ARGENTINA: Familia de Santiago Maldonado: Es necesaria una investigación independiente para poder llegar a la verdad // Hijos e hijas de genocidas: “ No se transmite la maldad o el horror a quien no quiere asumirlos” // ZUR: Desobediencia de vida, hijas e hijos de genocidas piden declarar contra sus padres // V. I. Lenin Consejos de un ausente (el 8 (21) de octubre de 1917) // URUGUAY: Para la FEUU “no es admisible ningún retroceso” // TLC: El derecho a cuestionar la ideología dominante
ARGENTINA
15 de noviembre de 2017
"Es necesaria una investigación independiente para poder llegar a la verdad"
La
familia de Santiago Maldonado apeló la decisión del juez Gustavo Lleral
de rechazar la incorporación de un grupo de expertos independientes a
la causa que investiga la desaparición y muerte del joven. Difundimos el Comunicado.
Es necesaria una investigación independiente para poder llegar a la verdad Ayer presentamos el escrito por el cual expresamos nuestras críticas a
la resolución del Juez Lleral, que rechazó el pedido de incorporar un
grupo de expertos independientes para colaborar en la investigación de
la causa. Se adjunta a este comunicado el texto completo de la
presentación. Entre los puntos centrales: -Volvimos a pedir que se garantice una investigación
exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de conocer las
circunstancias de la muerte de Santiago. Recordamos que, pese a la
cuestionable actuación de funcionarios de alto rango del Ministerio de
Seguridad de la Nación, siguen a cargo de la investigación únicamente
fuerzas de seguridad dependientes de dicha institución. -Requerimos la conformación de un Grupo de Expertos
Independientes que supervise y coadyuve a la investigación que realice
el Juez, según lo recomendado por el Comité de Desaparición Forzada de
la ONU (nota 6/10/17). La audiencia fijada para el día 24 de noviembre
debe ser el comienzo de la investigación y no el final. A partir de
allí, un equipo independiente, estable y multidisciplinario debería
recorrer de modo exhaustivo el lugar de los hechos y hallazgo del
cuerpo, interrogar a distintas personas claves para probar qué ocurrió
-que todavía no declararon en la causa-, recoger los restos de la fogata
que realizaron los gendarmes el 1 de agosto de 2017, disponer pericias
que surjan de esas investigaciones (planimetrías detalladas de cada
declaración prestada para destacar concordancias, diferencias y
complementariedad entre los relatos y otros hallazgos ya realizados y
los aún pendientes), entre otras medidas por cumplir. -Entendemos que el Juez Lleral debe aplicar la Guía
Nro. 9 para profesionales sobre Desaparición forzada y ejecución
extrajudicial: Investigación y sanción, del Comité de Juristas
Internacionales e incluir en la investigación el modus operandi o
contexto del accionar de distintos integrantes de Gendarmería y fuerzas
policiales de la zona, como indican los protocolos referidos a hechos de
tortura u otros tratos inhumanos, ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas (Protocolo de Estambul, Protocolo de Minesota,
entre otros). Solo así podrá avanzarse en la investigación exhaustiva,
efectiva, imparcial e independiente a la que tenemos derecho como
víctimas. -Señalamos que la referencia al objeto de la
instrucción es genérica y adaptable a cualquier procedimiento penal.
Entendemos que esa falta de precisión llevó a que se investigue
cualquier cosa menos una presunta desaparición forzada de persona, ahora
agravada por muerte. -Reiteramos que el Poder Ejecutivo Nacional (en
particular, por las declaraciones de la Ministra de Seguridad) proyectó
su influencia sobre la investigación. Por esta razón, solicitamos al
Señor Juez que designe un grupo de expertos independientes que, según su
criterio, puedan colaborar con la investigación. -Rechazamos que la Justicia haya ejercido sus
deberes y facultades en procura de la búsqueda y hallazgo de Santiago y
bregado para garantizar el derecho a la verdad de sus familiares. La
remoción del Juez original de la causa exime de mayores comentarios. -Exigimos que sea el Estado, como titular de la
acción penal, el principal responsable del avance en la investigación
sobre la muerte de Santiago. Como particulares damnificados, nosotros
intentaremos seguir colaborando en la causa pero, en modo alguno, se nos
puede exigir un rol distinto al previsto en la normativa vigente. Verdad y Justicia para Santiago.
Texto completo
15 de noviembre de 2017
Hijos e hijas de genocidas: “ No se transmite la maldad o el horror a quien no quiere asumirlos”
Foto: el grupo ha participado de las últimas marchas por los derechos humanos (Soledad Quiroga-Tiempo Argentino)
Se lo dijo Víctor Basterra a Pablo Verna, el hijo del genocida Julio
Alejandro Verna, que denunció a su papá por su participación en los
vuelos de la muerte. El Colectivo Historias Desobedientes presentó en el
Congreso de la Nación un proyecto de ley para anular la medida que
prohíbe denunciar a familiares directos salvo que el denunciante sea la
víctima directa del delito. En el programa Oral y Público de Radio La
Retaguardia, conducido por Fernando Tebele y con la participación de
Víctor Basterra, habló Pablo Verna. Allí se produjo un diálogo
conmovedor entre Verna y Basterra. Luego de las apariciones públicas de
la semana pasada, Pablo denunció haber recibido amenazas de su padre. Por La Retaguardia.
Empecemos por el final. Pablo Verna denunció
que su padre lo amenazó luego de las entrevistas que dio para
denunciarlo. "Mi padre el día sábado, mediante mensajes de Whatsapp, le
dijo a mi mamá: ’Vos, él -refiriéndose a mí-, su esposa y su hija -que
tiene 7 años-, son mis enemigos; en cambio yo soy el único enemigo de
él’. Yo entiendo claramente esto como una amenaza y quiero decirlo para
que se sepa, porque es grave", aseveró durante un programa de la
Televisión Pública. Pablo Verna es integrante del Colectivo Historias Desobedientes, un
grupo de hijos, hijas y familiares de genocidas que decidieron romper
con lo que ellos llaman el mandato de silencio, la historia de
complicidad y encubrimiento que envuelve a todos los que participaron
del Terrorismo de Estado. Verna denunció públicamente a su padre, Julio
Alejandro Verna, un médico ex Capitán del Ejército Argentino que
participó de los vuelos de la muerte que salían desde el Centro
Clandestino de Detención Tortura y Exterminió que operó dentro de Campo
de Mayo, anestesiando a las víctimas que luego serían arrojadas al río o
al mar: “La historia es muy larga. A través de los años y las cosas que
se decían en la familia, yo fui teniendo sospechas cada vez más fuertes
de su participación y, en algún momento, presunciones cada vez más
fuertes. Después, casi la certeza. La confirmación absoluta de su
participación fue a medidos del 2013, cuando yo por última vez lo
interpelé poniendo sobre la mesa los dichos de mi mamá, que ya me había
comentado cuál había sido su participación. Ahí no le quedaron más
opciones que admitirme que había participado de esa manera. Era
imposible que me lo negara. Él participaba inyectando a las personas que
después eran arrojadas vivas al río o al mar, con las anestesias. Lo
hacía en Campo de Mayo. A partir de ahí pasaron unos meses y yo hice la
denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos”, relató Verna con crudeza
y tranquilidad en conversación con Fernando Tebele y Víctor Basterra en
Radio La Retaguardia. Los responsables de delitos de lesa humanidad conocidos como los vuelos de la muerte fueron incorporados recién en el tercer tramo de la megacausa ESMA,
cuya sentencia será este 29 de noviembre, pero no fue así en Campo de
Mayo. Por eso, el testimonio de Verna sobre la participación de su padre
toma una relevancia muy grande para poder juzgar estos hechos también
en ese centro clandestino, sobre todo por tratarse de un delito en el
que es difícil acceder a testimonios, ya que las víctimas no están, y
los genocidas no rompen el pacto de silencio. Sin embargo, ahora son sus
propios hijos e hijas quienes aportan datos: “En ESMA quedaron muchas pruebas,
lo que no ocurrió en Campo de Mayo porque fue un campo de exterminio
principalmente donde se exterminaron más de 5 mil personas. Hay pocas
pruebas, muchísimas menos que en la ESMA”, aseguró y agregó un dato
importantísimo en ese sentido, que su padre no solo adormecía a las
víctimas, sino que además “viajaba en los aviones” desde donde arrojaban
a los desaparecidos. Además de la confesión de Verna padre sobre su rol de criminal en los
vuelos de la muerte, el ex Capitán relató a otro familiar suyo otros
delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado: “Después de esa
última interpelación que le hice y en la que me admitió su
participación, a otro familiar le contó respecto a su participación en
el asesinato de 4 personas: Fueron colocadas en un auto, también
anestesiadas de la misma manera, y después ese auto fue arrojado a un
río o a un arroyo. Simularon un día de pesca. En el auto habían colocado
cañas de pescar. En ese simulacro de accidente, el auto cayó al agua y
esas personas, al estar paralizadas, se ahogaron, porque seguían
respirando”, explicó Pablo Verna. Ese múltiple homicidio que se mostró
como un accidente automovilístico causó la muerte de Alfredo Berliner,
Susana Solimano, Julio Suárez y Diana Schatz, que fueron arrojados a un
arroyo de Escobar con el mismo procedimiento de un vuelo de la muerte,
pero esta vez a bordo de un Peugeot 504 rojo, que fue hallado el 27 de
noviembre de 1979. El grupo era parte de la Contraofensiva de
Montoneros. Pablo no pudo mencionar otros nombres de genocidas que hayan
participado con Verna en aquellos u otros delitos de lesa humanidad,
porque su padre cuidaba que su familia no se enterara de sus reuniones
con otros represores, pero sí identificó a Norberto Atilio Bianco, Mayor
del Ejército y médico castrense del hospital militar de Campo de Mayo,
quien fue uno de los responsables del secuestro de bebés durante la
dictadura: “Eventualmente, alguna relación amistosa que tenía. No se
hablaba de eso ni nada. Tampoco en la familia estábamos reducidos a
vínculos exclusivamente de militares. El superior directo de aquellos
años era Norberto Atilio Bianco. Era un jefe de mi papá. Está condenado.
Se había apropiado dos personas, que por suerte recuperaron su
identidad”, expresó. Bianco quedó libre en mayo de este año por la
aplicación del 2x1. Colectivo Historias Desobedientes “La primera vez que yo me sumé fue en una reunión grande que se
organizó. El colectivo ya estaba marchando. Paradójicamente, la primera
reunión fue en un día del padre. Es muy sanador y muy gratificante.
Entre todos sentimos algo muy en común. Este mandato de silencio, no
pacto, que nos ha sido impuesto en nuestras familias de origen y que fue
impuesto de forma implícita o explícita. De alguna manera, nosotros
venimos a romperlo. Una vez que lo podemos trascender, encontramos que
ese mismo mandato de silencio ahora está en la legislación”, manifestó
Verna y explicó en qué consistió el proyecto de ley que presentaron en
el Congreso para poder denunciar penalmente a sus familiares: “Por eso
que el martes pasado -7 de noviembre-, presentamos en mesa de entrada
del Congreso, en Cámara de Diputados, el proyecto de ley para que se modifiquen dos artículos del Código Procesal Penal,
el 178 y el 242. Uno prohíbe la denuncia a los familiares, salvo que la
víctima del delito haya sido el propio denunciante u otro familiar de
igual grado más próximo. La misma prohibición corre para el caso del
testigo o quién va a declarar en juicio, con la misma excepción.
Nosotros lo que estamos pidiendo con este proyecto es que esas
prohibiciones no corran para casos de crímenes de lesa humanidad.
Entendemos que es obligatorio por la jerarquía constitucional que tienen
los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al respecto, que impone la obligación
a los Estados parte de investigar, juzgar y sancionar los crímenes
contra la humanidad. En ese sentido, estas prohibiciones terminan siendo
un incumplimiento con esta obligación internacional en tanto que
restringen, nulifican o prohíben medios o fuentes de pruebas. No es que
tenemos las pruebas definitorias del resultado de los juicios, para
nada. Quizás en mi caso sí, pero no todos los integrantes del Colectivo
estamos en esta situación. A veces, hay pruebas de contexto o algún
elemento proveniente de lo que se robaban de las víctimas,
concretamente, que puedan llegar potencialmente a completar alguna
reconstrucción de los hechos, que es lo que se busca en los juicios”
informó Verna, reconociendo la importancia específica de su caso en
particular, pero también toda la información que puede aportar el resto
de los integrantes del Colectivo sobre la participación de los genocidas
en los crímenes de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. Verna pidió apoyo para que este proyecto pueda convertirse en ley y
reconoció la inmensa e interminable lucha de los organismos de derechos
humanos por mantener viva la memoria de los desaparecidos, buscar la
verdad y exigir justicia: “El avasallamiento que apareció con el 2x1, yo
le digo el happy hour del horror de la Corte Suprema, generó
una movilización impresionante de todo el pueblo imponiéndose para que
no se avasalle todo el avance que hubo en materia de derechos humanos,
que fue política de Estado por parte de los cuatro poderes del Estado,
si incluimos como debe ser al Ministerio Público Fiscal, que ahora
también se lo está avasallando. Esas políticas de Estado fueron la
canalización de una lucha de más de 40 años de Madres, Abuelas y de
todos los organismos de derechos humanos. Ese avasallamiento fue uno de
los motivos que hicieron que ese Colectivo nuestro se formara. En ese
sentido, el momento adverso en materia de derechos humanos no deja de
ser un momento adecuado para que nosotros nos expresemos y exijamos que
estas normas sean modificadas. El proyecto de ley lo pueden ver completo
con todos los fundamentos en nuestra página www.historiasdesobedientes.com.
