blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
domingo, 4 de marzo de 2018
Número de Identidad: 0501-1980-06719, ingeniero electricista, casado, hondureño, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos. Desempeñado, a partir de información pública, los siguientes cargos:
Fue Subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Fue Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Antecedentes documentados:
Durante la administración de la Junta Interventora en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el señor Roberto David Castillo Mejía se desempeñó́ como Asesor Técnico de la misma, y en fecha 13 de enero de 2008 la Abogada Rixi Moncada, ex Gerente General de la ENEE, requirió́ los servicios profesionales del señor Castillo Mejía en esta institución, es así́ que el 14 de enero de 2008, se nombró en forma permanente al señor Roberto David Castillo Mejía como Coordinador del Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Es Presidente de POTENCIA Y ENERGIA DE MESOAMERICA S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá. PEMSA es uno de los dos principales accionistas de DESA.
El último imputado por el asesinato de Bertita: FALTAN LOS VERDADEROS INTELECTUALES.. Roberto David Castillo Mejía
Número de Identidad: 0501-1980-06719, ingeniero electricista, casado, hondureño, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos. Desempeñado, a partir de información pública, los siguientes cargos:
Fue Subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Fue Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Según un informe del Tribunal Superior de Cuentas de septiembre de 2009 :
Desde el año 2006 el señor Roberto David Castillo Mejía laboró en las
Fuerzas Armadas de Honduras, su cargo es Subteniente de Inteligencia
Militar, y mediante Acuerdo No OM 024 del 21 de mayo de 2008 pasó a la
condición de Adscrito a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, por
encontrarse desempeñando el cargo de Coordinador de Control de Gestión
en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Durante la administración de la Junta Interventora en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el señor Roberto David Castillo Mejía se desempeñó́ como Asesor Técnico de la misma, y en fecha 13 de enero de 2008 la Abogada Rixi Moncada, ex Gerente General de la ENEE, requirió́ los servicios profesionales del señor Castillo Mejía en esta institución, es así́ que el 14 de enero de 2008, se nombró en forma permanente al señor Roberto David Castillo Mejía como Coordinador del Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Es presidente del Consejo de Administración y representante legal de
Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. nombrado en dicho cargo el 07 de
noviembre de 2011. El 01 de diciembre de 2011, DESA otorgó Poder General
de Administración a Roberto David Castillo Mejia.
Es Presidente de POTENCIA Y ENERGIA DE MESOAMERICA S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá. PEMSA es uno de los dos principales accionistas de DESA.
viernes, 2 de marzo de 2018
(en INGLES)
El COPINH informa a la comunidad nacional e interncional que hace unos momentos fue capturado David Castillo, gerente General de la empresa DESA y del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Gracias a todo el trabajo y la presión creada con la solidaridad y trabajo de las organizaciones a nivel nacional e internacional. Y no gracias a la celeridad del MP, quienes han intentado por todos lo medios ocultar la verdad en el caso.
El Estado de Honduras intenta opacar las manifestaciones del día de hoy a 2 años del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, con esta captura, sin embargo, el COPINH desde el inicio lo ha denunciado a él como gerente general, junto a toda la junta directiva de la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah.
El COPINH seguirá denunciando a toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y de la cual David Castillo es solo una pieza.
VÍCTOR FERNÁNDEZ, SOBRE RECIENTE CAPTURA EN CASO BERTA
THE GUARDIAN: Berta Cáceres murder: ex-Honduran military intelligence officer arrested
AQUI EL COMUNICADO DEL MINISTERIO PUBLICO
viernes, 16 de febrero de 2018
La posición del COPINH ante la captura de David Castillo, gerente General de DESA
publiquenlo en sus redes: #ULTIMAHORA
(en INGLES)
El COPINH informa a la comunidad nacional e interncional que hace unos momentos fue capturado David Castillo, gerente General de la empresa DESA y del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Gracias a todo el trabajo y la presión creada con la solidaridad y trabajo de las organizaciones a nivel nacional e internacional. Y no gracias a la celeridad del MP, quienes han intentado por todos lo medios ocultar la verdad en el caso.
El Estado de Honduras intenta opacar las manifestaciones del día de hoy a 2 años del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, con esta captura, sin embargo, el COPINH desde el inicio lo ha denunciado a él como gerente general, junto a toda la junta directiva de la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah.
El COPINH seguirá denunciando a toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y de la cual David Castillo es solo una pieza.
VÍCTOR FERNÁNDEZ, SOBRE RECIENTE CAPTURA EN CASO BERTA
THE GUARDIAN: Berta Cáceres murder: ex-Honduran military intelligence officer arrested
AQUI EL COMUNICADO DEL MINISTERIO PUBLICO
COPINH ante la renuncia de miembros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH).
La salida del Juan Jiménez, Julio
Arbizu y Daniel Urrutia reflejan el nivel de impunidad que alcanza la situación
en Honduras. Casos como el de Berta Cáceres nunca encontrarán la justicia en
este sistema diseñado y controlado para que las élites económicas y políticas
tengan toda la libertad de asegurarse la impunidad.
Las acciones de Roger Matus, director
de la Fiscalía que lleva el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, son clara
muestra de colusión para la impunidad, cuando deliberadamente obstaculiza la
investigación del caso y niega el acceso a la información y a la verdad para
las víctimas y a entes como la Maccih.
La Refundación de Honduras es el
llamado a construir nuestro futuro.
A las hondureñas y hondureños nos
queda más claro que nunca que la corrupción no va a combatirse mientras el nudo
de arpías que está comandando la política de Estado no sea tocada a
profundidad. Reconocemos la actitud digna de los miembros de la misión que se
apartan de la falsa idea de combate a la corrupción, a nosotros nos queda el
gran desafío de ingeniarnos el camino para desmantelar esas estructuras
criminales bien ancladas.
La justicia la haremos los pueblos,
por nuestras manos, por nuestros propios esfuerzos y con todo el peso de la
historia de la cual somos llamados y llamadas a ser protagonistas y motores
infinitos.
COPINH-
AUDIO PARA DESCARGAR DE LA DECLARACIÓN DE JUAN JIMÉNEZ
COPINH-
AUDIO PARA DESCARGAR DE LA DECLARACIÓN DE JUAN JIMÉNEZ
En memoria de Berta- Acción global
(AQUI EN INGLES)
Estamos a punto de cumplir 2 años del crimen a nuestra hermana Berta Cáceres Flores y de traer a la memoria este horroroso hecho que agravó a nuestra organización, pueblo, país y a la humanidad entera.
El Estado de Honduras pretende doblegar la lucha imparable
por la justicia con la captura de autores materiales e intermedios pero no va
detrás de las estructuras empresariales y de funcionarios del Estado que
persiguieron, criminalizaron, judicializaron y asesinaron a nuestra hermana.
Es la misma estructura que reafirma a los grupos de poder en
Honduras que siguen reprimiendo a nuestro pueblo e imponiéndose por la fuerza.
El COPINH convoca a la comunidad solidaria en el mundo para
que este día sea simbólico en el rechazo a la imposición de las muertes
violentas de quienes defienden la vida. Por Berta y por los cientos de luchadoras
y luchadores sociales asesinados en Honduras y en el mundo exigimos justicia.
Protestas, cartas y acciones frente a las embajadas de
Honduras en el Mundo.
A 2 años del crimen: No olvidamos y no perdonamos.
¡Berta Cáceres Semilla de Libertad!
¡Captura a los autores intelectuales ya!
¡2 de marzo, una jornada más de resistencia!
En Memoria de Berta. 2 años sin justicia, 2 años de impunidad.
Estamos a punto de cumplir 2 años del crimen a nuestra
hermana Berta Cáceres Flores y de traer a la memoria este horroroso hecho que
agravó a nuestra organización, pueblo, país y a la humanidad entera.
El Estado de Honduras pretende doblegar la lucha imparable
por la justicia con la captura de autores materiales e intermedios pero no va
detrás de las estructuras empresariales y de funcionarios del Estado que
persiguieron, criminalizaron, judicializaron y asesinaron a nuestra hermana. Es
la misma estructura que reafirma a los grupos de poder en Honduras que siguen
reprimiendo a nuestro pueblo e imponiéndose por la fuerza.
Este 2 de marzo convocaremos a un día de lucha y resistencia
por todo el país que recuerde a nuestra lideresa que acompañó el proyecto por la Refundación de
Honduras y que recuerde a las víctimas de la resistencia frente a la propuesta
de muerte y saqueo impulsada por el dictador.
A 2 años del crimen, no olvidamos y no perdonamos.
¡Berta Cáceres Semilla de libertad!
¡Captura a los autores intelectuales ya!
¡Este 2 de marzo, un jornada más de resistencia!
viernes, 2 de febrero de 2018
ACTUALIZACIÓN audiencia de hoy, 02 de febrero caso Berta Cáceres
El día de hoy, viernes 2 de febrero, se desarrolló la
Audiencia de Juramentación de Peritos en el caso de la compañera Berta Cáceres
y Gustavo Castro. Esta se desarrolló sin mayores novedades que la incorporación
de dos peritos peticionadas por el Ministerio Público, especializadas en
análisis de telecomunicaciones y análisis de financiero. Hay que decir que esta
es una audiencia anómala, que las autoridades justifican que se realice en esta
etapa para darle tiempo al análisis pericial, sin embargo no se corresponde al
protocolo establecido y a la práctica común. La defensa de Sergio Rodríguez,
gerente ambiental, social y de comunicación de la empresa DESA propuso peritos
para ambos temas que debatirán las posturas de la acusación y las fiscales. Hoy
a 23 meses de asesinato de nuestra Coordinadora General exigimos un proceso
profesional que respete los estándares nacionales e internacionales y la
investigación de la autoría intelectual que sigue en la impunidad. A casi 2
años de este crimen exigimos justicia, verdad y las garantías de no repetición,
que hoy mismo no hay para nuestros pueblos.
A Casi 2 años del asesinato de la mujer que se pensaba la Refundación de Honduras.
(AQUI EN INGLES)
(AQUI EN AUDIO PARA DESCARGAR)
Hoy se cumplen 23 meses del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres y estamos a punto de cumplir el 2do. aniversario de su siembra. En estas fechas se recuerda a la compañera y muchas personas tienen la inquietud de qué tanto se ha avanzado en el caso a casi dos años de su asesinato y qué es lo que en Honduras ha cambiado con el develamiento de numerosas violaciones a los DDHH por parte de las empresas extractivas y las que lucran con la producción de energía.
(AQUI EN AUDIO PARA DESCARGAR)
Hoy se cumplen 23 meses del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres y estamos a punto de cumplir el 2do. aniversario de su siembra. En estas fechas se recuerda a la compañera y muchas personas tienen la inquietud de qué tanto se ha avanzado en el caso a casi dos años de su asesinato y qué es lo que en Honduras ha cambiado con el develamiento de numerosas violaciones a los DDHH por parte de las empresas extractivas y las que lucran con la producción de energía.
Al día
de hoy el COPINH sigue librando la lucha por la justicia integral proponiéndose
como un primer paso el romper el cerco mediático alrededor de su caso y
afrontar las sendas irregularidades que permean el proceso.
En mayo
de este año se vence* la prisión preventiva de las 8 personas que fueron
detenidas en el 2016 como autores materiales y algunas intermedios entre los
que destacan un empleado de la empresa DESA, Sergio Rodríguez y un mayor de las
fuerzas armadas que coordinó la ejecución del asesinato, Mariano Díaz que
además fungía como instructor de la Policía Militar de Orden Público.
A estas
alturas el Ministerio Público hondureño y las autoridades de justicia empiezan
a dar “manotadas de ahogado” para avanzar en el caso y cerrarlo con la
culminación de la sentencia de ya detenidos. Se estima que para mediados de año
se realice el debate final del caso. Sin embargo la organización, el pueblo de
Honduras y la comunidad internacional siguen insatisfechas por la nulidad de
acciones para capturar a los autores intelectuales que vinculan a la poderosa e
intocable oligarquía hondureña.
Hay que
destacar que el día de hoy se celebra una audiencia de juramentación de dos
peritos propuestas por el Ministerio Público para hacer análisis de
extracciones telefónicas y de información financiera en el Tribunal de
Sentencias de jurisdicción Nacional en el cual el caso se mantendrá hasta el
cierre.
Sobre el
segundo punto de lo que ha cambiado en Honduras luego de su muerte puede
decirse que muy poco. La concesión sigue en manos de la represa hidroeléctrica
ferozmente defendida no solo por la empresa privada, sino que también por los
productores de energías renovables que siguen sembrando el odio contra las
organizaciones que desafían la instalación de un sin número de proyectos de
muerte y les arruinan el lucrativo negocio.
El
gobierno pretende resolver la inseguridad de las empresa nacionales y
transnacionales de invertir en este negocio aprobando una tramposa Ley que
reglamente el derecho de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos
Indígenas (CPLI) pero no se atreve a dar el paso final luego del fuerte
cuestionamiento nacional e internacional.
