Adolfo Pérez Esquivel propondrá a Lula para Premio Nobel de Paz "por su lucha contra la pobreza" // De acuerdo con una pericia judicial, Odebrecht falsificó pruebas contra el expresidente Lula // A propósito de la condena a Lula: el gran capital siempre fue enemigo del PT // ¿Ruido de sables en América Latina? // Todos contra el neoliberalismo por Emir Sader // ¿La reinvención del Foro Social Mundial? por Boaventura de Sousa Santos // Movimientos populares: entre el espontaneísmo y la manipulación por Marcelo Colussi // CHILE: La falta de recursos ahoga a 'Punto Final', la revista que Pinochet ordenó destruir // URUGUAY: SE VIENE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL MÁS GRANDE DESDE 2005 // Reclaman mayor participación de mujeres en dirección del Pit-Cnt
Adolfo Pérez Esquivel propondrá a Lula para Premio Nobel de Paz "por su lucha contra la pobreza"
Pérez
Esquivel se reunió este viernes con Lula Da Silva en Sao Paulo, para
ofrecerle su apoyo "por la campaña judicial que pretende evitar que sea
candidato presidencial en 2018 con un juzgamiento violatorio del derecho
al debido proceso".
Adolfo Pérez Esquivel propondrá a Lula para Premio Nobel de Paz “por su lucha contra la pobreza”. Foto: Ricardo Stuckert
BRASIL 04 de marzo de 2018, 09:03hs - LR21 El premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel anunció que
propondrá al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva como
candidato a recibir ese galardón internacional por ser “una referencia a
nivel mundial de la lucha contra la pobreza”. “Voy a proponer (el nombre de) Lula da Silva para el Premio Nobel de
la Paz”, anunció el argentino en sus redes sociales, y explicó que
decidió nominar al exmandatario (2003-2010) porque “La llegada del PT y
Lula a la presidencia marcaron un antes y un después para Brasil”. “Más de 30 millones de personas fueron rescatadas de la pobreza
extrema (un país entero), disminuyó la desigualdad y aumentó el índice
de desarrollo humano”, manifestó, en ese sentido considero que su
gobierno tuvo “políticas cruciales para la paz” y fue “un ejemplo” para
el mundo. Pérez Esquivel se reunió este viernes con Lula Da Silva en Sao Paulo,
para ofrecerle su apoyo “por la campaña judicial que pretende evitar
que sea candidato presidencial en 2018 con un juzgamiento violatorio del
derecho al debido proceso”. “Defender la candidatura de Lula es defender la vuelta de la democracia brasileña”, destacó el Nobel argentino. Pérez Esquivel lamentó que actualmente “el pueblo de Brasil está perdiendo su tierra, su techo y su trabajo”. “La derecha sabe que Lula tiene mucho apoyo porque ha hecho políticas
para la igualdad y la justicia social como nunca hubo en este país, por
eso necesitan proscribirlo”, consideró y agregó que “no lo persiguen
por lo que consideran políticas erradas, lo persiguen porque quieren
revertir lo que hizo bien para las mayorías populares”.
Personalidades mundiales firman manifiesto que denuncia que “una elección sin Lula sería una fraude”
El filósofo Noam Chomsky, el cantor Chico Buarque y la expresidenta
argentina, Cristina Fernández de Kirchner figuran entre los firmantes
que denuncian que "en el argumento para evitar la…
Para el Nobel argentino ahora “en Brasil hoy no hay democracia”
porque el gobierno de Michele Temer “es una continuidad del golpe
blando” que en 2016 destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff. Lula por su parte elogió a Pérez Esquivel por “pelear incansablemente
por la democracia, los pueblos y los derechos humanos”. Y agradeció el
apoyo asegurando que le “da ánimos para seguir luchando”. Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su
compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos por
medios no-violentos frente a las dictaduras militares en América Latina.
La Justicia brasileña rechaza la apelación de Lula da Silva para evitar ir a prisión
Publicado: 6 mar 2018 18:49 GMT | Última actualización: 6 mar 2018 19:47 GMT - RT
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil
ratificó así la condena del expresidente, lo que abre las puertas a su
detención.
NELSON ALMEIDA / AFP
La máxima instancia judicial de Brasil, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), rechazó la presentación
que hicieron los abogados de Lula da Silva para recurrir la sentencia
en su contra. Por mayoría, los magistrados emitieron su opinión negativa
respecto a la apelación. El objetivo de la defensa del expresidente era evitar que tenga que aguardar en prisión antes que el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) resuelva definitivamente sobre la causa en la que fue condenado por corrupción a 12 años de prisión. Por su parte, el Ministerio Público había solicitado previamente que Lula sea detenido en caso de que el TSJ fallara en su contra.
¿Por qué se condena a Lula?
En el juicio celebrado en primera instancia en julio de 2017 el expresidente fue condenado por aceptar un departamento de lujo a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras.
La adjudicación del inmueble, ubicado frente a la playa en el
Condominio Solaris en Guarujá (estado de San Pablo), se habría llevado a
cabo a través de familiares de Lula. Sin embargo a lo largo de juicio no se logró demostrar
que sea el propietario y tampoco se logró identificar cuál fue el acto o
la omisión (delito de "corrupción pasiva") que habría dado origen al
recibimiento del departamento. Este revés judicial se da en el
marco de la campaña hacia las elecciones presidenciales que se
realizarán en octubre de este año en Brasil. Actualmente, como reseña el
diario La Nación,
Lula encabeza las encuestas con un 36% de intención de voto. Pero de
acuerdo a la llamada "Ley de Ficha Limpia", ninguna persona condenada
por corrupción puede ser candidato lo cual, en los hechos, implicaría
que no pueda presentarse.
De acuerdo con una pericia judicial, Odebrecht falsificó pruebas contra el expresidente Lula
Publicado: 16 feb 2018 23:14 GMT - RT
La defensa del expresidente de Brasil
solicitó una investigación que habría demostrado que la empresa mintió
para incriminar al líder del Partido de los Trabajadores.
El expresidente de Brasil, Lula da Silva, durante un acto el 3 de febrero de 2018.
Leonardo Benassatto / Reuters
Los abogados del expresidente de Brasil Lula da Silva solicitaron una pericia que supuestamente reveló que la empresa Odebrecht falsificó documentos con el objetivo de incriminar al líder del Partido de los Trabajadores (PT). La información fue difundida por el diario Folha de São Paulo, que sostiene que el experto que analizó los documentos presentados por la empresa al Ministerio Público Federal descubrió marcas de montaje. También señaló inconsistencias en las fechas de las transacciones y en las firmas.
Cartel de Odebercht en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, febrero de 2016.
/ Ricardo Moraes
/ Reuters
Entre
los registros analizados por el especialista –proveídos por un sistema
llamado Drousys– figuran extractos presentados por Odebrecht de
movimientos financieros en la filial de un banco que la empresa compró
en el Caribe, el Meinl Bank. Rodrigo Tacla Durán, un abogado que prestó
servicio para la contratista y está prófugo en España, ya había
declarado tiempo atrás que la empresa manipuló datos de esta institución financiera.
Un juicio con falta de pruebas
Cabe recordar que la acusación y condena
contra Lula se inscribe en la megacausa de corrupción Lava Jato.
Concretamente, el fallo judicial que lo sentenció a 12 años de prisión
asegura que aceptó un lujoso departamento a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras. La
adjudicación del inmueble, frente a la playa en el Condominio Solaris
en Guarujá (municipio del estado de Sã Paulo), se habría llevado a cabo a
través de familiares de Lula. Sin embargo, a lo largo del proceso no se logró demostrar
que el exmandatario fuese el propietario y tampoco se identificó cuál
fue el acto u omisión (delito de 'corrupción pasiva') que habría dado
origen al recibimiento de la vivienda.
Las claves perdidas de Odebrecht
En una entrevista publicada por el diario O'Globo
a fines de enero, el fiscal de Curitiba, Carlos Fernando dos Santos
Lima, reveló que "se perdieron" las claves para acceder a 'My web day',
un sistema creado por Odebrecht en el que se llevaba registro del pago
de los sobornos y coimas, así como también de contribuciones legales y oficiales para, por ejemplo, campañas electorales.
Hace seis meses la compañía había entregado a la Justicia cinco
discos duros con copia de datos de este software. Junto a estos había
dos 'pendrives' que, en teoría, contenían las claves para permitir el
acceso a los datos. "El sistema está cifrado con dos claves perdidas,
no hubo forma de recuperarlas" y "no sé si habrá", declaró el fiscal.
La empresa aseguró que los demás 'pendrives' fueron destruidos
previamente. De acuerdo a la información difundida, 'My web day'
detallaba, en códigos cifrados, desde el nombre del ejecutivo
responsable de la solicitud de pago ilegal y el propósito del pago,
hasta la ciudad donde se produjo, el destinatario de valores y el
mecanismo utilizado para viabilizar el traspaso. En paralelo funcionaba
otro sistema que era el Drousys, del cual se extrajeron los documentos
para inculpar a Lula.
Lula recibe apoyo de parlamentarios y movimientos tras el rechazo de habeas corpus
Para la diputada Benedita da Silva lo que está pasando con Lula es un golpe político para hacer inviable su candidatura
Juliana Gonçalves
Brasil de Fato, en la ciudad de São Paulo
Movimientos
populares afirman que elecciones presidenciales sin la candidatura del
ex presidente Lula serían un fraude / Alexandre Padilha
Este
martes los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazaron
por unanimidad el pedido de habeas corpus preventivo del ex presidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores
(PT) que busca evitar su prisión tras la condena en segunda instancia.
Durante
la votación, los ministros defendieron que Lula cumpla la pena una vez
que se confirme su condena, pues el cumplimiento no hiere el principio
constitucional de presunción de inocencia. A pesar del resultado en
el STJ, la defensa del ex presidente aún podrá apelar en el Supremo
Tribunal Federal (STF) para evitar la prisión.
La
diputada Benedita da Silva, también del Partido de los Trabajadores
(PT), afirmó que en el proceso de Lula hay más decisiones políticas que
jurídicas. "Esperaremos la decisión del STF para saber si podemos o no
creer en la seriedad y en la transparencia de la Justicia brasileña. Lo
que está pasando con Lula es un golpe político para hacer inviable su
candidatura [en las elecciones presidenciales de 2018]", afirma.
Raimundo Bonfim,
coordinador de la Central de Movimientos Populares e integrante del
Frente Brasil Popular, afirmó que la decisión no sorprendió a los
movimientos. "Para los movimientos populares la condena de Lula es la
continuación de una persecución política, pues no hay pruebas", señala.
Después
de la decisión del STJ este martes, Lula podría ir a la cárcel cuando
se concluyan las apelaciones en segunda instancia en el Tribunal
Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4).
La diputada
del PT cree que solamente el proceso electoral podría representar un
juicio justo al ex presidente. "Quién debería juzgar a Lula es el pueblo
brasileño, pues aquellos que le investigan no tienen pruebas de que es
culpable", sugiere.
Bonfim defiende la intensificación de las
movilizaciones en defensa del ex mandatario. "Seguiremos con nuestras
movilizaciones para denunciar que elecciones sin Lula serían un fraude,
que Lula será candidato hasta el final", dice.
En un comunicado
de prensa, el Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que la decisión de
rechazar el pedido de habeas corpus del ex mandatario evidencia "la
urgencia de que el Supremo Tribunal Federal juzgue las acciones que
defienden el principio constitucional de presunción de inocencia".
Aún no se conoce la fecha del juicio de las apelaciones en segunda instancia en el TRF4.
