Crisis económica, descontento social y corrupción: ¿el fin del neoliberalismo en América Latina?
Publicado: 30 oct 2019 23:44 GMT - RT
Vista aérea de las protestas contra el modelo económico estatal de Chile. 25 de octubre de 2019.
/
Pablo Sanhueza
/ Reuters
El 2019 ha sido un año de convulsión social en América
Latina. Protestas sociales en Ecuador, Perú, Haití, Nicaragua y Chile;
incendios en Brasil; crisis política en Venezuela; triunfos electorales
de la izquierda en Bolivia, Argentina y Uruguay; asesinatos contra activistas en Colombia; un histórico aumento de la violencia en México y flujos migratorios sin precedentes desde Centroamérica.
A partir de este clima de agitación social, algunos analistas consideran que las manifestaciones de descontento social están ligadas a una crisis estructural del neoliberalismo en América Latina, lo cual permitiría entender parte del complejo escenario político de la región.
Sin embargo, la coyuntura en los países latinoamericanos no se limita únicamente al modelo económico, ya que factores como la corrupción y las tensiones geopolíticas globales forman parte de la ecuación para tratar de desenredar la madeja.
El drástico incremento en el precio de los combustibles, derivado de la adopción del llamado "paquetazo" impulsado por el presidente Lenín Moreno en Ecuador, detonó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía y obligaron a que el mandatario trasladara la sede de Gobierno de Quito, a la ciudad de Guayaquil.
A cambio de un préstamo de 4.209 millones de dólares, el FMI solicitó al Gobierno de Moreno recortar el gasto público y
aumentar la recaudación fiscal. Como consecuencia, el
Ejecutivo ecuatoriano decidió retirar un subsidio de 1.400 millones de
dólares anuales al diésel y la gasolina, situación que avivó el
descontento de la población ante un previsible aumento de la inflación.
"Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica. Y también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un 'arma de destrucción masiva' en tiempo récord", escribió Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Algo similar ocurrió en Haití, donde el FMI recomendó aumentar los
precios a los precios de combustible en julio de 2018, como parte de un
paquete económico que busca aumentar los ingresos fiscales.
Esa situación se tradujo en una oleada de protestas que se extendieron hasta 2019, cuando un desabasto de gasolina, aunado a las acusaciones de corrupción contra el presidente haitiano, Jovenel Moise, exacerbó el descontento y desencadenó enfrentamientos, luego de que la población exigiera la dimisión del mandatario en octubre.
Pero Ecuador y Haití no ha sido los únicos lugares donde la intervención del FMI se ha traducido en un descontento social.
En Argentina, una serie de préstamos del FMI dispararon el endeudamiento del país, tras un largo historial de desencuentros con el organismo internacional. Esta vez, como consecuencia de una crisis por la devaluación de la moneda en un intento por atraer inversión extranjera.
Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, la moneda local ha sufrido una devaluación de 514 %, al pasar de 9,76 pesos por dólar en diciembre de 2015 a 60 pesos por divisa norteamericana el 25 de octubre de 2019, según datos del Banco de la Nación de Argentina.
La crisis cambiaria, derivada de la manera en que Macri retiró las
restricciones para la compra-venta de divisas con el fin de fomentar la
libre circulación de capitales, provocó que el Gobierno argentino
solicitara un nuevo préstamo financiero al FMI por 57.000 millones de
dólares para tratar de sortear la crisis.
Esto provocó que la deuda en Argentina se incrementara del 52,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 al 80,7 % en el segundo semestre de 2019, según la Secretaría de Finanzas, convirtiéndose en el país más endeudado de América Latina.
La situación económica y el aumento de la pobreza, que pasó del 31,4 %
de la población al 35,4 %, fue un factor clave para que el izquierdista
Alberto Fernández resultara ganador de las elecciones presidenciales de
Argentina, sin la necesidad de una segunda vuelta.
De este modo, Ecuador, Argentina y Haití optaron por seguir las recomendaciones del FMI a pesar de que, en 2016, los economistas de dicho organismo, Jonathan D. Ostry y Davide Furceri, reconocieron que "en lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro la expansión duradera". Esos mismos voceros admitieron incluso que los beneficios de la apertura económica "parecen haber sido exagerados".
Un escenario de descontento que contrasta con el crecimiento económico del llamado "milagro chileno", luego de que el país adoptara un modelo de apertura económica y libre mercado, tras el golpe de Estado promovido por Augusto Pinochet en la década de 1970.
De ahí que el sociólogo y politólogo Atilio Borón considere que las recientes protestas en Chile representan "la muerte violenta del mito del modelo neoliberal, que traía progreso, felicidad, bienestar, equidad social, cuando los datos muestran que ha traído exactamente lo contrario que se anunció".
Y es que a pesar de que la economía de Chile ha registrado un nivel de crecimiento económico considerable en las últimas décadas, los informes marcoeconómicos suelen tapar la desigualdad social que vive la nación andina.
De 1973, año del golpe de Estado contra Salvador Allende, a 2018, el
PIB per cápita de Chile pasó de 1.640 dólares a 15.923 dólares, a
precios actuales, lo que implica un crecimiento de casi 10 veces en 45
años, según datos del Banco Mundial. Un nivel de ingreso por persona
comparable a países como Hungría, Polonia o Croacia.
Sin embargo, esto no significa que el crecimiento económico se reparta de manera equitativa, ya que Chile es considerado el séptimo país más desigual del mundo, junto con Ruanda, según un informe del Banco Mundial, con un coefieciente GINI de 0,50. Es decir, que el 1 % más rico de los chilenos concentra el 33 % de la riqueza.
Esos datos son la constatación de que Chile es un país con el nivel de ingreso de un país rico y la desigualdad de uno pobre, una situación que deriva en la precarización de las condiciones laborales (incluyendo las pensiones, bajos sueldos y largas jornadas), y se ha traducido en un endeudamiento creciente ante la privatización de servicios básicos como agua y educación.
Los hogares registraron una deuda equivalente a 73,3 % de su ingreso disponible en 2018, que contrasta con el 59,8 % que tenían en 2013, según datos del Banco Central de Chile.
Entre los principales rubros que conforman el creciente endeudamiento de los hogares chilenos destacan tres: deuda hipotecaria (21%); consumo (55%) y educación (12%).
En paralelo, destacan los privilegios fiscales que tienen los más ricos frente a los más pobres de Chile, situación que para el investigador Marco Kremerman, de la Fundación Sol, ejemplifica las desigualdades de un modelo "impuesto por la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores".
En Brasil, la turbulencia comenzó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff a manos del Congreso, en agosto de 2016, por un caso de maquillaje de las cuentas fiscales, cuyo trasfondo era la disputa por el poder entre las distintas fuerzas del sistema político brasileño. El lugar de la mandataria fue ocupado por su vicepresidente Michel Temer, quien reconoció que ese 'impeachment' se trató en realidad de un "golpe" de Estado.
Casi inmediatamente después, el Gobierno de Temer aplicó una serie de recortes a los servicios de salud, educación y seguridad social, lo que ocasionó descontento entre la población brasileña y masivas manifestaciones.
El escenario de encono abrió las puertas para que el expresidente
Luiz Inacio Lula da Silva se postulara nuevamente a la presidencia de su
país, encabezando las encuestas de preferencia electoral por un amplio
margen, previo a los comicios de octubre de 2018. Sin embargo, el
aparato judicial encarceló a Lula, sin pruebas, por un presunto departamento obtenido en el caso de corrupción de Lava Jato.
El encarcelamiento de Lula facilitó la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, quien luego de asumir el cargo, en enero de 2019, se enfrentó a las movilizaciones de pueblos indígenas que rechazaron sus políticas a favor de la explotación comercial de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta. Meses más tarde, esa zona experimentó una serie de incendios, luego de que hacendados de la región de Pará realizaran el Día del Fuego para fomentar actividades agrícolas y mineras en ese territorio.
Las medidas de Bolsonaro en los primeros meses de su administración generaron un repudio creciente del 40 % de la población, siendo el presidente brasileño peor evaluado desde 1990, según encuestas de Datafolha.
Y en medio de ese escenario, la revelación de unos audios que involucran al juez Sergio Moro, quien enjuició y condenó a Lula, demostraron que el ahora ministro de Justicia de Bolsonaro conspiró con los fiscales encargados de llevar el caso contra el expresidente brasileño para sacarlo de la contienda presidencial.
Este caso demostró cómo la corrupción política al más alto nivel no solo provoca el descontento general de la población, sino que es capaz de hacer tambalear a los Gobiernos.
Una situación similar se vive en Perú, donde cuatro expresidentes han
sido procesados judicialmente por corrupción y sobornos de la empresa
brasileña Odebrecht: Alejandro Toledo, el fallecido Alan García, Ollanta
Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
La trama de corrupción continúa aguas abajo y vincula a otros personajes como Keiko Fujimori, líder del opositor partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori. La dirigente enfrenta una orden de 36 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht.
El procesamiento de varios políticos también desató una crisis en el interior del Estado, que experimentó su punto cumbre con la disolución del Congreso por parte del presidente, Martín Vizcarra, en una disputa que todavía no se resuelve.
El meollo del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo fue por el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, luego de que Vizcarra denunciara la existencia de un supuesto arreglo político entre facciones partidistas, cuyos líderes han sido señalados de corrupción.
Para algunos expertos, los casos de corrupción que enfrentan Brasil y
Perú, y prácticamente todos los países de América Latina, están
íntimamente ligados, a su vez, a la instauración del modelo neoliberal
en la región.
En Colombia, el descontento contra el presidente, Iván Duque, aliado del expresidente Álvaro Uribe, ha crecido en los últimos años a la par que la percepción sobre el deterioro del país.
La gestión de Duque ha estado marcada por el asesinato masivo de activistas, líderes sociales y excombatientes desmovilizados, lo que ha provocado que algunos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonaran el Proceso de Paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y retomaran la vía armada.
El día que anunciaron el rearme, el líder guerrillero Iván Márquez aseguró que ante el desconocimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano, una facción disidente de las FARC retomaría la lucha armada para combatir al "régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase".
Desde que se firmaron los acuerdos de paz entre las FARC y el
Gobierno colombiano, en noviembre de 2016, los asesinatos contra líderes
sociales han ido en aumento, sobre todo durante el mandato de Duque,
como consecuencia de la militarización y los conflictos sociales que
persisten en zonas rurales del país.
En 2016 fueron asesinados 132 líderes sociales; en 2017 mataron a 208; en 2018, la cifra llegó a 282 víctimas mortales, y hasta la primera semana de septiembre de 2019, se suman otros 155 homicidios, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Es decir, al menos 777 personas políticamente activas han muerto a manos de la violencia, desde el año en que se firmaron los acuerdos de paz.
La violencia creciente ha generado el rechazo popular contra Duque, que en las últimas encuestas de la firma Gallup fue desaprobado por 64 % de los colombianos. La evidencia de ese descontento se vio con mayor claridad en las recientes elecciones regionales, tras la contundente derrota electoral del uribismo y el crecimiento de los partidos de centroizquierda, reconfigurand
En un sentido paralelo, aunque en contextos políticos distintos, México enfrenta el año más violento de su historia reciente, tras un giro a la izquierda con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, quien desde el primer día de su gestión se asumió como un político "antineoliberal".
A pesar de que el mandatario mexicano ha emprendido una cruzada
anticorrupción abriendo procesos contra varios exfuncionarios y
políticos de alto perfil, además del impulso de varias reformas que
incluyen una reestructuración del Poder Judicial, el fenómeno de la
violencia sigue siendo el principal pendiente de la llamada "Cuarta
Transformación".
De enero a septiembre de 2019, México registra 25.890 homicidios dolosos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una cifra que, con un trimestre todavía por contabilizar, representa el 76 % de los 33.748 asesinatos contabilizados en 2018, el año más violento del que se tenga estadística.
La situación de violencia que vive el país quedó en evidencia tras el fallido operativo realizado en Culiacán para capturar al hijo de Joaquín 'Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán, a quien el Gobierno federal decidió soltar para evitar ataques del crimen organizado contra la población civil.
Durante la presentación del libro que escribió junto al sociólogo boliviano Fernando Calderón, titulado 'La nueva América', Castells aseguró que la corrupción en el continente se explica por factores estructurales vinculados al desarrollo del neoliberalismo.
"El neoliberalismo es un proyecto político de transformar todos los procesos de la vida, de la sociedad, de la política, del Estado y la cultura, en mercado", señaló Castells en la Ciudad de México, a mediados de octubre, durante un foro del colectivo Para Leer en Libertad.
"Ese modelo dinamizó el crecimiento económico en algunos sectores, modernizó la estructura productiva y al mismo tiempo generó una pobreza, miseria y exclusión social todavía mayor. Como reacción contra esa pobreza dentro del crecimiento, surgieron una serie de protestas y conflictos populares que llevaron a la emergencia de alternativas políticas en la mayor parte de los países, los llamados regímenes nacional-populares", explicó Castells.
El sociólogo catalán e investigador de la Universidad del Sur de
California señaló que, dentro del neoliberalismo, el Estado se ha
convertido en un mediador entre los flujos económicos nacionales e
internacionales, lo que ha provocado que las estructuras estatales se
hayan convertido en parte de un 'modus operandi' que opera con lógicas
del sector privado.
Este fenómeno explica la proliferación de casos de corrupción en América Latina, donde las redes criminales han llegado a niveles inéditos.
"La economía criminal tiene como elemento consustancial, como factor de producción, la capacidad de corrupción del Estado. Hace falta intimidación, entrar en la estructura estatal para funcionar. Sin el fraude o el lavado de dinero no funciona", apunta Castells.
En este sentido, el sociólogo considera que esta relación entre el modelo económico neoliberal ha contribuido a fomentar un proceso de fragmentación política en los países de la región, que a su vez se traduce en una crisis de legitimidad de los sistemas democráticos. Un fenómeno que explica por qué "la principal arma de lucha política en todo el mundo es el escándalo".
Asimismo, Castells sostiene que factores ligados a la lógica del modelo neoliberal, tales como "la nueva cultura de la individualización, de la competitividad a ultranza y el consumismo absoluto", son elementos estructurales que rompen los vínculos de solidaridad social y explican la proliferación de la crisis.
Esto debido a la manera en que EE.UU. ha presionado políticamente, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) o de las sanciones económicas, a países como Venezuela, Bolivia y Cuba, que han optado por impulsar un modelo de desarrollo con principios socialistas, distinto al neoliberal.
Ese hecho es clave para para entender el apoyo que EE.UU. ha dado, por ejemplo, al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien ha intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro, desde principios de 2019, primero al autoproclamarse como mandatario "encargado" de la nación suramericana, y después al encabezar una sublevación armada, que fracasó en pocas horas.