Las
estructuras de poder que protegen el proyecto de muerte contra el que luchó
Berta Cáceres se reafirman con el fraude electoral realizado para el
continuismo de los mismo y la protección de los intereses económicos privados.
Lo que
Berta Cáceres le aportó al ahora de Honduras es el levantamiento popular
nacional que sigue sin darse por vencido para pensar lo que Berta Cáceres
estaría pensando ahora: la refundación de Honduras que no la hará ningún
presidente, sino que la hará el pueblo, el mismo que no se rindió en las calles
aun enfrentando la violencia militar y sus armas asesinas y que será el único
camino de cambio profundo para Honduras.
Mientras
tanto el COPINH convoca al Encuentro “25 años por la Vida y la Justicia” para
este 22, 23 y 24 de marzo y profundizar
sobre el caso de los compañeros Berta y Gustavo y hablar del recorrido de lucha
y del futuro del proyecto de Berta en un país que lo amerita más que nunca.
*La
prisión preventiva puede ser prorrogada una única vez a 6 meses más, lo que
daría como límite noviembre de este año.
Equipo de comunicación del COPINH
Berta Cáceres: “Me lo dijo el río”
Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Fue asesinada en 2016 por su lucha contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, enclavado en una zona crucial para la supervivencia de las comunidades indígenas. El proyecto, ahora paralizado, restringe el acceso de la comunidad Lenca al Río Gualcarque y, por extensión, a su agua y alimentos. De llevarse a cabo, los pueblos afectados perderían su medio de vida y se verían abocados a abandonar sus tierras. Berta luchaba para impedirlo.
"Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca”, solía decir. “Yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río"... Ahora que se cumplen dos años de su asesinato, Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, nos explica cómo avanza la investigación de su muerte. Laura, ¿cómo sois la comunidad Lenca?Somos la comunidad más grande de Honduras y hay mucha diversidad entre quienes la integramos. Somos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos. En nuestra tradición, los espíritus femeninos residen en los ríos y las mujeres son sus principales guardianas. Nuestra vida espiritual está vinculada a los bosques y unida al agua. Somos una comunidad que regala sonrisas. Un pueblo fuerte y aguerrido. Luchamos contra el proyecto de Agua Zarca desde una postura de no violencia, esgrimiendo el derecho a la justicia y al agua, y demandando el respeto y la dignidad del pueblo Lenca.Han pasado casi dos años desde el asesinato de tu madre. ¿Cuáles han sido los avances y cuáles siguen siendo las preocupaciones?
Actualmente hay ocho personas detenidas, todas ellas vinculadas a la autoría material del asesinato de mi madre. Algunas de estas personas están vinculadas a la empresa DESA –concesionaria de la represa contra la que luchaba– y otras al ejército.
¿Se encuentran detenidos todos los culpables?
No hay certeza, en estos momentos, de que todos los detenidos estén implicados y nuestro deseo es esclarecer la verdad. La justicia verdadera es desmontar la estructura criminal que mató a mi mami y por ello pedimos una investigación internacional independiente que aclare su asesinato. Además de la búsqueda y enjuiciamiento de los autores materiales del crimen, queremos que se lleven ante la justicia a los autores intelectuales porque, la impunidad de estos últimos, podría interpretarse como una puerta abierta a más asesinatos y persecución de defensoras y defensores en Honduras.
¿A quién le interesaba acallar a Berta Cáceres?
Berta Cáceres era un símbolo dentro de nuestra comunidad. Con su asesinato quisieron sembrar el miedo y la desunión entre nosotros. Pero la construcción en colectivo es lo único que nos puede ayudar a ganar y eso lo aprendimos bien de mi madre. Ellos tendrán las armas y el poder. Querrán burlar la justicia, comprar la impunidad, pero nosotros tenemos la verdad. Somos un pueblo valiente.
© Sergio Ortiz/Amnistía Internacional
Lucháis contra gigantes. ¿Dónde dejáis el miedo?Mi madre nos enseñó a no tener miedo. Aprendimos a vivir sin él porque ni lo merecemos ni lo queremos. ¿De qué nos sirve para seguir luchando? Somos una comunidad y luchamos por nuestras tierras y convicciones. A pesar de las amenazas, de la violencia que intentan ejercer sobre los hombres y las mujeres que conformamos la comunidad Lenca tenemos una gran ventaja sobre ellos: luchamos por nuestros derechos y por nuestra vida. Luchamos por la convicción de vivir.
Dentro de esta situación de riesgo, las comunidades indígenas y las mujeres son las más perseguidas. ¿Sois las mujeres la punta de lanza de la resistencia?
Para las mujeres el desafío es doble. Nosotras somos las más vulnerables y las más fáciles de atacar en una sociedad masculinizada. Se nos estigmatiza, desacredita, se nos persigue... Estamos muy expuestas en una sociedad patriarcal. Pero tras el asesinato de mi madre, la profunda indignación se ha convertido en un grito de unión entre las mujeres, en el grito de “Berta no murió, se multiplicó”.
Tu madre decía cosas como: “Vos tenés la bala… Yo la palabra… La bala muere al detonarse… La palabra vive al replicarse”…
Mi mami era defensora incondicional del medio ambiente. Defendía los intereses del pueblo Lenca. Creía en la verdad, la libertad. Creía en los derechos humanos. Sus ideas, su lucha, sus principios le daban la fuerza para luchar. Ella no se doblegó nunca, ni se dejó vencer. Su vitalidad, su compromiso y su valentía siguen vivos en nosotros. Su capacidad de seguir adelante incluso en los momentos más adversos es nuestra fuerza para avanzar. Nosotros tampoco nos vamos a doblegar. “No nos queda otro camino”, nos repetía siempre. “Hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo”.
¿Cómo se convive con el dolor de la muerte de una madre mientras se continúa con la lucha que ella lideraba?
El mundo perdió a una persona irrepetible y eso nos tiene que doler a todos. Pero Berta Cáceres no está muerta, está multiplicada. Ella sigue presente en cada una de las personas que continuamos con la lucha. Mi madre me dejó muchas enseñanzas y toda su fuerza. Las personas que luchan por la vida, nunca mueren.
Después de 2 años del crimen: Capturan al primer autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres
Friday, 02 March 2018 18:34 Written by Webmaster Published in Contexto
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó este
viernes 02 de marzo, a Roberto David Castillo Mejía, quien al momento de
ser asesinada la dirigente indígena, Berta Cáceres, fungía como gerente
de la Empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA). El Ministerio Público
lo acusa de ser uno de los autores intelectuales de este crimen.
Según la Fiscalía, Castillo Mejía, capturado en horas del mediodía
cuando trataba de salir del país por el aeropuerto internacional Ramón
Villeda Morales, fue el encargado de proporcionar toda la logística que
requerían los autores materiales para el asesinato de la defensora de
derechos humanos.
La detención de Castillo Mejía se produce en los momentos en que un grupo de manifestantes lencas acompañaban a la familia de Berta Cáceres en un plantón realizado frente al Ministerio Público para exigir justicia. Vale decir que hoy específicamente se cumple el segundo aniversario de su crimen.
Roberto David es subteniente de Inteligencia Militar, graduado de West Point en el año 2004, laboró en el Departamento de Inteligencia y Contra inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
De él se dice que también es ingeniero eléctrico y que en el año 2008 trabajó en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tiempo en el que según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) cobró doble salario.
“Roberto David Castillo percibe doble salario porque labora como Oficial de las Fuerzas Armadas y también es empleado de la ENEE”, dice el informe del TSC realizado en el 2009.
COPINH se pronunció sobre captura a través de un comunicado donde señaló que Castillo es solo una pieza de la madeja de la estructura del crimen, este es el documento íntegro:
“La posición del COPINH ante la captura de David Castillo, gerente General de DESA”
El COPINH informa a la comunidad nacional e interncional que hace unos momentos fue capturado David Castillo, gerente General de la empresa DESA y del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Gracias a todo el trabajo y la presión creada con la solidaridad y trabajo de las organizaciones a nivel nacional e internacional. Y no gracias a la celeridad del MP, quienes han intentado por todos los medios ocultar la verdad en el caso.
El Estado de Honduras intenta opacar las manifestaciones del día de hoy a 2 años del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, con esta captura, sin embargo, el COPINH desde el inicio lo ha denunciado a él como gerente general, junto a toda la junta directiva de la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah.
El COPINH seguirá denunciando a toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y de la cual David Castillo es solo una pieza.
Hidroeléctrica : Todos los miembros de DESA están totalmente desvinculados
La empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, emitió un comunicado ante la detención de su Gerente General, el cual está a continuación:
Con motivo de la injusta detención del Sr. David Castillo, la Empresa Desarrollos Energético S.A. (DESA) declara lo siguiente:
DESARROLLOS ENERGÉTICOS S.A.
La historia de un crimen bien calculado
Los señalamientos contra los empresarios son claros. Y pese a la existencia indicios racionales, el Ministerio Público pasados dos años no ha capturado a los dueños de la empresa la Empresa Desarrollos Energéticos S.A, (DESA), señalados directamente de ser los responsables de mandar a asesinar a la dirigente ambientalista Berta Cáceres, según lo han denunciado sus familiares.
A dos años del crimen, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras,(MACCIH) ,investiga las denuncias de corrupción en la entrega de los contratos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, subsidiaria de DESA, pero no la participación de los socios en el asesinato de Berta Cáceres.
Hasta hoy, ocho autores materiales han sido encarcelados y al parecer las autoridades no están dispuestas a profundizar en las investigaciones. Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la MACCIH, dijo la semana anterior que el fiscal que lleva el caso se negó a entregarle el expediente.
El crimen
En la madrugada del jueves tres de marzo de 2016 el mundo se sorprendió con la muerte violenta de la dirigente indígena, Berta Cáceres. Ella era beneficiaria de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,(CIDH), y nadie se imaginó que el Estado de Honduras permitiría que la asesinaran.
Bertha, una mujer que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, de los indígenas, del territorio y de los demás recursos naturales, había recibido amenazas de muerte, pero las autoridades la dejaron sola y fue asesinada en su casa de habitación situada en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Era luchadora social y murió acribillada por sujetos que entraron después de forcejear las puertas.
El Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, justificando su mediocridad o su complicidad en el caso, adujo en su momento, que BertaCáceres rechazó la asignación de policías que le ofrecieron y que por tal razón solo le brindaban patrullajes en las cercanías de su casa. Unos días después reconoció que el Estado falló en protegerla.
El mundo se solidariza
El mismo día en que se conoció la noticia los representantes de la Unión Europea acreditados en Honduras lamentaron el asesinato y a través de un comunicado les exigieron a las autoridades investigar y enjuiciar a los culpables.
“La Unión Europea reitera su firme compromiso con los Derechos Humanos y a la protección de los que les defienden", afirmaron.
A esta petición también se sumó el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, organismo que desde Washington que se pronunció para condenar el crimen.
Otro organismo internacional que se mostró consternado con el crimen contra Berta, es el Centro Martin Luther King, que fechado en Cuba emitió un comunicado repudiando el hecho.
“Asesinaron vilmente a nuestra compañera Bertha, luchadora, líder, madre, mujer valiente, hermana nuestra. Mucho dolor e indignación. Para nadie resulta ajeno que Bertha encabezaba una lucha contra todo un sistema, no solo en Honduras, donde luchaba por el derecho de los pueblos indígenas, campesinos; es que su lucha trascendió las fronteras”, escribió el Centro Martin Luther King.
Por su parte, el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, James D. Nealon, condenó el crimen y también exigió la pronta investigación.
Pero el crimen también llamó la atención del mundo artístico, y el actor, Leonardo DiCaprio, quien recién había ganado el premio Oscar,por su película "El renacido", posteó en su cuenta de Twitter,"Increíblemente triste noticia de Honduras esta mañana. Todos debemos honrar las contribuciones valientes de Cáceres”, escribió DiCaprio.
También condenaron su muerte el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria Taulli-Corpuz, el Parlamento Europeo, organizaciones civiles de Latinoamérica, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania y los presidentes de Nicaragua, Guatemala, Ecuador y Venezuela entre otros.
Al funeral de Berta asistieron realizado el 5 de marzo de 2016 en La Esperanza, asistieron miles de personas que hicieron de este acto, un homenaje popular dirigido por los sacerdotes, Ismael Moreno y Fausto Milla, acompañados por rituales garífunas, lencas, misquito y quiche, clamando justicia.
En su afán de desviar la atención, horas más tarde del crimen, las autoridades anunciaron la detención del ambientalista mexicano, Gustavo Castro, quien la noche del asesinato se encontraba en la casa de Berta preparando materiales para una capacitación y a los miembros del COPINH, José Ismael Lemus y Aureliano Molina Villanueva a quienes señalaban como sospechosos.
La policía quiso vincular la muerte de Berta con un crimen pasional, pero al no poder sostener su mentira, liberaron a los detenidos. A Gustavo Castro lo hostigaron y le prohibieron salir del país durante treinta días, tiempo en que permaneció bajo resguardo policial en la embajada de México.
