CHILE
Hector Llaitul arremete contra la ANI tras caída de Operación Huracán: Estamos hablando de la DINA de la Nueva Mayoría
“Entendemos
que la ANI opera y funciona como una organización oscura, clandestina,
que no tiene control, que pareciera que funciona autónomamente, solo
regida por el poder político central y nos remonta a tiempos
dictatoriales”, sostiene el vocero de la CAM.
Por Felipe Menares Velásquez – Fuente: elciudadano.cl
Ha pasado más de una semana desde que el Ministerio Público denunció la ocurrencia de “serias irregularidades” en la entrega de pruebas que hizo Carabineros sobre la “Operación Huracán”, proceso por el cual ocho comuneros mapuche fueron detenidos en septiembre, aunque liberados tras recurrir a la Corte Suprema.
Luego de
concluir que las pruebas entregadas por la policía uniformada estaban
alteradas, la Fiscalía abrió un caso por falsificación de instrumento
público y obstrucción a la investigación. Las miradas se han puesto
sobre el trabajo de las unidades de inteligencia de Carabineros, pero no
en el rol desempeñado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Es,
justamente, el papel de este organismo el denunciado por Héctor Llaitul,
vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y uno de los
detenidos en el marco de la “Operación Huracán”. De paso por
Santiago, conversó con El Ciudadano y expresó sus descargos frente a los
últimos antecedentes del caso, apuntando al Gobierno, el empresariado y
los medios de comunicación.
DETENCIÓN DE HÉCTOR LLAITUL
¿Qué conclusiones puede sacar el movimiento mapuche autónomo a partir de las últimas revelaciones sobre la “Operación Huracán”?
La primera
reflexión que hacemos es principalmente con esta arista que tiene la
causa, en que mediáticamente se ha desenfocado lo sustancial de lo que
aquí está pasando, que es un conflicto histórico entre el Estado y
nuestro pueblo nación Mapuche. En ese marco, de un tiempo a la fecha ha
habido una agudización del conflicto, en que el Estado ha tomado una
posición de salvaguarda de los intereses de los poderosos, que
confrontan directamente con las reivindicaciones de nuestra gente.
Ha habido,
ciertamente, la construcción de un escenario de mayor criminalización,
judicialización y persecución política a las expresiones que estamos al
frente de las reivindicaciones mapuche, principalmente, de aquellas
organizaciones que hemos constituido una expresión válida al interior
del movimiento, sin ser necesariamente muy representativos, pero sí
somos una expresión válida respecto a la causa mapuche.
Debemos
mencionar que hay operaciones anteriores de asociación ilícita
terrorista que no prosperaron en su momento; de Ley de Seguridad
Interior del Estado enmarcada dentro de recuperaciones de tierra y,
posteriormente, está la “Operación Paciencia”. Después está lo
que se conoció como la causa de la emboscada al fiscal Elgueta, de la
cual fui condenado con otros miembros de la CAM, y finalmente, esta
operación muy mediática, la “Operación Huracán”. Esto sin dejar
de pasar una serie de otros encauzamientos, a todo tipo de expresión de
lucha de la resistencia de nuestro pueblo.
¿Identifica alguna diferencia entre la “Operación Huracán” y anteriores operativos policiales contra comuneros mapuche?
Hay
algunas que tienen una impronta más política, por eso nosotros, en los
primeros comunicados que sacamos, dimos cuenta de que aquí estábamos en
presencia de una operación de inteligencia política, en donde la
responsabilidad directa se la endosamos al gobierno de turno, en la
figura del subsecretario Mahmud Aleuy y, obviamente, a una construcción
de parte de la “democracia”, que tiene que ver con la aparición
de la ANI como sujeto, dentro de lo que es esta arremetida político
judicial en contra del pueblo Mapuche y de sus movimientos más en
resistencia.
Entendemos
que detrás del gobierno está el empresariado comprometido en zona de
conflicto, los grupos económicos que han operado de forma
indiscriminada, asolando y devastando nuestros territorios ancestrales
en el Wallmapu histórico, desde La Araucanía hacia el sur, y que no han
tenido limitante de ningún gobierno para desarrollar esta voraz
arremetida, principalmente, en lo que refiere al desarrollo de un tipo
de economía extractivista y depredadora, que está causando estos
estragos que se han denunciado desde distintos órganos, no solo desde la
realidad mapuche, sino que también desde la realidad medioambiental y
ecológica.
¿Anteriormente la ANI había sido un actor preponderante en el conflicto?
Hacia el
pueblo nación Mapuche no le conocíamos este tipo de expresión. La verdad
es que nosotros quedamos un poco perplejos respecto de cuáles son los
alcances y funcionamiento de la estructura de la ANI. Entendemos que,
hasta este momento, opera y funciona como una organización oscura,
clandestina, que no tiene control, que pareciera que funciona
autónomamente, solo regida por el poder político central y nos remonta a
tiempos dictatoriales con la CNI y la DINA.
Estamos
hablando de la DINA de la Nueva Mayoría. Lo decimos porque, más allá de
cómo actuaron organismos de inteligencia política en tiempos de
democracia –como la Oficina o la Dirección de Seguridad Pública e
Informaciones (DISPI)–, tiene que ver con prácticas, que nosotros
veíamos ya desaparecidas del contexto socio-político, pero que pareciera
que están nuevamente resurgiendo
¿Por ejemplo?
La
construcción de pruebas falsas y montajes. Incluso, la aparición de
agentes encubiertos, que son los que se moverían en las sombras, más
allá de que la ley diga como debiera funcionar la ANI. No entendemos
quiénes son los que la regulan, quiénes la fiscalizan, no sabemos cuál
es su ámbito de acción. Contravienen toda normativa del Estado de
Derecho.
Nosotros
siempre estuvimos acostumbrados de luchar en contra de los vestigios
autoritarios que utilizaba la democracia en contra del pueblo Mapuche.
Estamos hablando de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la justicia
militar, la Ley Antiterrorista, que sin embargo tenía hasta cierta
normativa que podía desentrañarse y que podíamos criticar punto por
punto. Pero la Ley de Inteligencia está en cuestión porque nadie maneja
en realidad sus alcances. Lo que sí estamos claro es que la utilización
de la Ley de Inteligencia en la “Operación Huracán” sobrepasó a
una institución que se supone perseguía al pueblo nación Mapuche, que
era el Ministerio Público. Por eso la reacción de los fiscales, porque
fueron pasados a llevar en sus atribuciones reglamentarias y normativas.
Estamos
frente a una de las expresiones de mayor antidemocracia de los últimos
tiempos, en contra del ascenso que ha tomado la lucha de nuestro pueblo
nación.
¿Los
hechos que investiga la fiscalía en contra de Carabineros por su
actuación en la “Operación Huracán” constituyen una razón más para que
el movimiento mapuche transite por fuera de la institucionalidad del
Estado?
Nos
reafirma lo que nosotros siempre hemos sostenido: que al pueblo nación
Mapuche se le ha dejado fuera de toda institucionalidad que dé
posibilidad de la restitución territorial y política. Por eso es que
sale a operar este tipo de inteligencia política, de montaje, de
persecución direccionada en contra de nuestra gente y eso, de alguna
manera, nos reafirma que la institucionalidad es opresora y que vivimos
un tipo de régimen colonial y antidemocrático en contra de nuestro
pueblo.
“El grueso del conflicto mapuche”
¿Qué responsabilidad le asigna al Gobierno por lo acontecido con la “Operación Huracán”?
El
Ministro del Interior (Mario Fernández) y el subsecretario (Mahmud
Aleuy) tienen una responsabilidad directa en el desarrollo de la “Operación Huracán”.
Esto tiene que ver con el contexto de presión, por parte de los gremios
y el empresariado, de dar una respuesta frente al ascenso que tomaba la
lucha de nuestro pueblo nación Mapuche.
Este
ascenso no puede reducirse solamente a las acciones que tan
mediáticamente han sido cubiertas, como los ataques incendiarios, sino
que tiene que ser entendida como el desarrollo político ideológico del
movimiento mapuche en su conjunto, sobre todo del movimiento autonomista
mapuche, y a las experiencias de disputa territorial llevada adelante
por un innumerable conjunto de comunidades y movimientos,
principalmente, las que tienen que ver con ejercicios de control
territorial, que de alguna manera, disputan territorialmente con el
empresariado. Eso es el grueso del “conflicto mapuche”. Y en esa disputa, ¿qué tanto ha perdido el empresariado?
Al
empresariado la verdad es que pareciera que no le toca mucho esta acción
directa, que son tratadas de forma muy espectacular. Lo que a ellos les
preocupa, es que no pueden desarrollar todo el circuito económico
suficiente para la expoliación de los territorios, que no han sido
reconocidos como territorialidad mapuche.
Por lo
tanto, el Estado se ha negado constantemente a la devolución de las
tierras y ha dado luz verde a un tipo de custodia de predios de parte de
la fuerza policial y eso es lo que se conoce como la militarización del
Wallmapu.
Entonces,
la criminalización, la persecución, la militarización y los montajes
tienen que ver con esta actitud y con esta posición del Estado de
salvaguardar los intereses de los poderosos a la hora de confrontar en
esta lucha con nuestro pueblo por reivindicaciones.
Esa es la
matriz del conflicto que hay entre nuestro pueblo y el Estado chileno.
Eso es lo que ha generado un ascenso en el movimiento mapuche, porque no
se han abierto vías políticas para la restitución de tierras, menos el
otorgamiento de derechos políticos para la autonomía, que es un reclamo
muy anhelado en el conjunto del movimiento.
Frente a
esa realidad, hay una apuesta por una salida de tipo político-policial
–y tal vez, en su momento, podría ser una salida político-militar, como
algunos conservadores y fascistas lo pretenden, que es la de Estado de
Excepción o sacar a los militares a arremeter en contra de comunidades
movilizadas.
Todas cosas que se han dicho tal cual…
Exacto,
eso está en el escenario de la lucha. En ese contexto, hay que entender
esta operación, que surge bajo presión. Por lo tanto hay un estrecho
margen en el que se mueve la autoridad y los órganos policiales que no
han tenido los resultados. Hay una presión que, de alguna manera,
debilita el actuar de la institucionalidad que reprime, en este caso
Fiscalía, Carabineros y PDI.
Se crean
estos montajes muy a la rápida, muy en el desespero, para hacer frente a
aquellas organizaciones que estamos más en el ámbito de asumir con más
compromiso la lucha de nuestro pueblo.
Hay
informes que surgen de las mismas instituciones que se encargan de ese
tipo de tareas, que dan cuenta de que aquí hubo construcción de pruebas
falsas y tampoco se está diciendo que esta es una atribución de la
autoridad política, que ellos fueron los que mandataron, y una
atribución de la ANi como organismo, de que esto se puede hacer a
cualquiera en este país. Nadie está a salvo de esa situación, de que le
construyan una realidad incriminatoria y lo lleven a condena y al
aniquilamiento, inclusive.
En el contexto de la “Operación Huracán”,
aparecieron otras aristas, como la presunta internación de armas de
Argentina y la coordinación de un supuesto financiamiento externo hacia
organizaciones mapuche. ¿También quedan sepultadas esas hipótesis luego
de conocerse los últimos antecedentes?
