y a una persona conocida con el sobrenombre de El Negro. Además de las muertes, el Cofadeh contabiliza 29 heridos y al menos 41 detenciones arbitrarias.
Las cinco víctimas registradas en los últimos tres días se suman a otros casos más de represiones militares y policiales. En marzo de 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció en un informe que en el marco de las manifestaciones de la crisis poselectoral de 2017, al menos 23 personas murieron producto de impactos de balas de armas de uso policial y militar.
Las muertes siguen aún en la impunidad.
Militares a las calles
El gobernante hondureño acordó el jueves en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el despliegue a nivel nacional de las Fuerzas Armadas, policía, e inteligencia del Estado, según él, para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito y para la protección de la propiedad privada y pública.
La medida surgió a raíz de un paro de labores decretado el martes por elementos policiales, aglutinados a las unidades élites de la institución uniformada (Tigres y Fuerzas Especiales).
El paro de labores de los uniformados concluyó la noche del jueves, pero el despliegue militar y policial continúa en las calles, con el objetivo de repelar toda acción de protesta.
Ante las muertes y represiones brutales por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, la OACNUDH recordó mediante un tuiter que, de acuerdo a la doctrina internacional de derechos humanos, las Fuerzas Armadas no deben participar en tareas de orden público.
En una carta abierta, la organización Amnistía Internacional le pidió este viernes a Hernández que pare la militarización y respete las manifestaciones y los derechos humanos de quienes se manifiestan.
Honduras viene enfrentando una crisis de ingobernabilidad que se acentuó con las elecciones de noviembre de 2017, por un fraude electoral y por la violación de la Constitución de la República, que prohíbe la reelección presidencial.
Hernández, sigue a merced de una crisis de legitimidad y en medio de dos diálogos: uno gestado por él mismo con sectores afines y otro liderado por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, integrado por los docentes, médicos y personal de la salud, con el respaldo de la mayoría de los hondureños, que exige un sistema sanitario y educativo gratuito y de calidad. La exigencia comenzó para hacerle frente a un proceso privatizador de la salud y la educación, iniciado en los últimos nueve años.
En medio de la lucha por la salud y educación, que inició desde abril, los ciudadanos han seguido exigiendo, mediante protestas, la salida de Hernández.
La indignación de los hondureños se profundizó en las últimas semanas luego que medios nacionales e internacionales informaran que el gobernante hondureño y sus cercanos colaboradores están siendo investigados por la DEA desde el año 2013 por narcotráfico a gran escala y lavado de dinero.
Hernández es acusado además de actos de corrupción. En junio de 2015 admitió que recibió para su campaña política de 2013 al menos 150 mil dólares por parte de empresas que participaron en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Medios nacionales e internacionales han publicado artículos noticiosos que vinculan a Hernández y a su círculo familiar con el desvío de fondos del Estado a través de oenegés.
A continuación imágenes del entierro del joven Eblin Noel Corea (17):
Fotos cortesía de Luis Almendares
Hoy
durante en entierro del joven Eblin Noel Coea, en el municipio de
Yarumela, La Paz, este hombre muestra un cartel para concienciar a los
militares
Dos muertos y 20 heridos durante oleada de protestas en Honduras
Manifestantes queman neumáticos en las protestas contra el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández. Foto: AFP.
“Miembros de Medicina Forense hicieron el levantamiento de dos cadáveres” entre las personas trasladadas al Hospital Escuela de la capital por los incidentes de la noche del miércoles y madrugada del jueves, dijo a la AFP la portavoz del Departamento Médico Legal del Ministerio Público, Isis Alvarado.
Las víctimas mortales fueron identificadas en el hospital como Luis Enrique Maldonado Vásquez, de 24 años, y Erick Francisco Peralta Mendoza, de 37, ambos con heridas de bala.
Las muertes se registraron durante la violenta intervención de policías y militares para dispersar a miles de personas que bloquearon calles en zonas de Tegucigalpa.
Diana Rodríguez, de 49 años, dijo a la AFP que su hermano de madre, Erick, era un taxista. “Se bajó de su carro en una toma para pedir que lo dejaran pasar, pero llegaron policías militares a disparar y lo mataron”, explicó.
Según informes policiales, seguían bloqueos de carreteras con neumáticos encendidos, piedras y palos en la capital y otras ciudades, como San Pedro Sula (norte), La Ceiba (Caribe norte), Choluteca (sur) y Colón (noreste).
En algunos sectores, los manifestantes fueron desalojados por policías pero se mudaron de lugar, impidiendo la circulación de vehículos.
¿Cómo comenzaron las protestas?
Joven protesta en Honduras. Foto: EFE.
El punto de inflexión ocurrió el pasado 26 de abril, cuando el Congreso Nacional de Honduras aprobó dos controvertidas reformas para reestructurar el sector educativo y de salud.
Las medidas ampliamente rechazadas por los gremios fueron pasadas con el respaldo de la mayoría oficialista, y suscitaron situaciones de violencia al interior del recinto parlamentario donde legisladores de distintos partidos protagonizaron una pelea a puños.
¿Por qué escalaron?
Unos manifestantes respaldan la lucha por salud y educación gratuita, otros tienen sus propias causas. Foto: EFE.
Con paros nacionales consecutivos y ultitudinarias movilizaciones en Tegucigalpa (capital), el movimiento fue tomando volumen en sus bases hasta confluir en la conformación de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública.
En este marco, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH)derogó las polémicas medidas a principios de junio buscando desactivar la conflictividad social en las calles.
El mandatario convocó al denominado Diálogo nacional por la educación y la salud, que fue rechazado por los huelguistas que propusieron en cambio que el Ejecutivo adhiera al Diálogo alternativo ciudadano, con dirigentes de diversos sectores sociales del país centroamericano.
Docentes y trabajadores del sector salud continuaron con las movilizaciones que comenzaron a tomar fuerza también en otras ciudades y regiones como San Pedro Sula, El Progreso (norte), La Paz, Comayagua (centro), Copán (noroeste), Atlántida (Caribe norte), Olancho (este), Valle y Choluteca (sur).
¿Cuáles sectores se sumaron?
Taxistas
en San Pedro Sula, norte de Honduras, se sumaron a protestas que se
viven a diario en el país. Foto: @GildateleSUR/Twitter.
Nuevos paros de la Asociación de Taxistas, que exige la anulación de un conjunto de regularizaciones impuestas al sector, así como de los transportistas de carga pesada en la zona norte del país, que ha producido desabastecimiento de combustible en varias gasolineras, han abonado a la escalada del conflicto.
¿Por qué se plegó un sector de las fuerzas de seguridad?
Protestas en Honduras. Foto: EFE.
Los efectivos sublevados, que incluyen también a la Fuerza Especial Cobras (FEC), adscripta al mismo cuerpo, reclaman mejoras salariales y expresan su respaldo a los reclamos de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública.
La huelga policial no ha hecho más que intensificar la protesta ciudadana y la represión de la Policía Militar (PM) que se mantiene alineada con el Ejecutivo. En las últimas veinticuatro horas, diversas localidades hondureñas han sido escenario de saqueos, barricadas y enfre
En
las últimas veinticuatro horas, diversas localidades hondureñas han
sido escenario de saqueos, barricadas y enfrentamientos. Foto: Reuters.
Tomas de carreteras en Honduras. Foto: @GildateleSUR/Twitter.
Las protestas han dejado dos muertos en Honduras. Foto: EFE.
