CATALUNYA
2017/11/05
44.000 voces claman en Bilbo por el derecho a decidir y la democracia
La tercera gran manifestación en
Bilbo en menos de dos meses en apoyo al derecho a decidir en Catalunya y
Euskal Herria superó a las dos anteriores reuniendo a 44.000 personas.
Los convocantes se comprometieron a «impedir la degradación de la
democracia y a defender todos los derechos civiles y políticos» ante las
agresiones del Estado.
|BILBO
Decenas de miles de personas –44.000 según el recuento habitual de
GARA– se manifestaron ayer en Bilbo respondiendo a la convocatoria de
agentes políticos, sociales y sindicales contra la aplicación en
Catalunya del artículo 155 de la Constitución española y en apoyo del
derecho a decidir y la democracia. A pesar del fuerte aguacero y sin la
participación del PNV, se superaron las cifras de asistentes de las
marchas convocadas por Gure Esku Dago en ese mismo escenario, con 32.000
y 31.00 en las movilizaciones que tuvieron lugar el 16 y 30 de
setiembre.
Pasadas las 17.10 arrancó la movilización, encabezada por una pancarta con el lema en euskara y castellano ‘‘Contra el 155, Democracia y Derecho a Decidir’’, portada por representantes de las organizaciones convocantes a los que fueron sumándose miles y miles de personas que comenzaron a corear consignas como «Independentzia», «Catalunya aurrera» y otras demandando la libertad de los integrantes del Govern y activistas sociales encarcelados por responder al mandato de la ciudadanía catalana.
La marcha fue enfilando paso a paso la calle Autonomía entre gritos y aplausos, mientras las numerosas esteladas e ikurriñas trataban de moverse a pesar de la lluvia que las empapaba. Caras conocidas del ámbito político, social y sindical participaron entre miles y miles de personas a las que los embates represivos del Estado español contra las instituciones catalanas y la sociedad civil les anima a salir a la calle a mostrar su rechazo.
Después de más de una hora de movilización, con fuertes chaparrones en algunos instantes de la misma, la cabeza llegó a las escalinatas del Consistorio bilbaino mientras la cola se encontraba en la calle Enrique Eguren, casi a mitad de Autonomía. Las primeras referencias de la presentadora a los encarcelados fueron coreadas por la multitud con gritos de apoyo y aplausos.
A continuación tomaron la palabra la cantante y presentadora Zuriñe Hidalgo y el catédrático de la UPV-EHU Ramón Zallo que, en euskara y castellano, dieron lectura a un manifiesto en el que los convocantes de la marcha, en primer lugar, mostraron su solidaridad con la ciudadanía de Catalunya y se comprometieron «a hacer frente a la deriva autoritaria y antidemocrática de la entente PP-PSOE-Ciudadanos», al entender que la aplicación del artículo 155 supone «un punto de inflexión de dimensiones históricas».
Consideran que esas tres fuerzas políticas españolas se han propuesto «destruir cualquier atisbo de democracia, primero en Catalunya y seguidamente en cualquier territorio y contra cualquier pueblo que no asuma de buen grado los principios monárquicos, involutivos y de unidad indisoluble del Estado que ellos imponen. No es casualidad –advirtieron– que dirigentes del PP hayan amenazado con utilizar ese artículo en otros lugares».
Enumeraron las consecuencias de la aplicación del 155 y de los pasos dados desde el ámbito judicial contra cargos políticos democráticamente elegidos. «Esta escalada represiva no se circunscribe al marco de Catalunya, sino que va a suponer un recorte de libertades democráticas en todo el Estado. Y Euskal Herria también será objeto de agresiones», prevén. «Esto incide directamente en el debate abierto para renovar el estatus político. El margen de mejora de autogobierno es el que marca el Estado», denunciaron.
Por ello, afirmaron que «ante decisiones propias de un Estado antidemocrático resulta inaceptable mantener, también en Euskal Herria, cualquier normalidad institucional y acuerdos políticos de primer orden» con PP, PSOE y Cs. «Esas medidas excepcionales del artículo 155 suponen un ataque directo a la democracia y el derecho a decidir que no puede quedar sin una respuesta proporcional en el ámbito de la política vasca», defendieron.
Mostraron su compromiso con «impedir la degradación de la democracia» y para defender todos los derechos civiles y políticos. Y dentro de ello, reivindicaron el derecho a decidir tanto de Catalunya como de los territorios de Euskal Herria. «El origen del problema está precisamente ahí, en la negativa radical por parte del Estado para dar cauce democrático a esa reivindicación. Ni el Estado español, ni el PP, el PSOE y Cs lo aceptan», subrayaron.
«Defendemos que somos sujeto político propio y legitimado, cuyo único límite debe ser el ejercicio democrático de la ciudadanía vasca», manifestaron ante los congregados.
«No existen motivos jurídicos para imputar delitos de rebelión y sedición»
«No se puede gobernar con quien defiende el 155 y mete a nuestros amigos en la cárcel»
«El PNV ha decidido no participar,
ellos tendrán que dar sus explicaciones»
Pasadas las 17.10 arrancó la movilización, encabezada por una pancarta con el lema en euskara y castellano ‘‘Contra el 155, Democracia y Derecho a Decidir’’, portada por representantes de las organizaciones convocantes a los que fueron sumándose miles y miles de personas que comenzaron a corear consignas como «Independentzia», «Catalunya aurrera» y otras demandando la libertad de los integrantes del Govern y activistas sociales encarcelados por responder al mandato de la ciudadanía catalana.
La marcha fue enfilando paso a paso la calle Autonomía entre gritos y aplausos, mientras las numerosas esteladas e ikurriñas trataban de moverse a pesar de la lluvia que las empapaba. Caras conocidas del ámbito político, social y sindical participaron entre miles y miles de personas a las que los embates represivos del Estado español contra las instituciones catalanas y la sociedad civil les anima a salir a la calle a mostrar su rechazo.
Después de más de una hora de movilización, con fuertes chaparrones en algunos instantes de la misma, la cabeza llegó a las escalinatas del Consistorio bilbaino mientras la cola se encontraba en la calle Enrique Eguren, casi a mitad de Autonomía. Las primeras referencias de la presentadora a los encarcelados fueron coreadas por la multitud con gritos de apoyo y aplausos.
A continuación tomaron la palabra la cantante y presentadora Zuriñe Hidalgo y el catédrático de la UPV-EHU Ramón Zallo que, en euskara y castellano, dieron lectura a un manifiesto en el que los convocantes de la marcha, en primer lugar, mostraron su solidaridad con la ciudadanía de Catalunya y se comprometieron «a hacer frente a la deriva autoritaria y antidemocrática de la entente PP-PSOE-Ciudadanos», al entender que la aplicación del artículo 155 supone «un punto de inflexión de dimensiones históricas».
Consideran que esas tres fuerzas políticas españolas se han propuesto «destruir cualquier atisbo de democracia, primero en Catalunya y seguidamente en cualquier territorio y contra cualquier pueblo que no asuma de buen grado los principios monárquicos, involutivos y de unidad indisoluble del Estado que ellos imponen. No es casualidad –advirtieron– que dirigentes del PP hayan amenazado con utilizar ese artículo en otros lugares».
Enumeraron las consecuencias de la aplicación del 155 y de los pasos dados desde el ámbito judicial contra cargos políticos democráticamente elegidos. «Esta escalada represiva no se circunscribe al marco de Catalunya, sino que va a suponer un recorte de libertades democráticas en todo el Estado. Y Euskal Herria también será objeto de agresiones», prevén. «Esto incide directamente en el debate abierto para renovar el estatus político. El margen de mejora de autogobierno es el que marca el Estado», denunciaron.
Por ello, afirmaron que «ante decisiones propias de un Estado antidemocrático resulta inaceptable mantener, también en Euskal Herria, cualquier normalidad institucional y acuerdos políticos de primer orden» con PP, PSOE y Cs. «Esas medidas excepcionales del artículo 155 suponen un ataque directo a la democracia y el derecho a decidir que no puede quedar sin una respuesta proporcional en el ámbito de la política vasca», defendieron.
Mostraron su compromiso con «impedir la degradación de la democracia» y para defender todos los derechos civiles y políticos. Y dentro de ello, reivindicaron el derecho a decidir tanto de Catalunya como de los territorios de Euskal Herria. «El origen del problema está precisamente ahí, en la negativa radical por parte del Estado para dar cauce democrático a esa reivindicación. Ni el Estado español, ni el PP, el PSOE y Cs lo aceptan», subrayaron.
«Defendemos que somos sujeto político propio y legitimado, cuyo único límite debe ser el ejercicio democrático de la ciudadanía vasca», manifestaron ante los congregados.
Declaraciones
«Es necesario que los vascos tomemos la calle y construyamos un muro popular democrático»
ARNALDO OTEGI
EH Bildu«No existen motivos jurídicos para imputar delitos de rebelión y sedición»
ZELAI NIKOLAS
Gure Esku Dago«No se puede gobernar con quien defiende el 155 y mete a nuestros amigos en la cárcel»
TXIKI MUÑOZ
ELA«El PNV ha decidido no participar,
ellos tendrán que dar sus explicaciones»
GARBIÑE ARANBURU
LAB
CARAS CONOCIDAS
En la marcha estuvieron, entre otros, Arnaldo Otegi, Bakartxo
Ruiz, Txiki Muñoz, Patxi Zabaleta, Garbiñe Aranburu, Tinixara Guanche,
Iñigo Martínez y Rafa Díez. También Gemma Zabaleta, que ha anunciado que
abandona el PSOE tras la aplicación del 155.2017/11/03
Madrid quema sus cartuchos encarcelando al Govern
El Govern elegido por Catalunya en
2015, el que permitió a su ciudadanía votar el 1-O, ha sido encarcelado
por el Estado español. Sigue la batalla en Europa, con Puigdemont y
cinco consejeros más, pero sobre todo en Catalunya, con una indignación
serena que mira al 21D.
|BARCELONA
«No nos vamos a rendir. Hasta el final, hasta el final». Estas
palabras pronunciadas entre lágrimas por Marta Rovira, secretaria
general de ERC, resumieron el panorama que deja el encarcelamiento de la
mitad del Govern que acudió a la Audiencia Nacional. No eran lágrimas
de derrota, sino de dolor mezclado con determinación. Precisamente la
palabra que salió poco después de la cuenta de Twitter de Oriol
Junqueras, vicepresident legítimo y ahora también preso político: «En
pie, con determinación y hasta la victoria», pide.
Interpretar esta decisión de la AN, forzada por la Fiscalía, como venganza tiene su parte de verdad, pero se queda corta. El independentismo tiene claro que el combate sigue –con las elecciones del 21D como próximo asalto– y que por eso precisamente Madrid recurre a la prisión, esa lacra tan padecida en Euskal Herria. «Toda Europa tiene que saber esto», remarcó Marta Pascal (PDeCat) también desde Madrid. «Vamos a seguir luchando para vivir en un país justo, libre y digno», apostilló Rovira. «Esto empieza ahora», clamó Gabriela Serra, de la CUP, partido que lanzó después este mensaje rotundo: «Secuestrados pero no vencidos, no tenéis suficientes cárceles».
