19 de julio de 1936, un pueblo en armas

Luciano Vidal · 19 julio 2017

Declaración Final del XXIII Foro de Sao Paulo: Nuestra América en Pie de Lucha

19 julio 2017 | CUBADEBATE

Actualmente nos enfrentamos a una nueva fase de feroces ataques del imperialismo, la derecha y las fuerzas oligárquicas a su servicio, lo que hace necesaria una plataforma política desde la izquierda. Foto: Agencias.

Hacia la unidad de Nuestra América por su segunda y definitiva independencia

Tras más de cinco siglos de dominación foránea y lucha indígena y popular por su emancipación, por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe sus pueblos han logrado una sustancial acumulación social y política, incluida la ocupación de espacios institucionales que los coloca ante la formidable oportunidad y el enorme desafío de desarrollar procesos de transformación revolucionaria o reforma social progresista.
En el primer decenio de elecciones y sucesivas reelecciones de gobiernos de izquierda y progresistas (1999-2009), la necesidad de transformar o reformar la sociedad desde los espacios institucionales recién ocupados, descuidó el desafío de construir hegemonía popular, única fuente de poder capaz de dotarlos de la fuerza necesaria para derrotar los predecibles intentos del imperialismo y las oligarquías criollas de restablecer su antiguo dominio monopólico del Estado, y la vacuna para inmunizarlos contra insuficiencias, desviaciones y errores que provocan desacumulación social y política.
En el tiempo transcurrido del segundo decenio de la actual etapa de luchas (2009 hasta hoy) es ese desafío el que dificulta el reconocimiento de la oportunidad para transformar o reformar nuestras sociedades. Donde las fuerzas de izquierda y progresistas perdieron el control del Poder Ejecutivo (Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil) los pueblos arrecian la batalla contra la nueva oleada neoliberal, y se reorganizan para reconquistar los espacios perdidos. Y donde resisten la ofensiva destinada a cerrar los espacios democráticos y revertir las transformaciones sociales, en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Nicaragua y El Salvador, nuestras fuerzas siguen trabajando en función de la transformación social por alcanzar su plena y definitiva emancipación, por construir un genuino sistema de integración regional, y por coadyuvar a la construcción de un mundo multipolar en el cual impere una correlación de fuerzas favorable a los pueblos.
Actualmente nos enfrentamos a una nueva fase de feroces ataques del imperialismo, la derecha y las fuerzas oligárquicas a su servicio, lo que hace necesaria una plataforma política desde la izquierda, que sirva de instrumento para reagrupar nuestras fuerzas en el espacio gubernamental, partidista, movimientos sociales e intelectuales con el objetivo de relanzar los procesos de integración latinoamericana y caribeña, que tienen en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) su espacio más preciado, y cuyo desarrollo y consolidación debe ser uno de nuestros objetivos estratégicos de primer orden.
En el 50 aniversario del asesinato del Che Guevara y en el Centenario del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre, no podría existir mejor homenaje que, junto a los análisis autocríticos, lograr la creación de un frente común continental antimperialista que nos conduzca a nuestra segunda y definitiva independencia, mediante la lucha popular y la profundización de los procesos de cambio progresistas y revolucionarios en nuestro continente.
Después de 27 años de vida, el Foro de Sao Paulo continúa trabajando para fortalecerse como espacio de debate, concertación y convergencia de la izquierda latinoamericana y caribeña. El documento Consenso de Nuestra América, en permanente elaboración, es una contribución a ese objetivo político de cara a la necesaria e indispensable unidad de nuestros pueblos en la lucha que nos toca librar.

Nuestra América en su hora decisiva

América Latina y el Caribe siguen siendo un escenario de lucha entre las oligarquías locales aliadas del imperialismo y los pueblos organizados en sus luchas patrióticas y antimperialistas, orientadas al socialismo.
Nuestro continente vive hoy momentos cruciales de su historia, en los que son cada vez más visibles los efectos de la crisis económico-financiera, política y moral del sistema capitalista. Las grandes economías están cada vez más presionadas por las crisis de sobreproducción y la saturación de sus mercados, lo que les genera déficit comercial, endeudamiento, tensión presupuestaria y precarización creciente ya no solamente causada por ellas fuera de sus territorios, sino dentro de éstos.
La globalización neoliberal fue diseñada y ha servido para favorecer a las potencias imperiales, que no han renunciado ni renunciarán a proteger sus fronteras ni a tener empresas rentables en todos los confines del mundo, sobre todo aquellas que extraen materias primas para su industria. Tampoco han renunciado ni renunciarán a derribar y eliminar las fronteras arancelarias del resto de países, ni a desestabilizar políticamente a nuestros gobiernos y erosionar la soberanía de nuestros pueblos. Otra cosa es el neoproteccionismo imperial impulsado por Donald Trump, con el cual se pretende modificar a favor de Estados Unidos– mas no suprimir – los términos bajo los cuales se han establecido las relaciones de dicha potencia con el resto del mundo en el marco de la globalización neoliberal que las potencias imperialistas han impulsado y lo seguirán haciendo.
Los ataques principales del imperialismo y sus aliados en América Latina y el Caribe son contra Venezuela y su Revolución Bolivariana, por sus valiosos recursos naturales y su importancia geopolítica y estratégica, de la que se desprende el criterio de que su derrota provocaría un efecto dominó en la izquierda gobernante latinoamericana y caribeña, sobre todo en los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA- TCP), al tiempo que debilitaría los paradigmas de concertación política, cooperación e integración impulsados por los gobiernos de los países miembros de esta alianza. De ahí la importancia de defender a Venezuela e impedir la consumación de este plan.
La batalla por Venezuela es la batalla por el continente y por el mundo. El triunfo de las fuerzas revolucionarias en Venezuela representa el triunfo de todas las fuerzas de izquierda en el mundo entero y en especial, en América Latina y el Caribe. Siendo la Revolución Bolivariana el blanco de ataque principal del imperialismo y sus lacayos, el movimiento revolucionario y progresista latinoamericano e incluso mundial, no pueden hacer menos que tener como principal prioridad en sus planes de lucha y estrategias, la defensa de la Revolución Bolivariana hasta sus últimas consecuencias. Es por eso que este XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo ha tenido como contenido fundamental la BATALLA POR VENEZUELA.
Son bien conocidos los procesos desestabilizadores llevados a cabo por el imperialismo norteamericano a través de las oligarquías locales, en contra de los procesos de cambio progresistas y revolucionarios en nuestro continente. Los golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil; los intentos de golpe en Venezuela y la guerra económica contra este país; los intentos de golpe policial en Ecuador y secesionista en Bolivia; la amenaza de vetar el acceso de Nicaragua a los créditos de los organismos financieros internacionales, con la iniciativa legislativa de la ultraderecha estadounidense conocida como Nica-Act; la campaña de obstaculización y descrédito de la gestión del gobierno del FMLN; la judicialización de la política en Argentina, Brasil y El Salvador; así como las ofensivas y descontextualizadas declaraciones del presidente Donald Trump contra Cuba y más recientemente, con respecto a que Estados Unidos tomará acciones económicas fuertes y rápidas en caso de que en Venezuela se lleve adelante la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio; los cuales son apenas algunos ejemplos del intervencionismo imperialista en nuestros países.
Pasado un año del golpe de Estado en Brasil, hay medidas adoptadas por los golpistas que tendrán graves repercusiones a nivel internacional, principalmente en nuestra región, como las reformas laborales y de seguridad social, que violan varios Convenios de la OIT; además de promover una política externa subordinada al imperialismo y agresiva contra el gobierno venezolano. El golpe es continuo y un paso más acaba de ser dado con la condena del ex Presidente Lula para impedir que sea candidato nuevamente a la Presidencia en 2018.
Un golpe contra uno es un golpe contra todos y estamos todos al lado de Lula, de su partido y de sus aliados en defensa de la democracia y contra el retroceso económico, social y político ahora vigente en Brasil.
Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en 1998, que inauguró la etapa ascendente para la izquierda latinoamericana y caribeña en la lucha por el poder, llegando a gobernar en diez naciones latinoamericanas, solamente en Argentina las fuerzas populares han perdido el gobierno por elecciones. Este es un hecho que demuestra de manera contundente la fuerza de los procesos de cambio en nuestro continente. Mientras tanto, en Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Uruguay y El Salvador los gobiernos de izquierda se consolidan cada vez más.
En Cuba avanza a paso firme la actualización del modelo económico y social y la consolidación del Partido como garante de la continuidad histórica del proceso revolucionario. En Nicaragua avanza la Revolución Sandinista en su segunda etapa, creando poder popular y reduciendo la pobreza y la desigualdad social en el marco del modelo de consenso y alianzas con amplio y sostenido respaldo de la población. En Ecuador tiene lugar la renovación creativa del proceso de cambios y transformaciones de la Revolución Ciudadana liderada inicialmente por el compañero Rafael Correa Delgado. En Bolivia la Revolución Democrática y Cultural ha alcanzado grandes logros sociales, lo cual fortalece el liderazgo del Presidente Evo Morales, postulado por los movimientos sociales para las elecciones de 2019 en el marco de la Constitución y las leyes, para asegurar la continuidad del proceso revolucionario. En Uruguay se prioriza en las políticas de gobierno, los aspectos sociales que han significado importantes avances en áreas como la salud, la educación, los derechos laborales, así como también en seguridad pública e infraestructura. En El Salvador la izquierda lucha por ampliar y consolidar la transición democrática iniciada a partir de los Acuerdos de Paz de 1992, y las transformaciones sociales y económicas iniciadas desde la llegada al gobierno en 2009 y 2014 por el FMLN, enfrentándose permanentemente a los intentos de la derecha oligárquica por revertirlos y/o estancarlos. En Venezuela a pesar de la crisis causada por las maniobras del imperialismo y la guerra económica contra el pueblo y el gobierno, las fuerzas bolivarianas han logrado mantener la iniciativa con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para la profundización de la Revolución Bolivariana y la defensa de la paz y la estabilidad en el país, que gradualmente va logrando salir de la crisis, pese a la imagen que en sentido contrario presentan los medios de desinformación.
Desde el inicio de la actual ofensiva imperial, la izquierda ha obtenido tres triunfos presidenciales: en El Salvador con el Profesor Salvador Sánchez Cerén en 2014, en Nicaragua con el Comandante Daniel Ortega en 2016, y en Ecuador con el compañero Lenin Moreno Garcés en 2017, dando continuidad al proceso de la Revolución Ciudadana. Esto y lo antes dicho refutan la tesis del “fin de ciclo progresista” en América Latina y el Caribe.
Debemos impulsar la más amplia y sólida unidad de las fuerzas progresistas y revolucionarias dentro de cada país y a nivel continental, y dar un salto de calidad en nuestros mecanismos organizativos, que nos permita definir una estrategia y programa conjuntos de todas las fuerzas de izquierda en el continente, sin lamentar reveses ni vanagloriarse de los triunfos, y siendo en cambio autocríticos y a la vez firmes defensores de nuestros logros, y profundizarlos con iniciativa y audacia.
Allí donde la derecha ha recuperado el gobierno, los pueblos están en pie de lucha y las fuerzas de izquierda y progresistas tienen muchas posibilidades de volver a gobernar en el corto plazo. La derecha no tiene otro proyecto que no sea el neoliberal, que tantos daños le ocasionó a los pueblos. Por eso – y tal como demuestran los hechos en Brasil y Argentina – la ferocidad de las medidas de la reacción en los países donde ha recuperado el gobierno está siendo un factor objetivamente causante de una radicalización de las fuerzas populares y de activación de sectores hasta ahora apáticos o manipulables, lo que se ve favorecido por la difícil situación económica y social en la que aún viven millones de latinoamericanos y caribeños, aquejados por la desigualdad, la extrema pobreza, el hambre, el desempleo, el analfabetismo, la falta de acceso a la educación y los más elementales servicios de salud, el consumo de drogas, la violencia, la discriminación y otros males sociales propios del capitalismo y agravados por el modelo neoliberal. Todos estos males sociales se acentúan ante la política de las fuerzas imperiales y oligárquicas que pretenden minar las bases sociales de la izquierda a través de la marginalidad y la banalización más atroz. La industria del entretenimiento se usa como droga para construir ídolos cada vez más deshumanizados y superfluos.
Como se expresara en la Declaración Final de la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP en Caracas, el 5 de marzo de 2017:
Los gobiernos y los pueblos del ALBA-TCP vemos en estos fenómenos una nueva oportunidad para la reagrupación, la movilización y la lucha. Debemos apoyar las acciones emancipadoras, fijar con claridad y realismo los horizontes, identificar bien los valores y principios que nos unen y asumir un programa de acción integracionista, solidario e internacionalista, que establezca las premisas económicas, sociales y políticas del cambio liberador.
Hoy más que nunca cobran vigencia las palabras del Che en la Asamblea General de las Naciones Unidas, citando la Segunda Declaración de La Habana:
Esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciente cada día que pase. Porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Porque esta gran humanidad ha dicho ¡BASTA! y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia…
La Revolución Cubana abrió la era de la lucha continental por la liberación y el socialismo; veinte años después, la Revolución Sandinista revivió las esperanzas en la lucha revolucionaria e inauguró la época del derrumbe de las dictaduras militares proimperialistas de derecha en el continente; veinte años después, la Revolución Bolivariana fue el inicio de una ofensiva revolucionaria sin precedentes, en la que hasta una decena de países latinoamericanos llegaron a ser gobernados por fuerzas progresistas y de izquierda.
A poco tiempo de cumplirse veinte años de la Revolución Bolivariana, nuevos procesos de lucha se desarrollan desde el gran potencial revolucionario de nuestros pueblos. La única manera de enfrentar la ofensiva imperialista es fortalecer la unidad de las fuerzas de izquierda y profundizar los procesos de cambio social en marcha. Solo así lograremos alentar y encabezar la creciente lucha de los pueblos por mantener el terreno alcanzado y avanzar hacia nuevos triunfos populares a lo largo y ancho de la Gran Patria Latinoamericana y Caribeña.
La profundización de los cambios en marcha está en la creación de un nuevo modelo político y económico, en el que los ciudadanos no sólo elijan representantes y gobernantes, sino que decidan las políticas públicas, de Estado y de gobierno, tomen decisiones, definan el marco de acción de sus representantes y gobernantes electos, y controlen el desempeño de éstos y de lo que deberá ser una nueva institucionalidad desde la cual el pueblo, de esta manera, ejerza directamente el poder. Un modelo que en el ámbito económico, consista en la convivencia de la empresa privada con un nuevo sector económico de carácter popular, en el que los trabajadores puedan crear sus propios medios de producción, y donde el Estado sea garante de esta democracia económica complementaria para el desarrollo de las fuerzas productivas, la prosperidad con equidad social y la erradicación de la pobreza.
La profundización de los cambios está también en la estrategia de lucha por el poder, que implica no reducirla a la lucha electoral por el gobierno, incluyéndose en cambio las luchas sociales y la disputa por todos los espacios institucionales para su transformación e impedir que la derecha haga uso de ellos para revertir las conquistas sociales alcanzadas.
La concreción de un bloque político y social de los cambios para desplazar al bloque dominante debe tener en la clase trabajadora del campo y la ciudad (asalariados y los que no lo son) a su principal protagonista, acompañada de amplios y diversos sectores de la sociedad, incluyendo capas medias, intelectuales y progresistas, pequeños productores y empresarios. La defensa y profundización de los cambios sociales y la democracia requiere una base amplia de apoyo a éstos. La creación del nuevo modelo político y económico es parte indispensable en la construcción de una nueva forma de ejercer el poder.
Ese nuevo modelo político y social necesita un instrumento político que impulse el protagonismo popular y la construcción de una voluntad colectiva nacional y popular.
El respaldo popular a los gobiernos de izquierda se garantiza con un programa que conduzca a la creación de los sujetos económicos de un nuevo orden social, que a la vez sean los sujetos sociales protagónicos del nuevo modelo político basado en el ejercicio directo del poder por los ciudadanos en el marco de un proceso de transformaciones sociales impulsado por el instrumento político organizado, a través de la acción política e ideológica de sus estructuras en todos los ámbitos de la vida social y desde una nueva institucionalidad que sea expresión del ejercicio directo del poder por el pueblo.
Esto implica la necesidad del liderazgo revolucionario, que debe ser forjado y perdurar durante la instauración de los cambios sociales necesarios, en aras de contribuir al mayor grado de irreversibilidad posible para los procesos de transformación.
El Estado debe jugar el rol fundamental de dirigir y regular la actividad económica y por tanto, debe garantizar la distribución justa de la riqueza e implementar planes de desarrollo económico y social que gocen del respaldo popular y se articulen al proceso de integración regional latinoamericano y caribeño.

