ARGENTINA
Se va 2018 y Macri le regala a los argentinos aumentos de luz, gas y boleto
Desde
que Macri llegó al gobierno en 2015 las tarifas del gas natural
subieron 930%, los de la energía eléctrica, 920%, y los del agua
potable, 683% (vía Sputnik).
Macri presidente: se fue de vacaciones y firmó los aumentos de los servicios públicos.
El
gobierno de Argentina anunció que en 2019 volverán a elevarse las
tarifas de electricidad, en 55%, y de gas, en 35%, según medios locales.
A esto se suma el aumento del precio de los pasajes de transporte
público, los que regirán a partir del 12 de enero en Buenos Aires.
La
suba de la electricidad se llevará a cabo en dos cuotas, previstas en
mayo y agosto, mientras que el del gas, se producirá en abril, según el
diario local Clarín. En el caso del servicio de agua potable, subirá 17%
en enero y 27% en mayo.
Asimismo las autoridades
anunciaron una suba de 40% en el transporte de trenes y autobuses en la
capital argentina y su zona metropolitana. “Esto es el aumento que
nosotros hoy consideramos necesario para mantener la calidad del
servicio. Esperamos no tener que hacer otra actualización tarifaria para
el año 2019”, sostuvo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,
citado por Clarín.
Desde que Macri llegó al
gobierno en 2015, las tarifas de los servicios públicos han subido de
manera drástica. Entre 2015 y abril de este año los precios del gas
natural subieron 930%, los de la energía eléctrica, 920%, y los del agua
potable, 683%, según el Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avellaneda.
Argentina atraviesa una recesión y enfrenta una elevada inflación, que llegaría a 46 o 48% para fin de año.
Las subas de transporte, luz, gas y agua le sumarán 5 puntos al índice de precios del primer semestre
Aumentos que agregan leña al fuego
En
función de los incrementos en los servicios públicos para los primeros
meses del año que viene, la propia inercia de precios que viene de
arrastre de 2018 y el piso de devaluación, economistas prevén una
inflación de 34 por ciento de 2019.
La tarifa de colectivo aumentará en el primer trimestre entre 38,5 y 42 por ciento dependiendo del servicio.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
Los
anuncios de aumentos del transporte, energía eléctrica, gas y agua
explican por sí solos 5 puntos de inflación para el primer semestre del
año que viene, sin contar el impacto de los tarifazos en la estructura
de costos de la producción de bienes y servicios. En función de la
catarata de aumentos de los servicios públicos para los primeros meses
del año que viene, la propia inercia de precios que viene de arrastre de
2018 y el piso de devaluación anunciada según el esquema de bandas
cambiarias los economistas calculan un nivel estimado de inflación para
2019 que, nuevamente, supera a la previsión oficial. Esperan una suba
para todo el año que viene que llega al 34 por ciento, cuando la
previsión del Gobierno es del 23 por ciento de inflación.
“Nuestra proyección de inflación para el año que viene está en el orden del 34 por ciento. De hecho, los aumentos anunciados están bastante en línea con lo que veníamos proyectando. Las tarifas de energía, transporte y agua agregan hasta ahora 5,1 puntos a la inflación del año. De todos modos, estos aumentos creemos que son un piso. Si el dólar registra un movimiento mayor, las subas van a ser mayores, sobre todo teniendo en cuenta que los costos de los combustibles están dolarizados. En el contexto del programa de financiamiento con el Fondo Monetario, todo aumento de costos debe ser asumido por los usuarios”, indicó a Páginai12 Martín Vauthier, de la consultora Eco Go.
Sin que todavía se haya ido la resaca de la inflación de 2018, de casi un 50 por ciento que dejó muy atrás a los salarios y jubilaciones, el Gobierno ordenó el cronograma de subas de los servicios públicos para la primera parte del año que viene. Se supone en el segundo semestre, en las vísperas del escenario electoral, no habría nuevos aumentos, aunque también es esperable que si continúa Cambiemos en el gobierno, noviembre y diciembre concentren reacomodamientos tarifarios que tuvieron que postergarse en los meses previos.
Ya está confirmado el incremento del 17 por ciento del agua en enero. La luz hará lo propio en un 26 por ciento en febrero y otro 14 por ciento en marzo, lo que da un total de 43 por ciento. El transporte subirá un 40 por ciento en el primer trimestre y el agua avanzará otro 27 por ciento en marzo, totalizando un total de casi el 50 por ciento. Además, el gas subiría un 35 por ciento en abril.
“El piso inflacionario va a estar influido por muchos factores, entre ellos la capacidad de traslado de los aumentos tarifarios a los productos finales por parte de comerciantes, ante la situación de caída sostenida de la demanda interna. Los ponderadores de incidencia por rubro de servicios públicos del Indec suman entre 8 y 10 puntos de inflación, eso sin tener en cuenta la actualización de las ponderaciones que implementa el Indec. Teniendo en cuenta que la luz sube un 55 por ciento hasta agosto, que el agua lo hace en casi un 50 por ciento, el transporte un 40 por ciento en los tres primeros meses y que el gas de mínima lo hace un 35 por ciento, podemos pensar en un promedio a grandes rasgos del 50 por ciento de aumento de servicios públicos. Esto implica unos 5 puntos de inflación asumiendo que en el segundo semestre no haya nuevos aumentos y sin incorporar efectos de segunda ronda, es decir cómo impacta la suba tarifaria sobre la estructura de costos de la economía, que define el precio de otros bienes y servicios. De forma que bajo un pronóstico absolutamente conservador, los anuncios de esta semana se llevan de por sí una quinta parte de la inflación prevista por el Gobierno para todo el 2019”, analizó el economista Sergio Chouza, de la Universidad de Avellaneda.
Por su parte, Mariano De Miguel, director del IET-UMET, consideró que “teniendo en cuenta que los salarios representan un tercio de los costos totales y otro 40 por ciento está vinculado a tipo de cambio y el resto tarifas, con la información que tenemos hasta ahora es difícil que la inflación diciembre de 2019 contra diciembre de 2019 esté por debajo del 30 por ciento”. En tanto, para Fausto Spotorno, del estudio Orlando Ferreres, “el piso de inflación para el primer semestre de 2019 es del 12 por ciento”.
El pifie de la previsión oficial con respecto a la inflación observada que los economistas empiezan a anticipar para 2019 no sería un error novedoso para los especialistas del Gobierno. En 2016, la previsión fue del 24 por ciento y los precios avanzaron al 40 por ciento, mientras que al año siguiente la inflación cerró en 25 por ciento, 8 puntos más que la pauta. El año que está terminando anota una suba de precios del 50 por ciento frente a una previsión original del 15 por ciento. El pifie acumulado en tres años es de 58 puntos de inflación.
“Nuestra proyección de inflación para el año que viene está en el orden del 34 por ciento. De hecho, los aumentos anunciados están bastante en línea con lo que veníamos proyectando. Las tarifas de energía, transporte y agua agregan hasta ahora 5,1 puntos a la inflación del año. De todos modos, estos aumentos creemos que son un piso. Si el dólar registra un movimiento mayor, las subas van a ser mayores, sobre todo teniendo en cuenta que los costos de los combustibles están dolarizados. En el contexto del programa de financiamiento con el Fondo Monetario, todo aumento de costos debe ser asumido por los usuarios”, indicó a Páginai12 Martín Vauthier, de la consultora Eco Go.
Sin que todavía se haya ido la resaca de la inflación de 2018, de casi un 50 por ciento que dejó muy atrás a los salarios y jubilaciones, el Gobierno ordenó el cronograma de subas de los servicios públicos para la primera parte del año que viene. Se supone en el segundo semestre, en las vísperas del escenario electoral, no habría nuevos aumentos, aunque también es esperable que si continúa Cambiemos en el gobierno, noviembre y diciembre concentren reacomodamientos tarifarios que tuvieron que postergarse en los meses previos.
Ya está confirmado el incremento del 17 por ciento del agua en enero. La luz hará lo propio en un 26 por ciento en febrero y otro 14 por ciento en marzo, lo que da un total de 43 por ciento. El transporte subirá un 40 por ciento en el primer trimestre y el agua avanzará otro 27 por ciento en marzo, totalizando un total de casi el 50 por ciento. Además, el gas subiría un 35 por ciento en abril.
“El piso inflacionario va a estar influido por muchos factores, entre ellos la capacidad de traslado de los aumentos tarifarios a los productos finales por parte de comerciantes, ante la situación de caída sostenida de la demanda interna. Los ponderadores de incidencia por rubro de servicios públicos del Indec suman entre 8 y 10 puntos de inflación, eso sin tener en cuenta la actualización de las ponderaciones que implementa el Indec. Teniendo en cuenta que la luz sube un 55 por ciento hasta agosto, que el agua lo hace en casi un 50 por ciento, el transporte un 40 por ciento en los tres primeros meses y que el gas de mínima lo hace un 35 por ciento, podemos pensar en un promedio a grandes rasgos del 50 por ciento de aumento de servicios públicos. Esto implica unos 5 puntos de inflación asumiendo que en el segundo semestre no haya nuevos aumentos y sin incorporar efectos de segunda ronda, es decir cómo impacta la suba tarifaria sobre la estructura de costos de la economía, que define el precio de otros bienes y servicios. De forma que bajo un pronóstico absolutamente conservador, los anuncios de esta semana se llevan de por sí una quinta parte de la inflación prevista por el Gobierno para todo el 2019”, analizó el economista Sergio Chouza, de la Universidad de Avellaneda.
Por su parte, Mariano De Miguel, director del IET-UMET, consideró que “teniendo en cuenta que los salarios representan un tercio de los costos totales y otro 40 por ciento está vinculado a tipo de cambio y el resto tarifas, con la información que tenemos hasta ahora es difícil que la inflación diciembre de 2019 contra diciembre de 2019 esté por debajo del 30 por ciento”. En tanto, para Fausto Spotorno, del estudio Orlando Ferreres, “el piso de inflación para el primer semestre de 2019 es del 12 por ciento”.
El pifie de la previsión oficial con respecto a la inflación observada que los economistas empiezan a anticipar para 2019 no sería un error novedoso para los especialistas del Gobierno. En 2016, la previsión fue del 24 por ciento y los precios avanzaron al 40 por ciento, mientras que al año siguiente la inflación cerró en 25 por ciento, 8 puntos más que la pauta. El año que está terminando anota una suba de precios del 50 por ciento frente a una previsión original del 15 por ciento. El pifie acumulado en tres años es de 58 puntos de inflación.
Aumenta todo
El
Gobierno fogonea la inflación de 2019 con fuertes subas en todos los
servicios. Se bajan los subsidios para pagar la creciente deuda
El
Gobierno aprovechó la última semana del año para lanzar un nuevo
paquete de ajuste en las tarifas de transporte, electricidad y gas.
Colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires serán los
primeros en implementar los incrementos. Dentro de dos semanas entrará
en vigencia el primero de los tres aumentos mensuales previstos hasta
marzo que marcarán una escalada de entre 38,5 y 42 por ciento
dependiendo del servicio. La suba en las boletas de luz, por su parte,
comenzará en febrero y, si no hubiera modificaciones, acumulará un alza
del 55 por durante 2019 (ver aparte). Los responsables de la política
energética anticiparon además una suba en el gas del 35 por ciento a
partir de abril aunque resta la confirmación formal de esos valores. En
el caso del subte, si bien todavía no terminó de implementarse el último
aumento escalonado que comenzó en noviembre, las autoridades porteñas
anticiparon un alza del 27,3 por ciento hasta abril. Aplicar ese ajuste
requerirá de una nueva audiencia pública.
Con
aumentos mensuales previstos durante el primer trimestre de 2019, el
boleto mínimo del colectivo alcanzará los 18 pesos. El incremento
comenzará el 12 de enero cuando el pasaje suba 2 pesos y volverá a
trepar 1,5 pesos por mes. Esas dos subas están previstas para el 15 de
febrero y el 15 de marzo. Cuando termine de implementarse, la tarifa
inicial habrá acumulado un incremento de 500 por ciento desde que
comenzó el gobierno de Mauricio Macri. Las subas que también alcanzan a
trenes y subte expresan el compromiso oficial para avanzar en la
reducción del peso de los subsidios asumido como parte del programa de
austeridad firmado con el FMI.
Las nuevas tarifas para el sistema ferroviario dependerán del ramal pero los aumentos ascienden hasta el 42 por ciento. El mínimo en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín llegará hasta los 12,25 pesos. Subirá 1,25 pesos por mes en enero y febrero para marcar 1 peso más en marzo. Los trenes Roca y Belgrano Sur, por su parte, tendrán una tarifa inicial de 7,75 pesos con una suba de 0,75 pesos por mes. Con el mismo ritmo, el boleto en la línea Urquiza llegará a los 8 pesos. La tarifa inicial del Belgrano Norte costará 6,75 pesos, 1 peso más desde enero y luego dos subas de 50 centavos en febrero y en marzo. Siempre y cuando se habilite el nuevo tarifazo, la suba anunciada ayer para el subte porteño elevará la tarifa 2,5 pesos en marzo y 2 en abril para alcanzar los 21 pesos.
“A nadie le gusta hacer aumentos tarifarios. Este es el aumento que hoy consideramos necesario para mantener la calidad del servicio y la infraestructura en función del incremento de costos. Esperamos no tener que hacer otra actualización tarifaria en lo que resta del año”, expresó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El incremento en las tarifas, sin embargo, superará cualquier medición para la suba en los costos. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires costaba 6 pesos al comenzar 2018 y, un año después cuando se aplique el primer tramo del aumento, alcanzará los 15 pesos. El ajuste que alcanza al 150 por ciento en doce meses superará en unos 100 puntos porcentuales a la inflación y se ubicará alrededor de 50 puntos por encima de la escalada en la cotización del dólar.
A cargo de los anuncios, Dietrich realizó una introducción de diez minutos repleta de autoelogios con los que intentó suavizar el impacto de las “actualizaciones tarifarias”. “Fueron tres años donde pusimos el transporte público como una prioridad”, consideró Dietrich al ponderar algunas obras como los metrobuses del conurbano. A pesar de los elementos ponderados por el funcionario, los sucesivos aumentos no redundaron en una mejora del servicio de colectivos urbanos que continúa recolectando miles de quejas por el estado de los vehículos, las frecuencias y la conducta de algunos choferes.
En tres meses, los boletos que hoy cuestan 13, 14,25 y 15 pesos llegarán hasta 18, 20 y 21 pesos. Por ejemplo, conectar Retiro y Flores en la línea 132 costará 21 pesos mientras que llegar de Constitución al Obelisco en el colectivo 100 llegará a 18 pesos. Los viajes más largos que se extienden más de 12 kilómetros y suelen incluir el cruce de Capital Federal a provincia de Buenos Aires aumentarán de 15,75 y 16,50 pesos hasta 22 y 23 pesos. Se trata de recorridos como el que realiza la línea 60 al conectar Plaza Italia con Rincón de Milberg o el 42 al viajar de Nueva Pompeya a Ciudad Universitaria.
Los titulares de la AUH, jubilados, pensionados y trabajadoras de casas particulares así como los beneficiarios de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen seguirán accediendo a la tarifa social que permite pagar tarifas con descuento. Según informó Transporte, existen cerca de 3,8 millones de personas beneficiarias de la tarifa social. En todos los casos, los usuarios continuarán accediendo a las tarifas reducidas al combinar uno o más modos de transporte público dentro de un período de 2 horas. El segundo boleto se abona automáticamente con un “descuento” del 50 por ciento y, a partir del tercer viaje, la rebaja es del 75 por ciento.
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La tarifa eléctrica en el AMBA aumentará 55 por ciento el año que viene | Luz 55, gas 35 y feliz 2019
Por Javier Lewkowicz
Las nuevas tarifas para el sistema ferroviario dependerán del ramal pero los aumentos ascienden hasta el 42 por ciento. El mínimo en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín llegará hasta los 12,25 pesos. Subirá 1,25 pesos por mes en enero y febrero para marcar 1 peso más en marzo. Los trenes Roca y Belgrano Sur, por su parte, tendrán una tarifa inicial de 7,75 pesos con una suba de 0,75 pesos por mes. Con el mismo ritmo, el boleto en la línea Urquiza llegará a los 8 pesos. La tarifa inicial del Belgrano Norte costará 6,75 pesos, 1 peso más desde enero y luego dos subas de 50 centavos en febrero y en marzo. Siempre y cuando se habilite el nuevo tarifazo, la suba anunciada ayer para el subte porteño elevará la tarifa 2,5 pesos en marzo y 2 en abril para alcanzar los 21 pesos.
“A nadie le gusta hacer aumentos tarifarios. Este es el aumento que hoy consideramos necesario para mantener la calidad del servicio y la infraestructura en función del incremento de costos. Esperamos no tener que hacer otra actualización tarifaria en lo que resta del año”, expresó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El incremento en las tarifas, sin embargo, superará cualquier medición para la suba en los costos. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires costaba 6 pesos al comenzar 2018 y, un año después cuando se aplique el primer tramo del aumento, alcanzará los 15 pesos. El ajuste que alcanza al 150 por ciento en doce meses superará en unos 100 puntos porcentuales a la inflación y se ubicará alrededor de 50 puntos por encima de la escalada en la cotización del dólar.
A cargo de los anuncios, Dietrich realizó una introducción de diez minutos repleta de autoelogios con los que intentó suavizar el impacto de las “actualizaciones tarifarias”. “Fueron tres años donde pusimos el transporte público como una prioridad”, consideró Dietrich al ponderar algunas obras como los metrobuses del conurbano. A pesar de los elementos ponderados por el funcionario, los sucesivos aumentos no redundaron en una mejora del servicio de colectivos urbanos que continúa recolectando miles de quejas por el estado de los vehículos, las frecuencias y la conducta de algunos choferes.
Bondis
Leandro Teysseire
Con los aumentos anunciados, el incremento acumulado en el colectivo será de 500 por ciento con la gestión Cambiemos.El
12 de enero comienza a aplicarse el cuarto incremento en las tarifas
del transporte desde el recambio presidencial de diciembre de 2015. El
primer ajuste sucedió en abril de 2016, el segundo comenzó a regir en
febrero y el tercero entró en vigencia en agosto. Hasta ahora la suba en
el boleto mínimo de colectivo fue de 3 a 15 por ciento, una escalada de
333 por ciento en 36 meses de gobierno que se estirará hasta el 500 por
ciento al finalizar el primer trimestre de 2019. En tres meses, los boletos que hoy cuestan 13, 14,25 y 15 pesos llegarán hasta 18, 20 y 21 pesos. Por ejemplo, conectar Retiro y Flores en la línea 132 costará 21 pesos mientras que llegar de Constitución al Obelisco en el colectivo 100 llegará a 18 pesos. Los viajes más largos que se extienden más de 12 kilómetros y suelen incluir el cruce de Capital Federal a provincia de Buenos Aires aumentarán de 15,75 y 16,50 pesos hasta 22 y 23 pesos. Se trata de recorridos como el que realiza la línea 60 al conectar Plaza Italia con Rincón de Milberg o el 42 al viajar de Nueva Pompeya a Ciudad Universitaria.
Los titulares de la AUH, jubilados, pensionados y trabajadoras de casas particulares así como los beneficiarios de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen seguirán accediendo a la tarifa social que permite pagar tarifas con descuento. Según informó Transporte, existen cerca de 3,8 millones de personas beneficiarias de la tarifa social. En todos los casos, los usuarios continuarán accediendo a las tarifas reducidas al combinar uno o más modos de transporte público dentro de un período de 2 horas. El segundo boleto se abona automáticamente con un “descuento” del 50 por ciento y, a partir del tercer viaje, la rebaja es del 75 por ciento.
Trenes
En los ferrocarriles los aumentos rondarán el 40 por ciento. Los pasajes en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martin que hoy se abonan 11 y 13,25 pesos ascienden hasta los 15,50 y 18,50 pesos en marzo de 2019. Un viaje en la línea Mitre entre Retiro y San Isidro pasará de 11 a 15,50 pesos mientras que el recorrido de San Miguel a Paternal subirá de 13,25 a 18,50, siempre y cuando finalicen las obras que desde hace varios meses mantienen inhabilitadas las estaciones porteñas del ramal San Martín. Los trayectos en las líneas Roca y Belgrano Sur que cuestan 7,25 y 8,75 pesos pasarán a 10,25 y 12,25 pesos. En el ramal Urquiza los pasajes de 8 y 9,5 pesos ascienden a 11 y 13,25 pesos.
La actividad cayó 4 por ciento interanual en octubre, según informó el Indec
La economía sigue en la era del hielo
Es
el séptimo mes consecutivo de caída en el indicador, el cual tras un
amesetamiento del nivel de actividad entre septiembre del año pasado y
marzo último, pasó a exhibir caídas interanuales constantes. En diez
meses el retroceso acumulado es 1,7 por ciento.
PÁGINA 12 - 28 de diciembre de 2018
La industria manufacturera retrocedió 5,3 por ciento interanual.
Imagen: NA
Imagen: NA
El
estimador del nivel de actividad económica del Indec reflejó para
octubre una caída de 4 por ciento con respecto al mismo mes del año
pasado. Es el séptimo mes consecutivo de caída en el indicador, el cual
tras un amesetamiento del nivel de actividad entre septiembre del año
pasado y marzo último, pasó a exhibir caídas interanuales constantes. La
comparación de los primeros diez meses de 2018 contra el mismo período
en 2017 muestra una baja de 1,7 por ciento. Por sector económico, los de
peor performance en los últimos doce meses registrados resultaron
Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja de 11,2 por
ciento, Industria manufacturera, con 5,3 por ciento y Construcción, que
bajó 4,7 por ciento.
El sector que registró una evolución más favorable fue Pesca, cuyo nivel de actividad creció 28,4 por ciento entre octubre de 2017 y el mismo mes de 2018. El sector Agricultura y ganadería registró una mejora, pero de apenas 2,9 por ciento, que no alcanzó a revertir el fuerte descenso interanual en el nivel general de actividad económica, de acuerdo con el Indec.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) suele ser considerado como un anticipo oficial de la evolución del producto interno bruto (PIB). Hasta octubre de este año, el EMAE arroja una caída de 1,7 por ciento acumulada en relación a los diez primeros meses de 2017. Si se compara con el mes previo, registró un alza de 0,7 por ciento desestacionalizada.
En septiembre de este año la economía entró formalmente en recesión, de acuerdo con lo informado por el Indec, abriéndose el segundo período contractivo de la gestión de Cambiemos. Técnicamente se considera que una economía está en recesión cuando registra dos trimestres consecutivos en baja; y si se suman altos niveles sostenidos de inflación, el proceso se denomina “estanflación”. Según el Indec, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 3,5 por ciento respecto de igual período del año pasado, lo que se suma a la caída de 4 por ciento del segundo trimestre. El primer proceso de destrucción de riqueza al que llevaron las políticas del macrismo fue en 2016. Comprendió el segundo trimestre (abril-junio) con una caída del PIB del 3,4 por ciento, el tercer trimestre (-3,8 por ciento) y el cuarto (-2,1 por ciento).
Estimaciones privadas y oficiales anticipan que el actual período recesivo se concentre entre el tercer trimestre de este año hasta por lo menos el segundo del próximo. Las proyecciones del Gobierno en la Ley de Presupuesto y del Fondo Monetario auguran cerrar 2018 con un retroceso de entre 2,4 y 2,6 por ciento, mientras que la inflación se ubicará en torno al 48 por ciento. Para los primeros nueve meses del año la destrucción de PIB fue de 1,4 por ciento interanual, según el anticipo del Indec.
El desplome del consumo público y privado, de la inversión y las importaciones explican el pésimo desempeño de la actividad económica. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación explica así la caída de la actividad en octubre para el rubro comercio, tanto mayorista como minorista, según el EMAE. En el sector Construcción, la baja en el nivel de actividad responde al congelamiento de la obra pública como parte del paquete de ajuste fiscal que implementó el Gobierno para acceder al crédito del Fondo Monetario. La situación se agravará en los próximos meses debido a que el Gobierno decidió suspender las obras bajo financiamiento del plan público-privado como respuesta a la disparada del riesgo país por encima de los 800 puntos.
El sector que registró una evolución más favorable fue Pesca, cuyo nivel de actividad creció 28,4 por ciento entre octubre de 2017 y el mismo mes de 2018. El sector Agricultura y ganadería registró una mejora, pero de apenas 2,9 por ciento, que no alcanzó a revertir el fuerte descenso interanual en el nivel general de actividad económica, de acuerdo con el Indec.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) suele ser considerado como un anticipo oficial de la evolución del producto interno bruto (PIB). Hasta octubre de este año, el EMAE arroja una caída de 1,7 por ciento acumulada en relación a los diez primeros meses de 2017. Si se compara con el mes previo, registró un alza de 0,7 por ciento desestacionalizada.
En septiembre de este año la economía entró formalmente en recesión, de acuerdo con lo informado por el Indec, abriéndose el segundo período contractivo de la gestión de Cambiemos. Técnicamente se considera que una economía está en recesión cuando registra dos trimestres consecutivos en baja; y si se suman altos niveles sostenidos de inflación, el proceso se denomina “estanflación”. Según el Indec, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 3,5 por ciento respecto de igual período del año pasado, lo que se suma a la caída de 4 por ciento del segundo trimestre. El primer proceso de destrucción de riqueza al que llevaron las políticas del macrismo fue en 2016. Comprendió el segundo trimestre (abril-junio) con una caída del PIB del 3,4 por ciento, el tercer trimestre (-3,8 por ciento) y el cuarto (-2,1 por ciento).
