Reportan que Trump consideró invadir Venezuela en el momento álgido de la crisis política
Publicado: 4 jul 2018 20:54 GMT - RT
Según una fuente anónima consultada por la
agencia AP, sucedió el pasado mes de agosto, durante una reunión con el
secretario de Estado y un asesor de seguridad nacional.
Un alto funcionario de Washigton reveló que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempló invadir Venezuela el pasado mes de agosto.
Según esta información, publicada por la agencia AP, al final de una reunión en el Despacho Oval donde se discutía el tema de las sanciones contra el país suramericano, el mandatario se dirigió a sus ayudantes e hizo la pregunta: "¿Por qué EE.UU. no puede simplemente invadir un país conflictivo?".
Este comentario supuestamente sorprendió al secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de seguridad nacional, H.R. MacMaster, que ya no forman parte del Ejecutivo estadounidense.
En ese posible intercambio, la fuente, cuya identidad no ha sido revelada, comentó que los dos exfuncionarios le habrían explicado al presidente que una acción militar sería contraproducente y que podría perder el apoyo de los gobiernos del resto de la región, ganado con tanto esfuerzo, para "castigar al presidente Nicolás Maduro".
Al parecer, Trump hizo referencia a intervenciones pasadas en América Latina y el Caribe, como la invasión a Panamá, en 1989, que dejó por lo menos 5.000 víctimas, según organizaciones sociales, y la intervención a Granada, en 1983.
Tras esas declaraciones, algunos gobiernos latinoamericanos adversos al de Maduro –como los de Colombia, México y Perú– manifestaron su rechazo a una eventual incursión militar.
De igual manera lo expresó el Mercado Común del Sur (Mercosur), que una semana atrás había suspendido a Venezuela del bloque económico –conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– por "ruptura del orden democrático".
Una semanas después, el 25 de agosto, la administración de Trump dictó nuevas sanciones contra el país sudamericano, al firmar una orden ejecutiva que prohibió a los bancos estadounidenses realiza r transacciones con el
Gobierno de Maduro y con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Además, la fuente anónima reveló que un mes más tarde, en septiembre, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump habló en una cena privada con cuatro gobernantes latinoamericanos, entre los que se encontraba el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien le hizo la misma pregunta sobre una eventual intervención. Al parecer, la respuesta también fue negativa.
La Casa Blanca había advertido a Caracas que de realizarse las elecciones presidenciales, donde Maduro resultó electo el pasado 20 de mayo, se intensificaría la presión sobre el país suramericano, que ha catalogado las medidas punitivas como "bloqueo económico".
Hace una semana se llevó a cabo la gira del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pence, por la región para tratar el tema de la "crisis venezolana" y pedir que se aislara al país suramericano. Es la tercera visita durante la administración de Trump para abordar la misma temática.
Según esta información, publicada por la agencia AP, al final de una reunión en el Despacho Oval donde se discutía el tema de las sanciones contra el país suramericano, el mandatario se dirigió a sus ayudantes e hizo la pregunta: "¿Por qué EE.UU. no puede simplemente invadir un país conflictivo?".
Este comentario supuestamente sorprendió al secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de seguridad nacional, H.R. MacMaster, que ya no forman parte del Ejecutivo estadounidense.
En ese posible intercambio, la fuente, cuya identidad no ha sido revelada, comentó que los dos exfuncionarios le habrían explicado al presidente que una acción militar sería contraproducente y que podría perder el apoyo de los gobiernos del resto de la región, ganado con tanto esfuerzo, para "castigar al presidente Nicolás Maduro".
Al parecer, Trump hizo referencia a intervenciones pasadas en América Latina y el Caribe, como la invasión a Panamá, en 1989, que dejó por lo menos 5.000 víctimas, según organizaciones sociales, y la intervención a Granada, en 1983.
El día después
El 11 de agosto, un día más tarde de la supuesta reunión, el mandatario manifestó en una rueda de prensa que Washington manejaba "muchas opciones" respecto a la situación de Venezuela y que "no descartaba una opción militar". "Tenemos nuestras tropas en todo el mundo, en lugares muy, muy lejanos" y Venezuela "no está lejos", expresó en esa oportunidad.Tras esas declaraciones, algunos gobiernos latinoamericanos adversos al de Maduro –como los de Colombia, México y Perú– manifestaron su rechazo a una eventual incursión militar.
De igual manera lo expresó el Mercado Común del Sur (Mercosur), que una semana atrás había suspendido a Venezuela del bloque económico –conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– por "ruptura del orden democrático".
Una semanas después, el 25 de agosto, la administración de Trump dictó nuevas sanciones contra el país sudamericano, al firmar una orden ejecutiva que prohibió a los bancos estadounidenses realiza
Además, la fuente anónima reveló que un mes más tarde, en septiembre, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump habló en una cena privada con cuatro gobernantes latinoamericanos, entre los que se encontraba el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien le hizo la misma pregunta sobre una eventual intervención. Al parecer, la respuesta también fue negativa.
Sanciones y presiones
Washington, que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" en 2015, durante el gobierno de Barack Obama, ha impuesto medidas punitivas a sus altos funcionarios desde 2008, pero se incrementaron en 2017. Además de las restricciones a la compra de deuda y activos públicos y a las transacciones con petro, la criptomoneda venezolana.La Casa Blanca había advertido a Caracas que de realizarse las elecciones presidenciales, donde Maduro resultó electo el pasado 20 de mayo, se intensificaría la presión sobre el país suramericano, que ha catalogado las medidas punitivas como "bloqueo económico".
Hace una semana se llevó a cabo la gira del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pence, por la región para tratar el tema de la "crisis venezolana" y pedir que se aislara al país suramericano. Es la tercera visita durante la administración de Trump para abordar la misma temática.
Las reuniones en las que Trump planteó una invasión militar a Venezuela
Julio 4 de 2018, 1:40 pm - MISIÒN VERDAD
Trump presionó a sus asesores para que respalden una intervención
La agencia de noticias Associated Press (AP) emitió este miércoles una información donde revela que el presidente estadounidense Donald Trump presionó a sus asesores para que avalaran la "posibilidad de invadir Venezuela", según un alto cargo de su gobierno familiarizado con esta conversación realizada en agosto del año pasado.El diálogo se dio luego de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando Trump consultó a sus asesores sobre las sanciones contra la República Bolivariana. En este marco, el presidente estadounidense afirmó que "si Venezuela es una amenaza para la región, ¿por qué simplemente no lo invadimos?".
Varios de los presentes en esta reunión, como el ex secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, y el general Hebert Raymond McMaster, ex director del Consejo de Seguridad Nacional, se opusieron a la idea bajo el argumento de que una "invasión podría ser contraproducente y provocar la pérdida del apoyo regional al aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro", de acuerdo al cable firmado por el corresponsal de AP en Colombia, Joshua Goodman.
Sin embargo, el contra-argumento de Trump para respaldar la idea de la invasión se basó en los antecedentes de las intervenciones militares de Estados Unidos en Granada y Panamá en la década del 80. Aún sin emitir una orden a favor de una invasión, la idea sobrevoló por un tiempo más por la cabeza de Trump, quien al día siguiente de la reunión planteó en una conferencia de prensa que para Venezuela no se descartaba "una opción militar".
Las consultas a cuatro presidentes latinoamericanos acerca de la invasión
Tiempo después, el presidente Trump volvió a la carga con la idea al planteársela directamente a su par Juan Manuel Santos, según le confirmaron a AP dos altos funcionarios colombianos que tampoco quisieron revelar su identidad. La negativa de Santos fue pública en unas declaraciones posteriores a la reunión.Pese a eso, en septiembre, al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense consultó en una cena privada a cuatro presidentes latinoamericanos, incluido Santos, sobre la posibilidad de realizar una intervención militar en Venezuela. Los cuatro rechazaron la propuesta y afirmaron estar seguros de esta decisión después de que Trump insistiese sobre la idea.
Esta versión de los hechos fue respaldada por los tres funcionarios citados y por el medio estadounidense Politico en febrero. De acuerdo a este último, los presentes en dicha reunión fueron Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos de Colombia, Juan Carlos Varela de Panamá y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, además de otros altos funcionarios y diplomáticos de otros países de la región.
Finalmente, el ex director del Consejo de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, supuestamente logró que Trump desistiese de la idea de invadir Venezuela.
Las repercusiones inmediatas de la propuesta de invadir
Inmediatamente la "opción militar" fue nombrada por Trump en agosto, países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Perú la rechazaron y abogaron por una "solución diplomática", de acuerdo a Reuters. Esta disonancia fue pública y notoria, por lo que revelación de AP es creíble en tanto y en cuanto la posibilidad de intervención militar fue centro del debate público después de que la Administración Trump impusiese duras sanciones contra Venezuela.Mientras que los tanques de pensamiento más influyentes de la política exterior estadounidense se dedicaron a desmontar esta idea.
Uno de ellos fue el Consejo de Relaciones Exteriores, quien en puño y letra de Shannon K. O'Neill, su investigadora principal para América Latina, afirmó que una invasión sería contraproducente para Estados Unidos porque obligaría a ocupar el país con 150 mil soldados y aumentaría su desprestigio en la región respecto a sus aliados, mucho más si Venezuela se convierte en un pantano como Irak y Afganistán.
Por otro lado, Frank Mora, subsecretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para América Latina entre 2009 y 2013, advirtió en la revista Foreign Affairs que una intervención militar en Venezuela distraería a Washington de zonas más calientes y estratégicas del mundo como Asia y Medio Oriente. Además de que implicaría enviar 200 mil soldados, 20 mil más que en Irak, sin la certeza de poder controlar completamente el país, ni asegurarse el objetivo de cambiar el rumbo político de la República Bolivariana en el largo plazo.
Más allá de estas consideraciones, que solo no fueron tenidas en cuentas por los sectores opositores más recalcitrantes a favor de una intervención, la revelación de AP pone de manifiesto el poco margen de maniobra que tiene la Administración Trump para imponer planes a sus aliados más cercanos en la región. Ni siquiera países como Colombia y México, altamente dependientes de Estados Unidos, acompañaron este tipo de propuesta.
Lo que, además, se observa en el contexto actual en el que, un mes después de las elecciones presidenciales, no existen mayores medidas de peso en lo económico contra Venezuela, más allá de las impuestas por la Administración Trump. Esto desnuda que la estrategia de extrema dureza de Estados Unidos tiene serios problemas para conseguir actores regionales que la movilicen por los canales regulares.
Incluso, revelaciones recientes como las de AP y Bloomberg acerca de fallidos golpes e invasiones, parecen apuntar a revivir la atención respecto a Venezuela, mientras se proyecta una supuesta fragilidad del Gobierno Bolivariano ante la posibilidad de una amenaza externa o conspiraciones en el seno militar. Sin embargo, en última instancia son una precisa radiografía de la previsible brutalidad e improvisación con la que actúa la Administración Trump en América Latina, por estar secuestrada por el ala más reaccionaria y antipolítica de Estados Unidos en lo que respecta a la región.
En contraste, el dato político subyacente a cables como el de AP demuestra que Venezuela tiene mucho más margen de maniobra en lo diplomático para movilizar un consenso hacia su favor. Quizás de esto derive la insistencia del presidente Nicolás Maduro de promover una instancia de diálogo nacional, respaldada por importantes actores internacionales, que aíslen las posiciones más beligerantes de la Administración Trump.
Por último, pareciera que la forzada dureza de la Administración Trump respecto a Venezuela e Irán fuesen concesiones a los lobbies más reaccionarios de la política exterior estadounidense. Sobre todo porque difieren en gran medida de la flexibilidad que muestra Trump respecto a temas mucho más ríspidos, donde avanza por la arena de la negociación como en los casos de Rusia, Corea del Norte y China.
En todos estos, el patrón de conducta se observa similar en tanto y en cuanto a medidas altamente agresivas contra los países referidos (en lo comercial, financiero y económico) le suceden conversaciones y acuerdos. Paradójicamente, este modelo de negociación difícilmente se traslade a Venezuela o Irán en el corto plazo, donde claramente Trump avanza a un todo o nada. En esta tónica se abre el interrogante de si Venezuela tiene la capacidad política de crear un espacio de negociación que rompa con esta falsa dicotomía en el mediano plazo.
Maduro: "Una intervención militar de EE.UU. jamás solucionará los problemas de Venezuela"
Publicado: 5 jul 2018 02:35 GMT | Última actualización: 5 jul 2018 03:32 GMT - RT
El mandatario venezolano replicó a
informaciones de prensa según las cuales el presidente de EE.UU., Donald
Trump, habría planteado la posibilidad de una invasión a su país.
El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este miércoles toda
amenaza de invasión de tropas estadounidenses y, tras afirmar que tal
paso no solucionaría los problemas internos de su país, dijo que las
fuerzas armadas venezolanas deben estar preparadaspara defender el territorio nacional.
"Venezuela debe seguir defendiendo su derecho a atender sus propios problemas, con sus propias soluciones", declaró Maduro durante un acto de ascenso de oficiales militares en el Panteón Nacional (Caracas). Allí agregó que "no será jamás una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de Venezuela".
Además, el mandatario aseguró que Venezuela necesita una fuerza militar de "la máxima moral combativa" para defender el "derecho a la independencia, la integridad y la soberanía de nuestra amada Patria".
Con esas palabras comentó el mandatario venezolano un reporte, publicado por la agencia AP, según el cual el presidente de EE.UU., Donald Trump, habría considerado en agosto del año pasado una invasión a Venezuela. Trump supuestamente asomó la posibilidad de una acción militar mientras se discutía en la Oficina Oval el tema las sanciones contra el país sudamericano, según reveló un alto funcionario de Washington cuya identidad no ha sido revelada. La iniciativa del jefe de la Casa Blanca no obtuvo apoyo entre sus asistentes.
Un día después de la supuesta reunión, el 11 de agosto, Donald Trump manifestó en una rueda de prensa que Washington manejaba "muchas opciones" respecto a la situación de Venezuela y que "no descartaba una opción militar". "Tenemos nuestras tropas en todo el mundo, en lugares muy, muy lejanos" y Venezuela "no está lejos", expresó en esa oportunidad. Por su parte, las autoridades de varios países latinoamericanos condenaron en su momento esas amenazantes declaraciones del líder estadounidense.
"Venezuela debe seguir defendiendo su derecho a atender sus propios problemas, con sus propias soluciones", declaró Maduro durante un acto de ascenso de oficiales militares en el Panteón Nacional (Caracas). Allí agregó que "no será jamás una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de Venezuela".
Además, el mandatario aseguró que Venezuela necesita una fuerza militar de "la máxima moral combativa" para defender el "derecho a la independencia, la integridad y la soberanía de nuestra amada Patria".
Con esas palabras comentó el mandatario venezolano un reporte, publicado por la agencia AP, según el cual el presidente de EE.UU., Donald Trump, habría considerado en agosto del año pasado una invasión a Venezuela. Trump supuestamente asomó la posibilidad de una acción militar mientras se discutía en la Oficina Oval el tema las sanciones contra el país sudamericano, según reveló un alto funcionario de Washington cuya identidad no ha sido revelada. La iniciativa del jefe de la Casa Blanca no obtuvo apoyo entre sus asistentes.
Un día después de la supuesta reunión, el 11 de agosto, Donald Trump manifestó en una rueda de prensa que Washington manejaba "muchas opciones" respecto a la situación de Venezuela y que "no descartaba una opción militar". "Tenemos nuestras tropas en todo el mundo, en lugares muy, muy lejanos" y Venezuela "no está lejos", expresó en esa oportunidad. Por su parte, las autoridades de varios países latinoamericanos condenaron en su momento esas amenazantes declaraciones del líder estadounidense.
Bloomberg confirma que EEUU planificaba un golpe militar en Venezuela
Este medio financiero publicó un reportaje basado en un
presunto informe judicial en el que devela una operación militar
coordinada por Estados Unidos y Colombia y que iba ser ejecutada por un
grupo de oficiales venezolanos. Las conexiones de ese plan fallido, que
pretendía derrocar y enjuiciar al presidente Maduro, señalan a María
Corina Machado a lo interno y a parte del establishment de Washington y
Colombia en el exterior.
Junio 28 de 2018, 8:00 pm - MISIÒN VERDAD
Sobre la "Operación Constitución"
El medio radicado en Nueva York, publicó un reportaje el día de ayer sobre la llamada "Operación Constitución". Los objetivos eran detener las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y enjuiciarlo (cuestión que analizaremos más adelante).Se suponía que el golpe debían darlo militares venezolanos de varios rangos con la ayuda de oficiales colombianos y estadounidenses, pero no prosperó. "Entonces algo falló", describe Bloomberg. A mediados de mayo, confirmado en su momento por el Presidente de la República, una docena de militares y un par de civiles fueron arrestados por el Estado debido a sus vínculos con un golpe y magnicidio. Según el medio, los conspiradores creen que fueron traicionados por un doble agente.
Los corresponsales a cargo de la redacción de este este artículo no proveen nombres de los conspiradores, a quienes les otorga el beneficio periodístico del anonimato.
Hacen mención a que algunos militares venezolanos "anónimos" dicen que "la única esperanza por un retorno a la estabilidad (del país) es reemplazar a Maduro mediante la fuerza. Eso parece poco probable luego del fracaso del golpe".
Ante el "descontento" de algunos grupos militares con respecto al Gobierno, según el medio, Maduro ha tomado nota, y exige lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a su figura como comandante en jefe.
El reportaje ubica los precedentes de este intento de golpe en supuestas reuniones secretas que se dieron entre oficiales de la FANB en Caracas, a raíz de la conformación de la célula paramilitar del ex policía Oscar Pérez. Esta asunción sería usada como "inspiración" del golpe militar fallido.
No es la primera vez que se neutraliza un atentado de este nivel en Venezuela. La denominada y también fallida Operación Jericó (2015) tuvo sus nexos directos con Estados Unidos. La defección de oficiales militares venezolanos que se agrupan en torno a un plan golpista, con vínculos directos a dirigentes opositores, suele ser apoyada por el establishment estadounidense. El mismo Raúl Baduel contó que un intermediario de la Casa Blanca le ofreció bienes raíces y millones de dólares a su nombre si se unía a la causa estadounidense desde el lado militar.
Ya sabemos en qué terminó la historia de Baduel, y asimismo el de otros militares que decidieron trabajar al lado de Washington, como Leamsy Salazar.
