¿Quiénes intentan apoderarse del 'oro blanco' de Sudamérica?
Publicado: 10 nov 2017 00:29 GMT RT
Cuatro países sudamericanos poseerían hasta
el 85 % de las reservas mundiales del mineral más codiciado de este
siglo.
Salares de la puna de Jujuy y Salta, Argentina.
Wikipedia / Jaan-Cornelius K.
Ese mineral no metálico se encuentra principalmente en los salares naturales, pero también en "pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar", explica el Ministerio de Minería de Chile.
Un técnico trabaja en un sistema de baterías de iones de litio
/ Regis Duvignau
/ Reuters
Triangulo fértil
Una información publicada por el diario digital El Confidencial precisa que en América del Sur se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, alrededor del 58 % del total, aunque otras investigaciones sitúan ese porcentaje en el 85 %.Por sus aplicaciones, también se denomina como 'oro blanco'. Asimismo, su valor es otro aspecto relevante: mientras que en 1998 una tonelada de litio se cotizaba a 1.670 euros, en 2017 alcanzó los 8.600 euros.
Chile, Bolivia, Argentina y parte de Brasil concentran las mayores reservas de ese material, por lo que su manejo no está exento de repercusiones políticas.
Los yacimientos que conforman el triángulo del litio son:
- Salar de Uyuni (Bolivia).
- Salar de Atacama (Chile).
- Salares de la puna de Jujuy y Salta (Argentina).
- Salar del norte de Catamarca (Argentina).
- Medio Valle del Jequitinhonha (Minas Gerais, Brasil).
Interesados
Detrás de sus reservas se encuentran "gobiernos, países y empresas transnacionales", que necesitan el litio para "emplearlo en la fabricación de los más variados aparatos", declara a RT el periodista y sociólogo uruguayo Rubén Armendáriz.
Una sección del paquete de baterías de iones de litio que se eliminó de un vehículo eléctrico
/ Rebecca Cook
/ Reuters
Legislaciones
Armendáriz asegura que la explotación del litio en cada uno de los países con reservas "tiene que ver con las formas de cada uno de los gobiernos, con sus posiciones ideológicas".Por ejemplo, en Bolivia sucede "una cosa" —el Estado administra los salares de litio a través de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB)— y "otra muy diferente en Chile, Argentina o en el Brasil de Michel Temer".
Vista aérea de la planta de litio Rockwood, salar de Atacama, Chile
/ Ivan Alvarado
/ Reuters
Argentina apunta a un modelo similar: el pasado marzo se supo que las mineras Enirgi Group y Orocobre invertirán 720 y 160 millones de dólares, respectivamente, para explotar ese mineral.
Mientras, el Estado brasileño aplica el Proyecto de Evaluación Potencial de litio bajo la supervisión del Servicio Geológico de Brasil (CPRM), para el que fue anunciada una inversión de 40 millones de dólares por parte de Calvyn Gardner, representante de un fondo de inversión británico.
Trabajadores en la planta de litio Rockwood, salar de Atacama, Chile
/ Ivan Alvarado
/ Reuters
Cuestión de gobiernos
A pesar de que en Sudamérica existen "políticas muy claras" respecto a las reservas de litio, Rubén Armedáriz cree que las decisiones son "obviamente modificadas por los cambios de gobierno en cada país", en la mayoría de los cuales "se favorece la explotación" por parte de "empresas transnacionales".Este especialista subraya que desde "Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático" se trata de imponer en el imaginario colectivo que los países productores de litio serían los "responsables de que no se ponga coto a la contaminación ambiental derivada del consumo del combustible fósil".
Trabajador en el salar de Uyuni, Bolivia
/ Wikipedia / Ricampelo
Este investigador explica que todas las estimaciones reflejan que falta al menos una década para que los vehículos eléctricos alcancen "apenas el 5 % del mercado mundial", una iniciativa que requiere una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares para un suministro de litio hasta 2020.
"Es un gran negocio a largo plazo. Quizá después del 2025, pueda que se note algún ensayo de vehículos eléctricos en algunas de las grandes ciudades de América Latina", asevera Rubén Armendáriz.
Ernesto J. Navarro
La CIA planeó matar a Fidel Castro con un bolígrafo envenenado el mismo día que JFK fue asesinado
Publicado: 10 nov 2017 13:25 GMT RT
El elegido para esa operación era Rolando
Cubela, uno de los dirigentes de la Revolución Cubana que pertenecía al
círculo cercano de Fidel.
Ints Kalnins / Reuters
Según el archivo, titulado 'Informe sobre conspiraciones para asesinar a Fidel Castro', el 22 de noviembre de 1963, un oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense se reunió en París con un agente cubano encubierto, a quien le entregó la pluma que en su interior contenía una jeringa hipodérmica con la que se pretendía suministrar el veneno.
El agente encubierto era Rolando Cubela, un médico y militar que participó junto a Castro en la Revolución Cubana. En aquel encuentro, Cubela dijo estar dispuesto a regresar a su país decidido a iniciar un golpe de Estado. Por su parte, el oficial de la CIA le aseguró que Kennedy y EE.UU. le prestarían todo el apoyo necesario.
Reacción a la noticia de la muerte de Kennedy
Cuando terminaron la reunión, los dos fueron informados de que el presidente estadounidense acababa de ser asesinado. Cubela "se sintió visiblemente conmovido por la noticia y preguntó: '¿Cómo puede pasar algo así con las personas buenas?'", recoge el documento. Tres años más tarde, Cubela fue detenido en Cuba por la Policía y condenado a 30 años de prisión.Pero la pluma letal no fue la única forma con la que la CIA pretendía atentar contra Fidel. Los archivos desclasificados muestran que el asesinato del líder cubano era una obsesión recurrente de Kennedy. Entre otras tramas, destaca que los servicios de Inteligencia estadounidenses pretendían envenenar el aire del estudio de radio al que solía acudir Castro para dirigirse a la población.
Otro de los esfuerzos de la CIA estaban dirigidos a provocar un levantamiento popular que conllevara al derrocamiento del líder de la Revolución Cubana. Estos planes incluían hacer que Fidel Castro fumara un cigarro contaminado antes de un discurso, de tal forma que se desorientara y hablara cosas incoherentes, para así minar su credibilidad ante el público.