Ahora nos estamos enterando que habían investigaciones paralelas respecto de lo que era la “Operación Huracán”
en sí y que tienen que ver con aristas de esta investigación. Una
arista que dice relación con una supuesta internación de armas desde
Argentina hacia el movimiento mapuche y otra que tiene que ver con
financiamiento a la organización, que es la que está sujeta a
investigación.
Se las ha denominado “causas satélites”,
respecto de la causa principal. Se ha filtrado por la prensa que estas
causas quedarían archivadas, por no arrojar resultados. Es decir, no hay
antecedentes suficientes como para encauzar a nadie de los que
estábamos imputados por la causa principal. Sin embargo, hay una
cláusula que dice que una vez se encuentren los antecedentes, serán
reabiertas, es decir, no han sido dejadas como investigación. Están
archivadas. Por lo menos, dan cuenta de que no existen nuevos
antecedentes.
Hay que
recordar que la participación del subsecretario del Interior, con un
viaje a Argentina, reunión con la ministra de Seguridad del gobierno de
Macri, en que no obtuvo ningún resultado. Lo cual confirma la cantidad
de mentiras y construcciones artificiosas que se hacen en el marco de la
“Operación Huracán”.
Estas dos
causas no tienen ningún resultado para poder procesar a nuestra gente,
lo cual demuestra también la tesis del montaje, porque estas causas
están adosadas a la causa principal, que es la de la operación e
inteligencia.
¿Buscarán el sobreseimiento?
Lo que
sacamos como conclusión, es que la investigación debiera terminar en un
sobreseimiento definitivo, porque hay un error de parte del Gobierno,
buscando presionar a la institucionalidad represiva –Fiscalía y
Carabineros– para dar continuidad a la investigación y a la causa,
argumentando la necesidad de limpiar prueba viciada –si es que
existiera– y continuar con los otros antecedentes.
Nosotros
podemos responder que no existen esos otros antecedentes, es decir, en
esta causa hay que dejar en claro que en los allanamientos y en la
incautación no se encontró ningún tipo de armamento, ni boletas, giros o
alguna documentación que acredite movimiento de dinero. Entonces, el
único estándar de prueba que existía era mensajería WhatsApp, que está
absolutamente desacreditada por su implantación, de parte de
Carabineros. En el fondo, no hay absolutamente nada, por tanto, no se
configura el delito que está siendo investigado, que era el de
asociación ilícita terrorista y la de formación de una organización para
perpetrar ataques.
¿Recurrirá a la justicia por el actuar de Carabineros?
Nunca he
presentado acciones civiles contra de la institucionalidad, no será esta
la ocasión. Sin embargo, nosotros tenemos una causa alojada, a punto de
ser declarada admisible, que tiene que ver con una causa en relación a
montaje, la del fiscal Elgueta, la que ya está siendo tramitada en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la que vamos adosar los
antecedentes, respecto de esta nueva operación de inteligencia.
¿Cree
que el próximo Gobierno pueda interferir con la investigación que la
fiscalía realiza por los eventuales vicios del procedimiento?
Hay una
postura que dice relación en que podrían haber diferencias al momento de
acciones represivas en contra del movimiento mapuche, de un gobierno u
otro. Sin embargo, nosotros siempre hemos planteado que no hay tal
diferencia o tal vez hay algunos matices, que tienen que ver con la
actuación de parte de un Estado colonial, con los gobiernos de turno.
Un
gobierno de derecha, representante del empresariado, va a actuar en
función. Pero también, la Nueva Mayoría/Concertación actuó en función de
salvaguardar los intereses del poder económico. Se instalaron y
funcionaron siempre como la gobernanza neoliberal, por lo tanto,
confrontaron muy fuertemente contra el movimiento mapuche, a la hora de
reivindicaciones territoriales que tocaban los intereses del
empresariado.
Lo que nos
preocupa son los atisbos de autoritarismo que puedan resurgir con la
actuación de sectores más fascistas, que se puedan instalar en la
derecha hoy. Si bien hay actuaciones de personeros en postura liberal,
también tenemos que reconocer que con un gobierno de derecha empiezan a
dar expresión sectores conservadores más recalcitrantes, inclusive
fascistas al interior de sus filas, que pueden dar rienda a este tipo de
expresión, donde actúa un aparato represivo como la ANI, que no tiene
ningún escrúpulo a la hora de elaborar montajes en contra de la causa
mapuche.
“Mapuche delincuente y mapuche terrorista”
Distintos
medios de comunicación dieron profunda cobertura a las versiones
policiales y de fiscalía sobre los antecedentes que dieron lugar a la
“Operación Huracán”. ¿Qué le diría a la opinión pública a partir de los
hechos recientemente conocidos y sobre el horizonte político de la CAM?
Siempre
hemos planteado que la mayoría de los medios de comunicación en este
país están al servicio del poder económico y político, principalmente,
de los sectores más conservadores. Actúan como poder hegemónico y a la
hora de la confrontación entre nuestro pueblo y el Estado, han tomado
claramente posición y partido en la defensa de los poderosos.
Han dado
rienda suelta a la estigmatización de la causa mapuche y también a la
construcción en el imaginario colectivo de la figura del terrorista
mapuche, con el objeto de cubrir el verdadero terrorismo que existe, de
parte del Estado, en contra de comunidades mapuche.
Esto no es
nuevo. Siempre ha existido un tipo de construcción ideológica cultural
hacia las masas, con el objeto de denostar para después golpearlo y así
mantener la opresión. En ese sentido, funciona la continuidad del
discurso racista, que está operando no solo a nivel de los medios de
comunicación, sino en términos de cómo se establece la educación, la
cultura y el sentido común con el que se educa y se entregan mensajes a
la ciudadanía.
Antaño,
por la arremetida en contra de nuestro territorio, se construyó este
artificio en el imaginario de que los mapuche éramos sanguinarios,
salvajes, sin alma. Posteriormente, éramos los mapuchitos que solo
necesitábamos educación o éramos los mapuches borrachos o flojos.
También ahora se construye este artificio del mapuche delincuente y el
mapuche terrorista. En ese plano se inscribe la “Operación Huracán”.
¿Qué función cumplieron los medios que asumieron como verdad la versión policial que ahora se investiga?
Más allá de que sean caja de resonancia, en la “Operación Huracán”
fueron partícipes directos. Denunciamos la actuación de El Mercurio y
Canal 13, que tuvieron información exclusiva y directa, de parte de los
agentes represores, en este caso Carabineros, cuando se realizaron los
allanamientos o el material de WhatsApp. Le pusieron voz y construyeron
toda una exposición mediática para, de alguna manera, instalar en la
gente una verdad construida sobre la base de un artificio, de un
montaje.
Hay una
condena anterior de parte de los medios y hay una vulneración de todo
tipo de derechos: del debido proceso, defensa, presunción de inocencia.
No nos extraña que los tentáculos de la ANI hayan estado ahí también.
Podemos sostener que los tentáculos de agentes de la ANI, que
funcionaron operativamente articulando este entramado, tiene que haber
llegado incluso al Poder Judicial. Nos parece extraño que un juez de la
Corte de Apelaciones de Temuco haya podido otorgar una autorización de
interceptación con efecto retroactivo, eso está fuera de la ley.
Esto
implica un mensaje a la opinión pública, tanto nacional como
internacional, de que aquí se está en presencia de una acción
desesperada de parte de las autoridades de contener a toda costa las
legítimas demandas de nuestro pueblo, con el actuar antidemocrático,
fuera de la ley, que no respeta incluso el Estado de Derecho que ellos
pregonan para hacer frente a la lucha digna de nuestra gente.
Luego
de 20 años desde el nacimiento de la CAM, ¿cuánto ha variado el
diagnóstico y los planteamientos de la organización sobre la lucha
territorial y contra las iniciativas de carácter extractivista en el
territorio reivindicado?
La
persecución direccionada hacia nuestra organización y hacia las
expresiones de resistencia y reconstrucción del pueblo nación Mapuche,
nos dan la razón de que estamos por la senda correcta, en el sentido de
plantear la reconstrucción nacional de nuestro pueblo. No sólo
planteamos la resistencia, planteamos la reconstitución del tejido
social, político, ideológico y cultural del mundo mapuche.
En ese
plano, hay plataformas que se han instalado muy fuertemente en las
comunidades, en el desarrollo de sus luchas, por la recuperación de sus
tierras, del mundo mapuche y la defensa de las tierras, no solo en el
sentido como objeto material, sino la defensa en los planos mayores,
como el concepto de Küme Mongen, que tiene que ver con el buen vivir en
el mundo mapuche, con la reconstrucción de una sociedad más sana, que es
la que nos legaron nuestros antepasados, de respeto a la naturaleza, la
búsqueda de equilibrio entre distintos seres y de una relación muy
fuerte entre el hombre y la tierra.
Hay una
propuesta de autonomía revolucionaria que se ha ido instalando con mucha
fuerza en las nuevas generaciones, principalmente, que no ha podido ser
contenida de parte del poder del Estado capitalista, por lo tanto, la
lucha mapuche se ha transformado en una lucha por la dignidad,
reconstrucción, liberación de un pueblo y que ha tocado los intereses
del poder de los estados oligárquicos capitalistas, no solo en Chile,
también en Argentina.
La “Operación Huracán”
no tiene que ser mirada en forma aislada. Es parte de la continuidad
histórica de atropello, de opresión que ha tenido el Estado para seguir
manteniendo en la dominación y opresión a nuestro pueblo, bajo un Estado
de tipo colonial, con un régimen de ocupación colonial que, de alguna
manera, niega todos los derechos fundamentales de un pueblo nación, que
se resiste a desaparecer y a vivir en la opresión y en la miseria.
Fernando Pairicán, historiador mapuche: “Cae el mito de que Carabineros de Chile posee una integridad excepcional”
Bajo el sello de Pehuén Editores, con
quienes ya publicó “Malon. La rebelión del movimiento mapuche 1990 –
2013” el 2014, Pairicán (1984, Osorno) vuelve con una revisión
exhaustiva a la vida y muerte de Matías Catrileo, al cumplirse 10 años
de su asesinato, producto de una bala por la espalda disparada por
Carabineros. Desde Lican Ray, en el corazón del Wallmapu, el autor
conversó con El Desconcierto sobre los dolores del pueblo mapuche, el
racismo solapado y los tropiezos de la institución uniformada en La
Araucanía.
—¿Cómo se perciben, desde el sur,
las últimas noticias relacionadas con el pueblo mapuche? En particular
todo lo relacionado con el fraude detrás de la llamada “Operación
Huracán”, que hace algunos meses justificó detenciones y allanamientos
ilegales en nombre de una conspiración inexistente.
—La noticia que tiene más afectada a la comunidad, la verdad,
es la muerte de los niños en el accidente en bus que viajaban a Mendoza.
El lunes enterraron al peñi. No puedo evitar hacer el enlace con
otro accidente, hace unos meses atrás, donde mueren 10 personas, entre
ellas autoridades tradicionales, en Tirúa. Es el mismo tipo de tragedia:
buses mal acondicionados para viajar en estos terrenos, choferes que
creen que están llevando ganado, y no mapuches. Siento que en estos dos
hechos, aparentemente inconexos, se expresa un racismo muy arraigado en
los chilenos. Reflejan en detalle cómo se relacionan pueblo chileno y
pueblo mapuche a nivel corriente. Al final, las personas que sufren y se
duelen con estas catástrofes son las más humildes del Wallmapu, ni
siquiera militantes.