Estimaciones privadas y oficiales anticipan que el actual período recesivo se concentre entre el tercer trimestre de este año hasta por lo menos el segundo del próximo. Las proyecciones del Gobierno en la Ley de Presupuesto y del Fondo Monetario auguran cerrar 2018 con un retroceso de entre 2,4 y 2,6 por ciento, mientras que la inflación se ubicará en torno al 48 por ciento. Para los primeros nueve meses del año la destrucción de PIB fue de 1,4 por ciento interanual, según el anticipo del Indec.
El desplome del consumo público y privado, de la inversión y las importaciones explican el pésimo desempeño de la actividad económica. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación explica así la caída de la actividad en octubre para el rubro comercio, tanto mayorista como minorista, según el EMAE. En el sector Construcción, la baja en el nivel de actividad responde al congelamiento de la obra pública como parte del paquete de ajuste fiscal que implementó el Gobierno para acceder al crédito del Fondo Monetario. La situación se agravará en los próximos meses debido a que el Gobierno decidió suspender las obras bajo financiamiento del plan público-privado como respuesta a la disparada del riesgo país por encima de los 800 puntos.
Más de dos millones de nuevos pobres y 161.000 indigentes nuevos en un solo trimestre
por Rodolfo Koé Gutiérrez
LA HAINE -
16/12/2018
El régimen de Macri nos quiere hacer creer que vivimos en el primer mundo
La
pobreza alcanzó al 33,6 por ciento de la población urbana argentina
durante el tercer trimestre de 2018, guarismo que significa que dos
millones 180 mil personas se sumaron a la creciente legión de 13,6
millones de argentinos en situación de pobreza: al menos uno de cada
tres argentinos está sumido en la pobreza.
Con un salto de 5,4 puntos en un año, la medición sobre pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) confirma el rotundo fracaso del gobierno del neoliberal Mauricio MacriI para cumplir con su promesa de campaña electoral de reducir la pobreza al finalizar su mandato en diciembre de 2019.
El deterioro socioeconómico, asociado a la crisis cambiaria y financiera junto con el ajuste recesivo implementado con recetas del Fondo Monetario Internacional para intentar domarla, muestra otras cifras significativas de la creciente desigualdad: la indigencia ascendió hasta el 6,1 por ciento, lo que marca un alza de 0,4 puntos frente al mismo período del año pasado.
El dato representa la emergencia de 161.500 indigentes nuevos para llegar a un total de 2.470.000 de individuos con ingresos inferiores al valor de la canasta básica de alimentos. La población más afectada es la del llamado cono urbano, la amplia zona que rodea a la capital, con una superficie de 1% de la total de Argentina, en la que asombrosamente habita una cuarta parte de toda la población del país (unos 10 millones de personas).
Hoy, millares de nuevos pobres y nuevos indigentes logran sobrevivir gracias a la solidaridad de vecinos, movimientos populares, sindicatos, curas católicos y de maestros, que logran poner en marcha comedores populares y ollas populares para garantizar al menos una comida caliente al día.
“Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza”, advierte el informe de la privada UCA.
Si bien desde el gobierno se asevera que la medición exagera la magnitud de la pobreza ya que se elabora a partir de una muestra sesgada de hogares, la trayectoria ofrece una aproximación al impacto que tienen la aceleración inflacionaria y el ajuste sobre la población más vulnerable.
Los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos (Indec), organismo estadístico oficial, arrojaron que el 27,3 por ciento de la población percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2018. La aceleración de la inflación y la ausencia de instrumentos que permitan recomponer el poder de compra de los sectores más vulnerables -trabajadores informalizados y los jubilados- permiten anticipar un deterioro en la medición .
El índice de precios al consumidor aumentó un 3,2 por ciento en noviembre y acumulan un alza del 43,9 por ciento en once meses convirtiendo a 2018 en el año más inflacionario desde 1991, cuando terminaba el proceso hiperinflacionario para dar lugar al consenso neoliberal alrededor de la convertibilidad.
El alza desenfrenada en los precios que siguió al salto cambiario, superó el crecimiento de 32,3 por ciento que había alcanzado en 2016, consecuencia de la devaluación, los tarifazos y la destrucción de empleo. El 33,6 por ciento informado esta semana es el dato más elevado en nueve años.
La inflación en noviembre fue del 3,2 por ciento y alcanzó el 48,5 por ciento en los últimos doce meses a nivel nacional, destrozó el poder adquisitivo de los ingresos y generó un derrumbe en el consumo interno, según las cifras oficiales del Indec.
El capítulo que más creció en noviembre fue salud, a partir del nuevo incremento en medicamentos. También avanzaron por encima del promedio alimentos y bebidas, que impacta de lleno en las canastas de pobreza e indigencia y equipamiento y mantenimiento del hogar.
En 2018, la inflación terminará unos 35 puntos porcentuales por encima de la pauta prevista por el gobierno, que era del 15 por ciento para todo el año. Con el nuevo salto del dólar hasta los 40 pesos, septiembre y octubre marcaron el peor momento inflacionario del gobierno de Macri, con subas del 6,5 y 5,4 por ciento, respectivamente.
“Un cambio de rumbo sustantivo no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad”, explica el informe de la UCA.
“No hay evidencias de una crisis sociolaboral extrema pero tampoco aparecen señales de recuperación. Sólo destacan algunas medidas parciales de compensación en materia de consumo interno y asistencia social, sostiene el informe, tras advertir sobre la ausencia de instrumentos que permitan revertir la pauperización en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.
“Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo, no ocurren ‘derrames’ hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno”, expresa el documento. Los investigadores enfatizan que entre 2010 y 2018, “los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales”.
Pobreza y desempleo juvenil
El extenso informe destaca que los niveles de pobreza entre niños de 0 a 17 años subieron del 44,6 a 51,7 por ciento, un aumento de 7,1 puntos en un año. Recientes mediciones presentadas por Unicef advirtieron que el 48% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres desde una perspectiva multidimensional, tras evaluar que al menos sufren una de las carencias: educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro.
El informe muestra que en materia regional el impacto más significativo se registró en el cono urbano bonaerense, donde la pobreza alcanzó al 43,4 por ciento de la población durante el tercer trimestre de 2018, un aumento de 7,3 puntos en un año. Los niveles de pobreza son significativamente inferiores en la Ciudad de Buenos Aires donde alcanza al 8,9 por ciento.
La desocupación entre los jóvenes casi triplica a la de los adultos. Un informe elaborado por Fundación SES y el Centro de Estudios Atenea estima que el desempleo entre las personas de 16 a 24 años asciende al 24,3 por ciento. El “Monitor de Empleo Joven” identifica que más de 3 de cada 10 jóvenes no completaron la educación básica.
“El secundario completo es un requisito fundamental de la demanda laboral para contratar trabajadores y trabajadoras. Pero las credenciales educativas no garantizan la obtención de un empleo, aunque en el plano individual pueden mejorar o reducir sus posibilidades de inserción y condiciones laborales”, advierten los investigadores.
Asimismo, la informalidad afecta al 49,9 por ciento de los jóvenes. El dato supera en 23 puntos porcentuales las cifras experimentadas por los adultos. La construcción es el sector en el que más se insertan los varones jóvenes mientras que las mujeres jóvenes suelen acceder a los servicios comunitarios, sociales y personales y en los hogares con servicio doméstico. Esas actividades concentran los niveles de precarización más elevados de la economía.
Según un informe de la Universidad Católica, los jóvenes entre 18 y 29 que no finalizan sus estudios son casi dos millones: cuatro de cada 10 jóvenes no terminan la escuela secundaria. Ellos consiguen empleos más precarizados y de menor paga y no tienen cobertura de salud.
El 18% de los jóvenes está desocupado, no tienen trabajo pero sí lo está buscando. La desocupación afecta más a las mujeres que a los varones: la tasa llega al 25% en el caso de ellas y es del 14% en los varones. La desocupación también golpea más a los trabajadores más pobres, llega al 40%, y para los profesionales medios es de un 8,5%.
CLAE
Con un salto de 5,4 puntos en un año, la medición sobre pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) confirma el rotundo fracaso del gobierno del neoliberal Mauricio MacriI para cumplir con su promesa de campaña electoral de reducir la pobreza al finalizar su mandato en diciembre de 2019.
El deterioro socioeconómico, asociado a la crisis cambiaria y financiera junto con el ajuste recesivo implementado con recetas del Fondo Monetario Internacional para intentar domarla, muestra otras cifras significativas de la creciente desigualdad: la indigencia ascendió hasta el 6,1 por ciento, lo que marca un alza de 0,4 puntos frente al mismo período del año pasado.
El dato representa la emergencia de 161.500 indigentes nuevos para llegar a un total de 2.470.000 de individuos con ingresos inferiores al valor de la canasta básica de alimentos. La población más afectada es la del llamado cono urbano, la amplia zona que rodea a la capital, con una superficie de 1% de la total de Argentina, en la que asombrosamente habita una cuarta parte de toda la población del país (unos 10 millones de personas).
Hoy, millares de nuevos pobres y nuevos indigentes logran sobrevivir gracias a la solidaridad de vecinos, movimientos populares, sindicatos, curas católicos y de maestros, que logran poner en marcha comedores populares y ollas populares para garantizar al menos una comida caliente al día.
“Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza”, advierte el informe de la privada UCA.
Si bien desde el gobierno se asevera que la medición exagera la magnitud de la pobreza ya que se elabora a partir de una muestra sesgada de hogares, la trayectoria ofrece una aproximación al impacto que tienen la aceleración inflacionaria y el ajuste sobre la población más vulnerable.
Los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos (Indec), organismo estadístico oficial, arrojaron que el 27,3 por ciento de la población percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2018. La aceleración de la inflación y la ausencia de instrumentos que permitan recomponer el poder de compra de los sectores más vulnerables -trabajadores informalizados y los jubilados- permiten anticipar un deterioro en la medición .
El índice de precios al consumidor aumentó un 3,2 por ciento en noviembre y acumulan un alza del 43,9 por ciento en once meses convirtiendo a 2018 en el año más inflacionario desde 1991, cuando terminaba el proceso hiperinflacionario para dar lugar al consenso neoliberal alrededor de la convertibilidad.
El alza desenfrenada en los precios que siguió al salto cambiario, superó el crecimiento de 32,3 por ciento que había alcanzado en 2016, consecuencia de la devaluación, los tarifazos y la destrucción de empleo. El 33,6 por ciento informado esta semana es el dato más elevado en nueve años.
La inflación en noviembre fue del 3,2 por ciento y alcanzó el 48,5 por ciento en los últimos doce meses a nivel nacional, destrozó el poder adquisitivo de los ingresos y generó un derrumbe en el consumo interno, según las cifras oficiales del Indec.
El capítulo que más creció en noviembre fue salud, a partir del nuevo incremento en medicamentos. También avanzaron por encima del promedio alimentos y bebidas, que impacta de lleno en las canastas de pobreza e indigencia y equipamiento y mantenimiento del hogar.
En 2018, la inflación terminará unos 35 puntos porcentuales por encima de la pauta prevista por el gobierno, que era del 15 por ciento para todo el año. Con el nuevo salto del dólar hasta los 40 pesos, septiembre y octubre marcaron el peor momento inflacionario del gobierno de Macri, con subas del 6,5 y 5,4 por ciento, respectivamente.
“Un cambio de rumbo sustantivo no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad”, explica el informe de la UCA.
“No hay evidencias de una crisis sociolaboral extrema pero tampoco aparecen señales de recuperación. Sólo destacan algunas medidas parciales de compensación en materia de consumo interno y asistencia social, sostiene el informe, tras advertir sobre la ausencia de instrumentos que permitan revertir la pauperización en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.
“Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo, no ocurren ‘derrames’ hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno”, expresa el documento. Los investigadores enfatizan que entre 2010 y 2018, “los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales”.
Pobreza y desempleo juvenil
El extenso informe destaca que los niveles de pobreza entre niños de 0 a 17 años subieron del 44,6 a 51,7 por ciento, un aumento de 7,1 puntos en un año. Recientes mediciones presentadas por Unicef advirtieron que el 48% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres desde una perspectiva multidimensional, tras evaluar que al menos sufren una de las carencias: educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro.
El informe muestra que en materia regional el impacto más significativo se registró en el cono urbano bonaerense, donde la pobreza alcanzó al 43,4 por ciento de la población durante el tercer trimestre de 2018, un aumento de 7,3 puntos en un año. Los niveles de pobreza son significativamente inferiores en la Ciudad de Buenos Aires donde alcanza al 8,9 por ciento.
La desocupación entre los jóvenes casi triplica a la de los adultos. Un informe elaborado por Fundación SES y el Centro de Estudios Atenea estima que el desempleo entre las personas de 16 a 24 años asciende al 24,3 por ciento. El “Monitor de Empleo Joven” identifica que más de 3 de cada 10 jóvenes no completaron la educación básica.
“El secundario completo es un requisito fundamental de la demanda laboral para contratar trabajadores y trabajadoras. Pero las credenciales educativas no garantizan la obtención de un empleo, aunque en el plano individual pueden mejorar o reducir sus posibilidades de inserción y condiciones laborales”, advierten los investigadores.
Asimismo, la informalidad afecta al 49,9 por ciento de los jóvenes. El dato supera en 23 puntos porcentuales las cifras experimentadas por los adultos. La construcción es el sector en el que más se insertan los varones jóvenes mientras que las mujeres jóvenes suelen acceder a los servicios comunitarios, sociales y personales y en los hogares con servicio doméstico. Esas actividades concentran los niveles de precarización más elevados de la economía.
Según un informe de la Universidad Católica, los jóvenes entre 18 y 29 que no finalizan sus estudios son casi dos millones: cuatro de cada 10 jóvenes no terminan la escuela secundaria. Ellos consiguen empleos más precarizados y de menor paga y no tienen cobertura de salud.
El 18% de los jóvenes está desocupado, no tienen trabajo pero sí lo está buscando. La desocupación afecta más a las mujeres que a los varones: la tasa llega al 25% en el caso de ellas y es del 14% en los varones. La desocupación también golpea más a los trabajadores más pobres, llega al 40%, y para los profesionales medios es de un 8,5%.
CLAE
Megadevaluación, elevada inflación, recesión, desempleo de dos dígitos e impacto político
Fases de la crisis
Cambiaria,
socioeconómica y política son las etapas del naufragio macrista,
dinámica similar a otras debacles y con la duda de cómo y cuándo será el
desenlace traumático en esta oportunidad.
La
utilización de la capacidad instalada en la industria está casi en el
60 por ciento con tendencia a seguir bajando, con la industria
automotriz en 44,8 por ciento y el sector textil también ubicado por
debajo de la mitad. Desde hace varios meses se ha generalizado el
anuncio diario de despidos masivos de trabajadores, que deriva en
estimaciones de dos dígitos para la tasa de desempleo. La inflación
anual apunta al 50 por ciento para convertirse en la más elevada desde
1991. El consumo masivo se ha derrumbado por la fuerte caída del poder
adquisitivo del salario, de las jubilaciones y de la Asignación
Universal por Hijo. La debacle cambiaria fue la primera gran
manifestación de la crisis macrista, pasando ahora a la fase siguiente,
cuya expresión brutal se desarrolla en el frente socioeconómico.
La tercera etapa es la política, que es incipiente y hoy se refleja en la persistente alta imagen negativa de Mauricio Macri, en el crecimiento en la opinión pública de que “todos son iguales” y en las tensiones al interior de la Alianza Cambiemos, con los arrebatos de Lilita Carrió, la súplica de los radicales para ser atendidos en la Casa Rosada y el anuncio del abandono del proyecto macrista de Emilio Monzó, tercero en la línea de sucesión.
La primera etapa de la crisis se expresa en la disparada de la paridad cambiaria, que es el síntoma de la restricción externa, o sea la escasez relativa de divisas. Este es un problema estructural de la economía argentina. La fragilidad del sector externo se ha manifestado en diferentes oportunidades, que tiene como derivación una muy fuerte devaluación, lo que termina instalando un escenario de crisis global. La situación financiera hace estragos con el derrumbe de las cotizaciones de acciones y bonos, la suba de la tasa de interés, las dudas acerca de la solvencia del sistema bancario y el aumento del riesgo de cesación de pagos de la deuda pública y privada.
Los movimientos bruscos de la paridad cambiaria concentran la atención de los medios de comunicación, el nerviosismo atrapa a los responsables de la gestión económica y la incertidumbre domina en la sociedad. El reclamo generalizado es frenar la escalada del dólar, que en una economía bimonetaria como la argentina, se ha convertido en una variable clave. En ese estado de estrés colectivo por el descontrol del dólar puede aparecer como solución la fijación del tipo de cambio, la definición de tasas de interés reales muy alta o el pedido de auxilio financiero al FMI, o la combinación de todo ello para enfrentar el incendio cambiario.
La megadevaluación comienza a reflejarse en los precios, ya sea porque eslabones de la cadena productiva y comercial están dolarizados o por conductas preventivas que dejaron enseñanzas pasadas. En caso de alcanzar cierta estabilidad cambiaria, como ahora con tasas de interés elevadísimas, la primera expresión de la fase socioeconómica de la crisis se da en tasas de inflación altas que, con ingresos fijos en gran parte de la población, provoca un derrumbe del consumo masivo por el golpe al poder adquisitivo.
Se precipita así un círculo vicioso de la debacle, alimentado por la obsesión ortodoxa del ajuste fiscal como vía única por superar el mal momento económico, pero que termina arrojando a la actividad hacia una recesión más profunda. Esta secuencia tiene como saldo la reducción de la producción y quiebre de empresas, lo que deriva en suspensiones y despidos de trabajadores, disparando la tasa de desocupación hacia dos dígitos.
Con tasas de inflación elevadas, como las de septiembre (6,5 por ciento) y de octubre (5,4 por ciento), en caso de transitar un momento de calma cambiaria –como el actual– aparece la exigencia de reducirlas para alejarse del pico de tensión de la fase socioeconómica de la crisis. Para ello, en general, se aplican medidas recesivas (contracción monetaria y fiscal), que agudizan esa etapa de la crisis, y cuando hubo un abrazo desesperado al FMI para salir del pico de la fase financiera, no queda otra alternativa, lo que realimenta el ciclo de deterioro.
Con los shocks cambiario e inflacionario los gobiernos se debilitan, las lealtades se empiezan a resquebrajar y quienes daban sustento a la alianza económica y social emprenden la retirada. Las internas en la administración se desatan y la proximidad de las elecciones dispara el reordenamiento político. En todo este proceso, hay instancias de mayor o menor tensión, donde aparecen picos que hacen que parezca inminente el desmoronamiento del Gobierno.
El temor al derrumbe está tan presente que el inconsciente les juega una mala pasada a funcionarios y voceros oficiosos, por ejemplo cuando afirman que el gobierno de Macri culminará su mandato pese a no ser peronista, o cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, señala que el Gobierno no se cayó pese a la dimensión del ajuste que está aplicando.
El retroceso del bienestar general extiende el rechazo al oficialismo hacia otras fuerzas políticas. La experiencia local e internacional muestra que el descontrol de variables importantes (dólar subiendo ciento por ciento, inflación trepando 50 por ciento, recesión y desempleo arriba del 10 por ciento) erosiona liderazgos políticos, como el de Macri, que representa a un sector relevante de la población (30/35 por ciento identificado con la centroderecha y derecha del universo político). Esto está siendo reflejado en las encuestas, y sólo para evitar lo que se denomina “pato rengo” (presidentes debilitados a pocos meses de las elecciones) aparece una sobreactividad de Macri, con la expectativa de su aparato de propaganda de rescatarlo del naufragio.
Desapareció el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Trabajo será borrada del nuevo organigrama del Ministerio de Producción cuando se efectivice la renuncia de Jorge Triaca (hijo). En ese contexto hubo una tibia iniciativa oficial con el decreto que dispone el pago de un bono de 5000 pesos (a cuenta de la revisión paritaria 2018), y establece un procedimiento previo de comunicación para despidos sin justa causa. Esa norma determina que, hasta el 31 de marzo del año próximo, las empresas que quieran despedir previamente deben comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo, con una anticipación no menor a 10 días hábiles. El titular de la cartera, Dante Sica, de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial correspondientes, para celebrar las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo “la futura extinción laboral”. No parece que sea una iniciativa para frenar los despidos, sino más bien para ordenarlos.
El transcurso de las crisis va cambiando los picos de intensidad de cada una de sus tres fases y, si no se combinan factores locales e internacionales positivos que permitirían encauzarlas, escenario posible aunque poco probable, pueden terminar en la confluencia de sus respectivos picos en un mismo momento. En esa instancia se produce el epílogo caótico, como fue la hiperinflación de 1989 y el estallido de la convertibilidad en el 2001, sin saber cómo será en este caso porque, como se mencionó al comienzo, las dinámicas de las crisis son similares pero ninguna es igual a otra y su resolución es particular.
Cómo será el desenlace traumático de la crisis macrista es una incógnita. Tampoco se sabe cuándo será y si será el propio Macri u otro quien terminará recibiendo las esquirlas de la explosión.
azaiat@pagina12.com.ar
Incertidumbre política, desgaste del gobierno y emergencia económico-social es lo que tensa el momento político del país. Incertidumbre acerca de lo que pasará, desgaste ante una crisis que lo supera y emergencia, ya que la percepción general es que el futuro inmediato solo mostrará una agudización de las condiciones del presente. Por Eduardo Lucita.
Si al asumir en 2015 el gobierno de Macri expresaba un conjunto de ideas (nueva matriz económica, mayor productividad de los factores, libre movimiento de capitales, desregulaciones económicas y ambientales, libertad individual como fuente de progreso, el mercado como medida de valor de todos los valores) que suponían le daría un horizonte de largo plazo al capitalismo argentino, tres años después todo se ha desdibujado. El gobierno se quedó sin relato de futuro y solo vende expectativas de corto plazo porque no puede mostrar resultados.
De promover el cambio a la crisis
Lo que destaca es la vertiginosidad con que se ha producido esta mutación. Poco más de doce meses atrás el gobierno salía fortalecido de las elecciones de medio camino y de inmediato el presidente Macri, machacando sobre caliente, lanzó el “reformismo permanente” (previsional, laboral e impositivo). Pero a poco andar llegó diciembre y borró octubre.
Primero fueron las jornadas del 14 y 18 cuando la resistencia popular relegó las reformas, solo pasó el cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones y la AUH, que es gravosa para sus beneficiarios pero absolutamente insuficiente para las concepciones neoliberales. Luego la insólita Conferencia de Prensa del 28 de diciembre donde ningunearon al presidente del BCRA, le sacaron el manejo de la tasa de interés y de la política cambiaria; era evidente que una crisis estaba instalada al interior del gobierno. Crisis promovida por el peso creciente del endeudamiento externo récord del gobierno (90.000 millones de dólares) más la deuda del BCRA por Lebacs (1.4 billones de pesos). Todo fue el inicio del derrape.
Los mercados, esa categoría impersonal propia de los neoliberales, se adelantaron al desastre y los fondos de inversión comenzaron a retirar los fondos del país –la revista Forbes tituló “¿Llegó el momento de salir de Argentina?”- la corrida cambiaria no se hizo esperar y quedó al descubierto que el país tenía dificultades para enfrentar los pagos de la deuda. Algo negado por los funcionarios hasta pocos días antes.
Una combinación de desatinos políticos del gobierno y de incapacidad y/o manejos sospechosos por parte de los presidentes del BCRA, Federico Sturzenegger primero y Luis Caputo después, le costaron al país 30.000 millones de dólares, tasas de interés usurarias que llevan la economía a la recesión y salir corriendo a mendigar “ayuda” al FMI. Dos acuerdos en pocos meses por un total 57.100 millones de dólares. El préstamo más importante en la historia del Fondo.
El reino del mercado
Desde el momento mismo en que asumió el gobierno, Macri liberó de todo control los flujos financieros, desreguló el comercio internacional, dejó librado a la voluntad de los exportadores el momento de ingresar las divisas, levantó toda restricción a la compra de moneda extranjera, eliminó y rebajó retenciones e impuestos a la actividad empresarial, dejó el tipo de cambio librado a la oferta y demanda y estableció un mecanismo financiero que premiaba con tasas usurarias la llegada masiva de fondos especulativos. Todo fue financiado con un descomunal endeudamiento, tanto interno como externo. A fines de este año la deuda total consolidada del Estado nacional alcanzará los 400.000 millones de dólares, un 100% del PBI. Los acuerdos con el FMI son resultado del fracaso de esa política que al mismo tiempo la refuerza y la embreta. Hoy la razón de ser del gobierno no es otra cosa que el ajuste.
Apenas un respiro
El acuerdo con el FMI evitó la quiebra del Banco Central y un nuevo default, pero el gobierno solo ganó tiempo, logró que le financiaran hasta el fin de su mandato, pero desfinanció al gobierno que venga.