Se anunció que en Estremera dormirían el vicepresident Junqueras y el conseller de Interior, Joaquín Forn; en Valdemoro, Raül Romeva y Josep Turull; en Alcalá Meco, Dolors Bassa y Meritxell Borrás; en Navalcarnero, Josep Rull; y en Aranjuez, Carles Mundó y Santi Vila. Sin embargo, sobre todo por cuestiones organizativas de Instituciones Penitenciarias, finalmente todos los consejeros fueron llevados a Estremera y las consejeras a Alcalá-Meco. El «arrepentido» Vila, que dimitió la noche anterior a la proclamación de la República, saldrá hoy bajo fianza de 50.000 euros. Para los otros ocho la orden de cárcel es incondicional, sin fianza. Catalunya suma por tanto diez presos políticos con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cuyo encarcelamiento será revisado hoy en una vista.
La embestida española tiene dos flecos por resolver. La Fiscalía ha pedido también la detención y extradición del president, Carles Puigdemont, y otros cuatro consellers que siguen en Bruselas (Maritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí). La jueza Carmen Lamela, que firma todo esto, decidirá hoy. Habrá que ver cómo se desarrolla esta euroorden que crea un debate incómodo para el Estado español en toda la UE. Ayer hubo un silencio muy llamativo de todos los estados y órganos comunitarios, ¿estupor quizás?
Por otro lado, el jueves próximo tendrán que volver al Supremo los seis miembros de la Mesa del Parlament citados ayer bajo similares acusaciones a las de los miembros del Govern. El Alto Tribunal español, al contrario que la Audiencia Nacional, dio por buena la evidente indefensión jurídica (se les citó menos de 24 horas antes) y pospuso esta convocatoria.
En algunas de estas protestas se pidió a voces la convocatoria de una huelga general. El 3 ya se realizó un potente paro ciudadano en Catalunya, tras las cargas del 1-O, a convocatoria de la muy plural Taula per la Democràcia. De ella forma parte por ejemplo la UGT, cuyo secretario general en Catalunya, Camil Ros, denunció en Twitter: «!Nunca una persona por defender sus ideas políticas pacífica y democráticamente puede ir a la prisión!».
En Barcelona se ha convocado hoy a las 9.30 un pleno extraordinario para abordar estos encarcelamientos. Será un día después de que se aprobara una resolución que reconocía al Govern de Puigdemont (entonces todavía libre) como el único legítimo [ver página 6].
Una vez más, y pese a la gravedad de la situación, las movilizaciones vespertinas resultaron totalmente pacíficas. A ello animaron desde los mismos aledaños de la Audiencia Nacional primero los abogados de los encarcelados y luego los portavoces políticos, con una sola voz.
El hachazo estatal también liquida aparentemente las expectativas de Santi Vila, a quien desde Madrid se quería encumbrar como cuña anti-independentista dentro. Vila acudió a la Audiencia Nacional con abogado propio, desmarcándose del resto de imputados. Luego quiso dormir en prisión una noche en solidaridad con ellos.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, se mostró desolada.
«La furia con la que el Estado español nos ha embestido es desbocada y nos amenaza a todos; debemos combatirla de la forma en la que los catalanes hacemos las cosas: sin violencia, con paz y con respeto a todas las ideas».
Interpretar esta decisión de la AN, forzada por la Fiscalía, como venganza tiene su parte de verdad, pero se queda corta. El independentismo tiene claro que el combate sigue –con las elecciones del 21D como próximo asalto– y que por eso precisamente Madrid recurre a la prisión, esa lacra tan padecida en Euskal Herria. «Toda Europa tiene que saber esto», remarcó Marta Pascal (PDeCat) también desde Madrid. «Vamos a seguir luchando para vivir en un país justo, libre y digno», apostilló Rovira. «Esto empieza ahora», clamó Gabriela Serra, de la CUP, partido que lanzó después este mensaje rotundo: «Secuestrados pero no vencidos, no tenéis suficientes cárceles».
Se anunció que en Estremera dormirían el vicepresident Junqueras y el conseller de Interior, Joaquín Forn; en Valdemoro, Raül Romeva y Josep Turull; en Alcalá Meco, Dolors Bassa y Meritxell Borrás; en Navalcarnero, Josep Rull; y en Aranjuez, Carles Mundó y Santi Vila. Sin embargo, sobre todo por cuestiones organizativas de Instituciones Penitenciarias, finalmente todos los consejeros fueron llevados a Estremera y las consejeras a Alcalá-Meco. El «arrepentido» Vila, que dimitió la noche anterior a la proclamación de la República, saldrá hoy bajo fianza de 50.000 euros. Para los otros ocho la orden de cárcel es incondicional, sin fianza. Catalunya suma por tanto diez presos políticos con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cuyo encarcelamiento será revisado hoy en una vista.
La embestida española tiene dos flecos por resolver. La Fiscalía ha pedido también la detención y extradición del president, Carles Puigdemont, y otros cuatro consellers que siguen en Bruselas (Maritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí). La jueza Carmen Lamela, que firma todo esto, decidirá hoy. Habrá que ver cómo se desarrolla esta euroorden que crea un debate incómodo para el Estado español en toda la UE. Ayer hubo un silencio muy llamativo de todos los estados y órganos comunitarios, ¿estupor quizás?
Por otro lado, el jueves próximo tendrán que volver al Supremo los seis miembros de la Mesa del Parlament citados ayer bajo similares acusaciones a las de los miembros del Govern. El Alto Tribunal español, al contrario que la Audiencia Nacional, dio por buena la evidente indefensión jurídica (se les citó menos de 24 horas antes) y pospuso esta convocatoria.
«No esteu sols»
La noticia de los encarcelamientos generó movilizaciones masivas
inmediatas pueblo a pueblo [crónica de Martxelo Díaz en páginas 5-6]. La
ANC convoca hoy a las 19.00 ante los ayuntamientos, encartelada gigante
el domingo y manifestación en Barcelona el domingo 12. ‘‘No esteu
sols!’’ (No estáis solos) y ‘‘Llibertat’’ son los dos gritos que corren
calle a calle. Y volvieron a sonar las cacerolas, como en las vísperas
del referéndum.En algunas de estas protestas se pidió a voces la convocatoria de una huelga general. El 3 ya se realizó un potente paro ciudadano en Catalunya, tras las cargas del 1-O, a convocatoria de la muy plural Taula per la Democràcia. De ella forma parte por ejemplo la UGT, cuyo secretario general en Catalunya, Camil Ros, denunció en Twitter: «!Nunca una persona por defender sus ideas políticas pacífica y democráticamente puede ir a la prisión!».
En Barcelona se ha convocado hoy a las 9.30 un pleno extraordinario para abordar estos encarcelamientos. Será un día después de que se aprobara una resolución que reconocía al Govern de Puigdemont (entonces todavía libre) como el único legítimo [ver página 6].
Una vez más, y pese a la gravedad de la situación, las movilizaciones vespertinas resultaron totalmente pacíficas. A ello animaron desde los mismos aledaños de la Audiencia Nacional primero los abogados de los encarcelados y luego los portavoces políticos, con una sola voz.
Efectos sobre el 21D
El encarcelamiento sacude además el tablero para las elecciones del
21 de diciembre, dando aire a la opción de una lista conjunta, propuesta
ya desde las entidades civiles. «Nada es igual ya», proclamó en el acto
de Barcelona el dirigente de Podem Albano Dante Fachin, que auguró que
la formación que tome posición partidista lo pagará en las urnas. Hay
reuniones en marcha que tendrán que decantarse en breve, pero los
llamamientos a que el independentismo gane de nuevo esos comicios fueron
constantes tanto en Madrid como en las protestas posteriores. Varias
voces situaron ese 21D en realidad como un pulso entre «democracia y
autoritarismo» o incluso entre «el bien y el mal».El hachazo estatal también liquida aparentemente las expectativas de Santi Vila, a quien desde Madrid se quería encumbrar como cuña anti-independentista dentro. Vila acudió a la Audiencia Nacional con abogado propio, desmarcándose del resto de imputados. Luego quiso dormir en prisión una noche en solidaridad con ellos.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, se mostró desolada.
Los apuntes del día
rajoy esconde la mano
Solo portavoces catalanes ya en campaña (García Albiol o Arrimadas)
valoraron la prisión como algo inevitable. El Gobierno del PP no abrió
la boca, en su argucia de presentar como judicial e independiente una
acción que impulsó vía Fiscalía. ¿Se lo tragará también Europa?
UNIDAD EN LA(S) RESPUESTA(s)
No solo se anuncian protestas unitarias (en muchos actos se pidió
huelga general), sino que Colau plantea un «frente común» para liberar a
los presos políticos y gana peso la opción de una candidatura conjunto
para el 21D, en clave de pura democracia.
Puigdemont mentaliza a los suyos: «Esta represión será larga y feroz»
TV3 emitió anoche un mensaje del president que interpela de nuevo a
Europa y recuerda a todos sus compañeros. Pero lo más reseñable es la
advertencia a sus conciudadanos de que «nos espera una represión larga y
feroz».«La furia con la que el Estado español nos ha embestido es desbocada y nos amenaza a todos; debemos combatirla de la forma en la que los catalanes hacemos las cosas: sin violencia, con paz y con respeto a todas las ideas».
Comiendo Tierra
por Juan Carlos Monedero
Policías que se mofan, comisarios que delinquen, ministros que prevarican
Y Presidentes que mintieron, hablando hoy de la cobardía de otros. En el final del último Gobierno de Felipe González, la sensación era que los que tenían que ser buenos eran bastante malos y los que eran malos eran terribles. Daba susto que los que nos cuidaban de los enemigos de la democracia la estuvieran dinamitando desde dentro. Ese agotamiento gritaba el paso a algo nuevo. Que tampoco lo fue. González, que ahora hace bromas sobre políticos catalanes encarcelados, acompañó a la puerta de la prisión a Vera y Barrionuevo, juzgados por montar una banda criminal con resultado de muerte sufragada con dinero de todos los españoles. Quien fuera o fuese el máximo responsable, el Señor X, escondido en su cobardía, no entró en la cárcel. Un misterio que queda para la historia oculta. Pero todo el mundo se pregunta con qué autoridad González hace comentarios hirientes sobre el Govern catalán encarcelado. O con qué autoridad el sobresueldeado Rajoy habla de legalidad.