—En la biografía de Matías Catrileo
describes cómo las pericias realizadas por el Servicio Médico Legal,
tanto en su caso como en el asesinato de Alex Lemún, el 2002, también
están condicionadas por el racismo.
—Más que racismo, colonialismo. Nosotros, como Comunidad de Historia
Mapuche, hemos ido planteando conceptos teóricos para explicar cómo se
vinculan las sociedades chilena e indígena, donde el racismo no es sólo
lo más notorio: el insulto, la violencia física. Por el contrario,
colonialismo y racismo se evidencian en las actitudes cotidianas de las
personas, como el chofer del bus que te comenté. Es distinto que un
mapuche le diga “vaya más lento, es peligroso” a que se lo diga una
persona blanca. Probablemente, de haber ocurrido lo último, no
estaríamos lamentando el accidente. Sin embargo, con los indígenas
siempre intervienen la prepotencia y la indiferencia.
—En Chile, el problema del racismo
recién cobró relevancia a partir del aumento de la población migrante.
Se entiende que esto ocurre sólo cuando se trata de chilenos frente a
extranjeros. Un chileno maltratando a un mapuche no cree que está siendo
racista. ¿Por qué no hay claridad en este tema?
—Es tan cotidiano, y está tan incorporado entre los chilenos, que yo
siempre he sostenido que es transversal. No es exclusivo de la élite.
En Chile, el racismo es popular y mayoritario. Desde las clases más
altas hasta los más pobres, todos racializan a sujetos particulares:
migrantes y mapuches. La subordinación de estos últimos no puede
comprenderse si es que no nombramos el fenómeno como lo que es: racismo.
Como categoría de análisis, es fundamental relevarlo en nuestro
contexto latinoamericano. Ya lo aventuraron antes Frantz Fanon y el
movimiento indianista boliviano. Vuelvo al chofer del bus: pese a ser de
la misma clase social que sus pasajeros, está la impresión de que no
pertenecen al mismo grupo, de que uno está por sobre los otros.
—En una entrevista a
The Clinic atribuyes todo el montaje de la Operación Huracán a una
intención racista de cortar el hilo por lo más delgado.
—Cuando uno observa cómo se relacionan policía y mundo mapuche
activista, se da cuenta de que es un relato que también tiene alcances a
nivel político. De alguna manera, a partir de la Operación Paciencia,
en el 2002, cuando Ricardo Lagos y su ministro del interior, José Miguel
Insulza, se establece una política de Estado respecto del conflicto
donde sus dos caras son la represión y el multiculturalismo. Las
instituciones tratan con el mundo indígena desde la agresión y el
asistencialismo, como pasa en toda América Latina. Esta estrategia se ha
cristalizado con el tiempo y se puede decir que Operación Huracán es un
reflejo de lo que fue Operación Paciencia: allanamientos ejecutados por
carabineros formados durante los gobiernos de la Concertación, con
funcionarios que han hecho carrera en este período, con despliegues de
fuerzas y recursos que responden a una forma muy Concerta de
hacer las cosas. No estamos hablando de carabineros de derecha. Todos
los oficiales involucrados en este fiasco vienen de una tradición
iniciada por el general (r) Alberto Cienfuegos, excandidato a diputado
por la Democracia Cristiana. De ahí vienen José Alejandro Bernales,
Bruno Villalobos y Gonzalo Blu.
—Suena como si la IX Región fuese un laboratorio.
—Es evidente que hay un camino trazado que los aspirantes a alcanzar
altos cargos en Carabineros siguen como si fuese un manual: parten en
la Dipolcar, para ser enviados más tarde a la novena zona, en La
Araucanía, en calidad de jefes. Desde ahí se abren las proyecciones para
armar una carrera política y, de este modo, estar en más frentes para
desactivar el conflicto mapuche. En este mismo recorrido, también son
visibles las relaciones entre maestro y discípulo. Quiero decir: los
oficiales que van saliendo enseñan a los nuevos cómo manejarse en este
territorio. Me atrevería a decir que La Araucanía funciona como una zona
de entrenamiento donde los miembros de Carabineros generan redes,
alimentan simpatías y consiguen méritos. De no haber estallado la
mentira en la Operación Huracán, y viendo quiénes le precedieron, es muy
probable que Gonzalo Blu hubiese sido el próximo General Director de la
institución. Lo bueno de todo esto es que cae el mito de que
Carabineros de Chile posee una integridad excepcional. Como en todas las
policías de América Latina, la corrupción es enorme al interior de los
pacos. Nunca fue “un amigo en tu camino”.
—Volviendo al racismo cotidiano, ¿Por qué en Chile está tan arraigado el rechazo a sentirse o saberse mapuche?
—En “Piel negra, máscaras blancas”, Frantz Fanon planteó la idea del colonialismo interno. Después
de 200 años de colonialismo, lo más normal es no sentirse mapuche.
Nadie quiere formar parte de una comunidad que está tan desestructurada,
que son los más pobres entre los pobres. Esto pasa tanto en el sur,
siendo La Araucanía una de las regiones con más alto consumo de alcohol
del país, como en las periferias de Santiago y Concepción, que es el
lugar que habitan los mapuches en la ciudad. No es un mundo mapuche
ideal, por lo tanto no es nada de raro que los más jóvenes vean esta
desarticulación y no quieran reconocerse en ella. La realidad tiene poco
que ver con los “Sueños azules” de los que habla Elicura Chihuailaf. El
trabajo político del mundo mapuche ha sido, justamente, reeducar a esa
población, reconstituir una ética común: dejar el alcoholismo, estudiar
una carrera universitaria. Re-estructurarse en cuerpo y, por lo mismo,
también en espiritualidad para restaurar la dignidad y el orgullo de ser
indígena. A pesar de todos los embates del Estado, en estos últimos 20
años hemos avanzado bastante en este proceso de reconstrucción del
tejido y la autonomía mapuche desde abajo.
—Luego del desarme de la Operación
Huracán, con todas sus falencias e irregularidades, llama la atención
que no sólo Carabineros creyó, por ejemplo, la historia del programador
autodidacta. Fiscalía y la prensa replicaron esta información, sin
objeciones, a los chilenos. Cuando se trata del pueblo mapuche, instalar
mentiras parece muy fácil.
—Es que el terrorismo prende y pone rápidamente en alerta a los
sectores populares. Por eso es que la derecha en Chile se agarra con
tanta fuerza de este concepto. La sociedad chilena dejó de leer diarios y
de ver con ojo crítico lo que repiten los medios, por lo tanto cuentos
maximalistas de este tipo, tales como “Mapuches terroristas conspirando a
través de WhatsApp”, no son cuestionados. Si el informático que,
supuestamente, inventó un software tan complejo como para
interceptar y desencriptar comunicaciones cifradas, bueno, ¿Por qué no
está trabajando en la NASA? ¿O en China? Ese tipo de preguntas, que son
muy del sentido común, no se las hacen los chilenos al oír noticias como
la Operación Huracán. Todo esto habla de un Chile que se ha puesto muy
inculto.
Fuente: el desconciento.cl
Nueva “operación cóndor”, ahora contra los Mapuche
A continuación, compartimos artículo de Silvia Beatriz Adoue en el Lemonde Diplômatique de Brasil
sobre la articulación anti-mapuche entre el Estado chileno y el Estado
argentino. El escándalo sobre el montaje de la operación Huracán casi no
se conoce en Argentina, pero los supuestos mensajes forjados han sido
utilizados por el ministerio de seguridad de Argentina para justificar
la escalada antimapu y la articulación represiva con Chile.
Nueva “operación cóndor”, ahora contra los Mapuche
Por Silvia Beatriz Adoue
Las dictaduras del Cono Sur precisaron
justificas las políticas represivas por la invención de un enemigo
interno. Para coordinar la represión en la región, organizaron la
“Operación Cóndor”. Los gobiernos civiles de Chile y Argentina también
quieren justificar la militarización presentando un nuevo enemigo: los
Mapuche. La escalada represiva es hoy una providencia para desarticular
preventivamente la resistencia a la integración de nuestra región a las
candenas productivo/extractivas, que pretenden controlar el uso de la
tierra. En el caso del territorio del Wallmapu, la tierra ancestral a
ambos lados de la cordillera de los Andes, las grandes operadorras del
sector forestal y de la mineración encuentran en los Mapuche una barrera
material e ideológica para la utilización de los recursos.
Por otro lado, la militarización de la
región es laboratorio y funciona también como amenaza para los
argentinos y chilenos que por ventura se opongan al nuevo marco
regulatorio ambiental y de las relaciones de trabajo. Las grandes
cadenas del agronegocio y de la mineración precisan esas reformas para
operar con velocidad, fluidez y sin riesgos. Ese es el marco de la
aritculación entre los Estados chileno y argentino.
El gobierno argentino defiende un
“cambio de doctrina” represiva de manera espectaculosa, liberando las
fuerzas policiales de los límites de la ley. Dos semanas atrás, el
presidente Mauricio Macri recibió en el palacio de gobierno a un policía
que está siendo investigado por haber matado por la espalda a un ladrón
en fuga. Los policías están siendo oficialmente estimulados a esas
prácticas. De los 1.064 represores de la dicatadura condenados por
delitos de lesa humanidad, 533 fueron beneficiados con prisión
domiciliaria. Por el ablandamiento de las penas, se señaliza a los
represores de hoy que el Estado no se olvida de “los servicios
prestados” a la defensa del orden, más allá de la ley. Por esos gestos,
el Estado argentino se está aproximando a las políticas represivas del
Estado chileno, modelo a ser seguido para adecuarse a las “nuevas
exigenias” mundiales.
El ensayo de articulación represiva
entre los dos gobiernos tiene como base el combate a las “nuevas
amenazas” regionales. El peligro presentado por el relato oficial
chileno es el de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y el cuco
argentino es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Si la primera tiene
presencia en la organización comunitaria en el centro sur de Chile, la
segunda es una sigla de escasa y fantasmagórica aparición. Desde la
década de 1990, las comunidades Mapuche al oeste de la cordillera de los
Andes han resistido al avance de las grandes transnacionales de la
cadena de la celulosa, de la mineración y del sector salmonero, así como
a las obras de infraestructura que destruyen el territorio para atender
los intereses de esas empresas. Ellos vienen recuperando tierras,
defendiendo sus biomas nativos y practicando una economía que reproduce
la abundancia. En la Patagonia argentina, los Mapuche vienen resistiendo
al avance del extractivismo petrolero, mineral y forestal.
Las sucesivas prisiones del joven longko
Facundo Jones Huala han sido ocasión para la coordinación entre los
Estados chileno y argentino. Miembro del Pu Lof de Resistencia Cushamen,
Jones Huala había sido imputado en Chile, em 2013, junto a otros cinco
líderes Mapuche que combatían contra la construcción de una
hidroeléctrica, bajo la ley antiterrorista. Él pasó en 2014 para
Argentina y no llegó a ser juzgado junto a los otros cinco, de los
cuales cuatro fueron absueltos y una joven machi fue condenada a
sólo 61 días de prisión “por encubrimiento”, sin que se sepa hasta hoy a
quién habría encubierto. El Estado chileno emitió un pedido de
extradicción de Jones Huala para el Estado argentino. Él fue detenido en
mayo de 2016 y el juicio fue declarado nulo por haberse basado en
procedimientos ilegales.