Esperamos que pueda tener el impulso de los legisladores, a los que les
pedimos que lo levanten para que este proyecto pueda llegar a ser una
ley”, solicitó. Diálogo con un sobreviviente Durante el programa Oral y Público se produjo un momento muy emocionante.
Fue cuando entró en escena Víctor Basterra, sobreviviente y testigo
esencial en la megacausa ESMA, que había escuchado atentamente cada
palabra de Pablo Verna. Basterra reconoció la actitud del joven que
quiso cambiar la historia de silencio de su familia, algo que para Verna
fue “un camino muy largo, de muchos años, y plagado de
contradicciones”. Víctor
Basterra: De alguna forma es gratificante esta situación que están
viviendo, valga la contradicción que provoca. Empieza a establecerse una
especie de oscurantismo con el tema de la lucha por los derechos
humanos. Me parece notable que se dé una situación de esta naturaleza.
En algún momento, hace 4 o 5 años, una joven hija de un represor que yo
había denunciado y está siendo juzgado en estos momentos, vino a
encontrarse conmigo. Ella se había cambiado el apellido. Tuvimos un
dialogo muy franco. Yo siempre dije que esta herencia es única. No se
transmite la maldad o el horror a quien no quiere asumirlos y ustedes
son el ejemplo más claro. Ese rechazo a una historia oscura, sangrienta y
dolorosa para nuestra patria. Ustedes detestan formar parte de esta
historia y me parece maravilloso que se exprese en un Colectivo que se
llame Historias Desobedientes. Yo saludo y aplaudo lo que ustedes están
haciendo. Pablo
Verna: No te puedo expresar lo importante que es recibir esas palabras
de aliento tuyas y de muchas personas que se están comunicando.
Especialmente, estar hablando con vos y que nos digas eso públicamente
es gratificante y muy alentador para seguir adelante con los proyectos
que tenemos. Hay que pararse frente a la sociedad y sostener esto que
estamos haciendo. No es fácil, lleva mucha energía. Es muy importante
recibir tus palabras. VB:
Es lo menos que se puede hacer. Es la aspiración de la trasmisión de la
memoria que uno se ha puesto como meta en su vida. Este es un
espaldarazo a esa posición que siempre mantuvimos los sobrevivientes. Yo
saludo, te abrazo y los abrazo a todos los compañeros. PV: Te agradezco muchísimo y te mando, en nombre de todos los
compañeros y compañeras que integran el Colectivo, un abrazo grande
también. Ese diálogo, corto pero impactante, abre simbólicamente una nueva
etapa. Los hijos e hijas de genocidas no solo rompen con sus padres
asesinos, sino que se colocan en la vereda de los organismos de derechos
humanos. En un momento más que especial, con el gobierno nacional
intentado quebrar el prestigio internacional que el movimiento ha
conseguido con tanto esfuerzo. En ese contexto, la voz de estos
muchachos y muchachas es una brisa de aire fresco en medio de un
infierno del que ellos y ellas también han sido víctimas.
En
el programa de radio acerca de los juicios a los genocidas, el
integrante del grupo Historias Desobedientes, compuesto por hijos, hijas
y familiares de genocidas, Verna hizo un relato impactante de su
historia personal, y dialogó con Basterra, testigo esencial de la
megacausa ESMA.
Created by laretaguardia
Argentina: Desobediencia de vida, hijas e hijos de genocidas piden declarar contra sus padres
Hijos
e hijas de genocidas presentan en el Congreso Nacional un proyecto de
ley para modificar dos artículos del Código Procesal Penal y poder
declarar contra sus padres en los juicios de lesa humanidad.
La
medida es histórica y no tiene antecedentes en el mundo. Exigen remover
“todo tipo de impedimento” para aportar pruebas al proceso de Memoria,
Verdad y Justicia: “Luego de un largo camino hemos podido aproximarnos a
la conciencia de que nuestros padres han cometido los crímenes más
aberrantes”.
¿Qué significan las modificaciones? “La simple
remoción de los referidos escollos legales significaría un aire nuevo
que nos permitirá diferenciarnos de nuestros familiares genocidas y
expresar total libertad y carácter jurídico nuestro repudio”, explican.
“Lo
que no se puede decir tampoco se puede callar”, dicen desde Historias
Desobedientes, el colectivo conformado por hijas e hijos de genocidas de
la última dictadura cívico-militar que este martes presentarán en mesa
de entradas del Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar dos
artículos del Código Procesal Penal de la Nación y, así, poder declarar
contra sus padres en los juicios de lesa humanidad. Los dos artículos
del Código Penal que buscan modificar son el 178 (“nadie podrá denunciar
a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano”) y el 242 (no podrán
testificar en contra del imputado bajo pena de nulidad). “La necesidad
de esta reforma se plantea al momento que una hija, hijo o familiar de
genocida, tomamos conciencia de la información que tenemos y que puede
aportar al esclarecimiento de una causa, teniendo muy en cuenta la
obligación ética que sentimos, por tratarse de crímenes de lesa
humanidad”, dijeron en un comunicado. “La urgencia de esta presentación
se justifica en los límites de tiempo para esclarecer estas causas, que
si bien no prescriben, los protagonistas de los hechos están en edades
muy avanzadas, y es necesario que sean esclarecidos, para lograr
justicia”. La presentación será a las 14 horas.
El primer punto
del proyecto de ley busca incorporar al artículo 178 que la prohibición
de denunciar a los familiares “no rige para los casos en que el o los
delitos denunciados sean de genocidio, de lesa humanidad y/o crímenes de
guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de
derechos humanos con jerarquía constitucional”.
El segundo punto
busca incorporar el mismo texto en el artículo 242, pero agrega: “Sólo
en el caso de que el testigo no haya sido denunciante, se le notificará
que puede abstenerse de testificar. En su caso, antes de iniciarse la
declaración, y bajo pena de nulidad, el juez advertirá a dichas personas
que gozan de esa facultad, de lo que se dejará constancia. Asimismo,
una vez prestada su declaración testimonial en sede administrativa o
judicial, su testimonio será obligatorio en todas las instancias
posteriores, aunque no haya sido denunciante”.
Las hijas e hijos
de genocidas explican que las modificaciones permitirán a muchas más
hijas, hijos y familiares aportar a la justicia para garantizar a la
sociedad el derecho a la verdad: “Dicha modificación resulta necesaria
en tanto que en nuestra experiencia de vida como hijos y familiares de
genocidas nos hemos encontrado con escollos legales tendientes a impedir
y/o prohibir y/o disuadir la denuncia y eventualmente el deber de
atestiguar”.
Los fundamentos
El proyecto
subraya que “no pueden ser discutidas ni puestos en duda siquiera, los
delitos aberrantes cometidos durante la última dictadura cívico
militar”, y que si bien esos delitos tuvieron como víctimas “los más
variados sectores sociales”, existe un colectivo que, “a pesar de
integrar la comunidad afectada”, aún no ha sido reconocido pública ni
jurídicamente como tal. “Se trata de muchas hijas, hijos y familiares de
los genocidas que llevaron adelante el plan sistemático de los crímenes
señalados, que por razones de edad en su momento y luego por diversos
motivos como ser la negación y luego culpa y vergüenza, cuyo desarrollo
excede el presente, no se habían manifestado de manera pública respecto
de la participación de sus padres o familiares en el genocidio
ejecutado”.
Los hijos y las hijas de genocidas señalan así que el
proyecto nace de la necesidad de adecuar una parte de la normativa
vigente a la realidad que ellos y ellas viven de forma cotidiana.
También subrayan que no se tuvo en cuenta que “las hijas e hijos de
represores se ven claramente ética y moralmente perjudicados por los
delitos cometidos por sus progenitores” y que considerar que los hijos y
familiares de genocidas no resultaran lesionados de los crímenes de
lesa humanidad “implicaría considerarlos fuera de la humanidad”.
En ese sentido, agregan:
“Que
las hijas, hijos y familiares de genocidas que hemos tenido la
posibilidad de ser conscientes de la gravedad de los delitos de lesa
humanidad cometidos por nuestros padres y/o familiares consideramos que
estas prohibiciones legales afectan nuestras libertades fundamentales
[…]. Que estas prohibiciones implican un escollo legal que lleva al
Estado al incumplimiento de los deberes internacionales de investigar,
juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad”. “Que se
avecinan nuevos tiempos en materia de Derechos Humanos, considerando que
las víctimas del genocidio ocurrido en nuestro país, como así también
sus autores, cómplices y encubridores, se encuentran en muchos casos
atravesando quizá los últimos años de su vida en virtud de su avanzada
edad”. “Nuestro pueblo tiene como base tanto la impostergable
necesidad y derecho de que los delitos de lesa humanidad cometidos en
nuestro país no queden impunes, como así también el derecho a construir
su identidad mediante la reconstrucción histórica de los hechos más
atroces que ha padecido”. Hijos e hijas piden remover “todo tipo de
impedimento” para aportar a la justicia: “Luego de un largo camino hemos
podido aproximarnos a la conciencia de que nuestros padres han cometido
los crímenes más aberrantes”. Y concluye: “La simple remoción de los
referidos escollos legales significaría un aire nuevo que nos permitirá
diferenciarnos de nuestros familiares genocidas y expresar total
libertad y carácter jurídico nuestro repudio”.
El texto completo de la modificación
1.-
PROYECTO DE REFORMA AL LIBRO SEGUNDO – TÍTULO I – CAPÍTULO I Y AL LIBRO
SEGUNDO – TÍTULO III – CAPÍTULO IV DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA
NACIÓN: ARTÍCULO 1: Incorpórase al artículo 178 del Código
Procesal Penal de la Nación el siguiente texto: “La prohibición
dispuesta en este artículo no rige para los casos en que el o los
delitos denunciados sean de genocidio, de lesa humanidad y/o crímenes de
guerra contemplados en los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de
derechos humanos con jerarquía constitucional.”
ARTÍCULO 2:
Incorpórase al artículo 242 del Código Procesal Penal de la Nación el
siguiente texto: “La prohibición dispuesta en este artículo no rige para
los casos en que el o los delitos denunciados sean de genocidio, de
lesa humanidad y/o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°,
7° y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los
tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional. Sólo en el caso de que el testigo no haya sido
denunciante, se le notificará que puede abstenerse de testificar. En su
caso, antes de iniciarse la declaración, y bajo pena de nulidad, el juez
advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se
dejará constancia. Asimismo, una vez prestada su declaración testimonial
en sede administrativa o judicial, su testimonio será obligatorio en
todas las instancias posteriores, aunque no haya sido denunciante.”
ARTÍCULO 3: Comuníquese, etc.
2.- FUNDAMENTOS: Sr/a. Presidente:
2.1.- CONSIDERANDO:
2.1.1.-
Que la República Argentina en su reforma constitucional del año 1994 ha
elevado a rango constitucional los tratados internacionales enumerados
en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.
2.1.2.-
Que la aplicación y el cumplimiento de dichos tratados es obligatorio
para los estados parte, -sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder ante su incumplimiento-, por la aplicación del principio
que surge del derecho de los tratados conforme lo dispuesto en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados aprobada por ley
19.865.
2.1.3.- Que no obstante la obligatoriedad conforme lo
señalado en el punto anterior, dichos tratados resultan de aplicación y
cumplimiento obligatorio por aplicación del ius cogens, cuyo contenido
es definido en el art. 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados: una norma imperativa de derecho internacional general es
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y
que sólo puede ser modificada por una norma ulterior del derecho
internacional general que tenga el mismo carácter.
2.1.4.- Que
asimismo, respecto del ius cogens, de conformidad con lo resuelto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Priebke, los crímenes
contra la humanidad deben ser interpretados a la luz del ius cogens, y
que la aplicación del derecho de gentes se encuentra reconocida por
nuestro orden jurídico en el art. 118 de nuestra Constitución Nacional.
2.1.5.-
Que resultan obligatorias las competencias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos porque así lo disponen los arts. 33 y 68 inc. 1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2.1.6.- Que de lo dispuesto
en el considerando anterior se desprende sin lugar a dudas que resulta
obligatoria la jurisprudencia de dichos organismos internacionales.
2.1.7.-
Que con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994, en el
leading case Ekmekdjian la CSJN estableció la teoría monista y de plena
operatividad de los tratados en el derecho interno una vez aprobados y
ratificados por el estado y que “ya no es exacta la posición jurídica
según la cual no existe fundamento normativo para acordar prioridad al
tratado frente a la ley”.
2.1.8.- Luego, ya producida la referida
reforma constitucional, la CSJN en el fallo Giroldi afirmó que “la ya
recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del
constituyente (art. 75 inc. 22 CN)”, estableciendo asimismo que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es la última intérprete de la CADH,
por lo cual el incumplimiento de sus disposiciones podría habilitar la
responsabilidad internacional del estado, y que la jurisprudencia del
Tribunal Interamericano debe servir como guía interpretativa de los
preceptos convencionales.
2.1.9.- Tal criterio luego fue
ratificado y ampliado por la CSJN en el fallo Bramajo, donde
expresamente se incluyó dentro de la hermenéutica interpretativa a los
informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -informes y
opiniones consultivas como criterios de interpretación-. Dicho criterio
fue sostenido por la jurisprudencia y fue ratificado por fallos de suma
relevancia como Simón.
2.1.10.- Estos criterios han tenido plena
vigencia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, profundizándola en el caso “Kimel”, en tanto que ya no se
limitó a establecer sanciones o reparaciones económicas ante la
constatación de la violación a derechos humanos, sino que ha dispuesto
la clausura o apertura de procesos y ha instado incluso a la
modificación de la legislación penal nacional.