¡ALERTA! ANOCHE MILITARES ASESINARON A OTRO HONDUREÑO EN PROTESTAS
- Publicado: 20 Junio 2019
La
Policía Militar, aprobada en 2013 cuando Juan Hernández era presidente
del Congreso Nacional, anoche asumió como el principal ente represor
ante la ausencia de la Policía Nacional, que se sumó a las protestas
contra el régimen. Organismos de Derechos Humanos reportaron el deceso
de Luis Maldonado, herido de un disparo certero en la cabeza.Cabe destacar que en 2017 e inicios de 2018, con la crisis poselectoral que provocó un proceso altamente cuestionado y una ilegal reelección presidencial, según la Constitución, se denunció que los militares asesinaron a 54 hondureños, de ellos, 22 directamente en las protestas, reconoció la ONU.
Redacción central / EL LIBERTADOR.
Tegucigalpa.
El Hospital Escuela Universitario (HEU), reportó anoche que el joven
Luis Antonio Maldonado, falleció a causa de heridas que según el Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), fueron
provocadas por la Policía Militar.
Esta
unidad castrense, asumió anoche la titularidad para reprimir al pueblo
que desde las 3:00 de la tarde se autoconvocó a protestar en todo el
país.
Lo
anterior, debido a que las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional,
acompañados de la Dirección Preventiva y de Transito, se declararon en
“brazos caídos”, negándose a reprimir al pueblo y denunciando una serie
de violaciones a sus derechos como agentes.
Sumado
a la lucha social de la Plataforma para la Defensa de la Salud y
Educación, más el paro de los Transportes de Carga –que durante la
madrugada fumaron la pipa de la paz con el Gobierno–, el pueblo
aprovechó las condiciones para ejercer medidas de presión.
La
represión militar, provocó, según un comunicado del HEU, el ingreso de
doce personas heridas que recibieron atención de especialistas de
neurocirugía, cirugía general y ortopedia. El documento señala que unos
cuatro ciudadanos fueron heridos de bala, llevando a uno al quirófano.
En
tanto al joven que sucumbió, el comunicado especifica que “Luis Antonio
Maldonado de 29 años de edad ingresó con un diagnóstico de trauma
craneoencefálico abierto por proyectil disparado por arma de fuego”, es
decir, recibió tratamiento de emergencia en cirugía por un disparo
certero en la cabeza, confirmando su deceso a las 11:32 de la noche.
Además,
varios negocios fueron saqueados por antisociales que aprovecharon la
lucha legítima del pueblo en un escenario similar al de la crisis
poselectoral. Recientemente, la Plataforma denunció que el Gobierno
estaba infiltrando el crimen en sus movilizaciones para excusar la
brutalidad policial contra maestros, médicos y empleados de Salud y
Educación.
También,
cientos de estudiantes quedaron atrapados en sus campus, siendo
acogidos por las autoridades de cada universidad del país; sin embargo,
en San Pedro Sula, se denunció que la Universidad Católica, no quiso
refugiar a los jóvenes, por lo que fueron recibidos por estudiantes de
la Universidad de San Pedro Sula.
Para
este viernes, ya son varias las protestas que se registran en
carreteras de todo el país, siendo la respuesta del pueblo ante el
tratado que firmaron transportistas y Gobierno durante la madrugada.
En
ese sentido, en la salida al sur de la capital, las fuerzas del Estado
reprimen a manifestantes para liberal las vías, tratando de permitir el
paso a camiones con combustibles para abastecer las estaciones de
servicio que ayer cerraron desde temprano por quedar sin reservas.
Policía Militar reprime a manifestantes y agrede a periodista
Pese a
que las acciones de protesta se extendieron durante la noche y la madrugada del
miércoles, la ciudadanía y estudiantes del Distrito Central decidió continuar
las manifestaciones con tomas de carretera y los principales bulevares de
Tegucigalpa y Comayagüela.
La
población ha expresado su descontento con la actual administración pública,
dirigida por Juan Orlando Hernández quien es señalado por imponer la reelección
presidencial; la ciudadanía además demanda mejorar el sistema de salud y
educación pública.
“Nosotros
como ciudadanos ya no aguantamos el comportamiento de este dictador, el
usurpador del poder, no lo queremos ahí porque está violentando el poder, está
dañando los derechos de los ciudadanos; la canasta básica, la energía y el
combustible, el pueblo pobre ya no podemos”, decía un vecino del Cerro de Hula
en Santa Ana, Francisco Morazán, durante la toma de la carretera que conecta
con la zona Sur del país.
Durante
esa toma, transportistas de carga pesada cruzaron las unidades para impedir el
paso de vehículos.
Por su
parte, una mujer manifestante expresa que la salida de Hernández de la silla
presidencial debe dar paso a una Asamblea Nacional: “donde estén incorporados
todos los sectores, mujeres, jóvenes y obreros, para construir una nueva
Constitución porque ésta ya está desfasada, estamos en un país donde las
garantías fueron rotas”.
La
toma de carretera en el kilómetro 9 duró dos, policías y militares reprimieron
con gas lacrimógeno y persiguieron a los manifestantes.
Minutos
después, un grupo de estudiantes universitarios y jóvenes comenzaron la toma
del bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán.
Los
estudiantes colocaron piedras y quemaron llantas para impedir el paso vehicular
por los dos carriles del principal bulevar de la capital Tegucigalpa.
Hasta
el lugar, con actitud violenta y sin mediar palabras, llegó un pelotón de la
Policía Militar y del Orden Público (PMOP). Los elementos militares,
considerados la fuerza especial del régimen nacionalista, se molestaron al ver
que el fotógrafo de la agencia internacional Reuters, Jorge Cabrera, comenzó a
hacer registro fotográfico le asentaron un batazo en su mano izquierda.
“Estoy
plenamente identificado. Me dio con bate, no comprendo el motivo, no comprendo
por qué tenía que haber golpeado a la prensa”, dijo Jorge Cabrera a Radio
Progreso.
Los
Policías Militares lanzaron gas lacrimógeno contra los estudiantes que
demandaban educación gratuita y de calidad, y la salida inmediata de Juan
Orlando Hernández.
Mientras
el equipo de prensa de Radio Progreso en Tegucigalpa narraba la represión y
agresión, un miembro del pelotón de la Policía Militar grababa con un celular
el movimiento de los periodistas.
Las
tomas calles y bulevares continúan en el Distrito Central, pese a la amenaza e
intimidación de la Policía Militar y del Orden Público.
Este viernes Honduras vive nueva jornada de represión
Cuando el odio es el motor que mueve a los
represores, las bombas lacrimógenas y las balas son lanzadas
directamente a nuestros cuerpos, expresó con indignación una maestra del
departamento de Cortés, mientras auxiliaba a los manifestantes
afectados por el gas en una nueva jornada de represión que se dió en
Honduras.
La carretera que conduce a Puerto Cortés, la
aduana marítima más importante del país, fue tomada por maestros, padres,
madres y jóvenes que rechazan la administración de Juan Orlando Hernández y sus
políticas privatizadoras. La toma inició a las 8 de la mañana y los manifestantes
negociaron con la Policía Nacional, permanecer en el lugar hasta el mediodía.
Sin embargo, antes de que se cumpliera la hora
acordada, las bombas lacrimógenas que portaba la Policía Militar y los Comando
Cobras y Tigres comenzaron a fluir contra la humanidad de los manifestantes. “Sabemos
que nos van a reprimir siempre porque estos órganos están subordinados a Juan
Orlando”, dijo el dirigente magisterial Jimmy Sorto, asegurando que no existe
Estado de Derecho en Honduras, porque los poderes están concentrados en una
persona.