Sin embargo, el 27 de junio de 2017, y
unos escasos minutos después de un encuentro diplomático entre el
presidente argentino Mauricio Macri y la presidenta chilena Michelle
Bachelet, una vez más el longko fue preso. Los cargos que se le imputaron eran los mismos por los cuales ya había sido juzgado y absuelto el año anterior.
En agosto de 2017, y después de una
manifestación junto al Pu Lof de Resistencia Cushamen por la libertad de
Jones Huala, la Gendarmería argentina ingresó al área de la comunidad
sin orden judicial. El gobierno quería hacer un test con la figura legal
de la “flagrancia”, cuyo mentor es el jefe de gabinete del Ministerio
de Seguridad Pablo Noceti, presente en la región y seguramente
supervisando el test. El delito “flagrado” consistía en una decena de
personas defendiéndose con palos y hondas de revoleo. El ingreso y
persecusión dentro del territorio resultó en la desaparición del joven
Santiago Maldonado, acorralado por los gendarmes en las poco profundas
aguas del río Chubut. A los 77 días, el cadáver de Maldonado fue
encontrado a 500 m de ese lugar, río arriba, donde ya había sido buscado
sin éxito.
El otro pivot de la articulación entre
los dos Estados fue la “Operación Huracán” que resultó en allanamientos
simultáneos en varios municipios para detener ocho líderes Mapuche,
entre los cuales el vocero de la CAM Héctor Llaitul. La investigación a
cargo de los Carabineros presentó un informe con mesajes de celulares
que comprometían a los ocho Mapuche en la preparación de quema de
camiones de las empresas forestales, con financiamiento extranjero y
receptación de armas provenientes de Argentina. La detención e
incautación de los celulares ocurrió en setiembre de 2017 y,
supuestamente, la interceptación previa mensajes fue realizada por el
sofware “Antorcha”, creado por Alex Smith, un ingeniero forestal que
trabaja para Carabineros como asesor en informática. Inmediatamente, el
subsecretario del Interior de Chile se reunió con la ministra de
Seguridad de Argentina para coordinar el combate a la violencia Mapuche.
Por su parte, la ministra argentina convocó a los gobernadores de las
provincias de la Patagonia para aritcular una acción represiva conjunta
contra la RAM.
Sólo que en diciembre, en medio de un
peloteo de acusaciones mutuas entre la Fiscalía chilena y Carabineros,
la primera puso bajo sospecha las pruebas presentadas por los segundos.
Después de tres pericias, se descubrió que los mensajes fueron
implantados en los celulares incautados y toda la operación fue un
montaje. Las conversaciones entre los Mapuche, todas en castellano,
seguían la dramaturgia trazada por Carabineros. La gira del papa, que
pretendía la “reconciliación”, pasó lejos de denunciar estos desmanes.
Los Mapuche, ya declarados inocentes, iniciaron un proceso judicial
contra siete funcionarios de Carabineros por obstruir la investigación,
falsificar instrumentos públicos y delitos informáticos. Héctor Llaitul
apunta como responsables de la “Operación Huracán” al subsecretario del
Interior Mahmud Aleuy y a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Los montajes teatrales del “enemigo
mapuche” se suceden con la ayuda de los medios de comunicación
comprometidos en el esfuerzo dramatúrgico. Interesa la producción de
capítulos de alta intensidad dramática y no si la máscara cae al final
de cada episodio.
Abogado de Linconao: “Ley Antiterrorista quita facultades a la defensa”
En
la previa al comienzo del nuevo juicio por el caso Luchsinger-Mackay,
Jaime López indicó que las pruebas que presentará Fiscalía en este nuevo
proceso son las mismas y aunque los jueces del tribunal sean distintos,
aquello “puede ser un indicio para que haya un criterio similar (absolución)”.
Por Nicolás Massai D. – Fuente: radio.uchile.cl
El próximo
26 de febrero comenzará el nuevo juicio en contra de los comuneros
mapuche y la machi Francisca Linconao por el caso Luchsinger-Mackay,
donde ya hubo un juicio con sentencia absolutoria de los involucrados,
fallo que fue anulado por Corte de Apelaciones de Temuco.
A casi una semana de la audiencia, el abogado de la machi, Jaime López, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile.
¿En qué estado se encuentra el juicio?
El juicio
volvió al estado inicial, vale decir, el anterior se anuló y todo parte
de nuevo. Eso desde el punto de vista jurídico. Ahora, naturalmente hay
cosas que por ya haberse dicho, no pueden volver hacia atrás. Esta
famosa geolocalización, que jamás se señaló bien lo que era de acuerdo a
los mismos peritos de la Fiscalía, que permitía ubicar personas en la
casa de la machi minutos antes del atentado, ya dijeron que no sirve
para lo que pretende el Ministerio Público. No puede decirse algo
distinto: ese instrumento que permitía ubicar personas a través de los
celulares no es hábil para llegar a ese objetivo. Esa prueba no existe, y
jamás existió esa reunión que, además, jamás pudieron probar.
¿Quién dijo que no se pueden ofrecer de nuevo esas pruebas?
No, me
refiero a que las pruebas que ya se ofrecieron para el juicio oral
anterior, son las mismas que se ofrecen para ahora. Vale decir, se
deberían rendir las mismas pruebas, con muy poca diferencia.
El resultado sería el mismo, entonces…
El nuevo
juicio se va a hacer también ante el Tribunal Oral de Temuco, sin
embargo, la composición es distinta, son otros jueces, pero las pruebas
son las mismas, y naturalmente, esas pruebas sirvieron para una
absolución. Eso puede ser un indicio para que un tribunal distinto tenga
un criterio similar. Sin embargo, tenemos que señalar que antes de la
investigación, otros jueces ya habían señalado que no encontraban mérito
para la participación, y por eso decretaron varias veces la libertad.
Amnistía Internacional criticó el actuar policial de Carabineros en La Araucanía. ¿Le merece alguna opinión?
Los abogados
vemos el tema de los juicios. Nosotros podemos opinar de la aplicación
que se hace de determinadas leyes en estos procesos. Otras opiniones
exceden de nuestra competencia. La Ley Antiterrorista, desde el punto de
vista procesal, otorga muchas facultades a la Fiscalía y, por ende, se
las quita a la defensa, lo cual hace un trabajo más complicado. A la
larga se restringen las facultades de los defendidos. En la práctica, se
refleja en largas prisiones preventivas, por cuanto procesalmente hacer
esto no es muy complejo. En primer lugar, la investigación es secreta,
esa facultad para defensa es muy posterior. Lo único que sabe son
referencias de la investigación. En el juicio oral naturalmente se
conoce todo.
¿Se genera alguna sospecha en el caso Luchsinger Mackay a partir del montaje Operación Huracán?
Mire, cada
juicio es diferente. Operación Huracán no tiene ninguna influencia. Sin
embargo, debemos tener un espíritu crítico respecto de actuaciones y
diligencias policiales. En el primer juicio, por ejemplo, se había
anotado una diligencia de inteligencia policial que fue señalada como
ilegal por un tribunal y anteriormente otro tribunal había señalado algo
similar, por cuanto no se respetaban determinados protocolos para un
allanamiento. No se trata de protocolos formales, que tiene que ver con
que no hay acta; se trata de protocolos que tienen que ver con
resguardar la transparencia de las actuaciones policiales. Ese fue uno
de los puntos que la sentencia anuló, atacó, y señaló que no se habían
cumplido. Eso dio como consecuencia que a esa prueba se le restara valor
contra la machi. Cuando se reclama en contra de esta sentencia, tanto
por la Fiscalía como por los querellantes, esa ilegalidad no la reclama,
no entran a defender la legalidad de la actuación de la policía de esa
diligencia específica, sino que reclaman por otras cosas. Tampoco la
Fiscalía defendió que esa diligencia no haya tenido ilegalidad.
¿Hay alguna expectativa respecto de una reforma de Ley Antiterrorista en el próximo gobierno?
Entrar a opinar en eso es muy preliminar. Nosotros actuamos frente a los tribunales de justicia.
Pero se podría pensar que la anulación de la sentencia fue cooperada por cierta clase política que creó un clima, ¿o no?
Eso se
traduce en la confianza que uno pueda tener en los tribunales. Son
independientes y naturalmente que hay personas del mundo político que
dan opiniones con su punto de vista. Los tribunal no pierden la
perspectiva que esto se trata de juzgar personas. Es un hecho de la
mayor gravedad, horrible, sin embargo, quienes tienen que ser castigados
son las personas que cometieron este hecho, y eso es lo que se le
encomienda a los tribunales. En este caso, estas personas no cometieron
este hecho, la machi Francisca nunca estuvo ligada, ella lo ha
declarado, estimamos que no hay pruebas en contra de ella. Estamos
confiados que el nuevo tribunal va a escuchar nuestros argumentos.
Ahora, en Chile existe separación de poderes, lo que puedan decir
algunas personas no influye en los tribunales, estos tienen que juzgar y
sentenciar en base a pruebas, no en torno a lo que piensan determinados
actores de la sociedad.
Pronunciamiento público Comité de Perseguidos Políticos por la Lucha Mapuche en Puelmapu
El Estado Argentino mantiene una actitud permanente de intolerancia política, ideológica, cultural,
filosófica contra el Pueblo Nación Mapuche. Manifiesta esta intolerancia mediante políticas
discriminatorias, violación de Derechos Humanos, brutalidad policial, prisión, exterminio,
terrorismo, asesinato extrajudicial, tortura , desaparición forzada y judicialización contra mapuche
y/o militantes sociales.
En respuesta a esta persecución que ejecuta el Estado contra el Pueblo Nación Mapuche se ha
conformado recientemente un COMITÉ DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS POR LA LUCHA
MAPUCHE , espacio político que busca frenar esta nefasta avanzada racista y xenofóbica .
El Comité se conforma por perseguidos políticos por la causa mapuche , comunidades mapuche,
organizaciones sociales , organismos de derechos humanos, de la mujer, de niños y adolescentes ,
organizaciones ambientalistas, instituciones educativas, académicos, comunicadores.
Este Comité en su primer pronunciamiento público brinda un incondicional apoyo al Lonko
Weichafe Facundo Jones Huala, preso político mapuche, detenido ilegalmente por el Juez Federal
Gustavo Villanueva, responsable además del asesinato del weichafe Rafael Nawel yem.
El lonko Facundo Jones Huala fue detenido por Gendarmería Nacional el 27 de junio de 2017 y
desde ese entonces ha estado impedido de su libertad por razones políticas. La justicia argentina
volverá a juzgar su extradición por segunda vez este miércoles 28 de febrero.
Sin duda , el juez Villanueva y el aparato político que lo respalda y presiona , buscarán la forma de
castigar al Lonko con sus leyes, para beneficiar a los intereses de los terratenientes, valiéndose de
cualquier corrupta artimaña.