El ámbito cultural y comunicacional

Debemos crear un frente cultural y comunicacional anti hegemónico, que sume tanto los empeños de los gobiernos progresistas como los de las fuerzas políticas de izquierda y de los movimientos sociales. No es posible una revolución verdadera si no va acompañada de una profunda revolución cultural y comunicacional.
No puede perderse la memoria sobre la opresión que hemos sufrido los pueblos colonizados y neocolonizados, desde la conquista con el saqueo y la destrucción hasta los primeros zarpazos del naciente Imperio del Norte contra México, arrebatando a este país la mitad de su territorio, y de esto último hasta toda la historia de explotación de nuestros recursos naturales, intervenciones armadas, dictaduras militares impuestas por Estados Unidos y la continuación actual de la opresión imperialista mediante la acción depredadora de las corporaciones sobre nuestros países, cuya pobreza se origina en toda esa historia de latrocinio.
Esto se manifiesta en toda la crónica siniestra de las sucesivas intervenciones imperiales en Centroamérica y el Caribe, el apoyo a las dictaduras sangrientas, la gestación de golpes militares, el Plan Cóndor implementado por las dictaduras militares del Cono Sur, con su secuela de tortura y desapariciones, el empleo continuo del terrorismo, la guerra sucia contra Nicaragua en los años ochenta, el bloqueo criminal y operaciones subversivas contra Cuba y los demás países progresistas del continente, conforman un legado que no podemos olvidar.
En aras de ello, debemos utilizar las efemérides asociadas a esta historia para impulsar campañas, eventos, foros virtuales y otras iniciativas que nos ayuden a divulgar la verdad, libre de distorsiones y manipulaciones; así como estimular la elaboración de análisis críticos sobre “obras” y “figuras” dentro de los falsos ídolos y sobre las trampas del aparato de legitimación del sistema capitalista, desmontando y denunciando las manipulaciones.
Las fuerzas de izquierda deben hacer lo posible por fomentar redes que articulen los núcleos de resistencia cultural que hoy están dispersos; conformar un frente de pensamiento anti hegemónico bajo principios capaces de aproximar a personas y grupos de filiaciones políticas diversas, desde las más radicales hasta las de inspiración humanista.
Se requiere también de una modificación del discurso y del lenguaje político, basándolo en nuevos códigos, que incluyan un adecuado enfoque clasista, identitario y de género, que mantenga la honestidad, la comunicación directa y confiable con la gente, que sea capaz de auscultar y reflejar sus preocupaciones e intereses, y que contribuya al desarrollo del pensamiento independiente, comprometido con la transformación emancipadora. La defensa permanente de la verdad, es esencial en la actuación de la izquierda.
Es necesario impulsar la gestación de entidades de investigación y promoción que funcionen como aliadas de los movimientos sociales y progresistas de izquierda para influir en el campo de la cultura. Allí donde ya existan estas entidades, hay que potenciarlas al máximo, desplegándolas en los sectores intelectuales sin ningún tipo de sectarismo. Algunas de estas entidades pueden tener un papel activo en la producción de contenidos y en la generación de propuestas para encauzar nuestras ideas, teniendo en cuenta las enormes inversiones que ha hecho y sigue haciendo el Imperio para diseñar estrategias cada vez más sutiles al servicio de sus intereses.
Deben hacerse visibles figuras y obras que representen la cultura de la resistencia; hay que identificar los eventos culturales y programas donde pueden ser presentados y promovidos; desmontar las estafas del neoliberalismo y del capitalismo y promover las ideas de la emancipación con el apoyo de esa intelectualidad que la maquinaria hegemónica ha excluido. Nuestro reto está en sumar esa vanguardia y conseguir un uso eficaz de las nuevas tecnologías en función de la participación ciudadana y la defensa de causas e ideas verdaderamente justas.
Se debe conectar a los activistas de las redes sociales con aquellos que utilizan como vías de expresión de sus demandas las emisoras de radio y televisión comunitarias, de modo que la verdad vaya encontrando circuitos para darse a conocer frente a la gran avalancha de mentiras. Hay que incorporar a nuestra agenda los temas culturales y sumar a nuestra lucha, sin prejuicios, los esfuerzos de quienes enfrentan al discurso hegemónico en el campo intelectual, especialmente en la batalla mediática.
Es necesario utilizar al máximo las redes sociales, crear medios de comunicación alternativos en todos los formatos existentes (radio, televisión, redes sociales, prensa escrita), que en manos de los comunicadores sociales generen el debate sin manipulación, generen información desde firmes posiciones de izquierda alejadas de lo panfletario, que es estéril, pero con dirección política y contenido ideológico. Asimismo, procurar la penetración también en los medios de comunicación convencionales y comerciales, para incluir las voces progresistas y contrarrestar la guerra mediática de la derecha continental contra los gobiernos progresistas del continente. Se debe vincular esta tarea con el estudio de la historia y de la teoría revolucionaria, para estar así en condiciones de dar batalla en la lucha de las ideas, que es la más importante de las luchas revolucionarias.
Todas estas tareas constituyen exigencias de estos tiempos en los que tal vez como nunca, resulta decisivo diversificar las vías para llegar a las bases y multiplicar nuestra capacidad para – como nos dijera Fidel – “sembrar ideas, sembrar conciencia”.

Proyecciones generales a corto y mediano plazo

Es necesaria la movilización de las fuerzas progresistas y de izquierda, tanto a nivel político partidista como de los movimientos sociales, identificando los temas que puedan generar unidad en el más amplio espectro ideológico posible, con el objetivo de desarrollar una agenda de consolidación de la unidad de nuestras fuerzas y promover a la CELAC como el principal espacio de concertación política de la región.
Hay que avanzar en la concertación entre las fuerzas políticas y los movimientos de izquierda, que permita una acción coordinada en los foros regionales e internacionales y en el enfrentamiento de la ofensiva imperialista y derechista.
Deben ampliarse los espacios de concertación y cooperación con todos aquellos actores y organizaciones internacionales que desafían la hegemonía estadounidense y defienden un mundo multicéntrico y multipolar.
Se debe detectar, estudiar y aprovechar al máximo todos aquellos aspectos que constituyan debilidades del imperialismo y las fuerzas oligárquicas, así como sus propias contradicciones.
Tomando en cuenta que la libre circulación del capital, la falta de controles de la banca privada y la codicia de los dueños de las empresa y corporaciones ha permitido que en América Latina se evada U$ 340,000 millones de dólares, convirtiéndose esto en un enorme escándalo de corrupción del sector privado, invisibilizada por las corporaciones mediáticas, apoyamos la propuesta del gobierno ecuatoriano, de la creación de un organismo internacional tributario en Naciones Unidas, y reconocemos su esfuerzo ejecutivo y legislativo en la lucha contra los paraísos fiscales.
El compromiso con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en la II Cumbre de la CELAC efectuada en Cuba, en enero de 2014, debe guiar nuestra actuación internacional, así como la defensa de valores universalmente reconocidos en el derecho internacional y consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Esto debe incluir un profundo compromiso antimperialista y por tanto anticolonialista, que reivindique el derecho a la independencia, a la soberanía y a la libre determinación de los pueblos.
Una amenaza o agresión del imperialismo contra alguno de nuestros países debe asumirse por cada uno como una amenaza y agresión a todos y cada uno de los que integran el frente continental de fuerzas progresistas y de izquierda, así como una afrenta y violación a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Ejes de movilización popular