Resalta, asimismo, es el momento en que se publica esto en Bloomberg, centrando parte de su argumento en la figura de María Corina Machado, quien según la información manejada por la periodista Sebastiana Barráez también estaría implicada en la conspiración.
La exposición de María Corina Machado
De hecho, Bloomberg expone de dos formas a María Corina Machado en su artículo: por un lado, toma sus palabras, en entrevista exclusiva, para decir que ella no tiene conexiones con esta trama. "Ellos quieren silenciar mi voz, porque los etiqueté de narcodictadura. Quiero ser clara: deseo a Nicolás Maduro fuera del poder ahora mismo. Pero lo quiero vivo para que así pueda enfrentar a la justicia que su régimen le ha negado a los venezolanos".Posteriormente, cita una supuesta encuesta del servicio de inteligencia, sin espeficiar cuál, en la que Machado tendría una alta aprobación entre los oficiales de la FANB.
Debemos recordar que tanto ella como Antonio Ledezma, ambos parte de la coalición Soy Venezuela, fueron acusados de ser las caras políticas de la Operación Jericó (continuación del "Golpe azul"). Este es un antecedente que pone bajo doble sospecha su figura en el contexto de la "Operación Constitución", más allá de lo señalado en torno a sus conexiones con el fallido plan golpista.
Uniendo los puntos, no podemos olvidar tampoco que en medio de ese contexto conspirativo de mayo pasado se divulgó un audio de Machado en el que incita a los militares venezolanos a "rescatar el honor militar", otra manera de decir golpe de Estado.
Que Bloomberg le dé tanto protagonismo a la dirigente de Soy Venezuela no parece una casualidad, sobre todo en momentos en los que su figura asciende en una campaña de victimización publicitada por algunos presidentes de la región (caso Iván Duque), ex presidentes reunidos del Grupo IDEA, voceros de la clase política estadounidense como Marco Rubio, quien encuentra en María Corina Machado su espejo en Venezuela, además de la canciller canadiense Chrystia Freeland.
Tratar otorgarle ese rol de víctima también sugiere que probablemente sabían de la operación y ahora se mueven rápidamente a controlar los daños una vez neutralizado el plan.
El abolengo y la reacción violenta son las marcas de Machado. Sabiendo entonces que ella estaba siendo impuesta mediáticamente como una especie de jefa de la oposición (en medio del vacío enorme en ese sector), la asunción de su figura viene a responder por las necesidades del golpismo militar que Estados Unidos pretendía cristalizar.
EEUU abandona las sombras
En el contexto de los llamados a un golpe en el seno de la FANB por parte de altos funcionarios estadounidenses, Machado estaba siendo encumbrada para dirigir el ala "civil" de la "Operación Constitución". El reportaje de Bloomberg infiere que factores extranjeros intentaban coordinar las acciones en el seno de los militares.No fue casual entonces la gira de Rex Tillerson, apenas unos días antes de fuera despedido por Trump de su puesto como máximo representante diplomático de la Casa Blanca, por algunos países de América Latina, los reunidos en el Grupo de Lima. Tal gira se centró en la "situación venezolana", en un contexto en el que la oposición venezolana a lo interno estaba incapacitada políticamente para propiciar un escenario de "cambio" y geopolíticamente se condensaba una fuerte disputa por los recursos de la región entre Estados Unidos y los aliados euroasiáticos China y Rusia.
En esa oportunidad (febrero de este año), convidó a la FANB para que se levantara contra el chavismo, al igual que lo hizo en 2017.
Aquellas declaraciones del ex Secretario de Estado en 2017 fueron respaldadas por Todd Robinson, hasta hace dos meses el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, quien en aquel febrero reciente dijo a Runrunes que "es evidente que el sector militar tiene mucha influencia en el futuro del país y si ellos pueden ayudar, no vamos a decir que no".
Palabras que traen consigo el deseo del involucramiento de la FANB al ansiado cambio de régimen en Venezuela. Así lo denunció en su momento Delcy Rodríguez.
En febrero, también, Marco Rubio escribió vía Twitter que "el mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas (sic) en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restablecer la democracia mediante la eliminación de un dictador".
A todas estas declaraciones, que conforman el aspecto público del llamado estadounidense a la FANB, se debe incluir a los actores colombianos conectados a este proceder.
El eje Washington-Bogotá toma protagonismo en este escenario por varias razones:
- Las giras de altos funcionarios estadounidenses como Tillerson en su momento y el vicepresidente Mike Pence, han tenido como punto nodal sus visitas a Colombia. Este país es el principal "socio" de Estados Unidos en la región. La alianza diplomática y política entre ambos es vital para la concreción desestabilizadora en Venezuela, como lo resaltara recientemente el presidente Maduro.
- El vínculo militar entre el Pentágono y el ejército colombiano es muy estrecho, hasta el punto de que Colombia tiene nueve bases militares estadounidenses, y recientemente se confirmó al país latinoamericano como "socio global" de la OTAN, institución liderada también por Estados Unidos.
- El embajador gringo en Colombia declaró en agosto de 2017 que "desde que empezó la crisis venezolana, por culpa de los bolivarianos, se ha contemplado la posibilidad de una aventura militar por parte de los venezolanos en contra de sus vecinos", una apreciación sospechosa tomando en cuenta que el vecino país tiene experiencia en montar banderas falsas (conocidos también como falsos positivos).
- La expansión de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela toma su forma con Colombia como puntal, con la conformación de un "grupo de trabajo estratégico" que supone la institucionalización por la vía diplomática, no sólo en el vecino país sino en el Grupo de Lima en su conjunto, de las operaciones de bloqueo financiero. Ya hubo un primer caso de embargo de 25 mil cajas CLAP por parte del gobierno de Santos por este acuerdo.
- En Bogotá, la capital colombiana, se realizó una audiencia dirigida por el ficticio Tribunal Supremo de Justicia "en el exilio" en donde se acusó a Maduro por su incomprobada corrupción en el escándalo Odebrecht. Esto fue en abril reciente. El uso de esta ciudad como sede para este tipo de acciones pudiera responder a la alusión hecha por Bloomberg de que Bogotá fue donde se planificó la "Operación Constitución".
- En Colombia cuenta con el apoyo de Iván Duque, quien acaba de ser elegido presidente de su país de la mano del uribismo (enemigo acérrimo del chavismo en la región). Duque se entrevistó con María Corina Machado en la frontera colombo-venezolana, en una reunión muy mediatizada en la que el presidente electo, en ese momento candidato, dijo: "Vamos a trabajar sin descanso para que entre todos los países de América Latina acorralemos diplomáticamente a la dictadura y Venezuela pueda hacer una transición hacia la democracia".
El fallido golpe militar entonces va de la mano con la conexión Bogotá-Washington, que trabajaron de manera conjunta para cristalizar los intereses de Estados Unidos. No contaron con que la estructura de seguridad e inteligencia venezolana pudiera neutralizar el plan, y que la FANB a día de hoy se mostrara unida en torno a la estabilidad política y social de Venezuela.
Asimismo llama la atención que entre los objetivos del golpe se incluyera un juicio a Maduro, en un momento en el que se prepara desde la OEA un expediente que pretende procesar al Presidente venezolano por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Está claro que se busca no sólo derrocar al chavismo sino judicializarlo para así destruir su imagen internacionalmente, al estilo serbio.
Lo que hizo Bloomberg, en todo caso, fue exponer a Estados Unidos como principal agente golpista en Venezuela. Seguramente vendrán más intentos de este tipo, en los que se busque penetrar el cuerpo de la FANB ante la ineficacia política de la oposición venezolana para concretar un cambio de régimen.
Operador del golpe contra Zelaya busca replicar ese formato en Venezuela
Junio 7 de 2018, 3:10 pm - MISIÒN VERDAD
En un artículo presentado por Jose R. Cárdenas, jefe de la USAID para América Latina durante el mandato de George W. Bush, en la revista Foreign Policy
(FP), expone la apremiante necesidad de avanzar en las agresiones
contra la nación venezolana mediante un golpe de Estado militar.
Haciendo un ejercicio mínimo de reflexión sobre las recientes acciones injerencistas, poco exitosas en el marco de la Asamblea General de la OEA, del gobierno estadounidense y contra el país, el artículo publicado en la famosa revista FP sugiere que es inaplazable utilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para sacar al chavismo del poder y lograr el retorno a la democracia, por supuesto, a imagen y semejanza de Washington. "Estados Unidos y sus aliados deben sentar las bases para que las partes restantes del gobierno venezolano que no están en deuda con Maduro le quiten la elección de sus manos", reza la publicación.
Rechazando toda labor de acercamiento entre los dos países, una posibilidad que viene manejando la diplomacia venezolana con estructuras de la Administración Trump y aprovechando las constantes contradicciones internas en su gestión, Cárdenas plantea que ningún canal de diálogo resolverá la crisis en Venezuela y que es precisamente el ejército venezolano "la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela", en una clara insinuación a la carta de golpe militar que manejan los operadores de la guerra contra Venezuela en paralelo a las presiones económicas y mediáticas en torno a la "crisis humanitaria".
La sentencia no proviene de cualquier opinador en el campo de las relaciones internacionales, sino de un actor político que ha participado en operaciones de desestabilización contra países latinoamericanos y que forma parte de la institución adjunta del Departamento de Estado de EEUU que se encarga de financiar a ONG alineadas a su política exterior. Específicamente, José Cárdenas dirigía la USAID en América Latina, organismo con largo expediente de financiamiento a estructuras desestabilizadoras en Venezuela y la región, cuando ésta actuó en el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya.
Participó activamente en las preparaciones del escenario que en 2009 propició el derrocamiento. Además de su tarea de propaganda en la misma revista FP, deslegitimando al gobierno de Zelaya y apoyando la conspiración militar, en un parecido nada casual con la campaña tomada ahora en Venezuela, Cárdenas financió a través de supuestos programas de desarrollo y con un presupuesto de 39,2 millones de dólares a organizaciones que protagonizaron los antecedentes para la intervención militar.
Otros 15 millones de dólares fueron destinados a la industria privada nacional, que financió a la Asociación Hondureña de Maquiladores, una fachada para que Visión América, firma a la que estaba asociado Cárdenas, prestara apoyo al sector golpista liderado por Roberto Micheletti.
Además, del dinero otorgado, 2 millones correspondía a la "Ayuda Militar y de Seguridad" que incluía la "preparación y entrenamiento de militares, al igual que el financiamiento de algunas actividades" teniendo en cuenta que el Pentágono también tuvo participación directa en la alteración de las fuerzas armadas hondureñas.
Ligado profundamente al lobby político del Sur de la Florida, Cárdenas fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el periodo de Bush hijo y defensor de su método de "ataques preventivos" como política exterior. También figuró en 2017 como posible asesor de Donald Trump, siendo una fuente de consulta del presidente norteamericano sobre asuntos de América Latina.
Es fácil discernir que la "opinión" de Cárdenas expresa un curso de acciones en proceso para alterar la unión cívico-militar venezolana, utilizando el contexto económico nacional auspiciado por los operados financieros internacionales y sus repercusiones en asuntos tan sensibles como la distribución de alimentos y la adquisición de insumos médicos, como argumento para captar mandos oficiales dentro de la FANB.
El llamado de Cárdenas a "rescatar a su país del abismo, mantener el orden constitucional, cumplir sus juramentos de defender la vida de todos los venezolanos y abrir un camino a la reconstrucción política, económica y social de su país", no sólo está acompañado por una insistente campaña de operaciones psicológicas que buscan desmoralizar a la FANB, sino también por un conjunto de acciones que desde la revolución de color violenta del año pasado, hasta la fecha, han intentado infiltrar el estamento militar para quebrar su línea de mando y orientación estratégica a favor de los intereses nacionales de la República.
En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro, desde el mismo momento de su proclamación, ha hecho denuncias de actividades conspirativas de grupos militares que han sido arrestados y que tienen como núcleo financiador a la embajada de Estados Unidos en Venezuela. La expulsión del encargado de negocios, Todd Robinson, justamente, apunta a la neutralización de estos focos puntuales dirigidos a fabricar "levantamientos militares".
La maniobra para impulsar la ejecución de un golpe de Estado militar tuvo, en su momento, al ex secretario de Estado, Rex Tillerson, como principal incitador. Durante su gira por Latinoamérica a principios de este año, hizo un llamado abierto a la FANB para derrocar al presidente Maduro, respaldado por Marco Rubio en una publicación desesperada en su cuenta de Twitter donde afirmaba que apoyarían un golpe de Estado "mediante la eliminación de un dictador".
Esta declaración luego sería respaldada abiertamente por Todd Robinson, reafirmando que no se trataba de una propuesta lanzada al aire, sino de una agenda apoyada por la diplomacia estadounidense y auspiciada por quienes, desde el Congreso, caso Marco Rubio e Ileana Ros, han hecho de las sanciones contra Venezuela una práctica recurrente.
En tal sentido, el publicitado golpe militar sería la mutación lógica de "La Salida" de 2014 y de la revolución de color de 2017, según el cálculo de estos portavoces del lobby antivenezolano.
El frente internacional contra Venezuela, en continuo movimiento, avanza en operaciones psicológicas y comunicacionales para intentar fracturar a la FANB, en vista de que el uso de la vía diplomática (la OEA), y política (la reelección de Nicolás), no han resultado ser exitosas.
Las súplicas de Cárdenas para seducir a miembros de la FANB, dirigidas políticamente a intentar romper la base militar del Estado venezolano, ilustran el agotamiento en cuanto a la aplicación de recusos políticos contra el país y expone la incompetencia de la administración norteamericana para concretar las acciones que conlleven a un cambio de gobierno en el corto plazo.
Haciendo un ejercicio mínimo de reflexión sobre las recientes acciones injerencistas, poco exitosas en el marco de la Asamblea General de la OEA, del gobierno estadounidense y contra el país, el artículo publicado en la famosa revista FP sugiere que es inaplazable utilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para sacar al chavismo del poder y lograr el retorno a la democracia, por supuesto, a imagen y semejanza de Washington. "Estados Unidos y sus aliados deben sentar las bases para que las partes restantes del gobierno venezolano que no están en deuda con Maduro le quiten la elección de sus manos", reza la publicación.
Rechazando toda labor de acercamiento entre los dos países, una posibilidad que viene manejando la diplomacia venezolana con estructuras de la Administración Trump y aprovechando las constantes contradicciones internas en su gestión, Cárdenas plantea que ningún canal de diálogo resolverá la crisis en Venezuela y que es precisamente el ejército venezolano "la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela", en una clara insinuación a la carta de golpe militar que manejan los operadores de la guerra contra Venezuela en paralelo a las presiones económicas y mediáticas en torno a la "crisis humanitaria".
La sentencia no proviene de cualquier opinador en el campo de las relaciones internacionales, sino de un actor político que ha participado en operaciones de desestabilización contra países latinoamericanos y que forma parte de la institución adjunta del Departamento de Estado de EEUU que se encarga de financiar a ONG alineadas a su política exterior. Específicamente, José Cárdenas dirigía la USAID en América Latina, organismo con largo expediente de financiamiento a estructuras desestabilizadoras en Venezuela y la región, cuando ésta actuó en el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya.
Participó activamente en las preparaciones del escenario que en 2009 propició el derrocamiento. Además de su tarea de propaganda en la misma revista FP, deslegitimando al gobierno de Zelaya y apoyando la conspiración militar, en un parecido nada casual con la campaña tomada ahora en Venezuela, Cárdenas financió a través de supuestos programas de desarrollo y con un presupuesto de 39,2 millones de dólares a organizaciones que protagonizaron los antecedentes para la intervención militar.
Otros 15 millones de dólares fueron destinados a la industria privada nacional, que financió a la Asociación Hondureña de Maquiladores, una fachada para que Visión América, firma a la que estaba asociado Cárdenas, prestara apoyo al sector golpista liderado por Roberto Micheletti.
Además, del dinero otorgado, 2 millones correspondía a la "Ayuda Militar y de Seguridad" que incluía la "preparación y entrenamiento de militares, al igual que el financiamiento de algunas actividades" teniendo en cuenta que el Pentágono también tuvo participación directa en la alteración de las fuerzas armadas hondureñas.
Ligado profundamente al lobby político del Sur de la Florida, Cárdenas fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el periodo de Bush hijo y defensor de su método de "ataques preventivos" como política exterior. También figuró en 2017 como posible asesor de Donald Trump, siendo una fuente de consulta del presidente norteamericano sobre asuntos de América Latina.
Es fácil discernir que la "opinión" de Cárdenas expresa un curso de acciones en proceso para alterar la unión cívico-militar venezolana, utilizando el contexto económico nacional auspiciado por los operados financieros internacionales y sus repercusiones en asuntos tan sensibles como la distribución de alimentos y la adquisición de insumos médicos, como argumento para captar mandos oficiales dentro de la FANB.
El llamado de Cárdenas a "rescatar a su país del abismo, mantener el orden constitucional, cumplir sus juramentos de defender la vida de todos los venezolanos y abrir un camino a la reconstrucción política, económica y social de su país", no sólo está acompañado por una insistente campaña de operaciones psicológicas que buscan desmoralizar a la FANB, sino también por un conjunto de acciones que desde la revolución de color violenta del año pasado, hasta la fecha, han intentado infiltrar el estamento militar para quebrar su línea de mando y orientación estratégica a favor de los intereses nacionales de la República.
En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro, desde el mismo momento de su proclamación, ha hecho denuncias de actividades conspirativas de grupos militares que han sido arrestados y que tienen como núcleo financiador a la embajada de Estados Unidos en Venezuela. La expulsión del encargado de negocios, Todd Robinson, justamente, apunta a la neutralización de estos focos puntuales dirigidos a fabricar "levantamientos militares".
La maniobra para impulsar la ejecución de un golpe de Estado militar tuvo, en su momento, al ex secretario de Estado, Rex Tillerson, como principal incitador. Durante su gira por Latinoamérica a principios de este año, hizo un llamado abierto a la FANB para derrocar al presidente Maduro, respaldado por Marco Rubio en una publicación desesperada en su cuenta de Twitter donde afirmaba que apoyarían un golpe de Estado "mediante la eliminación de un dictador".
Esta declaración luego sería respaldada abiertamente por Todd Robinson, reafirmando que no se trataba de una propuesta lanzada al aire, sino de una agenda apoyada por la diplomacia estadounidense y auspiciada por quienes, desde el Congreso, caso Marco Rubio e Ileana Ros, han hecho de las sanciones contra Venezuela una práctica recurrente.