Este Comité no confía en la Justicia Winka pero sí exige la inmediata liberación y no extradición
del Lonko Facundo Jones Huala porque las ideas de un pueblo no se encarcelan, se debaten en un
escenario político sin reprimir el ejercicio de la libertad de sus actores, porque la lucha mapuche
que lleva adelante el Lonko es compartida por todo el Pueblo Nación Mapuche, porque él es una
autoridad que responde por su Pueblo, un pueblo oprimido por el Estado Argentino y obligado a
resistir para garantizar sus derechos.
“Parece resistencia pero se trata de la dignidad de un pueblo” Si la justicia no libera al Lonko,
confirmará que sus palabras han hecho y hacen temblar la estructura del Estado construída sobre
territorio indígena. Si él no es liberado, significa que se ha convertido en un fuerte disidente
político que el Estado necesita castigar para conseguir el temor en el resto del Pueblo Mapuche.
Lejos está el Estado de ejemplificar con el castigo, el Pueblo Mapuche se fortalece, crecen sus
conciencias ante cada injusticia ejecutada por el Estado Opresor, renacen en sus venas la memoria
ancestral y avanza cada vez más a su liberación.
LIBERTAD Y NO EXTRADICIÓN AL LONKO WEICHAFE FACUNDO JONES HUALA.
MARICHI WEU! MARICHI WEU!MARICHI WEU!MARICHI WEU!
Habla Luisa esposa del Machi Celestino en huelga de hambre: “hasta las últimas consecuencias”
“Luisa afirma que no es el pueblo mapuche el que comete crímenes. (Y operaciones huracán mediante,
cómo desoírle). Claramente ella sabe de lo que habla: “Nos culpan de
crímenes que no hemos cometido porque nosotros no hacemos esas cosas que
dicen… Nosotros amamos la tierra y a la gente. Por eso la huelga de
hambre del machi, para honrar la fe. El necesita obtener la facilidad de
plantar su rewe. Desde niño se comprometió con nuestras creencias
espirituales y debe cumplirlas. Eso lo fortalece a él y a nuestro
pueblo”.
Por Victoria Aldunate Morales (*)
Refiere que desde niña supo cómo era la
sociedad chilena. Aunque la verdad, esto de “chilena” lo digo yo (quien
escribe), pues ella nunca lo dijo así durante nuestras conversaciones. Y
es que Luisa no parece marcar diferencias entre las personas, habla de
la gente: “toda es gente”.
Así, compruebo una vez más que quien
marca una diferencia abismante y desmesurada entre el mapuche y la idea
patriota de “ser chileno”, es en primer lugar un Estado colonial que
borra a los demás pueblos que habitamos estos territorios.
Lo más difícil de estos cinco años
Celestino Córdova es machi, una
autoridad espiritual mapuche. Fue condenado en 2013 a 18 años de cárcel
sin beneficios por el incendio con resultado de muerte del matrimonio
latifundista Luschinger-Mackay. Una “sentencia condenatoria por
un delito especialmente complejo de acreditar”, como dijera la propia
Fiscalía en esa ocasión. Y así es, muy difícil de probar. ¿Será por eso –justamente- que las pruebas no calzan y los testigos fueron sin rostro?
Le pregunto a Luisa por lo más difícil
que ha vivido en estos 5 años y me explica: “Es como mujer… Estoy acá en
la casa cuidando a mis cuatro hijos y preocupada por el machi Celestino
porque veo como se debilita su espiritualidad y su salud física. Ha
estado sufriendo desmayos en esta huelga de hambre. Esto ha sido muy
duro para mí. Tengo que ocuparme por un lado de fortalecer a mis hijos y
por otro de apoyar al Machi. Nos ha exigido mucho esfuerzo económico y
también de energías. A él hay que darle lawen y preocuparse de eso… Son 5
años que está encarcelado y es como si estuviéramos toda la familia
encarcelada… aunque no sea así…”.
Llevar la casa y la tierra sola
“Lo que ha sido bueno es el apoyo de la
gente de las comunidades y de mi familia, eso es lo que me sostiene a
mí, si no tuviera eso… no sé… Y es que nada es como antes: llevar la
casa, la familia, la tierra sola… Hay que trabajar doble y triple porque
hay que ir a la cárcel… Mire, es como estar pendiente de dos casas, la
de la acá y la casa que –desgraciadamente- ahora es el lugar que habita
él. Eso sale caro, demanda mucho esfuerzo, hay necesidades cotidianas
muy grandes.
Yo antes creía en la justicia. Pensábamos: por
qué lo van a condenar si él es inocente, todos sabemos, no hay pruebas,
la Justicia lo va a comprender y lo va a liberar… Va salir absuelto,
decía yo. Ahora ya me doy cuenta que la Justicia no es justa con los
mapuche ni con quienes no tienen poder. Esto se trata de poder y
política. Eso he aprendido y es algo que no hubiese querido aprender.
Lo que hacen con el Machi es una condena política por ser mapuche y defender su tierra y a su pueblo. Es racismo”.
Luisa vive en Yeupeko desde que nació en
los años 80, tiene 30 años. Habla de su infancia: “De chica yo igual me
daba cuenta de algunas cosas, pero nunca lo había vivido tan
claramente. Cuando niña yo sabía del catolicismo tan fuerte por acá. En
la escuela siempre nos querían someter a eso. Nos hablaban de Dios y de
que las creencias mapuche eran brujería. Después era la gente
evangélica. Decían que el mapuche no estaba bien con sus creencias. Yo
no les hacía caso, ni a sus juzgamientos, porque yo sé que no es mala
nuestra fe. Es justamente la fe que tenemos, la que nos ayuda… por eso
logro hacer todo lo que hago.”…
El machi se comprometió de niño con la fe mapuche
Luisa afirma que no es el pueblo mapuche el que comete crímenes. (Y operaciones huracán mediante,
cómo desoírle). Claramente ella sabe de lo que habla: “Nos culpan de
crímenes que no hemos cometido porque nosotros no hacemos esas cosas que
dicen… Nosotros amamos la tierra y a la gente. Por eso la huelga de
hambre del machi, para honrar la fe. El necesita obtener la facilidad de
plantar su rewe. Desde niño se comprometió con nuestras creencias
espirituales y debe cumplirlas. Eso lo fortalece a él y a nuestro
pueblo.
Hasta el momento no ha podido plantar su
rewe. No hay rewe. Por eso es que él piensa llegar hasta las últimas
consecuencias… Y sí, eso es doloroso para mí, por mis hijos en primer
lugar y por mí también. Mis hijos y mi hija están adoloridos por su
papá, el más grande entiende todo, sabe que es injusta la condena… ¡A
veces siento tanto dolor! Pero sé que no puedo echarme a morir, y con
esto he ido aprendiendo a estar de pie y seguir adelante”.
Luisa tiene cuatro hijos con Celestino
Córdova, tres niños y una niña, de 11, 10, 7 y 2 años. El machi hace 28
días que inició y anunció una huelga de hambre líquida de carácter
indefinido para exigir una serie de medidas correspondientes a defender
los derechos humanos que el estado y el gobierno chilenos sostienen que se respetan:
Necesita renovar su rewe como una necesidad coherente con su fe y su
condición de autoridad mapuche, exige libertad de ejercer sus creencias
espirituales y ceremoniales en la cárcel como en cualquier parte,
módulos carcelarios donde gente de diversos pueblos pueda practicar sus
costumbres y creencias, la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas, la restitución de tierras, indemnización por daños
históricos y actos de lesa humanidad cometidos contra mapuche por parte
del Estado chileno, y por su puesto la libertad y absolución de todos
los mapuche perseguidos judicialmente.
(Celestino Córdova está recluido
en la cárcel de Temuco y recibe visitas los días lunes y viernes, entre
las 10.00 y las 15.00 horas).
Victoria Aldunate Morales
(*) activista lesbiana feminista antirracista
Comunicado de Familiares, Amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdova
18/02/2018.- A continuación se extiende el comunicado público realizado por la red de apoyo al Machi Celestino Córdova:
De los familiares Amigos y Red de Apoyo al Machi Celestino Córdova, queremos comunicar lo siguiente:
Debido a la huelga de hambre que lleva desde hace 36 días nuestra
autoridad ancestral se ha vuelto insostenible el hostigamiento por parte
de funcionarios de Gendarmería al interior del penal y en los últimos
días se ha se ha intensificado, palabras como “te cosiste” por parte de
los funcionarios de la guardia más cercana
, el día jueves 15 de Febrero 2018 ,es amenazado de muerte por el
funcionario Gerald Eltiel , ante esto el machi Celestino Córdova habla
con el jefe de unidad subrogante interpone una denuncia a la fiscalía,
lo que lo hace acreedor de otras múltiples amenazas del resto de los
funcionarios del penal de Temuco, como por ejemplo “te vamos a hacer la
vida imposible si no retiras la demanda.” Ante lo cual nuestra
autoridad les dijo que lo haría de cualquier forma.
A pesar de esto, de los 36 días de huelga de hambre se mantiene con
profunda dignidad , aferrado a todos los espíritus de nuestros
antepasados, como de igual forma con todos los espíritus de la
naturaleza que lo rodean.
Es necesario dejar claro que es una vulneración profunda a la vida, un
cruel atentado y que a raíz del mismo es un quiebre absoluto entre ambas
culturas que nos encontramos dentro de un mismo país. así también a
quedado en evidencia que nuestra autoridad espiritual a pasado a correr
riesgo absoluto en las manos de quien dice resguardar la integridad de
los presos Gendarmería de Chile.
Llamamos a toda la gente de nuestro pueblo, a la sociedad no mapuche
humilde consciente a nivel nacional e internacional y a todas las muchas
organizaciones, a estar atentos y a movilizarse en distintos frentes, a
repudiar el continuo acto racista de amedrentamiento y vulneración de
sus derechos de nuestro machi Celestino como los de la totalidad de los
presos en las cárceles de Chile.
Hacemos un urgente llamado a toda autoridad espiritual mapuche como
machi, lonko, puñenelchefe, nütamchefe, nguillatüfe, tayülfe, pu choyke,
palife, kom pu che walke mapumülelu meli wixan mapu mew y a toda la
sociedad no mapuche a estar atentos ya que cualquier atentado a la vida
de nuestro machi es responsabilidad de todos . Amulepe taiñ weaichan…!!!
Machi Celestino Cordova de vuelta a su Rewe Ahora ..!!
Familiares , Amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdova.
Temuco 17 de Febrero 2018.
Realizan toma pacifica en demanda por administración del primer centro de salud mapuche en Galvarino
Comunidades
fundadoras del proyecto para la construcción Centro de Salud Mapuche en
la comuna de Galvarino (región de la Araucanía), realizaron el 12 de
febrero recién pasado, una ocupación pacífica de las dependencias
demandando la administración de dicho espacio.
Por José Luis Vargas, 14 de febrero de 2018
Si bien, las obras comenzaron en el año 2015, con el financiamiento del Ministerio de Salud, el
proyecto se viene trabajando desde hace 12 años por las organizaciones
mapuche, longkos, machi y lawentuchefe del territorio, que realizaron
-de manera autónoma- diversas gestiones para obtener los apoyos a nivel
gubernamental que permitieran construir el primer centro de salud
mapuche en dicha comuna.