Venezuela en la mira de la “Operación América Unida”
Por Carlos E. Lippo:
Hasta el momento actual, el 2017 ha venido siendo un año
pródigo en ejercicios militares conjuntos realizados por las fuerzas armadas
del imperio en territorio americano. Un año muy similar a aquellos años de las
décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado, en los que estando
Nuestra América plagada de cruentas dictaduras militares, los encuentros de los
ejércitos de la región con sus pares gringos, se hacían costumbre para
planificar nuevos operativos en el marco del infausto “Plan Cóndor”. Tristemente,
es como para evocar con nostalgia aquellos años de la década de los sesenta en
los cuales las Maniobras Navales UNITAS y el envío de militares nativos a
“deformarse” en la “Escuela de Las Américas”, eran de ordinario las mayores
manifestaciones del tutelaje militar gringo sobre las fuerzas armadas de la
región.
En efecto, entre el mes de junio y el día en que he
comenzado a escribir estas líneas, elementos de Comando Sur de los Estados
Unidos así como de sus fuerzas de aire, mar y tierra, han realizado al menos
siete ejercicios militares conjuntos, fundamentalmente con las fuerzas armadas
de los países que le son afectos en la región, así como de las de algunos
países miembros de la OTAN, de aquellos que hacen muy poco esfuerzo por
disimular su avidez por ponerle la mano a nuestros ingentes recursos minerales
de carácter estratégico.
En un artículo nuestro titulado “Venezuela-EE.UU: ¿quién es
una amenaza para quién?” (1), describíamos con algún detalle la naturaleza y
alcance de la mayoría de esos ejercicios, que ahora, en aras a la brevedad,
simplemente pasaremos a mencionar: “Maniobras Navales Tradewinds 2017” (Vientos
Alisios 2017), celebradas en el mar territorial de Barbados, del 06 al 12 de
junio y en las aguas territoriales de Trinidad & Tobago, a 600 km. de la
costa venezolana, del 13 al 17 de junio (2); maniobras realizadas por las
armadas de USA y Chile, en la costa chilena a principios de julio (3);
maniobras aéreas Colombia-Estados Unidos, celebradas durante los días 15, 16 y
17 de julio en el espacio aéreo de la base estadounidense de Palanquero
(Colombia), a 300 km. de la línea fronteriza con nuestro estado Táchira (4);
“Maniobras Navales UNITAS LVIII-Fases del Pacífico y Anfibia”, celebradas en
las costas del Perú, entre el 13 y el 26 de julio (5); ejercicio internacional
“Mobility Guardian”, celebrado en Seattle, estados Unidos, entre el 29 de julio
y el 12 de agosto (6); “Ejercicio Internacional PANAMX 2017”, celebrado entre
el 10 y el 20 de agosto, por componentes de los ejércitos de aire, mar y
tierra, bajo la coordinación del Comando Sur (7); y las maniobras aéreas “Blue
Sky V”, celebradas a finales de octubre en cielos chilenos por componentes de
las fuerzas aéreas de USA y Chile (8).
Una primera pista en relación a que la mayoría de estos
ejercicios conjuntos, si no todos, están inspirados en la necesidad de aumentar
el apresto operacional de una fuerza militar multilateral que bajo los
auspicios de la OEA y/o la ONU intentaría invadir a Venezuela, nos la aporta un
señalamiento contenido en el “Informe de Posición “presentado por el almirante
Kurt Tidd, comandante general del Comando Sur, ante el Comité de Servicios
Armados del Senado norteamericano, en su comparecencia del 6 de abril del
presente año, a una semana de iniciadas las acciones terroristas de la
contrarrevolución venezolana que duraron cuatro meses, según el cual: “… la
situación en Venezuela está empeorando y podría generar una crisis humanitaria
(que ellos llevan ya años intentando crear) que demandaría una injerencia
regional” (9); señalamiento que viene a corroborar que ya existe un plan de
intervención militar de Venezuela por parte del imperio, tantas veces negado
por sus máximas autoridades.
Pero una segunda pista, que más que pista es ya un firme
elemento de convicción, lo constituye la celebración de la “VII Conferencia
Sudamericana de Defensa”, en Lima, Perú, durante los días 23 y 24 de agosto del
presente año, reunión en la cual bajo la dirección del mismo Kurt Tidd, jefes
militares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú
y Uruguay, determinaron nuevas estrategias para "enfrentar amenazas
militares “y "atender" la crisis en Venezuela (10); siendo oportuno y
conveniente recordar que este verdadero aquelarre militar se realizó a muy
pocos días de aquel infausto 11 de agosto, en el cual el mismísimo presidente
Trump amenazase impúdicamente con intervenir militarmente en nuestro país.
Como lo que abunda no sobra analizaremos con un poco más de
detalle aquellos ejercicios que consideramos que fueron concebidos como una
descarada acción injerencista sobre Venezuela, al mismo tiempo que para lograr
adelantar los elementos estratégicos de una eventual invasión y hasta para
servirle de plataforma operativa, si ello fuese factible; a continuación el
análisis:
Maniobras Navales “Tradewinds 2017” (Vientos Alisios 2017),
celebradas en el mar territorial de Barbados, del 06 al 12 de junio y en las
aguas territoriales de Trinidad & Tobago, a 600 km. de la costa venezolana,
del 13 al 17 de junio, con participación de efectivos militares de países de la
región del Caribe (Méjico, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal
y Nieves, Surinam, San Vicente y las Granadinas y Trinidad & Tobago), junto
a las de los siguientes países miembros de la OTAN: EEUU, Canadá, Francia
y el Reino Unido. Por celebrarse en los
días previos a la 47° Asamblea General de OEA (Méjico), en la que se pretendía
por enésima vez aprobar una condena a Venezuela que abriese el camino a una
intervención multilateral, estaba destinada a presionar a algunos países
miembros del Alba-TCP y del Convenio Petrocaribe, para que cambiasen su voto
favorable a Venezuela; como también eran coincidentes en el tiempo con una
etapa muy cruenta de las actividades terroristas de la contrarrevolución y su
segunda fase se realizaba muy cerca de nuestras costas, podrían haber servido
de base operativa para la invasión en caso de que la contrarrevolución local
hubiese logrado generar las condiciones necesarias para ello.