Nuestra lucha es parte de la lucha mundial que desde diferentes formas hace frente a la ofensiva imperial de los Estados Unidos. En este sentido respaldamos y retomamos el reto de la reciente declaración de las bancadas de izquierda de Europa y América Latina.
Condenamos el fortalecimiento del militarismo en todo el mundo e instamos a los Estados Unidos y a Europa a terminar con las incursiones militares que desestabilizan a los países del Oriente Medio para apoderarse de sus recursos naturales, en abierta complicidad con los grupos terroristas, lo que tanta desolación y muerte ha llevado a los pueblos afectados y verdadero origen de la masiva migración a Europa de quienes huyen de la muerte y de la guerra llevada por la misma Europa a sus países.
Denunciamos el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) como Ministerio de Colonias de Estados Unidos, que desde la Secretaria General y de manera particularmente beligerante en los últimos años, se ha puesto siempre al servicio de los intereses injerencistas y se hace de la vista gorda ante múltiples atentados contra la democracia y graves violaciones de los derechos humanos por parte de los gobiernos oligárquicos y pro-imperialistas de América Latina y Estados Unidos.
Condenamos la guerra no convencional y de amplio espectro, económica y mediática contra Venezuela por parte de la derecha oligárquica venezolana que, estimulada por el gobierno estadounidense, está empeñada en desestabilizar y poner fin mediante el terrorismo, al gobierno democráticamente electo del presidente Nicolás Maduro, quien a pesar de la difícil situación que atraviesa su economía sigue destinando el 70% del presupuesto público al bienestar de su pueblo.
El Foro de Sao Paulo se declara en estado de alerta y en Sesión Permanente, en respaldo a la lucha del pueblo venezolano en defensa de la Revolución Bolivariana.
Nos solidarizamos con las fuerzas políticas y sociales que son reprimidas y perseguidas por el gobierno del Presidente Mauricio Macri.
Nos solidarizamos con la paz en Colombia y denunciamos el conjunto de acciones con las que la ultraderecha en aquel país pretende boicotearlos; los asesinatos sistemáticos de decenas de líderes sociales, defensores de derechos humanos, luchadores por la paz e indultados de las FARC y sus familiares por fuerzas paramilitares cobijadas bajo el manto protector del terrorismo de Estado; así como exigimos el cumplimiento total del Acuerdo de Paz, en especial la libertad de los presos políticos, quienes se encuentran en huelga de hambre hace veinticuatro días exigiendo el cumplimiento de la ley de amnistía. De igual forma respaldamos los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Exigimos la libertad de Simón Trinidad y Sonia, revolucionarios colombianos y combatientes de las FARC que guardan injusta prisión en Estados Unidos a pesar de que una tras otra han sido desenmascaradas las falsas acusaciones que se han hecho en su contra.
Exigimos la libertad de Milagro Sala, Diputada del PARLASUR, dirigente social argentina y prisionera política por defender los derechos de los sectores más humildes y postergados en su país.
Nos regocijamos con la libertad del luchador independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, recientemente liberado de prisión gracias a la tenaz campaña internacional a favor de su libertad y a su férrea resistencia y su firmeza a toda prueba.
Apoyamos plenamente las movilizaciones de los trabajadores brasileños contra las políticas neoliberales y antipopulares del gobierno golpista y derechista de Temer, y a Lula en su lucha por la justicia social y la democracia, que ha desatado la furia de sus adversarios, quienes pretenden inhabilitarlo políticamente.
Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de Nicaragua, país que enfrenta actualmente la amenaza del veto de Estados Unidos en contra de su acceso a los créditos en los organismos financieros internacionales, como chantaje político ejercido por los sectores más reaccionarios del Congreso, el Senado y el gobierno estadounidense, estimulados por la derecha criolla con la vana ilusión de que como producto de ello, los dictados imperiales serán acatados por el sandinismo, cuyas raíces están en la victoriosa lucha de Augusto C. Sandino contra las tropas interventoras norteamericanas, y que cuenta con un aplastante respaldo popular y una correlación de fuerzas ampliamente favorable en todos los ámbitos de la vida política nacional.
Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de El Salvador, que ha logrado detener y comenzar a revertir la crisis económica resultante de dos décadas de gobiernos neoliberales, reducir la pobreza en 8% y aplicar un exitoso plan de seguridad, pese a estar sometido a una multifacética estrategia desestabilizadora que incluye el bloqueo económico a la gestión gubernamental por parte del partido de la oligarquía (ARENA) en la Asamblea Legislativa y de los magistrados a su servicio que controlan la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Luchamos por la gratuidad de la educación y el acceso a una educación de calidad; por una cobertura de salud universal, gratuita y de calidad; por la eliminación del hambre y la desigualdad en toda la región.
Rechazamos la criminalización de los inmigrantes, las políticas anti-inmigración y la violación de los derechos humanos y laborales de los latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos. Apoyamos primordialmente la lucha por mantener los beneficios temporales de trabajo (TPS) que ayudan a cientos de miles de familias de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. Repudiamos absolutamente las amenazas del gobierno de Estados Unidos, del Partido Republicano y de congresistas de derecha que pretenden extorsionar a estos y otros gobiernos para forzar el voto en organismos internacionales como la OEA, en aras del apoyo al intervencionismo de Estados Unidos, bajo la amenaza de eliminar los beneficios migratorios de esos pueblos. Abogamos por que el gobierno de México proceda a devolver los fondos de ahorro usurpados a los llamados “braceros”, trabajadores mexicanos que fueron empleados en Estados Unidos entre 1941 y 1964. Apoyamos un mundo sin fronteras en el que se priorice el libre tránsito de los seres humanos y no solo el libre tránsito de las mercancías. Por tanto, rechazamos los muros, en especial el que se pretende erigir en la frontera entre Estados Unidos y México.
Nos pronunciamos por la eliminación total del arsenal atómico que existe en el mundo, nos oponemos a la carrera armamentista y a la existencia de bases militares en territorio extranjero.
Rechazamos cualquier forma de racismo y discriminación. Impulsamos el ejercicio pleno de los derechos económicos, culturales, sociales y políticos de las mujeres, y la eliminación de la cultura patriarcal.
Demandamos la retirada de las fuerzas de la MINUSTAH que, siguiendo un mandato del antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU, mantienen ocupado Haití desde hace más de una década.
Condenamos el narcotráfico, el tráfico de personas y el terrorismo, y denunciamos la doble moral de un sistema que dice combatir al crimen organizado, mientras protege a sus grandes promotores y principales responsables. Defendemos el cultivo legal y el uso tradicional benéfico de la hoja de coca.
Condenamos las políticas antiinmigrantes y el terrorismo, y promovemos el reconocimiento a los migrantes como trabajadores, el reconocimiento de sus derechos laborales y el respeto de sus derechos humanos.
Nos solidarizamos con los pueblos que hoy enfrentan gobiernos de derecha en la región.
Proclamamos el derecho humano al agua, luchamos contra la depredación del medio ambiente, la amenaza a la biodiversidad y al ecosistema en general.
Apoyamos las exigencias de los pequeños Estados insulares del Caribe a ser resarcidos por los daños humanos de la esclavitud y a acceder a recursos que permitan su resiliencia frente al cambio climático.
Demandamos el levantamiento incondicional, total y definitivo del bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y la indemnización al pueblo cubano por los daños y perjuicios causados por más de medio siglo de agresiones de todo tipo.
Exigimos la devolución al pueblo de Cuba del territorio ocupado por la ilegal base naval estadounidense en Guantánamo.
Apoyamos el reclamo histórico de Argentina sobre la soberanía de las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Apoyamos a Bolivia en su reclamo de salida al mar con soberanía.
Demandamos la descolonización total del Caribe y apoyamos de manera particular la independencia de Puerto Rico, al conmemorarse el 25 de julio de 2017, ciento diecinueve años de la invasión militar estadounidense contra esta nación caribeña. Asimismo, nos pronunciamos por la eliminación de toda forma de coloniaje y neocoloniaje.
Exigimos la eliminación de todas las bases militares estadounidenses que existen en la región (77 en total, que junto a la IV Flota, cubren todo el espacio regional), y de todas las bases militares extranjeras de cualquier país, dondequiera que se encuentren.
Respaldamos el reclamo de compensación al Caribe por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos, así como al resto de América Latina por 500 años de saqueo a sus riquezas y a sus pueblos, que aún continúa.
Defendemos los derechos y las culturas de los pueblos originarios y afrodescendientes, y asumimos sus luchas para la restitución y ejercicio pleno de sus derechos históricos.
En este momento decisivo para nuestro continente enfrentaremos el desafío de profundizar los procesos de cambio en marcha como única manera de derrotar la ofensiva de la derecha y el imperialismo, fieles a nuestra lucha por la paz, la democracia y el socialismo, única garantía para alcanzar nuestra segunda, definitiva y verdadera independencia en lo político y lo económico, así como nuestra emancipación cultural y nuestra propia identidad continental latinoamericana y caribeña; la identidad, soberanía y autodeterminación de esta gran patria justamente bautizada por el Apóstol continental, José Martí, como NUESTRA AMÉRICA, que es el sueño de Bolívar cada vez más cerca de ser realidad.
¡Nuestra América en pie de lucha, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Estado español

19 de julio de 1936, un pueblo en armas

Por Todo por Hacer

KAOS EN LA RED - Publicado en: 20 Julio, 2017

la organización obrera previa al alzamiento militar hizo fracasar el golpe y posibilitó esas experiencias autogestionarias que aún siguen siendo un ejemplo para todos/as los/as que anhelamos un mundo nuevo sin gobernantes ni gobernados/as.

En el año 2016, se cumplieron 80 años del golpe de Estado que dio origen a la guerra civil española y que desencadenó en algunos territorios de la península una auténtica revolución social que cuestionó todas las bases del orden establecido, pasando a gestionar la economía y el resto de la vida al margen de las instituciones del Estado. Para conmemorar ese aniversario, el año pasado publicamos un artículo sobre estas experiencias colectivizadoras , este año trataremos cómo la organización obrera previa al alzamiento militar hizo fracasar el golpe y posibilitó esas experiencias autogestionarias que aún siguen siendo un ejemplo para todos/as los/as que anhelamos un mundo nuevo sin gobernantes ni gobernados/as. Para ello, publicamos estos extractos del libro de Hans Magnis Enzensberger, El corto verano de la anarquía, que a través de la vida y muerte de Buenaventura Durruti, y con testimonios de los/as protagonistas de los hechos, nos cuenta la historia del primer tercio del siglo XX del anarquismo en nuestro país.

En casa hablaba poco de sus actividades. Había muchas cosas que todos, menos yo, sabían. Por ejemplo, el entrenamiento militar antes de julio de 1936, la instrucción para el manejo de las armas. Le aseguro que ellos preveían desde hacía tiempo el golpe de Estado de Franco, y se preparaban para ello. Tenían un campo de tiro en las afueras. Sólo yo no sabía nada. Para mí era un gran misterio, pero los vecinos estaban al corriente. La mujer es siempre la última en enterarse. Siempre el mismo silencio, el mismo misterio. ¡Sí, también puede parecer romántico si uno lo prefiere! Émilienne Morin

La primera cuestión que se planteó en las conversaciones entre los anarquistas y el gobierno de Companys fue el armamento. Se entabló una lucha tenaz. Cada vez que los anarquistas reclamaban (y en realidad no exigían lo que realmente necesitaban, o sea 20.000, sino sólo 10.000 fusiles), el gobierno les respondía que no tenía armas en existencia. Los políticos temían al fascismo, pero al pueblo en armas lo temían más aún. Diego Diego Abad de Santillán

Tres días antes del 19 de julio, el 14 o el 15, asaltamos un barco cargado de armas en el puerto de Barcelona. El gobierno de Cataluña, la Generalitat, quería las armas para sí; pero Durruti y los otros las llevaron al sindicato del transporte. Al día siguiente se presentó allí la Guardia de Asalto. Allanamiento de domicilio. Pero Durruti ya estaba en la calle. “¡Una camioneta, rápido!” Se consiguió entonces una camioneta para el reparto de leche y allí se despacharon las armas. El gobierno encontró cuatro o seis escopetas viejas. El resto lo teníamos nosotros, la CNT. Eugenio Valdenebro

Lo primero que han exigido los anarquistas son armas, pero tanto Escofet como el presidente y el consejero de Gobernación, saben muy bien lo peligroso que sería entregar armas a los hombres de la CNT, gente arrojada en la lucha callejera. Si se produce el golpe militar y se enfrentan en lucha armada el ejército y la policía, uno como enemigo y el otro como defensor de la República, se debilitarán ambos, y la ciudad quedará a merced de los anarcosindicalistas. Esto sería tan peligroso para la estabilidad política y social de Cataluña como el propio golpe militar. Luis Romero

Entretanto Gregorio Jover distribuye a los compañeros pan y butifarra y les sirve vino. Se han tomado las medidas necesarias. Los grupos de acción y los comités de barriada han sido alertados. Cada uno sabe lo que tiene que hacer cuando llegue el momento de actuar.

En las fábricas y a bordo de los barcos anclados en el puerto, los fogoneros hacen guardia; sus sirenas darán la señal de ataque. Los miembros del comité sólo esperan a que los militares salgan de sus cuarteles. Según las últimas informaciones, los golpistas iniciarán las hostilidades al amanecer.

Los reunidos han trabajado durante semanas y meses para llegar a esta noche. Ya antes de las elecciones de febrero estaban convencidos de que la Guerra Civil era inminente. Muchos militantes de la CNT tendieron a revisar su actitud tradicional con respecto a las elecciones (es decir, el boicot), y votar excepcionalmente por los partidos de la izquierda burguesa y los socialistas. La dirección no lo aconsejó ni lo desaconsejó, dejó que cada uno decidiera por su cuenta. Al fin y al cabo sería igual si ganaba las elecciones la derecha o la izquierda. Si el fascismo hubiese llegado legalmente al poder a través de la abstención de los obreros anarquistas, ésa habría sido la señal para la insurrección armada. En cambio, según preveía la CNT, una victoria electoral de la izquierda habría inducido a los fascistas a tratar de subir al poder mediante el habitual golpe de Estado militar. En todo caso habría que enfrentarse a ellos con las armas en la mano. Los acontecimientos han confirmado la corrección de este cálculo; el análisis de los anarquistas era más realista que el de los políticos profesionales de los partidos. Luis Romero

A las cinco de la madrugada se produce un tumulto frente al palacio gubernamental. Los guardias están nerviosos. Una multitud procedente de la Barceloneta se apretuja en el portal. La situación es crítica. Durruti, que acaba de llegar, sabe lo que significa la manifestación. Sale al balcón. Los obreros portuarios lo reconocen y piden que los guardias dejen pasar palacio a una delegación que quiere hablar con la comisión de enlace.

