Euskal Herría: Marea de solidaridad con Herrira en Bilbo y en defensa de los derechos de los presos
por Kaos. Euskal Herría
Portan la pancarta, entre otros, el surfista Axi Muniain, el cineasta Juanba Berasategi, los escritores Eider Rodríguez, Irati Jiménez, y Lutxo Egia; los músicos Joseba Tapia, Inés Osinaga, Txerra Bolinaga; Enrique Villarreal, ‘El Drogas’; la escaladora Irati Anda, el pelotari Oier Zearra y la actriz Itziar Ituño.
En la marcha, en la que, como se había pedido, predomina el color azul, y no han querido faltar los 18 miembros de Herrira detenidos el pasado lunes y puestos en libertad entre el jueves y el viernes: Nagore García, Manu Ugartemendia, Jon Garay, Sergio Labayen, Eneko Villegas, Roberto Noval, Ibon Meñika, José Antonio Fernández, Oscar Sánchez, Jesús Mari Aldunberri, Ekain Zubizarreta, Imanol Karrera, Beñat Zarrabeitia, Amaia Esnal, Gorka González, Eneko Ibarguren, Ane Zelaia y Fran Balda. Todos ellos han recibido numerosas muestras de cariño por parte de los presentes.
También han asisten el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, los representantes de Sortu, Amaia Izko y Pernando Barrena; el secretario general de EA, Pello Urizar; el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute y representantes de EB-Berdeak, como José Navas y Javier Madrazo, entre otros.
Durante la manifestación, que ha abarrotado la calle Autonomía, han arreciado lemas en como «Herrira aurrera» o «Euskal presoak etxera».
Recorrido casi completo
Para hacerse una idea de la dimensión de la marcha, cuando la cabecera ha llegado al Consistorio, a las 18.34, aún había gente a la altura de la calle Ávila, a escasos metros de La Casilla, punto de inicio de la manifestación.
Los bertsos de Arkaitz Estiballes y la actuación de Mikel Urdangarin han dado inicio al acto final, en el que han tomado la palabra el actor Carlos Olalla y la periodista de Infozazpi Irratia Maite Bidarte.
Han explicado que ha sido la «indignación» ante una «nueva agresión» la que ha congregado en las calles de la capital vizcaina a decenas de miles de personas de «diferentes ideologías, familias, lugares, culturas políticas y sentimientos».
Bidarte y Olalla han aclarado que este enfado es «productivo» y que, en lugar de generar miedo, aporta aún más fuerza para defender los derechos de los presos.
«Miles de tazas»
«Ocurre a veces que quien no quiere taza termina recibiendo taza y media. Que sepa quien tan mal lleva la taza de nuestra decidida defensa de los derechos de los presos políticos vascos que le esperan no ya taza y media, sino miles y miles de tazas», han proclamado, para transmitir que «no vamos a parar hasta que esos derechos sean respetados».
Tras criticar que la detención de los miembros de Herrira es una agresión a todos los que defienden los derechos de los presos vascos, han señalado que las imputaciones en su contra y el veto a las actividades de Herrira son «una barbaridad mayúscula».
«La obstinación en vulnerar esos derechos y perseguir a quienes los defienden nos han llevado a una situación en la que se trata ya de un reto para nuestro pueblo. Un reto a Euskal Herria», han explicado, antes de advertir de que «no tenemos la menor intención de pasarnos la vida denunciado redadas y repitiendo las mismas reclamaciones».
En ese sentido, han anunciado un compromiso y nuevos pasos, que irán concretando en las próximas semanas. «El compromiso es claro y firme –han detallado–, no parar hasta traer a casa a presos y refugiados. Y quienes han convocado esta movilización os adelantamos que vamos a poner nuevos hitos en este esfuerzo colectivo», han concluido Olalla y Bidarte.
http://www.naiz.info/eu/
Información inicial:
Más de 50 colectivos políticos, sindicales y sociales que han convocado la manifestación de esta tarde en Bilbo han destacado que la marcha tiene como objetivo denunciar la operación policial contra Herrira y reivindicar los derechos de los presos.
Según ha señalado la portavoz de los convocantes, Iratxe Urizar, en una breve declaración en las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbo este mediodía, se prevé que la movilización sea «gigantesca», y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a la cita vestida de azul.
«La movilización tiene dos objetivos: por un lado, denunciar la operación policial y la suspensión contra Herrira y, por otro lado, en esta ocasión que se quiere vetar la reivindicación de los presos en las calles y llenar las calles con esta reivindicación», ha señalado.
Según ha informado, la pancarta será portada una veintena de personalidades sociales y culturales.
Entre los nombres que ha citado, se encuentran los de los músicos Enrique Villarreal ‘El Drogas’, y Pello Reparaz de Vendetta; el bersolari Julio Soto; la fútbolista Eva Ferreira; el director de cine Juan Bautista Berasategi; el pelotari Oier Zearra o los escritores Eider Rodríguez y Lutxo Egia.
La manifestación de este sábado por la tarde, que partirá del Pabellón de La Casilla a las 17.30 horas, está organizada por más de medio centenar de organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre las que se encuentran Alternatiba, Aralar, Eusko Alkartasuna, Sortu, los sindicatos ELA y LAB, Etxerat, además de numerosas organizaciones sociales.
http://www.naiz.info/eu/
Más información (Naiz.info):
Manifestación tras el ataque a herrira
Herriraren aurkako polizia operazioa eta euskal presoen eskubideen aldeko lanaren kriminalizazioa salatzeko, hamarka mila lagunek hartu dute parte Bilboko kale nagusiak gurutzatu dituen manifestazioan.
por Kaos. Euskal Herría
“Su
ejemplo, de combatiente revolucionario perdurará entre nosotros como
expresión de las históricas relaciones de hermandad que nos unen”,
afirma Raúl.
La Habana, 5 de octubre de 2013
“Año del 55 Aniversario de la Revolución”
Estimados compañeros:
Con profundo pesar les extiendo, en nombre del Partido Comunista, del gobierno y del pueblo cubanos, así como en el mío propio, las más sentidas condolencias con motivo del fallecimiento del legendario luchador por la liberación de Vietnam, el General de Ejército Vo Nguyen Giap, que hago extensivas al hermano pueblo vietnamita y a los familiares de tan entrañable y fiel amigo.
El pueblo cubano recordará siempre, con admiración y respeto, la figura del General Giap y nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias su inestimable contribución a la doctrina militar cubana. Su ejemplo, de combatiente revolucionario perdurará entre nosotros como expresión de las históricas relaciones de hermandad que nos unen.
¡Gloria eterna al General Giap!
Con el testimonio de mi más alta consideración y estima.
Raúl Castro Ruz
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba
Nguyen Phu Trong
Secretario General del Partido Comunista de Vietnam
Truong Tan Sang
Presidente de la República Socialista de Vietnam
Nguyen Tan Dung
Primer Ministro de la República Socialista de Vietnam
Los colectivos de víctimas piden al Estado que cumpla con sus compromisos internacionales, como le reclama la ONU. FERNANDO SÁNCHEZ
por María Cappa
ATILIO A. BORON – Es una práctica profundamente arraigada que los gobiernos opuestos a la dominación norteamericana sean rutinariamente caracterizados como “regímenes” por los grandes medios de comunicación del imperio, los intelectuales colonizados de la periferia y aquellos que el gran dramaturgo español Alfonso Sastre ha magistralmente calificado como “intelectuales bienpensantes.” La palabra “régimen” adquirió en la ciencia política una connotación profundamente negativa, misma que no estaba presente en su formulación original. Hasta mediados del siglo veinte se hablaba del “régimen feudal”, de un “régimen monárquico”, o de un “régimen democrático” para aludir al conjunto de leyes, instituciones y tradiciones políticas y culturales que caracterizaban a un sistema político. Pero con la Guerra Fría y, después, con la contrarrevolución neoconservadora, el vocablo mudó completamente su significado. En su uso actual la palabra es empleada para estigmatizar a gobiernos o estados que no se arrodillan ante los dictados de Washington, a los cuáles por eso mismo se los descalifica como autoritarios y, en no pocos casos, como sangrientas tiranías.
[3] Para un examen de la sistemática violación de los derechos
humanos por parte del gobierno de Estados Unidos, o del “régimen”
norteamericano, ver: Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009)
![Ibrahim Othman Ibrahim Idris is a citizen of Sudan, held in extrajudicial detention in the United States' Guantanamo Bay detainment camps, in Cuba.[1] His detainee ID number is 036.](http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2013/10/Ibrahim-Othman-Ibrahim-Idris-.jpg)
Ibrahim
Othman Ibrahim Idris es un ciudadano de Sudan, preso tras detención
extrajudicial en la Base Naval de Guantánamo. Él lleva el número 036
entre los detenidos de la base ilegal en territorio cubano.
Un tribunal federal ha ordenado este viernes la liberación de un prisionero de la cárcel de Guantánamo
que sufre esquizofrenia tras más de once años encarcelado en la base
ilegal estadounidense, la mayor parte del tiempo en el área de
psiquiatría.
El juez de distrito Royce Lamberth ha dictado la puesta en libertad de Ibrahim Idris, natural de Sudán y acusado de combatiente enemigo, aunque nunca ha sido procesado formalmente.
La decisión se ha producido dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitiera unos papeles en los que indicaba que el Gobierno declinaría su oposición a su puesta en libertad sin dar explicación alguna.
Los abogados de Idris han argumentado de forma reiterada que su enfermedad mental reviste tal gravedad que en ningún momento llegaría a suponer una amenaza para la seguridad nacional en caso de ser liberado.
Idris, que ronda los 50 años, fue capturado junto con otros combatientes de la organización terrorista Al Qaeda en 2001 por las fuerzas de seguridad paquistaníes cuando trataba de cruzar la frontera entre Afganistán y Pakistán.
(Con información de Europa Press)
EL TELEGRAFO – El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo
este viernes que impulsará con su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, la
creación de un observatorio para vigilar en América Latina si las
petroleras incumplen inversiones, contaminan o tienen demandas de
arbitraje contra los Estados.
Morales indicó en una rueda de prensa que ese fue uno de los acuerdos alcanzados con Correa durante la reunión celebrada el jueves en la región boliviana central de Cochabamba.
“Hay empresas petroleras como (la estadounidense) Chevron que contaminan, ha perdido procesos hechos por el pueblo ecuatoriano y el movimiento indígena, pero esta empresa procesa al Estado” de Ecuador, comentó Morales.
El conflicto en Ecuador con la empresa estadounidense fue uno de los temas explicados por Correa durante su visita a Bolivia.
Morales destacó que la propuesta de crear ese observatorio es una idea “excelente” que debería debatirse a nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), porque, según dijo, los pequeños países son “víctimas” de las empresas petroleras.
“Cualquier empresa si invierte en otro país tiene que someterse a las normas de ese país y aquí nos quieren llevar a arbitrajes. Por supuesto, nosotros hemos denunciado eso y esa es la batalla con algunas empresas”, señaló el mandatario.
El presidente recordó que esta semana en una visita al campo boliviano de gas Margarita, operado por la compañía española Repsol, dijo que si una petrolera acepta ser socia de Bolivia debe comportarse como tal, sin llegar a enfrentamientos con arbitrajes internacionales.
De lo contrario, según Morales, su Gobierno está en condiciones de tomar “decisiones drásticas” ante los arbitrajes porque no tiene nada que temer ya que su país se ha fortalecido económicamente.
Desde 2006, Bolivia ha afrontado varias demandas en los tribunales internacionales por las expropiaciones que el Gobierno de Morales decidió sobre empresas trasnacionales en sectores como el petrolero, eléctrico, minero y las telecomunicaciones.
El entrevistador recordó al Mandatario ecuatoriano que el presidente estadounidense, Barack Obama, había declarado que EE.UU. es un país excepcional y que en ese sentido debe velar por los intereses del resto del mundo.
“Pese a eso sigo considerando al presidente Obama una buena persona e inteligente, pero eso recuerda al discurso de los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Se creían la raza elegida, la raza superior, etc. Son ideas y discursos tremendamente peligrosos”, respondió Correa.
El Jefe de Estado ecuatoriano señaló que EE.UU. no ha ratificado el Pacto de San José, pero financia y tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, lo que es una contradicción. “¿Quién entiende eso? Paga para que controlen a los demás, esas son cosas clamorosas, y ese es uno de los ejemplos de cómo todavía con los países en vías de desarrollo hay unas relaciones que pretenden ser de dominación”, explicó.
Asimismo, Correa denunció la complicidad y la doble moral de ciertos medios de comunicación para perpetuar ese injusto orden mundial.
“En varios países de la región y en Ecuador tenemos una dictadura mediática que se disfraza bajo el manto de la libertad de expresión. No hay tal libertad de expresión. Son poderes fácticos que con ese inmenso poder mediático hacen política y tratan de desestabilizar a los gobiernos progresistas (…)”, sostuvo al recalcar que la información es un derecho y en consecuencia debe ser regulada y controlada por la sociedad.
En la entrevista, también se refirió a las críticas de cierta prensa y sectores por el tema de la reelección. “Decían que somos unos corruptos por lanzarnos a la reelección, porque utilizamos medios públicos y tenemos ventaja sobre los demás, entonces supongo que Angela Merkel (canciller alemana) es una corrupta. Decían que somos dictadores, porque como (nos) lanzamos a la reelección, la base de la democracia es la alternabilidad. Entonces en Alemania no hay democracia y como ganamos mayoría en la Asamblea, decían que se acabó el estado de derecho (…) Bueno, Angela casi gana la mayoría, pero asumiendo ese escenario tampoco habría estado de derecho en Alemania”, acotó.
“Entonces, usted ve la doble moral, son todas críticas sin fundamentos para tratar de atacar a presidentes progresistas altamente exitosos en las urnas. Allá Angela Merkel es lideresa, acá somos caudillos, allá es popular, acá somos populistas”, manifestó Correa al indicar que ello les disgusta, “porque desafía los poderes de siempre”.
En otro tema, el gobernante se refirió al caso Chevron y reiteró que la petrolera “no podrá tapar el sol con un dedo”, pues la contaminación dejada en la Amazonía ecuatoriana es innegable.
Sobre la explotación en el Yasuní ITT, Correa reiteró que ésta afectará “menos del 1 por 1.000 del Parque”, al señalar que uno de los falsos dilemas que se maneja es ser humano vs naturaleza. “El ser humano es parte de esa naturaleza y también tenemos derechos, y el principal es superar la pobreza. Ecuador es un país que todavía tiene cerca de un 30% de su población en condiciones de pobreza, más del 50% de su población sin servicios básicos, (pero la oposición y ONG ‘ambientalistas’) quieren que dejemos la riqueza en el subsuelo para ser tontos útiles de los contaminadores globales”, apuntó.
4 oct. 2013 - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela,
Diosdado Cabello, informó este jueves que en su encuentro con el
presidente de la Duma rusa, Serguéi Narishkin, revisaron varios
acuerdos, entre ellos, el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco.
En un balance de las diferentes actividades realizadas en su segundo día de visita a Moscú, Cabello comentó que logró tratar temas de interés para Rusia y Venezuela como el de continuar estrechando vínculos entre los distintos parlamentos.
“Revisé junto Narishkin algunos detalles sobre los acuerdos que se han aprobado tanto por la Asamblea Nacional de Venezuela, como por el Parlamento ruso (…) También hicimos lo propio con el presidente de la estatal petrolera rusa, Igor Sechin, vínculo directo con Venezuela para tratar todo lo referente a materia energética” apuntó.
Igualmente, la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, expresó que las relaciones entre PDVSA y ROSNEFT son extraordinarias. Ellos han asomado la posibilidad de trabajar en el tema gasífero, y en la generación y distribución de energía eléctrica “que es uno de los puntos en el que tenemos más problemas en Venezuela” y añadió que “esto nos parece maravilloso y se lo comentaremos, al presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos ha dado órdenes directas de afianzar todos los lazos con la Federación de Rusia”.
En materia educativa, Diosdado Cabello, informó que trae a Venezuela un ofrecimiento por parte del Gobierno ruso, becas para estudiantes, para que desarrollen carreras como: ingeniería petrolera y petroquímica. “Nuestros jóvenes vendrían a Rusia a hacer su carrera completa gracias a estos convenios y a estos acercamientos que inició el Comandante Supremo, Hugo Chávez, los cuales se han fortalecido con el pasar de los años; esto no son más que logros. Logros revolucionarios”, dijo.
Cabello resaltó desde Caracas “nosotros estamos dispuestos a seguir incorporando países que quieran trabajar con Venezuela de una manera franca y sin ningún tipo de condicionamientos que vayan más allá de los que establecen las leyes (…) Queremos como Gobierno revolucionario que nos permitan contar con socios confiables y no con socios que son capaces de condicionar su participación, dependiendo de si levantamos las manos a favor de ellos o no!
Apuntó es así como se integran países como Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Italia, Portugal, entre otros, a formar parte de la extensa lista de gobiernos que junto a Venezuela, desean el crecimiento social de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.
Vínculos revolucionarios
En su gira a Moscú, Cabello, comentó que se abre la posibilidad de que para el próximo año (2014) viaje un grupo de parlamentarias y parlamentarios rusos a Venezuela, para tratar temas de interés nacional e internacional.
Aseveró que durante su encuentro con el presidente de la Duma de la Federación de Rusia, Serguéi Narishkin, conversaron acerca de los grupos del Parlatino y Mercosur, que próximamente se instalará para profundizar y desarrollar estrategias en materia socio-económica que beneficien al pueblo, además, de lograr el contacto directo entre esos grupos con la Duma rusa.
En el segundo día de encuentros del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, visitó el taller del escultor ruso, Serguey Kazantsev, quien realizó un busto y un mural del presidente Hugo Chávez, en su honor y por sus años de lucha socialista revolucionaria.
El consorcio de armamentos Kaláshnikov está diseñando una ametralladora portátil de seis cañones. Prevén presentar la potente arma al público en el año 2015.
El proyecto se desarrolla con base en una arma antiaérea de cañones
múltiples, precisó el diseñador jefe Yuri Shirobókov, aunque disparará
cartuchos simples del calibre 7,62 mm, como el que tiene la emblemática
ametralladora M60 de Estados Unidos. El arma, dijo al periódico 'Izvestia', contará con un mando a distancia y permitirá abrir fuego desde un lugar protegido.
La ametralladora, agregó el jefe de ingenieros del consorcio, se crea "a efecto de cumplir con unas misiones especiales, cuando es necesario no tanto impactar en el objetivo, como asegurar que se suprima con su fuego un área de destino para impedir que respondan con fuego desde allí".
Por el momento el arma solo existe en bocetos y un prototipo. Los diseñadores no han decidido qué tipo de mecanismo emplearán para alimentar y cargar los cañones con los cartuchos. El jefe del grupo de ingenieros admitió que el patrón disponible de la metralleta es demasiado pesado como para portarlo a mano.
"Lo que ha sido determinado son los seis cañones giratorios, como los que tiene el cañón. Con base en esta construcción es posible crear otra, más ligera", precisó Shirobókov.
La fundación del consorcio Kaláshnikov se debe a una iniciativa del viceprimer ministro ruso Dmitri Rogizin, y fue registrado oficialmente hace un mes. El legendario diseñador de los fusiles de asalto AK-47, AK-74 y AK-12, teniente general Mijaíl Kaláshnikov, había autorizado que la empresa llevara su nombre de forma gratuita.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/
La imagen que publica The Washington Post. Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
El diario norteamericano The Washington Post publicó este viernes en su página de opinión un artículo de Stephen Kimber,
titulado “Los Cinco Cubanos estaban combatiendo el terrorismo. ¿Por qué
los encarcelamos?”, donde el investigador canadiense reconoce que
“estos agentes serían héroes norteamericanos hoy”.
Kimber es el autor Lo que hay del otro lado del mar- La verdadera historia de los Cinco Cubanos, resultado de un extenso trabajo de investigación que incluyó la revisión por parte del autor de más de 20 mil páginas de registros judiciales del caso más largo en la historia de Estados Unidos.
4 de octubre de 2013
The Washington Post/ Opinión
Considere por un momento lo que sucedería si agentes de la inteligencia norteamericana en el terreno, en un país extranjero, descubrieran un grave complot terrorista, con tiempo suficiente para prevenirlo. Luego considere cómo los norteamericanos reaccionarían si las autoridades de ese país, en vez de cooperar con nosotros, arrestaran y encarcelaran a los agentes estadounidenses por operar en su tierra.
Esos agentes serian héroes norteamericanos hoy. El gobierno de EE.UU movería cielo y tierra para traerlos de regreso.
Este tipo de escenario ha tenido lugar en la vida real y del hecho se cumplieron 15 años el mes pasado, solo que los norteamericanos juegan en el rol del gobierno extranjero y Cuba –sí, la Cuba de Fidel Castro- juega el papel de los agraviados EE.UU.
A principios de los años 90, cuando la desaparición de la Unión Soviética suponía que el colapso del gobierno comunista de Cuba sería inevitable, grupos militantes del exilio cubano en Miami incrementaron sus esfuerzos para derribar a Castro por cualquier vía posible, incluyendo ataques terroristas. En 1994, por ejemplo, Rodolfo Frómeta, líder de un grupo del exilio, fue capturado en una redada del Buró Federal de Investigaciones (FBI) intentando comprar un misil Stinger, un lanzagranadas y cohetes antitanque que dijo planeaba usar para atacar a Cuba. En 1995, la policía cubana arrestó a dos cubanoamericanos luego de que intentaran poner una bomba en un hotel en Varadero.
Esas acciones claramente violaban las leyes de neutralidad de EE.UU, pero el sistema de Justicia norteamericano mayormente miró hacia el otro lado. Aunque Frómeta fue acusado, juzgado y sentenciado a casi cuatro años en la cárcel, las agencias de seguridad raramente investigaron acusaciones que involucraban a militantes exiliados, y si lo hicieron, los fiscales pocas veces aplicaron sanciones. Muy a menudo, políticos de la Florida sirvieron como defensores a elementos de línea dura del exilio.
Pero los cubanos tenían sus propios agentes en la Florida. Una red de inteligencia conocida como La Red Avispa fue despachada a principios de los ´90 para infiltrarse en los grupos del exilio. Tuvieron algunos éxitos. Los agentes frustraron en 1994 un plan para poner bombas en el icónico club nocturno Tropicana, un conocido sitio turístico en La Habana. También interrumpieron un plan para enviar una lancha con explosivos desde Miami River a la República Dominicana para iban a emplearse en un intento de asesinato contra Castro.
En la primavera de 1998, agentes cubanos develaron un complot para explotar un avión con turistas de Europa o América Latina (el complot tuvo resonancia: antes de 2001, el acto de terrorismo aéreo más letal en Latinoamérica había sido la explosión en pleno vuelo del vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976, que ocasionó la muerte de los 73 pasajeros a bordo y los miembros de la tripulación).
Castro envió a su amigo, el ganador del Premio Nobel y novelista Gabriel García Márquez, con un mensaje secreto sobre un complot contra el presidente Bill Clinton. La Casa Blanca tomó la amenaza lo suficientemente en serio como para que la Administración de la Aviación Federal advirtiera a las aerolíneas.
En junio de ese año, agentes del FBI volaron a La Habana para reunirse con sus contrapartes cubanas. Durante tres días en un lugar seguro, los cubanos proveyeron al FBI de evidencia que sus agentes habían reunido de varios complots, incluyendo el ataque planeado al avión y una campaña para poner bombas en hoteles de La Habana que tenía lugar en ese momento y que había causado la muerte de un empresario ítalo-canadiense.
Pero el FBI nunca arrestó a nadie en conexión con el complot del avión o los ataques a hoteles –incluso luego de que el militante exiliado Luis Posada Carriles se jactara al diario The New York Times, en julio de 1998, del papel que jugó en relación con las bombas puestas en La Habana. Al contrario, el 12 de septiembre de 1998, un equipo SWAT del FBI fuertemente armado arrestó a los miembros de la red de inteligencia cubana en Miami.
Los cinco agentes fueron juzgados en aquella ciudad hostil a todo lo cubano, condenados con cargos de “conspiración para cometer” todo desde espionaje hasta asesinato y sentenciados a condenas imposiblemente largas, incluyendo dos cadenas perpetuas más quince años.
Quince años más tarde, cuatro cubanos todavía languidecen en prisiones norteamericanas.
Ahora ustedes comienzan a entender por qué los Cinco Cubanos – como son conocidos- son héroes nacionales en su país, por qué retratos de ellos más jóvenes permanecen en carteles a lo largo del país, por qué cada estudiante cubano los conoce por sus nombres: Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio.
La vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ha declarado que los Cinco Cubanos “fueron condenados en cortes estadounidenses por cometer crímenes contra los Estados Unidos, incluyendo espionaje y traición”.
Es cierto que tres de los cinco hombres – Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González- sí tuvieron, en parte, misiones militares que iban más allá de la simple infiltración y el reporte de las actividades de los grupos exiliados de Miami. Pero su propósito no era robar los secretos militares de EE.UU o comprometer la seguridad de ese país.
Durante los años ´90, las autoridades cubanas creyeron que su país podría ser el próximo del Caribe en sufrir una invasión militar norteamericana. No era una exageración cuando se considera a Granada (1983), Panamá (1989) y Haití (1994). Luego, también estaba la creciente influencia de activos grupos de presión anti-Castro como la Fundación Nacional Cubano Americana, que estaba presionando a Washington para derribar a Castro y a su hermano.
Basados en sus evaluaciones de esas invasiones previas, la inteligencia cubana había desarrollado una lista de comprobación de señales de que una invasión podría ser inminente: una afluencia repentina de aviación de combate y reconocimiento a una base militar en el sur, por ejemplo, o visitas inesperadas o sin explicación de altos mandos militares a las instalaciones de la sede del Comando Meridional de EE.UU en Miami.
Agentes como Antonio Guerrero –quien trabajó como conserje en la Estación Aeronaval de Boca Chica en Cayo Hueso desde 1993 hasta su arresto en 1998 y está cumpliendo 22 años en prisión- fueron los equivalentes de los satélites espía estadounidenses, contando los aviones en las pistas y reportando a La Habana.
Por supuesto, las autoridades cubanas estaban ansiosas por conocer todo lo que sus agentes pudieran averiguar y La Habana ocasionalmente presionó a Guerrero al máximo; él respondió enviando recortes de periódicos de la base. No es de extrañar. Guerrero hablaba poco inglés y no tenía acceso de seguridad; los secretos militares estaban bien por encima de su nivel. Y los secretos militares de EE.UU nunca fueron prioridad real de Cuba –solo quería saber si los yanquis iban a invadirla.
Siete meses después de que el FBI acusara a los Cinco con cargos relativamente insignificantes –no declararse agentes extranjeros, uso de identidades falsas y más seriamente pero menos específico, conspiración para cometer espionaje- los fiscales impusieron un cargo que movilizaría a la comunidad cubana en el exilio.
Acusaron a Gerardo Hernández, el líder de la red, de conspiración para cometer asesinato en conexión con el derribo tres años antes de dos avionetas de Hermanos al Rescate.
Hermanos al Rescate, un grupo anticastrista que había rescatado balseros en el Estrecho de la Florida pero que había perdido su razón de ser tras un acuerdo migratorio de 1994 entre Washington y La Habana, había estado violando el espacio aéreo cubano durante más de un año, arrojando ocasionalmente panfletos contra el gobierno en La Habana. El gobierno estadounidense hizo lo que pudo para prevenir posteriores incursiones, pero las ruedas de la burocracia en la Administración de la Aviación Federal se movieron lentamente.
En los primeros meses de 1996, los cubanos enviaron mensajes a Washington a través de varios intermediarios, advirtiendo que si EE.UU no detenía otros vuelos de los Hermanos, ellos lo harían.
Washington no lo hizo.
Pero los cubanos sí. En la tarde del 24 de febrero de 1996, aviones caza cubanos derribaron dos avionetas pequeñas no armadas de Hermanos al Rescate, ocasionando la muerte de los cuatro hombres que iban a bordo.
Cuba reclama que las avionetas estaban dentro de su territorio. El gobierno estadounidense reclama – y la Organización de la Aviación Civil Internacional coincidió- que estaban en espacio aéreo internacional cuando fueron atacadas.
¿Pero sabía Hernández realmente con anterioridad que el gobierno de Cuba planeaba derribar las avionetas? ¿Estaba él implicado en la planificación?
Mi respuesta es que no. Durante mi investigación para el libro sobre los Cinco Cubanos, revisé las más de 20 000 páginas de la transcripción del juicio y revisé miles de comunicaciones decodificadas entre La Habana y sus agentes. No encontré evidencia de que Hernández tuviera conocimiento o influencia en los eventos de ese día.
Por el contrario, la evidencia ofrece la imagen de una burocracia de la inteligencia cubana obsesionada con la compartimentación y control de la información. Hernández, un oficial de inteligencia ilegal de nivel de campo, no tenía necesidad de conocer lo que planeaban las fuerzas cubanas. Los mensajes e instrucciones desde La Habana eran ambiguos, la evidencia no era contundente, particularmente para un cargo de conspiración para cometer asesinato.
En un mensaje, por ejemplo, los jefes de Hernández se refieren a un plan para “perfeccionar la confrontación” con Hermanos al Rescate, lo cual los fiscales insistieron que significaba derribar las avionetas.
Pero como la jueza Phyllis A. Kravitch señaló – en su desacuerdo con una decisión de la Corte de Apelaciones de EE.UU por 11no Circuito sobre el cargo de asesinato contra Hernández- “Existen muchas vías en las que un país podría confrontar aviación extranjera. Aterrizajes forzados, disparos de advertencia y viajes con escolta fuera del espacio aéreo territorial de un país están entre ellos – como también están los derribos”. La jueza dijo que los fiscales “no presentaron evidencia” que vinculara a Hernández con el derribo. “No puedo decir que un jurado razonable – dada toda la evidencia- podría concluir más allá de la duda razonable, de que Hernández accediera a un derribo,” escribió Kravitch.
Un “jurado razonable.” Ahí está el problema.
A fines de los `90, los jurados de Miami se habían vuelto tan notorios en casos que involucraban a exiliados cubanos que los fiscales federales en un caso diferente se opusieron a una moción de la defensa para un cambio de sede de Puerto Rico a Miami para algunos exiliados cubanos acusados participar en un complot para asesinar a Castro.
Miami “es una sede muy difícil para asegurar una condena para los llamados luchadores por la libertad”, explicó el abogado Kendall Coffey al diario The Miami Herald en ese momento. “Tuve algunas condenas, pero algunas absoluciones que desafiaban toda lógica”.
Los militantes anticubanos, de hecho, eran considerados héroes. En 2008, más de 500 agitadores del exilio en Miami se reunieron en honor a la contribución de Posada a la causa – como se conoce en la comunidad el esfuerzo por sacar a Castro del gobierno – en la cena de gala.
¿Sus contribuciones? Además de los ataques a hoteles de La Habana (“Duermo como un bebé”, dijo al diario The New York Times, comentando sobre el turista que murió), Posada es el presunto autor intelectual del bombardeo del vuelo 455 de Cubana. Cuba y Venezuela han pedido su extradición. Estados Unidos se ha negado a la misma.
En el 2000, Posada fue arrestado en Panamá en conexión con un complot para asesinar a Castro; fue condenado y estuvo cuatro años en la cárcel antes de recibir un perdón aún controversial. Ese perdón fue revocado en 2008.
Lo más cerca que el gobierno de EE.UU ha estado de procesar a Posada fue en 2009, cuando la administración de Obama lo acusó – no por su papel en las bombas puestas en La Habana sino por mentir en un formulario de inmigración. Fue absuelto.
Hoy, Posada, de 85 años, camina por las calles de Miami, una contradicción viviente de la guerra norteamericana contra el terrorismo. ¿Cómo ajustar su libertad con la declaración del presidente George W. Bush tras el 11 de Septiembre de que “cualquier nación que continúe albergando o apoyando el terrorismo será considerada como un gobierno hostil por los EE.UU?” ¿Cómo ajustar la libertad de Posada con el sostenido encarcelamiento de los Cinco Cubanos, cuyo principal objetivo era prevenir ataques terroristas?
Es una contradicción que los norteamericanos deberían considerar.
* Stephen Kimber imparte clases de Periodismo en la Universidad de King’s College en Halifax, Canadá, y es el autor del libro Lo que hay del otro lado del Mar- La Verdadera Historia de los Cinco Cubanos.
Traducción: Danay Portal Vigoa/ Cubadebate
* Martes 8 de Octubre. 10:30 horas
Colocación de Ofrenda en el Busto del Che
Parque San Carlos (Mariscal y Ramos Arizpe, Col. Tabacalera. México, D.F.)
* Martes 8 de Octubre
Plática sobre el Che con Alberto Hijar
Casa Hankili África (República de Cuba # 41, Col. Centro Histórico. México, D.F.)
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
web: mmsc.org.mx
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Desde 2011 Cuba procede a la “actualización de su modelo económico”. El
proyecto inicial, elaborado en noviembre de 2010, se sometió a un
amplio debate popular (8 millones de participantes) que duró cerca de
cinco meses hasta abril de 2011 y fue adoptado durante el VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba.
Unos estiman que se trata de un regreso al capitalismo, a causa de la introducción de algunos mecanismos de mercado en la economía nacional. En realidad, el objetivo de los cubanos es perfeccionar su sistema para preservar las conquistas sociales, únicas en América Latina y el Tercer Mundo. Para ello, deben superar dos retos mayores: unos recursos naturales muy limitados y las sanciones que impone Estados Unidos desde 1960, que constituyen el principal obstáculo al desarrollo nacional. A ello conviene agregar las fallas propias del sistema, como la burocracia o la corrupción. El Presidente Raúl Castro fue claro al respecto: “La batalla económica constituye hoy, más que nunca, la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella dependen la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social”.
El nuevo modelo económico introduce mecanismos de mercado pero sigue basado en la “planificación socialista” a todos los niveles, y “la empresa estatal socialista es la forma principal en la economía nacional”. No obstante, el país se abre a las inversiones extranjeras –para atraer los capitales indispensables para el desarrollo de la nación–, mediante empresas mixtas, en las cuales el Estado cubano siempre dispone de una mayoría de al menos un 51%. Este modelo de gestión económica actualizado promueve también las cooperativas, las pequeñas propiedades agrícolas, los usufructuarios y los trabajadores independientes en todos los sectores productivos, con el fin de reducir el papel del Estado en los campos no estratégicos.
El objetivo de estas reformas es conseguir una mejor eficiencia en la gestión de las actividades económicas, con un sistema de autonomía y descentralización que responsabiliza directamente a los dirigentes de las empresas de los resultados. Los lazos entre estructuras económicas se rigen ahora exclusivamente por contratos.
Las empresas estatales o las cooperativas estructuralmente deficitarias y no viables serán liquidadas o podrán ser transformadas y adoptar una forma jurídica no estatal. Del mismo modo, el Estado no subvencionará las pérdidas. En cambio, las empresas beneficiarias podrán invertir las ganancias para desarrollarse, aumentar los salarios de los trabajadores en los límites que establece la legislación, o contratar a nuevos trabajadores. Disponen así de una libertad total en lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos.
El auge de las cooperativas ilustra la voluntad cubana de profundizar
el desarrollo socialista de la economía en todos los sectores, con una
propiedad colectiva. Disponen de una autonomía completa a todos los
niveles. No obstante, para evitar toda concentración de riqueza, no
pueden ser vendidas o entregadas a otras entidades que no sea el Estado.
Agência Efe
A nivel agrícola, la prioridad nacional es la producción de alimentos para reducir la dependencia del exterior en un país que importa más del 80% de su consumo. Se entrega la tierra en usufructo a los campesinos que se convierten en productores independientes, remunerados por su propio trabajo, pero sigue siendo propiedad del Estado.
La nueva política monetaria permite otorgar créditos a las empresas y a los ciudadanos con el objetivo de favorecer la producción de bienes y servicios para la población. Uno de los grandes desafíos de la sociedad es la unificación monetaria. En efecto, la dualidad monetaria vigente en Cuba es fuente de serias desigualdades. Para ello, se deben realizar importantes esfuerzos en términos de productividad y de redistribución de la riqueza de acuerdo con la ley de redistribución socialista “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su trabajo”.
La política salarial se sigue basando en el principio socialista “a cada cual según su trabajo”, con el objetivo de satisfacer “las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias”. Los salarios se incrementarán de modo gradual, en función de los resultados de producción. Para evitar el desarrollo de las desigualdades, la legislación prevé un salario mínimo y un salario máximo. Se favorece el sector no estatal como alternativa adicional para el empleo.
La elaboración de una imposición tributaria en Cuba tiene como meta permitir al Estado disponer de los recursos necesarios para cumplir su papel social con la población. Gracias al impuesto progresivo, las categorías más acomodadas contribuyen más al esfuerzo nacional, según el principio de solidaridad socialista entre todos los ciudadanos. La cohesión social sigue siendo el objetivo prioritario. Así, para evitar todo crecimiento de las desigualdades en la sociedad, la concentración de propiedad está prohibida para las personas jurídicas o naturales, siendo una prerrogativa exclusiva del Estado. Por otra parte, la política de precios sigue siendo centralizada, particularmente en los productos de interés general desde un punto de vista económico y social.
A nivel de la política social, base del socialismo, el objetivo prioritario no sólo es “continuar preservando las conquistas de la Revolución, tales como el acceso a la atención médica, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la tranquilidad ciudadana, la seguridad social y la protección mediante la asistencia social a las personas que lo necesiten”, sino también “dar continuidad al perfeccionamiento de la educación, la salud, la cultura y el deporte”. El Estado garantizará “la protección de la asistencia social [a] las personas que realmente la necesitan”.
El Estado no abandona la cultura. La política cultural se basa en la defensa de la identidad, la conservación del patrimonio cultural, la creación artística y literaria y la capacidad para apreciar el arte, mediante las formaciones necesarias. El Estado seguirá su misión de “promover la lectura, enriquecer la vida cultural de la población y potenciar el trabajo comunitario como vías para satisfacer las necesidades espirituales y fortalecer los valores sociales”.