En tal sentido, el publicitado golpe militar sería la mutación lógica de "La Salida" de 2014 y de la revolución de color de 2017, según el cálculo de estos portavoces del lobby antivenezolano.
El frente internacional contra Venezuela, en continuo movimiento, avanza en operaciones psicológicas y comunicacionales para intentar fracturar a la FANB, en vista de que el uso de la vía diplomática (la OEA), y política (la reelección de Nicolás), no han resultado ser exitosas.
Las súplicas de Cárdenas para seducir a miembros de la FANB, dirigidas políticamente a intentar romper la base militar del Estado venezolano, ilustran el agotamiento en cuanto a la aplicación de recusos políticos contra el país y expone la incompetencia de la administración norteamericana para concretar las acciones que conlleven a un cambio de gobierno en el corto plazo.
Asesor del golpe suave en Venezuela confiesa en qué falló la oposición
En días recientes, Srdja Popovic fue entrevistado por un medio
digital del antichavismo. Sus declaraciones dan pistas de cuáles son los
fracasos fundamentales del antichavismo, así como los movimientos y
discursos que comienzan a tejerse desde sus restos cuando arrecian las
agresiones contra Venezuela.
Junio 27 de 2018, 11:20 am - MISIÒN VERDAD
Se
trata del activista serbio que formó Otpor (traducción:
¡Resistencia!), el movimiento que, inspirado en las ideas sobre
protestas no violentas de Gene Sharp, participó en el proceso
de derrocamiento de Slobodan Milosevic en Serbia desde 1998 junto a su
compañero de facultad, Slobodan Dinovic, hoy magnate de las
telecomunicaciones serbias.
Desde entonces, Popovic y sus amigos han tenido una gran demanda. El Centro de Acción y Estrategias no violentas aplicadas, o Canvas, es una ONG con sede en Belgrado fundada en 2004, que ha asesorado y capacitado a activistas "pro-democracia" en más de 50 países, incluyendo India, Irán, Zimbabwe, Myanmar, Ucrania, Georgia, Palestina, Bielorrusia, Túnez, Egipto y Venezuela.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) experimentó por vez primera con las teorías de Gene Sharp en Serbia, estimulando y financiando la aparición de activistas en los sectores juveniles y estudiantiles. Mediante operaciones de inteligencia aprovechó los descontentos y la rebeldía propia de la juventud para movilizar a las nuevas generaciones. Cuando Milosevic fue depuesto en el 2000, los líderes de las revueltas fueron relegados a un segundo plano y las fuerzas políticas "vencedoras" instalaron un gobierno pro-occidente.
Pasado el tiempo, los líderes de Otpor reconocieron públicamente que recibieron apoyo logístico y financiero del exterior, particularmente por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Demócrata Nacional (NDI).
Esto significó un descenso abrupto de la calidad de vida de la población a causa de las sanciones y embargos internacionales, un contexto regional amenazante, medidas de control extremo por parte de
Milosevic y una transicion inacabada. También la destrucción de un
Estado a causa de intereses estratégicos internacionales.
Además, la incertidumbre, la turbulencia política y la falta de referentes sociales ahondaron una grave crisis moral en la sociedad, que fue aderezada con desfases entre discursos oficiales y hechos por parte del gobierno. Por otra parte, la oposición carecía de liderazgos integradores, lo que se expresa en al menos ocho intentos de formar coaliciones políticas en menos de una década. La eficiencia de Otpor consistió en aglutinar hasta 60 mil miembros repartidos en toda Serbia, tener hasta 100 oficinas en ese territorio, buen porcentaje de jóvenes (30% menor de 18 años) y anclarse a los principales campus universitarios.
Sin variación alguna, las guerras y divisiones internas eran propulsadas por los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fuerza que además atacó la nación serbia durante 78 días consecutivos en 1999 con 25 mil toneladas de bombas y misiles, incluyendo más de 50 mil proyectiles que representan más de 20 toneladas de uranio empobrecido y 152 proyectiles contenedores de 35 mil bombas de racimo, destruyendo sistemáticamente la economía e infraestructuras del país. Esto incluyó refinerías y plantas químicas, los daños de guerra fueron evaluados en más de 100 mil millones de dólares y dejaron 2 mil civiles muertos.
En medio de la debacle de ese año, y como parte del plan que buscaba un cambio abrupto de sistema político, la declaración de Otpor postulaba el libre mercado y las privatizaciones, aun cuando su discurso se enfocaba en sacar a Milosevic del poder. En el 2001, renunció al puño como símbolo y al nombre de "movimiento revolucionario". En 2003, sufrieron un revés electoral que los desapareció de la actividad política de masas. Y en 2004 fundaron Canvas.
Analistas concluyen que ninguna de las acciones de Estados Unidos y sus aliados sobre Serbia beneficiaron a su pueblo, sino que jugaron a favor de objetivos como las independencias de Croacia y Eslovenia (1991) y Bosnia y Herzegovina (1992), las sanciones internacionales, las detenciones y procesamientos a criminales de guerra serbios, los bombardeos de la OTAN o la declaracion de independencia de Kosovo (2008).
En los reportes semanales de Canvas aparece Venezuela con excesiva frecuencia, en los más recientes acompañada de Nicaragua, por razones ya mencionadas. Ya en 2013, WikiLeaks publicaba que al menos 73 correos electrónicos revelaban su complicidad con Stratfor en el plan de derrocar a Hugo Chávez y ayudar a los candidatos antichavistas a ser elegidos para la Asamblea Nacional (AN).
Aquellas comunicaciones se centraron en el hoy crítico sector energético y petroquímico, el cambio político, el estado de las fuerzas antichavistas y el de la Fuerza Armada; hoy es evidente que algunos de los blancos seleccionados fueron alcanzados de manera sensible.
Sus operaciones psicológicas a través de los medios corporativos globales han sido exitosas al vender oleadas del tipo Primavera Árabe de 2011 como si fueran iniciativas de las bases populares, al punto de que movimientos como Occupy Wall Street (EEUU) o 13-M (España) la usaron como pretexto. Asimismo estas operaciones han sido implementadas en Venezuela durante las guarimbas de 2014 y 2017.
Estos ensayos obedecen a técnicas de ingeniería social que han hecho creer a los manifestantes que ellos diseñaron y ejecutaron tales oleadas, luego el resultado es la decepción y división entre ciudadanos de a pie, quienes no llegan a enterarse de que la transformación de la realidad nunca estuvo contemplada para los organismos gubernamentales , think-tanks y fundaciones que estimularon sus "revoluciones".
En 2011 Patrick Henningsen afirmó que, desde 2009, Canvas seleccionó estudiantes de Medio Oriente y los entrenó en el extranjero proporcionando habilidades que ayudaron a derrocar a los presidentes de Túnez y Egipto, además de provocar una revuelta regional. En el caso egipcio, la transición fue una progresión de las políticas exteriores y objetivos corporativos de largo alcance de Estados Unidos e Israel para la región, por cualquier razón, ya no requirieron los servicios de Hosni Mubarak sino un Estado policial más fuerte que garantizara más estabilidad corporativa y cero disidencia social en la región.
Ha insistido Henningsen en que Canvas cuenta con financiamiento parcial y está respaldada por una serie de fundaciones "pro-democracia" con enlaces a Freedom House y Open Society Institute de George Soros: "Estas fundaciones globalistas, grupos de expertos profesionales y ONG emprenden investigaciones, organizan seminarios de capacitación y suministran material que luego se utiliza para influir en el cambio de régimen en todo el mundo".
Hoy en el escenario político se evidencia cómo fracasaron algunas ideas de Popovic debido a que el antichavismo no ha logrado capitalizar ninguna de sus propuestas, no es casualidad que en un empeño denodado en hacer colapsar los servicios públicos (electricidad, salud, agua, gas) con sabotaje interno y bloqueo externo de divisas, Primero Justicia y Voluntad Popular busquen utilizarlos como excusa para generar protestas y calentar la calle. Tal es el caso de los problemas hospitalarios.
La irrupción de esta entrevista en medios antichavistas busca dar un botón de recordatorio a las estrategias que ya estos asesores propusieron en 2017, y que el mismo liderazgo político no logra implementar ni comunicar a sus seguidores.
Pareciera que desean articular sus piezas en los días por venir intensificando su arma más eficiente, que es el precio del dólar paralelo y alineando la crisis que genera en los precios con otros elementos como el ataque internacional, gremios como el transporte, ONGs, más sabotaje a servicios públicos vitales y protestas.
Desde entonces, Popovic y sus amigos han tenido una gran demanda. El Centro de Acción y Estrategias no violentas aplicadas, o Canvas, es una ONG con sede en Belgrado fundada en 2004, que ha asesorado y capacitado a activistas "pro-democracia" en más de 50 países, incluyendo India, Irán, Zimbabwe, Myanmar, Ucrania, Georgia, Palestina, Bielorrusia, Túnez, Egipto y Venezuela.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) experimentó por vez primera con las teorías de Gene Sharp en Serbia, estimulando y financiando la aparición de activistas en los sectores juveniles y estudiantiles. Mediante operaciones de inteligencia aprovechó los descontentos y la rebeldía propia de la juventud para movilizar a las nuevas generaciones. Cuando Milosevic fue depuesto en el 2000, los líderes de las revueltas fueron relegados a un segundo plano y las fuerzas políticas "vencedoras" instalaron un gobierno pro-occidente.
Pasado el tiempo, los líderes de Otpor reconocieron públicamente que recibieron apoyo logístico y financiero del exterior, particularmente por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Demócrata Nacional (NDI).
¿Golpes suaves para quién?
En los años 90, Yugoslavia transitaba por una crisis civil estimulada por enfrentamientos étnicos entre croatas-bosnios albaneses por un lado y serbios por el otro, pero además el sistema político encabezado por Milosevic venía siendo minado por una crisis económica que alcanzó el cenit en 1993, cuando la inflación llegó a 5 cuatrillones por ciento.Esto significó un descenso abrupto de la calidad de vida de la población a causa de las sanciones y embargos internacionales, un contexto regional amenazante,
Además, la incertidumbre, la turbulencia política y la falta de referentes sociales ahondaron una grave crisis moral en la sociedad, que fue aderezada con desfases entre discursos oficiales y hechos por parte del gobierno. Por otra parte, la oposición carecía de liderazgos integradores, lo que se expresa en al menos ocho intentos de formar coaliciones políticas en menos de una década. La eficiencia de Otpor consistió en aglutinar hasta 60 mil miembros repartidos en toda Serbia, tener hasta 100 oficinas en ese territorio, buen porcentaje de jóvenes (30% menor de 18 años) y anclarse a los principales campus universitarios.
Sin variación alguna, las guerras y divisiones internas eran propulsadas por los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fuerza que además atacó la nación serbia durante 78 días consecutivos en 1999 con 25 mil toneladas de bombas y misiles, incluyendo más de 50 mil proyectiles que representan más de 20 toneladas de uranio empobrecido y 152 proyectiles contenedores de 35 mil bombas de racimo, destruyendo sistemáticamente la economía e infraestructuras del país. Esto incluyó refinerías y plantas químicas, los daños de guerra fueron evaluados en más de 100 mil millones de dólares y dejaron 2 mil civiles muertos.
En medio de la debacle de ese año, y como parte del plan que buscaba un cambio abrupto de sistema político, la declaración de Otpor postulaba el libre mercado y las privatizaciones, aun cuando su discurso se enfocaba en sacar a Milosevic del poder. En el 2001, renunció al puño como símbolo y al nombre de "movimiento revolucionario". En 2003, sufrieron un revés electoral que los desapareció de la actividad política de masas. Y en 2004 fundaron Canvas.
Analistas concluyen que ninguna de las acciones de Estados Unidos y sus aliados sobre Serbia beneficiaron a su pueblo, sino que jugaron a favor de objetivos como las independencias de Croacia y Eslovenia (1991) y Bosnia y Herzegovina (1992), las sanciones internacionales, las detenciones y procesamientos a criminales de guerra serbios, los bombardeos de la OTAN o la declaracion de independencia de Kosovo (2008).
¿Revoluciones de color y salidas pacíficas?
En enero de 2010, Canvas produjo un informe titulado "Análisis de la situación en Venezuela", que planteó una estrategia similar a la utilizada en Serbia. Hoy Popovic admite que su organización asesora a quienes desean derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y reconoce que su movimiento recibe financiamiento de Estados Unidos, pero no ve "problema en ello", su línea de flotación política está marcada por la ideas del politólogo Gene Sharp, quien dirigía el Instituto Albert Einstein, de Boston, junto al ex coronel estadounidense Bob Helvey.En los reportes semanales de Canvas aparece Venezuela con excesiva frecuencia, en los más recientes acompañada de Nicaragua, por razones ya mencionadas. Ya en 2013, WikiLeaks publicaba que al menos 73 correos electrónicos revelaban su complicidad con Stratfor en el plan de derrocar a Hugo Chávez y ayudar a los candidatos antichavistas a ser elegidos para la Asamblea Nacional (AN).
Aquellas comunicaciones se centraron en el hoy crítico sector energético y petroquímico, el cambio político, el estado de las fuerzas antichavistas y el de la Fuerza Armada; hoy es evidente que algunos de los blancos seleccionados fueron alcanzados de manera sensible.
Sus operaciones psicológicas a través de los medios corporativos globales han sido exitosas al vender oleadas del tipo Primavera Árabe de 2011 como si fueran iniciativas de las bases populares, al punto de que movimientos como Occupy Wall Street (EEUU) o 13-M (España) la usaron como pretexto. Asimismo estas operaciones han sido implementadas en Venezuela durante las guarimbas de 2014 y 2017.
Estos ensayos obedecen a técnicas de ingeniería social que han hecho creer a los manifestantes que ellos diseñaron y ejecutaron tales oleadas, luego el resultado es la decepción y división entre ciudadanos de a pie, quienes no llegan a enterarse de que la transformación de la realidad nunca estuvo contemplada para los organismos gubernamentales
En 2011 Patrick Henningsen afirmó que, desde 2009, Canvas seleccionó estudiantes de Medio Oriente y los entrenó en el extranjero proporcionando habilidades que ayudaron a derrocar a los presidentes de Túnez y Egipto, además de provocar una revuelta regional. En el caso egipcio, la transición fue una progresión de las políticas exteriores y objetivos corporativos de largo alcance de Estados Unidos e Israel para la región, por cualquier razón, ya no requirieron los servicios de Hosni Mubarak sino un Estado policial más fuerte que garantizara más estabilidad corporativa y cero disidencia social en la región.
Ha insistido Henningsen en que Canvas cuenta con financiamiento parcial y está respaldada por una serie de fundaciones "pro-democracia" con enlaces a Freedom House y Open Society Institute de George Soros: "Estas fundaciones globalistas, grupos de expertos profesionales y ONG emprenden investigaciones, organizan seminarios de capacitación y suministran material que luego se utiliza para influir en el cambio de régimen en todo el mundo".
¿En qué falló el antichavismo?
En una entrevista realizada por un medio digital, Popovic refiere los aspectos que el antichavismo no ha logrado hacer para sacar al presidente Maduro del poder:-
No enfoca protestas que no sean meramente reactivas ni diseña
estrategias basadas en narrativas que expliquen cuál es el cambio que
desean promover. Es decir, hay una falta de idea o de sentido histórico y
político que permita movilizar a la población.
-
No logra un efectivo nivel de coordinación entre sus partidos
políticos porque sus decisiones son adoptadas por élites, tampoco
las ONG, sindicatos ni organizaciones,
mucho menos la comunidad internacional que hoy está amalgamada en el Grupo de Lima. Otro actor es la "diáspora", cuya narrativa no logra calar más allá del relato del drama humanitario.
-
No logra influenciar de manera notable al chavismo ni a funcionarios
del Poder Judicial y del propio Gobierno. No logró el objetivo de una
fractura institucional, aspecto clave de los golpes suaves, para abrir
espacios a una transición tutelada desde el extranjero.
-
No tiene una estrategia unitaria en cuanto a lo electoral, menos con
algunos actores participando y otros absteniéndose. La opción de
organizar elecciones paralelas como el plebiscito no tuvo mayor impacto
debido a su carácter fraudulento e improvisado, aunque Popovic sostiene
que es una tarea importante. Es decir, también falló el asesor.
-
No logra explicar cuál es su plan para solucionar la crisis ni
organiza mecanismos para proveer bienes y servicios que, según Popovic,
el Estado no puede suministrar por la crisis.
-
No implementa estrategias verdaderamente no violentas que disminuyan
riesgos personales o que generen esperanza en los venezolanos. Según el
serbio, la ultraviolencia de las protestas en 2017 jugaron en contra de
los objetivos políticos de la oposición: alentar y mantener
movilizaciones masivas en las calles.
-
No promueve mecanismos de reconciliación ni de justicia transicional.
Hoy en el escenario político se evidencia cómo fracasaron algunas ideas de Popovic debido a que el antichavismo no ha logrado capitalizar ninguna de sus propuestas, no es casualidad que en un empeño denodado en hacer colapsar los servicios públicos (electricidad, salud, agua, gas) con sabotaje interno y bloqueo externo de divisas, Primero Justicia y Voluntad Popular busquen utilizarlos como excusa para generar protestas y calentar la calle. Tal es el caso de los problemas hospitalarios.
La irrupción de esta entrevista en medios antichavistas busca dar un botón de recordatorio a las estrategias que ya estos asesores propusieron en 2017, y que el mismo liderazgo político no logra implementar ni comunicar a sus seguidores.
Pareciera que desean articular sus piezas en los días por venir intensificando su arma más eficiente, que es el precio del dólar paralelo y alineando la crisis que genera en los precios con otros elementos como el ataque internacional, gremios como el transporte, ONGs, más sabotaje a servicios públicos vitales y protestas.
Una radiografía de la crisis política postelectoral en el antichavismo
Henri Falcón inauguró su primera derrota presidencial con una
acción inédita en la política nacional: no reconocer los resultados
antes incluso de ser anunciados por el CNE.
Mayo 23 de 2018, 4:50 pm - MISIÒN VERDAD
Este
anuncio se enmarca en un dato aportado por Jorge Rodríguez, jefe del
comando de campaña del presidente Nicolás Maduro, difundido a través de
un audio en el que, a las 11 de la mañana del día domingo, el secretario
del partido avanzada progresista Luis Romero admitía la derrota, luego
de un sondeo que habrían hecho a boca de urna.
Para Falcón, participar en la convocatoria electoral era fundamental si quería evitar la muerte política después de perder el bastión de la gobernación del estado Lara. Además, su participación respondía a la oportunidad que vio de tomar un espacio que los partidos de mayor influencia opositora habían abandonado.