En ese momento ocurre algo extraordinario. Se desvanece la mortal tensión entre los manifestantes y los guardias palaciegos, compuestos por policías de la Guardia de Asalto. La disciplina militar se resquebraja. Obreros y guardias confraternizan. Un guardia se desajusta el cinturón y da su pistola a un obrero. Pronto se reparten también los fusiles entre la muchedumbre. Un acontecimiento asombroso se produce ante los ojos de los oficiales: los policías se convierten en seres humanos. Diego Abad de Santillán

A lo lejos se escucha un prolongado ulular: la primera sirena de las fábricas. La gente calla. El silbido crece y se aproxima, cada vez se incorporan más sirenas. La gente se lanza a los balcones. Los miembros del comité y su escolta suben a los camiones.

-¡Viva la FAI!

-¡Viva la CNT!

-¡En marcha!

Los camiones arrancan, los ocupantes levantan las armas.

La bandera roja y negra, izada en un listón de madera, se despliega al viento. Pasan en primera por las Ramblas de Pueblo Nuevo. Se incorporan más y más camiones. Los dirigentes muestran las ametralladoras a la multitud, que impresionan a los espectadores como símbolos de decisión. Durruti, Ascaso, García Oliver, Jover y Sanz son aclamados desde los tejados y los balcones. Las sirenas siguen sonando, sus voces provienen de las barriadas pobres del cinturón industrial de Barcelona, es una voz proletaria que arrastra a la movilización a los obreros. Luis Romero

Puedes descargarte el libro en pdf aquí

Extraído del nº 78 de la publicación anarquista Todo por Hacer

www.todoporhacer.org

Planes de pensiones: El FMI pide que se prolongue la vida laboral e incentivar los planes de pensiones privados

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no descarta que el PIB español crezca un 3,1 % este año tras cuatro ejercicios de "impresionante" expansión económica y creación de empleo.

Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). / EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no descarta que el PIB español crezca un 3,1 por ciento este año tras cuatro ejercicios de "impresionante" expansión económica y creación de empleo. Además, advierte que este ritmo será difícil de mantener a medio plazo si no se reduce la deuda pública y la tasa de paro.

Estas son las principales conclusiones del análisis que una vez al año realiza el organismo. Este ha sido presentado hoy en Madrid por la jefa de la misión para España, Andrea Schaechter, y el responsable del sector financiero, Udaibir Das.

Tras cuatro años de expansión económica y creación de empleo, el PIB es ya muy superior a los niveles pre-crisis, con tasas de crecimiento muy por encima de las del resto de la zona del euro. Se ha reducido el endeudamiento de familias y empresas y el sector bancario es ahora mucho más fuerte, lo que permite prever un crecimiento del PIB el 3,1 % para este año.

Las reformas acometidas han hecho de España un país más flexible, competitivo y resistente, con un sector servicios muy dinámico orientado a la exportación que ha permitido no depender tanto del sector inmobiliario y de la construcción.

Pero no está claro cuánto tiempo puede España mantener este ritmo. La elevadísima deuda pública y la tasa de paro estructural tan alta son claves difíciles de combatir dado el envejecimiento de la población y el índice de productividad relativamente bajos, de ahí que el organismo aconseja proseguir con las reformas.

El anunciado recorte del gasto previsto para 2018 contribuirá a reducir el déficit, siempre y cuando esto se lleva a cabo en todas las administraciones públicas.

En cuanto a los ingresos, hay margen para nuevas "medidas estructurales", y en concreto para subir el IVA, que comparativamente es mucho menor que en otros países europeos. Acercar el IVA al nivel de otros países europeos permitirá reducir el déficit y la deuda pública.

Asimismo, la revisión de algunas partidas de gasto, como el farmacéutico, podría elevar la calidad y la eficiencia de la prestación de servicios. El FMI señala también que esta revisión debería estar estrechamente ligada a las reformas del marco de financiación regional.

En cuanto a las pensiones, el FMI estima que solo será sostenible si se prolonga la vida laboral y se incentivan los planes de pensiones privados. Para tener un mercado laboral saludable y dinámico es preciso, señala el FMI, flexibilizarlo y poner en marcha políticas activas de empleo para mitigar la tasa de paro entre los jóvenes que carecen de formación y experiencia.

Subir a medio plazo la productividad de la economía española es crucial para reducir sus debilidades. El FMI destaca el envejecimiento de la población como una de sas debilidades que hay que suplir, aunque es cierto que esta situación endémica se ha ido corrigiendo.

Además, todo parece indicar que se está recuperado el crédito, una vez que el sector financiero ha acometido su reestructuración. Sin embargo, los niveles de productividad de manufacturas, comercio y servicios son aun comparativamente bajos.

Entre las recetas que propone el FMI destaca la consolidación de la unidad de mercado, la eliminación de barreras comerciales, el desarrollo de nuevas tecnologías y un mejor acceso a fuentes de financiación para empresas en su fase inicial.

Podemos - PSOE: Montero celebra que el PSOE haya "escuchado a la militancia" y no quiera seguir en la "triple alianza" con PP y C's

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos afirma que el espacio de colaboración parlamentaria con el PSOE sirve también para "poner nervioso al PP". Reconoce que la dirección no tiene "noticias" de la consulta a las bases que pidieron hace días a Podem sobre su posición ante el 1-O.

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero /EUROPA PRESS

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, celebraba este martes la creación de una "mesa de colaboración parlamentaria", anunciada el lunes, que a su entender debe servir "para que trabajemos en una interlocución permanente. En nuestra opinión, con la voluntad de sacar al PP de las instituciones", apuntaba.

Este marco persigue ayudarles a ponerse de acuerdo sobre algunas iniciativas a impulsar en el Congreso de los Diputados -"En otras nosotros queremos ir un poquito más allá"-, y desde Unidos Podemos sacan pecho porque esta colaboración "pone muy nervioso al Partido Popular". "Significa que el PSOE, lejos de querer seguir formando parte de una triple alianza, ha escuchado un mandato claro de la militancia "que implicaba ponerse de acuerdo con Podemos"", apostillaba Montero en una entrevista con Cadena Ser.

En esta línea, la portavoz de Unidos Podemos dice entender "que el PSOE no tenga tanta prisa" por expulsar a Mariano Rajoy de la Moncloa, aunque su grupo tiene la "sospecha" de que el PP "va a frenar de forma sistemática" todas las iniciativas que impulsen para dar la vuelta a sus políticas, y por tanto cree que la única manera de desmantelarlas será un cambio de Gobierno.

Por otro lado, y aunque sus recetas para Catalunya son distintas, su grupo está de acuerdo con el Partido Socialista en la creación de una "instancia parlamentaria" por concretar -Podemos aboga por una comisión propia, el PSOE por una subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional-. Esta decisión fue anunciada ayer,tras más de dos horas de reunión entre las delegaciones de ambos grupos, encabezadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Podemos y PSOE están de acuerdo en la creación de una "instancia parlamentaria" para Catalunya

En la misma entrevista, Montero también ha manifestado que la propuesta del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que el lunes abogaba por estudiar quitas en la deuda catalana, no serviría como salida a la situación actual: "Me temo que podríamos estar dándole a la bola mágica durante muchos días los representantes políticos, y que no sería algo útil para resolver la cuestión catalana". "La única solución posible es un referéndum pactado y con garantías", afirmaba.

Sin "noticias" de la consulta de Podem sobre el 1-O

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea-
reconocía este martes que la dirección estatal de su partido aún no ha tenido "noticias" sobre la petición que lanzó hace dos semanas a su homóloga en Catalunya: "No tenemos noticias sobre la consulta a la militancia", afirmaba Montero, una semana después de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pidiera a la dirección de Podem la celebración de "una consulta lo más amplia posible" para esclarecer su posición sobre el referéndum del 1 de octubre.

Hasta la fecha, y sin facilitar datos concretos, la dirección de Podem ha defendido que las bases apoyan su llamamiento a la participación el 1-O, a diferencia de Podemos, que sólo reconoce la "legitimidad" de esta jornada, que concibe como una "movilización política legítima", y no hará campaña para alentar la participación. Este es el principal punto de fricción entre las direcciones estatal y catalana, que comparten su propuesta de un referédum "pactado y con garantías" como solución a la crisis en Catalunya.

En el mismo espacio, Montero ha afirmado compartir la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "no poner en riesgo" a los funcionarios catalanes con la consulta, aunque ha matizado que "esto puede ser compatible con no poner ningún tipo de dificultad a esta movilización". También se ha mostrado favorable a la entrada de Podemos en el Gobierno del socialista Emiliano García Page, en Castilla-La Mancha, como la mayoría de integrantes de la dirección estatal de su partido.

La cara B de la austeridad: déficit, deuda y pifias abren un cráter financiero de 240.000 millones

El endeudamiento de la Administración central supera por primera vez el billón de euros tras crecer 169 millones en cuatro años mientras las consecuencias del rescate, la amnistía fiscal y las políticas energética y de transportes lastran unas cuentas públicas cuyo descuadre crece.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. EFE

Las políticas austericidas del Gobierno de Mariano Rajoy, marcadas por intensos recortes del Estado del bienestar, tienen en la gestión presupuestaria una cara B que augura futuros sufrimientos para ciudadanos y contribuyentes: un elevado nivel de endeudamiento, de rango billonario por primera vez en la historia de las cuentas de la Administración central tras aumentar 169.000 millones en apenas cuatro años; un creciente descuadre de las cuentas públicas, que al año pasado rondó los 7.000 millones pese a la aparente mejora de la gestión por el cumplimiento de las exigencias de Bruselas, que en realidad se debe a la relajación de las exigencias europeas, y una retahíla de pifias (“error, descuido, paso o dicho desacertado”), especialmente gravosas en lo que se refiere al rescate bancario y a las políticas energética y de transportes, han generado un descomunal boquete de alrededor de 240.000 millones de euros.

Las cuentas del Estado se van equilibrando, cierto; pero lo hacen al mismo ritmo que se descuadran las de su Administración central. El propio Gobierno admite que el año pasado, mientras el déficit del Estado se reducía en 4.552 millones (de 55.128 a 50.576), el descuadre presupuestario del ejecutivo alcanzó los 46.115 tras incrementarse en casi 7.000: 5.115 generados por los organismos y la Seguridad Social y otros 1.854 procedentes del rescate bancario, anotado como “ayudas a instituciones financieras”.

La reducción del déficit de las administraciones procede de la gestión de los presupuestos de las comunidades autónomas, que en 2016 redujeron a menos de la mitad el descuadre del cambio de legislatura, que cayó de 18.667 a 9.155 millones de euros, y del aumento del superávit en los consistorios, que en 2016, un año después de que las candidaturas de confluencia y el PSOE comenzaran a gobernar los consistorios de las principales ciudades con apoyos mutuos, alcanzó los 7.083 tras los 5.094 del año anterior.

Los 50.576 millones de euros de déficit conjunto de las administraciones equivale a un 4,3% del PIB, casi 33.000 por encima del 2,8% que inicialmente había asignado Europa al Gobierno español para 2016 pero 3.528 por debajo del mucho más elevado listón del 4,6% que le reasignó tras constatar que en el ejercicio anterior se había pasado un punto al alcanzar el 5,1% cuando el tope era del 4,1%.

Las estimaciones del Banco de España cifran en 5.915 millones de euros el descuadre acumulado por la Administración central y la Seguridad Social en los cuatro primeros meses de este año, en los que el de las comunidades autónomas se situó en 3.321.

Deuda pública billonaria

Ocurre algo similar con la deuda pública. En los cuatro años y cuatro meses transcurridos desde el cierre de 2012, los préstamos del conjunto de las administraciones crecieron, según el Banco de España, en 225.590 millones para situarse en 1,117 billones de euros, aunque la cifra es en realidad mayor si se le añaden los 208.956 (el 18,7%, entre la sexta y la quinta parte) que suponen los créditos de unas administraciones que están en manos de otras.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, que se ha triplicado en una década desde los 392.168 millones de euros de 2006, superó la barrera del billón de euros oficialmente en 2014, aunque, si se tienen en cuenta los préstamos entre instituciones, eso había ocurrido un año antes. El endeudamiento de la parte del Estado que gestiona el Gobierno central superó esa barrera en marzo del año pasado, al alcanzar un montante de 1.003.361 millones de euros. En abril de este año, que es el último dato disponible, ascendía a 1.012.209: se había incrementado en 168.863 millones en cuatro años y cuatro meses.

