Glifosato: La UE estudia prohibir el herbicida más usado del mundo por sus efectos en la salud
La Comisión Europea debe decidir antes del 15 de
diciembre si renueva la licencia para el glifosato de Monsanto,
catalogado como "probable cancerígeno" por la OMS. El Parlamento Europeo
ha pedido eliminarlo de los mercados en 5 años.
El glifosato, que comunmente se comercializa bajo la marca Roundup. EFE
La Unión Europea debe tomar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre el glifosato, el herbicida más vendido del mundo, y cuya renovación de uso en Europa lleva encallada desde hace más de un año por un espinoso debate en torno a su posibles efectos nocivos para la salud.
Su autorización anterior venció en junio de 2016, pero la falta de un
acuerdo sólido (sobre todo por las fuertes reservas de Francia, Italia y
Alemania) impidió entonces renovar la licencia, que se prorrogó
temporalmente por 18 meses a la espera de un consenso que como muy tarde
debe alcanzarse antes del próximo 15 de diciembre.
La Comisión permanente de Flora, Fauna y Alimentación
de la Comisión Europea, reunida este miércoles nuevamente para estudiar
una solución, no ha conseguido tampoco cerrar un acuerdo, por lo que la
decisión podría acabar directamente en manos de los comisarios
europeos. Su presidente, Jean Claude Juncker, aseguró que de no llegar a
una mayoría cualificada, daría por derogada la licencia.
La Comisión Europea apuesta por renovar la licencia
del glifosato durante al menos otros cinco años más, pero la oposición a
este compuesto químico ideado por la multinacional Monsanto en 1974, y
presente en la mayoría de herbicidas utilizados para la agricultura y la
jardinería, ha ido creciendo desde que la Organización Mundial de la
Salud lo declarara como “probable cancerígeno” en 2015.
La última barrera ha llegado este mismo martes por
parte del propio Parlamento Europeo, que por primera vez ha aprobado un
texto en el que rechaza extender la licencia del glifosato y pide otorgar un plazo de cinco años para su progresiva desaparición de los mercados y espacios comunitarios. Aunque el documento no es vinculante para la decisión que tome la Comisión, su peso es considerable.
“El Parlamento Europeo ha dicho alto y claro que
debemos abandonar el glifosato. Supone un cambio muy importante.
Esperamos que ahora los Estados miembros escuchen a la ciudadanía”,
señala en conversación telefónica el eurodiputado Florent Marcellesi, del grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea.
Controversia científica
Hasta ahora el Parlamento Europeo se había mostrado también favorable a seguir renovando la licencia del glifosato,
aunque con limitaciones en su uso. Pero la controversia científica en
torno a la toxicidad del producto ha ido aumentando los recelos.
Su uso ya había sido muy polémico en las fumigaciones aéreas sobre las plantaciones de cocaína que Colombia practicaba en su guerra contra el narco, así como en los cultivos de soja transgénica en Argentina, pero la discordia definitiva se desató en 2015, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, lo declaró como “probable cancerígeno”, en un importante revés para el sector agroquímico.
Unos meses después, sin embargo, una evaluación de la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en
inglés) negaba justamente esto y señalaba que “es improbable que suponga
un riesgo carcinógeno en humanos”, aunque la justicia americana desveló
que Monsanto había manipulado los estudios sobre el glifosato
para ocultar sus efectos nocivos. Esos resultados fueron utilizados por
la EFSA y más tarde también por la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas (ECHA) para sus informes, que declaran inocua la
sustancia.
“El cambio de postura del Parlamento se debe en parte
al escándalo de Monsanto y el fraude en los estudios científicos”,
asegura Marcellesi.
Glifosato ¿Glifo...qué? Cinco respuestas sobre el herbicida más usado y polémico del mundo
La UE debate si prohibir este agroquímico,
masivamente usado en la agricultura y jardinería. Te explicamos qué es,
cómo se comercializa o para qué se usa.
El glifosato, que comunmente se comercializa bajo la marca Roundup. REUTERS
La UE debate desde hace más de un año sobre la posibilidad de prohibir el glifosato. Aquí algunas preguntas y respuestas sobre esta controvertida sustancia.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato es un herbicida de amplio
espectro, es decir, un producto químico creado para acabar con todo tipo
de plantaciones no deseadas. Lo que hace este principio activo es
atacar a una enzima esencial para el crecimiento de las plantas,
impidiendo su desarrollo.
¿Cómo se comercializa?
Fue inventado por la multinacional
estadounidense Monsanto en 1974 bajo la marca Roundup, la única que lo
comercializaba hasta que en el año 2000 venció la patente. Desde
entonces, la mayoría de herbicidas, algunos de la misma multinacional y
otros de otras compañías, han introducido este componente activo en sus
productos, que se venden bajo diferentes marcas. Según datos de la
Asociación Empresarial para el Sector de las Plantas, (AEPLA), que
representa a las empresas fabricantes de productos fitosanitarios en
nuestro país, en España hay una veintena de compañías que comercializan
el glifosato y a nivel europeo se venden más de 2.000 productos a base
de este principio activo.
¿Para qué se usa?
El glifosato fue creado para la eliminación
de maleza, pero no es un herbicida selectivo, es decir, afecta y mata a
cualquier planta sobre la que se fumigue. Sus usos más comunes son:
En la agricultura: A nivel global, más del
50% del glifosato se usa en los cultivos transgénicos de maíz, algodón,
soja, semillas oleaginosas y remolacha azucarera que fueron creados
precisamente para resistir al glifosato. En Europa, no obstante, no
existen apenas cultivos transgénicos, pero su uso está también muy
extendido en la agricultura, sobre todo y de manera muy concreta en la
llamada agricultura de conservación, un método alternativo a la
agricultura convencional que se basa en aumentar la productividad de los
suelos evitando su erosión, y para la cual es uso de glifosato es
clave.
En la jardinería: para el cuidado de
parques, jardines, aceras o el mantenimiento de carreteras, impidiendo
que crezcan hierbas no deseadas.
En la gestión forestal: para la limpieza de bosques y eliminación de maleza y arbustos.
¿En qué medida estamos expuestos?
Pese a que se sabe que el glifosato es el
herbicida más utilizado del mundo, no existen datos oficiales sobre la
cantidad de producto que se usa a nivel mundial. Según un estudio
publicado el año pasado en la revista Enviromental Sciencie Europe, el
uso del glifosato en todo el mundo ha pasado de los 67 millones de kilos
en 1995 a los 826 millones en 2014. En total, desde que comenzó a
usarse, se han esparcido 8.600 millones de kilos de glifosato, según los
cálculos de los investigadores.
En España el glifosato es habitual en
cultivos de cereales, cultivos industriales, frutales, de olivar y de
viña. De acuerdo con un informe elaborado en abril por PwC para la
Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), la
superficie agrícola tratada con glifosato asciende a 3,9 millones de
hectáreas, aproximadamente el 28% de la superficie de cultivo nacional.
En total, señala el estudio, la producción tratada con glifosato en
España se estima en casi 19 millones de toneladas.
¿Es perjudicial para la salud?
Su uso ya había sido muy polémico en las
fumigaciones aéreas sobre las plantaciones de cocaína que Colombia
practicaba en su guerra contra el narco, así como en los cultivos de
soja transgénica en Argentina y otros lugares de Suramérica, pero la
discordia definitiva se desató en 2015, cuando la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer, un organismo dependiente de la OMS, lo
declaró como “probable cancerígeno”.
Unos meses después, sin embargo, una
evaluación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus
siglas en inglés) negaba justamente esto y señalaba que “es improbable
que suponga un riesgo carcinógeno en humanos”, aunque la justicia
americana desveló que Monsanto había manipulado los estudios sobre el
glifosato para ocultar sus efectos nocivos. Esos resultados fueron
utilizados por la EFSA y más tarde también por la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para sus informes, que declaran
inocua la sustancia.Glifosato: La UE no es capaz de cerrar un acuerdo sobre el uso del controvertido glifosato
La Comisión Europea no encuentra el respaldo
suficiente para renovar la licencia del herbicida de Monsanto y retrasa
nuevamente la decisión hasta finales de noviembre.
Activistas de Avaaz protestan en contra de la renovación de licencia del glifosato en Bruselas. EFE
La Unión Europea no es capaz de cerrar un acuerdo sobre el futuro del polémico glifosato, el herbicida más usado del mundo, que está generando un agrio debate en el seno comunitario.
Los Estados miembros, reunidos en el comité permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, debían tomar este jueves una decisión definitiva sobre la renovación de la licencia del agroquímico, que tras una prórroga temporal de 18 meses, expirará el próximo 15 de diciembre. Pero, tal y como ha ocurrido en intentos anteriores, “no se ha podido alcanzar una mayoría cualificada ni a favor ni en contra”, informó la Comisión.
El Ejecutivo comunitario someterá ahora la propuesta
al comité de apelación para que tome una decisión a finales de
noviembre. Si tampoco se lograra un acuerdo, la Comisión podrá entonces
adoptar su propia postura, aunque sin el respaldo del resto de gobiernos
europeos.
La renovación de uso del glifosato en Europa
lleva encallada desde hace más de un año por un espinoso debate en torno
a sus posibles efectos nocivos para la salud. La oposición al
compuesto químico ideado por la multinacional Monsanto en 1974, presente
en la mayoría de herbicidas utilizados para la agricultura y la
jardinería, ha ido creciendo desde que la Organización Mundial de la
Salud lo declarara como “probable cancerígeno” en 2015.
Aunque 14 estados, España entre ellos, se han
mostrado este jueves a favor de la propuesta de la Comisión Europea -que
plantea otorgar una nueva licencia de cinco años- para tomar una
decisión se necesita un apoyo del 55% de los países, que representen al menos al 65% de la población.
Algo que de momento no se ha logrado. Francia, Bélgica, Grecia, Italia,
Croacia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria han votado ‘no’. Alemania,
Bulgaria, Polonia, Portugal y Rumanía, por su parte, se abstuvieron.
El Parlamento Europeo aprobó también el pasado 24 de
octubre un texto en el que por primera vez rechazaba extender la
licencia del glifosato y pedía otorgar un plazo de cinco años para su progresiva desaparición de los mercados y espacios comunitarios.
Aunque no es vinculante, el texto supuso una presión
política importante. Un día después, la Comisión Europea rebajó su
propuesta de renovación de la licencia de 10 a 5 años. Pero el respaldo
sigue siendo insuficiente.
Los recelos ante el glifosato impiden que la UE renueve su autorización
La fuerte oposición de Francia, Italia y Alemania
hacen posponer, por segunda vez, la votación para renovar la
autorización del polémico herbicida por nueve años.
Vista de la etiqueta de una botella de pesticida en Aukrug, Alemania. EFE
La Unión Europea (UE) no consiguió hoy una mayoría cualificada sólida como para votar sobre la renovación hasta 2025 de la autorización del glifosato,
un compuesto químico presente en herbicidas, por las fuertes reservas
de Italia, Alemania y Francia, indicaron fuentes comunitarias.
El comité sobre Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la UE, que reunió a representantes de los países miembros este miércoles y el jueves en Bruselas, no llegó ni siquiera a votar hoy la propuesta de la Comisión Europea (CE) de renovar por nueve años la autorización del glifosato, de acuerdo con un portavoz comunitario.
"La CE ha dejado claro que no avanzaría sin una mayoría cualificada sólida de los Estados miembros", recalcó el portavoz. Dado que era "obvio" que no se hubiera reunido la mayoría cualificada, "no se ha votado" la propuesta, agregó. Aún no está claro cuándo será la próxima reunión del comité. La Comisión puede bien presentar una nueva propuesta o bien proponer una prórroga técnica.
Tres Estados miembros han expresado fuertes reservas: Francia e Italia, que de haberse votado se esperaba que hubieran expresado su rechazo a la medida, y Alemania, que se estima que podría haberse abstenido.
La ministra francesa de Sanidad, Marisol Touraine, ya había advertido el miércoles de que no renovará la autorización porque los estudios disponibles demuestran que es un perturbador endocrino.