Las necesidades financieras del 2019 alcanzan a los 42.400 millones, con los desembolsos del Fondo se cubre el 54% de ese monto y el resto se supone se conseguirá en el mercado interno a la renovación de los vencimientos. En el 2020 las necesidades son de 39.900 millones pero los aportes del Fondo solo cubren el 14.7%, por lo tanto hay que volver a los mercados internacionales de crédito, los mismos que nos cortaron el financiamiento meses atrás, y suponer que se renovaran los vencimientos de las Leliq y de las Letes (instrumentos de deuda emitidos por el BCRA y el Tesoro nacional.
La solvencia de la deuda está cuestionada. Por eso es que el “riesgo país” se mantiene arriba en los 700 puntos. El gobierno en una clara maniobra electoralista vende que es por la incertidumbre política de las elecciones y el “riesgo” de que vuelva CFK, pero lo central es que no hay confianza en los mercados –las calificadoras de crédito le bajaron la nota a la deuda argentina- y en el horizonte asoma nuevamente el riesgo de default.
El pago de los intereses de esta deuda inmoral e impagable carga el presupuesto 2019 con alrededor de 600.000 millones de pesos, una cifra similar al ajuste realizado por el gobierno para aprobar el presupuesto con déficit primario cero, tal lo exigido por el Fondo. Sin embargo ese ajuste se logró reduciendo unos 300.000 millones del gasto público y otro tanto con suba de impuestos y derechos de importación, que habían prometido reducir. Hoy la presión tributaria es la más elevada que se recuerde. Para el 2020 el FMI exige un presupuesto con superávit fiscal primario de 1% que deberá continuarse en los años posteriores porque comienzan los vencimientos del préstamo del Fondo. Por otra parte presupuestariamente se prevé una caída del PBI del 2.7% para este año y del 0.5 para el próximo, sin embargo el FMI eleva esta caída al 1.8, lo que impactará en menores ingresos fiscales. Por lo que conseguir superávit primario es un imperativo. ¿Se seguirá con el ajuste permanente en una senda tipo Grecia? o ¿se retomará un ciclo de crecimiento? ¿Y en qué condiciones?
Tanto el massismo como el kirchnerismo han dejado trascender que la deuda hay que reestructurarla y renegociar el acuerdo con el Fondo, el gobierno Macri de reelegirse no tiene otra opción que seguir ese camino. Pero la reestructuración en estas condiciones será muy cara y el Fondo no será nada gratuito. El capitalismo argentino está en una verdadera encrucijada histórica, si no se sale del Fondo y se sigue con la sangría de la deuda la crisis se profundizará.
Mientras tanto se comienza a hablar de una nueva década perdida. Es que si se observa la evolución del PBI desde el 2012 al 2018 -los años 2010 y 2011 son los últimos de fuerte crecimiento- y se lo proyecta hasta el 2021 lo más probable es que el crecimiento de esos 10 años resulte neutro o levemente positivo. Pero si se tiene en cuenta el crecimiento de la población, 1% anual, el PBI per cápita será negativo.
No solo que la economía estancada reparte sus escasos frutos entre una ciudadanía cada vez más numerosa, sino que como sabemos ese reparto es cada vez más desigual. En síntesis que tendremos una economía más chica, con poca inversión, mayor desempleo y pobreza, y mayores desigualdades sociales.
Es el capitalismo que han impuesto nuestras clases dominantes y al que hay que resistir. También darle a esa resistencia una perspectiva anticapitalista.
Eduardo Lucita. Economistas de Izquierda (EDI)
Una vez más, en los últimos días del año el gobierno nacional de Cambiemos avanza con despidos de trabajadores de Fabricaciones Militares en todo el país. En el día de hoy fueron desvinculadas 49 personas a nivel nacional: 16 en Río Tercero, 8 en Villa María, 10 en sede central y 15 en Fray Luis Beltrán. Con esta nueva camada de desvinculaciones mediante no renovación de contratos, suman 90 los despedidos en Santa Fe en el último año. En estos momentos los trabajadores y trabajadoras de Beltrán concentran frente a la fábrica. En un comunicado interno, el Director Casal informó el asueto para el día de hoy, hasta el 2 de enero. En el mismo felicita al personal por el incremento del 40% de la producción. Por Indymedia Rosario.
URUGUAY
Raúl Olivera
Este viernes 28 de diciembre, la Fiscalía Letrada de San José
solicitó la formalización de un hombre por un delito de homicidio
agravado por femicidio.
Se trata del caso de Loreley Carmona de 38 años, quien el pasado miércoles 26 de diciembre fue asesinada de 18 puñaladas, en el predio del hipódromo de San José. Su pareja incendió su casa y se entregó horas después.
A raíz de este caso, la cifra de femicidio en lo que va del año asciende a 26 casos.
Según cifras oficiales, de enero a noviembre de 2018 se registraron más de 32.000 denuncias por violencia de género.
En efecto, en la madrugada del pasado martes 25 de diciembre fue asesinada María Carolina Vivero Díaz, en su casa de Zum Felde y Prudencio Murguiondo, en el Parque Rivera.
Por el hecho se investiga a su pareja, un joven de 24 años quien luego de asesinar a la joven intentó suicidarse y se encuentra internado.
Mientras que el tercer caso, aún en investigación, ocurrió en la noche del jueves 27 en el paraje Las Cañitas, una zona rural del departamento de Durazno.
Según reportes policiales, la mujer fue hallada muerta dentro de una casa incendiada, un hombre sería el sospechoso del delito.
La tercera etapa es la política, que es incipiente y hoy se refleja en la persistente alta imagen negativa de Mauricio Macri, en el crecimiento en la opinión pública de que “todos son iguales” y en las tensiones al interior de la Alianza Cambiemos, con los arrebatos de Lilita Carrió, la súplica de los radicales para ser atendidos en la Casa Rosada y el anuncio del abandono del proyecto macrista de Emilio Monzó, tercero en la línea de sucesión.
Etapa financiera
Las crisis traumáticas son una característica de la sociedad argentina, cuya revisión acerca del origen, desarrollo y desenlace es un aporte imprescindible para entender la actual, sabiendo que ninguna es igual a otra, pero sí tienen dinámicas similares. Es clave conocer de qué forma se despliegan las crisis para no estar distraído ni confundirse con el naufragio macrista, el cual ha lanzado a la economía a un proceso acelerado de deterioro.La primera etapa de la crisis se expresa en la disparada de la paridad cambiaria, que es el síntoma de la restricción externa, o sea la escasez relativa de divisas. Este es un problema estructural de la economía argentina. La fragilidad del sector externo se ha manifestado en diferentes oportunidades, que tiene como derivación una muy fuerte devaluación, lo que termina instalando un escenario de crisis global. La situación financiera hace estragos con el derrumbe de las cotizaciones de acciones y bonos, la suba de la tasa de interés, las dudas acerca de la solvencia del sistema bancario y el aumento del riesgo de cesación de pagos de la deuda pública y privada.
Los movimientos bruscos de la paridad cambiaria concentran la atención de los medios de comunicación, el nerviosismo atrapa a los responsables de la gestión económica y la incertidumbre domina en la sociedad. El reclamo generalizado es frenar la escalada del dólar, que en una economía bimonetaria como la argentina, se ha convertido en una variable clave. En ese estado de estrés colectivo por el descontrol del dólar puede aparecer como solución la fijación del tipo de cambio, la definición de tasas de interés reales muy alta o el pedido de auxilio financiero al FMI, o la combinación de todo ello para enfrentar el incendio cambiario.
Etapa socioeconómica
Este pico de la crisis puede ser momentáneamente controlado, pero mientras la fase financiera se está desplegando con intensidad se empiezan a disparar las otras dos (la socioeconómica y la política), que se encuentran relativamente desplazadas en la atención pública por el descontrol cambiario.La megadevaluación comienza a reflejarse en los precios, ya sea porque eslabones de la cadena productiva y comercial están dolarizados o por conductas preventivas que dejaron enseñanzas pasadas. En caso de alcanzar cierta estabilidad cambiaria, como ahora con tasas de interés elevadísimas, la primera expresión de la fase socioeconómica de la crisis se da en tasas de inflación altas que, con ingresos fijos en gran parte de la población, provoca un derrumbe del consumo masivo por el golpe al poder adquisitivo.
Se precipita así un círculo vicioso de la debacle, alimentado por la obsesión ortodoxa del ajuste fiscal como vía única por superar el mal momento económico, pero que termina arrojando a la actividad hacia una recesión más profunda. Esta secuencia tiene como saldo la reducción de la producción y quiebre de empresas, lo que deriva en suspensiones y despidos de trabajadores, disparando la tasa de desocupación hacia dos dígitos.
Con tasas de inflación elevadas, como las de septiembre (6,5 por ciento) y de octubre (5,4 por ciento), en caso de transitar un momento de calma cambiaria –como el actual– aparece la exigencia de reducirlas para alejarse del pico de tensión de la fase socioeconómica de la crisis. Para ello, en general, se aplican medidas recesivas (contracción monetaria y fiscal), que agudizan esa etapa de la crisis, y cuando hubo un abrazo desesperado al FMI para salir del pico de la fase financiera, no queda otra alternativa, lo que realimenta el ciclo de deterioro.
Etapa política
Con la disminución de la inflación desde niveles que rumbeaban hacia la híper y con la incertidumbre cambiaria que sigue presente pese a la calma temporaria, emerge la fase política de la crisis.Con los shocks cambiario e inflacionario los gobiernos se debilitan, las lealtades se empiezan a resquebrajar y quienes daban sustento a la alianza económica y social emprenden la retirada. Las internas en la administración se desatan y la proximidad de las elecciones dispara el reordenamiento político. En todo este proceso, hay instancias de mayor o menor tensión, donde aparecen picos que hacen que parezca inminente el desmoronamiento del Gobierno.
El temor al derrumbe está tan presente que el inconsciente les juega una mala pasada a funcionarios y voceros oficiosos, por ejemplo cuando afirman que el gobierno de Macri culminará su mandato pese a no ser peronista, o cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, señala que el Gobierno no se cayó pese a la dimensión del ajuste que está aplicando.
El retroceso del bienestar general extiende el rechazo al oficialismo hacia otras fuerzas políticas. La experiencia local e internacional muestra que el descontrol de variables importantes (dólar subiendo ciento por ciento, inflación trepando 50 por ciento, recesión y desempleo arriba del 10 por ciento) erosiona liderazgos políticos, como el de Macri, que representa a un sector relevante de la población (30/35 por ciento identificado con la centroderecha y derecha del universo político). Esto está siendo reflejado en las encuestas, y sólo para evitar lo que se denomina “pato rengo” (presidentes debilitados a pocos meses de las elecciones) aparece una sobreactividad de Macri, con la expectativa de su aparato de propaganda de rescatarlo del naufragio.
Confluencia
Las crisis reúnen esas tres etapas y se van realimentado unas a otras. Cuando una está en un pico de tensión, las otras parecen apaciguadas, y así van mudando en su estado de situación. Con la paridad cambiaria en la camisa de fuerza de tasas reales muy altas y con un escenario político que ya empezó a mirar las elecciones presidenciales del año próximo, el pico de tensión de la crisis está concentrado en la recesión que desmorona empresas, haciendo crujir la cadena de pagos y ahogando financieramente a la actividad productiva. Estas caídas provocan despidos masivos, conformando un drama sociolaboral, al que el Gobierno no sabe o no quiere dar respuesta.Desapareció el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Trabajo será borrada del nuevo organigrama del Ministerio de Producción cuando se efectivice la renuncia de Jorge Triaca (hijo). En ese contexto hubo una tibia iniciativa oficial con el decreto que dispone el pago de un bono de 5000 pesos (a cuenta de la revisión paritaria 2018), y establece un procedimiento previo de comunicación para despidos sin justa causa. Esa norma determina que, hasta el 31 de marzo del año próximo, las empresas que quieran despedir previamente deben comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo, con una anticipación no menor a 10 días hábiles. El titular de la cartera, Dante Sica, de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial correspondientes, para celebrar las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo “la futura extinción laboral”. No parece que sea una iniciativa para frenar los despidos, sino más bien para ordenarlos.
El transcurso de las crisis va cambiando los picos de intensidad de cada una de sus tres fases y, si no se combinan factores locales e internacionales positivos que permitirían encauzarlas, escenario posible aunque poco probable, pueden terminar en la confluencia de sus respectivos picos en un mismo momento. En esa instancia se produce el epílogo caótico, como fue la hiperinflación de 1989 y el estallido de la convertibilidad en el 2001, sin saber cómo será en este caso porque, como se mencionó al comienzo, las dinámicas de las crisis son similares pero ninguna es igual a otra y su resolución es particular.
Cómo será el desenlace traumático de la crisis macrista es una incógnita. Tampoco se sabe cuándo será y si será el propio Macri u otro quien terminará recibiendo las esquirlas de la explosión.
azaiat@pagina12.com.ar
15/12/2018
¿Adónde va la economía argentina?
Incertidumbre política, desgaste del gobierno y emergencia económico-social es lo que tensa el momento político del país. Incertidumbre acerca de lo que pasará, desgaste ante una crisis que lo supera y emergencia, ya que la percepción general es que el futuro inmediato solo mostrará una agudización de las condiciones del presente. Por Eduardo Lucita.
Si al asumir en 2015 el gobierno de Macri expresaba un conjunto de ideas (nueva matriz económica, mayor productividad de los factores, libre movimiento de capitales, desregulaciones económicas y ambientales, libertad individual como fuente de progreso, el mercado como medida de valor de todos los valores) que suponían le daría un horizonte de largo plazo al capitalismo argentino, tres años después todo se ha desdibujado. El gobierno se quedó sin relato de futuro y solo vende expectativas de corto plazo porque no puede mostrar resultados.
De promover el cambio a la crisis
Lo que destaca es la vertiginosidad con que se ha producido esta mutación. Poco más de doce meses atrás el gobierno salía fortalecido de las elecciones de medio camino y de inmediato el presidente Macri, machacando sobre caliente, lanzó el “reformismo permanente” (previsional, laboral e impositivo). Pero a poco andar llegó diciembre y borró octubre.
Primero fueron las jornadas del 14 y 18 cuando la resistencia popular relegó las reformas, solo pasó el cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones y la AUH, que es gravosa para sus beneficiarios pero absolutamente insuficiente para las concepciones neoliberales. Luego la insólita Conferencia de Prensa del 28 de diciembre donde ningunearon al presidente del BCRA, le sacaron el manejo de la tasa de interés y de la política cambiaria; era evidente que una crisis estaba instalada al interior del gobierno. Crisis promovida por el peso creciente del endeudamiento externo récord del gobierno (90.000 millones de dólares) más la deuda del BCRA por Lebacs (1.4 billones de pesos). Todo fue el inicio del derrape.
Los mercados, esa categoría impersonal propia de los neoliberales, se adelantaron al desastre y los fondos de inversión comenzaron a retirar los fondos del país –la revista Forbes tituló “¿Llegó el momento de salir de Argentina?”- la corrida cambiaria no se hizo esperar y quedó al descubierto que el país tenía dificultades para enfrentar los pagos de la deuda. Algo negado por los funcionarios hasta pocos días antes.
Una combinación de desatinos políticos del gobierno y de incapacidad y/o manejos sospechosos por parte de los presidentes del BCRA, Federico Sturzenegger primero y Luis Caputo después, le costaron al país 30.000 millones de dólares, tasas de interés usurarias que llevan la economía a la recesión y salir corriendo a mendigar “ayuda” al FMI. Dos acuerdos en pocos meses por un total 57.100 millones de dólares. El préstamo más importante en la historia del Fondo.
El reino del mercado
Desde el momento mismo en que asumió el gobierno, Macri liberó de todo control los flujos financieros, desreguló el comercio internacional, dejó librado a la voluntad de los exportadores el momento de ingresar las divisas, levantó toda restricción a la compra de moneda extranjera, eliminó y rebajó retenciones e impuestos a la actividad empresarial, dejó el tipo de cambio librado a la oferta y demanda y estableció un mecanismo financiero que premiaba con tasas usurarias la llegada masiva de fondos especulativos. Todo fue financiado con un descomunal endeudamiento, tanto interno como externo. A fines de este año la deuda total consolidada del Estado nacional alcanzará los 400.000 millones de dólares, un 100% del PBI. Los acuerdos con el FMI son resultado del fracaso de esa política que al mismo tiempo la refuerza y la embreta. Hoy la razón de ser del gobierno no es otra cosa que el ajuste.
Apenas un respiro
El acuerdo con el FMI evitó la quiebra del Banco Central y un nuevo default, pero el gobierno solo ganó tiempo, logró que le financiaran hasta el fin de su mandato, pero desfinanció al gobierno que venga.
Las necesidades financieras del 2019 alcanzan a los 42.400 millones, con los desembolsos del Fondo se cubre el 54% de ese monto y el resto se supone se conseguirá en el mercado interno a la renovación de los vencimientos. En el 2020 las necesidades son de 39.900 millones pero los aportes del Fondo solo cubren el 14.7%, por lo tanto hay que volver a los mercados internacionales de crédito, los mismos que nos cortaron el financiamiento meses atrás, y suponer que se renovaran los vencimientos de las Leliq y de las Letes (instrumentos de deuda emitidos por el BCRA y el Tesoro nacional.
La solvencia de la deuda está cuestionada. Por eso es que el “riesgo país” se mantiene arriba en los 700 puntos. El gobierno en una clara maniobra electoralista vende que es por la incertidumbre política de las elecciones y el “riesgo” de que vuelva CFK, pero lo central es que no hay confianza en los mercados –las calificadoras de crédito le bajaron la nota a la deuda argentina- y en el horizonte asoma nuevamente el riesgo de default.
El pago de los intereses de esta deuda inmoral e impagable carga el presupuesto 2019 con alrededor de 600.000 millones de pesos, una cifra similar al ajuste realizado por el gobierno para aprobar el presupuesto con déficit primario cero, tal lo exigido por el Fondo. Sin embargo ese ajuste se logró reduciendo unos 300.000 millones del gasto público y otro tanto con suba de impuestos y derechos de importación, que habían prometido reducir. Hoy la presión tributaria es la más elevada que se recuerde. Para el 2020 el FMI exige un presupuesto con superávit fiscal primario de 1% que deberá continuarse en los años posteriores porque comienzan los vencimientos del préstamo del Fondo. Por otra parte presupuestariamente se prevé una caída del PBI del 2.7% para este año y del 0.5 para el próximo, sin embargo el FMI eleva esta caída al 1.8, lo que impactará en menores ingresos fiscales. Por lo que conseguir superávit primario es un imperativo. ¿Se seguirá con el ajuste permanente en una senda tipo Grecia? o ¿se retomará un ciclo de crecimiento? ¿Y en qué condiciones?
Tanto el massismo como el kirchnerismo han dejado trascender que la deuda hay que reestructurarla y renegociar el acuerdo con el Fondo, el gobierno Macri de reelegirse no tiene otra opción que seguir ese camino. Pero la reestructuración en estas condiciones será muy cara y el Fondo no será nada gratuito. El capitalismo argentino está en una verdadera encrucijada histórica, si no se sale del Fondo y se sigue con la sangría de la deuda la crisis se profundizará.
Mientras tanto se comienza a hablar de una nueva década perdida. Es que si se observa la evolución del PBI desde el 2012 al 2018 -los años 2010 y 2011 son los últimos de fuerte crecimiento- y se lo proyecta hasta el 2021 lo más probable es que el crecimiento de esos 10 años resulte neutro o levemente positivo. Pero si se tiene en cuenta el crecimiento de la población, 1% anual, el PBI per cápita será negativo.
No solo que la economía estancada reparte sus escasos frutos entre una ciudadanía cada vez más numerosa, sino que como sabemos ese reparto es cada vez más desigual. En síntesis que tendremos una economía más chica, con poca inversión, mayor desempleo y pobreza, y mayores desigualdades sociales.
Es el capitalismo que han impuesto nuestras clases dominantes y al que hay que resistir. También darle a esa resistencia una perspectiva anticapitalista.
Eduardo Lucita. Economistas de Izquierda (EDI)
La predicción de Lagarde antes del G20
El horizonte ahora es el segundo trimestre
La
titular del FMI pronosticó que la situación económica “va a ser dura
durante los próximos meses” en el marco del programa de ajuste acordado
entre el gobierno de Macri y el organismo. Sin embargo, se animó a
aventurar que el plan “está funcionando” y que se verán mejoras "en el
segundo trimestre de 2019".
PÁGINA 12 - 29 de noviembre de 2018
Imagen: AFP
La
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, intentó despejar dudas
sobre la efectividad del programa económico que el organismo
internacional firmó con la Argentina pero reconoció que la situación
económica “va a ser dura durante los próximos meses”. Antes del comienzo
del G20, la titular reeditó la versión de Cambiemos del “segundo
semestre”. Para Lagarde, la economía argentina debería mejorar hacia “el
segundo trimestre de 2019”.
En medio de la crisis, la funcionaria aseguró que el programa económico de ajuste acordado a cambio del crédito Stand by “está funcionando” a pesar de augurar “tres o cuatro meses” más de penurias.
Con los resultados de la segunda misión revisora que acaba de completarse, Lagarde evaluó: "Empezamos a ver resultados en números y tenemos todas las razones para creer que la situación se revertirá en términos de crecimiento en el segundo trimestre de 2019".
Remarcó que la economía argentina atraviesa “una fase difícil” en este momento pero que los argentinos saben que el programa “está funcionando”. “Creemos debería ocurrir en el segundo trimestre de 2019, cuando deberíamos ver una caída significativa de la inflación, donde deberíamos ver el comienzo del crecimiento y el final de la contracción", agregó.
A pesar del incumplimiento del primer acuerdo por parte del gobierno de Macri, Lagarde no descartó desembolsar más fondos si la Argentina lo requiere. "Nosotros siempre tenemos la capacidad para acomodarnos, y lo hemos demostrado", dijo.
Consulta sobre si el punto más alto de la crisis ya había pasado, la titular del FMI opinó que la “situación va a ser dura durante los próximos meses, ya saben, tres o cuatro meses”, pero que luego dará “un giro”.
Sobre la posibilidad de un posible triunfo electoral de la expresidenta Cristina Kirchner, señaló: "Nuestro foco es la economía y la gente, nuestro foco no es una representación política en particular. Pero en todas las circunstancias, lo que esperamos es apropiación y la determinación de conseguir resultados bajo términos económicos sólidos".
En medio de la crisis, la funcionaria aseguró que el programa económico de ajuste acordado a cambio del crédito Stand by “está funcionando” a pesar de augurar “tres o cuatro meses” más de penurias.
Con los resultados de la segunda misión revisora que acaba de completarse, Lagarde evaluó: "Empezamos a ver resultados en números y tenemos todas las razones para creer que la situación se revertirá en términos de crecimiento en el segundo trimestre de 2019".
Remarcó que la economía argentina atraviesa “una fase difícil” en este momento pero que los argentinos saben que el programa “está funcionando”. “Creemos debería ocurrir en el segundo trimestre de 2019, cuando deberíamos ver una caída significativa de la inflación, donde deberíamos ver el comienzo del crecimiento y el final de la contracción", agregó.
A pesar del incumplimiento del primer acuerdo por parte del gobierno de Macri, Lagarde no descartó desembolsar más fondos si la Argentina lo requiere. "Nosotros siempre tenemos la capacidad para acomodarnos, y lo hemos demostrado", dijo.
Consulta sobre si el punto más alto de la crisis ya había pasado, la titular del FMI opinó que la “situación va a ser dura durante los próximos meses, ya saben, tres o cuatro meses”, pero que luego dará “un giro”.
Sobre la posibilidad de un posible triunfo electoral de la expresidenta Cristina Kirchner, señaló: "Nuestro foco es la economía y la gente, nuestro foco no es una representación política en particular. Pero en todas las circunstancias, lo que esperamos es apropiación y la determinación de conseguir resultados bajo términos económicos sólidos".
28/12/2018
Nueva oleada de despidos de fin de año en Fabricaciones Militares
Una vez más, en los últimos días del año el gobierno nacional de Cambiemos avanza con despidos de trabajadores de Fabricaciones Militares en todo el país. En el día de hoy fueron desvinculadas 49 personas a nivel nacional: 16 en Río Tercero, 8 en Villa María, 10 en sede central y 15 en Fray Luis Beltrán. Con esta nueva camada de desvinculaciones mediante no renovación de contratos, suman 90 los despedidos en Santa Fe en el último año. En estos momentos los trabajadores y trabajadoras de Beltrán concentran frente a la fábrica. En un comunicado interno, el Director Casal informó el asueto para el día de hoy, hasta el 2 de enero. En el mismo felicita al personal por el incremento del 40% de la producción. Por Indymedia Rosario.
Argentina: Los docentes anunciarán nuevas medidas de fuerza
La
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) anunciará hoy nuevas
medidas de fuerza en rechazo al cierre de cursos en los colegios
nocturnos de la Capital Federal.
“Se anunciarán medidas de fuerza, en el marco de la continuidad del plan de acción contra el cierre de escuelas y cursos que lleva adelante la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta”, anticiparon en un comunicado. El sindicato destacó, además, “la masiva movilización que se realizó el pasado miércoles 19 de diciembre” en la que se reclamó por la derogación del decreto que informó sobre la descontinuación de los colegios comerciales desde el ciclo lectivo del año próximo y la reducción de matrículas en otros nueve bachilleratos.