Casi dos tercios del aumento de la deuda pública española en ese periodo procede de la Administración central, mientras la de las comunidades autónomas crecía en 92.645 (de 189.183 a 281.828) y la de los ayuntamientos bajaba en 11.992 (de 44.003 a 32.011).

La gestión de las ciudades del cambio, en las que la reducción de los préstamos ha llegado a alcanzar velocidades de 160.000 euros por hora, ha resultado clave en este apartado. Esa mejora de la gestión de las cuentas públicas ha permitido que ayuntamientos como el de Zaragoza hayan logrado a adelantar en cinco años la salida del Plan de Ajuste iniciado en 2012, y cuya finalización estaba inicialmente prevista para 2022.

Costosas y variadas pifias

Sin embargo, ese descomunal nivel de endeudamiento y esa deficiente gestión de las cuentas no son los únicos factores que lastran la gestión económica de un Gobierno que, al mismo tiempo, alardea de su rigor presupuestario y se ve capaz de anunciar para dentro de tres años el final de la crisis pese al progresivo aumento de la desigualdad y la brecha social.

El ejecutivo de Mariano Rajoy acumula decisiones gravosas para las arcas públicas, entre las que destacan dos: el rescate bancario, cuyo análisis lleva al Banco de España a dar por perdidos 60.600 millones de euros, cuando otros países europeos han recuperado íntegramente los fondos destinados a reflotar bancos, y la amnistía fiscal ilegal, que permitió lavar 28.000 millones de euros y libró a los propietarios de otros 12.000 de pagar sanciones de entre 5.300 y 8.000.

Paralelamente, dos de las decisiones estrella del Gobierno de Rajoy en materia de energía ya le han costado más de 200 millones a las arcas públicas: el primero del medio centenar de laudos del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial sobre los recortes a las renovables le ha supuesto a España una condena de 128 millones de euros, cifra a la que se suman los 77 con los que el Estado debe indemnizar a Repsol, Cepsa y Disa por obligarles en 2012, en una decisión del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que optó por mantener, a vender el butano con un precio inferior al de los costes.

Paralelamente, el Supremo condenó en marzo al Ministerio de Fomento a indemnizar a la multinacional Abertis con casi 1.500 millones de euros (a pagar en 2021) por el bajo uso de la autopista AP-7 entre Tarragona y Francia.

Sanciones europeas

Por otro lado, el Estado español ha sido objeto de tres multas millonarias por parte de la UE: una de 18,9 millones por la manipulación de las cifras reales de déficit de la Comunitat Valenciana, otra de más de 46 más otro millón adicional cada seis días por la deficiente depuración de las aguas residuales de 17 municipios y, por último, la vinculada a la reforma de la estiba, que finalmente ha sido rebajada de los 24 millones iniciales a solo tres.

No parece, ni mucho menos, que vayan a ser las últimas sanciones comunitarias que reciba España, que tiene abiertos expedientes por la normativa sobre hipotecas, la escasa implicación en la acogida de refugiados o las trabas al autoconsumo de energías renovables.

Un informe hecho público esta semana por la Comisión Europea sitúa al Estado Español, con 83 procedimientos de infracción abiertos a finales de 2015 (37 se incoaron ese año), como el tercer país con más causas, solo superado por Alemania (88) e Italia (89). Más de 60 de esas infracciones, bajo investigación se deben a transposiciones incorrectas de directivas comunitarias y a “mala aplicación” del derecho de la UE.

ARGENTINA

Se perdieron casi 3200 empresas en un año y medio de mandato PRO

Según la AFIP, la caída se sintió con más fuerza entre las firmas muy pequeñas y chicas.

Randy Stagnaro > @randystagnaro - Sábado 8 de Julio de 2017

Diego Paruelo

Entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, se perdieron 3198 empresas en la Argentina, es decir, siete por día. El dato refleja la magnitud de la recesión que campea en la actualidad y explica el crecimiento del desempleo a dos dígitos, especialmente en las grandes urbes. Además, expresa la tendencia del capital hacia la concentración, lo que puede acelerarse en tiempos de crisis, cuando los empleadores más débiles quiebran o son absorbidos por los que tienen espaldas más grandes para soportar los malos momentos.
De ahí que los números de la desaparición de empresas no sean los mismos para todos los sectores económicos ni para todos los tamaños de emprendimientos. La actividad de la construcción perdió casi el 5% de las empresas que la integran en este año y medio; en el sector agropecuario esa extinción alcanzó al 2,5 por ciento. Desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores empleados, las micro empresas fueron las más perjudicadas, ya que perdieron casi el 3% del padrón, aunque también se observa una brusca caída, del 6%, en el grupo de las firmas que emplean entre 1500 y 2500 trabajadores.
La información surge de los boletines mensuales de la Seguridad Social que elabora la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que toman como base las declaraciones juradas que emiten los empleadores con las nóminas de personal asalariado.
Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la reducción de la cantidad de empresas que actúan en la economía es una consecuencia de la crisis, que trajo como consecuencia una mayor concentración, con menos empresas en actividades críticas.
Según un reciente informe de ese centro de estudios: "Del mismo modo que se ha modificado el comportamiento del mercado de trabajo, la morfología de los mercados también ha sufrido mutaciones. Al igual que en cada periodo histórico signado por crisis, se produce una concentración en el orden empresarial: menos empresas, y de mayor tamaño".
CEPA señaló que "la amplia mayoría de las empresas desaparecidas refieren a empresas de menos de 100 trabajadores, ascendiendo a 3198 en total entre diciembre 2015 y marzo de 2017. Por otro lado, son 107 las empresas que dejan de existir, con un rango de ocupados entre 101 y 2500 trabajadores, mientras que solo hay una baja de cuatro empresas de más de 2500 trabajadores".
La dinámica de la desaparición de empresas tampoco ha sido regular en todo este año y medio. Así, "la desaparición de empresas más chicas, de hasta 100 trabajadores, se aceleró los últimos meses. Entre septiembre 2016 y marzo 2017 pasaron de ser 1992 bajas, a un total de 3087 casos. Esto es llamativo dado que son estas mismas empresas las que encabezaron las contrataciones de empleo estacional en el período septiembre 2016 a marzo 2017", indicó el trabajo de CEPA.
Respecto de los rubros, hay diferencias que remarcan sobre qué sectores se ha acentuado la recesión. Si se consideran las actividades en las que hubo una mayor desaparición de empresas, entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, se observa que la reducción de empleadores se concentra en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (1492), Industria manufacturera (1387), Construcción (1076) y Servicios de transporte y almacenamiento (1830). Compensan en parte esta reducción el incremento en Servicios de alojamiento y servicios de comida (1950).
"Ello pareciera indicar una retracción explicada por la crisis de las economías regionales y, asimismo, por el sector industrial, ostensiblemente afectado en el último año y medio. Asimismo, tanto la construcción como los servicios asociados (a la industria y a la construcción) experimentaron un repliegue que explica la destrucción de empresas. En todos estos sectores se fortalece, entonces, un proceso de concentración empresarial", indicó el informe.
La reducción en la cantidad de empresas que actúan en la economía es un problema que la Argentina arrastra desde hace tiempo. Por caso, a marzo pasado había menos empresas en el país que en enero de 2013. Si bien en el medio la cantidad de empleadores creció por encima del número de enero de 2013, de 568.205, es notable el estancamiento en ese sentido, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para impulsar la creación de nuevos emprendimientos por medio de facilidades en los trámites y subsidios.
El año 2014 fue uno de los peores en ese sentido, y la devaluación de fines de enero de ese año impactó de lleno. Ese año arrancó con 568.613 empleadores que entregaron sus declaraciones juradas a la AFIP con las nóminas de asalariados. En marzo comenzó un bajón cuyo fondo se vio en junio, cuando la cantidad de empleadores cayó 558.294, es decir, más de 10 mil menos respecto de enero. A partir de allí se produjo una recuperación que llevó la cifra a un nivel en torno de los 565 mil empleadores.
El año 2015 fue atípico, ya que concluyó con más empresas que las que tenía al empezar, algo que no sucedió en los años anteriores ni en 2016.
Con todo, la información de AFIP no es la única que circula por los escritorios de los funcionarios o las oficinas de empresarios y sindicalistas. Hay otras que arrojan cifras peores. Por caso, están los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que publica cada tres meses las estadísticas de registros laborales (ERL), en las que contabiliza a las empresas, los asalariados y las remuneraciones, entre otros aspectos de las relaciones laborales.
Según estos trabajos, en 2016 se perdieron 4160 empresas (el último ERL corresponde al cuarto trimestre de 2016). El Indec observa que estas extinciones se dieron en dos segmentos de empresas: las que tienen hasta diez empleados, con 3288, y las de la franja inmediatamente superior, con entre 11 y 50 empleados, en donde la reducción sumó 891 casos. Es altamente probable que cuando el Indec dé a conocer los datos del primer trimestre de este año, este mes, se acentúe la pérdida de empresas.
Fuera del ámbito oficial también hay estadísticas o cifras sueltas que apuntan a lo mismo, a una reducción de la cantidad de empresas por efecto de la crisis y la reducción del giro comercial y del consumo.
En noviembre del año pasado, por caso, el entonces titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, aseguró ante la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados que "en los últimos meses 6300 locales comerciales de todo el país se vieron obligados a cerrar sus puertas". Según Cornide, esos comercios "no podían afrontar los altos costos frente a la caída de ventas". CAME evaluaba que ese descenso era del 7% promedio medido en cantidades. Cornide tiró este número para sensibilizar a los legisladores en la discusión sobre el nivel de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito por transacción.
Según Rubén Manusovich, de Fedecámaras, otra entidad que agrupa alos pequeños comerciantes, los cierres de comercios serían mayores. "A los 6000 locales cerrados en 2016 hay que sumarles unos 25 mil que no aparecen todavía en las estadísticas oficiales." El dirigente comercial consideró, además, que "la situación del sector no tiende a mejorar, ya que a esos locales cerrados habrá que sumarles los que vayan a cerrar por la modificación por decreto de los feriados y la aplicación de los últimos tarifazos", agregó.
Por su parte, la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme) informó en abril pasado que durante los primeros tres meses de 2017 cerraron más de 1800 empresas, a un promedio de 20 por día.
Entre los funcionarios no hay mucho interés en discutir estas cifras, ni las oficiales ni las extraoficiales. En general, contestan que el cierre de empresas es parte de la dinámica del mercado y que lo importante es visualizar que se crean más firmas que las que cierran. Además, relativizan los datos de AFIP e Indec al señalar que "muchos casos" de eliminación son en realidad "fusiones o absorciones" por lo que cae la cantidad de declaraciones juradas de empleadores.
Sin embargo, no solo no hay cifras que demuestren que en la actualidad se crean más empresas que las que cierran, sino que el aumento del desempleo refuerza la idea de que más que "fusiones y absorciones" lo que hay son cierres lisos y llanos de empresas.
Para el economista José Luis Blanco, de la consultora Tendencias Económicas, la conflictividad laboral está asociada a los despidos y suspensiones, que a su turno tienen relación con el cierre de empresas. "Vemos que hay empresas que cierran por una cuestión de costos y otras que lo hacen porque no pueden competir con la importación. De cualquier manera, se trata de un proceso de goteo, por ahora no hay cierres masivos, aunque el goteo se mantiene sostenido". Blanco, que sigue mes a mes la conflictividad laboral, consideró que los sectores económicos más afectados por los cierres son el textil y la construcción, donde se han dado fuertes reducciones netas de empresas.
Muchos de los cierres de empresas responden a una concentración de la producción en un escenario recesivo que se prolonga en el tiempo más allá de lo que el gobierno pronostica. En ese terreno se inscriben tanto el cierre de la planta de PepsiCo en el Gran Buenos Aires como el de la gráfica AGR. Ambos representan el proceso de liquidación de activos, cierre de líneas de producción y achicamiento de planteles con el objetivo de hacer un "borrón y cuenta nueva" en las relaciones laborales, de forma tal que la nueva camada de trabajadores ingrese al mercado de trabajo con mayor flexibilidad laboral, convenios colectivos modificados y mayor precarización. Para la clase empresaria, se trata de la forma elegida para lograr reducir el costo salarial en dólares, requisito previo antes de cualquier lluvia de inversiones. Más si se toma en cuenta que la capacidad industrial ociosa sigue muy elevada, en torno del 35%, según el último dato del Indec conocido días atrás.
Las estimaciones de los economistas que acompañan al gobierno indican que el crecimiento de este año no será del 3,5% ni del 3%, como dicen los funcionarios económicos. Más bien se ubicaría en torno de un 1,5% y ello dependería del segundo semestre de este año, signado por elevadas tasas de interés, elevada inflación, fuga de capitales y escasa inversión, local o foránea.
Se trata de un duro cóctel que prenuncia que el cierre de empresas seguirá, solo que esta vez en medio de la campaña electoral. «
El cierre que puede arrasar a todo un pueblo
El proceso de cierre de empresas tuvo, días atrás, un episodio terrible: ante las cámaras de televisión, una empresa minera de Córdoba demolía las viviendas de los que fueron hasta horas antes sus trabajadores.
Esta fue la historia de la minera Cefa, que inició hace un año el desmantelamiento de su calera en Quilpo, al sur de Cruz del Eje. El abandono de la actividad trajo consigo la desaparición de todo un pueblo, con la demolición de escuelas, iglesias y casas. De los 70 trabajadores que quedaban luego de la última ola de despidos, tan sólo quedaron diez para terminar con la tarea de dejar tierra arrasada.
"Esto no es un hecho aislado. Acá cierra una fábrica detrás de otra", fue la descripción de Gustavo Contreras, comunicador comunitario de Cruz del Eje. Uno de los trabajadores despedidos relató que "después de 12 años de trabajo en la Calera me despidieron y me dieron 300 mil pesos", y agregó: "A algunos compañeros con más antigüedad le dieron más, a otro les dieron una casa en Cruz del Eje y efectivo. Otros están en conflicto".
Aunque no hay confirmación oficial, el terreno donde funcionaba la calera sería explotado por otra empresa que se dedica a la venta de áridos para la construcción.
Los lugareños le explicaron a Tiempo que en los pueblos y ciudades cercanas se vive el cierre de la calera con angustia por la falta de trabajo. A la hora de describir la situación laboral que se vive en esa zona del norte de Córdoba, Contreras asegura que en la zona "está todo parado. Por la suba de los precios se frenó la construcción que era la principal actividad en San Marcos Sierra. Además, cierra una fábrica atrás de otra, no estamos aislados de lo que pasa en el resto del país", explicó.
Los trabajadores de la calera explicaron que si bien la empresa solo mantendrá la planta que actualmente tiene en San Juan, desde Recursos Humanos les informaron que no se les ofrecerá el traslado porque en esa sede también hay un proceso de "reducción de personal".

