Trump: Estoy dispuesto al cierre de Gobierno si no se aprueba el Muro // EEUU mantiene a 700 niños separados de sus padres migrantes en la frontera con México // De los 465 niños guatemaltecos separados de sus familias en EEUU solo ha reunificado a 15 // El gobierno de Trump podría haber deportado a 463 padres de menores separados en la frontera // BRASIL: Festival “Lula Libre” reúne a 60 mil personas en Río de Janeiro // Caravana recorre 4 mil kilómetros para denunciar la vuelta del hambre a Brasil // MÈXICO: México gasta más de 77.000 millones de dólares en seguridad pero aumentan los crímenes // Las consecuencias de la militarización en México que debes conocer // La 'mexicanización' de la lucha contra la delincuencia: a Argentina le espera un "baño de sangre" // URUGUAY: Coronel Ferro prófugo: grave error de la justicia española // FUS profundiza medidas ante intransigencia patronal
Trump amenaza con cierre de gobierno si demócratas no apoyan su política migratoria
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Donald Trump. Foto: La Nación.
“Estoy preparado para cerrar el gobierno si los demócratas no nos dan
los votos que necesitamos para garantizar la seguridad fronteriza”,
dijo este domingo Donald Trump en otro de sus inflamables mensajes en
Twitter y en un nuevo esfuerzo por endurecer la política migratoria de
Estados Unidos. La mención a las demócratas obedece a que, aun cuando los
republicanos controlan el Congreso, el rechazo de esa bancada a su
política unido a los desacuerdos entre moderados y conservadores en el
propio seno de su partido han impedido que avance una legislación sobre
el tema migratorio. En su mensaje en Twitter, el presidente estadounidense aclara que
“garantizar la seguridad fronteriza” incluye “el muro”, el cual tendría
un costo estimado de 25 mil millones de dólares, y el endurecimiento de
las leyes migratorias. En ese sentido, considera necesario “deshacerse de la Lotería,
Atrapar & Liberar, etc.”, en favor de un “sistema de inmigración
basado en el mérito”. Y concluye: “¡Necesitamos que grandes personas
ingresen a nuestro país!”. La amenaza de Trump sobre la suspensión de actividades del gobierno
federal podría hacerse realidad en septiembre, pues actualmente la
estructura oficial funciona con base en una excedencia de gasto aprobada
en marzo último por el Congreso. En dos tuits anteriores, del 27 y el 28 de julio, Trump se quejaba de
que “las únicas cosas que hacen bien los demócratas es ‘resistir’, que
es el eslogan de su campaña, y ‘obstuir’”, y que “los demócratas, que
quieren Fronteras Abiertas y se preocupan poco por el Crimen, son
incompetentes, pero tienen los medios de noticias falsas (Fake News Media) de su lado”. La práctica de separar a menores de sus familias, que recientemente
generó un escándalo internacional, ha sido una de las expresiones de la
visión que tiene Trump del fenómeno de la migración. “Hay mucha gente que está empleando a esos niños para sus propios y
sinestros fines. ¡El Congreso debe intervenir para arreglar unas leyes
migratorias que están entre las más tontas y peores del mundo”, ha
dicho.
Trump: Estoy dispuesto al cierre de Gobierno si no se aprueba el Muro
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Donald Trump. Foto: La Nación.
El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump,
afirmó este domingo que cerraría el Gobierno federal si los
congresistas demócratas no aprueban los fondos para la construcción del muro -una de sus promesas de campaña- en la frontera con México. “¡Estoy dispuesto al cierre de Gobierno si los demócratas no
nos dan los votos para la seguridad fronteriza, lo que incluye el muro!