La riña con factores políticos de la oposición aglutinados en el Frente Amplio arponeó a algunos sectores que no estaban convencidos con la abstención y que eran público objetivo de la campaña dolarizadora pregonada por el candidato.
La participación electoral del 46.07% es una cifra que, si es presentada como abstencionismo crítico, deja muy mal parados a países protectores de la democracia liberal, en los que esa cantidad es un rango normal de asistencia electoral. Tal porcentaje tiene varias explicaciones, entre ellas el sabotaje internacional al sufragio por los partidos de la abstención, la migración, el descontento, entre otros.
Los argumentos del candidato Henri Falcón para imputar las elecciones y repetirlas en el último trimestre del año tienen que ver con la instalación de los puntos tricolor chavistas y la satanización del Carnet de la Patria, el primero un elemento parte de la maquinaria electoral y el segundo un mecanismo de protección social. Los puntos tricolor han formado parte de las 24 convocatorias electorales desde 1999, y en su momento le sirvió al ex gobernador de Lara cuando asistió y ganó como candidato de campaña abanderado por el PSUV.
Su alineación con la narrativa de "fraude electoral", recurso tan manoseado en todas las jornadas electorales en las que el antichavismo no sale favorecido, y que no encuentra asidero ni siquiera en el grueso de la población opositora, es opacado por lo que analistas de su propia pandilla de seguidores habían anunciado durante la campaña: la falta de unidad en el método para lograr un cambio de gobierno en Venezuela
La fracción antichavista agrupada en el movimiento Soy Venezuela, en voz de María Corina Machado, marcó su posición de desconocimiento y rechazó la insinuación de un nuevo proceso electoral.
Desde la conformación de esta alianza, sus operaciones han apuntado a atacar cualquier intento de mínimo concilio entre las fuerzas opositoras y el Estado venezolano. Atribuyéndose el ala más radical de la oposición con fuertes tendencias a optar por estrategias violentas, tiene en su historial más inmediato la gestión del antejuicio de mérito al Presidente de la República en la Asamblea Nacional, fabricado por un ficticio tribunal supremo "en el exilio", presionando para colocarlo como único punto de orden en las sesiones por encima de la discusión sobre si participar o no en las elecciones presidenciales.
La posición que acompaña la vía agresiva de arrancar el poder constituido del Gobierno nacional, no admite titubeos ante la cohesión del chavismo. De ahí se entiende la declaración indignada de la representante de Soy Venezuela, que ve diluido el trabajo por conducir el apoyo internacional mientras agota la vía político-electoral.
La orfandad de un plan coherente traza el rumbo de personajes que, en un mismo día, puede presentar denuncias al CNE, estar dispuesto a ir al diálogo, aceptar que las sanciones estadounidenses afectan la cotidianidad venezolana y pedir la renuncia del ejecutivo bolivariano.
Así, se manifiestan las contradicciones de las fuerzas opositoras en un solo discurso. El ex candidato presidencial Javier Bertucci reconoce los resultados electorales, valorando el innegable margen de diferencia que lo separa con el presidente reelecto pero que no anula el procedimiento de cuestionarlos, anunciando que está dispuesto a presentar pruebas de supuestas irregularidades ante el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, que respaldarían la necesidad de repetir elecciones.
Por otra parte, el empresario ex pastor acepta la convocatoria al diálogo que promueve el ejecutivo nacional, colocando condiciones inviables como la del "canal humanitario", que sería emprendido con la "asistencia" del gobierno estadounidense y sus corporaciones, autores de las sanciones que agravaron la situación económica de Venezuela. Esta paradoja es armoniosamente cerrada por Bertucci al concluir que estas acciones, luego de las últimas anunciadas por el presidente Trump, efectivamente "complican el adquisición de divisas del Estado para la compra de comida y sabemos que esto se va a poner peor".
Haciendo control de daños, el Frente Amplio da a conocer sus primeras impresiones del resultado electoral en rueda de prensa dirigida por Omar Barboza, desconociendo la elección legítima del presidente Maduro, trayendo de nuevo la pobre argumentación del chantaje a electores y disputándole el discurso de Falcón de repetir elecciones a finales de año. Este anuncio ya había sido avizorado previo a los comicios, viendo que era inminente la celebración de los mismos y en jugada estratégica por filtrar la agudización de las medidas de asfixia económica del capital financiero internacional hacia instituciones venezolanas, a través del colador político que consume estas acciones en el final del chavismo como fuerza regional.
Este "frente", agrupado bajo un frágil interés común, no escapa de las contradicciones y fracciones internas pasadas, antecedente que lo persigue en su constitución como alianza, pues dirigentes de partidos políticos adscritos al Frente Amplio ya se traicionaron en las elecciones regionales, en las que políticos de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular vieron la oportunidad de captar espacios de poder rompiendo con el boicot de algunos dirigentes, a expensas de legitimar a la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente, caso que terminó reconociendo solo los adecos por ser los únicos que alcanzaron cuotas institucionales en algunos estados.
Este perfil de permanente desconfianza, traiciones y pactos bajo cuerdas, que Henry Ramos Allup definió como "una especie de danza de alacranes" en sesión parlamentaria del 22 de mayo, y que terminó con una redundante resolución de desconocer los resultados electorales, muestra una grave fragmentación en la decisión sobre el curso a seguir. Quedan claros, sí, los deseos impostergables de la lesionada dirigencia opositora de acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, ratificado por el pueblo venezolano para otro periodo de seis años, más la incapacidad para consensuar un método que contribuya a sus fallidos objetivos.
Para Falcón, participar en la convocatoria electoral era fundamental si quería evitar la muerte política después de perder el bastión de la gobernación del estado Lara. Además, su participación respondía a la oportunidad que vio de tomar un espacio que los partidos de mayor influencia opositora habían abandonado.
La riña con factores políticos de la oposición aglutinados en el Frente Amplio arponeó a algunos sectores que no estaban convencidos con la abstención y que eran público objetivo de la campaña dolarizadora pregonada por el candidato.
La participación electoral del 46.07% es una cifra que, si es presentada como abstencionismo crítico, deja muy mal parados a países protectores de la democracia liberal, en los que esa cantidad es un rango normal de asistencia electoral. Tal porcentaje tiene varias explicaciones, entre ellas el sabotaje internacional al sufragio por los partidos de la abstención, la migración, el descontento, entre otros.
Los argumentos del candidato Henri Falcón para imputar las elecciones y repetirlas en el último trimestre del año tienen que ver con la instalación de los puntos tricolor chavistas y la satanización del Carnet de la Patria, el primero un elemento parte de la maquinaria electoral y el segundo un mecanismo de protección social. Los puntos tricolor han formado parte de las 24 convocatorias electorales desde 1999, y en su momento le sirvió al ex gobernador de Lara cuando asistió y ganó como candidato de campaña abanderado por el PSUV.
Su alineación con la narrativa de "fraude electoral", recurso tan manoseado en todas las jornadas electorales en las que el antichavismo no sale favorecido, y que no encuentra asidero ni siquiera en el grueso de la población opositora, es opacado por lo que analistas de su propia pandilla de seguidores habían anunciado durante la campaña: la falta de unidad en el método para lograr un cambio de gobierno en Venezuela
La fracción antichavista agrupada en el movimiento Soy Venezuela, en voz de María Corina Machado, marcó su posición de desconocimiento y rechazó la insinuación de un nuevo proceso electoral.
Desde la conformación de esta alianza, sus operaciones han apuntado a atacar cualquier intento de mínimo concilio entre las fuerzas opositoras y el Estado venezolano. Atribuyéndose el ala más radical de la oposición con fuertes tendencias a optar por estrategias violentas, tiene en su historial más inmediato la gestión del antejuicio de mérito al Presidente de la República en la Asamblea Nacional, fabricado por un ficticio tribunal supremo "en el exilio", presionando para colocarlo como único punto de orden en las sesiones por encima de la discusión sobre si participar o no en las elecciones presidenciales.
La posición que acompaña la vía agresiva de arrancar el poder constituido del Gobierno nacional, no admite titubeos ante la cohesión del chavismo. De ahí se entiende la declaración indignada de la representante de Soy Venezuela, que ve diluido el trabajo por conducir el apoyo internacional mientras agota la vía político-electoral.
La orfandad de un plan coherente traza el rumbo de personajes que, en un mismo día, puede presentar denuncias al CNE, estar dispuesto a ir al diálogo, aceptar que las sanciones estadounidenses afectan la cotidianidad venezolana y pedir la renuncia del ejecutivo bolivariano.
Así, se manifiestan las contradicciones de las fuerzas opositoras en un solo discurso. El ex candidato presidencial Javier Bertucci reconoce los resultados electorales, valorando el innegable margen de diferencia que lo separa con el presidente reelecto pero que no anula el procedimiento de cuestionarlos, anunciando que está dispuesto a presentar pruebas de supuestas irregularidades ante el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, que respaldarían la necesidad de repetir elecciones.
Por otra parte, el empresario ex pastor acepta la convocatoria al diálogo que promueve el ejecutivo nacional, colocando condiciones inviables como la del "canal humanitario", que sería emprendido con la "asistencia" del gobierno estadounidense y sus corporaciones, autores de las sanciones que agravaron la situación económica de Venezuela. Esta paradoja es armoniosamente cerrada por Bertucci al concluir que estas acciones, luego de las últimas anunciadas por el presidente Trump, efectivamente "complican el adquisición de divisas del Estado para la compra de comida y sabemos que esto se va a poner peor".
Haciendo control de daños, el Frente Amplio da a conocer sus primeras impresiones del resultado electoral en rueda de prensa dirigida por Omar Barboza, desconociendo la elección legítima del presidente Maduro, trayendo de nuevo la pobre argumentación del chantaje a electores y disputándole el discurso de Falcón de repetir elecciones a finales de año. Este anuncio ya había sido avizorado previo a los comicios, viendo que era inminente la celebración de los mismos y en jugada estratégica por filtrar la agudización de las medidas de asfixia económica del capital financiero internacional hacia instituciones venezolanas, a través del colador político que consume estas acciones en el final del chavismo como fuerza regional.
Este "frente", agrupado bajo un frágil interés común, no escapa de las contradicciones y fracciones internas pasadas, antecedente que lo persigue en su constitución como alianza, pues dirigentes de partidos políticos adscritos al Frente Amplio ya se traicionaron en las elecciones regionales, en las que políticos de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular vieron la oportunidad de captar espacios de poder rompiendo con el boicot de algunos dirigentes, a expensas de legitimar a la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente, caso que terminó reconociendo solo los adecos por ser los únicos que alcanzaron cuotas institucionales en algunos estados.
Este perfil de permanente desconfianza, traiciones y pactos bajo cuerdas, que Henry Ramos Allup definió como "una especie de danza de alacranes" en sesión parlamentaria del 22 de mayo, y que terminó con una redundante resolución de desconocer los resultados electorales, muestra una grave fragmentación en la decisión sobre el curso a seguir. Quedan claros, sí, los deseos impostergables de la lesionada dirigencia opositora de acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, ratificado por el pueblo venezolano para otro periodo de seis años, más la incapacidad para consensuar un método que contribuya a sus fallidos objetivos.
¿Qué quiere la Unión Europea en Venezuela?
Las últimas sanciones a altos funcionarios venezolanos de la
Unión Europea (UE) levantan interrogantes acerca de sus objetivos en el
país. Dado que tiene la ambivalencia de acompañar de una manera casi
simbólica las políticas más duras de la Administración Trump, mientras
sus voceros aseguran respaldar una posible nueva ronda de diálogo.
Junio 27 de 2018, 10:30 am - MISIÒN VERDAD
De sanciones y diálogo
Este lunes, el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea tomó la decisión de sancionar a 11 altos funcionarios de Venezuela por la organización de las últimas elecciones presidenciales. El argumento utilizado por la UE fue que estas elecciones no respetaron los "estándares mínimos de democracia", utilizando el mismo argumento del Grupo de Lima y Estados Unidos.Entre los altos funcionarios, por otro lado, se encuentran la actual vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el vicepresidente para el Área Económica Tareck El Aissami, las rectoras del CNE Socorro Hernández y Sandra Oblitas, el Comandante General del Ejército Jesús Suárez Chourio, el ministro de Educación Elías Jaua, y el Protector de Táchira y Jefe de los CLAP Freddy Bernal.
Según el Nuevo Herald, "al contrario que Canadá, Estados Unidos y Panamá, los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano, ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pos de una solución negociada a la crisis".
Por su lado, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la decisión de la UE de ampliar las sanciones contra Venezuela no "excluye en ningún caso la voluntad de diálogo". Según él, la UE "irá más lejos en el diálogo y la cooperación para intentar encontrar soluciones políticas al conflicto", en vez de hacerlo únicamente a través de sanciones. Unas declaraciones de alta importancia si se tiene en cuenta que España es quien lidera la vocería de la política europea respecto a Venezuela y América Latina.
Intereses e interrogantes
Si bien esta declaración guarda relevancia, también en estos días la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, desautorizó al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero como representante de los intereses europeos en Venezuela ante una consulta realizada por europarlamentarios de partidos de derecha del mal llamado "Viejo Continente".A pesar de eso, es claro el viraje de países europeos hacia el respaldo al diálogo en el país, una postura que se fortaleció desde el arribo de Pedro Sánchez a la presidencia de España, mucho menos beligerante en su política exterior respecto a Venezuela que el anterior mandatario Mariano Rajoy, del Partido Popular.
Esto plantea una disonancia entre las fuertes sanciones aplicadas por Estados Unidos y la UE después de las últimas presidenciales. Dado que tal como afirma el Nuevo Herald, las medidas coercitivas de la UE no acompañan ni en tono, ni en agresividad, a la política más dura de la Administración Trump.
Esto quizás pueda deberse a la promoción de un clima más estable de negocios por parte de petroleras europeas en Venezuela. Entre las que se encuentra la francesa Total, la italiana Eni, la holandesa Shell y, por supuesto, la española Repsol.
Para hacernos una idea: Total afirma en su propio portal ser uno de los "mayores inversionistas en Venezuela", Eni destaca sus proyectos en gas y petróleo en el país, Shell acaba de suscribir en 2016 acuerdos de financiamiento con PDVSA por 2 mil 800 millones de dólares, mientras que Repsol sostiene tener presencia en ocho bloques de producción petrolera en el país.
Todo esto abre la interrogante sobre lo que finalmente quiere la UE en Venezuela, en un momento donde con claridad se observa que no sigue ciegamente los intereses de Estados Unidos.
Sobre todo si se tiene en cuenta que, en la respuesta a esta interrogante, se encuentra el margen de maniobra internacional que tenga Venezuela para promover un nuevo proceso de diálogo que restablezca una convivencia pacífica entre los distintos componentes políticos que hacen vida en el país, una oportunidad para que las petroleras de Europa, que en última instancia determinan la política exterior del bloque, continúen aprovechando su acceso al petróleo venezolano en menoscabo de sus competidoras estadounidenses.
Panamá: Por un gran acuerdo para la constitución de un Frente Electoral Popular Antioligárquico
Por Olmedo Beluche
KAOS EN LA RED - Publicado en: 5 julio, 2018
Ninguna fuerza política del campo popular, por sí sola, tendrá
capacidad de hacer frente a la maquinaria clientelista y corrupta de los
partidos tradicionales.
Pronunciamiento del Polo Ciudadano
Correo-e: polociudadanopanama@outlook.co m
(β)polociudadanopanama.blogspo t.es/
(ƒ) Polo Ciudadano Panamá
Nunca como hoy fue tan evidente a los
ojos del pueblo panameño que estamos gobernados por una élite
oligárquica corrupta y antidemocrática. Nunca había estado tan claro que
los partidos políticos tradicionales (Panameñismo, PRD, CD, PP,
Molirena), constituyen clanes delincuenciales cuyo objetivo es asaltar
el erario público. Nunca había sido tan grande el desastre de los
servicios públicos, desde el transporte hasta el suministro de agua
potable, pasando por la educación y la salud, producto de la
ineficiencia y la corrupción rampante.
La lucha entre las diversas fracciones
políticas de la burguesía panameña, tratando de asegurarse el poder más
allá de las elecciones de 2019, ha sacado a relucir los trapos sucios de
la corrupción que mancha al Ejecutivo, al Legislativo y al Órgano
Judicial. Las partidas secretas para financiar elecciones, las obras
públicas precedidas por las coimas, la impunidad judicial de los rateros
de cuello blanco, las acusaciones mutuas entre los diversos bandos, de
todo lo cual el juicio a Martinelli es la “tapa del coco”, prueban la
urgente necesidad de barrer a todos esos corruptos de la administración
pública.
Nunca fue más claro para el pueblo
panameño que todos los partidos tradicionales que vienen alternándose en
el poder desde la invasión de 1989, y aún antes, son la misma cosa
corrupta y no constituyen reales alternativas para salir del hoyo fétido
en que se ha sumido a la república. Entre ellos no existe ni
“oficialismo” ni “oposición” porque se ha probado cómo se tapan y se
reparten el presupuesto nacional para seguir enriqueciéndose.
Nunca fue más necesaria la constitución
de un Frente Popular Antioligárquico, que conduzca en las calles y en
las urnas la constitución de una alternativa verdaderamente nueva,
honesta y capaz de refundar el país, bajo criterios democráticos y
antineoliberales, para empezar a resolver las ingentes necesidades de
los pobres, equilibrar las desigualdades sociales, devolver al esperanza
en otro país mejor para todos.
Pese a lo urgente del momento, pese a la
maduración de las circunstancias, el movimiento popular panameño parece
lejos de comprender los retos que la situación le impone. En cambio,
seguimos regidos por la división, la atomización de fuerzas y la
cortedad de miras.
La constitución de ese Frente Popular
Antioligárquico, contra la corrupción, que las circunstancias históricas
demandan, sólo podrá salir de una convocatoria verdaderamente amplia a
un diálogo del que surja, primero, un Programa Político y de Lucha, con
propuestas de transformaciones democráticamente discutido, sobre el cual
se constituya, después, el Frente Electoral y se inscriban las
candidaturas que expresen legítimamente ese acuerdo que marque la Unidad
en la diversidad de fuerzas que constituyen el movimiento sindical,
gremial, profesional, estudiantil y popular.