Edición: Simone Freire | Tradução: Luiza Mançano
Brasil
A propósito de la condena a Lula: el gran capital siempre fue enemigo del PT
26/02/2018 |
Wladimir Pomar
La condena de Lula por parte del Tribunal Regional
Federal de Porto Alegre (TRF 4 para la Cuarta Región) suscita
indignación y protestas que no siempre van acompañadas de un análisis
más fino de lo que está pasando. Es cierto que semejante condena llega
en el mismo momento en que las transformaciones de los sistemas judicial
y policial brasileños que están al frente de la ofensiva reaccionaria y
protofascista, asuela el país. Sin embargo, sería un error considerar
que estos sectores son hegemónicos en los aparatos del estado y en la
sociedad. Este error es aún más grave si se le supone que los grandes medios de
comunicación comparten esta hegemonía o que estos sectores han
transformado a Lula en el enemigo cuando han sido derrotados por él. En
realidad, la hegemonía económica, social, ideológica y política en la
sociedad brasileña es ejercida desde hace tiempo por la gran burguesía y
el gran capital a través de mil y un instrumentos que van desde los
sencillos lazos comerciales al dominio de los aparatos del estado,
pasando por los medias y otros medios (no siempre visibles) de difusión
ideológica y de represión social. Uno de los ejemplos ideológicos de esta hegemonía consiste en asociar
la idea misma de hegemonía con los grandes terratenientes esclavistas
sin relacionarla con el capitalismo brasileño, subordinado, dependiente y
desnacionalizado, un gran capital que incluye poderosos sectores
extranjeros. Es este gran capital el gran obstáculo para la concreción
de las aspiraciones a la soberanía nacional, al desarrollo industrial, a
la reducción de las desigualdades sociales y a la consolidación de los
derechos democráticos en Brasil. Para apoyar tal afirmación, es suficiente recordar la historia
brasileña, la que va de 1950 hasta nuestros días o al menos la que
comienza en 2002 con la primera victoria presidencial de Lula (cuyo
primer mandato comenzó en enero de 2003). Sin dejar de considerar en
ningún momento a Lula y al PT como enemigos imbéciles, el gran capital
siempre ha maniobrado, incluso bajo la apariencia de amistad y simpatía,
para destruir el gobierno de mayoría petista sea a través de ofertas
corruptas y de discretos sabotajes o de forma más abierta, oponiéndose a
las políticas sociales y a la ampliación de los derechos democráticos. Por otro lado, este gran capital ha sido incapaz de vencer al PT en
2006 y 2010 (con la candidatura de Jose Serra, alcalde de São Paulo,
miembro del partido de la socialdemocracia brasileña PSDB) y en 2014
(con Aecio Neves, gobernador de Minas Gerais desde 2011, miembro del
PSDB vencido por Dilma Rousseff en 2014). Viéndose en la obligación de
enfrentarse a Lula de nuevo en 2018, decidieron actuar esta vez de forma
revolucionaria para conseguir implantar de forma plena y radical una
política neoliberal en Brasil. Así que planificaron y ejecutaron hasta
el final acciones cuyo objetivo central consiste en hacer imposible la
continuidad de gobiernos petistas salvo si estos gobiernos aceptan
formar coaliciones y de renunciar a sus “objetivos socialistas”. Estas operaciones han sido llevadas a cabo tanto por el sistema
judicial-policial, cuyo poder ha sido reforzado (sin que se hayan puesto
trabas o exigencias democráticas) durante los gobiernos petistas, como
por el sistema parlamentario. En la práctica, los gobiernos petistas
aseguraron una continuidad a la supuesta alianza positiva con el gran
capital pensando que el sistema judicial-policial y parlamentario serían
políticamente neutrales en el combate contra la corrupción y en la
obediencia a los “preceptos” democráticos. Estos gobiernos olvidaron que
la corrupción era moneda corriente del gran capital y de sus
representantes políticos y que la mayoría parlamentaria estaba ya
hegemonizada por la fracción agraria de este capital, la fracción más
reaccionaria. En su supuesta neutralidad, el sistema judicial-policial, de entrada,
se consagró a “cazar piezas menores” de los dirigentes petistas, de
los que creía que podían recaudar fondos emprendedores, de acuerdo con
la ley, sin caer en la trampa de la caja B (las cajas 2) y de la
“primacía del hecho” (el autor de una infracción, incluso si no la ha
hecho directamente, es el responsable pues su posición jerárquica ha
empujado al otro a realizarla). El éxito de las operaciones judiciales
de 2005 permitió elaborar el plan de transformación de Lula en la presa
principal de “actos de corrupción descubiertas por los medias” y de
conseguir presentarlo como “el único jefe de una organización criminal”
según los términos del procurador Deltan Dallagnol, jefe de los
procuradores instructores [parte del Ministerio Fiscal. NdT] del asunto
de corrupción ligada a la Petrobras.
Pero a continuación, ante la necesidad de dar credibilidad y legalidad a
tales acciones, este sistema se vio obligado a cortar en su propia
carne procesando (y juzgando) algunos corruptores y corruptos en el
campo del gran capital. Lo que no impidió al sistema parlamentario
perpetrar el golpe del impeachment (agosto de 2016) contra Dilma. Esto
puso en evidencia que el objetivo de estas operaciones iba mucho más
allá del pretendido combate contra la corrupción y que, en realidad, se
trataba de destruir al PT (y a Lula), de marginalizar a la izquierda e
impedir cualquier resistencia seria contra la reimplantación de un
programa neoliberal radical que vaya en el sentido de una subordinación,
dependencia y desnacionalización mayores de Brasil. Para afrontar tales planes, será necesario reconocer que el núcleo
central de la estrategia seguida por el PT a partir de la batalla para
las presidenciales de 1994 fue un error. Hasta entonces, el PT no solo
había luchado para acabar con la dictadura sino también se había
rebelado contra el “pacto de clases” que era la Constitución de 1988. Su
rechazo a firmar la Carta Magna se basaba en el hecho de que semejante
“pacto de clases” solo reconocía los derechos democráticos. No arreglaba
las cuentas con la dictadura militar y los feroces torturadores, no
rompía con la subordinación y la dependencia en relación con el gran
capital internacional y no democratizaba (incluso en términos de
competencia entre capitalistas) los sectores monopolísticos (por
ejemplo, el de las comunicaciones, de la agricultura y las diferentes
ramas industriales).
A pesar de esto, muchos dirigentes del PT continuaron suponiendo que el
gran capital no consideraba a Lula y al PT como enemigos sino como
aliados. Peor todavía, dedujeron de esto que este capital, así como la
mayor parte de sus representantes políticos (incluso los que estaban
incrustados en los aparatos del estado, como los procuradores y los
jueces) no estaban interesados en impedir la experiencia de un gobierno
democrático y popular. A partir de ahí, la concepción de una hipotética alianza con el gran
capital actuó en cascada internamente. Sin ni siquiera explicitar el
hecho de estar rompiendo con sus posiciones anteriores sobre el pacto
impuesto por la alta burguesía y aceptado por el establishment militar,
la dirección del PT modificó su estrategia adaptándose al pacto de
clases de la Constitución de 1988. Desde entonces enrolló y guardó la
bandera de la lucha por el socialismo y aceptó alianzas de todo tipo con
los del “otro lado” especialmente, durante la batalla de 2002 por la
presidencia (la primera elección de Lula que desembocó en un gobierno
que incluía al “rey” del agronegocio y puso en el Banco Central al
banquero Enrique Meirelles). En esa ocasión, incapaz de resolver la crisis generada por un decenio
de subordinación al Consenso de Washington, el gran capital decidió
“aliarse” con el PT para elegir a Lula. Era lógico puesto que el PT se
había comprometido a resolver la crisis y no modificar las bases de la
economía capitalista subordinada, dependiente y desnacionalizada. Este
compromiso había sido ratificado formalmente en la famosa “Carta a los
brasileños” (supuestamente, para tranquilizar a los mercados financieros
y al Banco Central).
Las ilusiones sobre la alianza con el gran capital se vieron reforzadas
por una economía internacional que permitía ganancias elevadas a las
exportaciones brasileñas y hacía posible desarrollar programas sociales
de lucha contra la miseria y la pobreza sin que para ello fuera
necesario realizar ninguna reforma estructural, solo sería un poco
“democratizante”. Esta situación ablandó aún más la aversión hacia la
burguesía en tanto que clase así como contra sus métodos de explotación
y diversos tráficos en la política. Al mismo tiempo, esta situación llevó al PT a dar prioridad a las
actividades institucionales, a abandonar el trabajo social y
organizativo de base, a liquidar sus actividad de formación ideológica y
política y a operar una estrategia de desarrollo que, puesto que el
gran capital era motor de todo, impedía en la práctica la transformación
del país en una nación industrial, tecnológica y científicamente
soberana y socialmente menos desigual. Estas ilusiones sobre el gran capital explican por qué muchos
dirigentes petistas fueron incapaces de evaluar la profundidad de los
acontecimientos de 2005 (casos de corrupción denunciados por el
semanario Veja y otros medios) que fueron el primer intento de liquidar
la naciente experiencia de gobiernos democráticos y populares elegidos a
través de procedimientos constitucionales de la limitada democracia
brasileña. Estas ilusiones explican también por qué todavía no han
comprendido que el estado de derecho republicano en Brasil se instituyó
para juzgar con clemencia a los representantes de la burguesía y de
forma “revolucionaria” a los representantes populares. Al no haber entendido esta dinámica, muchos dirigentes petistas no
hicieron una crítica rigurosa a quienes cometían el error de considerar
el gran capital como un “aliado” y tratarlo como tal, y de realizar
prácticas como las suyas, el ejemplo de Palocci y otros (antiguo
militante y Ministro de Hacienda de Lula hoy cumple una pena de 12 años
de cárcel por corrupción). Sus direcciones no tomaron medidas para
investigar las evidentes infracciones cometidas contra las reglas del
Partido. Estas no impidieron que estos abusos continuaran siendo
practicados ni juzgaron necesario cambiar la política de conciliación de
clases y la alianza con el capital. Además de todo esto, tampoco tuvieron en cuenta la creciente
radicalización derechista y reaccionaria que se vio en las elecciones de
2010 y 2014 cuando las “oleadas” de la crisis capitalista global
empezaron a afectar seriamente la economía brasileña y amenazaron
gravemente la tasa de beneficios. Entonces, se convirtió en fundamental
para el gran capital, adoptar los “ajustes presupuestarios” que les
permitieran acaparar la parte de los recursos estatales concedidos a los
programas sociales, la seguridad social, las pensiones y todas las
otras reivindicaciones democráticas y populares caracterizadas como
“populismo de izquierdas”. Frente a esto, contra la opinión de una parte importante del PT y a
pesar de todo lo que se había prometido durante la campaña electoral de
2014, el gobierno de Dilma Rousseff intentó el ajuste presupuestario
exigido. Lo hizo en un último intento de mantener el acuerdo (o el
“pacto de clase” de 1988). Sin embargo, en ese momento, el gran capital
ya había decidido descartar cualquier posibilidad de reformas que dieran
el menor cariz popular a la democracia formal de 1988 y, de manera
absolutamente lógica, decidió tumbar el gobierno Dilma e intenta impedir
a Lula ser candidato y excluir al PT de la lista de partidos políticos
autorizados. Poco le importa al gran capital que muchas personas del PT y de la
sociedad en general consideren que incluso la Constitución de 1988 está
siendo pisoteada cuando ven al sistema jurídico-policial ordenar, por
ejemplo, la prisión preventiva durante tiempo indeterminado, utilizar
la supuesta “primacía del hecho” y la idea de la “íntima convicción”
como pruebas. Sus representantes intentan decir que la red de protección
social, la ética y la libertad de prensa son conquistas democráticas
nacidas del “pacto de clases”. Poco les importa que solo sean vagas
conquistas que no han roto el monopolio real que sostiene la
insoportable desigualdad social, la repugnante corrupción generalizada y
una prensa que se encuentra en manos de algunos magnates. Todo esto obliga a las clases populares no solo a defender medidas
democráticas contenidas formalmente en esta Constitución, sino a exigir y
a luchar por una nueva Asamblea constituyente que asegure realmente la
extensión de los derechos democráticos a las capas populares y que acabe
con los monopolios en todos los aspectos de la vida brasileña. Esto va a
depender de una intensa y enorme movilización social, mucho más amplia e
intensa de la que se está llevando para defender a Lula. Pero esto será
tema de otro artículo. Traducción: viento sur http://alencontre.org/ameriques/amelat/bresil/bresil-debat-a-propos-de-la-condamnation-de-lula-pour-une-assemblee-constituante.html
Irrupción en el escenario geopolítico de América Latina de una
nueva ola negra involucionista que afectará a Brasil, Venezuela,
Ecuador, Nicaragua y Bolivia.