Así, el nuevo modelo económico cubano, basado en la planificación, una política de precios centralizada, la prohibición de concentración de riqueza, un salario mínimo y un salario máximo y la protección de todas las categorías de la población, particularmente de las más vulnerables (no hubo despidos masivos), es indudablemente socialista. Pero se adapta a su época basándose en la filosofía de José Martí, héroe nacional cubano, según el cual “el primer deber del hombre es ser un hombre de su tiempo”. Tiene como objetivo alcanzar una mayor eficiencia económica, luchar contra la burocracia y la corrupción –principales obstáculos internos al desarrollo del país –, preservar las conquistas sociales de la Revolución Cubana, reforzar la República Social y mejorar el bienestar material y espiritual de TODOS los cubanos.
*Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.
General sudafricano rinde tributo a héroes cubanos Lorena Sánchez García
El General Solly Sacharia Shoke, Jefe de la Fuerza de Defensa Nacional de la República de Sudáfrica, quien se encuentra de visita oficial en nuestro país hasta este viernes, colocó en la mañana de ayer una ofrenda floral en el Mausoleo El Cacahual, donde reposan los restos del Lugarteniente General Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro.
El
General Solly Sacharia Shoke, Jefe de la Fuerza de Defensa Nacional
de la República de Sudáfrica coloca una ofrenda floral a héroes
cubanos.
La ceremonia contó con la presencia del Héroe de la República de Cuba, Miembro del Buró Político, General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, Viceministro Primero y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quien explicó a los presentes la importancia del lugar y del conocimiento de la historia.
Por su parte, el general sudafricano declaró a la prensa su satisfacción por visitar Cuba y rendirle tributo a sus héroes. Comentó, además, que el pueblo cubano ha tenido un importante papel en las luchas africanas y gracias a su sacrificio Sudáfrica es hoy una nación completamente diferente.
Durante su estancia en la Isla, el General Sacharia junto a la delegación que lo acompaña, recorrerá algunas unidades militares y lugares de interés económico, histórico y cultural.
De: CARLOS H REYES
Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) e integrante de la Coordinación de Frente Nacional de Resistencia Popular.
Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) e integrante de la Coordinación de Frente Nacional de Resistencia Popular.
Espacio sobre Argentina
coordinado por Abel Bo
El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, e integrantes de su
gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete, Oscar González, fueron
escrachados por manifestantes que mostraban carteles en contra de
Monsanto y se solidarizaban con la Asamblea Malvinas Luchas Por La Vida,
que lleva a cabo un bloqueo sobre la planta de la multinacional desde
hace 16 días y que vivió su máxima tensión el lunes cuando la Policía de
Córdoba reprimió a los asambleístas y detuvo a dos de ellas e hirió a
Sofía Gatica, referente de las Madres de Ituzaingó Anexo.
De la Sota llegó a la localidad cordobesa de Oncativo ayer para entregar un subsidio de 1 millón de pesos para iniciar las obras de la ruta que une a este pueblo con Pozo del Molle, en el tramo Oncativo-Colonia Videla. La obra costará 18 millones de pesos.
Cuando se dirigía, al Complejo Cultural de la localidad, De la Sota y el intendente local, Osvaldo Voittero, fueron interceptados por los manifestantes que mostraban carteles con la leyenda "Fuera Monsanto. Malvinas somos todos".
Según Oncativo Noticias, De la Sota, en la conferencia de prensa que brindó en la municipalidad local, volvió a repetir que el kirchnerismo está detrás de la protesta y "dijo no tener ningún interés personal en la instalación de Monsanto y que si se comprobara que contamina, estaría en contra pero que hasta el momento eso no está comprobado porque no se realizan ni agroquímicos ni fertilizantes sino semillas.
Para cerrar el tema, dijo que este conflicto se suma a otros que justamente "aparecen" en la provincia antes de las elecciones: "La protesta tiene un componente político muy fuerte".
Sobre las elecciones de octubre, dijo: "Nosotros nos dedicamos a gobernar; los que no, tienen la liberalidad de macanear un poco", en referencia a las acusaciones y pedidos de investigación recientemente presentados contra funcionarios del delasotismo".
Publicado por Sergio Villone en jueves, octubre 03, 2013
por Casapueblos
Texto del habeas corpus por Jorge Julio López presentado por el sindicato uruguay PIT-CNT
Señor Embajador de la Republica Argentina
Sr. Dante Dovena.
PRESENTE::
La Comisión de Derechos Humanos del PIT/CNT, con domicilio en la calle Jackson 1283 de la ciudad de Montevideo, se presenta y respetuosamente dice:
Que quiere sumarse a los recursos de habeas corpus que distintas organizaciones sociales hermanas de la República Argentina realizan por desaparición forzada de JORGE JULIO LOPEZ; quien se encuentra desaparecido forzadamente por segunda vez desde el 18 de septiembre del año 2006, hecho que aconteció el mismo día en que debían ser oídos los alegatos que esgrimirían los abogados de su querella, en el marco del histórico juicio llevado a cabo contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Por ello solicitan de vuestra parte, se realicen todas las diligencias necesarias a fin de que se cumplan con el objeto de dichos Habeas Corpus para conocer el paradero de Jorge Julio López a favor del cual se interponen dichas acciones ante laz Justicia de vuestro país.
Para tal fin solicitamos al Sr. Embajador realice las gestiones que correspondan ante las autoridades del Estado Nacional para que se cumplan las diligencias correspondientes que permitan saber donde se encuentra detenido y/o cual fue su destino, miembros de la fuerza de seguridad que lo mantuvo o mantiene en cautiverio.
HECHOS. SEGUNDA DESAPARICIÓN FORZADA
Jorge Julio López desapareció por segunda vez, en la madrugada del día lunes 18 de septiembre del año 2006, en el marco del primer juicio oral que se llevara a cabo en nuestro país por los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la última dictadura militar, con posterioridad a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, donde además dicha causa judicial sentó precedente dentro del derecho Argentino, tras utilizarse por primera vez la figura de genocidio, y en consecuencia la primer condena judicial por ese delito en nuestro país. Cuando la Causa seguida contra el represor Etchecolatz llegó a juicio oral, López participó como querellante en la misma y volvió a dar testimonio de las detenciones y ejecuciones vivenciadas en el “pozo de Arana” y demás Centros Clandestinos de Detención por los que transitó. López gozaba de una excelente salud mental y no estaba bajo ningún tratamiento médico. Su desaparición fue perpetrada el mismo día en que debían exponerse los alegatos de su querella. López no se hizo presente en la sala de audiencias, lo cual despertó en familiares y compañeros una gran incertidumbre. En la silla de su casa, quedaron el buzo color bordo de López, donde además encontraron preparada la ropa que había dejado lista la noche anterior, y que usaría para los alegatos, situación esta que no era un dato menor, ya que López concurrió a todas las audiencias y reconocimientos con la misma ropa: su boina azul, el buzo bordo, los zapatos de siempre, cualquiera fuera el clima. Julio en el momento de su desaparición calzaba borceguíes, los cuales solo usaba en ocasiones especiales, llevaba consigo un cuchillo, en su casa no se encontraron aberturas violentadas, y luego se encontraron sus llaves en el jardín de su propia casa. Entre noviembre y diciembre del año 2006, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarolo, admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Jorge Julio López se encuentra desaparecido. Y bajo esa misma tesitura el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, reconoció por cadena nacional y ante la Asamblea Legislativa, que López fue secuestrado por grupos integrados por personal de las fuerzas de seguridad en actividad y retirados. Actualmente, tramita por ante el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de La plata, la causa caratulada “López, Jorge Julio s/ Desaparición forzada de personas” la causa número 16.060. Se encuentra desaparecido por segunda vez hasta la fecha.
I. PETITORIO.
Por lo expuesto, solicito a V.S.:
1. Se nos tenga por presentado
2. Se nos mantenga informado de toda las gestiones que se realicen a fin de conocer el paradero de Julio López a favor del cual se interpusieron los hábeas corpus.
3. Trasmitir a las autoridades argentinas nuestro interés en que se arbitren todas las medidas necesarias a fin de conocer el paradero de Jorge Julio López.
Por la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT
Publicado por
PANFILOV
en REFUNDACION COMUNISTA DE URUGUAY
URUGUAYpor Kaos. Euskal Herría
Sábado, 05 de Octubre de 2013 14:33
Decenas de miles de personas han respondido al llamamiento de más
medio centenar de agentes sociales, sindicales y políticos para
denunciar la operación policial contra Herrira y defender la labor de
este movimiento en defensa de los derechos de los presos vascos.
Una gran ovación ha precedido los primeros pasos de una pancarta,
que con el lema ‘Tantaz tanta, euskal presoen eskubideen alde’, ha
abierto la manifestación que ha congregado a miles de personas en
defensa de Herrira y los derechos de los presos.Portan la pancarta, entre otros, el surfista Axi Muniain, el cineasta Juanba Berasategi, los escritores Eider Rodríguez, Irati Jiménez, y Lutxo Egia; los músicos Joseba Tapia, Inés Osinaga, Txerra Bolinaga; Enrique Villarreal, ‘El Drogas’; la escaladora Irati Anda, el pelotari Oier Zearra y la actriz Itziar Ituño.
En la marcha, en la que, como se había pedido, predomina el color azul, y no han querido faltar los 18 miembros de Herrira detenidos el pasado lunes y puestos en libertad entre el jueves y el viernes: Nagore García, Manu Ugartemendia, Jon Garay, Sergio Labayen, Eneko Villegas, Roberto Noval, Ibon Meñika, José Antonio Fernández, Oscar Sánchez, Jesús Mari Aldunberri, Ekain Zubizarreta, Imanol Karrera, Beñat Zarrabeitia, Amaia Esnal, Gorka González, Eneko Ibarguren, Ane Zelaia y Fran Balda. Todos ellos han recibido numerosas muestras de cariño por parte de los presentes.
También han asisten el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, los representantes de Sortu, Amaia Izko y Pernando Barrena; el secretario general de EA, Pello Urizar; el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute y representantes de EB-Berdeak, como José Navas y Javier Madrazo, entre otros.
Durante la manifestación, que ha abarrotado la calle Autonomía, han arreciado lemas en como «Herrira aurrera» o «Euskal presoak etxera».
Recorrido casi completo
Para hacerse una idea de la dimensión de la marcha, cuando la cabecera ha llegado al Consistorio, a las 18.34, aún había gente a la altura de la calle Ávila, a escasos metros de La Casilla, punto de inicio de la manifestación.
Los bertsos de Arkaitz Estiballes y la actuación de Mikel Urdangarin han dado inicio al acto final, en el que han tomado la palabra el actor Carlos Olalla y la periodista de Infozazpi Irratia Maite Bidarte.
Han explicado que ha sido la «indignación» ante una «nueva agresión» la que ha congregado en las calles de la capital vizcaina a decenas de miles de personas de «diferentes ideologías, familias, lugares, culturas políticas y sentimientos».
Bidarte y Olalla han aclarado que este enfado es «productivo» y que, en lugar de generar miedo, aporta aún más fuerza para defender los derechos de los presos.
«Miles de tazas»
«Ocurre a veces que quien no quiere taza termina recibiendo taza y media. Que sepa quien tan mal lleva la taza de nuestra decidida defensa de los derechos de los presos políticos vascos que le esperan no ya taza y media, sino miles y miles de tazas», han proclamado, para transmitir que «no vamos a parar hasta que esos derechos sean respetados».
Tras criticar que la detención de los miembros de Herrira es una agresión a todos los que defienden los derechos de los presos vascos, han señalado que las imputaciones en su contra y el veto a las actividades de Herrira son «una barbaridad mayúscula».
«La obstinación en vulnerar esos derechos y perseguir a quienes los defienden nos han llevado a una situación en la que se trata ya de un reto para nuestro pueblo. Un reto a Euskal Herria», han explicado, antes de advertir de que «no tenemos la menor intención de pasarnos la vida denunciado redadas y repitiendo las mismas reclamaciones».
En ese sentido, han anunciado un compromiso y nuevos pasos, que irán concretando en las próximas semanas. «El compromiso es claro y firme –han detallado–, no parar hasta traer a casa a presos y refugiados. Y quienes han convocado esta movilización os adelantamos que vamos a poner nuevos hitos en este esfuerzo colectivo», han concluido Olalla y Bidarte.
http://www.naiz.info/eu/
Bilboko Autonomia kalea. (Jon HERNAEZ/ARGAZKI PRESS)
Más de 50 colectivos políticos, sindicales y sociales que han convocado la manifestación de esta tarde en Bilbo han destacado que la marcha tiene como objetivo denunciar la operación policial contra Herrira y reivindicar los derechos de los presos.
Según ha señalado la portavoz de los convocantes, Iratxe Urizar, en una breve declaración en las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbo este mediodía, se prevé que la movilización sea «gigantesca», y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a la cita vestida de azul.
«La movilización tiene dos objetivos: por un lado, denunciar la operación policial y la suspensión contra Herrira y, por otro lado, en esta ocasión que se quiere vetar la reivindicación de los presos en las calles y llenar las calles con esta reivindicación», ha señalado.
Según ha informado, la pancarta será portada una veintena de personalidades sociales y culturales.
Entre los nombres que ha citado, se encuentran los de los músicos Enrique Villarreal ‘El Drogas’, y Pello Reparaz de Vendetta; el bersolari Julio Soto; la fútbolista Eva Ferreira; el director de cine Juan Bautista Berasategi; el pelotari Oier Zearra o los escritores Eider Rodríguez y Lutxo Egia.
La manifestación de este sábado por la tarde, que partirá del Pabellón de La Casilla a las 17.30 horas, está organizada por más de medio centenar de organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre las que se encuentran Alternatiba, Aralar, Eusko Alkartasuna, Sortu, los sindicatos ELA y LAB, Etxerat, además de numerosas organizaciones sociales.
http://www.naiz.info/eu/
EH Bildu espera que la movilización de Bilbo se interprete como algo «a favor de todos»
El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha mostrado su confianza en que la movilización de esta tarde sea «multitudinaria».
NAIZ.INFO|2013/10/05
En el debate de ‘El Parlamento de la Ondas’ de Radio Euskadi,
recogido por Europa Press, Julen Arzuaga ha confiado en que la
movilización prevista para este sábado en Bilbo en contra de la
operación desarrollada contra Herrira se interprete como algo «a favor
de todos y en contra de nadie».
«Esperamos que el gota a gota cree una marea multitudinaria», ha indicado, para añadir que en la cita también se va a reclamar el respeto a los derechos de los presos.
«Esperamos que el gota a gota cree una marea multitudinaria», ha indicado, para añadir que en la cita también se va a reclamar el respeto a los derechos de los presos.
- HERRIRAREN AURKAKO OPERAZIOA: HEMEN ZURE IRUZKINA - DEJA AQUÍ TU COMENTARIO
- El PP dice que «tras la derrota de ETA también funciona la ley»
- El PSE reconoce que la operación contra Herrira «plantea interrogantes»
- Joseba Egibar considera que se ha intentado reactivar la tesis de que «todo es ETA»
- Herriraren aurkako sarekada salatzeko mobilizazioak, iruditan
- Operación en Hernani y carga de la Ertzaintza
- La ciudadanía toma las calles en apoyo a Herrira
- Operación policial contra el movimiento popular Herrira
65.000 manifestantes toman en Bilbo el testigo de Herrira
La semana que comenzó con la primera macrorredada por motivos políticos en dos años deja en su tramo final la imagen de una gran manifestación en defensa de Herrira, de los derechos de los presos y de la solución democrática al conflicto. La capital vizcaina volvió a quedarse pequeña.
Agustín GOIKOETXEA | BILBO
Seis días después de la extensa redada de la Guardia Civil, que ha
terminado con la suspensión de actividades contra Herrira y la
imputación de 18 de sus componentes, una marea azul salió a las calles
de Bilbo para denunciar tal agresión en un tiempo político nuevo. Los
convocantes dejaron bien claro que «los anhelos de libertad, paz y
democracia de un pueblo» han cristalizado en esta coyuntura en la
defensa «de los derechos de los presos y presas políticos», cuestión que
«se ha convertido en un reto para Euskal Herria» como lo fue en la
década de los 70.
La movilización fue fiel reflejo de los apoyos políticos, sociales y sindicales que ha logrado cosechar el movimiento contra el que se ha actuado desde el Estado español y de la dimensión que tiene la lucha por los derechos de los represaliados. Una hora antes del inicio de la marcha, eran ya miles las personas reunidas en los aledaños de La Casilla, que fueron creciendo con el paso de los minutos. Según el recuento efectuado por GARA, en torno a 65.000 personas participaron, llenando el recorrido por completo salvo 80 metros escasos.
Al frente de la marcha, una pancarta con el lema ``Tantaz tanta euskal preso eta iheslarien eskubideen alde-Una marea por los derechos de los presos y exiliados vascos''. Iba portada por los músicos Joseba Tapia, Pello Ospital, Txerra Bolinaga, Ines Osinaga, Mikel Eseverri, Pello Reparaz y Enrique Villareal, El Drogas; el surfista Axi Muniain, el cineasta Juan Bautista Berasategi; los bertsolaris Miren Amuriza, Arkaitz Estiballes y Julio Soto; el pelotari Oier Zearra, la escaladora Irati Anda; los actores Eneko Sagardoi e Itziar Ituño; la futbolista Eva Ferreira; y los escritores Lutxo Egia e Irati Jimenez.
Detrás, varios familiares de represaliados portaban una enseña azul de Herrira, a la que seguían los 18 hombres y mujeres imputados por el juez Eloy Velasco, que no cesaron de recibir muestras de apoyo por parte de los representantes de los más de 60 agentes que convocaban la manifestación y de aquellos que habían acudido a secundarla.
La nónima de quienes conformaban ese bloque de representantes políticos, sociales, sindicales e institucionales fue amplia, reflejo de la pluralidad de quienes impulsaban la movilización. Desde el diputado general de Gipuzkoa a los secretarios generales de ELA y LAB, pasando por parlamentarios autonómicos, diputados y senadores, además de representantes de todos los convocantes.
Con problemas, dada la multitud que ya colapsaba la calle Autonomía desde La Casilla hasta Zabalburu, la marea azul fue empapando la calzada entre consignas como ``Herrira aurrera'', ``Euskal presoak etxera'', ``Hemen gaude presoen alde'' o ``Presoak kalera amnistia osoa'' mientras un helicóptero la vigilaba desde el aire. Miles y miles de personas se fueron sumando a la comitiva, mostrando un logotipo con la gota que ayer se convirtió en un mar y que buscan que se transforme con mayores adhesiones en un océano.
Al alcanzar Zabalburu, la marea había desbordado las calles por donde debía discurrir la movilización. Por delante, miles de personas la aguardaban hasta llegar al Ayuntamiento y por sus laterales, otros cientos trataban de evitar el colapso en Autonomía. La manifestación llegó hasta las aguas del Ibaizabal, donde varios jóvenes reivindicaron los derechos de presas y presos desde sus tablas de surf.
Entre aplausos y mientras se entonaba ``Hator, hator'', la cabeza de la marcha llegó a las escalinatas de la casa consistorial, donde se situó la pancarta y los imputados de Herrira. Los gritos no cesaron durante la espera, hasta que el bertsolari Arkaitz Estiballes subió al escenario. El galdakoztarra prefirió estar en la marcha de Bilbo que acudir a la eliminatoria del campeonato de bertsolaris en Markina, al igual que Ibon Ajuria, Peio Ormazabal y Joseba Artzak.
Tras la actuación de Mikel Urdangarin y Rafa Rueda, tomaron la palabra la locutora de Info7 Maite Bidarte y el actor Carlos Olalla, los mismos que presentaron el último acto de Herrira en el Anaitasuna, que denunciaron el ataque contra este organismo y lo que ello supone.
«Abrir una nueva etapa»
«En este nuevo tiempo que anhelamos para nuestro país, no solo queremos y exigimos que se respeten los derechos de las personas presas. Precisamente porque defendemos una paz justa, porque queremos cerrar heridas y abrir una nueva etapa de convivencia en este país, queremos en casa a todas y todos los presos y refugiados políticos vascos», manifestaron.
Olalla y Bidarte insistieron en que los quieren en casa «porque es justo y porque contribuirá al nuevo modelo de convivencia que queremos construir, en el que nadie sea perseguido por sus ideas y podamos curar las heridas del pasado».
Saludaron que los 18 miembros de Herrira no estén encarcelados, aunque dejaron claro que el ataque es «inaceptable». «Es una barbaridad mayúscula realizar esas imputaciones y prohibir actuaciones», dijeron.
Conscientes del éxito de la movilización de ayer, como de otras anteriores, mostraron su disposición a seguir demandando respeto a los derechos de los presos, como la hacía Herrira. Dejando claro que lo seguirán haciendo «porque no queremos ser un pueblo en libertad provisional, condicional o como quieran que deseen llamarle».
La movilización fue fiel reflejo de los apoyos políticos, sociales y sindicales que ha logrado cosechar el movimiento contra el que se ha actuado desde el Estado español y de la dimensión que tiene la lucha por los derechos de los represaliados. Una hora antes del inicio de la marcha, eran ya miles las personas reunidas en los aledaños de La Casilla, que fueron creciendo con el paso de los minutos. Según el recuento efectuado por GARA, en torno a 65.000 personas participaron, llenando el recorrido por completo salvo 80 metros escasos.
Al frente de la marcha, una pancarta con el lema ``Tantaz tanta euskal preso eta iheslarien eskubideen alde-Una marea por los derechos de los presos y exiliados vascos''. Iba portada por los músicos Joseba Tapia, Pello Ospital, Txerra Bolinaga, Ines Osinaga, Mikel Eseverri, Pello Reparaz y Enrique Villareal, El Drogas; el surfista Axi Muniain, el cineasta Juan Bautista Berasategi; los bertsolaris Miren Amuriza, Arkaitz Estiballes y Julio Soto; el pelotari Oier Zearra, la escaladora Irati Anda; los actores Eneko Sagardoi e Itziar Ituño; la futbolista Eva Ferreira; y los escritores Lutxo Egia e Irati Jimenez.
Detrás, varios familiares de represaliados portaban una enseña azul de Herrira, a la que seguían los 18 hombres y mujeres imputados por el juez Eloy Velasco, que no cesaron de recibir muestras de apoyo por parte de los representantes de los más de 60 agentes que convocaban la manifestación y de aquellos que habían acudido a secundarla.
La nónima de quienes conformaban ese bloque de representantes políticos, sociales, sindicales e institucionales fue amplia, reflejo de la pluralidad de quienes impulsaban la movilización. Desde el diputado general de Gipuzkoa a los secretarios generales de ELA y LAB, pasando por parlamentarios autonómicos, diputados y senadores, además de representantes de todos los convocantes.
Con problemas, dada la multitud que ya colapsaba la calle Autonomía desde La Casilla hasta Zabalburu, la marea azul fue empapando la calzada entre consignas como ``Herrira aurrera'', ``Euskal presoak etxera'', ``Hemen gaude presoen alde'' o ``Presoak kalera amnistia osoa'' mientras un helicóptero la vigilaba desde el aire. Miles y miles de personas se fueron sumando a la comitiva, mostrando un logotipo con la gota que ayer se convirtió en un mar y que buscan que se transforme con mayores adhesiones en un océano.
Al alcanzar Zabalburu, la marea había desbordado las calles por donde debía discurrir la movilización. Por delante, miles de personas la aguardaban hasta llegar al Ayuntamiento y por sus laterales, otros cientos trataban de evitar el colapso en Autonomía. La manifestación llegó hasta las aguas del Ibaizabal, donde varios jóvenes reivindicaron los derechos de presas y presos desde sus tablas de surf.
Entre aplausos y mientras se entonaba ``Hator, hator'', la cabeza de la marcha llegó a las escalinatas de la casa consistorial, donde se situó la pancarta y los imputados de Herrira. Los gritos no cesaron durante la espera, hasta que el bertsolari Arkaitz Estiballes subió al escenario. El galdakoztarra prefirió estar en la marcha de Bilbo que acudir a la eliminatoria del campeonato de bertsolaris en Markina, al igual que Ibon Ajuria, Peio Ormazabal y Joseba Artzak.
Tras la actuación de Mikel Urdangarin y Rafa Rueda, tomaron la palabra la locutora de Info7 Maite Bidarte y el actor Carlos Olalla, los mismos que presentaron el último acto de Herrira en el Anaitasuna, que denunciaron el ataque contra este organismo y lo que ello supone.
«Abrir una nueva etapa»
«En este nuevo tiempo que anhelamos para nuestro país, no solo queremos y exigimos que se respeten los derechos de las personas presas. Precisamente porque defendemos una paz justa, porque queremos cerrar heridas y abrir una nueva etapa de convivencia en este país, queremos en casa a todas y todos los presos y refugiados políticos vascos», manifestaron.
Olalla y Bidarte insistieron en que los quieren en casa «porque es justo y porque contribuirá al nuevo modelo de convivencia que queremos construir, en el que nadie sea perseguido por sus ideas y podamos curar las heridas del pasado».
Saludaron que los 18 miembros de Herrira no estén encarcelados, aunque dejaron claro que el ataque es «inaceptable». «Es una barbaridad mayúscula realizar esas imputaciones y prohibir actuaciones», dijeron.
Conscientes del éxito de la movilización de ayer, como de otras anteriores, mostraron su disposición a seguir demandando respeto a los derechos de los presos, como la hacía Herrira. Dejando claro que lo seguirán haciendo «porque no queremos ser un pueblo en libertad provisional, condicional o como quieran que deseen llamarle».
«Nuevos hitos» en el esfuerzo
Los convocantes de la movilización anunciaron además su compromiso
«claro y firme» de no cesar en sus iniciativas «hasta traer a presos y
refugiados» a Euskal Herria. Advirtieron de que en próximas fechas harán
públicos «nuevos hitos en este esfuerzo colectivo». Dejaron claro que
no tienen «la menor intención de pasarnos la vida denunciando redadas y
repitiendo las mismas reclamaciones». A.G.
Herriraren aurkako polizia operazioa eta euskal presoen eskubideen aldeko lanaren kriminalizazioa salatzeko, hamarka mila lagunek hartu dute parte Bilboko kale nagusiak gurutzatu dituen manifestazioan.
Bilboko Autonomia kalea, mukuru beteta. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS
Miles de personas marchan en Bilbao en apoyo de Herrira y de los derechos de los presos de ETA
La manifestación fue convocada en protesta por las detenciones de miembros del colectivo de apoyo a los reclusos. 18 de ellos se encuentran entre los asistentes
EFE Bilbao 05/10/2013 18:35 Actualizado: 05/10/2013 22:24 Público
Miles de personas en Bilbao marchan en apoyo de Herrira y los presos de ETA. -EFE
Miles de personas piden en Bilbao el acercamiento de presos de ETA
Autor: ATLAS - Duración: 0m 52s
Autor: ATLAS - Duración: 0m 52s
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Urkullu pide a ETA el desarme definitivo y al Gobierno un cambio en la política de presos
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Urkullu cree que un desarme de ETA permitirá avanzar hacia más soberanía
La manifestación convocada en protesta por las detenciones de
miembros del colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira en Bilbao
ha arrancado sobre las 17:40 horas con la asistencia de varios miles de
personas, entre ellas los 18 detenidos en esta operación que se
encuentran ya en libertad. La marcha ha partido desde el polideportivo
de La Casilla y recorrerá el centro de Bilbao hasta llegar al
Ayuntamiento, donde los convocantes darán lectura de un manifiesto de
apoyo a Herrira.
Los manifestantes caminan tras una pancarta en la que se puede leer en euskera "Gota a Gota. Una marea por los derechos de los presos y exiliados vascos", en la que aparece también el símbolo de Herrira sin el nombre de esta plataforma. Esta marcha ha sido convocada por los partidos que integran EH Bildu, los sindicatos de ELA y LAB y hasta 50 colectivos sociales.
Junto a los líderes de estas formaciones, la manifestación ha dado protagonismo a los 18 detenidos en la operación desarrollada el pasado lunes por la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El magistrado dictó prisión eludible bajo una fianza de 20.000 euros para cuatro de ellos, que ya se encuentran en libertad. Para los catorce restantes, Velasco decretó libertad pero con varias medidas cautelares. El juez también ordenó la suspensión de actividades de dos años de Herrira, al considerar que es una herramienta para el control y cohesión de presos de ETA.
El también secretario general de EA, formación incluida en la citada coalición soberanista, ha insistido además en que "si hay que pedir el respeto de los derechos humanos de todas las personas también hay que pedirlo para los presos". La portavoz de Sortu Amaia Izko también ha asegurado que la respuesta a "esta agresión" debe ser llevar la "defensa de los derechos de los presos a todos los rincones de Euskal Herria" y hacerlo "bien alto y claro".
Además, ha opinado que la operación llevada a cabo el pasado lunes contra Herrira por orden de la Audiencia Nacional, que se saldó con 18 detenidos, todos ellos ya en libertad, "pone de manifiesto que el Gobierno español está utilizando a los presos contra la paz" y que quiere "borrar y hacer desaparecer la defensa de los derechos de los presos en la calle".
Los manifestantes caminan tras una pancarta en la que se puede leer en euskera "Gota a Gota. Una marea por los derechos de los presos y exiliados vascos", en la que aparece también el símbolo de Herrira sin el nombre de esta plataforma. Esta marcha ha sido convocada por los partidos que integran EH Bildu, los sindicatos de ELA y LAB y hasta 50 colectivos sociales.
Junto a los líderes de estas formaciones, la manifestación ha dado protagonismo a los 18 detenidos en la operación desarrollada el pasado lunes por la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El magistrado dictó prisión eludible bajo una fianza de 20.000 euros para cuatro de ellos, que ya se encuentran en libertad. Para los catorce restantes, Velasco decretó libertad pero con varias medidas cautelares. El juez también ordenó la suspensión de actividades de dos años de Herrira, al considerar que es una herramienta para el control y cohesión de presos de ETA.
La sociedad vasca va a recoger el testigo de Herrira
El parlamentario de EH Bildu Peio Urizar se ha mostrado hoy convencido de que la sociedad vasca va a "recoger el testigo" de Herrira y a seguir con el trabajo en defensa de los derechos de los presos de ETA que, según ha dicho, hacía este colectivo. Urizar ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio en Bilbao de la manifestación convocada en protesta por las detenciones de miembros Herria, plataforma de apoyo a los presos de ETA cuya actividad ha sido suspendida por dos años por orden de la Audiencia Nacional.El también secretario general de EA, formación incluida en la citada coalición soberanista, ha insistido además en que "si hay que pedir el respeto de los derechos humanos de todas las personas también hay que pedirlo para los presos". La portavoz de Sortu Amaia Izko también ha asegurado que la respuesta a "esta agresión" debe ser llevar la "defensa de los derechos de los presos a todos los rincones de Euskal Herria" y hacerlo "bien alto y claro".
Además, ha opinado que la operación llevada a cabo el pasado lunes contra Herrira por orden de la Audiencia Nacional, que se saldó con 18 detenidos, todos ellos ya en libertad, "pone de manifiesto que el Gobierno español está utilizando a los presos contra la paz" y que quiere "borrar y hacer desaparecer la defensa de los derechos de los presos en la calle".
De la incertidumbre al abrazo colectivo
El juez libera a los detenidos pero intenta vetar su labor por los derechos humanos
El juez Eloy Velasco decretó ayer libertad con cargos para 14 de los 18 detenidos en la macrorredada contra Herrira. Para los otros cuatro, prisión eludible bajo fianza de 20.000 euros, por lo que todos ellos estarán hoy de regreso en Euskal Herria. El auto emitido por el magistrado sigue las tesis de la «sucesión» marcadas por la Guardia Civil. Con la suspensión de actividades, el Estado trata de echar el freno a las dinámicas desarrolladas a favor de los derechos de los presos.
Alberto PRADILLA | MADRID
El juez Eloy Velasco decretó ayer la libertad de 14 de los 18
detenidos en la operación contra Herrira y prisión eludible bajo fianza
para los otros cuatros. Sin embargo, mantiene las acusaciones de
«integración en organización terrorista», «enaltecimiento» y
«financiación» contra todos ellos. Además, impone, tal y como ya se
advertía en los autos con los que justificaba la redada, la suspensión
de actividades del colectivo de defensa de los derechos humanos por un
período de dos años, la clausura de las sedes de Hernani, Gasteiz y
Bilbo y el cierre de diferentes páginas web. De este modo, Madrid trata
de frenar las crecientes dinámicas de reivindicación de los derechos
humanos de los presos, castigando a una organización que en su corta
andadura ha sido capaz de sumar adhesiones multitudinarias y plurales.
Un veto que se amplía a los 18 arrestados durante el operativo, a
quienes, además de imponer comparecencias quincenales ante el juzgado y
la imposibilidad de salir del Estado, se prohíbe expresamente lo que el
magistrado denomina «labor de control de los presos» o «actos de
enaltecimiento». Dos definiciones con las que la Guardia Civil y,
posteriormente, el auto de Velasco, tratan de criminalizar el trabajo
público de Herrira. Todo ello, en un contexto en el que el colectivo ya
había avanzado un acelerón en sus iniciativas buscando nuevos consensos y
actos multitudinarios en próximos meses.
Después de tomar declaración a los 18 detenidos, que fueron asistidos por sus abogados de confianza y negaron las acusaciones aparecidas en la causa, Velasco emitió ayer dos resoluciones. Una para Jon Garai, Nagore García, Jesus Mari Aldunberri y Manu Ugartemendia, a quienes envió a prisión, aunque eludible bajo fianza de 20.000 euros. La segunda, para los otros 14 (Sergio Labaien, Eneko Villegas, Roberto Noval, Oscar Sánchez, Beñat Zarrabeitia, Ekain Zubizarreta, Eneko Ibarguren, Amaia Esnal, Imanol Karrera, Fran Balda, Ane Zelaia, Gorka Gonzalez, Ibon Meñika y Joxe Antonio Fernandez), para quienes dictó libertad. En todos ellos, el juez asume la teoría de la «sucesión» de Gestoras pro Amnistia y Askatasuna impulsada por los informes de la Guardia Civil. Luego, en base a esta tesis, establece una acusación genérica que ni siquiera llega a individualizar salvo en el caso de los cuatro primeros arrestados, a quienes imputa la «integración» en «grado dirigente», aunque sin aportar más razonamientos.
Tesis de la Guardia Civil
«Fruto de las investigaciones desarrolladas, vigilancias y seguimientos policiales y estudio de documentación (pública y aparentemente a peones vinculados A ETA) y aunque Herrira aparente ser una organización nueva y sin dependencias, la sucesión de actividades de la organización terrorista Gestoras pro Amnistia/Askatasuna resulta pública y evidente». Así comienza el juez la argumentación para enviar a prisión a los cuatro activistas vascos. Una frase que evidencia que Velasco acepta sin fisuras las líneas maestras desarrolladas en los informes de la Guardia Civil. Al igual que ocurría con la instrucción, basada en informes policiales, el magistrado parte de esta tesis para levantar todo su razonamiento. La supuesta celebración de 112 «ongi etorris» es, a juicio del togado, la primera prueba de cargo contra Herrira, llegando a afirmar que el colectivo es el que se encarga de «plafinicar, convocar y dar el soporte organizativo necesario a la celebración integral y homogénea de actos de enaltecimiento y ensalzamiento de los presos de ETA y su ideario». Posteriormente, el escrito judicial realiza un análisis sobre la organización interna de Herrira, tratando de presentar similitudes con los grupos ilegalizados en base a seguimientos policiales y a comparecencias públicas, tal y como admite reiteradamente en el texto.
La argumentación de Velasco supone, pese a decretar la libertad de 14 de los arrestados, mantener las tesis que criminalizan la labor de Herrira. De este modo, lo que introduce el juez es la caracterización delictiva de unas iniciativas públicas que, hasta el momento, se habían desarrollado incluso con el aval expreso de la Audiencia Nacional, como es el caso de la multitudinaria marcha celebrada el pasado 12 de enero en Bilbo.
«Acusaciones muy graves»
«Las acusaciones siguen siendo muy graves» recordaba, a media tarde, la abogada Onintza Ostolaza. Tampoco se pueden pasar por alto las diferencias de esta operación respecto a otras desarrolladas por la Guardia Civil. Se agotaron las 72 horas pero fueron en régimen comunicado. Esto permitió que los arrestados contasen con la asistencia de sus abogados de confianza. Tal y como ya se había avanzado, el trato fue «correcto». No obstante, detenidos como Eneko Ibarguren relataron haber permanecido con la luz encendida los tres días de detención. Además, los agentes (quienes se dirigían a ellos siempre encapuchados), les obligaron a permanecer durante largo rato esposados.
Tampoco se pueden pasar por alto las connotaciones políticas del operativo. Especialmente, la suspensión por dos años (un período que se aplica siempre en procedimientos de este tipo). Una medida que llega en un momento en el que el colectivo había demostrado su capacidad para aglutinar voluntades, lo que quedó en evidencia con la gran respuesta ciudadana contra los arrestos. Frenar esta labor parece ser el verdadero objetivo de la macrorredada.
Después de tomar declaración a los 18 detenidos, que fueron asistidos por sus abogados de confianza y negaron las acusaciones aparecidas en la causa, Velasco emitió ayer dos resoluciones. Una para Jon Garai, Nagore García, Jesus Mari Aldunberri y Manu Ugartemendia, a quienes envió a prisión, aunque eludible bajo fianza de 20.000 euros. La segunda, para los otros 14 (Sergio Labaien, Eneko Villegas, Roberto Noval, Oscar Sánchez, Beñat Zarrabeitia, Ekain Zubizarreta, Eneko Ibarguren, Amaia Esnal, Imanol Karrera, Fran Balda, Ane Zelaia, Gorka Gonzalez, Ibon Meñika y Joxe Antonio Fernandez), para quienes dictó libertad. En todos ellos, el juez asume la teoría de la «sucesión» de Gestoras pro Amnistia y Askatasuna impulsada por los informes de la Guardia Civil. Luego, en base a esta tesis, establece una acusación genérica que ni siquiera llega a individualizar salvo en el caso de los cuatro primeros arrestados, a quienes imputa la «integración» en «grado dirigente», aunque sin aportar más razonamientos.