2.1.11.- En el
mismo sentido, resulta ineludible considerar que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el caso “Almonacid”, en el considerando 124 se
refiere al control de convencionalidad señalando: “La Corte es
consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio
de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus
jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a
ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones
de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes
contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie
de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta
no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana”.
2.1.12.- Asimismo, la CSJN en los fallos Casal y
Espósito, y luego -siguiendo los lineamientos del caso “Almonacid” de la
Corte Interamericana- en el caso Mazzeo, consideró a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos como último intérprete de las
disposiciones de la Convención y se obligó al control de
convencionalidad ante la posibilidad de acarrear sanciones al Estado
nacional.
2.1.13.- En virtud de lo expuesto, hace más de dos
décadas que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos son vinculantes para todas las autoridades públicas del estado
argentino, en virtud de la aplicación del art. 75 inc. 22 de nuestra
Constitución Nacional y el art. 68 inc. 1 de la Convención Americana de
los Derechos Humanos.
2.1.14.- Que una interpretación contraria
resulta inadmisible, en primer lugar por poner en riesgo un orden
jurídico que pretende garantizar la tutela real y efectiva de los
Derechos Humanos.
2.1.15.- Asimismo, resultaría inadmisible por
el principio de derecho internacional público reconocido como pacta sunt
servanda, establecido en el art. 26 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados.
2.1.16.- Que no obstante la opinión que
merezca respecto del acierto o desacierto del criterio de la CSJN en el
fallo Fontevecchia, en lo que a los efectos de estos fundamentos
interesa, -en razón del entendimiento de que la reforma que aquí se
plantea resulta obligatoria en materia de Derechos Humanos y no se
encuentra fuera de la competencia de la Corte Interamericana según el
criterio expuesto por la CSJN en dicho fallo-, es de destacar que allí
se dijo en su considerando 6°) que “Se encuentra fuera de discusión que
las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos
contenciosos en contra del Estado argentino son, en principio, de
cumplimiento obligatorio para este (art. 68.1, CADH)…”; y en su
considerando 20) que “(…). Lo dicho hasta aquí no implica negar carácter
vinculante a las decisiones de la Corte Interamericana, sino tan solo
entender que la obligatoriedad que surge del art. 68.1 debe
circunscribirse a aquella materia sobre la cual tiene competencia el
tribunal internacional (art. 63, CADH; arts. 27, 75 inc. 22 y 108,
Constitución Nacional).”
2.1.17.- Que por todo lo hasta aquí
expuesto, debe considerarse que resulta ineludible que el estado
argentino proceda al estricto cumplimiento de sus obligaciones
internacionales emanadas de la siguiente jurisprudencia: – “investigar
seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a
la víctima una adecuada reparación.” – “Esta obligación implica el deber
de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como
consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y
sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho
conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la
violación de los derechos humanos.” – Respecto del principio de la
tutela efectiva, dijo la Comisión Interamericana, puede traducirse en la
garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los
derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad
ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. También dijo
que, la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de los
requisitos de admisibilidad de una acción, puede constituir una
violación de ese derecho fundamental. El recurso sencillo y rápido
amparado por la CADH (art. 25) impide que el acceso a la justicia se
convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los
particulares. – “La regla del previo agotamiento de los recursos
internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos,
tiene ciertas aplicaciones que están presentes en la Convención. En
efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos
judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos
humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad
con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de
la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a
toda persona que se encuentra bajo su jurisdicción (art. 1).” – “La
obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a
hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la
necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la
realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos.”
2.1.18.- Que hoy no pueden ser discutidos ni
puestos en duda siquiera, los delitos aberrantes cometidos durante la
última dictadura cívico militar. Ello surge contundente de las
sentencias hoy firmes, dictadas en los juicios que se han llevado a cabo
en el país en los últimos 12 años y que permitieron conocer en muchos
casos con detalles, los crímenes cometidos desde el propio Estado y en
los que se secuestró, torturó, asesinó y desapareció a decenas de miles
de ciudadanos. Asimismo, se produjo la apropiación, por parte de los
genocidas, de cientos de niñas y niños de los cuales solo una parte ha
podido recuperar su identidad al día de la fecha.
2.1.19.- Que
no obstante que esos hechos han tenido como víctimas los más variados
sectores sociales, existe un colectivo en particular que, a pesar de
integrar la comunidad afectada, no ha sido dado a conocer públicamente
ni reconocido jurídicamente como tal. Se trata de muchas hijas, hijos y
familiares de los genocidas que llevaron adelante el plan sistemático de
los crímenes señalados, que por razones de edad en su momento y luego
por diversos motivos como ser la negación y luego culpa y vergüenza,
cuyo desarrollo excede el presente, no se habían manifestado de manera
pública respecto de la participación de sus padres o familiares en el
genocidio ejecutado. Este proyecto, que se origina en la necesidad de
adecuar una parte de la normativa vigente a la realidad que viven
cotidianamente esas hijas, hijos y familiares, se impone a fin de
incluirlos como beneficiarios de un derecho constitucional vigente en
nuestro país, que garantiza que aquellas situaciones injustas como la
que deriva de la actual redacción de algunos cuerpos de leyes, sea
modificada.
2.1.20.- Que resulta evidente que al momento de la
redacción de las normas respectivas cuya adecuación aquí se propone, no
fue posible tener en cuenta la problemática derivada de dicha
legislación, a la hora de evaluar los casos concretos en los que las
hijas e hijos de represores se ven claramente ética y moralmente
perjudicados por los delitos cometidos por sus progenitores.
2.1.21.-
Que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y los informes y opiniones consultivas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, de los tratados internacionales de
Derechos Humanos, y de la profusa jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación, citados precedentemente entre muchas
otras más, resulta indispensable la modificación de los arts. 178 y 242
del Código Procesal Penal de la Nación.
2.1.22.- Dicha
modificación resulta necesaria en tanto que en nuestra experiencia de
vida como hijos y familiares de genocidas nos hemos encontrado con
escollos legales tendientes a impedir y/o prohibir y/o disuadir la
denuncia y eventualmente el deber de atestiguar.
2.1.23.-
Respecto de la prohibición de denunciar ha dicho D’Albora: “Su finalidad
es clara: mantener la solidaridad, respeto y jerarquía entre ciertos
integrantes del grupo familiar, por encima del interés de la persecución
penal.”. Y de la prohibición de atestiguar dijo: “El fundamento de la
prohibición es el de evitar la encrucijada entre destruir la cohesión
familiar o mentir cometiendo el delito de falso testimonio…”. En el
mismo sentido, Navarro y Daray dicen que: “El objetivo de la prohibición
de la norma es preservar la “cohesión familiar”, tal como se expresa en
la Exposición de Motivos (si bien al explicar las razones de la veda
legislada en el art. 242), objetivo acorde al principio constitucional
que apunta a la “protección integral de la familia” (art. 14 bis).”
2.1.24.-
Respecto de la prohibición de testificar en contra del imputado, no
debe dejar de considerarse que: “El fundamento de la prohibición es el
de evitar la encrucijada entre destruir la cohesión familiar o mentir
cometiendo el delito de falso testimonio…”. Sin dudas, es posible que
aquellos familiares que no han tomado conciencia de la gravedad de los
crímenes imputados, no quieran atestiguar en contra de su/s familiar/es.
Así las cosas, el Estado no puede exigir a las personas conductas
heroicas, como así tampoco puede colocarlas en un dilema con aptitud
suficiente para producir daños psicológicos. Por lo expuesto es que,
eliminada la prohibición del art. 242 del CPPN, deviene indispensable el
derecho del testigo de abstenerse a atestiguar. No obstante, dicha
facultad de abstención, no debiera resultar aplicable en caso de que el
testigo haya sido denunciante, y/o en caso de que ya haya prestado
declaración testimonial, ya sea en sede administrativa (policial o
cualquier organismo de gobierno), o judicial.
2.1.25.- Que
resulta claro que el legislador ha prevalecido la protección integral de
la familia –de conformidad con el art. 14 CN- por sobre su deber de
perseguir penalmente a los autores de los delitos. Sin embargo, debe
tenerse presente que el Código Procesal Penal de la Nación ha sido
sancionado el 21 de agosto de 1991 y publicado en el Boletín Oficial el 9
de septiembre del mismo año. Que en ese momento estaban en plena
vigencia las leyes de impunidad, también llamadas de punto final y
obediencia debida, y que en ese contexto el legislador nunca hubiera
pensado en establecer una excepción a las prohibiciones que aquí se
plantea eliminar en los casos de crímenes de lesa humanidad.
2.1.26.-
Que siendo que los crímenes de lesa humanidad han sido así definidos en
razón de que afectan a la humanidad en su totalidad, no podría
considerarse que los hijos y familiares de genocidas no han resultado
lesionados. Lo contrario implicaría considerarlos fuera de la humanidad.
2.1.27.- Que considerando que las prohibiciones de estos
artículos tienen fundamento en la protección de la cohesión familiar,
ninguna razón de ser tendrían en tanto que en el caso del familiar que
ha decidido denunciar, no habría ya ninguna cohesión familiar que
tutelar. Y de hecho sería una protección que afecta el derecho de
autodeterminación de la persona, siendo que impide dirigir libremente
los actos de su vida, en clara violación al art. 19 CN.
2.1.28.-
Que en el desarrollo que ha tenido la política de Derechos Humanos a
nivel global, y especialmente en nuestro país desde la recuperación de
la democracia y la república en el año 1983, no deja dudas que no hay
enfrentamiento ni colisión de intereses entre “la protección de la
familia” y el deber de “afianzar la justicia”, por lo cual frente a
casos de delitos de lesa humanidad debe prevalecer este último. En
consecuencia, las prohibiciones legales en dichos casos deben ser
removidas en cumplimiento de un deber constitucional e internacional.
2.1.29.-
Que las hijas, hijos y familiares de genocidas que hemos tenido la
posibilidad de ser conscientes de la gravedad de los delitos de lesa
humanidad cometidos por nuestros padres y/o familiares consideramos que
estas prohibiciones legales afectan nuestras libertades fundamentales
establecidas en el art. 19 CN, en tanto que restringen arbitrariamente
las posibilidades de contribuir a la justicia y de cumplir con nuestros
deberes cívicos.
2.1.30.- Que estas prohibiciones implican un
escollo legal que lleva al Estado al incumplimiento de los deberes
internacionales de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la
humanidad.
2.1.31.- Que se avecinan nuevos tiempos en materia
de Derechos Humanos, considerando que la víctimas del genocidio ocurrido
en nuestro país, como así también sus autores, cómplices y
encubridores, se encuentran en muchos casos atravesando quizá los
últimos años de su vida en virtud de su avanzada edad. En tal contexto,
en caso de fallecimiento de imputados e incluso de quienes hayan tenido
participación en dichos crímenes, renace inmediatamente un derecho a la
verdad. Por lo cual, ante tal próximo panorama, las modificaciones
propuestas permitirán a muchas más hijas, hijos y familiares aportar a
la justicia e incentivar dichos aportes, a los fines de garantizar a la
sociedad, con toda la amplitud que corresponde, su derecho a la verdad.
2.1.32.-
Que nuestro pueblo tiene como base tanto la impostergable necesidad y
derecho de que los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país
no queden impunes, como así también el derecho a construir su identidad
mediante la reconstrucción histórica de los hechos más atroces que ha
padecido. Siendo que, -entre otras-, dichas finalidades se cumplen a
través de las sentencias judiciales, en tanto tienen virtud de
productoras de verdad. En consecuencia, para el dictado de las
sentencias en los juicios no deben existir ningún tipo de restricciones
en la producción de las pruebas ni en sus fuentes.
2.1.33.- Que
las hijas, hijos y familiares de genocidas que luego de un largo camino
hemos podido aproximarnos a la conciencia de que nuestros padres han
cometido los crímenes más aberrantes, tenemos la necesidad de que sea
removido todo tipo de impedimento para poder contribuir a los fines del
considerando anterior.
2.1.34.- Que en dichas normas que
pretendemos se modifiquen encontramos reflejado el mandato de silencio
que en nuestros hogares desde siempre se nos impuso. 2.1.35.- Que ante
tales circunstancias, la simple remoción de los referidos escollos
legales significaría un aire nuevo que nos permitirá diferenciarnos de
nuestros familiares genocidas y expresar con total libertad y carácter
jurídico nuestro repudio.
“Hostigan a los organismos de derechos humanos”
Verónica
Torras analiza los discursos contra las entidades de derechos humanos y
sus figuras simbólicas, como Estela de Carlotto. Advierte que persiguen
el objetivo de “favorecer mayores niveles de tolerancia a las
violencias del presente”.