El
Brexit y el triunfo de Trump marcarán el finiquito del “escenario
teleológico” en el que la finalidad de los procesos creativos eran
planeadas por modelos finitos que podían intermodelar o simular varios
futuros alternativos y en los que primaba la intención, el propósito y
la previsión y su sustitución por el “escenario teleonómico”, marcado
por dosis extremas de volatilidad. Así, asistiremos
al finiquito de la Unipolaridad de Estados Unidos y de su papel de
gendarme mundial y su sustitución por la nueva doctrina de la
Multipolaridad o Geopolítica Inter-Pares, formado por la Troika EEUU,
China y Rusia (G3) así como a la
irrupción en el escenario geopolítico de América Latina de una nueva
ola negra involucionista con el objetivo inequívoco de sustituir a los
regímenes insensibles a los dictados de Washington por regímenes
militares autocráticos y que afectará a Brasil, Venezuela, Ecuador,
Nicaragua y Bolivia.
México, el Estado fallido
Debido
al “caos constructivo” exportado por EEUU y plasmado en la guerra
contra los cárteles del narco iniciada en el 2.006, México sería un
Estado fallido del que sería paradigma la ciudad de Juárez, (la ciudad
más insegura del mundo con una cifra de muertes violentas superior al
total de Afganistán en el 2009), por lo que para evitar el previsible
auge de movimientos revolucionarios antiestadounidenses se procederá a
la intensificación de la inestabilidad interna de México hasta completar
su total balcanización y sumisión a los dictados de EEUU. Así, la
política anti-inmigración de Trump aunado con el proteccionismo
económico ( redifinición del NAFTA) e implementación de aranceles a los
productos mexicanos, conllevará una severa constricción de las
exportaciones de productos mexicanos a EEUU así como de la entrada de
remesas de dólares en México, lo que podría suponer una debacle
económica y social y terminar por desencadenar frecuentes estallidos de
conflictividad social, siendo previsible una clara regresión de las
libertades democráticas y un posible regreso a escenarios ya superados
de intervención del Ejército ”como “garante del orden constitucional”.
Cuba y la Crisis de los Misiles
En el supuesto de que Donald Trump mantenga intacto el anacrónico embargo sobre la Isla, podría surgir
el desapego afectivo del régimen cubano respecto a EEUU y dicho vacío
será aprovechado por el hábil estratega geopolítico Putin para firmar un
nuevo tratado de colaboración militar ruso-cubana (rememorando el Pacto
Secreto firmado en 1.960 en Moscú entre Raúl Castro y Jruschov)que
incluiría la instalación de una base de Radares en la abandonada base
militar de Lourdes para escuchar cómodamente los susurros de Washington y
la instalación de bases dotadas con misiles Iskander, pudiendo
revivirse la Crisis de los Misiles Kennedy-Jruschev (octubre, 1.962) y
la posterior firma con Jrushchov del Acuerdo de Suspensión de Pruebas
Nucleares (1962).
Nicaragua en la mira del Pentágono
China
habría asumido el reto de construir un nuevo canal en Nicaragua (Gran
Canal Interoceánico) similar al canal del istmo de Kra que tiene
proyectado entre Tailandia y Birmania para sortear el estrecho de
Malaca, convertido “de facto” en una vía marítima saturada y afectada
por ataques de piratas e inauguró en el 2010 el gasoducto que une a
China con Turkmenistán y que rodea a Rusia para evitar su total
rusodependencia energética al tiempo que diversifica sus compras, por lo
EEUU procederá a desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega dentro de
su estrategia geopolítica global de secar las fuentes energéticas
chinas. Por otra parte, la instalación el pasado abril de una estación
satelital rusa en Managua (laguna de Nejapa) para “controlar el narcotráfico y estudiar los fenómenos naturales” habría provocado el nerviosismo del Pentágono que acusa a Rusia de “estar usando Nicaragua para crear una esfera de espionaje militar” mediante el Sistema Global de Navegación por Satélites (Glonass), el equivalente al GPS de EEUU. Enconsecuencia,el
Congreso y el Senado de EE.UU aprobaron recientemente el proyecto de
ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act of
2017), que siguiendo la estrategia kentiana busca congelar los préstamos
internacionales de instituciones satélites de EEUU (Banco Mundial y
Banco Interamericano de Desarrollo), a Nicaragua con el objetivo confeso
de provocar su inanición financiera y posterior asfixia económica.
El incierto futuro de Venezuela
En
Venezuela, la decisión de Maduro de confiscar la planta de General
Motors, será vista por la Administración Trump como un atentado contra
los intereses de las multinacionales estadounidenses, escenario que será
aprovechado por el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson,
antiguo Presidente y Consejero Delegado de Exxon Mobil cuando fue
nacionalizada en el 2007 por Hugo Chávez, para intentar un golpe de mano
contra Maduro. Exxon Mobil formaría parte de la Cuarta Rama del
Gobierno de EEUU, verdadero Poder en la sombra que toma las decisiones
en política exterior y a instancias de Tillerson, la revolución chavista
ya fue declarada “enemiga peligrosa de EE.UU”. En consecuencia, tras
una sistemática e intensa campaña desestabilizadora que incluirá el
desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la
amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana y las
sanciones económicas podríamos asistir a un golpe de mano para
finiquitar el legado chavista en Venezuela.
¿Nuevo Gobierno Militar en Brasil?
Brasil
forma parte de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) y aunque se descarta que dichos países forman una alianza
política como la UE o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático
(ASEAN), dichos países tienen el potencial de formar un bloque económico
con un estatus mayor que del actual G-8 (se estima que en el horizonte
del 2050 tendrán más del 40% de la población mundial y un PIB combinado
de 34.951 Billones de $). Brasil juega un rol fundamental en el nuevo
tablero geopolítico diseñado por EEUU para América Latina ya que le
considera como un potencial aliado en la escena global al que podría
apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro
permanente con el consiguiente aumento del peso específico de Brasil en
la Geopolítica Mundial tras la asunción por Brasil del papel de
“gendarme de los neocon” en Sudamérica.
Sin
embargo, Dilma Rousseff exigió a Estados Unidos explicaciones
convincentes de las razones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)
para presuntamente violar las redes de computadoras de la petrolera
estatal Petrobras con lo que se
habría granjeado la enemistad de EEUU que procedió a la implementación
del “caos constructivo” en Brasil para desestabilizar su mandato
presidencial (impeachement). Tras el khaos surgido en una sociedad
brasileña corroída por la corrupción y que afectaría al actual
Presidente Temer no es descartable un golpe de mano militar que
implementará una severa represión contra los partidos izquierdistas y
que se ensañará de manera especial con el Partido Comunista (PCdoB) y el
Partido Socialista (PSB), quedando
tan sólo Ecuador, Nicaragua y Bolivia como países díscolos a las tesis
de una EEUU pero que terminarán siendo fagocitados mediante la política del Big Stick o “Gran Garrote”, siguiendo la Doctrina Monroe ,“América para los Americanos”.
GERMÁN GORRAIZ LOPEZ-Analista
Todos contra el neoliberalismo
por Emir Sader
Los
recientes reveses de la izquierda latinoamericana han llevado a
cuestionamientos respecto a las políticas de alianza que han hecho
posibles los gobiernos antineoliberales. Esos gobiernos solo han logrado
imponer su hegemonía, porque han conseguido, con sus propuestas de
gobierno, obtener consensos ampliamente mayoritarios en la sociedad.
Cuando perdieron su capacidad hegemónica, los frentes que habían
constituido fueron resquebrajados, con las alianzas siendo desechas. Pasó algo similar cuando el frente del gobierno kirchnerista se
fracturó, cuando el frente del gobierno del PT en Brasil igualmente se
deshizo, ahora pasa algo parecido en Ecuador. Pero las alianzas no son
la causa, sino el efecto de propuestas de gobierno que, si funcionan, no
tienen porque debilitar el frente social y político del gobierno. Si
estos se debilitan, es porque las políticas de gobierno están perdiendo
en la sociedad su capacidad de convencimiento, de consenso. Pero, antes de todo, queda la enseñanza de que las alianzas no son
tema de elecciones subjetivas – con quienes sí, con quienes no, – sino
de agrupar fuerzas alrededor de un programa de transformaciones de
carácter nacional. El criterio de las políticas de alianzas es objetivo
político. Primero se plantean las propuestas de gobierno, habrá alianzas
con quienes estén de acuerdo con esas propuestas. Ahora, cuando por lo menos en Argentina y en Brasil se discute el
tema de las alianzas – tema también presente en Ecuador, en Bolivia,
pero también en México, en Colombia -, es hora de volver a reflexionar
sobre los criterios de las alianzas. Alianza con quién, significa
alianza para qué. Conforme hacia donde se quiere ir, se definen las
compañías. Hay sectores que proponen alianzas solamente dentro del campo de la
izquierda, solo con quienes tienen trayectorias y propuestas similares.
Sería condenar la izquierda al aislamiento y a la derrota, porque las
contraofensivas de la derecha han aislado a la izquierda, le han quitado
aliados, le han puesto en situación de minoría en la sociedad. Para
romper ese cerco, hay que ganar a sectores con los cuales no hay
trayectoria común en el pasado, con los cuales no se comparten todas las
posiciones programáticas. Para ello hay que definir los criterios
objetivos de las alianzas. La frontera de los enfrentamientos estratégicos en el período
histórico actual se da alrededor del neoliberalismo, el modelo
hegemónico asumido por el capitalismo ya hace algunas décadas. El campo
popular agrupa a todas las fuerzas, sociales, políticas, económicas, que
se contraponen al neoliberalismo y buscan su superación. El campo de la
derecha, sea en sus expresiones más tradicionales de derecha o en otras
aparentemente mas moderadas, se reúnen alrededor del modelo neoliberal. En América Latina hoy, más que nunca, el bloque popular debe agrupar a
todos los que se oponen al modelo neoliberal y se disponen a poner en
práctica un gobierno que supere ese modelo. Un bloque que se oponga a
las privatizaciones del patrimonio público, al debilitamiento de los
sindicatos, a la concentración todavía más grande de los medios, a la
retracción de las políticas sociales, a políticas externas de
subordinación a los EE UU. No importa la trayectoria pasada de las personas y fuerzas, su
naturaleza ideológica, importa la posición que tienen respecto a
neoliberalismo y al gobierno que pone en práctica esa política. El desafío más grande para la izquierda no está en reunir a todas
esas fuerzas, sino en organizar el programa antineoliberal, que destaque
los elementos estratégicos de ese programa para definir, a partir de
ahí, los apartados fundamentales de la reconstrucción del bloque
popular antineoliberal. La agrupación de fuerzas es una consecuencia del
programa antineoliberal.