"La CE reflexionará sobre el resultado de las discusiones. Si no se toma una decisión antes del 30 de junio, el glifosato no quedará autorizado más en la UE y los Estados miembros tendrán que retirar las autorizaciones para todos los productos basados en el gilfosato", explicó el portavoz.
El comité sobre Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la UE, que reunió a representantes de los países miembros este miércoles y el jueves en Bruselas, no llegó ni siquiera a votar hoy la propuesta de la Comisión Europea (CE) de renovar por nueve años la autorización del glifosato, de acuerdo con un portavoz comunitario.
"La CE ha dejado claro que no avanzaría sin una mayoría cualificada sólida de los Estados miembros", recalcó el portavoz. Dado que era "obvio" que no se hubiera reunido la mayoría cualificada, "no se ha votado" la propuesta, agregó. Aún no está claro cuándo será la próxima reunión del comité. La Comisión puede bien presentar una nueva propuesta o bien proponer una prórroga técnica.
Tres Estados miembros han expresado fuertes reservas: Francia e Italia, que de haberse votado se esperaba que hubieran expresado su rechazo a la medida, y Alemania, que se estima que podría haberse abstenido.
La ministra francesa de Sanidad, Marisol Touraine, ya había advertido el miércoles de que no renovará la autorización porque los estudios disponibles demuestran que es un perturbador endocrino.
"La CE reflexionará sobre el resultado de las discusiones. Si no se toma una decisión antes del 30 de junio, el glifosato no quedará autorizado más en la UE y los Estados miembros tendrán que retirar las autorizaciones para todos los productos basados en el gilfosato", explicó el portavoz.
Es la segunda vez desde marzo pasado que la Comisión
Europea fracasa en reunir el respaldo de los gobiernos comunitarios para
la renovación de la autorización del glifosato.
"No es ninguna sorpresa, ya que la Comisión seguía ignorando las preocupaciones de científicos independientes y es el momento ahora de que cambie el curso", señaló la directora para la política alimentaria de la UE de Greenpeace, Franziska Achterberg.
"La decisión de postponer el acuerdo es señal de que los gobiernos están tomando en serio la firme oposición existente hacia esta sustancia, y que la enorme presión social y política que estamos liderando funciona. Ha quedado claro que el interés de la Comisión Europea y de la industria agroquímica están presionando fuertemente para que la aprobación por 9 años y sin restricciones salga adelante. Esperamos que tras postponer la decisión, más gobiernos se sumen al 'no' a una sustancia que puede derivar en un problema de salud pública, agregó por su parte Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.
La renovación de la autorización del glifosato llega en plena controversia científica sobre la posibilidad de que esta sustancia pueda provocar cáncer en seres humanos. El lunes fue publicado el último estudio al respecto, uno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que afirman que "es poco probable que el glifosato cause un riesgo cancerígeno para los humanos expuestos a él mediante los alimentos".
Este estudio dice lo contrario que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, en inglés), perteneciente a la OMS, que en marzo de 2015 dijo que el glifosato era un "posible cancerígeno".
En noviembre pasado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó por su parte que no hay evidencias científicas del vínculo entre el glifosato y el cáncer, anque se niega a publicar las pruebas científicas realizadas para su investigación.
"No es ninguna sorpresa, ya que la Comisión seguía ignorando las preocupaciones de científicos independientes y es el momento ahora de que cambie el curso", señaló la directora para la política alimentaria de la UE de Greenpeace, Franziska Achterberg.
"La decisión de postponer el acuerdo es señal de que los gobiernos están tomando en serio la firme oposición existente hacia esta sustancia, y que la enorme presión social y política que estamos liderando funciona. Ha quedado claro que el interés de la Comisión Europea y de la industria agroquímica están presionando fuertemente para que la aprobación por 9 años y sin restricciones salga adelante. Esperamos que tras postponer la decisión, más gobiernos se sumen al 'no' a una sustancia que puede derivar en un problema de salud pública, agregó por su parte Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.
La renovación de la autorización del glifosato llega en plena controversia científica sobre la posibilidad de que esta sustancia pueda provocar cáncer en seres humanos. El lunes fue publicado el último estudio al respecto, uno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que afirman que "es poco probable que el glifosato cause un riesgo cancerígeno para los humanos expuestos a él mediante los alimentos".
Este estudio dice lo contrario que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, en inglés), perteneciente a la OMS, que en marzo de 2015 dijo que el glifosato era un "posible cancerígeno".
En noviembre pasado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó por su parte que no hay evidencias científicas del vínculo entre el glifosato y el cáncer, anque se niega a publicar las pruebas científicas realizadas para su investigación.
Bruselas obvia a la OMS y no considera cancerígeno el glifosato de Monsanto
"No se ha considerado hasta el momento proponer una
clasificación basada en la carcinogenicidad", asegura la Comisión
Europea, que tiene que decidir este año sobre la renovación del
herbicida más usado y controvertido del mundo
Varios activistas protestan ante la Comisión Europea por la autorización de transgénicos resistentes al glifosato en 2012. - AFP
MADRID. -La Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como un "probable cancerígeno",
pero el glifosato, el herbicida más usado del mundo y también uno de
los más cuestionados por su alta toxicidad, no preocupa de momento a las
autoridades europeas, que preparan ya la renovación para su uso en la
UE.
"Hay disponible una gran cantidad de trabajos de investigación sobre la sustancia activa del glifosato, tanto de estudios presentados por quienes demandan su renovación, como de bibliografía pública revisada por científicos. Sobre la base de este trabajo de investigación no se ha considerado hasta el momento proponer una clasificación basada en la carcinogenicidad", asegura a Público a través de correo electrónico Enrico Brivio, portavoz de Salud, Seguridad alimentaria y Medio Ambiente de la Comisión Europea.
"Hay disponible una gran cantidad de trabajos de investigación sobre la sustancia activa del glifosato, tanto de estudios presentados por quienes demandan su renovación, como de bibliografía pública revisada por científicos. Sobre la base de este trabajo de investigación no se ha considerado hasta el momento proponer una clasificación basada en la carcinogenicidad", asegura a Público a través de correo electrónico Enrico Brivio, portavoz de Salud, Seguridad alimentaria y Medio Ambiente de la Comisión Europea.
La OMS declaró que hay "evidencia limitada" de que el glifosato puede producir linfoma no-Hodking en seres humanos
El glifosato, que se comercializa sobre todo
bajo la marca Roundup de la multinacional estadounidense Monsanto, se
encuentra entre la lista de compuestos químicos que Bruselas debe
examinar este año. La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer, el departamento especializado para esta enfermedad de la OMS,
declaró en marzo que hay "evidencia limitada" de que el agroquímico puede producir linfoma no-Hodking en seres humanos y que existen "pruebas convincentes" de que puede causar cáncer en animales de laboratorio.
En su respuesta a este periódico, Brivio matiza que la Comisión ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, encargada de evaluar el riesgo del glifosato, que tome en cuenta "todos los datos relevantes", incluyendo la reciente evaluación de la OMS. Pero argumenta que en la investigación de la Organización Mundial de la Salud existen "aspectos científicos cruciales" que hasta ahora no han sido publicados, y que además utiliza un sistema de clasificación de productos químicos diferente al de la UE. "Es necesario esperar antes de sacar conclusiones", sentencia.
En su respuesta a este periódico, Brivio matiza que la Comisión ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, encargada de evaluar el riesgo del glifosato, que tome en cuenta "todos los datos relevantes", incluyendo la reciente evaluación de la OMS. Pero argumenta que en la investigación de la Organización Mundial de la Salud existen "aspectos científicos cruciales" que hasta ahora no han sido publicados, y que además utiliza un sistema de clasificación de productos químicos diferente al de la UE. "Es necesario esperar antes de sacar conclusiones", sentencia.
Tansgénicos resistentes
Aunque sus usos son diversos, este producto, desarrollado para la eliminación de maleza, hierbas y arbustos, es sobre todo controvertido en la fumigación de cultivos transgénicos, semillas que han sido modificadas genéticamente para hacerlas tolerantes al herbicida. Liliane Spendeler, directora de la ONG ecologista Amigos de la Tierra, explica que el problema es que estos organismos crean resistencia al herbicida y cada vez es necesario aumentar la dosis de las fumigaciones para hacerlas efectivas.
Aunque sus usos son diversos, este producto, desarrollado para la eliminación de maleza, hierbas y arbustos, es sobre todo controvertido en la fumigación de cultivos transgénicos, semillas que han sido modificadas genéticamente para hacerlas tolerantes al herbicida. Liliane Spendeler, directora de la ONG ecologista Amigos de la Tierra, explica que el problema es que estos organismos crean resistencia al herbicida y cada vez es necesario aumentar la dosis de las fumigaciones para hacerlas efectivas.
La
CE autorizó en abril 17 transgénicos, de los cuales 8 son tolerantes al
glifosato, y cuenta en una lista previa con 22 que ya lo eran
En países como Argentina,
tercer productor mundial de soja y donde el 80% de los terrenos
agrícolas están dedicados al cultivo de esta leguminosa transgénica, son
varios los estudios médicos que han relacionado los casos de cáncer y
otras enfermedades en comunidades agrícolas con el glifosato y otros
insecticidas.
En Europa no existen cultivos de transgénicos resistentes al glifosato porque los Estados miembros, con la excepción de España, se han mostrado siempre muy reacios a la agricultura de los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, la UE sí importa muchos de estos alimentos cultivados en terceros países, entre los que se incluyen el maíz, el algodón, la soja, la colza o la remolacha azucarera. Según la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), el 68% de la materia prima de proteína que se utiliza en la alimentación animal en la UE se compone de harina de soja. Sólo el 2% es producida dentro de las fronteras comunitarias. El resto se importa.
Sin ir más lejos, la Comisión Europea autorizó el pasado 24 de abril 17 transgénicos (10 nuevos y otros 7 renovados) de los cuales 8 son tolerantes al glifosato y cuenta, en su lista de autorizaciones previas, con otros 22 que ya lo eran. Según indicó la Comisión en un comunicado, todos pasaron "un duro procedimiento de autorización, incluyendo una evaluación científica favorable por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentraria". Enrico Brivio recuerda, además, que "los productos importados deben cumplir con un nivel máximo de residuos de pesticidas".
En Europa no existen cultivos de transgénicos resistentes al glifosato porque los Estados miembros, con la excepción de España, se han mostrado siempre muy reacios a la agricultura de los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, la UE sí importa muchos de estos alimentos cultivados en terceros países, entre los que se incluyen el maíz, el algodón, la soja, la colza o la remolacha azucarera. Según la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), el 68% de la materia prima de proteína que se utiliza en la alimentación animal en la UE se compone de harina de soja. Sólo el 2% es producida dentro de las fronteras comunitarias. El resto se importa.
Sin ir más lejos, la Comisión Europea autorizó el pasado 24 de abril 17 transgénicos (10 nuevos y otros 7 renovados) de los cuales 8 son tolerantes al glifosato y cuenta, en su lista de autorizaciones previas, con otros 22 que ya lo eran. Según indicó la Comisión en un comunicado, todos pasaron "un duro procedimiento de autorización, incluyendo una evaluación científica favorable por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentraria". Enrico Brivio recuerda, además, que "los productos importados deben cumplir con un nivel máximo de residuos de pesticidas".
"Está claro que han pesado más
las negociaciones del acuerdo comercial con EEUU que la declaración de
la OMS", denuncia Liliane Spendeler, de la ONG
Amigos de la Tierra
Amigos de la Tierra
Las agrupaciones ecologistas, la
Confederación de Consumidores y Usuarios, organizaciones de agricultores
y ganaderos y diferentes plataformas por la soberanía alimentaria y
contra los transgénicos ven en la decisión de Bruselas, en cambio, un "claro guiño a los intereses de las multinacionales y el Gobierno estadounidense,
que presionan para conseguir la apertura de los mercados europeos" en
plena negociación del tratado de libre comercio con el país
norteamericano.
"Está claro que han pesado más las negociaciones del acuerdo comercial con EEUU que la declaración de la OMS. Siempre dicen que la normativa no se va a ver afectada, pero lo que estamos viendo es que ya están actuando y abriendo el camino", dice Liliane Spendeler.