Un momento tenso se vivió cuando los uniformados
lanzaron bombas contra las personas de una venta de comida, afectando a
ancianos y menores de edad. Esta acción provocó que la gente devolviera los
gases a los agentes, haciendo que estos comenzaran a intimidar con sus armas de
reglamento.
Luego de la represión, los manifestantes se trasladaron
a San Pedro Sula, al norte de Honduras, para definir nuevas acciones en el
marco de la crisis social que vive el país.
Esa misma jornada de represión se vivió en la
ciudad de El Progreso, Yoro. Desde tempranos los manifestantes se tomaron el
puente a la altura de la colonia Quebrada Seca, carretera que conecta con el
litoral atlántico. Sin mediar palabra elementos del Ejército, Policía Nacional
y los Tigres comenzaron a reprimir a los asistentes.
La persecución se extendió hasta el centro de la
ciudad donde comerciantes debieron cerrar sus establecimientos por temor a
salir afectados.
Únicamente en la ciudad de El Progreso, las
organizaciones reportaron la detención de 10 personas, otros más resultaron
lesionados. En la represión resultó con su brazo derecho quebrado, el joven
Gabriel Godínez, quien fue golpeado por la Policía y el Ejército mientras
pasaba por el lugar de la represión, porque se trasladaba a firmar, como parte
de las medidas sustitutivas de prisión que tiene desde noviembre 2017, en el
marco de la crisis post electoral.
Gabriel Godínez es uno de los denominado presos políticos en Honduras.
Represión militar en Honduras deja 5 muertos y más de treinta heridos
Tegucigalpa.- Al menos cinco personas murieron en menos de 24 horas en Honduras durante las jornadas de protesta en contra del régimen de Juan Orlando Hernández, donde exigieron su renuncia.
Los días 19 y 20 de junio las protestas en Honduras se intensificaron luego que el transporte de carga se paralizara y un grupo de policías de las Fuerzas Especiales se rebeló, exigiendo el cumplimiento del aumento salarial que se les había prometido.
En varias ciudades de 12 departamentos la población se auto convocó y salió a tomarse carreteras y calles, y para desalojarlos el régimen utilizó a la Policía Militar y a soldados del ejército para que realizaran esa labor.
En su monitoreo de las violaciones a los derechos humanos durante las protestas, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registra que los días 19 y 20 de junio cinco personas fueron asesinadas, tres por elementos de la Policía Militar y dos en circunstancias no muy claras.
Las víctimas fueron reportadas dos en Tegucigalpa, Francisco Morazán; dos en Jutiapa, Atlántida, y uno en Yarumela, La Paz.
Las víctimas de la Capital fueron ingresadas al Hospital Escuela donde fallecieron. Las mismas fueron identificadas como Luis Enrique Maldonado, quien recibió un impacto de bala en la cabeza durante una movilización en la colonia Kennedy, y Erik Peralta, quien recibió heridas con un objeto corto punzante esto en las faldas de El Pedregal, cuando era reprimida una protesta.
Otras de las víctimas se conoció que el hecho fue en Jutiapa, Atlántida, cuando se encontraban en una toma, hombres armados pasaban en un vehículo por el lugar y al ver interrumpido el paso, sacaron sus armas dispararon contra los manifestantes, causándole la muerte a Eliu Orellana y a otra persona de la que se desconoce su identidad. Cabe señalar que en el hecho otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladados a un centro asistencial del sector.
Eblin Noel Corea Maradiaga es otra de las víctimas que falleció a manos de los militares en la carretera desvío al municipio de Yarumela, La Paz, hecho ocurrido el jueves 20 de junio.
El joven de tan solo 17 años protestaba junto a otros pobladores del sector cuando fue alcanzado por las balas de la policía y militares, quienes dispararon sus armas de reglamento cuando desalojaban a los manifestantes.
En estos hechos también resultaron heridos más de una treintena de manifestantes, donde al menos 21 fueron ingresados a la sala de emergencia del Hospital Escuela de Tegucigalpa, en su mayoría heridos de bala.
El COFADEH se trasladó hasta las instalaciones de ese centro asistencial constatando que varios de los heridos aún permanecían internos y otros ya les habían dado el alta.
Uno de los heridos, de quien omitimos su nombre, dijo que no era justo lo que hacían los Policías Militares y que él solo estaba trabajando.
“Me encontraba en la San Francisco metiendo una arena en una casa donde yo trabajo, en eso hubo un enfrentamiento entre manifestantes y policías, los militares empezaron a disparar bala viva y producto de esa represión recibí un impacto de bala en la parte baja del abdomen, me duele al caminar, pero el doctor ya me dijo que no me tocó ningún órgano interno”.
Mientras que otro joven expresó que “yo iba a dejar a alguien por la zona de la gasolinera Puma de la carretera al norte, cuando escuché disparos y fue cuando me dieron a mí, tengo de 50 a 60 perdigones de la bala en todo el cuerpo, brazos, cabeza, espalda y pierna”.
La tercera persona con la que el COFADEH habló señaló que “iba pasando y vi que los manifestantes tenían una toma pacifica en el lugar, solo se estaba interrumpiendo el paso a vehículos pesados y se estaba dejando pasar todos los carros pequeños, pero en eso un carrito pequeño empezó a disparar a lo loco hiriéndome a mí que iba pasando por el lugar”.
Destacó que esa es una nueva modalidad que utiliza la policía utilizar carros no policiales para que el echen la culpa a particulares y no a ellos.
Cabe señalar que solo el día 19 de junio en la Capital, 21 personas ingresaron al Hospital Escuela, pero se estima que ese día hubo más personas heridas y que por temor no acudieron a ese centro asistencial.
Estos hechos de brutal represión se dieron entre el miércoles 19 y el jueves 20 de junio, cuando el pueblo se auto convocó a las calles a defender la salud y la educación, mientras las Fuerzas Especiales de Seguridad de la Policía Nacional se declaraba de brazos caídos.
El gobierno ilegitimo de Juan Orlando Hernández convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde resolvió darle la seguridad de la ciudadanía a los militares, de quienes se sabe que no pueden manejar conflictos porque han sido preparados para matar, tal como lo dejaron claro durante los días 19 y 20 de junio.
Policía de Honduras responsabiliza a FFAA por muerte de manifestante de Yarumela
TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Policía Nacional de Honduras responsabilizó a las FFAA por la muerte violenta de un menor de edad ocurrido la noche del jueves en la comunidad de Yarumela, en el central departamento de La Paz.
La jefa local de la fuerza pública Doris Estela Cortez Padilla indicó en un informe que un pelotón de 10 personas al mando del teniente coronel Juan Bioney Maradiaga, «y durante el enfrentamiento entre los miembros del ejercito y manifestantes se escucharon disparos en el lugar, dejando como resultado una persona muerta».
La víctima, precisó la funcionaria, respondía al nombre de Eblin Noel Corea Maradiaga (17), quien era estudiante de secundaria y residía en uno de los barrios de Yarumela, que está situada a pocos kilómetros de la cabecera departamental de La Paz.
El incidente, según la relación de los hechos, ocurrió después de las 8:00 de la noche en la referida localidad, ya que los agentes policiales fueron informados de que habían «unos miembros del ejercito heridos mediante desalojo en la aldea Yarumela», por lo que uno una patrulla se movilizó a la zona para constatar el incidente.
El agente Óscar Ramírez notificó a su superior que había un menor herido por arma de fuego, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital paceño Roberto Suazo Córdova, pero falleció por la gravedad de las heridas.
En tanto, un soldado, quien recibió una pedrada durante la confrontación, fue llevado a un hospital privado de Comayagua en la patrulla 575 y se supo que su condición era estable.