Por otra parte, la OEA ha sido el instrumento de presión de EE.UU. a gobiernos como el de Bolivia, en medio de las protestas por los resultados de la reciente elección presidencial que se definió en primera vuelta a favor de Evo Morales, quien denunció el inicio de un golpe en su contra y pidió realizar una auditoría de votos para despejar cualquier duda sobre la transparencia del escrutinio.
Pero la mano de EE.UU. no se ha limitado a la región sur del
continente, ya que también ha tenido una participación determinante en
la crisis política de Honduras, el país con mayor número de migrantes en
el éxodo masivo de centroamericanos registrado en el último año.
En un libro publicado en 2014, titulado 'Decisiones difíciles', la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, reconoció haber operado políticamente para impedir el regreso al poder del entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, luego del golpe de Estado de 2009.
Desde entonces, los Gobiernos emanados después del golpe han continuado en el poder en medio de acusaciones de fraudes electorales y el creciente rechazo popular a sus políticas de recortes sociales, situación que ha agudizado el clima de violencia y pobreza en Honduras.
De ahí que algunos periodistas como el hondureño Bartolo Fuentes, consideren que en la nación centroamericana prevalece una "dictadura militar" apoyada por EE.UU., lo cual en su opinión, explica parte del fenómeno migratorio de hondureños hacia territorio estadounidense.
En junio de 2019, una oleada de protestas contra el presidente
hondureño Juan Orlando Hernández se registró en las principales ciudades
del país, en rechazo a las medidas impulsadas por las autoridades para privatizar los servicios de educación y salud.
La injerencia de EE.UU. en Centroamérica también se manifestó en Guatemala, donde el Gobierno del estadounidense Donald Trump presionó al presidente guatemalteco Jimmy Morales para que aceptara firmar un acuerdo de tercer país seguro, que le permitiera enviar ahí a los migrantes centroamericanos detenidos y deportados en territorio estadounidense.
La agresiva política exterior de EE.UU. hacia América Latina no es un hecho aislado, sino que se da en medio de la lucha de Washington por contener el crecimiento económico de China, una disputa que ha sumado inestabilidad al contexto global por la pugna histórica entre los entre los proyectos nacionalistas y los defensores de la globalización financierista del proyecto neoliberal.
Aunque el proyecto neoliberal ha sufrido algunos reveses en América Latina, para los analistas no queda del todo claro qué tipo de repercusiones tendrá para la región, ni mucho menos si esta coyuntura será, en definitiva, la muerte de ese modelo. La incertidumbre queda en el aire.
Manuel Hernández Borbolla
A partir de este clima de agitación social, algunos analistas consideran que las manifestaciones de descontento social están ligadas a una crisis estructural del neoliberalismo en América Latina, lo cual permitiría entender parte del complejo escenario político de la región.
Sin embargo, la coyuntura en los países latinoamericanos no se limita únicamente al modelo económico, ya que factores como la corrupción y las tensiones geopolíticas globales forman parte de la ecuación para tratar de desenredar la madeja.
Ecuador, Argentina y Haití: las recetas del FMI
Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvieron una repercusión directa en el estallido social registrado en Ecuador y las elecciones presidenciales de Argentina.El drástico incremento en el precio de los combustibles, derivado de la adopción del llamado "paquetazo" impulsado por el presidente Lenín Moreno en Ecuador, detonó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía y obligaron a que el mandatario trasladara la sede de Gobierno de Quito, a la ciudad de Guayaquil.
Protestas en Quito, Ecuador, 13 de octubre de 2019.
/ Ivan Alvarado
/ Reuters
"Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica. Y también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un 'arma de destrucción masiva' en tiempo récord", escribió Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Esa situación se tradujo en una oleada de protestas que se extendieron hasta 2019, cuando un desabasto de gasolina, aunado a las acusaciones de corrupción contra el presidente haitiano, Jovenel Moise, exacerbó el descontento y desencadenó enfrentamientos, luego de que la población exigiera la dimisión del mandatario en octubre.
En Argentina, una serie de préstamos del FMI dispararon el endeudamiento del país, tras un largo historial de desencuentros con el organismo internacional. Esta vez, como consecuencia de una crisis por la devaluación de la moneda en un intento por atraer inversión extranjera.
Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, la moneda local ha sufrido una devaluación de 514 %, al pasar de 9,76 pesos por dólar en diciembre de 2015 a 60 pesos por divisa norteamericana el 25 de octubre de 2019, según datos del Banco de la Nación de Argentina.
Alberto Fernández celebra el triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina, en Buenos Aires, 27 de octubre de 2019.
/ Agustin Marcarian
/ Reuters
Esto provocó que la deuda en Argentina se incrementara del 52,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 al 80,7 % en el segundo semestre de 2019, según la Secretaría de Finanzas, convirtiéndose en el país más endeudado de América Latina.
De este modo, Ecuador, Argentina y Haití optaron por seguir las recomendaciones del FMI a pesar de que, en 2016, los economistas de dicho organismo, Jonathan D. Ostry y Davide Furceri, reconocieron que "en lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro la expansión duradera". Esos mismos voceros admitieron incluso que los beneficios de la apertura económica "parecen haber sido exagerados".
Chile: desigualdad y endeudamiento
El aumento a las tarifas del metro en Chile derivó en un estallido social que incluyó saqueos, incendios, protestas y represión policial durante el mes de octubre.Un escenario de descontento que contrasta con el crecimiento económico del llamado "milagro chileno", luego de que el país adoptara un modelo de apertura económica y libre mercado, tras el golpe de Estado promovido por Augusto Pinochet en la década de 1970.
De ahí que el sociólogo y politólogo Atilio Borón considere que las recientes protestas en Chile representan "la muerte violenta del mito del modelo neoliberal, que traía progreso, felicidad, bienestar, equidad social, cuando los datos muestran que ha traído exactamente lo contrario que se anunció".
Y es que a pesar de que la economía de Chile ha registrado un nivel de crecimiento económico considerable en las últimas décadas, los informes marcoeconómicos suelen tapar la desigualdad social que vive la nación andina.
Sin embargo, esto no significa que el crecimiento económico se reparta de manera equitativa, ya que Chile es considerado el séptimo país más desigual del mundo, junto con Ruanda, según un informe del Banco Mundial, con un coefieciente GINI de 0,50. Es decir, que el 1 % más rico de los chilenos concentra el 33 % de la riqueza.
Esos datos son la constatación de que Chile es un país con el nivel de ingreso de un país rico y la desigualdad de uno pobre, una situación que deriva en la precarización de las condiciones laborales (incluyendo las pensiones, bajos sueldos y largas jornadas), y se ha traducido en un endeudamiento creciente ante la privatización de servicios básicos como agua y educación.
Los hogares registraron una deuda equivalente a 73,3 % de su ingreso disponible en 2018, que contrasta con el 59,8 % que tenían en 2013, según datos del Banco Central de Chile.
Entre los principales rubros que conforman el creciente endeudamiento de los hogares chilenos destacan tres: deuda hipotecaria (21%); consumo (55%) y educación (12%).
En paralelo, destacan los privilegios fiscales que tienen los más ricos frente a los más pobres de Chile, situación que para el investigador Marco Kremerman, de la Fundación Sol, ejemplifica las desigualdades de un modelo "impuesto por la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores".
Brasil y Perú: corrupción e intriga política
En el caso de Brasil y Perú, más que un tema de índole estrictamente económica, lo que más ha causado enojo e indignación son casos de corrupción que han afectado la estabilidad política de ambos países.En Brasil, la turbulencia comenzó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff a manos del Congreso, en agosto de 2016, por un caso de maquillaje de las cuentas fiscales, cuyo trasfondo era la disputa por el poder entre las distintas fuerzas del sistema político brasileño. El lugar de la mandataria fue ocupado por su vicepresidente Michel Temer, quien reconoció que ese 'impeachment' se trató en realidad de un "golpe" de Estado.
Casi inmediatamente después, el Gobierno de Temer aplicó una serie de recortes a los servicios de salud, educación y seguridad social, lo que ocasionó descontento entre la población brasileña y masivas manifestaciones.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante gira por Pekín, China, el 25 de octubre de 2019.
/ Madoka Ikegami
/ Reuters
El encarcelamiento de Lula facilitó la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, quien luego de asumir el cargo, en enero de 2019, se enfrentó a las movilizaciones de pueblos indígenas que rechazaron sus políticas a favor de la explotación comercial de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta. Meses más tarde, esa zona experimentó una serie de incendios, luego de que hacendados de la región de Pará realizaran el Día del Fuego para fomentar actividades agrícolas y mineras en ese territorio.
Las medidas de Bolsonaro en los primeros meses de su administración generaron un repudio creciente del 40 % de la población, siendo el presidente brasileño peor evaluado desde 1990, según encuestas de Datafolha.
Y en medio de ese escenario, la revelación de unos audios que involucran al juez Sergio Moro, quien enjuició y condenó a Lula, demostraron que el ahora ministro de Justicia de Bolsonaro conspiró con los fiscales encargados de llevar el caso contra el expresidente brasileño para sacarlo de la contienda presidencial.
Este caso demostró cómo la corrupción política al más alto nivel no solo provoca el descontento general de la población, sino que es capaz de hacer tambalear a los Gobiernos.
La trama de corrupción continúa aguas abajo y vincula a otros personajes como Keiko Fujimori, líder del opositor partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori. La dirigente enfrenta una orden de 36 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht.
El procesamiento de varios políticos también desató una crisis en el interior del Estado, que experimentó su punto cumbre con la disolución del Congreso por parte del presidente, Martín Vizcarra, en una disputa que todavía no se resuelve.
El meollo del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo fue por el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, luego de que Vizcarra denunciara la existencia de un supuesto arreglo político entre facciones partidistas, cuyos líderes han sido señalados de corrupción.
México y Colombia: la violencia que no cesa
Otro de las consecuencias que ha dejado ese modelo económico es la epidemia de violencia. Colombia y México son dos casos ejemplares de cómo se aplica la receta neoliberal, y cuya historia reciente ha estado marcada por la oleada de sangre a manos de grupos armados.En Colombia, el descontento contra el presidente, Iván Duque, aliado del expresidente Álvaro Uribe, ha crecido en los últimos años a la par que la percepción sobre el deterioro del país.
La gestión de Duque ha estado marcada por el asesinato masivo de activistas, líderes sociales y excombatientes desmovilizados, lo que ha provocado que algunos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonaran el Proceso de Paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y retomaran la vía armada.
El día que anunciaron el rearme, el líder guerrillero Iván Márquez aseguró que ante el desconocimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano, una facción disidente de las FARC retomaría la lucha armada para combatir al "régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase".
En 2016 fueron asesinados 132 líderes sociales; en 2017 mataron a 208; en 2018, la cifra llegó a 282 víctimas mortales, y hasta la primera semana de septiembre de 2019, se suman otros 155 homicidios, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Es decir, al menos 777 personas políticamente activas han muerto a manos de la violencia, desde el año en que se firmaron los acuerdos de paz.
La violencia creciente ha generado el rechazo popular contra Duque, que en las últimas encuestas de la firma Gallup fue desaprobado por 64 % de los colombianos. La evidencia de ese descontento se vio con mayor claridad en las recientes elecciones regionales, tras la contundente derrota electoral del uribismo y el crecimiento de los partidos de centroizquierda, reconfigurand
En un sentido paralelo, aunque en contextos políticos distintos, México enfrenta el año más violento de su historia reciente, tras un giro a la izquierda con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, quien desde el primer día de su gestión se asumió como un político "antineoliberal".
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en Oaxaca, México, el 18 de octubre de 2019.
/ Jorge Luis Plata
/ Reuters
De enero a septiembre de 2019, México registra 25.890 homicidios dolosos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una cifra que, con un trimestre todavía por contabilizar, representa el 76 % de los 33.748 asesinatos contabilizados en 2018, el año más violento del que se tenga estadística.
La situación de violencia que vive el país quedó en evidencia tras el fallido operativo realizado en Culiacán para capturar al hijo de Joaquín 'Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán, a quien el Gobierno federal decidió soltar para evitar ataques del crimen organizado contra la población civil.
Corrupción y neoliberalismo
Para el sociólogo Manuel Castells, los altos índices de corrupción política en América Latina se explican por la manera en que la región "se ha insertado plenamente en la globalización de forma contradictoria y conflictiva".Durante la presentación del libro que escribió junto al sociólogo boliviano Fernando Calderón, titulado 'La nueva América', Castells aseguró que la corrupción en el continente se explica por factores estructurales vinculados al desarrollo del neoliberalismo.
"El neoliberalismo es un proyecto político de transformar todos los procesos de la vida, de la sociedad, de la política, del Estado y la cultura, en mercado", señaló Castells en la Ciudad de México, a mediados de octubre, durante un foro del colectivo Para Leer en Libertad.
"Ese modelo dinamizó el crecimiento económico en algunos sectores, modernizó la estructura productiva y al mismo tiempo generó una pobreza, miseria y exclusión social todavía mayor. Como reacción contra esa pobreza dentro del crecimiento, surgieron una serie de protestas y conflictos populares que llevaron a la emergencia de alternativas políticas en la mayor parte de los países, los llamados regímenes nacional-populares", explicó Castells.
Este fenómeno explica la proliferación de casos de corrupción en América Latina, donde las redes criminales han llegado a niveles inéditos.
"La economía criminal tiene como elemento consustancial, como factor de producción, la capacidad de corrupción del Estado. Hace falta intimidación, entrar en la estructura estatal para funcionar. Sin el fraude o el lavado de dinero no funciona", apunta Castells.
En este sentido, el sociólogo considera que esta relación entre el modelo económico neoliberal ha contribuido a fomentar un proceso de fragmentación política en los países de la región, que a su vez se traduce en una crisis de legitimidad de los sistemas democráticos. Un fenómeno que explica por qué "la principal arma de lucha política en todo el mundo es el escándalo".
Asimismo, Castells sostiene que factores ligados a la lógica del modelo neoliberal, tales como "la nueva cultura de la individualización, de la competitividad a ultranza y el consumismo absoluto", son elementos estructurales que rompen los vínculos de solidaridad social y explican la proliferación de la crisis.
Las presiones de EE.UU.
Sin embargo, el escenario latinoamericano no está ajeno a la geopolítica global, donde la influencia de EE.UU. sigue siendo un factor que interviene en la fractura del modelo neoliberal en la región.Esto debido a la manera en que EE.UU. ha presionado políticamente, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) o de las sanciones económicas, a países como Venezuela, Bolivia y Cuba, que han optado por impulsar un modelo de desarrollo con principios socialistas, distinto al neoliberal.
Ese hecho es clave para para entender el apoyo que EE.UU. ha dado, por ejemplo, al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien ha intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro, desde principios de 2019, primero al autoproclamarse como mandatario "encargado" de la nación suramericana, y después al encabezar una sublevación armada, que fracasó en pocas horas.