Tesis de la Guardia Civil
«Fruto de las investigaciones desarrolladas, vigilancias y seguimientos policiales y estudio de documentación (pública y aparentemente a peones vinculados A ETA) y aunque Herrira aparente ser una organización nueva y sin dependencias, la sucesión de actividades de la organización terrorista Gestoras pro Amnistia/Askatasuna resulta pública y evidente». Así comienza el juez la argumentación para enviar a prisión a los cuatro activistas vascos. Una frase que evidencia que Velasco acepta sin fisuras las líneas maestras desarrolladas en los informes de la Guardia Civil. Al igual que ocurría con la instrucción, basada en informes policiales, el magistrado parte de esta tesis para levantar todo su razonamiento. La supuesta celebración de 112 «ongi etorris» es, a juicio del togado, la primera prueba de cargo contra Herrira, llegando a afirmar que el colectivo es el que se encarga de «plafinicar, convocar y dar el soporte organizativo necesario a la celebración integral y homogénea de actos de enaltecimiento y ensalzamiento de los presos de ETA y su ideario». Posteriormente, el escrito judicial realiza un análisis sobre la organización interna de Herrira, tratando de presentar similitudes con los grupos ilegalizados en base a seguimientos policiales y a comparecencias públicas, tal y como admite reiteradamente en el texto.
La argumentación de Velasco supone, pese a decretar la libertad de 14 de los arrestados, mantener las tesis que criminalizan la labor de Herrira. De este modo, lo que introduce el juez es la caracterización delictiva de unas iniciativas públicas que, hasta el momento, se habían desarrollado incluso con el aval expreso de la Audiencia Nacional, como es el caso de la multitudinaria marcha celebrada el pasado 12 de enero en Bilbo.
«Acusaciones muy graves»
«Las acusaciones siguen siendo muy graves» recordaba, a media tarde, la abogada Onintza Ostolaza. Tampoco se pueden pasar por alto las diferencias de esta operación respecto a otras desarrolladas por la Guardia Civil. Se agotaron las 72 horas pero fueron en régimen comunicado. Esto permitió que los arrestados contasen con la asistencia de sus abogados de confianza. Tal y como ya se había avanzado, el trato fue «correcto». No obstante, detenidos como Eneko Ibarguren relataron haber permanecido con la luz encendida los tres días de detención. Además, los agentes (quienes se dirigían a ellos siempre encapuchados), les obligaron a permanecer durante largo rato esposados.
Tampoco se pueden pasar por alto las connotaciones políticas del operativo. Especialmente, la suspensión por dos años (un período que se aplica siempre en procedimientos de este tipo). Una medida que llega en un momento en el que el colectivo había demostrado su capacidad para aglutinar voluntades, lo que quedó en evidencia con la gran respuesta ciudadana contra los arrestos. Frenar esta labor parece ser el verdadero objetivo de la macrorredada.
«Levanta la cabeza», como maniobra de propaganda
Tras la irrupción de la Guardia Civil en la sede de Herrira de
Hernani el pasado lunes quedó en evidencia que uno de los propósticos de
la macrorredada era el propagandístico. Especialmente, tras comprobar
cómo solo dos de los diez detenidos en aquel edificio salían por la
puerta delantera, donde había un amplio espacio desde el que las cámaras
podían tomar imágenes, mientras que el resto era trasladado a los
furgones por la puerta trasera. Los dos arrestados, Jon Garai y Nagore
García, habían aparecido en muchas ruedas de prensa ofrecidas por
Herrira. Ayer, varios de los detenidos se refirieron al interés de los
agentes por publicitar este arresto, con frases como «levanta la cabeza»
para que los fotógrafos pudiesen tomar una instantánea que ilustró
muchas de las informaciones acerca de la operación policial. También, a
las menciones a frenar el paso, con el objetivo de que la imagen pudiese
ser captada. No obstante, tras la imagen del lunes, ayer fue el turno
de otra bien distinta. La de los arrestados saliendo de la Audiencia
Nacional entre aplausos de familiares y amigos. Una imagen, la de la
adhesión popular, que ha marcado la semana desde que el instituto armado
desarrolló la operación.
A.P.
A.P.
Herrira interpela a París desde Baiona
Unas horas antes de que se conociera la puesta en libertad con cargos
de sus compañeros, miembros de Herrira comparecieron en Baiona para
denunciar con contundencia la operación jurídico-policial.
«Estamos indignados por esta operación, que es un ataque directo a las libertades fundamentales de expresión y asociación. Desde su creación, Herrira ha tenido un funcionamiento público, totalmente transparente, y su filosofía ha sido la de buscar el diálogo con todos los agentes de la sociedad vasca. Nuestro objetivo es claro: la defensa de los derechos de presos y refugiados políticos vascos. Es por ello que no damos ningún crédito a las mentiras y acusaciones lanzadas contra nuestros compañeros», subrayaron Emilie Martin y Garbiñe Eraso.
Basándose en «experiencias pasadas», comentaron que están preparándose «para cualquier eventualidad». «Aunque somos una asociación totalmente legal, es muy posible que la operación tenga repercusiones también en Ipar Euskal Herria», añadieron.
Criticaron a la diputada vasca del PS Colette Capdevielle por sus declaraciones evasivas al hilo de las detenciones, ya que se negó a «comentar las decisiones judiciales en base al principio de separación de poderes, especialmente cuando conciernen a España». Asimismo, arremetieron contra la ministra de Justicia, Christiane Taubira, «reunida el mismo lunes con su homólogo español para reforzar la `lucha antiterrorista'» e interpelaron directamente al Gobierno de París: «¿Cuándo dará el Estado francés un paso a favor del proceso de resolución en lugar de [darlo] en contra?».
Hicieron también un llamamiento a los agentes políticos y sociales de Ipar Euskal Herria a emular a quienes, el miércoles, manifestaron su compromiso públicamente en Bilbo y a participar en la manifestación del sábado en esa ciudad. A. MANTEROLA
«Estamos indignados por esta operación, que es un ataque directo a las libertades fundamentales de expresión y asociación. Desde su creación, Herrira ha tenido un funcionamiento público, totalmente transparente, y su filosofía ha sido la de buscar el diálogo con todos los agentes de la sociedad vasca. Nuestro objetivo es claro: la defensa de los derechos de presos y refugiados políticos vascos. Es por ello que no damos ningún crédito a las mentiras y acusaciones lanzadas contra nuestros compañeros», subrayaron Emilie Martin y Garbiñe Eraso.
Basándose en «experiencias pasadas», comentaron que están preparándose «para cualquier eventualidad». «Aunque somos una asociación totalmente legal, es muy posible que la operación tenga repercusiones también en Ipar Euskal Herria», añadieron.
Criticaron a la diputada vasca del PS Colette Capdevielle por sus declaraciones evasivas al hilo de las detenciones, ya que se negó a «comentar las decisiones judiciales en base al principio de separación de poderes, especialmente cuando conciernen a España». Asimismo, arremetieron contra la ministra de Justicia, Christiane Taubira, «reunida el mismo lunes con su homólogo español para reforzar la `lucha antiterrorista'» e interpelaron directamente al Gobierno de París: «¿Cuándo dará el Estado francés un paso a favor del proceso de resolución en lugar de [darlo] en contra?».
Hicieron también un llamamiento a los agentes políticos y sociales de Ipar Euskal Herria a emular a quienes, el miércoles, manifestaron su compromiso públicamente en Bilbo y a participar en la manifestación del sábado en esa ciudad. A. MANTEROLA
Etxerat, la indignación como fuerza
Decenas y decenas de allegados de presos se dieron cita ayer ante la
sede de Herrira en Hernani, que fue asaltada el lunes por la Guardia
Civil. «Estamos indignados, pero de esa indignación vamos a hacer
fuerza, aliento y dignidad», explicaron los portavoces de Etxerat.
Todavía no se conocía el destino que seguirían los 18 detenidos tras
pasar ante el juez, pero el fondo de su mensaje no perdió validez, al
indicar que, en estos momentos, el Gobierno español quiere «desautorizar
la defensa de los derechos de presas y exiliados».
Animaron a acudir a la manifestación de mañana en Bilbo, así como a participar en los actos organizados para hoy con la caracterización de Ikerialdia.
En cuanto a las movilizaciones que se llevaron a cabo ayer, se reunieron 82 personas en Burlata; 90 en Txantrea; 26 en Arrosadia; 54 en Iturrama; 40 en Berriozar; alrededor de 500 en Arrasate; 140 en Eibar; Lazkao 80; 25 en Loiola; 45 en Zaldibia; 22 en Munitibar; y en Zornotza hicieron una caravana con 30 automóviles. GARA
Animaron a acudir a la manifestación de mañana en Bilbo, así como a participar en los actos organizados para hoy con la caracterización de Ikerialdia.
En cuanto a las movilizaciones que se llevaron a cabo ayer, se reunieron 82 personas en Burlata; 90 en Txantrea; 26 en Arrosadia; 54 en Iturrama; 40 en Berriozar; alrededor de 500 en Arrasate; 140 en Eibar; Lazkao 80; 25 en Loiola; 45 en Zaldibia; 22 en Munitibar; y en Zornotza hicieron una caravana con 30 automóviles. GARA
Sortu: "El fascismo tuvo el sábado su respuesta en las calles de Bilbo"
por Kaos. Euskal Herría
Lunes, 07 de Octubre de 2013 08:18
El portavoz de Sortu Pernando Barrena ha afirmado que "el fascismo
tuvo el sábado su respuesta en las calles de Bilbo" en lo que, a su
juicio, supuso una apuesta "por el proceso de paz" y por traer "a todos
los presos a casa".
Agencias
De esta forma, Barrena se ha referido a
la manifestación que se celebró este sábado en la capital vizcaína en
repulsa por la operación policial de la que fue objeto el pasado lunes
Herrira y en la que participaron miles de personas.
En declaraciones realizadas durante
el desarrollo de Kilometroak --la fiesta de las ikastolas de Guipúzcoa--
en la localidad de Tolosa, Barrena ha afirmado que este sábado Sortu
tuvo "el privilegio de ser parte de esa gran marea humana que inundó las
calles de Bilbao".
A su juicio, la marcha "demostró que
hay una apuesta decidida por parte de la sociedad vasca en favor de los
presos políticos y de sus derechos, y sobre todo, de llevar el proceso
de paz y normalización política hasta sus últimas consecuencias".
En este sentido, ha considerado que
este sábado se denotó, "una vez más, que, uniendo fuerzas en torno a las
necesidades comunes de este país, hay suficiente músculo para llevar
adelante el proceso de paz a buen puerto".
"Atendiendo a todo lo que ha ocurrido
esta semana en este país, especialmente a todo el autoritarismo que
destila la operación contra Herrira, en definitiva, todo ese fascismo
político que hemos podido encontrar, pensamos que era necesaria una
respuesta", ha añadido.
En este sentido, ha asegurado que "el
fascismo tuvo ayer su respuesta en las calles de Bilbao, la respuesta
que se merecía, la respuesta de una sociedad vasca que apuesta
claramente por el proceso de paz y por traer a todos los presos
políticos a casa".
Raúl Castro: “El pueblo cubano recordará siempre al General Giap”
5 octubre 2013 Cubadebate
“Su
ejemplo, de combatiente revolucionario perdurará entre nosotros como
expresión de las históricas relaciones de hermandad que nos unen”,
afirma Raúl.“Año del 55 Aniversario de la Revolución”
Estimados compañeros:
Con profundo pesar les extiendo, en nombre del Partido Comunista, del gobierno y del pueblo cubanos, así como en el mío propio, las más sentidas condolencias con motivo del fallecimiento del legendario luchador por la liberación de Vietnam, el General de Ejército Vo Nguyen Giap, que hago extensivas al hermano pueblo vietnamita y a los familiares de tan entrañable y fiel amigo.
El pueblo cubano recordará siempre, con admiración y respeto, la figura del General Giap y nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias su inestimable contribución a la doctrina militar cubana. Su ejemplo, de combatiente revolucionario perdurará entre nosotros como expresión de las históricas relaciones de hermandad que nos unen.
¡Gloria eterna al General Giap!
Con el testimonio de mi más alta consideración y estima.
Raúl Castro Ruz
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba
Nguyen Phu Trong
Secretario General del Partido Comunista de Vietnam
Truong Tan Sang
Presidente de la República Socialista de Vietnam
Nguyen Tan Dung
Primer Ministro de la República Socialista de Vietnam
Las víctimas del franquismo piden que se apliquen los consejos de la ONU
Los colectivos de víctimas piden al Estado que cumpla con sus compromisos internacionales, como le reclama la ONU. FERNANDO SÁNCHEZ
por María Cappa
Domingo, 06 de Octubre de 2013 17:02
El portavoz de la plataforma, Jaime Ruiz, ha querido incidir en la
urgencia de acelerar este proceso debido a la avanzada edad de las
víctimas. También ha recalcado la relevancia de crear un órgano que se
encargue de buscar las fosas en las que se abandonó a las víctimas del
franquismo.
La Plataforma Comisión de la Verdad ha presentado esta mañana las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU,
que visitó España entre el 23 y el 30 del pasado mes de septiembre. En
el informe que elaboraron las Naciones Unidas, ratificaron las denuncias
que las víctimas del franquismo, sus familiares y las diferentes
asociaciones que reivindican la justicia, la verdad y la reparación de
la memoria histórica venían exigiendo desde hacía décadas.
A partir de esta evaluación, la plataforma, que engloba a más de cien asociaciones, comenzará una campaña estatal para exigir que el Gobierno cumpla las recomendaciones de la ONU, que evidencian la inacción de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en España desde que comenzó la Transición. En un vídeomensaje elaborado por Federico Mayor Zaragoza (que estaba previsto que acudiera), el antiguo director general de la UNESCO ha querido dejar claro que, a pesar de lo que algunos aseveran, el objetivo final de la exigencia de la puesta en marcha de una política de memoria histórica no abre heridas sino que trata de cerrarlas. “Queremos saber qué pasó. Un pueblo que no conoce su historia queda inhabilitado para adivinar los caminos del mañana”.
Son muchas las recomendaciones que realizó el grupo de trabajo de la ONU. Una de las que consideraron de fundamental importancia fue la de ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Pero también incluir en el Código Penal el delito autónomo de desaparición forzada, que el Estado español establezca un proceso regular con los familiares y las asociaciones de familiares, además de proporcionarles un mayor apoyo institucional; crear una entidad que centralice las cuestiones relativas a las desapariciones, fomentar un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas o que España juzgue estas desapariciones forzadas y que asegure que no serán crímenes sujetos a amnistía.
Acciones urgentes
El portavoz de la plataforma, Jaime Ruiz, ha querido incidir en la urgencia de acelerar este proceso debido a la avanzada edad de las víctimas. También ha recalcado la relevancia de crear un órgano que se encargue de buscar las fosas en las que se abandonó a las víctimas del franquismo. Según la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número 5, la guerra civil y la dictadura dejaron tras de sí más de 114.000 desaparecidos (casi cuatro veces más que en la dictadura argentina de Videla) y robaron más de 30.000 bebés para dárselos a familias afines al régimen genocida. Sin embargo, Ruiz ha asegurado que, tras abrir varias fosas, han estimado que el número de asesinados puede superar los 200.000.
El poeta granadino Luis García Montero, por su parte, ha recordado la manipulación histórica que se ha hecho sobre la Ley de Amnistía. “Fue una ley elaborada para reconocer a los opositores al franquismo, para dejar claro que no habían cometido ningún delito. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha quedado para defender la impunidad de los dictadores, de los torturadores y del totalitarismo”. Después de festejar que la ONU, en su informe, le haya dado la razón a las víctimas, García Montero ha declarado sentirse avergonzado por el hecho de que en España “seamos incapaces de cumplir con las obligaciones del derecho internacional y con las obligaciones que tenemos como país con las víctimas de la dictadura”.
En la rueda de prensa también ha estado presente la abogada Cristina Almeida, quien ha insistido en la voluntad de reunirse con todos los partidos políticos para que hagan efectivas las recomendaciones de la ONU que, aunque no son de obligado cumplimiento para el Estado, “sí lo son en la conciencia democrática de los ciudadanos”. A pesar de su intención, ha reconocido que no tiene demasiada esperanza en que el Partido Popular lleve acabo las medidas orientadas a salvaguardar los principios de verdad, justicia y reparación que exigen desde la Plataforma. “Últimamente estamos asistiendo a un auge de acciones, declaraciones o ataques violentos por parte de personas afines al fascismo que quedan totalmente impunes. Esto es por culpa de la falta de reconocimiento de lo que ocurrió durante la dictadura. Salen alcaldes que simpatizan con el régimen a gritar desde sus balcones “Viva Franco” mientras los miembros de Nuevas Generaciones publican fotos suyas con símbolos fascistas y aquí no pasa nada. En este contexto mucha esperanza no hay”, ha declarado Almeida.
Las víctimas y sus familiares
También han querido intervenir en la rueda de prensa las víctimas del franquismo y sus familiares para expresar su alegría por el informe de la ONU y la necesidad de contar y juzgar lo que pasó durante la dictadura, así como de reparar el daño causado. Uno de ellos, Víctor Díaz-Cardiel, ha celebrado que en los últimos 15 días se haya hecho lo que no se había podido lograr en 30 años. Considera que tanto la querella argentina contra varios torturadores franquistas como la visita del grupo de trabajo de la ONU “favorecen enormemente el desarrollo de los valores de verdad, justicia y reparación”.
Uno de los aspectos en los que más han incidido es en el carácter de estas demandas. Consideran que, por un lado, el problema de la amnistía es suprapartidario, que no está relacionado únicamente con un gobierno concreto sino con un defecto del sistema que se originó en la Transición.“Somos el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos y convivimos diariamente con más de 2.500 fosas – ha destacado Jaime Ruiz- Esta es una situación insoportable, no solo para las víctimas del franquismo, sus familiares o los ciudadanos, sino para una sociedad que aspira a una verdadera democracia”.´
Por otro lado, consideran que es vital recordar que las exigencias de verdad, justicia y reparación no atañen únicamente a las víctimas directas ni se solicita su cumplimiento para reparar un daño particular. Tal y como señala el informe elaborado por la ONU, estos principios deben perseguirse desde la obligación del Estado, no por la individualidad de las víctimas. Una actitud global que debe integrar a todos los españoles, especialmente a quienes tienen la capacidad para satisfacer estas demandas de memoria, verdad, justicia y reparación ya que, según han asegurado desde la plataforma, “estos son los verdaderos valores democráticos sobre los que debe asentarse cualquier sociedad”.
http://www.lamarea.com/2013/
A partir de esta evaluación, la plataforma, que engloba a más de cien asociaciones, comenzará una campaña estatal para exigir que el Gobierno cumpla las recomendaciones de la ONU, que evidencian la inacción de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en España desde que comenzó la Transición. En un vídeomensaje elaborado por Federico Mayor Zaragoza (que estaba previsto que acudiera), el antiguo director general de la UNESCO ha querido dejar claro que, a pesar de lo que algunos aseveran, el objetivo final de la exigencia de la puesta en marcha de una política de memoria histórica no abre heridas sino que trata de cerrarlas. “Queremos saber qué pasó. Un pueblo que no conoce su historia queda inhabilitado para adivinar los caminos del mañana”.
Son muchas las recomendaciones que realizó el grupo de trabajo de la ONU. Una de las que consideraron de fundamental importancia fue la de ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Pero también incluir en el Código Penal el delito autónomo de desaparición forzada, que el Estado español establezca un proceso regular con los familiares y las asociaciones de familiares, además de proporcionarles un mayor apoyo institucional; crear una entidad que centralice las cuestiones relativas a las desapariciones, fomentar un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas o que España juzgue estas desapariciones forzadas y que asegure que no serán crímenes sujetos a amnistía.
Acciones urgentes
El portavoz de la plataforma, Jaime Ruiz, ha querido incidir en la urgencia de acelerar este proceso debido a la avanzada edad de las víctimas. También ha recalcado la relevancia de crear un órgano que se encargue de buscar las fosas en las que se abandonó a las víctimas del franquismo. Según la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número 5, la guerra civil y la dictadura dejaron tras de sí más de 114.000 desaparecidos (casi cuatro veces más que en la dictadura argentina de Videla) y robaron más de 30.000 bebés para dárselos a familias afines al régimen genocida. Sin embargo, Ruiz ha asegurado que, tras abrir varias fosas, han estimado que el número de asesinados puede superar los 200.000.
El poeta granadino Luis García Montero, por su parte, ha recordado la manipulación histórica que se ha hecho sobre la Ley de Amnistía. “Fue una ley elaborada para reconocer a los opositores al franquismo, para dejar claro que no habían cometido ningún delito. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha quedado para defender la impunidad de los dictadores, de los torturadores y del totalitarismo”. Después de festejar que la ONU, en su informe, le haya dado la razón a las víctimas, García Montero ha declarado sentirse avergonzado por el hecho de que en España “seamos incapaces de cumplir con las obligaciones del derecho internacional y con las obligaciones que tenemos como país con las víctimas de la dictadura”.
En la rueda de prensa también ha estado presente la abogada Cristina Almeida, quien ha insistido en la voluntad de reunirse con todos los partidos políticos para que hagan efectivas las recomendaciones de la ONU que, aunque no son de obligado cumplimiento para el Estado, “sí lo son en la conciencia democrática de los ciudadanos”. A pesar de su intención, ha reconocido que no tiene demasiada esperanza en que el Partido Popular lleve acabo las medidas orientadas a salvaguardar los principios de verdad, justicia y reparación que exigen desde la Plataforma. “Últimamente estamos asistiendo a un auge de acciones, declaraciones o ataques violentos por parte de personas afines al fascismo que quedan totalmente impunes. Esto es por culpa de la falta de reconocimiento de lo que ocurrió durante la dictadura. Salen alcaldes que simpatizan con el régimen a gritar desde sus balcones “Viva Franco” mientras los miembros de Nuevas Generaciones publican fotos suyas con símbolos fascistas y aquí no pasa nada. En este contexto mucha esperanza no hay”, ha declarado Almeida.
Las víctimas y sus familiares
También han querido intervenir en la rueda de prensa las víctimas del franquismo y sus familiares para expresar su alegría por el informe de la ONU y la necesidad de contar y juzgar lo que pasó durante la dictadura, así como de reparar el daño causado. Uno de ellos, Víctor Díaz-Cardiel, ha celebrado que en los últimos 15 días se haya hecho lo que no se había podido lograr en 30 años. Considera que tanto la querella argentina contra varios torturadores franquistas como la visita del grupo de trabajo de la ONU “favorecen enormemente el desarrollo de los valores de verdad, justicia y reparación”.
Uno de los aspectos en los que más han incidido es en el carácter de estas demandas. Consideran que, por un lado, el problema de la amnistía es suprapartidario, que no está relacionado únicamente con un gobierno concreto sino con un defecto del sistema que se originó en la Transición.“Somos el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos y convivimos diariamente con más de 2.500 fosas – ha destacado Jaime Ruiz- Esta es una situación insoportable, no solo para las víctimas del franquismo, sus familiares o los ciudadanos, sino para una sociedad que aspira a una verdadera democracia”.´
Por otro lado, consideran que es vital recordar que las exigencias de verdad, justicia y reparación no atañen únicamente a las víctimas directas ni se solicita su cumplimiento para reparar un daño particular. Tal y como señala el informe elaborado por la ONU, estos principios deben perseguirse desde la obligación del Estado, no por la individualidad de las víctimas. Una actitud global que debe integrar a todos los españoles, especialmente a quienes tienen la capacidad para satisfacer estas demandas de memoria, verdad, justicia y reparación ya que, según han asegurado desde la plataforma, “estos son los verdaderos valores democráticos sobre los que debe asentarse cualquier sociedad”.
http://www.lamarea.com/2013/
ATILIO A. BORON / Acerca del “régimen” Obama
Publicado el 10/04/13 • en ContrainjerenciaATILIO A. BORON – Es una práctica profundamente arraigada que los gobiernos opuestos a la dominación norteamericana sean rutinariamente caracterizados como “regímenes” por los grandes medios de comunicación del imperio, los intelectuales colonizados de la periferia y aquellos que el gran dramaturgo español Alfonso Sastre ha magistralmente calificado como “intelectuales bienpensantes.” La palabra “régimen” adquirió en la ciencia política una connotación profundamente negativa, misma que no estaba presente en su formulación original. Hasta mediados del siglo veinte se hablaba del “régimen feudal”, de un “régimen monárquico”, o de un “régimen democrático” para aludir al conjunto de leyes, instituciones y tradiciones políticas y culturales que caracterizaban a un sistema político. Pero con la Guerra Fría y, después, con la contrarrevolución neoconservadora, el vocablo mudó completamente su significado. En su uso actual la palabra es empleada para estigmatizar a gobiernos o estados que no se arrodillan ante los dictados de Washington, a los cuáles por eso mismo se los descalifica como autoritarios y, en no pocos casos, como sangrientas tiranías.
No obstante, una mirada sobria en relación a este asunto
comprobaría la existencia de estados inocultablemente despóticos que,
sin embargo, los voceros de la derecha y el imperialismo jamás
calificarían como “regímenes”. En la coyuntura actual proliferan los
analistas o periodistas (inclusive algunos “progres”, un tanto
distraídos) que parecerían no tener mayor inconveniente en aceptar el
uso del lenguaje establecido por el imperio. El gobierno sirio es el
“régimen de Basher Al Assad”; y la misma descalificación se utiliza a la
hora de hablar de los países bolivarianos. En Venezuela lo que hay es
un “régimen chavista”; en Ecuador es el “régimen de Correa” y Bolivia se
encuentra sometida a los caprichos del “régimen de Evo Morales.” El
hecho de que en estos tres países se hayan desarrollado instituciones y
formas de protagonismo popular y funcionamiento democrático superiores a
las existentes en los Estados Unidos y la gran mayoría de los países
del capitalismo desarrollado es olímpicamente ignorado. No son amigos de
los Estados Unidos y, por lo tanto, su sistema político es un
“régimen.”
El doble rasero que se aplica en estos casos queda en evidencia
cuando se observa que las infames monarquías petroleras del golfo,
mucho más despóticas y brutales que el “régimen” sirio jamás son
estigmatizadas con la palabrita en cuestión. Se habla, por ejemplo, del
gobierno de Abdullah bin Abdul Aziz pero nunca del “régimen” saudita, a
pesar de que en este país no existe parlamento sino una mera “Asamblea
Consultiva” cuyos miembros son designados por el monarca entre sus
parientes y amigos; los partidos políticos están explícitamente
prohibidos y el gobierno es ejercido por una dinastía que se perpetúa en
el poder desde hace décadas. Exactamente lo mismo ocurre con Qatar
pese a lo cual ni por asomo el New York Times o los medios
hegemónicos de América Latina y el Caribe se les ocurre hablar del
“régimen saudita” o el “régimen catarí.” Siria, en cambio, es un
“régimen”, pese a que es un estado laico en el cual hasta hace poco
tiempo convivieron diversas religiones, existen partidos políticos
legalmente reconocidos y hay un congreso unicameral con representación
de la oposición. Pero nadie le quita el sambenito de “régimen”. En otras
palabras: un gobierno amigo, aliado o cliente de Estados Unidos, por
más opresivo o violador de los derechos humanos que sea, nunca va a ser
caracterizado como un “régimen” por el aparato de propaganda del
sistema. En cambio, gobiernos como los de Irán, Cuba, Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, Ecuador y varios más son invariablemente
caracterizados de esa manera.[1]
Para comprobar de modo aún más rotundo la tergiversación ideológica
que subyace a estas caracterizaciones de los sistemas políticos basta
con recordar la forma en que los publicistas de la derecha tipifican al
gobierno de Estados Unidos, considerado como el “non plus ultra”
de la realización democrática. Esto a pesar de que hace poco el ex
presidente James Carter dijo que su país “no tiene una democracia que
funcione.” Lo que hay, en realidad, es un estado policial, muy
hábilmente disimulado, que ejerce una permanente e ilegal vigilancia
sobre la propia ciudadanía y que lo más importante que ha hecho en los
últimos treinta años ha sido permitir que el 1 % de la población se
enriquezca como nunca antes, a costa del estancamiento en los ingresos
percibidos por el 90 % de la población. En la misma línea crítica de la
“democracia” estadounidense (en realidad, una cínica plutocracia) se
encuentra la tesis del gran filósofo político Sheldon Wolin, quien ha
caracterizado al régimen político imperante en su país como “un
totalitarismo invertido”. Según este autor, “el totalitarismo invertido …
es un fenómeno que …representa fundamentalmente la madurez política del
poder corporativo y la desmovilización política de la ciudadanía.” [2]
En otras palabras, la consolidación de la dominación burguesa en manos
de los grandes oligopolios y la desactivación política de las masas,
estimulando la apatía política, el abandono de –y el desdén por- la vida
pública y la fuga privatista hacia un consumismo desorbitado sólo
sostenido por un aún más desenfrenado endeudamiento. El resultado: un
“régimen” totalitario de nuevo tipo. Una peculiar “democracia”, en suma,
sin ciudadanos ni instituciones, y en la cual el abrumador peso del “establishment” vacía
de todo contenido al discurso y a las instituciones de la democracia,
convertidas por eso mismo en una mueca sin gusto y sin gracia y
absolutamente incapaces de garantizar la soberanía popular. O de hacer
realidad la vieja fórmula de
Abraham Lincoln cuando definió a la democracia como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.”
Abraham Lincoln cuando definió a la democracia como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.”
Producto de esta gigantesca operación de falsificación del
lenguaje, el estado norteamericano es concebido como una
“administración”, es decir, una organización que en función de reglas y
normas claramente establecidas gestiona la cosa pública con
transparencia, imparcialidad y apego al mandato de la ley. En realidad,
tal como lo asegura Noam Chomsky, nada de ello es verdad. Estados
Unidos es un “estado canalla”, que viola como ningún otro la legalidad
internacional y lo mismo hace con algunas de los más importantes
derechos y leyes del país. Así lo demuestran, para el caso doméstico,
las revelaciones sobre el espionaje que la NSA y otras agencias han
venido haciendo en contra del propio pueblo de Estados Unidos, para no
hablar de atropellos aún peores como los que se producen a diario en la
infame cárcel de Guantánamo o la persistente lacra del racismo.[3]
Propongo, por lo tanto, que abramos un nuevo frente de lucha ideológica
y que de ahora en más comencemos a hablar del “régimen de Obama”, o el
“régimen de la Casa Blanca” cada vez que tengamos que referirnos al
gobierno de Estados Unidos. Será un acto de estricta justicia, que
además mejorará nuestra capacidad de análisis y contribuirá a
higienizar el lenguaje de la política, ensuciado y bastardeado por la
industria cultural del imperio y su inagotable fábrica de mentiras.
[1] Conviene recordar que esta dualidad de criterios morales tiene
una larga historia en Estados Unidos. Es célebre la anécdota que narra
la respuesta del presidente Franklin D. Roosevelt ante algunos miembros
del partido demócrata horrorizados por las brutales políticas represivas
de Anastasio Somoza en Nicaragua. FDR se limitó a escucharlos y
decirles: “sí, es un hijo de puta. Pero es “nuestro” hijo de puta.” Lo
mismo podría decirse de los monarcas de Saudiarabia y Qatar, entre
otros. Ocurre que Basher Al Assad no es su hijo de puta. De ahí la
caracterización como “régimen” de su gobierno.
[2] Cf. su Democracia Sociedad Anónima (Buenos Aires: Katz Editores, 2008) p. 3.
Tras 11 años de torturas, un juez orden la liberación de un preso de Guantánamo por esquizofrenia
5 octubre 2013
Cubadebate
Ibrahim
Othman Ibrahim Idris es un ciudadano de Sudan, preso tras detención
extrajudicial en la Base Naval de Guantánamo. Él lleva el número 036
entre los detenidos de la base ilegal en territorio cubano.La decisión se ha producido dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitiera unos papeles en los que indicaba que el Gobierno declinaría su oposición a su puesta en libertad sin dar explicación alguna.
Los abogados de Idris han argumentado de forma reiterada que su enfermedad mental reviste tal gravedad que en ningún momento llegaría a suponer una amenaza para la seguridad nacional en caso de ser liberado.
Idris, que ronda los 50 años, fue capturado junto con otros combatientes de la organización terrorista Al Qaeda en 2001 por las fuerzas de seguridad paquistaníes cuando trataba de cruzar la frontera entre Afganistán y Pakistán.
(Con información de Europa Press)
Herman Wallace estuvo preso y aislado durante 40 años
EEUU: Murió ex Pantera Negra tres días después de ser liberado
Por: Agencias | Viernes, 04/10/2013 07:17 PM
Herman Wallace
Credito: Agencia AFP
Luisiana, octubre 4 - Herman Wallace, ex Pantera Negra encerrado en
condiciones de aislamiento durante 40 años por la muerte de un blanco en
los años 70, que siempre negó, murió este viernes de un cáncer de
hígado, tres días después de su liberación, anunciaron sus abogados.
Wallace, que tenía un cáncer en fase terminal, murió el viernes por la mañana, dijo su equipo de abogados.
"Herman aguantó lo que pocos de nosotros podemos imaginar y lo hizo con ganas, dignidad y empatía hasta el final", comentó.
"Una de las últimas cosas que Herman nos dijo fue 'soy libre, soy libre'", agregó.
Wallace es uno de "los tres de Angola", así llamados por el nombre de la prisión en que los encarcelaron, reputada por el racismo de su personal y construida sobre una antigua plantación en la que trabajaban esclavos procedentes de ese país de África austral.
El caso de estos detenidos llamó la atención internacional luego de que pasaran, sumando su tiempo de encarcelamiento, más de un siglo privados de libertad en condiciones de aislamiento por la muerte, en 1972, de un guardiacárcel blanco, un asesinato que siempre negaron y cuyas supuestas evidencias fueron rebatidas una a una.
Los tres hombres formaban parte de las Panteras Negras (Black Panthers), el grupo radical que luchaba por la causa de los afroestadounidenses.
Wallace, que ya estaba detenido por un robo, fue condenado a cadena perpetua en 1974, al igual que Albert Woodfox, que continúa detenido, y Robert King, liberado después de 29 años en la cárcel.
Los abogados de Wallace reclamaron recientemente que su caso, en punto muerto desde hacía cuatro años, fuera reabierto, y el propio detenido imploró a la justicia ser liberado antes de morir.
Wallace salió en libertad el martes pasado por decisión de un juez del estado de Luisiana (sur de Estados Unidos).
Wallace, que tenía un cáncer en fase terminal, murió el viernes por la mañana, dijo su equipo de abogados.
"Herman aguantó lo que pocos de nosotros podemos imaginar y lo hizo con ganas, dignidad y empatía hasta el final", comentó.
"Una de las últimas cosas que Herman nos dijo fue 'soy libre, soy libre'", agregó.
Wallace es uno de "los tres de Angola", así llamados por el nombre de la prisión en que los encarcelaron, reputada por el racismo de su personal y construida sobre una antigua plantación en la que trabajaban esclavos procedentes de ese país de África austral.
El caso de estos detenidos llamó la atención internacional luego de que pasaran, sumando su tiempo de encarcelamiento, más de un siglo privados de libertad en condiciones de aislamiento por la muerte, en 1972, de un guardiacárcel blanco, un asesinato que siempre negaron y cuyas supuestas evidencias fueron rebatidas una a una.
Los tres hombres formaban parte de las Panteras Negras (Black Panthers), el grupo radical que luchaba por la causa de los afroestadounidenses.
Wallace, que ya estaba detenido por un robo, fue condenado a cadena perpetua en 1974, al igual que Albert Woodfox, que continúa detenido, y Robert King, liberado después de 29 años en la cárcel.
Los abogados de Wallace reclamaron recientemente que su caso, en punto muerto desde hacía cuatro años, fuera reabierto, y el propio detenido imploró a la justicia ser liberado antes de morir.
Wallace salió en libertad el martes pasado por decisión de un juez del estado de Luisiana (sur de Estados Unidos).
Ex director de la NSA cree que Snowden debe estar en lista de asesinatos extrajudiciales
Por: RT.com | Viernes, 04/10/2013 01:47 PM
Credito: Archivo
04-10-13.-En su intervención en una mesa redonda este jueves, el
exdirector de la NSA y de la CIA Michael Hayden insinuó que querría ver
el nombre de Edward Snowden en una ‘lista de gente a asesinar’ y que
este “terminará probablemente siendo un alcohólico”.
Cuando le comentaran que Snowden figuraba para un premio internacional, Hayden confesó: “Debo admitir que en mis momentos más oscuros en los últimos meses, también me acordé de nombrar al señor Snowden, pero era para incluirlo en una lista diferente”.
“Yo te puedo ayudar con eso”, respondió el contertulio y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Rogers, entre las risas de los asistentes.
Si bien Hayden no especificó exactamente en qué lista le gustaría ver figurar el nombre de Snowden, algunos expertos señalan que se trata de la denominada ‘kill list’ o ‘lista de asesinatos’, elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.
En opinión del escritor y profesor de historia Higinio Polo, “lo cierto es que esa lista existe, que periódicamente asesinan a personas en varios países del mundo y que Snowden no puede estar tranquilo, por mucho que esté refugiado en Rusia en estos momentos”.
Hayden ha calificado en varias ocasiones de “terroristas” a los ‘hacktivistas’ colaboradores de Snowden, pasando a etiquetar al propio Snowden de “joven moralmente arrogante que probablemente terminará siendo un alcohólico”, según recogía este jueves el diario estadounidense ‘The Washington Post’.
El excolaborador de la CIA está acusado de espionaje en EE.UU. por filtrar a la prensa documentos secretos que revelaron la existencia de un programa de vigilancia, el PRISM, que el país norteamericano utilizó para recopilar datos privados y personales de ciudadanos estadounidenses y del resto del mundo.
Cuando le comentaran que Snowden figuraba para un premio internacional, Hayden confesó: “Debo admitir que en mis momentos más oscuros en los últimos meses, también me acordé de nombrar al señor Snowden, pero era para incluirlo en una lista diferente”.
“Yo te puedo ayudar con eso”, respondió el contertulio y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Rogers, entre las risas de los asistentes.
Si bien Hayden no especificó exactamente en qué lista le gustaría ver figurar el nombre de Snowden, algunos expertos señalan que se trata de la denominada ‘kill list’ o ‘lista de asesinatos’, elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.