¡Deben deshacerse de la lotería de atrapar y liberar, etc. y finalmente
llegar al sistema de migración basado en el MÉRITO!, ¡Necesitamos que a
nuestro país entren grandes personas!”, fue el tweet que el mandatario publicó en su cuenta personal. No es la primera vez que el mandatario amenaza con un cierre de Gobierno. En febrero de este año, y durante un discurso, Trump aseguró
que “Si no cambiamos la legislación, si no acabamos con los resquicios
por los que se permite a los asesinos entrar al país y seguir matando
(…), si no lo cambiamos, entonces tengamos un cierre”. Asimismo, en mayo del año pasado el mandatario lanzó otro tuit alusivo al tema: “Nuestro país necesita un buen shutdown (aludiendo al cierre de Gobierno) para arreglar este lío”. Donald Trumpha
insistido en llevar a cabo una política contra los inmigrantes, en
especial con aquellos provenientes de países latinoamericanos. El
símbolo de esta promesa se traduce en la construcción de un muro de más de 3.000 kilómetros que, hasta el día de hoy, no ha recibido el visto bueno por parte de la mayoría del Congreso. Por esto, afirman representantes del Gobierno, es que endureció de
las normas respectivas al tema; como por ejemplo, la llamada “Tolerancia
Cero”, que entre abril y junio dejó a más de 2.500 niños y niñas
separados de sus padres cuando familias centroamericanas y mexicanas
intentaban ingresar de manera irregular al país. (Con información de Telesur)
EEUU mantiene a 700 niños separados de sus padres migrantes en la frontera con México
El Gobierno de Trump reúne con sus familias a 1.800
menores de los más de 2.500, y cumple sólo parcialmente la orden de un
juez de San Diego, que había fijado como fecha límite para la
reunificación el 26 de julio
Unas madres y sus hijos esperan el autobús tras ser liberados se un centro de San Antonio (Texas). (REUTERS)
El Gobierno de Estados Unidos
informó a última hora del jueves de que una vez concluido el plazo
fijado por un juez de San Diego para reunir a 2.500 menores de entre 5 y
18 años que habían sido separados en la frontera con México de sus
padres y familiares, sólo lo ha hecho con poco más de 1.800, por lo que
aún mantiene a 700 separados menores separados de sus progenitores.
Los abogados del Gobierno señalaron en un informe remitido a un tribunal de San Diego, California, que han devuelto a sus padres en centros de detención a 1.442 menores, mientras que otros 378 han sido liberados en "circunstancias apropiadas" y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia o algún otro familiar.
En el documento, los abogados del Gobierno cifraron en
711 el número de menores cuyos padres no cumplen los requisitos de
reunificación. En estos caso figuran 431 hijos de padres que ya no están
en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado al beneficio de la reunificación familiar.
En este grupo de los no elegibles figuran también 67
hijos de padres que representaban un riesgo por sus antecedentes
penales, 79 menores cuyos progenitores han sido liberados de la custodia
de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y 94 que están a la espera
de confirmar la ubicación de los padres.
En el informe entregado al tribunal, el Gobierno
precisó que dichos números se moverán constantemente hasta la medianoche
de hoy.
"El plan de reunificación presentado a la corte está
avanzando, y se espera que resulte en la reunificación de todos los
miembros de la demanda colectiva que son elegibles para reunificación",
señala el escrito.
El juez Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a la
Administración de Donald Trump entregar antes del 27 de julio, a 2.551
menores de edades entre 5 y 18 años que fueron separados de sus familias
este año a consecuencia de la política de "tolerancia cero" hacia la
inmigración ilegal.
El Gobierno acortó esa lista a 1.634 menores, que son los que considera "elegibles" para la reagrupación familiar ordenada por Sabraw,
quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades de
migración por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La cifra de 1.634 menores ha sido superada, tal como
se desprende del documento entregado al tribunal, sin embargo, ACLU
insistió en que todavía cientos de familias no podrán estar juntas como
consecuencia de la política de "tolerancia cero".
EEUU: La cara más inhumana de la política antimigración de Trump muestra a niños enjaulados y separados de sus padres
Medio planeta se muestra horrorizado por las imágenes
de la separación de padres e hijos —muchos de corta edad, todos
enjaulados— que están teniendo lugar en EEUU; incluso la primera dama,
Melania Trump, en una de sus rarísimas intervenciones públicas.
Mientras, Donald Trump defiende estas medidas para deportar en la
frontera a las familias que tratan de cruzar. Hoy el presidente de EEUU
recibe a los reyes de España en Washington.
Los
solicitantes de asilo centroamericanos esperan la decisión de los
agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos/AFP
En un lugar en el sur de EEUU está teniendo lugar una de las medidas más crueles que puedan imaginarse: la separación de padres deportados y sus hijos, que han sido mostrados al mundo en el interior de jaulas.