Ninguna fuerza política del campo
popular, por sí sola, tendrá capacidad de hacer frente a la maquinaria
clientelista y corrupta de los partidos tradicionales que se despliegan
en cada elección. Contraponer al poder del dinero una alternativa
popular no saldrá de unos cuantos líderes comunitarios solo conocidos
por sus vecinos, etc., sino de la capacidad que haya para convocar a
TODOS los sectores y personalidades en un gran movimiento nuevo y
representativo de toda la basta diversidad de las fuerzas que luchan por
refundar la república.
Estamos a tiempo de que, quienes tienen
capacidad de convocatoria, asuman su responsabilidad y, sin sectarismos,
inviten a la constitución de un gran Frente Popular, basado en un
Programa de Lucha, y en un acuerdo de candidaturas. Tomando como
referencia lo actuado en su momento en procesos hermanos como el de
Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, que demostraron
que sí era posible abrirse a la Unidad real del pueblo, sus
organizaciones y expresiones populares, más allá de la existencia de
partidos estructurados. No actuar acorde con los criterios expuestos,
nos conduciría a repetir los mismos errores y los mismos fracasos de las
elecciones de 2014.
Panamá, 30 de junio de 2018.Correo-e: polociudadanopanama@outlook.co
(β)polociudadanopanama.blogspo
(ƒ) Polo Ciudadano Panamá
Analizan en la ONU nueva resolución sobre independencia de Puerto Rico
Publicado: 18 jun 2018 18:44 GMT - RT
La isla es actualmente un Estado Libre Asociado de EE.UU.
El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
analizará este lunes una nueva resolución a favor de la libre
determinación e independencia de Puerto Rico, actualmente con estatus de
Estado Libre Asociado de EE.UU.
Esta resolución, la número 37 sobre el mismo tema, fue presentada por la representación de Cuba en el organismo internacional.
En el texto exponen la preocupación por la imposición de una Junta de Supervisión Financiera a Puerto Rico, creada por el Congreso estadounidense, para ejercer plenos poderes sobre los funcionarios ejecutivos y legislativos en asuntos fiscales, económicos y presupuestarios; y exhortan a Washington a impulsar un proceso que permita a los puertorriqueños ejercer su derecho a la autodeterminación, la independencia y la toma de decisiones, reseña la agencia cubana Prensa Latina.
La representante del Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas (Copronu), Aurora Muriente, citada por Granma, dijo que "ahora es más trascendental aún ese reclamo internacional, pues tras lo sucedido en el huracán (María del año pasado) hay mayor evidencia del carácter colonial", debido a que por su estatus ante EE.UU. no recibe los recursos necesarios para su reconstrucción, como lo hace cualquier estado de territorio estadounidense.
Además, Muriente dijo que la puesta en marcha de la junta de control fiscal les ha llevado "a vivir uno de los momentos menos democráticos en la historia reciente de Puerto Rico".
Pese a esa limitante del voto, todas las decisiones que se tomen en la isla sí pueden ser revocables por el Congreso americano.
A la par de las resoluciones de la ONU, que buscan que sea un país independiente, en enero pasado el gobernador de la isla, Ricardo Rosello, presentó otra alternativa ante el Congreso de EE.UU.: Convertir a Puerto Rico en el Estado 51 de la Unión Americana.
Esta resolución, la número 37 sobre el mismo tema, fue presentada por la representación de Cuba en el organismo internacional.
En el texto exponen la preocupación por la imposición de una Junta de Supervisión Financiera a Puerto Rico, creada por el Congreso estadounidense, para ejercer plenos poderes sobre los funcionarios ejecutivos y legislativos en asuntos fiscales, económicos y presupuestarios; y exhortan a Washington a impulsar un proceso que permita a los puertorriqueños ejercer su derecho a la autodeterminación, la independencia y la toma de decisiones, reseña la agencia cubana Prensa Latina.
La representante del Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas (Copronu), Aurora Muriente, citada por Granma, dijo que "ahora es más trascendental aún ese reclamo internacional, pues tras lo sucedido en el huracán (María del año pasado) hay mayor evidencia del carácter colonial", debido a que por su estatus ante EE.UU. no recibe los recursos necesarios para su reconstrucción, como lo hace cualquier estado de territorio estadounidense.
Además, Muriente dijo que la puesta en marcha de la junta de control fiscal les ha llevado "a vivir uno de los momentos menos democráticos en la historia reciente de Puerto Rico".
Estatus de Puerto Rico
Como Estado Libre Asociado, los más de 3 millones de puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento desde 1917, pero no pueden votar en elecciones congresionales o presidenciales.Pese a esa limitante del voto, todas las decisiones que se tomen en la isla sí pueden ser revocables por el Congreso americano.
A la par de las resoluciones de la ONU, que buscan que sea un país independiente, en enero pasado el gobernador de la isla, Ricardo Rosello, presentó otra alternativa ante el Congreso de EE.UU.: Convertir a Puerto Rico en el Estado 51 de la Unión Americana.
Estados Unidos reconoce que tiene en custodia a tres mil niños, no a dos mil
Por:
David Brooks
| CUBADEBATE
Ahora resulta que el gobierno tiene bajo custodia a unos tres mil niños separados de sus padres –mil más de los que informó en un principio– a los que promete reunir con sus padres en los próximos días por una orden judicial, mientras el presidente Donald Trump culpó de nuevo al Congreso por toda la crisis migratoria que él provoco, y sugirió que hay que
El régimen de Trump afirmó ayer que cumplirá con la orden de un juez federal de reunir a un poco menos de los tres mil niños –incluidos 100 menores de cinco años de edad– a quienes separó de sus padres en la frontera como parte de su política de
Pero eso podría implicar que encarcelará juntas a las familias inmigrantes que crucen la frontera con México, incluyendo a quienes han solicitado asilo y que antes de esta política por lo regular estaban libres bajo ciertas condiciones y vigilancia mientras esperaban su proceso.
Luego de asegurar hace una semana que el gobierno federal sabía exactamente dónde estaba cada niño inmigrante separado bajo su supervisión, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, informó ayer a reporteros que hay
El cambio en el número –podrían ser más de cuatro mil– combinado con un flujo constante de testimonios y quejas de familias, abogados, agrupaciones de apoyo e investigaciones periodísticas que documentan la ausencia de un sistema efectivo para ubicar, comunicar y reunificar a familias, continúa generando dudas sobre si se sabe dónde y cómo están los niños.
La ola de condenas que estas prácticas generaron dentro y fuera de Estados Unidos obligaron a Trump a revertir por lo menos la práctica de separación. La semana pasada, el juez federal Dana Sabraw ordenó reunir a todos los niños en un plazo de 30 días (que vence el 26 de julio), y los menores de cinco años edad en un plazo de 15 días (el próximo martes).
Azar recordó que el HHS tiene aproximadamente 11 mil 800 niños inmigrantes bajo su supervisión; 80 por ciento de ellos ingresaron al país como menores no acompañados.
El HHS recibe a los menores de las agencias de control migratorio (ICE, Patrulla Fronteriza) dentro del Departamento de Seguridad Interior y los aloja en albergues privados que operan bajo contrato y supervisión del gobierno; el objetivo final es colocarlos con familiares o guardas.
Azar informó que el HHS está realizando un enorme esfuerzo para identificar a los menores que fueron separados de sus familias, comprobar parentesco (incluyendo pruebas de ADN), y examinar el historial de los padres para asegurarse que no representan un peligro para sus hijos (no hizo referencia a ninguna ironía potencial en todo esto). Una vez reunificados con sus padres, las familias estarán bajo control del Departamento de Seguridad Interior.
sacarsin el debido proceso judicial a los que pongan un pie en el césped de este país.
El régimen de Trump afirmó ayer que cumplirá con la orden de un juez federal de reunir a un poco menos de los tres mil niños –incluidos 100 menores de cinco años de edad– a quienes separó de sus padres en la frontera como parte de su política de
tolerancia ceroen los meses recientes.
Pero eso podría implicar que encarcelará juntas a las familias inmigrantes que crucen la frontera con México, incluyendo a quienes han solicitado asilo y que antes de esta política por lo regular estaban libres bajo ciertas condiciones y vigilancia mientras esperaban su proceso.
Luego de asegurar hace una semana que el gobierno federal sabía exactamente dónde estaba cada niño inmigrante separado bajo su supervisión, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, informó ayer a reporteros que hay
menos de tres mil, comparado con el número que ofreció la semana pasada de dos mil 47. Explicó que el cambio de número era resultado de una revisión de los casos manejados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) durante un periodo más extendido.
El cambio en el número –podrían ser más de cuatro mil– combinado con un flujo constante de testimonios y quejas de familias, abogados, agrupaciones de apoyo e investigaciones periodísticas que documentan la ausencia de un sistema efectivo para ubicar, comunicar y reunificar a familias, continúa generando dudas sobre si se sabe dónde y cómo están los niños.
La ola de condenas que estas prácticas generaron dentro y fuera de Estados Unidos obligaron a Trump a revertir por lo menos la práctica de separación. La semana pasada, el juez federal Dana Sabraw ordenó reunir a todos los niños en un plazo de 30 días (que vence el 26 de julio), y los menores de cinco años edad en un plazo de 15 días (el próximo martes).
Azar recordó que el HHS tiene aproximadamente 11 mil 800 niños inmigrantes bajo su supervisión; 80 por ciento de ellos ingresaron al país como menores no acompañados.
El HHS recibe a los menores de las agencias de control migratorio (ICE, Patrulla Fronteriza) dentro del Departamento de Seguridad Interior y los aloja en albergues privados que operan bajo contrato y supervisión del gobierno; el objetivo final es colocarlos con familiares o guardas.
Azar informó que el HHS está realizando un enorme esfuerzo para identificar a los menores que fueron separados de sus familias, comprobar parentesco (incluyendo pruebas de ADN), y examinar el historial de los padres para asegurarse que no representan un peligro para sus hijos (no hizo referencia a ninguna ironía potencial en todo esto). Una vez reunificados con sus padres, las familias estarán bajo control del Departamento de Seguridad Interior.
Pero a pesar de la condena a la política de
“Cuando la gente, con o sin niños, ingresa a nuestro país, se le debe decir que se vaya… Hay que decirles a estas personas ‘fuera’, y tienen que irse, igual como si estuvieran parados en el césped de tu casa”, tuiteó Trump.
La secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, fue a visitar partes del
Por el momento todo indica que el gobierno tiene la intención de sustituir su política de separación de niños con una de encarcelar de manera indefinida a todos juntos, mientras proceden sus casos, muchos de los cuales son solicitantes de asilo, continuando de esta manera con su política de
Sin embargo, continúa la batalla legal sobre las medidas antimigrantes del gobierno para frenar partes de esta política. Por ejemplo, el lunes pasado un juez federal ordenó el fin del arresto arbitrario masivo de solicitantes de asilo en varias de las oficinas de la agencia de control migratorio ICE.
Mientras tanto, madres y padres siguen sin saber dónde están sus hijos; no saben si ceder ante el chantaje oficial de que a cambio de que abandonen sus solicitudes de asilo serán reunidos con sus hijos para ser deportados juntos, o si regresar solos y dejar a sus hijos aquí para ver si logran tener una mejor vida. Todo al enfrentar una política que algunos expertos equiparan con
La carta de una madre en detención informa que sólo ha logrado hablar con su hijo del cual fue separada tres veces,
(Tomado de La Jornada)
cero toleranciaque criminaliza a todos los que crucen la frontera sin permiso, aun si están solicitando asilo, Trump; el procurador general, Jeff Sessions, y otros funcionarios del régimen han reiterado que esa política sigue vigente. Este jueves, en un tuit, el presidente culpó de nuevo al Congreso por todo el desastre migratorio y no sólo rechazó como solución nombrar a más jueces de migración, sino que también rehúsa mantener un proceso legal para inmigrantes.
“Cuando la gente, con o sin niños, ingresa a nuestro país, se le debe decir que se vaya… Hay que decirles a estas personas ‘fuera’, y tienen que irse, igual como si estuvieran parados en el césped de tu casa”, tuiteó Trump.
La secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, fue a visitar partes del
céspedde la casa estadunidense en un viaje medio secreto a Texas a finales de la semana pasada; acudió a centros de detención donde se encuentran encarceladas madres cuyos hijos han sido separados, reportó The Intercept. Durante la visita, las madres detenidas fueron trasladadas a un campo distante, donde algunas intentaron gritarle que necesitaban su ayuda, pero estaban demasiado lejos para que ella las escuchara.
Por el momento todo indica que el gobierno tiene la intención de sustituir su política de separación de niños con una de encarcelar de manera indefinida a todos juntos, mientras proceden sus casos, muchos de los cuales son solicitantes de asilo, continuando de esta manera con su política de
tolerancia cero.
Sin embargo, continúa la batalla legal sobre las medidas antimigrantes del gobierno para frenar partes de esta política. Por ejemplo, el lunes pasado un juez federal ordenó el fin del arresto arbitrario masivo de solicitantes de asilo en varias de las oficinas de la agencia de control migratorio ICE.
Mientras tanto, madres y padres siguen sin saber dónde están sus hijos; no saben si ceder ante el chantaje oficial de que a cambio de que abandonen sus solicitudes de asilo serán reunidos con sus hijos para ser deportados juntos, o si regresar solos y dejar a sus hijos aquí para ver si logran tener una mejor vida. Todo al enfrentar una política que algunos expertos equiparan con
torturay que pediatras dicen ocasionará
daños irreparablesa los niños.
La carta de una madre en detención informa que sólo ha logrado hablar con su hijo del cual fue separada tres veces,
y la última vez me dijo que está triste y (me preguntó) qué cuándo vamos estar juntos y eso me parte el alma. Queremos justicia y que nos reúnan con nuestros hijos pronto. Somos seres humanos y habemos muchas madres sufriendo, reportó Los Ángeles Times.
(Tomado de La Jornada)
EE.UU. devuelve a una madre su bebé "lleno de polvo y piojos" tras 85 días de separación
Publicado: 7 jul 2018 11:02 GMT - RT
El pequeño tenía 14 meses y aparentemente
sufrió un trauma psicológico. El padre del niño, que buscaba asilo en el
país norteamericano, sigue detenido.
Un
bebé de 14 meses fue devuelto a su madre, una inmigrante de El
Salvador, "lleno de polvo y piojos" 85 días después de haber sido
separado a la fuerza de sus padres el noviembre de 2017, cuando la mujer
llegó a EE.UU. por un punto legal de entrada, informa la cadena PBS en
el programa de televisión News Hour.
"El [niño] continuó llorando cuando llegamos a casa y me agarraba de la pierna y no me dejaba ir. Cuando le quité la ropa, estaba lleno de polvo y piojos. Al parecer, no lo habían bañado los 85 días que estuvo lejos de nosotros", relató la madre, Olivia Caceras. A la mujer, cuya historia fue difundida el jueves, le devolvieron su bebé en Los Ángeles el pasado 8 de febrero. Caceras afirmó que el padre del niño, que buscaba asilo en el país norteamericano, permanece detenido.
La madre asegura que el pequeño no es el mismo desde que los reunieron. "Pensé que, debido a que es tan joven, no estaría traumatizado por esta experiencia, pero no se separa de mí. Llora cuando no me ve. Ese comportamiento no es normal", sostuvo Caceras.
La familia interpuso una demanda judicial contra las políticas migratorias estadounidenses que conllevaron abuso psicológico y verbal de los guardias contra los migrantes en los centros de detención del país. Este testimonio es uno de los muchos incluidos en esa demanda.
"El [niño] continuó llorando cuando llegamos a casa y me agarraba de la pierna y no me dejaba ir. Cuando le quité la ropa, estaba lleno de polvo y piojos. Al parecer, no lo habían bañado los 85 días que estuvo lejos de nosotros", relató la madre, Olivia Caceras. A la mujer, cuya historia fue difundida el jueves, le devolvieron su bebé en Los Ángeles el pasado 8 de febrero. Caceras afirmó que el padre del niño, que buscaba asilo en el país norteamericano, permanece detenido.
La madre asegura que el pequeño no es el mismo desde que los reunieron. "Pensé que, debido a que es tan joven, no estaría traumatizado por esta experiencia, pero no se separa de mí. Llora cuando no me ve. Ese comportamiento no es normal", sostuvo Caceras.
La familia interpuso una demanda judicial contra las políticas migratorias estadounidenses que conllevaron abuso psicológico y verbal de los guardias contra los migrantes en los centros de detención del país. Este testimonio es uno de los muchos incluidos en esa demanda.
- La práctica de separación de las familias de inmigrantes indocumentados en la frontera de EE.UU. con México entró en vigor bajo la consigna de tolerancia cero de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
- Tras fuertes críticas y una amplia polémica a nivel internacional con respecto a estas actividades, el 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la separación de familias de migrantes en la frontera.
EE.UU., Separación de niños inmigrantes: una política continua desde Obama
Las separaciones de casi 2 mil niños en la frontera con México
durante un lapso de seis semanas se han convertido en noticia mundial.
La Administración Trump es acusada de serias violaciones de los derechos
humanos en la frontera sur de los Estados Unidos como si fuera un hecho
inédito.
Junio 20 de 2018, 1:10 pm - MISIÒN VERDAD
De
acuerdo con información ofrecida por el Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, 1 mil 995 menores de edad han sido
enviados a centros de detención entre el 19 de abril y el 31 de mayo,
mientras que sus padres fueron enviados a prisiones federales y juicios
en cinco estados. Según la agencia Reuters, se realizaron 1 mil 800
separaciones entre octubre de 2016 y febrero de 2018, por lo que este
último movimiento de "tolerancia cero", política anunciada el mes pasado
por el fiscal general Jeff Sessions, no pareciera tener precedentes.
La llamada Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos ha
argumentado que dividir familias en la frontera viola sus derechos al
debido proceso y ha demandado a la Administración Trump por ello. Al
respecto, la Casa Blanca ha pedido desestimar tal petición a la jueza
federal de distrito Dana Sabraw de San Diego (California); dicha moción
fue desestimada.
Se sabe de críticas desde varios ámbitos del espectro político como Hillary Clinton y las ex primeras damas Michelle Obama y Laura Bush, que condenaron la práctica por "cruel" e "inmoral", hasta partidarios de Trump como el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci y el evangélico Franklin Graham, quienes han expresado inquietud y rechazo al respecto.
El gobierno estadounidense argumenta que las separaciones son necesarias para procesar adecuadamente a los adultos que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos, mientras que los activistas dicen que los niños están siendo utilizados como peones en una política informal destinada a disuadir a los migrantes. Abiertamente ha acusado al Congreso porque los legisladores "han eludido su responsabilidad de cerrar las lagunas en la ley de inmigración actual", argumentó Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional.