La mayor parte de los organismo genéticamente modificados que importa la UE terminan en piensos, donde la normativa europea no obliga a especificar el origen transgénico en el etiquetado. Tampoco en los derivados animales alimentados con ellos, como los lácteos o carnes. Los transgénicos utilizados directamente en la alimentación suelen hacerlo en forma de aditivos como conservantes o colorantes y en cantidades muy pequeñas. La normativa europea no obliga a reflejarlo en la etiqueta si la cantidad no sobrepasa el 0,9%.
"Está claro que han pesado más las negociaciones del acuerdo comercial con EEUU que la declaración de la OMS. Siempre dicen que la normativa no se va a ver afectada, pero lo que estamos viendo es que ya están actuando y abriendo el camino", dice Liliane Spendeler.
La mayor parte de los organismo genéticamente modificados que importa la UE terminan en piensos, donde la normativa europea no obliga a especificar el origen transgénico en el etiquetado. Tampoco en los derivados animales alimentados con ellos, como los lácteos o carnes. Los transgénicos utilizados directamente en la alimentación suelen hacerlo en forma de aditivos como conservantes o colorantes y en cantidades muy pequeñas. La normativa europea no obliga a reflejarlo en la etiqueta si la cantidad no sobrepasa el 0,9%.
Agencia Para La Libertad
Periodismo de Intervención social
GLIFOSATO - ENVENAMIENTOS - FUMIGACIONES
Antonella y los cánceres de Gualeguaychú
(Por Silvana Melo/Ape) A las diez y
veinticinco de la mañana Antonella murió. Fue el pasad lunes y
Gualeguaychú sólo era noticia por ella. Porque Antonella por mucho
tiempo fue alcancía y foto en los almacenes y en los kioscos. De una
ciudad que produce más alcancías y fotos de niños con cáncer que fiestas
de carnaval. Gualeguaychú es un terrón en la provincia de Entre Ríos:
la más regada por glifosato, según informes del Conicet. Con el
municipio de Urdinarrain como estrella mundial del veneno sistémico
(Environmental Pollution). En Gualeguaychú el 30 % de los muertos
mueren de cáncer, mientras que en el país no superan el 20.
Entre Ríos es una autopista sojera, capital de un modelo de
producción que necesita envenenar para subsistir. Dos días antes de que
Antonella muriera, Natalia Bazán habló 28 minutos frente a su celular.
La madre de Antonella habló cuando la nena ya dormía y el dolor había
sido derogado en las últimas horas de vida. Y dijo que “la vida de
nuestros hijos no siga siendo un negocio”. Y dijo que “paren toda esta
mierda que mata a nuestros hijos y a otros les llena el bolsillo”.
Natalia pasó meses en el Garrahan asistiendo al derrumbe de su chiquita de ocho años, en una foto brutal de la inclemencia del sistema. Donde la economía vapulea a la salud, destierra a los débiles y condena el futuro a la intemperie. “La mayoría de los chicos con cáncer viene de Entre Ríos”, dice. Y para ella el dolor llega directo desde el agua y el aire.
El periodista Fabián Magnotta, después de la investigación donde surgió que el cáncer en Gualeguaychú superaba la media nacional, publicó en su perfil de Facebook un pedido: “No hay estadísticas sobre cáncer en menores de 18 años en Gualeguaychú. Agradezco información para hacerla”.
Decenas de respuestas con nombres, con edades pequeñas, con historias de leucemias y cánceres, con temporadas eternas en el Garrahan, lejos de casa, con muertes absurdas, caprichosas, colonizando espacios donde deberían regir la rayuela y la vertical, la cancha y el burbujero, despacito y el brujo de bulubú, el reggetón y la bici.
Le llevará un año más a Fabián Magnotta elaborar toda esa muerte aluvional. Pero será él quien lo vuelva a hacer porque las cifras oficiales, si hay, se guardan celosamente. Para no generar segundas investigaciones (por ejemplo, las causas) que puedan fastidiar a los actoresde ubicuidad intensa
de los agronegocios. Que suelen ser diputados, ministros, médicos,
empresarios. Es decir, telas de araña que envuelven la voluntad de los
pueblos. Que conceden generosamente el trabajo con el que subsisten esos
pueblos. Y ante los que pocos se atreven a correr un riesgo que, además
de la hipoteca del futuro, a la que ya están resignados, les abroche el
vaciamiento del presente.
Antonella murió el lunes a las 10,25 en la Terapia Intensiva del Garrahan. “Las cinco quimios le destrozaron los órganos”, dijo Natalia Bazán. En una provincia arrasada por los agroquímicos, probablemente Anto haya sufrido el castigo de la hierba frágil. Y la terapia con más química la haya quebrado como un cristalito. Acaso no se sepa nunca. Y sólo quede en la canasta de las hipótesis. O en el baúl de los mitos. Para que no se despierten los propietarios de la tierra y el agua. Y se sientan ofendidos por niños que se mueren como daños colaterales.
Como murieron Leila Derudder (14) y Joan Franco (dos años y medio) en 2014 en San Salvador, Entre Ríos. A 200 kilómetros de Gualeguaychú. En esa cuadra donde el cáncer golpeaba a la puerta casa por casa.
La revista internacional Environmental Pollution fue la que publicó el informe de los investigadores del Conicet: Entre Ríos registra los más altos niveles de acumulación de glifosato a nivel mundial. “Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica”.
Es una evidencia científica de la criminalidad del impacto socioambiental del modelo de producción que ha subsistido con éxito desde su blanqueo brutal en 1996 con la entrada de la transgénesis, en un tránsito por neoliberalismos, progresismos y etcéteras, amamantados todos prolijamente por la nueva concentración de poder.
Las evidencias políticas están en la impunidad. En la ceguera judicial que es capaz de negar responsabilidades a pesar de la autopsia en un cuerpito plagado de endosulfán. En la decisión de mantener el modelo como columna y sostén del estado.
Mientras la vida pasaba afuera, desesperada, vertiginosa, Antonella moría el lunes. A las 10,25 de la mañana. Tenía ocho años. Estuvo meses en el Garrahan, enchufada a cables y agujas, atada a barbijos, cantando hasta que pudo. Cuando debió haber jugado hasta el hartazgo. Tomando helados, pelándose las rodillas en la plaza y riéndose de Gualeguaychú, con ese nombre de estornudo. Libre y feliz.
Natalia pasó meses en el Garrahan asistiendo al derrumbe de su chiquita de ocho años, en una foto brutal de la inclemencia del sistema. Donde la economía vapulea a la salud, destierra a los débiles y condena el futuro a la intemperie. “La mayoría de los chicos con cáncer viene de Entre Ríos”, dice. Y para ella el dolor llega directo desde el agua y el aire.
El periodista Fabián Magnotta, después de la investigación donde surgió que el cáncer en Gualeguaychú superaba la media nacional, publicó en su perfil de Facebook un pedido: “No hay estadísticas sobre cáncer en menores de 18 años en Gualeguaychú. Agradezco información para hacerla”.
Decenas de respuestas con nombres, con edades pequeñas, con historias de leucemias y cánceres, con temporadas eternas en el Garrahan, lejos de casa, con muertes absurdas, caprichosas, colonizando espacios donde deberían regir la rayuela y la vertical, la cancha y el burbujero, despacito y el brujo de bulubú, el reggetón y la bici.
Le llevará un año más a Fabián Magnotta elaborar toda esa muerte aluvional. Pero será él quien lo vuelva a hacer porque las cifras oficiales, si hay, se guardan celosamente. Para no generar segundas investigaciones (por ejemplo, las causas) que puedan fastidiar a los actores
Antonella murió el lunes a las 10,25 en la Terapia Intensiva del Garrahan. “Las cinco quimios le destrozaron los órganos”, dijo Natalia Bazán. En una provincia arrasada por los agroquímicos, probablemente Anto haya sufrido el castigo de la hierba frágil. Y la terapia con más química la haya quebrado como un cristalito. Acaso no se sepa nunca. Y sólo quede en la canasta de las hipótesis. O en el baúl de los mitos. Para que no se despierten los propietarios de la tierra y el agua. Y se sientan ofendidos por niños que se mueren como daños colaterales.
Como murieron Leila Derudder (14) y Joan Franco (dos años y medio) en 2014 en San Salvador, Entre Ríos. A 200 kilómetros de Gualeguaychú. En esa cuadra donde el cáncer golpeaba a la puerta casa por casa.
La revista internacional Environmental Pollution fue la que publicó el informe de los investigadores del Conicet: Entre Ríos registra los más altos niveles de acumulación de glifosato a nivel mundial. “Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica”.
Es una evidencia científica de la criminalidad del impacto socioambiental del modelo de producción que ha subsistido con éxito desde su blanqueo brutal en 1996 con la entrada de la transgénesis, en un tránsito por neoliberalismos, progresismos y etcéteras, amamantados todos prolijamente por la nueva concentración de poder.
Las evidencias políticas están en la impunidad. En la ceguera judicial que es capaz de negar responsabilidades a pesar de la autopsia en un cuerpito plagado de endosulfán. En la decisión de mantener el modelo como columna y sostén del estado.
Mientras la vida pasaba afuera, desesperada, vertiginosa, Antonella moría el lunes. A las 10,25 de la mañana. Tenía ocho años. Estuvo meses en el Garrahan, enchufada a cables y agujas, atada a barbijos, cantando hasta que pudo. Cuando debió haber jugado hasta el hartazgo. Tomando helados, pelándose las rodillas en la plaza y riéndose de Gualeguaychú, con ese nombre de estornudo. Libre y feliz.
Sofía Gatica, la guerra de una madre contra Monsanto
Esta argentina, galardonada con el Goldman 2012 por
su lucha contra las fumigaciones masivas en los cultivos de soja
trasngénica, advierte de los riesgos que estas prácticas entrañan
también para Europa
No era una prestigiosa abogada
ni practicaba el activismo ambiental. Tampoco cuenta con una titulación
secundaria superior ni alberga conocimientos sobre química o ciencias
biológicas. Sofía Gatica es, sencillamente, una madre argentina que
cuando perdió a su hija al poco de nacer por una repentina parada de
riñón decidió averiguar por qué. Desde aquel momento, hace casi 13 años,
emprendió una lucha por acabar con las fumigaciones sobre los campos de
plantaciones de soja que rodean Ituzaingó, un barrio en la provincia de
Córdoba (Argentina) con cientos de casos parecidos al suyo.
Sus reivindicaciones le han hecho valedora del premio
Goldman 2012, considerado como el Nobel de Medio Ambiente. Fundó, junto
con otras vecinas afectadas, el grupo 'Madres de Ituzaingó'
y recorrió el municipio puerta por puerta para documentar y demostrar
los efectos nocivos para la salud del glifosato, el herbicida más
vendido del mundo, comercializado por la multinacional Monsanto. Los
resultados desprendieron datos alarmantes: niños con malformaciones,
problemas respiratorios y de riñón, lupus, púrpura, leucemia y un
altísimo porcentaje de afectados por cáncer (alrededor de 300 en una
población de tan sólo 6.000 habitantes).
'El problema es el enorme negocio que hay detrás', asegura a Público
Gatica, de gira estos días por Europa para contar su experiencia y
reunirse con otros colectivos ambientalistas en la Good Food March
(marcha por los buenos alimentos) que culminó este miércoles en Bruselas
en protesta por la repercusión de las políticas agrarias en la sociedad
y la inminente reforma de la PAC.
En efecto, el cultivo de esta leguminosa se mueve en
un círculo cerrado. Cerca del 80% de los terrenos agrícolas en Argentina
están dedicados al cultivo de soja transgénica, esto es, soja cuyas
semillas han sido modificadas genéticamente para hacerlas resistentes al
glifosato o Roundup, como se vende en el mercado. Tanto las
semillas como el agroquímico que debe tratarlas son propiedad de la
compañía norteamericana Monsanto.