En la localidad de McAllen (Texas) se han separado a un total de 1.174
niños de sus padres desde que se anunció la nueva política a primeros de
mayo por el fiscal general del Estado Jeff Sessions de separar a los niños de los adultos mientras se procesa su entrada en EEUU.
Las imágenes de los niños separados de sus padres y encerrados en jaulas, unido a documentos como el publicado por ProPublica,
en el que se puede escuchar el llanto desgarrador de varios menores y
las mofas de un guardia de seguridad, han horrorizado incluso a la
mismísima primera dama del país, Melania Trump.
"La señora Trump odia ver a los niños separados de
sus familias (...). Ella cree que tenemos que ser un país que siga todas
las leyes, pero también un país que gobierne con corazón", dijo la
portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham.
Estados Unidos ha puesto en marcha en los últimos
meses una política de "tolerancia cero" que implica que quienes cruzan
la frontera de forma ilegal sean procesados por la vía criminal, lo que
lleva a que quienes acceden con menores sean separados de estos; una
medida más dentro de las crueles políticas contra la inmigración ilegal
impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La propia Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
instó a Estados Unidos a dar prioridad a la unidad familiar y a no
separar a los niños de sus padres, tras entrar estos como indocumentados
por la frontera sur del país."Hay maneras eficaces de asegurar el
control fronterizo sin crear un trauma psicológico duradero para las
familias por la separación de niños de sus padres", señaló en un
comunicado el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.
Grandi recalcó que un creciente número de familias de
Centroamérica se ha visto obligado a huir en los últimos años de la
violencia en sus países, lo que incluye asesinatos, violaciones,
secuestros y reclutamientos forzosos de menores por parte de pandillas.
"Estas familias buscan protección en países de la
región", por lo que ACNUR instó a los gobiernos a trabajar juntos para
hacer frente a la raíz de los problemas en Centroamérica y, al mismo
tiempo, crear lugares seguros para las familias que huyen de la
violencia y la persecución.
Trump contraataca
El presidente de EEUU, Donald Trump, elevó su
discurso antiinmigración al asegurar que el país no se convertirá "en un
campo de acogida de refugiados" a la par que criticó a Europa, en plena
polémica por la separación de menores de sus familias tras cruzar
ilegalmente la frontera con México.
"Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un campo de acogida de refugiados. Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares, no lo permitiré, no bajo mi vigilancia", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.
Migrantres retenidos cerca de McAllen, Texas. REUTERS/Loren Elliott
"Un gran error por parte de toda Europa es aceptar a
millones de personas que radical y violentamente han cambiado su
cultura", tuiteó el mandatario, que dedicó parte de la mañana a enviar
mensajes a través de esta red social.
En concreto, citó el caso de Alemania, donde
dijo que "el pueblo alemán está dando la espalda a sus gobernantes
debido a que la inmigración está sacudiendo la débil coalición de
Berlín", y agregó que "la criminalidad está subiendo", pese a que las cifras demuestran que se ha reducido en los últimos años.
En otro mensaje, Trump apuntó que "algunos de los peores criminales" del mundo "usan" a niños inmigrantes para entrar en el país.
"¿Dónde está el clamor por los asesinatos y crímenes causados por
pandilleros y matones, incluida la banda (centroamericana) MS-13,
entrando en nuestro país de manera ilegal?", se preguntó.
No pedirán disculpas
Poco antes, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen,
afirmó que el Gobierno no pedirá "disculpas" al asegurar que "las
acciones ilegales tienen consecuencias". "No pediremos disculpas" por la
separación de niños de sus familiares en la frontera con México, afirmó
en un discurso ante la Asociación Nacional de Sheriffs en Nueva Orleans
(Luisiana).
Nielsen remarcó que aquellos que "comenten acciones
ilegales tienen consecuencias", al margen de si están acompañados por
menores de edad o no. "Este gobierno tiene un mensaje sencillo: si cruzas la frontera de manera ilegal, serás procesado",
agregó la funcionaria. Además, instó "a no creer a la prensa" y señaló
que los niños separados de sus familiares "están muy bien cuidados".