¿La reinvención del Foro Social Mundial?
por Boaventura de Sousa Santos
Traducción de Antoni Aguiló
El Foro Social Mundial (FSM) se reunió por primera vez en Porto
Alegre en 2001. Fue un acontecimiento de extraordinaria trascendencia
porque señaló el surgimiento de una forma de globalización alternativa a
la que estaba siendo impulsada por el capitalismo global, cada vez más
dominado por la su versión más excluyente y antisocial: el
neoliberalismo. No fue la primera señal. Esta había sido dada por el
levantamiento neozapatista en el sur de México en 1994, seguido por el
Encuentro Intergaláctico de 1996, y en 1999 por las protestas en Seattle
contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio. Pero fue,
sin duda, la señal más consistente y la que puso en la agenda
internacional la lucha de los movimientos y las organizaciones sociales
que luchaban en las diferentes regiones del mundo contra las muchas
caras de la exclusión social, económica, racial, etnocultural, sexista,
religiosa, etc. Animado por el éxito, inesperado para muchos, de su primer encuentro,
el FSM se desdobló en los años siguientes en foros regionales
temáticos, nacionales y los foros mundiales pasaron a realizarse en
otros continentes: en la India, en Kenia, en Senegal, en Túnez, aunque
volviendo a veces a Brasil (Porto Alegre y Belém) hasta llegar a América
del Norte (Canadá) en 2016. El éxito del FSM hizo que se sumaran a sus
encuentros mundiales otros encuentros mundiales sectoriales, del del
Foro Mundial de Educación al Foro Mundial de Teología. Se fueron creando
estructuras mínimas de coordinación: Secretariado, Consejo
Internacional, Comité Facilitador, aunque las tareas de organización
fueran asumidas siempre por los comités locales de los países donde se
realizaban los encuentros. El FSM era simultáneamente un síntoma y un potenciador de la
esperanza de los grupos sociales oprimidos. Surgía con una vocación
mundial desde América Latina porque el subcontinente era entonces la
región del mundo donde las clases populares estaban traduciendo la
esperanza con más consistencia en forma de gobiernos progresistas. Esta
esperanza, al mismo tiempo utópica y realista, había sido recientemente
renovada con la Venezuela de Hugo Chávez, a partir de 1998, y continuó
con la llegada al gobierno de Lula da Silva (Brasil) y Néstor Kirchner
(Argentina) en 2003 y en los años siguientes de Rafael Correa (Ecuador),
Evo Morales (Bolivia), Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo
(Paraguay) y Pepe Mujica (Uruguay). Con el FSM se iniciaba una década de
esperanza que, desde el subcontinente, se proyectaba sobre todo el
mundo. Era el único continente donde tenía algún sentido político hablar
de “socialismo del siglo XXI”, aunque las prácticas políticas concretas
tuvieran poco que ver con los discursos. La gran novedad del FSM y su patrimonio más precioso fue hacer
posible el mayor interconocimiento de los movimientos y organizaciones
sociales involucrados en las luchas más diversas en diferentes países y
según culturas políticas históricamente muy distintas. En los primeros
tiempos, este propósito pudo lograrse gracias a una cultura basada en la
libre discusión, y el consenso y a la negativa del FSM de tomar
decisiones políticas como tal. Pero no pudo evitar que, desde casi el
inicio, se iniciara un debate político entre los activistas más
comprometidos que se fue intensificando con los años. Algunas
cuestiones: ¿podría el FSM ser verdaderamente mundial y progresista si
las grandes ONG lo dominaban en detrimento de las pequeñas y de los
movimientos sociales de base? ¿Si quien más necesitaba la solidaridad
del Foro no tenía recursos para participar? ¿Si las fuerzas dominantes
en el FSM no luchaban contra el capitalismo, luchaban, como mucho,
contra el neoliberalismo? ¿Acaso detrás de la ideología del consenso no
se escondería la mano de hierro de algunas entidades, personas y
posiciones? Si no podían tomarse decisiones políticas, ¿cuál era la
utilidad de continuar reuniéndonos? Como no había estructuras para
organizar los debates, quien se sentía incomodado por estas cuestiones
fue abandonando el proceso. Pero el genio del FSM fue que, durante más
de diez años, siempre fue atrayendo nuevos movimientos y organizaciones. Sin embargo, a finales de la década de 2000 la coyuntura
internacional había cambiado en un sentido adverso a los objetivos del
FSM. Minados por sus contradicciones internas, los gobiernos
progresistas de América Latina entraban en crisis. El imperialismo
estadounidense, que durante una década había estado centrado en Oriente
Medio, regresaba con fuerza al continente y la primera señal fue la
dimisión en 2009 del presidente Manuel Zelaya, un presidente
democráticamente elegido. Era el primer ensayo del nuevo tipo de golpe
institucional, bajo ropaje democrático, que se repetiría en 2012 en
Paraguay y en 2016 en Brasil. El neoliberalismo, teniendo ahora a su
entera disposición el capitalismo financiero global, embestía contra
todas las políticas de inclusión social. La crisis financiera provocaba
la crisis social y los movimientos tenían que centrarse en las luchas
nacionales y locales. Además, su lucha era cada vez más difícil dada la
persecución represiva. Bajo el pretexto de la “guerra contra el terror”,
la paranoia de la vigilancia y la seguridad dificultaba la movilidad
internacional de los activistas, tal como se vio en 2016 en Montreal,
donde se denegaron más de doscientos visados de entrada a activistas del
Sur global. En estas circunstancias, ¿cuál era la viabilidad y utilidad del FSM?
En el momento en que estaban en riesgo no solo las políticas sociales,
sino la propia democracia, ¿era sostenible la continuidad del FSM como
un simple foro de discusión autoimpedido para tomar decisiones en un
momento en que fuerzas neofascistas llegaban al poder? Estas preguntas
apuntaban a una crisis existencial del FSM. Esta crisis alcanzó su punto
máximo en la reunión del Consejo Internacional en Montreal, en la que
este órgano rechazó tomar una posición contra el impeachment a
la presidenta Dilma Rousseff. Salí de la reunión con la sensación de que
el FSM estaba en una bifurcación: o cambiaba o moría. Durante los
últimos meses pensé que moriría. En los últimos tiempos, con la dinámica
surgida de cara a la preparación del FSM de Salvador de Bahía (del 13
al 17 de marzo), concluí que existía posibilidad de cambio, adaptándose a
las dramáticas condiciones y desafíos del presente. ¿Cuáles son los cambios necesarios? En la asamblea plenaria de
Salvador se aprobará una nueva Carta de Principios. En los términos de
esta carta, el FSM se declara un órgano de defensa y de profundización
de la democracia con competencias para tomar decisiones políticas
siempre que la democracia esté en peligro. Las decisiones políticas
concretas son tomadas por los movimientos y organizaciones que promueven
cada encuentro del FSM cualquiera que sea su ámbito geográfico o
temático. Las decisiones políticas son válidas en el ámbito geográfico y
temático en el que se tomen. El actual Consejo Internacional se
autodisolverá en su próxima reunión y será reconstruido de raíz en la
asamblea plenaria de Salvador según criterios que la propia asamblea
definirá. El FSM de Salvador es quizá hoy más necesario de lo que lo fue
el FSM de Porto Alegre. ¿Habrá condiciones para no desperdiciar esta
(¿última?) oportunidad?
sábado, 13 de enero de 2018
Movimientos populares: entre el espontaneísmo y la manipulación
No todos estos
movimientos “de masas” son iguales. Aquellos que son visualizados en la geoestrategia
de Washington como un peligro –por ejemplo en Latinoamérica todos los que se
oponen a la industria extractivista– tienen una lógica totalmente distinta a
aquellos que se levantan como “defensores de la democracia”, con un contenido
más clasemediero.
por Marcelo Colussi / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
“Los iraníes que se manifiestan contra su gobierno verán un gran apoyo
de Estados Unidos en el momento adecuado”.
Donald Trump, con
motivo de los actuales acontecimientos en Irán (enero 2018)
Partidos políticos en crisis
A partir de las dos
últimas décadas del pasado siglo, y en lo que va del presente, asistimos a una
gradual pero permanente decadencia de los partidos políticos tradicionales.
Esto se da tanto en la derecha como en la izquierda. Las poblaciones van
evidenciando un creciente hastío en relación a las formas tradicionales de la
“política profesional”, dada por tecnócratas, burócratas siempre alejados de la
gente, “mentirosos de profesión”. La política hecha a través de los partidos
(farsante, embustera, manipuladora) sigue siendo la forma en que se maneja la
institucionalidad de los Estados nacionales, pero cada vez más es la mercadotecnia,
el manejo “de mentes y corazones” –como pedía Zbigniew Brzezinsky, maestro en
estas artes–, la tecnología publicitaria, la que “hace” la política. O, al
menos, la que se encarga de “manejar” a las grandes masas. Las decisiones
fundamentales, por supuesto, se siguen haciendo en las sombras. Y no la hacen
los “políticos de profesión” precisamente, sino los que les financian las
campañas y para quienes, en definitiva, trabajan. Entonces, como acertadamente
dijera el francés Paul Valéry: “La política es el arte de hacer creer a la gente que toma parte en
los asuntos que le conciernen”. Deberíamos agregar: “perosin
permitirle que realmente se involucre en nada”.
De ningún modo esos
partidos están agotados, pues continúan siendo correas de transmisión entre el
poder económico –los verdaderos amos– y las grandes masas, ofreciendo las capas
de burócratas que manejan los aparatos estatales. Pero la credibilidad de esos
partidos está por los suelos. De todos modos, el “credo” fundamental de la
politología oficial, de la llamada “democracia representativa”, está dado por
la existencia de esos partidos. El resguardo de lo que la ciencia política de
derecha funcional al sistema llama “gobernabilidad” son esos –aunque
desacreditados y un tanto aborrecidos– partidos políticos. Por así decir: un
mal necesario para el sistema.
En el campo de la
izquierda las cosas también están complicadas. Caídas las primeras experiencias
socialistas de la historia (desintegración de la Unión Soviética, extinción del
bloque socialista europeo, reversión del socialismo chino) el avance de las
fuerzas de cambio social quedó un tanto –o bastante– relegado. Hoy, una
pregunta clave en el campo de la izquierda es ¿cómo construir alternativas
válidas, consistentes, realmente efectivas? Los particos políticos clásicos,
con un esquema leninista si se quiere, en el momento actual no están en
crecimiento. Antes bien: han perdido credibilidad, no arrastran gente. Hoy por
hoy todo lo que suene a confrontación, como consecuencia de décadas de bombardeo
mediático-ideológico es visto como “peligroso”. O, cuando menos, como
desconfiable. De ahí que los partidos políticos de izquierda, los tradicionales
particos comunistas, no están hoy precisamente en crecimiento. Y si se trata de
partidos socialdemócratas, es decir: fuerzas políticas que hablan un lenguaje
capitalista “moderado”, no hay la más mínima diferencia con los partidos
políticos de derecha.
A decir verdad, hoy no
se ve muy claro ninguna propuesta real de transformación social. Ello no significa,
en modo alguno, que el sistema capitalista esté blindado ante los cambios. Son
incontestables los elementos que demuestran su inviabilidad a futuro: el solo
ecocidio (la monumental catástrofe medioambiental) que ha producido con su
alocado modelo de consumo, o el tener las guerras como una siempre posible
válvula de escape cuando se traba, deja ver su insostenibilidad. Pero solo, por
su propio peso, no case. Es necesario que alguien lo derribe. ¿Quién es el
sujeto revolucionario entonces en la actualidad? ¿Es posible hoy levantar las
banderas de partidos políticos revolucionarios?
Movimientos populares espontáneos
En ese sentido, en
distintas latitudes del planeta, y sin dudas en Latinoamérica con una
considerable fuerza, lo que sí se van dibujando como alternativas
antisistémicas, rebeldes, contestatarias, son los grupos (en general
movimientos campesinos e indígenas) que luchan y reivindican sus territorios
ancestrales.