En opinión del escritor y profesor de historia Higinio Polo, “lo cierto es que esa lista existe, que periódicamente asesinan a personas en varios países del mundo y que Snowden no puede estar tranquilo, por mucho que esté refugiado en Rusia en estos momentos”.
Hayden ha calificado en varias ocasiones de “terroristas” a los ‘hacktivistas’ colaboradores de Snowden, pasando a etiquetar al propio Snowden de “joven moralmente arrogante que probablemente terminará siendo un alcohólico”, según recogía este jueves el diario estadounidense ‘The Washington Post’.
El excolaborador de la CIA está acusado de espionaje en EE.UU. por filtrar a la prensa documentos secretos que revelaron la existencia de un programa de vigilancia, el PRISM, que el país norteamericano utilizó para recopilar datos privados y personales de ciudadanos estadounidenses y del resto del mundo.
Bolivia y Ecuador impulsan ‘observatorio latinoamericano’ sobre petroleras
Publicado el 10/04/13 • en Contrainjerencia
Morales indicó en una rueda de prensa que ese fue uno de los acuerdos alcanzados con Correa durante la reunión celebrada el jueves en la región boliviana central de Cochabamba.
“Hay empresas petroleras como (la estadounidense) Chevron que contaminan, ha perdido procesos hechos por el pueblo ecuatoriano y el movimiento indígena, pero esta empresa procesa al Estado” de Ecuador, comentó Morales.
El conflicto en Ecuador con la empresa estadounidense fue uno de los temas explicados por Correa durante su visita a Bolivia.
Morales destacó que la propuesta de crear ese observatorio es una idea “excelente” que debería debatirse a nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), porque, según dijo, los pequeños países son “víctimas” de las empresas petroleras.
“Cualquier empresa si invierte en otro país tiene que someterse a las normas de ese país y aquí nos quieren llevar a arbitrajes. Por supuesto, nosotros hemos denunciado eso y esa es la batalla con algunas empresas”, señaló el mandatario.
El presidente recordó que esta semana en una visita al campo boliviano de gas Margarita, operado por la compañía española Repsol, dijo que si una petrolera acepta ser socia de Bolivia debe comportarse como tal, sin llegar a enfrentamientos con arbitrajes internacionales.
De lo contrario, según Morales, su Gobierno está en condiciones de tomar “decisiones drásticas” ante los arbitrajes porque no tiene nada que temer ya que su país se ha fortalecido económicamente.
Desde 2006, Bolivia ha afrontado varias demandas en los tribunales internacionales por las expropiaciones que el Gobierno de Morales decidió sobre empresas trasnacionales en sectores como el petrolero, eléctrico, minero y las telecomunicaciones.
Rafael Correa: “Allá Merkel es lideresa, acá somos caudillos”
Publicado el 10/04/13 • en Contrainjerencia
EL TELEGRAFO .
“Sigue siendo realidad lo que escribió Platón en sus diálogos ya hace
más de 2000 años: que la justicia no es otra cosa que la conveniencia
del más fuerte. Ellos son los más fuertes y seguirán abusando e
irrespetando la soberanía de otros países y el derecho internacional.
Algún día tendrá que cambiar ese injusto orden mundial”,
sostuvo el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, durante una entrevista
a la agencia de noticias Russia Today (RT), al referirse al espionaje
de Estados Unidos en América Latina, denunciado por líderes de la
región.
Para Correa, la situación no cambiará a corto plazo. “Lo veo todavía
difícil, no hay grandes avances en democratización de las Naciones
Unidas. Sí, surgen nuevas potencias (como) China y Rusia, probablemente
eso produzca un cambio en el mediano plazo de relaciones de poder a
nivel internacional, hay un claro debilitamiento de ese liderazgo
indiscutible, absoluto que tenía los EE.UU. hasta hace algunos años,
pero todavía es disputas entre países poderosos. Los países que estamos
en transición, en la ruta hacia el desarrollo, tenemos claramente
relaciones de dominación”, manifestó.El entrevistador recordó al Mandatario ecuatoriano que el presidente estadounidense, Barack Obama, había declarado que EE.UU. es un país excepcional y que en ese sentido debe velar por los intereses del resto del mundo.
“Pese a eso sigo considerando al presidente Obama una buena persona e inteligente, pero eso recuerda al discurso de los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Se creían la raza elegida, la raza superior, etc. Son ideas y discursos tremendamente peligrosos”, respondió Correa.
El Jefe de Estado ecuatoriano señaló que EE.UU. no ha ratificado el Pacto de San José, pero financia y tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, lo que es una contradicción. “¿Quién entiende eso? Paga para que controlen a los demás, esas son cosas clamorosas, y ese es uno de los ejemplos de cómo todavía con los países en vías de desarrollo hay unas relaciones que pretenden ser de dominación”, explicó.
Asimismo, Correa denunció la complicidad y la doble moral de ciertos medios de comunicación para perpetuar ese injusto orden mundial.
“En varios países de la región y en Ecuador tenemos una dictadura mediática que se disfraza bajo el manto de la libertad de expresión. No hay tal libertad de expresión. Son poderes fácticos que con ese inmenso poder mediático hacen política y tratan de desestabilizar a los gobiernos progresistas (…)”, sostuvo al recalcar que la información es un derecho y en consecuencia debe ser regulada y controlada por la sociedad.
En la entrevista, también se refirió a las críticas de cierta prensa y sectores por el tema de la reelección. “Decían que somos unos corruptos por lanzarnos a la reelección, porque utilizamos medios públicos y tenemos ventaja sobre los demás, entonces supongo que Angela Merkel (canciller alemana) es una corrupta. Decían que somos dictadores, porque como (nos) lanzamos a la reelección, la base de la democracia es la alternabilidad. Entonces en Alemania no hay democracia y como ganamos mayoría en la Asamblea, decían que se acabó el estado de derecho (…) Bueno, Angela casi gana la mayoría, pero asumiendo ese escenario tampoco habría estado de derecho en Alemania”, acotó.
“Entonces, usted ve la doble moral, son todas críticas sin fundamentos para tratar de atacar a presidentes progresistas altamente exitosos en las urnas. Allá Angela Merkel es lideresa, acá somos caudillos, allá es popular, acá somos populistas”, manifestó Correa al indicar que ello les disgusta, “porque desafía los poderes de siempre”.
En otro tema, el gobernante se refirió al caso Chevron y reiteró que la petrolera “no podrá tapar el sol con un dedo”, pues la contaminación dejada en la Amazonía ecuatoriana es innegable.
Sobre la explotación en el Yasuní ITT, Correa reiteró que ésta afectará “menos del 1 por 1.000 del Parque”, al señalar que uno de los falsos dilemas que se maneja es ser humano vs naturaleza. “El ser humano es parte de esa naturaleza y también tenemos derechos, y el principal es superar la pobreza. Ecuador es un país que todavía tiene cerca de un 30% de su población en condiciones de pobreza, más del 50% de su población sin servicios básicos, (pero la oposición y ONG ‘ambientalistas’) quieren que dejemos la riqueza en el subsuelo para ser tontos útiles de los contaminadores globales”, apuntó.
Diosdado Cabello en Moscú
(VIDEO) Venezuela afianza relaciones con Rusia
Por: TeleSUR | Viernes, 04/10/2013 10:32 AM
Cabello en su encuentro con el presidente de la Duma rusa, Serguéi Narishkin, revisaron varios acuerdos, entre ellos, el que apunta al desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Credito: Prensa AN
En un balance de las diferentes actividades realizadas en su segundo día de visita a Moscú, Cabello comentó que logró tratar temas de interés para Rusia y Venezuela como el de continuar estrechando vínculos entre los distintos parlamentos.
“Revisé junto Narishkin algunos detalles sobre los acuerdos que se han aprobado tanto por la Asamblea Nacional de Venezuela, como por el Parlamento ruso (…) También hicimos lo propio con el presidente de la estatal petrolera rusa, Igor Sechin, vínculo directo con Venezuela para tratar todo lo referente a materia energética” apuntó.
Igualmente, la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, expresó que las relaciones entre PDVSA y ROSNEFT son extraordinarias. Ellos han asomado la posibilidad de trabajar en el tema gasífero, y en la generación y distribución de energía eléctrica “que es uno de los puntos en el que tenemos más problemas en Venezuela” y añadió que “esto nos parece maravilloso y se lo comentaremos, al presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos ha dado órdenes directas de afianzar todos los lazos con la Federación de Rusia”.
En materia educativa, Diosdado Cabello, informó que trae a Venezuela un ofrecimiento por parte del Gobierno ruso, becas para estudiantes, para que desarrollen carreras como: ingeniería petrolera y petroquímica. “Nuestros jóvenes vendrían a Rusia a hacer su carrera completa gracias a estos convenios y a estos acercamientos que inició el Comandante Supremo, Hugo Chávez, los cuales se han fortalecido con el pasar de los años; esto no son más que logros. Logros revolucionarios”, dijo.
Cabello resaltó desde Caracas “nosotros estamos dispuestos a seguir incorporando países que quieran trabajar con Venezuela de una manera franca y sin ningún tipo de condicionamientos que vayan más allá de los que establecen las leyes (…) Queremos como Gobierno revolucionario que nos permitan contar con socios confiables y no con socios que son capaces de condicionar su participación, dependiendo de si levantamos las manos a favor de ellos o no!
Apuntó es así como se integran países como Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Italia, Portugal, entre otros, a formar parte de la extensa lista de gobiernos que junto a Venezuela, desean el crecimiento social de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.
Vínculos revolucionarios
En su gira a Moscú, Cabello, comentó que se abre la posibilidad de que para el próximo año (2014) viaje un grupo de parlamentarias y parlamentarios rusos a Venezuela, para tratar temas de interés nacional e internacional.
Aseveró que durante su encuentro con el presidente de la Duma de la Federación de Rusia, Serguéi Narishkin, conversaron acerca de los grupos del Parlatino y Mercosur, que próximamente se instalará para profundizar y desarrollar estrategias en materia socio-económica que beneficien al pueblo, además, de lograr el contacto directo entre esos grupos con la Duma rusa.
En el segundo día de encuentros del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, visitó el taller del escultor ruso, Serguey Kazantsev, quien realizó un busto y un mural del presidente Hugo Chávez, en su honor y por sus años de lucha socialista revolucionaria.
Un nuevo Kaláshnikov con seis cañones giratorios saldrá al mercado en 2015
Publicado: 4 oct 2013 | 12:52 GMT
Última actualización: 4 oct 2013 | 13:00 GMT RT
El consorcio de armamentos Kaláshnikov está diseñando una ametralladora portátil de seis cañones. Prevén presentar la potente arma al público en el año 2015.
La ametralladora, agregó el jefe de ingenieros del consorcio, se crea "a efecto de cumplir con unas misiones especiales, cuando es necesario no tanto impactar en el objetivo, como asegurar que se suprima con su fuego un área de destino para impedir que respondan con fuego desde allí".
Por el momento el arma solo existe en bocetos y un prototipo. Los diseñadores no han decidido qué tipo de mecanismo emplearán para alimentar y cargar los cañones con los cartuchos. El jefe del grupo de ingenieros admitió que el patrón disponible de la metralleta es demasiado pesado como para portarlo a mano.
"Lo que ha sido determinado son los seis cañones giratorios, como los que tiene el cañón. Con base en esta construcción es posible crear otra, más ligera", precisó Shirobókov.
La fundación del consorcio Kaláshnikov se debe a una iniciativa del viceprimer ministro ruso Dmitri Rogizin, y fue registrado oficialmente hace un mes. El legendario diseñador de los fusiles de asalto AK-47, AK-74 y AK-12, teniente general Mijaíl Kaláshnikov, había autorizado que la empresa llevara su nombre de forma gratuita.
Washington Post reconoce que los Cinco combatían el terrorismo
5 octubre 2013
Cubadebate
La imagen que publica The Washington Post. Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty ImagesKimber es el autor Lo que hay del otro lado del mar- La verdadera historia de los Cinco Cubanos, resultado de un extenso trabajo de investigación que incluyó la revisión por parte del autor de más de 20 mil páginas de registros judiciales del caso más largo en la historia de Estados Unidos.
“Los Cinco Cubanos estaban combatiendo el terrorismo. ¿Por qué los encarcelamos?”
Por Stephen Kimber*4 de octubre de 2013
The Washington Post/ Opinión
Considere por un momento lo que sucedería si agentes de la inteligencia norteamericana en el terreno, en un país extranjero, descubrieran un grave complot terrorista, con tiempo suficiente para prevenirlo. Luego considere cómo los norteamericanos reaccionarían si las autoridades de ese país, en vez de cooperar con nosotros, arrestaran y encarcelaran a los agentes estadounidenses por operar en su tierra.
Esos agentes serian héroes norteamericanos hoy. El gobierno de EE.UU movería cielo y tierra para traerlos de regreso.
Este tipo de escenario ha tenido lugar en la vida real y del hecho se cumplieron 15 años el mes pasado, solo que los norteamericanos juegan en el rol del gobierno extranjero y Cuba –sí, la Cuba de Fidel Castro- juega el papel de los agraviados EE.UU.
A principios de los años 90, cuando la desaparición de la Unión Soviética suponía que el colapso del gobierno comunista de Cuba sería inevitable, grupos militantes del exilio cubano en Miami incrementaron sus esfuerzos para derribar a Castro por cualquier vía posible, incluyendo ataques terroristas. En 1994, por ejemplo, Rodolfo Frómeta, líder de un grupo del exilio, fue capturado en una redada del Buró Federal de Investigaciones (FBI) intentando comprar un misil Stinger, un lanzagranadas y cohetes antitanque que dijo planeaba usar para atacar a Cuba. En 1995, la policía cubana arrestó a dos cubanoamericanos luego de que intentaran poner una bomba en un hotel en Varadero.
Esas acciones claramente violaban las leyes de neutralidad de EE.UU, pero el sistema de Justicia norteamericano mayormente miró hacia el otro lado. Aunque Frómeta fue acusado, juzgado y sentenciado a casi cuatro años en la cárcel, las agencias de seguridad raramente investigaron acusaciones que involucraban a militantes exiliados, y si lo hicieron, los fiscales pocas veces aplicaron sanciones. Muy a menudo, políticos de la Florida sirvieron como defensores a elementos de línea dura del exilio.
Pero los cubanos tenían sus propios agentes en la Florida. Una red de inteligencia conocida como La Red Avispa fue despachada a principios de los ´90 para infiltrarse en los grupos del exilio. Tuvieron algunos éxitos. Los agentes frustraron en 1994 un plan para poner bombas en el icónico club nocturno Tropicana, un conocido sitio turístico en La Habana. También interrumpieron un plan para enviar una lancha con explosivos desde Miami River a la República Dominicana para iban a emplearse en un intento de asesinato contra Castro.
En la primavera de 1998, agentes cubanos develaron un complot para explotar un avión con turistas de Europa o América Latina (el complot tuvo resonancia: antes de 2001, el acto de terrorismo aéreo más letal en Latinoamérica había sido la explosión en pleno vuelo del vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976, que ocasionó la muerte de los 73 pasajeros a bordo y los miembros de la tripulación).
Castro envió a su amigo, el ganador del Premio Nobel y novelista Gabriel García Márquez, con un mensaje secreto sobre un complot contra el presidente Bill Clinton. La Casa Blanca tomó la amenaza lo suficientemente en serio como para que la Administración de la Aviación Federal advirtiera a las aerolíneas.
En junio de ese año, agentes del FBI volaron a La Habana para reunirse con sus contrapartes cubanas. Durante tres días en un lugar seguro, los cubanos proveyeron al FBI de evidencia que sus agentes habían reunido de varios complots, incluyendo el ataque planeado al avión y una campaña para poner bombas en hoteles de La Habana que tenía lugar en ese momento y que había causado la muerte de un empresario ítalo-canadiense.
Pero el FBI nunca arrestó a nadie en conexión con el complot del avión o los ataques a hoteles –incluso luego de que el militante exiliado Luis Posada Carriles se jactara al diario The New York Times, en julio de 1998, del papel que jugó en relación con las bombas puestas en La Habana. Al contrario, el 12 de septiembre de 1998, un equipo SWAT del FBI fuertemente armado arrestó a los miembros de la red de inteligencia cubana en Miami.
Los cinco agentes fueron juzgados en aquella ciudad hostil a todo lo cubano, condenados con cargos de “conspiración para cometer” todo desde espionaje hasta asesinato y sentenciados a condenas imposiblemente largas, incluyendo dos cadenas perpetuas más quince años.
Quince años más tarde, cuatro cubanos todavía languidecen en prisiones norteamericanas.
Ahora ustedes comienzan a entender por qué los Cinco Cubanos – como son conocidos- son héroes nacionales en su país, por qué retratos de ellos más jóvenes permanecen en carteles a lo largo del país, por qué cada estudiante cubano los conoce por sus nombres: Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio.
La vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ha declarado que los Cinco Cubanos “fueron condenados en cortes estadounidenses por cometer crímenes contra los Estados Unidos, incluyendo espionaje y traición”.
Es cierto que tres de los cinco hombres – Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González- sí tuvieron, en parte, misiones militares que iban más allá de la simple infiltración y el reporte de las actividades de los grupos exiliados de Miami. Pero su propósito no era robar los secretos militares de EE.UU o comprometer la seguridad de ese país.
Durante los años ´90, las autoridades cubanas creyeron que su país podría ser el próximo del Caribe en sufrir una invasión militar norteamericana. No era una exageración cuando se considera a Granada (1983), Panamá (1989) y Haití (1994). Luego, también estaba la creciente influencia de activos grupos de presión anti-Castro como la Fundación Nacional Cubano Americana, que estaba presionando a Washington para derribar a Castro y a su hermano.
Basados en sus evaluaciones de esas invasiones previas, la inteligencia cubana había desarrollado una lista de comprobación de señales de que una invasión podría ser inminente: una afluencia repentina de aviación de combate y reconocimiento a una base militar en el sur, por ejemplo, o visitas inesperadas o sin explicación de altos mandos militares a las instalaciones de la sede del Comando Meridional de EE.UU en Miami.
Agentes como Antonio Guerrero –quien trabajó como conserje en la Estación Aeronaval de Boca Chica en Cayo Hueso desde 1993 hasta su arresto en 1998 y está cumpliendo 22 años en prisión- fueron los equivalentes de los satélites espía estadounidenses, contando los aviones en las pistas y reportando a La Habana.
Por supuesto, las autoridades cubanas estaban ansiosas por conocer todo lo que sus agentes pudieran averiguar y La Habana ocasionalmente presionó a Guerrero al máximo; él respondió enviando recortes de periódicos de la base. No es de extrañar. Guerrero hablaba poco inglés y no tenía acceso de seguridad; los secretos militares estaban bien por encima de su nivel. Y los secretos militares de EE.UU nunca fueron prioridad real de Cuba –solo quería saber si los yanquis iban a invadirla.
Siete meses después de que el FBI acusara a los Cinco con cargos relativamente insignificantes –no declararse agentes extranjeros, uso de identidades falsas y más seriamente pero menos específico, conspiración para cometer espionaje- los fiscales impusieron un cargo que movilizaría a la comunidad cubana en el exilio.
Acusaron a Gerardo Hernández, el líder de la red, de conspiración para cometer asesinato en conexión con el derribo tres años antes de dos avionetas de Hermanos al Rescate.
Hermanos al Rescate, un grupo anticastrista que había rescatado balseros en el Estrecho de la Florida pero que había perdido su razón de ser tras un acuerdo migratorio de 1994 entre Washington y La Habana, había estado violando el espacio aéreo cubano durante más de un año, arrojando ocasionalmente panfletos contra el gobierno en La Habana. El gobierno estadounidense hizo lo que pudo para prevenir posteriores incursiones, pero las ruedas de la burocracia en la Administración de la Aviación Federal se movieron lentamente.
En los primeros meses de 1996, los cubanos enviaron mensajes a Washington a través de varios intermediarios, advirtiendo que si EE.UU no detenía otros vuelos de los Hermanos, ellos lo harían.
Washington no lo hizo.
Pero los cubanos sí. En la tarde del 24 de febrero de 1996, aviones caza cubanos derribaron dos avionetas pequeñas no armadas de Hermanos al Rescate, ocasionando la muerte de los cuatro hombres que iban a bordo.
Cuba reclama que las avionetas estaban dentro de su territorio. El gobierno estadounidense reclama – y la Organización de la Aviación Civil Internacional coincidió- que estaban en espacio aéreo internacional cuando fueron atacadas.
¿Pero sabía Hernández realmente con anterioridad que el gobierno de Cuba planeaba derribar las avionetas? ¿Estaba él implicado en la planificación?
Mi respuesta es que no. Durante mi investigación para el libro sobre los Cinco Cubanos, revisé las más de 20 000 páginas de la transcripción del juicio y revisé miles de comunicaciones decodificadas entre La Habana y sus agentes. No encontré evidencia de que Hernández tuviera conocimiento o influencia en los eventos de ese día.
Por el contrario, la evidencia ofrece la imagen de una burocracia de la inteligencia cubana obsesionada con la compartimentación y control de la información. Hernández, un oficial de inteligencia ilegal de nivel de campo, no tenía necesidad de conocer lo que planeaban las fuerzas cubanas. Los mensajes e instrucciones desde La Habana eran ambiguos, la evidencia no era contundente, particularmente para un cargo de conspiración para cometer asesinato.
En un mensaje, por ejemplo, los jefes de Hernández se refieren a un plan para “perfeccionar la confrontación” con Hermanos al Rescate, lo cual los fiscales insistieron que significaba derribar las avionetas.
Pero como la jueza Phyllis A. Kravitch señaló – en su desacuerdo con una decisión de la Corte de Apelaciones de EE.UU por 11no Circuito sobre el cargo de asesinato contra Hernández- “Existen muchas vías en las que un país podría confrontar aviación extranjera. Aterrizajes forzados, disparos de advertencia y viajes con escolta fuera del espacio aéreo territorial de un país están entre ellos – como también están los derribos”. La jueza dijo que los fiscales “no presentaron evidencia” que vinculara a Hernández con el derribo. “No puedo decir que un jurado razonable – dada toda la evidencia- podría concluir más allá de la duda razonable, de que Hernández accediera a un derribo,” escribió Kravitch.
Un “jurado razonable.” Ahí está el problema.
A fines de los `90, los jurados de Miami se habían vuelto tan notorios en casos que involucraban a exiliados cubanos que los fiscales federales en un caso diferente se opusieron a una moción de la defensa para un cambio de sede de Puerto Rico a Miami para algunos exiliados cubanos acusados participar en un complot para asesinar a Castro.
Miami “es una sede muy difícil para asegurar una condena para los llamados luchadores por la libertad”, explicó el abogado Kendall Coffey al diario The Miami Herald en ese momento. “Tuve algunas condenas, pero algunas absoluciones que desafiaban toda lógica”.
Los militantes anticubanos, de hecho, eran considerados héroes. En 2008, más de 500 agitadores del exilio en Miami se reunieron en honor a la contribución de Posada a la causa – como se conoce en la comunidad el esfuerzo por sacar a Castro del gobierno – en la cena de gala.
¿Sus contribuciones? Además de los ataques a hoteles de La Habana (“Duermo como un bebé”, dijo al diario The New York Times, comentando sobre el turista que murió), Posada es el presunto autor intelectual del bombardeo del vuelo 455 de Cubana. Cuba y Venezuela han pedido su extradición. Estados Unidos se ha negado a la misma.
En el 2000, Posada fue arrestado en Panamá en conexión con un complot para asesinar a Castro; fue condenado y estuvo cuatro años en la cárcel antes de recibir un perdón aún controversial. Ese perdón fue revocado en 2008.
Lo más cerca que el gobierno de EE.UU ha estado de procesar a Posada fue en 2009, cuando la administración de Obama lo acusó – no por su papel en las bombas puestas en La Habana sino por mentir en un formulario de inmigración. Fue absuelto.
Hoy, Posada, de 85 años, camina por las calles de Miami, una contradicción viviente de la guerra norteamericana contra el terrorismo. ¿Cómo ajustar su libertad con la declaración del presidente George W. Bush tras el 11 de Septiembre de que “cualquier nación que continúe albergando o apoyando el terrorismo será considerada como un gobierno hostil por los EE.UU?” ¿Cómo ajustar la libertad de Posada con el sostenido encarcelamiento de los Cinco Cubanos, cuyo principal objetivo era prevenir ataques terroristas?
Es una contradicción que los norteamericanos deberían considerar.
* Stephen Kimber imparte clases de Periodismo en la Universidad de King’s College en Halifax, Canadá, y es el autor del libro Lo que hay del otro lado del Mar- La Verdadera Historia de los Cinco Cubanos.
Traducción: Danay Portal Vigoa/ Cubadebate
México: Actividades en honor al Che
Se les convoca a participar en las siguientes actividades en el marco del Aniversario luctuoso del Comandante Ernesto Che Guevara:* Martes 8 de Octubre. 10:30 horas
Colocación de Ofrenda en el Busto del Che
Parque San Carlos (Mariscal y Ramos Arizpe, Col. Tabacalera. México, D.F.)
* Martes 8 de Octubre
Plática sobre el Che con Alberto Hijar
Casa Hankili África (República de Cuba # 41, Col. Centro Histórico. México, D.F.)
Habá lectura de Poemas y Trova dedicados al Che.
-- Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
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Quarta, 02 de Outubro de 2013 FAÇA DO OPERA MUNDI A SUA HOME PAGE
El nuevo modelo cubano sigue siendo socialista
La actualización del modelo
económico cubano suscita críticas y controversias. Para unos, Cuba
abandonaría la vía del socialismo. En realidad, lejos de renunciar a su
modelo de sociedad, la Isla preserva sus conquistas y perfecciona su
funcionamiento.
Unos estiman que se trata de un regreso al capitalismo, a causa de la introducción de algunos mecanismos de mercado en la economía nacional. En realidad, el objetivo de los cubanos es perfeccionar su sistema para preservar las conquistas sociales, únicas en América Latina y el Tercer Mundo. Para ello, deben superar dos retos mayores: unos recursos naturales muy limitados y las sanciones que impone Estados Unidos desde 1960, que constituyen el principal obstáculo al desarrollo nacional. A ello conviene agregar las fallas propias del sistema, como la burocracia o la corrupción. El Presidente Raúl Castro fue claro al respecto: “La batalla económica constituye hoy, más que nunca, la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella dependen la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social”.
El nuevo modelo económico introduce mecanismos de mercado pero sigue basado en la “planificación socialista” a todos los niveles, y “la empresa estatal socialista es la forma principal en la economía nacional”. No obstante, el país se abre a las inversiones extranjeras –para atraer los capitales indispensables para el desarrollo de la nación–, mediante empresas mixtas, en las cuales el Estado cubano siempre dispone de una mayoría de al menos un 51%. Este modelo de gestión económica actualizado promueve también las cooperativas, las pequeñas propiedades agrícolas, los usufructuarios y los trabajadores independientes en todos los sectores productivos, con el fin de reducir el papel del Estado en los campos no estratégicos.
El objetivo de estas reformas es conseguir una mejor eficiencia en la gestión de las actividades económicas, con un sistema de autonomía y descentralización que responsabiliza directamente a los dirigentes de las empresas de los resultados. Los lazos entre estructuras económicas se rigen ahora exclusivamente por contratos.
Las empresas estatales o las cooperativas estructuralmente deficitarias y no viables serán liquidadas o podrán ser transformadas y adoptar una forma jurídica no estatal. Del mismo modo, el Estado no subvencionará las pérdidas. En cambio, las empresas beneficiarias podrán invertir las ganancias para desarrollarse, aumentar los salarios de los trabajadores en los límites que establece la legislación, o contratar a nuevos trabajadores. Disponen así de una libertad total en lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos.
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Agência Efe
A nivel agrícola, la prioridad nacional es la producción de alimentos para reducir la dependencia del exterior en un país que importa más del 80% de su consumo. Se entrega la tierra en usufructo a los campesinos que se convierten en productores independientes, remunerados por su propio trabajo, pero sigue siendo propiedad del Estado.
La nueva política monetaria permite otorgar créditos a las empresas y a los ciudadanos con el objetivo de favorecer la producción de bienes y servicios para la población. Uno de los grandes desafíos de la sociedad es la unificación monetaria. En efecto, la dualidad monetaria vigente en Cuba es fuente de serias desigualdades. Para ello, se deben realizar importantes esfuerzos en términos de productividad y de redistribución de la riqueza de acuerdo con la ley de redistribución socialista “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su trabajo”.
La política salarial se sigue basando en el principio socialista “a cada cual según su trabajo”, con el objetivo de satisfacer “las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias”. Los salarios se incrementarán de modo gradual, en función de los resultados de producción. Para evitar el desarrollo de las desigualdades, la legislación prevé un salario mínimo y un salario máximo. Se favorece el sector no estatal como alternativa adicional para el empleo.
La elaboración de una imposición tributaria en Cuba tiene como meta permitir al Estado disponer de los recursos necesarios para cumplir su papel social con la población. Gracias al impuesto progresivo, las categorías más acomodadas contribuyen más al esfuerzo nacional, según el principio de solidaridad socialista entre todos los ciudadanos. La cohesión social sigue siendo el objetivo prioritario. Así, para evitar todo crecimiento de las desigualdades en la sociedad, la concentración de propiedad está prohibida para las personas jurídicas o naturales, siendo una prerrogativa exclusiva del Estado. Por otra parte, la política de precios sigue siendo centralizada, particularmente en los productos de interés general desde un punto de vista económico y social.
A nivel de la política social, base del socialismo, el objetivo prioritario no sólo es “continuar preservando las conquistas de la Revolución, tales como el acceso a la atención médica, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la tranquilidad ciudadana, la seguridad social y la protección mediante la asistencia social a las personas que lo necesiten”, sino también “dar continuidad al perfeccionamiento de la educación, la salud, la cultura y el deporte”. El Estado garantizará “la protección de la asistencia social [a] las personas que realmente la necesitan”.
El Estado no abandona la cultura. La política cultural se basa en la defensa de la identidad, la conservación del patrimonio cultural, la creación artística y literaria y la capacidad para apreciar el arte, mediante las formaciones necesarias. El Estado seguirá su misión de “promover la lectura, enriquecer la vida cultural de la población y potenciar el trabajo comunitario como vías para satisfacer las necesidades espirituales y fortalecer los valores sociales”.
Así, el nuevo modelo económico cubano, basado en la planificación, una política de precios centralizada, la prohibición de concentración de riqueza, un salario mínimo y un salario máximo y la protección de todas las categorías de la población, particularmente de las más vulnerables (no hubo despidos masivos), es indudablemente socialista. Pero se adapta a su época basándose en la filosofía de José Martí, héroe nacional cubano, según el cual “el primer deber del hombre es ser un hombre de su tiempo”. Tiene como objetivo alcanzar una mayor eficiencia económica, luchar contra la burocracia y la corrupción –principales obstáculos internos al desarrollo del país –, preservar las conquistas sociales de la Revolución Cubana, reforzar la República Social y mejorar el bienestar material y espiritual de TODOS los cubanos.
*Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.
General sudafricano rinde tributo a héroes cubanos Lorena Sánchez García
El General Solly Sacharia Shoke, Jefe de la Fuerza de Defensa Nacional de la República de Sudáfrica, quien se encuentra de visita oficial en nuestro país hasta este viernes, colocó en la mañana de ayer una ofrenda floral en el Mausoleo El Cacahual, donde reposan los restos del Lugarteniente General Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro.
El
General Solly Sacharia Shoke, Jefe de la Fuerza de Defensa Nacional
de la República de Sudáfrica coloca una ofrenda floral a héroes
cubanos. La ceremonia contó con la presencia del Héroe de la República de Cuba, Miembro del Buró Político, General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, Viceministro Primero y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quien explicó a los presentes la importancia del lugar y del conocimiento de la historia.
Por su parte, el general sudafricano declaró a la prensa su satisfacción por visitar Cuba y rendirle tributo a sus héroes. Comentó, además, que el pueblo cubano ha tenido un importante papel en las luchas africanas y gracias a su sacrificio Sudáfrica es hoy una nación completamente diferente.
Durante su estancia en la Isla, el General Sacharia junto a la delegación que lo acompaña, recorrerá algunas unidades militares y lugares de interés económico, histórico y cultural.
De: CARLOS H REYES
Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) e integrante de la Coordinación de Frente Nacional de Resistencia Popular.
A OIDOS DE LA DELEGACIÓN SUIZA
DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE VISITA HONDURAS
- Centro América se independizo de España en 1821, de ahí surgieron las Provincias Unidas de Centro América. Pero en 1836 las desintegro el imperio inglés, el español y el gringo, este último para estrenar su “Doctrina Moroe” de “América para los Americanos”. Desde ahí hemos sido cinco países anarquizados y empobrecidos, con inestabilidad institucional y golpes de Estado. Pero después de una sangrienta dictadura de 16 años (1932-1949), sorprendió al imperio el estallido de una insurrección obrera-popular contra sus compañías bananeras: la GRAN HUELGA DE MAYO DE 1954. Por eso en mayo de 1954 en plena huelga, hicieron que Honduras firmara el Convenio Bilateral de Ayuda Militar con Estados Unidos, quien proporcionaba “ayuda militar a las naciones que se unieran a ese Gobierno en acuerdos de seguridad colectiva”.
- A partir de ese Convenio hemos sido el POLICIA de Estados Unidos EN EL AREA, por eso: a) en 1954 derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz Guzman de Guatemala, con un ejército entrenado en Honduras y financiado por los Estados Unidos; b) en la década de los años ochenta, nos usaron como base para la “guerra de baja intensidad” contra los Sandinista, el Frente Farabundo Martí, los Frentes Insurreccionales en Guatemala y para desaparecer y asesinar hondureños; y, c) utilizan las fuerzas Armadas “de Honduras” como ejército de ocupación, para atentar contra la vida, los derechos humanos y dar golpes de Estado.
- El último golpe de Estado de 2009 sigue vigente: se atenta impunemente contra nuestra soberanía, la vida y los derechos humanos encubriéndolos como acciones del crimen organizado. Se atenta contra los derechos sociales, económicos y políticos del pueblo; y, a ello se suma, la corrupción y el colapso de las finanzas públicas con trágicos efectos sociales. La nuestra ya no es crisis, es tragedia.
- Pero en ese marco negativo para desarrollar nuestras fuerzas productivas y democratizar el país, la concentración y centralización de la riqueza y la explotación del trabajo: de obreros, campesinos, pequeños y medianos propietarios continua, y empobrece a una población desempleada y desnutrida, que emigra, se suma al mercado informal o a las maras y pandillas del crimen organizado, o al narcotráfico. Todo como producto del capitalismo neoliberal.
- Pero como contrapartida al golpe de Estado, continuando con la rebeldía de Lempira, Francisco Morazán y los huelguistas de 1954, surgió el Frente Nacional de Resistencia Popular con LIBRE que tiene en jaque al tradicionalismo político.
- Como no pretenden entregar el poder del Estado, han militarizando la sociedad y anarquizando de nuevo al país, como lo hicieron con Centroamérica en 1836, sus antepasados, para dividirla en cinco países y hoy pretenden dividir a Honduras en “ciudades modelo”. Lo que el imperialismo en el medio oriente hace de una forma, aquí por el momento lo hace de otra.
- Las elecciones son otro paso más para lavar el golpe de Estado. Son otras elecciones “estilo Honduras”: un mercado de compra-venta de votos y cargos, donde ven al pueblo como clientela electoral y no como potencial agente de los cambios radicales que requiere el país. Con el asistencialismo: bonos y otras migajas, los politiqueros compran votos y conciencias. Quieren que la mentira y el terror jueguen a su favor, pero se engañan.
- Son politiqueros tradicionales, no pierden oportunidades. Se suman como “meruseros” o pordioseros a todo proyecto del imperio y las oligarquías. Sus planes son los de las corporaciones, no hablan de desarrollar las fuerzas productivas nacionales ni regionales, como era el plan de Francisco Morazán, sino de enriquecer más al capital extranjero, ocultando que la inversión extranjera a Honduras, la ha hecho más atrasada y dependiente. Pero como la Constitución es “pura babosada”, escribieron en ella que “la inversión extranjera es complementaria y no sustitutiva del capital nacional.
- No hay que descartar que las elecciones de noviembre 2013, las seguirán utilizando para anarquizarnos más. De nuevo, como antes del golpe de 2009, para sus propósitos, tienen control de todos los resortes del poder del Estado. Se profundiza la militarización con paramilitares como los llamados TIGRES y la POLICIA MILITAR. Todo ello prueba que no permitirán les estropeen, sus planes de seguir con el control del Estado y entregando el país al capital extranjero.
- Con esa carga histórica de inestabilidad institucional y anarquía; en ese marco geopolítico que busca desintegrarnos; con un golpe de Estado vigente que pone su sello de terror e incertidumbre a un complejo proceso electoral, de cuyos resultados también podrá surgir un gobierno con serios problemas de gobernabilidad: ya para mantener el estatus quo, o para impulsar los cambios radicales que requiere este momento histórico. En el primer caso, implicara más neoliberalismo, represión, militarismo, corrupción, violación a los derechos humanos e impunidad. El segundo caso solo será posible con mucha inteligencia, valor y el apoyo de un FNRP o un movimiento popular fuerte, con conciencia de pueblo, bien organizado, con capacidad de movilización para salir al frente de las campañas mediáticas de manipulación, de boicot económico y terrorista que impondrá la oligarquía y el imperialismo, dispuesta hasta dar otro golpe de Estado.
- Por eso para construir una muralla que contribuya con el pueblo hondureño a defender la Vida y la Democratización de Honduras, es necesaria y urgente la presencia de misiones profesionales de observación y acompañamiento, antes, durante y después de las elecciones.
Tegucigalpa 5 de octubre 2013
CARLOS
H REYESPresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) e integrante de la Coordinación de Frente Nacional de Resistencia Popular.
Espacio sobre Argentina
coordinado por Abel Bo
jueves, 3 de octubre de 2013
Escracharon a De la Sota por Monsanto
De la Sota llegó a la localidad cordobesa de Oncativo ayer para entregar un subsidio de 1 millón de pesos para iniciar las obras de la ruta que une a este pueblo con Pozo del Molle, en el tramo Oncativo-Colonia Videla. La obra costará 18 millones de pesos.