Hasta ahora varios tribunales han bloqueado la iniciativa gubernamental de deportar a unos 800 mil jóvenes conocidos como "dreamers", que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y desde entonces han establecido sus vidas allá.
Creyeron erróneamente que mostraban el tratamiento de la Administración Trump a los niños inmigrantes que fueron separados por la fuerza de sus padres, pero las fotos fueron tomadas en 2014, cuando el gobierno de Obama enfrentó "una afluencia de menores no acompañados que se presentaron en la frontera, huyendo de la violencia de Centroamérica", explicó, vía Twitter, Jon Favreau, quien trabajó como redactor de discursos para el ex presidente Barack Obama.
Obama entregó su puesto en la Casa Blanca con un aproximado de 2.8 millones de deportaciones, de las cuales el 40% fueron personas regresadas a su país de origen sin tener antecedentes penales ni judiciales con la ley o algún ente de control estadounidense.
En 2016, la Administracion Obama realiz ó, a través del Servicio de
Migración y Aduanas (ICE), una campaña a nivel nacional de redadas para
ejecutar órdenes de deportación a un estimado de 100 mil familias con
madres y niños.
Dichos inmigrantes huyeron de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, y su deportación fue ordenada por jueces de migración, en muchos casos no tuvieron representación legal adecuada y fueron confundidos por los procedimientos de asilo en la corte.
Lo cierto es que las separaciones de niños de las familias inmigrantes no son nuevas, siguen siendo vigentes, defendidas por Trump y su gabinete, pero también fueron aplicadas por Obama. Las imágenes de los niños en los centros de detención circulan en las redes sociales y han despertado cierta "indignación pública" que, según analistas, recuerda el mal manejo de la respuesta del huracán Katrina por parte de George W. Bush.
Por su parte, Trump tuiteó que deberían trabajar con los republicanos en una legislación migratoria antes de las elecciones "¡porque ustedes van a perder!". En otra alocución les culpó de haber creado "escapatorias flagrantes" que dejaban entrar a los jóvenes miembros de la pandilla internacional MS-13 (o Mara Salvatrucha), esto luego de contar crímenes supuestamente cometidos por inmigrantes ilegales y decir que estaba defendiendo a "cada niño estadounidense".
Los republicanos coinciden en medidas como la construcción de un muro fronterizo, fuertes restricciones a la inmigración legal y otros mecanismos de seguridad, aunque llevan mucho tiempo divididos sobre cómo tratar con los inmigrantes en el país o que buscan entrar.
Los demócratas, aprovechando esa fisura en la formación conservadora, denuncian activamente la política de "tolerancia cero" e impulsan un proyecto de ley de la senadora Dianne Feinstein de California para bloquear de inmediato las separaciones familiares. Ningún republicano ha apoyado públicamente esa opción.
Desde antes de que Trump fuera elegido presidente, ya Estados Unidos era el único país del mundo que no había firmado la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Niños, que, entre otros artículos, contempla que ningún niño debería ser separado de sus padres contra su voluntad. Esta posición la han acompañado por igual republicanos y demócratas desde 1989.
Sectores académicos han acusado a Trump de "abuso infantil" y han sumado este hecho al expediente para un eventual juicio político (impeachment) que se llevaría a cabo si el Partido Demócrata obtuviera los curules necesarios. La iniciativa cuenta con toda la batería mediática que poseen los demócratas, incluída Hollywood, además, 40 miembros de la Cámara de Representantes no buscarán la reelección en noviembre, en comparación con solo 20 demócratas.
Sin tener que arrasar, una mayoría simple de un miembro demócrata en la Cámara le costaría al Partido Republicano todas las presidencias de comités, los portavoces y el control de la agenda legislativa. Con ello, la acusación a Trump es más probable. Al Green, senador de Texas, no ha dejado de afirmar este escenario y ha planteado la política de inmigración como una de las razones para su destitución.
En respuesta, la Casa Blanca se retiró del Consejo de Derechos Humanos. Su representante ante la ONU, Nikki Haley, ha dicho que el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos "no nos permite seguir formando parte de una organización hipócrita que se preocupa solo por sus propios intereses y se burla de los DDHH". En la misma conferencia de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que ese Consejo socava los intereses nacionales estadounidenses.
Los derechos humanos son piezas descartables o reciclables según los deseos de quienes dominan el juego de poder y las tensiones externas en las que se va reacomodando Washington en su pérdida de liderazgo global.
Se sabe de críticas desde varios ámbitos del espectro político como Hillary Clinton y las ex primeras damas Michelle Obama y Laura Bush, que condenaron la práctica por "cruel" e "inmoral", hasta partidarios de Trump como el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci y el evangélico Franklin Graham, quienes han expresado inquietud y rechazo al respecto.
El gobierno estadounidense argumenta que las separaciones son necesarias para procesar adecuadamente a los adultos que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos, mientras que los activistas dicen que los niños están siendo utilizados como peones en una política informal destinada a disuadir a los migrantes. Abiertamente ha acusado al Congreso porque los legisladores "han eludido su responsabilidad de cerrar las lagunas en la ley de inmigración actual", argumentó Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional.
Hasta ahora varios tribunales han bloqueado la iniciativa gubernamental de deportar a unos 800 mil jóvenes conocidos como "dreamers", que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y desde entonces han establecido sus vidas allá.
¿Es nueva la separación de niños?
Cabe destacar que los demócratas describen esta práctica como una grave violación de los derechos humanos, ex funcionarios de la Administración Obama compartieron fotos que mostraban a niños inmigrantes durmiendo en condiciones precarias en un centro de detención administrado por el gobierno en Arizona.Creyeron erróneamente que mostraban el tratamiento de la Administración Trump a los niños inmigrantes que fueron separados por la fuerza de sus padres, pero las fotos fueron tomadas en 2014, cuando el gobierno de Obama enfrentó "una afluencia de menores no acompañados que se presentaron en la frontera, huyendo de la violencia de Centroamérica", explicó, vía Twitter, Jon Favreau, quien trabajó como redactor de discursos para el ex presidente Barack Obama.
Obama entregó su puesto en la Casa Blanca con un aproximado de 2.8 millones de deportaciones, de las cuales el 40% fueron personas regresadas a su país de origen sin tener antecedentes penales ni judiciales con la ley o algún ente de control estadounidense.
En 2016, la Administracion Obama realiz
Dichos inmigrantes huyeron de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, y su deportación fue ordenada por jueces de migración, en muchos casos no tuvieron representación legal adecuada y fueron confundidos por los procedimientos de asilo en la corte.
Lo cierto es que las separaciones de niños de las familias inmigrantes no son nuevas, siguen siendo vigentes, defendidas por Trump y su gabinete, pero también fueron aplicadas por Obama. Las imágenes de los niños en los centros de detención circulan en las redes sociales y han despertado cierta "indignación pública" que, según analistas, recuerda el mal manejo de la respuesta del huracán Katrina por parte de George W. Bush.
El pulso entre élites, mirando hacia el impeachment
Los demócratas, adversarios a Trump, tratan de forzar un cambio de política y obtener rédito electoral entre los "hispanos" cinco meses antes de las elecciones legislativas de medio término (6 de noviembre). Para ello inspeccionan instalaciones donde los niños han sido detenidos en Texas y Nueva York.Por su parte, Trump tuiteó que deberían trabajar con los republicanos en una legislación migratoria antes de las elecciones "¡porque ustedes van a perder!". En otra alocución les culpó de haber creado "escapatorias flagrantes" que dejaban entrar a los jóvenes miembros de la pandilla internacional MS-13 (o Mara Salvatrucha), esto luego de contar crímenes supuestamente cometidos por inmigrantes ilegales y decir que estaba defendiendo a "cada niño estadounidense".
Los republicanos coinciden en medidas como la construcción de un muro fronterizo, fuertes restricciones a la inmigración legal y otros mecanismos de seguridad, aunque llevan mucho tiempo divididos sobre cómo tratar con los inmigrantes en el país o que buscan entrar.
Los demócratas, aprovechando esa fisura en la formación conservadora, denuncian activamente la política de "tolerancia cero" e impulsan un proyecto de ley de la senadora Dianne Feinstein de California para bloquear de inmediato las separaciones familiares. Ningún republicano ha apoyado públicamente esa opción.
Desde antes de que Trump fuera elegido presidente, ya Estados Unidos era el único país del mundo que no había firmado la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Niños, que, entre otros artículos, contempla que ningún niño debería ser separado de sus padres contra su voluntad. Esta posición la han acompañado por igual republicanos y demócratas desde 1989.
Sectores académicos han acusado a Trump de "abuso infantil" y han sumado este hecho al expediente para un eventual juicio político (impeachment) que se llevaría a cabo si el Partido Demócrata obtuviera los curules necesarios. La iniciativa cuenta con toda la batería mediática que poseen los demócratas, incluída Hollywood, además, 40 miembros de la Cámara de Representantes no buscarán la reelección en noviembre, en comparación con solo 20 demócratas.
Sin tener que arrasar, una mayoría simple de un miembro demócrata en la Cámara le costaría al Partido Republicano todas las presidencias de comités, los portavoces y el control de la agenda legislativa. Con ello, la acusación a Trump es más probable. Al Green, senador de Texas, no ha dejado de afirmar este escenario y ha planteado la política de inmigración como una de las razones para su destitución.
De salida
Este 18 de junio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, hizo un llamado a Estados Unidos para que acabe con la práctica de separación forzada describiéndola como "abuso intolerable a los niños" que les puede causar "daños irreparables para toda la vida".En respuesta, la Casa Blanca se retiró del Consejo de Derechos Humanos. Su representante ante la ONU, Nikki Haley, ha dicho que el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos "no nos permite seguir formando parte de una organización hipócrita que se preocupa solo por sus propios intereses y se burla de los DDHH". En la misma conferencia de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que ese Consejo socava los intereses nacionales estadounidenses.
Los derechos humanos son piezas descartables o reciclables según los deseos de quienes dominan el juego de poder y las tensiones externas en las que se va reacomodando Washington en su pérdida de liderazgo global.
¿Por qué nos odian?
por David Brooks
LA JORNADA
Nueva York, 2 de julio .-- Platicando
sobre la persecución de inmigrantes indocumentados, la separación de
sus hijos para colocarlos en jaulas y otras atrocidades oficiales con
Kevin, un afroestadunidense que trabaja de portero en un edificio de
Nueva York y que es de las personas más informadas de este país,
concluye:
antes era la J, ahora es la M.
Se refería a cuando los nazis colocaban
la letra J en la ropa, en las puertas de casas o negocios de judíos
para identificarlos y finalmente detenerlos, separando familias y
enviándolos a campos de concentración. La M, obviamente, son los
perseguidos de los que platicábamos: los migrantes.
De hecho, las comparaciones entre los
nazis y otros regímenes fascistas del siglo pasado con el estadunidense
actual es cada vez más frecuente.
Yo fui separado de mis padres por los nazis cuando mi familia fue enviada y aniquilada en un campo de concentración. No permitiré que se repita aquí ahora, decía una pancarta cargada por un hombre en una de las manifestaciones contra las políticas de separación y encarcelamiento de familias inmigrantes que se realizaron por todo el país el sábado.
Por ahora, un Trump en la Casa Blanca no implica que este
país de inmigrantesse haya vuelto antimigrante, y aún no ha logrado convencer a las mayorías. Según el Centro Pew, siete de cada 10 estadunidenses simpatizan con inmigrantes indocumentados; mayorías no se oponen a darles una ruta a la legalización, no creen que los inmigrantes cometan más delitos serios que quienes son ciudadanos, no les molesta que hablen otro idioma y no creen que se roben las chambas de los estadunidenses.
Pero esas mayorías permitieron que
llegara a la Casa Blanca y aún no han impedido su asalto contra el
sector más vulnerable del país. La política antimigrante impulsada por
Trump no es del todo nueva, pero sí su intención de generar máximo temor
entre la comunidad inmigrante –o lo que llaman efecto
disuasivo– como el ataque abierto del propio presidente a los indocumentados (
violadores,
animales,
invasor, etcétera) y la justificación oficial de que se estáes
defendiendoal país de una invasión de inmigrantes criminales violentos.
Pero no hay una invasión ni mayor
crimen. La tasa de criminalidad oficial está en unos de sus puntos más
bajos en décadas y, por cierto, los lugares con mayores concentraciones
de inmigrantes se registran menos crímenes; a la vez, en términos
relativos, durante los últimos años ha bajado por mucho el nivel de
ingreso de inmigrantes a este país.
Paul Krugman, el economista Premio
Nobel, señaló que “hemos visto esta película antes, en la historia del
antisemitismo... nunca fue sobre algo que los judíos realmente hicieron…
sino sobre mitos espeluznantes, frecuentemente basados en fabricaciones
deliberadas que eran difundidas para sistemáticamente engendrar odio”.
Concluye, en su columna en el New York Times, que “las
atrocidades que nuestra nación está cometiendo ahora en la frontera no
representan una sobrerreacción o una respuesta mal implementada a un
problema real que se necesita solucionar. No existe una crisis de
inmigración; no hay una crisis de crimen inmigrante. No, la crisis real
es un recrudecimiento del odio… Y cualquiera que esté ofreciendo
pretextos para ese odio… es, en efecto, un apologista de crímenes de
lesa humanidad”.
Ese odio y temor
al otroayudaron a que Trump llegara a la Casa Blanca, y son parte integral de la estrategia para consolidar su poder. Esto, en un país que está enfrentando un cambio demográfico sísmico, nutrido por la inmigración, donde en 25 años los blancos se volverán en otra minoría. Algunos creen que el odio/temor antimigrante es un último grito histérico de los que sienten –incluyendo mucho en el poder ahora–, que está llegando el fin de su mundo (tienen razón).
Es temor al futuro, a la transformación del país mas poderoso del planeta por los más vulnerables y atrevidos del mundo.
URUGUAY
La entrevista del domingo
Ripoll: ‘Cuanto más suena la candidatura más sube la conflictividad con Adeom’
Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom.
domingo, 08 julio 2018 - El Paìs uy
La
secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, va al choque con la
Intendencia de Montevideo y no tiene problemas de decir que cuánto más
suena la candidatura presidencial del intendente Daniel Martínez “peor
es el nivel de conflictividad” con el gremio. En su opinión, los
gobiernos del Frente Amplio “han castigado” a cada uno de los dirigentes
sindicales del gremio municipal.
—Anda siempre de tacos y maquillada. ¿No la miran raro dentro del ambiente sindical?
—Capaz
que al principio fue más difícil. En estos últimos años muchos de los
sindicatos se han hecho como mucho más amigables para las mujeres. Yo no
perdí mi identidad por ser dirigente sindical, también desde el primer
día vine a militar con mis hijos (12, 10 y 4 años). A muy poquito de
haber entrado a la Intendencia me arrimé al sindicato por problemas en
mi sector de trabajo, porque cuando entré estaba embarazada y tuve
problemas con quien dirigía el Planetario. Era auxiliar de atención al
público y desde el primer día tuvimos situaciones de acoso y maltrato.
Entre que se hizo el llamado y me llamaron pasó un año y estaba
embarazada de mi segundo hijo. Llegué y el que me recibe me dice: "Pedí
dos funcionarias y me mandan una y media"; yo era la media porque estaba
embarazada. Así fue que un compañero me dijo de planteara mi situación
en el sindicato.
—¿Por qué dejó el Partido Comunista?
—Estuve
unos años afiliada, previo a eso no había tenido militancia política y
ya hace unos meses que me desafilié. Creo que está vinculado a que uno
tiene que tener autonomía cuando está dentro de un sindicato y bueno hay
cosas que no compartía y tomé la definición de irme. Mi aspiración no
es político partidaria y lo que hago no está vinculado a tener una
carrera política. Hoy no pertenezco a ningún partido. A veces los
compañeros no entienden que lo mejor que le puede pasar a un partido
político es tener autocrítica y no cegarse. Uno puede saludar las cosas
que se hacen bien, pero cuando se hacen mal hay que decirlas claramente
(...) Convengamos que en el gobierno municipal, a mi entender, hay
muchas cosas que se están haciendo mal, esas cosas no se deberían
permitir sin importar si el que encabeza es o no candidato.
—¿El Pit-Cnt se ha vuelto muy oficialista?
—Bueno,
soy muy crítica en muchas cosas. En Adeom tenemos una visión muy
crítica de cómo se ha manejado la central y de que muchas veces no hay
resoluciones claras y críticas hacia lo que se está haciendo mal. Adeom
ha sido un sindicato muy golpeado durante muchos años por gobiernos
frenteamplistas. La intendencia hace más de 20 años que la tiene el
mismo partido político y se ha castigado mucho la imagen del trabajador
municipal. No solo del gremio, se ha atentado de manera directa contra
distintos dirigentes y yo lo estoy viviendo en carne propia. Yo no soy
Mabel Lolo, no soy Elena Lequio, no soy (Álvaro) Soto, no soy (Aníbal)
Varela, ni soy (Camilo) Clavijo, pero a cada dirigente que ha pasado por
Adeom se ha castigado sistemáticamente. En otro momento se hubiera
reaccionado diferente a las declaraciones del intendente (Daniel)
Martínez cuando dijo "estamos todos podridos" de Adeom.
—Hubo un comunicado del Pit-Cnt.
—A
nivel personal pienso que se genera porque estoy en el Secretariado.
Previo a eso, fuimos un sinfín de veces a pedir declaraciones para que
le hiciera sentir un respaldo y nunca lo hicieron, ni siquiera cuando el
conflicto de Necrópolis, que sigue sin resolverse.
—¿El
nacimiento de una nueva corriente sindical de la que hace parte junto a
José Lorenzo López y a la Federación de la Bebida tensionó la interna
del Pit-Cnt?
—Sí,
a los compañeros les ha molestado. Hay siempre algún comentario que te
deja ver que hay una molestia por lo que uno manifiesta (…) Pero
tampoco es que me hacen la vida imposible dentro del Pit, sí hay
diferencias. Lo que generó "En Lucha", que es este nuevo lugar, fue unir
a quienes tenemos esa caracterización de que el Pit-Cnt no tiene la
contundencia que tiene que tener y muchas veces la duda se produce
porque está el Frente Amplio en el gobierno.
—¿Siempre tuvo un perfil tan alto?
—Es
necesario a veces, no un perfil de ataque, pero de defender ideas. Lo
que intento es ser muy transparente, sobre lo que cuento y lo que soy.