Maniobras aéreas Colombia-Estados Unidos, celebradas durante
los días 15, 16 y 17 de julio, plenamente coincidentes con un plebiscito ilegal
con el cual la contrarrevolución pretendía “legitimar” su política de
desconocimiento del gobierno revolucionario y de conformación de un gobierno
paralelo ficticio que solicitase la intervención militar.
Ejercicio internacional “Mobility Guardian”, celebrado del
31 de julio al 12 de agosto y desarrollado desde la Joint Base Lewis-McChord
(Seattle, estado de Washington); a decir de sus organizadores, “el mayor y más
realista ejercicio de movilidad aérea”, con la participación de 3.000 hombres y
de 25 socios internacionales, en particular de las fuerzas aéreas de Colombia y
Brasil, que se ejercitaron en la realización de misiones diurnas y nocturnas
con fuerzas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, cuyo “escenario realista”
era el de una gran operación aérea para el transporte rápido de tropas y
armamento a la zona de intervención; según Manlio Dinucci, geógrafo y
politólogo italiano, miembro de la Red Voltaire se trató, ni más ni menos, del
ensayo para la prevista intervención militar en Venezuela (11).
1,5
Ejercicio Internacional “PANAMX 2017”, celebrado entre el 10
y el 20 de agosto, con participación de Argentina, Belice, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y los Estados Unidos, entre
otras naciones (12). Su ejecución debe hacer prender intensamente nuestras
alarmas por las siguientes razones: entre los participantes se encuentran los
doce miembros del llamado “Grupo de Lima”, que son abiertamente injerencistas y
hostiles a nuestra revolución; por Estados Unidos participaron en este
ejercicio: personal del Comando Sur, de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de
Marina con base en Miami, del Ejército Sur en San Antonio, Texas, de las
Fuerzas Navales Sur con base en Jacksonville, Florida, y de la Fuerza Aérea Sur
en Tucson, Arizona; y lo más significativo de todo, los componentes marítimos,
terrestres, aéreos y de operaciones especiales fueron liderados por Colombia,
Brasil, Perú y Chile, cuatro de los países más beligerantes con Venezuela a
partir de la extrema sumisión de sus actuales gobiernos a los dictados del
imperio.
La principal motivación que tuve para haber escribir estas
líneas es que el próximo lunes 6 se dará inicio a la “Operación América Unida”,
consistente en teoría en 10 días de “simulacros bélicos” efectuados
fundamentalmente por componentes de las fuerzas armadas de Estados Unidos,
Brasil, Colombia y Perú, dirigidos desde una base multinacional “provisional”,
construida para este propósito en la ciudad de Tabatinga, fronteriza con Leticia,
en Colombia y con Santa Rosa, en Perú, en el sito que se ha dado en llamar “la
triple frontera”, distante unos 700 km. de la frontera con Venezuela (13).
Dicha operación conjunta es parte de Amazon Log, un
ejercicio militar en la Amazonía brasileña creado por el ejército brasileño e
inspirado en una actividad similar realizada por la OTAN en Hungría en 2015, en
la cual Brasil participó como observador. También están supuestas a participar
en ella, las fuerzas armadas de Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Estados
Unidos y Canadá, todos ellos, al igual que los anfitriones, miembros del
inefable “Grupo de Lima”, con excepción de Estados Unidos; así como quién sabe
cuántos países miembros de la OTAN en calidad de “observadores”.
En lo particular me llama muchísimo la atención el nombre de
“Operación América Unida” que le ha sido asignado, sin duda alguna que por El
Pentágono, pues me hace recordar nombres tan terroríficos e igual de
eufemísticos que aquellos de “Operación Libertad Duradera”, tras de la cual destruyeron
a Afganistán a partir de finales de 2001 y “Tormenta del Desierto”, que inició
la destrucción de Irak en 1991. Me pregunto por qué usurpar el nombre de
América, cuando 22 países americanos, comprobadamente amigos como lo son los
países miembros del Alba-TCP y la
mayoría de los del convenio Petrocaribe no participan, por razones obvias, y me
pregunto también ingenuamente ¿para qué se estará uniendo esta caterva de
enemigos probados de la Revolución Bolivariana?
Considero que tenemos que estar en alerta roja desde ya, no
sólo por la presencia de tan formidable
fuerza militar multiestelar enemiga en las inmediaciones de nuestra
frontera sur, sino por unas declaraciones altamente injerencistas del canciller
del Perú, vocero de la última reunión del “Grupo de Lima”, celebrada en el
Canadá, el pasado 26 de octubre, que como parte de las conclusiones,
señaló: “Nuestro objetivo es crear una
situación que permita la solución más rápida y también determinante para
alentar al gobierno venezolano a negociar de buena fe, no sólo para resolver el
crisis, sino también para que el régimen por sí mismo deje el poder, ese debe
ser hoy nuestro objetivo central” (14). A estas declaraciones se suman otras
del presidente Santos, quien pocos días después de concluida la citada reunión
y en tono que juzgo francamente amenazante, señaló, en relación al “tema
Venezuela”: “…hemos fracasado en encontrar una solución pacífica…”, puesto que
a buen entendedor, pocas palabras bastan (15).
A estas alturas, al parecer, ya la suerte está echada y
existen grandes probabilidades de que el imperio decida aprovechar estos
ejercicios para invadirnos junto a su manga de países cipayos vergonzantes,
verdaderos émulos de aquellos indígenas de cuyo nombre no quiero acordarme, que
se aliaron al imperio español para ayudarlo a doblegar a los dignos aztecas. Si
así lo hiciesen debo decirles, de la mano del refranero español, que no les
arriendo la ganancia, ya que más temprano que tarde habremos de derrotarlos con
la ayuda de los gobiernos y pueblos americanos dignos y de las potencias
amigas. Lo lamentable será que antes de que esto ocurra, Nuestra América,
declarada por la CELAC territorio de paz, se verá convertida en un gigantesco
infierno en medio de las cruentas luchas antiimperialistas de todos sus pueblos
dignos y soberanos.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
(1)
http://www.resumenlatinoameric
Estado español
Gürtel: Así explicó el inspector jefe de la Gürtel los 'indicios' de que Rajoy cobró de la 'caja B' del PP
Morocho ha realizado estas afirmaciones durante la
comisión que investiga en el Congreso la financiación ilegal del partido
del Gobierno.