Quizá sin una propuesta
clasista, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibió el
marxismo clásico, como han levantado los partidos comunistas tradicionales a
través de los años en el siglo XX), estos movimientos constituyen una clara
afrenta a los intereses del gran capital transnacional y a los sectores
hegemónicos locales. En ese sentido, funcionan como una alternativa, una llama
que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede crecer y encender
más llamas. De hecho, en el informe “Tendencias Globales 2020 – Cartografía del
futuro global”, del consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos,
dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional
de ese país, puede leerse: “A comienzos
del siglo XXI, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países
latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido
la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…) Esos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas
internacionales y grupos antiglobalización (…) que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos
latinoamericanos de origen europeo. (…) Las
tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del
Amazonas”.[1]
Para enfrentar esa presunta amenaza que afectaría la gobernabilidad de la
región poniendo en entredicho la hegemonía continental de Washington
cuestionando así sus intereses (¿quizá también la lógica capitalista en su
conjunto?), el gobierno estadounidense tiene ya establecida la correspondiente
estrategia contrainsurgente: la “Guerra de Red Social” (guerra de cuarta
generación, guerra mediático-psicológica donde el enemigo no es un ejército
combatiente sino la totalidad de la población civil), tal como décadas atrás lo
hiciera contra la Teología de la Liberación y los movimientos insurgentes que
se expandieron por toda Latinoamérica.
Hoy, como dice el
portugués Boaventura Sousa Santos refiriéndose al caso colombiano en particular
y latinoamericano en general, escrito antes de la desmovilización de la
principal fuerza guerrillera de Colombia pero igualmente válido ahora, “la verdadera amenaza no son las FARC. Son
las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y
campesinos. La mayor amenaza [para la estrategia hegemónica de Estados
Unidos, para el capitalismo como sistema]
proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios
donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo,
riquezas minerales], o sea, de los
pueblos indígenas”.[2]
Anida allí, entonces, una cuota de esperanza si de transformación se trata.
¿Quién dijo que todo está perdido?
No hay dudas que la
contradicción fundamental del sistema sigue siendo el choque irreconciliable de
las contradicciones de clase, de trabajadores y capitalistas. Eso continúa
siendo la savia vital del sistema: la producción centrada en la ganancia
empresarial. En ese sentido, las premisas de trabajo asalariado y capital
siguen siendo absolutamente determinantes: los trabajadores generan la riqueza
que una clase, la poseedora de los medios de producción, se apropia. Esa
contradicción –que no ha terminado, que sigue siendo el motor de la historia,
amén de otras contradicciones sin dudas muy importantes: asimetrías de género,
discriminación étnica, adultocentrismo, homofobia, etc.– pone como actores
principales del escenario revolucionario a los trabajadores, en cualquiera de
sus formas: proletariado industrial urbano, proletariado agrícola, campesinos
pobres, trabajadores clase-media de la esfera de servicios, intelectuales,
personal calificado y gerencial de la iniciativa privada, amas de casa,
subocupados varios, trabajadores precarizados e informales. Lo cierto es que,
con la derrota histórica de estos últimos años luego de la caída del Muro de
Berlín y los retrocesos habidos en el campo socialista, con el tremendo revés
que la clase trabajadora ha sufrido a nivel mundial con el capitalismo salvaje
de estos años, eufemísticamente llamado “neoliberalismo” (precarización de las
condiciones generales de trabajo, pérdida de conquistas históricas, retroceso
en la organización sindical, tercerización, etc., etc.), los trabajadores,
quienes viven de su ingreso, los verdaderos y únicos productores de la riqueza
humana, quedaron desorganizados, vencidos, quizá desmoralizados.
De ahí que estos
movimientos campesinos-indígenas que reivindican sus territorios son una fuente
de vitalidad revolucionaria sumamente importante.
La pregunta sigue
siendo: ¿por dónde ir si hablamos de transformación, de cambio social?
Evidentemente la potencialidad de este descontento, que en buena parte de
América Latina se expresa en toda la movilización popular anti-industria
extractivista (minería, centrales hidroeléctricas, monoproducción agrícola
destinada al mercado internacional), puede marcar un camino.
Inmediatamente surge
una pregunta, una preocupación, si se quiere ver así: por todo el mundo están
apareciendo movimientos populares. El abanico es amplio y da para mucho: junto
a estos movimientos campesinos-indígenas que vemos en Latinoamérica aparecen
otros grupos, habitualmente urbanos y más de sectores medios que, curiosamente,
levantan banderas “pro-democráticas”. Pero, por supuesto, no son lo mismo.
Movimientos “democráticos”
No todos estos
movimientos “de masas” son iguales. Aquellos que son visualizados en la geoestrategia
de Washington como un peligro –por ejemplo en Latinoamérica todos los que se
oponen a la industria extractivista– tienen una lógica totalmente distinta a
aquellos que se levantan como “defensores de la democracia”, con un contenido
más clasemediero.
Estos últimos deben ser
vistos y entendidos en su contexto. Como mínimo, podrían apuntarse varias
experiencias que se han venido dando desde hace algún tiempo: 1) las
revoluciones de color que surgieron en estos últimos años, básicamente en las
ex repúblicas soviéticas, más algunos movimientos similares en Medio Oriente;
2) lo que se llamó la Primavera Árabe, y 3) los movimientos supuestamente
“cívicos” que se dan en Latinoamérica (“estudiantes democráticos” en Venezuela,
movilizaciones anti-corrupción en distintos países –Guatemala fue el primer
laboratorio, en el 2015, seguido de iniciativas más o menos similares en
distintas latitudes: Brasil, Argentina, Bolivia–, “Damas de blanco” en Cuba).
¿Qué representan, en
realidad, estos movimientos? No son, en sentido estricto, movimientos
populares. Con las diferencias del caso, todos tienen líneas comunes. Las
llamadas revoluciones de colores (revolución de las rosas en Georgia,
revolución naranja en Ucrania, revolución de los tulipanes en Kirguistán, revolución
blanca en Bielorrusia, revolución verde en Irán, revolución Twitter en
Moldavia, revolución azafrán en Birmania, revolución del Cedro en Líbano,
revolución de los jazmines en Túnez, así como los “movimientos de estudiantes
democráticos antichavistas” en la República Bolivariana de Venezuela) son
fuerzas aparentemente espontáneas, que tienen siempre como objeto principal
oponerse a un gobierno o proyecto contrario a los intereses geoestratégicos de
Estados Unidos.
Inspirado
de alguna manera en los sucesos de Tiananmen, de China en 1989, el primer
laboratorio que sirvió a los estrategas estadounidenses para darle cuerpo y
definición conceptual a estas operaciones de clara intervención injerencista,
siempre disfrazados de revueltas populares pacíficas espontáneas, fue el
derrocamiento del primer mandatario servio Slobodan Milosevic, en Serbia y
Montenegro en el año 2000.
Son notas distintivas
de estos movimientos supuestamente espontáneos su gran impacto mediático
(llamativamente amplio, por cierto, y que no tienen los movimientos de defensa
territorial como los mencionados más arriba), siempre de nivel mundial
cubiertos espectacularmente (llamativamente) por cadenas internacionales, la
participación de grupos juveniles, en la gran mayoría de los casos estudiantes
universitarios. Y también –esto es fundamental– el hecho de recibir, directa o
indirectamente, fondos de agencias gubernamentales estadounidenses, tales como
la USAID, la NED, la CIA o, en algunos casos, de organismos no gubernamentales,
como la Fundación Soros o la Freedom House,
financiamientos en general negados o escondidos. Y si se niega,
obviamente por algo será.
El ideólogo que le dio forma a
este tipo de intervenciones es el estadounidense Gene Sharp, profesor y
escritor visceralmente anticomunista, autor de los libros “La política de la
acción no violenta” y “De la dictadura a la democracia”, nominado en el 2015 al
Premio Nobel de la Paz. Paradojas del destino: inspirándose en los métodos de
lucha no-violenta del hindú Mahatma Ghandi, este intelectual orgánico al statu quo estadounidense sentó las bases
para que la CIA desarrollase sus intervenciones en distintas partes del mundo,
siempre en función de la geoestrategia de dominación de Washington (¡en modo
alguno alejada de la violencia!). Las mismas, según Sharp, consisten en tres
pasos:
- Generación de
protestas, manifestaciones y piquetes, persuadiendo a la población (léase:
manipulando) de la ilegitimidad del poder constituido, buscando la formación de
un movimiento antigubernamental.
- Fomento del
desprestigio de las fuerzas de seguridad oficiales (policía o fuerzas del
orden), instigación a huelgas, a la desobediencia social, a los disturbios y la
provocación de sabotaje.
- Llamado al
derrocamiento no violento del gobierno.
En esta línea podría
inscribirse mucho de lo que sucedió en algunas de las ex repúblicas soviéticas
(no siempre con éxito, los planes a veces fallan), o con la Primavera Árabe,
que barrió el norte de África y buena parte del Medio Oriente, o lo que está
sucediendo en este momento en Irán (de ahí el epígrafe con que abrimos el
texto), que pueden haber iniciado como auténticas protestas populares,
espontáneas y con energía transformadora pidiendo algunas determinadas
modificaciones puntuales, o al menos de denuncia crítica, pero que rápidamente
degeneran (porque son cooptadas) por esta ideología “democrática” –manipulada
desde este proyecto injerencista de dominación ligado a las tristemente
célebres agencias mencionadas–. O, es preciso no perderlo de vista, arrancan
directamente como plan urdido y financiado por potencias extranjeras, en
secreto obviamente, buscando la reversión (roll
back) de un gobierno “molesto”.
A
todos estos procesos de “rebeldía ciudadana”, a estas llamadas “revoluciones de
colores”, le suceden luego sistemáticamente gobiernos de “conciliación y
apertura”, en los que quedan excluidas las distintas fuerzas políticas que
apoyaron a la administración gobernante derrocada. Todo eso, la forma ordenada
y metódica que comportan estas “iniciativas”, permiten colegir que no son tan
espontáneas sino que, por el contrario, obedecen a guiones muy bien trazados.
Luego de las destituciones, de los cambios buscados, que nunca son
estructurales, que solo se quedan en el reemplazo de algún funcionario, el supuesto
“villano de la película”, –cambio realizado supuestamente a partir de esos
sentidos reclamos populares– continúan medidas económicas neoliberales,
produciéndose una fragmentación del espectro político del país o la zona donde
se intervino (balcanización), pudiéndose suceder también estallidos o
rebeliones territoriales de corte separatista, todo lo cual sirve para sumir
así al país en cuestión en complejos y prolongados estados de ingobernabilidad.
Nunca más oportuna que ahí la máxima maquiavélica de “divide y reinarás”.
Movimientos “democráticos” versus movimientos populares
auténticos
Estas supuestas
movilizaciones espontáneas de grupos civiles (revoluciones de colores) tienen
una agenda clara: servir a los intereses desestabilizadores favorables a la
Casa Blanca (secundariamente también a los grandes capitales europeos), siempre
boicoteadores / obstaculizadores de proyectos con un tinte socializante o
popular. En ese sentido, están muy lejos de poder ser equiparados a los
movimientos populares antisistémicos a los que nos referíamos más arriba, los
cuales reivindican territorios ancestrales sentidos como propios y se oponen a
esta nueva camada de rapiña capitalista de recursos estratégicos que lideran
capitales globales en concordancia con capitales y/o gobiernos nacionales de
los países periféricos.
Esas movilizaciones
“democráticas” constituyen, en definitiva, un arma de dominación del sistema
capitalista, muy bien pergeñada, muy efectiva por cierto, que sirve casi sin
violencia (nunca son totalmente pacíficas, porque también apelan a actos
violentos llegado el caso, como pudo verse el año pasado en Venezuela, con 110
muertos) a los fines espurios de mantener el estado de cosas. Si se quiere
decir así: con la apariencia de un gran cambio en las formas, quitando
supuestas “dictaduras” o gobiernos indeseables, esas iniciativas ciudadanas son
un puro gatopardismo: hacer como que se cambia algo para que, en sustancia, no
cambie nada. O, peor aún, cambiar un gobierno díscolo a los dictados de los
grandes capitales globales. Pero ningún otro cambio más, haciéndole creer a la
población que fue artífice de una genuina transformación (“arte de hacer creer a la gente que toma parte en
los asuntos que le conciernen”).