Por otra parte, la OEA ha sido el instrumento de presión de EE.UU. a gobiernos como el de Bolivia, en medio de las protestas por los resultados de la reciente elección presidencial que se definió en primera vuelta a favor de Evo Morales, quien denunció el inicio de un golpe en su contra y pidió realizar una auditoría de votos para despejar cualquier duda sobre la transparencia del escrutinio.
En un libro publicado en 2014, titulado 'Decisiones difíciles', la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, reconoció haber operado políticamente para impedir el regreso al poder del entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, luego del golpe de Estado de 2009.
Desde entonces, los Gobiernos emanados después del golpe han continuado en el poder en medio de acusaciones de fraudes electorales y el creciente rechazo popular a sus políticas de recortes sociales, situación que ha agudizado el clima de violencia y pobreza en Honduras.
De ahí que algunos periodistas como el hondureño Bartolo Fuentes, consideren que en la nación centroamericana prevalece una "dictadura militar" apoyada por EE.UU., lo cual en su opinión, explica parte del fenómeno migratorio de hondureños hacia territorio estadounidense.
La injerencia de EE.UU. en Centroamérica también se manifestó en Guatemala, donde el Gobierno del estadounidense Donald Trump presionó al presidente guatemalteco Jimmy Morales para que aceptara firmar un acuerdo de tercer país seguro, que le permitiera enviar ahí a los migrantes centroamericanos detenidos y deportados en territorio estadounidense.
La agresiva política exterior de EE.UU. hacia América Latina no es un hecho aislado, sino que se da en medio de la lucha de Washington por contener el crecimiento económico de China, una disputa que ha sumado inestabilidad al contexto global por la pugna histórica entre los entre los proyectos nacionalistas y los defensores de la globalización financierista del proyecto neoliberal.
Aunque el proyecto neoliberal ha sufrido algunos reveses en América Latina, para los analistas no queda del todo claro qué tipo de repercusiones tendrá para la región, ni mucho menos si esta coyuntura será, en definitiva, la muerte de ese modelo. La incertidumbre queda en el aire.
Manuel Hernández Borbolla
Protestas en todo el hemisferio contra el modelo neoliberal respaldado por Estados Unidos
octubre 31, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
En las últimas semanas, se han producido manifestaciones masivas en Chile contra el modelo económico neoliberal exportado por los Estados Unidos. La imposición del modelo neoliberal se produjo bajo la dictadura de Pinochet y fue diseñado por los “Chicago Boys”, economistas formados por Milton Friedman en la Universidad de Chicago.
Chile se ha considerado, durante mucho tiempo, como un modelo exitoso del neoliberalismo, porque ha incluido la privatización de los servicios y bienes públicos, la desregulación y los recortes al gasto público en áreas como la salud y la educación. Sin embargo, el llamado “milagro económico” de Chile ha tenido un alto costo para la mayoría de la población, ya que Chile es el país más desigual de las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Una de las consignas de las protestas en Chile es “No son 30 pesos, Son 30 años” que hace referencia al hecho de que aunque el aumento de 30 pesos en la tarifa del metro – y que provocó la ola actual de manifestaciones – se ha revertido, por lo que están realmente protestando los chilenos es por 30 años de destrucción económica neoliberal, consagrados en la Constitución impuesta durante la dictadura de Pinochet y evidenciados en la continua privatización de los servicios públicos, como la educación y las pensiones, así como la continuidad de las políticas que benefician a la élite económica y reducen el gasto público.
Las manifestaciones en Chile siguieron a las masivas protestas en Ecuador, donde las movilizaciones sociales fueron provocadas por los recortes impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los subsidios al combustible, el último movimiento en una serie de políticas económicas neoliberales. El FMI es la institución financiera internacional dominada por los Estados Unidos que impone políticas económicas neoliberales a los países a cambio de préstamos, causando estragos en todo el mundo. A principios de este año, los cambios respaldados por el FMI en la educación y la atención médica en Honduras también provocaron meses de protestas masivas.
En Ecuador, después de días y días de manifestaciones que paralizaron al país, los líderes indígenas llegaron a un acuerdo con el gobierno de Ecuador para cancelar el paquete de austeridad del FMI. Sin embargo, las organizaciones indígenas han dejado claro que eso no es suficiente. En una carta reciente al FMI, las
También se han realizado manifestaciones masivas en Haití, exigiendo la renuncia del presidente, respaldado por Estados Unidos, Jovenel Moïse. Las manifestaciones, que han tenido lugar desde, al menos, julio de 2018 se han intensificado en septiembre y octubre de este año, también tienen sus raíces en la política estadounidense.
Anteriormente, Haití había recibido petróleo barato a través del programa Petrocaribe de Venezuela, que había brindado una ayuda muy importante a Haití durante años, pero esto terminó bajo el presidente Moïse, quien comenzó a guiarse por la línea política estadounidense hacia Venezuela, impactando negativamente a la población. Una auditoría también encontró que Moïse y otros políticos habían robado millones en fondos de asistencia de Petrocaribe, lo que aumentó la indignación pública.
En julio de 2018, los aumentos de los precios del combustible, una vez más como resultado del FMI, provocaron manifestaciones y desde entonces los manifestantes han estado exigiendo la renuncia de Moïse.
A pesar de más de un año de crecientes protestas exigiendo su renuncia, Moïse se niega a dimitir y es ampliamente entendido que Washington lo mantiene en el poder. Como dijo el fotógrafo haitiano Georges Harry Rouizer, en un artículo en NACLA, «Nadie apoya a Moïse, ni la gente. Llegó al poder sin el apoyo popular… Pero tiene a los EEUU como su bwa banann (el apoyo que sostiene un banano), por lo que permanece en el poder”.
Las manifestaciones masivas en los tres países se han enfrentado con la militarización y la brutal represión de las fuerzas estatales de “seguridad”. En Haití, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos informó que, entre el 16 y el 30 de septiembre de 2019, al menos 17 personas fueron asesinadas por la represión estatal contra las manifestaciones. Los manifestantes en Ecuador también han sido asesinados por la represión y la persecución del Estado, incluido el líder indígena Segundo Inocencio Tucumbi Vega. Las federaciones indígenas de Ecuador informaron que la violencia y la represión, en el contexto de las protestas, dejaron 8 muertos, 1340 heridos y 1192 detenidos.
En Chile, el presidente Piñera declaró “estamos en guerra” en las protestas. Esto, combinado con una brutal represión, ha llevado a los manifestantes a exigir su renuncia. Si bien las cifras de los organizadores chilenas son mucho más altas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del Estado de Chile reconoce hasta ahora que 20 personas han muerto en el contexto de las protestas y anunció que presentará 5 querellas por personas que se ha documentado que han sido asesinadas por los militares y otras fuerzas de “seguridad” estatales.
Según el INDH, aunque las cifras podrían ser más altas, 1233 personas han resul
Mientras continúan las protestas y la represión en Chile, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales dijo que “La impunidad por los crímenes de ayer, causa las injusticias de hoy”.
Estados Unidos capacita y brinda asistencia a las fuerzas de seguridad en Haití, Ecuador y Chile, responsables de la brutal represión contra los manifestantes. Después de Colombia, Chile es el segundo país que envía el mayor número de fuerzas de “seguridad” para ser entrenadas en la SOA-WHINSEC.
SOA Watch se solidariza con los manifestantes de todo el continente que desafían el modelo económico neoliberal exportado por los EEUU y sus instituciones, como el FMI, que sólo conducen a la desigualdad, la privatización y la injusticia.
Es en momentos como estos, cuando este modelo económico está en crisis, que la agenda estadounidense de entrenamiento y financiamiento de las fuerzas de seguridad en todo el continente queda clara: imponer políticas económicas derechistas que beneficien a las corporaciones y a las élites y que tienen como resultado la privatización y recortes en el gasto público, perjudicando a la abrumadora mayoría de la población.
Estas políticas son aplicadas por los regímenes respaldados por Estados Unidos y las fuerzas de “seguridad” entrenadas y financiadas por Estados Unidos, que no se lo piensan dos veces acerca de disparar balas reales contra sus propias poblaciones los que, simplemente, reclaman el derecho a determinar sus propios modelos económicos y a vivir con dignidad.
En las últimas semanas, se han producido manifestaciones masivas en Chile contra el modelo económico neoliberal exportado por los Estados Unidos. La imposición del modelo neoliberal se produjo bajo la dictadura de Pinochet y fue diseñado por los “Chicago Boys”, economistas formados por Milton Friedman en la Universidad de Chicago.
Chile se ha considerado, durante mucho tiempo, como un modelo exitoso del neoliberalismo, porque ha incluido la privatización de los servicios y bienes públicos, la desregulación y los recortes al gasto público en áreas como la salud y la educación. Sin embargo, el llamado “milagro económico” de Chile ha tenido un alto costo para la mayoría de la población, ya que Chile es el país más desigual de las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Una de las consignas de las protestas en Chile es “No son 30 pesos, Son 30 años” que hace referencia al hecho de que aunque el aumento de 30 pesos en la tarifa del metro – y que provocó la ola actual de manifestaciones – se ha revertido, por lo que están realmente protestando los chilenos es por 30 años de destrucción económica neoliberal, consagrados en la Constitución impuesta durante la dictadura de Pinochet y evidenciados en la continua privatización de los servicios públicos, como la educación y las pensiones, así como la continuidad de las políticas que benefician a la élite económica y reducen el gasto público.
Las manifestaciones en Chile siguieron a las masivas protestas en Ecuador, donde las movilizaciones sociales fueron provocadas por los recortes impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los subsidios al combustible, el último movimiento en una serie de políticas económicas neoliberales. El FMI es la institución financiera internacional dominada por los Estados Unidos que impone políticas económicas neoliberales a los países a cambio de préstamos, causando estragos en todo el mundo. A principios de este año, los cambios respaldados por el FMI en la educación y la atención médica en Honduras también provocaron meses de protestas masivas.
En Ecuador, después de días y días de manifestaciones que paralizaron al país, los líderes indígenas llegaron a un acuerdo con el gobierno de Ecuador para cancelar el paquete de austeridad del FMI. Sin embargo, las organizaciones indígenas han dejado claro que eso no es suficiente. En una carta reciente al FMI, las
También se han realizado manifestaciones masivas en Haití, exigiendo la renuncia del presidente, respaldado por Estados Unidos, Jovenel Moïse. Las manifestaciones, que han tenido lugar desde, al menos, julio de 2018 se han intensificado en septiembre y octubre de este año, también tienen sus raíces en la política estadounidense.
Anteriormente, Haití había recibido petróleo barato a través del programa Petrocaribe de Venezuela, que había brindado una ayuda muy importante a Haití durante años, pero esto terminó bajo el presidente Moïse, quien comenzó a guiarse por la línea política estadounidense hacia Venezuela, impactando negativamente a la población. Una auditoría también encontró que Moïse y otros políticos habían robado millones en fondos de asistencia de Petrocaribe, lo que aumentó la indignación pública.
En julio de 2018, los aumentos de los precios del combustible, una vez más como resultado del FMI, provocaron manifestaciones y desde entonces los manifestantes han estado exigiendo la renuncia de Moïse.
A pesar de más de un año de crecientes protestas exigiendo su renuncia, Moïse se niega a dimitir y es ampliamente entendido que Washington lo mantiene en el poder. Como dijo el fotógrafo haitiano Georges Harry Rouizer, en un artículo en NACLA, «Nadie apoya a Moïse, ni la gente. Llegó al poder sin el apoyo popular… Pero tiene a los EEUU como su bwa banann (el apoyo que sostiene un banano), por lo que permanece en el poder”.
Las manifestaciones masivas en los tres países se han enfrentado con la militarización y la brutal represión de las fuerzas estatales de “seguridad”. En Haití, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos informó que, entre el 16 y el 30 de septiembre de 2019, al menos 17 personas fueron asesinadas por la represión estatal contra las manifestaciones. Los manifestantes en Ecuador también han sido asesinados por la represión y la persecución del Estado, incluido el líder indígena Segundo Inocencio Tucumbi Vega. Las federaciones indígenas de Ecuador informaron que la violencia y la represión, en el contexto de las protestas, dejaron 8 muertos, 1340 heridos y 1192 detenidos.
En Chile, el presidente Piñera declaró “estamos en guerra” en las protestas. Esto, combinado con una brutal represión, ha llevado a los manifestantes a exigir su renuncia. Si bien las cifras de los organizadores chilenas son mucho más altas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del Estado de Chile reconoce hasta ahora que 20 personas han muerto en el contexto de las protestas y anunció que presentará 5 querellas por personas que se ha documentado que han sido asesinadas por los militares y otras fuerzas de “seguridad” estatales.
Según el INDH, aunque las cifras podrían ser más altas, 1233 personas han resul
Mientras continúan las protestas y la represión en Chile, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales dijo que “La impunidad por los crímenes de ayer, causa las injusticias de hoy”.
Estados Unidos capacita y brinda asistencia a las fuerzas de seguridad en Haití, Ecuador y Chile, responsables de la brutal represión contra los manifestantes. Después de Colombia, Chile es el segundo país que envía el mayor número de fuerzas de “seguridad” para ser entrenadas en la SOA-WHINSEC.
SOA Watch se solidariza con los manifestantes de todo el continente que desafían el modelo económico neoliberal exportado por los EEUU y sus instituciones, como el FMI, que sólo conducen a la desigualdad, la privatización y la injusticia.
Es en momentos como estos, cuando este modelo económico está en crisis, que la agenda estadounidense de entrenamiento y financiamiento de las fuerzas de seguridad en todo el continente queda clara: imponer políticas económicas derechistas que beneficien a las corporaciones y a las élites y que tienen como resultado la privatización y recortes en el gasto público, perjudicando a la abrumadora mayoría de la población.
Estas políticas son aplicadas por los regímenes respaldados por Estados Unidos y las fuerzas de “seguridad” entrenadas y financiadas por Estados Unidos, que no se lo piensan dos veces acerca de disparar balas reales contra sus propias poblaciones los que, simplemente, reclaman el derecho a determinar sus propios modelos económicos y a vivir con dignidad.
Con el pueblo que resiste
por Marcha
LA HAINE - 25/10/2019
El proyecto de reforma neoliberal se
desmonora en toda la región y los focos de conflicto en América Latina y
El Caribe se multiplican
Los
feminismos y diversos movimientos sociales se alzan mientras las viejas
estructuras partidarias se resquebrajan y se repiten. Un balance de las
victorias, derrotas y empates de los pueblos rebeldes del continente.
Nuestra América arde. Hace unos meses nos sorprendimos con la rebelión del pueblo en Puerto Rico y ya en las últimas semanas se ponen sobre la mesa las diferentes crisis que atraviesan Haití, Honduras, Perú, Ecuador, Chile, pero también el dinamismo que diversas luchas sectoriales toman vuelo en Costa Rica, Panamá y Uruguay [junto con las elecciones ganadas por Evo en Bolivia]. Esta “brisa bolivariana”, como osaron definir algunos sectores de la derecha continental, y que incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) adjudica a las “dictaduras bolivarianas y cubana (…) a través del financiamiento de movimientos políticos y sociales ha distorsionado las dinámicas políticas en las Américas”, no es más ni menos que la evidencia de que en América Latina sigue existiendo una reserva popular de lucha y organización en estado latente.