«Cabe señalar señor -según informó la jefa policial-, que en el momento en que el menor falleció en el Hospital Roberto Suazo Córdova, los familiares y vecinos de Yarumela, enardecidos por lo sucedido levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta su casa de habitacion en la aldea Yarumela, para luego prohibir la llegada de las autoridades a hacer el respectivo levantamiento, que en ley corresponde».
La muerte del menor ocurre horas después que el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández ordenara la salida de los militares a las calles para aplastar la rebelión policial, misma que fue acabada horas después por mediación de la defensoría del pueblo.
Hasta el momento, alrededor de cuatro personas habrían perdido la vida a manos de las FFAA en el contexto de las protestas contra el actual Ejecutivo.
Lea el reporte de la jefa policial en torno al crimen del adolescente:
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UDEP No12, LA PAZ 21/ junio/2019
Menor fallecido y miembro del ejercito herido mediante desalojo en aldea Yarumela
Buenas dias señor: por este medio y con todo respeto le reporto a usted que el dia de ayer jueves 20 de junio del presente año, a las 20:20 horas se recibió una llamada vía número de emergencia 911, donde reportaban de unos miembros del Ejército heridos mediante desalojo en la aldea Yarumela, por lo que de inmediato llamé al policía Óscar Ramírez, quien se encontraba en el lugar con 3 elementos de la policia, y quien me manifestó que habia un menor herido por arma de fuego (manifestante), de nombre: Eblin Noel Corea Maradiaga, 17 años de edad, originario y residente en la aldea Yarumela, La Paz, (demás generales desconocidas), quien fue trasladado al Hospital Roberto Suazo Córdova, donde posteriormente falleció a consecuencia de la herida de bala recibida.
A la vez que el cabo de ingenieria de nombre Junior Garcia, herido en la cabeza por arma contusa (piedra) durante el desalojo, sería trasladado en la RPM 575, al hospital Comayagua Colonial, quien se encuentra estable.
Observaciones
Cabe señalar señor, que en el momento en que el menor falleció en el Hospital Roberto Suazo Córdova, los familiares y vecinos de Yarumela, enardecidos por lo sucedido levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta su casa de habitacion en la aldea Yarumela, para luego prohibir la llegada de las autoridades a hacer el respectivo levantamiento, que en ley corresponde.
Narración de hechos:
Segun información recabada en el lugar andaban 10 miembros del ejército bajo el mando del teniente coronel Juan Bioney Maradiaga, y durante el enfrentamiento entre los miembros del Ejército y manifestantes se escucharon disparos en el lugar, dejando como resultado una persona muerta.
Móvil:
Enfrentamiento durante desalojo
Hechor:
Proceso de investigación
Recurso Humano:
Policía Óscar Ramírez Policía Silvia López Policía Antonio Vásquez Policía Fausto Hernández
LOGÍSTICA RPM 575
Sin más que informar
Respetuosamente
Comisario de Policía Doris Estela Cortez Padilla comandante de la UDEP No. 12, La Paz
La Policía Nacional de Honduras responsabilizó a las FFAA por la muerte violenta de un menor de edad ocurrido la noche del jueves en la comunidad de Yarumela, en el central departamento de La Paz.
La jefa local de la fuerza pública Doris Estela Cortez Padilla indicó en un informe que un pelotón de 10 personas al mando del teniente coronel Juan Bioney Maradiaga, «y durante el enfrentamiento entre los miembros del ejercito y manifestantes se escucharon disparos en el lugar, dejando como resultado una persona muerta».
La víctima, precisó la funcionaria, respondía al nombre de Eblin Noel Corea Maradiaga (17), quien era estudiante de secundaria y residía en uno de los barrios de Yarumela, que está situada a pocos kilómetros de la cabecera departamental de La Paz.
El incidente, según la relación de los hechos, ocurrió después de las 8:00 de la noche en la referida localidad, ya que los agentes policiales fueron informados de que habían «unos miembros del ejercito heridos mediante desalojo en la aldea Yarumela», por lo que uno una patrulla se movilizó a la zona para constatar el incidente.
El agente Óscar Ramírez notificó a su superior que había un menor herido por arma de fuego, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital paceño Roberto Suazo Córdova, pero falleció por la gravedad de las heridas.
En tanto, un soldado, quien recibió una pedrada durante la confrontación, fue llevado a un hospital privado de Comayagua en la patrulla 575 y se supo que su condición era estable.
«Cabe señalar señor -según informó la jefa policial-, que en el momento en que el menor falleció en el Hospital Roberto Suazo Córdova, los familiares y vecinos de Yarumela, enardecidos por lo sucedido levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta su casa de habitacion en la aldea Yarumela, para luego prohibir la llegada de las autoridades a hacer el respectivo levantamiento, que en ley corresponde».
La muerte del menor ocurre horas después que el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández ordenara la salida de los militares a las calles para aplastar la rebelión policial, misma que fue acabada horas después por mediación de la defensoría del pueblo.
Hasta el momento, alrededor de cuatro personas habrían perdido la vida a manos de las FFAA en el contexto de las protestas contra el actual Ejecutivo.
Lea el reporte de la jefa policial en torno al crimen del adolescente:
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UDEP No12, LA PAZ 21/ junio/2019
Menor fallecido y miembro del ejercito herido mediante desalojo en aldea Yarumela
Buenas dias señor: por este medio y con todo respeto le reporto a usted que el dia de ayer jueves 20 de junio del presente año, a las 20:20 horas se recibió una llamada vía número de emergencia 911, donde reportaban de unos miembros del Ejército heridos mediante desalojo en la aldea Yarumela, por lo que de inmediato llamé al policía Óscar Ramírez, quien se encontraba en el lugar con 3 elementos de la policia, y quien me manifestó que habia un menor herido por arma de fuego (manifestante), de nombre: Eblin Noel Corea Maradiaga, 17 años de edad, originario y residente en la aldea Yarumela, La Paz, (demás generales desconocidas), quien fue trasladado al Hospital Roberto Suazo Córdova, donde posteriormente falleció a consecuencia de la herida de bala recibida.
A la vez que el cabo de ingenieria de nombre Junior Garcia, herido en la cabeza por arma contusa (piedra) durante el desalojo, sería trasladado en la RPM 575, al hospital Comayagua Colonial, quien se encuentra estable.
Observaciones
Cabe señalar señor, que en el momento en que el menor falleció en el Hospital Roberto Suazo Córdova, los familiares y vecinos de Yarumela, enardecidos por lo sucedido levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta su casa de habitacion en la aldea Yarumela, para luego prohibir la llegada de las autoridades a hacer el respectivo levantamiento, que en ley corresponde.
Narración de hechos:
Segun información recabada en el lugar andaban 10 miembros del ejército bajo el mando del teniente coronel Juan Bioney Maradiaga, y durante el enfrentamiento entre los miembros del Ejército y manifestantes se escucharon disparos en el lugar, dejando como resultado una persona muerta.
Móvil:
Enfrentamiento durante desalojo
Hechor:
Proceso de investigación
Recurso Humano:
Policía Óscar Ramírez Policía Silvia López Policía Antonio Vásquez Policía Fausto Hernández
LOGÍSTICA RPM 575
Sin más que informar
Respetuosamente
Comisario de Policía Doris Estela Cortez Padilla comandante de la UDEP No. 12, La Paz
Honduras: Crece la cifra de personas asesinadas en las manifestaciones
Friday, 21 June 2019 14:57 Written by German Reyes Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
La represión del Estado a las protestas pacíficas contra la
privatización de la salud y la educación habría provocado la muerte
violenta de al menos tres manifestantes en las últimas 48 horas.