Los detenidos
El 2 de mayo de 2016, dos meses después del crimen, las autoridades capturaron a cuatro supuestos autores materiales y de ellos, dos son empleados de la empresaDESA y los otros, funcionarios del gobierno. Los detenidos son, Sergio Ramón Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Geovanny Bustillo y Edison Atilio Duarte Meza.
En ese momento, Sergio Ramón Rodríguez era el Gerente de DESA y según las investigaciones, él contrató al mayor de las Fuerzas Armadas, e instructor de la Policía Militar, Mariano Díaz para iniciar la planificación del crimen. Los otros detenidos son Douglas Geovanny Bustillo, militar retirado y responsable de la seguridad de DESA y Edison Atilio Duarte Meza.
El 20 de noviembre de 2017 la Agencia técnica de Investigación capturó a los policías, Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales, acusados de presentar pruebas falsas para desviar las investigaciones del crimen, y en primera instancia infirmaron que el asesinato había sido por robo, ellos eran los encargados de investigar el caso.
El 12 de enero de 2017 en Tamaulipas México, capturaron a Henry Javier Hernández Rodríguez, en San Pedro Sula a Elvin Heriberto Rápalo Orellana, alias El Comanche y en febrero de 2017 fue detenido Oscar Haroldo Torres. Éste por haberle disparado a Gustavo Castro.
Al
ser propietario de una empresa que vende suministros de oficina al
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Roberto David
Castillo Mejía quien labora como Subteniente de Inteligencia Militar en
esta institución, ha incumplido lo estipulado en el artículo 15 de la
Ley de Contratación del Estado. Además se incumplió el Artículo 16 de la
misma Ley.
La detención de Castillo Mejía se produce en los momentos en que un grupo de manifestantes lencas acompañaban a la familia de Berta Cáceres en un plantón realizado frente al Ministerio Público para exigir justicia. Vale decir que hoy específicamente se cumple el segundo aniversario de su crimen.
Roberto David es subteniente de Inteligencia Militar, graduado de West Point en el año 2004, laboró en el Departamento de Inteligencia y Contra inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
De él se dice que también es ingeniero eléctrico y que en el año 2008 trabajó en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tiempo en el que según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) cobró doble salario.
“Roberto David Castillo percibe doble salario porque labora como Oficial de las Fuerzas Armadas y también es empleado de la ENEE”, dice el informe del TSC realizado en el 2009.
COPINH se pronunció sobre captura a través de un comunicado donde señaló que Castillo es solo una pieza de la madeja de la estructura del crimen, este es el documento íntegro:
“La posición del COPINH ante la captura de David Castillo, gerente General de DESA”
El COPINH informa a la comunidad nacional e interncional que hace unos momentos fue capturado David Castillo, gerente General de la empresa DESA y del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Gracias a todo el trabajo y la presión creada con la solidaridad y trabajo de las organizaciones a nivel nacional e internacional. Y no gracias a la celeridad del MP, quienes han intentado por todos los medios ocultar la verdad en el caso.
El Estado de Honduras intenta opacar las manifestaciones del día de hoy a 2 años del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, con esta captura, sin embargo, el COPINH desde el inicio lo ha denunciado a él como gerente general, junto a toda la junta directiva de la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah.
El COPINH seguirá denunciando a toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y de la cual David Castillo es solo una pieza.
Hidroeléctrica : Todos los miembros de DESA están totalmente desvinculados
La empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, emitió un comunicado ante la detención de su Gerente General, el cual está a continuación:
Comunicado
Tegucigalpa, 02 de marzo de 2018Con motivo de la injusta detención del Sr. David Castillo, la Empresa Desarrollos Energético S.A. (DESA) declara lo siguiente:
- Tanto el Sr. David Castillo, como todos los miembros de DESA están
totalmente desvinculados al desafortunado hecho que terminó con la vida
de la Sra. Berta Cáceres, y la empresa rechaza totalmente esta decisión
que se desprende de presiones internacionales y campañas de desprestigio
de diversas ONG’s hacia la empresa.
- Al mismo tiempo, DESA rechaza contundentemente la intensión de culpabilizar a personas honorables e inocentes, como lo es el Sr. David Castillo, intentando vincularlo con hechos que no tienen absolutamente ninguna relación con su actuar. Adicionalmente, se ha optado por tomar esta decisión justo el día en que se conmemoran dos años del fallecimiento de la Sra. Berta Cáceres, lo cual genera ciertas interrogantes.
- DESA expresa de forma categórica qué, tanto el Sr. David Castillo,
como la empresa, cumplen en todo momento con lo que establece la Ley en
Honduras, lo cual se refleja en un comportamiento que es intachable y
respetuoso de los derechos humanos.
- Para DESA, este acontecimiento representa un motivo más para seguir
luchando para terminar con la injusticia en el país. Hoy, una vez más,
en Honduras se está pasando por alto la verdad, por lo que DESA
trabajará incansablemente para que se haga justicia y se llegue a los
verdaderos responsables, evitando así culpabilizar a personas inocentes y
honestas como lo es el Sr. David Castillo.
- Mediante este comunicado, solicitamos respetuosamente la inmediata liberación del Sr. David Castillo, quien se ha caracterizado por ser siempre una persona honesta, íntegra en todas sus actividades, transparente y defensor de las comunidades.
DESARROLLOS ENERGÉTICOS S.A.
La historia de un crimen bien calculado
Los señalamientos contra los empresarios son claros. Y pese a la existencia indicios racionales, el Ministerio Público pasados dos años no ha capturado a los dueños de la empresa la Empresa Desarrollos Energéticos S.A, (DESA), señalados directamente de ser los responsables de mandar a asesinar a la dirigente ambientalista Berta Cáceres, según lo han denunciado sus familiares.
A dos años del crimen, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras,(MACCIH) ,investiga las denuncias de corrupción en la entrega de los contratos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, subsidiaria de DESA, pero no la participación de los socios en el asesinato de Berta Cáceres.
Hasta hoy, ocho autores materiales han sido encarcelados y al parecer las autoridades no están dispuestas a profundizar en las investigaciones. Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la MACCIH, dijo la semana anterior que el fiscal que lleva el caso se negó a entregarle el expediente.
El crimen
En la madrugada del jueves tres de marzo de 2016 el mundo se sorprendió con la muerte violenta de la dirigente indígena, Berta Cáceres. Ella era beneficiaria de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,(CIDH), y nadie se imaginó que el Estado de Honduras permitiría que la asesinaran.
Bertha, una mujer que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, de los indígenas, del territorio y de los demás recursos naturales, había recibido amenazas de muerte, pero las autoridades la dejaron sola y fue asesinada en su casa de habitación situada en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Era luchadora social y murió acribillada por sujetos que entraron después de forcejear las puertas.
El Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, justificando su mediocridad o su complicidad en el caso, adujo en su momento, que BertaCáceres rechazó la asignación de policías que le ofrecieron y que por tal razón solo le brindaban patrullajes en las cercanías de su casa. Unos días después reconoció que el Estado falló en protegerla.
El mundo se solidariza
El mismo día en que se conoció la noticia los representantes de la Unión Europea acreditados en Honduras lamentaron el asesinato y a través de un comunicado les exigieron a las autoridades investigar y enjuiciar a los culpables.
“La Unión Europea reitera su firme compromiso con los Derechos Humanos y a la protección de los que les defienden", afirmaron.
A esta petición también se sumó el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, organismo que desde Washington que se pronunció para condenar el crimen.
Otro organismo internacional que se mostró consternado con el crimen contra Berta, es el Centro Martin Luther King, que fechado en Cuba emitió un comunicado repudiando el hecho.
“Asesinaron vilmente a nuestra compañera Bertha, luchadora, líder, madre, mujer valiente, hermana nuestra. Mucho dolor e indignación. Para nadie resulta ajeno que Bertha encabezaba una lucha contra todo un sistema, no solo en Honduras, donde luchaba por el derecho de los pueblos indígenas, campesinos; es que su lucha trascendió las fronteras”, escribió el Centro Martin Luther King.
Por su parte, el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, James D. Nealon, condenó el crimen y también exigió la pronta investigación.
Pero el crimen también llamó la atención del mundo artístico, y el actor, Leonardo DiCaprio, quien recién había ganado el premio Oscar,por su película "El renacido", posteó en su cuenta de Twitter,"Increíblemente triste noticia de Honduras esta mañana. Todos debemos honrar las contribuciones valientes de Cáceres”, escribió DiCaprio.
También condenaron su muerte el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria Taulli-Corpuz, el Parlamento Europeo, organizaciones civiles de Latinoamérica, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania y los presidentes de Nicaragua, Guatemala, Ecuador y Venezuela entre otros.
Al funeral de Berta asistieron realizado el 5 de marzo de 2016 en La Esperanza, asistieron miles de personas que hicieron de este acto, un homenaje popular dirigido por los sacerdotes, Ismael Moreno y Fausto Milla, acompañados por rituales garífunas, lencas, misquito y quiche, clamando justicia.
En su afán de desviar la atención, horas más tarde del crimen, las autoridades anunciaron la detención del ambientalista mexicano, Gustavo Castro, quien la noche del asesinato se encontraba en la casa de Berta preparando materiales para una capacitación y a los miembros del COPINH, José Ismael Lemus y Aureliano Molina Villanueva a quienes señalaban como sospechosos.
La policía quiso vincular la muerte de Berta con un crimen pasional, pero al no poder sostener su mentira, liberaron a los detenidos. A Gustavo Castro lo hostigaron y le prohibieron salir del país durante treinta días, tiempo en que permaneció bajo resguardo policial en la embajada de México.
Los detenidos
El 2 de mayo de 2016, dos meses después del crimen, las autoridades capturaron a cuatro supuestos autores materiales y de ellos, dos son empleados de la empresaDESA y los otros, funcionarios del gobierno. Los detenidos son, Sergio Ramón Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Geovanny Bustillo y Edison Atilio Duarte Meza.
En ese momento, Sergio Ramón Rodríguez era el Gerente de DESA y según las investigaciones, él contrató al mayor de las Fuerzas Armadas, e instructor de la Policía Militar, Mariano Díaz para iniciar la planificación del crimen. Los otros detenidos son Douglas Geovanny Bustillo, militar retirado y responsable de la seguridad de DESA y Edison Atilio Duarte Meza.
El 20 de noviembre de 2017 la Agencia técnica de Investigación capturó a los policías, Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales, acusados de presentar pruebas falsas para desviar las investigaciones del crimen, y en primera instancia infirmaron que el asesinato había sido por robo, ellos eran los encargados de investigar el caso.
El 12 de enero de 2017 en Tamaulipas México, capturaron a Henry Javier Hernández Rodríguez, en San Pedro Sula a Elvin Heriberto Rápalo Orellana, alias El Comanche y en febrero de 2017 fue detenido Oscar Haroldo Torres. Éste por haberle disparado a Gustavo Castro.
Autor intelectual de asesinato a Berta cobraba sueldos en FFAA y ENEE
El
exgerente general de Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), ejecutora de
la represa Agua Zarca, subteniente de inteligencia militar Roberto
David Castillo Mejía, capturado este día por presunta autoría
intelectual en el asesinato de Berta Cáceres, cobró a la vez sueldos en
FFAA y ENEE, revela informe del TSC. Esta información forma parte de una
amplia investigación que en abril de 2016 publicó EL LIBERTADOR.
EL
LIBERTADOR ha accedido al informe del Tribunal de Cuentas, que confirma
que el responsable de la construcción de la represa Agua Zarca, contra
la que protestó Berta Cáceres y su pueblo Lenca, Roberto Castillo, se
quedó con casi 213 mil lempiras por cobro doble de sueldo al Estado de
Honduras.
El
agente Castillo también fue reparado por más de 270 mil lempiras, según
informe 066/2009-DCSD del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por haber
vendido a precios sobrevalorados equipo de oficina a las Fuerzas
Armadas, a través de la empresa Digicom, de acuerdo al expediente
elaborado por los auditores César Santos y César López.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó una investigación
especial en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y las
Fuerzas Armadas de Honduras, de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito
Central, relativa a la Denuncia Nº 0801-08-034, la cual hace referencia a
los siguientes actos irregulares: El señor Roberto David Castillo
recibe doble salario, como Oficial de las Fuerzas Armadas y empleado de
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), también mantiene
negocios con las Fuerzas Armadas mediante una empresa llamada DIGICOM
que vende equipo de cómputo y de oficinas sobrevalorado para darle
comisión a varia gente que labora ahí.
Al
realizar una investigación especial en las Fuerzas Armadas de Honduras y
en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con relación al
hecho denunciado que el señor Roberto David Castillo percibe doble
salario porque labora como Oficial de las Fuerzas Armadas y también es
empleado de la ENEE. Desde 2006 el señor Roberto David Castillo Mejía
labora en las Fuerzas Armadas, actualmente su cargo es Subteniente de
Inteligencia Militar.