La Deuda Macri a 100 años (*)

Lunes 10 de julio de 2017, por Héctor Giuliano *

Con fecha 28 de junio, 10 días después de emitida una escueta comunicación de prensa que daba cuenta del hecho y cuando crecía la inquietud por la falta de informaciones oficiales oportunas al respecto - el Boletín Oficial publicó la Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas (MF) que respalda la colocación del Título Público a 100 años de plazo: el denominado Bono Internacional 7.125 % Vto. 2117.

* Licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa

Esta resolución ministerial está acompañada por seis extensos anexos jurídico-financieros que contienen información detallada sobre la operación y cuya lectura pormenorizada – por razones de tiempo y trabajo - todavía no pudo ser completada por parte del autor.
El tema, sin embargo, en lo básico ya fue planteado y tratado en un trabajo anterior nuestro - titulado “Deuda Pública a 100 años” (del 20.6) - escrito apenas conocida la noticia y que ahora es ampliado, en función de los nuevos datos editados, a través de la presente nota, por lo que no va a repetirse aquí lo dicho en esa oportunidad ya que se da por conocido, salvo algunas ideas-eje que ameriten reiterarse o profundizarse.

Aspectos financieros específicos

Colocar Deuda a 100 años carece de lógica y de racionalidad financiera: ¿qué significa contraer obligaciones con vencimiento a un siglo de distancia?, ¿qué explica y qué justifica una emisión de esta naturaleza hoy para la Argentina?, ¿dónde está la demostración técnica y cuál ha sido la metodología de cálculo utilizada para fundamentar la hipotética capacidad de repago de tales obligaciones dentro de un siglo?, ¿cuál es la supuesta ventaja de dicha colocación de bonos públicos en las condiciones en que se ha efectuado?, ¿con qué criterio se determina una emisión de deuda a 50, 100 ó 200 años de plazo? ..., en síntesis, ¿quién y cómo se hace cargo de demostrar debidamente la conveniencia técnica de la operación y quién y cómo se hace responsable por el cumplimiento de las obligaciones así contraídas a tan largo plazo?.
El gobierno Macri – principalmente a través del Ministro de Finanzas Caputo pero también del Jefe de Gabinete Marcos Peña y del Ministro de Hacienda Dujovne – parece creer que puede soslayar la aclaración de estos interrogantes apelando a los auto-elogios, las expresiones suficientes y genéricas (Caputo habló de un gran logro y también de un gol de media cancha), a evasión de los temas de fondo vía referencias marginales o periféricas al contenido concreto de las operaciones concertadas y a evasión de las debidas explicaciones técnico-financieras del caso.
La síntesis de la operación de colocación del Bono 2117 es preocupante:
Un título público a 100 años sin demostración alguna de capacidad de repago y sin respaldo legal específico, lo que equivale a un régimen de Bono Perpetuo, aunque con el agravante adicional que el pago de los servicios de intereses no deja sin efecto la devolución del principal al vencimiento.
Un monto de 2.750 Millones de Dólares (MD) colocado bajo la par - al 90 % de su valor, lo que representa un ingreso neto de 2.475 MD – y a una tasa de rendimiento récord mundial del 8 % anual (7.93).
Una operación realizada por Contratación Directa con cuatro grandes bancos internacionales que revestirían una condición poco clara de Bancos Agente/Colocadores y compradores del bono a la vez.
Las declaraciones de los funcionarios macristas no aportan claridad ni transparencia a lo actuado sino, por el contrario, imprecisiones e inconsistencias:
Los funcionarios dicen que la Argentina se endeuda a tasas de interés bajas cuando nuestro país está colocando la deuda a largo plazo más cara del mundo (8 % anual).
Se sostiene que colocar deuda a 100 años es un supuesto logro porque expresa un signo de confianza de los mercados hacia la Argentina pero prestarle al 8 % durante un siglo – cuando se trata de la tasa más alta entre los países que han colocado deuda bajo este régimen (Bélgica, Irlanda, China, México) y por el doble o triple de su porcentaje – no es precisamente una expresión de tal confianza.
El ministro Caputo añade – sin aportar información desagregada en este punto - que el gobierno está colocando deuda “a las tasas más bajas de la historia argentina” cuando la tasa del bono a 100 años duplica la tasa promedio ponderada de toda la deuda en dólares hoy existente, que es del 4.08 %; dándose el hecho, por otra parte, que gran parte de la deuda que determina este nivel de tasa es producto de su política de conversión de Deuda intra-Estado en nueva Deuda Externa.
El gobierno Macri esgrime que las ofertas que dice haber recibido por el Bono 2117 totalizaron 9.750 MD, de las que se aceptaron 2.750 - que en realidad lo fueron por 2.475 MD porque los bonos fueron colocados al 90 % - de modo que la relación entre lo ofrecido y lo aceptado habría sido así de casi 4 a 1. Pero si fuese cierto que a la Argentina le sobraban las ofertas de compra no se entiende por qué haber colocado el bono un 10 % bajo la par.
Igualmente, el ministro Caputo dice que la emisión del bono se hizo para aprovechar la oportunidad de las buenas condiciones del mercado internacional, pero ello no se condice con la realidad de tomar deuda cara – prácticamente la más alta del mundo - en un mercado global que hoy está barato.
El ministro Caputo, hablando de su supuesto “gran logro” por la colocación del Bono 2117 dijo que “devolver 2.750 MD dentro de 100 años es equivalente a devolver 100 MD hoy” (Infobae, 22.6) pero esto no está demostrado en ninguna parte. Por el contrario, un trabajo elaborado días pasados por Javier Llorens, de Córdoba, calcula que el Valor Actual o Valor Presente de la operación muestra montos negativos, que van desde 7.800 MD (tomando la tasa de descuento de Bélgica 2016, del 2.35 %) hasta menos 3.400 MD (tomando la tasa de México 2010 del 5.75 %). Incluso tomando la tasa promedio en dólares de la Argentina (4.08 %) este Valor Actual negativo de los pagos futuros resulta de 4.800 MD (y el Valor Actual Neto – si se deduce el importe del préstamo recibido – queda en menos 2.300 MD). Es decir que – según lo demuestra Llorens – con cualquier tasa de descuento que se tome el Valor Actual Neto arroja millonarias pérdidas para la Argentina (Ver Striptease del Poder, Junio de 2017).
El gobierno Macri – en el contexto de su Política de Gobernar con Deuda – sigue sin ofrecer la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las obligaciones financieras que sigue contrayendo en gran escala mientras aumenta vertiginosamente el stock de la deuda impagable del Estado: 35.000 Millones de Dólares (MD) el año pasado y otros 38.000 MD en el 2017 según lo previsto en el Presupuesto aprobado por el Congreso.
En síntesis, la administración Macri está engañando y confundiendo muy seriamente a la opinión pública en relación a la naturaleza, características y alcance de la colocación del bono a 100 años de plazo, con consecuencias imprevisibles para las finanzas del Estado Argentino.

La lógica de la operación

El Bono 2117 está diseñado a través de una compleja ingeniería jurídico-financiera cuyo sentido no queda totalmente claro:
La operación fue concertada por contratación directa con un grupo de cuatro bancos colocadores de bonos: los bancos Citigroup y HSBC, en su carácter de Agentes de Estructuración y Colocación Conjuntos (que son las dos entidades principales) y los bancos Santander y Nomura, como co-agentes o entes secundarios; sin que se conozca si existió una compulsa previa de ofertas o se trató de un ofrecimiento de estas entidades aceptado por el gobierno Macri.
Estos bancos, empero, son a la vez Compradores Iniciales de los bonos que emite la Argentina: 1.237.5 MD cada uno los dos principales y 137.5 MD cada uno los dos secundarios. En total: los 2.750 MD a valor nominal de la operación.
Como los bonos se venden con un 10 % de descuento por ser colocación bajo la par, lo que el Estado Argentino recibe es 2.475 MD (2.750 x 0.9), que restándole los gastos conocidos quedarían reducidos más exactamente a 2.472 MD.
Estos bonos devengarán entonces un rendimiento para los acreedores superior a la tasa de interés nominal del 7.125 %, que será del 7.93, prácticamente el 8 % anual, lo que significa que en el término de 100 años la Argentina pagará en total unos 20.000 MD de intereses (19.600) sobre un capital prestado de 2.750 MD (que, en realidad, son 2.475). Esto es, una relación de 8 a 1 entre intereses y principal (19.600/2.475 = 7.92).
A los efectos que los bancos compradores puedan revender estos bonos en el mercado el gobierno argentino asume la obligación de registrarlos en la SEC - Comisión de Valores norteamericana – para que los mismos puedan ser comercializados en la plaza de Nueva York y admitidos en el régimen internacional de transferencias de Euroclear y Clearstream; y lo hace sujeto a severas penalidades (un recargo de hasta el 0.75 % en la tasa de interés) e indemnizaciones en caso de incumplimiento de tal compromiso.
La Resolución 97-E/2017 - por el artículo 5 – reconoce a estos bancos colocadores una comisión del 0.12 % sobre el monto total del capital de los bonos pero ello no tendría sentido por tratarse de una venta directa de los títulos para que luego los bancos tomadores los comercialicen por su cuenta.
El gobierno contrata además como Fiduciario y Agente de Pago a The Bank of New York Mellon (el mismo que intervino en su condición de tal bajo la administración Kirchner desde el Megacanje 2005-2010).
Asimismo, el gobierno Macri mantiene como Asesor Legal en Estados Unidos al estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, de Nueva York (el mismo que – desde la época del Plan Brady 1992-1993, época Menem-Cavallo – también mantuvo la administración Kirchner hasta fin de su mandato).
Además, se agregan como Coordinadores conjuntos en la recepción de Ofertas el estudio Shearman & Sterling, de Nueva York, para los trámites en Estados Unidos, y el estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi, de Buenos Aires, para los trámites en la Argentina.
Todos estos intervinientes en la operación forman parte de lo que normalmente cabe denominar el Club de la Deuda: el conjunto múltiple e interrelacionado de entidades privadas que viven y/u obtienen importantes beneficios financieros merced a la colocación sistemática de Deuda Pública.
El gobierno Macri debiera explicar en forma clara y concreta cuál es la lógica de la operatoria armada en torno a su bono a 100 años.