El
inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía Nacional que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho
Tapia.
El inspector
jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía Nacional que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho Tapia, ha
sido claro en la Comisión del Congreso, afirmando que Mariano Rajoy y el
conjunto de los secretarios generales del PP recibieron
"indiciariamente" dinero de la 'caja B' del PP.
Morocho ha realizado estas afirmaciones
durante la comisión que investiga en el Congreso la financiación ilegal
del partido del Gobierno. A preguntas de la diputada de Unidos Podemos,
Carolina Bescansa, Morocho aseguró que existen "indicios" de que la
estructura del PP "respondía al perfil de una organización delictiva"
por sus operaciones en la trama Gürtel, que además calificó como
"corrupción en estado puro".
Durante su intervención, Bescansa le preguntó por los receptores de pagos de la caja B que aparecen en los papeles de Bárcenas:
"¿Se encuentra en esa relación el señor
Trillo?", le preguntó Bescansa. "Sí", respondió escuetamente Morocho.
"¿El señor Álvarez-Cascos?", continuó la diputada. "Indiciariamente,
sí". "¿El señor Mariano Rajoy?". "Indiciariamente, sí". "El conjunto de
los secretarios generales del Partido Popular". "Indiciariamente, sí".
"El señor Arenas". "Indiciariamente, sí". "Entendido", terminaba la
diputada de Unidos Podemos.
Más de 150 municipios muestran su apoyo al Ayuntamiento de Madrid frente a Montoro
Por Yago Alvarez - El SaltoKAOS EN LA RED - Publicado en: 8 noviembre, 2017
Alcaldes como Kichi o Xulio Ferrero han mostrado su apoyo a Ahora Madrid frente a la intervención del Ministerio de Hacienda en un comunicado que firma una red de municipios.
Según este comunicado, la intervención se basa en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se puso en marcha para desplegar el artículo 135 de la Constitución Española, priorizando los pagos de deuda y constitucionalizando las políticas de austeridad. En el comunicado, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferrero, declara que: “Intervienen Madrid por priorizar a las personas y no a los bancos: el autoritarismo entra por el 135 de la Constitución, para eso la cambiaron. Todo nuestro apoyo a Ahora Madrid”.
El alcalde de Cádiz, Jose María González ‘Kichi’, expone en el mismo comunicado que: “Montoro y el Partido Popular no pueden permitir que hagamos política de cercanía en beneficio de las mayorías sociales y dinamitando su maquinaria privatizadora de servicios públicos. Desde Cádiz, todo nuestro apoyo a Ahora Madrid”.
Fuentes del Ayuntamiento han declarado a este diario que: “Esta intromisión no tiene ningún sustento económico y ni siquiera jurídico”, en la línea de los firmantes del documento que señala firmemente que la intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio se trata de una estrategia política por parte del Partido Popular. Según el comunicado, “el concejal Carlos Sánchez Mato, ha desarrollado una gestión responsable, a la vez que con un marcado carácter social, de las finanzas de la ciudad. Esto es precisamente lo que el Gobierno del Partido Popular y Montoro no pueden tolerar”, y los acusan de no querer permitirlo. “El principal enemigo del partido de Rajoy es el municipalismo, porque estamos demostrando en la corta distancia que se puede gobernar de otra manera: sin recortes”, declara Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona.
https://www.elsaltodiario.com/
Iglesias acusa a Montoro de perseguir ayuntamientos que no son "de su cuerda"
El líder de Podemos afirma que el PP, "lo que no
puede controlar, lo trata intervenir". "Allá donde no controlan,
parasitan", afirmaba Iglesias, en referencia a la intervención de
Hacienda al Ayuntamiento de Madrid.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. - EFE
El secretario general
de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado hoy al Gobierno del PP y al
ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de intervenir el Ayuntamiento
de Madrid por no poder controlarlo, y de "perseguir a las administraciones que no son de su cuerda".
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Iglesias ha dicho que el PP "lo que no puede controlar, lo trata intervenir".
"Allá donde no controlan, parasitan",
ha dicho tras recordar que la reforma del artículo 135 de la
Constitución que acometieron PP y PSOE "con nocturnidad" y sin consultar
a la ciudadanía es lo que ha permitido a un ministro "reprobado", como
Montoro, "perseguir a las administraciones que no son de su cuadro".
El líder de Podemos ha insistido en que el
Gobierno regional de Madrid ha demostrado que "ahorra", recortando un
40% su deuda y anunciando un superávit de 1.000 millones, mientras que
cuando gobierna el PP aumenta la deuda.
"Premian a las administraciones del PP porque protegen a sus corruptos",
"nos gobierna un partido de corruptos que utiliza las instituciones
para proteger a corruptos y atacar a la oposición política", ha
concluido.
Ayuntamiento de Madrid: El Gobierno insta a Carmena a anular un acuerdo que mejora las condiciones de sus empleados públicos
La Delegación del Gobierno envía un requerimiento de
anulación del pacto que pretende clasificar y ordenar al personal
laboral del Ayuntamiento de Madrid, cuya medida beneficiará a 4.200
trabajadores laborales.
Manuela
Carmena en la firma del acuerdo sobre la clasificación y ordenación del
personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autonómicos. DIARIO DE MADRID
La Delegación del Gobierno ha instado al Ayuntamiento de Madrid a anular un acuerdo alcanzado con los sindicatos para equiparar al personal laboral del
Ayuntamiento con los funcionarios. El Ejecutivo central considera que
la medida, planteada desde hace más de diez años y que beneficiará a 4.200 trabajadores, "es contraria al ordenamiento jurídico básico estatal en materia de personal".
El pasado 29 de junio, el Gobierno local de Manuela Carmena firmó un acuerdo con los cuatro sindicatos mayoritarios
en el Consistorio. La decisión, que tendrá un coste de 9,5 millones de
euros, favorece a los trabajadores de las instalaciones deportivas
-integrado en el Ayuntamiento desde 2005-, de Informática del
Ayuntamiento de Madrid (IAM), los de Madrid Saludad, Agencia para el
Empleo, Agencia Tributaria, Agencia de Actividades y el personal laboral
del propio Consistorio.
Desde las negociaciones previas a la firma del Convenio único para el personal laboral -en 2006-, los sindicatos han trasladado al Ayuntamiento en diferentes ocasiones la necesidad de homologar a este colectivo de trabajadores con el funcionario.