Justamente por eso, porque se trata de un arma de control social, tienen tanta
pomposidad en las cadenas mediáticas de impacto global. Por el contrario, todos
los movimientos espontáneos indígenas-campesinos (y también los urbanos, si los
hay) son criminalizados, presentados siempre como “cuerpos extraños”, molestias
que vienen a interrumpir la “vida normal”. De ahí a actos terroristas, un paso.
Por otro lado, los
movimientos populares mencionados en principio, en muchos casos indígenas y
campesinos, en general espontáneos, no tienen claramente un contenido clasista,
y no en todos los casos hablan un lenguaje marxista. Son, por el contrario, una
expresión de un descontento que alberga en las grandes masas de damnificados,
en general rurales –en atención a la principal dinámica de los países latinoamericanos,
que son en muy buena medida agroexportadores con un fuerte peso de lo rural en
su composición económico-política, social y cultural–. Pero si bien no encajan
en lo que la teoría marxista clásica podría haber visto como el necesario
fermento revolucionario: un proletariado industrial urbano, o una masa de
trabajadores explotados que reivindica sus derechos mínimos, constituyen una
marea de protestas y rebeldía que perfectamente puede ayudar a encender ánimos,
mechas de transformación, calores revolucionarios. No se debe olvidar que las
revoluciones socialistas ocurridas durante el siglo XX: la mexicana que no
llegó a consustanciarse, la rusa, la china, la vietnamita, la cubana, la
nicaragüense fueron, en definitiva, movimientos populares con una fuerte
composición campesina, direccionadas luego por un partido (vanguardia) con
principios comunistas.
En
ese sentido, no se puede reivindicar ciegamente el espontaneísmo. Eso solo no
conduce a ningún lado. Ejemplos al respecto sobran. Solo para citar alguno,
valga el trágico diciembre de 2001 en Argentina. Allí, ante una brutal crisis
económica, la gente salió a la calle enardecida, espontáneamente, y al grito de
“¡Que se vayan todos!”, cinco
presidentes desfilaron por la Casa de Gobierno en unos pocos días. La furia
popular los sacó. Se podría decir que había allí una incendiaria situación
¿pre-revolucionaria?, pero la falta de conducción no pudo aprovechar ese
estallido de descontento popular. La gente en la calle espontáneamente no
necesariamente es sinónimo de cambio. De ahí la necesidad de poder articular
movimientos espontáneos, furias desatadas y ánimos honestamente caldeados por
situaciones de injustica con propuestas de largo aliento que tengan claro
contenido político revolucionario. Si no, no se pasa del descontento que,
lamentablemente, puede terminar en pillaje y saqueos, no más.
Ahora
bien: sabiendo el potencial que anida en esos auténticos movimientos populares
de descontento que se han venido dando en Latinoamérica, fundamentalmente
contra la producción extractivista (por explotadora, por ecocida, por atentar
con los territorios tradicionales), no hay que perder de vista la llama
encendida que puede significar la “Declaración de Quito” con la que concluyó el
encuentro continental “500 Años de Resistencia India”, realizada en julio de
1990, preparatorio de la contra-cumbre de celebraciones que tuvieron lugar con
motivo del “encuentro” (¿o encontronazo?) de dos mundos en 1492: “los pueblos indios además de nuestros
problemas específicos tenemos problemas en común con otras clases y sectores
populares tales como la pobreza, la marginación, la discriminación, la opresión
y explotación, todo ello producto del dominio neocolonial del imperialismo y de
las clases dominantes de cada país”.
Si la política tiene
algo de arte, entonces de lo que se trata no es de “engañar”, de “hacer creer a la gente que toma parte en los
asuntos que le conciernen” sino en
propiciar realmente su inclusión como verdadero, como único agente real de
transformación. “Los libertadores no existen”, dijo el
Che Guevara. “Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos”.
COMUNICACIÓN: La falta de recursos ahoga a 'Punto Final', la revista que Pinochet ordenó destruir
Este viernes sale a la calle el último número de la
mítica publicación de izquierdas. Tras el golpe de estado de septiembre
de 1973, varios de sus redactores fueron detenidos y asesinados. Su
director, ex preso político del régimen, confiesa que “el dolor es muy
grande”.
Algunas de las portadas de la revista Punto Final.
El periodista chileno Manuel Cabieses
está a punto de cumplir 85 años. Cuando tenía 32, se embarcó en una
aventura que le cambiaría la vida. Junto a Mario Díaz, también
reportero, fundó una revista. Corría septiembre de 1965. La bautizaron
como Punto Final. En el septiembre de 1973, Díaz y Cabieses
tuvieron que hacer un punto y seguido. La redacción fue allanada, varios
de sus trabajadores fueron asesinados y otros acabaron en el exilio.
Años después, cuando el régimen estaba a punto de caer, abrieron otra
vez las puertas de esta publicación de izquierdas. Hasta hoy. Casi 43
años después de su nacimiento, ha llegado el momento de cerrar. Lo que no logró Augusto Pinochet lo ha conseguido la falta de recursos.
"Me cuesta encontrar una palabra exacta para definir lo que siento", comentó Cabieses a Público desde su oficina, situada en la calle San Diego de Santiago de Chile. En su ordenador se acumulan los artículos del último número de esta publicación quincenal, que saldrá a la calle este viernes. Va a ser la última, pero en la redacción de Punto Final
trabajan como si fuese cualquier otro de sus 894 números. Quieren morir
como nacieron: informando desde una óptica de izquierdas,
anticapitalista y latinoamericanista.
Manuel Cabieses, director de Punto Final.
"Estaremos cumpliendo nuestra tarea hasta el
último día, con el ánimo fuerte", dice su director. No obstante, admite
que son días difíciles. "Es un dolor muy grande –explica Cabieses-. He
pasado mi vida en esto. Para mí, es como ver agonizar a un familiar". La
enfermedad que llevará a esta publicación a la tumba ha sido la misma
que en otras tantas redacciones de aquí y allá. "La razón es simple y
clara –subrayó su responsable-: no tenemos recursos propios para seguir adelante".
En Chile hay un agravante: se trata de uno de los países más caros de
América Latina para editar un periódico o una revista. Allí el mercado
está controlado por dos grandes empresas. El resto sobrevive como
puede.
En ese contexto, Punto Final se edita
cada 15 días y vende unos cinco mil números. En su redacción hay cuatro
personas trabajando de forma fija, aunque cuentan con una red conformada
por una veintena de colaboradores. El sociólogo chileno Marcos Roitman,
quien tuvo que refugiarse en España tras el golpe de Estado de
Pinochet, es uno de ellos. "Esta revista es un acervo de la cultura
chilena. Dejarla morir significa matar parte de la cultura política del
país", dijo a Público en Madrid, donde trabaja como profesor universitario.
Basta con repasar el archivo histórico de Punto Final para
darle la razón a Roitman. Por ejemplo, en el número 59, que salió a la
venta en la primera quincena de julio de 1968, se publicó por primera
vez el Diario del Che Guevara en Bolivia, una de las obras referenciales de este militante revolucionario. También cubrió el momento histórico que supuso la victoria de la Unidad Popular de Salvador Allende, así como el golpe de estado genocida que acabó violentamente con aquel gobierno democrático.
Algunas de las portadas de Punto Final.
"Soldado: La Patria es la clase trabajadora", rezaba
su portada del 11 de septiembre de 1973, el mismo día en el que
Pinochet instauró su régimen de terror. Aquella dramática jornada, el
general dio una clara orden por radio a sus subordinados. "Justamente el
personal que trabaja allá en Punto Final... Todo el mundo ahí
debe ser detenido. Cambio", advirtió. Poco después se produjo el
allanamiento y destrucción de la revista. Varios de sus redactores y
colaboradores fueron detenidos, torturados y asesinados.
Perseguida en democracia
Cabieses, que por entonces también figuraba como director de la revista, fue detenido dos días después del golpe de Estado. Hasta 1975 permaneció en campos de concentración de la dictadura.
Luego fue expulsado del país y se refugió en Cuba hasta 1979, año en el
que regresó a Chile para vivir clandestinamente junto a su esposa,
Flora Martínez. Mientras tanto, su compañero Mario Díaz se exilió en
México, donde logró sacar una edición internacional de la revista.
Diez años después, en 1989, Punto Final
volvió a ver la luz en Santiago. El dictador Pinochet aún ostentaba el
poder, pero lo quedaba poco. La democracia se restauró en marzo de 1990,
aunque eso no significó el fin de la persecución contra la revista: en
septiembre de 1991, el gobierno de Patricio Aylwin presentó una querella
contra Cabieses por una portada de Punto Final que llamaba
"sádico y asesino" a Pinochet. A raíz de esa denuncia, Cabieses llegó a
ser detenido por la Policía chilena en plena democracia. Ni siquiera así
lograron callar su voz, ni tampoco apagar los teclados de esta
histórica publicación de izquierdas. Hasta hoy.
URUGUAY
Delitos en dictadura: Centro Militar critica al Fiscal Jorge Díaz
Mar 9, 2018 | LA REPÙBLICA UY
A
través de un comunicado el Centro Miliar cuestiona la nueva Fiscalía de
Delitos de Lesa Humandiad y acusa al Fiscal General de la Nación,
Jorge Díaz, de “llevarse por delante” los pronunciamientos de la
ciudadanía en contra de derogar la Ley de Caducidad. El grupo de militares retirados asegura además que no se puede juzgar
delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985),
ya que en Uruguay esos delitos se tipifican como tales desde 2002. “Hemos asistido recientemente a la creación de la Fiscalía de Delitos
de Lesa Humanidad, lo que, al margen de restar recursos humanos y
materiales al primer escalón de combate al delito, que hoy flagela a
nuestra sociedad, los vuelca en pos del rencor y el pasado reciente, ya
investigado y juzgado, habiéndose procesado a más de treinta personas,
algunos de los cuales han fallecido en prisión”, señala el comunicado. Recuerda que el Tratado de Roma, “que configurara por primera vez
tales delitos, fue instrumentado y ratificado por nuestro país a partir
de junio de 2002”, por lo que “antes de esa fecha no existían en nuestra
legislación: ¿dónde queda, entonces, el principio de la no
retroactividad de la ley penal? ¿Por qué no se respeta la misma vara
jurídica que otorgó las amnistías?, involucrados en delitos de
subversión”. “Parafraseando al extinto ministro de Defensa Nacional, Fernández
Huidobro, estos son artilugios pergeñados en el Norte para ser usados en
el Sur, distrayendo la atención de sus propias violaciones; de hecho,
ni Estados Unidos ni Israel, países potencialmente beligerantes, han
ratificado jamás dicho Estatuto”. “Además, parecería que al señor Fiscal de Corte no le afecta llevarse
por delante sendos pronunciamientos de la ciudadanía, hoy cercada por
el delito y los delincuentes, por medio de los cuales se ratificó la
vigencia de la ley de Caducidad. ¿Seguirá siendo el Pueblo el soberano,
o, en este devenir de atrocidades, ya no se le tendrá más en cuenta?” “Además, juzgar delitos anteriores a su configuración significa
desconocer la vigencia de los códigos y la jurisprudencia toda. Por
tanto, al no estar vigente ese delito en los códigos respectivos, esto
simplemente no debería tener lugar”. “Este principio es, por otra parte, un instrumento de seguridad para
los pueblos; de no existir, los individuos quedan a merced de la
completa subjetividad y ansias personales del magistrado de turno; la
justicia se partidiza y se torna en herramienta de venganza para
algunos: ¿es esto lo que queremos para nuestro país?”, señala el
comunicado.