Durante
la administración de la Junta Interventora en la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE), el señor Roberto David Castillo Mejía se
desempeñó como Asesor Técnico de la misma, y en fecha 13 de enero de
2008 la Abogada Rixi Moncada, ex Gerente General de la ENEE, requirió
los servicios profesionales del señor Castillo Mejía en esta
institución, es así que el 14 de enero de 2008, se nombra en forma
permanente al señor Roberto David Castillo Mejía como Coordinador
Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
asignándole un sueldo mensual de cuarenta y tres mil quinientos sesenta
lempiras (L.43,560.00).
En
relación a la situación del señor Roberto David Castillo Mejía,
Subteniente de Inteligencia Militar, se remitió a este Tribunal Dictamen
emitido por el Coronel de Ingeniería y Abogado Herberth Bayardo
Inestroza Membreño, Auditor Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas de
Honduras, en fecha 24 de julio del presente año, donde se establece que
por encontrarse en la condición de Adscrito a la Jefatura del Estado
Mayor Conjunto, el señor Castillo Mejía debería recibir únicamente
sueldo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pues se le
autorizó para que cancelara en forma directa sus cotizaciones al
Instituto de Previsión Militar (IPM), agregando que los pagos recibidos
por el señor Roberto David Castillo Mejía en las Fuerzas Armadas de
Honduras son reparables y sujetos de responsabilidad.
El
señor Roberto David Castillo Mejía no puede percibir doble salario al
desempeñar dos (2) cargos públicos remunerados a la vez, en vista que
esta situación es contraria a lo establecido en el artículo 258 de la
Constitución de la República, que manda: Tanto en el gobierno central
como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona
podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto
quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.
Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo
regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio
en cumplimiento de sus funciones.
Esta
situación ha ocasionado al patrimonio del Estado un perjuicio económico
por doscientos doce mil novecientos ochenta y seis lempiras con 67/100
(L.212, 986.67), debido a que el señor Roberto David Castillo Mejía ha
percibido en forma indebida su salario mensual en las Fuerzas Armadas de
Honduras desde el 14 de enero de 2008 a la fecha, mientras se encuentra
laborando en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en
condición de Adscrito a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.
Se
revisaron las compras realizadas por el Estado Mayor Conjunto a la
empresa Digital Communications S.A. (digicom) en los años 2007 y 2008,
las mismas corresponden a compra de suministro para oficinas y
accesorios de computadoras, el valor total pagado por este concepto
durante los dos (2) años es de ochocientos catorce mil ciento ochenta y
siete lempiras (l. 814,187.00), según detalle de compras proporcionado
por el Coronel José Ángel Núñez Navas, Pagador General del Estado Mayor
Conjunto.
Se
encontró la irregularidad que la empresa Digital Communications S.A.
(DIGICOM) que suministra equipo de oficina al Estado Mayor Conjunto, es
propiedad del señor Roberto David Castillo Mejía, quien labora en las
Fuerzas Armadas de Honduras desempeñando el cargo de Subteniente de
Inteligencia Militar, según consta en copia certificada de la Escritura
Constitutiva perteneciente esta empresa, misma que fue proporcionada por
el Registro Mercantil en fecha 19 de agosto de 2009.
Al
ser propietario de una empresa que vende suministros de oficina al
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Roberto David
Castillo Mejía quien labora como Subteniente de Inteligencia Militar en
esta institución, ha incumplido lo estipulado en el artículo 15 de la
Ley de Contratación del Estado. Además se incumplió el Artículo 16 de la
misma Ley.
Antes
de emitir la orden de compra para adquirir material de oficina y de
computadoras, la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto realiza
cotizaciones en varias empresas, observándose que las mismas carecen de
información suficiente que permita verificar si los precios ofrecidos
por estas empresas son correctos, además no contienen datos exactos como
ser número telefónico, dirección exacta de la empresa y RTN, además las
empresas no son reconocidas a nivel comercial.
En
virtud de considerar que algunos de los precios reflejados en las
Órdenes de Compras emitidas a favor de la empresa Digital Communications
S.A. son elevados, se efectuaron cotizaciones en las empresas CARIBE
COMP y ACOSA, las cuales comercializan productos similares a los
proporcionados por la empresa DIGICOM al Estado Mayor Conjunto,
encontrando que el valor pagado por este concepto en algunos de los
productos comprados a la empresa Digital Communications S. A. durante
los años 2007 y 2008, están por encima del precio cotizado a la fecha
actual, situación que provocó un perjuicio económico al patrimonio del
estado por valor de cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos
lempiras (L.57,582.00), al pagar un precio superior al establecido en el
mercado por insumos de oficina y computadoras, además la empresa
Digital Communications S.A. (DIGICOM) es propiedad del señor Roberto
David Castillo Mejía, Subteniente de Inteligencia Militar, en las
Fuerzas Armadas de Honduras, por lo que estas compras son contrarias a
la Ley según lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley de
Contratación del Estado.
De
los hechos descritos se formula responsabilidad civil de manera
solidaria por un monto de doscientos setenta mil quinientos sesenta y
ocho lempiras con 67/100 (270,568.67), a la cual al momento de
efectuarse el pago respectivo, deberán agregársele los intereses que
señala el Artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Cuentas, en contra de las siguientes personas: 1. Señor Roberto David
Castillo Mejía, Subteniente de Inteligencia Militar de las Fuerzas
Armadas de Honduras.
Por
percibir en las Fuerzas Armadas de Honduras, en forma indebida su
salario mensual durante el periodo comprendido del 14 de enero de 2008
al 31 de mayo de 2009, aun cuando labora en la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE), donde también percibe un sueldo por los
servicios profesionales prestados a esta institución; y por ser
propietario de la empresa Digital Communications S. A. (DIGICOM), esta
empresa durante los años 2007 y 2008 vendió a las Fuerzas Armadas de
Honduras equipo de oficina sobrevalorado.
Tipo
de responsabilidad: civil solidaria con el señor José Ángel Núñez
Navas, pagador general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Monto:
doscientos setenta mil quinientos sesenta y ocho lempiras con 67/100
(L.270,568.67). 2. Señor José Ángel Núñez Navas, Pagador General del
Estado Mayor Conjunto. Motivo del reparo: por permitir que la empresa
digital communications s. A. (DIGICOM), propiedad del señor Roberto
David Castillo Mejía, quien labora como Subteniente de Inteligencia
Militar en las Fuerzas Armadas de Honduras, durante los años 2007 y 2008
vendiera al Estado Mayor Conjunto equipo de oficina con un valor por
encima del establecido en el mercado a la fecha actual.
Tipo
de responsabilidad: civil solidaria con el señor Roberto David castillo
mejía, subteniente de inteligencia militar en las fuerzas armadas de
honduras, y propietario de la empresa digital communicationsm S. A.
Monto: cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos lempiras
(L.57,582.00).
Firme
que sea la resolución, que tendrá de carácter de título ejecutivo, el
Tribunal procederá a trasladar el respectivo expediente a la
Procuraduría General de la República, para que inicie las acciones
civiles que sean procedentes. Se cobrarán intereses calculados a la tasa
máxima activa promedio que aplique el sistema financiero nacional,
hasta el momento del pago efectuado por el sujeto con responsabilidad
civil y desde la fecha en que la resolución se tornó ejecutoriada.
De
acuerdo a la investigación especial realizada en las Fuerzas Armadas de
Honduras y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de la
ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, relacionada con los hechos
denunciados; se concluye conforme al análisis y estudio de la
documentación soporte presentada que contiene el expediente, lo
siguiente: Hecho Nº 1. Se comprobó que el señor Roberto David Castillo
Mejía es miembro activo de las Fuerzas Armadas de Honduras desde el año
2006, y en fecha 14 de enero de 2008 mediante Acuerdo Nº OM 024 fechado
el 21 de mayo de 2008, fue trasladado a la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE) en condición de Adscrito a la Jefatura del Estado Mayor
Conjunto, para desempeñar el puesto de Coordinador de Control de
Gestión.
Sin
embargo, en la dirección de recursos humanos de las Fuerzas Armadas de
Honduras, no se realizó en forma oportuna la suspensión en planilla del
señor castillo mejía mientras labora como coordinador de control de
gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), lo que ha
provocado un perjuicio económico al patrimonio del estado por valor
doscientos doce mil novecientos ochenta y seis lempiras con 67/100
(L.212, 986.67).
Hecho
Nº 2. En relación a las compras realizadas por el Estado Mayor Conjunto
a la empresa Digital Communications S. A. (DIGICOM), las cuales
corresponden a compra de equipo y suministros de oficina, se constató
que el propietario de dicha empresa es el señor Roberto David Castillo
Mejía, quien es miembro activo de las Fuerzas Armadas de Honduras desde
el año 2006, desempeñando el cargo de Subteniente de Inteligencia
Militar.
Además
se encontró la irregularidad que las Fuerzas Armadas de Honduras en las
compras realizadas a la empresa digicom durante los años 2007 y 2008,
pagó un valor superior al correcto en relación a los precios
establecidos para los suministros de oficina a la fecha actual, lo que
ha ocasionado un perjuicio económico al patrimonio del estado por valor
de cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos lempiras
(L.57,582.00).
Noticias Internacionales Independientes
Una nueva e impactante investigación vincula el asesinato de Berta Cáceres con directivos de la empresa hondureña de represas
01 de noviembre de 2017
Analizamos
una impactante revelación publicada el martes en relación al asesinato
de Berta Cáceres: se estableció un vínculo entre directivos de la
empresa contra cuyo proyecto de represa hidroeléctrica se manifestaban
la reconocida líder indígena hondureña y ambientalista junto a la
comunidad indígena lenca a la que pertenecía.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos a Elisabeth Malkin. Malkin es periodista de The New York Times y acaba de leer el nuevo informe realizado por un equipo de cinco abogados internacionales. El equipo encontró evidencias de que el plan para asesinar a Cáceres llegó a la dirección de la empresa de energía hondureña Desarrollos Energéticos, conocida como DESA, responsable de la construcción de la represa. Los abogados fueron seleccionados por la hija de Cáceres, Bertha Zúniga y son independientes de la actual investigación oficial del gobierno hondureño. Examinaron unas 40 mil páginas de mensajes de textos.
La investigación también reveló que DESA ejerció un control sobre las fuerzas de seguridad en la zona, dio instrucciones y pagó alojamiento, comida y equipamiento para las unidades policiales.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos a Elisabeth Malkin. Malkin es periodista de The New York Times y acaba de leer el nuevo informe realizado por un equipo de cinco abogados internacionales. El equipo encontró evidencias de que el plan para asesinar a Cáceres llegó a la dirección de la empresa de energía hondureña Desarrollos Energéticos, conocida como DESA, responsable de la construcción de la represa. Los abogados fueron seleccionados por la hija de Cáceres, Bertha Zúniga y son independientes de la actual investigación oficial del gobierno hondureño. Examinaron unas 40 mil páginas de mensajes de textos.
La investigación también reveló que DESA ejerció un control sobre las fuerzas de seguridad en la zona, dio instrucciones y pagó alojamiento, comida y equipamiento para las unidades policiales.
A la memoria de Berta Cáceres…
20
Nov
2017
rt (Radio Temblor)
rt (Radio Temblor)
Queremos compartir la presente
producción audiovisual dedicada la lideresa e indígena lenca Berta
Cáceres. Junto a ella, su palabra y lecciones , profundizo nuestro
acervo cultural y pensamiento, en este largo caminar, que es decir la
lucha por nuestros pueblos y los bienes ecológicos.
La canción Aliados, es fiel expresión y sentir, del dúo de rap indígena underground Kuna Revolution de Panamá, que en junto a los productores de Radio Temblor, presentan distintas imágenes de los actos y movilizaciones en el marco del Encuentro Internacional de los pueblos “Berta Cáceres” en Honduras. Además, de algunas imágenes del pueblo indígena Ngäbé Büglé que deliberan una gran batalla contra el extractivismo en Panamá.
La canción Aliados, es fiel expresión y sentir, del dúo de rap indígena underground Kuna Revolution de Panamá, que en junto a los productores de Radio Temblor, presentan distintas imágenes de los actos y movilizaciones en el marco del Encuentro Internacional de los pueblos “Berta Cáceres” en Honduras. Además, de algunas imágenes del pueblo indígena Ngäbé Büglé que deliberan una gran batalla contra el extractivismo en Panamá.
ONU exige verdad y sanción a todos los autores del asesinato de Berta Cáceres
Este
2 de marzo 2018, a dos años del asesinato de Berta Cáceres, la Oficina
del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
Honduras (OACNUDH), reitera al Estado hondureño la urgencia de
profundizar la investigación para el esclarecimiento de la verdad y la
sanción de todos los responsables en el crimen contra la destacada
ambientalista.