"Llevamos más de diez años luchando para que los más de 4.000 empleados
públicos se equiparen a sus compañeros funcionarios", explica Arantxa
Saiz (UGT-Madrid).
"Este pacto abriría la puerta a nuevas convocatorias de empleo público, que falta hace"
El acuerdo permite encuadrar las actuales categorías profesionales en los grupos y subgrupos sobre las condiciones comunes del trabajo de todo el personal. También, favorece una homologación retributiva y regula los sistemas de selección y promoción, así como fijar un nuevo sistema retributivo para los trabajadores.
No obstante, desde UGT insisten en que este acuerdo de clasificación y ordenación del personal laboral conlleva además nuevas ofertas de empleo público.
"Este pacto abriría la puerta a nuevas convocatorias de empleo público,
que falta hace", añade Saiz. En este sentido, Arantxa Saiz apunta que
más de 3.000 empleados laborales trabajan en instalaciones deportivas.
Dentro de esa cifra, un 60% tiene un contrato de interinidad. "Se le daría la oportunidad a mucha gente", opina Saiz.
Juan Carlos Nicolás (CCOO Madrid) explica que esta nueva clasificación exige un proceso de funcionarización.
Pese a ello, el Ayuntamiento ha empezado a efectuar los pagos atrasados
desde julio, mes en el que entró en vigor el nuevo acuerdo.
Los costes superan el 1% autorizado por los PGE
La Delegación del Gobierno de Madrid alega que el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de Madrid es "contrario al ordenamiento jurídico básico estatal en materia de personal".
Así, en el requerimiento de anulación emitido el pasado 26 de octubre,
el Gobierno alega que los costes del nuevo sistema
"calificativo-retributivo" -9,5 millones d euros según el Ayuntamiento-
representan el 6,43% de la masa salarial del Consistorio, porcentaje que
excede el tope máximo del 1% autorizado por los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
Asimismo, el Ejecutivo central interpreta de "forma restrictiva" uno
de los preceptos al contemplar una excepción a la regla general sobre
topes retributivos. "En ningún caso puede amparar un incremento
generalizado de retribuciones como el que resulta de este acuerdo".
De esta forma, el Gobierno da un plan de un mes
desde su recepción para responder el requerimiento de anulación. Dicho
requerimiento será rechazado si no es atendido, en cuyo caso se
procederá a la "impugnación del acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa", zanja el documento al que ha tenido acceso este medio.
Desde CCOO apuntan que es evidente que la Delegación
del Gobierno "ha puesto en el punto de mira los acuerdos que podamos
firmar con el Ayuntamiento, despreciando el derecho a la negociación colectiva
y a los legítimos acuerdos que se puedan alcanzar en los ámbitos con
capacidad para ello". En un comunicado, el sindicato denuncia la
actuación del Gobierno del PP, cuya actitud "supone una clara amenaza
para los objetivos de recuperación de derechos y de avanzar en el empleo, contra la desigualdad salarial y la mejora de los Servicios Públicos".
PP y C’s tumban la ILP madrileña contra los desahucios y la pobreza energética
Por Jairo Vargas - PúblicoKAOS EN LA RED - Publicado en: 8 noviembre, 2017
Ambos partidos han votado en contra durante la toma en consideración de una iniciativa que había recabado 77.000 firmas ciudadanas. Varios activistas han sido expulsados de la tribuna tras protestar después de la votación.
Ni siquiera ha llegado a tramitarse. La Asamblea de Madrid ha tumbado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda por un escaso margen. Por 57 votos a favor (PSOE y Podemos) y 65 en contra (votos de PP y Ciudadanos),
la iniciativa ciudadana contra los desahucios y la pobreza energética,
que había recogido más de 70.000 firmas durante los últimos meses, no ha sido tomada en consideración, por lo que no se tramitará.
La medida, que proponía una ley urgente en materia de vivienda para facilitar el acceso de los madrileños a vivienda pública y alquileres sociales, además de impedir que se ejecutaran desahucios a
personas vulnerables sin alternativa habitacional y sanciones
económicas a los grandes tenedores de viviendas vacías, fue promovida y
desarrollada durante el año pasado por la Coordinadora de Vivienda de
Madrid ─en la que se integran la PAH y los grupos de vivienda surgidos
del 15-M─, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) y la Asociación Libre de Abogadas (ALA).
Los
promotores contaban con el apoyo del PSOE y Podemos para que, al menos,
fuera admitida a trámite este miércoles y pudiera debatirse y
enmendarse por los partidos en la Asamblea. Tras reunirse con PP y
Ciudadanos, los promotores no consiguieron el compromiso de estos
partidos ni tan siquiera para que fuera tomada en consideración y
debatida en la Cámara regional, aunque tampoco se habían mostrado
públicamente contrarios a su trámite parlamentario.
Sesión interrumpida y activistas expulsados
Tras
la votación, un grupo de activistas por el derecho a la vivienda, que
asistían como invitados desde la tribuna, han interrumpido la sesión
gritando el lema “Sí se puede pero no quieren”, que popularizó la PAH en
2013, durante su campaña por la ILP contra los desahucios, por la
dación en pago y el alquiler social que el PP también tumbó en el
Congreso de los Diputados. Alrededor de las 13.00 se han levantado y
también han comenzado a gritar a los diputados del PP “vergüenza”, “ladrones” o “corruptos”, y han lanzado octavillas. También han lanzado críticas contra los diputados de Ciudadanos, a quienes no descartan realizar eschraches.
“PP y C’s sólo quieren que la especulación inmobiliaria siga campando a sus anchas en Madrid”
La
presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha pedido que fueran
desalojados de la tribuna de invitados, pero el personal de la Cámara ha
tardado en llegar hasta el hemiciclo y la presidenta ha optado por la
suspensión del Pleno durante un cuarto de hora aproximadamente, hasta
que la tribuna ha sido desalojada.
Mientras PP y
Ciudadanos daban al traste con muchos meses de trabajo del grupo
promotor, en la puerta de la Asamblea se habían concentrado decenas de
activistas, que ha recibido a sus compañeros expulsados de la tribuna
entre la frustración y la rabia. “Sentimos mucha indignación, mucha
tristeza e impotencia”, ha declarado a Público Alejandra Jacinto,
abogada de la Plataforma que se encargó de defender hace pocos días la
ILP en la Comisión de Vivienda de la Asamblea.