Le digo a la gente lo que vivimos los trabajadores municipales todos
los días. De lo que es ser trabajador municipal, cuando tenés el golpe
constante de la gente por ese imaginario de que no hacés nada o sos un
mal trabajador; cuando es todo lo contrario.
—¿Por qué se genera esa imagen?
—No
es fácil que tu patrón sea un partido político. El poder de acceso a la
prensa, de decir sistemáticamente a la gente que sos malo, hace que
llegue un momento que la gente se convence de que sos malo. Muchas veces
ni siquiera ven cómo salimos a hacer la limpieza, con los pedazos de
camiones. Hay gente que ni siquiera sabe que en la policlínicas trabajan
municipales (…) Después está todo el golpe de lo que tiene que ver con
limpieza y cómo increíblemente la gente responsabiliza al trabajador.
—Adeom es sinónimo de basura en las calles y de conflictos duros con los intendentes ¿Es injusta esa calificación?
—Creo
que después del 2010 sistemáticamente en diciembre no hay conflicto y
Montevideo está tapada de basura. Entonces a mí lo que realmente me
cuesta entender es cómo la gente no ve que no hay paros del sindicato y
está todo sucio. En agosto del año pasado avisamos que si no se hace
algo, en diciembre vamos a estar tapados de basura. Le duele al
trabajador y es una de las preocupaciones. A veces va a un cumpleaños y
ni siquiera quiere decir que es municipal. Y si trabaja en limpieza ni
siquiera quiere decir, primero por el imaginario de que cobras fortunas y
no es así. Hay una cantidad de trabajadores que están por encima, los
sueldos han quedado sumamente sumergidos. Y están haciendo muchas veces
trabajos sumamente ingratos, por ejemplo en Necrópolis.
—¿La basura no es responsabilidad de Adeom?
—Ninguno
de los problemas. El problema de la burocracia de la intendencia no es
real, no es que el municipal tiene la culpa de que el trámite te demora,
porque la gestión no está a cargo del trabajador. No somos los que
tomamos las decisiones.
—¿Está limpia la ciudad?
—No,
no está limpia y eso que se contrata todo el tiempo a privados. Hay un
problema que es de gestión y no quieren escuchar a los trabajadores.
—¿Qué hacía el secretario general de Cofe en la ocupación del despacho del intendente?
—Joselo
vino cuando se enteró de la ocupación, a darnos el respaldo. Vino
porque es dirigente del Secretariado, cualquier compañero del
Secretariado podía venir.
—¿Por qué cuando ocuparon el despacho del intendente había solo 12 personas?
—La
Asamblea no votó que fuera todo el gremio a la ocupación, esa
estrategia fue la que se aplicó. En esta instancia ocupamos porque nos
mintieron nuevamente, no presentaron la Rendición y la enviaron directo a
la Junta, donde tienen mayoría. Todo este circo de Martínez, de que "me
tienen podrido", era para no mandarnos el mensaje presupuestal. Hay
como una nube de hermetismo en la Intendencia de Martínez.
—¿A qué se refiere concretamente?
—Levantaron
los acuerdos que antes eran públicos, hoy ya no se puede saber qué
discute el gabinete porque es secreto. El mensaje presupuestal va en
sobre cerrado a la Junta Departamental, cuando a veces nos mandaban 30
días antes de que se venciera el plazo. Entonces todo ese mensaje que le
da a los trabajadores, cuando dice que él era dirigente sindical, es
mentira. Martínez fue el intendente que tuvo menos apertura con nosotros
y fue el que prometió mejor relacionamiento y tenemos un
relacionamiento terrible. No hay buena fe y lo hemos comprobado en un
montón de situaciones. Bueno, después adentro de la intendencia han
destrozado todo lo que tiene que ver con la carrera funcional. El
ingreso por concurso y sorteo era algo que nos enorgullecía, ahora se
designa políticamente.
—¿En qué punto está hoy la relación con el intendente?
—Es el peor momento.
—¿Qué gana Daniel Martínez enfrentándose con Adeom?
—Cuanto
más suena una candidatura política, cada vez es peor el nivel de
conflictividad con nosotros. Creo que la intendencia está buscando un
gran conflicto con Adeom, que el sindicato pierda y que el rédito de
pegarle a Adeom se pueda usar mediáticamente.
Trabajó en la marina y en una casa de comida rápida
Tiene 35 años,
hace 11 que es funcionaria municipal y 10 que es dirigente sindical en
la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). Pero antes de
ingresar a la comuna se desempeñó como administrativa en la Armada
Nacional y fue empleada de McDonalds en Montevideo Shopping, donde
terminó siendo encargada del local.
La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, nunca había estado vinculada a ningún sindicato hasta ingresar a la Intendencia, más precisamente al Planetario, donde ayudó a conformar el núcleo de base de Adeom.
Es madre de tres niños de 12, 10, y 4 años, a los que lleva habitualmente al local céntrico donde se reúnen los municipales ya que debe conciliar su actividad sindical con su vida familiar.
"Mis hijos hasta ahora quieren venir hasta acá al sindicato, así que malo no es y creo que aprenden valores importantes", dijo Ripoll en entrevista concedida a El País.
Hace un año es secretaria general de Adeom y hace poco más de un mes que se integró al Secretariado del Pit-Cnt. Su nombre fue planteado como posible candidata a vicepresidenta de la central (cargo que hoy ocupa Soraya Larrosa) pero ella no era partidaria que existieran dos mujeres en el mismo cargo.
"Yo no comparto la necesidad de tener dos vicepresidencias dentro del Pit-Cnt, primero por el mensaje: ¿se necesitan dos mujeres para cubrir un cargo que antes era ocupado por un hombre? El mensaje es contradictorio al que queremos dar", señaló Ripoll.
Como secretaria general mantiene un alto perfil y no tiene problemas de chocar con el intendente de Montevideo Daniel Martínez, por algunas de las políticas que aplica. "Mi perfil no es de ataque, pero tengo que defender mis ideas", aseguró la joven dirigente sindical de Adeom.
La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, nunca había estado vinculada a ningún sindicato hasta ingresar a la Intendencia, más precisamente al Planetario, donde ayudó a conformar el núcleo de base de Adeom.
Es madre de tres niños de 12, 10, y 4 años, a los que lleva habitualmente al local céntrico donde se reúnen los municipales ya que debe conciliar su actividad sindical con su vida familiar.
"Mis hijos hasta ahora quieren venir hasta acá al sindicato, así que malo no es y creo que aprenden valores importantes", dijo Ripoll en entrevista concedida a El País.
Hace un año es secretaria general de Adeom y hace poco más de un mes que se integró al Secretariado del Pit-Cnt. Su nombre fue planteado como posible candidata a vicepresidenta de la central (cargo que hoy ocupa Soraya Larrosa) pero ella no era partidaria que existieran dos mujeres en el mismo cargo.
"Yo no comparto la necesidad de tener dos vicepresidencias dentro del Pit-Cnt, primero por el mensaje: ¿se necesitan dos mujeres para cubrir un cargo que antes era ocupado por un hombre? El mensaje es contradictorio al que queremos dar", señaló Ripoll.
Como secretaria general mantiene un alto perfil y no tiene problemas de chocar con el intendente de Montevideo Daniel Martínez, por algunas de las políticas que aplica. "Mi perfil no es de ataque, pero tengo que defender mis ideas", aseguró la joven dirigente sindical de Adeom.
"Está mal el que se afilia al gremio porque tiene un regalo"
—¿Cuántos afiliados tiene Adeom y cuánto pagan?
—Tenemos
6.400 afiliados. El aporte económico es del 1% del sueldo base. En un
trabajador obrero —como es mi caso— son doscientos y pocos pesos por
mes.
—En
la última asamblea, realizada hace unas semanas en el club Cordón, se
dijo que habían asistido apenas unas 130 personas. ¿Por qué fue tan baja
la participación?
—En
realidad habían unas 300 o 400 trabajadores, no fue una superasamblea.
Pero para mí fue buenísima porque fue 24 horas antes avisada y había un
paro del Pit-Cnt previo. Es claro que tenemos un altísimo acatamiento.
Estamos hablando que en las últimas asambleas de noviembre del año
pasado fueron 1.000 trabajadores los que participaron. Ya hace tiempo
que no hay asambleas multitudinarias.
—¿Qué piensa de los "carneros" que no hacen paros?
—Pienso
que hay dos grupos, uno de los que tienen desconocimiento total de la
actividad sindical y eso está vinculado a la edad, no es que uno tiene
la conciencia de clase incorporada (...) Después están los otros que
están contra los sindicatos y dicen que los dirigentes son unos vagos y
no tienen ni idea.
—En alguna oportunidad Adeom no entregó regalos a los hijos de los "carneros". ¿Seguirán con esta política?
—Eso no
se dio una vez, está dentro del estatuto. Hay que cumplir con las
obligaciones para recibir los derechos y dentro de las obligaciones está
el pago de la cuota sindical y el acatamiento de las medidas de los
sindicatos. Esto no es un club social, es un sindicato. El que no acata
las medidas tiene suspendidos los beneficios y eso lo sabemos todos
(...) Creo que a la gente le falta entender el objetivo de estar
afiliado. Está mal el que se afilia porque tiene un regalo o un abogado.
Arresto a rigor
La placa no se mancha
Un
coronel retirado fue condenado por la Justicia a seis meses de prisión
domiciliaria por vandalizar un par de placas de la Memoria -como si eso
bastara para borrar la historia- y por el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Defensa, a ocho días de arresto a rigor. También deberá
limpiar el enchastre que hizo.
Como
es imposible recordar todo de todos, algunas historias pasan al olvido,
y es sano que así sea porque la memoria, tanto la personal como la
colectiva, necesita de espacios para que se acumule sólo lo que vale la
pena. Después está la otra historia, esa que se fija en la memoria de
una manera imposible de quitar. Eso sucede en Uruguay con el recuerdo
del gobierno cívico militar y aun desde antes de que la dictadura se
consolidara con la toma de todas las instituciones del Estado por parte
de los militares y su entrada abrupta al Palacio Legislativo. Fueron
épocas de terror y de muerte.
No se borra
La ley Nº 18.596, Actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, en su artículo 7º, dice textualmente: “El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado ejercido en el período señalado”. En el 8º, se lee: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.
Cumpliendo esa normativa, son varios los Sitios de la Memoria que ya cuentan con el recordatorio, pero a los efectos de esta nota, se escribirá sobre dos de ellos: el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (Cgior), que fue un lugar de detención y torturas desde 1968, y el Hospital Militar.
En el primero, bajo las medidas prontas de seguridad impuestas por el gobierno de Jorge Pacheco Areco, estuvieron detenidos militantes sociales, sindicales y estudiantiles; el segundo, en la sala 8, destinada a los detenidos políticos, funcionó como centro de tortura y omisión de asistencia. En los últimos días de junio de 2018, a estos dos lugares llegó un coronel retirado y les tiró pintura verde a las placas. Seguramente, fue sin querer que hizo el mayor homenaje a la memoria.
El homenaje del Gallego CADV
Conocer un poquito a este militar no está demás. A eso ayuda la dedicatoria en una monografía que presentó al Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), en la que el hombre estampa orgulloso: “Dedico este trabajo a la memoria de don Ramón Vecino Blanco (QEPD), mi abuelo, fuente de inspiración y guía en mi carrera militar; quien al igual que los soldados de la foto fue movilizado un día del mes de julio de 1936 en el Regimiento de Infantería de Zamora Nº 8 para luchar a las órdenes del Generalísimo Francisco Franco Bahamonde contra los enemigos de España”. Como para empezar, diríamos.
El 25 de junio de madrugada, el coronel retirado CADV -dicen por ahí que bien puede apellidarse Díaz, y que es una ironía que su segundo apellido tenga la inicial uve, de “Vecino”, habiendo demostrado ser tan mala persona- manoteó una bufanda, se cubrió buena parte del rostro con ella, se subió a su Chevrolet y salió de farra. Sus paradas, confirmadas por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, fueron cercanas al Cgior y al Hospital Militar; sus objetivos, mediocres: tapar con pintura verde unas letras grabadas sobre unas placas. Parece increíble que tan corto paseo (el hombre vive en La Blanqueada) se traduzca en una pérdida enorme de costo-beneficio: CADV deberá volver para limpiar lo que hizo, recluirse en su casa por seis meses y, como es militar retirado, está aún sujeto a un estatuto disciplinario: el Poder Ejecutivo lo sentenció a ocho días de arresto a rigor.
Caras y Caretas dialogó con Daoiz Uriarte, el abogado que representó a colectivos sociales que denunciaron a CADV por el daño, quien explicó que no hubo juicio porque el hombre reconoció la culpabilidad, pidió disculpas e hizo un acuerdo con la fiscal. Uriarte también aclaró otros aspectos: “No tiene libertad vigilada, sino prisión domiciliaria, que está bajo vigilancia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que puede pedir a la comisaría que se dé una vuelta por la casa del hombre. Si se constatara que él no está en su casa, va preso sin más trámite”.
Uriarte dice que, igualmente, para él lo más importante es que se le obligó a limpiar el daño: “Creo que es absolutamente personal; tiene que limpiar él, si no, la pena no tendría sentido”, indica. El valor que le da el abogado a la sentencia es que “por primera vez alguien es condenado por un delito de este tipo, sentando un precedente”, concluye.
Es cierto: la jueza penal Blanca Rieiro sentó un buen precedente al imputar a CADV “dos delitos de daño especialmente agravados en régimen de reiteración real”, pero no me deja de parecer una lástima que tenga que limpiar su trabajo. CADV tiene 56 años, era apenas un niño cuando el terrorismo de Estado empezó a hacer estragos en la sociedad uruguaya y tenía apenas una década cuando sus referentes dieron un golpe de Estado. Lo que hizo no lo debería limpiar. A 33 años de la restauración democrática, eso debería quedar como otra marca de la Memoria. Las generaciones futuras merecen que CADV resguarde su obra, cubrirla con acrílico para que el tiempo no la desgaste y hacerse cargo de empotrar al lado una nueva, que diga lo que él borró y que aclare que fue vandalizada por un militar que se formó en dictadura. Porque la memoria no borra ciertas cosas, pero hay otras, de seres miserables, que pueden caer en el olvido. Suelen ser esas cosas las que encierran mayores peligros.
El 30 de agosto Día Internacional del Detenido desaparecido es un día marcado por el dolor y también por la lucha.
Dolor que surge luego de vivir la barbarie, la pérdida de tanta gente valiosa en tantos lugares del mundo. Y lucha porque fue la respuesta de los familiares, de los compañeros de esos desaparecidos, de sus sociedades, la que resistió, persistió y encontró caminos para denunciar y alertar al mundo.
Así iniciamos esa lucha por ellos, por ellas, que será permanente mientras exista la impunidad y el abuso del poder político y económico que se ha vestido con tan distintos ropajes hasta el presente.
La desaparición forzada es un problema mundial. En su momento fue principalmente producto de dictaduras militares. En nuestros años tenebrosos, América Latina perdió decenas de miles de personas, vio distorsionado el desarrollo de sus sociedades, los lazos entre las generaciones, al tiempo que sus países eran saqueados.
Pero la desaparición forzada también se perpetra hoy en situaciones complejas de conflicto interno, aún en estados formalmente democráticos. ¿A cuántos ambientalistas, sindicalistas, periodistas han desaparecido o asesinado en estos años? ¿Cuántos maestros y activistas han desaparecido sólo en México? El objetivo de estas prácticas sigue siendo el mismo: reprimir, mediante la desorganización y el miedo que produce la desaparición forzada, cualquier oposición.
A los cientos de miles de víctimas en América, África y Asia, se suman hoy los migrantes desaparecidos.
Aquí este método comenzó a ser utilizado en los años previos al golpe de estado. Estaban suprimidas las garantías individuales y operaban los grupos paramilitares como el Escuadrón cuando sucedieron las primeras desapariciones.
Buscamos a nuestros seres queridos por cuarteles y comisarías igual que todos los familiares de presos militantes políticos, sindicalistas, estudiantiles. Un deambular angustioso, sabiendo de las torturas, temiendo por sus vidas hasta que, si había suerte, permitían el famoso “paquete” que era señal de vida.
Es difícil precisar cuándo cada uno pudo ir asumiendo esta nueva circunstancia de no-ser, de no-estar que tienen los desaparecidos. Lleva años.
Unirnos y organizarnos fue un camino natural. Recorriendo cuarteles primero y buscando apoyos fuera de las dictaduras donde vivíamos después.
Así nos agrupamos con otras organizaciones de familiares del continente en FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Entender lo que pasaba, acá y en otros países fue clave en aquellos años. Se denunció la Desaparición Forzada desde el exilio y a medida que se reinstalaban los gobiernos electos, se comenzó a explicarle a la ciudadanía las formas y los contenidos de esta aberración.
De a poco, a nivel internacional se logró la Convención Interamericana (en vigor desde 1996) y la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada (en vigor desde 2010), precedidas de sus respectivas Declaraciones.
El esfuerzo de cientos de personas pudo revelar la magnitud de este crimen en el mundo y aunar esfuerzos para su prevención y condena. ¡Una gran lucha!
Bien sabemos que estos pasos, que fueron muchos y arduos, son un inicio, un marco, una tribuna.
Pero se precisa un accionar contundente en cada país para erradicar la Desaparición Forzada; se precisa la conciencia de un pueblo dispuesto a movilizarse para exigir verdad y justicia a los Estados que continúan siendo cómplices de este delito por acción u omisión.
En nuestro país, la impunidad sobre estos delitos fue blindada por la Ley de Caducidad, donde el mismo Estado declinaba su interés en enjuiciarlos y elegía la impunidad por sobre la Constitución y la justicia. Fueron años muy duros. Muchos de los militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos, representaron al país para recibir por ejemplo en Oslo el premio para la Paz a los Cascos Azules, fueron asesores de gobierno, profesores en la escuela militar, en la UTU, directivos de clubes, hasta ejercieron como médicos y psiquiatras en su impunidad. Todos siguieron en sus cargos y cobraron sus sueldos y sus ascensos, ninguno enfrentó un tribunal de honor, y en muchos casos aún en gobiernos del Frente Amplio, el mismo Estado, a través del ministerio de Defensa, ejerció su defensa y garantizó sus privilegios.
De todos los militares que actuaron durante la dictadura en los distintos organismos de represión, en todos los cuarteles de las distintas armas en todo el país, ya sea como agentes directos o como partícipes necesarios en los crímenes perpetrados contra la población, solo 30 están presos y 5 de ellos con prisión domiciliaria.