Por defensores -
Imagen: Carolina Camps
Por Alejandra Dandan l Página12 El 23 de noviembre de 2015 el diario La Nación publicó una editorial
llamada No Más Venganza, apenas unas horas del triunfo de Cambiemos en
el ballottage. La editorial se leyó como línea programática destinada al
amistoso nuevo gobierno. Esta semana volvió a salir una editorial en el
mismo diario que apuntó directo al corazón del movimiento de derechos
humanos y cargó contra una de sus figuras simbólicas: Estela de
Carlotto. Otra vez, después de un triunfo electoral. ¿Cuál es el nuevo
programa? ¿Qué cambió en entre uno y otro momento? Verónica Torras,
directora ejecutiva de Memoria Abierta, considera que las editoriales
aparecen en medio de una “clara disputa pública respecto de los
umbrales” de consenso que mostraron marchas como la que hubo contra el
2×1 o el acompañamiento a la familia Maldonado. “Muchos actores con gran
capacidad de intervención en el campo simbólico apuestan a reducir
estos acuerdos sociales para favorecer mayores niveles de tolerancia a
las violencias del presente”, dice en esta entrevista, la licenciada en
Filosofía que viene analizando las derivas del discurso público sobre
derechos humanos desde hace años. –¿Pueden pensarse los discursos de los medios locales como discursos de odio? –Uno de los elementos del contexto actual que más preocupa a los
activistas de derechos humanos de la región es la aparición de discursos
públicos impregnados de violencia simbólica, que en distintas variantes
incorporan componentes intolerantes, antidemocráticos y relativistas, y
que tienden a estigmatizar a determinados grupos, entre ellos, a los
propios defensores de derechos humanos, las organizaciones que los
nuclean, y los organismos internacionales de protección. Las razones de
esta estigmatización están relacionadas con su oposición o su capacidad
de poner límites al poder. Los medios, que son un actor no ajeno a la
construcción de poder, participan muchas veces de estas acciones de
estigmatización, ya sea amplificando el discurso impugnador de algunas
fracciones del sector gobernante o para instalar intereses o demandas
propias. En todo caso, aparece una tensión por la responsabilidad que
debe reclamarse en el discurso público, tanto a los gobiernos como a los
medios de comunicación, y la protección de la libertad de expresión. –¿Qué rol juega en particular el diario La Nación? –La línea editorial histórica de La Nación, que no representa a la
línea periodística del mismo periódico, se presenta hace ya muchos años
como el aglutinador de los reclamos de los grupos de “memoria completa”;
resume y traslada sus exigencias al poder de turno. En su editorial del
23 de noviembre de 2015, La Nación le hizo tres reclamos concretos a
Macri, que acababa de ganar el ballotagge y todavía no había asumido:
generar un nuevo relato sobre lo sucedido en los años 70 y 80 en nuestro
país, revisar las condiciones de reclusión de los condenados y
procesados por delitos de lesa humanidad y, por último, terminar con los
juicios a los jueces de la dictadura, que, en última instancia,
significaba terminar con los procesos contra los responsables civiles,
al mismo tiempo que implicaba una señal para el conjunto del Poder
Judicial. –¿Cuáles de esos puntos se cumplieron? –Los procesos contra los responsables civiles empezaron a
ralentizarse antes del cambio de gobierno por acciones del propio Poder
Judicial. El mes pasado, la Cámara de Casación revocó la sentencia
contra Marcos Levín, el primer empresario en ser condenado por delitos
de lesa humanidad. El fallo del 2×1 de la Corte Suprema es una prueba
más que evidente de que los cambios políticos repercuten en los jueces a
la hora de emitir sus fallos. Por otro lado, parece haber existido eco
por parte del Gobierno frente al pedido de revisar las condiciones de
reclusión de los represores. El Secretario de Derechos Humanos de la
Nación, en una entrevista con La Nación en marzo del año pasado adelantó
la posición del Gobierno sobre la prisión domiciliaria para los mayores
de 70 años, un beneficio que tiene nombre y apellido en nuestro país. –¿Qué pasa con el reclamo de un nuevo relato oficial? –En este sentido, existe por parte del Gobierno en la mayor parte de
los casos una habilitación, un dejar hacer. Algunas expresiones
relativistas fueron asumidas por funcionarios o aliados políticos de la
administración Cambiemos, como Lopérfido, Gómez Centurión, Bullrich o
Carrió. Se los desautoriza en algunos casos –como también ocurrió con el
presidente Macri cuando habló de “guerra sucia”–, pero no hay una
amonestación pública por pasar ciertos umbrales, lo que habilita una
tolerancia a este tipo de expresiones. Un elemento de este nuevo relato
tiene que ver también con ofrecer cierta legitimidad oficial a actores
que demandan una “memoria completa” y que han impugnado sostenidamente
el proceso de verdad y justicia, a los que se los pone en un pie de
igualdad con los organismos de derechos humanos, que han tenido un rol
decisivo en la reconstrucción del Estado de Derecho. –¿Qué elementos novedosos presentan los editoriales de esta semana? –Dialogan con lo sucedido en la audiencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre los organismos y el
Estado nacional, así como con los off the record que distintos
funcionarios dejaron trascender a algunos periodistas durante la
búsqueda de Santiago Maldonado. Hay un hostigamiento discursivo dirigido
contra ciertos organismos de derechos humanos y sus referentes que
apuesta a desactivarlos como actores políticos y a desacreditar sus
estrategias de lucha, construidas durante más de cuarenta años de
experiencia. –¿Hay un quiebre a partir del caso Maldonado? –Por un lado, aparecieron en la prensa advertencias de distintos
funcionarios no identificados sobre las molestias que provoca dentro del
gobierno nacional el trabajo de algunos organismos y, en algunos casos,
su caracterización como “enemigos”. Es una caracterización peligrosa y
nunca antes postulada desde 1983. Por otro lado, se publican columnas de
opinión de los propios medios o de intelectuales, que utilizan el caso
Maldonado para poner en duda la trayectoria completa del movimiento de
derechos humanos argentino. Se pretende utilizar el caso como una
especie de sentencia de exclusión de la escena política de los
organismos. Se lo usa para presentarlos como parte de una cultura
facciosa, dando a entender que actúan bajo lógicas de intervención
oscuras, que no pueden ser explicadas a la sociedad; para
sobredimensionar sus influencias, sobre la base de ignorar las
desigualdades de poder y recursos en que realizan sus intervenciones; y
al mismo tiempo para empequeñecer su rol histórico, postulando una
memoria de corto plazo que los reduce a una coyuntura política
específica, a cuyo destino quedarían asociados. Son muchas acciones
simultáneas pero ninguna constructiva de la cultura de los derechos
humanos más abarcativa y plural que se declama. –¿Qué relación existe entre esa respuesta hostil y lo que sucede en las calles, con la movilización contra el 2×1 y Maldonado? –La movilización contra el 2X1, y la respuesta social de
acompañamiento a la familia de Santiago Maldonado en su reclamo por
verdad y justicia, no son expresiones homogéneas. La marcha contra el
2X1 muestra que el rechazo al terrorismo de Estado y la condena a la
impunidad de los crímenes de lesa humanidad sigue siendo un piso mínimo
de acuerdo social. El caso Maldonado pone en evidencia que la demanda
social por el esclarecimiento de una posible desaparición o muerte en
circunstancias que involucran algún nivel de responsabilidad estatal
está muy activa. Ambas respuestas funcionan como límite frente a este
intento de impugnación del activismo y la movilización. Pero estamos
asistiendo a una clara disputa pública respecto de estos umbrales, y
muchos actores con gran capacidad de intervención en el campo simbólico
apuestan a reducir estos acuerdos sociales para favorecer mayores
niveles de tolerancia a las violencias del presente.
ARGENTINA - 15 de noviembre de 2017, 11:11hs - LR21
Periodistas argentinos protestan ante el cierre de medios
Los
trabajadores de prensa de Argentina se movilizaron este martes frente
al Congreso para rechazar el cierre de la Agencia DyN y presentar un
proyecto de ley para declarar la Emergencia Laboral en los medios de
comunicación.
Periodistas argentinos protestan ante el cierre de medios.
Bajo la consigna “sin trabajo no hay libertad de expresión”,
reporteros gráficos y periodistas argentinos realizaron una
manifestación este martes en la puerta del Congreso de la Nación para
rechazar el anunciado cierre de la agencia Diarios y Noticias (DyN) que
dejará sin trabajo a alrededor de 100 personas. La actividad fue promovida por la Comisión Interna de DyN, la
Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y constó primero de un
‘Camarazo’ en el que periodistas y fotógrafos asistieron a la Plaza
Congreso para reclamar, vestidos de negro, con los ojos vendados y con
las cámaras en alto. Luego, una delegación de trabajadores de DyN y el Sipreba ingresaron
al Parlamento para participar de una sesión conjunta de las comisiones
de Libertad de Expresión y Comunicaciones, en la que se trata el cierre
de la agencia y la situación general del gremio de prensa, que acumula
2500 despidos desde diciembre de 2015. Los trabajadores pidieron a las autoridades promover una ley para
declarar la emergencia laboral en las empresas de comunicación y
suspender los despidos por seis meses. La semana pasada se llevó a cabo
una reunión en el Ministerio de Trabajo donde participaron desde el lado
de los trabajadores la Comisión Interna, Sipreba y la Federación
Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).
“Ahí la empresa ratificó su plan de cierre y nosotros nuestro rechazo
y reclamamos que se mantenga el servicio que da la agencia en defensa
de los puestos de trabajo”, dijo tras aquella reunión Fernando Cáceres,
delegado y miembro de la comisión interna. Como respuesta, el Ministerio
abrió de oficio un período de negociación de 10 días. “Los accionistas principales vienen haciendo un proceso de
desinversión hace por lo menos cinco años reconocido por la propia
empresa y denunciado por la comisión interna”, expresó sobre el Grupo
Clarín y afirmó “no nos sorprende que a DyN lo traten de esa manera y
que se desentiendan de los trabajadores”.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
Los trabajadores tenemos las manos libres para defender nuestros derechos
La
intencionalidad de los monopolios, a través del actual gobierno, de
implementar una “nueva” reforma laboral que se propone como objetivo
destruir y eliminar los derechos adquiridos de los trabajadores, no solo
es anticonstitucional sino que pone en blanco sobre negro el objetivo
que sin desmayo se propuso la burguesía a partir del golpe de la
Libertadora de 1955 que, por supuesto, violó todas las normas políticas y
legales, incluso a sangre y fuego, como fueron los bombardeos a Plaza
de Mayo cometiendo una matanza a hombres, mujeres y niños de nuestro
pueblo inertes en nombre de la patria. De ahí en más la resistencia y un
sinnúmero de luchas por nuevas conquistas, llevaron al empantanamiento a
las intenciones de la burguesía.
Elecciones, golpes militares, y así sucesivamente, hasta llegar al
genocidio más grande que haya conocido nuestra Historia. Y a pesar de
ello en medio del Proceso Militar, con la prohibición del derecho a
reunión, la prohibición del derecho a huelga, siendo sistemática la
detención y desaparición de personas, acompañado de una batería de
despidos y hostigamientos, la cantidad de huelgas durante la última
Dictadura, al igual que en las anteriores, y pese al terror sembrado,
fueron huelgas y luchas de tal magnitud las que erosionaron y socavaron
el poder hasta hacerlos tambalear y caer. Muchas pequeñas huelgas se
sucedieron hasta que llegaron los paros nacionales. Pero la base de
sustentación de tales huelgas nacionales fueron las huelgas por fábrica
que junto a otros fenómenos, posibilitaron el debilitamiento y posterior
caída de la Dictadura.
Muchos ideólogos tergiversan la Historia afirmando que la Dictadura cae
por las Malvinas. Tal análisis es erróneo, pues fueron las luchas de la
clase obrera las que debilitaron el plan económico de Martínez de Hoz, y
por ende las que les produjeron el aislamiento a los militares, lo que
los empujó a la aventura de las Malvinas como último recurso
pretendiendo sostener apoyo en un sector de la pequeña burguesía
(golpeada también económicamente) ante el desprestigio cada vez mayor
que crecía geométricamente en el gobierno militar.
En tales medidas de lucha de los trabajadores no existían las coberturas
“legales” o reglamentaciones, ni estatutarias ni cosa por el estilo. La
burguesía se había colocado por fuera de la Constitución y por fuera de
la propia legalidad burguesa. El asunto estaba claro para los
trabajadores que no tenían las manos atadas por la ley burguesa: la
acción desde la independencia política pasó a ser el factor
determinante. Así fue que desde la organización clandestina o semi
clandestina la legitimación de las organizaciones obreras era total,
pues nacía de lo más profundo del seno de las bases.
Basta recordar, por ejemplo, la extraordinaria huelga de los
trabajadores de subterráneos en el ’82, con la organización denominada
Interlíneas donde se reclamaron aumentos salariales, y los militares no
tenían con quién dialogar salvo los panfletos que indicaban los aumentos
que se querían.
Todo esto viene “a cuento” de la nueva situación donde la burguesía
monopólica, a través de su gobierno y los sindicatos en casi su
totalidad, y violando las propias normas constitucionales, le terminan
dando libertad de acción a los trabajadores para que legítimamente
emprendan acciones y reglamentaciones nuevas, pues la revisión de
convenios inconsulta que atenta contra los derechos adquiridos, o
cualquier medida de reforma que se implemente vía el Parlamento, está
por fuera de la Constitución tanto en el aspecto político como jurídico
vigente, el cual no se puede transgredir pues en los hechos viola el
Estado de Derecho del que tanto les encanta hablar.
Por ejemplo, el acuerdo de ATILRA (lecheros), y la modificación de un
convenio que atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores,
les desata las manos a estos para que desconozcan abiertamente su
sindicato o sus autoridades sindicales y todas sus normas y
reglamentaciones. Es decir, toda nueva forma de organización que se
geste con el aval y participación de las masas pasará sin duda alguna a
ser la única herramienta verdaderamente legal y constitucional apelando
al artículo 14 bis de la Constitución Nacional pues este ha sido
flagrantemente violado.
Todo lo demás son especulaciones leguleyas y traidoras a las cuales los
trabajadores tenemos que darles la espalda. Estos gobiernos en nada se
asemejan a las dictaduras, porque nuestro pueblo ganó mucho terreno en
las libertades políticas, conquistas que nos las desvirtúan hablándonos
de esta democracia. Tenemos todo para ganar. La lucha dignifica y con
ello avancemos hacia nuevas y superiores formas de organización y
representatividad, si es necesario, asumiendo que la autoridad máxima es
la voz de las mayorías y su independencia para decidir.