Desde los inicios, las organizaciones
mapuche de Galvarino, han planteado a las autoridades, la necesidad de
contar con un centro de salud que sea administrado por las propias
agrupaciones del territorio, dado el conocimiento que poseen las
personas mapuche sobre su sistema de salud y el uso de las plantas
medicinales, los cuales han sido practicas desarrolladas desde tiempos
inmemoriales por el pueblo mapuche.
La pugna entre las organizacionesy
Municipalidad de Galvarino, surge después que la actual administración
municipal, encabezada por el alcalde Marcos Hernández (DC), no diera
respuesta, a las solicitudes reiteradas de las comunidades y
organizaciones mapuche de esta comuna, por administrar dicho espacio.
Situación que anteriormente había sido planteada al director del Servicio de Salud Araucanía Sur, Milton Moya. “Hemos
visto pequeñas luces de no avanzar en torno a ello, nos preocupa la
opinión que pueda tener al respecto, el Servicio de Salud Araucanía Sur a
través de su director, no obstante, creemos que hoy están dadas las
condiciones políticas para que los temas propios mapuche los administren
las comunidades”, aseguró José Millalen, ex-concejal de Galvarino y electo consejero nacional de Conadi, en el año 2016.
Por lo demás, en la región de la
Araucanía, existen otras experiencias de administración de centros de
salud mapuche, por parte de organizaciones territoriales, cuyo
funcionamiento ha sido eficaz, dando cuenta de las capacidades técnicas y
culturales que existen dentro del mundo mapuche, para administrar
recintos de estas características.[1]
Vale recordar la vigencia de normativas
internacionales que son parte de la legislación chilena como el convenio
169 de la OIT y Declaración Internacional de Derechos de Pueblos
Indígenas de Naciones Unidas que establecen el derecho a los pueblos
originarios puedan determinar sus propios asuntos.
En este contexto, el consejero de Conadi, José Millalen manfestó que para avanzar de buena forma resulta fundamental “reafirmar
el compromiso de las personas mapuche que han liderado este proyecto
que es un centro que debe ser administrado por las propias
organizaciones mapuche, pues se da en el marco de los derechos
colectivos que los pueblos indígenas a nivel internacional han ido
adquiriendo” (…) “Esto significa hacernos cargo de nuestros
propios temas, el estado mal podría intentar administrar un tema que
todavía lo reconoce en plenitud, lo que existe hoy día en salud mapuche
ha sido porque las propias organizaciones en diferentes territorios lo
han impulsado, por tanto les corresponde absolutamente administrar sus
propios asuntos”.[2]
NOTICIAS RELACIONADAS
Consejo de Autoridades Mapuche de Galvarino celebró avances en la construcción del Centro de Salud Mapuche
https://www.araucaniacuenta.cl
Pensar la autonomía mapuche en salud, o la persistencia del dispositivo intercultural http://www.mapuexpress.org/?p=
La política de salud chilena y el pueblo Mapuche. Entre el multiculturalismo y la autonomía mapuche en salud https://www.comunidadhistoriam
REFERENCIAS
[1] Véase Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen cumplió 11 años http://www.soychile.cl/Temuco/
[2] Véase Representantes mapuche preocupados por futura administración del Centro de Salud Mapuche de Galvarino http://www.mapuexpress.org/?p=
Violento desalojo en fundo el Fiscal en Collipulli Bajo Malleko
Ngülumapu, Kollipulli, Bajo Malleko, 21 de febrero de 2018.
Una vez más
es desalojada la recuperación de territorio ancestral del Lobche
Mallekoche en Fundo El Fiscal de Bajo Malleko, predio usurpado por el
colono Nelson Herdenez. “Cabe
mencionar el hecho de que dentro de dicho fundo se encuentra el Eltuwe
ancestral del Lobche el que fue saquedo por la empresa Serviterra S.A en
completa impunidad y abalado por los servicios medioambientales y el
municipio de Collipulli”.
Durante esta
mañana alrededor de las 8 am. el operativo policial irrumpió
violentamente tomando detenidxs a mujeres y niñxs, dándose cuenta por
parte del lof una lista de 8 detenidxs en la comisaría de Collipulli:
1-Brígida Huentecol Neculpan, su hija Aylen Diaz Huentecol de 3 años;
2-Pascuala Huentecol Panitru;
3-Joselin Huentecol Huentecol;
4-Luis Díaz Rivas;
5-Juan Huentecol Huentecol;
6- Miguel Collio Gonzalez;
7-Javier Collio Huentecol
También
informan desde el Lobche Mallekoche que la lagmien Pascuala Huentecol se
encuentra golpeada al interior de la comisaría, siendo impedido por
parte de carabineros el ingreso del INDH (Instituto Nacional de Derechos
Humanos).
También nos refieren que “Golpearon
brutalmente a los ancianos, una de ellos es la madre de Mirko que es el
werken. En la comisaría el paco que la golpeó salió y los lamien lo
agarraron y el paco tuvo que entrar a la comisaría, protegido por otros
pacos”.
Por su parte
la abogada del Lob Daniela Sierra aclara que la violencia estuvo
especialmente enfocada en las personas adultas, encontrándose un abuelo y
una anciana fuertemente golpeados, además el fiscal ha establecido el
control de detención para el día de mañana jueves 22 de febrero, lo cual
es excesivo ya que son familias ejerciendo el libre derecho de
autodeterminación y recuperación de territorio.
Reporte de Periódico El Pueblo.
Edición y redacción de Radio Kvrruf.
La lucha de las comunidades Lickan-antay por el agua en el norte grande
Especial Radial: “La lucha de las comunidades Lickan-antay por el agua y la vida en el norte grande”, de Radio Kurruf. .
Las comunidades Lickan-antay del gran
desierto de Atacama, viven un proceso de revitalización de su lucha por
el agua, la defensa de su cultura y contra la contaminación y devastación que genera la mega-minería en la región.
Y es que desde mediados de enero se firmó el acuerdo entre SQM y Corfo,
para explotar el Litio hasta el año 2030, panorama preocupante si
consideramos que las reservas de Litio se encuentran en los salares de
la zona que junto a los ríos y afluentes, proveen del agua indispensable
para la vida agrícola y ganadera de las comunidades.
En la localidad de San Pedro de Atacama,
pudimos conversar con Cristian, quien nos dejó su valioso testimonio
del proceso que viven las comunidades del norte:Radio Kurruf. .(audio)
También conversamos con Karen Luza, de
la Asociación Indígena del Río San Pedro de Atacama, quien nos explicó
la dinámica de las comunidades en relación al agua y las luchas por su
defensa:Radio Kurruf. .(audio)
Declaración Sexto encuentro Plurinacional por la Defensa del Agua y los Territorios
“El agua para los pueblos; no más territorios en sacrificio.”
· Más de
50 organizaciones se reunieron para concordar los ejes programáticos
para luchar contra los efectos del extractivismo en los diferentes
territorios.
·El MAT, concordó desarrollar movilizaciones locales, territoriales y regionales entre el 8 de marzo y el 22 de abril.
Calama, 6 de febrero 2018
Las
organizaciones y comunidades del norte, centro y sur de Chile, así como
organizaciones hermanas de Perú, autoconvocadas en el movimiento por el
agua y los territorios (MAT); se reunieron en Calama los días 2, 3 y 4
de febrero en el marco del Sexto Encuentro Plurinacional por la Defensa
del Agua y los Territorios organizado por la Coordinadora por la Defensa
del Río Loa y la Madre Tierra Pat’a Hoir’i.
En dicha
instancia se reconocieron elementos programáticos transversales a
trabajar en los distintos territorios, durante el año 2018, que son:
agua, pueblos originarios y territorios en sacrificio.
Se establece un calendario de movilizaciones a coordinar, las cuales incluyen:
· El 8 de
marzo día internacional de la mujer, fecha en la que se firmará el TPP11
(Tratado de Libre Comercio de nueva generación) el cual afectará
gravemente las soberanías de nuestros pueblos.
· El 11 de
Marzo, fecha en que se movilizará la Coordinadora por la Defensa del Río
Loa y Madre Tierra, acuerdo territorial, por la firma del TPP11 y en
función al cambio de gobierno, adhiriendo a la convocatoria ya existente
en Calama, para esa fecha.
· El 22 de
marzo se convoca a desarrollar acciones territoriales y regionales de
visibilización y convocatoria en miras a la próxima marcha plurinacional
que se realizará el 22 de abril de 2018.
· El 22 de
abril se invita a participar de la marcha plurinacional por el agua y
los territorios, que este año a diferencia de las marchas anteriores,
tendrá una sede en cada macrozona.
Otro
elemento importante fue que las organizaciones hermanas de los
territorios del norte, avanzaron en la conformación y articulación del
zonal norte; integrándose de esta forma activamente del Movimiento por
el Agua y los Territorios (MAT).
Para
finalizar, las distintas organizaciones participantes, desarrollaron una
visita guiada para conocer en terreno los impactos de la megaminería de
la Estatal Codelco en el territorio de Calama y Chiu-Chiu. Siendo Chiu-
Chiu, el lugar escogido para realizar un convido a la tierra,
desarrollada por una hermana quechua.
El MAT,
invita a todas las organizaciones sociales, ambientales, artísticas y
territoriales en general, a sumarse a las convocatorias de movilización
por la defensa y la recuperación del agua y los territorios en todos los
espacios de organización que se puedan articular en contra del modelo
extractivista, que saquea nuestras vidas y ecosistemas.
El agua para los pueblos, no mas territorios en sacrificio.
Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)
Listado de Organizaciones que adhieren:
1) Coordinadora Defensa Río Loa y la Madre Tierra Pat´a Hoir´i.
2) Movimiento Ambiental La Ventana
3) Comunidad Sumaj LLajta (Calama)
4) Centro de Estudios Sociales de Chiloé
5) IDECA Perú
6) Coordinadora Chorera
7) Región1
8) Ecosistemas de Santiago
9) Colectiva Perras Danzas
10) La Savia
11) Red de Mujeres el Loa
12) Radionlinecarocklina
13) Parlamento del Pueblo Indígena
14) Colectivo Viento Sur
15) Red por la Defensa pre cordillera
16) Radio Placeres
17) Colectivo Chañar
18) Mapuexpress
19) MPL Calama
20) OLCA
21) Secma Fech
22) Bloque andino por el Agua y los Territorios
23) Comité Defensa del Borde Costero Cobquecura
24) Comité Defensa de Paine
25) Red de Defensa de los Territorios de los Ríos
26) Comacteno
27) Colectivo Aire Puro
28) Red Justicia Hídrica
29) Coordinadora Tomecina
30) OCMAL Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina
31) Centro Bartolomé de las casas
32) Fenapo (alto hospicio)
33) Defensa Territorio Melipeuco
34) Femucarina (Perú)
35) Coopertativa de Trabajadores /as del sur
36) Asociación indígena y desarrollo de los Pueblos Originarios Urbanos (Arica)
37) Revista Caminando
38) Movimiento Socioambiental Ventanas
39) Convergencia Dos de Abril (Antofagasta)
40) Programa de Radio Ayni (Arica)
41) ONG agroecológica (Iquique)
42) Escuelita Popular Luchín (Iquique)
43) Pueblo Colla
44) Vocero Macrozona norte
45) El Puelche.cl/ Puelche Comunicaciones
46) Red Muqui
47) Asociacion Jalanta Quyana Suyo. Representante, del Parlamento del Pueblo Quyana Aymara PPQA.