Cuando se dirigía, al Complejo Cultural de la localidad, De la Sota y el intendente local, Osvaldo Voittero, fueron interceptados por los manifestantes que mostraban carteles con la leyenda "Fuera Monsanto. Malvinas somos todos".
Según Oncativo Noticias, De la Sota, en la conferencia de prensa que brindó en la municipalidad local, volvió a repetir que el kirchnerismo está detrás de la protesta y "dijo no tener ningún interés personal en la instalación de Monsanto y que si se comprobara que contamina, estaría en contra pero que hasta el momento eso no está comprobado porque no se realizan ni agroquímicos ni fertilizantes sino semillas.
Para cerrar el tema, dijo que este conflicto se suma a otros que justamente "aparecen" en la provincia antes de las elecciones: "La protesta tiene un componente político muy fuerte".
Sobre las elecciones de octubre, dijo: "Nosotros nos dedicamos a gobernar; los que no, tienen la liberalidad de macanear un poco", en referencia a las acusaciones y pedidos de investigación recientemente presentados contra funcionarios del delasotismo".
Publicado por Sergio Villone en jueves, octubre 03, 2013
El “círculo rojo” de Monsanto
por Lea Ross (ANRED)
El término “círculo rojo” se expandió a partir de las declaraciones que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (...) Varios periodistas interpretaron que el “círculo rojo” es una conformación reducida de figuras claves dentro del campo económico, político, empresarial, mediático e intelectual, que tienen la finalidad de llevar a Macri como el firme ganador de las próximas elecciones presidenciales (...) Más allá de que sea cierto o no, ésta definición resulta oportuna para definir aquellos que pretenden, desde la oscuridad, amparar ciertos modelos presentes que son bastante cuestionables. Resaltando esto: desde la oscuridad. Pero claro, a veces ocurren ciertos momentos en donde la propia oscuridad se ve obligada a prender la lámpara.
Dentro del bullicio periodístico, el término “círculo rojo” se expandió a partir de las declaraciones que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en una entrevista a Perfil. Allí, mencionó la posible existencia de un grupo reducido de personas que pretenden proteger su figura dentro del panorama político. Debido a la difusa definición que otorgó el intendente de la Capital Federal, varios periodistas interpretaron que el “círculo rojo” es una conformación reducida de figuras claves dentro del campo económico, político, empresarial, mediático e intelectual, que tienen la finalidad de llevar al ex presidente de Boca Juniors como el firme ganador de las próximas elecciones presidenciales.
Más allá de que sea cierto o no, ésta definición resulta oportuna para definir aquellos que pretenden, desde la oscuridad, amparar ciertos modelos presentes que son bastante cuestionables. Resaltando esto: desde la oscuridad. Pero claro, a veces ocurren ciertos momentos en donde la propia oscuridad se ve obligada a prender la lámpara.
La represión del lunes pasado, ocurrida frente al predio de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, puso a la luz todo aquello que permanecía oculto. Mientras las cámaras registraban los momentos en donde la policía cordobesa reprimía a los manifestantes, la olla comenzaba a hervir.
Finalmente, con el desalojo frustrado y la multinacional anunciando un cese en la construcción hasta el viernes, la olla comenzó a silbar.
Y la olla se destapó.
Todos los conglomerados que conforman lo que sería el establishment empresarial de la provincia de Córdoba se expusieron a dar su postura. Curiosa decisión, ya que la clave de mantenerse en el poder es la oscuridad. Pero nadie preveía que un simple acampe convertiría todo en una situación incontrolable.
Es así que la organización empresarial denominada G-6, redactó un comunicado ofreciendo su apoyo a Monsanto. A pesar de la repercusión que hubo en los medios de comunicación masivos sobre semejante declaración, hay que decir que ECOS Córdoba ya había revelado el apoyo secreto que tiene la multinacional con los principales referentes del poder económico cordobés.
A mediados de éste año, el jefe de asuntos gubernamentales de Monsanto, Francisco Do Pico, reveló a éste portal quiénes eran los que ofrecieron su incondicional aporte solidario con el fin de instalarse en Malvinas Argentinas: “No te van a decir que apoyan a Monsanto, pero toda la industria de empresas de semilleras o biotecnologías se vienen desarrollando, desde hace un tiempo, con las universidades locales y también con las cámaras. Nos hicimos socios recientemente con la Unión Industrial de Córdoba y la Fundación Mediterránea. También hemos tenido reuniones con el Grupo de los Seis. Las seis cámaras empresariales de Córdoba, Bolsa de Comercio, Unión Industrial, Cámara de Comercio, Cámara de Comercio Exterior, Cámara de la Construcción y Fedecom (Federación de Comercio)”.
Tres meses después, el Grupo de Entidades Empresarias Córdoba G-6, publicó un comunicado relacionado con los sucesos ocurridos en la localidad de Malvinas. Allí “expresa su grave preocupación por los hechos de público conocimiento que le impiden a la empresa Monsanto continuar con su plan de obra que fuera debidamente aprobado por las autoridades competentes”.
“El G6 –continúa el comunicado- insta a las autoridades nacionales y provinciales efectúen todas las gestiones posibles y adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad de trabajo dentro del marco de la Ley, dándole pronta resolución a esta situación que va en detrimento del derecho a trabajar y del desarrollo productivo y social de una región”.
Quienes lideran, con nombre y apellido, esta entidad conocida como el G-6 son los siguientes personajes:
Horacio Parga, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Además es el director del Grupo Edisur, empresa desarrollista cuestionada por los acuerdos internos con el ex intendente Daniel Giacomino, durante su gestión como gobierno. Bajo el mega-plan “Concertación Pública-Privada”, tuvo su primer paso con el proyecto Manantiales, en donde a partir de un aporte de la compañía de 10 millones de pesos a la municipalidad, según constató Comercio y Justicia, Edisur se encargaría de lotear 160 hectáreas de countries en el suroeste de la ciudad para convertirlos en barrios abiertos. En este momento, el proyecto se está concretando a la mitad.
Sin embargo, el mega-plan de la “Concertación” en su conjunto quedó frenado por denuncias de corrupción.
Parga, además, es el vicepresidente de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), quien apoyó públicamente el plan actual del jefe municipal Ramón Mestre del llamado “Convenios Urbanísticos”. En ellas, se permitiría que las empresas desarrollistas puedan trabajar, sin interrupción de lo que dictan algunos reglamentos municipales en el tema del manejo del suelo. Tanto la concertación giacominista como los convenios mestristas son cuestionados por otorgar un cierto libertinaje a los especuladores, sin intervención estatal y sin tener presente la inclusión social.
Además, durante la última dictadura cívico-militar, Parga fue director de Adisa, Norte Argentino S.A. y agente de la Bolsa de Mercado de Valores de Buenos Aires.
Horacio Busso, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. Es primo hermano del delasotista Sergio Busso, presidente titular del PJ cordobés. A fines del año pasado, la cámara encabezada por Horacio logró impedir la instalación de la feria de ropa El Progreso, que consistía en la venta de productos textiles y de vestimenta a precios accesibles para el público popular. En aquel entonces, Horacio había declarado que el evento, que se iba a instalar en Forja, “afecta la producción, afecta la industria, y afecta a la ciudadanía en general. Estamos hablando de mercadería de procedencia dudosa, y eso es complicado”.
El freno se logró mediante la sanción de la ley 10.076 que declara a la provincia “en situación de riesgo al sistema comercial” en un plazo de 180 días, realizada en agosto del año pasado. En ese plazo, que se supone que ya terminó, se ilegalizó la instalación de ferias o cualquier evento comercial de semejantes características como las de El Progreso. El Progreso iba a generar 2.000 puestos de trabajo, diez veces más que las que hay en la planta de Monsanto.
Además, Busso es el director de COTRECO, la empresa contratada por el intendente Mestre para la recolección de residuos en la zona sur de la ciudad capital. Con entrada a la ciudad sin licitación, y trabajando como tercerizada de la empresa Crese, sacando provecho de las oficinas y vehículos pertenecientes a la empresa estatal ya extinta, el negocio de la basura se volvió redondo para Horacio Busso.
Norberto Delfino, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) y presidente del Servelec S.R.L., una empresa encargada de proveer elementos de alimentación eléctrica para venderlas a corporaciones nacionales o internacionales.
Mario Buttigliengo, presidente de la Cámara de Construcción de Córdoba, y presidente de la constructora Boetto y Buttigliengo. La compañía realizó varios trabajos de pavimentación durante la gestión de Juan Schiaretti como gobernador. También, de la construcción de viviendas en la ciudad de San Francisco, liderada por el ex competidor y ahora aliado de Schiaretti, Martín Llaryora.
La empresa es contratada no sólo por la Provincia, y por una docena de municipios y bancos, sino también por empresas como Petrobras, Minetti, Roggio, EPEC, YPF, Reagan, entre otros.
Rubén Matos, presidente de la Federación Comercial Córdoba. En mayo pasado, dejó explicito su apoyo al Plan Primer Paso, impulsada por el delasotismo. Asegura que muchos de los que recibieron el plan “han encontrado su primera oportunidad en la actividad comercial, donde incluso algunos continúan desempeñándose”.
Y finalmente, Ércole Felippa de la Unión Industrial de Córdoba. También es el dueño de la empresa de lácteos Manfrey.
Pero aquí no termina.
También se encuentran las empresas que integran y participan de todas éstas entidades.
En materia de construcción desarrollistas, podemos encontrar a un puñado de empresas que crecen exponencialmente. Además de la mencionada Edisur, también se encuentran: Grupo Dinosaurio, de Euclides Bugliotti, acusada de atemorizar a los vecinos de Villa la Maternidad para despojarlos de sus tierras y apropiarse de las mismas, en colaboración con el gobernador De la Sota; Euro Mayor, desarrollista que destruyó, el 15 de agosto de 2010, la emblemática Chimenea de la Cervecería Córdoba para desarrollar sus departamentos. Para lograrlo, tuvo que reprimir a los vecinos que se manifestaron allí; GNI, sospechada de amenazar a los vecinos de Barrio El Bordó, debido a que la villa está pegada al emprendimiento de Alto Panorama, quien además su titular, Roque Lenti, le anunció a La Voz del interior la “reubicación de viviendas” en la edición del 10 de octubre del año pasado; GAMA, sospechada junto con GNI de querer desalojar a los vecinos del Bordo y cuyo titular, Jorge Petrone, está en pleno juicio, acusado de usurpación y falsedad ideológica en el mega-juicio por las irregularidades en el Registro de Propiedad.
Mientras que en materia de industrias, los nombres se acrecientan. Entre ellos se pueden mencionar: Aceitera General Deheza, en estos momentos investigada de ser la responsable económica de las explosiones de la Universidad de Río Cuarto, ocurrida en el año 2007; Arcor, cuyo poder oligopólico en el mercado alimenticio es sindicada como uno de los responsables de la inflación; Cablevisión, sistema oligopólica de televisión por cable del Grupo Clarín, acusada por desobediencia a la Defensoría del Pueblo Bonaerense, como así también de restringir la entrada de otras señales por razones políticas; como así también, multinacionales del negocio automotriz como Fiat y Volkswagen.
Tal como lo había señalado Francisco Do Pico a ECOS, Monsanto además se hizo socia de la Fundación Mediterránea. De hecho, las mismas empresas que aparecen en la Unión industrial Córdoba, también aparecen en dicha fundación.
La fundación fue creada en 1977, bajo la guía teórica de Domingo Felipe Cavallo, luego de realizar sus estudios en Harvard. Allí, durante una ceremonia del 06 de julio, los presentes se prepararon para escuchar las palabras de Piero Astori, de construcciones Astori, para realizar la lectura del comunicado inaugural, frente a los presentes: “Señores, el 06 de Julio de este año, 404 aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad de Córdoba, un grupo de empresarios de la Provincia ha constituido la Fundación Mediterránea. (…) Hemos vivido años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el Proceso de Reorganización Nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra contestación afirmativa a la convocatoria”.
Y los aplausos no cesaron.
Con sus recomendadas medidas basadas en la absoluta libertad de mercado, la Fundación Mediterránea ha continuado durante el menemismo y continúa hasta hoy. Con sus infaltables referente: Luis Pagani (Arcor), Martín Amengual (Regam), María Pía Astori, Sergio Roggio, y otros tantos.
El hecho de que varias empresas hayan dejado explícita su apoyo a la última dictadura militar, y con ello conseguir el amparo suficiente como para permanecer en el poder económico, y continuado durante el proceso de las privatizaciones, y que hasta el día de hoy no hayan ofrecido un arrepentimiento alguno, deja a las claras la presencia de dobles discursos.
Y más aún cuando el G-6 asegura buscar la “finalidad de alcanzar acuerdos que se conviertan en planes estratégicos de desarrollo para todas las fuerzas políticas, aun respetando las diferencias políticas, ideológicas, técnicas de cada uno de los diferentes partidos y sus programas de gobierno, estableciendo de esta manera un clima de respeto, tolerancia y comprensión cívica entre todos los involucrados en el compromiso conjunto”.
En definitiva, los nombres se repiten. Se repiten sin parar. Todos bajo el apoyo explícito de que Monsanto se instale en Malvinas.
Ya no son solo los principales referentes del poder político que encarnarían Daniel Arzani, intendente de Malvinas Argentinas; José Manuel De la Sota, gobernador de Córdoba; Cristina Fernández, presidenta de la Nación; y ahora también Ramón Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba, que dejó explícito su rechazo al acampe por Cadena 3. Es también todo un círculo que se mantiene observando todo lo que ocurra dentro de la problemática non santa en Córdoba.
Sin embargo, la olla se destapó.
Por algo será.
Publicado por ARGENPRESS
El término “círculo rojo” se expandió a partir de las declaraciones que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (...) Varios periodistas interpretaron que el “círculo rojo” es una conformación reducida de figuras claves dentro del campo económico, político, empresarial, mediático e intelectual, que tienen la finalidad de llevar a Macri como el firme ganador de las próximas elecciones presidenciales (...) Más allá de que sea cierto o no, ésta definición resulta oportuna para definir aquellos que pretenden, desde la oscuridad, amparar ciertos modelos presentes que son bastante cuestionables. Resaltando esto: desde la oscuridad. Pero claro, a veces ocurren ciertos momentos en donde la propia oscuridad se ve obligada a prender la lámpara.
Dentro del bullicio periodístico, el término “círculo rojo” se expandió a partir de las declaraciones que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en una entrevista a Perfil. Allí, mencionó la posible existencia de un grupo reducido de personas que pretenden proteger su figura dentro del panorama político. Debido a la difusa definición que otorgó el intendente de la Capital Federal, varios periodistas interpretaron que el “círculo rojo” es una conformación reducida de figuras claves dentro del campo económico, político, empresarial, mediático e intelectual, que tienen la finalidad de llevar al ex presidente de Boca Juniors como el firme ganador de las próximas elecciones presidenciales.
Más allá de que sea cierto o no, ésta definición resulta oportuna para definir aquellos que pretenden, desde la oscuridad, amparar ciertos modelos presentes que son bastante cuestionables. Resaltando esto: desde la oscuridad. Pero claro, a veces ocurren ciertos momentos en donde la propia oscuridad se ve obligada a prender la lámpara.
La represión del lunes pasado, ocurrida frente al predio de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, puso a la luz todo aquello que permanecía oculto. Mientras las cámaras registraban los momentos en donde la policía cordobesa reprimía a los manifestantes, la olla comenzaba a hervir.
Finalmente, con el desalojo frustrado y la multinacional anunciando un cese en la construcción hasta el viernes, la olla comenzó a silbar.
Y la olla se destapó.
Todos los conglomerados que conforman lo que sería el establishment empresarial de la provincia de Córdoba se expusieron a dar su postura. Curiosa decisión, ya que la clave de mantenerse en el poder es la oscuridad. Pero nadie preveía que un simple acampe convertiría todo en una situación incontrolable.
Es así que la organización empresarial denominada G-6, redactó un comunicado ofreciendo su apoyo a Monsanto. A pesar de la repercusión que hubo en los medios de comunicación masivos sobre semejante declaración, hay que decir que ECOS Córdoba ya había revelado el apoyo secreto que tiene la multinacional con los principales referentes del poder económico cordobés.
A mediados de éste año, el jefe de asuntos gubernamentales de Monsanto, Francisco Do Pico, reveló a éste portal quiénes eran los que ofrecieron su incondicional aporte solidario con el fin de instalarse en Malvinas Argentinas: “No te van a decir que apoyan a Monsanto, pero toda la industria de empresas de semilleras o biotecnologías se vienen desarrollando, desde hace un tiempo, con las universidades locales y también con las cámaras. Nos hicimos socios recientemente con la Unión Industrial de Córdoba y la Fundación Mediterránea. También hemos tenido reuniones con el Grupo de los Seis. Las seis cámaras empresariales de Córdoba, Bolsa de Comercio, Unión Industrial, Cámara de Comercio, Cámara de Comercio Exterior, Cámara de la Construcción y Fedecom (Federación de Comercio)”.
Tres meses después, el Grupo de Entidades Empresarias Córdoba G-6, publicó un comunicado relacionado con los sucesos ocurridos en la localidad de Malvinas. Allí “expresa su grave preocupación por los hechos de público conocimiento que le impiden a la empresa Monsanto continuar con su plan de obra que fuera debidamente aprobado por las autoridades competentes”.
“El G6 –continúa el comunicado- insta a las autoridades nacionales y provinciales efectúen todas las gestiones posibles y adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad de trabajo dentro del marco de la Ley, dándole pronta resolución a esta situación que va en detrimento del derecho a trabajar y del desarrollo productivo y social de una región”.
Quienes lideran, con nombre y apellido, esta entidad conocida como el G-6 son los siguientes personajes:
Horacio Parga, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Además es el director del Grupo Edisur, empresa desarrollista cuestionada por los acuerdos internos con el ex intendente Daniel Giacomino, durante su gestión como gobierno. Bajo el mega-plan “Concertación Pública-Privada”, tuvo su primer paso con el proyecto Manantiales, en donde a partir de un aporte de la compañía de 10 millones de pesos a la municipalidad, según constató Comercio y Justicia, Edisur se encargaría de lotear 160 hectáreas de countries en el suroeste de la ciudad para convertirlos en barrios abiertos. En este momento, el proyecto se está concretando a la mitad.
Sin embargo, el mega-plan de la “Concertación” en su conjunto quedó frenado por denuncias de corrupción.
Parga, además, es el vicepresidente de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), quien apoyó públicamente el plan actual del jefe municipal Ramón Mestre del llamado “Convenios Urbanísticos”. En ellas, se permitiría que las empresas desarrollistas puedan trabajar, sin interrupción de lo que dictan algunos reglamentos municipales en el tema del manejo del suelo. Tanto la concertación giacominista como los convenios mestristas son cuestionados por otorgar un cierto libertinaje a los especuladores, sin intervención estatal y sin tener presente la inclusión social.
Además, durante la última dictadura cívico-militar, Parga fue director de Adisa, Norte Argentino S.A. y agente de la Bolsa de Mercado de Valores de Buenos Aires.
Horacio Busso, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. Es primo hermano del delasotista Sergio Busso, presidente titular del PJ cordobés. A fines del año pasado, la cámara encabezada por Horacio logró impedir la instalación de la feria de ropa El Progreso, que consistía en la venta de productos textiles y de vestimenta a precios accesibles para el público popular. En aquel entonces, Horacio había declarado que el evento, que se iba a instalar en Forja, “afecta la producción, afecta la industria, y afecta a la ciudadanía en general. Estamos hablando de mercadería de procedencia dudosa, y eso es complicado”.
El freno se logró mediante la sanción de la ley 10.076 que declara a la provincia “en situación de riesgo al sistema comercial” en un plazo de 180 días, realizada en agosto del año pasado. En ese plazo, que se supone que ya terminó, se ilegalizó la instalación de ferias o cualquier evento comercial de semejantes características como las de El Progreso. El Progreso iba a generar 2.000 puestos de trabajo, diez veces más que las que hay en la planta de Monsanto.
Además, Busso es el director de COTRECO, la empresa contratada por el intendente Mestre para la recolección de residuos en la zona sur de la ciudad capital. Con entrada a la ciudad sin licitación, y trabajando como tercerizada de la empresa Crese, sacando provecho de las oficinas y vehículos pertenecientes a la empresa estatal ya extinta, el negocio de la basura se volvió redondo para Horacio Busso.
Norberto Delfino, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) y presidente del Servelec S.R.L., una empresa encargada de proveer elementos de alimentación eléctrica para venderlas a corporaciones nacionales o internacionales.
Mario Buttigliengo, presidente de la Cámara de Construcción de Córdoba, y presidente de la constructora Boetto y Buttigliengo. La compañía realizó varios trabajos de pavimentación durante la gestión de Juan Schiaretti como gobernador. También, de la construcción de viviendas en la ciudad de San Francisco, liderada por el ex competidor y ahora aliado de Schiaretti, Martín Llaryora.
La empresa es contratada no sólo por la Provincia, y por una docena de municipios y bancos, sino también por empresas como Petrobras, Minetti, Roggio, EPEC, YPF, Reagan, entre otros.
Rubén Matos, presidente de la Federación Comercial Córdoba. En mayo pasado, dejó explicito su apoyo al Plan Primer Paso, impulsada por el delasotismo. Asegura que muchos de los que recibieron el plan “han encontrado su primera oportunidad en la actividad comercial, donde incluso algunos continúan desempeñándose”.
Y finalmente, Ércole Felippa de la Unión Industrial de Córdoba. También es el dueño de la empresa de lácteos Manfrey.
Pero aquí no termina.
También se encuentran las empresas que integran y participan de todas éstas entidades.
En materia de construcción desarrollistas, podemos encontrar a un puñado de empresas que crecen exponencialmente. Además de la mencionada Edisur, también se encuentran: Grupo Dinosaurio, de Euclides Bugliotti, acusada de atemorizar a los vecinos de Villa la Maternidad para despojarlos de sus tierras y apropiarse de las mismas, en colaboración con el gobernador De la Sota; Euro Mayor, desarrollista que destruyó, el 15 de agosto de 2010, la emblemática Chimenea de la Cervecería Córdoba para desarrollar sus departamentos. Para lograrlo, tuvo que reprimir a los vecinos que se manifestaron allí; GNI, sospechada de amenazar a los vecinos de Barrio El Bordó, debido a que la villa está pegada al emprendimiento de Alto Panorama, quien además su titular, Roque Lenti, le anunció a La Voz del interior la “reubicación de viviendas” en la edición del 10 de octubre del año pasado; GAMA, sospechada junto con GNI de querer desalojar a los vecinos del Bordo y cuyo titular, Jorge Petrone, está en pleno juicio, acusado de usurpación y falsedad ideológica en el mega-juicio por las irregularidades en el Registro de Propiedad.
Mientras que en materia de industrias, los nombres se acrecientan. Entre ellos se pueden mencionar: Aceitera General Deheza, en estos momentos investigada de ser la responsable económica de las explosiones de la Universidad de Río Cuarto, ocurrida en el año 2007; Arcor, cuyo poder oligopólico en el mercado alimenticio es sindicada como uno de los responsables de la inflación; Cablevisión, sistema oligopólica de televisión por cable del Grupo Clarín, acusada por desobediencia a la Defensoría del Pueblo Bonaerense, como así también de restringir la entrada de otras señales por razones políticas; como así también, multinacionales del negocio automotriz como Fiat y Volkswagen.
Tal como lo había señalado Francisco Do Pico a ECOS, Monsanto además se hizo socia de la Fundación Mediterránea. De hecho, las mismas empresas que aparecen en la Unión industrial Córdoba, también aparecen en dicha fundación.
La fundación fue creada en 1977, bajo la guía teórica de Domingo Felipe Cavallo, luego de realizar sus estudios en Harvard. Allí, durante una ceremonia del 06 de julio, los presentes se prepararon para escuchar las palabras de Piero Astori, de construcciones Astori, para realizar la lectura del comunicado inaugural, frente a los presentes: “Señores, el 06 de Julio de este año, 404 aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad de Córdoba, un grupo de empresarios de la Provincia ha constituido la Fundación Mediterránea. (…) Hemos vivido años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el Proceso de Reorganización Nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra contestación afirmativa a la convocatoria”.
Y los aplausos no cesaron.
Con sus recomendadas medidas basadas en la absoluta libertad de mercado, la Fundación Mediterránea ha continuado durante el menemismo y continúa hasta hoy. Con sus infaltables referente: Luis Pagani (Arcor), Martín Amengual (Regam), María Pía Astori, Sergio Roggio, y otros tantos.
El hecho de que varias empresas hayan dejado explícita su apoyo a la última dictadura militar, y con ello conseguir el amparo suficiente como para permanecer en el poder económico, y continuado durante el proceso de las privatizaciones, y que hasta el día de hoy no hayan ofrecido un arrepentimiento alguno, deja a las claras la presencia de dobles discursos.
Y más aún cuando el G-6 asegura buscar la “finalidad de alcanzar acuerdos que se conviertan en planes estratégicos de desarrollo para todas las fuerzas políticas, aun respetando las diferencias políticas, ideológicas, técnicas de cada uno de los diferentes partidos y sus programas de gobierno, estableciendo de esta manera un clima de respeto, tolerancia y comprensión cívica entre todos los involucrados en el compromiso conjunto”.
En definitiva, los nombres se repiten. Se repiten sin parar. Todos bajo el apoyo explícito de que Monsanto se instale en Malvinas.
Ya no son solo los principales referentes del poder político que encarnarían Daniel Arzani, intendente de Malvinas Argentinas; José Manuel De la Sota, gobernador de Córdoba; Cristina Fernández, presidenta de la Nación; y ahora también Ramón Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba, que dejó explícito su rechazo al acampe por Cadena 3. Es también todo un círculo que se mantiene observando todo lo que ocurra dentro de la problemática non santa en Córdoba.
Sin embargo, la olla se destapó.
Por algo será.
Publicado por ARGENPRESS
Megacausa Jefatura II - Arsenales II Ampliaron imputaciones contra 18 represores por delitos sexuales
por Casapueblos
Domingo, 06 de Octubre de 2013 10:02
El tribunal decide ampliar imputaciones por delitos sexuales por 18 represores de la dictadura en Tucumán.
Noticia de Casapueblos-AEDD
El Tribunal Oral Federal de Tucumán
hizo lugar al pedido de la Fiscalía y abogados querellantes y se decidió
ampliar imputaciones por delitos sexuales contra 18, en su mayoría ex
policías, de los 41 acusados que tiene el juicio.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán
hizo lugar, ayer, al pedido de la Fiscalía que encabeza Leopoldo Peralta
Palma y los abogados de las querellas, para que se amplíe la imputación
contra varios acusados por crímenes de lesa humanidad, ahora por
delitos sexuales, cometidos durante la dictadura, en los centros
clandestinos de detención de Jefatura de Policía y la Compañía de
Arsenales Miguel de Azcuénaga.
En el caso de delitos sexuales
cometidos contra EC, se hizo lugar la ampliación contra Roberto "el
Tuerto" Albornoz (ex policía de Tucumán, miembro del SIC/D2 y del CCD
Jefatura). Por los abusos contra TG y CM fueron acusados Ernesto Rivero
(Gendarme, CCD Arsenal), Tomás Adolfo Güemes (Gendarme, CCD Arsenal y
5ta Brigada de Infantería) y Fernando Torres (Militar, Oficial del 142),
como partícipes necesarios. Como autor mediato, se imputó a Luis Varela
(Militar, Oficial del 142).
También se amplía la acusación por el
caso de Calabró contra erto Barraza (Gendarme, CCD Arsenal), Hugo Javier
Figueroa (ex Policía, Miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura) y Félix
Insaurralde (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura). Por ese
mismo delito se imputó a Juan Abraham (ex policía, miembro del SIC/D2 y
del CCD Jefatura), Ricardo Sánchez (ex policía, miembro del SIC/D2 y
del CCD Jefatura), Rolando Reyes Quintana (ex policía, miembro del
SIC/D2 y del CCD Jefatura) como partícipes necesarios.
María Rosa Acosta de Barraza (ex
policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Miguel Chuchuy Linares
(ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Guillermo Ugarte
(ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), fueron imputados
como partícipes necesarios del delito de violación. Lo mismo que Luis De
Cándido (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Félix
Insaurralde y Pedro Pasteris (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD
Jefatura).
Tanto Rivero como Torres hicieron uso
de la palabra y afirmaron no conocer a las víctimas de los delitos que
se les imputa. Por su parte el imputado Figueroa, también imputado como
partícipe necesario en el delito de violación sexual, dijo que “inocente
de las aberraciones de las que lo acusan”.
No se hizo lugar, en cambio, al pedido
de ampliación por delitos de robo doblemente agravado, que también
había pedido la Fiscalía.
El tribunal dispuso que las defensas tendrán hasta el 17 de octubre para preparar las pruebas.
El jueves que viene continuará la recepción de testimoniales.
En la causa por los crímenes de
secuestro, tortura, homicidio agravado y desaparición de personas hay 41
imputados, entre los cuales hay ex militares, ex policías, ex
gendarmes, civiles y un sacerdote.
Fuente: Tucuman Hoy
Habeas Corpus de PIT-CNT - Uruguay
por JORGE JULIO LOPEZ
Texto del habeas corpus por Jorge Julio López presentado por el sindicato uruguay PIT-CNT
Señor Embajador de la Republica Argentina
Sr. Dante Dovena.
PRESENTE::
La Comisión de Derechos Humanos del PIT/CNT, con domicilio en la calle Jackson 1283 de la ciudad de Montevideo, se presenta y respetuosamente dice:
Que quiere sumarse a los recursos de habeas corpus que distintas organizaciones sociales hermanas de la República Argentina realizan por desaparición forzada de JORGE JULIO LOPEZ; quien se encuentra desaparecido forzadamente por segunda vez desde el 18 de septiembre del año 2006, hecho que aconteció el mismo día en que debían ser oídos los alegatos que esgrimirían los abogados de su querella, en el marco del histórico juicio llevado a cabo contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Por ello solicitan de vuestra parte, se realicen todas las diligencias necesarias a fin de que se cumplan con el objeto de dichos Habeas Corpus para conocer el paradero de Jorge Julio López a favor del cual se interponen dichas acciones ante laz Justicia de vuestro país.
Para tal fin solicitamos al Sr. Embajador realice las gestiones que correspondan ante las autoridades del Estado Nacional para que se cumplan las diligencias correspondientes que permitan saber donde se encuentra detenido y/o cual fue su destino, miembros de la fuerza de seguridad que lo mantuvo o mantiene en cautiverio.
HECHOS. SEGUNDA DESAPARICIÓN FORZADA
Jorge Julio López desapareció por segunda vez, en la madrugada del día lunes 18 de septiembre del año 2006, en el marco del primer juicio oral que se llevara a cabo en nuestro país por los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la última dictadura militar, con posterioridad a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, donde además dicha causa judicial sentó precedente dentro del derecho Argentino, tras utilizarse por primera vez la figura de genocidio, y en consecuencia la primer condena judicial por ese delito en nuestro país. Cuando la Causa seguida contra el represor Etchecolatz llegó a juicio oral, López participó como querellante en la misma y volvió a dar testimonio de las detenciones y ejecuciones vivenciadas en el “pozo de Arana” y demás Centros Clandestinos de Detención por los que transitó. López gozaba de una excelente salud mental y no estaba bajo ningún tratamiento médico. Su desaparición fue perpetrada el mismo día en que debían exponerse los alegatos de su querella. López no se hizo presente en la sala de audiencias, lo cual despertó en familiares y compañeros una gran incertidumbre. En la silla de su casa, quedaron el buzo color bordo de López, donde además encontraron preparada la ropa que había dejado lista la noche anterior, y que usaría para los alegatos, situación esta que no era un dato menor, ya que López concurrió a todas las audiencias y reconocimientos con la misma ropa: su boina azul, el buzo bordo, los zapatos de siempre, cualquiera fuera el clima. Julio en el momento de su desaparición calzaba borceguíes, los cuales solo usaba en ocasiones especiales, llevaba consigo un cuchillo, en su casa no se encontraron aberturas violentadas, y luego se encontraron sus llaves en el jardín de su propia casa. Entre noviembre y diciembre del año 2006, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarolo, admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Jorge Julio López se encuentra desaparecido. Y bajo esa misma tesitura el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, reconoció por cadena nacional y ante la Asamblea Legislativa, que López fue secuestrado por grupos integrados por personal de las fuerzas de seguridad en actividad y retirados. Actualmente, tramita por ante el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de La plata, la causa caratulada “López, Jorge Julio s/ Desaparición forzada de personas” la causa número 16.060. Se encuentra desaparecido por segunda vez hasta la fecha.
I. PETITORIO.
Por lo expuesto, solicito a V.S.:
1. Se nos tenga por presentado
2. Se nos mantenga informado de toda las gestiones que se realicen a fin de conocer el paradero de Julio López a favor del cual se interpusieron los hábeas corpus.
3. Trasmitir a las autoridades argentinas nuestro interés en que se arbitren todas las medidas necesarias a fin de conocer el paradero de Jorge Julio López.
Por la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT
Relator de la ONU: “Es muy importante tomar acciones concretas que van mucho más allá que esperar que los viejitos se mueran”
Escrito por: William Yohai
En el primero estimábamos utilizando datos acerca de precios de costo de la celulosa en la región y precios internacionales de venta las probables ganancias futuras.
El resultado: U$S 350 millones anuales. En el segundo, después de unos 3 años de operación de la planta comprobábamos, también partiendo de información pública disponible, que nuestra primera estimación había sido conservadora. El resultado anual neto de la fábrica era probablemente muy superior a esa cifra. Y estimábamos que en apenas 3 años la empresa había recuperado el capital (U$S 1.200 millones) invertido. En el primer trabajo los cálculos partían de una base de producción de un millón de toneladas anuales de celulosa producida. Corregida ésta a partir de datos conocidos para ese entonces (1,1 millones anuales) y agregándole las ganancias a partir de la venta de energía a UTE, el resultado era aún más abultado: del orden de los U$S 500 millones anuales. Según el balance de la empresa, que declaraba 533 trabajadores en Uruguay y nuestros propios cálculos de ganancias, cada trabajador en nuestro país le generaba U$S 1 millón de ganancia por año. Este trabajo fue ampliamente divulgado (no por la gran prensa, claro) y no obtuvo respuesta por parte de la empresa o el gobierno.
Los datos actuales referidos a los precios de la celulosa y las estimaciones de costos, también conocidas internacionalmente[2] nos hacen estimar las ganancias anuales actuales en el orden de los U$S 400 millones de dólares anuales. Esto, partiendo de una producción anual de 1,1 millones de toneladas anuales de producción. El aumento recientemente autorizado por el presidente Mujica eleva esa cifra en otros U$S 40 millones de dólares. Como es público y notorio la planta está ubicada en una Zona Franca y no paga impuestos de ninguna clase sobre tales utilidades.
En realidad no habría muchos motivos para insistir en el tema, dado que a nadie parece interesarle excepto tal vez una ínfima minoría militante, salvo que, otra vez los aspectos ambientales del asunto generan un conjunto de movidas políticas internacionales.
Veamos: ante el pedido (más bien exigencia a punta de pistola) de la empresa de ampliar su producción en un 20% (y sus ganancias en proporción aún mayor, dado que el costo marginal de cada tonelada producida por sobre los 1,1 millones de toneladas es menor que el del promedio) el gobierno no hace otra cosa que lo que viene haciendo desde siempre ante cualquier gran empresa: hocicar.
La empresa logra así el objetivo: ampliar la producción y las ganancias. Con una ventaja adicional: la discusión nacional e internacional sobre los aspectos ambientales oculta totalmente el nudo de la cuestión: SUS EXORBITANTES GANANCIAS LIBRES DE IMPUESTOS.
Desde el punto de vista ambiental las afirmaciones del canciller argentino Timerman[3] carecen de cualquier relevancia. A simple modo de ejemplo: se afirma que UPM vierte al río 20 toneladas anuales de fósforo. Para cualquier cultivo en la cuenca del río Uruguay se aplican 50 o más kilos de fósforo por hectárea. O sea, 5.000 hectáreas implican un vertido de fósforo en el campo de no menos de 250.000 kilos. Estimando, conservadoramente, que el 10% del elemento aplicado termina en las cañadas y arroyos cercanos y por esa vía en el río Uruguay se puede concluir que el vertido de fósforo de UPM equivale a aquel número de hectáreas cultivadas. La mancha de soja que rodea Gualeguaychú se extiende por CIENTOS DE MILES DE HECTÁREAS. Y, por supuesto, del lado uruguayo sucede algo parecido. Algo similar se puede concluir respecto al nitrógeno y a la materia orgánica.
Recientemente el agua potable que suministra OSE en Montevideo presentó un elevado nivel de contaminación a partir de algas. Se determinó que en este caso particular existía mal olor pero no toxicidad para los humanos. El episodio ha obligado a OSE a invertir millones de dólares en sistemas de depuración. El origen de las algas es la elevada concentración de fertilizantes presente en el agua del Río Santa Lucía a partir de la actividad agrícola y ganadera en la cuenca. Es evidente que no es bueno verter fósforo y nitrógeno en las cuencas fluviales. Pero en el caso de UPM la significación de estos vertimientos es menor.
El tema de la temperatura del agua (32 grados) que UPM elimina asume caracteres de ridículo similar. Diluida entre el caudal del río dicha diferencia es completamente insignificante. No resulta difícil explicar las razones de tanto desatino: en este mes hay elecciones parlamentarias en Argentina y el ejecutivo tiene mucho en juego en ellas.
De este lado del río el gobierno aprovecha la agresividad diplomática de los vecinos para presentarse como víctima y evitar que el eje de la discusión se centre en lo esencial. Nada podría venirle mejor, tanto al presidente Mujica, como al gran ganador de todo esto, la empresa UPM, que NADIE toque el tema de las ganancias extraordinarias que obtiene y el hecho clave: NO PAGA IMPUESTOS.
Por supuesto: la solicitud de UPM podría haber motivado a un gobierno digno y a una oposición preocupada por el interés nacional a poner sobre la mesa de discusión el tema de fondo. Es evidente que ni ésta ni aquel cumplen estas condiciones.