EL LIBERTADOR publica el comunicado íntegro emitido este día por la OACNUDH, rectorada por María Soledad Pazo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en Honduras (OACNUDH), en el marco del segundo aniversario del
asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta
Cáceres y tentativa de asesinato del ambientalista Gustavo Castro desea
expresar lo siguiente:
Reiteramos
la responsabilidad del Estado de investigar este caso, con la debida
diligencia lo cual conlleva la obligación del Estado de realizar una
investigación que sea expedita, independiente, pronta y exhaustiva, que
agote la extensión de las diferentes autorías y grados de participación,
permitiendo conocer la verdad de los hechos y la reparación de las
víctimas y sus familiares.
El
Estado además deberá garantizar el derecho de las víctimas a participar
en el proceso, lo cual implica que tengan acceso y capacidad de actuar
en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos
judiciales a través de la figura de acusación privada.
En
este sentido, la Oficina considera importante que el ente de
investigación y persecución penal pueda dar respuesta en un plazo
razonable a las solicitudes presentadas por la acusación privada,
incluyendo el requerimiento presentado el pasado mes de octubre sobre
posibles autorías intelectuales a la luz de hallazgos encontrados en
documentación compartida, mediante orden judicial.
La
Oficina reconoce el incremento gradual del acceso a la información en
relación a las diligencias investigativas, no obstante, se siguen
observando fuertes desafíos en materia de transparencia en cuanto a la
falta de claridad sobre los criterios seguidos para determinar de la
secretividad de la información.
La
Oficina desea recordar que la limitación de este acceso debe imponerse
en la medida estrictamente necesaria para garantizar la plena
efectividad de la participación de la acusación privada.
Como
parte de las medidas de no repetición, la Oficina considera fundamental
que el Estado de Honduras en atención a las recomendaciones de los
órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas,
adopte las medidas que permitan superar las debilidades institucionales y
normativas que persisten en el país para que los pueblos indígenas
puedan tener un acceso efectivo a la justicia y obtener una protección
judicial de sus derechos, incluyendo la protección de sus territorios y
recursos naturales.
Como
ya fue señalado por la Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, el
Estado Hondureño tiene la obligación de desarrollar y fortalecer
mecanismos específicos y permanentes que permitan a los pueblos
indígenas presentar sus demandas y obtener una reparación por
violaciones a los derechos sobre sus tierras y recursos conforme al
Convenio núm. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La
Oficina reitera la obligación del Estado de establecer un marco
normativo e institucional que garantice el goce de los derechos de los
pueblos indígenas, siendo la consulta previa un pilar fundamental para
tal fin. Igualmente importante es investigar los posibles actos de
corrupción y abuso de autoridad que hayan posibilitado la adjudicación
de recursos naturales en detrimento del derecho a la consulta y
consentimiento libre, previo e informado.
Aparejado
a esta obligación estatal, la Oficina invita a que las empresas
incorporen gradualmente los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos, que garanticen el respeto de los derechos
de los pueblos indígenas, sus tradiciones, prácticas y procedimientos de
decisión, particularmente en proyectos que puedan tener una afectación a
sus medios de vida y territorios.
La
OACNUDH continúa expresando su apoyo a la familia de Berta Cáceres y su
acompañamiento en los esfuerzos por la búsqueda de la verdad, reitera
al Ministerio Público su ofrecimiento de colaboración para avanzar en el
esclarecimiento del crimen e identificar las responsabilidades tanto
materiales como intelectuales.
Finalmente,
OACNUDH reconoce y apoya el rol fundamental de la labor de las personas
defensoras de derechos humanos en una sociedad democrática, recordando
al estado la obligación de tomar medidas que garanticen un entorno
seguro y propicio para la no-repetición de ataques y crímenes de esta
naturaleza.
LA LUCHA POR LA LEGITIMACION
Las flamas gigantes de llantas
incendiadas sobre el pavimento, símbolo de la resistencia popular
contra la dictadura, siguen vivas en Honduras.
Es decir, no estamos en tiempos de
nostalgias, pesadumbres, quejumbres, ni falsos lutos, porque es tiempo
de lucha, de resistencia e insurrección.
Así lo entienden en el oriente, norte,
occidente y centro del país, donde la población no olvida ni perdona a
los asesinos de Berta Cácares ni a los 150 asesinatos políticos después
del golpe de estado de 2009. Y no los olvida, porque los conoce bien.
No olvida ni perdona porque los
criminales arropados con el poder de la bandera nacional y rociados de
agua bendita por los cristianos diabólicos, permenecen todavía
inalcansables. Son los fraudulentos, los corruptos, los impostores que
el pueblo no quiere ver ni obedecer.
Por eso en la tarde noche de ayer
viernes y este sábado 3, en al menos ocho ciudades hondureñas y
aproximadamente 30 capitales del mundo, hay actividad con flores, velas,
pancartas, manifestaciones, cantos, poesías, esculturas, discursos y
reclamos de todo tipo.
El clamor es general, ahora faltan los
autores intelectuales del crimen contra Berta, los que pagaron e
inspiraron su asesinato: EL FMO de Holanda, el Find Found de Finlandia,
el Banco Centroamericano, FICHOSA, el COHEP, los jefes de los militares
en las Fuerzas Armadas y, particularmente, la cúpula del Partido
Nacional en Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Lempira. Todos ellos y
ellas son responsables. Y deben pagar.
Así lo recordó Austraberta – la madre –
en Tegucigalpa; Olivia – la hija diputada – en San Pedro Sula; Berta
Isabel – la coordinadora del COPINH – en La Esperanza y miles de Bertas
en el mundo entero.
La memoria colectiva está bien clara
al asociar este proyecto de muerte con el crimen organizado, la cúpula
política golpista, los militares y policías narcos, también con las
empresas financieras transnacionales, el gobierno de Estados Unidos y
los carteles cristianos.
Esos son los actores que atacan la
vida de los pueblos originarios y garífunas que rechazan su modelo de
muerte. Y son los mismos que dieron el golpe de estado en 2009 y apoyan
ahora la dictadura. Y los mismos que se robaron el Seguro Social. Y los
mismos que justifican las muertes y los presos políticos de la oposición
nacional.
Además, el segundo aniversario de la
siembra universal de Berta Cáceres ha servido concretamente para mirar
con ojos críticos el soporte ideológico y económico del Pentágono para
la instalación de la dictadura del impostor en centroamérica.
Igualamente, el segundo aniversario de
la multiplicación del pensamiento de Berta ha servido para revelar la
estrategia de legitimación política de Juan Orlando Hernández, que
evidentemente ha pactado la entrega de algunos mimebros de su partido al
ruedo mediático concertado para ganar legitimación internacional como
una “dictadura democrática” que lucha contra su propia corrupción.
Nada es casual. La visita oficial de
la embajadora de Trump, la exhibición de armamentos militares, la
captura de Rosa Elena Bonilla, el desfile de delincuentes de la Red ante
la MACCIH y la detención del teniente coronel de West Point que intentó
sobornar en vida a Berta Cáceres y que al no poder, planificó su
asesinato con la venia de sus jefes.
Todo esto ocurrió en las últimas 48
horas, como en una película de acción antes del segundo aniversario de
Berta. En realidad, quieren quitarle prestada a la oposición la bandera
anticorrupción y la defensa de los derechos humanos por un instante,
para simular que pueden autojuzgarse. Pero es un show, y lo sabemos. Por
eso la incredulidad general. Porque los conocemos.
Por eso el segundo aniversario de la
resurrección de Berta Cácares también sirvió para demostrar que la
conciencia universal está intacta, que no da tregua a los asesinos ni se
olvida del heroísmo de las personas que han ofrendado su vida por la
vida de todo un pueblo.
Esta es la lección principal, la lucha
permanente por la legitimación de la verdad y la estampa viva de un
pueblo invencible, frente a los intentos de una dictadura narca,
corrupta y asesina por hallar en la prensa vendida un espacio ruidoso
para exhibir su estiércol hediondo.
Con su permiso, buenas noches!DiCaprio visitaría Honduras en conmemoración de muerte a Berta Cáceres
El
destacado actor de Hollywood y conocido ambientalista, Leonardo
DiCaprio, reaccionó solidario con la familia Cáceres cuando se enteró
del asesinato de la laureada hondureña defensora del ambiente en la
madrugada del 3 de marzo de 2016, cuyo castigo a los autores
intelectuales siguen reclamando personas e instituciones de Honduras y
del mundo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A
dos años del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, la
madrugada del 3 de marzo de 2016, ha trascendido que el reconocido
ambientalista y actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, visitaría a
Honduras para asistir al evento de conmemoración de la muerte a la
hondureña defensora del ambiente.
El
protagonista de Titanic y otras tantas películas de impacto mundial
vendría directamente a ciudad occidental, La Esperanza, Intibucá, donde
Berta nació y murió defendiendo las montañas y los ríos de su pueblo
Lenca.- Además, se conoció que llegaría en compañía de la lideresa
indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
El
destacado actor de Hollywood y conocido ambientalista, reaccionó
solidario con la familia Cáceres cuando se enteró del asesinato de la
hondureña defensora del ambiente, cuyo castigo a los autores
intelectuales siguen reclamando familiares, personas e instituciones de
Honduras y del mundo.
Desde
1998 DiCaprio creó su propia fundación ambiental para velar por el tema
ecológico y calentamiento global, desde donde otorga fondos a proyectos
y programas de conservación innovadores y eficaces a instituciones
confiables sin fines de lucro.
A dos años del asesinato de Berta Cáceres su familia denuncia "criminalización y persecución"
Este viernes, cuando se cumplieron dos años del asesinato de Berta Cáceres, fue detenido el presidente de DESA, David Castillo, acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen. Desde COPINH aseguran que seguirán denunciando a "toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y de la cual David Castillo es solo una pieza".
A dos años del asesinato de Berta Cáceres su familia denuncia “criminalización y persecución”.
Las hijas de fallecida activista ambientalista, Olivia Zúñiga Cáceres y Laura Zuñiga Cáceres, coincidieron en que actualmente se encuentran viviendo la misma situación que su madre antes de ser asesinada “criminalización y persecución e incluso atentados en dos ocasiones”.
“Ha habido una campaña mediática contra nosotros y nos han amenazado con levantar procesos judiciales”, alertaron.
A su vez denunciaron las pésimas labores por parte del Ministerio Público hondureño para resolver de manera definitiva el asesinato de su madre.
Lamentaron que a dos años del asesinato aún se encuentran en la espera de la celebración del juicio oral, “el juicio comienza con una gran carencia. Hay ocho personas detenidas pero, entre ellas no están los autores intelectuales. (…).
Caso Berta Cáceres: Gobierno de Honduras estuvo involucrado en asesinato de la ecologista
Un grupo de expertos internacionales concluyeron que funcionarios del Gobierno hondureño estuvieron involucrados en la muerte de la ambientalista, sucedida en 2016.Proyecto contra el cual estaba luchando Berta cuando fue asesinada por considerarlo una amenaza contra el territorio de la comunidad de la etnia Lenca.
Hija de Berta Cáceres: “El Estado hondureño busca imponerse con políticas de terror”
A un año del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, su hija, Olivia Zuñiga denunció que el Estado de Honduras realiza una campaña de odio y desprestigio contra su familia y el Consejo…Detención del presidente de DESA
Este viernes fue detenido el presidente de DESA, David Castillo, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres.Tras la detención el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) emitió un comunicado en el que afirma que “seguirá denunciando a toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y de la cual David Castillo es solo una pieza”
“Gracias a todo el trabajo y la presión creada con la solidaridad y trabajo de las organizaciones a nivel nacional e internacional. Y no gracias a la celeridad del MP, quienes han intentado por todos lo medios ocultar la verdad en el caso”, expresa el texto.
“El Estado de Honduras intenta opacar las manifestaciones del día de hoy a 2 años del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, con esta captura, sin embargo, el COPINH desde el inicio lo ha denunciado a él como gerente general, junto a toda la junta directiva de la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah”, alerta el comunicado.
Finalmente advierte “el COPINH seguirá denunciando a toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y de la cual David Castillo es solo una pieza”.
Los y las defensoras del país más riesgoso para defender DDHH
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- Ser defensor o defensora de derechos
humanos no excluye a nadie, puede ser una acción temporal o permanente,
en cualquier lugar donde se violenten los mismos; En Honduras hay por
doquier, justo en un país catalogado entre los más peligrosos para
defensores ambientalistas, indígenas, mujeres, periodistas, abogados,
diversidad sexual, niñez y otros. Y hoy 09 de diciembre se conmemora su
día.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que,
a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los
derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por lo que es importante desarrollar trabajos en redes y grupos afines a
un mismo propósito.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), le ha apostado a dicho trabajo y dedicado a la formación de redes de defensores y defensoras de DDHH a nivel nacional, conociendo desde el origen a cada grupo y acompañándolo en su crecimiento y trabajo en campo, siempre enfocado en los derechos civiles y políticos.