Migrantes retenidos cerca de McAllen, Texas. REUTERS/Loren Elliott
Poco después, ya en Washington, Nielsen afirmó que
"no se está usando a los niños como peones", al ser preguntada en una
conferencia de prensa por si el presidente estadounidense ha decidido
separar a las familias para atraer la atención del Congreso y ofrecerles
el fin de esa política a cambio de fondos para erigir el muro con
México.
En los últimos días, el Ejecutivo ha ofrecido dispares y a veces contradictorias justificaciones sobre la normativa de separación de los menores, y Trump ha llegado a plantear el tema como una posible moneda de cambio en el marco de las discusiones en el Congreso para la reforma del sistema migratorio estadounidense.
Juez propina nuevo golpe a Trump en demanda por violación a la Constitución
Redaccion
El presidente de EEUU está en la mira por recibir pagos y obsequios de funcionarios y gobierno extranjeros
Un
juez federal desestimó los esfuerzos del equipo de defensa del
presidente Donald Trump para detener una demanda en su contra por
obtener pagos y obsequios del extranjero, hecho que viola la
Constitución de los Estados Unidos.
La
demanda es una de varias en la cláusula de emolumentos, que prohíbe a
los funcionarios federales aceptar pagos y obsequios de cualquier “Rey,
Príncipe o Estado Extranjero”.
El
recurso fue presentado el año pasado por los fiscales generales Karl A.
Racine, de Washington D.C., y el de Maryland, Brian E. Frosh, y se
centra en el dinero que los gobiernos extranjeros han gastado en el
Hotel Trump en Washington para alquilar habitaciones y celebrar eventos,
reportó el Washington Post.
Aunque
Trump ha dicho que renunció a la administración diaria de sus negocios,
todavía los posee y puede retirar dinero de ellos en cualquier momento.
El
fallo del juez Peter J. Messitte permitirá a los demandantes en el caso
proceder con sus intenciones de demostrar que el mandatario republicano
ha violado la Constitución.
Racine
celebró la decisión del juez y aseguró: “Estamos a un paso más cerca de
detener al presidente Trump por violar las previsiones anticorrupción
de la Constitución”.
El
Departamento de Justicia y los abogados del presiente Trump todavía
podrían apelar la decisión ante un tribunal superior y pedir a Messitte
que no permita el acceso general de los abogados a los empleados
y libros de la Organización Trump hasta que se decida la apelación.
En marzo, Messitte dio entrada a la demanda, la cual pretendía ser detenida por los defensores del presidente Trump.
Esta
decisión podría permitir a los demandantes examinar los registros
financieros de la Organización Trump para pagos de entidades extranjeras
y otros posiblemente buscando influenciar a la Casa Blanca, algo que
ahora la defensa busca evitar.
De los 465 niños guatemaltecos separados de sus familias en EEUU solo ha reunificado a 15
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala
puntualiza que estos datos son preliminares y que el próximo miércoles
esperan tener los definitivos. Aun así, todo apunta a que será un número
muy por debajo de la orden judicial emitida al respecto de la
reunificación tras la aplicación de esta política migratoria de Donald
Trump.
Varias familias participan en una sentada para demandar a la administración Trump la reunificación. / EFE
De los 465 niños que la Cancillería de Guatemala estima que fueron separados en la frontera de Estados Unidos por las políticas de migración de Donald Trump solo han sido reunificados con sus familias unos 15.
Una fuente del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala ha explicado que estos datos son preliminares y
que el próximo miércoles esperan tener los definitivos. No obstante,
añadió que las primeras cifras apuntan a que solo 15 de los 465 fueron devueltos a sus padres.
"La cantidad varía, el miércoles tendremos ya la
recopilación de todos los datos. Los consulados están trabajando en eso y
lo están sacando, porque esos 465 fue un dato preliminar", agregó.
El Gobierno de EE.UU. dijo esta semana haber entregado con padres, familiares o allegados a más de 1.800 niños que fueron separados en la frontera con México, pero mantiene en la incertidumbre a otros cientos cuyo futuro no queda resuelto en el plazo dado por un juez.