Williams García Lafont, director general de Información e
Inteligencia, en la la comisión que investiga el espionaje en
democracia, ayer, en el Anexo. Foto: Andrés Cuenca
Otro militar retirado se negó a comparecer ante la comisión que investiga el espionaje en democracia
6 de marzo de 2018
en LA DIARIA
Ayer de tarde retomó sus actividades la comisión de la Cámara
de Diputados que investiga el espionaje militar y policial en
democracia, y, como pasó en otras oportunidades, un militar retirado se
negó a asistir. Esta vez fue el coronel (r) Juan Luis Álvez García, que
previamente había aceptado comparecer, según indicó a la diaria
el diputado del Frente Amplio Luis Puig, integrante de la comisión.
“Hay mentalidades que siguen pensando que no concurriendo a brindar
información al Parlamento tal vez puedan dificultar la investigación.
Pero el compromiso de la investigación está a pleno y hay que denunciar
este tipo de cosas”, afirmó Puig, y agregó que, de hecho, el año pasado
la Cámara de Diputados había aprobado una declaración en la que
criticaba a los ex directores de Inteligencia Militar Juan A Zerpa,
Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, por no concurrir ante
la comisión. Según Puig, Álvez García se negó a asistir porque no está de acuerdo
con la forma en que se lleva adelante la investigación, pero el diputado
subrayó que “no le corresponde” definir eso al coronel retirado. De
todas maneras, Puig reafirmó el “compromiso” de “ir a fondo” con la
investigación, que llevará a que, cuando termine el plazo de trabajo de
la comisión, a mitad de año, se presente un informe “detallado” en el
que se consigne que “se comprobó fehacientemente la existencia de
espionaje militar y policial en democracia”. Además, el diputado señaló
que, a su juicio, el informe implicará “una denuncia a nivel de la
Justicia para constatar los delitos”. Los que sí asistieron ayer fueron el comisario mayor (r) Williams
García Lafont, actual director general de Información e Inteligencia, y
el inspector principal Luis Ángel Pereyra Morales, pero ninguno aportó
novedades significativas. En tanto, en la comisión todavía no se planteó
que se convoque a ex presidentes de la República, pero Puig dijo que
está “convencido” de que hay que llamarlos. “Porque la inteligencia, por
ejemplo, a nivel del Ministerio de Defensa Nacional, es responsabilidad
de esa cartera y del presidente. Por lo tanto, en la medida en que se
constató cómo se ha operado, espiando a la democracia, creo que es
importante que se convoque a los ex presidentes, y que sería un buen
mensaje desde el punto de vista democrático: cuando el Parlamento decide
investigar, lo hace a fondo”, insistió Puig.
SE VIENE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL MÁS GRANDE DESDE 2005
Salario mínimo y crecimiento enfrentarán a empresarios y trabajadores
El
Pit-Cnt reclama que el salario se acompase con el crecimiento salarial.
El gobierno insistirá con pautas similares a las de la anterior ronda
de negociación salarial. El martes las partes volverán a reunirse y los
campos a deslindarse.
sábado 10 de marzo de 2018 - CARAS Y CARETAS
En
pocas semanas cientos de miles de trabajadores comenzarán a negociar
sus nuevos convenios colectivos en la ronda de Consejos de Salarios más
grande desde su restauración en 2005. Con la vista puesta en ese
momento, se reunió el martes el Consejo Superior Tripartito, instancia
que reúne a los representantes de los empresarios, la central sindical y
el Poder Ejecutivo. En la ocasión, se hizo una evaluación de la ronda
de negociación anterior y se fijó para el martes próximo una nueva
reunión para comenzar a discutir los criterios que regirán las
negociaciones. Se sabe que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es
partidario de mantener las mismas pautas que la vez anterior. En su
momento fueron rechazadas por los sindicatos, pero con el tiempo
demostraron su eficacia dado el aumento del salario real y su poder
adquisitivo. Para
esta ocasión el movimiento sindical dejó en claro que pretende que los
aumentos deben ir acompasados con el crecimiento económico. Se estima
que el país crecerá en el orden del 3-4% anual. Este argumento ya fue
expuesto en 2015 y rechazado por el Poder Ejecutivo. En ese momento se
vivía un enlentecimiento de la economía que obligó al gobierno de Tabaré
Vázquez a moderar el gasto y las expectativas de crecimiento del
salario. Hoy el país vive un momento de recuperación. Durante
un encuentro con motivo de conmemorarse un nuevo Día Internacional de
la Mujer, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto MuMurro,
anunció la intención de su cartera de que “todos los convenios
salariales tengan cláusulas de género y mejorar la aplicación de las que
ya existen. Esta no es una responsabilidad sólo del gobierno, también
es una responsabilidad de los sindicatos y las organizaciones
empresariales”, enfatizó. Durante la reunión del Consejo
Superior Tripartito, realizada este martes, los ministerios de Economía y
Trabajo presentaron ante empleadores y trabajadores un análisis y
balance de la última ronda de negociación y un panorama actualizado de
la situación del mercado de trabajo. “La intención que tenemos
es, luego de considerar los aportes que hemos recibido de todas las
partes, estar ya presentando una propuesta de lineamientos al Poder
Ejecutivo para la 7ª ronda de Consejo de Salarios”, sostuvo Murro. Lo
que se coló en esa instancia fue la intención del Pit-Cnt de bregar por
llevar el salario mínimo nacional (SMN) a $ 16.500, lo que llevó al
ministro a sostener: “Estamos satisfechos de lo hecho y estamos con las
orejas escuchando para ver qué solución, con el mayor consenso posible,
podemos encontrar”. Y agregó: “En estos 13 años de
gobierno se ha multiplicado [el SMN] en términos reales casi que por 4,
por 3,7 exactamente. Comparativamente es de los salarios mínimos que más
ha crecido en América Latina”. Pit-Cnt decidido Fernando
Pereira, presidente del Pit-Cnt, hizo posteriormente declaraciones a la
web de la central sindical en las que afirmó que a su juicio “hay
aspectos fundamentales, y uno de ellos es que el salario mínimo dé un
salto importante y pase a ser de $ 16.500. Somos conscientes de que esto
no resuelve el tema salarial de los trabajadores, pero da un impulso a
todas las categorías de todos los asalariados del país”. A
juicio de Pereira, y se supone que de toda la dirección del movimiento
sindical uruguayo, al tema del SMN hay que agregarle el dar “prioridad a
los salarios denominados sumergidos, que son todos aquellos menores a $
20.000 y que involucran a unos 400.000 trabajadores”. Seguidamente
llegó el argumento tal vez más polémico, no por nuevo, sino porque ya
fue utilizado y descartado en su momento, de que el crecimiento salarial
acompañe el crecimiento de la economía del país. “Si la riqueza crece,
los trabajadores tienen que crecer y luego analizaremos cuáles son los
sectores que tienen dificultades. De lo contrario caemos en que es el
lloradero el que va a regir la política salarial y no la realidad de
cada sector. Si hay sectores con dificultades, tendrán que demostrar si
lo están; de lo contrario, tendrá que haber convenios que contemplen las
condiciones de vida y acceso a las cosas fundamentales de los
trabajadores”, subrayó. “Estamos dispuestos a discutir
todo y partimos de la base de que la negociación es abierta”, señaló.
“Nosotros llevaremos nuestro temario, el Poder Ejecutivo llevará el suyo
y lo mismo harán los empresarios. Después será el arte de la
negociación que nos permita llegar a la mejor fórmula en cada ámbito de
negociación. Lo que queremos es que se dé un salto fuerte en el salario
mínimo, esta es una prioridad. Aunque parezca poco, esto empuja a los
salarios mínimos y favorece al sector informal, el cual si bien no está
afiliado al Pit-Cnt, debemos ser el escudo de esos trabajadores, que
tienen mucha debilidad a la hora de la negociación”. Sobre
la anterior ronda de Consejo de Salarios, el ministro Murro destacó que
la mayoría de los convenios acordados siguieron los lineamientos del
gobierno, siendo la opción mayoritaria la clasificación como sector
“medio”. Sin embargo, la evolución del Índice Medio de Salarios
Nominales (IMSN) del sector privado estuvo alineada a los ajustes
previstos para los sectores “dinámicos”. Se remarcó
además que los aumentos nominales decrecientes previstos en los
lineamientos contribuyeron a la moderación de la inflación de los bienes
y servicios que no se comercializan internacionalmente.
ESTUDIO
Instituto Cuesta Duarte publicó un estudio sobre trabajo y salario
El
Instituto Cuesta Duarte, del Pit-Cnt elaboró un estudio sobre la
evolución del trabajo y el salario en los últimos años, proponiendo
distintos pasos a seguir en políticas sociales. Véalo aquí.
sábado 3 de marzo de 2018 - CARAS Y CARETAS
El
Instituto Cuesta Duarte, del Pit-Cnt elaboró un documento sobre el
trabajo y el salario. En él se asegura que el crecimiento económico de
los últimos 13 años han favorecido a los trabajadores. No obstante, la
desaceleración generó un leve deterioro del empleo y también se hizo
notar en el crecimiento salarial, sustento básico y decisivo “en materia
de combate a la pobreza y la desigualdad”. Por
otro lado, el salario constituye el principal ingreso económico de la
mayoría de los hogares y, por lo tanto, “es una variable clave en la
determinación del consumo, principal componente de la crecimiento
interno y sostén de la demanda global cuando la coyuntura externa no es
favorable”. Como es difícil, según se deja claro en el
documento, analizar al evolución del salario de manera aislada, se
elaboró el trabajo que se incluye aquí: Documento Trabajo y Salario
ENSEÑANZA 05 de marzo de 2018, 22:03hs - LR21
FENAPES denuncia que recortes presupuestales y desidia generan dificultades en educación
La
secretaria de organización de la Federación Nacional de Profesores de
Enseñanza Secundaria (FENAPES), Graciela Almeida, denunció que “los
recortes presupuestales y la desidia de las autoridades generaron las
dificultades que se registran en el comienzo de los cursos”.
El pasado 1º de marzo comenzaron las clases en todas las escuelas del
país y también los primeros años de educación Media (liceo y UTU). Tanto la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, como el
presidente de la Administración de Educación Pública (ANEP), Wilson
Netto, calificaron positivamente el inicio de cursos. Incluso, Muñoz dijo que de los 2.763 centros de estudio, “solo cuatro liceos retrasaron el comienzo de clases”. Se trata de los liceos números 6, 9, 36 y 61 que comenzarán las
clases el viernes 9 de marzo, y ello se debe a “demoras en la
conformación de grupos, en algunos casos, y a trabajos edilicios, en
otros”.
“Caos”
Sin embargo, desde FENAPES se cuestionó el inicio del año lectivo 2018. “En el caso de Secundaria se registró un inicio prematuro de cursos y
la mayor parte de los liceos de bachillerato no han comenzado las
clases por problemas de inscripción de informática, en este sentido
existe un caos muy importante”, denunció Almeida. La dirigente sindical dijo que no se puede hablar de que “existe un
inicio normal de clases, más allá de las declaraciones que las
autoridades hacen en los medios de comunicación”. “Existe falta de apoyo a los grupos, faltan funcionarios, hay
problemas de infraestructura en muchísimos liceos del país. Todos estos
temas fueron tratados en el encuentro bipartito y serán analizados en
los grupos de trabajo en los Consejos de Secundaria”, dijo. Almeida aseguró, según informó el portal del PIT-CNT, que “está claro
que el recorte presupuestal, ordenado por ANEP está impactando muy
fuerte en Secundaria. FENAPES se opone a este recorte porque, entre
otras cosas, es un prejuicio muy importante para la educación pública”. FENAPES plantea llevar adelante un plan de lucha que tiene como eje un mayor presupuesto.