Más
de un centenar de voluntarios y voluntarias forman parte de la red de
Defensores/as Ocotepecanos de Derechos Humanos (DEOCODERH); Red de
Defensores/as de DDHH de Lempira (Red Lempira); Red de defensores y
defensoras de DDHH del Sur (REDEHSUR); Red de Defensores/as y
Comunicadores/as Sociales del departamento de El Paraíso (RED-ORIENTE),
Red con defensores por el acceso a la tierra con el Observatorio
Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHA), La Vía
Campesina, Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), e
indígenas Lencas de La Paz; Red de Jóvenes con representación en La
Esperanza, Santa Bárbara, Siguatepeque, Santa Bárbara, Juticalpa,
Santa Ana y Tegucigalpa; alianzas con gremios profesionales,
sindicatos, estudiantes, ambientalistas y demás líderes sociales.
En esta coyuntura, organismos internacionales instan a los Estados
que deben velar por la protección y seguridad del defensor y defensora
de derechos humanos. En Honduras hay casos de defensores y defensoras
que gozando de medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron asesinados, por
mencionar algunos nombres está Héctor Martínez Motiño (2015), Berta
Cáceres Flores y José Ángel Flores (2016).Asimismo, continúan las denuncias de hostigamiento, estigmatización, persecución y amenazas a muerte contra defensores y defensoras en Honduras, pese a que desde el 2015 se aprobó una ley de protección para defensores de DDHH, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justica, las estadísticas de denuncia son interpuestas en mayor cantidad y confianza ante organizaciones de DDHH que, quizás el mismo Mecanismo de Protección (parte de la Ley), tal como lo reveló el informe del fondo de emergencia ejecutado por el COFADEH, Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H); y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
El informe “Sistematización
de las buenas prácticas, lecciones aprendidas, sobre el Fondo de
Emergencia para protección de defensores/as de derechos humanos en
Hondura”, benefició a 254 de personas desde el año 2013 hasta marzo
reciente, entre ellas defensores y/o familiares a veces por estar en
prisión o huyendo de la persecución.
El derecho internacional reconoce claramente el papel fundamental de las personas defensoras derechos humanos en poner un término de de manera efectiva a las violaciones de estos derechos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos urge a los Estados a apoyar y proteger estas personas.
Pero en Honduras, la ley se aplica –casi siempre- contra los y las
defensoras de derechos humanos que son señalados por funcionarios
estatales, empresarios o terratenientes. Algunas defensoras como
Magdalena Morales y Gladys Lanza, no alcanzaron ver la victoria de su
lucha, ya que la persecución judicial les deterioró la salud hasta la
muerte.
Abel Pérez, Santos Hernández, Carlos López y Samuel Martínez,
estuvieron en prisión por defender el derecho a la tierra, fueron
acusados de irrespetar las medidas sustitutivas a la prisión, en un
proceso que las autoridades judiciales los lleva al manquillo de los
acusados por usurpadores.
Mientras que, los defensores de derechos estudiantiles, Moisés
Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, fueron condenados por el delito
de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), desde el 2015 y la individualización de la pena fue en
agosto pasado, aun sin tener pena concreta, semanas después hasta su
abogado defensor, Laureano Carvajal fue privado de libertad acusado de
falsificación de documentos privados –en un caso de años anteriores-,
los cuatro permanecen con medidas sustitutivas a la prisión.
Casi
90 defensores de la educación superior (en cuenta cuatro defensores de
ddhh y periodistas) han sido criminalizados este año, por autoridades de
la UNAH, Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
En el caso de los tres estudiantes condenados, la UNAH violentó un
acuerdo de homologación formado el 20 de julio del 2016, donde se
estableció la suspensión de todos los requerimientos fiscales, pues
había un grupo 75 jóvenes con procesos por usurpación, como le llaman a
las protestas sociales en defensa de la educación pública.
En Honduras, las amenazas son cada vez más constantes, en el marco
post electoral del 26 de noviembre, el gobierno de Juan Orlando
Hernández, decretó un ilegal toque de queda, que dejó como saldo 12
personas asesinadas por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y
dos policías preventivos, según informe del COFADEH. En este marco hay
cientos de detenidos y golpeados, pero cientos de miles enfrentándose al
poder político y militar por la defensa de la soberanía patria, porque
la reelección presidencial es ilegal.En conmemoración del día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos, el 9 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas, insta a todos los Estados a que apoyen y protejan a quienes defienden los derechos humanos, sea a nivel internacional, regional o nacional, a través de la construcción de alianzas en favor de las y los defensores y de la adopción de medidas concretas para proteger a estas personas.
En la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección.
Por su parte Amnistía Internacional apoya a las defensoras y defensores porque se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos y porque ponen al descubierto la inmensa brecha entre los compromisos retóricos de los gobiernos y su limitado cumplimiento en la práctica.
Opiniones:
Para mi ser defensor de derechos humanos en mi municipio es estar apoyando al más necesitados haciendo que se respeten sus derechos y haciéndoles saber que no están solos y a las autoridades qué hay alguien que los vigila que los va estar observando y que van a denunciar. En mi caso me he dado a conocer con la policía, me he ganado el respeto y en cualquier cosa me toman en cuenta en la comunidad, es un orgullo ser defensor de derechos humanos.
Oscar Henríquez- Red Lempira
He estado tan pendiente de todo lo que sucede a mí alrededor, mirando lo injusto, a punto de perder el control, pero mi formación no me lo ha permitido; pero si hoy me di cuenta quien es el enemigo del pueblo que sufre y seguirá sufriendo. El proceso de cambio en Honduras es largo. Mientras tanto, estaré vigilante del más atropellado en su derecho, soy un defensor muy bien formado al servicio de un pueblo. Estoy más que listo para lo que sea.
Cecilia Lagos- Red Lempira
Ser defensora de DDHH, es poder brindar ayuda a toda persona que se le violentan sus derechos humanos, dar acompañamiento, documentar para tener un registro.
Patricia Eguigure- Red Oriente
Una defensora de DDHH es aquella que ayuda a otras personas que han sido objeto de agresión por parte de cualquier funcionario público.
URUGUAY
Programa de Alta Dedicación Operativa: mismas acciones en modernos disfraces
Diego León Pérez y Tamara Samudio
Este artículo describe el funcionamiento del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) del Ministerio del Interior. Los autores reflexionan sobre el lugar que este ocupa en la política de seguridad del gobierno y plantean algunas tensiones que atraviesan al programa: la alta presión ejercida sobre determinadas poblaciones, el sesgo implícito en el uso de la tecnología y el carácter productor de subjetividad de estas intervenciones.
¿Qué es el PADO?
Desde hace ya varios años la principal preocupación de los uruguayos, de acuerdo a los barómetros de opinión pública, es “la inseguridad”. Si bien el Frente Amplio no articula un discurso potente al respecto, este problema sistemáticamente aparece en escena asociado al miedo al delito común, con un destaque de las rapiñas. Tabaré Vázquez se comprometió, durante la campaña electoral, a reducir un 30% las mismas. El Ministro Bonomi, por su parte, sostiene que este delito “lleva a la gente a sentir más inseguridad” [1]. La solución a la principal preocupación de los uruguayos pasa entonces por la reducción de las rapiñas.
El PADO comienza en Montevideo a partir de 2015, expandiéndose a Canelones y San José en 2016 y 2017, e implementa un sistema de patrullaje focalizado en zonas delimitadas por la concentración de denuncias de delito. La premisa es simple: el delito se concentra en determinados lugares de la ciudad, por lo que, con la tecnología adecuada, se puede estimar la ubicación de esos lugares y concentrar recursos policiales allí. El PADO promete, de manera moderna y eficiente reducir las rapiñas, que, mutatis mutandis sería reducir la inseguridad.
Éste programa ocupaba, a julio de 2016, a 815 policías, que desde distintas procedencias (400 de Montevideo, 120 de Canelones, 25 de San José y 270 de la Guardia Republicana) [2] se disponían a integrarse al Programa, a cambio de un incentivo salarial. La OPP calcula que el programa costó 538 millones de pesos durante el ejercicio 2016. La operativa se coordina desde el moderno centro de control de la Unidad de Análisis Criminal (UAC). Allí se procesa toda la información recabada por la policía (a través de las denuncias realizadas, patrullaje, y cámaras de videovigilancia). El PADO depende de la Secretaría del MI, y es comandado por el Director de Policía Nacional, Crio. General (r) Mario Layera. Esta estructura de mando centralizado es diferente de la lógica de patrullaje territorial coordinada por comisarías, y aunque existe un movimiento hacia la concentración de mando operativo en el vértice del ministerio, estas lógicas aún conviven.
La intervención apunta a la ejecución de dos estrategias conjuntas y complementarias: la realización de un patrullaje de prevención y represión del delito, y la elaboración de un relevamiento ambiental, a través de un formulario que recoge características del territorio delimitado.
Moderno disfraz
Se parte de la base que «existe una vinculación “fuerte” entre lugar y delito (más que entre delito y persona), lo que significa plantear la hipótesis de que los microterritorios tienen características físicas y sociales que incrementan las oportunidades para cometer delitos» [3]. Ante la situación de crecimiento de las denuncias de rapiñas durante 10 años consecutivos, el Ministerio del Interior decidió actuar en las zonas donde se éstas se desarrollan en mayor medida. Definió entonces incorporar softwares de georreferenciación y sistematización de los hechos, fortaleciendo para ello la Unidad de Análisis Criminal (UAC), y desarrollando el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que se orienta a sistematizar datos vinculados a la consecución de delitos. Una de las piezas claves de este enfoque de policiamiento predictivo es PredPol.
PredPol nace de un proyecto de investigación realizado por el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Este software se alimenta de datos de delitos, los procesa en función de un algoritmo propietario, y devuelve una retícula en un mapa, con determinados “puntos calientes”. Dichos puntos indican que allí existe una alta probabilidad de que se cometa un delito. La lógica operativa se orienta, entonces, a ubicar patrullaje extra en esos puntos, de manera de estar ahí para prevenir reprimiendo. PredPol, y otros softwares similares han sido utilizados en diferentes ciudades del mundo con resultados ambiguos, y el sistema de policiamiento que propone ha sido puesto en cuestión en numerosas ocasiones.
Estos programas realizan machine learning; es decir, detectan patrones en los datos de los que se alimenta, para luego repetirlos en futuras predicciones. Por lo tanto, y esto vale para todos los sistemas que dependen de algoritmos, la información que nos devuelva será sólo tan buena como los datos que ingresemos. Esto presenta un cuestionamiento fundamental: como señalan Lum e Isaac [4], los registros policiales no miden el crimen, sino una interacción compleja entre la criminalidad, la estrategia policial y las relaciones entre la policía y la comunidad.
Como ejemplo, en el estudio citado se encuentra que en Oakland, Estados Unidos, esa interacción resulta en el envío de policías a ejercer presión sobre zonas pobres, que eran por otra parte las zonas donde la policía tradicionalmente ejercía presión. Por lo tanto, eran las zonas que aparecían en los registros que se utilizaron para alimentar al PredPol en un primer lugar. Un algoritmo es una máquina de encontrar patrones y repetirlos. Aplicada sin cuidado, su lógica es la del círculo vicioso. La tecnología se convierte en un legitimador del viejo olfato policial.
Para el Ministerio del Interior, sin embargo, dicho sistema logró “tener conocimiento cabal de cuál es la situación criminal en el país” pudiendo establecer “perfil de la víctima, del victimario y del escenario donde están operando los criminales” [5].
Cabría cuestionar dicha afirmación, ya que en sus primeros dos meses de actividad el PADO registró a 39.327 personas para detener a 734. Parece plausible pensar que, si una patrulla registra personas que pasan por un determinado cuadrante donde estadísticamente se han producido más delitos, eventualmente pueda encontrar personas que lo hayan cometido ¿Es entonces esa una estrategia eficiente?
En territorio
El trabajo de georreferenciación realizado por la UAC estableció 120 segmentos [6] en 28 circuitos, lo que representa el 8% del territorio metropolitano, el 1% del total de las calles montevideanas, y el 27% de su población. En Canelones, se definieron 50 segmentos en 19 circuitos, mientras que en San José 11 segmentos en 5 circuitos.
El abordaje territorial se simplificó en sostener la custodia constante de éstas áreas creadas, “asignando a cada circuito un equipo conformado de manera estándar por: un oficial (con vehículo de cuatro ruedas), entre dos y tres policías de a pie por segmento, y de dos a cuatro policías en moto“. De esta forma, se ubica a los policías de a pie en segmentos, que son acompañados por el patrullaje de móviles en los circuitos, dotados con equipos de acceso a bases de datos de control de personas, vehículos, así como contacto con la base.
De esta forma, bajo fines “prevencionistas”, se logra imponer en zonas calificadas “de conflicto” un sistema de vigilancia y revisión casi constante de personas, vehículos, instalaciones y actividades desarrolladas. Asimismo, las tareas de previsión se tornan tareas represivas, con la utilización y abuso de “controles de rutina” tales como el pedido de documentación, registro o cacheo en la vía pública, sin razón aparente.