Los abogados del Departamento de Justicia informaron el jueves de que 1.442 menores indocumentados entre 5 y 18 años han sido devueltos con sus padres, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Otros 378 han sido liberados en "circunstancias apropiadas",
según consta en el documento judicial, y entregados a padres que ya no
estaban bajo custodia de ICE o a algún otro familiar, lo que eleva la
cifra a 1.820 menores reunidos.
Ese total, no obstante, es inferior a los 2.551 menores mayores de 5 años que según una orden del juez Dana Sabraw tenían que haber sido devueltos
con sus padres antes de este jueves tras ser separados de sus familias a
consecuencia de la política de "tolerancia cero" que busca frenar la
inmigración ilegal.
Manifestaciones: Todo EEUU clama contra la separación de niños migrantes de sus padres
Decenas de miles de personas han salido a las calles
de las principales ciudades del país para exigir el final de las
políticas de "tolerancia cero" con los migrantes de Donald Trump
Miles
de manifestantes salen a las calles de Nueva York contra la política
migratoria de Trump, que separa a los niños de sus padres al cruzar la
frontera con México.- REUTERS
Decenas de miles de personas
han salido a las calles de las principales ciudades estadounidenses para
protestar contra el presidente Donald Trump y la separación de los hijos de las personas que cruzan ilegalmente la frontera desde México.
Las organizaciones convocantes de la manifestación de Washington han destacado que ha habido 30.000 participantes
en la concentración de la mañana de este sábado. En la misma ha
participado la miembro de la Cámara de Representantes Pramila Jayapal
(demócrata), quien ha expresado su "orgullo" por haber sido detenida el
viernes junto a otros activistas.
"La Administración Trump está haciendo esto y yo como
miembro del Congreso, como representante del Gobierno de Estados
Unidos, rechazo que se use así mi nombre", ha argumentado.
El evento central ha sido en Washington, pero se han contabilizado más de 700 convocatorias en Estados Unidos y también fuera del país a las que han acudido activistas y representantes del Partido Demócrata.
Miles de personas en Nueva York
En Nueva York, miles de personas han el fin de la
política de "tolerancia cero" de la Administración Trump. Activistas,
religiosos, políticos y sindicatos unieron su voz a la otros miles en
todo el país, en el día nacional de protestas, en el que además pidieron la reunificación de más de 2.000 niños con sus padres, detenidos en centros de inmigración y acusados de entrar ilegalmente en el país.
Gritos de "estamos en la lucha" y "sí, se puede" se
escucharon en español en la popular plaza Foley Square en Manhattan, a
solo unos paseos de la sede de Inmigración
Los manifestantes llevaban pancartas en los que se
podían leer, entre otras frases: "el secuestro es un crimen, pedir asilo
no", "nosotros somos muchos, ellos son pocos, vota", "construye
puentes, no muros" o "no prohibición, no muros, no jaulas".
En la ciudad de Baltimore, el senador de
Maryland Ben Cardin (demócrata) ha participado y ha publicado en Twitter
fotografías de la manifestación con pancartas contra Trump y la
intervención de activistas de la Unión Americana por las Libertades
Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y de otras organizaciones. "Nos
hemos juntado aquí en Baltimore para decir que las familias deben estar
juntas. Debemos juntar ya a los menores con sus familias", ha destacado.
La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren ha participado en la marcha de Boston y
ha criticado las "feas" prácticas de las autoridades y ha defendido la
sustitución de la Fuerza de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas
en inglés).
También han participado en la manifestación de
Boston el senador Ed Markey y el miembro de la Cámara de Representantes
Joe Kennedy.
En Atlanta ha salido a la calle el activista de los
derechos civiles y miembro de la Cámara de Representantes John Lewis.
"El mundo llora hoy con nosotros. Debemos demostrar al mundo que somos
mejores que lo que está hoy pasando en América", ha argumentado.
"Tenemos que poner América del revés", ha apostillado para afirmar que
"las convocatorias de hoy no son la culminación, sino el inicio de una activación
de la gente de todo tipo, en todos los estados, para luchar por el alma
de los valores americanos\", ha destacado desde Washington la directora
de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, Ai Jen Poo.
Sin fecha para el fin de estas políticas
La pasada semana Trump firmó una orden ejecutiva para
poner fin a la separación de las familias en la frontera con México pero
no cuenta con un plan efectivo de cómo se llevará a cabo ese proceso,
según destacó en su página web la coalición de organizaciones que
convocaron las marchas.