Puigdemont, Junqueras y demás miembros del Govern han sido unos aventureros políticos y es muy probable que no puedan explicar todas sus cuentas. ¿Rebelión? ¿Sedición? ¿A la altura de Tejero y Milans del Bosch? Ni han asesinado ni secuestrado el Parlamento ni sacado los tanques a la calle. Y les han votado los catalanes, nos guste poco o menos. Se les encarcela por lo que han hecho con sus ideas, claro (Franco no encarcelaba por las ideas, sino porque en nombre de esas ideas hacías cosas). Eso es la democracia: poder ejercer tus ideas. Aventureros porque lo han llevado a donde al final todo iba a estallar. Contaban con la necedad y la necesidad del gobierno de Rajoy. González se ríe porque es uno de los responsables de la impunidad de la Transición, de la que se benefició. Impunidad que sigue a día de hoy vigente en el Rey Emérito, su hija y su yerno, en los más de 800 cargos del PP imputados por corrupción, en los Botín que tenían el dinero en Suiza, en la amnistía fiscal, incostitucional pero tan beneficiosa a los amigos de Montoro, en jueces que pueden hacer barbaridades sólo porque el PP los considera “uno de los nuestros”, en la Calle de Arriba España. Los lodos de la Transición son los barros de la democracia.
Unos policías se ríen de Oriol Junqueras y dan por sentado que el Vicepresident catalán puede ser violado en la cárcel. ¿De verdad somos la cuarta economía del euro? Uno de los elementos más terribles del modelo neoliberal es que es compatible con el autoritarismo. Ahí está Erdogán. Lo importante es que los menos cada vez tenga más. La democracia es circunstancial. Da igual que la policía, que está para hacer valer la Constitución, humille a un detenido y, lo que es peor, que esté convencida de que la cárcel es un sitio donde pueden ocurrir violaciones. ¿Ha dicho algo el Defensor del Pueblo? Dice la Constitución que las penas son para reinsertar. Es tan evidente para esos policías lo que pasa en las cárceles que hacen chistes. Estremece. El anterior director general de la policía tenía un retrato de Franco en su casa. Hay inercias que cuesta romper. Un juez impide la vergüenza de que el callejero de Madrid siga ensalzando a los golpistas de 1936 y a los genocidas de 1939. Decían antes que África empieza en los Pirineos. Antes.
El PSOE, junto con el PP, impidieron que el Comisario Villarejo compareciera en la Comisión Parlamentaria que investigaba la policía política. La que operaba con el Ministro del Interior Fernández Díaz. Facturas falsas, cuentas falsas, agentes falsos, periodistas falsos y políticos falsos. Algo sabía Rubalcaba que no quería que lo supieran los demás. Rubalcaba, que hoy sigue siendo Ministro del Interior desde el diario El país (que pide hoy que se censuren las redes sociales, a ver si todo el mundo no tiene más remedio que leer ese elegante tabloide). Todo con el beneplácito de Pedro Sánchez, el curioso resucitado en cuerpo -mantiene el moreno- pero con el alma de Susana Díaz. Estamos como en 2011. Se empeñan en ser lo mismo que decían los cantos. Villarejo, gracias, en no poca medida, al trabajo de Patricia López y Carlos Bayo, del diario Público, ha sido detenido. Era un intocable. La policía política tenía muy buenas conexiones con el pseudo periodista Inda. Que tiene todas las papeletas para terminar como su amigo Bernard de Manos Limpias (qué manera de ensuciar los nombres) o sus amigos de las cloacas de interior. Villarejo, el pequeño Nicolás, Manos Limpias, OK diario, Rubalcaba, Rajoy, Cosidó, Fernández Díaz, Maza, el dimitido Moix de Anticorrupción -tan deseado por los presos del PP-, Ana Mato, Dolores de Cospedal, Bárcenas, Lezo, Celia Villalobos, Gürtel, Gallardón, Cifuentes y el agua bendita del Canal de Isabel II.
Policías que se ríen de lo que pasa en las cárceles. Aunque lleguen a prisión todos los del PP que se lo merecen, no tiene la más mínima gracia. Con políticos tan mediocres, cada decisión empeora las cosas. Y el Rey inédito que se ha invalidado a sí mismo. Policías que se mofan, Comisarios que delinquen, Ministros que prevarican, Presidentes que mienten, periodistas que falsean la realidad. Marca España. Seguimos siendo un reino bananero.
Barcelona: Gran manifestación por la libertad de exmiembros del gobierno catalán
Manifestantes se reúnen en el centro de Barcelona para reclamar liberación de exgobernantes catalanes. @laura_ro7 / Twitter
La manifestación ha sido organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que tilda a los encarcelados por la justicia española de “presos políticos”.
La ANC ha anunciado el inicio de la ‘Semana de la Libertad’ y ha instado a que la población participe en el paro del 8 de noviembre y a una “gran manifestación” prevista para el sábado del 11 de noviembre, “para pedir la liberación de los presos políticos y para reclamar también la República”.
Ambos eventos han sido convocados tanto por la ANC, como por la entidad Òmnium Cultural, cuyos líderes fueron acusados de sedición y enviados por la Audiencia Nacional a la cárcel.
(Tomado de Rusia Today en Español)
Postdatas
Venceremos, pero no convenceremos
por Jorge Bezares
El anuncio de ERC y del PDeCAT de que concurrirían a las elecciones convocadas por Rajoy, pese a estar en contra de la aplicación del artículo 155, me hizo pensar que la situación progresaba adecuadamente.
Paralelamente, la tocata y fuga de Puigdemont y un grupo de leales exconsellers a Bruselas, amagando con una petición de asilo político, instalaba al independentismo catalán en el sainete directamente.
En este contexto, en la calle, que con el DUI iba camino de convertirse en un campo de batalla, bajó el diapasón. Tanto que, inicialmente, podría haber sobrado hasta la última manifestación convocada Societat Civil Catalana defendiendo el 155 (finalmente se celebró bajo el paraguas de la convivencia).
Pero la situación cambió radicalmente cuando la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó la prisión incondicional del vicepresidente Oriol Junqueras y de siete exconseller (Santi Vila, que no votó la DUI, prisión eludible bajo fianza) y firmó una orden de captura contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que también permanecen en la capital belga junto al expresident.
Entre otras cuestiones, Lamela argumenta en su auto que la acción del Govern “fue meditada y perfectamente preparada y organizada (…) se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y resistencia colectiva”, y pagó para llevar a cabo delitos contra las resoluciones del Tribunal Constitucional.
A juico de esta magistrada, existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Era más que evidente que la DUI y todo el procés que llevó al independentismo catalán hasta ella, por contener un cúmulo de vulneraciones flagrantes de la Constitución y del propio Estatut, tendría sus consecuencias judiciales una vez que el Estado puso la máquina de picar carne con la activación del artículo 155.
Además, claro, está la independencia judicial de la juez, que, a estas alturas del procés, cualquiera se mete con ella, aunque haya dictado un auto que representa un acto de sobreactuación y haya perpetrado una inoportunidad histórica por toda la escuadra. Pero ya se sabe, es ella y sus circunstancias.
Pero en la cocina de este auto también ha estado el Fiscal General del Estado, que tiene más de Rajoy que de Montesquieu.
Este buen señor debería haber templado gaitas –o el Gobierno se lo debería haber sugerido aunque fuera con indirectas- al ver que las elecciones del 21-D podían ser una vía de solución al callejón sin salida en el que se encontraba Cataluña y España. ¿Una petición de prisión eludible con fianza, una gran fianza, por encima de los 50.000 euros de Vila, no hubiera sido más razonable?
Y, en apartado más político imposible, Instituciones Penitenciarias, que depende directamente del Ministerio del Interior, ¿no se podría haber ahorrado el plan de dispersión de presos que ha organizado para Junqueras y los siete exconsellers?
En fin, esto pasa cuando un problema político como el catalán se deja que se pudra durante los últimos cinco años y se espera que, en el descuento, los jueces lo resuelvan a golpe de Código Penal.
Además de todo esto está la sensación de doble rasero y de cierta impunidad que transmite el PP cuando navega a contracorriente por aguas judiciales.
Resulta sorprendente que un partido en el que ha anidado la corrupción de forma tan escandalosa siga en pie y muchos de sus dirigentes más insignes estén dando aún teóricas sobre la unidad de España y contra el independentismo
En fin, con todo esto, me temo muy mucho que venceremos, pero no convenceremos a esa mitad de la sociedad catalana que abraza el independentismo más si cabe tras el ‘todos a la cárcel’ que decretó la juez Lamela sin permiso de Berlanga.
A ver si el Tribunal Supremo arregla este desaguisado sin chispa de gracia y sin altura de miras.
PD: Es realmente indignante que en la España de estos días que corren un juez suspenda cautelarmente el cambio del callejero franquista en Madrid atendiendo un recurso de la Fundación Francisco Franco.
Posos de anarquía
por David Bollero
La desobediencia civil implica sacrificio
¿En qué punto estamos ahora? En que Junqueras y el resto de consellers que anoche entraron en prisión son consecuentes con sus actos. Más allá de que no comparta las formas que han tenido, especialmente en el último mes y medio, hay que reconocer que su desobediencia civil (o administrativa, porque eran cargos oficiales) ha sido completa, ha cerrado el ciclo exponiéndose a las consecuencias legales que podía tener.
Cosa bien distinta es lo que hacee Puigdemont, cuya actitud cobarde no puede maquillarse con estrategias por internacionalizar el proceso, por seguir manteniendo la llama independentista viva. Resulta grotesco escuchar al que fuera presidente de la Generalitat solicitar al funcionariado catalán que esquive con creativad la aplicación del Artículo 155, mientras él se pasea por Bruselas faltando, incluso, a su deber como presidente de su proclamada República Independiente de Catalunya.
La desobediencia civil cobra sentido por el espíritu de sacrificio que trae implícito. Se trata de un acto de inmolación jurídica que está llamada a movilizar al pueblo, a despertar conciencias, a transformar clics de ratón en pancartas en las calles. Si no existe ese sacrificio, pierde enteros, sangra legitimidad… hablando en plata, te conviertes en un espabilado… en Puigdemont.
¿Estoy diciendo con esto que enfrentarse a las consencuencias de tus actos, como han hecho Junqueras y compañía, garantiza que vas a recibir un trato justo? No, claro que no, pero cuanto más injusto sea el trato que recibes, ese al que voluntariamente te entregas, más impacto tendrá tu desobediencia civil. Y eso es, precisamente, lo que ha sucedido: ha movilizado de nuevo a las calles, ha comenzado a fraguar un bloque común independentista para las elecciones del 21 de diciembre que pueden hacer que Rajoy, Rivera y Sánchez (y empresas y medios de comunicación afines) queden en el más absoluto de los ridículos, yéndose por el desagüe junto con este parche que están aplicando.
De cara a esas elecciones, sin embargo, ese bloque independentista debería soltar lastre y, por esto entiendo a Puigdemont, cuyos vaivenes y huída no son dignos de la causa que buena parte del pueblo catalán persigue. Merecen algo mejor.