El gremio de UTE consideró que “esta medida expulsa a miles de estudiantes del sistema educativo y deja sin trabajo a cientos de docentes”. “Una vez más el gobierno del ‘diálogo’ hace oídos sordos a los reclamos de la comunidad, pero las acciones para defender el derecho social a la educación continúan”, cuestionó el sindicato.
Por su parte, los bloques de la oposición en la Legislatura porteña intentarán realizar el próximo jueves una sesión extraordinaria para tratar el conflicto. La medida es impulsada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y Unidad Ciudadana (UC), que recibieron el apoyo de espacios más chicos.
Durante el debate van a presentar un proyecto que plantea la “anulación de la resolución ministerial” y “garantizar la continuidad administrativa y pedagógica de los establecimientos educativos nocturnos” en la Capital Federal. La oposición en su conjunto logró reunir 26 votos -6 más del tercio necesario para avanzar con la sesión especial- pero para alcanzar el quórum a los fines de dar paso al debate, deberán contar con la presencia de 31 legisladores en el recinto.
El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la UCA
arrojó índices dolorosos: 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes
padecen hambre (inseguridad alimentaria severa) en Argentina.
El incremento de esta franja más acuciante resulta escandaloso: pasó de 9,6% (1.116.160) en 2017 a 13% (1.573.000) en la actualidad, o sea 456.840 más que en la medición de 12 meses atrás.
Para dar cuenta de los por qué de estas cifras, Víctor De Gennaro, referente del partido Unidad Popular, fundador de la CTA, impulsor del Frente Nacional contra la Pobreza (FreNaPo) y de campañas como “El hambre es un crímen”, dialogó con Canal Abierto.
-En cierto punto, estos números eran de esperarse. El hambre creció mucho y en los hogares no hay seguridad alimentaria. ¿Cuál es la deficiencia política? ¿O se trata de una política deseada?
Lo
que se hizo fue mantener la herramienta de disciplinamiento social más
brutal inventada por Martínez de Hoz en los primeros cuatro años de la
dictadura genocida del 76. Él convirtió el 6% de la pobreza que existía
en 1975 en un 24% en 1980. La cuadruplicó. La pobreza y la inmoralidad
del hambre no fueron un designio divino, sino la planificación de los
sectores de poder para someter las ansias de transformación que anidan
en nuestro pueblo.
Esa herramienta, lamentablemente, no fue cambiada, transformada o erradicada. Por el contrario, todos los gobiernos a partir de ese entonces tuvieron una tasa de 24%, 32%, 28%, 26%. Siempre fluctuó, pero el 30% de la población argentina se mantenía en ese nivel, con el agravante de que empezaron a haber generaciones que se fueron educando dentro de la sobrevivencia. A esto se le fueron agregando las privatizaciones y la desestructuración del trabajo de los 90.
Hoy evidentemente se mantiene, y sólo por eso Macri debería ser repudiado. En su campaña electoral dijo que había que calificar su gobierno por cómo había resuelto la pobreza. Él quería llegar a “Pobreza Cero”, y lo que ha hecho con esta política es aumentar los niveles de vulnerabilidad de los sectores más sufrientes de la población, pero en especial, de los que son el futuro de la Argentina que son nuestros pibes.
-En algún momento aseguraste que erradicar la pobreza era un proyecto a largo plazo y complejo, pero que si se podían emplear herramientas para erradicar el hambre…
– El hambre es una inmoralidad. Para terminar el hambre en un país que es súper productor de alimentos, exportador reconocido en el mundo, granero importante y que todavía hoy tiene esta capacidad, es una inmoralidad dura lo que tarda en organizarse el Gobierno nacional. Si se pone como prioridad al Estado se termina el hambre en el tiempo en el que se tarda en organizar la llegada de donde se produce la comida a la boca del hambriento. Eso puede llevar meses.
La pobreza implica otras cosas. Significa vivienda, cloaca, educación, trabajo, un proceso en el que, una vez comenzado, se ven las mejoras. Es planificación, prioridad. Es una política, y que si no se hace, es porque se está planificando lo contrario. Y se hace para llevarse el petróleo, la riqueza ictícola, agrícola, minera, y seguir aumentando la dependencia de la gran riqueza financiera que nos chupan todos los años con las políticas que han venido llevándose adelante.
-Entonces, ¿la realidad es que mantienen un pueblo hambreado, desocupado y pobre para que –mientras intenta sobrevivir- puedan saquear el país?
Sí,
pero además es un intento que va chocando con resistencias permanentes
de nuestro pueblo. Hasta ahora no hubo gobiernos que ahondaran en la
solución de esto. Salvo pequeños períodos, que fueron los dos primeros
años de Alfonsín y los dos primeros años de Néstor Kirchner, después no
hubo cambios cualitativos importantes en la transformación de la
política que abriera posibilidades de resolver esto.
-Aquellos dos primeros años de Néstor Kirchner, ¿puede que haya tenido que ver con iniciativas como el FreNaPo que vos protagonizaste?
El
Frente Nacional contra la Pobreza fue una experiencia notable, donde
planteamos que la solución para el problema del país era –en aquel
momento, y hoy mucho más- un shock de distribución del ingreso. Ese
shock priorizaba a los pibes con una asignación universal para todos,
una jubilación digna del 82% para todos, y un seguro de empleo y
formación.
Por supuesto que esto traería aparejado políticas de educación, de salud, de previsión e industrialización para recuperar el mercado interno. Paradójicamente todos estos señores, esquizofrénicamente nos mandan a pelear los mercados internacionales, y regalan el propio a las transnacionales, que cada vez se van quedando con toda nuestra riqueza.
Ese shock que el FreNaPo levantó fue siempre utilizado con algunos parches. Fue lo que en un primer momento se intentó dar con el Plan Trabajar, después fue la Asignación Universal que ni hoy llega a todos los chicos, y que a nuestros mayores se les hace perder el salario después de aportar toda una vida y a los que no pudieron hacerlo se les da la inmoralidad de un salario tan bajo que no permite vivir dignamente.
No sólo se produce un deterioro de la calidad de vida económica, sino que también se elige una cultura del “sálvese quien pueda”, que cada vez más pone en peligro la vida de nuestros pibes.
-Entre el “sálvese quien pueda” y esas políticas de los poderosos planificando la pobreza ¿hay algún cambio en otro plano de la política que se dé desde las organizaciones o del campo popular? ¿Hay algún cambio del 2001 a esta parte?
El
2001 fue el final de una década de resistencia. No se puede pensar lo
que pasó después del 2001 si no se mide lo que fue el crecimiento de la
resistencia latinoamericana y argentina en la década de los 90, donde
decían que se había acabado la historia.
Ese salto abrió una compuerta a experiencias populares importantes que, lamentablemente, no consolidaron la transformación y hubo retrocesos como el de hoy en Argentina y Brasil. También, creo que la esperanza que nos marca hoy la aparición de la experiencia López Obrador y la mexicana, planteando que hay posibilidades para otra nueva época de aprender de nuestros errores y ser capaces de construir, ya no sólo una llegada al gobierno, sino un gobierno popular donde el poder esté en la gente.
Para esto sí creo que tenemos una diferencia importantísima con lo que fue el 2001. Para mí, hoy hay mucha más movilización popular masiva, resistencia. Es impresionante la capacidad de movilización de nuestro pueblo. Las grandes expresiones en las organizaciones de la economía popular, los sindicatos que pelean, las mujeres, los pueblos originarios, tienen un amanecer mucho más grande.
Fuente: Canal Abierto
Dolor, bronca e indignación fueron los sentimientos dominantes esta
mañana en Beltrán. Es que después de horas de espera, la dirección de
Fabricaciones Militares pegó en la puerta el listado de despedidos y
despedidas. El llanto y el desconsuelo fueron inevitables, pero a la
indignidad de la patronal se le respondió con una asamblea obrera. Hubo
actitudes provocativas del personal de seguridad que desde el interior
de planta filmaba con celulares a los manifestantes.
En la cima del cinismo el Director de Fabricaciones Militares, Raúl Casal, dirigió el mismo jueves -cuando empezaron a llegar los listados de cesantías- un comunicado interno (ver abajo), en el que se dispuso asueto desde el 28 de diciembre al 2 de enero “en todas las fábricas que componen el organismo”. Y aprovechó para “hacer un reconocimiento al esfuerzo realizado por todo el personal a lo largo del 2018, el que nos permitió incrementar las ventas en más de un 40% y comprometer un Plan de Actividades para 2019 con un crecimiento del 100%”.
Entre ayer y hoy, el Ministerio de Defensa que encabeza Oscar Aguad entregó los nombres de los despidos en cada planta: 15 en Fray Luis Beltrán (Santa Fe), 8 en Villa María (Córdoba), 16 en Río Tercero (Córdoba) y 10 en la Sede Central de Capital Federal. Suman así 49 en todo el territorio argentino y acumulan 100 en 2018 sólo en Fray Luis Beltrán.
En la planta ubicada al norte de Rosario se vivió con zozobra los últimos días, en los que no llegaron más de la mitad de los contratos que debían renovarse. Hoy a las seis de la mañana los obreros se reunieron en las puertas de la fábrica santafesina, pero la lista llegó hasta pasadas las nueve de la mañana. Quince compañeros y compañeras se quedaron sin su empleo, entre ellos la hija Hugo Daniel Mionis, operario fallecido tras una explosión en la fábrica. El Consejo Directivo Nacional de ATE convocó para el próximo jueves a movilizar en la Capital Federal al Ministerio de Defensa y Jefatura de Gabinete.
*Nota y fotos: Sofía Alberti, Comunicación CTAA Rosario
* Equipo de Comunicación de la CTA Rosario
-¿Cuáles son los desafíos de la Central para el 2019?
Los
desafíos para este año es que la Central sea cada vez más grande, que
tenga más participación en los debates sociales. Creo que desde cada uno
de nuestros sindicatos tenemos que bregar para que el trabajo que
realizamos esté organizado desde la Central. Entender que unidos y
organizados desde nuestra CTA Autónoma, es la única manera de hacerle
frente a la opresión del sistema, al gobierno, y por consiguiente al
patrón. No es algo que vaya por lugares separados sino que forma parte
de una misma lógica.
-¿Cómo ha sido este año de trabajo?
Este
año fue duro. Nos encontró en la calle luchando por nuestros derechos,
ante cada ajuste, recorte y medida antipopular que este gobierno
intentó impulsar. Y más allá de los resultados, nos encontró a la clase
trabajadora unida y organizada.
-¿Cómo combinas tu trabajo de visitadora médica con la militancia y la dirigencia?
Mi
trabajo como visitadora médica se combina porque está implícito, yo
militó desde mi lugar de trabajo. Además de ser dirigente de CTA-A, soy
delegada de mis compañeros y compañeras en el laboratorio para el cual
trabajo y, por lo tanto, a diario desempeño las dos funciones desde mi
lugar de trabajo con mis compañeros AAPM: informando, concientizando.
-¿Cómo es un día siendo visitadora? ¿Qué características tiene el trabajo?
Nuestro
trabajo es visitar médicos: ya sea en hospitales, consultorios o
Instituciones, promocionando los medicamentos del laboratorio para el
cual trabajamos, mostrarles los beneficios y ventajas en relación a la
competencia. Pero, esto es importante recalcarlo, siempre dentro del
marco de la ética profesional que promulga y defiende nuestro gremio.
* Periodista, docente universitaria y directora de la Secretaría de Comunicación de la CTA Autónoma
Las reuniones llevadas a cabo conforman un hecho histórico por ser el
ámbito de confluencia de abogados/as que asesoran sindicatos
provenientes de un amplio arco ideológico y gremial, quienes confluyeron
en ese espacio plural ante la urgente necesidad de denunciar
públicamente la persistente batería de acciones y medidas desplegadas
por el gobierno para restringir la Libertad y Democracia Sindical en las
organizaciones de trabajadores y trabajadoras.
En dicho documento se señaló que “vivimos una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical de trabajadores/as y sus organizaciones, a través de la acción u omisión de la autoridad de trabajo y de parte de la justicia federal penal con el fin de criminalizar a la organización sindical e impedir el ejercicio de los derechos sindicales constitucionalmente garantizados”.
“Asimismo, la persecución por parte del gobierno desplegada contra abogados/as y jueces/zas laborales es ejercida con la única finalidad de desprestigiar y disciplinar a actores que tienen por misión garantizar la Autonomía Sindical, neutralizarlos en su accionar y desmantelar la Justicia Nacional del Trabajo.”, señalan.
Resulta evidente que la persistencia y magnitud de esas medidas tienen por objeto afectar el funcionamiento y capacidad de toda resistencia organizada ante las políticas salariales y de flexibilización laboral impulsadas por el Gobierno nacional.
Por: Asesoría Jurídica de la CTA Autónoma – Observatorio del Derecho Social
“Se anunciarán medidas de fuerza, en el marco de la continuidad del plan de acción contra el cierre de escuelas y cursos que lleva adelante la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta”, anticiparon en un comunicado. El sindicato destacó, además, “la masiva movilización que se realizó el pasado miércoles 19 de diciembre” en la que se reclamó por la derogación del decreto que informó sobre la descontinuación de los colegios comerciales desde el ciclo lectivo del año próximo y la reducción de matrículas en otros nueve bachilleratos.
El gremio de UTE consideró que “esta medida expulsa a miles de estudiantes del sistema educativo y deja sin trabajo a cientos de docentes”. “Una vez más el gobierno del ‘diálogo’ hace oídos sordos a los reclamos de la comunidad, pero las acciones para defender el derecho social a la educación continúan”, cuestionó el sindicato.
Por su parte, los bloques de la oposición en la Legislatura porteña intentarán realizar el próximo jueves una sesión extraordinaria para tratar el conflicto. La medida es impulsada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y Unidad Ciudadana (UC), que recibieron el apoyo de espacios más chicos.
Durante el debate van a presentar un proyecto que plantea la “anulación de la resolución ministerial” y “garantizar la continuidad administrativa y pedagógica de los establecimientos educativos nocturnos” en la Capital Federal. La oposición en su conjunto logró reunir 26 votos -6 más del tercio necesario para avanzar con la sesión especial- pero para alcanzar el quórum a los fines de dar paso al debate, deberán contar con la presencia de 31 legisladores en el recinto.
Niñez
De Gennaro: “En un país productor de alimentos, el hambre es una inmoralidad”
Sábado 29 de diciembre de 2018, por *
Víctor
De Gennaro, dirigente social y referente de Unidad Popular, habló sobre
las alarmantes cifras publicadas por la UCA: 1,5 millones de niños y
niñas padecen hambre en Argentina. La pobreza como herramienta de
disciplinamiento social y la experiencia FreNaPo.
El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la UCA
arrojó índices dolorosos: 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes
padecen hambre (inseguridad alimentaria severa) en Argentina.El incremento de esta franja más acuciante resulta escandaloso: pasó de 9,6% (1.116.160) en 2017 a 13% (1.573.000) en la actualidad, o sea 456.840 más que en la medición de 12 meses atrás.
Para dar cuenta de los por qué de estas cifras, Víctor De Gennaro, referente del partido Unidad Popular, fundador de la CTA, impulsor del Frente Nacional contra la Pobreza (FreNaPo) y de campañas como “El hambre es un crímen”, dialogó con Canal Abierto.
-En cierto punto, estos números eran de esperarse. El hambre creció mucho y en los hogares no hay seguridad alimentaria. ¿Cuál es la deficiencia política? ¿O se trata de una política deseada?
Lo
que se hizo fue mantener la herramienta de disciplinamiento social más
brutal inventada por Martínez de Hoz en los primeros cuatro años de la
dictadura genocida del 76. Él convirtió el 6% de la pobreza que existía
en 1975 en un 24% en 1980. La cuadruplicó. La pobreza y la inmoralidad
del hambre no fueron un designio divino, sino la planificación de los
sectores de poder para someter las ansias de transformación que anidan
en nuestro pueblo.Esa herramienta, lamentablemente, no fue cambiada, transformada o erradicada. Por el contrario, todos los gobiernos a partir de ese entonces tuvieron una tasa de 24%, 32%, 28%, 26%. Siempre fluctuó, pero el 30% de la población argentina se mantenía en ese nivel, con el agravante de que empezaron a haber generaciones que se fueron educando dentro de la sobrevivencia. A esto se le fueron agregando las privatizaciones y la desestructuración del trabajo de los 90.
Hoy evidentemente se mantiene, y sólo por eso Macri debería ser repudiado. En su campaña electoral dijo que había que calificar su gobierno por cómo había resuelto la pobreza. Él quería llegar a “Pobreza Cero”, y lo que ha hecho con esta política es aumentar los niveles de vulnerabilidad de los sectores más sufrientes de la población, pero en especial, de los que son el futuro de la Argentina que son nuestros pibes.
-En algún momento aseguraste que erradicar la pobreza era un proyecto a largo plazo y complejo, pero que si se podían emplear herramientas para erradicar el hambre…
– El hambre es una inmoralidad. Para terminar el hambre en un país que es súper productor de alimentos, exportador reconocido en el mundo, granero importante y que todavía hoy tiene esta capacidad, es una inmoralidad dura lo que tarda en organizarse el Gobierno nacional. Si se pone como prioridad al Estado se termina el hambre en el tiempo en el que se tarda en organizar la llegada de donde se produce la comida a la boca del hambriento. Eso puede llevar meses.
La pobreza implica otras cosas. Significa vivienda, cloaca, educación, trabajo, un proceso en el que, una vez comenzado, se ven las mejoras. Es planificación, prioridad. Es una política, y que si no se hace, es porque se está planificando lo contrario. Y se hace para llevarse el petróleo, la riqueza ictícola, agrícola, minera, y seguir aumentando la dependencia de la gran riqueza financiera que nos chupan todos los años con las políticas que han venido llevándose adelante.
-Entonces, ¿la realidad es que mantienen un pueblo hambreado, desocupado y pobre para que –mientras intenta sobrevivir- puedan saquear el país?
Sí,
pero además es un intento que va chocando con resistencias permanentes
de nuestro pueblo. Hasta ahora no hubo gobiernos que ahondaran en la
solución de esto. Salvo pequeños períodos, que fueron los dos primeros
años de Alfonsín y los dos primeros años de Néstor Kirchner, después no
hubo cambios cualitativos importantes en la transformación de la
política que abriera posibilidades de resolver esto.-Aquellos dos primeros años de Néstor Kirchner, ¿puede que haya tenido que ver con iniciativas como el FreNaPo que vos protagonizaste?
El
Frente Nacional contra la Pobreza fue una experiencia notable, donde
planteamos que la solución para el problema del país era –en aquel
momento, y hoy mucho más- un shock de distribución del ingreso. Ese
shock priorizaba a los pibes con una asignación universal para todos,
una jubilación digna del 82% para todos, y un seguro de empleo y
formación.Por supuesto que esto traería aparejado políticas de educación, de salud, de previsión e industrialización para recuperar el mercado interno. Paradójicamente todos estos señores, esquizofrénicamente nos mandan a pelear los mercados internacionales, y regalan el propio a las transnacionales, que cada vez se van quedando con toda nuestra riqueza.
Ese shock que el FreNaPo levantó fue siempre utilizado con algunos parches. Fue lo que en un primer momento se intentó dar con el Plan Trabajar, después fue la Asignación Universal que ni hoy llega a todos los chicos, y que a nuestros mayores se les hace perder el salario después de aportar toda una vida y a los que no pudieron hacerlo se les da la inmoralidad de un salario tan bajo que no permite vivir dignamente.
No sólo se produce un deterioro de la calidad de vida económica, sino que también se elige una cultura del “sálvese quien pueda”, que cada vez más pone en peligro la vida de nuestros pibes.
-Entre el “sálvese quien pueda” y esas políticas de los poderosos planificando la pobreza ¿hay algún cambio en otro plano de la política que se dé desde las organizaciones o del campo popular? ¿Hay algún cambio del 2001 a esta parte?
El
2001 fue el final de una década de resistencia. No se puede pensar lo
que pasó después del 2001 si no se mide lo que fue el crecimiento de la
resistencia latinoamericana y argentina en la década de los 90, donde
decían que se había acabado la historia.Ese salto abrió una compuerta a experiencias populares importantes que, lamentablemente, no consolidaron la transformación y hubo retrocesos como el de hoy en Argentina y Brasil. También, creo que la esperanza que nos marca hoy la aparición de la experiencia López Obrador y la mexicana, planteando que hay posibilidades para otra nueva época de aprender de nuestros errores y ser capaces de construir, ya no sólo una llegada al gobierno, sino un gobierno popular donde el poder esté en la gente.
Para esto sí creo que tenemos una diferencia importantísima con lo que fue el 2001. Para mí, hoy hay mucha más movilización popular masiva, resistencia. Es impresionante la capacidad de movilización de nuestro pueblo. Las grandes expresiones en las organizaciones de la economía popular, los sindicatos que pelean, las mujeres, los pueblos originarios, tienen un amanecer mucho más grande.
Fuente: Canal Abierto
Fabricaciones Militares
Escenario de la política criminal del gobierno
Sábado 29 de diciembre de 2018, por *
Tras
una larga espera, ayer se pegó en el portón de ingreso de Fábrica
Militar Fray Luis Beltrán el listado de despedidos y despedidas. La
disposición afectó 49 trabajadores a nivel nacional de los cuales 15 son
de la fábrica santafesina. Habrá movilización nacional el próximo
jueves.
Dolor, bronca e indignación fueron los sentimientos dominantes esta
mañana en Beltrán. Es que después de horas de espera, la dirección de
Fabricaciones Militares pegó en la puerta el listado de despedidos y
despedidas. El llanto y el desconsuelo fueron inevitables, pero a la
indignidad de la patronal se le respondió con una asamblea obrera. Hubo
actitudes provocativas del personal de seguridad que desde el interior
de planta filmaba con celulares a los manifestantes.En la cima del cinismo el Director de Fabricaciones Militares, Raúl Casal, dirigió el mismo jueves -cuando empezaron a llegar los listados de cesantías- un comunicado interno (ver abajo), en el que se dispuso asueto desde el 28 de diciembre al 2 de enero “en todas las fábricas que componen el organismo”. Y aprovechó para “hacer un reconocimiento al esfuerzo realizado por todo el personal a lo largo del 2018, el que nos permitió incrementar las ventas en más de un 40% y comprometer un Plan de Actividades para 2019 con un crecimiento del 100%”.
Entre ayer y hoy, el Ministerio de Defensa que encabeza Oscar Aguad entregó los nombres de los despidos en cada planta: 15 en Fray Luis Beltrán (Santa Fe), 8 en Villa María (Córdoba), 16 en Río Tercero (Córdoba) y 10 en la Sede Central de Capital Federal. Suman así 49 en todo el territorio argentino y acumulan 100 en 2018 sólo en Fray Luis Beltrán.
En la planta ubicada al norte de Rosario se vivió con zozobra los últimos días, en los que no llegaron más de la mitad de los contratos que debían renovarse. Hoy a las seis de la mañana los obreros se reunieron en las puertas de la fábrica santafesina, pero la lista llegó hasta pasadas las nueve de la mañana. Quince compañeros y compañeras se quedaron sin su empleo, entre ellos la hija Hugo Daniel Mionis, operario fallecido tras una explosión en la fábrica. El Consejo Directivo Nacional de ATE convocó para el próximo jueves a movilizar en la Capital Federal al Ministerio de Defensa y Jefatura de Gabinete.
*Nota y fotos: Sofía Alberti, Comunicación CTAA Rosario
Desafíos 2019
Trinchero: “Organizados desde nuestra CTA Autónoma, es la única manera de hacerle frente a la opresión del sistema”
Sábado 29 de diciembre de 2018, por *
La
Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires,
Nadia Trinchero, habló con ACTA sobre lo que fue el 2018 y los desafíos
que atraviesa su sector de militancia para el 2019.
-¿Cuáles son los desafíos de la Central para el 2019? Los
desafíos para este año es que la Central sea cada vez más grande, que
tenga más participación en los debates sociales. Creo que desde cada uno
de nuestros sindicatos tenemos que bregar para que el trabajo que
realizamos esté organizado desde la Central. Entender que unidos y
organizados desde nuestra CTA Autónoma, es la única manera de hacerle
frente a la opresión del sistema, al gobierno, y por consiguiente al
patrón. No es algo que vaya por lugares separados sino que forma parte
de una misma lógica.-¿Cómo ha sido este año de trabajo?
Este
año fue duro. Nos encontró en la calle luchando por nuestros derechos,
ante cada ajuste, recorte y medida antipopular que este gobierno
intentó impulsar. Y más allá de los resultados, nos encontró a la clase
trabajadora unida y organizada.-¿Cómo combinas tu trabajo de visitadora médica con la militancia y la dirigencia?
Mi
trabajo como visitadora médica se combina porque está implícito, yo
militó desde mi lugar de trabajo. Además de ser dirigente de CTA-A, soy
delegada de mis compañeros y compañeras en el laboratorio para el cual
trabajo y, por lo tanto, a diario desempeño las dos funciones desde mi
lugar de trabajo con mis compañeros AAPM: informando, concientizando.-¿Cómo es un día siendo visitadora? ¿Qué características tiene el trabajo?
Nuestro
trabajo es visitar médicos: ya sea en hospitales, consultorios o
Instituciones, promocionando los medicamentos del laboratorio para el
cual trabajamos, mostrarles los beneficios y ventajas en relación a la
competencia. Pero, esto es importante recalcarlo, siempre dentro del
marco de la ética profesional que promulga y defiende nuestro gremio.