La orden ejecutiva obliga a los menores a ser
encerrados en centros de detención para poder seguir al lado de sus
padres. "El régimen de Trump está haciendo todo lo que puede por dividir
a familias migrantes", dijo Donna Lieberman, directora ejecutiva de la
Unión de Libertades Civiles, miembros de la coalición.
"La actual crisis no acabará hasta que cada niño que
ha sido separado sea reunificado con sus padres, cada familia sea
tratada con dignidad y el debido proceso y nuestra política de
inmigración refleje nuestros valores", afirmó.
Miles de niños en albergues
Después de ser separados de sus padres, los niños
inmigrantes han sido realojados en albergues por diferentes puntos del
país, como Nueva York, y algunos han pasado al cuidado de familias de
acogida.
La pasada semana Nueva York lideró una coalición de 18 fiscales generales que demandó a la administración Trump y
pidió al Tribunal federal que declare inconstitucional la práctica de
separar a padres y niños y que ordene la reunificación de unos 2.300
menores con sus progenitores.
La política de "tolerancia cero" es una práctica
discriminatoria porque solo se ha puesto en marcha contra inmigrantes
que entran al país por la frontera con México, consideraron. "La
crueldad contra los niños es definitivamente aterrorizante. No es sólo
fascista, es terrorismo", dijo a la prensa uno de los que acudieron hoy a
la marcha en Nueva York.
Perla López, una joven activista de Se hace camino
Nueva York afirmó que conoce lo que es ser separada de su madre,
experiencia que le marcó cuando tenía diez años. "Sé lo traumático que
es ser separada de tu madre y no saber cuándo serías reunida con tu
familia. Estos centros de detención no son lugares para niños o
familias. Debemos trabajar unidos para poner fin a esta política racista
y xenofóbica de esta administración", indicó en un comunicado
Noticias Internacionales Independientes (EEUU)
Liberan inmigrante indocumentado de Nueva York detenido por Inmigración cuando repartía una pizza en una base militar
25 Jul. 2018
En
Nueva York, fue liberado el repartidor que había sido arrestado el mes
pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,
por sus siglas en inglés) luego de entregar una pizza en la base
militar de Fort Hamilton. Un conmovedor video muestra a Pablo
Villavicencio abrazando a su esposa y a sus hijas pequeñas en la noche
del martes, luego de que un juez ordenara su liberación. El juez, Paul
Crotty, también criticó duramente a los abogados del Gobierno,
preguntando: “¿Hay algún concepto de justicia aquí? ¿Qué peligro puede
representar para la sociedad un hombre que no ha cometido ningún
crimen?”. El juez Crotty fue designado por el expresidente George W
Bush. Previamente, se desempeñó como jefe del Departamento Legal del
ayuntamiento de Nueva York durante el mandato del alcalde Rudolph
Giuliani.
Solicitantes
de asilo demandan al Servicio de Inmigración de EE.UU. alegando que los
guardias los atacaron por realizar una huelga de hambre
25 Jul. 2018
En
más noticias relacionadas con la inmigración a Estados Unidos, un grupo
de solicitantes de asilo demandó al Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés)
acusando a los guardias de reprimir de forma violenta una huelga de
hambre pacífica dentro del Centro de Detención Adelanto en California el
año pasado. La huelga había sido iniciada en protesta por la falta de
agua potable, la comida en mal estado y las vestimentas antihigiénicas
brindadas dentro de las instalaciones. Según los solicitantes de asilo
hondureños y salvadoreños, los guardias los atacaron y los pusieron en
confinamiento solitario por organizar la huelga de hambre. Estas son
palabras del demandante Josué Mateo Lemus Campos.
Josué Mateo Lemus Campos expresó: “Me lanzaron gas
pimienta. Me trataron con brutalidad. Me golpearon en los riñones. Me
sujetaron del brazo. Y cuando se les agotó el gas pimienta, nos
obligaron a bañarnos con agua muy caliente, provocándonos un dolor
insoportable. Por otro lado, nos mantuvieron en confinamiento solitario
demasiado tiempo. Eso genera estrés, y hace que quieras tirar la toalla.