Durante la últimas semanas, los conflictos y levantamientos populares contra las políticas neoliberales se convirtieron en un tema difícil de evitar en los medios de comunicación y redes sociales, si bien luego reconvirtieron sus estrategias de control y censura para favorecer a los poderes corporativos. En tan sólo 15 días la población mundial no tuvo otra que reconocer las situaciones políticas y económicas que atravesaban distintos países. Ecuador, Chile, Hong Kong, Catalunya, Haití, Honduras, Panamá y Costa Rica, fueron algunos de los focos que demostraron colectivamente su sensación de hartazgo a las políticas de muerte.
Bajo método conocido en Argentina como “piquete” y “cacerolazo”, los pueblos salieron a cortar las rutas, evadir el pago de metros, tomar -y hasta incendiar- instituciones públicas y copar las avenidas, entre otras acciones. La barricada se convirtió en la respuesta unificada a las cotidianas agresiones neoliberales contra la vida.
Un octubre rojo que comenzó con un inesperado Ecuador en llamas tras la aplicación del “paquetazo” económico de Lenin Moreno, mandatado por el FMI. A continuación fue Honduras, donde se cortaban todos los accesos a las ciudades principales tras la difusión de la evidencia que demostraba la complicidad del presidente Juan Orlando Hernández con redes de narcotráfico y corrupción. Mientras, las y los estudiantes comenzaban a proponer prácticas políticas y colectivas de evasión al aumento desproporcionado de las tarifas en Chile. A su vez, contra distintas legislaciones y políticas, hoy nos encontramos con focos organizados de manifestaciones en Uruguay, Costa Rica, Haití y Panamá que dan cuenta de un proceso regional.
La insurrección recorre Nuestra América
Hace algunos años la derecha se reconfiguraba y posicionaba en la región. Varias interpretaciones pueden aportar al análisis de esta causa. Un ascenso del conservadurismo en Europa que como viento de cola traccionaba a nuestro continente, las crisis sociales, económicas y políticas que los progresismos no supieron saldar, un desgaste de la población sobre la casta política, entre varios puntos más. También es posible que, como la historia del Capitalismo demostró, una nueva crisis integral del sistema atravesó nuestras tierras y la falta de alternativas que canalicen ese descontento popular concluyó en un crecimiento de la reacción política.
La crisis sistémica desatada en 2008 llegó a nuestra región sembrando dudas que ayudaron a re-instalar el neoliberalismo que llegaba con la intención de quedarse. Pero tal como demuestran los recientes acontecimientos regionales, las historias de nuestras luchas están grabadas en el rígido de nuestros cuerpos que ya no soportan más intentos de sometimiento y despiertan frente a los espejismos que propone esta versión del capitalismo inhumano.
Aunque vigente, el neoliberalismo atraviesa un estado de inestabilidad profundo. Sin poder avanzar hondamente en sus programas de reformas y ajuste, los gobiernos que los encarnan comenzaron a perder legitimidad que se expresa en las calles y en las urnas. Sin embargo, no hay que obviar el elemento sustancial de esta caracterización: la inmensa movilización popular que en cada lugar enfrentó la represión en defensa de conquistas e, incluso, en algunos casos o sectores, con programas de salida.
Argentina no ha sido la excepción. A pesar del triunfo de Mauricio Macri y la alianza institucional que tejió con algunos sectores de la oposición, sus planes tuvieron resistencia que fue escalando en conflictividad. Desde la defensa de los despidos en el Estado, la ocupación de fábricas cerradas, las movilizaciones educativas por paritarias y contra cierres de institutos de formación, diversos paros generales, las movilizaciones contra el 2×1 a los genocidas, hasta llegar a las luchas frontales (y masivas) por la reforma de la Ley Previsional que atacaba a las y los jubilados, que encontró a miles de personas enfrentando la represión en las históricas jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017, marcando un punto de inflexión en nuestro país. Aquellas jornadas se dieron pocos meses después del triunfo electoral de medio término de Cambiemos y, a partir de aquel diciembre, el gobierno inició un derrotero constante. Así, siguió la lucha por el presupuesto a mitad de año, el dinamismo del movimiento de mujeres y disidencias impulsando planes de suma radicalidad, la contención al impulso de la reforma laboral, etcétera.
Cuando pasaron las primarias, y ante el nuevo clima de electoralismo que parece dinamitar el proyecto de Macri, Bullrich y compañía, varios sectores obreros no abandonaron las calles ante cada reclamo.
Brasil es otro gran ejemplo. Los últimos tiempos de gestión de Dilma Rousseff estuvieron cargados de políticas que afectaban a las y los trabajadores. Más allá del desarrollo institucional para impulsar el golpe que terminó con Temer en el poder, las y los brasileros confrontaron al gobierno e incluso tuvieron un rol destacado ante el ascenso de Jair Bolsonaro, tal vez el personaje más rancio del momento.
En la misma sintonía, aunque con climas de radicalidad ejemplares, Ecuador y Chile llevaron adelante rebeliones que pusieron en jaque los planes de los gobiernos y el FMI, haciendo retroceder las políticas de ajuste e incluso conquistando nuevas reivindicaciones. Y, cruzando el océano, nos encontramos con las masivas manifestaciones independentistas en Catalunya o las luchas de liberación en Medio Oriente, como es el caso del pueblo kurdo contra la política de invasión turca avalada recientemente por la OTAN como así también directamente por Trump.
Este balance da cuenta rápidamente de que los pueblos están dispuestos a luchar contra cualquier tipo de política de muerte. Sí, el vacío político que se expresa en la ausencia de estrategias organizacionales que tengan el protagonismo de las y los trabajadores, es lo que no detiene la rueda. Que no se quebrante tal institucionalidad y que los partidos patronales (aunque no sean precisamente de derecha), continuen siendo la opción más viable en las urnas para resolver estas crisis en el mediano/largo plazo son otro punto para el diagnóstico.
“Ahora que sí nos ven”
Los últimos dos años en la región -solo por realizar un recorte antojadizo- estuvieron marcados por la irrupción en las calles, en los parlamentos y en las redes sociales, de los movimientos feministas que se organizaron con la estrategia de la construcción de una unidad transversal para evidenciar a la sociedad política, interpelar a los poderes patriarcales y para exigir a las instituciones de los Estados capitalistas-neoliberales-extr
La lucha feminista recorre Nuestra América, y se levanta -con múltiples argumentos- como opción ante los poderes tradicionales y los fascismos y conservadurismos que amenazan con retroceder en los derechos que hemos conquistado. Es un movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans que no tiene orgánicas ni programas que lo enmarcan -porque se inquieta ante las fronteras-, pero que interviene en cada espacio de la vida social con sus posicionamientos. El feminismo en la región convierte reformas en revoluciones y consignas en banderas de liberación.
El feminismo está recaracterizando las formas de hacer política y es el que hoy -octubre de 2019- convoca a las huelgas y marchas de insurrección en Chile -articulando movimiento estudiantil, obrero y anti AFPs-; o el que se rebeló, en agosto pasado, ante el secuestro de una niña en manos de policías afirmando en México que “no nos cuidan, nos violan”. El feminismo es el movimiento capaz de afirmar que “estamos haciendo historia” ante el debate parlamentario de una Ley que convirtió en demanda fundamental: “Aborto Legal Ya”, como sucedió entre marzo y agosto de 2018 en Argentina. Y que mientras se debate cómo acompañar las luchas indígenas, de identidades negras y afros y de migrantes en estallidos como el que interrumpió la pretendida normalidad hace días en Ecuador.
A pesar de que “ahora sí nos ven” en la arena de discusión política, el poder del movimiento feminista reside en sus capacidades para formular propuestas para la vida digna y en ser un movimiento de liberación que no se conforma con “más feministas en las listas” o en los puestos de decisión. Se constituye, por sus formas de deliberación y de distribución de la palabra, en una asamblea permanente por los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBTTIQ+. Propone, además, la elaboración de estrategias urgentes para la reacción colectiva y de soluciones que toman en cuenta las subjetividades olvidadas. Es un movimiento que irrumpe con una mística propia que no reconoce treguas y que desafía a propias y ajenos en nombre de los siglos en los que quisieron acallarnos: es el grito que va de norte a sur con la sabiduría de las zapatistas y de las feministas comunitarias, hermanando a las mapuches con las negras faveladas. Es la memoria y el pedido de justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y las resistencias permanentes de las Feministas del Abya Yala. El movimiento de liberación feminista es una síntesis de los aprendizajes populares. Y se predispone a liderar los procesos de cambio en la región.
Argentina en compás de espera
Mientras que en distintos países se produjo una serie de protestas callejeras sincronizadas, en respuesta a distintas medidas de gobiernos neoliberales, en otros se resolvió (como es el caso de Bolivia) o se está por resolver (como en Argentina y Uruguay) un nuevo ciclo presidencial por los próximos años.
La Argentina vivió durante los últimos cuatro años un sin fin de momentos que parecen no poder darle unidad a este ciclo. El gobierno electo de derecha, que fue impulsado por consenso por todos los sectores de poder del país, llegó a su apogeo de aprobación en la elección de medio término de 2017, para luego precipitarse en caída libre.
El golpe electoral que le puso fecha de vencimiento al experimento rompió de una vez por todas con la estrategia de los grandes medios de sostener la imagen de Cambiemos, más allá de toda evidencia. Los tiempos vividos no fueron calmos. La protesta fue un factor permanente durante este gobierno. Sin embargo, las calles midieron indignación a la vez que no necesariamente ganaban siempre la pulseada. El macrismo significó un retroceso de derechos en todos los ámbitos, y muchos de ellos incluso formaban parte de la estructura vital de nuestro Estado. La degradación de los Ministerios de Salud y de Trabajo, la implementación de la reforma previsional o la anulación de las Paritarias Nacionales docentes son algunos ejemplos de las batallas históricas perdidas. En el otro extremo de la cuenta, podemos mencionar la anulación del 2×1 para genocidas, y la imposibilidad de que se implementara la reforma laboral, tan ansiada por el establishment. Esta última quedó apenas como expresión de deseo debido al deterioro de la aprobación del gobierno y de su pérdida de poder real.
El sorpresivo resultado de las PASO, que dió inicio a un extraño período de inter regno para el partido amarillo, permitió demostrar en la región que la receta neoliberal no se sostiene por sí sola. No alcanza con tener a todos los monopolios mediáticos negando la realidad. La caja boba y la publicidad estilizada duranbarbista ya no bastan como única estrategia. Tal vez el macrismo sea el ejemplo acelerado del fracaso de los gobiernos neoliberales: generan pobreza, destruyen el sostén de las capas medias y populares, endeudan al país y echan la culpa de todo a otros gobiernos. Y tal vez, no solo sea el ejemplo acelerado, sino también una de sus versiones más ineficaces. La derecha, que tanto tiempo deambuló sobrevolando los gobiernos emergentes de América Latina de comienzos de siglo, y que no lograba gestar a su candidato, deberá rearmarse nuevamente en nuestro país.
Mientras, una pregunta aletea imperceptible en el aire, cuando tantos países hermanos arden en llamas.
¿Qué herramientas de movilización construimos en los últimos años? ¿Cuáles fueron los mecanismos para evitar los abusos de los gobiernos (posibles incluso con estrategias legales) en períodos democráticos? ¿Cuán lejos estamos de los últimos regímenes dictatoriales, de los múltiples estados de excepción que se abren, como pozos ciegos, en nuestros endebles sistemas democráticos?
Acaso sea necesario revisar el papel de viejos y nuevos agentes. Mientras los movimientos sociales tradicionales se fracturan hasta el infinito, y las representaciones sindicales entran en crisis, el feminismo supo engrosar las calles como una bestia sin cabeza. El macrismo también contribuyó a mostrar la mezquindad de sindicalistas y referentes que siempre optaron por negociar, y que funcionaron como garantes de la “paz”, cuando la crisis comenzaba a hambrear en los barrios.
Sería aconsejable no endulzarnos (o no conformarnos) con la derrota electoral del macrismo ya en ciernes. Y seguir haciéndonos esta pregunta incómoda: cómo enfrentamos al neoliberalismo en nuestro país. Con los logros, con lo que faltó, con lo que pudo ser mejor. Con la experiencia de lo que demostró ser genuino y vital. Para no convertirnos en burócratas de la protesta, y potenciar sí los espacios vitales de rebelión. Hoy, más que nunca, avancemos en la reflexión.
Nuestra América arde. Hace unos meses nos sorprendimos con la rebelión del pueblo en Puerto Rico y ya en las últimas semanas se ponen sobre la mesa las diferentes crisis que atraviesan Haití, Honduras, Perú, Ecuador, Chile, pero también el dinamismo que diversas luchas sectoriales toman vuelo en Costa Rica, Panamá y Uruguay [junto con las elecciones ganadas por Evo en Bolivia]. Esta “brisa bolivariana”, como osaron definir algunos sectores de la derecha continental, y que incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) adjudica a las “dictaduras bolivarianas y cubana (…) a través del financiamiento de movimientos políticos y sociales ha distorsionado las dinámicas políticas en las Américas”, no es más ni menos que la evidencia de que en América Latina sigue existiendo una reserva popular de lucha y organización en estado latente.
Durante la últimas semanas, los conflictos y levantamientos populares contra las políticas neoliberales se convirtieron en un tema difícil de evitar en los medios de comunicación y redes sociales, si bien luego reconvirtieron sus estrategias de control y censura para favorecer a los poderes corporativos. En tan sólo 15 días la población mundial no tuvo otra que reconocer las situaciones políticas y económicas que atravesaban distintos países. Ecuador, Chile, Hong Kong, Catalunya, Haití, Honduras, Panamá y Costa Rica, fueron algunos de los focos que demostraron colectivamente su sensación de hartazgo a las políticas de muerte.
Bajo método conocido en Argentina como “piquete” y “cacerolazo”, los pueblos salieron a cortar las rutas, evadir el pago de metros, tomar -y hasta incendiar- instituciones públicas y copar las avenidas, entre otras acciones. La barricada se convirtió en la respuesta unificada a las cotidianas agresiones neoliberales contra la vida.
Un octubre rojo que comenzó con un inesperado Ecuador en llamas tras la aplicación del “paquetazo” económico de Lenin Moreno, mandatado por el FMI. A continuación fue Honduras, donde se cortaban todos los accesos a las ciudades principales tras la difusión de la evidencia que demostraba la complicidad del presidente Juan Orlando Hernández con redes de narcotráfico y corrupción. Mientras, las y los estudiantes comenzaban a proponer prácticas políticas y colectivas de evasión al aumento desproporcionado de las tarifas en Chile. A su vez, contra distintas legislaciones y políticas, hoy nos encontramos con focos organizados de manifestaciones en Uruguay, Costa Rica, Haití y Panamá que dan cuenta de un proceso regional.