48) Coordinadora por la Defensa de los Territorios Araucanía (Zonal Sur del MAT)
49) III Región, Coordinadora Tomecina (movimiento contra “Octopus” GNL), colaborador ONG Defensa Ambiental
50) Fundación TANTÍ
51) FENAPO Calama
En Chiloé se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales
Este
sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes
Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón,
Archipiélago de Chiloé. Instancia en que se darán cita organizaciones
que forman parte de (1) la Red de Defensa de los Territorios, (2) la Red
de Medios de los Pueblos, (3) la Red de Salud y Territorios y (4) la
Red de Economías Territoriales. Cada una de estas redes se viene
tejiendo entre organizaciones que forman parte de procesos de defensa y
construcción territorial.
Tras el anterior
encuentro realizado en Panguipulli, a comienzos de 2017, que tuvo como
anfitriones al Parlamento Mapuche de Koz Koz y la Red de organizaciones
sociales y ambientales de Panguipulli, es hoy el Centro de Estudios
Sociales de Chiloé (CESCH) junto al Colectivo Informativo Mapuexpress
las organizaciones que, junto a un equipo de apoyo, están trabajando
para la adecuada realización de este 2do encuentro, cuyo objetivo es
seguir potenciando el trabajo que las distintas redes han llevado a
cabo, además de forjar nuevos lazos con organizaciones territoriales del
Archipiélago de Chiloé.
En términos generales, la
instancia facilitará reuniones sectoriales de las respectivas redes y
espacios de ampliados – plenarias, así como espacios de talleres en
áreas de comunicación, estrategias jurídicas, estrategias
administrativas, creación colectiva, seguridad, entre otras materias.
La invitación es abierta a
todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el
trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de
integración.
Para dudas y confirmaciones favor escribir a centrodeestudioschiloe@gmail
Link del evento: https://www.facebook.c
¡Les esperamos!
– Programa –
Sábado 03 de Marzo
09:00 a 10:00 hrs. / Llegada al encuentro, Inscripciones y Mate
10:00 a 11:30 hrs. / Bienvenida y presentación de organizaciones asistentes
11:30 a 12:00 hrs. /
Contexto Insular-Territorial. Exposición de una síntesis sobre las
problemáticas y desafíos socioterritoriales actuales en el Archipiélago
de Chiloé a cargo de un investigador del Centro de Estudios Sociales de
Chiloé (CESCH).
12:00 a 13:00 hrs. / Presentación del trabajo de cada una de las redes:
• Red de Defensa de los Territorios
• Red de Economía Territorial
• Red de Salud y Territorios
• Red de Medios de los Pueblos
13:00 a 13:30 hrs. / Palabra abierta, conversación y mate.
13:30 a 15:00 hrs. / Almuerzo para todos/as los/as representantes de organizaciones asistentes.
15:00 a 18:00 hrs. / Encuentros sectoriales de cada red.
18:00 a 19:30 hrs. /
Plenario. Presentación de los resultados, avances y desafíos en el
trabajo de cada red, dando espacio para preguntas y respuestas.
19:30 a 20:30 hrs. / Once-Cena.
21:00 a 23:00 hrs. / Actividades recreativas y conversación abierta.
– Domingo 04 de Marzo –
08:30 a 09:30 hrs. / Desayuno para todos/as los/as representantes de las organizaciones asistentes.
09:30 a 13:30 hrs. / Talleres:
• Herramientas de
comunicación radial, audiovisual y materiales para campañas informativas
de temáticas identificadas por las mismas redes.
• Herramientas jurídicas de defensa territorial en el sistema nacional e internacional.
• Seguridad informática para organizaciones en contextos de defensa territorial.
• Creación de un mural colectivo en Quellón.
13:30 a 15:00 hrs. / Almuerzo para todos/as los/as representantes de organizaciones asistentes.
15:00 a 16:00 hrs. / Presentación de los resultados de cada uno de los talleres.
16:00 a 17:00 hrs. / Plenario de cierre, observaciones y desafíos para la Red de Redes Territoriales.
–
CESH
–
URUGUAY
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Comunicado a la opinión pública
Montevideo, 1° de marzo 2018.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Integramos este grupo desde que fuera
creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención
expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura;
aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la
represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y
los trabajos por Memoria.
Como expresamos en su momento, aceptamos
ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir
responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por
Verdad y Justicia. Esta actitud implica reconocer tanto los avances,
cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio,
las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud
crítica e independiente.
Resaltamos la voluntad manifiesta del GT
por superar las dificultades de este diseño Institucional, su compromiso
con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación
amplia del acceso a la información, algo largamente exigido. Como
contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud
determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos
estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompasarse del todo. A
esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y
la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar
incluso las resoluciones tomadas.
El más importante de los logros, junto a
la elaboración del proyecto que mejora la ley reparatoria, fue la orden
presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. Pero
esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar
equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco
meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA. El material al que
se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya
que técnicamente – salvo el de la DNII – no eran tales. Toda la
documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son
evidentes los faltantes.
Por lo tanto, ese inmenso y persistente
trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y
de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo
que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros
desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper
las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora
abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos.
Pero tampoco el acceso a los archivos
existentes en el GT aportados a los juicios incidió en los mismos, donde
persistió el empantanamiento y el uso desmedido de las habituales
“chicanas”.
Por todo eso, afirmamos una vez más que
el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la
verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política
con respecto a las FFAA. No se ha querido presionar a los militares para
que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano
anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información
en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner
Chaves Sosa ese mismo año).
No se han enviado mensajes contundentes a
la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar
eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes impunes).
Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para
concurrir a la justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los
condenados con “prisión domiciliaria” – a pesar de las denuncias sobre
la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se
sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo).
La esperanza en los resultados que podría
aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma
el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército que aportó datos
falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo
consecuencias.
Avanzar en verdad y justicia requiere no
sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política
que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al
no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y
dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.
Esta impunidad compromete el presente y
el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares
diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad
ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo
vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los
más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen
secuestrados en sus propios predios. Lo vemos en las últimas sentencias
de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a
la tortura y la desaparición de personas.
La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado.
No cambia este hecho que nos integremos o
no a las distintas formas institucionales que se instrumenten.
Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los
Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a
formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y
desaparezca.
Reafirmamos hoy al igual que cuando nos
integramos al GT, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad,
Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado.
Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos.
Reafirmamos la confianza de que nuestra
fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la
impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos.
Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
No van más
Familiares: “Si nos quedábamos, estábamos avalando lo que se está haciendo”
El
dirigente de Familiares Oscar Urtasún calificó de “muy ineficaces” a
los interlocutores del gobierno en el Grupo Verdad y Justicia y señaló
que la búsqueda no puede estar supeditada al poder político.
01.03.2018 06:50 - MONTEVIDEO PORTAL
En conversación con Montevideo Portal, el integrante de Familiares Oscar
Urtasún expresó su malestar por los mínimos o nulos avances en materia
de verdad y Justicia durante este período de gobierno y señaló que costó
al grupo tomar la decisión de salir del grupo Verdad y Justicia,
convocado por el presidente Tabaré Vázquez al inicio de su segundo
mandato.
Uno de los aspectos que más molestó a Familiares fue el pedido de una firma a los integrantes de Familiares de confidencialidad y reserva sobre los datos y los documentos que tenían a disposición.
“Hubo una actitud del gobierno de exigir a la gente que iba a trabajar ahí, exigir la firma por la reserva. ¿Cuándo nosotros conseguimos los datos y los tiramos al público? Fuimos una de las partes que más respeto tuvimos”, apuntó.
Urtasún también expresó su descontento porque el presidente Vázquez no los haya recibido y calificó el trabajo de sus interlocutores como “muy ineficaz”, “no le daban andamiento a ninguno de los planteos”.
“No nos dio una entrevista en tres años, nuestra entrevista es de una hora, una hora y media, nada más”, agregó.
En esa línea señaló que la propia conformación del grupo no apuntaba a la investigación: Tabaré de entrada nombra a un grupo de gente que uno por más expectativa que tenga sabía que no podíamos llevar adelante una investigación, había gente que no había estado en el tema de los desaparecidos. Nosotros queríamos investigadores, no personalidades reconocidas.”
Urtasún dijo que estuvieron reunidos con representantes del gobierno pero que no pudieron llegar a un acuerdo. “Si nos quedábamos estábamos avalando lo que se está haciendo y es todo light”.
Urtasún agregó que la búsqueda no puede estar supeditada al poder de los partidos políticos: “Queremos seguir sin que los partidos nos digan lo que tenemos que hacer. Es difícil pero lo estamos haciendo por los desaparecidos”
El miércoles la organización publicó un comunicado explicando las razones de su salida, señalando que la falta voluntad política para avanzar en materia de Verdad y Justicia.
Montevideo Portal
Uno de los aspectos que más molestó a Familiares fue el pedido de una firma a los integrantes de Familiares de confidencialidad y reserva sobre los datos y los documentos que tenían a disposición.
“Hubo una actitud del gobierno de exigir a la gente que iba a trabajar ahí, exigir la firma por la reserva. ¿Cuándo nosotros conseguimos los datos y los tiramos al público? Fuimos una de las partes que más respeto tuvimos”, apuntó.
Urtasún también expresó su descontento porque el presidente Vázquez no los haya recibido y calificó el trabajo de sus interlocutores como “muy ineficaz”, “no le daban andamiento a ninguno de los planteos”.
“No nos dio una entrevista en tres años, nuestra entrevista es de una hora, una hora y media, nada más”, agregó.
En esa línea señaló que la propia conformación del grupo no apuntaba a la investigación: Tabaré de entrada nombra a un grupo de gente que uno por más expectativa que tenga sabía que no podíamos llevar adelante una investigación, había gente que no había estado en el tema de los desaparecidos. Nosotros queríamos investigadores, no personalidades reconocidas.”
Urtasún dijo que estuvieron reunidos con representantes del gobierno pero que no pudieron llegar a un acuerdo. “Si nos quedábamos estábamos avalando lo que se está haciendo y es todo light”.
Urtasún agregó que la búsqueda no puede estar supeditada al poder de los partidos políticos: “Queremos seguir sin que los partidos nos digan lo que tenemos que hacer. Es difícil pero lo estamos haciendo por los desaparecidos”
El miércoles la organización publicó un comunicado explicando las razones de su salida, señalando que la falta voluntad política para avanzar en materia de Verdad y Justicia.
Montevideo Portal
"No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen"
Familiares renunció al Grupo Verdad y Justicia
La
Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se
retiró del Grupo por Verdad y Justicia creado por el presidente Tabaré
Vázquez con el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad
cometidos por agentes del Estado entre 1968 y 1985.
Madres y Familiares señaló como las principales causas las trabas burocráticas para lograr información de calidad y la falta de decisión política para presionar a las Fuerzas Armadas a aportar datos sobre los desaparecidos, lo que a juicio de la organización sigue generando impunidad. Para familiares está demostrado que los militares tienen información, citando el ejemplo del plano anónimo que permitió hallar a Fernando Miranda y la ubicación dada por la Fuerza Aérea sobre Ubagésner Chaves Sosa.