Te hace sentir mal emocionalmente”.
El Centro de Detención Adelanto en California es operado por la
compañía privada con fines de lucro Geo Group. Y en más noticias de
inmigración, mañana se cumple el plazo impuesto por un tribunal para que
el gobierno de Trump reúna a todos los padres y niños que fueron
separados en la frontera por oficiales de inmigración. Según el
gobierno, solamente unos 1.000 padres han sido reunidos con sus hijos
hasta ahora, menos de la mitad de las familias que deben ser reunidas
para mañana.
El gobierno de Trump podría haber deportado a 463 padres de menores separados en la frontera
24 Jul. 2018
En
Estados Unidos, el gobierno de Trump podría haber deportado a unos 463
padres de menores separados por los funcionarios de inmigración en la
frontera, incluso cuando sus hijos permanecen bajo custodia de Estados
Unidos. Un juez federal le ordenó al gobierno de Trump que reuniera a
todos los niños y padres inmigrantes separados antes del 26 de julio, es
decir, el próximo jueves. Pero nuevos documentos del gobierno revelan
que casi 500 de estos padres ya no se encuentran en el país. En total,
al menos 1.700 niños continúan bajo custodia de Estados Unidos, a la
espera de reunirse con sus padres. Visite democracynow.org para ver nuestra cobertura completa de la política de separación de familias migrantes del Gobierno de Trump.
BRASIL
ARTE PROTESTA
Festival “Lula Libre” reúne a 60 mil personas en Río de Janeiro
Chico Buarque, Gilberto Gil, Chico Cesar y Ana Cañas se presentaron en protesta contra encarcelamiento del ex presidente
Foto aérea de Lapa, Rio de Janeiro, durante las presentaciones del Festival Lula Libre / Rafael Vilela/Mídia Ninja
La
plaza de Arcos de Lapa, en el centro de Río, se llenó este sábado (28)
para el Festival Lula Libre. La programación comenzó a las 14:00 horas y
el punto culminante del evento gratuito fue el encuentro en el
escenario de Chico Buarque y Gilberto Gil, que no se reunían para una
presentación desde la época de la dictadura militar en Brasil
(1964-1985). El Festival tuvo la participación de diversos movimientos populares,
artistas, intelectuales, profesores y promovió diferentes talleres de
creación a lo largo de la tarde, desfiles, además de presentaciones
artísticas de música, teatro, circo y poesía. A las 17h, la tradicional
Orquesta Voadora dio inicio a las presentaciones en el escenario
principal. En el Festival desde temprano para aprovechar todas las atracciones,
la pareja compuesta por Sara Fazito y André Porcaro llevó a su hijo
João, de un año. “No hay pruebas para justificar la detención de Lula,
queremos que él sea elegido presidente y por eso estamos aquí”, dijo
Sara. La actriz Cristina Pereira subrayó el papel de la clase artística
para denunciar las arbitrariedades contra el campo progresista en el
país. “Estamos a pocos meses de las elecciones y queremos que Lula, que
lidera las encuestas de intención de voto, salga de la cárcel. Los
artistas, como comunicadores, estamos aquí, en la lucha, para denunciar a
la población lo que está ocurriendo en el país”. Con una presentación contundente en el escenario, la cantante Ana
Cañas entonó canciones protesta y fue acompañada por el público. “Como
diría Nina Simone, ¿cómo puedo ser artista y no reflejar mi tiempo? Es
mi deber estar aquí hoy. América Latina tiene una tradición de golpes
que cuentan, incluso, con los medios de comunicación, pero hoy tenemos
medios alternativos para poner la realidad al aire “. La diputada federal Benedita da Silva (Partido de los Trabajadores,
Rio de Janeiro) dijo que la salida a las injusticias contra el ex
presidente está en manos del pueblo. “Los grandes medios venían
sosteniendo que Lula había terminado como líder y que no iba a
participar en las elecciones, pero las manifestaciones demuestran lo
contrario, muestran que Lula tiene apoyo del pueblo, Lula fue condenado
sin crimen y no tuvo derecho al trámite legal, tenemos que apelar al
pueblo, que vino hoy a manifestarse “. Acción del TRE En los alrededores del Festival, el Tribunal Regional Electoral de
Río de Janeiro (TRE-RJ) aprehendió material gráfico con la consigna
“Lula Libre” y que contenía la firma de algunos parlamentarios. La
diputada federal Jandira Feghali (PCdoB) dijo que la acción que tiene
Lula como objetivo fue arbitraria. Ella argumentó que los adhesivos y
banderas en el evento no hacían ninguna alusión a candidaturas, sino
sólo a partidos que defienden la libertad del ex presidente.