De paso vale la pena mencionar otro hecho “colateral”. De las declaraciones de algún jerarca se ha podido colegir que existe un “contrato” entre la empresa y el gobierno uruguayo. Si ello es así (y debemos agradecer la fiscal Enrique Viana habernos llamado la atención sobreel punto) bueno sería que el mismo se hiciera público.
No nos hacemos ilusiones…
Hace ya tiempo[1] escribimos junto al economista Gustavo Melazzi dos trabajos respecto a las ganancias que obtendría la empresa a partir de su planta en Fray Bentos.
En el primero estimábamos utilizando datos acerca de precios de costo de la celulosa en la región y precios internacionales de venta las probables ganancias futuras.
El resultado: U$S 350 millones anuales. En el segundo, después de unos 3 años de operación de la planta comprobábamos, también partiendo de información pública disponible, que nuestra primera estimación había sido conservadora. El resultado anual neto de la fábrica era probablemente muy superior a esa cifra. Y estimábamos que en apenas 3 años la empresa había recuperado el capital (U$S 1.200 millones) invertido. En el primer trabajo los cálculos partían de una base de producción de un millón de toneladas anuales de celulosa producida. Corregida ésta a partir de datos conocidos para ese entonces (1,1 millones anuales) y agregándole las ganancias a partir de la venta de energía a UTE, el resultado era aún más abultado: del orden de los U$S 500 millones anuales. Según el balance de la empresa, que declaraba 533 trabajadores en Uruguay y nuestros propios cálculos de ganancias, cada trabajador en nuestro país le generaba U$S 1 millón de ganancia por año. Este trabajo fue ampliamente divulgado (no por la gran prensa, claro) y no obtuvo respuesta por parte de la empresa o el gobierno.
Los datos actuales referidos a los precios de la celulosa y las estimaciones de costos, también conocidas internacionalmente[2] nos hacen estimar las ganancias anuales actuales en el orden de los U$S 400 millones de dólares anuales. Esto, partiendo de una producción anual de 1,1 millones de toneladas anuales de producción. El aumento recientemente autorizado por el presidente Mujica eleva esa cifra en otros U$S 40 millones de dólares. Como es público y notorio la planta está ubicada en una Zona Franca y no paga impuestos de ninguna clase sobre tales utilidades.
En realidad no habría muchos motivos para insistir en el tema, dado que a nadie parece interesarle excepto tal vez una ínfima minoría militante, salvo que, otra vez los aspectos ambientales del asunto generan un conjunto de movidas políticas internacionales.
Veamos: ante el pedido (más bien exigencia a punta de pistola) de la empresa de ampliar su producción en un 20% (y sus ganancias en proporción aún mayor, dado que el costo marginal de cada tonelada producida por sobre los 1,1 millones de toneladas es menor que el del promedio) el gobierno no hace otra cosa que lo que viene haciendo desde siempre ante cualquier gran empresa: hocicar.
La empresa logra así el objetivo: ampliar la producción y las ganancias. Con una ventaja adicional: la discusión nacional e internacional sobre los aspectos ambientales oculta totalmente el nudo de la cuestión: SUS EXORBITANTES GANANCIAS LIBRES DE IMPUESTOS.
Desde el punto de vista ambiental las afirmaciones del canciller argentino Timerman[3] carecen de cualquier relevancia. A simple modo de ejemplo: se afirma que UPM vierte al río 20 toneladas anuales de fósforo. Para cualquier cultivo en la cuenca del río Uruguay se aplican 50 o más kilos de fósforo por hectárea. O sea, 5.000 hectáreas implican un vertido de fósforo en el campo de no menos de 250.000 kilos. Estimando, conservadoramente, que el 10% del elemento aplicado termina en las cañadas y arroyos cercanos y por esa vía en el río Uruguay se puede concluir que el vertido de fósforo de UPM equivale a aquel número de hectáreas cultivadas. La mancha de soja que rodea Gualeguaychú se extiende por CIENTOS DE MILES DE HECTÁREAS. Y, por supuesto, del lado uruguayo sucede algo parecido. Algo similar se puede concluir respecto al nitrógeno y a la materia orgánica.
Recientemente el agua potable que suministra OSE en Montevideo presentó un elevado nivel de contaminación a partir de algas. Se determinó que en este caso particular existía mal olor pero no toxicidad para los humanos. El episodio ha obligado a OSE a invertir millones de dólares en sistemas de depuración. El origen de las algas es la elevada concentración de fertilizantes presente en el agua del Río Santa Lucía a partir de la actividad agrícola y ganadera en la cuenca. Es evidente que no es bueno verter fósforo y nitrógeno en las cuencas fluviales. Pero en el caso de UPM la significación de estos vertimientos es menor.
El tema de la temperatura del agua (32 grados) que UPM elimina asume caracteres de ridículo similar. Diluida entre el caudal del río dicha diferencia es completamente insignificante. No resulta difícil explicar las razones de tanto desatino: en este mes hay elecciones parlamentarias en Argentina y el ejecutivo tiene mucho en juego en ellas.
De este lado del río el gobierno aprovecha la agresividad diplomática de los vecinos para presentarse como víctima y evitar que el eje de la discusión se centre en lo esencial. Nada podría venirle mejor, tanto al presidente Mujica, como al gran ganador de todo esto, la empresa UPM, que NADIE toque el tema de las ganancias extraordinarias que obtiene y el hecho clave: NO PAGA IMPUESTOS.
Por supuesto: la solicitud de UPM podría haber motivado a un gobierno digno y a una oposición preocupada por el interés nacional a poner sobre la mesa de discusión el tema de fondo. Es evidente que ni ésta ni aquel cumplen estas condiciones.
De paso vale la pena mencionar otro hecho “colateral”. De las declaraciones de algún jerarca se ha podido colegir que existe un “contrato” entre la empresa y el gobierno uruguayo. Si ello es así (y debemos agradecer la fiscal Enrique Viana habernos llamado la atención sobreel punto) bueno sería que el mismo se hiciera público.
No nos hacemos ilusiones…
Un día después de haber redactado el trabajo leemos hoy[4] lo siguiente:
Si bien, desde hace más de un año, en Uruguay se prohibió el uso del pesticida endosulfan, (Argentina hizo lo propio hace tres meses) por tratarse de un compuesto persistente, se mantienen algunas trazas del mismo en el río Uruguay.
En julio, el endosulfan sulfato tenía un parámetro de 1,07 nanogramos por litro, mientras en Gualeguaychú se ubicaba en 14,2 nanogr/l.
Tanto en la carga orgánica como en el caudal de vertido, UPM tiene valores por debajo de lo establecido. En cuanto al nitrógeno, la norma indica un tope de 740 kg por día. En Gualeguaychú, el vertido de este elemento se ubica en 11.750 kg, y en UPM en 102 kg”
Tal cual estimamos más arriba el nivel de vertidos a partir del área agrícola en torno a Gualeguaychú es 100 veces mayor al de UPM.
Para concluir con los términos del sainete: en un popular programa radial de la mañana escuchamos a oyentes proponer que Uruguay denuncie a Argentina por contaminación ante La Haya basándose en los datos expuestos más arriba.
Otro disparate: si Gualeguaychú vierte cantidades enormes de fósforo, nitrógeno y materia orgánica al Río Uruguay otro tanto hacemos desde este lado del río.
El tema del manejo indiscriminado de fertilizantes (y otros múltiples agroquímicos) es central a cualquier intento de mejorar las condiciones ambientales de nuestros países. El modelo agrícola impuesto por el agronegocio y adoptado dócilmente a ambos lados del río es enemigo directo de aquel objetivo.
[1] http://www.semanario-
http://www.analisisdigital.
[2] http://www.risiinfo.com/
[3] http://www.subrayado.com.uy/
[4] http://www.republica.com.uy/
EL FACTOR ELECTORAL EN LA CRISIS CON URUGUAY
Más preguntas que respuestas
La nueva escalada por la contaminación del río Uruguay desafía la sensatez de ambos gobiernos. Mujica mencionó el factor electoral argentino, en una obvia proyección de lo que ocurre en Uruguay, de donde provino la decisión unilateral. Derrotado en la interna, sin el premio consuelo de la vicepresidencia para su esposa, Mujica comienza a parecerse en el ocaso a quien lo precedió y a facilitarle la tarea sucia a quien lo sucederá, en ambos casos Tabaré.
Por Horacio Verbitsky - Página 12
El presidente uruguayo José Mujica atribuyó la falta de entendimiento por la ampliación de la planta papelera sobre la margen oriental del Río Uruguay al proceso electoral argentino. Basta ver los avisos televisados de los distintos candidatos para advertir que en campaña muchos ánimos se trastornan y muchas mentes se ofuscan. Pero también Uruguay está en pleno proceso proselitista, si bien la renovación presidencial no ocurrirá dentro de un mes sino en un año, y Mujica enfrenta una de las situaciones más difíciles de su larga vida política, cosa que incluso confesó en Buenos Aires. Por eso, habló de la Argentina pensando en el Uruguay. En cualquier caso, está claro que de aquel lado del río las empresas aún condicionan las decisiones del sistema político, tal como ocurrió en las dos primeras décadas de la democracia argentina, y que el anuncio de Mujica obedeció a una imposición de la pastera finlandesa UPM sobre la institucionalidad uruguaya. La Argentina no tiene movida ganadora en este juego: o se resigna a la decisión unilateral del Uruguay, en desmedro de su propia entidad nacional, o actúa del mismo modo inamistoso, recortando beneficios concedidos a los amigos orientales, y excita así el nacionalismo del Paisito, que llega al culmen de su unidad cuando acusa la prepotencia del poderoso vecino.
Bandazos
El chacarero de Rincón del Cerro perdió la disputa por la política fiscal con su vicepresidente Danilo Astori, la candidatura para sucederlo ante su peor rival e incluso el premio consuelo de que su esposa, la senadora Lucía Topolansky, pudiera acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula que competirá el año próximo, contra los desvaídos partidos tradicionales, cuya política histórica es hoy mejor servida por el Frente Amplio. En lugar de Lucía, Tabaré impulsa a la presidente del Frente Amplio, la socialista Mónica Xavier. Durante una charla en un colegio, Vázquez comunicó que había contemplado con los jefes militares un posible conflicto bélico con la Argentina y que había pedido en Estados Unidos el apoyo diplomático de Washington. Por el escándalo que produjo esta grave revelación, Tabaré anunció su retiro de la política, decisión que no le llevó ni dos años revisar. Ya sin opciones para su MPP, el primer ex guerrillero que llegó a la presidencia por medios legales dedica su último año de gobierno a facilitar el regreso de Vázquez, ahorrándole el costo de las decisiones más controvertidas. Ya en 2006, cuando Mujica sólo era ministro de Agricultura de Tabaré, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, James D. Nealon, lo describía en un despacho a su ministerio de relaciones exteriores como “un aliado clave”, que “ha sido útil en contrarrestar a los ideólogos de la extrema izquierda” y apoyado a Tabaré a “buscar buenas relaciones con Estados Unidos”, aunque “gran parte de la región haya dado un bandazo hacia la izquierda”. En el ocaso, Mujica comienza a parecerse a quien lo desplazará.
La autorización a la pastera para que aumente la producción, sin esperar el acuerdo que la Argentina reclama según los tratados vigentes y las decisiones de la Corte Internacional de La Haya, no es el único indicio. Antes de viajar a las Naciones Unidas, donde sedujo a los encandilados por la era de la imagen, sin tomar en cuenta la vaguedad de sus (in)definiciones, había anunciado la adjudicación de nuevos canales de televisión a las más poderosas empresas de medios, dejando de lado a las cooperativas de trabajadores, que habían obtenido la mejor evaluación de la comisión independiente que estudió las propuestas. Los elegidos fueron los tres canales de aire privados (Montecarlo Canal 4, Saeta Canal 10 y Teledoce, del grupo que edita el diario El País), VTV (del grupo Tenfield, que monopoliza la transmisión del fútbol y otros eventos deportivos, propiedad del traficante de jugadores Francisco Casal, asociado con el ídolo rioplatense Enzo Francescoli) y Bla, una revista de farándula y avisos. La objeción de Mujica a las cooperativas La Diaria y Demos fue que contemplaban financiar su inversión con aportes del Fondo para el Desarrollo. Para compensar, Mujica también anunció que entregaría un canal a la central de trabajadores PIT-CNT. Durante el mismo viaje, en el que mateó con David Rockefeller, quien a sus 98 años es dudoso que supiera con quién estaba, Mujica anticipó la inminente autorización a UPM en una entrevista con la agencia de negocios Bloomberg, propiedad del alcalde de Nueva York.
Su curiosa justificación para violar tratados y fallos internacionales obligatorios suscita preguntas obvias: de haber un problema electoral argentino y si, como dice, no le quedaba otro remedio que inclinarse ante la exigencia de la empresa respaldada por Tabaré y la oposición albirroja, ¿qué razón había para adelantar el piedrazo? Si el factor electoral existe, su proyección en la Argentina se agotará en tres semanas, mientras Uruguay convivirá con él hasta el 26 de octubre de 2014.
La pregunta del millón
El límite de un millón de toneladas anuales de pasta fue fijado en 2005 por el gobierno del Uruguay, en base a un informe propio de Impacto Ambiental, que fue ratificado en 2010 por la Corte Internacional de Justicia, bajo el control y la vigilancia continua de la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU. En 2012, Uruguay sometió a la CARU la solicitud de UPM de ampliar su producción anual, en modificación de las condiciones previstas en el proyecto original. El procedimiento de información y consulta previas se encuentra en pleno desarrollo, de acuerdo con el Estatuto del Río Uruguay. La Argentina sostiene que la información y documentación recibidas eran incompletas y cuatro veces solicitó información complementaria, que Uruguay no suministró. De las 21 preguntas que presentó la Argentina, sólo diez fueron respondidas por Uruguay. Según el gobierno argentino, ésta es una nueva violación al procedimiento de información y consulta que, de acuerdo con el fallo de La Haya, Uruguay ya violó en ocho ocasiones y actuando de mala fe. Por eso entiende que la autorización unilateral implica una nueva controversia entre las partes, que puede ser sometida por cualquiera de ellas a la Corte Internacional. El incremento que ahora permitió Mujica blanquea niveles de producción ya alcanzados, por encima del tope legal, según los registros aduaneros del propio Uruguay: la planta de UPM se excedió en 50.597 toneladas en 2009; 97.407 en 2010; 96.880 en 2011; 88.124 en 2012 y 74.410 toneladas hasta septiembre de 2013, introduciendo en el río mayor cantidad de sustancias, energía y contaminación, en desacato a todas las normas, incluyendo los Acuerdos Presidenciales y de Cancilleres de 2010 para la ejecución de la sentencia de La Haya. El Día de los Inocentes de 2012, el Uruguay reconoció que no había consentido ningún excedente de producción sobre el millón de toneladas autorizadas. Desde 2010, el Comité Científico ingresó 28 veces a la planta para realizar mediciones y tomar de muestras de efluentes, instaló siete boyas con sondas de medición en la zona de potencial influencia de la planta sobre el Río Uruguay y tomó muestras de las aguas en 32 puntos del río. Las únicas mediciones válidas de acuerdo con la sentencia de La Haya son las que se realizan dentro de la planta, en el caño de desagüe, y no las que puedan realizarse en cualquier lugar del río, como intenta presentar el gobierno uruguayo. Los resultados no se difundieron debido a los desacuerdos en la CARU sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, por falta de información y obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta. Según la posición argentina, Uruguay pretende mezclar el monitoreo de la planta ordenado en la sentencia de La Haya con el de la Desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay e incorporar esa desembocadura dentro de la zona de influencia de la planta de UPM en el Río Uruguay. También se opone a difundir los cálculos másicos y volumétricos de parámetros medidos por el Comité Científico, a publicar sus actas de ingreso a UPM, sus conclusiones, y los datos y análisis de las muestras de los equipos instalados y a instalarse en la planta y pretende reemplazar los informes del Comité Científico de la CARU por los de sus propios organismos nacionales. De acuerdo con la posición argentina, la planta no cumple con la normativa conjunta ni con la específica uruguaya, como el exigente decreto 253/79 y sus modificatorios. La planta de UPM no cumple estos límites establecidos:
- su temperatura supera el valor establecido en más del 50 por ciento;
- el contenido promedio de fósforo supera 36 veces el límite permitido por la normativa uruguaya, lo cual redundará en un incremento de los elevados valores que ya contiene el río;
- en cuatro muestras, los fenoles detectados duplicaron y hasta cuadruplicaron el tope vigente y en tres la cantidad admisible de cromo;
- el Comité Científico también detectó en el efluente de la planta endosulfán, un pesticida organoclorado de uso prohibido desde 2011 en el Uruguay, y
- en seis de catorce mediciones se detectaron grasas y aceites, que no debían estar allí.
La Argentina también se opone al aviso previo que el Comité Científico debe dar a la empresa antes de cada inspección, por disposición uruguaya, ya que los diez días que demora el trámite permiten corregir algunos apartamientos de la normativa antes del control. La alta concentración de fósforo promueve el crecimiento de algas que se corresponden con la acumulación de cianobacterias en la superficie. Estas masas densas de algas pueden ser barridas por el viento hacia las bahías o las costas e interrumpir el balance de oxígeno disuelto en el curso de agua. De día, el problema es atenuado por la fotosíntesis de las algas, pero de noche los bajos niveles de oxígeno disuelto consumido por las algas pueden causar la mortalidad de peces, lo cual se agrava con el aumento de la temperatura. Esas bacterias también pueden ser tóxicas para los animales que beben el agua, que adquiere olor y sabor desagradables. La descarga de una masa líquida con una temperatura superior a la del río constituye la violación al Estatuto del Río Uruguay contemplada en su artículo 40. De acuerdo con los datos recolectados desde mayo de 2008, la temperatura de los efluentes supera en más del 50 por ciento el valor establecido vigente. A lo largo de un año, la carga orgánica vertida por la planta equivale a la demanda química de oxígeno de una ciudad de 96.500 habitantes que volcara sus efluentes crudos al río; a la cantidad de fósforo de una ciudad de 25.000 habitantes y a la de nitrógeno de una ciudad de 28.000 habitantes que descargara sus efluentes sin tratamiento. Uruguay no cuestiona esas cifras, pero se queja de la alarma que producen.
El miércoles 2 la Argentina hizo conocer estos valores. Al día siguiente, dos ministros uruguayos aseguraron que la planta cumplía con los estándares ambientales. Sin embargo, debieron reconocer que las cifras mencionadas por la Argentina eran reales. La diferencia reside en su interpretación. Uruguay informó sobre supuestas contaminaciones en otros sitios y localidades de los dos países. Pero los datos divulgados por la Argentina, que Uruguay no desmiente, fueron recabados dentro de la planta, en los caños de desagüe de efluentes y en los pluviales antes de llegar al río, tal como lo estableció el fallo de La Haya. Los estándares establecidos aplicables son los del Digesto de la CARU y, sólo cuando fueren más exigentes, los de la normativa uruguaya. Pero Uruguay aplica en forma unilateral estándares propios menos exigentes, de cuyo rechazo la Argentina dejó constancia en las actas de la CARU. Incluso si se tomaran los valores máximos uruguayos, el vertido de UPM al río equivaldría al de una ciudad de 36.000 habitantes en fósforo, 440.000 habitantes en demanda de oxígeno y 197.000 habitantes en nitrógeno. El efluente de fósforo de UPM supera nueve veces al del río y 36 veces lo permitido por la norma uruguaya.
El recurso a la Corte Internacional anunciado por la Argentina intenta mantener el litigio en términos razonables, pero no sería beneficioso que los denominados ambientalistas de la margen occidental volvieran a enturbiar las relaciones con sus desplantes belicosos. Además de tener la razón, es conveniente guardar las proporciones, algo que no pueden hacer los municipios ni las provincias sino el gobierno de la Confederación Argentina.
Los insaciables piratas y saqueadores van por más
La multinacional decide. El Presidente quiere hacer creer que es él quién resuelve. Qué farsa!
No son necesarias las palabras cuando las patronales votan a dos manos el apoyo a Mujica. Todo dicho.
Monsanto va copando todo el campo argentino y decide sobre tierras y gentes. Ya que van por La Haya podrían hacer alguna denuncia, o algo, o protesta, o repudio contra la genocida Monsanto. Ya que el Gobierno dice estar tan preocupado por el medio ambiente y la ecología.
El propósito de este documento es hacer un aporte a la imprescindible reflexión acerca de qué nos deja la forestación, abordando una de las principales promesas de la industria forestal: la generación de empleo.
Los testimonios recogidos en el departamento de Treinta y Tres dan indicios de que la generación de empleo (en el entendido de un buen salario y buenas condiciones laborales) no le llega a todos los sectores y en ese sentido es tan solo un mito más de esta política forestal.
URUGUAY: EMPLEOS Y PRODUCCIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA FORESTACIÓN
Introducción:
En Uruguay, durante las dos últimas décadas, se desarrolla un proceso de sustitución de praderas –principal ecosistema del país- por extensas plantaciones de monocultivos de árboles (eucaliptos / pinos) con destinos industriales. Esto ha sido simultáneo con un cambio en la tenencia de la tierra, donde la concentración de la propiedad alcanza niveles sin precedentes y, al mismo tiempo, las mayores superficies han pasado a manos de empresas extranjeras.
Este proceso fue habilitado y promovido por la Ley Forestal de 1987 y acompañado por la política de apertura total de la economía a la inversión extranjera directa. Las empresas transnacionales que llegan al país con proyectos de forestación en gran escala y que cuentan con el aval del gobierno de turno, buscan la aceptación de la sociedad local con una serie de promesas, entre ellas la generación de empleo y el “desarrollo” de la región donde se instalan.
Sin embargo, a medida que se fueron expandiendo las grandes plantaciones, comenzaron a percibirse sus impactos negativos. Pobladores locales denuncian la afectación en la cantidad y calidad del agua, en el suelo, la flora y la fauna, perjudicando por lo tanto a las comunidades que de ellos dependen e incrementado la emigración forzada del campo uruguayo.
La forestación en gran escala ha provocado, además, impactos sobre las formas preexistentes de producción, los sigue generando en su entorno y desarrolla a su vez una cultura laboral propia donde a la superexplotación se agregan condiciones de seguridad, higiene y salud inapropiadas. Para que todo esto sea posible es necesario un marco institucional que lo permita.
El país posee una normativa completa sobre el derecho de sindicalización de los trabajadores y las condiciones laborales en la forestación, a la que se suman en los últimos años disposiciones y leyes relativas a los Consejo de Salarios y la jornada máxima de trabajo en el sector rural, pero el organismo encargado de vigilar su aplicación es ineficiente y las empresas la ignoran.
De las 900.000 hectáreas efectivamente forestadas hasta hoy, en su mayoría de capitales transnacionales, la mitad pertenece a solo tres empresas extranjeras: Montes del Plata (Stora Enso/ Arauco), Forestal Oriental (UPM) y Weyerhauser. La ley forestal habilita a plantar unas 2:700.000 hectáreas adicionales y el gobierno alienta la posibilidad de nuevas plantas de celulosa. O sea que los problemas pueden agravarse.
Para la elaboración de este documento se realizaron entrevistas a representantes del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y de la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay; una salida de campo al departamento de Treinta y Tres donde se levantaron testimonios de trabajadores rurales y forestales; y una revisión de distintas fuentes.
Para leer el documento completo ir a http://www.guayubira.org.uy/
En estos días se realizó en Finlandia la asamblea anual de accionistas de Stora Enso. Con motivo de ese evento, diversas organizaciones se unieron en un reclamo conjunto por los impactos sociales y ambientales que esta empresa ha provocado en Uruguay y Brasil. “En lugar de traer desarrollo, Stora Enso causa conflictos por la tierra y amenaza la soberanía alimentaria. Un verdadero desarrollo sustentable promueve la agricultura en pequeña escala para alimentar a las personas y no plantaciones a gran escala para obtener beneficios para las empresas. ¡No podemos comer eucaliptos!”, expresó Durao Marcelo Fernández, del MST de Brasil.
Amigos de la Tierra Internacional, los grupos brasileños MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) y Cepedes (Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia), la organización finlandesa Amigos de los Sin Tierra Finlandia y la organización internacional WRM (Movimiento Mundial por los Bosques) advirtieron que las ganancias de Stora Enso se han obtenido a costa de violar leyes ambientales, laborales y penales en América Latina (1).
También en estos días y en Brasil, Stora Enso es noticia ya que en el municipio de Eunápolis, Bahía, la justicia acaba de condenar a Veracel, dictaminando que la empresa actuó de “mala fe” al apoderarse clandestinamente de dos campos para plantar eucaliptos, que no eran parte de su contrato de arrendamiento, sin contar además con los permisos ambientales necesarios (2). Veracel es el nombre con que opera Stora Enso en Brasil, asociada a la brasileña Fibria. Allí desde hace años la empresa es acusada de delitos ambientales (deforestación ilegal y uso inadecuado de plaguicidas), violaciones de derechos laborales, blanqueo de dinero, evasión fiscal y corrupción (3).
Por otra parte, los intentos en Uruguay, tanto por parte de organizaciones ambientales, periodistas e incluso un fiscal de la nación por conocer el contenido del contrato de inversión realizado entre el gobierno uruguayo y la empresa Stora Enso, no dieron resultados. Recientemente se difundió la noticia de que el Ministerio de Economía y Finanzas, como respuesta al requerimiento judicial de conocer el contenido de dicho contrato de inversión entre Stora Enso y el gobierno uruguayo, explicó que en él se incluía una cláusula de confidencialidad, que abarcaba tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas, y que las partes se obligaron a no divulgar ni total ni parcialmente ninguna información que se relacione con dicho convenio (4).
Según el fiscal “con el solo reconocimiento de que la Administración Pública negoció y acordó un contrato de inversión con la Corporación Multinacional PrivadaMONTES DEL PLATA y para asegurar la instalación y funcionamiento de su industria celulósica en el territorio nacional, ha quedado confirmada la violación del orden público ambiental establecido desde la Constitución de la República”.
(1) Ver “Matriz de Montes del Plata acusada de delitos ambientales, laborales y Corrupción”
http://www.redes.org.uy/2011/
(2) Ver “Veracel é condenada por fraude em arrendamento rural”
http://www.redeimprensalivre.
(3) Ver “Planta de celulosa Veracel en Brasil. LAS PROMESAS DEL PROGRESO”
http://www.guayubira.org.uy/
(4) Ver escrito del Fiscal Viana sobre solicitud de información acerca del contrato de inversión supuestamente firmado por autoridades de Stora Enso y representantes del gobierno uruguayo.
http://www.guayubira.org.uy/
Después de haber leído los muy serios y científicamente basados análisis del Grupo Guayubira, preocupados por el medio ambiente y dando la alarma sobre los efectos depredadores de las actividades de las multinacionales piratas y saqueadoras nos encontramos con que Mujica y el gobierno se juegan a la desesperada a una sola carta: las promesas de las multinacionales. Evidentemente ES IRRESPONSABLE!
Pablo de Greiff, el viernes en rueda de prensa. Foto: Pedro Rincón
La biología lo permite
Relator de la ONU: “Es muy importante tomar acciones concretas que van mucho más allá que esperar que los viejitos se mueran”
La
primera visita oficial del relator especial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de la verdad, la Justicia, la
reparación y las garantías de no repetición, el colombiano Pablo de
Greiff, culminó el viernes con la presentación de un informe preliminar*
con recomendaciones y observaciones al Estado uruguayo. La versión
final será elevada al Consejo de Derechos Humanos en setiembre de 2014.
El nombre de la relatoría enumera los cuatro pilares de la Justicia Transicional (JT). No es un tipo de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. La visita de De Greiff tuvo como cometido evaluar las medidas adoptadas por Uruguay con relación a la última dictadura en cada uno de los cuatro pilares. Desde el inicio de su estadía, el 30 de setiembre, mantuvo encuentros con organizaciones vinculadas al tema así como con actores de los tres poderes, incluyendo al presidente José Mujica; los ministros de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y del Interior, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
De Greiff admite que hubo avances, pero señala que Uruguay “tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente” y entiende que “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la SCJ”. Además llamó la atención sobre el hecho de que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas realizadas a las fuerzas de seguridad y a aquellas todavía en desarrollo, para asegurar que las violaciones pasadas no se repetirán”.
* El informe completo se puede descargar en (link).
El nombre de la relatoría enumera los cuatro pilares de la Justicia Transicional (JT). No es un tipo de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. La visita de De Greiff tuvo como cometido evaluar las medidas adoptadas por Uruguay con relación a la última dictadura en cada uno de los cuatro pilares. Desde el inicio de su estadía, el 30 de setiembre, mantuvo encuentros con organizaciones vinculadas al tema así como con actores de los tres poderes, incluyendo al presidente José Mujica; los ministros de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y del Interior, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
De Greiff admite que hubo avances, pero señala que Uruguay “tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente” y entiende que “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la SCJ”. Además llamó la atención sobre el hecho de que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas realizadas a las fuerzas de seguridad y a aquellas todavía en desarrollo, para asegurar que las violaciones pasadas no se repetirán”.
-De la lectura de su informe podría interpretarse que la Justicia es, de los cuatro, el pilar más debilitado. ¿Es correcto?
-Mi intención no era hacer un énfasis en alguno de los pilares. Desde el principio he intentado insistir en la importancia de los cuatro pilares. Cada área es asunto de derechos, no se hace en términos de favores o solidaridad con nadie. Hay experiencia internacional como para poder afirmar que las medidas funcionan mejor cuando son diseñadas e implementadas como parte de una política integral. En Uruguay se le ha prestado muchísima más atención a la vía judicial que a cualquiera de las otras tres y sería conveniente establecer un mejor balance entre las diferentes medidas. Una recomendación muy fuerte es establecer mecanismos de esclarecimiento que beneficien a un grupo muy grande de víctimas -el más grande que tiene este país-, que son las víctimas de la detención y la tortura. No se reduce a una cuestión de números, pero si se quiere entender bien el fenómeno es muy importante establecer mecanismos de esclarecimiento que tomen muy en serio y que le presten mucha más atención a estas víctimas. No es un argumento para prestarles menos atención a las víctimas de desaparición y sus familiares, es en favor de darle más atención a un grupo de víctimas que ha sido relativamente desatendido.-Usted llamó la atención sobre las recientes decisiones de la SCJ. Cancillería anunció que el traslado de Mariana Mota será incluido en el informe para el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿También debería incluir la declaración de inconstitucionalidad de la ley que dejó sin efecto la Ley de Caducidad?
-En este momento quiero abstenerme de hacer recomendaciones a la cancillería sobre qué incluir, pero hago una observación general. El EPU funciona mejor en la medida en que los temas más sustantivos y que generan precisamente más retos, son incluidos como parte de la agenda. El sistema está diseñado como un mecanismo mediante el cual los diferentes estados pueden apoyar a otros en temas de importancia fundamental del cumplimiento de las obligaciones con respecto a derechos humanos. Por lo tanto, hacer una agenda amplia pero que seleccione muy bien los temas de discusión mejora el mecanismo.El relator
Asumió el cargo en mayo de 2012. Desde 2001 es director de Investigaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. Es autor de numerosos artículos sobre los procesos de transición hacia la democracia, la teoría democrática y la relación entre moralidad, política y Derecho; ejerció como docente de Filosofía en universidades de Europa y América; y realizó asesorías a gobiernos y ONG vinculados a Justicia Transicional, cuestiones de género y vínculos entre la Justicia, la seguridad y el desarrollo.-Imaginemos un escenario en que los cuatro pilares funcionan plenamente. ¿Cómo puede operar el Estado frente al silencio de los victimarios?
-Las normas de derecho se aplican en forma igual para todos los ciudadanos. Dentro de procesos judiciales no se puede obligar a nadie a hablar o a autoincriminarse, por lo tanto hay un límite del Estado. Pero creo que un aumento en la eficacia de la capacidad investigativa del Estado aumenta la posibilidad de que se conozca la verdad acerca de hechos que conciernen a individuos que se rehúsan a hablar. Además, hay mecanismos no judiciales, incluyendo comisiones de verdad, que en algunos casos han logrado obtener información acerca de hechos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con y sin la colaboración directa de los perpetradores.-Al tratarse de hechos recientes, es habitual que sus protagonistas se conviertan en integrantes de gobierno y, por lo tanto, en representantes del Estado. ¿Cómo juega esto teniendo en cuenta que éstos son los actores que deben diseñar las políticas que usted menciona?
-Es importante establecer una diferencia entre la participación y la membresía de grupos -aun de grupos armados en conflictos- y la responsabilidad por perpetrar serias violaciones a los derechos humanos. Es cierto que muchas transiciones negociadas se constituyen por gobiernos mixtos, es decir, que tienen participación de antiguas fuerzas en conflictos, pero eso no quiere decir que ésos sean individuos que hayan tenido participación directa en la violación de derechos humanos. La tendencia legal es que hay ciertas categorías de violaciones que no merecen la amnistía, y la imposibilidad de amnistiar ese tipo de crímenes hace difícil, por lo menos a corto plazo, la participación directa [en los gobiernos] de individuos responsables por la comisión de esas categorías de crímenes. Estos cuatro pilares no impiden en absoluto la conformación de gobiernos de unidad nacional ni la participación en la vida política de forma prospectiva de agentes que participaron en contiendas aun armadas, bajo la asunción, por supuesto, de que no son directos responsables de violaciones a los derechos humanos.-En el caso de Uruguay, la teoría de los dos demonios es sostenida por algunos de los protagonistas de los hechos del pasado reciente que ocupan cargos de gobierno claves en la formulación de medidas de reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición.
-Conlleva cierto peligro asumir que un conflicto armado legitima cualquier comportamiento. Aun en contextos de guerra hay normas que no se pueden violar. Uruguay no estuvo en situación de guerra. Pero la teoría de los dos demonios parece sugerir que las consecuencias de haber participado en la insurgencia, puesto que eran predecibles, no merecen atención especial, y yo creo que ése es un debate que sería saludable dar, porque aún en situación de conflicto, la tortura, por ejemplo, es ilegal.-Mujica sostiene que el tema de la dictadura acabará “cuando se mueran todos”. Procesos como el franquismo contravienen esas palabras. ¿Cómo aborda la JT la herencia generacional?
-Tuve la ocasión de discutir esto con el presidente. Esa posición conlleva un problema y es que asume que los comportamientos no dejan rastros en las instituciones ni en los individuos que sobreviven. Para prevenir la repetición de los hechos es que se aspira a que haya cierto efecto en la transformación de convicciones individuales, sociales e institucionales acerca de lo que es aceptable y lo que no. La alternativa, que es no hacer nada o concentrar los esfuerzos sólo en un pilar, ha demostrado que no es suficiente para hacer que la gente olvide. Para la transformación de las prácticas institucionales como de los posibles traumas culturales de quienes sobreviven es muy importante tomar acciones concretas que van mucho más allá que esperar que los viejitos se mueran.-Tuvo la oportunidad de visitar el Batallón 14. ¿Qué impresiones se lleva?
-Escuchar de las condiciones en las cuales los cuerpos fueron enterrados es una expresión bastante concreta de lo que venimos hablando. Me resultó increíblemente conmovedor.* El informe completo se puede descargar en (link).
Lourdes Rodríguez- La Diaria
Advierten sobre nuevos acuerdos de precios
COFE teme que el gobierno "retoque" cifra de inflación
Los sindicatos estatales amenazan con
tomar medidas para evitar el "retoque" de las cifras oficiales sobre el
aumento de los precios. El FMI recomienda contener los aumentos y
desindexar los salarios para frenar la inflación y cuidar el empleo.
La ronda salarial viene lenta; el lunes se reúnen los delegados sindicales. Ariel Colmegna
Pablo Melgar - El País uy
La inflación anualizada volvió a crecer y quedó
en 9,02%. Ya hay preocupación en los sindicalistas del Estado porque
temen perder salario si el gobierno aplica medidas de contención como
hizo el año pasado con los acuerdos de precios con los supermercados y
las rebajas en la tarifa de UTE.
En 2012 el secretario general de la Confederación de Organizaciones del Estado (COFE), José Lorenzo López, dijo que con esas medidas el gobierno estaba "maquillando" las cifras de inflación. Este año vuelve a plantear el tema porque se afecta a "todos los asalariados".
Hasta el final del año 2012 el gobierno mantuvo las rebajas de UTE y los acuerdos de precios, lo que llevó a que la inflación cayera al 7,48%. En las mediciones mensuales (anualizadas) anteriores ese guarismo en noviembre de 2012 llegó a 9,03% y en octubre de ese año estuvo en 9,11%.
"Estamos preocupados porque el gobierno ya anunció que va a tomar medidas parecidas a las del año pasado, lo que implica un retoque de la inflación en los últimos meses del año con lo que el salario perdido en ese período no se recupera nunca", aseveró López a El País.
Al respecto anunció que la dirección de COFE está analizando la situación en conjunto con su equipo de técnicos. "Hemos presentado propuestas alternativas al Ministerio de Economía para la corrección del salario, nos dijeron que eran de recibo pero nunca nos respondieron", dijo.
COFE buscará que el Poder Ejecutivo cambie de posición antes de los aumentos.
"Nos estamos preparando para encarar el tema. Vamos a salir a pegar fuerte antes de que se venga el ajuste del mes de enero para que el impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo no hagan perder salario a los trabajadores", señaló.
El sindicalista cervecero Richard Read, que chocó con el gobierno por el rango de la inflación en 2012, pidió que se establezca una canasta de artículos básicos a precios definidos por el gobierno.
"La inflación no es un tema salarial, es para remar precios. El gobierno tendría que fijar el piso y el techo de por lo menos 50 productos básicos como fue con el pan tarifado", dijo Read.
Sin embargo, el primero de los acuerdos de la ronda 2013, el de las empresas de limpieza, se acordó que el convenio caerá si la inflación supera el 12% en el primer año; para el segundo la inflación no podrá superar el 14%, el siguiente 16% y el último se tolerará hasta el 18%.
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Uruguay en el mes de septiembre recomendó "moderar" los aumentos de salarios.