“Una vez más hemos visto como al PP y a Ciudadanos les importan un bledo los desahucios y las personas que
se quedan sin casa y sin suministro eléctrico. Sólo quieren que la
especulación inmobiliaria siga campando a su anchas en Madrid”, ha
lamentado la letrada. “Es increíble que ni siquiera han votado a favor
de tomar en consideración una ley que ha implicado muchos meses de
esfuerzo humano y económico y que tenía el apoyo de 77.000 personas que
firmaron para que la medida llegara y se debatiera en la Asamblea”, ha
destacado en la puerta de la cámara, donde permanecen concentrados aún.
“Habíamos
apostado por la ILP como la fórmula para cambiar las leyes o para crear
las que nuestros políticos no han creado en 38 años de democracia, pero
esta tampoco es la forma, al parecer. Vamos a seguir luchando y
autotutelando nuestro derecho a una vivienda, eso está claro porque no
nos queda más remedio”, ha añadido Jacinto.
Problemas de inconstitucionalidad
Pese
a que la ILP hubiera sido tramitada y aprobada en su totalidad, lo más
probable es que hubiera corrido la misma suerte que otra leyes o
decretos autonómicos que iban en la misma línea. El Gobierno del PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional cada intento regional por paliar el drama de los desahucios y
por impedir que las entidades financieras acumulen miles y miles de
viviendas vacías mientras cada vez más familias han perdido sus hogares.
Pese a que el derecho a la vivienda está recogido en el artículo 47 de
la Constitución, el propio Tribunal Constitucional, a instancias de
recursos del Ejecutivo, ha suspendido todas las leyes regionales contra los desahucios desde que entró en vigor la de Andalucía. Las últimas, las leyes catalana y valenciana.
Precisamente,
el pasado lunes, el Ministerio de Justicia advirtió en un informe
técnico que seis de los artículos de la ILP madrileña eran
potencialmente inconstitucionales. En concreto, los referidos a las
expropiaciones de uso y sanciones a los grandes tenedores de vivienda
vacía, que invadiría las competencias del Gobierno central, como ya ha
sentenciado en repetidas ocasiones el TC. También advertía de la
probable inconstitucionalidad de otros artículos que invadían el derecho
a la propiedad.
http://www.publico.es/sociedadEl Parlamento vasco rechaza tramitar una ley para anular las sentencias franquistas
La Proposición de Ley de Reparación Jurídica de las
Víctimas del Franquismo, impulsada por Elkarrekin Podemos, ha sido
tumbada con los votos en contra del PP y PNV y la abstención del PSE-EE.
Iñigo Urkullu escucha una intervención parlamentaria en la Cámara vasca. EFE/Archivo
El Parlamento vasco ha rechazado este jueves la toma en consideración de la Proposición de Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo,
en la que Elkarrekin Podemos pedía que se declarasen ilegales los
procedimiento judiciales y los consejos de guerra instruidos entre 1936 y
1978 en Euskadi.
La tramitación de esta propuesta no seguirá
adelante porque PNV y PP se han opuesto a la misma, mientras que sus
proponentes y EH Bildu la han apoyado y el PSE-EE se ha abstenido.
Los socialistas, al abstenerse, se han
desmarcado del criterio desfavorable del Gobierno Vasco a tramitar la
ley por entender que Euskadi no tiene competencias para legislar sobre
esta materia, a pesar de que una norma similar está vigente en Catalunya
con el apoyo de todos los grupos del Parlamento catalán.
Fuentes del Ejecutivo autonómico han
señalado que "quitan importancia" a la abstención del PSE-EE y han
indicado que no genera ningún problema en la coalición, tras precisar
que el criterio desfavorable se aprobó en Consejo de Gobierno "sin más debate y con naturalidad".
Un parlamentario del PNV, Iñaki Agirre
también ha roto la disciplina del voto de su grupo, y se ha abstenido
junto con el PSE-EE, en la toma en consideración de esta iniciativa.
Agirre ha eludido explicar públicamente las razones de su postura y las
dará "donde tiene que darlas", según han señalado fuentes de su grupo.
En la propuesta se pedía que se señalasen como ilegales los tribunales de la Auditoría de la VI Región Militar puestos en marcha por la dictadura franquista y que actuaron en Euskadi hasta 1978.
En consecuencia, se reclamaba la nulidad "de
pleno derecho, originaria o sobrevenida" de todas las sentencias y
resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra
dictadas por causas políticas durante ese periodo.
Desde Elkarrekin Podemos, Jon Hernández
ha lamentado la posición de PNV y PSE-EE y ha acusado al Ejecutivo
autonómico de "cobardía" y de no haber tratado esta materia con
"suficiente rigor", ya que "hay razones de sobra para pensar que no
excede las competencias" vascas.
En este sentido, se ha referido a la ley
catalana idéntica a la propuesta por su grupo que fue apoyada por todos
los partidos, que está en vigor y que no ha sido recurrida, y ha dicho
que esta norma es una "garantía para haber sido valientes e iniciar los
trámites".
Juan Carlos Ramírez (PNV) ha querido
aclarar que su partido está "al cien por cien de acuerdo" con el texto
de la iniciativa, pero ha rechazado su toma en consideración por una
cuestión "de forma", tras señalar que "hay dos vías, la catalana y la
del criterio desfavorable. Se verá cuál de las dos tiene más recorrido".
La socialista Gloria Sánchez ha
dicho entender las "cautelas" esgrimidas por los servicios jurídicos del
Gobierno Vasco por cuestiones "técnicas", pero ha defendido que la
proposición es "válida, legal y positiva" y ha agregado que la
reparación de las víctimas del franquismo "no se agota" con este texto,
sino que puede tratarse en las Cortes Generales.
URUGUAY
FRIGORÍFICO CARRASCO ENVIÓ A 600 TRABAJADORES AL SEGURO DE PARO
10
Nov
“Empresas multinacionales aplican políticas que van en contra de los obreros, como es el caso del Frigorífico Carrasco que tiene a 600 trabajadores en el Seguro de Paro. Reclamamos una pronta solución a esta situación que tiene de rehenes a 600 familias”, le indicó Martín Cardozo, Presidente del sindicato Frigorífico Carrasco e integrante de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica).