La insurrección recorre Nuestra América
Hace algunos años la derecha se reconfiguraba y posicionaba en la región. Varias interpretaciones pueden aportar al análisis de esta causa. Un ascenso del conservadurismo en Europa que como viento de cola traccionaba a nuestro continente, las crisis sociales, económicas y políticas que los progresismos no supieron saldar, un desgaste de la población sobre la casta política, entre varios puntos más. También es posible que, como la historia del Capitalismo demostró, una nueva crisis integral del sistema atravesó nuestras tierras y la falta de alternativas que canalicen ese descontento popular concluyó en un crecimiento de la reacción política.
La crisis sistémica desatada en 2008 llegó a nuestra región sembrando dudas que ayudaron a re-instalar el neoliberalismo que llegaba con la intención de quedarse. Pero tal como demuestran los recientes acontecimientos regionales, las historias de nuestras luchas están grabadas en el rígido de nuestros cuerpos que ya no soportan más intentos de sometimiento y despiertan frente a los espejismos que propone esta versión del capitalismo inhumano.
Aunque vigente, el neoliberalismo atraviesa un estado de inestabilidad profundo. Sin poder avanzar hondamente en sus programas de reformas y ajuste, los gobiernos que los encarnan comenzaron a perder legitimidad que se expresa en las calles y en las urnas. Sin embargo, no hay que obviar el elemento sustancial de esta caracterización: la inmensa movilización popular que en cada lugar enfrentó la represión en defensa de conquistas e, incluso, en algunos casos o sectores, con programas de salida.
Argentina no ha sido la excepción. A pesar del triunfo de Mauricio Macri y la alianza institucional que tejió con algunos sectores de la oposición, sus planes tuvieron resistencia que fue escalando en conflictividad. Desde la defensa de los despidos en el Estado, la ocupación de fábricas cerradas, las movilizaciones educativas por paritarias y contra cierres de institutos de formación, diversos paros generales, las movilizaciones contra el 2×1 a los genocidas, hasta llegar a las luchas frontales (y masivas) por la reforma de la Ley Previsional que atacaba a las y los jubilados, que encontró a miles de personas enfrentando la represión en las históricas jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017, marcando un punto de inflexión en nuestro país. Aquellas jornadas se dieron pocos meses después del triunfo electoral de medio término de Cambiemos y, a partir de aquel diciembre, el gobierno inició un derrotero constante. Así, siguió la lucha por el presupuesto a mitad de año, el dinamismo del movimiento de mujeres y disidencias impulsando planes de suma radicalidad, la contención al impulso de la reforma laboral, etcétera.
Cuando pasaron las primarias, y ante el nuevo clima de electoralismo que parece dinamitar el proyecto de Macri, Bullrich y compañía, varios sectores obreros no abandonaron las calles ante cada reclamo.
Brasil es otro gran ejemplo. Los últimos tiempos de gestión de Dilma Rousseff estuvieron cargados de políticas que afectaban a las y los trabajadores. Más allá del desarrollo institucional para impulsar el golpe que terminó con Temer en el poder, las y los brasileros confrontaron al gobierno e incluso tuvieron un rol destacado ante el ascenso de Jair Bolsonaro, tal vez el personaje más rancio del momento.
En la misma sintonía, aunque con climas de radicalidad ejemplares, Ecuador y Chile llevaron adelante rebeliones que pusieron en jaque los planes de los gobiernos y el FMI, haciendo retroceder las políticas de ajuste e incluso conquistando nuevas reivindicaciones. Y, cruzando el océano, nos encontramos con las masivas manifestaciones independentistas en Catalunya o las luchas de liberación en Medio Oriente, como es el caso del pueblo kurdo contra la política de invasión turca avalada recientemente por la OTAN como así también directamente por Trump.
Este balance da cuenta rápidamente de que los pueblos están dispuestos a luchar contra cualquier tipo de política de muerte. Sí, el vacío político que se expresa en la ausencia de estrategias organizacionales que tengan el protagonismo de las y los trabajadores, es lo que no detiene la rueda. Que no se quebrante tal institucionalidad y que los partidos patronales (aunque no sean precisamente de derecha), continuen siendo la opción más viable en las urnas para resolver estas crisis en el mediano/largo plazo son otro punto para el diagnóstico.
“Ahora que sí nos ven”
Los últimos dos años en la región -solo por realizar un recorte antojadizo- estuvieron marcados por la irrupción en las calles, en los parlamentos y en las redes sociales, de los movimientos feministas que se organizaron con la estrategia de la construcción de una unidad transversal para evidenciar a la sociedad política, interpelar a los poderes patriarcales y para exigir a las instituciones de los Estados capitalistas-neoliberales-extr
La lucha feminista recorre Nuestra América, y se levanta -con múltiples argumentos- como opción ante los poderes tradicionales y los fascismos y conservadurismos que amenazan con retroceder en los derechos que hemos conquistado. Es un movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans que no tiene orgánicas ni programas que lo enmarcan -porque se inquieta ante las fronteras-, pero que interviene en cada espacio de la vida social con sus posicionamientos. El feminismo en la región convierte reformas en revoluciones y consignas en banderas de liberación.
El feminismo está recaracterizando las formas de hacer política y es el que hoy -octubre de 2019- convoca a las huelgas y marchas de insurrección en Chile -articulando movimiento estudiantil, obrero y anti AFPs-; o el que se rebeló, en agosto pasado, ante el secuestro de una niña en manos de policías afirmando en México que “no nos cuidan, nos violan”. El feminismo es el movimiento capaz de afirmar que “estamos haciendo historia” ante el debate parlamentario de una Ley que convirtió en demanda fundamental: “Aborto Legal Ya”, como sucedió entre marzo y agosto de 2018 en Argentina. Y que mientras se debate cómo acompañar las luchas indígenas, de identidades negras y afros y de migrantes en estallidos como el que interrumpió la pretendida normalidad hace días en Ecuador.
A pesar de que “ahora sí nos ven” en la arena de discusión política, el poder del movimiento feminista reside en sus capacidades para formular propuestas para la vida digna y en ser un movimiento de liberación que no se conforma con “más feministas en las listas” o en los puestos de decisión. Se constituye, por sus formas de deliberación y de distribución de la palabra, en una asamblea permanente por los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBTTIQ+. Propone, además, la elaboración de estrategias urgentes para la reacción colectiva y de soluciones que toman en cuenta las subjetividades olvidadas. Es un movimiento que irrumpe con una mística propia que no reconoce treguas y que desafía a propias y ajenos en nombre de los siglos en los que quisieron acallarnos: es el grito que va de norte a sur con la sabiduría de las zapatistas y de las feministas comunitarias, hermanando a las mapuches con las negras faveladas. Es la memoria y el pedido de justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y las resistencias permanentes de las Feministas del Abya Yala. El movimiento de liberación feminista es una síntesis de los aprendizajes populares. Y se predispone a liderar los procesos de cambio en la región.
Argentina en compás de espera
Mientras que en distintos países se produjo una serie de protestas callejeras sincronizadas, en respuesta a distintas medidas de gobiernos neoliberales, en otros se resolvió (como es el caso de Bolivia) o se está por resolver (como en Argentina y Uruguay) un nuevo ciclo presidencial por los próximos años.
La Argentina vivió durante los últimos cuatro años un sin fin de momentos que parecen no poder darle unidad a este ciclo. El gobierno electo de derecha, que fue impulsado por consenso por todos los sectores de poder del país, llegó a su apogeo de aprobación en la elección de medio término de 2017, para luego precipitarse en caída libre.
El golpe electoral que le puso fecha de vencimiento al experimento rompió de una vez por todas con la estrategia de los grandes medios de sostener la imagen de Cambiemos, más allá de toda evidencia. Los tiempos vividos no fueron calmos. La protesta fue un factor permanente durante este gobierno. Sin embargo, las calles midieron indignación a la vez que no necesariamente ganaban siempre la pulseada. El macrismo significó un retroceso de derechos en todos los ámbitos, y muchos de ellos incluso formaban parte de la estructura vital de nuestro Estado. La degradación de los Ministerios de Salud y de Trabajo, la implementación de la reforma previsional o la anulación de las Paritarias Nacionales docentes son algunos ejemplos de las batallas históricas perdidas. En el otro extremo de la cuenta, podemos mencionar la anulación del 2×1 para genocidas, y la imposibilidad de que se implementara la reforma laboral, tan ansiada por el establishment. Esta última quedó apenas como expresión de deseo debido al deterioro de la aprobación del gobierno y de su pérdida de poder real.
El sorpresivo resultado de las PASO, que dió inicio a un extraño período de inter regno para el partido amarillo, permitió demostrar en la región que la receta neoliberal no se sostiene por sí sola. No alcanza con tener a todos los monopolios mediáticos negando la realidad. La caja boba y la publicidad estilizada duranbarbista ya no bastan como única estrategia. Tal vez el macrismo sea el ejemplo acelerado del fracaso de los gobiernos neoliberales: generan pobreza, destruyen el sostén de las capas medias y populares, endeudan al país y echan la culpa de todo a otros gobiernos. Y tal vez, no solo sea el ejemplo acelerado, sino también una de sus versiones más ineficaces. La derecha, que tanto tiempo deambuló sobrevolando los gobiernos emergentes de América Latina de comienzos de siglo, y que no lograba gestar a su candidato, deberá rearmarse nuevamente en nuestro país.
Mientras, una pregunta aletea imperceptible en el aire, cuando tantos países hermanos arden en llamas.
¿Qué herramientas de movilización construimos en los últimos años? ¿Cuáles fueron los mecanismos para evitar los abusos de los gobiernos (posibles incluso con estrategias legales) en períodos democráticos? ¿Cuán lejos estamos de los últimos regímenes dictatoriales, de los múltiples estados de excepción que se abren, como pozos ciegos, en nuestros endebles sistemas democráticos?
Acaso sea necesario revisar el papel de viejos y nuevos agentes. Mientras los movimientos sociales tradicionales se fracturan hasta el infinito, y las representaciones sindicales entran en crisis, el feminismo supo engrosar las calles como una bestia sin cabeza. El macrismo también contribuyó a mostrar la mezquindad de sindicalistas y referentes que siempre optaron por negociar, y que funcionaron como garantes de la “paz”, cuando la crisis comenzaba a hambrear en los barrios.
Sería aconsejable no endulzarnos (o no conformarnos) con la derrota electoral del macrismo ya en ciernes. Y seguir haciéndonos esta pregunta incómoda: cómo enfrentamos al neoliberalismo en nuestro país. Con los logros, con lo que faltó, con lo que pudo ser mejor. Con la experiencia de lo que demostró ser genuino y vital. Para no convertirnos en burócratas de la protesta, y potenciar sí los espacios vitales de rebelión. Hoy, más que nunca, avancemos en la reflexión.
América Latina como reservorio de la revolución mundial
Jaime Osorio
Opinión
29/10/2019
Los
árboles nos impiden ver el bosque. Este dicho sintetiza bien la idea
que mientras más próximos en el tiempo analizamos una coyuntura social y
política, más ciegos estamos para contextualizar su dinámica y el
proceso de la que forma parte.
Lo anterior viene a cuento en relación a la tarea de dar cuenta de lo que acontece hoy en América Latina, desde México hasta Chile y Argentina. Es pertinente buscar explicaciones para cada sociedad. Pero también es posible señalar que lo simultáneo de los procesos que conmueven a la región en los últimos años y en los últimos meses parece indicar que es necesario indagar por procesos que -con particularidades para cada caso- atraviesan sin embargo al conjunto.
Lo primero es indicar que formamos parte de un sistema mundial que se encuentra en una crisis de larga duración, y que presenta un giro del capitalismo en dos dimensiones relevantes: una, el fuerte peso alcanzado por un gran capital trasnacional que opera en la producción, pero también en el campo financiero y especulativo, que ha acelerado los proceso de explotación del trabajo en todas las regiones y de succión de valores por todo el sistema, generado una aguda concentración de riquezas y una extendida pauperización.
Por otro lado esos grandes capitales compiten de manera acelerada por el desarrollo de nuevas tecnologías que modificarán el hacer y la convivencia social y que obligará a sustantivas readecuaciones de las distintas economías. Un ejemplo: los autos eléctricos revolucionarán toda la industria automotriz, una rama de la cual dependen muchas otras ramas y que presenta nervaduras en muy diversas economías, desarrolladas y dependientes. El peso en la fabricación de arneses y asientos para automóviles y el ensamble en México forman parte de esa nervadura extendida por el planeta1.
La primera dimensión concentradora y pauperizante va más avanzada, y está en la base de los procesos que conmueven actualmente a la región. Pero la segunda ya mueve el piso al trabajo y a los capitales. El litio, por ejemplo, mineral básico para fabricar pilas para los nuevos autos, debilitará al cobre en Chile en el peso de las exportaciones. Y cambios similares propiciará en Bolivia y Argentina, el triángulo donde se concentra ese mineral.
Lo segundo es señalar que hasta nuestros días las revoluciones contra el capital se llevan a cabo en las franjas periféricas/dependientes del sistema mundial, y no en sus centros más desarrollados. Rusia, China, Cuba, Vietnam así parecen indicarlo. Es en esas franjas donde se concentra prioritariamente la dimensión de barbarie del capitalismo y no la civilizatoria, resultado no sólo de la voracidad de capitales locales que se reproducen sometiendo al grueso de la población a condiciones impropias para seres humanos instalados en el siglo XXI, sino también de la voracidad y la succión de valores de los capitales con sede en el mundo desarrollado.
Desde esta perspectiva nuestras sociedades se encuentran asentadas en una placa tectónica resquebrajada del sistema mundial que convulsiona en forma recurrente. La propia expansión capitalista en nuestra región ha terminado de gestar un extenso y numeroso entramado de trabajadores urbanos, campesinos, movimientos indígenas, pobres del campo y la ciudad, que se rebelan de manera permanente ante los agravios que suscita la explotación redoblada.
A ello se suman los problemas en materia de reducidas pensiones, costos de la educación, bajos salarios, elevados precios de medicinas y de consultas médicas, alzas en servicios básicos, y otros que terminan afectando a una gama de sectores sociales asalariados muy amplia.
Las cercanas convulsiones sociales en Argentina contra las alzas de servicios básicos decretados por Macri, las masivas protestas recientes en Ecuador y ahora las acontecidas en Chile forman parte de este cuadro. Y todas ellas se inscriben en los procesos del siglo XXI que llevaron a la emergencia de los gobiernos a Chávez, Morales, Correa, Lula da Silva, Kirchner, y más tarde de López Obrador.
Desde esta lógica se puede sostener que América Latina tiene el privilegio de constituir un reservorio de la revolución mundial.
Que tanto los procesos recientes y las experiencias anteriores se aproximan a que las respuestas y transformaciones alcancen una dimensión rupturista con el capitalismo es asunto de otra relevante discusión.