V. I. Lenin
Consejos de un ausente
Escrito: En ruso, el 8 (21) de octubre de 1917. Primera publicación: El 7 de noviembre de 1920 en el número 250 de Pravda, firmado; Un ausente. Fuente: Traducción al español por la Editorial Progreso publicada en Lenin, Obras Completas, tomo 34 (Editorial Progreso, Moscú, 1985), páginas 393 a 395. Digitalización: Por el miembro de la Red Vasca Roja, Justo de la Cueva, Iruñea, Nafarroa, Hego Euskal Herria, 14 de junio 1997. Preparado para el MIA: Juan R. Fajardo, noviembre de 2000.
Escribo estas líneas el 8 de octubre, con poca esperanza
de que lleguen a manos de los camaradas de Petrogrado para el
9. Es posible que lleguen ya tarde, pues el Congreso de los soviets
de la región del Norte está convocado para el 10
de octubre. Intentaré, sin embargo, acudir con mis "Consejos
de un ausente" para el caso de que la acción probable
de los obreros y soldados de Petrogrado y de todos sus "alrededores"
se realice pronto, pero no se ha realizado todavía.
Está claro que todo el poder debe pasar a los Soviets.
Debe ser también indiscutible para todo bolchevique que
un Poder proletario revolucionario (o bolchevique, pues hoy es
lo mismo), tendría aseguradas las mayores simpatías
y el apoyo abnegado de los trabajadores y explotados del mundo
entero en general, de los países beligerantes en particular
y, sobre todo, entre los campesinos rusos. No merece la pena detenerse
en estas verdades, harto conocidas por todos y demostradas hace
ya mucho.
En lo que sí hay que detenerse es en algo que seguramente
no está claro por completo para todos los camaradas, a
saber: que el paso del poder a los Soviets significa hoy, en la
práctica, la insurrección armada. Podría
creerse que esto es evidente pero no todos se han parado ni se
paran a meditarlo. Renunciar hoy a la insurrección armada
significaría abjurar de la consigna principal del bolchevismo
(¡Todo el poder a los Soviets!) y de todo el internacionalismo
proletario revolucionario en general.
Pero la insurrección armada es un tipo especial
de lucha política, sometido a leyes especiales, que deben
ser analizadas con atención. Carlos Marx expresó
esta verdad con mucho relieve al escribir que "la insurrección" (armada)
"es un arte, lo mismo que la guerra."
Entre las reglas más importantes de este arte, Marx destaca
las siguientes:
1. No jugar nunca a la insurrección y, una vez empezada,
saber firmemente que hay que llevarla hasta el fin.
2. Hay que concentrar en el lugar y en el momento decisivos fuerzas
muy superiores, porque, de lo contrario, el enemigo, mejor
preparado y organizado, aniquilará a los insurrectos.
3. Una vez comenzada la insurrección, hay que obrar con
la mayor energía y pasar obligatoria e incondicionalmente
a la ofensiva. "La defensiva es la muerte de todo
alzamiento armado".
4. Hay que esforzarse por sorprender al enemigo, por aprovechar
el momento en que sus tropas estén aún dispersas.
5. Hay que conquistar éxitos cada día (incluso
podría decirse que cada hora, si se trata de una sola ciudad)
aunque sean pequeños, manteniendo a toda costa la "superioridad
moral".
Marx resume las enseñanzas de todas las revoluciones, en
lo que a la insurrección armada se refiere, con unas palabras
de "Danton, el maestro más grande de la táctica
revolucionaria que se ha conocido: de l'audace, de l'audace,
encore de l'audace".
Aplicado a Rusia y al mes de octubre de 1917, esto quiere decir:
ofensiva simultánea, y lo más súbita y rápida
posible, sobre Petrogrado; ofensiva que deberá partir indefectiblemente
de fuera y de dentro, de los barrios obreros, de Finlandia, de
Reval, de Cronstadt; ofensiva de toda la escuadra y concentración
de una superioridad gigantesca de fuerzas sobre nuestra
"guardia burguesa" (los cadetes), formada por unos 15.000
ó 20.000 hombres (acaso más) contra las tropas de
nuestra "Vendée" (una parte de los cosacos),
etc.
Combinar nuestras tres fuerzas principales -la flota, los
obreros y las unidades militares- de tal modo que, por encima
de todo, podamos ocupar y mantener, cualquiera que sea el número
de bajas que nos cueste: a) la Central de Teléfonos;
b) la Central de Telégrafos; c) las estaciones ferroviarias,
y d) los puentes en primer término.
Seleccionar a los elementos más decididos (nuestras
"tropas de choque" y la juventud obrera, así
como a los mejores marinos) y formar con ellos pequeños
destacamentos destinados a ocupar los puntos más importantes
y a participar en todas partes, en todas las operaciones
de importancia, como, por ejemplo:
Cercar y aislar a Petrogrado, apoderarse de la ciudad mediante
un ataque combinado de la escuadra, los obreros y las tropas;
he aquí una misión que requiere arte y triple
audacia.
Formar con los mejores obreros destacamentos armados de fusiles
y bombas de mano para atacar y cercar los "centros"
del enemigo (escuelas militares, centrales de Telégrafos
y Teléfonos, etc). La consigna de estos destacamentos debe
ser: antes perecer todos que dejar pasar al enemigo.
Confiemos en que, si se acuerda la insurrección, los dirigentes
aplicarán con éxito los grandes preceptos de Danton
y Marx.
El triunfo de la revolución rusa y de la revolución
mundial depende de dos o tres días de lucha.
Centenario de la Revolución de Octubre de 1917
Prólogo a “Historia de la Revolución rusa”, de León Trotsky
02/11/2017 |
Jaime Pastor
Al igual que Tucídides, Dante, Maquiavelo,
Heine, Marx, Herzen y otros pensadores y poetas, Trotsky alcanzó su
plena eminencia como escritor en el exilio durante los pocos años de
Prinkipo. La posteridad lo recordará como el historiador, así como el
dirigente, de la Revolución de Octubre (Isaac Deutscher, 1969: 206). Así pues, sea cual sea el desfase que se observa entre las
realidades que genera la revolución de Octubre, por un lado, y, por el
otro, el ideal del proyecto socialista tal como lo imaginaban los
bolcheviques, la obra de Trotsky constituye sin duda la única que, en la
Historia, nos lleva a una rotunda inteligibilidad de los
acontecimientos que transformaron el curso de la revolución (Marc Ferro, 2007, XII). Así valoraban el escritor polaco y el historiador italiano la
excepcional relevancia de la contribución que hiciera Trotsky con esta
obra que aquí presentamos. En efecto, nos encontramos ante un extraordinario trabajo
historiográfico que ha tenido un creciente reconocimiento no sólo por
parte de muchos de sus contemporáneos, incluidos rivales políticos como
Miliukov y Sujanov 1/,
sino también por un elenco muy plural de historiadores. A lo largo de
sus páginas hay un relato, vivido en primera persona, de un proceso
revolucionario triunfante, pero también un ejemplo de “historia desde
abajo y desde dentro”, apoyada en el empleo en “estado práctico” (como
hiciera Marx en sus escritos sobre Francia) de conceptos que pasarían
luego a ser de uso corriente. Una obra que ha sido referencia para
posteriores estudios sobre las revoluciones, como es el caso de los
realizados por Charles Tilly, o considerada superior a otros desde el
punto de vista metodológico, como los emprendidos por Theda Skocpol
(Burawoy, 1977). Lecciones del “ensayo” de 1905 Con todo, no se puede entender esta aportación de tan alta calidad
sin el ensayo que ya escribió el autor a propósito de la revolución rusa
de 1905 en su obra Balance y perspectivas, publicada un año
después. En ella introducía un esbozo de lo que definirá como ley del
desarrollo desigual y combinado, con el fin de poder comprender la
especificidad del tipo de capitalismo que se estaba conformando bajo el
Imperio ruso en el marco de la nueva fase imperialista. Una tesis que
suponía en cierto modo un esfuerzo por enlazar con las últimas
reflexiones que hiciera Marx, gracias a la influencia de sus lecturas
del populismo ruso, superando así lo que éste mismo escribiera en su
prólogo a la primera edición del Libro I de El Capital, según el
cual “el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al
menos desarrollado la imagen de su propio futuro”. Así, en su análisis del contexto histórico en que se inserta la
revolución de 1905, sostenía que “el capitalismo, al imponer a todos los
países su modo de economía y de comercio, ha convertido al mundo entero
en un único organismo económico y político” (Trotsky,1971: 211). Será
luego, en el capítulo I de esta obra que nos ocupa, cuando desarrolla
esa argumentación sobre el carácter desigual pero también combinado del
capitalismo “aludiendo a la aproximación de las distintas etapas del
camino y a la confusión de las distintas fases, a la amalgama de formas
arcaicas y modernas”, ya que “el privilegio de los países históricamente
rezagados –que lo es realmente- está en poder asimilarse las cosas o,
mejor dicho, en obligarse a asimilarlas antes del plazo previsto,
saltando por alto toda una serie de etapas intermedias”. Es esa nueva configuración del capitalismo en su etapa imperialista
la que le lleva a analizar Rusia dentro de la economía mundial entre
Europa y Asia y, por ello mismo, a sostener que la revolución que habrá
que promover en ese país no puede limitarse a derrocar al zarismo y a
apoyar a una burguesía “progresista” para realizar algunas tareas
democráticas sin duda fundamentales, como lo serán la conquista de la
paz, la reforma agraria y la libre determinación de los pueblos. Dada la
debilidad de esa burguesía, esos objetivos solo podrán alcanzarse si
son asumidos por el nuevo proletariado industrial en ascenso –siempre
que se ganara el apoyo del campesinado- y, por tanto, exigen también
emprender medidas que conduzcan a cuestionar la propiedad privada de los
principales sectores de la economía. Para Trotsky la misma dinámica competitiva en que se inserta el
Estado zarista respecto al sistema de Estados que se está configurando
en Europa obliga a aquél a “acelerar artificialmente con un esfuerzo
supremo el desarrollo económico natural (…). El capitalismo aparece como
un hijo del Estado” (1971: 152). Es esa contradicción entre “las
exigencias del progreso económico y cultural y la política
gubernamental” la que explicaría que “la única salida a esta
contradicción que en la mencionada situación se ofrecía a la sociedad
consistía en acumular el suficiente vapor revolucionario en la marmita
del absolutismo para poder hacerla volar” (1971: 152-153). Con todo, ya en esa obra alertaba también frente a toda
interpretación mecanicista del marxismo: “Pero el día y la hora en que
el poder ha de pasar a manos de la clase obrera no dependen directamente
de la situación de las fuerzas productivas sino de las condiciones de
la lucha de clases, de la situación internacional y, finalmente, de una
serie de elementos subjetivos: tradición, iniciativa, disposición para
el combate…” (1971: 171). Justamente a partir de esa experiencia de 1905 -en la que el joven Trotsky ha presidido el Soviet de Petrogrado 2/
- observa la emergencia de una nueva forma de organización y
representación de los trabajadores y campesinos, los soviets o consejos,
que le permite pensar en que puede llegar a extenderse en una futura
situación revolucionaria hasta el punto de convertirse en un órgano de
poder alternativo al Estado zarista. Así ocurriría en 1917. El estallido de la Gran Guerra en 1914 y la implicación del Estado
zarista en ella mostrarían bien a las claras los efectos de esas
particularidades rusas: las de esa “combinación de la tecnología más
avanzada del mundo industrial con la monarquía más arcaica de Europa.
Finalmente, por supuesto, el imperialismo, que había armado al
absolutismo ruso en un primer momento, lo acabó ahogando y destruyendo:
la prueba de la primera guerra mundial fue demasiado para él (…). En
febrero de 1917, las masas tardaron una semana en derrumbarlo”
(Anderson, 1979: 367-368). Comenzaba así una revolución en un país que, como recuerda Alexander
Rabinowitch (2016: 23), era ya entonces el tercero del mundo por su
dimensión, con una población de 165 millones de habitantes que ocupaban
una superficie tres veces más extensa que la de Estados Unidos de
América o que la de China e India juntas. Los efectos políticos,
económicos y sociales de su participación en la Gran Guerra no se harían
esperar. De febrero a octubre: un proceso convulso de doble poder El marco teórico y estratégico en el que analiza todo el proceso
vivido desde febrero a octubre de 1917 parte, por tanto, de su tesis
sobre el desarrollo desigual y combinado –y la que será su corolario, la
revolución permanente-, así como de la apuesta por un proyecto de poder
alternativo basado en los soviets o consejos de trabajadores,
campesinos y soldados, ya esbozada, como hemos visto, en 1905. Apoyándose en las enseñanzas de 1905 y 1917, desarrolla un concepto
de “revolución” que ha sido posteriormente recogido por diferentes
historiadores. Así, en el Prólogo de esta obra nos encontramos con
varias consideraciones previas sobre la misma: “El rasgo característico
más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las
masas en los acontecimientos históricos (…). La historia de las
revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la
irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos”.