El dirigente sindical recordó que a fines de julio se perdió el mercado de China debido a “una caja de corazones que tenía una tapa de quijadas que fue en un contenedor. Esto fue como la gota que colmó el vaso, ya que el año pasado por un problema de etiquetado habíamos tenido una suspensión de seis meses en el mercado chino. Ahora nuevamente el Frigorífico Carrasco fue nuevamente suspendido. Se debe tener en cuenta que cerca del 50% de la producción está destinada al mercado chino. A esto se le suma que también se faenaba para el grupo kofher y que a principio de agosto no había ganado preparado, ya que los animales deben pesar más de 350 kilos sino son rechazados”.
Cardozo agregó que a raíz de esta situación, el dos de agosto se envía al personal un mes de licencia y luego al Seguro de Paro. Esto llevó a que se iniciaran gestiones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y con la empresa a fin de encontrar una solución. El planteo de la empresa fue que comenzaran a trabajar 350 personas, de los 600 que integran la plantilla. Las propuestas planteadas por los trabajadores no han sido aceptadas.
El dirigente de la Foica señaló también que el Frigorífico Carrasco integra la Corporación Minerva, de capitales brasileros, que tiene un frigorífico en Canelones y otro en Cerro Largo. “La empresa nos dice ahora que no tiene trabajo para nosotros y por eso nos envía al Seguro de Paro, sin embargo el frigorífico de Cerro Largo está trabajando a tope de lunes a sábado. Por esta razón entendemos que se quiere llevar adelante una reestructura tapada para despedir a 150 trabajadores”.
Cardozo fue categórico al afirmar que los trabajadores de la carne junto al resto de los sindicatos “deben ponerle un freno a estas empresas multinacionales que aplican en nuestro país la política impulsada por (Michel) Temer en Brasil”.
BROU. El conflicto se desató por la reestructura del Banco
AEBU ratificó paro para el próximo miércoles
Los funcionarios del Banco República del Uruguay (BROU) ratificaron la conducción del conflicto que llevan adelante en respuesta a la reestructura definida por las autoridades y resolvieron un nuevo paro parcial para el próximo miércoles 15 de noviembre.
Tras reunirse esta tarde, la Junta de delegados de todo el país reafirmó la estrategia que se está llevando adelante así como habilitar la profundización de las ocupaciones y mantener la que actualmente se lleva adelante en la sucursal del Mercado Modelo.Según aseguró a Telenoche la consejera de la Banca Oficial de AEBU, Lorena Lavecchia, desocuparla no es una opción. La sindicalista indicó que la medida podrá ser replicada de manera sorpresiva en otras sucursales y que el próximo miércoles, día del paro, se concentrarán en el Palacio Legislativo mientras la Cámara de Diputados trate en sala la reestructura del BROU.
Peruanos estafaron clientes del BROU
En otro orden, aunque si bien está relacionado con el BROU, la Justicia procesó con prisión a dos ciudadanos peruanos por reiteradas estafas a las cuentas de Internet del Banco República (BROU).
Estos hackeaban las cuentas del Ebrou, tanto en pesos como en dólares, y una vez que lograban ingresar al sistema como si fueran los clientes titulares, daban la orden para que se transfiriera dinero.
En total, la pareja logró extraer unos 40.000 dólares y más de ocho clientes se vieron afectados por la estafa.
Parte de esa cifra fue recuperada al momento de la detención y en la habitación del hotel donde estaban alojados.
PARO GENERAL PARCIAL DEL PIT-CNT EN EL MARCO DE MOVILIZACIÓN CONTINENTAL
10
Nov
El próximo 16 de noviembre el PIT-CNT realizará un paro general parcial en el marco de la movilización continental que reunirá dirigentes, militantes, activistas de toda América en Montevideo.
Según explicó al Portal el secretario ejecutivo del PIT-CNT, Gabriel Molina, el Encuentro en Montevideo será “una de las instancias de movilización más importantes de estos años, tanto si miramos hacia atrás, como pensando en el futuro”. Para la central, esta instancia será clave y se encuadra en el “avance del imperialismo en la región”. Molina dijo al Portal que la “llegada de la derecha en todo el continente junto con la burguesía, ha significado un retroceso terrible a las políticas progresistas, y esa llegada al poder ha sido de distintas formas, a través de golpes de estado parlamentario como el de (Michel) Temer en Brasil o por el voto de la gente como (Mauricio) Macri en Argentina, todo esto merece la atención de los trabajadores del continente, así como de las organizaciones sociales, para marcar postura, sobre la base de la autodeterminación de los pueblos, la lucha contra el neoliberalismo, contra el imperislismo, nuestra América Latina se unirá y luchará”. En este sentido, Molina remarcó la relevancia del Encuentro en Montevideo frente a esta coyuntura actual. Asimismo, desde el PIT-CNT se apuntará a refutar una vez más, la denuncia de las cámaras empresariales ante la OIT, y se defenderá los Consejos de Salarios tanto en el ámbito público como privado. “También insistiremos en la aprobaccón de la ley para los compañeros cincuentones, así como la de trabajo para personas con dispapacidad, y por tanto, América Latina se une por la democracia, contra el imperialismo”.
El día previo al comienzo de las actividades de la movida continental, el miércoles 15, en la sede de la central, se desarrollará una jornada sindical organizada por el Instituto Cuesta Duarte para intercambiar sobre negociación colectiva y el proceso que se ha venido construyendo en la materia, en Uruguay. Desde la perspectiva de los trabajadores, se planteará la unidad de acción antiimperialista con organizaciones y movimientos sociales. Se analizará la contraofensiva del imperialismo, la solidaridad de la lucha con los pueblos de cada país hermano y la continuidad de acción del 2018.
La instancia sindical previa al encuentro continental tendrá características específicas, y también se considera parte del conjunto de actividades de la movilización continental. Asimismo, está prevista la realización de una conferencia de prensa con periodistas y medios acreditados del ámbito nacional e internacional.
La Jornada Continental, Encuentro en Montevideo, tendrá como epicentros el día jueves 16 la movilización y marcha desde la Universidad hasta el Obelisco, luego el acto con oratoria del que participará Luiz Inácio Lula Da Silva y el inicio de los trabajos de análisis y discusión en las cuatro carpas temáticas.