Desde mayo de este año la Plataforma de defensa de la salud y la
educación ha venido presionando por cambios en estos sistemas los cuales
están colapsados y sujetos a corrupción. A esta, lucha se han unidos
diversos sectores de la sociedad hondureña que se sienten convocados.
Crímenes, persecución torturas y cárcel
En la tarde del jueves 20 de junio miembros de la Policía Militar tratando de disolver una manifestación pacífica en Yarumela, departamento de La Paz, le dieron muerte al estudiante de secundaria, Elvin Noel Corea Maradiaga, de 17 años de edad. A este joven le infirieron un disparo de arma de fuego en su abdomen, según denunciarion organizaciones de la zona.
De igual manera, en la noche del miércoles 19 de junio, el Hospital Escuela reportó la muerte de dos manifestantes que ingresaron al centro asistencial con heridas de gravedad.
Uno de los fallecidos es Luís Antonio Maldonado, de 29 años de edad, quien ingresó con un balazo en el cráneo y murió horas después, y el otro respondía en vida al nombre de Erick Peralta, de 38 años.
Peralta fue ingresado al hospital con una herida de arma blanca en el tórax y murió cuando era intervenido quirúrgicamente.
Vale recordar que el miércoles 19 de junio por la noche, la seguridad ciudadana se redujo a la mínima expresión debido a una huelga de brazos caídos, que en ese momento llevaban a cabo los miembros de la Policía Nacional, por mejoras en sus derechos laborales.
La seguridad estuvo en manos de la Policía Militar y solo en esa noche al hospital Escuela ingresaron 21 manifestantes heridos. Derivado de la inseguridad también se reportaron diversos comercios que fueron saqueados en la capital.
A la cifra de muertos en las manifestaciones ocurridas este año, también se suma el asesinato en Choluteca de Wilfredo de Jesús Moncada, de 17 años el 11 de abril pasado.
En las últimas semanas Honduras se ha visto envuelta en una severa crisis social que inició por la derogación de varios decretos encaminados a la privatización de la salud y la educación y que últimamente se ha expandido a otras demandas, que mantenían pendientes diversos sectores de la sociedad.
Pese a los reportes por violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Militar, el jueves 20 de junio, el presidente Juan Orlando Hernández ordenó un despliegue de las fuerzas armadas en todo el país, para disuadir las manifestaciones.
Crímenes, persecución torturas y cárcel
En la tarde del jueves 20 de junio miembros de la Policía Militar tratando de disolver una manifestación pacífica en Yarumela, departamento de La Paz, le dieron muerte al estudiante de secundaria, Elvin Noel Corea Maradiaga, de 17 años de edad. A este joven le infirieron un disparo de arma de fuego en su abdomen, según denunciarion organizaciones de la zona.
De igual manera, en la noche del miércoles 19 de junio, el Hospital Escuela reportó la muerte de dos manifestantes que ingresaron al centro asistencial con heridas de gravedad.
Uno de los fallecidos es Luís Antonio Maldonado, de 29 años de edad, quien ingresó con un balazo en el cráneo y murió horas después, y el otro respondía en vida al nombre de Erick Peralta, de 38 años.
Peralta fue ingresado al hospital con una herida de arma blanca en el tórax y murió cuando era intervenido quirúrgicamente.
Vale recordar que el miércoles 19 de junio por la noche, la seguridad ciudadana se redujo a la mínima expresión debido a una huelga de brazos caídos, que en ese momento llevaban a cabo los miembros de la Policía Nacional, por mejoras en sus derechos laborales.
La seguridad estuvo en manos de la Policía Militar y solo en esa noche al hospital Escuela ingresaron 21 manifestantes heridos. Derivado de la inseguridad también se reportaron diversos comercios que fueron saqueados en la capital.
A la cifra de muertos en las manifestaciones ocurridas este año, también se suma el asesinato en Choluteca de Wilfredo de Jesús Moncada, de 17 años el 11 de abril pasado.
En las últimas semanas Honduras se ha visto envuelta en una severa crisis social que inició por la derogación de varios decretos encaminados a la privatización de la salud y la educación y que últimamente se ha expandido a otras demandas, que mantenían pendientes diversos sectores de la sociedad.
Pese a los reportes por violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Militar, el jueves 20 de junio, el presidente Juan Orlando Hernández ordenó un despliegue de las fuerzas armadas en todo el país, para disuadir las manifestaciones.
Honduras: Estudiantes se toman nuevamente instalaciones de la UNAH
21 junio, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Estudiantes con sus rostros cubiertos se tomaron este viernes las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en apoyo a la lucha que realizan las áreas de la salud y educación.
“Seguimos resistiendo, seguimos en la lucha; los estudiantes conscientes estamos presentes ante todos los atropellos y la ingobernabilidad de parte del Estado”, señaló un de las jóvenes protestantes.
“A mí no me conviene que se cancele el periodo de la UNAH, también quiero clases, pero no voy a permitir que la gente se esté muriendo de hambre, que se esté yendo en caravanas, los enfermos se están muriendo de enfermedades curables porque yo tenga clases», comentó.
Por su lado, las autoridades del centro de educación superior mediante un comunicado informaron, que las actividades se restablecían a partir de este viernes, pero personal administrativo y estudiantes se encontraron con los portones cerrados debido a la toma.
En tanto, la Universidad del Valle de Sula, llegó su noveno día sin recibir clases, al permanecer tomada por estudiantes.
Estudiantes con sus rostros cubiertos se tomaron este viernes las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en apoyo a la lucha que realizan las áreas de la salud y educación.
“Seguimos resistiendo, seguimos en la lucha; los estudiantes conscientes estamos presentes ante todos los atropellos y la ingobernabilidad de parte del Estado”, señaló un de las jóvenes protestantes.
“A mí no me conviene que se cancele el periodo de la UNAH, también quiero clases, pero no voy a permitir que la gente se esté muriendo de hambre, que se esté yendo en caravanas, los enfermos se están muriendo de enfermedades curables porque yo tenga clases», comentó.
Por su lado, las autoridades del centro de educación superior mediante un comunicado informaron, que las actividades se restablecían a partir de este viernes, pero personal administrativo y estudiantes se encontraron con los portones cerrados debido a la toma.
En tanto, la Universidad del Valle de Sula, llegó su noveno día sin recibir clases, al permanecer tomada por estudiantes.
Para informarse sobre la lucha del pueblo de Honduras, visite el Blog:
URUGUAY
Nunca bajar los brazos
Las víctimas italianas del Plan Cóndor: 20 años buscando justicia
Hace
veinte años, en 1999, algunos familiares de desaparecidos con orígenes
italianos denunciaron los hechos ante la Justicia del país europeo y
ahora están a punto de conocer el veredicto en segunda instancia.
20.06.2019 09:21 - MONTEVIDEO PORTAL
Foto: Gastón Britos/FocoUy (archivo)
El militante uruguayo de izquierda
Bernardo Arnone salió de su casa el 1 de octubre de 1976 en Buenos Aires
y nunca regresó. Desapareció en las sombras del Plan Cóndor y su
destino, como el de otras víctimas, se juzga en Italia, en un proceso
que dictará sentencia el 8 de julio.
Hace veinte años, en 1999, algunos familiares de desaparecidos con orígenes italianos denunciaron los hechos ante la Justicia del país europeo y ahora están a punto de conocer el veredicto en segunda instancia.