Catalanizar el Reino de España
Escrito por: Pablo Mayoral Rueda*. Fotos: Javier Coria.Publicado el
Un respeto. En Catalunya, para empezar, la mayoría de la población domina como mínimo dos idiomas.
El Parlamento de Catalunya aprobó en junio de este año, por unanimidad, anular las sentencias políticas del régimen franquista y declarar “ilegales” los tribunales franquistas que actuaron desde 1938 a 1978, y hacer un registro oficial de los casi 64.000 procesos que tuvieron lugar en Catalunya durante esos 40 años. Ya nos gustaría que en el resto de España se hiciera algo parecido. Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con los votos en contra de PP y Ciudadanos (que en la Asamblea son mayoría), se impidió poner una placa en la antigua DGS en recuerdo y homenaje a los miles de antifranquistas que allí fueron torturados.
En 2016, en Catalunya, el PP consiguió apenas 460.000 votos (13%) mientras que, por ejemplo, en Madrid obtuvo el triple de apoyos, 1.316.000 votos (38%). En Catalunya, el PP es casi marginal, y si no fuera por el apoyo que le prestan los grandes medios de comunicación estaría fuera del mapa.
El PP en Catalunya tiene un sólo alcalde y apenas 215 concejales. C´s no tiene ningún alcalde y sólo 175 concejales, mientras tanto ICV-EUiA-Entessa tienen 21 alcaldes (entre ellas la alcaldía de Barcelona) y 370 concejales. La CUP-PA tiene 19 alcaldes y 382 concejales. ¿Quién son, pues, los minoritarios?
Ahora esa minoría quiere desalojar por la fuerza a los representantes del pueblo de Catalunya democráticamente elegidos y tomar el poder. Un partido con un solo alcalde en toda Catalunya, quiere gobernarla. This is Spain.
Hablemos del respeto a las leyes. En 2003, con Pascual Maragall, el 88% de Parlamento Catalán aprobó reformar el Estatuto de Autonomía. En 2005 se aprobó en el Parlamento Catalán con 120 votos a favor y 15 en contra. Este nuevo Estatuto, a propuesta de Rajoy (entonces en la oposición), fue anulado por el Tribunal Constitucional de obediencia reaccionaria. Los miembros de dicho Tribunal reescribieron ese Estatuto a su antojo en 2010 y a partir de ahí empezaron las grandes manifestaciones en toda Catalunya. Millones de personas formaron parte de manifestaciones reivindicativas, festivas, pacíficas y multitudinarias como nunca antes se han visto en Europa, reivindicando su derecho a decidir.
Hablemos de diálogo. En 2014 el Parlamento catalán pidió formalmente al Congreso de Diputados del Estado español la convocatoria de un referéndum. La propuesta fue rechazada. Sólo 47 diputados votan a favor. Los millones de catalanes que lo llevaban exigiendo en las calles y las instituciones desde hace años, fueron ignorados. Por ley, esos millones de ciudadanos no existen y, por lo tanto, no hay que responderles ni dialogar nada con ellos. El Estado español, siguiendo una tradición consolidada, hace política a estacazos. No sabe otra cosa. Además, constitucionalmente, tiene el monopolio de la estaca… Todo encaja.
En Catalunya, los partidos políticos están cumpliendo el programa con el que se presentaron a las elecciones, y han dado voz al pueblo para que decida sobre su futuro directamente. ¿En qué otra parte de España la gente habría sido capaz de crear una red logística perfectamente organizada con la que, arriesgando cárcel y desafiando la “inteligencia” del Estado, consiguiera que las urnas estuvieran listas a la hora en punto en todos los colegios electorales?
¿En qué otra parte de España la gente habría esperado toda una noche para proteger y mantener abiertos esos colegios? ¿En qué otra parte de España voluntarios severamente amenazados desde el gobierno central se hubieran arriesgado a cometer el “delito” de componer las mesas electorales? ¿En qué otra parte de España habría hecho colas de horas bajo la lluvia y resistido pacíficamente las agresiones policiales para poder votar? En ninguna. Era su decisión, su voto, y supieron defenderlo, desactivando todos los boicots y humillaciones orquestadas desde el gobierno central. La democracia catalana es una democracia defendida; la de España es una (no) democracia servilmente soportada.
El pueblo catalán quiere ser dueño de sí mismo. A la mayoría del pueblo español no le importa no ser dueño de sí mismo, pero sí quiere furiosamente ser dueño de Catalunya. Psicopatología social.
En Catalunya se han aprobado bastantes leyes muy progresistas, que sistemáticamente han sido rechazadas por los gobiernos del PP y tumbadas por su Tribunal Constitucional. Baste como muestra que el Tribunal Constitucional suspendió una ley “catalana” que impedía a las empresas energéticas cortar el suministro eléctrico a las familias pobres durante el invierno. Lo mismo ha ido ocurriendo con otras regulaciones “catalanas” sobre desahucios, la igualdad de género, el fracking, etc.
Sin ánimo de ser exhaustivo no estaría de más que muchos de los que hoy se llenan la boca con las bondades de “ser español” se dieran una vuelta por todos los rincones de Catalunya, y conocieran de primera mano el funcionamiento de una sociedad, abierta, organizada y participativa, rica en capital humano y cultural, preocupada por resolver los problemas que nos acarrea a todos el capitalismo salvaje de las grandes multinacionales.
Hay iniciativas que surgieron en Catalunya y han sido acogidas de forma natural en el resto del Estado español, incluso en otros países. La tradición catalana de regalar un libro y una rosa el 23 de abril, día de Sant Jordi, está en el origen del Día del Libro que, a propuesta de la Cámara Oficial de Libro, se celebra en Barcelona desde 1930 (coincidía esa fecha con la muerte de Cervantes y Shakespeare). En 1955 la UNESCO declaró el 23 de abril el Día Internacional del Libro. En la actualidad se celebra por millones de personas en más de cien países.
La sociedad catalana es multicultural. Es cierto que conservan muchas tradiciones propias y las desarrollan permanentemente como “els Castells”, pero también es verdad que otras raíces culturales se desarrollan con plenitud, por ejemplo la “rumba catalana”, una muestra viva de que la sociedad catalana es capaz de abrir camino a las otras culturas de las personas que han decidido ir a trabajar y vivir a Catalunya.
Hay otras cuestiones en las que, por la lógica de los tiempos en que vivimos, también seguiremos el ejemplo de Catalunya, entre ellas la prohibición de la tortura y muerte de toros en las salvajes corridas.
Catalunya es uno de los sitios en que la bandera roja y gualda de los sublevados franquistas contra la República se ve como tal bandera de franquistas, y en sus tierras es llevada casi exclusivamente por franquistas… que haberlos haylos. Pero ni una vez, en cualquier calle de Catalunya, alguien ha sido agredido por llevar esa bandera.
A veces los datos y las estadísticas no reflejan, tanto como uno quisiera, la realidad y anhelos de una sociedad o de su mayoría. Lo visto en los últimos años, meses, semanas y días en Catalunya refleja una sociedad, valiente y decidida, con conciencia de sí misma, con capacidad de acuerdo, que se ha ganado a pulso su derecho a la autodeterminación. A los demás sólo nos queda escuchar, aprender y ayudarles a hacer posible lo que han elegido…
…Y como en tantas otras cosas sigamos su ejemplo y que la República Catalana abra camino a la República en España.
* Luchador antifranquista, condenado en los procesos del 27 de septiembre de 1975. Miembro de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos
por Bernard Cassen
Le Monde Diplomatique
Un fantasma recorre Europa: ya no es el fantasma del comunismo –que Marx y Engels evocan desde la primera línea del Manifiesto– sino el del separatismo. Ni la palabra ni la realidad que expresa –a saber, la voluntad de separar un territorio o un Estado del conjunto más amplio al que pertenecen– son novedad. A veces, es el conjunto en su totalidad lo que se fragmenta y se reconfigura. Así, en 1990 y 1991, el desmoronamiento de la Unión Soviética desemboca en la creación de quince nuevos Estados. En 1992, de la disolución pacífica de Checoslovaquia nacen la República Checa y Eslovaquia. Ese “divorcio de terciopelo” no sentó precedentes en los Balcanes donde, entre 1991 (independencia de Croacia y de Eslovenia) y 2006 (separación de Montenegro de Serbia), Yugoslavia estallará en siete Estados, pero a costa de la sangre en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo.
Hoy, la Unión Europea (UE) se ve directamente afectada por el recrudecimiento de ese fenómeno separatista que, en el lapso reciente, se ha exacerbado en dos de sus Estados miembros: el Reino Unido y España. La victoria del brexit, en ocasión del referéndum de junio de 2016, no solamente conllevó la salida –aún en curso de negociación– de los británicos de la UE; tuvo como efecto colateral la amenaza de un retiro de Escocia del propio Reino Unido. En Cataluña, la Generalitat mantiene un feroz pulso con el Gobierno español, que, en nombre de la Constitución de 1978, recusa la legalidad de sus veleidades independentistas.
Ante esas fuerzas centrífugas (1), ¿es posible todavía hablar de “construcción” europea? Y, en vista de la virulencia de las proclamaciones nacionalistas contra vecinos de varios siglos –antiespañolas entre algunos sectores catalanes y contra valones en Flandes–, el preámbulo del Tratado de Funcionamiento de la UE (parte integrante del Tratado de Lisboa) ¿no se limita simplemente a buenas intenciones cuando sus signatarios se declaran “determinados a establecer las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos”?
Cabe observar que este párrafo del tratado habla de “pueblos” –y no de Estados o de naciones–, y puede prestarse a lecturas distintas según la definición que se le dé a esa palabra. En el abanico de las arquitecturas institucionales posibles, aquella generalmente invocada por los movimientos regionalistas es la de una Europa federal de las regiones que prescinda de los Estados existentes. Sin temor a la paradoja, algunos de estos movimientos, erigiéndose en portavoces de los “pueblos”, en realidad solo aspiran a convertirse en nuevos Estados, pero en tamaño reducido…
Hay una convergencia objetiva de intereses entre los partidarios de una Europa de las regiones, presentada como más democrática que una Europa de los Estados, y los poderes económicos y financieros que, ellos sí, ignoran las fronteras, así sean nacionales o regionales. En el seno de la UE, los lobbies siempre preferirán tener ante ellos un poder político atomizado y, por ende, debilitado: unos 270 interlocutores regionales antes que 28 (o 27 en breve) Gobiernos nacionales.
Sin decirlo abiertamente, la Comisión Europea, con sus relevos en el Parlamento Europeo, solo encontraría ventajas en soslayar de tal forma los Estados. Y esto en nombre de su lucha contra los “egoísmos nacionales”, ya que se considera la única habilitada a decir cuál es el “interés europeo”. No es de sorprender que todos los separatistas de buen grado vuelvan la vista hacia Bruselas…
© LMD EN ESPAÑOL
NOTAS
(1) Dichas fuerzas son igualmente poderosas en Bélgica (con el nacionalismo flamenco), en Italia del Norte y, en menor grado, en Francia, donde los independentistas corsos están presentes en el Ejecutivo regional.