"En la opinión de la misión, para respaldar el objetivo de reducir la inflación es crítico moderar el aumento real de los sueldos. Al mismo tiempo, en vista de los riesgos a la baja, la reducción de la indexación retrospectiva de los sueldos ayudaría a proteger el empleo", indica el documento del FMI. (Ver página A15)
Los lineamientos planteados por el gobierno para la negociación colectiva indican que las empresas deben pagar a sus empleados la totalidad de la inflación y que los aumentos deber ir desde 0% a 3% anual.
Los niveles de acuerdo en la ronda salarial son escasos y la prórroga de 15 días que fijó el Ministerio de Trabajo (MTSS) se agota y los convenios no aparecen. A esto se suma que en varios grupos la delegación empresarial y los sindicatos alcanzaron acuerdos que superan las pautas del gobierno, lo que enlentece aun más la firma de acuerdos. Hay una repartición en el MTSS encargada de revisar los convenios para que no se superen los lineamientos.
El presidente de la Federación del Comercio y los Servicios (Fuecys), Ismael Fuentes, señaló a El País que hasta el momento hay posibilidades de alcanzar un acuerdo en apenas siete de las cincuenta mesas de negociación en las que participa.
Fuecys ocupó ayer el centro de logística de la cadena El Dorado en Maldonado y se prepara para realizar piquetes en la puerta de por lo menos 16 supermercados de todo el país, según anunció Fuentes.
-Prevé que el crecimiento de la economía mientras dure el convenio sea de un 3%, por lo que los aumentos salariales no pueden superan esa cifra. Se autoriza un 2% extra para los salarios más sumergidos.
-Con respecto a los ajustes indica que se debe tomar la inflación en el centro de la banda prevista por el Banco Central (BCU).
-Los ajustes salariales deben ser anuales.
-Las pautas oficiales indican que los acuerdos deben ser por tres años. No obstante, los pocos convenios firmados hasta ahora tienen plazos que van de dos a tres años.
En 2012 el secretario general de la Confederación de Organizaciones del Estado (COFE), José Lorenzo López, dijo que con esas medidas el gobierno estaba "maquillando" las cifras de inflación. Este año vuelve a plantear el tema porque se afecta a "todos los asalariados".
Hasta el final del año 2012 el gobierno mantuvo las rebajas de UTE y los acuerdos de precios, lo que llevó a que la inflación cayera al 7,48%. En las mediciones mensuales (anualizadas) anteriores ese guarismo en noviembre de 2012 llegó a 9,03% y en octubre de ese año estuvo en 9,11%.
"Estamos preocupados porque el gobierno ya anunció que va a tomar medidas parecidas a las del año pasado, lo que implica un retoque de la inflación en los últimos meses del año con lo que el salario perdido en ese período no se recupera nunca", aseveró López a El País.
Al respecto anunció que la dirección de COFE está analizando la situación en conjunto con su equipo de técnicos. "Hemos presentado propuestas alternativas al Ministerio de Economía para la corrección del salario, nos dijeron que eran de recibo pero nunca nos respondieron", dijo.
COFE buscará que el Poder Ejecutivo cambie de posición antes de los aumentos.
"Nos estamos preparando para encarar el tema. Vamos a salir a pegar fuerte antes de que se venga el ajuste del mes de enero para que el impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo no hagan perder salario a los trabajadores", señaló.
El sindicalista cervecero Richard Read, que chocó con el gobierno por el rango de la inflación en 2012, pidió que se establezca una canasta de artículos básicos a precios definidos por el gobierno.
"La inflación no es un tema salarial, es para remar precios. El gobierno tendría que fijar el piso y el techo de por lo menos 50 productos básicos como fue con el pan tarifado", dijo Read.
Privados.
Hasta la ronda de negociación salarial anterior la mayor parte de los grupos acordaron cláusulas de salvaguarda que implicaban que si la inflación anual llegaba al 10% se volvía a negociar.Sin embargo, el primero de los acuerdos de la ronda 2013, el de las empresas de limpieza, se acordó que el convenio caerá si la inflación supera el 12% en el primer año; para el segundo la inflación no podrá superar el 14%, el siguiente 16% y el último se tolerará hasta el 18%.
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Uruguay en el mes de septiembre recomendó "moderar" los aumentos de salarios.
"En la opinión de la misión, para respaldar el objetivo de reducir la inflación es crítico moderar el aumento real de los sueldos. Al mismo tiempo, en vista de los riesgos a la baja, la reducción de la indexación retrospectiva de los sueldos ayudaría a proteger el empleo", indica el documento del FMI. (Ver página A15)
Los lineamientos planteados por el gobierno para la negociación colectiva indican que las empresas deben pagar a sus empleados la totalidad de la inflación y que los aumentos deber ir desde 0% a 3% anual.
Buscan movilización nacional por ronda
Todos los delegados sindicales que participan en la negociación colectiva se reunirán el próximo lunes en la sede del Pit-Cnt para evaluar la marcha de la ronda salarial, según un comunicado dado a conocer por la central. Varios dirigentes confirmaron a El País que en esa instancia los sindicatos del comercio propondrán al secretariado ejecutivo del Pit-Cnt que cite a la Mesa Representativa para que defina nuevas movilizaciones nacionales.Los niveles de acuerdo en la ronda salarial son escasos y la prórroga de 15 días que fijó el Ministerio de Trabajo (MTSS) se agota y los convenios no aparecen. A esto se suma que en varios grupos la delegación empresarial y los sindicatos alcanzaron acuerdos que superan las pautas del gobierno, lo que enlentece aun más la firma de acuerdos. Hay una repartición en el MTSS encargada de revisar los convenios para que no se superen los lineamientos.
El presidente de la Federación del Comercio y los Servicios (Fuecys), Ismael Fuentes, señaló a El País que hasta el momento hay posibilidades de alcanzar un acuerdo en apenas siete de las cincuenta mesas de negociación en las que participa.
Fuecys ocupó ayer el centro de logística de la cadena El Dorado en Maldonado y se prepara para realizar piquetes en la puerta de por lo menos 16 supermercados de todo el país, según anunció Fuentes.
LAS PAUTAS PARA NEGOCIAR
-El gobierno basó sus lineamientos en que el contexto económico es "menos favorable" y "complejo" que el período de la negociación anterior.-Prevé que el crecimiento de la economía mientras dure el convenio sea de un 3%, por lo que los aumentos salariales no pueden superan esa cifra. Se autoriza un 2% extra para los salarios más sumergidos.
-Con respecto a los ajustes indica que se debe tomar la inflación en el centro de la banda prevista por el Banco Central (BCU).
-Los ajustes salariales deben ser anuales.
-Las pautas oficiales indican que los acuerdos deben ser por tres años. No obstante, los pocos convenios firmados hasta ahora tienen plazos que van de dos a tres años.
Florit terminaría entre el 16 y 20; Ademu el 13
Primaria: desafío por fin de los cursos
El director general del Consejo de
Primaria (CEIP), Héctor Florit, pretende que la Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP) apruebe su idea de que las clases finalicen
entre el 16 y el 20 de diciembre. Florit pretende acumular días de clase
para recuperar parte de los que se perdieron durante los paros.
La Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) tiene
resuelto culminar los cursos el 13 de diciembre. "Nosotros tenemos
resuelto que las clases terminen el 13", dijo categórica a El País
Raquel Bruschera, presidenta de Ademu.
El 13 de diciembre cae viernes, por esto es que los maestros sostienen que "uno o dos días más no cambian la realidad escolar para nada. Estamos reforzando aquellos temas que son básicos. Es demagógico y ridículo creer que la realidad cambia por agregar un día", dijo.
"¿Cuándo hacemos las fiestas? Nosotros terminamos el 13 y después vienen las fiestas y el cierre administrativo. En diciembre ya está todo sobre la mesa, no sé qué más se va a aprender", afirmó Bruschera.
Hasta el momento Ademu no resolvió si hará paro en caso de que la fecha se extienda más allá de lo que tiene resuelto.
El 13 de diciembre cae viernes, por esto es que los maestros sostienen que "uno o dos días más no cambian la realidad escolar para nada. Estamos reforzando aquellos temas que son básicos. Es demagógico y ridículo creer que la realidad cambia por agregar un día", dijo.
"¿Cuándo hacemos las fiestas? Nosotros terminamos el 13 y después vienen las fiestas y el cierre administrativo. En diciembre ya está todo sobre la mesa, no sé qué más se va a aprender", afirmó Bruschera.
Hasta el momento Ademu no resolvió si hará paro en caso de que la fecha se extienda más allá de lo que tiene resuelto.
UPM: Cuando el sainete diplomático y mediático oculta lo esencial
Viernes 04 de octubre de 2013 | 11:57
Hace ya tiempo[1] escribimos junto al economista
Gustavo Melazzi dos trabajos respecto a las ganancias que obtendría la
empresa a partir de su planta en Fray Bentos.En el primero estimábamos utilizando datos acerca de precios de costo de la celulosa en la región y precios internacionales de venta las probables ganancias futuras.
El resultado: U$S 350 millones anuales. En el segundo, después de unos 3 años de operación de la planta comprobábamos, también partiendo de información pública disponible, que nuestra primera estimación había sido conservadora. El resultado anual neto de la fábrica era probablemente muy superior a esa cifra. Y estimábamos que en apenas 3 años la empresa había recuperado el capital (U$S 1.200 millones) invertido. En el primer trabajo los cálculos partían de una base de producción de un millón de toneladas anuales de celulosa producida. Corregida ésta a partir de datos conocidos para ese entonces (1,1 millones anuales) y agregándole las ganancias a partir de la venta de energía a UTE, el resultado era aún más abultado: del orden de los U$S 500 millones anuales. Según el balance de la empresa, que declaraba 533 trabajadores en Uruguay y nuestros propios cálculos de ganancias, cada trabajador en nuestro país le generaba U$S 1 millón de ganancia por año. Este trabajo fue ampliamente divulgado (no por la gran prensa, claro) y no obtuvo respuesta por parte de la empresa o el gobierno.
Los datos actuales referidos a los precios de la celulosa y las estimaciones de costos, también conocidas internacionalmente[2] nos hacen estimar las ganancias anuales actuales en el orden de los U$S 400 millones de dólares anuales. Esto, partiendo de una producción anual de 1,1 millones de toneladas anuales de producción. El aumento recientemente autorizado por el presidente Mujica eleva esa cifra en otros U$S 40 millones de dólares. Como es público y notorio la planta está ubicada en una Zona Franca y no paga impuestos de ninguna clase sobre tales utilidades.
En realidad no habría muchos motivos para insistir en el tema, dado que a nadie parece interesarle excepto tal vez una ínfima minoría militante, salvo que, otra vez los aspectos ambientales del asunto generan un conjunto de movidas políticas internacionales.
Veamos: ante el pedido (más bien exigencia a punta de pistola) de la empresa de ampliar su producción en un 20% (y sus ganancias en proporción aún mayor, dado que el costo marginal de cada tonelada producida por sobre los 1,1 millones de toneladas es menor que el del promedio) el gobierno no hace otra cosa que lo que viene haciendo desde siempre ante cualquier gran empresa: hocicar.
La empresa logra así el objetivo: ampliar la producción y las ganancias. Con una ventaja adicional: la discusión nacional e internacional sobre los aspectos ambientales oculta totalmente el nudo de la cuestión: SUS EXORBITANTES GANANCIAS LIBRES DE IMPUESTOS.
Desde el punto de vista ambiental las afirmaciones del canciller argentino Timerman[3] carecen de cualquier relevancia. A simple modo de ejemplo: se afirma que UPM vierte al río 20 toneladas anuales de fósforo. Para cualquier cultivo en la cuenca del río Uruguay se aplican 50 o más kilos de fósforo por hectárea. O sea, 5.000 hectáreas implican un vertido de fósforo en el campo de no menos de 250.000 kilos. Estimando, conservadoramente, que el 10% del elemento aplicado termina en las cañadas y arroyos cercanos y por esa vía en el río Uruguay se puede concluir que el vertido de fósforo de UPM equivale a aquel número de hectáreas cultivadas. La mancha de soja que rodea Gualeguaychú se extiende por CIENTOS DE MILES DE HECTÁREAS. Y, por supuesto, del lado uruguayo sucede algo parecido. Algo similar se puede concluir respecto al nitrógeno y a la materia orgánica.
Recientemente el agua potable que suministra OSE en Montevideo presentó un elevado nivel de contaminación a partir de algas. Se determinó que en este caso particular existía mal olor pero no toxicidad para los humanos. El episodio ha obligado a OSE a invertir millones de dólares en sistemas de depuración. El origen de las algas es la elevada concentración de fertilizantes presente en el agua del Río Santa Lucía a partir de la actividad agrícola y ganadera en la cuenca. Es evidente que no es bueno verter fósforo y nitrógeno en las cuencas fluviales. Pero en el caso de UPM la significación de estos vertimientos es menor.
El tema de la temperatura del agua (32 grados) que UPM elimina asume caracteres de ridículo similar. Diluida entre el caudal del río dicha diferencia es completamente insignificante. No resulta difícil explicar las razones de tanto desatino: en este mes hay elecciones parlamentarias en Argentina y el ejecutivo tiene mucho en juego en ellas.
De este lado del río el gobierno aprovecha la agresividad diplomática de los vecinos para presentarse como víctima y evitar que el eje de la discusión se centre en lo esencial. Nada podría venirle mejor, tanto al presidente Mujica, como al gran ganador de todo esto, la empresa UPM, que NADIE toque el tema de las ganancias extraordinarias que obtiene y el hecho clave: NO PAGA IMPUESTOS.
Por supuesto: la solicitud de UPM podría haber motivado a un gobierno digno y a una oposición preocupada por el interés nacional a poner sobre la mesa de discusión el tema de fondo. Es evidente que ni ésta ni aquel cumplen estas condiciones.
De paso vale la pena mencionar otro hecho “colateral”. De las declaraciones de algún jerarca se ha podido colegir que existe un “contrato” entre la empresa y el gobierno uruguayo. Si ello es así (y debemos agradecer la fiscal Enrique Viana habernos llamado la atención sobreel punto) bueno sería que el mismo se hiciera público.
No nos hacemos ilusiones…
Hace ya tiempo[1] escribimos junto al economista Gustavo Melazzi dos trabajos respecto a las ganancias que obtendría la empresa a partir de su planta en Fray Bentos.
En el primero estimábamos utilizando datos acerca de precios de costo de la celulosa en la región y precios internacionales de venta las probables ganancias futuras.
El resultado: U$S 350 millones anuales. En el segundo, después de unos 3 años de operación de la planta comprobábamos, también partiendo de información pública disponible, que nuestra primera estimación había sido conservadora. El resultado anual neto de la fábrica era probablemente muy superior a esa cifra. Y estimábamos que en apenas 3 años la empresa había recuperado el capital (U$S 1.200 millones) invertido. En el primer trabajo los cálculos partían de una base de producción de un millón de toneladas anuales de celulosa producida. Corregida ésta a partir de datos conocidos para ese entonces (1,1 millones anuales) y agregándole las ganancias a partir de la venta de energía a UTE, el resultado era aún más abultado: del orden de los U$S 500 millones anuales. Según el balance de la empresa, que declaraba 533 trabajadores en Uruguay y nuestros propios cálculos de ganancias, cada trabajador en nuestro país le generaba U$S 1 millón de ganancia por año. Este trabajo fue ampliamente divulgado (no por la gran prensa, claro) y no obtuvo respuesta por parte de la empresa o el gobierno.
Los datos actuales referidos a los precios de la celulosa y las estimaciones de costos, también conocidas internacionalmente[2] nos hacen estimar las ganancias anuales actuales en el orden de los U$S 400 millones de dólares anuales. Esto, partiendo de una producción anual de 1,1 millones de toneladas anuales de producción. El aumento recientemente autorizado por el presidente Mujica eleva esa cifra en otros U$S 40 millones de dólares. Como es público y notorio la planta está ubicada en una Zona Franca y no paga impuestos de ninguna clase sobre tales utilidades.
En realidad no habría muchos motivos para insistir en el tema, dado que a nadie parece interesarle excepto tal vez una ínfima minoría militante, salvo que, otra vez los aspectos ambientales del asunto generan un conjunto de movidas políticas internacionales.
Veamos: ante el pedido (más bien exigencia a punta de pistola) de la empresa de ampliar su producción en un 20% (y sus ganancias en proporción aún mayor, dado que el costo marginal de cada tonelada producida por sobre los 1,1 millones de toneladas es menor que el del promedio) el gobierno no hace otra cosa que lo que viene haciendo desde siempre ante cualquier gran empresa: hocicar.
La empresa logra así el objetivo: ampliar la producción y las ganancias. Con una ventaja adicional: la discusión nacional e internacional sobre los aspectos ambientales oculta totalmente el nudo de la cuestión: SUS EXORBITANTES GANANCIAS LIBRES DE IMPUESTOS.
Desde el punto de vista ambiental las afirmaciones del canciller argentino Timerman[3] carecen de cualquier relevancia. A simple modo de ejemplo: se afirma que UPM vierte al río 20 toneladas anuales de fósforo. Para cualquier cultivo en la cuenca del río Uruguay se aplican 50 o más kilos de fósforo por hectárea. O sea, 5.000 hectáreas implican un vertido de fósforo en el campo de no menos de 250.000 kilos. Estimando, conservadoramente, que el 10% del elemento aplicado termina en las cañadas y arroyos cercanos y por esa vía en el río Uruguay se puede concluir que el vertido de fósforo de UPM equivale a aquel número de hectáreas cultivadas. La mancha de soja que rodea Gualeguaychú se extiende por CIENTOS DE MILES DE HECTÁREAS. Y, por supuesto, del lado uruguayo sucede algo parecido. Algo similar se puede concluir respecto al nitrógeno y a la materia orgánica.
Recientemente el agua potable que suministra OSE en Montevideo presentó un elevado nivel de contaminación a partir de algas. Se determinó que en este caso particular existía mal olor pero no toxicidad para los humanos. El episodio ha obligado a OSE a invertir millones de dólares en sistemas de depuración. El origen de las algas es la elevada concentración de fertilizantes presente en el agua del Río Santa Lucía a partir de la actividad agrícola y ganadera en la cuenca. Es evidente que no es bueno verter fósforo y nitrógeno en las cuencas fluviales. Pero en el caso de UPM la significación de estos vertimientos es menor.
El tema de la temperatura del agua (32 grados) que UPM elimina asume caracteres de ridículo similar. Diluida entre el caudal del río dicha diferencia es completamente insignificante. No resulta difícil explicar las razones de tanto desatino: en este mes hay elecciones parlamentarias en Argentina y el ejecutivo tiene mucho en juego en ellas.
De este lado del río el gobierno aprovecha la agresividad diplomática de los vecinos para presentarse como víctima y evitar que el eje de la discusión se centre en lo esencial. Nada podría venirle mejor, tanto al presidente Mujica, como al gran ganador de todo esto, la empresa UPM, que NADIE toque el tema de las ganancias extraordinarias que obtiene y el hecho clave: NO PAGA IMPUESTOS.
Por supuesto: la solicitud de UPM podría haber motivado a un gobierno digno y a una oposición preocupada por el interés nacional a poner sobre la mesa de discusión el tema de fondo. Es evidente que ni ésta ni aquel cumplen estas condiciones.
De paso vale la pena mencionar otro hecho “colateral”. De las declaraciones de algún jerarca se ha podido colegir que existe un “contrato” entre la empresa y el gobierno uruguayo. Si ello es así (y debemos agradecer la fiscal Enrique Viana habernos llamado la atención sobreel punto) bueno sería que el mismo se hiciera público.
No nos hacemos ilusiones…
Un día después de haber redactado el trabajo leemos hoy[4] lo siguiente:
“El gobierno uruguayo hizo público ayer los datos de monitoreo de la planta de UPM, comparando algunos de sus resultados obtenidos con los valores establecidos en la normativa, e incluso contrastándolos con los resultados del río Gualeguaychú”.En cuanto al fósforo vertido al río Uruguay, el gobierno de nuestro país autoriza un máximo de 74 kg diarios, mientras que la planta vuelca 47 kg. El vertido en Gualeguaychú se ubica en 5.108 kg.
Si bien, desde hace más de un año, en Uruguay se prohibió el uso del pesticida endosulfan, (Argentina hizo lo propio hace tres meses) por tratarse de un compuesto persistente, se mantienen algunas trazas del mismo en el río Uruguay.
En julio, el endosulfan sulfato tenía un parámetro de 1,07 nanogramos por litro, mientras en Gualeguaychú se ubicaba en 14,2 nanogr/l.
Tanto en la carga orgánica como en el caudal de vertido, UPM tiene valores por debajo de lo establecido. En cuanto al nitrógeno, la norma indica un tope de 740 kg por día. En Gualeguaychú, el vertido de este elemento se ubica en 11.750 kg, y en UPM en 102 kg”
Tal cual estimamos más arriba el nivel de vertidos a partir del área agrícola en torno a Gualeguaychú es 100 veces mayor al de UPM.
Para concluir con los términos del sainete: en un popular programa radial de la mañana escuchamos a oyentes proponer que Uruguay denuncie a Argentina por contaminación ante La Haya basándose en los datos expuestos más arriba.
Otro disparate: si Gualeguaychú vierte cantidades enormes de fósforo, nitrógeno y materia orgánica al Río Uruguay otro tanto hacemos desde este lado del río.
El tema del manejo indiscriminado de fertilizantes (y otros múltiples agroquímicos) es central a cualquier intento de mejorar las condiciones ambientales de nuestros países. El modelo agrícola impuesto por el agronegocio y adoptado dócilmente a ambos lados del río es enemigo directo de aquel objetivo.
[1] http://www.semanario-
http://www.analisisdigital.
[2] http://www.risiinfo.com/
[3] http://www.subrayado.com.uy/
[4] http://www.republica.com.uy/
Que contradicciones nos toca vivir
por Pablo Cabrera
06 oct
06 oct
Que contradicciones nos toca vivir; resulta que preocupa mas al gobierno la producción de UPM, al punto de retomar una fuerte conflictividad con Argentina, cuando las ganancias reales de esta empresa no quedan en el pais, solo el trabajo de la clase trabajadora y nadie se preocupa de que un kilo de yerba, este a $115. Para los pobres antes mate y pan eran una solución para calmar el ruido de la panza, hoy que tienen? Un par de flautas a $50 pesos cuando el salario es de $10000, un boleto a $21 y cosas en el estilo. Como puede pasar esto en un país con el 80%de tierra fértil y agua que mana desde cualquier pozo? Quien piensa en la clase trabajadora y el pueblo? Busquemos los cambios reales y que sean ahora
Pablo Daniel Cabrera Stellatelli
EL FACTOR ELECTORAL EN LA CRISIS CON URUGUAY
Más preguntas que respuestas
Imagen: Gonzalo Martinez
La nueva escalada por la contaminación del río Uruguay desafía la sensatez de ambos gobiernos. Mujica mencionó el factor electoral argentino, en una obvia proyección de lo que ocurre en Uruguay, de donde provino la decisión unilateral. Derrotado en la interna, sin el premio consuelo de la vicepresidencia para su esposa, Mujica comienza a parecerse en el ocaso a quien lo precedió y a facilitarle la tarea sucia a quien lo sucederá, en ambos casos Tabaré.
Por Horacio Verbitsky - Página 12
El presidente uruguayo José Mujica atribuyó la falta de entendimiento por la ampliación de la planta papelera sobre la margen oriental del Río Uruguay al proceso electoral argentino. Basta ver los avisos televisados de los distintos candidatos para advertir que en campaña muchos ánimos se trastornan y muchas mentes se ofuscan. Pero también Uruguay está en pleno proceso proselitista, si bien la renovación presidencial no ocurrirá dentro de un mes sino en un año, y Mujica enfrenta una de las situaciones más difíciles de su larga vida política, cosa que incluso confesó en Buenos Aires. Por eso, habló de la Argentina pensando en el Uruguay. En cualquier caso, está claro que de aquel lado del río las empresas aún condicionan las decisiones del sistema político, tal como ocurrió en las dos primeras décadas de la democracia argentina, y que el anuncio de Mujica obedeció a una imposición de la pastera finlandesa UPM sobre la institucionalidad uruguaya. La Argentina no tiene movida ganadora en este juego: o se resigna a la decisión unilateral del Uruguay, en desmedro de su propia entidad nacional, o actúa del mismo modo inamistoso, recortando beneficios concedidos a los amigos orientales, y excita así el nacionalismo del Paisito, que llega al culmen de su unidad cuando acusa la prepotencia del poderoso vecino.
Bandazos
El chacarero de Rincón del Cerro perdió la disputa por la política fiscal con su vicepresidente Danilo Astori, la candidatura para sucederlo ante su peor rival e incluso el premio consuelo de que su esposa, la senadora Lucía Topolansky, pudiera acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula que competirá el año próximo, contra los desvaídos partidos tradicionales, cuya política histórica es hoy mejor servida por el Frente Amplio. En lugar de Lucía, Tabaré impulsa a la presidente del Frente Amplio, la socialista Mónica Xavier. Durante una charla en un colegio, Vázquez comunicó que había contemplado con los jefes militares un posible conflicto bélico con la Argentina y que había pedido en Estados Unidos el apoyo diplomático de Washington. Por el escándalo que produjo esta grave revelación, Tabaré anunció su retiro de la política, decisión que no le llevó ni dos años revisar. Ya sin opciones para su MPP, el primer ex guerrillero que llegó a la presidencia por medios legales dedica su último año de gobierno a facilitar el regreso de Vázquez, ahorrándole el costo de las decisiones más controvertidas. Ya en 2006, cuando Mujica sólo era ministro de Agricultura de Tabaré, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, James D. Nealon, lo describía en un despacho a su ministerio de relaciones exteriores como “un aliado clave”, que “ha sido útil en contrarrestar a los ideólogos de la extrema izquierda” y apoyado a Tabaré a “buscar buenas relaciones con Estados Unidos”, aunque “gran parte de la región haya dado un bandazo hacia la izquierda”. En el ocaso, Mujica comienza a parecerse a quien lo desplazará.
La autorización a la pastera para que aumente la producción, sin esperar el acuerdo que la Argentina reclama según los tratados vigentes y las decisiones de la Corte Internacional de La Haya, no es el único indicio. Antes de viajar a las Naciones Unidas, donde sedujo a los encandilados por la era de la imagen, sin tomar en cuenta la vaguedad de sus (in)definiciones, había anunciado la adjudicación de nuevos canales de televisión a las más poderosas empresas de medios, dejando de lado a las cooperativas de trabajadores, que habían obtenido la mejor evaluación de la comisión independiente que estudió las propuestas. Los elegidos fueron los tres canales de aire privados (Montecarlo Canal 4, Saeta Canal 10 y Teledoce, del grupo que edita el diario El País), VTV (del grupo Tenfield, que monopoliza la transmisión del fútbol y otros eventos deportivos, propiedad del traficante de jugadores Francisco Casal, asociado con el ídolo rioplatense Enzo Francescoli) y Bla, una revista de farándula y avisos. La objeción de Mujica a las cooperativas La Diaria y Demos fue que contemplaban financiar su inversión con aportes del Fondo para el Desarrollo. Para compensar, Mujica también anunció que entregaría un canal a la central de trabajadores PIT-CNT. Durante el mismo viaje, en el que mateó con David Rockefeller, quien a sus 98 años es dudoso que supiera con quién estaba, Mujica anticipó la inminente autorización a UPM en una entrevista con la agencia de negocios Bloomberg, propiedad del alcalde de Nueva York.
Su curiosa justificación para violar tratados y fallos internacionales obligatorios suscita preguntas obvias: de haber un problema electoral argentino y si, como dice, no le quedaba otro remedio que inclinarse ante la exigencia de la empresa respaldada por Tabaré y la oposición albirroja, ¿qué razón había para adelantar el piedrazo? Si el factor electoral existe, su proyección en la Argentina se agotará en tres semanas, mientras Uruguay convivirá con él hasta el 26 de octubre de 2014.
La pregunta del millón
El límite de un millón de toneladas anuales de pasta fue fijado en 2005 por el gobierno del Uruguay, en base a un informe propio de Impacto Ambiental, que fue ratificado en 2010 por la Corte Internacional de Justicia, bajo el control y la vigilancia continua de la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU. En 2012, Uruguay sometió a la CARU la solicitud de UPM de ampliar su producción anual, en modificación de las condiciones previstas en el proyecto original. El procedimiento de información y consulta previas se encuentra en pleno desarrollo, de acuerdo con el Estatuto del Río Uruguay. La Argentina sostiene que la información y documentación recibidas eran incompletas y cuatro veces solicitó información complementaria, que Uruguay no suministró. De las 21 preguntas que presentó la Argentina, sólo diez fueron respondidas por Uruguay. Según el gobierno argentino, ésta es una nueva violación al procedimiento de información y consulta que, de acuerdo con el fallo de La Haya, Uruguay ya violó en ocho ocasiones y actuando de mala fe. Por eso entiende que la autorización unilateral implica una nueva controversia entre las partes, que puede ser sometida por cualquiera de ellas a la Corte Internacional. El incremento que ahora permitió Mujica blanquea niveles de producción ya alcanzados, por encima del tope legal, según los registros aduaneros del propio Uruguay: la planta de UPM se excedió en 50.597 toneladas en 2009; 97.407 en 2010; 96.880 en 2011; 88.124 en 2012 y 74.410 toneladas hasta septiembre de 2013, introduciendo en el río mayor cantidad de sustancias, energía y contaminación, en desacato a todas las normas, incluyendo los Acuerdos Presidenciales y de Cancilleres de 2010 para la ejecución de la sentencia de La Haya. El Día de los Inocentes de 2012, el Uruguay reconoció que no había consentido ningún excedente de producción sobre el millón de toneladas autorizadas. Desde 2010, el Comité Científico ingresó 28 veces a la planta para realizar mediciones y tomar de muestras de efluentes, instaló siete boyas con sondas de medición en la zona de potencial influencia de la planta sobre el Río Uruguay y tomó muestras de las aguas en 32 puntos del río. Las únicas mediciones válidas de acuerdo con la sentencia de La Haya son las que se realizan dentro de la planta, en el caño de desagüe, y no las que puedan realizarse en cualquier lugar del río, como intenta presentar el gobierno uruguayo. Los resultados no se difundieron debido a los desacuerdos en la CARU sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, por falta de información y obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta. Según la posición argentina, Uruguay pretende mezclar el monitoreo de la planta ordenado en la sentencia de La Haya con el de la Desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay e incorporar esa desembocadura dentro de la zona de influencia de la planta de UPM en el Río Uruguay. También se opone a difundir los cálculos másicos y volumétricos de parámetros medidos por el Comité Científico, a publicar sus actas de ingreso a UPM, sus conclusiones, y los datos y análisis de las muestras de los equipos instalados y a instalarse en la planta y pretende reemplazar los informes del Comité Científico de la CARU por los de sus propios organismos nacionales. De acuerdo con la posición argentina, la planta no cumple con la normativa conjunta ni con la específica uruguaya, como el exigente decreto 253/79 y sus modificatorios. La planta de UPM no cumple estos límites establecidos:
- su temperatura supera el valor establecido en más del 50 por ciento;
- el contenido promedio de fósforo supera 36 veces el límite permitido por la normativa uruguaya, lo cual redundará en un incremento de los elevados valores que ya contiene el río;
- en cuatro muestras, los fenoles detectados duplicaron y hasta cuadruplicaron el tope vigente y en tres la cantidad admisible de cromo;
- el Comité Científico también detectó en el efluente de la planta endosulfán, un pesticida organoclorado de uso prohibido desde 2011 en el Uruguay, y
- en seis de catorce mediciones se detectaron grasas y aceites, que no debían estar allí.
La Argentina también se opone al aviso previo que el Comité Científico debe dar a la empresa antes de cada inspección, por disposición uruguaya, ya que los diez días que demora el trámite permiten corregir algunos apartamientos de la normativa antes del control. La alta concentración de fósforo promueve el crecimiento de algas que se corresponden con la acumulación de cianobacterias en la superficie. Estas masas densas de algas pueden ser barridas por el viento hacia las bahías o las costas e interrumpir el balance de oxígeno disuelto en el curso de agua. De día, el problema es atenuado por la fotosíntesis de las algas, pero de noche los bajos niveles de oxígeno disuelto consumido por las algas pueden causar la mortalidad de peces, lo cual se agrava con el aumento de la temperatura. Esas bacterias también pueden ser tóxicas para los animales que beben el agua, que adquiere olor y sabor desagradables. La descarga de una masa líquida con una temperatura superior a la del río constituye la violación al Estatuto del Río Uruguay contemplada en su artículo 40. De acuerdo con los datos recolectados desde mayo de 2008, la temperatura de los efluentes supera en más del 50 por ciento el valor establecido vigente. A lo largo de un año, la carga orgánica vertida por la planta equivale a la demanda química de oxígeno de una ciudad de 96.500 habitantes que volcara sus efluentes crudos al río; a la cantidad de fósforo de una ciudad de 25.000 habitantes y a la de nitrógeno de una ciudad de 28.000 habitantes que descargara sus efluentes sin tratamiento. Uruguay no cuestiona esas cifras, pero se queja de la alarma que producen.
El miércoles 2 la Argentina hizo conocer estos valores. Al día siguiente, dos ministros uruguayos aseguraron que la planta cumplía con los estándares ambientales. Sin embargo, debieron reconocer que las cifras mencionadas por la Argentina eran reales. La diferencia reside en su interpretación. Uruguay informó sobre supuestas contaminaciones en otros sitios y localidades de los dos países. Pero los datos divulgados por la Argentina, que Uruguay no desmiente, fueron recabados dentro de la planta, en los caños de desagüe de efluentes y en los pluviales antes de llegar al río, tal como lo estableció el fallo de La Haya. Los estándares establecidos aplicables son los del Digesto de la CARU y, sólo cuando fueren más exigentes, los de la normativa uruguaya. Pero Uruguay aplica en forma unilateral estándares propios menos exigentes, de cuyo rechazo la Argentina dejó constancia en las actas de la CARU. Incluso si se tomaran los valores máximos uruguayos, el vertido de UPM al río equivaldría al de una ciudad de 36.000 habitantes en fósforo, 440.000 habitantes en demanda de oxígeno y 197.000 habitantes en nitrógeno. El efluente de fósforo de UPM supera nueve veces al del río y 36 veces lo permitido por la norma uruguaya.
El recurso a la Corte Internacional anunciado por la Argentina intenta mantener el litigio en términos razonables, pero no sería beneficioso que los denominados ambientalistas de la margen occidental volvieran a enturbiar las relaciones con sus desplantes belicosos. Además de tener la razón, es conveniente guardar las proporciones, algo que no pueden hacer los municipios ni las provincias sino el gobierno de la Confederación Argentina.
Los insaciables piratas y saqueadores van por más
El gerente general de UPM: RONALD BEARE
"El objetivo sigue siendo 1,3 millones de toneladas"
El gerente general de UPM dijo a El País
que la empresa está satisfecha con el permiso concedido por el gobierno
para incrementar su producción, pero afirmó que el objetivo sigue siendo
llegar a 1,3 millones de toneladas de celulosa porque es lo que
autorizó Dinama.
Gonzalo Terra El País
No considera que la empresa haya presionado al gobierno. "En Finlandia la noticia no pasaba de un diario local", sostuvo.
-UPM pidió al gobierno un aumento de producción de 200.000 toneladas de celulosa y se le concedieron 100.000. ¿Los conforma?
-Es una buena noticia para UPM porque permite optimizar los procesos. Esto comenzó hace muchos años, cuando presentamos el permiso ante la Dinama para aumentar la producción. Este incremento de la producción es normal para cualquier fábrica de celulosa. En Finlandia hay más de 18 fábricas de celulosa y todas han ido ampliando en forma marginal su producción para sacar el máximo potencial de la capacidad instalada.
-¿UPM mantiene su intención de llegar a producir 1,3 millones de toneladas?
-Es la solicitud de la empresa y lo que fue autorizado por Dinama. Lo que ahora se dio es una autorización temporaria hasta que se cumpla lo que se pidió; la planta puede operar a un régimen mayor, ese es el objetivo, es lo que está presentado y autorizado. El futuro dirá.
-¿Cuánto representa en dinero este aumento de producción para la empresa?
-Es un 10% de aumento en la facturación de la exportación en Uruguay (N. de R.: en 2012 la empresa exportó por US$ 793 millones). Además, crea 200 puestos de trabajo permanentes en la cadena forestal. Uruguay, con paciencia y desarrollo, ha logrado conquistar mercados en Asia y Europa, y esto nos va a permitir reafirmar nuestra posición como país exportador de celulosa. Estos aumentos de capacidad son por 100.000 o 200.000 toneladas, y mientras nosotros estamos en esto, en Brasil están instalando fábricas de dos millones de toneladas. Si queremos seguir siendo competitivos y con una industria forestal vibrante, debemos seguir creciendo.
-¿Cuándo retoma la actividad?
-En noviembre comenzamos el año de producción con el nuevo tope. Pero se inició la actividad de acopio, transporte y cosecha. No habrá envíos al seguro de paro. Todas las empresas proveedoras de nuestra cadena continuarán con su actividad normal.
-¿La empresa tenía un plan B si la respuesta del gobierno era negativa?
-Tanto la empresa como el sector forestal uruguayo han ido desarrollando plantaciones, si en el futuro no hay posibilidad de industrializar la madera se terminará exportando en rolos. Es como exportar ganado en pie. El desarrollo de las plantaciones y la capacidad industrial para procesarla deben ir de la mano.
-¿UPM tiene un acuerdo con el gobierno que la ampara a la hora de reclamar?
-No, esto lo resuelve el gobierno.
-UPM advirtió al gobierno que cerraría dos meses si no autorizaba el aumento de producción, mientras que Argentina la acusa de extorsión. ¿Qué opina?
-La empresa no hace comentarios sobre temas que están en la órbita diplomática. No obstante, de ninguna manera ha presionado a nadie sobre este tema. Este es un proceso bien planificado de crecimiento, lleva cuatro años con las presentaciones ante la Dinama, se hizo todo el estudio sobre aumento de producción y Dinama lo aprobó sin ningún problema. Es un proceso absolutamente normal en las fábricas de celulosa. En Finlandia esta decisión no pasaba de un diario local donde está instalada la fábrica. Estamos sorprendidos por la dimensión que ha tomado este tema.