Jaime Osorio
UAM-Xochimilco
Lo anterior viene a cuento en relación a la tarea de dar cuenta de lo que acontece hoy en América Latina, desde México hasta Chile y Argentina. Es pertinente buscar explicaciones para cada sociedad. Pero también es posible señalar que lo simultáneo de los procesos que conmueven a la región en los últimos años y en los últimos meses parece indicar que es necesario indagar por procesos que -con particularidades para cada caso- atraviesan sin embargo al conjunto.
Lo primero es indicar que formamos parte de un sistema mundial que se encuentra en una crisis de larga duración, y que presenta un giro del capitalismo en dos dimensiones relevantes: una, el fuerte peso alcanzado por un gran capital trasnacional que opera en la producción, pero también en el campo financiero y especulativo, que ha acelerado los proceso de explotación del trabajo en todas las regiones y de succión de valores por todo el sistema, generado una aguda concentración de riquezas y una extendida pauperización.
Por otro lado esos grandes capitales compiten de manera acelerada por el desarrollo de nuevas tecnologías que modificarán el hacer y la convivencia social y que obligará a sustantivas readecuaciones de las distintas economías. Un ejemplo: los autos eléctricos revolucionarán toda la industria automotriz, una rama de la cual dependen muchas otras ramas y que presenta nervaduras en muy diversas economías, desarrolladas y dependientes. El peso en la fabricación de arneses y asientos para automóviles y el ensamble en México forman parte de esa nervadura extendida por el planeta1.
La primera dimensión concentradora y pauperizante va más avanzada, y está en la base de los procesos que conmueven actualmente a la región. Pero la segunda ya mueve el piso al trabajo y a los capitales. El litio, por ejemplo, mineral básico para fabricar pilas para los nuevos autos, debilitará al cobre en Chile en el peso de las exportaciones. Y cambios similares propiciará en Bolivia y Argentina, el triángulo donde se concentra ese mineral.
Lo segundo es señalar que hasta nuestros días las revoluciones contra el capital se llevan a cabo en las franjas periféricas/dependientes del sistema mundial, y no en sus centros más desarrollados. Rusia, China, Cuba, Vietnam así parecen indicarlo. Es en esas franjas donde se concentra prioritariamente la dimensión de barbarie del capitalismo y no la civilizatoria, resultado no sólo de la voracidad de capitales locales que se reproducen sometiendo al grueso de la población a condiciones impropias para seres humanos instalados en el siglo XXI, sino también de la voracidad y la succión de valores de los capitales con sede en el mundo desarrollado.
Desde esta perspectiva nuestras sociedades se encuentran asentadas en una placa tectónica resquebrajada del sistema mundial que convulsiona en forma recurrente. La propia expansión capitalista en nuestra región ha terminado de gestar un extenso y numeroso entramado de trabajadores urbanos, campesinos, movimientos indígenas, pobres del campo y la ciudad, que se rebelan de manera permanente ante los agravios que suscita la explotación redoblada.
A ello se suman los problemas en materia de reducidas pensiones, costos de la educación, bajos salarios, elevados precios de medicinas y de consultas médicas, alzas en servicios básicos, y otros que terminan afectando a una gama de sectores sociales asalariados muy amplia.
Las cercanas convulsiones sociales en Argentina contra las alzas de servicios básicos decretados por Macri, las masivas protestas recientes en Ecuador y ahora las acontecidas en Chile forman parte de este cuadro. Y todas ellas se inscriben en los procesos del siglo XXI que llevaron a la emergencia de los gobiernos a Chávez, Morales, Correa, Lula da Silva, Kirchner, y más tarde de López Obrador.
Desde esta lógica se puede sostener que América Latina tiene el privilegio de constituir un reservorio de la revolución mundial.
Que tanto los procesos recientes y las experiencias anteriores se aproximan a que las respuestas y transformaciones alcancen una dimensión rupturista con el capitalismo es asunto de otra relevante discusión.
Jaime Osorio
UAM-Xochimilco
1 .- Crossa, Mateo (2019), Desarrollo desigual y dependiente en la formación del complejo automotriz EUA-México, Tesis de Doctorado, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
CHILE
Alrededor
de 150.000 porteñas y porteños inundaron Valparaíso para demostrar al
gobierno de Sebastián Piñera y a la desprestigiada clase política, que
no se tragan las ruedas de carreta de las ofertas y promesas sociales
anunciadas con bombos y platillos como el camino para mejorar las
condiciones de vida, justicia e igualdad de chilenas y chilenos,
lanzadas a diestra y siniestra como challa de carnaval navideño buscando
aplacar la protesta popular.
Columna de Valparaíso hacia el Congreso
Choques entre manifestantes y la policía durante otra jornada de protestas en Chile
La movilización de este domingo 28 de octubre se trasformó acá en el Puerto en la “marcha de todas las marchas”,
ya que nunca se había visto una cantidad tan gigantesca de
manifestantes. Con dos puntos de encuentro, en Plaza Sotomayor de
Valparaíso y en la Plaza Sucre de Viña del Mar, las enormes columnas se
dirigieron alrededor de las 15 horas hacia el Congreso Nacional. La
marea de manifestantes procedente desde Viña del Mar se extendía
ininterrumpidamente entre el Reloj de Flores y el Nudo Barón, mientras
en el plan de Valparaíso esta se extendía entre la Plaza Sotomayor y la
Plaza del Pueblo.
El
edificio Legislativo fue aislado y rodeado con vallas papales temprano
en la mañana y un contingente represivo enorme y desproporcionado se
desplegó para impedir que las columnas pudieran avanzar hasta las
afueras del Congreso Nacional. A la altura del nudo Barón apenas llegó
la columna procedente desde Viña esta fue reprimida violentamente, al
igual como lo hicieron con la marcha que avanzaba por la calle Pedro
Montt. El poder de los gases tóxicos estaba potenciado en esta ocasión,
ya que los efectos fueron mucho más fuertes que en otras ocasiones. El
castillo del poder y de las elites quedó así protegido del pueblo en
rebeldía.
Pese a
esta brutal represión, grupos de manifestantes se enfrentaron
resueltamente con las Fuerzas Especiales, las cuales dispararon una gran
cantidad de lacrimógenas y balines dirigidas al cuerpo de las porteñas y
porteños, dejando numerosos heridos.
En
momentos que escribo esta crónica, a las 17.30 horas, los canales de la
televisión abierta muestran una programación totalmente “normal”. Una
teleserie en la Red,”Frutos del País” en TVN, Fútbol en Chilevisión,
“Lugares que hablan” en el 13 y en Megavisión un programa de comida. Los
medios de comunicación tradicional, funcionales al poder, se coludieron
en forma descarada esta vez para evitar mostrar al pueblo rebelde en
las calles.
Pero esta
insurrección popular sigue adelante, como aparece claramente planteado
en las múltiples pancartas que explicitan por una parte el resuelto
espíritu de lucha, y por otra la exigencia de renuncia de Sebastián
Piñera y todo su gobierno, demandando la realización de una Asamblea
Constituyente que termine con la Constitución dictatorial de 1980 y el
sistema neoliberal consagrado en ella.
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 27 octubre 2019
El pueblo digno y rebelde abrió las grandes alamedas: crónica desde Valparaíso
By Guillermo Correa Camiroaga
Octubre 27, 2019
La
Insurrección popular de octubre, que cada día continúa adelante con más
fuerza repletando las calles de nuestro país con la protesta social,
ayer viernes 25 de octubre tuvo su máxima expresión de masividad al
desbordar las grandes alamedas a lo largo del territorio nacional, por
donde caminaron libres y sin miedo hombres y mujeres, jóvenes y
muchachas, niñas y niños, ancianas y ancianos- como predijo el compañero
Salvador Allende en su último discurso aquel lejano 11 de septiembre de
1973 – diciendo ¡BASTA DE ABUSOS, HEMOS DESPERTADO ¡, queremos un
cambio radical de este sistema opresor, violento y desigual. Como el
pueblo expresa en sus pancartas: “no se trata de 30 pesos, se trata de
30 años de abusos” los que han gatillado este estallido que se ha
transformado en una insurrección popular, que durante el mes de octubre,
hizo trizas el oasis de cartón con el que presentaban la imagen país.
A estos
treinta años de violencia y abusos hay que agregar la brutal represión y
las injusticias que se iniciaron con el golpe cívico miliar de 1973,
donde miles de chilenas y chilenos fueron encarcelados, torturados,
asesinados, hechos desaparecer, exiliados, expulsados sin justificación
alguna de sus trabajos, para poder instaurar en Chile un modelo de
sociedad basado en el libre mercado que ha significado, en la práctica,
la privatización de todos los recursos naturales y de los servicios
básicos como la salud, la educación, las pensiones, el agua, la
electricidad, y un largo etcétera.
Los
derechos sociales alcanzados con la lucha popular de años y años, y que
tuvieron su máxima satisfacción y expresión durante el gobierno popular
del Presidente Salvador Allende fueron conculcados a sangre y fuego.
Allí comenzó un nuevo ciclo de saqueo empresarial nacional y extranjero
que, amparado por la feroz garra militar de la dictadura, estructuró las
bases institucionales de un sistema neoliberal consagrado en la
Constitución ilegítima de 1980. Allí también se encuentra el origen de
esta extraordinaria insurrección popular de octubre, de este estallido
social rebelde y libertario, que, golpeando desde las bases, hace
tambalear los cimientos de este injusto y opresor modelo económico,
político, social y cultural.
En
Valparaíso y Viña del Mar, así como en toda la V Región, ayer viernes el
pueblo movilizado abrió de par en par las grandes alamedas y con una
muestra simbólica de fuerza, la marcha hacia el Congreso Nacional, aquel
edificio que representa una burbuja de cristal en donde las elites se
mueven alegremente lejos del mundanal ruido de las calles, obligó a que
los Parlamentarios suspendieran sus funciones y evacuaran este palacio
de primavera, temerosos de un pueblo rebelde que expresaba sus demandas
afuera del Congreso Nacional. Aquí en Chile, donde comenzó la
instauración de este modelo que fue proclamado como un ejemplo a seguir
por todo el mundo, sus cimientos están siendo erosionados por esta marea
humana de dignidad, rebeldía y libertad, como un río poderoso que
empieza a recuperar su cauce.
El pueblo
chileno, luego de un largo letargo, ha despertado con la fuerza de un
volcán. La solidaridad internacional día a día crece entregando su apoyo
a este movimiento social, con la memoria fresca de la solidaridad
entregada a miles de chilenos y chilenas durante el periodo de la
dictadura cívico militar.
La
violencia desatada por el gobierno de Sebastián Piñera y su Ministro del
Interior Andrés Chadwick para intentar frenar la rebeldía popular, ha
igualado la brutalidad dictatorial. Las y los torturados y asesinados
crecen día a día, configurando violaciones de los derechos humanos con
características de terrorismo de Estado, pero a pesar de todo esto, las
calles siguen perteneciendo a las chilenas y chilenos rebeldes que
siguen sin miedo manifestando sus demandas y exigiendo sus derechos.
Hoy en
Valparaíso se llevaron a efecto numerosas iniciativas barriales, de tipo
cultural y político, realizando verdaderos cabildos comunitarios para
ir intercambiando ideas y plasmar organizadamente las demandas
populares, y una nueva y multitudinaria marcha, de aproximadamente
15.000 porteñas y porteños, recorrió esta vez los cerros del Puerto.
A
mediodía las y los manifestantes se congregaron en la Plaza Sotomayor,
para desde allí iniciar una movilización que subió por calle Tomás
Ramos, al costado de los Tribunales de Justicia, para a alcanzar
posteriormente la Avenida Alemania y recorrer la cintura que recorre una
gran cantidad de los cerros porteños, para posteriormente bajar por
Avenida Francia hasta la Plaza del Pueblo Salvador Allende. Una nueva y
contundente respuesta de rechazo a los ofertas gubernamentales y de las
elites del poder, que buscan por todos los medios y con promesas de
humo al por mayor, detener a este pueblo que ha dicho ¡basta! y se ha
echado a andar.
El hombre
y la mujer libre han comenzado a caminar por las grandes alamedas y,
aún cuando no exista certeza de cuál será la solución o la salida en que
desemboque esta rebelión popular, puesto que se trata de un
movilización espontánea y multifacética, sin una conducción política
determinada, sin la presencia de una orgánica político revolucionaria,
el hecho concreto es que este octubre insurrecto ha cambiado para
siempre la cara de nuestro país ante los ojos del mundo. Tampoco es
descartable que este pueblo digno y creativo encuentre las formas de
canalizar, organizar y conformar una organización de nuevo tipo que
entregue propuestas concretas que sobrepasen la institucionalidad
restringida de esta democracia en la medida de lo posible, consagrada en
la Constitución pinochetista de 1980. Ahora es el momento de llevar
adelante un proceso constituyente que, a partir de las bases en
rebeldía, elabore y concrete una Constitución verdaderamente democrática
para nuestro país.
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 26 octubre 2019
Militares reprimieron marcha en Concepción con disparos en plena Plaza Independencia
En
Concepción
27 de octubre de 2019 - RESUMEN DE CHILE (Concepción)
[resumen.cl] Tras desarrollarse una nueva y masiva
convocatoria de las jornadas de protesta más grandes después de caída la
dictadura en Chile, las calles del Gran Concepción se vieron inundadas
de manifestaciones y marchas en diversos puntos. Al mismo tiempo el
Estado sigue utilizando la fuerza de forma desmedida como lo demuestra
la enorme cantidad de militares en las calles. Incluso llegando a
disparar con un tipo de munición indeterminada (probablemente
perdigones) a los y las manifestantes en plaza central del Gran
Concepción, o también conocida como Plaza Independencia.
El siguiente video muestra como militares disparan probablemente perdigones en plena Plaza Independencia en el Gran Concepción.
En este otro ángulo se puede ver cómo efectivos militares disparan sobre seguro y directamente al cuerpo de manifestantes.
Según consignó TVU, varias familias que se encontraban en la manifestación escaparon de la carga de los militares y sufrieron una encerrona en calle Caupolicán por parte de FF.EE. de Carabineros.
El citado medio reportó manifestantes heridos por proyectiles disparados por policías o militares.
Posteriormente efectivos militares se agruparon en torno a la Gobernación de la Provincia de Concepción. Manifestantes continuaron caceroleando alrededor de la plaza.
El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió recientemente un reporte especial en base a información recopilada en distintos hospitales de Chile el cual establece que de las 531 personas heridas con disparos en Chile desde comenzó la revuelta popular, 237 son con arma de fuego no clasificada. El resto se dividen en 35 personas heridas a bala, 237 por perdigones y 22 con balines.
El siguiente video muestra como militares disparan probablemente perdigones en plena Plaza Independencia en el Gran Concepción.
En este otro ángulo se puede ver cómo efectivos militares disparan sobre seguro y directamente al cuerpo de manifestantes.