La cuestión de la legalidad

La Resolución 97-E/2017 da por sentada la legalidad de la operación de colocación del bono a 100 años en función del artículo 34 de la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 y éste en consonancia con el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, que establece que toda colocación de Deuda Pública debe hacerse autorizada por ley del Congreso.
Pero ello – como ya lo hemos dicho en nuestro trabajo anterior – carece de verdadero respaldo por falta aprobación específica y, a la vez, por total carencia de razonabilidad.
El artículo 34 – en su párrafo final – dice que el Ministerio de Finanzas podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la planilla adjunta que detalla los montos, especificaciones y destino de las operaciones de crédito público (de lo que deberá informar al Congreso dentro de los 30 días de efectivizada cada operación), pero dicha planilla no permite la concertación de operaciones de endeudamiento a más de cuatro años de plazo.
Que el Ejecutivo utilice este párrafo del artículo como subterfugio de la colocación de deuda a 100 años de plazo constituye no sólo una interpretación carente de toda razonabilidad y un manifiesto abuso de interpretación de la Ley de Presupuesto sino, a la vez, una demostración de mala fe y extralimitación en sus facultades que transforma esta operación en deuda irregular y/o ilegítima porque viola la letra y el sentido del artículo 4 de la Ley 24.156, que dice:
En el enunciado del artículo: Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deben tenerse presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:
En el inciso a): Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos; (el subrayado es nuestro).
En el inciso b): Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional;
En el inciso d): Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y mantenimiento de: ... (dos cosas)
En el artículo 4 d): ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna;
En el mismo artículo 4 d): iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad.
En función de estos requisitos fijados expresamente por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado: ¿cómo se inserta el razonamiento y la justificación del comportamiento del gobierno al introducir unilateralmente modificaciones tan importantes sobre el presupuesto del Ejercicio 2017 sin más trámite que apelar a una interpretación irrestricta del artículo 34?
No se trata aquí de cambios menores o de forma sino de variaciones sustanciales que alteran la naturaleza del endeudamiento oficial: la asunción de un criterio tal de discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo en las modificaciones del Presupuesto equivale a tomarlo como un cheque en blanco para hacer cualquier cosa.
Esto constituye una burla abierta a la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 del Congreso y una transgresión al espíritu y la letra de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado; y que los legisladores nacionales – si se precian de tales – no debieran permitir.
Caso contrario, en el futuro bastaría que las leyes de presupuesto se limiten a consignar una cifra global dejándole abierta a los gobiernos de turno la posibilidad que hagan cualquier cosa, sin limitaciones de ninguna clase.
Frente a la seriedad de esta cuestión planteada y por elementales razones de transparencia deviene más que necesario conocer especialmente los términos de las opiniones vertidas por la presidencia del Banco Central (BCRA, según el artículo 61 de la Ley 24.156), de la Procuración del Tesoro de la Nación y del Servicio Jurídico competente en esta materia (según la Resolución 97-E/2017).
Por eso reiteramos nuestra advertencia de que una operación de endeudamiento público que esté incursa en este tipo de irregularidades entra en los términos del artículo 66 de la Ley 24.156, que dice que: Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.
Y agrega, en su segundo párrafo, que: Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.
Expresado con otras palabras: estamos diciendo que las irregularidades que conlleva la toma de deuda a 100 años y en estas condiciones compromete gravemente a la administración macrista y la expone con fundamento a que tales obligaciones sean declaradas nulas.
Por ende, la colocación del bono a 100 años de plazo debe ser revisada por el Congreso, investigada con urgencia por la Auditoría General de la Nación y quedar en suspenso hasta tanto el gobierno Macri no sea expresamente autorizado por el Congreso para contraer las obligaciones que de dicha operación se deriven para el Estado Argentino.

Un agravante jurídico

Como complemento de todo lo dicho hasta ahora, es pertinente agregar que hay aquí un aspecto particular muy importante dentro de la operatoria jurídico-financiera del bono a 100 años sobre el que aparentemente no se ha reparado y es el precedente legal que los documentos firmados implican para este caso y para la deuda externa argentina en general.
El volumen de la documentación parcial disponible y la falta de tiempo suficiente como para poder analizarla de inmediato hacen que no sea posible detenerse en todos los detalles del caso pero hay algunos puntos concretos que ameritan advertirse de inmediato.
En el Anexo II, que contiene la información del prospecto del Bono 2117 – páginas 40/41 – se estipulan una serie de hechos que constituirán incumplimiento (default) de los nuevos bonos y que – textualmente - son los siguientes:
Falta de Pago. Si la República no cumple con cualquier pago de capital e intereses respecto de los Bonos a su vencimiento y dicho incumplimiento continúa por más de 30 días;
Esto es, que con esta cláusula la Argentina se somete a un régimen muy estricto por riesgo de default.
Incumplimiento de otras obligaciones. Si la República no cumple con cualquier otra obligación conforme a los Bonos o el Contrato de Fideicomiso ...;
Esto es, que a los condicionamientos directos se le agregan los indirectos.
Incumplimiento Cruzado. Si se produce cualquier hecho o situación que resulta en la aceleración del vencimiento de cualquier deuda pública externa en situación de pago normal de la República por un monto total de capital de 50 MD (o su equivalente en otras monedas) ...;
Ésta es, en principio, probablemente la condición más peligrosa porque expone al país a la unificación de los requisitos de cumplimiento de las obligaciones externas en su conjunto.
Moratoria. Si la República declara una moratoria respecto del pago del capital o intereses de su deuda pública externa en situación de pago normal y dicha moratoria no excluye expresamente a los Bonos;
Esto es, que se configura un tratamiento especial del Bono 2117 o se incurre en una exposición equivalente a la del punto anterior.
Validez. Si la República impugna la validez de los Bonos.
Esto último significa que se estaría reconociendo la inmutabilidad de la situación del Bono aunque la Argentina tuviese motivos para impugnarlo.
Este punto es particularmente problemático incluso en caso que por cualquier razón debidamente fundada quedase sin efecto esta operación de deuda por el Bono 2117.
Pese a su importancia y gravedad – y también a sus implicancias - el gobierno Macri soslaya informar en forma directa sobre los verdaderos alcances de este tipo de condicionamientos (que son sólo una parte del paquete de documentos firmados por el Ministerio de Finanzas invocando la autorización del Congreso).
La administración Macri acentúa así el compromiso del país a través de un paquete de cláusulas legales – relacionadas entre sí como una verdadera telaraña – que van desde la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros a la renuncia a oponer la inmunidad soberana (exceptuando las reservas mínimas de rigor), y desde la cláusula pari passu a la de incumplimiento cruzado de todas las obligaciones externas.
Tales condiciones, asumidas por un Estado que no tiene liquidez ni solvencia fiscal demostrada frente a las obligaciones que se siguen incorporando con total irresponsabilidad financiera dejan a la Argentina en las peores condiciones posibles de exposición jurídica para la defensa de sus intereses nacionales.
Con el agravante que ahora este tipo de cláusulas comprometen a nuestro país por 100 años y, peor aún, extienden su condicionalidad no sólo al Bono 2117 sino a todos los títulos de la Deuda Externa Pública.
No puede descartarse que una de las finalidades encubiertas del bono a 100 años sea esta firma de condiciones cruzadas que encadenen de tal manera toda la deuda exterior de la Argentina por un siglo.
El hecho que la administración Macri cometa con el bono a 100 años este verdadero despropósito financiero y jurídico - dentro del ya insoluble problema de la deuda pública perpetua en que está metida la Argentina - y que además se exponga a hacerlo en un año electoral, a pocos meses de los comicios, denota no sólo su grado de desubicación política sino además la verdadera gravedad de la crisis de Deuda que vive el país y la patética situación financiera fiscal que explica tal nivel de servidumbre macrista ante el poder de la Banca Internacional que lo sostiene.
(*) Este trabajo es continuación de otro acerca del mismo tema - "Deuda Pública a 100 años" (del 20/6) - circularizado apenas conocida la noticia; y cuya lectura previa (que también adjunto) considero requisito indispensable del presente porque aquí no se reproduce todo lo dicho en esa oportunidad sino que ello queda asumido como base.

URUGUAY

Fernando Pereira, Tamara García y Marcelo Abdala, hoy, luego de la conferencia de prensa en la sede de PIT-CNT. Foto: Andrés Cuenca

El PIT-CNT celebró el acatamiento al paro general

20 • jul. • 2017

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo en la conferencia brindada en la sede de la central sindical este mediodía que hay un alto nivel de acatamiento al paro general.
“Varios compañeros hemos recorrido las calles de Montevideo en las primeras horas de la mañana y podemos decir, con certeza, que decenas de miles de trabajadores han adherido a la medida del movimiento sindical de manera libre y voluntaria, sin presión de ningún tipo, con la convicción de que si su sindicato los convoca, ellos paran”, aseguró Pereira, antes de agregar: “no nos gusta que patrones hayan puesto ómnibus en las calles”. El líder sindical dijo que la calle estaba “llenita” de ómnibus, "pero iban sin trabajadores y eso es un apoyo a la plataforma del movimiento sindical".
Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que al movimiento sindical se lo critica por “una presunta falta de independencia con respecto a los partidos políticos”, en particular el Frente Amplio, pero esta jornada de paro “es una demostración muy clara del nivel de autonomía” con el que adopta sus decisiones el PIT-CNT.
Abdala recordó que en 2015 y 2016 el PIT-CNT logró que el Poder Ejecutivo cambiara en tres oportunidades los criterios que planteó en los Consejo de Salarios.

PARO GENERAL - 20 de julio de 2017, 16:07hs LR21

PIT-CNT afirma que el paro tuvo "alta adhesión"

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira afirmó que el paro es "reivindicativo" y no "una pulseada".

El Bulevar Artigas parecía un domingo aunque era un día entre semana. Foto: Carlos Loría – LARED21

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereiza, dijo que el paro general de este miércoles tuvo “alta adhesión”, y que espera que “debería hacer reflexionar” a la sociedad sobre el valor del PIT-CNT.
Según explicó en conferencia de prensa, “miles de trabajadores han adherido a la medida del movimiento sindical, libre y voluntariamente, sin coerción de ningún tipo, con la convicción de que si su sindicato los convoca ellos paran”.
Por la ciudad se vieron circular decenas de ómnibuses, aunque las paradas se veían repletas a veces. En distintas zonas del centro, muchos comercios permanecieron cerrados porque sus empleados vieron dificultado el desplazarse desde sus hogares hasta los lugares de trabajo.
Pereira aseguró que el paro no es “una pulseada” y que no pretenden “torcer el brazo” del Gobierno nacional. “Las pulseadas son absurdas, nosotros hemos dicho con claridad, yo no lo voy a dejar de decir nunca, que nosotros somos independientes, pero no somos indiferentes del proceso de cambio y que no tiene nada que ver un gobierno neoliberal con un gobierno progresista”, señaló.
“Se ha hecho un enorme esfuerzo para que el paro tenga una convocatoria importante. No por la convocatoria en sí misma, sino porque el paro tiene un antes, que fue la preparación mediante asambleas, la distribución de volantes, colocación de afiches, se conversó con la gente en los barrios; un paro general tiene un durante, que es el acatamiento que tiene y eso se mide simplemente con la cantidad de trabajadores que no van a su puesto de trabajo, pero tiene un después viendo cuales cosas se pueden conquistar a favor de los trabajadores”, consignó el líder sindical.
Criticó a los que “ridiculizan” el paro planteando que es una “medida corporativa” porque se está luchando por salarios, haciendo un llamado a que nadie se sienta avergonzado por luchar por un mejor salario.

Agenda sindical

Otro de los temas centrales del paro general fue el apoyar a las voces que piden un presupuesto para educación más grande. “Defendemos un mayor presupuesto educativo resolviendo algunas situaciones que es imprescindible solucionar a la brevedad, una de ellas es la de la 1013 auxiliares de servicio contratadas por comisiones de fomento, que trabajan una hora más por día y cobran 30% menos”, dijo.
“Está basado en el trabajo, la educación, negociación colectiva en el sector público e inversión pública, este es el corazón, la plataforma es mucho más amplia. A los efectos que la gente comprenda que hay un paro que tiene cuestiones para resolver y que algunas de ellas se podrían resolver con voluntad política, por ejemplo las de las leyes. Es un paro que tiene claramente la connotación de lograr reivindicaciones, a nosotros nos gusta jugar, pero no pulseadas, lo que tratamos de hacer es tener las condiciones y una de ellas es a través de la lucha”, aseguró vehementemente Pereira frente al auditorio en la calle Jackson.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también habló frente a los presentes. Según él “la lucha paga” pues “miles de trabajadores” que se adhirieron a la huelga le dieron “un sacudón” al país.
Abdala está convencido de que van a lograr que el Poder Ejecutivo los escuche y haga cambios a la Rendición de Cuentas. Fue enfático en que el Gobierno y el PIT-CNT son absolutamente independientes, a pesar de críticas de falta de independencia que han recibido. “En el día de hoy hay una demostración muy clara del nivel de autonomía con que adoptamos nuestras decisiones, nuestra disposición de lucha y la independencia y la claridad, en el acierto o en el error”, apuntó.
La central sindical espera que retomen su marcha leyes que consideran están “estancadas”. Tal es el caso de la ley de nocturnidad, que propone que aquellas personas que trabajan en horario nocturno reciban un pago más elevado que las de los horarios diurnos. Pereira se refirió al caso delicado del policía Wilson Coronel, que falleció de un disparo mientras hacía labores extra oficiales a su puesto como policía. “El cabo Wilson coronel murió porque tienen que salir a buscar una changa, tenemos que discutir esa realidad porque existe”, denunció.