'A medida que crecieron las plantaciones de soja y por
ende las fumigaciones, aumentan las malformaciones en los niños. Además,
la cantidad de glifosato necesario para tratar los cultivos va
aumentando por la resistencia que desarrollan las plantas', asegura
María Godoy, otra de las ‘madres' que acompaña a Gatica en su
movilización.
Entre otras cosas, ambas han cruzado a este lado del
charco para advertir de los 'riesgos' que entrañan los transgénicos, una
cuestión con fuertes posiciones contradictorias dentro del mismo seno
comunitario. Mientras que el rechazo al cultivo de estos alimentos ha
ido creciendo en buena parte de Europa, España no sólo ha aumentado el
número de hectáreas dedicadas a los organismos genéticamente modificados
(OGM), sino que acapara la gran mayoría de esta agricultura. Según
datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de
las 114.624 hectáreas que hay en Europa de cultivos transgénicos, el 85%
(97.326 hectáreas) son españolas. En todas se cultiva la variedad de
maíz MON810, también de la empresa Monsanto y también cuestionado por
diversos estudios independientes, entre ellos el patrocinado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Salud de Austria, que evidenció problemas
significativos en el descenso de la fertilidad en ratones alimentados
con esta variedad de grano.
En todo caso, y aunque las superficie de cultivos
biotecnológicos en Europa supone sólo el 0,1% del total de terrenos
agrícolas, la importación de este tipo de productos, sobre todo la soja
transgénica, dedicada en su mayor parte a la elaboración de piensos para
la ganadería, se mide en millones de toneladas. 'La Unión Europea está
importando toneladas y toneladas de soja transgénica envenenada de
Argentina para consumo animal. Y estos animales son consumidos por todos
los habitantes de Europa y a la larga van a tener las mismas
consecuencias que estamos teniendo nosotros', denuncia Gatica.
España acapara el 85% de los cultivos transgénicos que hay en la UE
La dependencia europea de los cultivos transgénicos
provenientes de terceros países es enorme. Según la Federación Europea
de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), el 68% de la materia
prima de proteína que se utiliza en la alimentación animal en la UE se
compone de harina de soja. Sólo el 2% es producida dentro de las
fronteras comunitarias. El resto se importa, mayoritariamente de
Argentina (el 51%).
'Acá y allá, estamos peleando por lo mismo, que no nos
impongan qué comer, que los cultivos salgan de los campesinos, de los
pequeños productores y no de las multinacionales. Se está haciendo un
genocidio encubierto a nivel mundial. Se está matando gente, destruyendo
el planeta y nadie dice nada', lamenta.
'Se está haciendo un genocidio encubierto a nivel mundial', sostiene Gatica
El glifosato no está prohibido en la Unión Europea,
aunque sí se encuentra dentro de la lista de compuestos químicos que
serán revisados en 2015. Debido a la controversia que ha generado este
producto, Monsanto ha dedicado un espacio en su página web
para desmentir la supuesta alta toxicidad del agorquímico. En él
asegura que 'los herbicidas a base de glifosato se encuentran entre los
de menor riesgo respecto de sus efectos para la salud y el ambiente'.
Por su baja toxicidad, añade, 'es un herbicida utilizado con éxito en
más de 140 países del mundo desde hace 30-40 años, y su seguridad ha
sido ratificada por organismos internacionales como la EPA
(Environmental Protection Agency de los Estados Unidos) y por su
inclusión en el Anexo I de la Directiva 91/414/CE (Comunidad Europea)'.
En Argentina, las fumigaciones en áreas pobladas no están prohibidas en todo el Estado
Pese a los múltiples estudios que se realizaron en
Ituzaingó gracias a la presión del colectivo de vecinas, las
fumigaciones masivas cercanas a zonas pobladas no están prohibidas en
todo el territorio nacional. Un informe de 2009 encargado por la
presidenta Cristina Fernández reveló que sólo en este pequeño barrio
cordobés el 33% de la población muere de cáncer y que aproximadamente el
80% de los menores tienen entre 6 y 7 tipos de agroquímicos en la
sangre. Sin embargo, sólo algunas directivas a nivel local y provincial
limitan estas prácticas. Gatica y las demás ‘madres' luchan por que se
apruebe una ley con vigencia para todo el Estado, donde se estima que
cerca de 12 millones de personas están en riesgo de contaminación.
EE.UU.: Qué hay detrás de la epidemia de balazos en el país de la violencia
Publicado el 11 Noviembre 2017
Escrito por Fernando M. García Bielsa. (Alai Amlatina) - EL CLARÌN DE CHILE
Hay
claras evidencias de la incapacidad de los Estados Unidos de abordar
seriamente el problema de la violencia con armas de fuego, pese a que
durante años ha existido un debate para el control de las mismas.
Acaban
de asesinar a la mitad de los feligreses en una pequeña iglesia en
Texas, incluyendo ocho menores. Un mes antes un tirador sin motivo
cierto disparó ráfagas sobre una multitud de 22,000 asistentes durante
un concierto en Las Vegas, matando a 58 personas y otras 500 quedaron
heridas, todo ello con un arsenal portátil de 42 rifles, ametralladoras y
otras armas (y miles de cartuchos de municiones) adquiridas legalmente
en las ocho semanas previas al acontecimiento.
Ocurren
docenas de hechos de ese tipo cada año. Entre los más impactantes: en
la secundaria Columbine (muertos 12 estudiantes y un maestro; Colorado,
1999), la escuela primaria Sandy Hook (20 niños; Connecticut, 2012);
cine de Aurora (12 muertos y más de 70 heridos, Colorado, 2012); iglesia
en Charleston (9 personas, Carolina del Sur 2015), la discoteca Pulse
de Orlando (49 personas, 2016) y otras. La lista de masacres seguirá
creciendo sin parar hasta que la sociedad asuma el debate y se promulgue
un control de armas sensato.
Cuando
se han incrementado los asesinatos de personas negras a manos de la
policía, sin embargo, ante la proliferación del uso de armas letales y
asesinatos masivos como los mencionados, el gobierno se muestra incapaz
para enfrentar el problema e impotente para cumplir de una de sus
funciones básicas de proteger a la ciudadanía.
El
resultado es que sin dudas Estados Unidos padece una epidemia de
balaceras y asesinatos masivos, cada vez más brutales e impactantes.
Mientras los homicidios con armas de fuego han decrecido, los asesinatos
en masa por disparos han incrementado su frecuencia y gravedad en los
últimos diez o quince años.
Aunque
en parte ello viene a ser una prolongación de una larga historia y una
cultura marcada siempre por la violencia y el racismo desde los días de
la expansión hacia el oeste y del casi exterminio de la población
indígena originaria, así como de los linchamientos ejecutados por el Ku
Klux Kan y otros, tales hechos no están ajenos a la extrema
polarización, la actual decadencia social y al deterioro moral en
extensos segmentos del país.
Las
encuestas señalan que una considerable mayoría de estadounidenses están
a favor de mayores controles en la venta y posesión de armas de fuego, y
por la prohibición de aquellas más mortíferas.
Pero,
aunque minoritarios, son muchos también los que abogan por el derecho a
portar armas de fuego, bien con propósitos deportivos de cacería, o
como protección ante la delincuencia y algunos con la ilusión de poder
defenderse de la epidemia de violencia. Detrás está el aliento y la
manipulación por una minoría poderosa e influyente en el quehacer y las
decisiones que se adoptan en Washington.
Estos
tienen su fuerte en la influyente National Rifle Association (NRA), en
el arraigo de los derechos a la caza y el deporte, y en la intromisión
en la política de la poderosa rama fabricante de armas del país.
Actualmente hay unos 300 millones de armas de fuego en manos privadas en
Estados Unidos. Los datos indican que no es alta la proporción de
aquellos que las utilizan para la caza. No hay ninguna nación del mundo
que se acerca siquiera a tales per cápita de armas de fuego ni de
muertes ocasionadas por las mismas.
Actualmente
armas diseñadas para propósitos bélicos están disponibles para la venta
individual vía Internet y en muchas armerías sin mayores requisitos ni
controles efectivos. De eso se nutre en parte la ocurrencia en los
últimos años de una oleada de violencia por parte de ciudadanos
enfurecidos quienes protagonizan balaceras y cacerías humanas periódicas
en escuelas, centros comerciales y otros lugares públicos. Según
informe del Center of Disease Control and Prevention entre 2001 y 2013,
habían muerto por armas de fuego dentro del país 406,496
estadounidenses, o sea, más de 30.000 por año.
La
mayor frecuencia de tales hechos es más que alarmante. Hay algo
enfermizo e inhumano en la proliferación de individuos que toman sus
armas e indiscriminadamente y a mansalva disparan contra transeúntes o
feligreses sin motivo alguno, o motivados quien sabe por qué traumas o
instintos primitivos.
Se
ha tratado de apuntar a que son acciones individuales aisladas de
personas malvadas o poseídas por el demonio, y más recientemente a
inmigrantes musulmanes u otros, cosa que las estadísticas no respaldan.
Aunque los asesinos tienen distintos perfiles se observan patrones
causales complejos que incluyen la tradición violenta y racista con que
se conformó el país, su glorificación en el cine y otros medios, las
brutales acciones recientes en el exterior, así como las frustraciones y
la ira acumulada en muchas personas en medio de la fragmentación y el
actual deterioro social en gran parte del país.
Buena
parte de los perpetradores son personas mentalmente inestables,
interesadas en las armas de fuego y los explosivos, con cierta
fascinación con la muerte y el satanismo y, muchos, veteranos de las
diversas guerras que el imperio realiza en todos los confines; guerra
que han librado de forma continuada durante 16 años sin lograr una
victoria, pero donde cientos de miles de soldados pasan por experiencias
traumáticas mientras ellos, o ante su vista, se asesina a la población
civil, cometen brutales violaciones, etc.
En
los últimos años estas intervenciones y acciones bélicas se libran bajo
el supuesto de la “guerra contra el terrorismo”, parte de la cual ha
sido el uso de mercenarios y el auspicio de grupos terroristas locales,
lo que provoca también una reacción en cadena que se revierte en actos
terroristas en suelo estadounidense.
La Segunda Enmienda constitucional y su manipulación
La
cuestión de la masiva posesión de armas en manos de la población –
incluyendo armas automáticas y de combate, de libre acceso en varios
estados para cualquiera que se disponga a comprarlas y sin necesidad de
trámites ni de presentar documentos de identidad –, se escuda en una
formulación anexa a la Constitución del país.
Se
trata de la Segunda Enmienda, ratificada por los trece estados
originales allá por 1790, pero luego sujeta a controvertidas
interpretaciones. El texto reza así:
“Siendo
necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien
organizada no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas”.
Se
aludía a “una milicia bien organizada” y en un contexto bien diferente
al actual. De tal enmienda se han derivado los derechos a contar con
escopetas de caza hasta el libertinaje actual a tener ametralladoras y
armas de combate por individuos de toda calaña.
Algunos
señalan categóricamente que parte de la culpa de la actual crisis de
violencia con armas de fuego recae sobre los miembros conservadores de
la Corte Suprema y que sus dictámenes en casos recientes relativos a la
Segunda Enmienda han estado políticamente motivados.
La
interpretación actual dista bastante de la original. La Corte Suprema
ha afirmado que el derecho a portar armas es un derecho individual que
tienen todos los estadounidenses. Y por tanto que ni el gobierno federal
de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden
infringir ese derecho.
Aunque
la mayoría de la población favorece exista algún grado de control
básico que evite que tales masacres ocurran, el apoyo a la Segunda
Enmienda se ha incrementado progresivamente desde la década de 1990
tanto entre votantes liberales como conservadores. En 2016, el 76% de
los estadounidenses se opone a la derogación de la Segunda Enmienda;
esta cifra era solo del 36% en 1960.
La industria de producción de armas de fuego
En
la intimidad de los círculos de Washington se sabe que en este asunto
de la proliferación de las armas de fuego es el dinero el que marca las
jugadas. El dinero, del que los productores de armas y la Asociación
Nacional del Rifle (NRA) son una fuente fácil para nutrir fondos
electorales y prebendas. Son esos, sobre todo intereses comerciales
capitalistas, los que están detrás de las interpretaciones de la Segunda
Enmienda y los dictámenes de la Corte Suprema en favor de la plena
libertad de tenencia individual de armas de fuego.