Según consignó TVU, varias familias que se encontraban en la manifestación escaparon de la carga de los militares y sufrieron una encerrona en calle Caupolicán por parte de FF.EE. de Carabineros.
El citado medio reportó manifestantes heridos por proyectiles disparados por policías o militares.
Posteriormente efectivos militares se agruparon en torno a la Gobernación de la Provincia de Concepción. Manifestantes continuaron caceroleando alrededor de la plaza.
El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió recientemente un reporte especial en base a información recopilada en distintos hospitales de Chile el cual establece que de las 531 personas heridas con disparos en Chile desde comenzó la revuelta popular, 237 son con arma de fuego no clasificada. El resto se dividen en 35 personas heridas a bala, 237 por perdigones y 22 con balines.
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Paro Nacional, manifestaciones, acusación contra Chadwick e inminente llegada de ONU marcan esta jornada
Continúa movilización contra el gobierno de Sebastián Piñera.
Una agitada jornada se espera para este miércoles en el marco de las
masivas movilizaciones que se están llevando a cabo en Chile hace ya 12
días en contra del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Este 30 de octubre estará marcado en primer lugar por el llamado a Paro Nacional realizado por la Unidad Social, colectivo que reúne a una serie de organizaciones de la sociedad civil que han sido protagonistas clave en las movilizaciones. La entidad ya ha levantado una serie de reivindicaciones en favor de los trabajadores, entre las que se pueden mencionar un salario mínimo de $500.000; una tarifa social justa del transporte público; la garantía de salud, educación y vivienda como derechos sociales; la eliminación del TAG y la estatización de las carreteras, y la elaboración de una nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente.
En este contexto, se realizarán marchas y concentraciones a lo largo de todo el país, las que en el caso de la Región Metropolitana se llevarán a cabo a partir de las 11:00 horas en Plaza Italia, para continuar con cacerolazos a las 20:00 horas.
Este 30 de octubre estará marcado en primer lugar por el llamado a Paro Nacional realizado por la Unidad Social, colectivo que reúne a una serie de organizaciones de la sociedad civil que han sido protagonistas clave en las movilizaciones. La entidad ya ha levantado una serie de reivindicaciones en favor de los trabajadores, entre las que se pueden mencionar un salario mínimo de $500.000; una tarifa social justa del transporte público; la garantía de salud, educación y vivienda como derechos sociales; la eliminación del TAG y la estatización de las carreteras, y la elaboración de una nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente.
En este contexto, se realizarán marchas y concentraciones a lo largo de todo el país, las que en el caso de la Región Metropolitana se llevarán a cabo a partir de las 11:00 horas en Plaza Italia, para continuar con cacerolazos a las 20:00 horas.
@ranguelmo
Por otra parte, los pescadores artesanales de Caleta Portales en Valparaíso se unirán también a la movilización del Paro Nacional, protestando al mediodía para exigir la anulación de la Ley de Pesca. Lo mismo harán sus pares de la Región de Coquimbo a las 17:00 horas en la Plaza de las Américas de la ciudad nortina.
Violaciones a los Derechos Humanos
En cuanto a las acciones que se realizarán por las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante las últimas semanas por el Ejecutivo, destaca la presentación -a las 11:00 horas en el Congreso en Valparaíso- de una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick.
Cabe destacar que esta iniciativa es impulsada por el Frente Amplio en conjunto con miembros de partidos de la ex Nueva Mayoría.
En cuanto a las acciones que se realizarán por las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante las últimas semanas por el Ejecutivo, destaca la presentación -a las 11:00 horas en el Congreso en Valparaíso- de una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick.
Cabe destacar que esta iniciativa es impulsada por el Frente Amplio en conjunto con miembros de partidos de la ex Nueva Mayoría.
Andrés Chadwick. Foto: Ministerio de Interior
También en el ámbito de los Derechos Humanos, para este miércoles se
espera la llegada a Chile del equipo de observadores de la Oficina de
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet.
Y desde el exterior también arriban a nuestro país los europarlamentarios Idoia Villanueva Ruiz y Miguel Urbán Crespo, quienes acompañados del asesor político Fabio Amato realizarán durante la mañana una conferencia de prensa en el sitio de memoria Londres 38. En la ocasión presentarán sus impresiones de lo que ocurre en Chile, sobre todo en materia de Derechos Humanos.
Y desde el exterior también arriban a nuestro país los europarlamentarios Idoia Villanueva Ruiz y Miguel Urbán Crespo, quienes acompañados del asesor político Fabio Amato realizarán durante la mañana una conferencia de prensa en el sitio de memoria Londres 38. En la ocasión presentarán sus impresiones de lo que ocurre en Chile, sobre todo en materia de Derechos Humanos.
Publicado: 29 oct 2019 22:54 GMT | Última actualización: 29 oct 2019 23:07 GMT - RT
Desde el pasado 17 de octubre, se estima que hay más de 3.500 personas detenidas.
Este
martes, la ciudad de Santiago de Chile es el escenario de nuevos
enfrentamientos entre carabineros y manifestantes, en el centro de la
capital, tras una nueva convocatoria a protestar frente al palacio presidencial de La Moneda en contra de las políticas neoliberales del Gobierno.
En el décimo segundo día de protestas, en las calles se observan vehículos y elementos policíacos que cercan a los manifestantes, mientras algunos de ellos corren para escapar de la represión o responden lanzando piedras y cohetones.
En Santiago también se observan densas columnas de humo, en medio del sonido de sirenas y de las personas que golpean cacerolas en señal de protesta, a pesar de los cambios de gabinete y las reformas anunciadas este lunes por el presidente de ese país, Sebastián Piñera.
El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, informó este martes que en el marco de las protestas en Chile se contabilizan 1.406 lesionados, entre ellos, 876 policías y 530 civiles, en el lapso del 20 al 27 de octubre.
Ubilla detalló, además, que se ha imputado a 997 personas por su presunta participación en destrozos, incendios, saqueos o enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ente público pero independiente que monitorea las protestas, ha señalado que hay más de 3.500 personas detenidas desde el 17 de octubre. De ellas, más de 1.100 han sido heridas y de estas, casi 600 están lesionadas por armas de fuego de distinto tipo.
Un total de 19 personas han fallecido en el contexto de las protestas antigubernamentales, en las que la Administración de Piñera ha sido señalada por el uso excesivo de la fuerza.
En el décimo segundo día de protestas, en las calles se observan vehículos y elementos policíacos que cercan a los manifestantes, mientras algunos de ellos corren para escapar de la represión o responden lanzando piedras y cohetones.
En Santiago también se observan densas columnas de humo, en medio del sonido de sirenas y de las personas que golpean cacerolas en señal de protesta, a pesar de los cambios de gabinete y las reformas anunciadas este lunes por el presidente de ese país, Sebastián Piñera.
El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, informó este martes que en el marco de las protestas en Chile se contabilizan 1.406 lesionados, entre ellos, 876 policías y 530 civiles, en el lapso del 20 al 27 de octubre.
Ubilla detalló, además, que se ha imputado a 997 personas por su presunta participación en destrozos, incendios, saqueos o enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ente público pero independiente que monitorea las protestas, ha señalado que hay más de 3.500 personas detenidas desde el 17 de octubre. De ellas, más de 1.100 han sido heridas y de estas, casi 600 están lesionadas por armas de fuego de distinto tipo.
Un total de 19 personas han fallecido en el contexto de las protestas antigubernamentales, en las que la Administración de Piñera ha sido señalada por el uso excesivo de la fuerza.
Militares de vuelta a sus cuarteles: Por presión social levantan estado de excepción
RESUMEN DE CHILE (Concepción) - 27 de octubre de 2019
El gobierno declaró que hoy, a las 00:00 hrs de este lunes, se levanta el estado de excepción en todo el territorio nacional.
La medida restrictiva, que había sido adoptada por el presidente Piñera el pasado viernes 18 como respuesta a las manifestaciones populares que se iniciaron aquel día, dejó como saldo un reguero de personas muertas, heridas de diversa consideración, personas detenidas por centenas, y una estela de atropellos a las libertades democráticas.
Las razones esgrimidas por los gobernantes para declarar los estados de excepción, recurrir a los uniformados en la calle e instalar el toque de queda, nunca tuvieron un fundamento real y no tuvieron un efecto específico en lo que el gobierno decía perseguir. El rol real que perseguía esta presencia uniformada y armada en las calles era reprimir al pueblo movilizado, amedrentar a la población, doblegar su voluntad de rebelión ante el actual estado de cosas; sin embargo, la brutal represión militar no logró su objetivo de arredrar la determinación de lucha de la población. Lamentablemente, como era de prever, la población pagó un elevado costo en vidas humanas que esta tardía retirada de los uniformados no logrará subsanar, y ninguna medida de castigo que se aplique a los responsables, por muy necesarias que sean, lograran reparar el daño causado.
El otro objetivo primario que perseguían estas medidas restrictivas con los militares en la calle era proteger los bienes y propiedades del gran empresariado y de los grandes intereses comerciales. Seguramente ese propósito lo deben haber conseguido, pues nunca estuvo en riesgo la destrucción o apropiación de esas propiedades por parte de la población movilizada. Las instalaciones que han resultado quemadas o destruidas no fueron propiamente producto de las movilizaciones ciudadanas sino de acciones que será labor de los tribunales dilucidar, pero que dejaron de producirse luego de la multitudinaria manifestación social de este viernes.
Lo cierto es que la señalada manifestación del viernes 25 fue la que mandó de regreso los milicos a sus cuarteles, más allá de que por la típica arrogancia de los gobernantes, Piñera haya postergado hasta horas recientes un anuncio que era evidente.
Solo que este gobierno no da ninguna garantía de que, ante cualquier incapacidad o ineptitud para solucionar las demandas de la población no vuelva a recurrir al uso de los militares como fuerza represiva. Estas medidas restrictivas no pueden ser aceptadas por la población ni adoptadas por los gobernantes, ni siquiera cuando ya se haya retirado de Chile la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que arriba al país el día de mañana.
La medida restrictiva, que había sido adoptada por el presidente Piñera el pasado viernes 18 como respuesta a las manifestaciones populares que se iniciaron aquel día, dejó como saldo un reguero de personas muertas, heridas de diversa consideración, personas detenidas por centenas, y una estela de atropellos a las libertades democráticas.
Las razones esgrimidas por los gobernantes para declarar los estados de excepción, recurrir a los uniformados en la calle e instalar el toque de queda, nunca tuvieron un fundamento real y no tuvieron un efecto específico en lo que el gobierno decía perseguir. El rol real que perseguía esta presencia uniformada y armada en las calles era reprimir al pueblo movilizado, amedrentar a la población, doblegar su voluntad de rebelión ante el actual estado de cosas; sin embargo, la brutal represión militar no logró su objetivo de arredrar la determinación de lucha de la población. Lamentablemente, como era de prever, la población pagó un elevado costo en vidas humanas que esta tardía retirada de los uniformados no logrará subsanar, y ninguna medida de castigo que se aplique a los responsables, por muy necesarias que sean, lograran reparar el daño causado.
El otro objetivo primario que perseguían estas medidas restrictivas con los militares en la calle era proteger los bienes y propiedades del gran empresariado y de los grandes intereses comerciales. Seguramente ese propósito lo deben haber conseguido, pues nunca estuvo en riesgo la destrucción o apropiación de esas propiedades por parte de la población movilizada. Las instalaciones que han resultado quemadas o destruidas no fueron propiamente producto de las movilizaciones ciudadanas sino de acciones que será labor de los tribunales dilucidar, pero que dejaron de producirse luego de la multitudinaria manifestación social de este viernes.
Lo cierto es que la señalada manifestación del viernes 25 fue la que mandó de regreso los milicos a sus cuarteles, más allá de que por la típica arrogancia de los gobernantes, Piñera haya postergado hasta horas recientes un anuncio que era evidente.
Solo que este gobierno no da ninguna garantía de que, ante cualquier incapacidad o ineptitud para solucionar las demandas de la población no vuelva a recurrir al uso de los militares como fuerza represiva. Estas medidas restrictivas no pueden ser aceptadas por la población ni adoptadas por los gobernantes, ni siquiera cuando ya se haya retirado de Chile la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que arriba al país el día de mañana.
¿Chile despertó? Por qué las masivas protestas no ceden a pesar de las concesiones del Gobierno de Piñera
Publicado: 30 oct 2019 01:14 GMT | Última actualización: 30 oct 2019 01:14 GMT - rt
Ni la implementación de una "agenda social"
ni los cambios en el Gabinete conforman a los manifestantes, que
continúan saliendo a las calles y reclaman la renuncia del presidente.
Demonstrators take part in a protest against Chile's state economic model in Valparaiso, Chile October 27, 2019. REUTERS/
Rodrigo Garrido / Reuters
El
malestar social en Chile no parece tener freno, a pesar de la serie de
anuncios y cambios en el Gabinete que ha realizado el Gobierno del
presidente Sebastián Piñera.
Tampoco el duro accionar represivo de Carabineros y fuerzas militares, en el marco del estado de emergencia y los sucesivos toques de queda, ha logrado acallar las masivas protestas en las calles ni suspender las huelgas, cuando han pasado ya once días desde la primera gran manifestación, el pasado 18 de octubre. Este martes, grupos opositores volvieron a congregarse en varias ciudades del territorio nacional, y hubo nuevos enfrentamientos con la Policía.
Aquello que comenzó como un rechazo a la suba del boleto del metro de Santiago, suspendida por el Gobierno el día 19, ha virado en una revuelta colectiva sin colores políticos concretos ni claros liderazgos, pero con la perseverancia intacta y el orgullo de un movimiento mayormente juvenil, que ha sabido protagonizar el último viernes "la marcha más grande" de Chile, con más de un millón de personas solo en la capital.
Bajo el lema 'Chile despertó', organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y ciudadanos de a pie, plantean la necesidad de acabar con las políticas neoliberales de un Gobierno que hasta hace días sacaba pecho hablando de esa nación suramericana como un "oasis" de crecimiento económico, en una región convulsionada.
Es que la creciente desigualdad, los bajos salarios y pensiones, y el excluyente sistema privado de casi todos los servicios esenciales, como el agua, la salud y la educación, no estaban en la agenda diaria de la Casa de la Moneda, y no fue hasta que llegó el estallido social que Piñera pidió "perdón" a sus compatriotas, y trató de reaccionar.
En
un solo movimiento, el Gobierno creó un ingreso mínimo garantizado de
350.000 pesos (unos 481 dólares) para los trabajadores con jornada
completa, elevó la pensiones 20 %, envió un proyecto de ley al
Parlamento para dejar sin efecto el incremento de las tarifas
eléctricas, otro para elevar en 5 % la tasa de impuestos a los sectores
de mayores ingresos, entre otras disposiciones.