Durante todos estos años se ha tratado de averiguar el destino de una veintena de italo-latinoamericanos que desaparecieron durante la Operación Cóndor, el plan de represión coordinado por las dictaduras de América Latina entre las décadas de 1960 y 1970.
Los imputados en Italia son 27 jerarcas, militares y represores de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay -en un principio eran más, pero fueron muriendo-, como el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, o el expresidente peruano Francisco Morales.
Todos están imputados en contumacia, ausentes en el Tribunal de Roma, dada su avanzada edad o porque ya cumplen condena en sus respectivos países, y son defendidos por abogados de oficio.
La lista de víctimas está repleta de apellidos italianos, como el caso del revolucionario argentino Luis Stamponi, el excura chileno Omar Venturelli, el tupamaro uruguayo Alvaro Banfi, el sindicalista Gerardo Gatti o la montonera argentina Marta Landi.
Pero también el uruguayo Bernardo Arnone, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y raptado el 1 de octubre de 1976 al salir de la casa en Buenos Aires en la que se refugiaba a raíz del golpe de Estado en su país de 1973 y la represión posterior.
Aquella remota mañana sigue indeleble en la memoria de su viuda, Cristina Mihura, quien llevó adelante su caso en Italia: "Bernardo salió de casa. Estaba su mamá, que había venido a visitarnos, y no volvió nunca más", rememora en una entrevista con Efe en Roma, donde vive.
Cristina y Bernardo se conocieron en un funeral y acabaron casados con apenas 20 años, en 1974, un año después del fatídico golpe. Ella estudiaba y él era un metalúrgico involucrado en la lucha sindical.
Arnone estaba en el punto de mira de los militares por una serie de revueltas en su fábrica, por las que fue encarcelado, así que la pareja cruzó la frontera y se refugió en Buenos Aires. Primero él y después ella.
"Teníamos militancia política. En aquella época no éramos niños a esa edad, pero ciertamente no éramos adultos", recuerda pausada.
En Argentina su marido desapareció para siempre, y la viuda sospecha que pasó por el Centro Clandestino de Detención "Automotores Orletti", un taller bonaerense usado en 1976 por la dictadura para torturar a cientos de opositores de izquierda.
Sus pasos, y los de otros muchos compatriotas y latinoamericanos, se pierden ahí: "En aquella época la Operación Cóndor no tenía nombre, existía ya, estaba en pleno curso, y Argentina era su epicentro, pero nosotros no teníamos ni idea", asegura.
Reconoce que Bernardo nunca renunció a la oposición al régimen y que pudo participar en atentados y operaciones subversivas, aunque sin matar a nadie, y defiende que en todo caso no merecía ese fin.
"Cualquier delito que haya podido cometer, que no me consta, no merecía la pena de muerte. Ciertamente merecía un juicio (...) Su mamá y su familia, yo, no merecíamos que no nos entregaran sus restos y 42 años después sigan sin dar información", lamenta.
La duda está en si Bernardo pudo ser deportado desde Buenos Aires a Uruguay en el conocido como "segundo vuelo", en el que según se supo después viajaron unos 20 uruguayos de los que nada más se supo.
Por este caso permanecen imputados en Italia once uruguayos: el excanciller Juan Carlos Blanco; José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco; Ernesto Avelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
En 2017 el Tribunal de Roma concluyó el juicio en primer grado con ocho cadenas perpetuas, entre ellos para García Meza, Arce Gómez y Juan Carlos Blanco, pero el resto salieron absueltos, también el militar Jorge Néstor Troccoli, el único que reside en Italia y que se persona en el juicio, pues escapó de su país en 2007.
Y sobre este exmilitar del cuerpo de fusileros navales durante la dictadura uruguaya (1973-1985) reside gran parte de la atención, pues se le imputa la desaparición de veinte uruguayos y su condena podría ser efectiva al ser el único que se encuentra en Italia.
Mihura en cualquier caso cree que el juicio en Italia tiene "un significado muy importante" porque demuestra que la búsqueda de la verdad continúa cuatro décadas después y subraya que el caso de Bernardo ya ha conllevado sentencias en Argentina, Uruguay e Italia.
"Puedo decir que por él ha habido justicia, pero no verdad (...) Quisiera poder enterrar a Bernardo con dignidad", concluye, emocionada.
Con información de EFE
Hace veinte años, en 1999, algunos familiares de desaparecidos con orígenes italianos denunciaron los hechos ante la Justicia del país europeo y ahora están a punto de conocer el veredicto en segunda instancia.
Durante todos estos años se ha tratado de averiguar el destino de una veintena de italo-latinoamericanos que desaparecieron durante la Operación Cóndor, el plan de represión coordinado por las dictaduras de América Latina entre las décadas de 1960 y 1970.
Los imputados en Italia son 27 jerarcas, militares y represores de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay -en un principio eran más, pero fueron muriendo-, como el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, o el expresidente peruano Francisco Morales.
Todos están imputados en contumacia, ausentes en el Tribunal de Roma, dada su avanzada edad o porque ya cumplen condena en sus respectivos países, y son defendidos por abogados de oficio.
La lista de víctimas está repleta de apellidos italianos, como el caso del revolucionario argentino Luis Stamponi, el excura chileno Omar Venturelli, el tupamaro uruguayo Alvaro Banfi, el sindicalista Gerardo Gatti o la montonera argentina Marta Landi.
Pero también el uruguayo Bernardo Arnone, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y raptado el 1 de octubre de 1976 al salir de la casa en Buenos Aires en la que se refugiaba a raíz del golpe de Estado en su país de 1973 y la represión posterior.
Aquella remota mañana sigue indeleble en la memoria de su viuda, Cristina Mihura, quien llevó adelante su caso en Italia: "Bernardo salió de casa. Estaba su mamá, que había venido a visitarnos, y no volvió nunca más", rememora en una entrevista con Efe en Roma, donde vive.
Cristina y Bernardo se conocieron en un funeral y acabaron casados con apenas 20 años, en 1974, un año después del fatídico golpe. Ella estudiaba y él era un metalúrgico involucrado en la lucha sindical.
Arnone estaba en el punto de mira de los militares por una serie de revueltas en su fábrica, por las que fue encarcelado, así que la pareja cruzó la frontera y se refugió en Buenos Aires. Primero él y después ella.
"Teníamos militancia política. En aquella época no éramos niños a esa edad, pero ciertamente no éramos adultos", recuerda pausada.
En Argentina su marido desapareció para siempre, y la viuda sospecha que pasó por el Centro Clandestino de Detención "Automotores Orletti", un taller bonaerense usado en 1976 por la dictadura para torturar a cientos de opositores de izquierda.
Sus pasos, y los de otros muchos compatriotas y latinoamericanos, se pierden ahí: "En aquella época la Operación Cóndor no tenía nombre, existía ya, estaba en pleno curso, y Argentina era su epicentro, pero nosotros no teníamos ni idea", asegura.
Reconoce que Bernardo nunca renunció a la oposición al régimen y que pudo participar en atentados y operaciones subversivas, aunque sin matar a nadie, y defiende que en todo caso no merecía ese fin.
"Cualquier delito que haya podido cometer, que no me consta, no merecía la pena de muerte. Ciertamente merecía un juicio (...) Su mamá y su familia, yo, no merecíamos que no nos entregaran sus restos y 42 años después sigan sin dar información", lamenta.
La duda está en si Bernardo pudo ser deportado desde Buenos Aires a Uruguay en el conocido como "segundo vuelo", en el que según se supo después viajaron unos 20 uruguayos de los que nada más se supo.