Derecho social
Histórico pronunciamiento de abogados y abogadas que asesoran organizaciones sindicales
Jueves 27 de diciembre de 2018, por *
El
pasado 13 de diciembre, los abogados y abogadas que integran la CTA
Autónoma, junto a otras y otros asesores de sindicatos, reunidos en el
Colegio Público de Abogados de Capital Federal, generaron un espacio que
se denominará Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales,
organizando y suscribiendo un duro documento que da cuenta de la grave
situación que atraviesan los sindicatos frente a la inédita política
antisindical llevada adelante por las autoridades de gobierno en todos
sus niveles.
Las reuniones llevadas a cabo conforman un hecho histórico por ser el
ámbito de confluencia de abogados/as que asesoran sindicatos
provenientes de un amplio arco ideológico y gremial, quienes confluyeron
en ese espacio plural ante la urgente necesidad de denunciar
públicamente la persistente batería de acciones y medidas desplegadas
por el gobierno para restringir la Libertad y Democracia Sindical en las
organizaciones de trabajadores y trabajadoras.En dicho documento se señaló que “vivimos una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical de trabajadores/as y sus organizaciones, a través de la acción u omisión de la autoridad de trabajo y de parte de la justicia federal penal con el fin de criminalizar a la organización sindical e impedir el ejercicio de los derechos sindicales constitucionalmente garantizados”.
“Asimismo, la persecución por parte del gobierno desplegada contra abogados/as y jueces/zas laborales es ejercida con la única finalidad de desprestigiar y disciplinar a actores que tienen por misión garantizar la Autonomía Sindical, neutralizarlos en su accionar y desmantelar la Justicia Nacional del Trabajo.”, señalan.
Resulta evidente que la persistencia y magnitud de esas medidas tienen por objeto afectar el funcionamiento y capacidad de toda resistencia organizada ante las políticas salariales y de flexibilización laboral impulsadas por el Gobierno nacional.
Por: Asesoría Jurídica de la CTA Autónoma – Observatorio del Derecho Social
CGT pide aumento de salario mínimo
La
pobreza en Argentina subió cinco puntos en el último año al alcanzar a
2,2 millones de personas más y llegó al 33,6% de la población en el
tercer trimestre de 2018, lo que representa 13,6 millones de habitantes,
la cifra más alta en la última década.
La
central obrera argentina CGT reclamó, frente a expectativas de una
inflación del 47% anual, que el Gobierno vuelva a convocar los Consejos
de Salarios debido a que un aumento otorgado del 25% del salario mínimo
es insuficiente, informó el diario Ámbito Financiero.
“La petición se funda en la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores por efecto del proceso inflacionario. Desde agosto, fecha de la última reunión, la inflación no sólo no ha decrecido, sino que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales”, dijo la CGT en una carta al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, divulgada por el medio.
La pobreza en Argentina subió cinco puntos en el último año al alcanzar a 2,2 millones de personas más y llegó al 33,6% de la población en el tercer trimestre de 2018, lo que representa 13,6 millones de habitantes, la cifra más alta en la última década, según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El número de personas bajo el umbral de la pobreza aumentó debido a la escalada inflacionaria tras la devaluación de la moneda local y la caída del poder adquisitivo.
El informe de la universidad argentina, aceptado en el país como una de las mediciones privadas más confiables, también arrojó un avance de cuatro décimas en la cantidad de personas que cayeron bajo la línea de la indigencia, la cual afecta al 6,1% de los habitantes.
En tanto, el movimiento social Barrios de Pie dijo que habría que declarar una emergencia alimentaria en el país debido al aumento de un 51% de la canasta básica este año.
“Los precios de los alimentos aumentaron 51% en 2018, lo cual representa un verdadero drama en los barrios pobres. A las familias humildes les resulta imposible garantizar una dieta sana o al menos suficiente. Mientras tanto, el Gobierno sigue efectuando despidos y tarifazos. En muchos hogares no se están viviendo unas felices fiestas. Hay que declarar con urgencia la Emergencia Alimentaria”, señaló el coordinador de Barrios de Pie y también sociólogo, Daniel Menéndez.
Los alimentos que más aumentaron en esta medición realizada por Barrios de Pie son la harina de trigo (115,3%), pan (100,0%), huevos (83,3), arroz y polenta (66,6%), cebolla (66,6), pescado (67,5) y el pollo (63,1). (Fuente: Sputnik)
“La petición se funda en la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores por efecto del proceso inflacionario. Desde agosto, fecha de la última reunión, la inflación no sólo no ha decrecido, sino que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales”, dijo la CGT en una carta al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, divulgada por el medio.
La pobreza en Argentina subió cinco puntos en el último año al alcanzar a 2,2 millones de personas más y llegó al 33,6% de la población en el tercer trimestre de 2018, lo que representa 13,6 millones de habitantes, la cifra más alta en la última década, según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El número de personas bajo el umbral de la pobreza aumentó debido a la escalada inflacionaria tras la devaluación de la moneda local y la caída del poder adquisitivo.
El informe de la universidad argentina, aceptado en el país como una de las mediciones privadas más confiables, también arrojó un avance de cuatro décimas en la cantidad de personas que cayeron bajo la línea de la indigencia, la cual afecta al 6,1% de los habitantes.
En tanto, el movimiento social Barrios de Pie dijo que habría que declarar una emergencia alimentaria en el país debido al aumento de un 51% de la canasta básica este año.
“Los precios de los alimentos aumentaron 51% en 2018, lo cual representa un verdadero drama en los barrios pobres. A las familias humildes les resulta imposible garantizar una dieta sana o al menos suficiente. Mientras tanto, el Gobierno sigue efectuando despidos y tarifazos. En muchos hogares no se están viviendo unas felices fiestas. Hay que declarar con urgencia la Emergencia Alimentaria”, señaló el coordinador de Barrios de Pie y también sociólogo, Daniel Menéndez.
Los alimentos que más aumentaron en esta medición realizada por Barrios de Pie son la harina de trigo (115,3%), pan (100,0%), huevos (83,3), arroz y polenta (66,6%), cebolla (66,6), pescado (67,5) y el pollo (63,1). (Fuente: Sputnik)
Los movimientos sociales se manifiestan hoy con los sin techo
Nochebuena frente al Congreso
Bajo
la consigna “Navidad por tierra, techo y trabajo”, esta noche la CTEP y
organizaciones gremiales convocan a un encuentro para denunciar el
aumento de la pobreza y promover una construcción política que enfrente
al gobierno de Cambiemos.
Las organizaciones ofrecerán una cena de Navidad para los sin techo y los cartoneros.
Las
organizaciones sociales que integran la CTEP Capital van a pasar la
Nochebuena frente al Congreso. Preparan en la plaza una cena de Navidad
con los sin techo para denunciar el aumento de la pobreza y expresar, al
mismo tiempo, la voluntad de una construcción política que desplace al
macrismo del poder.
La consigna con que se convocó al encuentro fue “Navidad por Tierra, Techo y Trabajo”. Aunque la organización va por cuenta de la CTEP Capital, tiene la adhesión del grupo de sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires que vienen articulando sus acciones en un frente común: los docentes de UTE, los metrodelegados del subte, ATE Capital, la seccional local de Camioneros, los judiciales del Sitraju. Juan Grabois, dirigente de la CTEP, así como otros referentes de aquellos espacios, van participar de la Navidad de los pobres, una herramienta de construcción y denuncia que alguna vez ya se hizo, en los ‘80.
“Estamos armando un menú para mil quinientas o dos mil personas. Los compañeros que trabajan en quintas, como la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) pusieron las verduras y parte de la carne. Varios frigoríficos recuperados también aportaron para que podamos armar una cena digna, con pollo, lechón, carnes frías y ensaladas”, contó Rafael Klejzer, titular de la CTEP Capital.
La movida va a arrancar a las nueve de la noche con un oración inter-religiosa, de la que van a participar representantes católicos, evangelistas y musulmanes. Las mesas serán instaladas a lo largo de la primera cuadra de la avenida Entre Ríos, y mirando hacia la plaza habrá un escenario para acompañar la noche con la actuación de bandas.
“El deseo es terminar este año de mucha lucha, muy duro para el pueblo argentino, compartiendo la mesa. Sabemos que tenemos por delante otro año de mucha pelea, pero que contiene la esperanza de que este gobierno se vaya. Vamos a hacer un planteamiento muy claro de la agenda social, inexistente para este gobierno, y a traer esperanza”, agregó Klejzer. “En la CTEP somos sobrevivientes, organizamos a los sobrevivientes y a partir de ahí nos dimos fuerza. Hoy nos sentimos con mucha potencia, con mucha fuerza. No queremos que ni los sectores populares ni el progresismo digan que (Horacio Rodríguez) Larreta gestiona bien o que a (Mauricio) Macri no le entran las balas y que va a volver a ganar. Traemos esperanza. Tenemos que sacarnos de encima a este Gobierno neoliberal”.
Inicialmente, la CTEP iba a hacer la cena en el Obelisco, pero el Gobierno hizo saber que garantizaría libre la circulación en las calles, por lo que finalmente la decisión fue instalar las mesas en la plaza del Congreso. Básicamente, la coordinadora cuenta con que los comensales sean personas en situación de calle, cartoneros y los vendedores ambulantes que pasaron un 2018 de desalojos.
“Invitamos además a políticos, que en general vienen a muchas de las actividades de la CTEP, y está muy bien porque acompañan y empujan; pero esta vez les pedimos que se pongan el delantal y ayuden a servir a los que vienen a comer”, concluyó Klejzer. “Los dirigentes vamos a atender las mesas porque lo que queremos es que esta noche los comensales no vengan a trabajar. Invitamos a todas las organizaciones y vecinos que quieran ayudar, a partir de las cinco de la tarde, para armar las mesas. E invitamos a los pesimistas a que vengan, porque van a encontrarse con una comunidad organizada”.
La consigna con que se convocó al encuentro fue “Navidad por Tierra, Techo y Trabajo”. Aunque la organización va por cuenta de la CTEP Capital, tiene la adhesión del grupo de sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires que vienen articulando sus acciones en un frente común: los docentes de UTE, los metrodelegados del subte, ATE Capital, la seccional local de Camioneros, los judiciales del Sitraju. Juan Grabois, dirigente de la CTEP, así como otros referentes de aquellos espacios, van participar de la Navidad de los pobres, una herramienta de construcción y denuncia que alguna vez ya se hizo, en los ‘80.
“Estamos armando un menú para mil quinientas o dos mil personas. Los compañeros que trabajan en quintas, como la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) pusieron las verduras y parte de la carne. Varios frigoríficos recuperados también aportaron para que podamos armar una cena digna, con pollo, lechón, carnes frías y ensaladas”, contó Rafael Klejzer, titular de la CTEP Capital.
La movida va a arrancar a las nueve de la noche con un oración inter-religiosa, de la que van a participar representantes católicos, evangelistas y musulmanes. Las mesas serán instaladas a lo largo de la primera cuadra de la avenida Entre Ríos, y mirando hacia la plaza habrá un escenario para acompañar la noche con la actuación de bandas.
“El deseo es terminar este año de mucha lucha, muy duro para el pueblo argentino, compartiendo la mesa. Sabemos que tenemos por delante otro año de mucha pelea, pero que contiene la esperanza de que este gobierno se vaya. Vamos a hacer un planteamiento muy claro de la agenda social, inexistente para este gobierno, y a traer esperanza”, agregó Klejzer. “En la CTEP somos sobrevivientes, organizamos a los sobrevivientes y a partir de ahí nos dimos fuerza. Hoy nos sentimos con mucha potencia, con mucha fuerza. No queremos que ni los sectores populares ni el progresismo digan que (Horacio Rodríguez) Larreta gestiona bien o que a (Mauricio) Macri no le entran las balas y que va a volver a ganar. Traemos esperanza. Tenemos que sacarnos de encima a este Gobierno neoliberal”.
Inicialmente, la CTEP iba a hacer la cena en el Obelisco, pero el Gobierno hizo saber que garantizaría libre la circulación en las calles, por lo que finalmente la decisión fue instalar las mesas en la plaza del Congreso. Básicamente, la coordinadora cuenta con que los comensales sean personas en situación de calle, cartoneros y los vendedores ambulantes que pasaron un 2018 de desalojos.
“Invitamos además a políticos, que en general vienen a muchas de las actividades de la CTEP, y está muy bien porque acompañan y empujan; pero esta vez les pedimos que se pongan el delantal y ayuden a servir a los que vienen a comer”, concluyó Klejzer. “Los dirigentes vamos a atender las mesas porque lo que queremos es que esta noche los comensales no vengan a trabajar. Invitamos a todas las organizaciones y vecinos que quieran ayudar, a partir de las cinco de la tarde, para armar las mesas. E invitamos a los pesimistas a que vengan, porque van a encontrarse con una comunidad organizada”.
El régimen macrista insiste con la reforma laboral
por Mario Hernández
LA HAINE - 27/12/2018
Panorama político-sindical
El
Gobierno insiste con sus planes iniciales para el mercado de trabajo.
Por un lado empezó a fogonear el regreso de la reforma laboral a
instancias legislativas y, por otro, se relame con la idea de retomar la
flexibilización laboral por sector.
Así como ocurrió con los petroleros en Vaca Muerta, el oficialismo respalda a la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) en su embate por modificar a la baja el convenio colectivo de trabajo de los marineros.
Los trabajadores marítimos, representados por el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), ya habían advertido que las empresas imponían como condición de una recomposición salarial una modificación del Convenio.
De hecho, el gremio lanzó un plan de trabajo a reglamento, para protestar por la negativa de una actualización salarial y la Secretaría de Trabajo se expidió con una conciliación obligatoria, que desde el sindicato consideran improcedente y celebraron los empresarios.
En el marco del brindis de fin de año de la CGERA, Héctor Daer, aseguró que la central obrera no permitirá que el Gobierno avance en la reforma laboral y puso expectativas en que los legisladores tampoco acompañen el proyecto que Cambiemos madura al calor de los pedidos del FMI.
En el mismo sentido se pronunció Carlos Acuña, quien reiteró que la CGT rechaza “de pleno” una reforma de los convenios laborales, y agregó: “No la vamos a aceptar de ninguna manera, que se ocupen de gobernar”.
“¿Qué reforma laboral van a hacer si cada día hay menos trabajo? Que el gobierno se preocupe por generar empleo”, insistió el secretario general del sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) y también secretario general de la CGT.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio aconsejó que el gobierno atienda cinco ejes fundamentales para reducir el “costo argentino”: el laboral; el tributario; la desburocratización y simplificación; medios de pago electrónico; y comercio exterior.
En materia laboral, la CAC considera, al igual que el FMI, que se debería avanzar con la reforma laboral. A tal fin, aconseja promover una reforma laboral que tenga como eje la mejora de la productividad; arbitrar acciones para reducir la informalidad laboral; atender a los desafíos en materia de empleo que se derivan de las nuevas modalidades de comercialización (como ser las denominadas “economías de plataforma”).
Así continúa con el reclamo del FMI, luego de que el organismo aprobara el miércoles pasado el desembolso de un nuevo tramo del crédito por 7.600 millones de dólares en el marco del acuerdo stand-by, y le pidiera al Gobierno volver a avanzar en las reformas laboral, del sistema impositivo y jubilatorio.
En un comunicado, David Lipton, director adjunto del FMI, dijo que “también sería importante continuar eliminando las distorsiones en el sistema tributario, mejorando las regulaciones del mercado laboral, colocando el sistema de pensiones en una base financiera sostenible y fortaleciendo la gobernabilidad”.
Mientras tanto, los especuladores se llevaron del país en lo que va del año casi la mitad de lo que prestará el FMI para pagar la deuda: USD 26.367 millones.
Prensa
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió frente a Radio Nacional la represión de la que fueron víctimas los trabajadores y trabajadores de prensa de medios públicos frente al CCK por parte de la policía de la Ciudad.
Durante la conferencia estuvieron presentes personalidades como la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas ; el diputado del FpV y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Leopoldo Moreau y el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano.
Los trabajadores de prensa de Radio Nacional, la TV Pública y la agencia Télam, nucleados en el SiPreBA, se encontraban manifestándose en contra de la paritaria cero, en la esquina del CCK, en Alem y Corrientes, donde se encuentran las oficinas de Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos. Sin que mediara ningún motivo, fueron reprimidos con gas pimienta y golpeados por personal policial de la Guardia de Infantería. Eran alrededor de 150 efectivos frente a una movilización pacífica, en la que también había menores de edad.
Los trabajadores de los medios públicos vienen solicitando una mesa de diálogo para poder discutir el fin del congelamiento salarial, ya que durante 2018 no tuvieron ninguna recomposición salarial paritaria.
Al respecto, Ana Gerschenson tomó la decisión de abandonar el mando de la emisora estatal por desencuentros con la política económica del gobierno en los medios públicos. “No puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina”, escribió en su carta de renuncia.
En Paka-Paka, Encuentro y Deportv los trabajadores están de paro. “Nos deben el 23% de aumento del año pasado y el 35% que se firmó para este año”, describió Sebastián Struciat, delegado de Canal Encuentro.
“Hubo retiros voluntarios y dos tandas de despidos que dejaron la planta a la mitad. También hay 20 personas que ingresaron con monotributo, que es una forma de precarizar. Además, hay una disminución muy importante de producciones”, resumió.
El vaciamiento de los medios públicos es un método de censura que el oficialismo ejecuta desde el primer día de gestión. Al tiempo que fortalece a los principales multimedios con abundante pauta pública y nuevos negocios. En ese contexto se enmarca la aprobación de la Ley que desregula la producción y comercialización de Papel Prensa que el gobierno definió como prioritaria al incluirla en el temario de las sesiones extraordinarias, y fue aprobada por el Senado con 45 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones.
El proyecto presentado por Diego Bossio a principio de noviembre, ya convertido en ley, y que contó con un fuerte acompañamiento del oficialismo que dispuso un tratamiento exprés deroga ocho artículos de la Ley 26.736, sancionada en 2011, que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios.
El proyecto aprobado establece la eliminación de la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago. Además, hace desaparecer la obligación de abastecer al mercado local, perjudicando a centenares de medios pymes y cooperativos.
Los beneficiarios, Clarín y La Nación, son los responsables del blindaje mediático que protege al sistema de poder y negocios que hoy ejerce funciones de gobierno con Cambiemos.
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos acompañaron la presentación de un recurso de amparo para que las radios empadronadas en 2015 -en virtud de una resolución de la AFSCA limitada a medios de unas pocas ciudades del país- sean incluidas en la Resolución 4951/2018 emitida por el actual ENACOM (Ex AFSCA). Esta norma llama a concurso público de oposición para la adjudicación de licencias, pero incluye sólo a las radios con Permiso Precario y Provisorio (Decreto Nº 1.357/89) o Reconocidas (Resolución Nº 753-COMFER/06 y modificatorias) antes de la sanción de la nueva Ley de Medios. De esta manera han quedado fuera de la posibilidad de legalizarse un sinnúmero de radios comunitarias de Argentina, sin ninguna razón lógica o legal.
La asamblea de trabajadores/as de Página/12 rechaza y repudia los términos del Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE) solicitado por el Grupo Octubre a la Secretaría de Trabajo. Además de un alto sesgo antisindical que contradice el discurso de una empresa que afirma ser “la voz de los laburantes”, el expediente presentado por el grupo que dirige Víctor Santa María contiene una serie de afirmaciones degradantes para los/as trabajadores, que van desde lo erróneo hasta lo deliberadamente falso. Asimismo, ningunea y desconoce a los representantes de los/as trabajadores buscando acordar los puntos planteados con un sindicato ausente en las empresas periodísticas y sus redacciones.
En ese marco, propone “soluciones” que en ningún caso son positivas para los/as trabajadores/as, tales como abrir retiros voluntarios, prescindir del envío de fotógrafos/as, disminuir el número de colaboradores/as, eliminar los suplementos que acompañan al diario, reorganizar horarios, funciones y tareas del personal y suspender de forma “temporaria y rotativa a todas las áreas del personal que no resulten imprescindibles para la salida del diario”.
Frente a este ataque a la planta de trabajadores y trabajadoras, la asamblea y la Comisión Interna de SiPreBA mantienen el estado de alerta permanente y el compromiso de defender cada punto del Estatuto del Periodista Profesional y el Convenio Colectivo de Trabajo.
Docentes
Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires movilizarán el próximo jueves a la Legislatura porteña y al Ministerio de Educación en repudio al cierre de catorce escuelas nocturnas. Ese mismo día habrá una sesión especial para tratar de derogar la resolución Nº 4055-2018.
En ese sentido, Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), adelantó que si Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, no retroceden con la medida, van a plantear “el no inicio del ciclo lectivo 2019”.
La Ciudad creó menos de 10 escuelas a lo largo de once años de la administración del PRO. En la Nación, la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes prometidos en campaña electoral, se transformarán en 768 aulas para 2019.
Este año será el de peor presupuesto educativo en la historia porteña. Apenas el 17% del total, mientras que en 2001 se destinaba el 30%. ¿Qué genera esto? La falta de 10.000 vacantes, mala infraestructura, problemas de alimentación en comedores escolares y bajos salarios. En términos porcentuales es el presupuesto más bajo del país; ningún distrito baja del 20%.
En el presupuesto bonaerense, administrado por Cambiemos, también habrá un 70% menos en infraestructura y 69% menos para formación docente.
El viernes pasado el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata a través de una cautelar, ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) anular en forma inmediata los sumarios administrativos a directivos que se adhirieron a los paros.
Se trata de los sumarios que el Gobierno bonaerense dispuso a unos 500 docentes que adhirieron a los paros de los días 5 y 6 de marzo, y el 5 de abril de 2018.
El titular del Suteba, Roberto Baradel, también destacó otro fallo judicial que se conoció el Día anterior, que estableció que “los 4.500 pesos de presentismo se los tienen que pagar a todos los docentes”.
Se trata del plus por presentismo de 4.500 pesos que Vidal otorgó a comienzos de año a quienes no habían faltado en todo 2017, como un intento por frenar los paros en el arranque del ciclo lectivo.
Educadores, estudiantes y trabajadores del Centro de Formación Profesional Nº 414 de La Plata marcharon el miércoles 12 para denunciar el cierre de ese espacio de formación de adultos en la capital bonaerense. Advirtieron que en la misma situación se encuentran otros 70 de esos centros -de los 300 que funcionan en la provincia- que dependen del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Cultura y Educación.
El plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU Histórica sesionó el jueves 21 para analizar la situación salarial de cara al próximo año. Exigirán una urgente recomposición salarial de un 20 %, el pase al básico de las sumas fijas y la correcta liquidación por zona desfavorable. Ratificó que de no reabrirse la mesa de negociación salarial, peligra el inicio del ciclo lectivo 2019.
El miércoles 19 se desarrolló un plenario provincial del SUTE (docentes mendocinos) y posterior reunión paritaria, donde se acordó la indexación de los salarios siguiendo la inflación mensual. Además el acuerdo implica algunos otros puntos que mejoran la situación de 60.000 trabajadores/as de la educación mendocinos:
Se eleva el tope de antigüedad a 140% con 28 años y a 150% con 30 años; se garantiza la ayuda útiles de $3.800 por cargo y no por agente, se incorpora al básico, además del aumento, un 1,6% por compensación FONID, en cuatro tramos, en blanco, al básico, estado docente y cláusula de garantía
Aeronáuticos
“El Ministerio de Producción y Trabajo dio por iniciado un período de conciliación obligatoria con validez a partir de las 0:00 del jueves 27 de diciembre, y por el plazo de 15 días, para los conflictos suscitados por los trabajadores representados por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)”, informó en un comunicado la cartera que dirige Dante Sica.
El gremio había anunciado un cese total de actividades de 24 horas para el próximo jueves, debido a reclamos como “paritarias irresueltas, despidos, precarización laboral y persecución sindical”. De todas formas, ese día habrá una marcha hasta las oficinas del ministro Guillermo Dietrich en repudio a la política aerocomercial.
Entre las razones y problemáticas que impulsaron la medida, mencionaron la paritaria 2017 “incumplida y vencida en Aerolíneas Argentinas y Austral, cuya negociación actual se encuentra estancada y con ausencia de una política de Estado que garantice continuidad y crecimiento de la empresa”.
Además, señalaron que la paritaria con LATAM Argentina se halla “sin actualización y sin oferta a una semana de su vencimiento”, en el marco de un “achicamiento de la filial Argentina del holding”, mientras que en la paritaria de Avianca Argentina se evidencia un “retroceso con una alerta por pérdida de fuentes de trabajo y marcha atrás en el plan de expansión”.
Asimismo, el gremio aludió también a la situación general de Andes Líneas Aéreas, “con pérdida de fuentes de trabajo y salarios pagados en cuotas”, y apuntó contra “la precarización laboral y persecución sindical en Flybondi y demás empresas low-cost”.
Lo que queda claro es que con la decisión el Gobierno cambia su estrategia de confrontar abiertamente con los gremios y prefiere la conciliación obligatoria para no pagar el costo de tener los aeropuertos paralizados en temporada alta.
Hasta ahora el oficialismo había evitado utilizar esa herramienta y había apostado al desgaste de las organizaciones, en un conflicto que será de largo aliento.