¿Cómo fue posible?
La negación y el silencio en los primeros años pos dictadura, cuando aún había testigos vivos, huellas y pistas, selló el pacto de omertá entre los implicados.
La Comisión para la Paz, de 2001, también brindó el beneficio de amparo a los criminales, los exoneró de los crímenes fuera de fronteras y ni aún así obtuvo respuestas ciertas.
Y, a lo largo de los tres períodos del Frente Amplio, hubo marchas y contramarchas. Avances en el análisis histórico, en legislación, en reparación, en el hallazgo de 4 cuerpos de compañeros y en los pocos procesamientos de criminales de Estado. Contramarcha en los plazos, en la búsqueda, en la exigencia a los militares de reconocer su actuación en el terrorismo de Estado y deslindarse de ella.
El reciente juicio del Plan Cóndor en Argentina no dejó lugar a dudas a los sistemas judiciales sobre la unión y coordinación de los aparatos represivos en los países del cono sur, sobrevolando fronteras e intercambiando información y prisioneros, ni sobre el carácter institucional de estas acciones.
De la participación del Estado, in totum, para llevarlas adelante.
Lamentablemente, esa revisión de la actuación de las instituciones estatales, en especial las represivas pero también las diplomáticas, las administrativas, sigue pendiente. Y nada se ha hecho respecto a los grupos económicos que alentaron, sostuvieron y lograron ganancias gracias al Terrorismo de Estado.
En estos años comprendimos que el Estado difícilmente se investigue a sí mismo, que el miedo fue y es uno de los mayores aliados de la impunidad y un instrumento privilegiado del autoritarismo y que los logros son siempre fruto de la movilización, de la persistencia y suma de iniciativas y voluntades.
En síntesis, ningún gobierno desde el 85 a la fecha asumió esta bandera. Todos pusieron sus propios obstáculos y agitaron los miedos de antaño.
Hoy estamos en una situación por demás difícil:
Las causas judiciales se empantanan la búsqueda de restos no avanza y las amenazas, intimidaciones o robos a las personas que trabajan en el tema, han sido una constante. La investigación sobre el robo de los discos duros y la amenaza a los antropólogos del Grupo de Antropología Forense no muestra avances.
A 43 años del golpe la gran pregunta sigue siendo si estamos generando las garantías de no repetición. Si esta conducta errática, omisa en tantos aspectos, resulta un avance en cuanto a esas garantías.
Creemos que NO.
Es muy grave para nosotros el lugar que este gobierno está dando a las Fuerzas Armadas como interlocutor válido para temas tan sensibles como son la educación y la seguridad. Una participación que no les compete. Una práctica propia del período dictatorial, que implica volver a darles una legitimidad absurda e incongruente con nuestra institucionalidad republicana.
La gravedad de estos hechos parece ignorada por muchos sectores políticos que integran el FA, que ni siquiera logra mayorías para retirarse de“misiones de paz” que actúan como ejércitos de ocupación.
Tampoco tocan sus increíbles privilegios económicos. A su caja profesional deficitaria en 400 millones de dólares anuales que pagamos todos, prometieron cambiarla pero aún no se conocen proyectos, mientras no dudan en recortar ingresos a la educación y la salud La poca y tardía justicia sobre estos crímenes del Terrorismo de Estado genera un mensaje nocivo de impotencia, impunidad presente. Si lo sumamos a la dificultad de acceso a la justicia que tiene la población más vulnerable, más pobre, más joven, y a la política de endurecimiento de las penas que se está imponiendo, borra los logros de la lucha más importante de dos años atrás: el NO a la baja. Que con entusiasmo y argumentos ganaron la voluntad popular para profundizar en el tema y buscar otros caminos que refuercen el acceso a la educación y no a la cárcel ni a la “educación en valores” a cargo del Ejército.
En cuanto al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia: Familiares tiene una postura histórica de colaborar con todas las instancias institucionales que el Estado forme para investigar y responsabilizarse del tema.
Gran parte de este trabajo por verdad, sólo se puede hacer desde el Estado: entrar a los lugares denunciados por posibles enterramientos, generar y gestionar archivos, acceder con más facilidad a expedientes judiciales, etc.
Lo hacemos manteniendo una opinión crítica. Por eso si bien consideramos un avance el acceso abierto a los archivos en su poder, y la recepción de solicitudes de la sociedad civil para articularlas, el trabajo va demasiado lento y el tiempo apremia. En 1 año y medio no estamos satisfechos con esos resultados y entendemos que cambiarlos requiere otro vigor otra ejecutividad que aún esperamos.
Creemos que la memoria viva debe alumbrar este camino. Para interpelar, criticar y proponer nuevas acciones. Confiamos en las jóvenes generaciones que año a año se suman a esa gran manifestación contra la impunidad que son las marchas del 20 de mayo. En su nueva mirada sobre lo sucedido, Esa memoria que nos pertenece como pueblo, como sociedad, es el verdadero sostén de nuestras banderas y hace posible trabajar juntos para integrar esta experiencia y alimentar la esperanza de un país mejor.
Verdad Memoria y Justicia. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 30 de Agosto de 2016
No se borra
La ley Nº 18.596, Actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, en su artículo 7º, dice textualmente: “El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado ejercido en el período señalado”. En el 8º, se lee: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.
Cumpliendo esa normativa, son varios los Sitios de la Memoria que ya cuentan con el recordatorio, pero a los efectos de esta nota, se escribirá sobre dos de ellos: el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (Cgior), que fue un lugar de detención y torturas desde 1968, y el Hospital Militar.
En el primero, bajo las medidas prontas de seguridad impuestas por el gobierno de Jorge Pacheco Areco, estuvieron detenidos militantes sociales, sindicales y estudiantiles; el segundo, en la sala 8, destinada a los detenidos políticos, funcionó como centro de tortura y omisión de asistencia. En los últimos días de junio de 2018, a estos dos lugares llegó un coronel retirado y les tiró pintura verde a las placas. Seguramente, fue sin querer que hizo el mayor homenaje a la memoria.
El homenaje del Gallego CADV
Conocer un poquito a este militar no está demás. A eso ayuda la dedicatoria en una monografía que presentó al Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), en la que el hombre estampa orgulloso: “Dedico este trabajo a la memoria de don Ramón Vecino Blanco (QEPD), mi abuelo, fuente de inspiración y guía en mi carrera militar; quien al igual que los soldados de la foto fue movilizado un día del mes de julio de 1936 en el Regimiento de Infantería de Zamora Nº 8 para luchar a las órdenes del Generalísimo Francisco Franco Bahamonde contra los enemigos de España”. Como para empezar, diríamos.
El 25 de junio de madrugada, el coronel retirado CADV -dicen por ahí que bien puede apellidarse Díaz, y que es una ironía que su segundo apellido tenga la inicial uve, de “Vecino”, habiendo demostrado ser tan mala persona- manoteó una bufanda, se cubrió buena parte del rostro con ella, se subió a su Chevrolet y salió de farra. Sus paradas, confirmadas por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, fueron cercanas al Cgior y al Hospital Militar; sus objetivos, mediocres: tapar con pintura verde unas letras grabadas sobre unas placas. Parece increíble que tan corto paseo (el hombre vive en La Blanqueada) se traduzca en una pérdida enorme de costo-beneficio: CADV deberá volver para limpiar lo que hizo, recluirse en su casa por seis meses y, como es militar retirado, está aún sujeto a un estatuto disciplinario: el Poder Ejecutivo lo sentenció a ocho días de arresto a rigor.
Caras y Caretas dialogó con Daoiz Uriarte, el abogado que representó a colectivos sociales que denunciaron a CADV por el daño, quien explicó que no hubo juicio porque el hombre reconoció la culpabilidad, pidió disculpas e hizo un acuerdo con la fiscal. Uriarte también aclaró otros aspectos: “No tiene libertad vigilada, sino prisión domiciliaria, que está bajo vigilancia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que puede pedir a la comisaría que se dé una vuelta por la casa del hombre. Si se constatara que él no está en su casa, va preso sin más trámite”.
Uriarte dice que, igualmente, para él lo más importante es que se le obligó a limpiar el daño: “Creo que es absolutamente personal; tiene que limpiar él, si no, la pena no tendría sentido”, indica. El valor que le da el abogado a la sentencia es que “por primera vez alguien es condenado por un delito de este tipo, sentando un precedente”, concluye.
Es cierto: la jueza penal Blanca Rieiro sentó un buen precedente al imputar a CADV “dos delitos de daño especialmente agravados en régimen de reiteración real”, pero no me deja de parecer una lástima que tenga que limpiar su trabajo. CADV tiene 56 años, era apenas un niño cuando el terrorismo de Estado empezó a hacer estragos en la sociedad uruguaya y tenía apenas una década cuando sus referentes dieron un golpe de Estado. Lo que hizo no lo debería limpiar. A 33 años de la restauración democrática, eso debería quedar como otra marca de la Memoria. Las generaciones futuras merecen que CADV resguarde su obra, cubrirla con acrílico para que el tiempo no la desgaste y hacerse cargo de empotrar al lado una nueva, que diga lo que él borró y que aclare que fue vandalizada por un militar que se formó en dictadura. Porque la memoria no borra ciertas cosas, pero hay otras, de seres miserables, que pueden caer en el olvido. Suelen ser esas cosas las que encierran mayores peligros.
Por el Derecho a No ser Desaparecido
Dolor que surge luego de vivir la barbarie, la pérdida de tanta gente valiosa en tantos lugares del mundo. Y lucha porque fue la respuesta de los familiares, de los compañeros de esos desaparecidos, de sus sociedades, la que resistió, persistió y encontró caminos para denunciar y alertar al mundo.
Así iniciamos esa lucha por ellos, por ellas, que será permanente mientras exista la impunidad y el abuso del poder político y económico que se ha vestido con tan distintos ropajes hasta el presente.
La desaparición forzada es un problema mundial. En su momento fue principalmente producto de dictaduras militares. En nuestros años tenebrosos, América Latina perdió decenas de miles de personas, vio distorsionado el desarrollo de sus sociedades, los lazos entre las generaciones, al tiempo que sus países eran saqueados.
Pero la desaparición forzada también se perpetra hoy en situaciones complejas de conflicto interno, aún en estados formalmente democráticos. ¿A cuántos ambientalistas, sindicalistas, periodistas han desaparecido o asesinado en estos años? ¿Cuántos maestros y activistas han desaparecido sólo en México? El objetivo de estas prácticas sigue siendo el mismo: reprimir, mediante la desorganización y el miedo que produce la desaparición forzada, cualquier oposición.
A los cientos de miles de víctimas en América, África y Asia, se suman hoy los migrantes desaparecidos.
Aquí este método comenzó a ser utilizado en los años previos al golpe de estado. Estaban suprimidas las garantías individuales y operaban los grupos paramilitares como el Escuadrón cuando sucedieron las primeras desapariciones.
Buscamos a nuestros seres queridos por cuarteles y comisarías igual que todos los familiares de presos militantes políticos, sindicalistas, estudiantiles. Un deambular angustioso, sabiendo de las torturas, temiendo por sus vidas hasta que, si había suerte, permitían el famoso “paquete” que era señal de vida.
Es difícil precisar cuándo cada uno pudo ir asumiendo esta nueva circunstancia de no-ser, de no-estar que tienen los desaparecidos. Lleva años.
Unirnos y organizarnos fue un camino natural. Recorriendo cuarteles primero y buscando apoyos fuera de las dictaduras donde vivíamos después.
Así nos agrupamos con otras organizaciones de familiares del continente en FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Entender lo que pasaba, acá y en otros países fue clave en aquellos años. Se denunció la Desaparición Forzada desde el exilio y a medida que se reinstalaban los gobiernos electos, se comenzó a explicarle a la ciudadanía las formas y los contenidos de esta aberración.
De a poco, a nivel internacional se logró la Convención Interamericana (en vigor desde 1996) y la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada (en vigor desde 2010), precedidas de sus respectivas Declaraciones.
El esfuerzo de cientos de personas pudo revelar la magnitud de este crimen en el mundo y aunar esfuerzos para su prevención y condena. ¡Una gran lucha!
Bien sabemos que estos pasos, que fueron muchos y arduos, son un inicio, un marco, una tribuna.
Pero se precisa un accionar contundente en cada país para erradicar la Desaparición Forzada; se precisa la conciencia de un pueblo dispuesto a movilizarse para exigir verdad y justicia a los Estados que continúan siendo cómplices de este delito por acción u omisión.
En nuestro país, la impunidad sobre estos delitos fue blindada por la Ley de Caducidad, donde el mismo Estado declinaba su interés en enjuiciarlos y elegía la impunidad por sobre la Constitución y la justicia. Fueron años muy duros. Muchos de los militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos, representaron al país para recibir por ejemplo en Oslo el premio para la Paz a los Cascos Azules, fueron asesores de gobierno, profesores en la escuela militar, en la UTU, directivos de clubes, hasta ejercieron como médicos y psiquiatras en su impunidad. Todos siguieron en sus cargos y cobraron sus sueldos y sus ascensos, ninguno enfrentó un tribunal de honor, y en muchos casos aún en gobiernos del Frente Amplio, el mismo Estado, a través del ministerio de Defensa, ejerció su defensa y garantizó sus privilegios.
De todos los militares que actuaron durante la dictadura en los distintos organismos de represión, en todos los cuarteles de las distintas armas en todo el país, ya sea como agentes directos o como partícipes necesarios en los crímenes perpetrados contra la población, solo 30 están presos y 5 de ellos con prisión domiciliaria.
¿Cómo fue posible?
La negación y el silencio en los primeros años pos dictadura, cuando aún había testigos vivos, huellas y pistas, selló el pacto de omertá entre los implicados.
La Comisión para la Paz, de 2001, también brindó el beneficio de amparo a los criminales, los exoneró de los crímenes fuera de fronteras y ni aún así obtuvo respuestas ciertas.
Y, a lo largo de los tres períodos del Frente Amplio, hubo marchas y contramarchas. Avances en el análisis histórico, en legislación, en reparación, en el hallazgo de 4 cuerpos de compañeros y en los pocos procesamientos de criminales de Estado. Contramarcha en los plazos, en la búsqueda, en la exigencia a los militares de reconocer su actuación en el terrorismo de Estado y deslindarse de ella.
El reciente juicio del Plan Cóndor en Argentina no dejó lugar a dudas a los sistemas judiciales sobre la unión y coordinación de los aparatos represivos en los países del cono sur, sobrevolando fronteras e intercambiando información y prisioneros, ni sobre el carácter institucional de estas acciones.
De la participación del Estado, in totum, para llevarlas adelante.
Lamentablemente, esa revisión de la actuación de las instituciones estatales, en especial las represivas pero también las diplomáticas, las administrativas, sigue pendiente. Y nada se ha hecho respecto a los grupos económicos que alentaron, sostuvieron y lograron ganancias gracias al Terrorismo de Estado.
En estos años comprendimos que el Estado difícilmente se investigue a sí mismo, que el miedo fue y es uno de los mayores aliados de la impunidad y un instrumento privilegiado del autoritarismo y que los logros son siempre fruto de la movilización, de la persistencia y suma de iniciativas y voluntades.
En síntesis, ningún gobierno desde el 85 a la fecha asumió esta bandera. Todos pusieron sus propios obstáculos y agitaron los miedos de antaño.
Hoy estamos en una situación por demás difícil:
Las causas judiciales se empantanan la búsqueda de restos no avanza y las amenazas, intimidaciones o robos a las personas que trabajan en el tema, han sido una constante. La investigación sobre el robo de los discos duros y la amenaza a los antropólogos del Grupo de Antropología Forense no muestra avances.
A 43 años del golpe la gran pregunta sigue siendo si estamos generando las garantías de no repetición. Si esta conducta errática, omisa en tantos aspectos, resulta un avance en cuanto a esas garantías.
Creemos que NO.
Es muy grave para nosotros el lugar que este gobierno está dando a las Fuerzas Armadas como interlocutor válido para temas tan sensibles como son la educación y la seguridad. Una participación que no les compete. Una práctica propia del período dictatorial, que implica volver a darles una legitimidad absurda e incongruente con nuestra institucionalidad republicana.
La gravedad de estos hechos parece ignorada por muchos sectores políticos que integran el FA, que ni siquiera logra mayorías para retirarse de“misiones de paz” que actúan como ejércitos de ocupación.
Tampoco tocan sus increíbles privilegios económicos. A su caja profesional deficitaria en 400 millones de dólares anuales que pagamos todos, prometieron cambiarla pero aún no se conocen proyectos, mientras no dudan en recortar ingresos a la educación y la salud La poca y tardía justicia sobre estos crímenes del Terrorismo de Estado genera un mensaje nocivo de impotencia, impunidad presente. Si lo sumamos a la dificultad de acceso a la justicia que tiene la población más vulnerable, más pobre, más joven, y a la política de endurecimiento de las penas que se está imponiendo, borra los logros de la lucha más importante de dos años atrás: el NO a la baja. Que con entusiasmo y argumentos ganaron la voluntad popular para profundizar en el tema y buscar otros caminos que refuercen el acceso a la educación y no a la cárcel ni a la “educación en valores” a cargo del Ejército.
En cuanto al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia: Familiares tiene una postura histórica de colaborar con todas las instancias institucionales que el Estado forme para investigar y responsabilizarse del tema.
Gran parte de este trabajo por verdad, sólo se puede hacer desde el Estado: entrar a los lugares denunciados por posibles enterramientos, generar y gestionar archivos, acceder con más facilidad a expedientes judiciales, etc.
Lo hacemos manteniendo una opinión crítica. Por eso si bien consideramos un avance el acceso abierto a los archivos en su poder, y la recepción de solicitudes de la sociedad civil para articularlas, el trabajo va demasiado lento y el tiempo apremia. En 1 año y medio no estamos satisfechos con esos resultados y entendemos que cambiarlos requiere otro vigor otra ejecutividad que aún esperamos.
Creemos que la memoria viva debe alumbrar este camino. Para interpelar, criticar y proponer nuevas acciones. Confiamos en las jóvenes generaciones que año a año se suman a esa gran manifestación contra la impunidad que son las marchas del 20 de mayo. En su nueva mirada sobre lo sucedido, Esa memoria que nos pertenece como pueblo, como sociedad, es el verdadero sostén de nuestras banderas y hace posible trabajar juntos para integrar esta experiencia y alimentar la esperanza de un país mejor.
Verdad Memoria y Justicia. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 30 de Agosto de 2016