Por este caso permanecen imputados en Italia once uruguayos: el excanciller Juan Carlos Blanco; José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco; Ernesto Avelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
En 2017 el Tribunal de Roma concluyó el juicio en primer grado con ocho cadenas perpetuas, entre ellos para García Meza, Arce Gómez y Juan Carlos Blanco, pero el resto salieron absueltos, también el militar Jorge Néstor Troccoli, el único que reside en Italia y que se persona en el juicio, pues escapó de su país en 2007.
Y sobre este exmilitar del cuerpo de fusileros navales durante la dictadura uruguaya (1973-1985) reside gran parte de la atención, pues se le imputa la desaparición de veinte uruguayos y su condena podría ser efectiva al ser el único que se encuentra en Italia.
Mihura en cualquier caso cree que el juicio en Italia tiene "un significado muy importante" porque demuestra que la búsqueda de la verdad continúa cuatro décadas después y subraya que el caso de Bernardo ya ha conllevado sentencias en Argentina, Uruguay e Italia.
"Puedo decir que por él ha habido justicia, pero no verdad (...) Quisiera poder enterrar a Bernardo con dignidad", concluye, emocionada.
Con información de EFE
Jueza anula sobreseimiento de Gavazzo y reabre investigación por muerte de Gomensoro
La jueza penal de Paso de los Toros, Naama Coccaro, anuló el sobreseimiento y reabrió la causa que involucra al militar retirado José Nino Gavazzo en la muerte de Roberto Gomensoro, ocurrida meses antes del golpe de Estado de 1973.
José Nino Gavazzo.
DDHH
19 de junio de 2019, 21:23hs LR21
En abril pasado, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había solicitado a la jueza Coccaro, reabrir el caso de Gomensoro.
Sin embargo, la magistrada no accedió a la solicitud, aunque sí requirió la ampliación de los fundamentos.
A raíz de ello, Perciaballe presentó en tiempo y forma un escrito a través del cual planteó que la causa debía abrirse porque el Estado tiene la “obligación de aclarar la resolución de los delitos, y porque hay un derecho de las víctimas a la verdad y la tutela judicial efectiva”.
La investigación se había realizado a raíz de que la muerte de Gomensoro ocurrió en Tacuarembó, pero fue en Artillería Nº 1, en Montevideo, por lo cual “pudo haber sido el responsable Gavazzo y diez personas más”, dijo en su momento Perciaballe.
El pasado 21 de mayo se conoció que la jueza reabriría la causa sobre la muerte de Gomensoro.
Mientras que este 19 de junio El Observador informó que la magistrada anuló el sobreseimiento (suspensión del proceso por falta de pruebas) de Gavazzo y reabrió la causa.
De acuerdo al dictamen de Coccaro, “el nuevo paradigma en derechos humanos que impregna el sistema procesal penal uruguayo y la aparición de nuevos hechos obligan a considerar que el sobreseimiento dispuesto respecto a Gavazzo carece de valor jurídico y debe así declararse, dejándose sin efecto la providencia dictada, reabriéndose la causa con el fin de contribuir a la investigación”.
Por su parte, Perciaballe, quien se manifestó conforme con la decisión de la magistrada, dijo que la sentencia “es muy fundada, con mucha argumentación jurídica y normativa internacional”.
En abril pasado, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había solicitado a la jueza Coccaro, reabrir el caso de Gomensoro.
Sin embargo, la magistrada no accedió a la solicitud, aunque sí requirió la ampliación de los fundamentos.
A raíz de ello, Perciaballe presentó en tiempo y forma un escrito a través del cual planteó que la causa debía abrirse porque el Estado tiene la “obligación de aclarar la resolución de los delitos, y porque hay un derecho de las víctimas a la verdad y la tutela judicial efectiva”.
La investigación se había realizado a raíz de que la muerte de Gomensoro ocurrió en Tacuarembó, pero fue en Artillería Nº 1, en Montevideo, por lo cual “pudo haber sido el responsable Gavazzo y diez personas más”, dijo en su momento Perciaballe.
El pasado 21 de mayo se conoció que la jueza reabriría la causa sobre la muerte de Gomensoro.
Mientras que este 19 de junio El Observador informó que la magistrada anuló el sobreseimiento (suspensión del proceso por falta de pruebas) de Gavazzo y reabrió la causa.
De acuerdo al dictamen de Coccaro, “el nuevo paradigma en derechos humanos que impregna el sistema procesal penal uruguayo y la aparición de nuevos hechos obligan a considerar que el sobreseimiento dispuesto respecto a Gavazzo carece de valor jurídico y debe así declararse, dejándose sin efecto la providencia dictada, reabriéndose la causa con el fin de contribuir a la investigación”.
Por su parte, Perciaballe, quien se manifestó conforme con la decisión de la magistrada, dijo que la sentencia “es muy fundada, con mucha argumentación jurídica y normativa internacional”.
El caso Gomensoro
Roberto Gomensoro integró el Movimiento de Liberación Nacional y fue asesinado en marzo de 1973 (previo a la dictadura militar), luego de ser torturado en el Grupo de Artillería Nº 1 de La Paloma, Montevideo, y posteriormente su cuerpo arrojado a las aguas del río Negro, en la represa de Rincón del Bonete, proceso en el que habría participado Gavazzo, según surge de las actas del Tribunal de Honor militar que indagó al ex militar.APU realizará transmisiones de Radio Abierta en apoyo a trabajadores del gas
Son diversas las formas mediante las cuales el movimiento sindical,
los y las estudiantes, cooperativistas, jubilados, vecinos y vecinas de
perfil bajo, casi siempre de manera anónima, colaboran cuando un
sindicato está dando una batalla desigual en defensa de las fuentes
laborales, enfrentando patronales que están dispuestas a todo.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) evaluó distintas estrategias y acciones de apoyo a la huelga general que están manteniendo los trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) y resolvió realizar dos transmisiones especiales denominadas Radio Abierta desde la carpa instalada en la Plaza Independencia, los días sábado 22 y martes 25, de 9 a 12 horas.
La emisión será a través de las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de la APU y la coordinación general de las transmisiones estará a cargo del experimentado periodista y secretario de prensa y relaciones internacionales de APU, Luis Curbelo.
“La idea es apoyar la huelga general de los trabajadores del gas con lo que sabemos hacer, tratando de difundir la huelga mediante las herramientas de la comunicación, y así fue que a iniciativa del presidente de APU, Fabián Cardozo, manejamos la posibilidad de realizar una Radio Abierta”. Según explicó Curbelo, la iniciativa fue presentada al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT a los efectos de evaluar la propuesta. “El presidente Fernando Pereira nos transmitió el respaldo inmediato y así fue que nos pusimos a trabajar en la organización de las transmisiones”.
La Radio Abierta transmitirá el próximo sábado 22 de junio y el día del paro general, martes 25, en ambos casos en el horario de 9 a 12 AM. Los periodistas que estarían abocados a la conducción y realización de entrevistas en las transmisiones serían Georgina Mayo, Iván Antúnez, Martín Less y Alejandra Casablanca, aunque son muchos los que han manifestado su intención de participar para “dar una mano” en las actividades que desarrollará APU en la carpa del sindicato del gas instalada en la Plaza Independencia. Las transmisiones se realizarán a través de las cuentas oficiales de APU en Twitter y Facebook.