Esta semana está prevista la reunión con los otros gremios aeronáuticos por la resolución de la ANAC que autoriza la contratación de pilotos extranjeros pero además los funcionarios de la Secretaría de Trabajo deberán abrir otro expediente por los despidos de 30 pilotos previsto en Avian, la línea aérea que explota Avianca.
Metalúrgicos
El viernes se conoció que la empresa BGH de Tierra del Fuego decidió suspender a todo el plantel en el mes de marzo. La medida ya habría sido informada oficialmente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y fue evaluada en asamblea, donde se resolvió retirarse de los puestos de trabajo como forma de protesta.
Además, trascendió que BGH no tiene la intención de reconocer el pago de los salarios mientras dure la suspensión, como sí se acordó en el caso de otras empresas que suspenderán al personal como Digital Fueguina y Tecnosur.
BGH adelantó que estarían desvinculando personal de planta al comienzo del próximo año, aunque no especificó el número de trabajadores que serían despedidos.
Por otra parte, hubo protestas en la planta de la firma KMG Fueguina, que también tiene programadas suspensiones, pero el motivo del reclamo de este viernes fue la falta de pago del medio aguinaldo.
Trabajadores de la empresa Siam realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón para pedir por la reincorporación de los empleados despedidos y denunciar el vaciamiento de la compañía. El puente quedó cortado al tránsito por la manifestación y por un cordón de efectivos de la Prefectura que amenazaban con desalojar la protesta.
“En las últimas semanas conseguimos la reincorporación de 7 compañeros, que la empresa se vio obligada a volver a tomar. Ahora quedamos 13 despedidos”, explicó Luciano Flores, unos de los manifestantes y empleado afectado por el recorte de la empresa.
Luego de la protesta en el Puente Pueyrredón, los trabajadores se dirigieron a La Plata donde tenían previsto participar de una audiencia en el ministerio de Trabajo bonaerense. Denunciaron que la empresa tuvo subsidios millonarios y que no cumplió los acuerdos firmados con los empleados.
El miércoles, junto a trabajadores de Interpack, habían sido reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad mientras realizaban un corte pacífico en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes esperando el avance de las negociaciones en la audiencia que delegados tenían en la Secretaría de Trabajo. Producto de la represión varios trabajadores terminaron heridos.
En una nueva jornada de protesta los despedidos de la gráfica Interpack, de la metalúrgica Siam y de la avícola Cresta Roja, encararán este miércoles una movilización que incluirá un corte de calles en la zona del Obelisco porteño.
Trabajadores metalúrgicos de Metalsa, cuya planta industrial se encuentra en El Talar de Pacheco, en el conurbano bonaerense, denuncian que la empresa acaba de realizar 15 despidos y amenaza con 150 más.
La empresa de maquinarias Finning CAT despedirá a 35 de sus 108 trabajadores de la planta de Tortuguitas, Malvinas Argentinas. La empresa sostiene que este año tuvo pérdidas lo que la llevó a presentar el pasado 6 de noviembre en el Ministerio de Producción un proceso preventivo de crisis (PPC). Los trabajadores denuncian que este preventivo es una excusa para continuar con su plan de despidos, atacar derechos laborales y flexibilizar la mano de obra.
En lo que va del año Finning CAT despidió a 120 trabajadores y obliga a sus trabajadores a aceptar retiros voluntarios. Hace 15 días que los trabajadores están llevando a cabo una huelga de brazos caídos. El próximo 26 de diciembre habrá una audiencia en el Ministerio entre empresa, sindicato (UOM) y autoridades nacionales para definir la situación.
Por los gremios
Los trabajadores de la industrialización privada de petróleo y gas de Salta y Jujuy, en una asamblea realizada en la mañana de ayer en las puertas de la destilería de Campo Durán y encabezados por los directivos del gremio que nuclea a los trabajadores del sector, decidieron iniciar un paro de actividades con afectación de la producción por tiempo indeterminado.
La determinación se toma como consecuencia de la grave situación por la que atraviesa el complejo operado por la petrolera Refinor, que no cuenta con gas natural para industrializar, ya que al momento solo le llegan 5 de los 20 millones que la destilería requiere para funcionar con normalidad.
Tal como establece la ley, hay 5 días para negociar una salida al conflicto. Por lo tanto, el paro efectivo de actividades comenzaría el 24 del corriente de no hallarse alguna solución a la afligente situación.
La fábrica de calzados Paqueta cerró las puertas de su fábrica en Chivilcoy. De los 600 operarios cesanteados, unos 178 aceptaron los retiros voluntarios mientras que el resto espera a que la firma acuerde nuevos contratos y vuelva a producir. Pese a que desde el Municipio ofrecieron empleo para 200 personas, el martes pasado las y los trabajadores se concentraron frente a la plaza central desde dónde se movilizaron hacia la sede local de Cambiemos.
El mismo día, 150 trabajadores de la fábrica de calzado Dass fueron despedidos sin previo aviso de la planta que la empresa tiene en Misiones. En 2017 habían sido desafectados otros 60 operarios. Las y los trabajadores tomaron la fábrica exigiendo la reincorporación a sus puestos. La planta misionera de Dass actualmente cuenta con 850 operarios.
Alrededor de 130 familias están más que preocupadas porque deberán pasar las fiestas de fin de año sin actividad laboral. Los propietarios de la fábrica Henter de Montecarlo, Misiones, anunciaron que suspenderá por 15 días las actividades de todos los empleados por falta de demanda y las bajas en las ventas.
Esto generó la inmediata reacción de los trabajadores, quienes convocaron a una reunión e invitaron a sus representantes gremiales. Según les comunicaron a los empleados, la suspensión comenzará el mismo 24 de este mes.
La empresa pesquera Agropez envió telegrama a 60 empleados embarcados y 150 de la planta de procesamiento, anticipándoles las vacaciones hasta el 10 de enero.
La semana pasada el SOMU cerró una paritaria con la Cámara de la Flota Amarilla con un incremento del 80 % sobre el valor del langostino. Agropez mantiene el ofrecimiento del 60 % y aceptaría elevarlo a 80 %, pero a fines de febrero.
El gremio de los marineros anticipa que no firmará acuerdos por debajo del sellado con la Cámara signataria del Convenio Colectivo de Trabajo.
La medida adoptada por la empresa tuvo sus primeras reacciones. Por un lado, un grupo de marineros se apostó en el ingreso de la planta de Rawson (Chubut) y comenzó un acampe en el lugar. Mientras que otro grupo, afiliados al Sindicato de la Alimentación, marcharon hasta la Secretaría de Pesca.
La Unión Informática comunicó que la empresa Megatech perdió la cuenta principal que tiene con Telefónica Argentina Sociedad Anónima (TASA).
Se trata de “Dr. Speedy”, “una cuenta donde se desempeñan unos 80 trabajadores hoy en peligro”, especificaron desde el gremio.
Por ello el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización y advirtieron que se tomarán todas las medidas legales y gremiales necesarias para preservar todas las fuentes de trabajo.
La industria textil “Tipoití” de la ciudad de Corrientes cerrará sus puertas desde el 22 de diciembre hasta el 4 de febrero, según confirmaron dirigentes de la Asociación Obrera Textil (AOT).
El secretario general de la Comisión Interna, Gustavo Bravo, explicó que durante ese período, sus más de 700 trabajadores percibirán el 70% del salario. Dijo además que “es la primera vez en la historia que la Planta se paraliza totalmente, nunca había pasado desde su inauguración hace 70 años”.
El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Jorge Yabkowski, adelantó que ante 300 nuevos posibles despidos del gobierno de Mauricio Macri en el Hospital Posadas el 31 de diciembre próximo, realizarán una conferencia de prensa con la presencia de Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, este miércoles 26 a las 11:45 horas, en la última ronda de 2018 alrededor del mástil del centro de salud más grande del país, ubicado en El Palomar, Morón, Provincia de Buenos Aires (Autopista del Oeste e Illia).
La “ronda de los miércoles” es la protesta que se realiza en el Hospital Posadas cada semana en reclamo por la reincorporación de los 1.300 trabajadores que ya fueron despedidos durante la gestión Cambiemos y, en este caso, en rechazo de nuevas cesantías si dejan “caer” esos 300 contratos precarios que antes eran renovados automáticamente, “lo que legalmente sería lisa y llanamente otra ola de despidos, siendo que al día de la fecha no hay noticias sobre esas renovaciones en el único hospital que depende 100 % del gobierno nacional”, expresó Yabkowski, quien estará presente en el Posadas este miércoles junto a Cortiñas y demás representantes sindicales y sociales.
La empresa procesadora de harinas de carne Manfico cerró sus puertas en la ciudad entrerriana de Basavilbaso y despidió a los doce trabajadores que quedaban en la planta.
Las organizaciones sociales que integran la CTEP Capital pasaron la Nochebuena frente al Congreso. La consigna con que se convocó al encuentro fue “Navidad por Tierra, Techo y Trabajo”. Aunque la organización fue por cuenta de la CTEP Capital, tuvo también la adhesión del grupo de sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires que vienen articulando sus acciones en un frente común: los docentes de UTE, los metrodelegados del subte, ATE Capital, la seccional local de Camioneros y los judiciales del Sitraju.
Los judiciales rionegrinos aceptaron un 7% de aumento a los salarios básicos a partir de diciembre, con lo que el aumento total del año alcanzó el 42,2%. Las partes acordaron reanudar la paritaria el 21 de diciembre, para comenzar a definir una nueva pauta salarial para el primer semestre del año que viene.
Los bancarios rubricaron este viernes el último tramo de la paritaria 2018 con aumentos del 3,9% para noviembre y 2,1% para diciembre. Sumado a los anteriores incrementos, llegan al 46%.
Respecto de la paritaria 2019 , las cámaras empresarias suscribieron con La Bancaria un acuerdo para los primeros meses del año, que establece un adelanto del 7% que se calculará sobre el salario actualizado de diciembre, junto con un anticipo mensual de 1.000 pesos hasta el reinicio de las negociaciones en marzo.
Desocupación y empleo
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó su informe sobre desocupación en Argentina. El desempleo creció un 0,7 % y acumula un 9 % en el tercer trimestre de 2018. En las mujeres de hasta 29 años la tasa de desempleo trepó al 21,5 %, en cambio, la de los varones de la misma edad alcanzó un porcentaje del 14,5 %. El informe del INDEC está realizado con la medición de los 31 conglomerados poblacionales más grandes del país.
Por su parte, la subocupación aumentó un punto de manera interanual, situándose en el 11,8 %. Sólo en lo que va del año, hubo 110.000 personas que perdieron su empleo. Al contemplar solo el 62 % de la población, se estima que el total de nuevos desempleados ascendería hasta los 177.000.
Al respecto, el informe elaborado por el FMI en ocasión de la revisión de la economía Argentina no deja de aportar malas noticias. Es que a la “sugerencias” de establecer un techo salarial por debajo de la inflación, de volver a subir los servicios públicos el año próximo, de avanzar en una nueva reforma previsional y una reforma laboral, se suman las previsiones para el año que se avecina de una caída de la actividad económica del orden del -1,7% y un aumento del desempleo que llegaría a 10,9%.
El pronóstico de los economistas del FMI indica que se sumarían unos 250.000 desocupados nuevos en los próximos 365 días. Además, la tasa de desempleo de dos dígitos llegaría para quedarse, al menos, los próximos 5 años. El trabajo del FMI establece que se ubicará en 2019 en el 10,9%, en 2020 en el 10,8%, en el 2021 en el 10,6%, en 2022 en el 10,3% y en 2023 en el orden del 10,0%.
De cumplirse lo previsto por el FMI estaríamos volviendo a cifras que no se registraban hace 14 años y tocando los niveles que tuvo la desocupación entre 2005 y 2006.
Para Claudio Lozano, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, “con los últimos datos laborales del INDEC, queda claro que el trabajo de calidad tantas veces prometido por Macri no existe. Comparando el Tercer trimestre del 2018 con la situación al 2015, puede observarse que hay 1.034.842 ocupados más de los cuales 564.460 son cuentapropistas (el 54,5%) y 278.872 son asalariados no registrados (26,9%).
El 82% del escaso empleo generado es empleo precario. En este marco, lo que dicen las estadísticas es que se sigue ensanchando el sector informal urbano de subsistencia.
Las actividades que experimentaron un incremento en su peso relativo dentro de la estructura de rama de los ocupados fueron la construcción y el servicio doméstico en las cuales la proporción de ocupados aumentó en 0,3 puntos porcentuales.
Los datos también marcan un aumento de los monotributistas -15.900 más que un año atrás- que en parte se explica por nuevas modalidades laborales.
El abogado Julián de Diego, señala que “en Uber como en los sistemas de delivery como Rappi, Pedidos ya y Glovo no existe la relación de dependencia típica y, al contrario, existen componentes del vínculo autónomo que operan en forma contradictoria, dado que los que brindan el servicio operan por cuenta propia y a su riesgo”.
Salario y consumo
Según un informe de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el deterioro salarial afectó de manera particular a los empleados públicos con una caída del 18,3% en 2018. El estudio revela también que esta merma se inscribe en una continuidad durante la era Macri. Desde 2015, la reducción acumuló un 26,3%. La contracción del salario de los estatales habría sido entre 4 y 5 puntos más alta que sus pares del sector privado.
El ingreso promedio de las familias argentinas aumentó 25,4 % anual en el tercer trimestre del año, al pasar de 8.795 pesos a 11.031 pesos, por lo que perdió quince puntos contra la inflación del 40,5 % acumulada en el mismo período.
Así lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al dar a conocer la Evolución de la distribución del ingreso (monetario), sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El 50 % del total de la población ocupada, que incluye a trabajadores registrados, independientes y de distinta calificación percibe salarios de hasta $ 15.501, mientras que un 30 % cobra entre $ 18.188 y $ 25.073, precisó el informe del Indec. Los deciles más altos (9 y 10) percibieron sueldos por mes que van desde $ 31.750 a $ 52.165.
Las ventas en los supermercados retrocedieron en octubre 10% respecto a igual mes de 2017, mientras que en los grandes centros de compra la caída fue de 18,6%, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron noviembre con una caída del 15,6% frente a igual mes del año pasado y acumulan 11 meses consecutivos en baja, según un informe de CAME. Se trata del descenso más marcado del 2018.
Según un análisis de las consultoras Kantar y Ecolatina en el tercer trimestre el consumo privado masivo dio 2,1% negativo. En el penúltimo escalón de la pirámide, el nivel socio-económico bajo-superior, cayó el 6%, tres veces más del promedio donde se concentra el 33% de los hogares.
El piso superior de la pirámide -22% de los hogares- es el único que incrementa el consumo que por sí mismo significa alrededor del 70% del PBI.
La Argentina tiene no solo la inflación más alta de la región, después de Venezuela. También ocupa el segundo puesto, detrás de Perú, en una medición realizada por Linio, un sitio de ventas on line que comparó los costos de una canasta básica en seis países de América Latina. El gasto básico mensual de una canasta básica en la región es de U$S 75, unos $ 2.900. Mientras que en la Argentina asciende a unos U$S 86, alrededor de $ 3.300.
La Haine
Así como ocurrió con los petroleros en Vaca Muerta, el oficialismo respalda a la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) en su embate por modificar a la baja el convenio colectivo de trabajo de los marineros.
Los trabajadores marítimos, representados por el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), ya habían advertido que las empresas imponían como condición de una recomposición salarial una modificación del Convenio.
De hecho, el gremio lanzó un plan de trabajo a reglamento, para protestar por la negativa de una actualización salarial y la Secretaría de Trabajo se expidió con una conciliación obligatoria, que desde el sindicato consideran improcedente y celebraron los empresarios.
En el marco del brindis de fin de año de la CGERA, Héctor Daer, aseguró que la central obrera no permitirá que el Gobierno avance en la reforma laboral y puso expectativas en que los legisladores tampoco acompañen el proyecto que Cambiemos madura al calor de los pedidos del FMI.
En el mismo sentido se pronunció Carlos Acuña, quien reiteró que la CGT rechaza “de pleno” una reforma de los convenios laborales, y agregó: “No la vamos a aceptar de ninguna manera, que se ocupen de gobernar”.
“¿Qué reforma laboral van a hacer si cada día hay menos trabajo? Que el gobierno se preocupe por generar empleo”, insistió el secretario general del sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) y también secretario general de la CGT.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio aconsejó que el gobierno atienda cinco ejes fundamentales para reducir el “costo argentino”: el laboral; el tributario; la desburocratización y simplificación; medios de pago electrónico; y comercio exterior.
En materia laboral, la CAC considera, al igual que el FMI, que se debería avanzar con la reforma laboral. A tal fin, aconseja promover una reforma laboral que tenga como eje la mejora de la productividad; arbitrar acciones para reducir la informalidad laboral; atender a los desafíos en materia de empleo que se derivan de las nuevas modalidades de comercialización (como ser las denominadas “economías de plataforma”).
Así continúa con el reclamo del FMI, luego de que el organismo aprobara el miércoles pasado el desembolso de un nuevo tramo del crédito por 7.600 millones de dólares en el marco del acuerdo stand-by, y le pidiera al Gobierno volver a avanzar en las reformas laboral, del sistema impositivo y jubilatorio.
En un comunicado, David Lipton, director adjunto del FMI, dijo que “también sería importante continuar eliminando las distorsiones en el sistema tributario, mejorando las regulaciones del mercado laboral, colocando el sistema de pensiones en una base financiera sostenible y fortaleciendo la gobernabilidad”.
Mientras tanto, los especuladores se llevaron del país en lo que va del año casi la mitad de lo que prestará el FMI para pagar la deuda: USD 26.367 millones.
Prensa
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió frente a Radio Nacional la represión de la que fueron víctimas los trabajadores y trabajadores de prensa de medios públicos frente al CCK por parte de la policía de la Ciudad.
Durante la conferencia estuvieron presentes personalidades como la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas ; el diputado del FpV y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Leopoldo Moreau y el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano.
Los trabajadores de prensa de Radio Nacional, la TV Pública y la agencia Télam, nucleados en el SiPreBA, se encontraban manifestándose en contra de la paritaria cero, en la esquina del CCK, en Alem y Corrientes, donde se encuentran las oficinas de Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos. Sin que mediara ningún motivo, fueron reprimidos con gas pimienta y golpeados por personal policial de la Guardia de Infantería. Eran alrededor de 150 efectivos frente a una movilización pacífica, en la que también había menores de edad.
Los trabajadores de los medios públicos vienen solicitando una mesa de diálogo para poder discutir el fin del congelamiento salarial, ya que durante 2018 no tuvieron ninguna recomposición salarial paritaria.
Al respecto, Ana Gerschenson tomó la decisión de abandonar el mando de la emisora estatal por desencuentros con la política económica del gobierno en los medios públicos. “No puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina”, escribió en su carta de renuncia.
En Paka-Paka, Encuentro y Deportv los trabajadores están de paro. “Nos deben el 23% de aumento del año pasado y el 35% que se firmó para este año”, describió Sebastián Struciat, delegado de Canal Encuentro.
“Hubo retiros voluntarios y dos tandas de despidos que dejaron la planta a la mitad. También hay 20 personas que ingresaron con monotributo, que es una forma de precarizar. Además, hay una disminución muy importante de producciones”, resumió.
El vaciamiento de los medios públicos es un método de censura que el oficialismo ejecuta desde el primer día de gestión. Al tiempo que fortalece a los principales multimedios con abundante pauta pública y nuevos negocios. En ese contexto se enmarca la aprobación de la Ley que desregula la producción y comercialización de Papel Prensa que el gobierno definió como prioritaria al incluirla en el temario de las sesiones extraordinarias, y fue aprobada por el Senado con 45 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones.
El proyecto presentado por Diego Bossio a principio de noviembre, ya convertido en ley, y que contó con un fuerte acompañamiento del oficialismo que dispuso un tratamiento exprés deroga ocho artículos de la Ley 26.736, sancionada en 2011, que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios.
El proyecto aprobado establece la eliminación de la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago. Además, hace desaparecer la obligación de abastecer al mercado local, perjudicando a centenares de medios pymes y cooperativos.
Los beneficiarios, Clarín y La Nación, son los responsables del blindaje mediático que protege al sistema de poder y negocios que hoy ejerce funciones de gobierno con Cambiemos.
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos acompañaron la presentación de un recurso de amparo para que las radios empadronadas en 2015 -en virtud de una resolución de la AFSCA limitada a medios de unas pocas ciudades del país- sean incluidas en la Resolución 4951/2018 emitida por el actual ENACOM (Ex AFSCA). Esta norma llama a concurso público de oposición para la adjudicación de licencias, pero incluye sólo a las radios con Permiso Precario y Provisorio (Decreto Nº 1.357/89) o Reconocidas (Resolución Nº 753-COMFER/06 y modificatorias) antes de la sanción de la nueva Ley de Medios. De esta manera han quedado fuera de la posibilidad de legalizarse un sinnúmero de radios comunitarias de Argentina, sin ninguna razón lógica o legal.
La asamblea de trabajadores/as de Página/12 rechaza y repudia los términos del Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE) solicitado por el Grupo Octubre a la Secretaría de Trabajo. Además de un alto sesgo antisindical que contradice el discurso de una empresa que afirma ser “la voz de los laburantes”, el expediente presentado por el grupo que dirige Víctor Santa María contiene una serie de afirmaciones degradantes para los/as trabajadores, que van desde lo erróneo hasta lo deliberadamente falso. Asimismo, ningunea y desconoce a los representantes de los/as trabajadores buscando acordar los puntos planteados con un sindicato ausente en las empresas periodísticas y sus redacciones.
En ese marco, propone “soluciones” que en ningún caso son positivas para los/as trabajadores/as, tales como abrir retiros voluntarios, prescindir del envío de fotógrafos/as, disminuir el número de colaboradores/as, eliminar los suplementos que acompañan al diario, reorganizar horarios, funciones y tareas del personal y suspender de forma “temporaria y rotativa a todas las áreas del personal que no resulten imprescindibles para la salida del diario”.
Frente a este ataque a la planta de trabajadores y trabajadoras, la asamblea y la Comisión Interna de SiPreBA mantienen el estado de alerta permanente y el compromiso de defender cada punto del Estatuto del Periodista Profesional y el Convenio Colectivo de Trabajo.
Docentes
Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires movilizarán el próximo jueves a la Legislatura porteña y al Ministerio de Educación en repudio al cierre de catorce escuelas nocturnas. Ese mismo día habrá una sesión especial para tratar de derogar la resolución Nº 4055-2018.
En ese sentido, Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), adelantó que si Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, no retroceden con la medida, van a plantear “el no inicio del ciclo lectivo 2019”.
La Ciudad creó menos de 10 escuelas a lo largo de once años de la administración del PRO. En la Nación, la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes prometidos en campaña electoral, se transformarán en 768 aulas para 2019.
Este año será el de peor presupuesto educativo en la historia porteña. Apenas el 17% del total, mientras que en 2001 se destinaba el 30%. ¿Qué genera esto? La falta de 10.000 vacantes, mala infraestructura, problemas de alimentación en comedores escolares y bajos salarios. En términos porcentuales es el presupuesto más bajo del país; ningún distrito baja del 20%.
En el presupuesto bonaerense, administrado por Cambiemos, también habrá un 70% menos en infraestructura y 69% menos para formación docente.
El viernes pasado el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata a través de una cautelar, ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) anular en forma inmediata los sumarios administrativos a directivos que se adhirieron a los paros.
Se trata de los sumarios que el Gobierno bonaerense dispuso a unos 500 docentes que adhirieron a los paros de los días 5 y 6 de marzo, y el 5 de abril de 2018.
El titular del Suteba, Roberto Baradel, también destacó otro fallo judicial que se conoció el Día anterior, que estableció que “los 4.500 pesos de presentismo se los tienen que pagar a todos los docentes”.
Se trata del plus por presentismo de 4.500 pesos que Vidal otorgó a comienzos de año a quienes no habían faltado en todo 2017, como un intento por frenar los paros en el arranque del ciclo lectivo.
Educadores, estudiantes y trabajadores del Centro de Formación Profesional Nº 414 de La Plata marcharon el miércoles 12 para denunciar el cierre de ese espacio de formación de adultos en la capital bonaerense. Advirtieron que en la misma situación se encuentran otros 70 de esos centros -de los 300 que funcionan en la provincia- que dependen del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Cultura y Educación.
El plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU Histórica sesionó el jueves 21 para analizar la situación salarial de cara al próximo año. Exigirán una urgente recomposición salarial de un 20 %, el pase al básico de las sumas fijas y la correcta liquidación por zona desfavorable. Ratificó que de no reabrirse la mesa de negociación salarial, peligra el inicio del ciclo lectivo 2019.
El miércoles 19 se desarrolló un plenario provincial del SUTE (docentes mendocinos) y posterior reunión paritaria, donde se acordó la indexación de los salarios siguiendo la inflación mensual. Además el acuerdo implica algunos otros puntos que mejoran la situación de 60.000 trabajadores/as de la educación mendocinos:
Se eleva el tope de antigüedad a 140% con 28 años y a 150% con 30 años; se garantiza la ayuda útiles de $3.800 por cargo y no por agente, se incorpora al básico, además del aumento, un 1,6% por compensación FONID, en cuatro tramos, en blanco, al básico, estado docente y cláusula de garantía
Aeronáuticos
“El Ministerio de Producción y Trabajo dio por iniciado un período de conciliación obligatoria con validez a partir de las 0:00 del jueves 27 de diciembre, y por el plazo de 15 días, para los conflictos suscitados por los trabajadores representados por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)”, informó en un comunicado la cartera que dirige Dante Sica.