La
extensa rama industrial de fabricantes de armamentos comercializa cada
año unos $ 49 mil millones USD y mantiene una estrecha y añeja alianza
con el gobierno.
El
crecientemente agresivo papel de los Estados Unidos en el mundo hace
crecer los contratos gubernamentales y asegura caudalosas y estables
ganancias para esas compañías. Ello se complementa dada la obsesión de
millones de ciudadanos con poseer armas de fuego que, obviamente,
contribuye sustantivamente a ese caudal de ingresos.
Un
reportaje a comienzos de 2016 señalaba que las industrias de
fabricación de armas de fuego están en crecimiento: de 5,6 millones de
armas fabricadas en 2009 a casi 11 millones en 2013.
Después
de cada masacre de las que escuchamos cada semana – y mientras más
horripilantes son- aumentan el valor de las acciones y las ventas de
tales corporaciones dada la fiebre ciudadana por pertrecharse con nuevas
armas de fuego en sus hogares, pero también por el temor de que
finalmente se establezcan mejores leyes para el control de armas; temor
que es estimulado por la industria.
Al
propio tiempo ésta y la NRA hacen fluir mayores sumas hacia sus muy
efectivos y bien financiados grupos de presión y hacia los propios
comités de campaña de los miembros del Congreso a fin de ganarlos para
sus posiciones, o intimidarlos para garantizar que el libertinaje sobre
la venta y porte de armas siga prevaleciendo, por sobre los que reclaman
que se establezca en todos los estados un registro y licencias de
armas, requerimientos de antecedente y otros para su venta, etc.
Con
la ayuda de la NRA y sin poner en peligro sus lucrativos contratos
gubernamentales, los mayores productores de armas, durante décadas, han
frustrado regulaciones de la mayoría de los estadounidenses apoyan.
Para muchos el poseer un arma es libertad; Hollywood ha enmarcado las armas como sinónimo de heroísmo, virilidad y valentía. “Un buen americano posee su arma”.
Muy
por el contrario el libertinaje aumenta. En febrero de 2017 el
Presidente Trump firmó una ley ya aprobada por el Congreso que hace más
fácil adquirir armas, incluyendo rifles semiautomáticos, por personas
con un historial de enfermedad mental.
Y
actualmente continúan los preparativos para lograr la aprobación de una
ley eufemísticamente nombrada “para el mejoramiento recreacional y la
tradición de los deportistas” que también haría más fácil importar
rifles de asalto, transportar las armas de un estado a otro y la compra
de silenciadores.
Si
no ocurre un milagro en la corrupta política del país, parece que
desafortunadamente veremos nuevas ocasiones en que algún estadounidense,
incluso considerado hasta entonces un buen ciudadano, accione su
gatillo ejerciendo “su derecho y su libertad” bajo la manipulada Segunda
Enmienda.
Un
informe en 2009 del ministerio de protección nacional (Homeland
Security) alertó que los problemas económicos y la elección del primer
presidente negro podrían exacerbar las ansiedades económicas y raciales y
provocar reacciones violentas de los supremacistas blancos y de todos
aquellos que perciben que la raza blanca estaría bajo acoso.
Muchos
de estos enarbolan una retórica demagógica, que llega a tener tintes
fascistas y es un espejo de las políticas bélicas del país, anima a
sectores desesperados a cometer acciones violentas con armas como actos
de ‘autodefensa’ y a organizarse en milicias para librar ‘cruzadas’ de
diverso tipo. En algunas regiones la paranoia y el discurso de odio se
expanden, incluso entre los adolescentes.
Para
muchos el poseer un arma es libertad; Hollywood ha enmarcado las armas
como sinónimo de heroísmo, virilidad y valentía. “Un buen americano
posee su arma”.
Otros
asuntos, como la llegada de inmigrantes, la demonización de latinos y
musulmanes, siguen siendo polarizantes y manipulados por los políticos,
así como desde los púlpitos fundamentalistas y las entidades de derecha,
muchas de las cuales están fuertemente armadas.
De
hecho, entre 2001 y 2015, más estadounidenses resultaron muertos por
extremistas de derecha que por supuestos terroristas islámicos.
Muchos
estereotipos refuerzan la ignorancia, la intolerancia y el racismo. Un
creciente número de norteamericanos blancos que han caído en la
marginalidad o en condiciones de vida precarias, albergan altos grados
de prejuicio y resentimientos, y son receptivos a las ideas
conspirativas, ultranacionalistas y racistas.
En
algunos, ello alimenta un temor y un egoísmo mezquino, y hasta el
fenómeno del ‘angry white male’ (hombre blanco colérico) que ha dado pie
a varios de los más connotadas acciones de violencia racista. Las
experiencias bélicas brutales y desmoralizantes de cientos de miles de
soldados desmovilizados y mercenarios también se reflejan en la viciada
atmosfera nacional.
En
un artículo de octubre de 2015 en Huffington Post, el experto Howard
Fineman señalaba que “una mezcla tóxica de historia, cultura, política y
dinero está evitando -y continuará evitando- que se restrinja la
tenencia privada de armas de fuego”.
Noticias Internacionales Independientes
Las masacres con armas de fuego y su relación con la violencia doméstica
10 de noviembre de 2017
Amy Goodman y Denis Moynihan
La masacre ocurrida la semana pasada en la iglesia Bautista de la comunidad de Sutherland Spring, en Texas, fue un crimen terrible y, también, terriblemente predecible. Como otras masacres similares, el hecho es representativo del problema sistémico que existe en Estados Unidos con las armas y la violencia. El responsable de asesinar a 26 personas y herir a otras 20 antes de suicidarse fue, presumiblemente, Devin Patrick Kelley, un hombre blanco que había sido miembro activo de la Fuerza Aérea estadounidense. Este tiroteo en masa es otro ejemplo letal del vínculo entre violencia doméstica y masacres con armas de fuego.
Cuando integraba la Fuerza Aérea, Kelley fue hallado culpable de agredir a su esposa y de fracturarle el cráneo a su hijastro, que no llegaba a tener dos años de edad. La Fuerza Aérea lo sometió a una corte marcial y lo mantuvo confinado durante un año, pero no informó su sentencia al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales del FBI. Esta no fue la única señal de alarma: también había cometido abuso violento contra animales y emitido amenazas de muerte hacia sus superiores de la Fuerza Aérea. Según se informó, le había estado enviando mensajes de texto amenazadores a su suegra, que concurría frecuentemente a la iglesia donde Kelley cometió el asesinato en masa.
Sarah Tofte, directora de investigación del movimiento a favor del control de armas “Everytown for Gun Safety”, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “La mayoría de las masacres con armas de fuego están relacionadas de alguna manera con la violencia doméstica o familiar”. El equipo de Tofte acaba de publicar un nuevo informe, que indica que en el período 2009-2016, en más de la mitad de las masacres con armas de fuego, los agresores mataron a sus parejas u otros miembros de sus familias. La violencia doméstica es más que una señal de alarma; es un crimen en sí mismo. Entre otras cosas, el informe señala:
“La presencia de un arma de fuego en una situación de violencia doméstica hace que sea cinco veces más probable que una mujer resulte asesinada”.
“Las mujeres en Estados Unidos tienen una probabilidad 16 veces mayor de ser asesinadas con un arma de fuego que las de otros países de altos ingresos, lo que hace que este país sea el más peligroso en el mundo desarrollado en cuanto a violencia con armas de fuego hacia las mujeres. Todos los años, las mujeres estadounidenses sufren 5,3 millones de incidentes de violencia por parte de sus parejas”.
“Cincuenta mujeres estadounidenses son asesinadas cada mes por disparos efectuados por sus parejas, y muchas más resultan heridas. Cerca de un millón de mujeres que hoy se encuentran vivas son sobrevivientes de ataques con arma de fuego por parte de sus parejas”.
Soraya Chemaly, directora del Proyecto de Discurso del Centro de Medios de Mujeres (WMC, por sus siglas en inglés), afirmó en una entrevista para Democracy Now!. “No hay absolutamente ninguna duda de que la práctica de la violencia dentro de un hogar, en un ambiente íntimo, hacia personas que, en teoría, el agresor ama, abre camino a la violencia pública”.
Soraya prosiguió: “El tema de fondo es cómo abordamos la violencia privada, cómo abordamos la violencia sexual, qué pensamos en torno a la violencia de género. La división público-privada con la que estamos trabajando no está resultando para nada, porque tendemos a presentar esta violencia terrorista privada de un modo que parece irrelevante para el ámbito público. Si pensamos en el hecho de que en Estados Unidos hay tres mujeres al día asesinadas por su pareja, si eso ocurriera en un solo incidente y estuviéramos hablando de entre 20 y 25 mujeres muertas a la semana en un solo incidente, quizás las personas comenzarían a reaccionar y a prestar atención”.
Mariame Kaba, activista y educadora que trabaja en programas contra la violencia doméstica, nos dijo: “Nos quedamos enfrascados en el intento de etiquetar a la violencia masiva como ‘terrorismo’. Pero lo que tenemos que hacer —y no estamos pudiendo— es poner fin a la violencia contra las mujeres, contra las personas sin género declarado y contra los niños y niñas, que es lo que está en la raíz de estas formas de violencia armada y tiroteos en masa. Sería mejor que nos enfoquemos en tratar de poner fin a estas otras formas de violencia, que son en sí mismas violencia en masa”.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajó a Sutherland Springs para reunirse con familiares de las víctimas de la masacre. Pence es un miembro de larga data de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) con calificación “A”. Como congresista, votó para impedir que una persona pueda demandar a los fabricantes de armas y para suavizar las leyes que rigen las compras interestatales de armas. Esta semana, Pence atribuyó la culpa de la masacre en Texas a “fallas burocráticas” y a la enfermedad mental del atacante. A principios de este año, el presidente Donald Trump revirtió una normativa de la era Obama y facilitó que las personas con problemas de salud mental pudieran adquirir armas.
Trump se encontraba en Japón en el momento de la masacre de Texas, en el marco de una gira en la que intentaba vender miles de millones de dólares en armamento a los aliados regionales al tiempo que insistía con su retórica beligerante contra Corea del Norte. El presidente debería aprender de los países que visita. En Japón, un país de 127 millones de habitantes, hay menos de diez muertes causadas por armas de fuego en un año típico, principalmente debido al estricto control de armas. Esa cifra es un gran contraste con las más de 33.000 muertes anuales causadas por armas de fuego en Estados Unidos.
En medio de las negociaciones para la venta de armamento, cuando se le preguntó sobre el control de armas a la luz del horror ocurrido en Texas, Trump sostuvo que era demasiado pronto para hablar de cambios en la política de armas. ¿Cuántas masacres más tendrán que ocurrir?
© 2017 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
La masacre ocurrida la semana pasada en la iglesia Bautista de la comunidad de Sutherland Spring, en Texas, fue un crimen terrible y, también, terriblemente predecible. Como otras masacres similares, el hecho es representativo del problema sistémico que existe en Estados Unidos con las armas y la violencia. El responsable de asesinar a 26 personas y herir a otras 20 antes de suicidarse fue, presumiblemente, Devin Patrick Kelley, un hombre blanco que había sido miembro activo de la Fuerza Aérea estadounidense. Este tiroteo en masa es otro ejemplo letal del vínculo entre violencia doméstica y masacres con armas de fuego.
Cuando integraba la Fuerza Aérea, Kelley fue hallado culpable de agredir a su esposa y de fracturarle el cráneo a su hijastro, que no llegaba a tener dos años de edad. La Fuerza Aérea lo sometió a una corte marcial y lo mantuvo confinado durante un año, pero no informó su sentencia al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales del FBI. Esta no fue la única señal de alarma: también había cometido abuso violento contra animales y emitido amenazas de muerte hacia sus superiores de la Fuerza Aérea. Según se informó, le había estado enviando mensajes de texto amenazadores a su suegra, que concurría frecuentemente a la iglesia donde Kelley cometió el asesinato en masa.