Coordinadora Feminista dio conferencia posterior a la marcha
Contentas con el resultado de la marcha, las integrantes de la Coordinadora llaman a continuar con la lucha, más allá del 8M.
viernes 9 de marzo de 2018 - CARAS Y CARETAS
El
viernes 9 de marzo seis integrantes de la Coordinadora de Feminismos de
Uruguay dieron una conferencia, que tiene lugart un día después de la
movilización por el Día Internacional de la Mujer. Aseguraban estar muy
contentas por como se dio la marcha y sentirse felices de ver a tantas
mujeres. La cantidad de gente que acudió, aseguraron, “excede a la
Coordinadora”. Recalcaron
la importancia de la presencia en la calle de todas las expresiones
artísticas, y de todas las expresiones de poder decir lo el movimiento
feminista piensa y siente. La marcha finalizó con una propuesta de
cierre que proviene del colectivo, y con la lectura colectiva de la
proclama. “El feminismo lo construimos
entre todas de forma horizontal y la convocatoria ha sido muy exitosa.
Se replicó el 8 de marzo en todo el país, en más de 40 localidades”,
dijeron. Además, según afirmaron, a nivel internacional la movilización
en Uruguay fue una de las más multitudinarias. “No
queremos dejar pasar por alto que ayer nos levantábamos con la noticia
del feminicidio de Olga que, a pesar de las medidas cautelares, su
expareja arremetió contra todo y la terminó asesinándola”. Con respecto a
los feminicidios y, en tanto que la Coordinadora de feminismos convoca
las alertas cada vez que asesinan a una mujer, al inicio de la marcha
tuvo lugar una performance por la cual carteles con mujeres asesinadas
fueron colocados en el centro de la vereda. “El feminicidio tiene que
ver con un sistema patriarcal donde el abuso comienza en lo más mínimo
forma de violencia en nuestros cuerpos y termina en asesinatos”,
explicaron. Con respecto a la polémica que generó la presencia de un grupo con carteles en los cualñes se podían leer #FemeninaSí #FeministaNo,
aseguraron en la conferencia que se trataba de un acto de provocación.
“El movimiento feminista y su visibilidad genera molestias a sectores
conservadores”. En relación a las pintadas en la iglesia
de Cordón dijeron que dentro del movimiento hay distintas formas de
expresión, que ellas no condenan esos actos a pesar de que no sean los
que elije la Coordinadora. “Son respetables las diferentes modalidades
de reaccionar de las compañeras del movimiento”. Criticaron que, frente a
una marcha masiva, lo destacable sea lo sucedido en la iglesia: “A la
Iglesia no la mata nadie, a nosotras nos están matando cada día”. La
movilización, afirmaron, tuvo un poco mas de participantes que el año
pasado. Además destacaron las movilizaciones en el interior. Dijeron no
manejar un número concreto de asistentes, pero consideran que no es el
dato más relevante: “Lo relevante es que fue una movilización masiva y
explosiva”. El 8 de marzo es una fecha significativa para
el movimiento feminista, dijeron, pero pero tiene que tener una
continuidad. “Las mujeres nos tenemos que seguir juntando, pensando y
sobreviviendo juntas”, aseguraron. Concluyeron animando a
“que siga la lucha de las mujeres y la organizacion de las mujeres y
que esto sirva para seguir construyéndonos y construyendo juntas. Ayer
lo que se dio en las calles son mujeres de todas las edades, porque la
lucha de las mujeres es una sola independientemente de la edad”.
Reclaman mayor participación de mujeres en dirección del Pit-Cnt
Proclama de mujeres trabajadoras hace énfasis en perspectiva de género e igualdad de oportunidades.
Foto: Dante Fernández.
jueves 8 de marzo de 2018 CARAS Y CARETAS
En
una proclama por el Día Internacional de la Mujer, las mujeres del
Pit-Cnt reclaman que se aplique la cuota de género, “aprobada en
nuestros últimos tres congresos” para de esa manera reflejar la
participación femenina en la dirección del movimiento sindical.
“Tenemos
la confianza absoluta que cada una de las organizaciones que conforman
nuestro Pit-Cnt, cumplirán con las resoluciones adoptadas en los
congresos anteriores. Es nuestra responsabilidad sensibilizar y educar
sobre el derecho a la vida, la diversidad, el respeto por el otro”,
sostienen.
Recordaron que son
“trabajadoras organizadas con conciencia de clase” y reconocieron que
“desde los consejos de salarios hemos reducido las desigualdades”. Tras
reconocer los avances de los últimos tiempos señalaron que la ronda
salarial de este año – “la más grande de la historia de nuestro país”-,
bregarán para que los Convenios Colectivos contengan cláusulas que
garanticen la igualdad de género, protección a la maternidad y víctimas
de violencia, respeto a la diversidad y corresponsabilidad en los
cuidados familiares.
“Debemos redoblar
nuestros esfuerzos para que se refleje la participación de las mujeres
en el Pit-Cnt, ejemplo mundial de lo que es la unidad sindical”,
subrayan más adelante. Entienden como mecanismo de tránsito la
aplicación de la cuota “como ya está aprobada en nuestros últimos tres
congresos, es hora de hacerla efectiva”.
Subraya
más adelante la proclama: “No habrá justicia social en tanto no se
alcance la igualdad de oportunidades de ingreso al trabajo, la
eliminación de la brecha salarial y la no discriminación”.
Por
esta razón reclaman la integración de las trabajadoras en los espacios
de decisión. “Reivindicamos que el movimiento sindical tenga como
objetivo incluir la perspectiva de género y diversidad como
profundización de nuestra democracia”, sostienen. Y se proponen
“garantizar la erradicación del trabajo precario, ilegal, sin protección
de la seguridad social. Garantizar la salud de las mujeres, respetando
el derecho a decidir”.
Milagros Pau, secretaria de Género de la central obreraReclamos y propuestas del PIT-CNT por cuestiones de género
Mar 9, 2018 |LA REPÙBLICA UY
El Pit-Cnt propondrá una batería de medidas vinculadas a cuestiones de género. La integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Milagros Pau,
adelantó que dentro de las iniciativas que se elevarán está la de
licencia paga para las víctimas de violencia de género o quienes tengan a
su cargo tareas de asistencia familiar. “Para llevar a un hijo al médico o a un adulto mayor al geriatra,
entendemos que eso siempre se adjudica a una mujer por los estamentos
sociales que nos han implantado”, sostuvo Pau. Por otro lado, la dirigente reprochó que al día de hoy “se le
pregunte a las compañeras jóvenes si piensan tener hijos o casarse” en
las entrevistas laborales. La secretaria de Género del PIT-CNT brindó una conferencia, en el
marco del Día Internacional de la Mujer. Allí se leyó la proclama de
reivindicaciones de la Intersocial Feminista y se pidió “más compromiso y
más presupuesto” al Estado para “cuidar la vida de las mujeres”. La Secretaria, que integra el colectivo feminista de la Intersocial,
exigió en la rueda de prensa más representación en la central sindical, y
reclamaron que se hagan efectivas las cuotas femeninas dentro de la
organización. Dentro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, un órgano compuesto
por 21 integrantes, hay tres mujeres: María Eugenia Amarilla, Fernanda
Aguirre y Milagros Pau. “Somos mujeres, somos trabajadoras y luchamos
por la igualdad”, se sentenció. Durante la conferencia se leyó la proclama de la Intersocial y,
además, se pidió “más compromiso y más presupuesto” para cuidar la vida
de las mujeres. También se exigió justicia para el caso de la
trabajadora de Alur que fue despedida, según la central, dentro del
periodo de lactancia materna. En la proclama de la Intersocial se llama a marchar este jueves y se
exige presupuesto para la implementación de la ley contra la violencia
basada en género. También reclaman educación en igualdad de género, en
derechos humanos y en diversidad sexual. En esa línea, la Intersocial exigió que se mejore el sistema de
tobilleras y que la Justicia cumpla “con las medidas establecidas”.
Gerardo Núñez. Foto: Pablo Vignali (archivo, agosto de 2016)
Diputado comunista cursa un pedido de informes a Nin para que
responda por el cambio de postura del gobierno con Venezuela
28 de febrero de 2018
en LA DIARIA
Con la misma tónica de un legislador opositor, el diputado
comunista Gerardo Núñez cursó un pedido de informes al ministro de
Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, para que explique, entre otras
cosas, el cambio de actitud respecto del gobierno del presidente
venezolano Nicolás Maduro, tras el apoyo a la declaración emitida por la
Organización de Estados Americanos el viernes, en la que se pide a este
país que reconsidere su convocatoria a elecciones. La declaración
reclama también que en Venezuela se apruebe un “nuevo calendario
electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las
garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente,
legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y
actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase”. “¿Cuáles son los fundamentos en virtud de los cuales Uruguay modificó
su postura histórica respecto de lo que ha sido un enfoque respetuoso
de los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención
en sus asuntos internos?” es la tercera de las siete preguntas que hizo
Núñez en el pedido de informes que cursó ayer. En otra de las preguntas,
le exige al canciller que indique “qué actores políticos” están
proscriptos y, en caso de que los haya, se le pide indicar “los motivos y
las fuentes de información”. También le pregunta “cuál es la fuente de
información” que llevó al ministro a decir que las elecciones en
Venezuela son presidenciales y a la vez parlamentarias. Además, le
consulta acerca de cuáles son las mayorías requeridas para que se reúna
el Consejo Permanente de la OEA, y en base a qué mayorías fue reunido el
viernes, cuando se emitió la declaración. Respecto de esta última pregunta, Núñez explicó a la diaria
que tiene entendido que el Consejo Extraordinario del viernes se convocó
por mayoría absoluta, y no con la mayoría especial de dos tercios que
se necesita para ocasiones extraordinarias. Ayer, en una entrevista con
la radio El Espectador, Núñez también negó que haya partidos políticos
proscriptos para las próximas elecciones. De hecho, dijo que hay tres
“sectores importantes” de la oposición que se van a presentar a las
elecciones, y sostuvo que los políticos proscriptos como Leopoldo López o
Henrique Capriles “estuvieron implicados en acciones terroristas que
pusieron en riesgo la vida de muchísimas personas,y participaron en
asesinatos”. Además, aseguró que “no existe ningún partido político
proscripto”. El lunes, otros sectores del Frente Amplio salieron a
criticar a Nin Novoa. El Partido Comunista del Uruguay, al que pertenece
Núñez, emitió un escueto comunicado en el que expresa su “preocupación,
dolor y rechazo al voto de Uruguay” en la OEA, mientras que la lista
711, que lidera el ex vicepresidente Raúl Sendic, publicó en su sitio
web un texto que dice: “No compartimos, en esta oportunidad, la decisión
de nuestro gobierno de acompañar la moción de la OEA, que exhorta se
establezca un nuevo calendario electoral para Venezuela”.
La adjudicación del inmueble, ubicado frente a la playa en el
Condominio Solaris en Guarujá (estado de San Pablo), se habría llevado a
cabo a través de familiares de Lula. Sin embargo a lo largo de juicio no se logró demostrar
que sea el propietario y tampoco se logró identificar cuál fue el acto o
la omisión (delito de "corrupción pasiva") que habría dado origen al
recibimiento del departamento.
Entre
los registros analizados por el especialista –proveídos por un sistema
llamado Drousys– figuran extractos presentados por Odebrecht de
movimientos financieros en la filial de un banco que la empresa compró
en el Caribe, el Meinl Bank. Rodrigo Tacla Durán, un abogado que prestó
servicio para la contratista y está prófugo en España, ya había
declarado tiempo atrás que la empresa manipuló datos de esta institución financiera.
Brasil