Libertad de movimiento en la globalización

por Ricardo Viscardi

1a. quincena, julio 2017

El título de esta actualización de blog retoma el tema de la primera sesión del debate sobre (RE)-/E/IN/MIGRACIÓN organizado por la Embajada de Francia y el Goethe Institut, con la participación de Barbara Cassin (Collège International de Philosophie), Florent Guénard (Université de Nantes), Corinne Mieth (Ruhr-Universität Bochum) y Ricardo Viscardi (Universidad de la República), 26 de junio de 2017, Montevideo.

Una pirámide achatada con base en el “desplazamiento forzado”

Considerada globalmente, para hacerle honor al registro temático de la globalización, la migración incluye distintos procesos: la migración económica, el exilio y la condición refugiada. Tanto la migración por razones económicas como el exilio suponen una decisión vinculada, al menos relativamente, a la actividad voluntaria del migrante. Ese componente las asocia a la tradición occidental de la libertad civil. A estas expresiones consolidadas viene a agregarse una más reciente, pero muy significativa: la migración calificada.

La migración económica y el exilio se encuentran al presente en vías de regresión relativa, superadas por la migración destinada a refugiarse. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha tendido históricamente a incorporar, entre sus cometidos, las situaciones vinculadas tanto al exilio como a distintas formas de persecución por razones de pertenencia étnica, religiosa o ideológica. Cierta concentración de procesos migratorios de refugio, engloba a desplazados (principalmente por conflictos bélicos, eventualmente incluso por hambrunas o catástrofes climáticas), perseguidos (por razones eventualmente religiosas, étnicas o político-partidarias) o deportados (por conflictos étnicos o por exclusión ideológica). En tal sentido es ilustrativa las diferenciación que establece ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) entre las distintas circunstancias que se admiten por igual como móvil de refugio: a) desplazados internos (dentro de un mismo país) 40,8 millones de personas, b) refugiados en distintos países (21,3 millones, de los cuales16 bajo el mandato de ACNUR) y 3,2 millones de solicitantes de asilo.¹

Presenta un sesgo sugestivo que ACNUR adopte la vasta denominación “desplazamiento forzado” para presentar las situaciones de mayor desprotección, explotación y peligro para la vida humana en nuestros días. La distancia que sugiere tal denominación entre el destino de las personas en la extensión geográfica y el origen territorial que les es propio, parece indicar que las circunstancias que rodean a tal “desplazamiento forzado” escapan a todo lo que la tradición vincula con la libertad.

La migración calificada constituye el otro dato significativo del presente de las migraciones,² ante todo porque contrasta vigorosamente con la condición al límite de lo humano que tiende a tomar el “desplazamiento forzado”, sobre el que extiende una tutela relativa las Naciones Unidas. Contrapuesta al desamparo e incluso la explotación que caracterizan a la emigración compulsiva, la migración académica se convierte en un indicador sugestivo, en cuanto se sitúa en el polo opuesto del proceso migratorio que caracteriza a la globalización. Conviene entonces considerar los procesos migratorios en la actualidad como un conjunto que tiende a tomar la forma de una pirámide achatada. En el vértice se encuentran distintas formas de desplazamiento, que incluyen cierta capacidad de decisión por parte de las poblaciones involucradas, mientras en la base se encuentran una enorme mayoría de personas forzadas, por un concurso de circunstancias ajenas a su voluntad, a desplazarse entre distintos territorios.³

Podría entenderse que la migración privilegiada condensa todos los aspectos positivos de la libertad de movimiento, en cuanto supone ante todo una decisión del migrante, pero además, esa decisión no se vincula a una imposición de las circunstancias, como la represión política, la crisis económica o la catástrofe natural, sino a una formación obtenida por méritos propios, que habilita una mejor implantación socio-profesional en el extranjero. Pese a esta descripción que parece galardonada de todos los rasgos de la libertad y del movimiento por decisión propia, incluso la migración académica se convierte en una política de los estados, tanto para favorecerla como para desalentarla.

En la Unión Europea los estudiantes universitarios oriundos de uno de los países miembros, deben desplazarse obligatoriamente, durante un período no menor a seis meses, para estudiar en otro Estado de la misma comunidad. En el lado inverso tenemos el caso de Uruguay, país cuya extensión territorial no conoce distancias mayores a 500 km y donde el parlamento votó, bajo los auspicios del gobierno nacional, fondos específicos para instalar la Universidad de la República en el interior del país. Estos fondos estaban atados a ese fin y la universidad no podía utilizarlos con otro destino, con el explícito cometido de que los estudiantes uruguayos permanezcan en su departamento de origen o en uno aledaño. Tenemos por fin el caso de las políticas de repatriación o revinculación académica de ciudadanos que han terminado o desarrollado su formación en el exterior, que propician distintos estados, entre ellos el uruguayo.

Que los propios estados fomenten determinada migración (de estadía transitoria en el extranjero o de retorno al país de origen o incluso intenten limitar los movimientos migratorios de índole académica), señala hasta que punto la migración es un dato relevante del presente mundial, no sólo en el sentido trágico que adquiere para los desvalidos y expoliados, sino también como “política de Estado”. Parece sugestivo, por otro lado, que las políticas positivas que predominan en el conjunto social acerca de la emigración, se vinculen ante todo al campo del saber, del conocimiento y de la tecnología.

El acerbo cultural, cognitivo y tecnológico no es, en cuanto tal, patrimonio de ningún país en particular. La migración académica se presenta, con todos sus efectos queridos u obstaculizados según los casos por los estados-nación, como un elemento que se impone a los distintos sistemas políticos, en razón de condiciones supérstites a cada contexto nacional en particular.

El proceso migratorio como determinación transversal a los estados-nación

Cabe entonces preguntarse si la progresiva subsunción de la condición de exiliado y de emigrado en la de refugiado (desplazado, deportado, evacuado, etc.), no corresponde asimismo a una alteración de las condiciones de desarrollo internas de cada contexto nacional, como efecto de la intervención de poderes transnacionales, que atan las circunstancias internas de cada país a un potencial transversal al contexto internacional. Desde este punto de vista la migración académica configura una transversalidad globalizadora, que lejos de propiciar efectos edificantes para las comunidades que la padecen, promueve la desarticulación interna. Es ampliamente conocido que el potencial intelectual formado en los países del tercer mundo pasa a engrosar, en una proporción alarmante, el contingente operativo de los centros académicos en los países desarrollados.⁴

Carlos Quijano, fundador del Semanario Marcha en el Uruguay decía “La universidad es el país”. Con ello expresaba la característica matricial del Estado-nación: su desarrollo sustentado en una integración inteligente de la organicidad vernácula. Si este elemento integrador emigra, otro tanto tiende a ocurrir con las demás partes del todo social, que el mismo saber debiera articular. Así como el mayor contingente de refugiados corresponde, según ACNUR, a desplazamientos internos a los distintos países, los países que encabezan la nómina en números absolutos de refugiados recibidos son los que pertenecen a la zona del conflicto y participan, directa o indirectamente, del contexto bélico: Turquía (2,5 millones), Pakistán (1,6 millones), Líbano (1,1 millones), les siguen Irán , Etiopía y Jordania.⁵ El mayor impacto masivo de la migración se produce por lo tanto en el propio contexto desarticulado por los conflictos. Mientras corresponde a la descripción puntual de los sucesos, la presentación de la migración a escala mundial como un drama humanitario y una tragedia civilizatoria, también ignora el plano más determinante del desplazamiento de poblaciones en el presente: el potencial de intervención tecnológica que al día de hoy favorece la cristalización del poder mundial, con efecto sobre los países y las poblaciones “tomadoras de conflicto”.

Esa cristalización del poder mundial desarticula la integridad de las comunidades nacionales. El caso de Siria es por demás patente: un enclave estratégico, que cierra o abre el paso a través de Turquía a Europa, que colinda con el enclave kurdo y la zona de conflicto árabe israelí, es el escenario de una batalla que libran las grandes potencias, con intereses contrapuestos a través de las partes civiles del conflicto. Segun ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) el 54% de las personas refugiadas en 2015 proviene de tres zonas de notorio conflicto bélico, atravesado a su vez por ya históricas intervenciones extranjeras: Siria, Afganistán y Somalia.⁶ Allí la magnitud del escenario estratégico y de la potencia militar involucrada parecen presentar el aspecto humanitario como una secuela derivada y secundaria de lo que Derrida ha denominado, con relación al poder de Estado, la alternancia entre “la bête et le souverain”. Puede suceder sin embargo lo contrario, es decir, que el aspecto humanitario y el horror del exterminio sirvan de trasfondo a una manipulación estratégica, con propósitos igualmente desviados del fin que se aduce.

Parece haber sido el caso que trajo a colación la declaración del ex-presidente Mujica, con relación a los excarcelados de la cárcel de Guantánamo, posteriormente refugiados en Uruguay. Interrogado acerca de la conflictiva relación de los liberados de Guantánamo con el gobierno que él mismo presidía, Mujica declaró que la llegada a Uruguay de esas personas habilitaba, a su vez, la exportación de naranjas uruguayas a Estados Unidos.⁷ Por más que el ex-presidente uruguayo haya a posteriori tomado distancia de su propia declaración, el propósito que expresó dejó en claro que cierto vínculo de necesidad pudo ser pensado, desde un lugar de gobierno, entre una negociación comercial y la liberación de personas encarceladas al margen de todo derecho internacional.

Contrariamente a la frase “Después de Auschwitz no se puede pensar”, quizás lo propio del presente sea que debemos pensar Auschwitz. El criterio que sostiene la inconmesurabilidad entre Auschwitz y el pensamiento expresa, a su vez, una desmedida fe en el pensar. El fundamento clerical del positivismo queda manifiesto desde que sabemos que Augusto Comte fue el secretario de Saint-Simon, quien a su vez propiciaba una Iglesia de Jefes de Empresa. Recientemente Matthieu Calame denunciaba que la tecnocracia, que el denomina “cientistas” configura un nuevo clero, que imbuido de un rol evangelizador del saber, pretende convertir todo pensamiento en instrumento de la eficacia pragmática e incluso -se podría agregar- todo conocimiento en activo bancario.

1 ACNUR “Tendencias Globales” (2016) http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10627.pdf

2 Se estima en 1,5 millones el número de emigrantes calificados que América Latina y el Caribe han sumado a la población de los EEUU. Ver Luján, M. “Migraciones calificadas Sur/Norte: historia y desafíos en el presente” Voces en el Fénix http://www.vocesenelfenix.com/content/migraciones-calificadas-surnorte-historia-y-desaf%C3%ADo-en-el-presente

3 Mangana, S. “Nuestra casa es el mundo: el acento en los refugiados” El Observador (22/06/17) http://www.elobservador.com.uy/nuestra-casa-es-el-mundo-el-acento-los-refugiados-n1087887

4Lema, F. “Migraciones calificadas y desarrollo sustentable en América Latina” (2007) Educación Superior y Sociedad, Vol.12 No.1 http://ess.iesalc.unesco.org.ve/index.php/ess/article/view/25

5ACNUR “Tendencias Globales” (2016) ob.cit.

6ACNUR “Tendencias Globales” (2016) ob.cit.

7 “Mandá fruta” Montevideo Portal (06/05/16) http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?307438,3

Publicado por Ricardo Viscardi

viernes, 21 de julio de 2017

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Deuda pública billonaria

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Sanciones europeas

Se perdieron casi 3200 empresas en un año y medio de mandato PRO

Según la AFIP, la caída se sintió con más fuerza entre las firmas muy pequeñas y chicas.

Randy Stagnaro > @randystagnaro - Sábado 8 de Julio de 2017

Aspectos financieros específicos

La lógica de la operación

La cuestión de la legalidad

Un agravante jurídico

El PIT-CNT celebró el acatamiento al paro general

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El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira afirmó que el paro es "reivindicativo" y no "una pulseada".

Agenda sindical