Sarah Tofte, directora de investigación del movimiento a favor del control de armas “Everytown for Gun Safety”, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “La mayoría de las masacres con armas de fuego están relacionadas de alguna manera con la violencia doméstica o familiar”. El equipo de Tofte acaba de publicar un nuevo informe, que indica que en el período 2009-2016, en más de la mitad de las masacres con armas de fuego, los agresores mataron a sus parejas u otros miembros de sus familias. La violencia doméstica es más que una señal de alarma; es un crimen en sí mismo. Entre otras cosas, el informe señala:
“La presencia de un arma de fuego en una situación de violencia doméstica hace que sea cinco veces más probable que una mujer resulte asesinada”.
“Las mujeres en Estados Unidos tienen una probabilidad 16 veces mayor de ser asesinadas con un arma de fuego que las de otros países de altos ingresos, lo que hace que este país sea el más peligroso en el mundo desarrollado en cuanto a violencia con armas de fuego hacia las mujeres. Todos los años, las mujeres estadounidenses sufren 5,3 millones de incidentes de violencia por parte de sus parejas”.
“Cincuenta mujeres estadounidenses son asesinadas cada mes por disparos efectuados por sus parejas, y muchas más resultan heridas. Cerca de un millón de mujeres que hoy se encuentran vivas son sobrevivientes de ataques con arma de fuego por parte de sus parejas”.
Soraya Chemaly, directora del Proyecto de Discurso del Centro de Medios de Mujeres (WMC, por sus siglas en inglés), afirmó en una entrevista para Democracy Now!. “No hay absolutamente ninguna duda de que la práctica de la violencia dentro de un hogar, en un ambiente íntimo, hacia personas que, en teoría, el agresor ama, abre camino a la violencia pública”.
Soraya prosiguió: “El tema de fondo es cómo abordamos la violencia privada, cómo abordamos la violencia sexual, qué pensamos en torno a la violencia de género. La división público-privada con la que estamos trabajando no está resultando para nada, porque tendemos a presentar esta violencia terrorista privada de un modo que parece irrelevante para el ámbito público. Si pensamos en el hecho de que en Estados Unidos hay tres mujeres al día asesinadas por su pareja, si eso ocurriera en un solo incidente y estuviéramos hablando de entre 20 y 25 mujeres muertas a la semana en un solo incidente, quizás las personas comenzarían a reaccionar y a prestar atención”.
Mariame Kaba, activista y educadora que trabaja en programas contra la violencia doméstica, nos dijo: “Nos quedamos enfrascados en el intento de etiquetar a la violencia masiva como ‘terrorismo’. Pero lo que tenemos que hacer —y no estamos pudiendo— es poner fin a la violencia contra las mujeres, contra las personas sin género declarado y contra los niños y niñas, que es lo que está en la raíz de estas formas de violencia armada y tiroteos en masa. Sería mejor que nos enfoquemos en tratar de poner fin a estas otras formas de violencia, que son en sí mismas violencia en masa”.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajó a Sutherland Springs para reunirse con familiares de las víctimas de la masacre. Pence es un miembro de larga data de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) con calificación “A”. Como congresista, votó para impedir que una persona pueda demandar a los fabricantes de armas y para suavizar las leyes que rigen las compras interestatales de armas. Esta semana, Pence atribuyó la culpa de la masacre en Texas a “fallas burocráticas” y a la enfermedad mental del atacante. A principios de este año, el presidente Donald Trump revirtió una normativa de la era Obama y facilitó que las personas con problemas de salud mental pudieran adquirir armas.
Trump se encontraba en Japón en el momento de la masacre de Texas, en el marco de una gira en la que intentaba vender miles de millones de dólares en armamento a los aliados regionales al tiempo que insistía con su retórica beligerante contra Corea del Norte. El presidente debería aprender de los países que visita. En Japón, un país de 127 millones de habitantes, hay menos de diez muertes causadas por armas de fuego en un año típico, principalmente debido al estricto control de armas. Esa cifra es un gran contraste con las más de 33.000 muertes anuales causadas por armas de fuego en Estados Unidos.
En medio de las negociaciones para la venta de armamento, cuando se le preguntó sobre el control de armas a la luz del horror ocurrido en Texas, Trump sostuvo que era demasiado pronto para hablar de cambios en la política de armas. ¿Cuántas masacres más tendrán que ocurrir?
© 2017 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
URUGUAY
PUBLICADO POR EL BLOG EL MUERTO
domingo, 12 de noviembre de 2017
Piezas de canje
El general Nelson Pintos, recientemente retirado, fue designado jefe
del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno de José Mujica /
Foto: Presidencia, Walter Paciello
Derechos humanos: el gobierno en el brete.
por Samuel Blixen
10 noviembre, 2017
por Samuel Blixen
10 noviembre, 2017
El gobierno está jaqueado entre las críticas a su
política de derechos humanos y las arremetidas militares por el déficit
de la Caja Militar.
En la noche del domingo 15 de octubre uno de los centinelas de guardia en las instalaciones del Batallón 13 de Infantería, en Avenida de las Instrucciones, detectó a tres personas que habían ingresado al cuartel y que estaban operando un dron que sobrevolaba, a baja altura y muy lentamente, diversos sectores del predio donde, casualmente, se retomaron las tareas de excavación en busca de enterramientos de prisioneros desaparecidos durante la dictadura. El centinela no atinó a disparar contra el dron, que voló la zona por espacio de 20 minutos, ni a detener a los intrusos.
Esa fue al menos la versión que el coronel Juan Santurio aportó al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), que impulsa las excavaciones, siguiendo un criterio de coordinación que requiere la comunicación de cualquier novedad. El Batallón número 13 de Infantería (hoy Servicio de Transporte del Ejército), donde fueron ubicados los restos de Fernando Miranda, se sospecha que oculta enterramientos de algunos de los desaparecidos del centro clandestino de reclusión 300 Carlos.
Hace más de un año, otro episodio de características anormales y nunca aclarado –la aparición de una carcasa de granada en la zona de trabajo– impuso la suspensión de las tareas de búsqueda de enterramientos, en la eventualidad de que el campo estuviera “minado”.
Pero el episodio del dron –para el caso de que fuera un “operativo” similar al de la granada– tuvo otra derivación: las autoridades del Gtvj instaron a los mandos del batallón a que realizaran la correspondiente denuncia, para determinar cómo fue posible el ingreso de desconocidos y cómo se explica que no fueran detenidos el dron ni sus operadores. Oficiales del Ejército consultados coincidieron en que “si hay un dron espiando en mi cuartel, lo bajo”. El Gtvj emitió un comunicado en el que califica de acto “intimidatorio y de provocación” el ingreso de las tres personas, episodio que “enrarece el clima de trabajo y pretende generar temor a los equipos actuantes”.
PERFIL BAJO. Las excavaciones, retomadas tras un análisis más fino de los datos y testimonios sobre posibles ubicaciones de tumbas clandestinas, siguieron con el cronograma definido. Si el episodio del dron fue otro intento para que se suspendieran las tareas, el objetivo fracasó. Pero es un elemento que opera en un marco de especial tensión entre el gobierno y los militares, donde la cuestión de los derechos humanos es otra pieza de canje.
De un tiempo a esta parte el lenguaje militar respecto del gobierno y de las autoridades ha ingresado en el destrato y el insulto. Todo es pretexto para la agresión: “A partir de ahora deberíamos decir ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley, por decreto’”, dice un comunicado del Centro Militar parafraseando al presidente Vázquez, a raíz de una compra de munición para el Ministerio del Interior que no tuvo en cuenta la opinión del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército.
El debate sobre el déficit de la Caja Militar también enciende el enojo de los generales, que consideran que sus cifras sobre los montos de las jubilaciones militares son las únicas auténticas. Ese criterio le dio derecho al comandante del Ejército, Hugo Manini Ríos, y al general Nelson Pintos, a insultar al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
El incidente, especialmente grave, ocurrió hace exactamente un año, en noviembre de 2016, en el despacho del ministro de Defensa Nacional, al que concurrieron, además del ministro Jorge Menéndez, el comandante Manini Ríos, el comandante de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, el almirante Daniel Núñez, comandante de la Armada, y el general Pintos, por entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario Ferreri asistían como miembros del gobierno.
Era la segunda reunión para analizar el déficit de la Caja Militar; la primera había ocurrido una semana antes, y registró discrepancias sobre las cifras. Entre una y otra reunión Ferreri concedió una entrevista a Desayunos informales, de Canal 12, en la que reiteró la información contable que maneja el gobierno. A modo de saludo, el general Manini le dijo a Ferreri: “Usted es un mentiroso”. Y el general Pintos le dijo: “Te lo expliqué la semana pasada. No podés ser tan hijo de puta”. Ante la sorpresa de los civiles, sólo Murro atinó a intervenir para bajar la pelota al piso.
El episodio se mantuvo en estricto secreto, aparentemente no se tomaron medidas disciplinarias (el ministro Menéndez, que dice no haber oído los insultos, ha ordenado estudiar el caso), y no habría tomado estado público si el general Pintos, recientemente retirado, no hubiera acudido a El Observador para exponer el entredicho. Nadie desmintió la versión del general Pintos, un oficial que en 2016 fue indagado por la justicia en un caso de tráfico de influencias en un trámite de importación de armas, y que tuvo por lo menos dos entredichos con el actual ministro: uno, cuando fue desautorizado ante un grupo de senadores porque había afirmado que hacía 45 años que no se invertía en equipos para las Fuerzas Armadas; y otro, cuando fue sancionado por una afirmación en un informe: “los congoleses están para la guerra y para satisfacer a sus mujeres”.
El bajo perfil que el gobierno exhibe frente a estos exabruptos (y de ahí la ostensible intención del general Pintos, a pesar de estar impedido de incursionar en aspectos políticos) como en materia de derechos humanos, revela la delicada situación de una estrategia que evita, en cualquier tema, la confrontación con los militares, lo que inevitablemente los envalentona, debilitando la posición del ministro. Algunas decisiones, como el anuncio de que se instalarán tribunales de honor para los oficiales condenados por delitos de lesa humanidad, tratan de recuperar posiciones y, en todo caso, aparecen como respuestas a los operativos de inteligencia, como el episodio del dron.
A FAVOR DE LA IMPUNIDAD. En este contexto no es casualidad el fallo de la Suprema Corte de Justicia (Scj) que, en votación dividida, declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley que había establecido la imprescriptibilidad para los delitos de terrorismo de Estado, impulsando una nueva marcha atrás que beneficia a la impunidad. Es todo un símbolo, también, que el fallo beneficie en primer lugar al coronel José Gavazzo, procesado por la comisión de 28 homicidios.
El rechazo que provocó el fallo en diversos ámbitos, políticos y de derechos humanos, fue más allá del hecho puntual de la imprescriptibilidad, cuyo efecto sobre las causas judiciales fue señalado por organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecios, Ielsur, el Observatorio Luz Ibarburu y Amnistía Internacional; es un cuestionamiento de índole más general que responsabiliza directamente al gobierno.
Así, en una entrevista concedida a La Diaria, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, señaló: “El hecho de que la mayoría de la Scj haya optado por la interpretación más conservadora, más regresiva, que menos tiene en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, que se olvida de las normas que habilitaría la otra alternativa, todo eso (fue) para beneficiar a los perpetradores y no pensar en la víctima. Esa es una opción política”. Según Tayler, el encare de la violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado requiere coraje y compromiso, “y no me queda claro que la clase política esté dispuesta en este momento a proveer ese liderazgo”.
La senadora Constanza Moreira, por su parte, denunció la “complicidad de algunas instituciones importantes en Uruguay con las violaciones a los derechos humanos”. Y esa complicidad “dice mucho sobre nuestra clase política, y sobre la forma en que construimos nación sobre la base del ocultamiento, del silencio, de la negación de la realidad”. La senadora calificó a la Scj como un sistema de elite y, además, endogámico, “un brazo político del Estado que no tiene control externo”. Cuestionó la actitud de los gobiernos frenteamplistas que, a pesar de tener mayorías parlamentarias, no las hicieron valer cuando hubo que resolver la designación de los miembros de la Scj, permitiendo que se impusieran, en la negociación por la obtención de mayorías especiales, los criterios de los partidos de la oposición, “que no han tenido compromiso con la causa de los derechos humanos y han sido predicadores incansables del derecho al olvido”.