El Parlamento de Catalunya aprobó en junio de este año, por unanimidad, anular las sentencias políticas del régimen franquista y declarar “ilegales” los tribunales franquistas que actuaron desde 1938 a 1978, y hacer un registro oficial de los casi 64.000 procesos que tuvieron lugar en Catalunya durante esos 40 años. Ya nos gustaría que en el resto de España se hiciera algo parecido. Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con los votos en contra de PP y Ciudadanos (que en la Asamblea son mayoría), se impidió poner una placa en la antigua DGS en recuerdo y homenaje a los miles de antifranquistas que allí fueron torturados.
En 2016, en Catalunya, el PP consiguió apenas 460.000 votos (13%) mientras que, por ejemplo, en Madrid obtuvo el triple de apoyos, 1.316.000 votos (38%). En Catalunya, el PP es casi marginal, y si no fuera por el apoyo que le prestan los grandes medios de comunicación estaría fuera del mapa.
El PP en Catalunya tiene un sólo alcalde y apenas 215 concejales. C´s no tiene ningún alcalde y sólo 175 concejales, mientras tanto ICV-EUiA-Entessa tienen 21 alcaldes (entre ellas la alcaldía de Barcelona) y 370 concejales. La CUP-PA tiene 19 alcaldes y 382 concejales. ¿Quién son, pues, los minoritarios?
Ahora esa minoría quiere desalojar por la fuerza a los representantes del pueblo de Catalunya democráticamente elegidos y tomar el poder. Un partido con un solo alcalde en toda Catalunya, quiere gobernarla. This is Spain.
Hablemos del respeto a las leyes. En 2003, con Pascual Maragall, el 88% de Parlamento Catalán aprobó reformar el Estatuto de Autonomía. En 2005 se aprobó en el Parlamento Catalán con 120 votos a favor y 15 en contra. Este nuevo Estatuto, a propuesta de Rajoy (entonces en la oposición), fue anulado por el Tribunal Constitucional de obediencia reaccionaria. Los miembros de dicho Tribunal reescribieron ese Estatuto a su antojo en 2010 y a partir de ahí empezaron las grandes manifestaciones en toda Catalunya. Millones de personas formaron parte de manifestaciones reivindicativas, festivas, pacíficas y multitudinarias como nunca antes se han visto en Europa, reivindicando su derecho a decidir.
Hablemos de diálogo. En 2014 el Parlamento catalán pidió formalmente al Congreso de Diputados del Estado español la convocatoria de un referéndum. La propuesta fue rechazada. Sólo 47 diputados votan a favor. Los millones de catalanes que lo llevaban exigiendo en las calles y las instituciones desde hace años, fueron ignorados. Por ley, esos millones de ciudadanos no existen y, por lo tanto, no hay que responderles ni dialogar nada con ellos. El Estado español, siguiendo una tradición consolidada, hace política a estacazos. No sabe otra cosa. Además, constitucionalmente, tiene el monopolio de la estaca… Todo encaja.
En Catalunya, los partidos políticos están cumpliendo el programa con el que se presentaron a las elecciones, y han dado voz al pueblo para que decida sobre su futuro directamente. ¿En qué otra parte de España la gente habría sido capaz de crear una red logística perfectamente organizada con la que, arriesgando cárcel y desafiando la “inteligencia” del Estado, consiguiera que las urnas estuvieran listas a la hora en punto en todos los colegios electorales?
¿En qué otra parte de España la gente habría esperado toda una noche para proteger y mantener abiertos esos colegios? ¿En qué otra parte de España voluntarios severamente amenazados desde el gobierno central se hubieran arriesgado a cometer el “delito” de componer las mesas electorales? ¿En qué otra parte de España habría hecho colas de horas bajo la lluvia y resistido pacíficamente las agresiones policiales para poder votar? En ninguna. Era su decisión, su voto, y supieron defenderlo, desactivando todos los boicots y humillaciones orquestadas desde el gobierno central. La democracia catalana es una democracia defendida; la de España es una (no) democracia servilmente soportada.
El pueblo catalán quiere ser dueño de sí mismo. A la mayoría del pueblo español no le importa no ser dueño de sí mismo, pero sí quiere furiosamente ser dueño de Catalunya. Psicopatología social.
En Catalunya se han aprobado bastantes leyes muy progresistas, que sistemáticamente han sido rechazadas por los gobiernos del PP y tumbadas por su Tribunal Constitucional. Baste como muestra que el Tribunal Constitucional suspendió una ley “catalana” que impedía a las empresas energéticas cortar el suministro eléctrico a las familias pobres durante el invierno. Lo mismo ha ido ocurriendo con otras regulaciones “catalanas” sobre desahucios, la igualdad de género, el fracking, etc.
Sin ánimo de ser exhaustivo no estaría de más que muchos de los que hoy se llenan la boca con las bondades de “ser español” se dieran una vuelta por todos los rincones de Catalunya, y conocieran de primera mano el funcionamiento de una sociedad, abierta, organizada y participativa, rica en capital humano y cultural, preocupada por resolver los problemas que nos acarrea a todos el capitalismo salvaje de las grandes multinacionales.
Hay iniciativas que surgieron en Catalunya y han sido acogidas de forma natural en el resto del Estado español, incluso en otros países. La tradición catalana de regalar un libro y una rosa el 23 de abril, día de Sant Jordi, está en el origen del Día del Libro que, a propuesta de la Cámara Oficial de Libro, se celebra en Barcelona desde 1930 (coincidía esa fecha con la muerte de Cervantes y Shakespeare). En 1955 la UNESCO declaró el 23 de abril el Día Internacional del Libro. En la actualidad se celebra por millones de personas en más de cien países.
La sociedad catalana es multicultural. Es cierto que conservan muchas tradiciones propias y las desarrollan permanentemente como “els Castells”, pero también es verdad que otras raíces culturales se desarrollan con plenitud, por ejemplo la “rumba catalana”, una muestra viva de que la sociedad catalana es capaz de abrir camino a las otras culturas de las personas que han decidido ir a trabajar y vivir a Catalunya.
Hay otras cuestiones en las que, por la lógica de los tiempos en que vivimos, también seguiremos el ejemplo de Catalunya, entre ellas la prohibición de la tortura y muerte de toros en las salvajes corridas.
Catalunya es uno de los sitios en que la bandera roja y gualda de los sublevados franquistas contra la República se ve como tal bandera de franquistas, y en sus tierras es llevada casi exclusivamente por franquistas… que haberlos haylos. Pero ni una vez, en cualquier calle de Catalunya, alguien ha sido agredido por llevar esa bandera.
A veces los datos y las estadísticas no reflejan, tanto como uno quisiera, la realidad y anhelos de una sociedad o de su mayoría. Lo visto en los últimos años, meses, semanas y días en Catalunya refleja una sociedad, valiente y decidida, con conciencia de sí misma, con capacidad de acuerdo, que se ha ganado a pulso su derecho a la autodeterminación. A los demás sólo nos queda escuchar, aprender y ayudarles a hacer posible lo que han elegido…
…Y como en tantas otras cosas sigamos su ejemplo y que la República Catalana abra camino a la República en España.
* Luchador antifranquista, condenado en los procesos del 27 de septiembre de 1975. Miembro de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos
El fantasma del separatismo
Un fantasma recorre Europa: ya no es el fantasma del comunismo –que Marx y Engels evocan desde la primera línea del Manifiesto– sino el del separatismo. Ni la palabra ni la realidad que expresa –a saber, la voluntad de separar un territorio o un Estado del conjunto más amplio al que pertenecen– son novedad. A veces, es el conjunto en su totalidad lo que se fragmenta y se reconfigura. Así, en 1990 y 1991, el desmoronamiento de la Unión Soviética desemboca en la creación de quince nuevos Estados. En 1992, de la disolución pacífica de Checoslovaquia nacen la República Checa y Eslovaquia. Ese “divorcio de terciopelo” no sentó precedentes en los Balcanes donde, entre 1991 (independencia de Croacia y de Eslovenia) y 2006 (separación de Montenegro de Serbia), Yugoslavia estallará en siete Estados, pero a costa de la sangre en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo.
Hoy, la Unión Europea (UE) se ve directamente afectada por el recrudecimiento de ese fenómeno separatista que, en el lapso reciente, se ha exacerbado en dos de sus Estados miembros: el Reino Unido y España. La victoria del brexit, en ocasión del referéndum de junio de 2016, no solamente conllevó la salida –aún en curso de negociación– de los británicos de la UE; tuvo como efecto colateral la amenaza de un retiro de Escocia del propio Reino Unido. En Cataluña, la Generalitat mantiene un feroz pulso con el Gobierno español, que, en nombre de la Constitución de 1978, recusa la legalidad de sus veleidades independentistas.
Ante esas fuerzas centrífugas (1), ¿es posible todavía hablar de “construcción” europea? Y, en vista de la virulencia de las proclamaciones nacionalistas contra vecinos de varios siglos –antiespañolas entre algunos sectores catalanes y contra valones en Flandes–, el preámbulo del Tratado de Funcionamiento de la UE (parte integrante del Tratado de Lisboa) ¿no se limita simplemente a buenas intenciones cuando sus signatarios se declaran “determinados a establecer las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos”?
Cabe observar que este párrafo del tratado habla de “pueblos” –y no de Estados o de naciones–, y puede prestarse a lecturas distintas según la definición que se le dé a esa palabra. En el abanico de las arquitecturas institucionales posibles, aquella generalmente invocada por los movimientos regionalistas es la de una Europa federal de las regiones que prescinda de los Estados existentes. Sin temor a la paradoja, algunos de estos movimientos, erigiéndose en portavoces de los “pueblos”, en realidad solo aspiran a convertirse en nuevos Estados, pero en tamaño reducido…
Hay una convergencia objetiva de intereses entre los partidarios de una Europa de las regiones, presentada como más democrática que una Europa de los Estados, y los poderes económicos y financieros que, ellos sí, ignoran las fronteras, así sean nacionales o regionales. En el seno de la UE, los lobbies siempre preferirán tener ante ellos un poder político atomizado y, por ende, debilitado: unos 270 interlocutores regionales antes que 28 (o 27 en breve) Gobiernos nacionales.
Sin decirlo abiertamente, la Comisión Europea, con sus relevos en el Parlamento Europeo, solo encontraría ventajas en soslayar de tal forma los Estados. Y esto en nombre de su lucha contra los “egoísmos nacionales”, ya que se considera la única habilitada a decir cuál es el “interés europeo”. No es de sorprender que todos los separatistas de buen grado vuelvan la vista hacia Bruselas…
© LMD EN ESPAÑOL
NOTAS
(1) Dichas fuerzas son igualmente poderosas en Bélgica (con el nacionalismo flamenco), en Italia del Norte y, en menor grado, en Francia, donde los independentistas corsos están presentes en el Ejecutivo regional.