-¿A qué adjudica la empresa que esa resistencia argentina se mantenga durante tanto tiempo?
-No podemos hablar de temas diplomáticos. Lo importante es que los procesos de crecimiento y desarrollo son normales. Uruguay ha hecho una apuesta a la política forestal, que es de Estado desde hace veinte años. Ha sido un proceso exitoso y ha logrado radicar industrias y generar una cadena forestal.
-En el último Consejo de Ministros el gobierno analizó el malestar existente con la empresa por el manejo mediático del tema. ¿El presidente o alguna autoridad del gobierno trasmitió ese malestar a la empresa?
-No. La comunicación que hubo siempre con el gobierno fue en el ámbito de la comisión de seguimiento, que es donde la empresa presenta cada dos meses su informe productivo.
-¿Considera necesarias las contrapartidas pedidas por el gobierno?
-La planta es una de las mejores del mundo. Aquí llegan profesionales de todo el mundo para observar nuestra tecnología. Por lo tanto las normas y los permisos para operar son de los más restrictivos a nivel mundial. Muchas fábricas que hoy operan en Europa no podrían hacerlo en Uruguay porque su tecnología no es lo suficientemente moderna. De todas formas, está bueno que el país se mantenga a la vanguardia y la empresa va a hacer las inversiones que sean necesarias.
-No respondió, ¿son necesarias?
-Es lo que pide la autoridad y nosotros somos muy respetuosos de la normativa y los permisos vigentes.
-¿Cuánto invertirá la empresa para cumplir con las exigencias del gobierno?
-La torre de enfriamiento requiere una inversión del orden de los seis millones de dólares. Todavía tenemos entre tres y seis meses para presentar distintos proyectos. Las obras deben iniciarse a partir del próximo año. Los plazos para cumplir son los que demanda cada proyecto.
-¿UPM ofreció al gobierno construir otra planta de celulosa?
-En este momento UPM está concentrada en terminar de poner a punto y afinar todos los procesos de la planta de Fray Bentos. UPM ve a Uruguay como una plataforma muy buena de negocios. En Finlandia UPM está desarrollando la primera planta de biocombustible de tercera generación a partir de residuos del bosque. Pero también es cierto, estamos buscando oportunidades de crecimiento de celulosa a nivel mundial.
-UPM pidió al gobierno un aumento de producción de 200.000 toneladas de celulosa y se le concedieron 100.000. ¿Los conforma?
-Es una buena noticia para UPM porque permite optimizar los procesos. Esto comenzó hace muchos años, cuando presentamos el permiso ante la Dinama para aumentar la producción. Este incremento de la producción es normal para cualquier fábrica de celulosa. En Finlandia hay más de 18 fábricas de celulosa y todas han ido ampliando en forma marginal su producción para sacar el máximo potencial de la capacidad instalada.
-¿UPM mantiene su intención de llegar a producir 1,3 millones de toneladas?
-Es la solicitud de la empresa y lo que fue autorizado por Dinama. Lo que ahora se dio es una autorización temporaria hasta que se cumpla lo que se pidió; la planta puede operar a un régimen mayor, ese es el objetivo, es lo que está presentado y autorizado. El futuro dirá.
-¿Cuánto representa en dinero este aumento de producción para la empresa?
-Es un 10% de aumento en la facturación de la exportación en Uruguay (N. de R.: en 2012 la empresa exportó por US$ 793 millones). Además, crea 200 puestos de trabajo permanentes en la cadena forestal. Uruguay, con paciencia y desarrollo, ha logrado conquistar mercados en Asia y Europa, y esto nos va a permitir reafirmar nuestra posición como país exportador de celulosa. Estos aumentos de capacidad son por 100.000 o 200.000 toneladas, y mientras nosotros estamos en esto, en Brasil están instalando fábricas de dos millones de toneladas. Si queremos seguir siendo competitivos y con una industria forestal vibrante, debemos seguir creciendo.
-¿Cuándo retoma la actividad?
-En noviembre comenzamos el año de producción con el nuevo tope. Pero se inició la actividad de acopio, transporte y cosecha. No habrá envíos al seguro de paro. Todas las empresas proveedoras de nuestra cadena continuarán con su actividad normal.
-¿La empresa tenía un plan B si la respuesta del gobierno era negativa?
-Tanto la empresa como el sector forestal uruguayo han ido desarrollando plantaciones, si en el futuro no hay posibilidad de industrializar la madera se terminará exportando en rolos. Es como exportar ganado en pie. El desarrollo de las plantaciones y la capacidad industrial para procesarla deben ir de la mano.
-¿UPM tiene un acuerdo con el gobierno que la ampara a la hora de reclamar?
-No, esto lo resuelve el gobierno.
-UPM advirtió al gobierno que cerraría dos meses si no autorizaba el aumento de producción, mientras que Argentina la acusa de extorsión. ¿Qué opina?
-La empresa no hace comentarios sobre temas que están en la órbita diplomática. No obstante, de ninguna manera ha presionado a nadie sobre este tema. Este es un proceso bien planificado de crecimiento, lleva cuatro años con las presentaciones ante la Dinama, se hizo todo el estudio sobre aumento de producción y Dinama lo aprobó sin ningún problema. Es un proceso absolutamente normal en las fábricas de celulosa. En Finlandia esta decisión no pasaba de un diario local donde está instalada la fábrica. Estamos sorprendidos por la dimensión que ha tomado este tema.
-¿A qué adjudica la empresa que esa resistencia argentina se mantenga durante tanto tiempo?
-No podemos hablar de temas diplomáticos. Lo importante es que los procesos de crecimiento y desarrollo son normales. Uruguay ha hecho una apuesta a la política forestal, que es de Estado desde hace veinte años. Ha sido un proceso exitoso y ha logrado radicar industrias y generar una cadena forestal.
-En el último Consejo de Ministros el gobierno analizó el malestar existente con la empresa por el manejo mediático del tema. ¿El presidente o alguna autoridad del gobierno trasmitió ese malestar a la empresa?
-No. La comunicación que hubo siempre con el gobierno fue en el ámbito de la comisión de seguimiento, que es donde la empresa presenta cada dos meses su informe productivo.
-¿Considera necesarias las contrapartidas pedidas por el gobierno?
-La planta es una de las mejores del mundo. Aquí llegan profesionales de todo el mundo para observar nuestra tecnología. Por lo tanto las normas y los permisos para operar son de los más restrictivos a nivel mundial. Muchas fábricas que hoy operan en Europa no podrían hacerlo en Uruguay porque su tecnología no es lo suficientemente moderna. De todas formas, está bueno que el país se mantenga a la vanguardia y la empresa va a hacer las inversiones que sean necesarias.
-No respondió, ¿son necesarias?
-Es lo que pide la autoridad y nosotros somos muy respetuosos de la normativa y los permisos vigentes.
-¿Cuánto invertirá la empresa para cumplir con las exigencias del gobierno?
-La torre de enfriamiento requiere una inversión del orden de los seis millones de dólares. Todavía tenemos entre tres y seis meses para presentar distintos proyectos. Las obras deben iniciarse a partir del próximo año. Los plazos para cumplir son los que demanda cada proyecto.
-¿UPM ofreció al gobierno construir otra planta de celulosa?
-En este momento UPM está concentrada en terminar de poner a punto y afinar todos los procesos de la planta de Fray Bentos. UPM ve a Uruguay como una plataforma muy buena de negocios. En Finlandia UPM está desarrollando la primera planta de biocombustible de tercera generación a partir de residuos del bosque. Pero también es cierto, estamos buscando oportunidades de crecimiento de celulosa a nivel mundial.
La multinacional decide. El Presidente quiere hacer creer que es él quién resuelve. Qué farsa!
producción de upm
Mujica autorizó a aumentar la mitad de lo solicitado: 100.000 toneladas
El presidente de la República informó que
la medida tiene carácter provisorio y puso la condición de hacer una
torre de enfriamiento para efluentes a menos de 30 grados. Mujica dijo
que le dolía mucho esta decisión que generará problemas "pero eso no
cambiará mi cariño hacia el pueblo argentino".
Mujica en conferencia de prensa en su despacho de Torre Ejecutiva. Foto: Leonardo Carreño
mié oct 2 2013 18:26 El País uy
El presidente de la República, José Mujica,
informó esta tarde que autoriza el aumento de la producción de UPM pero
a la mitad de lo solicitado. Es decir, 100.000 toneladas.
Esta medida tiene carácter provisorio y puso la condición de que tendrán que hacer una torre de enfriamiento para efluentes a menos de 30 grados.
Asimismo, exigió a la empresa bajar la cantidad de fósforo que descargan en el Río Uruguay.
"Tenemos que cuidar el medio ambiente pero trabajando", dijo el mandatario.
Para Mujica se agotaron los espacios de negociación dado que Argentina está en elecciones y opinó que ahí es cuando se pierde la racionalidad.
"Me siento federal y artiguista pero estoy en Uruguay y debo cuidar el trabajo de los uruguayos, en la cadena forestal", manifestó el mandatario.
Además, indicó que el próximo gobierno será quien decida la autorización de una nueva pastera en la zona noreste del país.
Lo último que dijo sobre UPM fue que le dolía mucho esta decisión que traerá problemas "pero eso no cambia mi cariño por el pueblo argentino".
Luego de la conferencia, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, dijo que el canciller Luis Almagro no se encontraba presente porque la medida fue una decisión interna del gobierno.
En tanto la La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se reunirá a las 20:30 en la Plaza Urquiza, frente a la municipalidad de Gualeguaychú en forma simbólica. El encuentro ya estaba agendado para recordar los diez años del primer reclamo por la instalación de UPM pero aseguran que ahora “las papas queman” y el centro de la asamblea será analizar medidas ante el aumento de la producción de UPM.
El ambientalista Gustavo Rivollier comentó a El País que “no hay duda” que será una “asamblea caliente” porque la gente está “muy enojada”. “Hay gente que dice ‘si hoy llaman a la ruta voy’. Gente que quería en su momento levantar el corte. Estamos enojados con el gobierno argentino, con el gobierno uruguayo, con UPM, con todo”, aseguró
El gobernador de la provincia, Sergio Uribarri, lanzó desde Twitter que: "La Corte Internacional (de La Haya) fijó el límite de producción en un millón de toneladas para la empresa cuando emitió el dictamen. El diálogo es importante, pero el aumento de la producción de UPM es algo claramente no negociable". En declaraciones a la prensa agregó que "confía en el diálogo con Uruguay" pero "más confía en La Haya". Y reiteró que el aumento de producción a UPM "no se negocia". El intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo, dijo, por su parte, que "el río Uruguay no resiste un aumento de la producción" de UPM. Esa es la línea que mantiene el gobierno argentino que asegura que el río está al límite de contaminación no solamente por la acción de UPM sino por la polución originada en Brasil.
Esta medida tiene carácter provisorio y puso la condición de que tendrán que hacer una torre de enfriamiento para efluentes a menos de 30 grados.
Asimismo, exigió a la empresa bajar la cantidad de fósforo que descargan en el Río Uruguay.
"Tenemos que cuidar el medio ambiente pero trabajando", dijo el mandatario.
Para Mujica se agotaron los espacios de negociación dado que Argentina está en elecciones y opinó que ahí es cuando se pierde la racionalidad.
"Me siento federal y artiguista pero estoy en Uruguay y debo cuidar el trabajo de los uruguayos, en la cadena forestal", manifestó el mandatario.
Además, indicó que el próximo gobierno será quien decida la autorización de una nueva pastera en la zona noreste del país.
Lo último que dijo sobre UPM fue que le dolía mucho esta decisión que traerá problemas "pero eso no cambia mi cariño por el pueblo argentino".
Luego de la conferencia, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, dijo que el canciller Luis Almagro no se encontraba presente porque la medida fue una decisión interna del gobierno.
Desde Argentina.
Argentina se opuso a un incremento en la producción, exigió mayores controles ambientales y amenazó con recurrir a la Corte Internacional de La Haya. Uruguay se aferró al argumento de que los informes de impacto ambiental a la planta están frenados por decisión de los representantes argentinos que integran la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU).En tanto la La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se reunirá a las 20:30 en la Plaza Urquiza, frente a la municipalidad de Gualeguaychú en forma simbólica. El encuentro ya estaba agendado para recordar los diez años del primer reclamo por la instalación de UPM pero aseguran que ahora “las papas queman” y el centro de la asamblea será analizar medidas ante el aumento de la producción de UPM.
El ambientalista Gustavo Rivollier comentó a El País que “no hay duda” que será una “asamblea caliente” porque la gente está “muy enojada”. “Hay gente que dice ‘si hoy llaman a la ruta voy’. Gente que quería en su momento levantar el corte. Estamos enojados con el gobierno argentino, con el gobierno uruguayo, con UPM, con todo”, aseguró
El gobernador de la provincia, Sergio Uribarri, lanzó desde Twitter que: "La Corte Internacional (de La Haya) fijó el límite de producción en un millón de toneladas para la empresa cuando emitió el dictamen. El diálogo es importante, pero el aumento de la producción de UPM es algo claramente no negociable". En declaraciones a la prensa agregó que "confía en el diálogo con Uruguay" pero "más confía en La Haya". Y reiteró que el aumento de producción a UPM "no se negocia". El intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo, dijo, por su parte, que "el río Uruguay no resiste un aumento de la producción" de UPM. Esa es la línea que mantiene el gobierno argentino que asegura que el río está al límite de contaminación no solamente por la acción de UPM sino por la polución originada en Brasil.
No son necesarias las palabras cuando las patronales votan a dos manos el apoyo a Mujica. Todo dicho.
por autorización de aumentar producción de upm
Cámaras Empresariales dieron su apoyo a José Mujica
Las Cámaras Empresariales emitieron un
comunicado en la tarde de este jueves donde hicieron público su respaldo
a la decisión del gobierno sobre la autorización del aumento de
producción de la pastera UPM.
jue oct 3 2013 19:44 El País uy
“Hacemos público nuestro respaldo a la decisión del gobierno uruguayo, ejercida
en el marco de la soberanía nacional, conforme a derecho y en
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales”, expresa el comunicado.
La misiva es firmada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Mercantil de Productos del País, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y la Federación Rural.
La misiva es firmada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Mercantil de Productos del País, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y la Federación Rural.
Monsanto va copando todo el campo argentino y decide sobre tierras y gentes. Ya que van por La Haya podrían hacer alguna denuncia, o algo, o protesta, o repudio contra la genocida Monsanto. Ya que el Gobierno dice estar tan preocupado por el medio ambiente y la ecología.
conflicto por upm
Argentina advierte que irá a La Haya si se permite aumento de producción
El gobierno argentino emitió un duro
comunicado donde advierte que irá a la Corte Internacional de Justicia
en La Haya en caso de no llegar a un acuerdo con Uruguay tras el pedido
de aumento de producción de UPM.
Temas
dom sep 29 2013 20:03 El País uy
"En caso de no arribar a un acuerdo,
cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte
Internacional de Justicia", expresa el comunicado que emitió este
domingo la Cancillería argentina.
El gobierno argentino reiteró que la Corte Internacional fijo el límite de producción en 1 millón de toneladas para la empresa UPM (ex Botnia) cuando emitió su dictamen luego de la controversia generada por la instalación de la planta.
"Todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal. También estableció que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la que asuma el control y vigilancia sobre los efectos de la dicha empresa sobre el Río Uruguay. Ambos gobiernos ratificaron este procedimiento", sentencia la misiva.
En el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina se informa que "en marzo de 2012 Uruguay puso en conocimiento de la CARU una solicitud de aumento de producción . Al hacer esta presentación el Uruguay reconoce que el aumento de producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoce que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho cambio".
Según la misiva, "Argentina reiteró en cuatro oportunidades la solicitud de información sin recibir la información adecuada por lo tanto aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya tal como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto".
Por fuera de estos parámetros toda decisión que se tome "es violatoria del Estatuto del Río Uruguay y de los posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas naciones"-
Por último, Cancillería argentina manifiesta que "el interés de la empresa Botnia UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre naciones hermanas".
"Con ese espíritu de respeto y amistad es que deben ser tratada las presiones que intente efectuar dicha empresa", concluye.
El gobierno argentino reiteró que la Corte Internacional fijo el límite de producción en 1 millón de toneladas para la empresa UPM (ex Botnia) cuando emitió su dictamen luego de la controversia generada por la instalación de la planta.
"Todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal. También estableció que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la que asuma el control y vigilancia sobre los efectos de la dicha empresa sobre el Río Uruguay. Ambos gobiernos ratificaron este procedimiento", sentencia la misiva.
En el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina se informa que "en marzo de 2012 Uruguay puso en conocimiento de la CARU una solicitud de aumento de producción . Al hacer esta presentación el Uruguay reconoce que el aumento de producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoce que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho cambio".
Según la misiva, "Argentina reiteró en cuatro oportunidades la solicitud de información sin recibir la información adecuada por lo tanto aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya tal como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto".
Por fuera de estos parámetros toda decisión que se tome "es violatoria del Estatuto del Río Uruguay y de los posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas naciones"-
A La Haya.
"En caso que la República de Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino o no haya acuerdo entre las partes el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países y en caso de no arribar a un acuerdo cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia", añade el comunicado hacia el final.Por último, Cancillería argentina manifiesta que "el interés de la empresa Botnia UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre naciones hermanas".
"Con ese espíritu de respeto y amistad es que deben ser tratada las presiones que intente efectuar dicha empresa", concluye.
El
comunicado se publicó a horas de que el presidente José Mujica y su par
Cristina Fernández se encuentren en Buenos Aires, planificado para este
lunes. En el encuentro, inaugurarán el buque "Papa Francisco" del
empresario Juan Carlos López Mena. El evento está previsto que se lleve a
cabo sobre las 19:30 en Puerto Madero.
Grupo Guayubira
En defensa del monte indígena
Uruguay: empleos y producciones antes y después de la forestación
publicado el
21/09/2013
En el marco del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de
Árboles (1), compartimos un reciente informe del Grupo Guayubira,
elaborado por el periodista Víctor L. Bacchetta.El propósito de este documento es hacer un aporte a la imprescindible reflexión acerca de qué nos deja la forestación, abordando una de las principales promesas de la industria forestal: la generación de empleo.
Los testimonios recogidos en el departamento de Treinta y Tres dan indicios de que la generación de empleo (en el entendido de un buen salario y buenas condiciones laborales) no le llega a todos los sectores y en ese sentido es tan solo un mito más de esta política forestal.
URUGUAY: EMPLEOS Y PRODUCCIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA FORESTACIÓN
Introducción:
En Uruguay, durante las dos últimas décadas, se desarrolla un proceso de sustitución de praderas –principal ecosistema del país- por extensas plantaciones de monocultivos de árboles (eucaliptos / pinos) con destinos industriales. Esto ha sido simultáneo con un cambio en la tenencia de la tierra, donde la concentración de la propiedad alcanza niveles sin precedentes y, al mismo tiempo, las mayores superficies han pasado a manos de empresas extranjeras.
Este proceso fue habilitado y promovido por la Ley Forestal de 1987 y acompañado por la política de apertura total de la economía a la inversión extranjera directa. Las empresas transnacionales que llegan al país con proyectos de forestación en gran escala y que cuentan con el aval del gobierno de turno, buscan la aceptación de la sociedad local con una serie de promesas, entre ellas la generación de empleo y el “desarrollo” de la región donde se instalan.
Sin embargo, a medida que se fueron expandiendo las grandes plantaciones, comenzaron a percibirse sus impactos negativos. Pobladores locales denuncian la afectación en la cantidad y calidad del agua, en el suelo, la flora y la fauna, perjudicando por lo tanto a las comunidades que de ellos dependen e incrementado la emigración forzada del campo uruguayo.
La forestación en gran escala ha provocado, además, impactos sobre las formas preexistentes de producción, los sigue generando en su entorno y desarrolla a su vez una cultura laboral propia donde a la superexplotación se agregan condiciones de seguridad, higiene y salud inapropiadas. Para que todo esto sea posible es necesario un marco institucional que lo permita.
El país posee una normativa completa sobre el derecho de sindicalización de los trabajadores y las condiciones laborales en la forestación, a la que se suman en los últimos años disposiciones y leyes relativas a los Consejo de Salarios y la jornada máxima de trabajo en el sector rural, pero el organismo encargado de vigilar su aplicación es ineficiente y las empresas la ignoran.
De las 900.000 hectáreas efectivamente forestadas hasta hoy, en su mayoría de capitales transnacionales, la mitad pertenece a solo tres empresas extranjeras: Montes del Plata (Stora Enso/ Arauco), Forestal Oriental (UPM) y Weyerhauser. La ley forestal habilita a plantar unas 2:700.000 hectáreas adicionales y el gobierno alienta la posibilidad de nuevas plantas de celulosa. O sea que los problemas pueden agravarse.
Para la elaboración de este documento se realizaron entrevistas a representantes del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y de la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay; una salida de campo al departamento de Treinta y Tres donde se levantaron testimonios de trabajadores rurales y forestales; y una revisión de distintas fuentes.
Para leer el documento completo ir a http://www.guayubira.org.uy/
1. En el año 2004, a partir de una iniciativa de la “Red contra el Desierto Verde” de Brasil –que tiene una larga historia de resistencia a las plantaciones forestales– se escogió el 21 de setiembre como una fecha significativa para conmemorar a nivel internacional la lucha contra los monocultivos de árboles. Otros y otras la siguieron y la fecha fue adoptada inmediatamente por numerosas comunidades y organizaciones que resisten a las plantaciones en sus propios países e internacionalmente.
Ver http://www.guayubira.org.uy/2013/09/dia-internacional- lucha-contra-monocultivos/
Montes del Plata I – Stora Enso cuestionada en Finlandia, Brasil y Uruguay
publicado el
29/04/2011
Montes del Plata es el nombre con el que operan en Uruguay dos
empresas trasnacionales, la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora
Enso. Asociadas, en esta ocasión para la construcción y puesta en
funcionamiento de una fábrica de celulosa que producirá por lo menos
1.450.000 toneladas de celulosa, poseen el mayor latifundio del país:
250.000 hectáreas de tierra destinadas a la plantación de monocultivos
de árboles.En estos días se realizó en Finlandia la asamblea anual de accionistas de Stora Enso. Con motivo de ese evento, diversas organizaciones se unieron en un reclamo conjunto por los impactos sociales y ambientales que esta empresa ha provocado en Uruguay y Brasil. “En lugar de traer desarrollo, Stora Enso causa conflictos por la tierra y amenaza la soberanía alimentaria. Un verdadero desarrollo sustentable promueve la agricultura en pequeña escala para alimentar a las personas y no plantaciones a gran escala para obtener beneficios para las empresas. ¡No podemos comer eucaliptos!”, expresó Durao Marcelo Fernández, del MST de Brasil.
Amigos de la Tierra Internacional, los grupos brasileños MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) y Cepedes (Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia), la organización finlandesa Amigos de los Sin Tierra Finlandia y la organización internacional WRM (Movimiento Mundial por los Bosques) advirtieron que las ganancias de Stora Enso se han obtenido a costa de violar leyes ambientales, laborales y penales en América Latina (1).
También en estos días y en Brasil, Stora Enso es noticia ya que en el municipio de Eunápolis, Bahía, la justicia acaba de condenar a Veracel, dictaminando que la empresa actuó de “mala fe” al apoderarse clandestinamente de dos campos para plantar eucaliptos, que no eran parte de su contrato de arrendamiento, sin contar además con los permisos ambientales necesarios (2). Veracel es el nombre con que opera Stora Enso en Brasil, asociada a la brasileña Fibria. Allí desde hace años la empresa es acusada de delitos ambientales (deforestación ilegal y uso inadecuado de plaguicidas), violaciones de derechos laborales, blanqueo de dinero, evasión fiscal y corrupción (3).
Por otra parte, los intentos en Uruguay, tanto por parte de organizaciones ambientales, periodistas e incluso un fiscal de la nación por conocer el contenido del contrato de inversión realizado entre el gobierno uruguayo y la empresa Stora Enso, no dieron resultados. Recientemente se difundió la noticia de que el Ministerio de Economía y Finanzas, como respuesta al requerimiento judicial de conocer el contenido de dicho contrato de inversión entre Stora Enso y el gobierno uruguayo, explicó que en él se incluía una cláusula de confidencialidad, que abarcaba tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas, y que las partes se obligaron a no divulgar ni total ni parcialmente ninguna información que se relacione con dicho convenio (4).
Según el fiscal “con el solo reconocimiento de que la Administración Pública negoció y acordó un contrato de inversión con la Corporación Multinacional PrivadaMONTES DEL PLATA y para asegurar la instalación y funcionamiento de su industria celulósica en el territorio nacional, ha quedado confirmada la violación del orden público ambiental establecido desde la Constitución de la República”.
(1) Ver “Matriz de Montes del Plata acusada de delitos ambientales, laborales y Corrupción”
http://www.redes.org.uy/2011/
(2) Ver “Veracel é condenada por fraude em arrendamento rural”
http://www.redeimprensalivre.
(3) Ver “Planta de celulosa Veracel en Brasil. LAS PROMESAS DEL PROGRESO”
http://www.guayubira.org.uy/
(4) Ver escrito del Fiscal Viana sobre solicitud de información acerca del contrato de inversión supuestamente firmado por autoridades de Stora Enso y representantes del gobierno uruguayo.
http://www.guayubira.org.uy/
Plantas de celulosa: los (no tan) serios finlandeses
publicado el
17/05/2005
Todos los argumentos planteados por el Grupo Guayubira en torno a las
fábricas de celulosa parecen chocar con la convicción gubernamental de
que “los finlandeses son serios”. Sin embargo, esa fe en la seriedad, no
es más que eso: fe. En estos mismos momentos está llegando información,
que se suma a la divulgada por Guayubira hace dos semanas, que
demuestra que los finlandeses no son ninguna excepción a la lógica de
las grandes corporaciones en el mundo.
En efecto, los trabajadores finlandeses están en lucha y la reacción de las empresas ha sido la muy conocida medida de un “lockout” patronal (cierre de la fábrica decretado por la patronal) en todas las fábricas de celulosa y papel de ese país, que se iniciaría en la (para nosotros) simbólica fecha del 18 de mayo.
El idioma empleado por la Federación de Industrias Forestales de Finlandia es también muy conocido. En un comunicado de UPM (la principal accionista del emprendimiento de Botnia en Uruguay) se dice que durante el tiempo que dure el lockout (4 semanas) a los afiliados del Sindicato de Papeleros de Finlandia afectados por la medida no se le pagarán sus salarios. Por supuesto que a continuación se agrega que “el lockout se levantará si se llega a un acuerdo”. A su vez, la Federación de Industrias Forestales amenaza con que “las fábricas permanecerán cerradas hasta el 15 de junio si para entonces las partes no han concluido un acuerdo laboral competitivo (énfasis agregado).
¿Cuál ha sido la “grave” causa de este conflicto? La causa aparente ha sido que el sindicato adoptó la medida de suspender las horas extras. Sin embargo, las verdaderas causas son más profundas: las empresas aspiran a aumentar sus ganancias haciendo trabajar más a los trabajadores, en particular haciéndolos trabajar en feriados como Navidad y debilitando a los sindicatos a través del empleo de subcontratistas en tareas de mantenimiento y servicios. El argumento de la patronal es que esas son prácticas comunes en otros países productores de celulosa y papel. Es decir, que lo que se intenta es rebajar las condiciones de trabajo en Finlandia a los niveles más bajos posibles. ¿Hace falta mencionar por qué Uruguay les resulta tan atractivo?
También resultará conocido para los trabajadores uruguayos el saber que el convenio entre el sindicato papelero y las “serias” empresas papeleras finlandesas venció el 15 de febrero y que con esta medida la patronal está presionando para lograr un acuerdo más favorable a sus intereses.
Claro está que los trabajadores están reaccionando, no solo en Finlandia, sino en toda Europa. En una reunión realizada en Inglaterra, representantes de los trabajadores de UPM en Austria, Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación acerca de las condiciones del mercado de trabajo en la industria europea del papel y critican a la industria por imponer condiciones a los trabajadores y por su “inagotable sed de ganancias a expensas de los trabajadores”.
A lo anterior se suma lo denunciado por Guayubira el 5 de mayo de este año, cuando informábamos de un grave desastre ambiental provocado por UPM en la propia Finlandia. Entonces informamos que en el verano del 2003, unos 7.500 metros cúbicos de licor negro escaparon de la planta de celulosa de esa empresa en el lago Saimaa. De acuerdo con la prensa local, “la planta de tratamiento biológico no fue capaz de hacer frente a esa súbita descarga y en el espacio de unos pocos días el licor negro se esparció aguas adentro del lago”. La prensa continuaba diciendo que “el licor negro consume el oxígeno del agua, causando una elevada mortandad de peces y también oscurece el agua y contamina las orillas. Además, tiene un olor sumamente desagradable. La mitad de la población de peces resultó erradicada en un radio de tres kilómetros de la planta”. Ninguno de esos impactos pudieron ser evitados, pese a los supuestamente estrictos sistemas de monitoreo ambiental en Finlandia ¿Habría sido posible lograrlo en Uruguay?
Más allá del resultado final del actual conflicto en Finlandia, lo más importante de estas noticias es que la hasta ahora aceptada “seriedad” finlandesa demuestra no ser más que un mito.
Fuentes:
- Comunicado del Grupo Guayubira del 5 de mayo http://www.guayubira.org.uy/
- Comunicado de prensa de la Federación de Industrias Forestales de Finlandia: The employers want to stop continuous shutdowns by lockout http://english.
- comunicado de UPM. Lockout starts at all Finnish paper mills http://w3.upm-kymmene.com/upm/
- NewsRoom Finland: UPM workers across five countries back Finnish paper union
http://virtual.finland.fi/stt/
En efecto, los trabajadores finlandeses están en lucha y la reacción de las empresas ha sido la muy conocida medida de un “lockout” patronal (cierre de la fábrica decretado por la patronal) en todas las fábricas de celulosa y papel de ese país, que se iniciaría en la (para nosotros) simbólica fecha del 18 de mayo.
El idioma empleado por la Federación de Industrias Forestales de Finlandia es también muy conocido. En un comunicado de UPM (la principal accionista del emprendimiento de Botnia en Uruguay) se dice que durante el tiempo que dure el lockout (4 semanas) a los afiliados del Sindicato de Papeleros de Finlandia afectados por la medida no se le pagarán sus salarios. Por supuesto que a continuación se agrega que “el lockout se levantará si se llega a un acuerdo”. A su vez, la Federación de Industrias Forestales amenaza con que “las fábricas permanecerán cerradas hasta el 15 de junio si para entonces las partes no han concluido un acuerdo laboral competitivo (énfasis agregado).
¿Cuál ha sido la “grave” causa de este conflicto? La causa aparente ha sido que el sindicato adoptó la medida de suspender las horas extras. Sin embargo, las verdaderas causas son más profundas: las empresas aspiran a aumentar sus ganancias haciendo trabajar más a los trabajadores, en particular haciéndolos trabajar en feriados como Navidad y debilitando a los sindicatos a través del empleo de subcontratistas en tareas de mantenimiento y servicios. El argumento de la patronal es que esas son prácticas comunes en otros países productores de celulosa y papel. Es decir, que lo que se intenta es rebajar las condiciones de trabajo en Finlandia a los niveles más bajos posibles. ¿Hace falta mencionar por qué Uruguay les resulta tan atractivo?
También resultará conocido para los trabajadores uruguayos el saber que el convenio entre el sindicato papelero y las “serias” empresas papeleras finlandesas venció el 15 de febrero y que con esta medida la patronal está presionando para lograr un acuerdo más favorable a sus intereses.
Claro está que los trabajadores están reaccionando, no solo en Finlandia, sino en toda Europa. En una reunión realizada en Inglaterra, representantes de los trabajadores de UPM en Austria, Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación acerca de las condiciones del mercado de trabajo en la industria europea del papel y critican a la industria por imponer condiciones a los trabajadores y por su “inagotable sed de ganancias a expensas de los trabajadores”.
A lo anterior se suma lo denunciado por Guayubira el 5 de mayo de este año, cuando informábamos de un grave desastre ambiental provocado por UPM en la propia Finlandia. Entonces informamos que en el verano del 2003, unos 7.500 metros cúbicos de licor negro escaparon de la planta de celulosa de esa empresa en el lago Saimaa. De acuerdo con la prensa local, “la planta de tratamiento biológico no fue capaz de hacer frente a esa súbita descarga y en el espacio de unos pocos días el licor negro se esparció aguas adentro del lago”. La prensa continuaba diciendo que “el licor negro consume el oxígeno del agua, causando una elevada mortandad de peces y también oscurece el agua y contamina las orillas. Además, tiene un olor sumamente desagradable. La mitad de la población de peces resultó erradicada en un radio de tres kilómetros de la planta”. Ninguno de esos impactos pudieron ser evitados, pese a los supuestamente estrictos sistemas de monitoreo ambiental en Finlandia ¿Habría sido posible lograrlo en Uruguay?
Más allá del resultado final del actual conflicto en Finlandia, lo más importante de estas noticias es que la hasta ahora aceptada “seriedad” finlandesa demuestra no ser más que un mito.
Fuentes:
- Comunicado del Grupo Guayubira del 5 de mayo http://www.guayubira.org.uy/
- Comunicado de prensa de la Federación de Industrias Forestales de Finlandia: The employers want to stop continuous shutdowns by lockout http://english.
- comunicado de UPM. Lockout starts at all Finnish paper mills http://w3.upm-kymmene.com/upm/
- NewsRoom Finland: UPM workers across five countries back Finnish paper union
http://virtual.finland.fi/stt/
Después de haber leído los muy serios y científicamente basados análisis del Grupo Guayubira, preocupados por el medio ambiente y dando la alarma sobre los efectos depredadores de las actividades de las multinacionales piratas y saqueadoras nos encontramos con que Mujica y el gobierno se juegan a la desesperada a una sola carta: las promesas de las multinacionales. Evidentemente ES IRRESPONSABLE!
conferencia de prensa POR AUTORIZACIÓN A AUMENTAR PRODUCCIÓN
Gobierno uruguayo: “Hoy la empresa (por UPM) no contamina”
La ministra interina de Vivienda, Raquel
Lejtrejer, realizó esta afirmación en base a los “estrictos controles
que la empresa y el gobierno han realizado a lo largo de los años”. El
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, dijo al
cerrar la conferencia que “hay una cantidad de ciudades e industrias que
contaminan más que esta empresa”.
jue oct 3 2013 16:59 El País uy
Lejtrejer explicó que se realiza un monitoreo
conjunto del río, con 12 controles anuales sorpresivos, en los cuales se
toman “muestras gemelas” que se envían a laboratorios uruguayos,
argentinos y del exterior.
Respecto al vertido del pesticida endosulfán, Lejtrejer dijo que en la zona de UPM la cifra es de 1,07 nanogramos por litro, en comparación con los 14 nanogramos por litro que se vierten en la desembocadura del Río Gualeguaychú.
Además aclaró que el endosulfan está prohibido en Uruguay por resolución del presidente José Mujica, pero que se trata de un compuesto orgánico consistente y que por ese motivo se han notado “trazas en algunas mediciones”.
La secretaria de Estado también brindó datos sobre la concentración de fósforo en las muestras. En ese sentido, explicó que el estándar es de 5 miligramos por litro (establecido en el decreto 253) y que los muestreos realizados hasta el 31 de agosto han reflejado un promedio de 0,86 miligramos.
A su vez dijo que el caudal promedio vertido por la planta es de 690 litros por segundo, mientras que el caudal medio que autoriza la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) es de 845 litros por segundo.
En cuanto al nitrógeno, dijo que en la desembocadura del Río Gualeguaychú se vierte “115 veces” más nitrógeno que desde la planta ubicada en el departamento de Río Negro.
Al finalizar su oratoria, Lejtrejer puntualizó que “estamos habilitando una mayor producción, sabiendo que no se vincula con la temperatura de vertido”.
El ministro Tabaré Aguerre dijo por su parte que se han manejado “asimetrías un tanto absurdas en este tema en términos de niveles de fósforo” y explicó que “todo proceso de intensificación agrícola tiene algún grado de impacto ambiental”.
“Lo que UPM vierte de fósforo es unas 24 toneladas al año. Para que tengan una idea, 70.000 toneladas anuales es lo que importa Uruguay para aplicar a sus procesos”, finalizó.
Respecto al vertido del pesticida endosulfán, Lejtrejer dijo que en la zona de UPM la cifra es de 1,07 nanogramos por litro, en comparación con los 14 nanogramos por litro que se vierten en la desembocadura del Río Gualeguaychú.
Además aclaró que el endosulfan está prohibido en Uruguay por resolución del presidente José Mujica, pero que se trata de un compuesto orgánico consistente y que por ese motivo se han notado “trazas en algunas mediciones”.
La secretaria de Estado también brindó datos sobre la concentración de fósforo en las muestras. En ese sentido, explicó que el estándar es de 5 miligramos por litro (establecido en el decreto 253) y que los muestreos realizados hasta el 31 de agosto han reflejado un promedio de 0,86 miligramos.
A su vez dijo que el caudal promedio vertido por la planta es de 690 litros por segundo, mientras que el caudal medio que autoriza la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) es de 845 litros por segundo.
En cuanto al nitrógeno, dijo que en la desembocadura del Río Gualeguaychú se vierte “115 veces” más nitrógeno que desde la planta ubicada en el departamento de Río Negro.
Al finalizar su oratoria, Lejtrejer puntualizó que “estamos habilitando una mayor producción, sabiendo que no se vincula con la temperatura de vertido”.
El ministro Tabaré Aguerre dijo por su parte que se han manejado “asimetrías un tanto absurdas en este tema en términos de niveles de fósforo” y explicó que “todo proceso de intensificación agrícola tiene algún grado de impacto ambiental”.
“Lo que UPM vierte de fósforo es unas 24 toneladas al año. Para que tengan una idea, 70.000 toneladas anuales es lo que importa Uruguay para aplicar a sus procesos”, finalizó.