Jaqueado desde distintos frentes, el gobierno parece necesitado de un éxito en materia de derechos humanos, particularmente en la búsqueda de desaparecidos, para acallar críticas y para poner una baza en la pulseada sobre la Caja Militar.
En la noche del domingo 15 de octubre uno de los centinelas de guardia en las instalaciones del Batallón 13 de Infantería, en Avenida de las Instrucciones, detectó a tres personas que habían ingresado al cuartel y que estaban operando un dron que sobrevolaba, a baja altura y muy lentamente, diversos sectores del predio donde, casualmente, se retomaron las tareas de excavación en busca de enterramientos de prisioneros desaparecidos durante la dictadura. El centinela no atinó a disparar contra el dron, que voló la zona por espacio de 20 minutos, ni a detener a los intrusos.
Esa fue al menos la versión que el coronel Juan Santurio aportó al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), que impulsa las excavaciones, siguiendo un criterio de coordinación que requiere la comunicación de cualquier novedad. El Batallón número 13 de Infantería (hoy Servicio de Transporte del Ejército), donde fueron ubicados los restos de Fernando Miranda, se sospecha que oculta enterramientos de algunos de los desaparecidos del centro clandestino de reclusión 300 Carlos.
Hace más de un año, otro episodio de características anormales y nunca aclarado –la aparición de una carcasa de granada en la zona de trabajo– impuso la suspensión de las tareas de búsqueda de enterramientos, en la eventualidad de que el campo estuviera “minado”.
Pero el episodio del dron –para el caso de que fuera un “operativo” similar al de la granada– tuvo otra derivación: las autoridades del Gtvj instaron a los mandos del batallón a que realizaran la correspondiente denuncia, para determinar cómo fue posible el ingreso de desconocidos y cómo se explica que no fueran detenidos el dron ni sus operadores. Oficiales del Ejército consultados coincidieron en que “si hay un dron espiando en mi cuartel, lo bajo”. El Gtvj emitió un comunicado en el que califica de acto “intimidatorio y de provocación” el ingreso de las tres personas, episodio que “enrarece el clima de trabajo y pretende generar temor a los equipos actuantes”.
PERFIL BAJO. Las excavaciones, retomadas tras un análisis más fino de los datos y testimonios sobre posibles ubicaciones de tumbas clandestinas, siguieron con el cronograma definido. Si el episodio del dron fue otro intento para que se suspendieran las tareas, el objetivo fracasó. Pero es un elemento que opera en un marco de especial tensión entre el gobierno y los militares, donde la cuestión de los derechos humanos es otra pieza de canje.
De un tiempo a esta parte el lenguaje militar respecto del gobierno y de las autoridades ha ingresado en el destrato y el insulto. Todo es pretexto para la agresión: “A partir de ahora deberíamos decir ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley, por decreto’”, dice un comunicado del Centro Militar parafraseando al presidente Vázquez, a raíz de una compra de munición para el Ministerio del Interior que no tuvo en cuenta la opinión del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército.
El debate sobre el déficit de la Caja Militar también enciende el enojo de los generales, que consideran que sus cifras sobre los montos de las jubilaciones militares son las únicas auténticas. Ese criterio le dio derecho al comandante del Ejército, Hugo Manini Ríos, y al general Nelson Pintos, a insultar al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
El incidente, especialmente grave, ocurrió hace exactamente un año, en noviembre de 2016, en el despacho del ministro de Defensa Nacional, al que concurrieron, además del ministro Jorge Menéndez, el comandante Manini Ríos, el comandante de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, el almirante Daniel Núñez, comandante de la Armada, y el general Pintos, por entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario Ferreri asistían como miembros del gobierno.
Era la segunda reunión para analizar el déficit de la Caja Militar; la primera había ocurrido una semana antes, y registró discrepancias sobre las cifras. Entre una y otra reunión Ferreri concedió una entrevista a Desayunos informales, de Canal 12, en la que reiteró la información contable que maneja el gobierno. A modo de saludo, el general Manini le dijo a Ferreri: “Usted es un mentiroso”. Y el general Pintos le dijo: “Te lo expliqué la semana pasada. No podés ser tan hijo de puta”. Ante la sorpresa de los civiles, sólo Murro atinó a intervenir para bajar la pelota al piso.
El episodio se mantuvo en estricto secreto, aparentemente no se tomaron medidas disciplinarias (el ministro Menéndez, que dice no haber oído los insultos, ha ordenado estudiar el caso), y no habría tomado estado público si el general Pintos, recientemente retirado, no hubiera acudido a El Observador para exponer el entredicho. Nadie desmintió la versión del general Pintos, un oficial que en 2016 fue indagado por la justicia en un caso de tráfico de influencias en un trámite de importación de armas, y que tuvo por lo menos dos entredichos con el actual ministro: uno, cuando fue desautorizado ante un grupo de senadores porque había afirmado que hacía 45 años que no se invertía en equipos para las Fuerzas Armadas; y otro, cuando fue sancionado por una afirmación en un informe: “los congoleses están para la guerra y para satisfacer a sus mujeres”.
El bajo perfil que el gobierno exhibe frente a estos exabruptos (y de ahí la ostensible intención del general Pintos, a pesar de estar impedido de incursionar en aspectos políticos) como en materia de derechos humanos, revela la delicada situación de una estrategia que evita, en cualquier tema, la confrontación con los militares, lo que inevitablemente los envalentona, debilitando la posición del ministro. Algunas decisiones, como el anuncio de que se instalarán tribunales de honor para los oficiales condenados por delitos de lesa humanidad, tratan de recuperar posiciones y, en todo caso, aparecen como respuestas a los operativos de inteligencia, como el episodio del dron.
A FAVOR DE LA IMPUNIDAD. En este contexto no es casualidad el fallo de la Suprema Corte de Justicia (Scj) que, en votación dividida, declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley que había establecido la imprescriptibilidad para los delitos de terrorismo de Estado, impulsando una nueva marcha atrás que beneficia a la impunidad. Es todo un símbolo, también, que el fallo beneficie en primer lugar al coronel José Gavazzo, procesado por la comisión de 28 homicidios.
El rechazo que provocó el fallo en diversos ámbitos, políticos y de derechos humanos, fue más allá del hecho puntual de la imprescriptibilidad, cuyo efecto sobre las causas judiciales fue señalado por organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecios, Ielsur, el Observatorio Luz Ibarburu y Amnistía Internacional; es un cuestionamiento de índole más general que responsabiliza directamente al gobierno.
Así, en una entrevista concedida a La Diaria, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, señaló: “El hecho de que la mayoría de la Scj haya optado por la interpretación más conservadora, más regresiva, que menos tiene en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, que se olvida de las normas que habilitaría la otra alternativa, todo eso (fue) para beneficiar a los perpetradores y no pensar en la víctima. Esa es una opción política”. Según Tayler, el encare de la violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado requiere coraje y compromiso, “y no me queda claro que la clase política esté dispuesta en este momento a proveer ese liderazgo”.
La senadora Constanza Moreira, por su parte, denunció la “complicidad de algunas instituciones importantes en Uruguay con las violaciones a los derechos humanos”. Y esa complicidad “dice mucho sobre nuestra clase política, y sobre la forma en que construimos nación sobre la base del ocultamiento, del silencio, de la negación de la realidad”. La senadora calificó a la Scj como un sistema de elite y, además, endogámico, “un brazo político del Estado que no tiene control externo”. Cuestionó la actitud de los gobiernos frenteamplistas que, a pesar de tener mayorías parlamentarias, no las hicieron valer cuando hubo que resolver la designación de los miembros de la Scj, permitiendo que se impusieran, en la negociación por la obtención de mayorías especiales, los criterios de los partidos de la oposición, “que no han tenido compromiso con la causa de los derechos humanos y han sido predicadores incansables del derecho al olvido”.
Jaqueado desde distintos frentes, el gobierno parece necesitado de un éxito en materia de derechos humanos, particularmente en la búsqueda de desaparecidos, para acallar críticas y para poner una baza en la pulseada sobre la Caja Militar.
Investigó más de 50 causas de violaciones a los derechos humanos en su juzgado en cuatro años, cuando eran pocos los jueces que se animaban a ello. Eso le generó muchos enemigos, presiones, advertencias, hasta que en el año 2013, sin dar explicaciones, la Suprema Corte de Justicia la trasladó a un Juzgado Civil por razones “de mejor servicio”. Ella apeló el falló pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apoyó la decisión de la Suprema Corte.
Mariana Mota hizo temblar a los genocidas y por ello la presionaron Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre
Entrevista de Daniel Roselli. Fue la jueza que condenó al ex presidente Juan María Bordaberry. Su nombre es Mariana Mota. Recibió todo tipo de presiones, hubo políticos que fueron a la Suprema Corte a pedir que la sacaran el Poder Judicial, y finalmente fue trasladada a un Juzgado Civil para opacarla, pero es imposible tapar el sol con un dedo.
9 noviembre 2017
Entrevista de Daniel Roselli. Fue la jueza que condenó al ex presidente Juan María Bordaberry. Su nombre es Mariana Mota. Recibió todo tipo de presiones, hubo políticos que fueron a la Suprema Corte a pedir que la sacaran el Poder Judicial, y finalmente fue trasladada a un Juzgado Civil para opacarla, pero es imposible tapar el sol con un dedo.
9 noviembre 2017
Oriunda de la ciudad de Colonia, esta mujer delgada de 53 años de edad ha escrito las historias más trascendentes de los estrados judiciales uruguayos. De profesión abogada, la hoy ex jueza Mariana Mota integra desde el mes de agosto el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay.
Se recibió a los 27 años de edad, cuando corría el mes de febrero del año 1991. Ese mismo año se postuló para un cargo en el Poder Judicial y comenzó su carrera en diferentes destinos en el interior de la República hasta llegar a Montevideo.
Recordada por sus fallos contra los principales genocidas de la dictadura uruguaya, la doctora Mariana Mota recibió presiones desde las distintas fuerzas políticas partidarias uruguayas. Por ejemplo, el ex presidente colorado Jorge Batlle y el ex vicepresidente blanco Gonzalo Aguirre, fueron directamente a la Suprema Corte de Justicia para que fuera sacada de su cargo.
Investigó más de 50 causas de violaciones a los derechos humanos en su juzgado en cuatro años, cuando eran pocos los jueces que se animaban a ello. Eso le generó muchos enemigos, presiones, advertencias, hasta que en el año 2013, sin dar explicaciones, la Suprema Corte de Justicia la trasladó a un Juzgado Civil por razones “de mejor servicio”. Ella apeló el falló pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apoyó la decisión de la Suprema Corte.
En un espacioso y silencioso salón de la Institución Nacional de Derechos Humanos, EL ECO repasó la historia de los hechos más trascendentes que tuvieron como protagonista a la doctora Mariana Mota.
– ¿Cómo se vinculó a las causas de delitos de lesa humanidad?
-Fue particular. Mi primer destino fue en Castillos (Rocha) y una semana antes de que me trasladaran ocurrió el asesinato de Rony Scarcella, que era un ex militante del MLN, un ex preso político y ese caso parece que hubiera signado las posteriores actuaciones. Además fue un crimen que nunca fue aclarado. Yo tenía competencia de urgencia, no tenía la causa y me estaba yendo a otro destino. Recuerdo que fue una situación muy enigmática, porque estaba encapuchado con un tiro en la cabeza. Aún lo recuerdo, porque a una le queda en la memoria cada una de las muertes que ve. Es como un archivo que queda en la cabeza. Y cuando no se aclaran, permanecen con un signo de interrogación al lado.
El periplo de Mariana Mota
Desde allí la doctora Mariana Mota comenzó un periplo por distintos puntos del país: Young, San José, Paysandú, Dolores, luego Ciudad de la Costa y finalmente Montevideo.