ARGENTINA
KAOS EN LA RED - Publicado en: 2 noviembre, 2017
Entrevistas desde la Plaza de Mayo.
Como parte del triste aniversario también hubo movilizaciones en otros puntos del país y del mundo – ya que el caso se ha internacionalizado – en reclamo al gobierno nacional de justicia por el joven de 28 años que desapareció tras la brutal represión del 1 de agosto de la Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.
Así lo demostró, por ejemplo, la vigilia de la que participó en Londres Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora durante la tarde de ayer frente a la embajada argentina.
En éste sentido, también el día comenzó con la medida que realizaron por la mañana integrantes de la Red Solidaria al Pueblo Mapuche Virch Valdes, quienes llevaron adelante un corte parcial informativo y pacífico sobre la Ruta Nacional 3 en Chubut en exigencia de la liberación del preso político mapuche Facundo Jones Huala y de justicia para Santiago Maldonado.
Por la tarde, la plaza se fue poblando rápidamente desde las 17 con organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, antirrepresivas y medios alternativos para gritar bien fuerte el reclamo a tres meses sin Santiago.
Una vez leído el listado de adhesiones y organizaciones convocantes, y subido al escenario, Sergio Maldonado, hermano de Santiago expresó: “me quiero solidarizar con Rubén López, que falleció su mamá” en referencia a la esposa del aún desaparecido en democracia Jorge Julio López, tras declarar como testigo clave en una causa por delitos de lesa humanidad contra el genocida Miguel Etchecolatz, quie era Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.
“Para ser coherente con el pedido de parte de mi familia, y como el informe definitivo de los resultados de la autopsia se encuentran en elaboración, no voy a decir nada de la investigación – aclaró -, aunque parte de la sociedad y de los medios quieran cerrar el caso de santiago, olvidándose de lo que pasó éstos meses“.
“No estábamos listos para la muerte de Santiago. No tenemos ni queremos equipos de asistentes para contar nuestra propia historia de dolor”, remarcó Sergio, y luego repudió a “quienes promovieron, armaron y ejecutaron un festival de canalladas con un objeto turbio e inhumano, mintiendo impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas y todo tipo de conjeturas”.
Por la tarde, la plaza se fue poblando rápidamente desde las 17 con organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, antirrepresivas y medios alternativos para gritar bien fuerte el reclamo a tres meses sin Santiago.
Una vez leído el listado de adhesiones y organizaciones convocantes, y subido al escenario, Sergio Maldonado, hermano de Santiago expresó: “me quiero solidarizar con Rubén López, que falleció su mamá” en referencia a la esposa del aún desaparecido en democracia Jorge Julio López, tras declarar como testigo clave en una causa por delitos de lesa humanidad contra el genocida Miguel Etchecolatz, quie era Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.
“Para ser coherente con el pedido de parte de mi familia, y como el informe definitivo de los resultados de la autopsia se encuentran en elaboración, no voy a decir nada de la investigación – aclaró -, aunque parte de la sociedad y de los medios quieran cerrar el caso de santiago, olvidándose de lo que pasó éstos meses“.
“No estábamos listos para la muerte de Santiago. No tenemos ni queremos equipos de asistentes para contar nuestra propia historia de dolor”, remarcó Sergio, y luego repudió a “quienes promovieron, armaron y ejecutaron un festival de canalladas con un objeto turbio e inhumano, mintiendo impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas y todo tipo de conjeturas”.
Entrevistas desde la Plaza de Mayo (por La Retaguardia):
Córdoba (Argentina) | 1 de Noviembre de 2017 - CTXT
Lesa humanidad significa que existe “un plan sistemático y
generalizado contra la población civil”. Contra los derechos humanos.
Quien lo explica es Facundo Trotta (Villa María, Córdoba, 1976), que se
convirtió en el fiscal revelación de una megacausa judicial contra los
responsables de un campo de concentración, llamado La Perla,
que funcionó a pleno rendimiento durante la dictadura argentina
(1976-83). El Tribunal dictó sentencia hace un año, tras casi cuatro de
audiencias, por las que pasaron 581 testigos para decir lo que sabían de
716 víctimas, en 27 causas y contra 45 acusados. Fue un juicio
histórico que acabó con 38 condenas, 28 de ellas a prisión perpetua.
“Tenemos que darnos cuenta de que el proceso de memoria, verdad y justicia es un proceso que mira al pasado para determinar las responsabilidades en los crímenes, pero pensando en el presente y para el futuro”, relata el fiscal.
La causa se tituló Menéndez, Luciano Benjamín y otros, por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y sustracción de menores. Se calcula que unas 2.500 personas padecieron en la sala de torturas de ese centro de detención ilegal, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad argentina. La mayoría de esos detenidos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes; muchos de esos cuerpos aún no han sido hallados.
Facundo Trotta acaba de llegar a su despacho después de una visita que él mismo ha guiado por el campo de concentración –hoy convertido en espacio de memoria– para alumnos de escuelas secundarias de la zona. El compromiso del fiscal se selló a lo largo de tres años y ocho meses de testimonios, burlas de los represores y detalles macabros sobre desapariciones, torturas y asesinatos que daban cuenta de un plan sistemático de represión, que incluyó vejámenes sexuales y robo de bebés nacidos en cautiverio.
Proveniente de una pequeña ciudad de la pampa húmeda, Trotta había nacido apenas un mes después de que Jorge Rafael Videla irrumpiera en escena con un Golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Hijo de un médico y una profesora de lenguas, asegura que en su infancia no tuvo noticias de aquel eufemismo llamado Proceso de Reorganización Nacional, que nombraba una de las dictaduras más comprimidas y sangrientas de la historia reciente de Occidente.
Trotta soñaba de chico con ser como Tony Petrocelli, heroico abogado defensor de los inocentes en la serie norteamericana. En la vida real, la primera sensación de que había algo malo en los gobiernos militares la tuvo cuando vio la preocupación en la cara de su padre en 1986. Fue en el momento en que el expresidente Raúl Alfonsín dijo aquello de “la casa está en orden”, tras una sublevación militar que dio paso a la sanción de leyes que ponían punto final a los juicios por la dictadura y disculpaban a los oficiales de menor rango por la obediencia debida. Por eso no le cuesta nada responderle a un adolescente que le pregunta cómo puede pedir condenas a los represores por lo que hicieron cuando él apenas estaba naciendo: “Justamente, un fiscal tiene que acusar en base a los testimonios y los elementos de prueba”.
El fiscal acompaña a los chicos al antiguo campo de exterminio porque cree que “transmitir este proceso de memoria, verdad y justicia es la manera en que la sociedad puede sanarse”. En este caso, se demostró que hubo un plan sistemático de represión, al punto que La Perla se construyó deliberadamente para ser un campo de concentración –aprovechando las obras de ampliación de autopistas que se hacían en vistas del Mundial de Fútbol del 78–, mientras otras cárceles o regimientos se utilizaron para fines diferentes.
“Un campo de concentración se alimenta de personas, que tienen que
dar información para que los represores puedan ir a capturar a otras
personas. En un momento le quitaron las atribuciones a la Policía,
porque se les iba la mano en las torturas
y mataban. Hay que saber torturar, eso se aprende (el modelo es
francés)”, desgrana Trotta. “Ya en octubre del 75 hay actividad en La Perla”,
advierte, y añade que “en el caso de estos crímenes hay mucho contexto
social, político e histórico en juego”. La fecha es apenas uno de los
datos que indican que hubo un plan anterior al Golpe de Estado y en el
que participaron también responsables civiles.
Antes de que comenzara el juicio, el joven fiscal llenó un pizarrón de su despacho intentando aprenderse los nombres y las historias de las víctimas. Eran más de 700 y él seguía memorizando, hilvanando, asociando. Tras cada una de las 352 audiencias, de vuelta al despacho, a repasar testimonios: “En un juicio tan largo no hay tiempo para recuperarse emocionalmente, cada día hay un nuevo golpe”.
Intentaba --confiesa-- no quebrarse nunca en la sala, para no desconcentrarse. Un testimonio lo conmovió particularmente: fue el de Tita, una mujer que cuidaba a un secuestrado con fallo renal tras los golpes y a punto de morir en la cuadra. “Tita contó que después de varios días de no dormir, atendiendo a su compañero en estado desesperante, se fue a descansar unas horas, y justo, ahí, él murió; ella sigue sintiendo cargo de conciencia por haberse ido ese rato a dormir”. Al día siguiente, pasaría otro carcelero despertándolos al grito de “Buenos días, muertos que caminan”.
“En la sala de audiencias, si estaba a punto de llorar pensaba en otra cosa para seguir con la potencia puesta en ese lugar. Al final, un sábado me quebré solo en mi despacho, repasando los testimonios de las víctimas para elaborar el alegato”, dice Trotta. También asegura que de allí se sale “siendo otra persona, si uno se atreve a sentir como el otro”.
¿Hasta cuándo? fue la pregunta retórica del alegato final, como respuesta a las voces que usan esta expresión en sentido peyorativo, que hablan de venganza o de para qué seguir removiendo viejos conflictos, y proclamando el cese de la acción judicial. “La respuesta es: hasta que no se determine la responsabilidad de los cómplices civiles del terrorismo de Estado; hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la justicia; hasta que no ubiquemos a los nietos que las abuelas siguen buscando; hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos. Los conflictos del pasado hay que resolverlos porque es la única manera que podremos construir una sociedad sobre la base del respecto a las instituciones democráticas”.
Las desapariciones son delitos permanentes, aclara el juez Jaime Díaz Gavier. De hecho, en estos días, Facundo Trotta está colaborando con la Fiscalía en un juicio que ha sentado en el banquillo a magistrados que fueron cómplices o renegaron de su deber de ayuda durante la dictadura.“El Estado, en tanto garante del respeto a la Constitución y las leyes, no puede aceptar que sus funcionarios se aparten de ese marco. Por ello, si los funcionarios estatales, utilizando instrumentos del Estado, cometieron crímenes, deben ser juzgados”, insiste Trotta.
¿Y qué decirle a la gente que argumenta que aquello fue una guerra, que también había guerrilleros?. “Por suerte es bien minoritaria esta posición dentro de nuestra sociedad. Que en la actualidad se siga sosteniendo que el terrorismo de Estado que sufrió nuestro país fue una guerra significa desconocer todas y cada una de las sentencias dictadas en los juicios. Es como desconocer que en nuestro país existió un plan generalizado de violación a los derechos humanos. Por otra parte, debemos tener claro que frente al proceder ilícito de los ciudadanos, el Estado solo puede responder con la ley”, explica Trotta.