El coordinador periodístico de Radio Abierta de APU, adelantó al Portal que uno de los entrevistados del sábado será el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. “También tendremos la presencia allí de Laura Alberti, responsable de organización de la central, el diputado Luis Puig, probablemente algún otro legislador integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y algún invitado sorpresa”. Asimismo, está previsto que participen de la transmisión desde la Radio Abierta de APU en la Plaza Independencia, algunos músicos que solidariamente apoyarán a los trabajadores del gas con sus canciones en vivo, tal como ya lo hicieron en la movilización del mes de mayo, interpretando A Don José. Hasta el momento, ya han confirmado su participación Mariana Figueroa, Facundo Faroppa y Luis Caballero, integrantes del Sindicato de Trabajadorxs de la Vía Pública (SITVIP). Asimismo, como en tantas oportunidades, se contará con la presencia solidaria del artista Mario Carrero junto a otros representantes de la cultura.
Se reciben donaciones
Cabe consignar, que en la carpa instalada por la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, se reciben alimentos no perecederos, pañales y productos de limpieza para los evacuados por las inundaciones.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) evaluó distintas estrategias y acciones de apoyo a la huelga general que están manteniendo los trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) y resolvió realizar dos transmisiones especiales denominadas Radio Abierta desde la carpa instalada en la Plaza Independencia, los días sábado 22 y martes 25, de 9 a 12 horas.
La emisión será a través de las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de la APU y la coordinación general de las transmisiones estará a cargo del experimentado periodista y secretario de prensa y relaciones internacionales de APU, Luis Curbelo.
“La idea es apoyar la huelga general de los trabajadores del gas con lo que sabemos hacer, tratando de difundir la huelga mediante las herramientas de la comunicación, y así fue que a iniciativa del presidente de APU, Fabián Cardozo, manejamos la posibilidad de realizar una Radio Abierta”. Según explicó Curbelo, la iniciativa fue presentada al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT a los efectos de evaluar la propuesta. “El presidente Fernando Pereira nos transmitió el respaldo inmediato y así fue que nos pusimos a trabajar en la organización de las transmisiones”.
La Radio Abierta transmitirá el próximo sábado 22 de junio y el día del paro general, martes 25, en ambos casos en el horario de 9 a 12 AM. Los periodistas que estarían abocados a la conducción y realización de entrevistas en las transmisiones serían Georgina Mayo, Iván Antúnez, Martín Less y Alejandra Casablanca, aunque son muchos los que han manifestado su intención de participar para “dar una mano” en las actividades que desarrollará APU en la carpa del sindicato del gas instalada en la Plaza Independencia. Las transmisiones se realizarán a través de las cuentas oficiales de APU en Twitter y Facebook.
El coordinador periodístico de Radio Abierta de APU, adelantó al Portal que uno de los entrevistados del sábado será el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. “También tendremos la presencia allí de Laura Alberti, responsable de organización de la central, el diputado Luis Puig, probablemente algún otro legislador integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y algún invitado sorpresa”. Asimismo, está previsto que participen de la transmisión desde la Radio Abierta de APU en la Plaza Independencia, algunos músicos que solidariamente apoyarán a los trabajadores del gas con sus canciones en vivo, tal como ya lo hicieron en la movilización del mes de mayo, interpretando A Don José. Hasta el momento, ya han confirmado su participación Mariana Figueroa, Facundo Faroppa y Luis Caballero, integrantes del Sindicato de Trabajadorxs de la Vía Pública (SITVIP). Asimismo, como en tantas oportunidades, se contará con la presencia solidaria del artista Mario Carrero junto a otros representantes de la cultura.
Se reciben donaciones
Cabe consignar, que en la carpa instalada por la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, se reciben alimentos no perecederos, pañales y productos de limpieza para los evacuados por las inundaciones.
Fuecys evalúa como "muy bueno" el acatamiento a paro de este viernes
Se movilizaron más de 2.500 trabajadores de todo el país, los
supermercados fueron los comercios más afectados por la medida, según
gremio.
La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) evaluó como "muy bueno" el acatamiento de los trabajadores del sector al paro que llevan adelante a nivel nacional en reclamo de que este día, el 21 de junio, se establezca como feriado no laborable, dijo a ECOS la secretaria de Organización del gremio e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Abigail Puig.
Más de 2.500 trabajadores, entre ellos unos 650 compañeros que llegaron a Montevideo en representación de las delegaciones del interior del país, se movilizaron hasta el Palacio Legislativo y luego marcharon hasta la plaza "José" Pepe D´Elia, en el barrio Goes, donde se realizó un acto.
Por esta medida, según informó Puig, se registraron "afectaciones en algunas tiendas, sobre todo, en departamentos como Paysandú y Salto". A su vez, hubo servicios que se vieron perjudicados a nivel de la seguridad privada por la extensión de la medida, de 24 horas.
"También, hubo secciones de varios supermercados que no pudieron funcionar con normalidad", aseguró la dirigente sindical. Los supermercados "sin duda" fueron los comercios más afectados porque es el sector en el que hay más organización sindical, agregó.
En gremios, como el de funcionarios del Geant, la acatación ha sido "muy buena, incluso, mucho mejor que otros años", aseguró el secretario de ese gremio, Santiago Santarcieri.
Los trabajadores del comercio y servicios superan los 300.000, "el desafío es grande" teniendo en cuenta "el nivel de sindicalización", señaló Puig.
Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios se excusaron de dar declaraciones aduciendo que es "un conflicto que no les compete", mientras que el gerente de la Asociación de Supermercados (ASU) indicó que estaba en el exterior, al igual que otros representantes.
Desde hace siete años, el sindicato reclama que el 21 de junio se establezca como el "Día de la trabajadora y el trabajador del comercio y los servicios”, un feriado, no laborable y pago, que beneficie a los empleados del sector.
Esta fecha "está atada" con el día en que nació José “Pepe” D’Elía, fundador de la vieja Federación de Comercio e Industria y del Pit-Cnt.
La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) evaluó como "muy bueno" el acatamiento de los trabajadores del sector al paro que llevan adelante a nivel nacional en reclamo de que este día, el 21 de junio, se establezca como feriado no laborable, dijo a ECOS la secretaria de Organización del gremio e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Abigail Puig.
Más de 2.500 trabajadores, entre ellos unos 650 compañeros que llegaron a Montevideo en representación de las delegaciones del interior del país, se movilizaron hasta el Palacio Legislativo y luego marcharon hasta la plaza "José" Pepe D´Elia, en el barrio Goes, donde se realizó un acto.
Por esta medida, según informó Puig, se registraron "afectaciones en algunas tiendas, sobre todo, en departamentos como Paysandú y Salto". A su vez, hubo servicios que se vieron perjudicados a nivel de la seguridad privada por la extensión de la medida, de 24 horas.
"También, hubo secciones de varios supermercados que no pudieron funcionar con normalidad", aseguró la dirigente sindical. Los supermercados "sin duda" fueron los comercios más afectados porque es el sector en el que hay más organización sindical, agregó.
En gremios, como el de funcionarios del Geant, la acatación ha sido "muy buena, incluso, mucho mejor que otros años", aseguró el secretario de ese gremio, Santiago Santarcieri.
Los trabajadores del comercio y servicios superan los 300.000, "el desafío es grande" teniendo en cuenta "el nivel de sindicalización", señaló Puig.
Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios se excusaron de dar declaraciones aduciendo que es "un conflicto que no les compete", mientras que el gerente de la Asociación de Supermercados (ASU) indicó que estaba en el exterior, al igual que otros representantes.
Desde hace siete años, el sindicato reclama que el 21 de junio se establezca como el "Día de la trabajadora y el trabajador del comercio y los servicios”, un feriado, no laborable y pago, que beneficie a los empleados del sector.
Esta fecha "está atada" con el día en que nació José “Pepe” D’Elía, fundador de la vieja Federación de Comercio e Industria y del Pit-Cnt.