El gremio había anunciado un cese total de actividades de 24 horas para el próximo jueves, debido a reclamos como “paritarias irresueltas, despidos, precarización laboral y persecución sindical”. De todas formas, ese día habrá una marcha hasta las oficinas del ministro Guillermo Dietrich en repudio a la política aerocomercial.
Entre las razones y problemáticas que impulsaron la medida, mencionaron la paritaria 2017 “incumplida y vencida en Aerolíneas Argentinas y Austral, cuya negociación actual se encuentra estancada y con ausencia de una política de Estado que garantice continuidad y crecimiento de la empresa”.
Además, señalaron que la paritaria con LATAM Argentina se halla “sin actualización y sin oferta a una semana de su vencimiento”, en el marco de un “achicamiento de la filial Argentina del holding”, mientras que en la paritaria de Avianca Argentina se evidencia un “retroceso con una alerta por pérdida de fuentes de trabajo y marcha atrás en el plan de expansión”.
Asimismo, el gremio aludió también a la situación general de Andes Líneas Aéreas, “con pérdida de fuentes de trabajo y salarios pagados en cuotas”, y apuntó contra “la precarización laboral y persecución sindical en Flybondi y demás empresas low-cost”.
Lo que queda claro es que con la decisión el Gobierno cambia su estrategia de confrontar abiertamente con los gremios y prefiere la conciliación obligatoria para no pagar el costo de tener los aeropuertos paralizados en temporada alta.
Hasta ahora el oficialismo había evitado utilizar esa herramienta y había apostado al desgaste de las organizaciones, en un conflicto que será de largo aliento.
Esta semana está prevista la reunión con los otros gremios aeronáuticos por la resolución de la ANAC que autoriza la contratación de pilotos extranjeros pero además los funcionarios de la Secretaría de Trabajo deberán abrir otro expediente por los despidos de 30 pilotos previsto en Avian, la línea aérea que explota Avianca.
Metalúrgicos
El viernes se conoció que la empresa BGH de Tierra del Fuego decidió suspender a todo el plantel en el mes de marzo. La medida ya habría sido informada oficialmente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y fue evaluada en asamblea, donde se resolvió retirarse de los puestos de trabajo como forma de protesta.
Además, trascendió que BGH no tiene la intención de reconocer el pago de los salarios mientras dure la suspensión, como sí se acordó en el caso de otras empresas que suspenderán al personal como Digital Fueguina y Tecnosur.
BGH adelantó que estarían desvinculando personal de planta al comienzo del próximo año, aunque no especificó el número de trabajadores que serían despedidos.
Por otra parte, hubo protestas en la planta de la firma KMG Fueguina, que también tiene programadas suspensiones, pero el motivo del reclamo de este viernes fue la falta de pago del medio aguinaldo.
Trabajadores de la empresa Siam realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón para pedir por la reincorporación de los empleados despedidos y denunciar el vaciamiento de la compañía. El puente quedó cortado al tránsito por la manifestación y por un cordón de efectivos de la Prefectura que amenazaban con desalojar la protesta.
“En las últimas semanas conseguimos la reincorporación de 7 compañeros, que la empresa se vio obligada a volver a tomar. Ahora quedamos 13 despedidos”, explicó Luciano Flores, unos de los manifestantes y empleado afectado por el recorte de la empresa.
Luego de la protesta en el Puente Pueyrredón, los trabajadores se dirigieron a La Plata donde tenían previsto participar de una audiencia en el ministerio de Trabajo bonaerense. Denunciaron que la empresa tuvo subsidios millonarios y que no cumplió los acuerdos firmados con los empleados.
El miércoles, junto a trabajadores de Interpack, habían sido reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad mientras realizaban un corte pacífico en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes esperando el avance de las negociaciones en la audiencia que delegados tenían en la Secretaría de Trabajo. Producto de la represión varios trabajadores terminaron heridos.
En una nueva jornada de protesta los despedidos de la gráfica Interpack, de la metalúrgica Siam y de la avícola Cresta Roja, encararán este miércoles una movilización que incluirá un corte de calles en la zona del Obelisco porteño.
Trabajadores metalúrgicos de Metalsa, cuya planta industrial se encuentra en El Talar de Pacheco, en el conurbano bonaerense, denuncian que la empresa acaba de realizar 15 despidos y amenaza con 150 más.
La empresa de maquinarias Finning CAT despedirá a 35 de sus 108 trabajadores de la planta de Tortuguitas, Malvinas Argentinas. La empresa sostiene que este año tuvo pérdidas lo que la llevó a presentar el pasado 6 de noviembre en el Ministerio de Producción un proceso preventivo de crisis (PPC). Los trabajadores denuncian que este preventivo es una excusa para continuar con su plan de despidos, atacar derechos laborales y flexibilizar la mano de obra.
En lo que va del año Finning CAT despidió a 120 trabajadores y obliga a sus trabajadores a aceptar retiros voluntarios. Hace 15 días que los trabajadores están llevando a cabo una huelga de brazos caídos. El próximo 26 de diciembre habrá una audiencia en el Ministerio entre empresa, sindicato (UOM) y autoridades nacionales para definir la situación.
Por los gremios
Los trabajadores de la industrialización privada de petróleo y gas de Salta y Jujuy, en una asamblea realizada en la mañana de ayer en las puertas de la destilería de Campo Durán y encabezados por los directivos del gremio que nuclea a los trabajadores del sector, decidieron iniciar un paro de actividades con afectación de la producción por tiempo indeterminado.
La determinación se toma como consecuencia de la grave situación por la que atraviesa el complejo operado por la petrolera Refinor, que no cuenta con gas natural para industrializar, ya que al momento solo le llegan 5 de los 20 millones que la destilería requiere para funcionar con normalidad.
Tal como establece la ley, hay 5 días para negociar una salida al conflicto. Por lo tanto, el paro efectivo de actividades comenzaría el 24 del corriente de no hallarse alguna solución a la afligente situación.
La fábrica de calzados Paqueta cerró las puertas de su fábrica en Chivilcoy. De los 600 operarios cesanteados, unos 178 aceptaron los retiros voluntarios mientras que el resto espera a que la firma acuerde nuevos contratos y vuelva a producir. Pese a que desde el Municipio ofrecieron empleo para 200 personas, el martes pasado las y los trabajadores se concentraron frente a la plaza central desde dónde se movilizaron hacia la sede local de Cambiemos.
El mismo día, 150 trabajadores de la fábrica de calzado Dass fueron despedidos sin previo aviso de la planta que la empresa tiene en Misiones. En 2017 habían sido desafectados otros 60 operarios. Las y los trabajadores tomaron la fábrica exigiendo la reincorporación a sus puestos. La planta misionera de Dass actualmente cuenta con 850 operarios.
Alrededor de 130 familias están más que preocupadas porque deberán pasar las fiestas de fin de año sin actividad laboral. Los propietarios de la fábrica Henter de Montecarlo, Misiones, anunciaron que suspenderá por 15 días las actividades de todos los empleados por falta de demanda y las bajas en las ventas.
Esto generó la inmediata reacción de los trabajadores, quienes convocaron a una reunión e invitaron a sus representantes gremiales. Según les comunicaron a los empleados, la suspensión comenzará el mismo 24 de este mes.
La empresa pesquera Agropez envió telegrama a 60 empleados embarcados y 150 de la planta de procesamiento, anticipándoles las vacaciones hasta el 10 de enero.
La semana pasada el SOMU cerró una paritaria con la Cámara de la Flota Amarilla con un incremento del 80 % sobre el valor del langostino. Agropez mantiene el ofrecimiento del 60 % y aceptaría elevarlo a 80 %, pero a fines de febrero.
El gremio de los marineros anticipa que no firmará acuerdos por debajo del sellado con la Cámara signataria del Convenio Colectivo de Trabajo.
La medida adoptada por la empresa tuvo sus primeras reacciones. Por un lado, un grupo de marineros se apostó en el ingreso de la planta de Rawson (Chubut) y comenzó un acampe en el lugar. Mientras que otro grupo, afiliados al Sindicato de la Alimentación, marcharon hasta la Secretaría de Pesca.
La Unión Informática comunicó que la empresa Megatech perdió la cuenta principal que tiene con Telefónica Argentina Sociedad Anónima (TASA).
Se trata de “Dr. Speedy”, “una cuenta donde se desempeñan unos 80 trabajadores hoy en peligro”, especificaron desde el gremio.
Por ello el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización y advirtieron que se tomarán todas las medidas legales y gremiales necesarias para preservar todas las fuentes de trabajo.
La industria textil “Tipoití” de la ciudad de Corrientes cerrará sus puertas desde el 22 de diciembre hasta el 4 de febrero, según confirmaron dirigentes de la Asociación Obrera Textil (AOT).
El secretario general de la Comisión Interna, Gustavo Bravo, explicó que durante ese período, sus más de 700 trabajadores percibirán el 70% del salario. Dijo además que “es la primera vez en la historia que la Planta se paraliza totalmente, nunca había pasado desde su inauguración hace 70 años”.
El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Jorge Yabkowski, adelantó que ante 300 nuevos posibles despidos del gobierno de Mauricio Macri en el Hospital Posadas el 31 de diciembre próximo, realizarán una conferencia de prensa con la presencia de Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, este miércoles 26 a las 11:45 horas, en la última ronda de 2018 alrededor del mástil del centro de salud más grande del país, ubicado en El Palomar, Morón, Provincia de Buenos Aires (Autopista del Oeste e Illia).
La “ronda de los miércoles” es la protesta que se realiza en el Hospital Posadas cada semana en reclamo por la reincorporación de los 1.300 trabajadores que ya fueron despedidos durante la gestión Cambiemos y, en este caso, en rechazo de nuevas cesantías si dejan “caer” esos 300 contratos precarios que antes eran renovados automáticamente, “lo que legalmente sería lisa y llanamente otra ola de despidos, siendo que al día de la fecha no hay noticias sobre esas renovaciones en el único hospital que depende 100 % del gobierno nacional”, expresó Yabkowski, quien estará presente en el Posadas este miércoles junto a Cortiñas y demás representantes sindicales y sociales.
La empresa procesadora de harinas de carne Manfico cerró sus puertas en la ciudad entrerriana de Basavilbaso y despidió a los doce trabajadores que quedaban en la planta.
Las organizaciones sociales que integran la CTEP Capital pasaron la Nochebuena frente al Congreso. La consigna con que se convocó al encuentro fue “Navidad por Tierra, Techo y Trabajo”. Aunque la organización fue por cuenta de la CTEP Capital, tuvo también la adhesión del grupo de sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires que vienen articulando sus acciones en un frente común: los docentes de UTE, los metrodelegados del subte, ATE Capital, la seccional local de Camioneros y los judiciales del Sitraju.
Los judiciales rionegrinos aceptaron un 7% de aumento a los salarios básicos a partir de diciembre, con lo que el aumento total del año alcanzó el 42,2%. Las partes acordaron reanudar la paritaria el 21 de diciembre, para comenzar a definir una nueva pauta salarial para el primer semestre del año que viene.
Los bancarios rubricaron este viernes el último tramo de la paritaria 2018 con aumentos del 3,9% para noviembre y 2,1% para diciembre. Sumado a los anteriores incrementos, llegan al 46%.
Respecto de la paritaria 2019 , las cámaras empresarias suscribieron con La Bancaria un acuerdo para los primeros meses del año, que establece un adelanto del 7% que se calculará sobre el salario actualizado de diciembre, junto con un anticipo mensual de 1.000 pesos hasta el reinicio de las negociaciones en marzo.
Desocupación y empleo
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó su informe sobre desocupación en Argentina. El desempleo creció un 0,7 % y acumula un 9 % en el tercer trimestre de 2018. En las mujeres de hasta 29 años la tasa de desempleo trepó al 21,5 %, en cambio, la de los varones de la misma edad alcanzó un porcentaje del 14,5 %. El informe del INDEC está realizado con la medición de los 31 conglomerados poblacionales más grandes del país.
Por su parte, la subocupación aumentó un punto de manera interanual, situándose en el 11,8 %. Sólo en lo que va del año, hubo 110.000 personas que perdieron su empleo. Al contemplar solo el 62 % de la población, se estima que el total de nuevos desempleados ascendería hasta los 177.000.
Al respecto, el informe elaborado por el FMI en ocasión de la revisión de la economía Argentina no deja de aportar malas noticias. Es que a la “sugerencias” de establecer un techo salarial por debajo de la inflación, de volver a subir los servicios públicos el año próximo, de avanzar en una nueva reforma previsional y una reforma laboral, se suman las previsiones para el año que se avecina de una caída de la actividad económica del orden del -1,7% y un aumento del desempleo que llegaría a 10,9%.
El pronóstico de los economistas del FMI indica que se sumarían unos 250.000 desocupados nuevos en los próximos 365 días. Además, la tasa de desempleo de dos dígitos llegaría para quedarse, al menos, los próximos 5 años. El trabajo del FMI establece que se ubicará en 2019 en el 10,9%, en 2020 en el 10,8%, en el 2021 en el 10,6%, en 2022 en el 10,3% y en 2023 en el orden del 10,0%.
De cumplirse lo previsto por el FMI estaríamos volviendo a cifras que no se registraban hace 14 años y tocando los niveles que tuvo la desocupación entre 2005 y 2006.
Para Claudio Lozano, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, “con los últimos datos laborales del INDEC, queda claro que el trabajo de calidad tantas veces prometido por Macri no existe. Comparando el Tercer trimestre del 2018 con la situación al 2015, puede observarse que hay 1.034.842 ocupados más de los cuales 564.460 son cuentapropistas (el 54,5%) y 278.872 son asalariados no registrados (26,9%).
El 82% del escaso empleo generado es empleo precario. En este marco, lo que dicen las estadísticas es que se sigue ensanchando el sector informal urbano de subsistencia.
Las actividades que experimentaron un incremento en su peso relativo dentro de la estructura de rama de los ocupados fueron la construcción y el servicio doméstico en las cuales la proporción de ocupados aumentó en 0,3 puntos porcentuales.
Los datos también marcan un aumento de los monotributistas -15.900 más que un año atrás- que en parte se explica por nuevas modalidades laborales.
El abogado Julián de Diego, señala que “en Uber como en los sistemas de delivery como Rappi, Pedidos ya y Glovo no existe la relación de dependencia típica y, al contrario, existen componentes del vínculo autónomo que operan en forma contradictoria, dado que los que brindan el servicio operan por cuenta propia y a su riesgo”.
Salario y consumo
Según un informe de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el deterioro salarial afectó de manera particular a los empleados públicos con una caída del 18,3% en 2018. El estudio revela también que esta merma se inscribe en una continuidad durante la era Macri. Desde 2015, la reducción acumuló un 26,3%. La contracción del salario de los estatales habría sido entre 4 y 5 puntos más alta que sus pares del sector privado.
El ingreso promedio de las familias argentinas aumentó 25,4 % anual en el tercer trimestre del año, al pasar de 8.795 pesos a 11.031 pesos, por lo que perdió quince puntos contra la inflación del 40,5 % acumulada en el mismo período.
Así lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al dar a conocer la Evolución de la distribución del ingreso (monetario), sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El 50 % del total de la población ocupada, que incluye a trabajadores registrados, independientes y de distinta calificación percibe salarios de hasta $ 15.501, mientras que un 30 % cobra entre $ 18.188 y $ 25.073, precisó el informe del Indec. Los deciles más altos (9 y 10) percibieron sueldos por mes que van desde $ 31.750 a $ 52.165.
Las ventas en los supermercados retrocedieron en octubre 10% respecto a igual mes de 2017, mientras que en los grandes centros de compra la caída fue de 18,6%, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron noviembre con una caída del 15,6% frente a igual mes del año pasado y acumulan 11 meses consecutivos en baja, según un informe de CAME. Se trata del descenso más marcado del 2018.
Según un análisis de las consultoras Kantar y Ecolatina en el tercer trimestre el consumo privado masivo dio 2,1% negativo. En el penúltimo escalón de la pirámide, el nivel socio-económico bajo-superior, cayó el 6%, tres veces más del promedio donde se concentra el 33% de los hogares.
El piso superior de la pirámide -22% de los hogares- es el único que incrementa el consumo que por sí mismo significa alrededor del 70% del PBI.
La Argentina tiene no solo la inflación más alta de la región, después de Venezuela. También ocupa el segundo puesto, detrás de Perú, en una medición realizada por Linio, un sitio de ventas on line que comparó los costos de una canasta básica en seis países de América Latina. El gasto básico mensual de una canasta básica en la región es de U$S 75, unos $ 2.900. Mientras que en la Argentina asciende a unos U$S 86, alrededor de $ 3.300.
La Haine
Panorama político
Los chorros
Imagen: Pati-Jorh
Es
un país dislocado, en transiciones extremas. El gran ariete de batalla
del macrismo para ganar las elecciones fue la supuesta corrupción del
kirchnerismo. Y dicen que será también el eje de la que viene. Es para
matarse de la risa, porque según la Universidad Austral –insospechable
de choriplanera– el 53 por ciento de los argentinos está convencido de
que el presidente Mauricio Macri y “todos o casi todos” sus funcionarios
son corruptos.
No hay ni indicios de kirchnerismo en el estudio. El trabajo se llama “Indicadores internacionales de la corrupción Argentina 2018” y está sostenido por Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Corporación Latinobarómetro y el Banco Interamericano de Desarrollo. La encuesta no tendría importancia si no fuera que están denunciando a un gobierno de empresarios con los que todas estas instituciones han simpatizado.
El estudio investiga la convicción de la gente y concluye que la mayoría del país está convencido de la corrupción del macrismo. Las grandes corporaciones mediáticas se esforzaron por difundir expediciones para agujerear el desierto patagónico en busca del mítico Eldorado kirchnerista, y apenas se preocuparon por informar sobre las numerosas cuentas offshore de los funcionarios, en especial, las cincuenta del presidente, o de negociados como la deuda del Grupo Macri con el Correo o los actos de favoritismo a sus empresas.
La realidad atravesó toda esa protección y la mayoría de la sociedad está convencida de la corrupción de Macri y su gabinete. Pero la encuesta va más allá y asegura que más del 60 por ciento estima que no se avanzó o se avanzó muy poco en la lucha contra la corrupción. Transparencia Internacional y las demás siglas, la mayoría de ellas con sede en Washington, dicen que los argentinos, que han visto la forma en que jueces y fiscales se salteaban garantías elementales para meter presos en forma irregular a ex funcionarios del gobierno anterior, serían los que piensan que no se avanzó en la lucha contra la corrupción.
La encuesta coincide con el inminente estreno de la novela de Jorge Lanata, especialista en humo, y sobreactuaciones nunca comprobadas. La serie se emitirá por la plataforma Netflix, también con sede en Estados Unidos y que ya ha intervenido en otras campañas contra Chávez, en Venezuela, con la serie El comandante, y contra Lula, en Brasil, con la serie El mecanismo. Tendría que haber una ley que prohíba a las empresas extranjeras de medios intervenir con tanta alevosía en los procesos políticos internos de cada país. La basura política que distribuye Netflix coincide con las políticas de fake news y lawfare que impulsan en la región los servicios de inteligencia norteamericanos.
A Washington no le interesa si gobierna Macri o Vidal, pero sí que no vuelva el “populismo”, que en sus distintas expresiones en la región, tuvo el tupé de marcarle el terreno y ponerle un límite. Hay internas en el oficialismo y presiones sobre el gobierno para que sus operadores judiciales coaccionen a jueces y fiscales para avanzar sobre Cristina Kirchner, como sucedió con Lula.
Pero los datos de la encuesta no son tan antojadizos. La corrupción del macrismo se hace a la vista. La que no, fue descubierta por investigaciones que se realizaron fuera del país en busca de otros objetivos, y el macrismo cayó en la volteada. La Nación silenció los Panama Papers hasta que pasaron las elecciones, pero después tuvo que publicarlos para no quedar en evidencia ante el mundo. Los favoritismos con las empresas de Nicky Caputo, el amigo de Macri y con las del Grupo Macri, son ostensibles, igual que con otras empresas de miembros del gabinete. Es una forma de corrupción diferente, a una escala mucho mayor, de negociados entre grandes corporaciones y el Estado manejado por ejecutivos de esas corporaciones.
Vale la pena transcribir un párrafo del estudio: “Como ejemplo reciente y revelador de contradicciones –entre el decir y el hacer–, vale recordar la discordancia de haber logrado sancionar una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas (Ley 27.401) y a la vez permitir a muchas de las empresas que se han declarado partícipes en hechos de corrupción continuar en licitaciones o proyectos de participación público-privada”.
El mismo país que fue crispado por la fuerte campaña de denuncias contra el gobierno anterior ahora se amanece frente a una corrupción mayor que las denunciadas, por parte de los que impulsaban esas denuncias. Es una transición abrupta, sin escalas. Y esta vez, a la corrupción se suma el desastre económico a todos los niveles, de las empresas y de las familias, de los patrones y de los trabajadores.
Esa conjunción le está diciendo a la sociedad que el gobierno que ha destrozado sus economías, sus salarios y sus expectativas, y la empuja a la emigración o a la miseria, el mismo que motorizó las denuncias contra el gobierno anterior es, además, un gobierno corrupto en una escala aún mayor a la que denunciaba. Son transiciones en la subjetividad de la sociedad cuyas derivaciones todavía son difíciles de adivinar
Llega el fin de año y los megaaumentos que el gobierno se apresuró a anunciar en transporte, gas, agua y electricidad, así como los quebrantos y cesantías a raíz de la caída estrepitosa de la actividad económica, son peores de lo que se esperaba. El gobierno quiere adelantar las malas noticias antes del lanzamiento de la campaña. Quiere que salten ahora los precios para poder decir dentro de cinco o seis meses que pudo bajar la inflación. Y se aprovecha de la pasividad desconcertante de sus víctimas.
Los que denunciaron antes son denunciados ahora y entonces “todos son iguales”. La suma produce parálisis, anestesia el cuerpo social y la parálisis habilita las medidas antipopulares. Son transiciones salvajes y vertiginosas provocadas por la ruptura de los espejismos virtuales de la manipulación mediática. Este gobierno no oculta la corrupción, sino que busca naturalizarla como parte del desempeño normal de las grandes empresas. Los empresarios de la causa de los cuadernos que dicen confesar que pagaron coimas para cobrar sobreprecios, han sido puestos en libertad.
Después de anunciar medidas antipopulares, como los aumentos desaforados al transporte y los servicios, se dan explicaciones que los medios oficialistas justifican y repiten.
Es decir que la megacorrupción no es tal para este gobierno sino que es parte de operaciones normales de las corporaciones que activan la economía por lo que la sociedad sale beneficiada. Y el cierre de las escuelas constituye “un bien para todos”. El escándalo que produjo el anuncio revirtió la medida y las escuelas seguirán funcionando, pero esa explicación grafica la técnica del oficialismo.
Si a alguien le va mal por la crisis, no tiene derecho a responsabilizar al gobierno que, aún cuando baja los salarios, actúa por “el bien de todos”. La culpa es de cada quien. Buscan con bastante éxito revertir la culpa sobre las víctimas de esas políticas y que en vez de reclamo con bronca haya desmoralización. Es el efecto de la famosa meritocracia y de la frase mentirosa del “yo me hice con mi esfuerzo, nunca le pedí nada a nadie”. Pero este gobierno de ricos la desmiente porque beneficia a los ricos, y se aprovecha del esfuerzo de los pobres, a los que busca convencer de que lo poco que tienen es lo que mereció su esfuerzo y que no se merecen nada más.
No hace falta convencer a todo el mundo. Hay una parte de la sociedad que está conforme con el status quo, ubicada a la derecha. Es el núcleo duro que se sostiene por interés y por ideología. Tienen que convencer a otro 20 o 25 por ciento entre las capas medias y los pobres menos politizados. Y con eso reúnen un peso muerto que lentifica la capacidad de respuesta del conjunto.
El macrismo está convencido de que este escenario sobrevivirá a otro año de crisis y medidas impopulares como será el 2019. Cree que el “todos los políticos son iguales” lo favorece porque piensa que en última instancia los resabios de la vieja bronca que mantiene pueden convertirlo en voto silencioso para Macri. Apuesta a que seguirán funcionando los cerrojos con que aseguró la subordinación de esa subjetividad. Los indicios son ambiguos y lo único seguro es que hay una transición muy fuerte en el edificio de indignación que construyó Cambiemos. Ellos apuestan a que perdure, pero se les puede caer encima.
No hay ni indicios de kirchnerismo en el estudio. El trabajo se llama “Indicadores internacionales de la corrupción Argentina 2018” y está sostenido por Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Corporación Latinobarómetro y el Banco Interamericano de Desarrollo. La encuesta no tendría importancia si no fuera que están denunciando a un gobierno de empresarios con los que todas estas instituciones han simpatizado.
El estudio investiga la convicción de la gente y concluye que la mayoría del país está convencido de la corrupción del macrismo. Las grandes corporaciones mediáticas se esforzaron por difundir expediciones para agujerear el desierto patagónico en busca del mítico Eldorado kirchnerista, y apenas se preocuparon por informar sobre las numerosas cuentas offshore de los funcionarios, en especial, las cincuenta del presidente, o de negociados como la deuda del Grupo Macri con el Correo o los actos de favoritismo a sus empresas.