El fiscal concluye con una reflexión. “Creo que todo el equipo de la Fiscalía estuvo a la altura de las circunstancias. Creo que con la sentencia se reconoció, después de 40 años, a las víctimas y familiares de esta causa la calidad de víctimas del terrorismo de Estado, y el daño que sufrieron. Y con la condena, el Estado les está diciendo que ese daño no le es indiferente y que los responsables no quedan impunes en nuestro país”.
URUGUAY
CRYSOL - OPINANDO
Una lástima: al Alto Comisionado le faltó énfasis
El escasamente difundido comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Zeid Ra´ad Al Hussein luego de su visita a nuestro país fue muy claro y acertado, aunque no sea del gusto del paladar gubernamental. Los grandes medios de comunicación no lo tuvieron en cuenta, lo ignoraron, al igual que los demás cultores de la impunidad. Como es lógico, disgustó a algunos parlamentarios y funcionarios que luego de años en el ejercicio de dichas tareas han perdido la sensibilidad primigenia. Obviamente no emitieron su opinión de manera ostensible.
Los gobernantes son elegidos para cumplir a cabalidad sus funciones. Para eso se les paga. Si su aspiración es ser aplaudidos luego de cada acto o función, deberían dedicarse al teatro, a actividades similares y esmerarse al máximo para satisfacer al público. Los cuestionamientos del Alto Comisionado deberían tomarse como lo que realmente son: oportunidades para mejorar, para enfocar los esfuerzos, para ir a más como país.
Tres grandes desafíos
Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad, la maldita impunidad, hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las políticas de reparación a las víctimas.
El Poder Judicial: una vergüenza
La impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se llama Poder Judicial, uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana. La misma se asienta en tres pilares independientes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.
Pocos jueces, luego de la sanción encubierta a la Dra. Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, han manifestado un auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas que se han presentado. La “muralla”, a la cual se refirió en su momento el Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo insalvable.
Las amenazas proferidas por el Comando Barneix siguen operando subrepticiamente desde las sombras e impactando negativamente en la voluntad de enjuiciar. Como resultado de un conjunto de factores, el terrorismo de Estado fue un proyecto de país global y con intereses económicos, de este clima insólito, el único militar que en instancias judiciales aceptó y reconoció haber torturado, el fallecido Capitán ® Arsenio Lucero, fue simplemente procesado por “privación de libertad”.
Asesinos seriales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de “la familia militar”.
Un proyecto de país avanzado y democrático
Los ex presos políticos, sobrevivientes de los campos de concentración, agrupados en Crysol, hemos asumido el compromiso de bregar porque Nunca Más haya terrorismo de Estado. No nos jubilamos. Seguimos siendo luchadores sociales y políticos, seguimos creyendo en la movilización, en la militancia, en la participación, incluso en la presencia callejera. La impunidad alienta la repetición.
En esa perspectiva, con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con los ocurrido con los detenidos desaparecidos. El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por la institucionalidad formal, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática, es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.
Alto Comisionado: poco énfasis en temas urgentes
El tenue comunicado del Alto Comisionado molestó a algunos jerarcas que prefieren los comentarios facilongos de sus cortesanos. Olvidan que el rol de quienes velan por la observancia de las normas de DDHH es ese: elevar el listón, el estándar de calidad para evaluar el estado de situación e impulsar el progreso.
Para nuestra institución, el mensaje del Alto Comisionado es claro y contundente. Uruguay debe hacer mucho más en lo referido a los DDHH en general y en lo que tiene que ver con el pasado reciente. Entendemos la diplomacia y la manera elegante de plantear las diferencias. Pero el comunicado es muy flojo. Como colectivo no andamos con gregre para decir Gregorio.
Así como nos molestó enormemente que el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, haya cortado abruptamente el uso de la palabra a nuestra expositora, la compañera Chela Fontora en la reunión pública con el Alto Comisionado, nos parece débil, muy flojo, el comunicado final que difundió luego de su visita.
El comunicado se dirige a un país en el cual sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado, donde centenares de causas están paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por el Dr. Jorge Chediak, sigue negando la aplicación de las normas de internacionales, el ius cogens. Si fuera por ellos, por los criterios que aplica la mayoría de los integrantes de la SCJ, los criminales de Nuremberg estarían todos en libertad o con prisión domiciliaria.
El Poder Ejecutivo está en falta
Falta verdad, falta justicia y falta avanzar en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. El Alto Comisionado fue muy tenue. Demasiado diplomático. Demasiado. El ochenta por ciento de los ex presos políticos son hombres. Tienen en promedio 71-72 años de edad.
Hace ya cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones. Al Alto Comisionado le faltó mencionar el Decreto 106/2007 que desnaturaliza la ley 18 033 y castiga, esencialmente, a las viudas.
El Alto Comisionado se olvidó del derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) que el Decreto 297/2010 niega hasta hoy. Demasiados olvidos, para víctimas de edad avanzada.
El proyecto de ley de Crysol, una verdadera alternativa propositiva, sigue durmiendo el sueño de los justos en los escritorios gubernamentales. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado sin implementarse.
Opinando N° 13 – Año 6 – Viernes 3 de noviembre de 2017
ENVIADO POR NESTOR DURANTE
Tres meses sin Santiago: multitudinaria movilización en Plaza de Mayo
Por La RetaguardiaKAOS EN LA RED - Publicado en: 2 noviembre, 2017
Entrevistas desde la Plaza de Mayo.
Una
multitud se convocó por la tarde en la histórica Plaza de Mayo al
cumplirse tres meses de la desaparición forzada seguida de muerte de
Santiago Maldonado tras la brutal represión del 1 de agosto de la
Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia
de Cushamen, Chubut. El reclamo de justicia se multiplicó en otros
puntos del país y del mundo. En el escenario, Sergio Maldonado, hermano
de Santiago, se solidarizó con la familia del desaparecido en democracia
Jorge Julio López por el fallecimiento de su esposa y repudió a
“quienes promovieron, armaron y ejecutaron un festival de canalladas con
un objeto turbio e inhumano, mintiendo impunemente sobre el caso,
avalando teorías falsas y todo tipo de conjeturas” en el caso de su
hermano.
Imágenes: ANRed – FOL / Videos: ANRed – La Retaguardia.
Como parte del triste aniversario también hubo movilizaciones en otros puntos del país y del mundo – ya que el caso se ha internacionalizado – en reclamo al gobierno nacional de justicia por el joven de 28 años que desapareció tras la brutal represión del 1 de agosto de la Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.
Así lo demostró, por ejemplo, la vigilia de la que participó en Londres Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora durante la tarde de ayer frente a la embajada argentina.
En éste sentido, también el día comenzó con la medida que realizaron por la mañana integrantes de la Red Solidaria al Pueblo Mapuche Virch Valdes, quienes llevaron adelante un corte parcial informativo y pacífico sobre la Ruta Nacional 3 en Chubut en exigencia de la liberación del preso político mapuche Facundo Jones Huala y de justicia para Santiago Maldonado.
Por la tarde, la plaza se fue poblando rápidamente desde las 17 con organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, antirrepresivas y medios alternativos para gritar bien fuerte el reclamo a tres meses sin Santiago.
Una vez leído el listado de adhesiones y organizaciones convocantes, y subido al escenario, Sergio Maldonado, hermano de Santiago expresó: “me quiero solidarizar con Rubén López, que falleció su mamá” en referencia a la esposa del aún desaparecido en democracia Jorge Julio López, tras declarar como testigo clave en una causa por delitos de lesa humanidad contra el genocida Miguel Etchecolatz, quie era Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.
“Para ser coherente con el pedido de parte de mi familia, y como el informe definitivo de los resultados de la autopsia se encuentran en elaboración, no voy a decir nada de la investigación – aclaró -, aunque parte de la sociedad y de los medios quieran cerrar el caso de santiago, olvidándose de lo que pasó éstos meses“.
“No estábamos listos para la muerte de Santiago. No tenemos ni queremos equipos de asistentes para contar nuestra propia historia de dolor”, remarcó Sergio, y luego repudió a “quienes promovieron, armaron y ejecutaron un festival de canalladas con un objeto turbio e inhumano, mintiendo impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas y todo tipo de conjeturas”.
Por la tarde, la plaza se fue poblando rápidamente desde las 17 con organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, antirrepresivas y medios alternativos para gritar bien fuerte el reclamo a tres meses sin Santiago.
Una vez leído el listado de adhesiones y organizaciones convocantes, y subido al escenario, Sergio Maldonado, hermano de Santiago expresó: “me quiero solidarizar con Rubén López, que falleció su mamá” en referencia a la esposa del aún desaparecido en democracia Jorge Julio López, tras declarar como testigo clave en una causa por delitos de lesa humanidad contra el genocida Miguel Etchecolatz, quie era Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.
“Para ser coherente con el pedido de parte de mi familia, y como el informe definitivo de los resultados de la autopsia se encuentran en elaboración, no voy a decir nada de la investigación – aclaró -, aunque parte de la sociedad y de los medios quieran cerrar el caso de santiago, olvidándose de lo que pasó éstos meses“.
“No estábamos listos para la muerte de Santiago. No tenemos ni queremos equipos de asistentes para contar nuestra propia historia de dolor”, remarcó Sergio, y luego repudió a “quienes promovieron, armaron y ejecutaron un festival de canalladas con un objeto turbio e inhumano, mintiendo impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas y todo tipo de conjeturas”.
Entrevistas desde la Plaza de Mayo (por La Retaguardia):
“¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos encontrado al último desaparecido”
Facundo Trotta fue fiscal en uno de los juicios
por delitos de lesa humanidad más importantes de Argentina. Un año
después de la sentencia (38 condenas, 28 de ellas a prisión perpetua),
reivindica la lucha contra la impunidad
Analia Iglesias
Grupos de activistas se manifiestan con retratos de los torturados y desaparecidos en La Perla, durante el juicio en 2016.
Documental La Sentencia, crónica de un día de justicia.
Documental La Sentencia, crónica de un día de justicia.
Córdoba (Argentina) | 1 de Noviembre de 2017 - CTXT
CTXT
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Trailer La Sentencia, crónica de un día de justicia
Publicado el 17 de marzo 2017
“Tenemos que darnos cuenta de que el proceso de memoria, verdad y justicia es un proceso que mira al pasado para determinar las responsabilidades en los crímenes, pero pensando en el presente y para el futuro”, relata el fiscal.
La causa se tituló Menéndez, Luciano Benjamín y otros, por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y sustracción de menores. Se calcula que unas 2.500 personas padecieron en la sala de torturas de ese centro de detención ilegal, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad argentina. La mayoría de esos detenidos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes; muchos de esos cuerpos aún no han sido hallados.
Unas 2.500 personas padecieron en la sala de torturas del centro de detención ilegal La Perla, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad argentina. La mayoría de esos detenidos fueron asesinados y enterrados en fosas comunesHace pocas semanas, con ocasión de la presentación del documental La sentencia: crónica de un día de justicia, de Guillermo Iparraguirre, Trotta comentaba que le tocó asumir el rol del fiscal titular cuando el megajuicio ya tenía fecha de inicio y, entonces, leyó en un periódico que la causa le quedaba grande. Sonríe ahora, y agrega: “Por supuesto que me quedaba grande, a mí y a cualquiera”. “Ser fiscal de juicios de lesa humanidad implica un rol social; son causas complejas de trascendencia histórica”, añade.