Este trabajo territorial se complementa con el desarrollo de una segunda tarea prevista por el programa, que es la elaboración de un relevamiento ambiental. El mismo supone una caracterización de la zona, en función de la búsqueda y localización de elementos que “estimulan” el delito. Así, se construyen y caracterizan escenarios peligrosos, “propensos al delito”, en función de la identificación de “factores criminogénicos”. Esto constituye una clasificación territorial basada en impresiones subjetivas, como es la “valoración del estado de edificaciones y limpieza del lugar y (..) descripción de las características predominantes percibidas en los individuos que circulan la zona”. La percepción subjetiva marca la estrategia analítica y clasificatoria de un espacio social determinado.
La intervención se focaliza en territorios delimitados por parte de fuerzas represivas, que, inexpertas para trabajar en primer nivel de abordaje, controlan, presionan y registran poblaciones, y en paralelo dibujan un mapa subjetivo de la zona, basado en calificaciones arbitrarias sobre sus características.
Lo que reproduce
El modelo de patrullaje de alta intensidad trae aparejado el aumento en éstas zonas de la intervención sobre personas, que es realizada de forma aleatoria y discrecional. En efecto, de acuerdo a la OPP, en Montevideo por cada persona detenida se paró y registró a otras 48 en promedio, mientras que en Canelones y San José se realizaron registros a 121 (en promedio). Sólo en las zonas donde el PADO intervino los primeros dos meses fueron paradas y registradas cerca de 40.000 personas. Debe a su vez mencionarse que las detenciones no significan la resolución de algún hecho delictivo. Hablando en términos de eficiencia, los resultados de ésta tarea deberían ser fuertemente cuestionados.
Sin embargo, las consecuencias de dicho accionar “preventivo” son la extensión y legitimación de una práctica violenta y estigmatizante para la población que por allí circula, que es controlada de forma permanente y discrecional por la policía. Esto limita su libertad. A su vez, dicho sesgo se profundiza si tomamos en cuenta la “selección criminalizante” que la policía realiza sobre un otro “sospechoso”, donde los jóvenes varones pobres provenientes de zonas periféricas, son los más sometidos a la revisión y violencia policial [7].
Para el Ministerio del Interior no parece ser un problema, ya que, más allá de las estadísticas de crimen, no evalúa los efectos que la acción discrecional de la policía en territorio, y la violencia asociada a la misma tiene en las comunidades afectadas.
Misma receta
La intervención territorial ejecutada puede ser calificada como exitosa si nos focalizamos en los objetivos propuestos por el MI; las zonas bajo custodia del PADO vieron reducidos cerca de un 41% la cantidad de rapiñas para 2016. Los resultados parecen vistosos en términos cuantitativos. Para los objetivos y la definición política que en materia de seguridad ha incorporado el Ministerio, esta estrategia cuadra perfectamente con las acciones desarrolladas en los últimos años [8]. A su vez, la campaña de visualización en incorporación de tecnología legitima la estrategia, disfrazándola de ciencia desplegada. Esto se inscribe en la retórica del proceso de modernización, cristalizado en la “nueva policía”.
El PADO profundiza una forma de pensar y ejecutar la política pública en materia de seguridad ciudadana, basada en mostrar que se están reprimiendo los delitos que más influyen en la opinión pública (delitos contra la propiedad: rapiñas, hurtos y copamientos). Desafortunadamente no existen respuestas tan espectaculares para el delito de cuello blanco, los delitos ambientales o la violencia de género, que reportan altos riesgos para la población.
A su vez, esta jerarquización se desarrolla desde y en haras de continuar delineando un sujeto peligroso, segregando territorial y socioeconómicamente a la población residente en determinadas zonas de la ciudad [9]. La policía realiza un trabajo de creación de “chivos expiatorios individuales y barriales, con el fin de poder, con los primeros, generar un miedo próximo, dado que, los delincuentes, al ser mostrados como sujetos errantes en las urbes, omnipotentes y omniscientes, pueden atacar en cualquier momento; (…) encarnar el delito en un espacio físico, en particular barrios marginados para intervenir esos lugares con operativos aleatorios y, a su vez, justificar el avance del control y la vigilancia en los otros, por prevención” [10].
[1] “No me niego a discutir aumentar penas”. Entrevista a Bonomi en Semanario Brecha, 17 de junio de 2016. En: https://brecha.com.uy/no-me-ni
[2] Hacia la rendición de cuentas de 2017 se preveía la incorporación de mayor personal policial (cerca de 500 efectivos), gran proporción de ellos provenientes de la Guardia Republicana (al menos 150).
[3] Dirección de Gestión y Evaluación, Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Evaluación DID del Programa de Alta Dedicación Operativa. Montevideo, año 2016. Disponible en http://transparenciapresupuest
[4] o predict and serve? Kristian Lum y William Isaac, publicado en Octubre de 2016 en Significance (V13-I5). Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com
[5] Ana Sosa, Jefa de la Unidad de Análisis Criminal, Ministerio del Interior. En “Huellas codiciadas” Artículo de Semanario Brecha. 7 de julio de 2017. En https://brecha.com.uy/huellas-
[6] El punto crítico, lugar inicial de la clasificación territorial del fenómeno, es un lugar de hasta 10 metros donde han ocurrido como mínimo 14 rapiñas en un año. El segmento, por su parte, es un trayecto de entre 100 y 200 metros donde se registran por lo menos 15 rapiñas al año. El circuito es un espacio territorial que engloba ambas caracterizaciones.
[7] En este sentido, vale recordar la encuesta sobre Violencia policial que realizó Serpaj en conjunto con otras organizaciones, que confirma la selectividad marcada en cacheos y detenciones de adolescentes y jóvenes en los espacios públicos de Montevideo: el 16,1% de los adolescentes y jóvenes varones residentes en barrios de contexto fueron parados por la policía entre 2011 y 2015 (cifra que aumenta considerablemente en mayores de 18 años), ejecutándose su mayoría en barrios con peores indicadores socioeconómicos. Esta situación se sostiene en los territorios donde aumenta el nivel socioeconómico, siendo alta la proporción de jóvenes intervenidos por la policía que residen en barrios pobres. Ver en http://www.serpaj.org.uy/serpa
[8] Operativos de saturación, razzias, desarrollo de sistema de videovigilancia, construcción de nuevas cárceles, aumento sostenido de las penas, son algunos ejemplos
[9] Sansone, Mostrar sin demostrar: un acercamiento crítico a la política de comunicación del Ministerio del Interior de Uruguay. Tesis de grado FCS-Udelar, Montevideo, abril 2017
[10] Sansone 2017, página 2
Desde hace ya varios años la principal preocupación de los uruguayos, de acuerdo a los barómetros de opinión pública, es “la inseguridad”. Si bien el Frente Amplio no articula un discurso potente al respecto, este problema sistemáticamente aparece en escena asociado al miedo al delito común, con un destaque de las rapiñas. Tabaré Vázquez se comprometió, durante la campaña electoral, a reducir un 30% las mismas. El Ministro Bonomi, por su parte, sostiene que este delito “lleva a la gente a sentir más inseguridad” [1]. La solución a la principal preocupación de los uruguayos pasa entonces por la reducción de las rapiñas.
El PADO comienza en Montevideo a partir de 2015, expandiéndose a Canelones y San José en 2016 y 2017, e implementa un sistema de patrullaje focalizado en zonas delimitadas por la concentración de denuncias de delito. La premisa es simple: el delito se concentra en determinados lugares de la ciudad, por lo que, con la tecnología adecuada, se puede estimar la ubicación de esos lugares y concentrar recursos policiales allí. El PADO promete, de manera moderna y eficiente reducir las rapiñas, que, mutatis mutandis sería reducir la inseguridad.
Éste programa ocupaba, a julio de 2016, a 815 policías, que desde distintas procedencias (400 de Montevideo, 120 de Canelones, 25 de San José y 270 de la Guardia Republicana) [2] se disponían a integrarse al Programa, a cambio de un incentivo salarial. La OPP calcula que el programa costó 538 millones de pesos durante el ejercicio 2016. La operativa se coordina desde el moderno centro de control de la Unidad de Análisis Criminal (UAC). Allí se procesa toda la información recabada por la policía (a través de las denuncias realizadas, patrullaje, y cámaras de videovigilancia). El PADO depende de la Secretaría del MI, y es comandado por el Director de Policía Nacional, Crio. General (r) Mario Layera. Esta estructura de mando centralizado es diferente de la lógica de patrullaje territorial coordinada por comisarías, y aunque existe un movimiento hacia la concentración de mando operativo en el vértice del ministerio, estas lógicas aún conviven.
La intervención apunta a la ejecución de dos estrategias conjuntas y complementarias: la realización de un patrullaje de prevención y represión del delito, y la elaboración de un relevamiento ambiental, a través de un formulario que recoge características del territorio delimitado.
Moderno disfraz
Se parte de la base que «existe una vinculación “fuerte” entre lugar y delito (más que entre delito y persona), lo que significa plantear la hipótesis de que los microterritorios tienen características físicas y sociales que incrementan las oportunidades para cometer delitos» [3]. Ante la situación de crecimiento de las denuncias de rapiñas durante 10 años consecutivos, el Ministerio del Interior decidió actuar en las zonas donde se éstas se desarrollan en mayor medida. Definió entonces incorporar softwares de georreferenciación y sistematización de los hechos, fortaleciendo para ello la Unidad de Análisis Criminal (UAC), y desarrollando el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que se orienta a sistematizar datos vinculados a la consecución de delitos. Una de las piezas claves de este enfoque de policiamiento predictivo es PredPol.
PredPol nace de un proyecto de investigación realizado por el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Este software se alimenta de datos de delitos, los procesa en función de un algoritmo propietario, y devuelve una retícula en un mapa, con determinados “puntos calientes”. Dichos puntos indican que allí existe una alta probabilidad de que se cometa un delito. La lógica operativa se orienta, entonces, a ubicar patrullaje extra en esos puntos, de manera de estar ahí para prevenir reprimiendo. PredPol, y otros softwares similares han sido utilizados en diferentes ciudades del mundo con resultados ambiguos, y el sistema de policiamiento que propone ha sido puesto en cuestión en numerosas ocasiones.
Estos programas realizan machine learning; es decir, detectan patrones en los datos de los que se alimenta, para luego repetirlos en futuras predicciones. Por lo tanto, y esto vale para todos los sistemas que dependen de algoritmos, la información que nos devuelva será sólo tan buena como los datos que ingresemos. Esto presenta un cuestionamiento fundamental: como señalan Lum e Isaac [4], los registros policiales no miden el crimen, sino una interacción compleja entre la criminalidad, la estrategia policial y las relaciones entre la policía y la comunidad.
Como ejemplo, en el estudio citado se encuentra que en Oakland, Estados Unidos, esa interacción resulta en el envío de policías a ejercer presión sobre zonas pobres, que eran por otra parte las zonas donde la policía tradicionalmente ejercía presión. Por lo tanto, eran las zonas que aparecían en los registros que se utilizaron para alimentar al PredPol en un primer lugar. Un algoritmo es una máquina de encontrar patrones y repetirlos. Aplicada sin cuidado, su lógica es la del círculo vicioso. La tecnología se convierte en un legitimador del viejo olfato policial.
Para el Ministerio del Interior, sin embargo, dicho sistema logró “tener conocimiento cabal de cuál es la situación criminal en el país” pudiendo establecer “perfil de la víctima, del victimario y del escenario donde están operando los criminales” [5].
Cabría cuestionar dicha afirmación, ya que en sus primeros dos meses de actividad el PADO registró a 39.327 personas para detener a 734. Parece plausible pensar que, si una patrulla registra personas que pasan por un determinado cuadrante donde estadísticamente se han producido más delitos, eventualmente pueda encontrar personas que lo hayan cometido ¿Es entonces esa una estrategia eficiente?
En territorio
El trabajo de georreferenciación realizado por la UAC estableció 120 segmentos [6] en 28 circuitos, lo que representa el 8% del territorio metropolitano, el 1% del total de las calles montevideanas, y el 27% de su población. En Canelones, se definieron 50 segmentos en 19 circuitos, mientras que en San José 11 segmentos en 5 circuitos.
El abordaje territorial se simplificó en sostener la custodia constante de éstas áreas creadas, “asignando a cada circuito un equipo conformado de manera estándar por: un oficial (con vehículo de cuatro ruedas), entre dos y tres policías de a pie por segmento, y de dos a cuatro policías en moto“. De esta forma, se ubica a los policías de a pie en segmentos, que son acompañados por el patrullaje de móviles en los circuitos, dotados con equipos de acceso a bases de datos de control de personas, vehículos, así como contacto con la base.
De esta forma, bajo fines “prevencionistas”, se logra imponer en zonas calificadas “de conflicto” un sistema de vigilancia y revisión casi constante de personas, vehículos, instalaciones y actividades desarrolladas. Asimismo, las tareas de previsión se tornan tareas represivas, con la utilización y abuso de “controles de rutina” tales como el pedido de documentación, registro o cacheo en la vía pública, sin razón aparente.