A continuación, sin embargo, precisa: “Las masas no van a la revolución
con un plan preconcebido de la sociedad nueva, sino con un sentimiento
claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja”. Es
entonces cuando se puede plantear abiertamente la lucha directa por el
poder, tarea en la que se resume definitivamente toda revolución. De esas consideraciones más generales pasa a la que plasma
concretamente en el capítulo XI: “El régimen de la dualidad de poderes
sólo surge allí donde chocan de modo irreconocible las dos clases: sólo
puede darse, por tanto, en épocas revolucionarias y constituye, además,
uno de sus rasgos fundamentales”. Una dualidad de poderes que Trotsky
recuerda que se ha dado en procesos revolucionarios vividos en el
pasado, como en las revoluciones inglesa y francesa y que aplica al
periodo abierto en febrero de 1917. Así pues, toda situación revolucionaria implica la existencia de una
dualidad de poderes, la cual “atestigua que la ruptura del equilibrio
social ha roto ya la superestructura del Estado”. Esa es la que se da a
partir de febrero cuando “la cuestión estaba planteada así: o la
burguesía se apoderaba realmente del viejo aparato del Estado,
poniéndolo al servicio de sus fines, en cuyo caso los soviets tendrían
que retirarse por el foro, o estos se convierten en la base del nuevo
Estado, liquidando no sólo el viejo aparato político, sino el régimen de
predominio de las clases a cuyo servicio se hallaba éste”. Esta cuestión, la de la resolución en un sentido u otro del doble
poder que se va desarrollando en todo el país, es la que preside los
conflictos que se van manifestando hasta octubre. A través de los mismos
vemos sucederse pasos adelante y pasos atrás de unos y otros
contendientes en liza, con distintos momentos y puntos de bifurcación en
los que la relación de fuerzas se puede inclinar a favor de uno u otro
contendiente. Es justamente en esas coyunturas críticas cuando se pone a
prueba el papel del factor subjetivo, de los distintos actores y, en
este caso, del partido bolchevique y sus dirigentes, como bien explica
el autor de esta obra. Comentaremos brevemente estos momentos. No por casualidad, Trotsky destaca en el capítulo XVI como un punto
de inflexión clave el cambio de orientación que se da en el bolchevismo a
partir de la presentación por Lenin de las conocidas como “Tesis de
abril” en una Conferencia de delegados del partido. En ellas, recién
llegado del exilio, insiste en que se ha producido un cambio de fase:
“La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso
de la primera etapa de la revolución, que ha dado el Poder a la
burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y
de organización, a su segunda etapa, que debe poner el Poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesinado”. Partiendo de ese salto en el proceso, rechaza cualquier tipo de apoyo
al gobierno provisional, calificado como un “gobierno de capitalistas”.
Sin embargo, reconociendo que el bolchevismo está todavía en minoría
dentro de los nuevos órganos de contrapoder emergente, defiende la
necesidad de una explicación paciente de los errores de ese gobierno
“propugnando al mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del
Estado pase a los soviets de diputados obreros”. Esas Tesis, como se sabe, cogieron desprevenidos a la mayoría de los
delegados en esa Conferencia, pero finalmente fueron aprobadas, no sin
notables resistencias. Fueron, en cambio, vistas por Trotsky, que
llegaría a Petrogrado desde Nueva York el 5 de mayo, como la
comprobación de que ya no existían divergencias sustanciales entre sus
ya conocidas posiciones sobre el rumbo que debía seguir la revolución y
las defendidas a partir de entonces por Lenin. Por eso en agosto él y el
Grupo Interdistritos del que formaba parte pasarán a integrarse en su
partido. El mes de junio marcaría una nueva radicalización en el seno de los
soviets frente al gobierno de coalición, el cual, pese a sus promesas,
mantiene su participación en la Gran Guerra. Es entonces cuando el
Primer Congreso de Diputados Obreros y Soldados empieza a asumir la
consigna “Todo el poder a los Soviets”. En cambio, luego, tras la
derrota en las conocidas como “jornadas de julio”, llega el reflujo e
incluso la represión contra los bolcheviques, promovida por el nuevo
gobierno presidido por Kerenski. Más tarde, en agosto, la sublevación de
Kornilov, como constata el autor, es derrotada por un frente unido
contra el intento de golpe de estado reaccionario para pasar luego a dar
un nuevo impulso hacia la izquierda en los soviets. Una radicalización
que en su relato hace recordar a Trotsky el comentario de uno de los
compañeros de lucha citando unas palabras de Marx: “Hay momentos en que
la revolución necesita ser estimulada por la contrarrevolución”. Efectivamente, es justamente después del fracaso de Kornilov cuando
se produce un salto adelante enorme en la reactivación de una diversidad
de organizaciones de base armadas (que serían a partir de entonces
denominadas “guardias rojas”), así como la extensión de los soviets con
alrededor de 23 millones de miembros, según cuenta Trotsky, con una
creciente hegemonía de los bolcheviques en su seno. Aun así, el problema
de qué organismos podían convertirse en órganos de la insurrección
estaba abierto, ya que además de los soviets los comités de fábrica 3/e incluso los sindicatos también estaban jugando un papel destacado bajo la dirección de los bolcheviques. Por eso, a partir de septiembre vemos cómo se desarrolla un intenso
debate entre los dirigentes bolcheviques respecto a cuál ha de ser el
momento de la insurrección armada y a la necesidad de contar con la
legitimidad de los soviets para esa tarea. Una polémica en la que Lenin
representó la posición más impaciente mientras que Zinoviev y Kamenev lo
fueron de la más contraria. La dinámica de los acontecimientos, en la
que jugaría un papel importante la creación de un “comité de defensa
revolucionario”, luego convertido en “comité militar revolucionario” 4/,
favoreció la presión de Lenin, si bien no habría sido tan fácil si no
hubiera contado con decisiones provocadoras del gobierno de Kerenski,
como la de querer mandar la guarnición de Petrogrado al frente de la
guerra en la segunda semana de octubre 5/. Desde entonces, la legitimación que buscaban Trotsky y otros dirigentes para el derrocamiento “técnico” 6/del
gobierno provisional mediante la toma del Palacio de Invierno se
lograría finalmente con el apoyo del Soviet de Petrogrado a la misma
poco tiempo después de consumarse. Al día siguiente, el Congreso de los Soviets asumía la nueva
situación y aprobaba una declaración que proponía como tarea del nuevo
gobierno “el inicio inmediato de las negociaciones para una paz justa y
democrática” y, con ella, la abolición de la diplomacia secreta 7/.
Una decisión inédita en la historia que fue acompañada, como recuerda
Trotsky, nombrado Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, por la
declaración de que el nuevo gobierno obrero y campesino dirige sus
propuestas simultáneamente “a los gobiernos y a los pueblos de todos los
países beligerantes (…), en particular a los obreros conscientes de las
tres naciones más avanzadas”, o sea, Inglaterra, Francia y Alemania. Porque, como ya hemos recordado más arriba y como resume Rabinowitch,
“el desenlace de la revolución de 1917 en Petrogrado tiene también
mucho que ver con la guerra mundial. Si el gobierno provisional no
hubiera consagrado toda su energía a la obtención de una victoria
militar, habría estado seguramente en mejores condiciones para hacer
frente a los múltiples problemas consustanciales al hundimiento del
antiguo régimen, y sobre todo para satisfacer las exigencias populares
en materia de reformas fundamentales y urgentes (…). En ese contexto una
de las fuentes principales del vigor y la autoridad crecientes de los
bolcheviques en 1917 residía en la fuerza de atracción de su plataforma
partidaria, tal como se había encarnado en los eslóganes “paz, tierra y
pan” y “Todo el poder a los soviets” (Rabinowitch, 2016: 445). Unos eslóganes que, junto con el establecimiento del control obrero
de la producción, la reforma agraria y el reconocimiento del derecho de
autodeterminación y a la separación de los pueblos, tal como lo había
defendido Lenin, permitirían dotar de mayor legitimidad al nuevo
gobierno. Precisamente, la cuestión nacional es objeto de un capítulo,
el XXXIX, de este libro. En él podemos encontrar un análisis de las
características que adoptaba la opresión nacional bajo el Imperio
zarista: Trotsky comparte con Lenin la tesis de que “el gran número de
naciones lesionadas en sus derechos y la gravedad de su situación
jurídica daban una fuerza explosiva enorme al problema nacional en la
Rusia zarista”. Un pronóstico que se confirmaría cuando pudieron
comprobar cómo “la lucha nacional por sí misma quebrantaba violentamente
al régimen de febrero, creando para la revolución en el centro una
periferia política suficientemente favorable”. ¿Revolución o golpe de estado? Mucho se ha escrito en torno a si la toma del Palacio de Invierno en
octubre de 1917 fue una revolución social o un golpe de estado. Existen
datos incontestables, sin embargo, procedentes incluso de adversarios
irreconciliables con los bolcheviques, de que fue lo primero y de que
éstos contaban con el apoyo de la mayoría de los soviets cuando
decidieron el asalto decisivo. Ernest Mandel recuerda, por ejemplo, lo que escribió Sujanov, miembro
de la corriente socialista revolucionaria: “Las masas vivían y
respiraban de común acuerdo con los bolcheviques. Estaban en manos del
partido de Lenin y Trotsky (…). Resulta totalmente absurdo hablar de una
conspiración militar en lugar de una insurrección nacional, cuando el
partido era seguido por la gran mayoría del pueblo y cuando, de facto,
ya había conquistado el poder real y la autoridad”. O también el
reconocimiento del historiador alemán Oskar Anweiler, crítico del
bolchevismo: “Los bolcheviques eran mayoritarios en los consejos de
diputados de casi todos los grandes centros industriales, así como en la
mayor parte de los consejos de diputados de soldados de los cuarteles”
(Mandel, E., 2005: 124-125). Uno de los historiadores más documentados sobre este acontecimiento,
Rabinowitch, no tiene dudas tampoco al respecto: frente a quienes
consideran que aquello fue un accidente histórico o el resultado de un
golpe de estado ejecutado con mano maestra y sin apoyo significativo de
la población, sostiene: “Estudiando las aspiraciones de los obreros de
fábrica, de los soldados y de los marineros tal como se reflejan en los
documentos de la época, constato que sintonizaban ampliamente con el
programa de reforma política, económica y social promovido por los
bolcheviques. Justo en el momento mismo en que todos los principales
partidos políticos estaban profundamente desacreditados debido a su
incapacidad para promover con suficiente vigor cambios significativos y
para hacer cesar inmediatamente la participación rusa en la guerra. Eso
es lo que explica que en octubre los objetivos de los bolcheviques, al
menos tal como las masas los entendían, gozaran de un amplio apoyo
popular” (Rabinowitch, 2016: 26). Otra cuestión que importa resaltar de todo el proceso que transcurrió
desde febrero a octubre de 1917 es la que tiene que ver con la propia
evolución del partido bolchevique. Lejos de la imagen de un partido
monolítico y disciplinado bajo la batuta de Lenin y un hipotético plan
preconcebido, lo que se puede comprobar a través de las páginas que
siguen, y también de las narraciones de una gran diversidad de
historiadores, es la dinámica de un partido en el que los debates, las
divergencias y las tensiones internas llegan incluso hasta la víspera
misma de la toma del poder, e incluso se prolongarían luego respecto al
tipo de gobierno que habría que formar y a las negociaciones que se
empezarían a abrir para poner fin a la participación rusa en la guerra. Baste recordar las tensiones que se vivieron en la Conferencia de
abril en torno a las Tesis presentadas por Lenin, las diferencias
respecto al papel de la consigna “Todo el poder a los soviets” en
sucesivos momentos del proceso o, sobre todo, las relacionadas con el
cuándo, el cómo y con qué legitimidad se debía producir la insurrección
de Octubre. Fue esto último, ante su temor de que pasara el momento en
que fuera posible, lo que llevó incluso a Lenin a presentar su dimisión
del Comité Central, decisión que obviamente no fue aceptada. Esto demuestra también que el partido bolchevique no era una secta de
fanáticos ni tampoco estaba dotado de una “ciencia” que le permitía
prever la dinámica de los acontecimientos. Confirma, en realidad, que
era un partido cada vez más relacionado con el movimiento real y, por
tanto, se hallaba bajo la influencia de los diferentes estados de ánimo
que se producían entre los trabajadores, campesinos y soldados rusos.
Las divergencias tácticas más o menos profundas que se manifestaban en
su interior tenían que ver, por tanto, con esos cambios en la conciencia
y su interpretación a través de las experiencias vividas, especialmente
cuando surgían esos puntos de bifurcación que hemos mencionado en
abril, julio, agosto u octubre. Llegaría luego la etapa más difícil, la de la construcción de un
nuevo Estado y, con ella, surgirían los sucesivos problemas que debería
afrontar el nuevo gobierno de “comisarios del pueblo”: empezando por la
integración o no en él de otras fuerzas de izquierda –y, a su vez,
entrando en una tendencia sustitucionista de los soviets por “el
partido” 8/-
y siguiendo con la convocatoria y posterior disolución de la Asamblea
Constituyente (decisión, como se sabe, muy controvertida y criticada
también por alguien que se declaró firmemente solidaria de los
bolcheviques como Rosa Luxemburg), la negociación de los que acabarían
siendo Acuerdos de Brest-Litovsk (con posiciones diferentes en la cúpula
bolchevique) y el inicio de una guerra civil -con intervención
imperialista- que dejaría enormemente debilitada a la clase trabajadora
rusa y llevaría a errores graves de los bolcheviques como la
continuación de la política de requisición de trigo que provocó la
crisis social de 1921, sin olvidar la que se produjo en Kronstadt
(Mandel, E., 2005: 170 y 216). Ya Trotsky, con su teoría de la revolución permanente, y Lenin, con
su tesis sobre “el eslabón más débil de la cadena imperialista”, habían
alertado frente al contraste que se podía producir entre, por un lado,
las mayores posibilidades de la revolución en Rusia y, por otro, las
enormes dificultades que un país atrasado tendría para dar pasos
adelante en la construcción del socialismo si esa revolución no se
extendía a otros países capitalistas avanzados. De ahí su esfuerzo por
construir una nueva Internacional y su apoyo a los procesos
revolucionarios que en los años posteriores agitarían distintos países
europeos y, en particular, a Alemania. En más de una ocasión Trotsky reconocería que el futuro del nuevo
Estado se planteaba en términos de una disyuntiva histórica: así lo hace
en la Conclusión de esta obra cuando sostiene que “o la revolución rusa
desata el torbellino de la lucha en occidente o los capitalistas
aplastan nuestra revolución”. Tampoco descartó, ya en 1919, que las
nuevas revoluciones vinieran del Este, como luego se reflejaría en sus
esperanzas en el proceso vivido en China hasta la derrota sufrida por
las fuerzas del Partido Comunista en 1927. Empero, la derrota de la revolución alemana, ya definitiva a partir
de 1923, venía a confirmar las notables diferencias entre Rusia y
Occidente que ya empezaron a reconocer tanto Lenin como Trotsky a partir
del II Congreso de la Internacional Comunista y que luego destacaría
Antonio Gramsci con mayor rigor < 9/.