Con nuevos reclamos, como la desmilitarización de las calles, el cese de la represión, el castigo a los responsables por las 19 muertes registradas desde el inicio de la crisis, e incluso la renuncia del presidente Piñera, las protestas no solo continuaron, sino que además se tornaron más importantes y, en ocasiones, violentas. Tanto es así, que la del viernes 25 de octubre fue considerada la más masiva desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.
Con el objetivo de descomprimir la grave crisis política, el mandatario recurrió a una vieja receta que suele ser aplicada por los Gobiernos de la región cada vez que tambalean ante el descontento popular: Piñera decidió cambiar a ocho de sus ministros, incluyendo mayor participación femenina y un plantel más joven, con funcionarios de menos de 50 años. Las carteras de Hacienda, Economía, Interior y Trabajo y Previsión Social, entre otras, tienen nuevos titulares desde el lunes.
"Este equipo tendrá la misión de escuchar y abrir diálogo hacia un Chile más justo", dijo Piñera en conferencia de prensa. Pero los anuncios no hacían mella en las afueras de la Moneda, donde los manifestantes se enfrentaban a las fuerzas de seguridad en un ambiente caótico.
En ese sentido, Briones alertó sobre problemas fiscales ante el "endeudamiento" al que tuvo que recurrir el Gobierno para responder a los reclamos sociales: "Si no somos capaces de recuperar la inversión, el próximo año vamos a tener un resultado que vamos a lamentar, y que va en contra de esta agenda social que requiere recursos".
En este contexto, se conoció el informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que estima que los bancos ya acumulan ganancias por 2.006.981 millones de pesos (unos 2.756 millones de dólares) al tercer trimestre de este año.
Además, el organismo no gubernamental contabilizó un total de 1.132 personas heridas y 3.243 detenciones, desde el 17 de octubre hasta este lunes 27.
De acuerdo al último informe Panorama
Social de América Latina, que elabora la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), el 1 % más acaudalado de Chile se
quedó en 2017 con el 26,5 % de la riqueza, mientras que el 50 % de los
hogares menos favorecidos solo accedió al 2,1 % de los bienes generados
en el país.
Esa desigualdad, sumada a las dificultades que padecen las familias de clases medias y bajas para acceder a servicios básicos, con bajos salarios y un fuerte endeudamiento, explican el origen del descontento y las razones por las cuales permanece vigente el disconformismo, más allá de los cambios de urgencia adoptados por el Gobierno.
Tras haber "escuchado" y atendido con su "agenda social" la exigencia de cambios que son más bien estructurales, en La Moneda confían en que la falta de un interlocutor válido, ante la heterogeneidad y falta de liderazgos definidos de estos colectivos, haga que en pocos días las protestas se vayan diluyendo. Por ahora, eso no ha sucedido.
Emmanuel Gentile
Tampoco el duro accionar represivo de Carabineros y fuerzas militares, en el marco del estado de emergencia y los sucesivos toques de queda, ha logrado acallar las masivas protestas en las calles ni suspender las huelgas, cuando han pasado ya once días desde la primera gran manifestación, el pasado 18 de octubre. Este martes, grupos opositores volvieron a congregarse en varias ciudades del territorio nacional, y hubo nuevos enfrentamientos con la Policía.
Aquello que comenzó como un rechazo a la suba del boleto del metro de Santiago, suspendida por el Gobierno el día 19, ha virado en una revuelta colectiva sin colores políticos concretos ni claros liderazgos, pero con la perseverancia intacta y el orgullo de un movimiento mayormente juvenil, que ha sabido protagonizar el último viernes "la marcha más grande" de Chile, con más de un millón de personas solo en la capital.
Bajo el lema 'Chile despertó', organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y ciudadanos de a pie, plantean la necesidad de acabar con las políticas neoliberales de un Gobierno que hasta hace días sacaba pecho hablando de esa nación suramericana como un "oasis" de crecimiento económico, en una región convulsionada.
Es que la creciente desigualdad, los bajos salarios y pensiones, y el excluyente sistema privado de casi todos los servicios esenciales, como el agua, la salud y la educación, no estaban en la agenda diaria de la Casa de la Moneda, y no fue hasta que llegó el estallido social que Piñera pidió "perdón" a sus compatriotas, y trató de reaccionar.
La "agenda social"
Tres días después de haberle declarado la "guerra" a un enemigo "muy poderoso", y ante la continuidad de las protestas, el 23 de octubre el jefe de Estado reculó para anunciar un paquete de medidas urgentes, destinadas a atender las "legítimas necesidades y demandas sociales".
Chilean President Sebastian Pinera announces to replace ministers in Santiago, Chile, Oct. 28, 2019.
/ Yin Nan
/ www.globallookpress.com
Con nuevos reclamos, como la desmilitarización de las calles, el cese de la represión, el castigo a los responsables por las 19 muertes registradas desde el inicio de la crisis, e incluso la renuncia del presidente Piñera, las protestas no solo continuaron, sino que además se tornaron más importantes y, en ocasiones, violentas. Tanto es así, que la del viernes 25 de octubre fue considerada la más masiva desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.
Fin del estado de emergencia y cambios en el Gabinete
La madrugada del domingo 26, el Gobierno levantó el estado de emergencia que había decretado una semana antes para responder a la serie de incendios, barricadas y saqueos que ya se registraban en Santiago y otros distritos del país. Desde ese momento, cada vez que los chilenos salieron a protestar, se aplicaron toques de queda nocturnos, que se fueron reduciendo hasta ser levantados en su totalidad el lunes. Acaso el presidente y sus asesores creyeron que aquella congregación histórica, la 'más grande de Chile', sería la última.Con el objetivo de descomprimir la grave crisis política, el mandatario recurrió a una vieja receta que suele ser aplicada por los Gobiernos de la región cada vez que tambalean ante el descontento popular: Piñera decidió cambiar a ocho de sus ministros, incluyendo mayor participación femenina y un plantel más joven, con funcionarios de menos de 50 años. Las carteras de Hacienda, Economía, Interior y Trabajo y Previsión Social, entre otras, tienen nuevos titulares desde el lunes.
"Este equipo tendrá la misión de escuchar y abrir diálogo hacia un Chile más justo", dijo Piñera en conferencia de prensa. Pero los anuncios no hacían mella en las afueras de la Moneda, donde los manifestantes se enfrentaban a las fuerzas de seguridad en un ambiente caótico.
"Un fin de año muy malo"
El flamante ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, señaló en declaraciones a radio Cooperativa que "el clima que todavía no se apaga" y que los destrozos generarán una merma en las inversiones, por lo que adelantó que el país vivirá "un fin de año económico muy malo", según reproduce La Tercera.En ese sentido, Briones alertó sobre problemas fiscales ante el "endeudamiento" al que tuvo que recurrir el Gobierno para responder a los reclamos sociales: "Si no somos capaces de recuperar la inversión, el próximo año vamos a tener un resultado que vamos a lamentar, y que va en contra de esta agenda social que requiere recursos".
En este contexto, se conoció el informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que estima que los bancos ya acumulan ganancias por 2.006.981 millones de pesos (unos 2.756 millones de dólares) al tercer trimestre de este año.
Police sprays water on anti-government demonstrators in Santiago, Chile, Monday, Oct. 28, 2019.
/ Esteban Felix
/ AP
Abusos policiales
Debido al accionar represivo del Gobierno frente a las manifestaciones, este martes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile presentó un total de 101 denuncias contra las fuerzas públicas. Entre ellas, cinco acusaciones por homicidios, 18 por delitos de violencia sexual, y 54 por presuntos casos de tortura.Además, el organismo no gubernamental contabilizó un total de 1.132 personas heridas y 3.243 detenciones, desde el 17 de octubre hasta este lunes 27.
La desigualdad social, eje de las demandas
Si bien son varios los informes que avalan el crecimiento económico sostenido y la estabilidad de Chile, una dispareja distribución del ingreso, arrastrada desde que se implementó el modelo neoliberal con el golpe de Estado de Pinochet, en 1973, ha generado una mayor desigualdad social que la que se registra en otros países menos exitosos. Esa desigualdad, sumada a las dificultades que padecen las familias de clases medias y bajas para acceder a servicios básicos, con bajos salarios y un fuerte endeudamiento, explican el origen del descontento y las razones por las cuales permanece vigente el disconformismo, más allá de los cambios de urgencia adoptados por el Gobierno.
Tras haber "escuchado" y atendido con su "agenda social" la exigencia de cambios que son más bien estructurales, en La Moneda confían en que la falta de un interlocutor válido, ante la heterogeneidad y falta de liderazgos definidos de estos colectivos, haga que en pocos días las protestas se vayan diluyendo. Por ahora, eso no ha sucedido.
Emmanuel Gentile
Ese
discurso de que los dos millones de manifestantes en la Plaza Baquedano
no se lo puede arrogar ningún partido, que tampoco están las
organizaciones sociales es sencillamente subirse por el chorro y no
entender ni comprender el país en que viven. En fin así es la derecha.
Una Nueva Constitución. La derecha NO quiere.
Aún en
las precarias condiciones los demócratas condenaron la Constitución del
80 y a sus principales gestores, entre ellos Jaime Guzmán un ex
dirigente nacional de Patria y Libertad, que llamó durante el gobierno
popular a colocar bombas y destruir puentes.
La mejor
evidencia del pacto FF.AA Concertación es antes que nada la mantención
del modelo y la estructura institucional que favorece justamente al
modelo heredado desde la dictadura. Los que fueron a negociar el
traspaso de La Moneda a los civiles en Madrid, aceptaron absolutamente
todas las condiciones que los militares establecieron. Pinochet impuso
que ningún uniformado sería llevado frente a un tribunal para responder
por sus crímenes.
Sabemos
que todo aquello se cae cuando Baltazar Garzón logra la captura de
Pinochet en Londres. Es público que es a esa tenacidad y consecuencia de
justicia que todo el mundo se haya enterado que junto con ser un
general criminal era también un ladrón, y que sus discursos de guerra
tenían el sentido del enriquecimiento de su familia y sus cercanos.
Nada que
envidiar los militares chilenos a otros uniformados gorilas que se
repartían países con empresas bananeras norteamericanas. Ambos
idénticos, la misma música.
La
derecha defiende y se resiste a una nueva Constitución y los millones de
chilenos que protestan en todas las calles de Chile exigen justamente
un nuevo instrumento constitucional, por lo tanto si hay sectores de la
sociedad chilena que pueden ufanarse haber sido parte de ese viernes de
victoria.
No + AFP
está desde hace mucho tiempo clamando por un nuevo sistema previsional
que supere las pensiones miserables que reciben millones de hombres y
mujeres que trabajaron por años. Pensionarse ahora es haber trabajado en
los años sesenta y setenta cuando la pobreza era aún mayor en los
mismos lugares donde viven actualmente los hijos y los nietos de
aquellos trabajadores.
Educación de calidad y gratuita. La derecha NO la quiere.
La
dictadura barrió con la educación pública y la llevó al mercado
segregándola, convirtiéndola en un sistema que margina, empobrece y
endeuda. Criminal fue junto a la herencia de la dictadura el proceso
educativo. Hacer participar a los bancos lo posibilitara Ricardo Lagos
convirtiendo un derecho fundamental en un asalto para millones de
jóvenes que de manera muy legitima, aspiran a dar pasos en un nuevo
modelo que posibilite más movilidad social. A la derecha no le interesa
la educación pública de calidad.
La
derecha es la dueña de sus colegios ricos y bien mantenidos. En esos
lugares se va traspasando de familia en familia los actores defensores
del modelo injusto que se hace fundamental alterar. Y a cuenta de
inventario, los hijos de casi todos los ministros de la concertación y
la nueva mayoría no asisten a la educación pública. Mejor explicación no
hay.
La
precariedad en que se encuentra la salud pública es ya inaceptable. Años
de espera para tratamientos, falta de insumos, débiles e insuficientes
estructuras, falta de hospitales, dejan al desnudo que el modelo optó
por proyectos que lucran con un derecho indispensable. Dejaron las
compuertas al lucho en la salud para generarle mayores beneficios a los
grupos duelos de las clínicas que trabajan con las Isapres. Macabro
juego que controla la derecha.
Un país
que compra ciencia y tecnología está condenado a seguir en el
subdesarrollo. A la derecha no le interesa realmente la ciencia, es más
rentable para ellos seguir siendo activos actores del monocultivo, y
vamos cargando palas con materias primas. Vamos cepillando los recursos
naturales mientras generen ganancia. El lucro para la derecha es
apellido paterno y materno.
Guaidó,
el héroe del imperialismo yanqui y sus seguidores tuvo la supina idea de
manifestar que los millones de chilenos en la calle exigiendo
respuestas concretas a las urgencias, eran financiados por Maduro.
Piñera nada dijo ni menos su vocera. Allí es derecha que hace uso
maniqueo para sus intereses y cuando no lo son los abandona.
Dura
derrota a Piñera que Venezuela sea parte del Consejo de DD.HH en la ONU.
El Ministro Rivera llamó a toda la puertas buscando el voto en contra y
perdió. Guaidó ese oscuro personaje ligado al narcotráfico, que incluso
algunos progresistas con aspiraciones presidenciales le han prestado
sus altares.
No es la
Sofofa ni la Cpc los que mayores compromisos tengan con el país. El país
a escala humana que al se aspira está en la antípodas de los
Kast/Piñera y otros.
Justamente
estos millones de envalentonados dejaron en mitad de la tormenta a los
que se conformaban con algunos pesos más para el salario mínimo. La
calle dejó al descubierto una dirigencia sindical corrupta, negociadora,
débil y entreguista como la CUT.
Nada es
nuevo lo que se dice, estas demandas vienen desde hace muchos años.
Chile se ha convertido en un país donde el acomodo y la granjerías
dejaron un forado en una clase política precaria y mendicante, a la cual
justamente hoy, no se le puede regalar el esfuerzo de los que se
lanzaron con dignidad al ELUDE con el cual se coloca en la mesa de este
tiempo la férrea voluntad de cambio profundo.
La
derecha pierde una batalla y se la ganaron en la calle y desde todas las
esquinas. La derecha pierde también sus próximas elecciones pero eso
será posible con la férrea voluntad de que existe la certeza de una dura
derrota al modelo, ese es finalmente la batalla de todas las batallas
comenzar a sentar las bases de un nuevo modelo.
No se ganado nada. Pero la calle funciona.
Todavía
hay que arrancarle de sus manos el agua que descaradamente roban para
beneficio personal postergando a los que también la necesitan. Se debe
redactar un nuevo Código de Agua. La derecha no quiere.
Los
trabajadores de la salud, los profesores, NO +AFP, los sindicatos de
pescadores, las juntas de vecinos, los cabildos, allí están los
interlocutores válidos para colocar fechas a las propuestas que todo el
mundo conoce.
La
derecha cambia su discurso porque sabe se le está cayendo lo que siempre
ha negado. Nunca ha querido hacer más amplios los derechos de las
personas, no cambiar el modelo, ni menos una nueva constitución, ellos
no la quieren la calle SI,