En la capital del país le asignaron el Juzgado Penal de 7º Turno, y allí había varias causas sobre hechos ocurridos durante la dictadura, y la única que estaba en trámite en relación a delitos de lesa humanidad era la de Juan María Bordaberry. Después había otras paralizadas o semiparalizadas.
“A la causa de Bordaberry le dimos un poco más de impulso porque estaba bastante lenta y después dimos sentencia (fue en febrero de 2010). Eso generó el impulso por parte de víctimas y familiares de abrir otras causas conexas. Una por tortura, entre otras, cuando Uruguay no se había investigado por tortura hasta ese momento
– ¿De qué año estamos hablando?
-Yo entré en el 2009 y la sentencia de Bordaberry fue en febrero del 2010. A partir de ese momento se abre la causa por tortura y otra sobre la muerte de Ubagesner Cháves Sosa que había sido desaparecido y sus restos fueron ubicados en el 2005. A partir de que la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el 2009, se promueve la inconstitucionalidad de otras dos causas: una era la de los fusilados de Soca* y la otra de Hugo de los Santos Mendoza, que era un estudiante de agronomía muerto en el Batallón de Ingeniería Nº 9, cuyo cuerpo después fue trasladado para Rocha. Recuerdo que aún en dictadura la familia pidió una segunda autopsia, y el juez y el fiscal realmente se enfrentan al régimen y le otorgan el derecho. Después pagan por ello, porque el régimen los traslada, los hostiga y son obligados a renunciar al Poder Judicial. Pero es una autopsia que determinó las verdaderas razones de la muerte.
En este caso existía una particularidad: había fotos del cuerpo, donde se veían las heridas. Porque los cadáveres de quienes habían muerto en las prisiones se los entregaban a los familiares a cajón cerrado y con la prohibición de abrirlos. Obviamente con un informe médico sobre la causa de la muerte que no era real.
Entonces, a partir de un pedido de la fiscalía de investigar otras muertes y, cuando se logra trámite mediante que se declare inconstitucional la ley de caducidad para los fusilados de Soca y para el caso de Hugo de los Santos, se abre un abanico enorme de causas. A partir del expediente de Hugo de los Santos se arma un expediente por cada muerte que allí estaba denunciada. Entre ellas estaba la del carmelitano Aldo Perrini. La familia hizo luego la denuncia, pero ya estaba pedida la inconstitucionalidad.
El efecto dominó y la multiplicación de causas
A partir de estas causas, de las sentencias, la doctora Mariana Mota se convierte en una amenaza para los genocidas, pero a la vez es punto de referencia para las víctimas o sus familiares y le comienzan a llover las causas. “Por la sencilla razón de que cuando las personas advierten que un organismo funciona, lo utilizan, como en cualquier ámbito de la vida”, dice con sencillez.
Por ello el Juzgado de Mota termina aglutinando muchas causas de derechos humanos. “Tenía dos juzgados: el normal con los casos cotidianos, de delitos comunes, y el juzgado de las causas de derechos humanos”, cuenta.
– ¿Tenía muchas presiones del sistema político?
– Sí (dice si quiera pasar desapercibida), porque cuando se comienzan a emitir los pronunciamientos judiciales, se avanza en las causas, se convoca a militares y a víctimas y familiares, eso inevitablemente genera un estado público porque importa, importa a la gente, pero ello también genera rechazo de los sectores que no querían que eso se ventilara. ¡Por algo existió la ley de caducidad! No fue porque alguien la trajo de otro mundo. Esos mismos sectores que intentaron que no se investigara, paralizar todo, después trataron de desestabilizar las investigaciones.
-¿De qué forma?
-Con una sucesión de denuncias contra mi trabajo, sobre la forma de cómo trabajaba, qué sacaba… eso estaba dentro de las reglas de juego. Porque claro, hay causas en las que uno no tiene tantas obstáculos procesales, pero en estas sí que había… Y después con la prensa también, porque había medios a los que sí les interesaba informar sobre qué pasaba con las causas de los derechos humanos, pero había otros que estaban en la vereda de enfrente.
-¿Qué decían?
-Se llegó a cuestionar mi forma de proceder, como que yo desconocía cualquier garantía judicial. Fue en la causa del general Calcagno, porque yo lo había procesado por la desaparición forzada de dos uruguayos en Paraguay: Gustavo Insaurralde y Nelson Santana. Así lo entendió también el Tribunal. Pero en ese proceso y en el pasaje del Juzgado al Tribunal, se dijo que yo había violado el principio de inocencia y me dijeron de todo un poco.
-Pero no quedó en eso…
-No, ahí fue el ex presidente Jorge Batlle (Partido Colorado, 2000-2005) y el ex vice presidente Gonzalo Aguirre (Partido Nacional, 1990-1995), a plantearle a la Suprema Corte que me sacaran del Poder Judicial. Pero eso no fue un hecho aislado, sino que todas las semanas había un hecho, un comentario, en contra mía. Después se inserta lo de la marcha, el reportaje en Página 12 (Argentina). Lo que pasa es que yo no estaba resolviendo sobre el hurto de la verdulería, sino que era pesado… Pero bueno, la opción era: o miro para el costado, o trabajo. Hice esto último.
-Situaciones como cuando la Suprema Corte la retiró del caso de Aldo Perrini.
-Me sacó el expediente, en una forma totalmente irregular. Y fue el día que yo iba a dictar sentencia.
-En este cúmulo de denuncias y hechos ¿nunca encontró denuncias o hechos que involucraran al doctor Julio Ma. Sanguinetti?
– ¿Contra él?
– Sí.
– No, nunca hubo. Es interesante -dice reflexionando-, se podría investigar qué tanto participó él en lo que supuestamente fue la Operación Zanahoria, si hubo o no remoción de cuerpos, también en lo que fue el ocultamiento de archivos. Había algunas personas que cuestionaban por qué no se ha investigado -porque todavía se puede hacer- la actuación del ex presidente en el avance o detención de las causas sobre los derechos humanos.
– ¿En esos años la justicia uruguaya respondía a un pensamiento filosófico de ocultamiento de la causas de derechos humanos?
-En realidad no era de oposición, sino de desconocimiento, que es más grave aún.
– ¿Cómo de desconocimiento?
-Salvo honrosas excepciones, como el caso de Mirtha Guianze u otros fiscales, que conocían los hechos, que conocían la jurisprudencia internacional, que conocían los procesos que se estaban llevando a cabo en otros países de América, el 90% de los jueces no parecían saber de la existencia de estas cosas y cuando aparecían las denuncias en nuestro juzgado, demostraban un desconocimiento que realmente era preocupante. Desconocimiento sobre cómo abordar a una víctima de terrorismo de Estado, como investigar un hecho, qué normativa se aplica, todo eso tiene una particularidad. Porque no olvidemos que lo normal es que el Estado proteja el derecho de las personas, no que los viole. El Estado tiene el deber de la protección a la víctima.
-¿Por eso su papel se tornó tan trascendente?
-Sí, porque los pocos que trabajamos en esto nos tornamos más visibles y más fácilmente atacables. Si hubiera sido todo el Poder Judicial que hubiera tomado esta situación como una violación a los derechos humanos y hubiera dicho acá hay que aplicar toda esta batería de normativa, todo hubiera sido diferente.
– ¿Quién fue el responsable de esta situación? ¿El Estado como tal o la Suprema Corte de Justicia?
-Es que mientras estuvo la ley de caducidad vigente no se podía investigar absolutamente nada, porque impedía a los jueces investigar estas causas. Tenían que preguntarle al Poder Ejecutivo si podían hacerlo y este decía que no. Entonces mientras esto sucedió no se tramitaba nada, y si no se tramitaba no había cuestionamientos jurídicos. No hubo la necesaria discusión jurídica que deberían hacer los operadores del derecho. Eso no se dio. Sí pasó en otros países, como en la Argentina. Ellos debatieron sobre si eran casos de lesa humanidad, si prescribían o no, la ley de obediencia debida, todo esa discusión se dio antes. Y acá no, no pasó nada…
-Pero si Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre se permitieron ir a hablar a la Suprema Corte, fue porque sabían que era permeable, que tenían llegada.
-Claro, lógico. La visita de estas personas no fue un hecho aislado, fue parte de una cadena de presiones. De esa me enteré porque ellos mismos lo dijeron, sin ningún problema. Después siguieron otros cuestionamientos. En realidad era todo ambiente en el que era difícil definir quién se oponía. Había diferentes sectores y de diferentes lados. Por eso la conclusión es que había un Estado al que no le interesaba resolver esto. Eso era lo más preocupante.
-¿Tuvo pruebas sobre si hubo un pacto entre los militares y el MLN Tupamaros para que las causas de derechos humanos no avanzaran en el gobierno de José Mujica?
– No, no tuve. Pero se habló mucho, de muchos pactos, de muchas cosas…
– Pero concretamente…
-Y los rumores me llegaban. Lo único concreto es que no se avanzó. Eso es objetivamente cierto, después… saber quién es responsable es otra historia. Porque pudo haber un pacto entre militares y MLN, pero las cosas no son aisladas. Y si hubo un pacto entre ellos dos, existe todo el resto de organismos que deberían oponerse a ello o someterse. Y ahí la decisión no es sólo de ese eventual pacto -si realmente existió- sino también de quienes obraron en consecuencia a ello.
-¿Recibió amenazas de muerte personalmente?
-No, no, personalmente no. Fueron genéricas, como aquel video que apareció de encapuchados que amenazaba a jueces y fiscales, que no me generó ninguna inquietud. Son como cíclicos, como que periódicamente aparecen. Luego sucedió el robo en la Facultad de Humanidades, apareció el Comando Barneix, y ahora se violentaron los lugares donde se buscan desaparecidos…
– ¿Son hechos aislados o hoy fuerzas que operan?
– Lo preocupante es que aparecen estos hechos porque no hay una respuesta concreta. Si el Estado y todos sus órganos tuvieran una posición clara y firme de que están interesados en esclarecer las causas de derechos humanos, de encontrar a los desaparecidos y de responsabilizar a quienes cometieron y ampararon estos delitos, creo que no habría duda de la posición del Estado y por lo tanto no cabría aceptar ningún tipo de amenaza, ni tolerarlas. Porque ¿cuánto afectan estas amenazas a las víctimas? ¿Cuánto afectan a las investigaciones? ¿A los testigos? Creo que el mensaje verdadero es atemorizar…
– ¿Qué pude decir del caso de Vladimir Roslik?
– Creo que ahí hubo un problema del propio sistema judicial, que archivó el caso porque dijo que había prescrito, y entonces no se avanzó. Cuando en realidad lo que tendría que haber ocurrido es que si el Tribunal entendía que había prescrito, amparando lo que había dicho el Juzgado de Primera Instancia, se tendría que haber planteado la casación a la Corte y si ésta mantenía la prescripción, pasar el caso a los organismos internacionales. No se puede aceptar que prescriba un delito de lesa humanidad. Y más en un caso que está totalmente individualizado. Fue al final de la dictadura, todo individualizado, muy conocido. En paralelo, fue como los primeros crímenes antes de la dictadura, cuando se discutía sobre ellos en el Parlamento. Y lo mismo pasó con Roslik, se sabe todo, cuándo, dónde y quiénes lo hicieron. Todo se sabe, fueron funcionarios públicos. Entonces la gran omisión fue no continuar.
– ¿Por qué cree que es necesario saber qué pasó y cómo en la historia reciente?
-Para que no vuelva ocurrir. Justamente por eso. La justicia no sólo es para sentenciar e investigar, sino que tiene que dar un mensaje claro de que cuando hay una conducta fuera de las reglas, se sanciona. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad es para que no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué ocurrieron? Puede ser por muchas circunstancias, pero seguramente hubo organismos estatales que no estuvieron lo suficientemente aptos o fuertes para evitar este tipo de vulneración. Entonces el cometido del Estado, en su función de proteger y defender a los derechos humanos, es tener políticas públicas eficientes para evitar que vuelva ocurrir. Lo que se llama garantía de no repetición. Pero para tener garantía de no repetición, tenemos que saber lo que pasó.