La entrada en un nuevo periodo de reflujo acabaría, así, favoreciendo a
quienes dentro de Rusia se estaban convirtiendo en representantes del
nuevo grupo social dominante en el seno del Estado, cuyo ascenso no era
ajeno a medidas adoptadas por el propio Lenin, con el apoyo de Trotsky,
como la prohibición de los partidos soviéticos o el grado de autonomía
de que gozaría la nueva policía secreta, la Cheka, como recuerda Mandel
(2005). Aun así, Trotsky tardaría en abandonar su, a veces excesivo,
“optimismo de la voluntad” respecto a la capacidad de la clase obrera
rusa para hacer frente a la burocratización del nuevo Estado, así como
sus expectativas en la clase trabajadora europea durante el periodo de
entreguerras para superar sus derrotas. Con todo, pese al contexto
internacional que pronto se mostraría adverso, fueron enormes las
conquistas que se lograron en los primeros años de la revolución, no
sólo en el plano político y social (con la primera “Declaración de
derechos del pueblo trabajador y explotado” de la historia), sino
también en los que eran frentes de lucha hasta entonces “olvidados”,
como los nuevos derechos alcanzados por las mujeres (Cirillo, 2002:
19-24; Bengoechea y Santos, 2016) o la emergencia de nuevas vanguardias
culturales y artísticas (García Pintado, 2011). Poco después, sin embargo, llegaría la involución de todo este proceso, no sin provocar conflictos internos in crescendo
dentro del partido bolchevique (autodenominado a partir de 1918
“comunista”). Confrontaciones cada vez más violentas que también se
reflejarían en el seno de la Internacional Comunista recién formada.
Finalmente, el triunfo y la consolidación del estalinismo en los años 30
vendrían a confirmar la consumación de una contrarrevolución política,
denunciada también con rigor y firmeza por Trotsky en La revolución traicionada, escrita en 1936. Cien años después de aquellos “diez días que conmovieron el mundo”,
en feliz resumen de aquellas jornadas de octubre por John Reed, y pese
al hundimiento de un sistema que no tenía nada de “soviético” en su
sentido original, el impacto de aquella Revolución sigue siendo
comparable al que tuvo la Revolución francesa, también “traicionada”.
Por eso no nos cansaremos de recordar lo que escribiera Immanuel Kant a
propósito de ese Acontecimiento: es “demasiado grande, está demasiado
ligado a los intereses de la humanidad y tiene una influencia demasiado
extendida sobre el mundo y todas sus partes, como para que no sea
recordada a los pueblos en cualquier ocasión propicia y evocada para la
repetición de nuevas tentativas de esta índole”. Por eso, ni nostalgia
ni reivindicación acrítica sino voluntad de, como nos propone Catherine
Samary (2016), “retomar el hilo de los debates más ricos del pasado”
para “repensar la revolución” y el proyecto socialista y/o “común-ista”,
siempre con preguntas y respuestas tentativas y abiertas en torno a lo
que continúa siendo esa vieja y cada vez más necesaria aspiración a
“transformar el mundo, cambiar la vida”. Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur * Historia de la Revolución rusa, de León Trotsky está editado por Txalaparta y Lom, 2017 1/ Deutscher recuerda: “Cuando su Historia fue
publicada, y durante muchos años después, la mayor parte de los jefes
de los partidos antibolcheviques –Miliukov, Kerenski, Tsereteli,
Chernov, Dan, Abramóvich y otros- vivían y estaban activos como
emigrados. Sin embargo, ninguno de ellos ha revelado una falla
significativa en la presentación de los hechos por Trotsky; y ninguno,
con parcial excepción de Miliukov, ha intentado seriamente escribir otra
obra para contradecir a la de aquél” (1969: 221). 2/ En
septiembre de 1917 volvería a presidir el soviet que se había
constituido en la misma ciudad de Petrogrado a partir de febrero. 3/ Sobre
la dinámica de la revolución en las empresas a partir de febrero, las
sucesivas experiencias de control obrero por los comités de fábrica y
los debates que generan hasta llegar a octubre, así como sobre la
transición a las expropiaciones como medidas necesariamente defensivas
frente al boicot empresarial: Mandel, D. (1993). 4/
Es importante recordar que, frente a lo defendido por la mayoría de
historiadores occidentales, según los cuales ese organismo estaba
estrechamente controlado por los bolcheviques, éstos no eran los únicos
activos en su seno y eran hegemónicos pero mantenían posiciones
diferentes entre sí (Rabinowitch, 2016: 355). 5/ A
partir de entonces se decidió poner en práctica un plan que incluía
alzar un farol rojo en el mástil de la fortaleza de Pedro y Pablo como
señal para que el crucero “Aurora” hiciera un disparo sin bala para
intimidar, pero no se consiguió encontrar uno…; finalmente, la toma del
Palacio se hizo sin apenas violencia. 6/ Así
lo define Ernest Mandel, quien recuerda la conclusión de otro gran
historiador de la Revolución rusa, E. H. Carr: “El éxito, casi sin
esfuerzo, del golpe de Petrogrado del 25 de octubre de 1917 parece
demostrar que detrás de él se encontraba la gran mayoría de la
población. Los bolcheviques tenían razón cuando se enorgullecían de que
la revolución propiamente dicha había costado muy pocas vidas humanas y
de que la mayor parte de ellas se había perdido en el curso de
tentativas de sus adversarios para arrancarles la victoria después de
que ésta había sido conquistada” (Mandel, E., 2005: 212). 7/ Esto
implicaba la publicación de todos los tratados y documentos que habían
suscrito los anteriores gobiernos, no sin tener que superar las
resistencias del conde Tatistxev, antiguo alto funcionario del
ministerio, a darles las llaves de las cajas fuertes en donde estaban
fielmente guardados. Entre ellos estaba el conocido como Acuerdo
Sykes-Picot, firmado en 1916 por los ministros británico y francés,
según el cual establecían un reparto de los territorios dependientes de
un Imperio otomano que acabaría siendo derrotado en la Gran Guerra. Se
verificaba así los fines expansionistas de la Gran Guerra, por el cual a
Rusia le habrían correspondido Galitzia, Constantinopla y los Balcanes. 8/ Uno
de los análisis más detallados de la evolución de esa relación
soviets-partido bolchevique sigue siendo, en mi opinión, el de Farber
(1990), si bien tienen interés las observaciones que hace Mandel
respecto a su debate con John Rees (Mandel, 2005: 195-198); también,
desde una mirada más crítica del bolchevismo, pero con un recorrido
previo por los precedentes del “consejismo”: (Anweiler 1975). 9/ Como
constata Perry Anderson, “la intuición más profunda de Gramsci era
correcta: después de la revolución de Octubre, el moderno Estado
capitalista de Europa occidental era todavía un objeto político nuevo para la teoría marxista y para la práctica revolucionaria” (Anderson, 1979: 368). Referencias: Anderson, P. (1979) El Estado absolutista. Madrid: Siglo XXI Anweiler, O. (1975) Los Soviets en Rusia 1905-1921. Madrid: Biblioteca Promoción del Pueblo Bengoechea, S. y Santos, M. J., “Las mujeres en la Revolución rusa”, Viento Sur, 150, 18-25 Burawoy, M. (1997) “Dos métodos en pos de la ciencia: Skocpol versus Trotski”, Zona Abierta, 80/81, 33-91 Cirillo, L. (2002) Mejor huérfanas. Barcelona: Anthropos Deutscher, I. (1969) El profeta desterrado. México: Era Farber, S. (1990) Before stalinism. The rise and fall of soviet democracy. Cambridge: Polity Press Ferro, M. (2007) “Prefacio”, en L. Trotsky, Historia de la revolución rusa, Madrid, Veintisiete letras, I-XII García Pintado, A. (2011) El cadáver del padre. Artes de vanguardia y revolución. Barcelona: Los libros de la frontera Mandel, D. (1993) “Comités d’usine et contrôle ouvrier à Petrograd en 1917”, Cahiers d’étude et de recherche, nº 21, IIR Mandel, E. (2005) “Octubre de 1917: ¿Golpe de estado o revolución social?”, en Escritos de Ernest Mandel, Madrid, Los libros de la catarata-Viento Sur, 123-222 Rabinowitch, A. (2016) Les bolcheviks prennent le pouvoir. París: La fabrique Samary, C. (2016) “Comunismo en movimiento”, Viento Sur, 150, 151-162 Trotski, L. (1971) 1905. Resultados y perspectivas, Tomo 2. París: Ruedo Ibérico
MICHEL MARTÍNEZ, DE LA LISTA 1958, Y ROMINA PICCO, DE LA LISTA 6 DE LOS CENTROS
Para la FEUU “no es admisible ningún retroceso”
Nov 14, 2017 |LA REPÙBLICA UY
Tras
las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), el Portal de la Udelar dialogó con Michel Martínez,
integrante de la lista 1958, y Romina Picco, de la Lista 6 de los
Centros, para conocer la agenda de 2018 teniendo en cuenta la
conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba entre otros
eventos. El 27 de octubre finalizaron las elecciones convocadas por la FEUU
para renovar su mesa ejecutiva y Consejo Federal. El lema «La FEUU en
lucha en todo el país» –conformado por la lista 1, del Frente de
Participación Estudiantil Susana Pintos; la 1958, de la Brigada 1958; la
20, de la Corriente Estudiantes del Pueblo, y la 21, de la Agrupación
21 de Junio– obtuvo cuatro representantes, mientras que la Lista 6 de
los Centros, con el lema «Por una Universidad para todos y todas»,
obtuvo tres. Picco tiene 20 años, y Martínez 22. Ambos nacieron en Montevideo y
estudian en la Facultad de Ciencias Sociales, aunque se conocieron antes
a través de la militancia política. Picco es estudiante de 2º año, del
Ciclo Inicial, y piensa empezar Sociología en 2018, mientras que
Martínez cursa materias de 3º y 4º año de la misma carrera. Los dos
integran la nueva mesa ejecutiva de la FEUU. ¿Qué evaluación hacen de estas últimas elecciones? Martínez. Lo que destacamos es que a nivel general la participación
de los estudiantes creció –capaz que no de la forma que esperábamos–,
pero más allá del clima que se puede haber vivido en las distintas
facultades, al estudiante se le pudo llegar con las propuestas de las
distintas tendencias gremiales de la Federación. Muchas veces cuando uno habla de la FEUU o de la Universidad se
olvida que estamos luchando para descentralizar la Universidad, para que
el interior tenga sus carreras y una oferta educativa realmente de
calidad, y lo mismo pasa con la herramienta gremial que utilizamos para
que se concreten más y mejores derechos. El interior votó por primera
vez en 2015, y este año se dio un boom quizás más centralizado en el
Litoral Norte donde en Salto votaron cerca de 400 estudiantes. Nos
parece que es una muestra clara de que hay que empezar a trabajar la
organización estudiantil en todos los lugares y coordinar con esos
compañeros, porque tienen ideas, trabajo con los estudiantes y proyectos
para desarrollar. Picco. Hay que aclarar que como Federación tenemos un debe con el
interior: más allá de que en las elecciones hubo una participación más
activa de los estudiantes, hay muchos lugares que quedaron sin
participar, porque sintieron que no estaban capacitados, o porque
decidieron no hacerlo por falta de conexión con la Federación. Una de
las cosas en las que estamos todos de acuerdo es que las patas
fundamentales de nuestro trabajo son la descentralización y el
cogobierno real en el interior. Martínez. Además, si bien se plantea un panorama positivo en un
montón de cosas, también nos planteamos un panorama de análisis muy
interesante para seguir construyendo Federación en el resto del país. De
hecho, se está en eso, pero nosotros tenemos que luchar realmente por
esa educación de calidad; asegurar un ingreso, permanencia y egreso de
calidad dentro del interior, porque sabemos que los estudiantes tienen
que venir a terminar muchas carreras a Montevideo, hay Ciclos Iniciales
donde las materias no se pueden revalidar con las de los primeros años
de acá, y hay cupos. ¿Cuáles son los objetivos que tienen para el próximo año? Picco. Para que funcione un equipo de trabajo y tener proyectos está
bueno conocerse, y como recién terminaron las elecciones la nueva mesa
ejecutiva aún se está conociendo. De hecho, todavía no hemos tenido la
reunión para distribuir las secretarías. De todas formas, esto de tratar
de integrar al interior es algo de la Federación y de hecho estuvo en
las campañas de todas las tendencias: por algo somos la Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay. Entonces tenemos ese debe de
tratar de conectarnos con los Centros de Estudiantes del interior. Martínez. Más allá de las luchas que históricamente tenemos y las más
recientes, muchas de las cosas serán proyectadas en la Convención de la
FEUU y en el Consejo Federal. Nosotros somos delegados de la mesa
ejecutiva, pero los organismos que definen toda esta política y la
proyección de la Federación son esos que nombré y dependemos del trabajo
responsable de cada uno de los delegados para poder plasmar todas las
ideas que estamos planteando. ¿Cuándo se realiza la Convención? Picco. Correspondería que fuera el año que viene porque además
tenemos la elección del rector de la Universidad. Como decía Michel esos
son los órganos que van a generarnos las líneas de trabajo y las
políticas más concretas. El año que viene se conmemora el centenario de la Reforma de Córdoba, ¿tienen algún plan? Picco. La Federación va a tener un montón de proyectos de cara a los
100 años de la Reforma de Córdoba, pero ya hay uno muy concreto que es
el Congreso Latinoamericano de Estudiantes (CLAE) que el año que viene
sesionará precisamente en Córdoba. Nos parece muy importante porque va a