La organización señala que las tareas se desarrollaron con lentitud por problemas de diseño institucional y porque la maquinaria del Estado fue lenta para ejecutar las resoluciones tomadas. Otras dificultades enumeradas fueron la falta de acceso a fuentes de inteligencia militar y las chicanas que impiden el avance de las causas en la justicia.
Familiares también criticó que el comandante del Ejército haya dado datos falsos sobre enterramientos sin que hubiera ninguna consecuencia, que la Suprema Corte de Justicia no considere como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas y que haya políticos que pidan que el Ejército ayude en el control de la seguridad ciudadana.
El grupo fue creado por decreto del presidente Tabaré Vázquez y presentado al comienzo de su segundo mandato. Está integrado por Felipe Michelini y la diputada Macarena Gelman, así como por representantes de la Iglesia Católica, Metodista, afrodescendientes y la colectividad judía. En el comunicado, Familiares expresa textualmente:
“Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Integramos este grupo desde que fuera creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria. Como expresamos en su momento, aceptamos ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por Verdad y Justicia.
Esta actitud implica reconocer tanto los avances, cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio, las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud crítica e independiente. Resaltamos la voluntad manifiesta del GT por superar las dificultades de este diseño Institucional, su compromiso con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información, algo largamente exigido. Como contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompasarse del todo.
A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas. El más importante de los logros, junto a la elaboración del proyecto que mejora la ley reparatoria, fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. Pero esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA.
El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente – salvo el de la DNII – no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes. Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos.
Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos. Pero tampoco el acceso a los archivos existentes en el GT aportados a los juicios incidió en los mismos, donde persistió el empantanamiento y el uso desmedido de las habituales “chicanas”. Por todo eso, afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las FFAA.
No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año). No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes impunes).
Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los condenados con “prisión domiciliaria” – a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo). La esperanza en los resultados que podría aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo.
A esto se suma el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias. Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.
Esta impunidad compromete el presente y el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios.
Lo vemos en las últimas sentencias de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas. La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado. No cambia este hecho que nos integremos o no a las distintas formas institucionales que se instrumenten. Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y desaparezca.
Reafirmamos hoy al igual que cuando nos integramos al GT, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad, Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado. Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos. Reafirmamos la confianza de que nuestra fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos. Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”.
Madres y Familiares señaló como las principales causas las trabas burocráticas para lograr información de calidad y la falta de decisión política para presionar a las Fuerzas Armadas a aportar datos sobre los desaparecidos, lo que a juicio de la organización sigue generando impunidad. Para familiares está demostrado que los militares tienen información, citando el ejemplo del plano anónimo que permitió hallar a Fernando Miranda y la ubicación dada por la Fuerza Aérea sobre Ubagésner Chaves Sosa.
La organización señala que las tareas se desarrollaron con lentitud por problemas de diseño institucional y porque la maquinaria del Estado fue lenta para ejecutar las resoluciones tomadas. Otras dificultades enumeradas fueron la falta de acceso a fuentes de inteligencia militar y las chicanas que impiden el avance de las causas en la justicia.
Familiares también criticó que el comandante del Ejército haya dado datos falsos sobre enterramientos sin que hubiera ninguna consecuencia, que la Suprema Corte de Justicia no considere como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas y que haya políticos que pidan que el Ejército ayude en el control de la seguridad ciudadana.
El grupo fue creado por decreto del presidente Tabaré Vázquez y presentado al comienzo de su segundo mandato. Está integrado por Felipe Michelini y la diputada Macarena Gelman, así como por representantes de la Iglesia Católica, Metodista, afrodescendientes y la colectividad judía. En el comunicado, Familiares expresa textualmente:
“Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Integramos este grupo desde que fuera creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria. Como expresamos en su momento, aceptamos ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por Verdad y Justicia.
Esta actitud implica reconocer tanto los avances, cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio, las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud crítica e independiente. Resaltamos la voluntad manifiesta del GT por superar las dificultades de este diseño Institucional, su compromiso con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información, algo largamente exigido. Como contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompasarse del todo.
A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas. El más importante de los logros, junto a la elaboración del proyecto que mejora la ley reparatoria, fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. Pero esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA.
El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente – salvo el de la DNII – no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes. Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos.
Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos. Pero tampoco el acceso a los archivos existentes en el GT aportados a los juicios incidió en los mismos, donde persistió el empantanamiento y el uso desmedido de las habituales “chicanas”. Por todo eso, afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las FFAA.
No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año). No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes impunes).
Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los condenados con “prisión domiciliaria” – a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo). La esperanza en los resultados que podría aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo.
A esto se suma el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias. Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.
Esta impunidad compromete el presente y el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios.
Lo vemos en las últimas sentencias de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas. La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado. No cambia este hecho que nos integremos o no a las distintas formas institucionales que se instrumenten. Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y desaparezca.
Reafirmamos hoy al igual que cuando nos integramos al GT, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad, Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado. Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos. Reafirmamos la confianza de que nuestra fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos. Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”.
Familiares renunció al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia; Gelman coincide en que los resultados son “magros”
La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
emitió un comunicado ayer en el que informó que renunció al Grupo de
Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), el organismo autónomo e
independiente conformado en mayo de 2015 por el presidente Tabaré
Vázquez que, según su decreto de creación, tiene como “propósito
esencial” investigar los crímenes de lesa humanidad en el marco de la
“actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado”, entre el 13
de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
El comunicado de Familiares consigna que integra el GTVJ desde que fue creado, “con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria”. Resaltó la “voluntad manifiesta” del GTVJ por superar las dificultades del “diseño institucional”, su compromiso con el tema y “el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información”. No obstante, indicó que, como contrapartida, el trabajo “se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación” y por las estructuras del GTVJ y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente (que, según el decreto, constituye el “soporte funcional y administrativo” del GTVJ), “que nunca lograron acompasarse del todo”. “A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas”, agrega el comunicado.
Familiares destaca que “el más importante de los logros” fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. No obstante, indica que “también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo”. “Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del [Cuerpo de Fusileros Navales] FUSNA. El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente –salvo el de la DNII [Dirección Nacional de Información e Inteligencia]– no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes”, expresa el comunicado. Luego agrega: “Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos”.
Por lo tanto, Familiares entiende que “el principal obstáculo” en la búsqueda de los desaparecidos y de verdad y justicia “ha sido y sigue siendo la falta de decisión política” con respecto a las Fuerzas Armadas, ya que “no se ha querido presionar a los militares” para que aporten información ni se han enviado “mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman ‘carga del pasado’”. “La esperanza en los resultados que podría aportar el GTVJ se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército [Guido Manini Ríos], que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias”, agregó Familiares.
la diaria se comunicó con la diputada Macarena Gelman, una de las integrantes del GTVJ, quien señaló que la renuncia de Familiares no los toma por sorpresa porque “se venía conversando”. Agregó que todavía no tuvieron tiempo de evaluar la situación porque recién tomaron contacto con el contenido del comunicado, pero indicó que esos temas siempre estaban presentes en las discusiones. Señaló que puede tener diferencias con algunos puntos del comunicado, pero hay “muchas cosas” que comparte, por ejemplo, “que los resultados son magros”. Gelman afirmó que el desafío más grande del GTVJ es “la articulación entre las distintas áreas”, que “siempre fue difícil”. “Esa lucha viene desde mucho tiempo atrás. Creo que, sin lugar a dudas, todos compartimos la necesidad de avanzar y de que esto tenga un ritmo mucho más intenso. Yo siempre insisto en que hay que trabajar con una planificación distinta. Cuando hay problemas en el acceso a la información, estos deben ser rápidamente indicados para buscar corregirlos”, dijo, aunque prefirió no entrar en detalles sobre el funcionamiento de GTVJ, porque piensa que en este momento no aportan. “Pero en realidad coincido en que muchas veces hay dificultades en el acceso a determinadas fuentes y que por supuesto eso requiere un mensaje claro de parte de quienes están a cargo”, agregó.
Por último, Gelman señaló que la clave de los avances en la búsqueda de restos de desaparecidos es la investigación, y que “estar excavando no es indicio de estar avanzando”. “El desafío, que efectivamente creo que no se ha logrado, es realizar de manera adecuada la investigación previa, que no es solamente el análisis de la documentación, y que requiere de otra infraestructura y otros equipos”, indicó la diputada.
El comunicado de Familiares consigna que integra el GTVJ desde que fue creado, “con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria”. Resaltó la “voluntad manifiesta” del GTVJ por superar las dificultades del “diseño institucional”, su compromiso con el tema y “el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información”. No obstante, indicó que, como contrapartida, el trabajo “se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación” y por las estructuras del GTVJ y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente (que, según el decreto, constituye el “soporte funcional y administrativo” del GTVJ), “que nunca lograron acompasarse del todo”. “A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas”, agrega el comunicado.
Familiares destaca que “el más importante de los logros” fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. No obstante, indica que “también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo”. “Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del [Cuerpo de Fusileros Navales] FUSNA. El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente –salvo el de la DNII [Dirección Nacional de Información e Inteligencia]– no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes”, expresa el comunicado. Luego agrega: “Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos”.
Por lo tanto, Familiares entiende que “el principal obstáculo” en la búsqueda de los desaparecidos y de verdad y justicia “ha sido y sigue siendo la falta de decisión política” con respecto a las Fuerzas Armadas, ya que “no se ha querido presionar a los militares” para que aporten información ni se han enviado “mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman ‘carga del pasado’”. “La esperanza en los resultados que podría aportar el GTVJ se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército [Guido Manini Ríos], que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias”, agregó Familiares.
la diaria se comunicó con la diputada Macarena Gelman, una de las integrantes del GTVJ, quien señaló que la renuncia de Familiares no los toma por sorpresa porque “se venía conversando”. Agregó que todavía no tuvieron tiempo de evaluar la situación porque recién tomaron contacto con el contenido del comunicado, pero indicó que esos temas siempre estaban presentes en las discusiones. Señaló que puede tener diferencias con algunos puntos del comunicado, pero hay “muchas cosas” que comparte, por ejemplo, “que los resultados son magros”. Gelman afirmó que el desafío más grande del GTVJ es “la articulación entre las distintas áreas”, que “siempre fue difícil”. “Esa lucha viene desde mucho tiempo atrás. Creo que, sin lugar a dudas, todos compartimos la necesidad de avanzar y de que esto tenga un ritmo mucho más intenso. Yo siempre insisto en que hay que trabajar con una planificación distinta. Cuando hay problemas en el acceso a la información, estos deben ser rápidamente indicados para buscar corregirlos”, dijo, aunque prefirió no entrar en detalles sobre el funcionamiento de GTVJ, porque piensa que en este momento no aportan. “Pero en realidad coincido en que muchas veces hay dificultades en el acceso a determinadas fuentes y que por supuesto eso requiere un mensaje claro de parte de quienes están a cargo”, agregó.
Por último, Gelman señaló que la clave de los avances en la búsqueda de restos de desaparecidos es la investigación, y que “estar excavando no es indicio de estar avanzando”. “El desafío, que efectivamente creo que no se ha logrado, es realizar de manera adecuada la investigación previa, que no es solamente el análisis de la documentación, y que requiere de otra infraestructura y otros equipos”, indicó la diputada.