Este trabajo territorial se complementa con el desarrollo de una segunda tarea prevista por el programa, que es la elaboración de un relevamiento ambiental. El mismo supone una caracterización de la zona, en función de la búsqueda y localización de elementos que “estimulan” el delito. Así, se construyen y caracterizan escenarios peligrosos, “propensos al delito”, en función de la identificación de “factores criminogénicos”. Esto constituye una clasificación territorial basada en impresiones subjetivas, como es la “valoración del estado de edificaciones y limpieza del lugar y (..) descripción de las características predominantes percibidas en los individuos que circulan la zona”. La percepción subjetiva marca la estrategia analítica y clasificatoria de un espacio social determinado.
La intervención se focaliza en territorios delimitados por parte de fuerzas represivas, que, inexpertas para trabajar en primer nivel de abordaje, controlan, presionan y registran poblaciones, y en paralelo dibujan un mapa subjetivo de la zona, basado en calificaciones arbitrarias sobre sus características.
Lo que reproduce
El modelo de patrullaje de alta intensidad trae aparejado el aumento en éstas zonas de la intervención sobre personas, que es realizada de forma aleatoria y discrecional. En efecto, de acuerdo a la OPP, en Montevideo por cada persona detenida se paró y registró a otras 48 en promedio, mientras que en Canelones y San José se realizaron registros a 121 (en promedio). Sólo en las zonas donde el PADO intervino los primeros dos meses fueron paradas y registradas cerca de 40.000 personas. Debe a su vez mencionarse que las detenciones no significan la resolución de algún hecho delictivo. Hablando en términos de eficiencia, los resultados de ésta tarea deberían ser fuertemente cuestionados.
Sin embargo, las consecuencias de dicho accionar “preventivo” son la extensión y legitimación de una práctica violenta y estigmatizante para la población que por allí circula, que es controlada de forma permanente y discrecional por la policía. Esto limita su libertad. A su vez, dicho sesgo se profundiza si tomamos en cuenta la “selección criminalizante” que la policía realiza sobre un otro “sospechoso”, donde los jóvenes varones pobres provenientes de zonas periféricas, son los más sometidos a la revisión y violencia policial [7].
Para el Ministerio del Interior no parece ser un problema, ya que, más allá de las estadísticas de crimen, no evalúa los efectos que la acción discrecional de la policía en territorio, y la violencia asociada a la misma tiene en las comunidades afectadas.
Misma receta
La intervención territorial ejecutada puede ser calificada como exitosa si nos focalizamos en los objetivos propuestos por el MI; las zonas bajo custodia del PADO vieron reducidos cerca de un 41% la cantidad de rapiñas para 2016. Los resultados parecen vistosos en términos cuantitativos. Para los objetivos y la definición política que en materia de seguridad ha incorporado el Ministerio, esta estrategia cuadra perfectamente con las acciones desarrolladas en los últimos años [8]. A su vez, la campaña de visualización en incorporación de tecnología legitima la estrategia, disfrazándola de ciencia desplegada. Esto se inscribe en la retórica del proceso de modernización, cristalizado en la “nueva policía”.
El PADO profundiza una forma de pensar y ejecutar la política pública en materia de seguridad ciudadana, basada en mostrar que se están reprimiendo los delitos que más influyen en la opinión pública (delitos contra la propiedad: rapiñas, hurtos y copamientos). Desafortunadamente no existen respuestas tan espectaculares para el delito de cuello blanco, los delitos ambientales o la violencia de género, que reportan altos riesgos para la población.
A su vez, esta jerarquización se desarrolla desde y en haras de continuar delineando un sujeto peligroso, segregando territorial y socioeconómicamente a la población residente en determinadas zonas de la ciudad [9]. La policía realiza un trabajo de creación de “chivos expiatorios individuales y barriales, con el fin de poder, con los primeros, generar un miedo próximo, dado que, los delincuentes, al ser mostrados como sujetos errantes en las urbes, omnipotentes y omniscientes, pueden atacar en cualquier momento; (…) encarnar el delito en un espacio físico, en particular barrios marginados para intervenir esos lugares con operativos aleatorios y, a su vez, justificar el avance del control y la vigilancia en los otros, por prevención” [10].
[1] “No me niego a discutir aumentar penas”. Entrevista a Bonomi en Semanario Brecha, 17 de junio de 2016. En: https://brecha.com.uy/no-me-ni
[2] Hacia la rendición de cuentas de 2017 se preveía la incorporación de mayor personal policial (cerca de 500 efectivos), gran proporción de ellos provenientes de la Guardia Republicana (al menos 150).
[3] Dirección de Gestión y Evaluación, Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Evaluación DID del Programa de Alta Dedicación Operativa. Montevideo, año 2016. Disponible en http://transparenciapresupuest
[4] o predict and serve? Kristian Lum y William Isaac, publicado en Octubre de 2016 en Significance (V13-I5). Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com
[5] Ana Sosa, Jefa de la Unidad de Análisis Criminal, Ministerio del Interior. En “Huellas codiciadas” Artículo de Semanario Brecha. 7 de julio de 2017. En https://brecha.com.uy/huellas-
[6] El punto crítico, lugar inicial de la clasificación territorial del fenómeno, es un lugar de hasta 10 metros donde han ocurrido como mínimo 14 rapiñas en un año. El segmento, por su parte, es un trayecto de entre 100 y 200 metros donde se registran por lo menos 15 rapiñas al año. El circuito es un espacio territorial que engloba ambas caracterizaciones.
[7] En este sentido, vale recordar la encuesta sobre Violencia policial que realizó Serpaj en conjunto con otras organizaciones, que confirma la selectividad marcada en cacheos y detenciones de adolescentes y jóvenes en los espacios públicos de Montevideo: el 16,1% de los adolescentes y jóvenes varones residentes en barrios de contexto fueron parados por la policía entre 2011 y 2015 (cifra que aumenta considerablemente en mayores de 18 años), ejecutándose su mayoría en barrios con peores indicadores socioeconómicos. Esta situación se sostiene en los territorios donde aumenta el nivel socioeconómico, siendo alta la proporción de jóvenes intervenidos por la policía que residen en barrios pobres. Ver en http://www.serpaj.org.uy/serpa
[8] Operativos de saturación, razzias, desarrollo de sistema de videovigilancia, construcción de nuevas cárceles, aumento sostenido de las penas, son algunos ejemplos
[9] Sansone, Mostrar sin demostrar: un acercamiento crítico a la política de comunicación del Ministerio del Interior de Uruguay. Tesis de grado FCS-Udelar, Montevideo, abril 2017
[10] Sansone 2017, página 2
La economía de a pie.
LA INDUSTRIA EN URUGUAY 2018.
Primera quincena marzo 2018.
LA INDUSTRIA EN URUGUAY 2018.
La industria
manufacturera localizada en Uruguay se ha reestructurado durante los
últimos cuarenta años en un marco de pérdida de importancia dentro del
PBI y el empleoi.
Extranjerización casi absoluta de los principales rubros exportadores
apoyados en materias primas locales, integración a cadenas regionales
controladas por grandes grupos económicos o desaparición de actividades
históricamente volcadas al mercado local.
Su escaso dinamismo
proviene casi exclusivamente de algunos rubros ubicados en zonas
francas que funcionan como apéndices de empresas foráneas mientras el
promedio del núcleo industrial se ha estancado o retrocede en el largo
plazo. Los datos finales respecto al índice de volumen físico de la
industria publicados por el INE para 2018, confirman la tendencia.
El registro
desciende un 7% respecto a 2016, aunque el cierre de la refinería de
ANCAP durante gran parte del año distorsiona las cifras. Empero si se
excluye su incidencia el crecimiento durante todo el año es un escuálido
0.3%ii.
El índice de horas trabajadas descendió aproximadamente un 2%. La
inversión en maquinarias y equipo industriales también cayó 11% en el
año según datos de la Cámara de Industrias.
El último decenio
revela que la producción de celulosa se multiplicó por 12 merced a los
enclaves de UPM y Montes del Plata localizados en las zonas francas de
Fray Bentos y Punta Pereira a la par que crecieron en menor medida
sectores de la química que las abastecen y concentrados de bebida
también en zonas francas. Ganancias y dinamismo se transfieren a las
casas matrices más allá de las etapas de instalación de las plantas que
incentivan como una estrella fugaz actividades vinculadas como la
metalurgia y construcción.
La otra cara de la
moneda son ramas industriales ubicadas en territorio nacional que crecen
débilmente, se encuentran estancadas, han reducido drásticamente su
actividad o incluso han cesado su producción.
El moderado crecimientoiii
de algunos rubros alimenticios vinculados a la exportación se ha
moldeado al compás del mercado internacional y los ciclos de producción
de las materias primas. Frigoríficos, molinos, lácteos, pesca,
ejemplifican al respecto. En particular los tres últimos rubros
mencionados se encuentran actualmente en graves dificultades, como lo
revelan cierres de plantas y concursos de acreedores.
La industria textil se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 10 añosiv la vestimenta a la quinta partev, la producción de las curtiembres se redujo en un 20%vi.
La Cámara de
industrias en su último reporte sobre capacidad ociosa del tercer
trimestre de 2017, registra que se utilizó solamente un 63%. La
principal causa esgrimida por el 54% de los encuestados fue la
insuficiencia de demanda interna y un 53% falta de demanda externa.
Solamente un 10% mencionó costos laborales.
La encuesta revela
que la competencia de productos importados de hecho subsidiados por las
políticas de retraso del tipo de cambio y el neoliberalismo galopante
con su eliminación de medidas proteccionistas golpean la actividad de
las industrias volcadas al mercado local. Grupos industriales se
transforman en importadores. Paralelamente el atraso del tipo de cambio
afecta negativamente exportaciones
El saldo de las
transformaciones industriales no es positivo. La inversión extranjera
significó generalmente un cambio de propiedad de las empresas que no
dinamizó el sector ni generó empleos. Los enclaves de celulosa
contribuyeron también al incremento de la apropiación de plusvalía y
riquezas locales por parte de grupos transnacionales.
GOTITAS DE ECONOMÍA
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Grupos financieros especuladores en los centros imperiales continúan obteniendo “dinero fácil” en sus zonas origen a tasas de interés muy bajas y otorgando créditos a países del sur con enormes rendimientos económicos pero mayor riesgo. En eso consiste lo que algunos denominan “carry trade”. El cono sur de América latina y en particular Uruguay reciben prestados esos dólares y euros, pagando enormes tasas de interés medidas en esas monedas. El consiguiente aumento de la oferta de divisas es una de las explicaciones del atraso del tipo de cambio en Uruguay.
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El presidente del BCU niega el atraso cambiario. Mientras tanto el dólar “barato” convierte a Uruguay es uno de los países más caros del mundo en dicha moneda. El jerarca alega que el BCU compró 4000 millones en 2017 para evitar que el dólar baje. Sin embargo las reservas del BCU son prácticamente iguales a un año atrás. ¿Donde están los dólares supuestamente comprados? ¿Porqué no dice además que aumenta la emisión de deuda pública por parte de esa institución atrayendo mayor oferta de dólares para provocar el descenso de su cotización?
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Se reiteran rechazos de contenedores de carne bovina enviados desde Uruguay a Europa. Los reportes de los servicios sanitarios de la Comisión europea argumentan la existencia de micro organismos patógenos. En enero de 2018 se registraron dos casos en puertos de Holanda y otro en Italia a los que se agrega en febrero un rechazo en Alemania. Descuidos en las plantas exportadoras? Fallas en los controles sanitarios locales? Proteccionismo europeo? O un poco de cada cosa.
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Prensa argentina informa que la UIA Argentina y la CNI brasilera redactaron un informe elevado a los negociadores del acuerdo Mercosur Unión europea en nombre de las cámaras industriales de los países del sur en el que expresan su disconformidad con la falta de transparencia y reclaman extensión de los períodos de desgravación arancelaria, eliminación de subsidios agrícolas europeos, mantenimiento de los límites al acceso a compras y licitaciones del sector público, rechazo a extensión de patentes.
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La asunción de Jerome Powell como presidente de la autoridad monetaria de Estados Unidos genera cautela en los mercados financieros respecto a las futuras políticas sobre las tasas de interés en ese país. Las declaraciones iniciales del jerarca no marcaron mayores diferencias con sus antecesores.
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La prensa informa de un derrame de petróleo en la Amazonía peruana. El responsable Energás, compañía que figura como canadiense.
iEn
1977 representaba el 30% del producto. En la actualidad apenas supera
el 15%. La ocupación descendió desde un entorno de 240.000 trabajadores a
poco más de 100.000..
ii El IVF del cuarto trimestre exhibe un descenso desde 147.2 a 145.9 respecto al mismo período del año anterior.
iiiApr0oximadamente un 2% anual en los últimos doce años.
ivCon índice 100 en 2006, actualmente ronda un valor de 40.
vCon base 100 en 2006, el promedio de 2017 fue de 18.15.
viEL índice 100 de 2006 en el promedio de 2017 se reduce a 78.8.