La realidad atravesó toda esa protección y la mayoría de la sociedad está convencida de la corrupción de Macri y su gabinete. Pero la encuesta va más allá y asegura que más del 60 por ciento estima que no se avanzó o se avanzó muy poco en la lucha contra la corrupción. Transparencia Internacional y las demás siglas, la mayoría de ellas con sede en Washington, dicen que los argentinos, que han visto la forma en que jueces y fiscales se salteaban garantías elementales para meter presos en forma irregular a ex funcionarios del gobierno anterior, serían los que piensan que no se avanzó en la lucha contra la corrupción.
La encuesta coincide con el inminente estreno de la novela de Jorge Lanata, especialista en humo, y sobreactuaciones nunca comprobadas. La serie se emitirá por la plataforma Netflix, también con sede en Estados Unidos y que ya ha intervenido en otras campañas contra Chávez, en Venezuela, con la serie El comandante, y contra Lula, en Brasil, con la serie El mecanismo. Tendría que haber una ley que prohíba a las empresas extranjeras de medios intervenir con tanta alevosía en los procesos políticos internos de cada país. La basura política que distribuye Netflix coincide con las políticas de fake news y lawfare que impulsan en la región los servicios de inteligencia norteamericanos.
A Washington no le interesa si gobierna Macri o Vidal, pero sí que no vuelva el “populismo”, que en sus distintas expresiones en la región, tuvo el tupé de marcarle el terreno y ponerle un límite. Hay internas en el oficialismo y presiones sobre el gobierno para que sus operadores judiciales coaccionen a jueces y fiscales para avanzar sobre Cristina Kirchner, como sucedió con Lula.
Pero los datos de la encuesta no son tan antojadizos. La corrupción del macrismo se hace a la vista. La que no, fue descubierta por investigaciones que se realizaron fuera del país en busca de otros objetivos, y el macrismo cayó en la volteada. La Nación silenció los Panama Papers hasta que pasaron las elecciones, pero después tuvo que publicarlos para no quedar en evidencia ante el mundo. Los favoritismos con las empresas de Nicky Caputo, el amigo de Macri y con las del Grupo Macri, son ostensibles, igual que con otras empresas de miembros del gabinete. Es una forma de corrupción diferente, a una escala mucho mayor, de negociados entre grandes corporaciones y el Estado manejado por ejecutivos de esas corporaciones.
Vale la pena transcribir un párrafo del estudio: “Como ejemplo reciente y revelador de contradicciones –entre el decir y el hacer–, vale recordar la discordancia de haber logrado sancionar una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas (Ley 27.401) y a la vez permitir a muchas de las empresas que se han declarado partícipes en hechos de corrupción continuar en licitaciones o proyectos de participación público-privada”.
El mismo país que fue crispado por la fuerte campaña de denuncias contra el gobierno anterior ahora se amanece frente a una corrupción mayor que las denunciadas, por parte de los que impulsaban esas denuncias. Es una transición abrupta, sin escalas. Y esta vez, a la corrupción se suma el desastre económico a todos los niveles, de las empresas y de las familias, de los patrones y de los trabajadores.
Esa conjunción le está diciendo a la sociedad que el gobierno que ha destrozado sus economías, sus salarios y sus expectativas, y la empuja a la emigración o a la miseria, el mismo que motorizó las denuncias contra el gobierno anterior es, además, un gobierno corrupto en una escala aún mayor a la que denunciaba. Son transiciones en la subjetividad de la sociedad cuyas derivaciones todavía son difíciles de adivinar
Llega el fin de año y los megaaumentos que el gobierno se apresuró a anunciar en transporte, gas, agua y electricidad, así como los quebrantos y cesantías a raíz de la caída estrepitosa de la actividad económica, son peores de lo que se esperaba. El gobierno quiere adelantar las malas noticias antes del lanzamiento de la campaña. Quiere que salten ahora los precios para poder decir dentro de cinco o seis meses que pudo bajar la inflación. Y se aprovecha de la pasividad desconcertante de sus víctimas.
Los que denunciaron antes son denunciados ahora y entonces “todos son iguales”. La suma produce parálisis, anestesia el cuerpo social y la parálisis habilita las medidas antipopulares. Son transiciones salvajes y vertiginosas provocadas por la ruptura de los espejismos virtuales de la manipulación mediática. Este gobierno no oculta la corrupción, sino que busca naturalizarla como parte del desempeño normal de las grandes empresas. Los empresarios de la causa de los cuadernos que dicen confesar que pagaron coimas para cobrar sobreprecios, han sido puestos en libertad.
Después de anunciar medidas antipopulares, como los aumentos desaforados al transporte y los servicios, se dan explicaciones que los medios oficialistas justifican y repiten.
Es decir que la megacorrupción no es tal para este gobierno sino que es parte de operaciones normales de las corporaciones que activan la economía por lo que la sociedad sale beneficiada. Y el cierre de las escuelas constituye “un bien para todos”. El escándalo que produjo el anuncio revirtió la medida y las escuelas seguirán funcionando, pero esa explicación grafica la técnica del oficialismo.
Si a alguien le va mal por la crisis, no tiene derecho a responsabilizar al gobierno que, aún cuando baja los salarios, actúa por “el bien de todos”. La culpa es de cada quien. Buscan con bastante éxito revertir la culpa sobre las víctimas de esas políticas y que en vez de reclamo con bronca haya desmoralización. Es el efecto de la famosa meritocracia y de la frase mentirosa del “yo me hice con mi esfuerzo, nunca le pedí nada a nadie”. Pero este gobierno de ricos la desmiente porque beneficia a los ricos, y se aprovecha del esfuerzo de los pobres, a los que busca convencer de que lo poco que tienen es lo que mereció su esfuerzo y que no se merecen nada más.
No hace falta convencer a todo el mundo. Hay una parte de la sociedad que está conforme con el status quo, ubicada a la derecha. Es el núcleo duro que se sostiene por interés y por ideología. Tienen que convencer a otro 20 o 25 por ciento entre las capas medias y los pobres menos politizados. Y con eso reúnen un peso muerto que lentifica la capacidad de respuesta del conjunto.
El macrismo está convencido de que este escenario sobrevivirá a otro año de crisis y medidas impopulares como será el 2019. Cree que el “todos los políticos son iguales” lo favorece porque piensa que en última instancia los resabios de la vieja bronca que mantiene pueden convertirlo en voto silencioso para Macri. Apuesta a que seguirán funcionando los cerrojos con que aseguró la subordinación de esa subjetividad. Los indicios son ambiguos y lo único seguro es que hay una transición muy fuerte en el edificio de indignación que construyó Cambiemos. Ellos apuestan a que perdure, pero se les puede caer encima.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
Correlación de fuerzas frente a la reforma laboral
Termina
el 2018, año de numerosas luchas y variadas movilizaciones. Año donde
la lucha de clases, lejos de atemperarse, avanza por nuevos carriles de
enfrentamiento, que está en abierta contradicción con la
institucionalidad burguesa.
Luchas que han puesto un freno político
a la reforma laboral por vía parlamentaria pero que termina con una
reducción salarial de más del 50% y una grave situación social y
laboral. Más allá de algunas luchas como las de aceiteros –donde el
capital se ha visto obligada a retroceder- marcando un rumbo frente a
los techos salariales que pretende imponer la burguesía monopolista para
el 2019 (23%), el cuadro de reformas y el achatamiento salarial es el
marco general de sus políticas y el horizonte de sus planes de
superexplotación y saqueos.
Aun a expensas del marcado deterioro de las condiciones de vida y del
generalizado rechazo de nuestro pueblo a esta situación, y frente a lo
que todo ello significa para su dominación, para su institucionalidad y
la paz social en el seno de la producción y los servicios públicos, la
burguesía monopolista no escatima en intentos de viabilizar el
crecimiento de sus ganancias sobre la base de las ya descargadas
devaluaciones y ajustes que pesan en los hombros de la clase obrera y
los trabajadores.
Apoyada en convenios reaccionarios y mecanismos de flexibilización,
buscando generalizar de condiciones de trabajo como por ejemplo las
aplicadas en Vaca Muerta o en otras industrias con el apoyo de las
dirigencias sindicales traidoras a su servicio, busca instaurar con
renovada insistencia la reforma laboral. Esta vez por fuera de las
propias instituciones parlamentarias -donde ha fracasado- argumentando
sin ninguna base de credibilidad que dichas políticas son la panacea del
desarrollo del país. Porque según Funes de Rioja “(La reforma) no es
para la explotación. La explotación es el trabajo en negro y los
migrantes clandestinos”.
La desesperación por la estructura de
costos, que en términos reales es la reducción salarial, es el único
aspecto de real de la reforma laboral. Ni las condiciones de trabajo, ni
las condiciones laborales y la seguridad de los propios trabajadores
representan una preocupación para el capital monopolista. Por el
contrario, cuanto mayor es la explotación mas se exacerba el desprecio
por la vida de los trabajadores independientemente si son migrantes o
no.
Tironeada por la puja de intereses intermonopolicos y por hacerse de las
mayores ganancias en corto tiempo, importantes facciones del capital
monopolista en la desesperación de verse envueltos en la propia crisis
estructural que los atenaza y no les deja margen de maniobra para sus
negocios, subestiman el escenario de lucha de clases que se les
antepone. Buscan trasladar el escenario de aplicación de estas medidas
reaccionarias en el mismo seno de las empresas y con las mismas
dirigencias traidoras que a esta altura ya no tienen ningún apoyo en el
mismo seno de la fabricas y empresas. Con ello no hacen más que abrir un
horizonte que atenta contra la propia productividad que demandan y
contra la propia paz social con la que sueñan.
No solo promueven un escenario más agudo de enfrentamientos sino, que
agudizan su cuadro de inestabilidad política a niveles preocupantes para
sus propios intereses como clase.
El crecimiento del riesgo país que fue dado a conocer desde los grandes
fondos de inversión este fin de semana, que sitúan por arriba de los 800
puntos el grado de conflictividad política con que termina el 2018,
lejos de subestimar el panorama advierten y habla a las claras de cuál
es el escenario donde están cabalgando y en el que intentan cabalgar los
grandes negocios de capital monopolista. Dice sin tapujos los
condicionamientos a los que debe enfrentarse en este escenario de lucha
de clases que, aunque parezca silencioso y poco explosivo, no permite a
los grandes inversores tener la confianza para arriesgar nada porque la
superestructura no ofrece ninguna garantía de estabilidad. Expresa en
parte -aun a pesar del conjunto de sus políticas reaccionarias- por
donde pasa su debilidad política, nos habla de que el nivel de
conflictos abiertos y los renovados intentos de profundizar la
superexplotación con que termina el 2018 es el preámbulo de convulsiones
mayores para el 2019. Las voces del capital monopolista, que reclaman
una correlación de fuerzas en función de la aplicación de la reforma
laboral, están pues supeditados a que la misma está basada en la
adhesión de la clase obrera y los trabajadores a estas humillantes
condiciones laborales y salariales. “Nuestra estructura de costos solo
puede revertirse alterando el modelo de relaciones laborales,
modificando la relación de fuerzas que imponen hoy muchos gremios”, dice
Julián de Diego. En Vaca Muerta y en las automotrices los gremios han
jugado y juegan muy a favor de la correlación en función de la reforma
que reclama este señor, pero, no lo dice. Solo quiere este tipo de
sindicatos que viabilicen los negocios del capital monopolista a costa
de salarios aún más bajos y de condiciones de trabajo inhumanas.
Sin embargo, dicha correlación de fuerzas para enfrentar estas
embestidas, debe constituirse en pos de los propios intereses de la
clase obrera, con su independencia política y al margen de todas las
maniobras de engaño que pretenderán implementar en las fábricas de la
mano de la corruptela sindical y traidora a los propios trabajadores. La
conformación de organizaciones de base y la propia iniciativa
asamblearia, unificando como un solo puño, no solo el rechazo a estas
condiciones sino imponiendo las suyas propias desde lo salarial hasta lo
laboral, darán pie a que dicha correlación sea en los hechos una
expresión real de un sindicalismo revolucionario hecho a la medida de
las necesidades de los propios trabajadores permitirá avanzar de estas
iniciativas en un movimiento de luchas obreras masivo y unitario que sea
el pie para transformar la lucha sectorial en lucha abierta de toda la
clase. Es decir, de las luchas obreras en sí, en luchas nacionales para
sí, desde un sindicalismo a secas y administrativo dominado por la
burocracia al servicio de la explotación burguesa a un movimiento
independiente de la clase obrera y el pueblo, un verdadero sindicalismo
de las bases, un movimiento sindical revolucionario con el horizonte
puesto en barrer todo este régimen de explotación y barbarie que es el
capitalismo.
URUGUAY
Trabajadores del Correo reclaman renuncia de jerarcas
PORTAL PIT-CNT
Según lo resuelto por la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) y en virtud del incumplimiento de lo acordado por parte del Directorio de la ANC con AFPU a principios del presente año en referencia a ingreso de personal y cuestiones de la carrera administrativa, los trabajadores se plantean un cambio de las medidas en el marco del conflicto, en el sentido de que “no se aceptará ninguna reestructura en la matriz de distribución ni en ningún otro sector, más allá de las que AFPU entienda necesario realizar”.
De acuerdo a la información recabada por el Portal del PIT-CNT, “los jefes no rotarán por diferentes unidades, manteniendo un solo zonal como tarea de supervisión, ni saldrán a distribuir en radios donde no haya compañeros carteros para realizar la tarea”. A partir de este momento la Mesa Nacional de AFPU evaluará las circunstancias en las que se realicen coberturas en cualquier sector por medio de doble zona, doble tarea, y horas extras, atendiendo particularidades específicas y definiendo con los delegados.
La AFPU sostiene que “es un hecho, tal como venía sucediendo previo al conflicto, que a lo largo del país quedarán decenas de zonas de distribución sin cobertura por falta de personal, siendo esto responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”. Por tanto, se realizará un Plenario Nacional de Delegados con posterioridad al 20 de enero de 2019, donde se evaluarán los pasos a seguir. Asimismo, los trabajadores manifiestan que harán efectivo “el más enérgico rechazo a todo tipo de tercerización, especialmente en los puestos genuinos de tareas postales, tal cual fue planteado en las últimas asambleas de nuestro gremio”.
En relación a la normalización transitoria del procesamiento de los envíos trazables, explican que obedece “exclusivamente a una variante táctica en este conflicto, atendiendo particularmente a las semanas que se avecinan. Sin perjuicio de esto, las medidas que afectan las caravanas del ganado se mantienen en todos sus términos. La directiva de Afpu evaluará cambios en este sentido”.
Por último, los trabajadores indican que “a partir de este momento, desde AFPU entendemos que hay una pérdida importante de confianza política con el Directorio de la ANC y las autoridades del Correo, por lo que de acuerdo a lo que comprometieron frente a los trabajadores, tanto el directorio de la ANC como las autoridades que asesoraron equivocadamente sobre el ingreso de personal, deberán poner su renuncia sobre la mesa”.
Según lo resuelto por la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) y en virtud del incumplimiento de lo acordado por parte del Directorio de la ANC con AFPU a principios del presente año en referencia a ingreso de personal y cuestiones de la carrera administrativa, los trabajadores se plantean un cambio de las medidas en el marco del conflicto, en el sentido de que “no se aceptará ninguna reestructura en la matriz de distribución ni en ningún otro sector, más allá de las que AFPU entienda necesario realizar”.
De acuerdo a la información recabada por el Portal del PIT-CNT, “los jefes no rotarán por diferentes unidades, manteniendo un solo zonal como tarea de supervisión, ni saldrán a distribuir en radios donde no haya compañeros carteros para realizar la tarea”. A partir de este momento la Mesa Nacional de AFPU evaluará las circunstancias en las que se realicen coberturas en cualquier sector por medio de doble zona, doble tarea, y horas extras, atendiendo particularidades específicas y definiendo con los delegados.
La AFPU sostiene que “es un hecho, tal como venía sucediendo previo al conflicto, que a lo largo del país quedarán decenas de zonas de distribución sin cobertura por falta de personal, siendo esto responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”. Por tanto, se realizará un Plenario Nacional de Delegados con posterioridad al 20 de enero de 2019, donde se evaluarán los pasos a seguir. Asimismo, los trabajadores manifiestan que harán efectivo “el más enérgico rechazo a todo tipo de tercerización, especialmente en los puestos genuinos de tareas postales, tal cual fue planteado en las últimas asambleas de nuestro gremio”.
En relación a la normalización transitoria del procesamiento de los envíos trazables, explican que obedece “exclusivamente a una variante táctica en este conflicto, atendiendo particularmente a las semanas que se avecinan. Sin perjuicio de esto, las medidas que afectan las caravanas del ganado se mantienen en todos sus términos. La directiva de Afpu evaluará cambios en este sentido”.
Por último, los trabajadores indican que “a partir de este momento, desde AFPU entendemos que hay una pérdida importante de confianza política con el Directorio de la ANC y las autoridades del Correo, por lo que de acuerdo a lo que comprometieron frente a los trabajadores, tanto el directorio de la ANC como las autoridades que asesoraron equivocadamente sobre el ingreso de personal, deberán poner su renuncia sobre la mesa”.
El Observatorio Luz Ibarburu denunció que el Ministerio del Interior obstaculiza información sobre represores condenados
La organización denunció en una carta pública que el MI se negó a facilitarle algunos datos.
El Ministerio del Interior (MI) se negó a dar información
actualizada sobre la situación de las personas procesadas y condenadas
por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura,
denunció en una carta abierta el coordinador ejecutivo del Observatorio
Luz Ibarburu (OLI), Raúl Olivera.
En 2017 el OLI presentó por primera vez ante el MI un pedido de acceso a la información pública para saber dónde están recluidas esas personas, cuáles cumplen prisión domiciliaria, y si tienen vigilancia electrónica o fallecieron durante su reclusión. En ese entonces se brindó la información y el OLI denunció que de 20 personas condenadas por violaciones a derechos humanos, sólo diez cumplen condenas con prisión efectiva.
Pero ante un nuevo pedido de acceso este año, el MI se negó a responder. Siguiendo la indicación de su asesoría jurídica, la cartera argumentó que reunir estos datos “suponía hacer una tarea –la calificación de las causas– a la que no están obligados por la ley de acceso a la información”, indica la carta pública.
El OLI señala que la solicitud de 2017 “no encontró las trabas que ahora pone el MI” y asegura que “la información solicitada no supone una tarea adicional”, porque refiere a personas a las que el MI “ya calificó según las causas y en función de ellas estableció su reclusión en lugares especiales distintos a los destinados para otros procesados o condenados”.
En 2017 el OLI presentó por primera vez ante el MI un pedido de acceso a la información pública para saber dónde están recluidas esas personas, cuáles cumplen prisión domiciliaria, y si tienen vigilancia electrónica o fallecieron durante su reclusión. En ese entonces se brindó la información y el OLI denunció que de 20 personas condenadas por violaciones a derechos humanos, sólo diez cumplen condenas con prisión efectiva.
Pero ante un nuevo pedido de acceso este año, el MI se negó a responder. Siguiendo la indicación de su asesoría jurídica, la cartera argumentó que reunir estos datos “suponía hacer una tarea –la calificación de las causas– a la que no están obligados por la ley de acceso a la información”, indica la carta pública.
El OLI señala que la solicitud de 2017 “no encontró las trabas que ahora pone el MI” y asegura que “la información solicitada no supone una tarea adicional”, porque refiere a personas a las que el MI “ya calificó según las causas y en función de ellas estableció su reclusión en lugares especiales distintos a los destinados para otros procesados o condenados”.
FEMICIDIOS
29 de diciembre de 2018, 00:20hs LR21
En lo que va del año ocurrieron 26 femicidios y se investigan dos posibles casos más
Un nuevo femicidio ocurrido esta vez en San José eleva la cifra a 26 casos en lo que va del año, pero aún se investiga la muerte de dos mujeres más en sendos hechos ocurridas en las últimas 72 horas.
Este viernes 28 de diciembre, la Fiscalía Letrada de San José
solicitó la formalización de un hombre por un delito de homicidio
agravado por femicidio.Se trata del caso de Loreley Carmona de 38 años, quien el pasado miércoles 26 de diciembre fue asesinada de 18 puñaladas, en el predio del hipódromo de San José. Su pareja incendió su casa y se entregó horas después.
A raíz de este caso, la cifra de femicidio en lo que va del año asciende a 26 casos.
Según cifras oficiales, de enero a noviembre de 2018 se registraron más de 32.000 denuncias por violencia de género.
Dos casos en investigaciones
Pero el año puede cerrar con la confirmación de dos casos más de femicidio, ya que se investiga la muerte de otras dos mujeres, ocurridas en las últimas 72 horas.En efecto, en la madrugada del pasado martes 25 de diciembre fue asesinada María Carolina Vivero Díaz, en su casa de Zum Felde y Prudencio Murguiondo, en el Parque Rivera.
Por el hecho se investiga a su pareja, un joven de 24 años quien luego de asesinar a la joven intentó suicidarse y se encuentra internado.
Mientras que el tercer caso, aún en investigación, ocurrió en la noche del jueves 27 en el paraje Las Cañitas, una zona rural del departamento de Durazno.
Según reportes policiales, la mujer fue hallada muerta dentro de una casa incendiada, un hombre sería el sospechoso del delito.
Cultura criminal
En tres días asesinaron a tres mujeres: "Todas estas historias tienen principios"
Alertan
que la legislación al respecto no tiene consecuencias directas sobre la
muerte de mujeres si no hay un cambio cultural profundo.
28.12.2018 11:21 - MONTEVIDEO PORTAL
Foto: EFE - Raúl Martínez (EFE)
Tres mujeres fueron asesinadas en los
últimos tres días. Por todos los casos, los principales sospechosos son
hombres, y en al menos dos de las muertes el varón era la expareja de la
víctima.
Este jueves se convocó a una nueva alerta feminista para recordar a las dos mujeres que habían fallecido hasta el momento y exigir medidas para paliar la ola de femicidios que azota al país.
Allí, se recordó a María Carolina Vivero, de 25 años, que fue asesinada en Navidad, y a Loreley Carmona, de 38 años, a quien apuñalaron 18 veces.
Mientras la marcha se desarrollaba en el centro de Montevideo se divulgó la noticia del hallazgo de una mujer muerta en una casa incendiada en Durazno.
Por este tema, y aún sin conocer el último caso, la activista por los derechos de las mujeres María Delia Cuneo dijo a Informe Nacional de Radio Uruguay que es "una cosa terrible".
"Nosotras salimos a la calle en alerta para denunciar, para visibilizar, para juntarnos, para darnos fuerza, para empezar a pensar qué cosas podemos hacer y qué redes podemos tejer para no llegar a este momento", señaló.
Además, Cuneo resaltó un factor fundamental para entender la muerte de las mujeres en manos de sus parejas o exparejas: "Este momento es el final de la historia pero todas estas historias tienen principios, y a veces esos principios, esas otras violencias, se naturalizan".
Además, dijo que la ley integral de violencia basada en género no cuenta con el suficiente presupuesto como para aplicarse y que además le legislación por sí sola no ayudó en país alguno.
"Hay países en los que hace más tiempo existen leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres y leyes de femicidios, prácticamente en toda América Latina hay legislación y eso no ha reducido que los hombres maten a las mujeres", expresó.
"Es un tema profundo, un tema cultural", dijo y concluyó: "Tenemos que despertar al resto de las mujeres, tenemos que despertarnos todas nosotras para decirnos 'no voy a permitir nada'".
Este jueves se convocó a una nueva alerta feminista para recordar a las dos mujeres que habían fallecido hasta el momento y exigir medidas para paliar la ola de femicidios que azota al país.
Allí, se recordó a María Carolina Vivero, de 25 años, que fue asesinada en Navidad, y a Loreley Carmona, de 38 años, a quien apuñalaron 18 veces.
Mientras la marcha se desarrollaba en el centro de Montevideo se divulgó la noticia del hallazgo de una mujer muerta en una casa incendiada en Durazno.
Por este tema, y aún sin conocer el último caso, la activista por los derechos de las mujeres María Delia Cuneo dijo a Informe Nacional de Radio Uruguay que es "una cosa terrible".
"Nosotras salimos a la calle en alerta para denunciar, para visibilizar, para juntarnos, para darnos fuerza, para empezar a pensar qué cosas podemos hacer y qué redes podemos tejer para no llegar a este momento", señaló.
Además, Cuneo resaltó un factor fundamental para entender la muerte de las mujeres en manos de sus parejas o exparejas: "Este momento es el final de la historia pero todas estas historias tienen principios, y a veces esos principios, esas otras violencias, se naturalizan".
Además, dijo que la ley integral de violencia basada en género no cuenta con el suficiente presupuesto como para aplicarse y que además le legislación por sí sola no ayudó en país alguno.
"Hay países en los que hace más tiempo existen leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres y leyes de femicidios, prácticamente en toda América Latina hay legislación y eso no ha reducido que los hombres maten a las mujeres", expresó.
"Es un tema profundo, un tema cultural", dijo y concluyó: "Tenemos que despertar al resto de las mujeres, tenemos que despertarnos todas nosotras para decirnos 'no voy a permitir nada'".