Facundo Trotta acaba de llegar a su despacho después de una visita que él mismo ha guiado por el campo de concentración –hoy convertido en espacio de memoria– para alumnos de escuelas secundarias de la zona. El compromiso del fiscal se selló a lo largo de tres años y ocho meses de testimonios, burlas de los represores y detalles macabros sobre desapariciones, torturas y asesinatos que daban cuenta de un plan sistemático de represión, que incluyó vejámenes sexuales y robo de bebés nacidos en cautiverio.
Proveniente de una pequeña ciudad de la pampa húmeda, Trotta había nacido apenas un mes después de que Jorge Rafael Videla irrumpiera en escena con un Golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Hijo de un médico y una profesora de lenguas, asegura que en su infancia no tuvo noticias de aquel eufemismo llamado Proceso de Reorganización Nacional, que nombraba una de las dictaduras más comprimidas y sangrientas de la historia reciente de Occidente.
Trotta soñaba de chico con ser como Tony Petrocelli, heroico abogado defensor de los inocentes en la serie norteamericana. En la vida real, la primera sensación de que había algo malo en los gobiernos militares la tuvo cuando vio la preocupación en la cara de su padre en 1986. Fue en el momento en que el expresidente Raúl Alfonsín dijo aquello de “la casa está en orden”, tras una sublevación militar que dio paso a la sanción de leyes que ponían punto final a los juicios por la dictadura y disculpaban a los oficiales de menor rango por la obediencia debida. Por eso no le cuesta nada responderle a un adolescente que le pregunta cómo puede pedir condenas a los represores por lo que hicieron cuando él apenas estaba naciendo: “Justamente, un fiscal tiene que acusar en base a los testimonios y los elementos de prueba”.
El fiscal acompaña a los chicos al antiguo campo de exterminio porque cree que “transmitir este proceso de memoria, verdad y justicia es la manera en que la sociedad puede sanarse”. En este caso, se demostró que hubo un plan sistemático de represión, al punto que La Perla se construyó deliberadamente para ser un campo de concentración –aprovechando las obras de ampliación de autopistas que se hacían en vistas del Mundial de Fútbol del 78–, mientras otras cárceles o regimientos se utilizaron para fines diferentes.
El fiscal Facundo Trotta, en un momento del juicio. / Documental La Sentencia, crónica de un día de justicia.
Antes de que comenzara el juicio, el joven fiscal llenó un pizarrón de su despacho intentando aprenderse los nombres y las historias de las víctimas. Eran más de 700 y él seguía memorizando, hilvanando, asociando. Tras cada una de las 352 audiencias, de vuelta al despacho, a repasar testimonios: “En un juicio tan largo no hay tiempo para recuperarse emocionalmente, cada día hay un nuevo golpe”.
Intentaba --confiesa-- no quebrarse nunca en la sala, para no desconcentrarse. Un testimonio lo conmovió particularmente: fue el de Tita, una mujer que cuidaba a un secuestrado con fallo renal tras los golpes y a punto de morir en la cuadra. “Tita contó que después de varios días de no dormir, atendiendo a su compañero en estado desesperante, se fue a descansar unas horas, y justo, ahí, él murió; ella sigue sintiendo cargo de conciencia por haberse ido ese rato a dormir”. Al día siguiente, pasaría otro carcelero despertándolos al grito de “Buenos días, muertos que caminan”.
“En la sala de audiencias, si estaba a punto de llorar pensaba en otra cosa para seguir con la potencia puesta en ese lugar. Al final, un sábado me quebré solo en mi despacho, repasando los testimonios de las víctimas para elaborar el alegato”, dice Trotta. También asegura que de allí se sale “siendo otra persona, si uno se atreve a sentir como el otro”.
¿Hasta cuándo? fue la pregunta retórica del alegato final, como respuesta a las voces que usan esta expresión en sentido peyorativo, que hablan de venganza o de para qué seguir removiendo viejos conflictos, y proclamando el cese de la acción judicial. “La respuesta es: hasta que no se determine la responsabilidad de los cómplices civiles del terrorismo de Estado; hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la justicia; hasta que no ubiquemos a los nietos que las abuelas siguen buscando; hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos. Los conflictos del pasado hay que resolverlos porque es la única manera que podremos construir una sociedad sobre la base del respecto a las instituciones democráticas”.
Las desapariciones son delitos permanentes, aclara el juez Jaime Díaz Gavier. De hecho, en estos días, Facundo Trotta está colaborando con la Fiscalía en un juicio que ha sentado en el banquillo a magistrados que fueron cómplices o renegaron de su deber de ayuda durante la dictadura.“El Estado, en tanto garante del respeto a la Constitución y las leyes, no puede aceptar que sus funcionarios se aparten de ese marco. Por ello, si los funcionarios estatales, utilizando instrumentos del Estado, cometieron crímenes, deben ser juzgados”, insiste Trotta.
¿Y qué decirle a la gente que argumenta que aquello fue una guerra, que también había guerrilleros?. “Por suerte es bien minoritaria esta posición dentro de nuestra sociedad. Que en la actualidad se siga sosteniendo que el terrorismo de Estado que sufrió nuestro país fue una guerra significa desconocer todas y cada una de las sentencias dictadas en los juicios. Es como desconocer que en nuestro país existió un plan generalizado de violación a los derechos humanos. Por otra parte, debemos tener claro que frente al proceder ilícito de los ciudadanos, el Estado solo puede responder con la ley”, explica Trotta.
El fiscal concluye con una reflexión. “Creo que todo el equipo de la Fiscalía estuvo a la altura de las circunstancias. Creo que con la sentencia se reconoció, después de 40 años, a las víctimas y familiares de esta causa la calidad de víctimas del terrorismo de Estado, y el daño que sufrieron. Y con la condena, el Estado les está diciendo que ese daño no le es indiferente y que los responsables no quedan impunes en nuestro país”.
Autor: Analia Iglesias
URUGUAY
CRYSOL - OPINANDO
Una lástima: al Alto Comisionado le faltó énfasis
El escasamente difundido comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Zeid Ra´ad Al Hussein luego de su visita a nuestro país fue muy claro y acertado, aunque no sea del gusto del paladar gubernamental. Los grandes medios de comunicación no lo tuvieron en cuenta, lo ignoraron, al igual que los demás cultores de la impunidad. Como es lógico, disgustó a algunos parlamentarios y funcionarios que luego de años en el ejercicio de dichas tareas han perdido la sensibilidad primigenia. Obviamente no emitieron su opinión de manera ostensible.
Los gobernantes son elegidos para cumplir a cabalidad sus funciones. Para eso se les paga. Si su aspiración es ser aplaudidos luego de cada acto o función, deberían dedicarse al teatro, a actividades similares y esmerarse al máximo para satisfacer al público. Los cuestionamientos del Alto Comisionado deberían tomarse como lo que realmente son: oportunidades para mejorar, para enfocar los esfuerzos, para ir a más como país.
Tres grandes desafíos
Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad, la maldita impunidad, hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las políticas de reparación a las víctimas.
El Poder Judicial: una vergüenza
La impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se llama Poder Judicial, uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana. La misma se asienta en tres pilares independientes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.
Pocos jueces, luego de la sanción encubierta a la Dra. Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, han manifestado un auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas que se han presentado. La “muralla”, a la cual se refirió en su momento el Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo insalvable.
Las amenazas proferidas por el Comando Barneix siguen operando subrepticiamente desde las sombras e impactando negativamente en la voluntad de enjuiciar. Como resultado de un conjunto de factores, el terrorismo de Estado fue un proyecto de país global y con intereses económicos, de este clima insólito, el único militar que en instancias judiciales aceptó y reconoció haber torturado, el fallecido Capitán ® Arsenio Lucero, fue simplemente procesado por “privación de libertad”.
Asesinos seriales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de “la familia militar”.
Un proyecto de país avanzado y democrático
Los ex presos políticos, sobrevivientes de los campos de concentración, agrupados en Crysol, hemos asumido el compromiso de bregar porque Nunca Más haya terrorismo de Estado. No nos jubilamos. Seguimos siendo luchadores sociales y políticos, seguimos creyendo en la movilización, en la militancia, en la participación, incluso en la presencia callejera. La impunidad alienta la repetición.
En esa perspectiva, con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con los ocurrido con los detenidos desaparecidos. El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por la institucionalidad formal, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática, es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.
Alto Comisionado: poco énfasis en temas urgentes
El tenue comunicado del Alto Comisionado molestó a algunos jerarcas que prefieren los comentarios facilongos de sus cortesanos. Olvidan que el rol de quienes velan por la observancia de las normas de DDHH es ese: elevar el listón, el estándar de calidad para evaluar el estado de situación e impulsar el progreso.
Para nuestra institución, el mensaje del Alto Comisionado es claro y contundente. Uruguay debe hacer mucho más en lo referido a los DDHH en general y en lo que tiene que ver con el pasado reciente. Entendemos la diplomacia y la manera elegante de plantear las diferencias. Pero el comunicado es muy flojo. Como colectivo no andamos con gregre para decir Gregorio.
Así como nos molestó enormemente que el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, haya cortado abruptamente el uso de la palabra a nuestra expositora, la compañera Chela Fontora en la reunión pública con el Alto Comisionado, nos parece débil, muy flojo, el comunicado final que difundió luego de su visita.
El comunicado se dirige a un país en el cual sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado, donde centenares de causas están paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por el Dr. Jorge Chediak, sigue negando la aplicación de las normas de internacionales, el ius cogens. Si fuera por ellos, por los criterios que aplica la mayoría de los integrantes de la SCJ, los criminales de Nuremberg estarían todos en libertad o con prisión domiciliaria.
El Poder Ejecutivo está en falta
Falta verdad, falta justicia y falta avanzar en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. El Alto Comisionado fue muy tenue. Demasiado diplomático. Demasiado. El ochenta por ciento de los ex presos políticos son hombres. Tienen en promedio 71-72 años de edad.
Hace ya cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones. Al Alto Comisionado le faltó mencionar el Decreto 106/2007 que desnaturaliza la ley 18 033 y castiga, esencialmente, a las viudas.
El Alto Comisionado se olvidó del derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) que el Decreto 297/2010 niega hasta hoy. Demasiados olvidos, para víctimas de edad avanzada.
El proyecto de ley de Crysol, una verdadera alternativa propositiva, sigue durmiendo el sueño de los justos en los escritorios gubernamentales. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado sin implementarse.
Opinando N° 13 – Año 6 – Viernes 3 de noviembre de 2017
ENVIADO POR NESTOR DURANTE