mover a cientos de estudiantes de Latinoamérica. En el entendido de que la Reforma sigue siendo el horizonte para los
estudiantes latinoamericanos, no hay que perder de vista que sus
principios fundamentales -que la educación terciaria sea pública,
autónoma, cogobernada– no se cumplen en toda Latinoamérica, sino que son
una realidad de Uruguay y Argentina. Estas cuestiones son las que
tenemos que tratar con todos los estudiantes de Latinoamérica. Martínez. Es necesario rediscutir la Universidad y qué entendemos por
universidad latinoamericana, que es una idea que está postergada por
algunos sectores del movimiento estudiantil porque a veces apremian las
agendas nacionales de trabajo. Es necesario ponerlo en discusión
teniendo en cuenta que en muchos países los derechos del pueblo y de los
estudiantes están siendo vulnerados. Este aniversario nos pone a pensar
sobre cómo tenemos que construir en nuestra Universidad, porque
hablamos de gratuidad, pero tenemos que poner en tela de juicio cuál es
la gratuidad: si existe en todos los órdenes, sabiendo que, por ejemplo,
hay posgrados que son pagos. Entonces la Universidad está planteando
que hay profesionales de clase A y clase B, quiénes pueden pagar y
quiénes no. ¿Cuánta gente participará en el CLAE? Martínez. La idea que se maneja es realizarlo a mitad de año en
Córdoba. Seguramente se defina con el paso del tiempo, porque no es
sencillo organizar un congreso de estudiantes de esa magnitud. Nosotros
como Federación tenemos la experiencia de dos CLAE: uno en 2011 y otro a
mediados de la década de 1990. El de 2011 fue en Uruguay, trajo 5.000
estudiantes y hubo una marcha multitudinaria. Para nosotros honrar la
Reforma de Córdoba es justamente reivindicar la Ley Orgánica del 58 en
sus principios fundacionales, y organizarnos para mejorar lo que ya
hemos construido. No es admisible ningún retroceso, solamente todo aquello que nos
permita mayores derechos. Es necesario que en sus lugares de definición
la Universidad tenga espacio no solo para los docentes, sino también
para los trabajadores no docentes. Es necesario que el proyecto de
Universidad se defina y se discuta en igualdad de condiciones, que
exista la paridad de órdenes, porque muchas veces se parcializa cómo se
plantea el proyecto de Universidad, sabiendo que los profesionales que
produce la Universidad tienen que estar pensados, al igual que la
investigación y la extensión, hacia el desarrollo productivo del país. Picco. Justamente por eso le damos tanta importancia a los espacios
que mencionamos, porque son los espacios donde vamos a pensar si
realmente estas cuestiones de la Ley Orgánica nos están representando
como deberían, que son cuestiones que también nos van a preparar de cara
a la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) y a la
Conferencia Mundial de la UNESCO. Son esos los espacios para construir: a
nivel de Federación será la Convención y a nivel más regional el CLAE y
otras conferencias. Martínez. También tienen que ser herramientas que nos permitan
engordar las filas. Capaz que suena feo, pero es necesario. Nosotros
necesitamos aumentar la cantidad y calidad de los compañeros que se
estén organizando para concretar los derechos, porque estamos tan
metidos en la cotidianidad de nuestras vidas y problemáticas personales,
que muchas veces no podemos atender las problemáticas globales. En mayo próximo también se realizan las elecciones universitarias. Picco. Y también cambian los decanos de algunas facultades. Es un año
bastante cargado. Estaremos moviéndonos de cara a todo eso y apostando a
la participación de cada vez más estudiantes para poder encarar estas
situaciones que nos competen a todos. Martínez. Estas elecciones universitarias son la herramienta para
elegir los delegados que van a votar a tal o cual decano en las
facultades, a tal o cual candidato a rector. Entonces es necesario tener
las discusiones pertinentes en la interna del movimiento estudiantil,
en cada uno de los servicios, para que realmente el candidato que se
apoye sea el que más beneficie con su proyecto a la Universidad, porque
estamos discutiendo proyectos de Universidad. Sabiendo además que es la
principal formadora de cuadros técnicos que tenemos para el desarrollo
productivo del país. ¿Qué le dirían a los más de 100.000 estudiantes de la Universidad? Martínez. Que nosotros somos lo mismo que ellos, es decir, somos
estudiantes, tenemos los mismos problemas, estrés, obligaciones
académicas y sociales. La cuestión es generar los espacios donde nos
podamos encontrar todos y discutir, porque si nosotros somos críticos y
conocemos nuestros derechos, podemos realmente generar herramientas para
transformar la realidad. Esta Federación se plantea estar de puertas
abiertas, en la calle y con el pueblo, para que el estudiante sienta que
se puede organizar a través de ella. Picco. Sabemos que generalmente la situación electoral no es muy
agradable para los estudiantes, y que a veces es bastante complicado
estar peleándonos entre nosotros, pero lo hacemos porque de verdad
queremos representar a los estudiantes. Muchas veces las críticas son
sobre cuáles son las intenciones de las personas que están en la
Federación, y realmente nosotros lo que queremos es representarlos e
invitarlos a que participen. En esto quiero ser muy sincera: necesitamos
que cada vez más estudiantes participen para llegar más a cada lucha en
la que nos embanderamos. Podría nombrar un montón de luchas, por ejemplo, en estos días se
está realizando el Encuentro de Mujeres del Uruguay, que me parece
importante mencionar porque el tema de género y feminismo se mantiene en
la Federación. El año que viene entramos en la lucha presupuestal, y
otra vez volvemos a pelear por cuestiones que este año capaz no
logramos, pero no nos vamos a cansar de pelear por los estudiantes.
Somos los representantes, pero necesitamos que participen.
El derecho a cuestionar la ideología dominante
11 • nov. • 2017
Simetrías y asimetrías del libre comercio Los promotores más ortodoxos del libre comercio afirman que este sólo
trae beneficios. Otros plantean que los beneficios generados son
mayores que los costos que debe asumir el país. Hay muchas evaluaciones sobre este tema. Una de ellas, realizada por
Dingemans y Ross (2012), analizó los TLC de 11 países latinoamericanos
en el período 1990-2008 y constató un aumento de las exportaciones, pero
no la diversificación de productos. Se sigue exportando commodities
e importando productos de media y alta tecnología: “La ausencia casi
total de nuevos productos y nuevos mercados refleja el fracaso
generalizado de la actual estrategia de posicionamiento económico
internacional de América Latina”, concluyen. En Chile, que firmó 25
acuerdos de libre comercio, el cobre sigue representando el 60% de sus
exportaciones. Weisbrot (2017), por su parte, analizó resultados económicos y
sociales pasados 20 años de la firma del NAFTA. México, en el período
1994-2016, fue de los países que menos creció de América Latina (1% PIB
per cápita contra un promedio de 1,4%); los salarios reales se
mantuvieron prácticamente incambiados (un aumento de sólo 4,1% en 20
años); la pobreza se sitúa en 55% superando la tasa de 1994 (20 millones
más de pobres), y los emigrantes mexicanos a Estados Unidos pasaron de
4,5 millones en 1990 a 12,6 millones en 2009. Sobre los nuevos TLC Con los años, los TLC se han transformado. Los “de última generación”
incluyen “nuevas” materias de negociación y metodologías para
negociarlas, como el Comercio Electrónico, la negociación a través de
Listas Negativas (versus Listas Positivas), Cláusulas Statu Quo y
Trinquete, Coherencia Regulatoria, Transparencia, entre otras
innovaciones; todas ellas limitantes de la soberanía nacional a la hora
de desarrollar políticas públicas. El TLC con Chile sería un acuerdo de este tipo, de última generación
y, como tal, incorpora de forma textual un modelo preestablecido.
Además, incluye partes idénticas de capítulos incorporados en el TISA y
en el Acuerdo Transpacífico (TPP), rechazados por el Frente Amplio
cuando se discutía la permanencia de Uruguay en el TISA. Estrategias y objetivos sostenidos en estudios de impacto Uruguay no ha realizado estudios de impacto vinculados al TLC con
Chile y tampoco se han planteado preguntas básicas para negociar un
acuerdo. Por ejemplo, ¿qué sucedería en las actividades de servicios que
el TLC liberalizaría?, ¿han ingresado empresas chilenas al mercado
nacional?, ¿en qué sectores de servicios es fuerte Uruguay? Por otro lado, hay que reconocer nuestra debilidad como país en la
negociación. Uruguay no ha formado un equipo interministerial y
multidisciplinar permanente que haya desarrollado una estrategia país,
no sólo de inserción internacional, sino de cómo se vincula esa
estrategia con el cambio de la matriz productiva, en el sentido de
diversificar nuestras exportaciones con productos de alta tecnología. Y
no menos importante: cómo afectarán estas nuevas relaciones comerciales
al empleo, salarios, formación de recursos humanos y distribución del
ingreso. El TLC con Chile y nuestra integración al mundo El TLC en discusión es, en esencia, un acuerdo de servicios. Las
cláusulas y compromisos que se establecen igualan el trato de
proveedores de servicios chilenos al recibido por proveedores
nacionales, y restringe las posibilidades de políticas y regulaciones.
¿Cómo? mediante las Cláusulas de Trato Nacional, Nación Más Favorecida, a
través de asumir compromisos en formato de Listas Negativas, entre
otros elementos. El capítulo 10 del tratado –Comercio Electrónico– también limitaría
la soberanía de este importante sector. Los países desarrollados
realizan políticas activas; entonces, ¿por qué restringir la autonomía
para desarrollar políticas en un sector en crecimiento, cuando las
reglas de juego todavía se discuten en los países desarrollados?; ¿por
qué dos países importadores netos de contenidos transmitidos
electrónicamente limitan su soberanía en un sector dominado por las
grandes empresas norteamericanas? Como señala la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de
Economía y Finanzas (APC, 2013), “en los hechos, dados los compromisos
vigentes en los diferentes ámbitos de negociación, Uruguay ya ha perdido
autonomía, por ejemplo, para la aplicación de determinadas políticas de
desarrollo de promoción de la actividad nacional”, “[... de firmar
nuevos tratados] el país gana credibilidad a nivel internacional, a la
vez que se facilita la transparencia [...y se] mejora la competitividad y
eficiencia de los sectores de servicios”. En buen criollo, ya que
firmamos tratados en los que perdimos autonomía, sigamos firmando, que
no queda demasiada autonomía por perder. Un tratado comercial de servicios con Chile, o cualquier otro país de
América Latina, debería ser un tratado de complementación comercial,
articulación de sectores productivos y cooperación. Por otro lado, el
acuerdo de servicios debería hacerse por listas positivas, negociando
los sectores que ambos países están dispuestos a liberalizar. Sin
embargo, la estructura del tratado propuesto limita inútilmente la
soberanía para promover sectores incipientes de alta tecnología, justo
aquellos necesarios para modificar nuestra estructura productiva. No se deberían firmar tratados cuyo formato privilegia el statu quo
de la división internacional del trabajo. Este tipo de acuerdos busca
liberalizar al máximo la competencia entre empresas y limitar la
autonomía de los gobiernos en la implementación de políticas públicas. Y
los tribunales arbitrales imponen severas sanciones a los países que
incumplen los compromisos firmados. La soberanía es un bien a preservar y
profundizar. Y con una soberanía coartada o amedrentada por cláusulas
restrictivas y abusivas, sólo podremos administrar las desigualdades,
relegando a objetivos secundarios o utópicos, el alcance de un
desarrollo pleno con justicia social, ambiental y económica. Natalia Carrau y Gustavo Buquet
Víctor
Basterra: De alguna forma es gratificante esta situación que están
viviendo, valga la contradicción que provoca. Empieza a establecerse una
especie de oscurantismo con el tema de la lucha por los derechos
humanos. Me parece notable que se dé una situación de esta naturaleza.
En algún momento, hace 4 o 5 años, una joven hija de un represor que yo
había denunciado y está siendo juzgado en estos momentos, vino a
encontrarse conmigo. Ella se había cambiado el apellido. Tuvimos un
dialogo muy franco. Yo siempre dije que esta herencia es única. No se
transmite la maldad o el horror a quien no quiere asumirlos y ustedes
son el ejemplo más claro. Ese rechazo a una historia oscura, sangrienta y
dolorosa para nuestra patria. Ustedes detestan formar parte de esta
historia y me parece maravilloso que se exprese en un Colectivo que se
llame Historias Desobedientes. Yo saludo y aplaudo lo que ustedes están
haciendo.
Centenario de la Revolución de Octubre de 1917
Tras
las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), el Portal de la Udelar dialogó con Michel Martínez,
integrante de la lista 1958, y Romina Picco, de la Lista 6 de los
Centros, para conocer la agenda de 2018 teniendo en cuenta la
conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba entre otros
eventos.