Las inscripciones tienen un costo ínfimo, y tanto prensa como público en general pueden acceder al sitio web http://www.jornadacontinental.
En caso de lluvia no se suspende el encuentro. Si las condiciones fueran severamente adversas o si se produjera algún evento meteorológico con riesgo humano capaz de ser previsto, se comunicará con la mayor antelación posible. La organización brindará wifi libre, electricidad, asistencia sanitaria y seguridad perimetral.
Policia revela el entramado que involucra a empresas y cambistas
Odebrecht y la conexión uruguaya en el escándalo de los sobornos
La conexión de la Banca Privada d’Andorra (BPA) con Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pasa por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo según un informe sobre el caso Odebrecht publicado por el iario El País de España.
Betingo actuó como “persona de contacto” entre la BPA y el principal testaferro de la trama de sobornos, Olivio Rodrigues, según los investigadores.
Rodrigues fue el hombre tras Klienfeld, una sociedad instrumental creada por Odebrecht en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda que canalizo pagos por valor de 200 millones de dólares. “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, sentencia la Policía de Andorra. Los investigadores aseguran que Betingo, fraguó el primer contacto entre Odebrecht y la BPA. A partir de su intermediación, el banco ofreció a la contratista sus servicios. Y lo hizo “deslumbrado por la importancia de tener como cliente a una de las empresas constructoras más relevantes de Latinoamérica”.
La Policía de Andorra, en un informe encargado por la juez que investiga los tentáculos de Odebrecht en el Principado, Canòlich Mingorance, resume así el papel de Betingo: “Creemos que [Sanguinetti Barros] era perfecto conocedor de las operaciones que se efectuaban”. Las pesquisas apuntan a que el antiguo responsable de la BPA en Uruguay “participó en la apertura de cuentas y facilitó la entrada a la entidad de los investigados, gestionando los recursos y la tramitación de fondos”.
La BPA fue intervenida en marzo de 2015 por las autoridades andorranas en el marco de una investigación por blanqueo de capitales a instancias de EE. UU. Las autoridades uruguayas arrestaron el pasado agosto a Betingo por su presunta vinculación con el caso Odebrecht. La juez que indaga la derivada del escándalo en el Principado, Canòlich Mingorance, ha reclamado la extradición del exfinanciero a Andorra.
La casa de cambio
Los nexos de la trama de sobornos urdida por Odebrecht –una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países- salpican por partida doble a Uruguay. Los investigadores han concluido que la contratista transfirió 17 millones de dólares a una sociedad vinculada a una casa de cambio de Montevideo.
La constructora abonó esta cifra a Carday Capital SA. Tras esta compañía, aparecen los socios de la casa de cambio de Montevideo, Cambio Europa SA, Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni, según la Policía de Andorra, que también vincula con esta estructura a José Fontana Allende, empresario implicado en una red de blanqueo de capitales.
La Policía andorrana ha puesto también el foco sobre el abogado y corredor de bolsa de Montevideo Óscar Enrique Algorta. Junto al empresario brasileño dedicado a la compraventa de neumáticos Apolo Santana Vieira, Algorta figura como beneficiario de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que recibió traspasos internos desde otros depósitos de esta entidad del Principado por 23,1 millones de dólares.
Dos de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos –Klienfeld y Aeon Group- transfirieron, al menos, 500.000 dólares al depósito en la BPA controlado por Santana y Algorta.
“La cuenta ha actuado como puente para ejecutar operaciones de transferencia y, así dificultar su trazabilidad”, apunta la Policía de Andorra en un informe fechado el pasado julio. Los investigadores remarcan que Algorta “está investigado por la operación Lava Jato por blanquear dinero procedente de sobornos a políticos y empresarios abonados por Petrobras”. Y vinculan a este abogado con Néstor Cerveró, exdirector del área internacional de la petrolera estatal brasileña.
El Banco Central de Uruguay (BCU) sancionó en 2011 a la BPA en el país por incumplir los protocolos de prevención de blanqueo de capitales y terrorismo, según los agentes. Los investigadores, sin embargo, sostienen que la delegación del banco en este país de Latinoamérica continuó operando a través de la firma Noswey SA Asesores de Inversión
Los investigadores han cercado en Uruguay a la sociedad Carday Capital SA y a sus beneficiarios, Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni. La Policía señala que son socios de la casa de cambio Cambio Europa SA en Montevideo.
Carday Capital tenía abierta una cuenta en la BPA para “recibir fondos de diversos clientes sudamericanos, mayoritariamente de Brasil y Argentina”. Se investigan los pagos que Klienfeld, sociedad panameña de Odebrecht empleada para pagar sobornos, abonó a Carday Capital.
Los agentes apuntan a un tercer beneficiario de esta mercantil, “Ricardo Fontana”. Sostienen que se trata de Ricardo José Fontana Allende, empresario implicado en una operación de blanqueo.
La conexión de la BPA con Odebrecht pasa –según los papeles secretos- por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.
La Policía del Principado califica el papel de este exfinanciero de “clave” y le sitúa como partícipe de la alambicada madeja mercantil que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para desembolsar comisiones millonarias. los agentes.
Betingo fue además la “persona de contacto” –según la investigación- entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figuró tras Klienfeld, una de las sociedades creadas por la constructora en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda para enmascarar sus comisiones. “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, concluye la Policía de Andorra.
Afectados 12 países
La revelación contempla centenares de documentos como pasaportes, cartas de presentación, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluación de riesgo. También incluye las actas de las sociedades de Panamá, Islas Vírgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht.
Una bomba política que ha aflorado sobornos en 12 países de Latinoamérica y cuya metralla ha impactado ya contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (República Dominicana). La ola también alcanza a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Perú), en prisión por este escándalo.
La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht, que también está en prisión, para pagar los sobornos a actores clave en la adjudicación de obra pública.
La constructora ha reconocido ante la Justicia de Brasil que costeó campañas electorales de presidentes y candidatos de América. Y que pagó sobornos por, al menos, 788 millones de dólares. Los candidatos favorecidos por la contratista ejecutaban después un plan de obras públicas multimillonario. Odebrecht abonó una multa de 3.500 millones de dólares a las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.
La Policía de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compañías que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.