Edición: Diego Sartorato
Caravana recorre 4 mil kilómetros para denunciar la vuelta del hambre a Brasil
| CUBADEBATE
cinco
mil campesinos dieron inicio a una caravana en Caetés, la ciudad natal
del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Foto: Telesur/ Brasil
de Fato.
Cinco mil campesinos dieron inicio la víspera a una caravana en Caetés, la ciudad natal del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para manifestar el rechazo del pueblo por la reaparición del hambre en Brasil. El país salió del mapa del hambre de la Organización de las Naciones
Unidas en el año 2014 esto debido a las políticas públicas de los
exmandatarios, Luis Inácio Lula da Silva, y Dilma Rousseff. Con
la Caravana contra el Hambre, miles de brasileños denuncian que esta
conquista ha sido amenazada por las medidas neoliberales del Gobierno de
facto de Michel Temer. Según datos oficiales, el hambre volvió a crecer el año 2017, una realidad que será denunciada por los integrantes de la caravana que recorrerán más de cuatro mil kilómetros en los próximos 14 días. Cinco mil campesinos y campesinas de diferentes lugares del noreste
han llegaron a la ciudad para unirse a la actividad organizada por el
Movimiento Sin Tierra y otras organizaciones del Frente Brasil Popular. Marchamos “para denunciar el retorno del hambre, para alertar a la
población brasileña, al poder legislativo y judicial sobre el momento
que vive Brasil, nosotros no queremos votar por esa situación de pobreza
que ya vivimos”, expresó un manifestante. En la apertura de la caravana, se hicieron presentes
familiares de expresidente Lula y se sumaron a las proclamas de miles de
brasileños que decían “Lula libre”. “Los que roban y hacen lo que no es correcto están suelto, el pueblo
muriendo de hambre y en miseria, en la época de Lula nosotros nunca
vimos un presidente tan bueno como él fue”, dijo otra integrante de la
caravana. Jóvenes señalaron que se encuentran en lucha contra el hambre porque
desde que Lula salió del poder muchos programas fueron cortados y
quienes padecen la situación es l población más desfavorecida.
Caravana que denuncia la vuelta del hambre parte de la ciudad donde Lula nació
Municipio del agreste pernambucano es el primer punto del trayecto que inicia este viernes (27)
Julia Rohden
Brasil de Fato | Caetés (PE),
Caravana
irá de Caetés a Curitiba, y entonces a Brasilia, para denunciar el
empobrecimiento de la población brasileña después del golpe /
Divulgación
En
la pequeña ciudad de Caetés, en el agreste* del estado de Pernambuco, a
250 kilómetros de la capital Recife, tendrá inicio la Caravana
Semiárido Contra el Hambre, que tiene como objetivo denunciar el retorno
del hambre a Brasil. El acto inaugural está marcado para las 15h de este viernes (27) en
la plaza principal de la ciudad, y la expectativa de los organizadores
es reunir más de 3.000 personas venidas de diversas regiones del
Nordeste. Desde Caetés, tres autobuses seguirán cruzando el país hasta
llegar a Brasilia el próximo día 5. La población de Caetés llega a 27 mil habitantes, de los cuales más
de 70% viven en la zona rural, de acuerdo con datos del Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Sus habitantes ya
comenzaron a percibir en su cotidianidad la vuelta del fantasma del
hambre, especialmente después de los recortes en las inversiones de
políticas públicas, como los programas Bolsa Familia, Programa de
Adquisición de Alimentos (PAA) y Programa 1 Millón de Cisternas. “Ya comenzamos a sentir los impactos, principalmente del hambre. Era
raro ver en la calle personas pidiendo comida y ahora ya hay, no tanto
como había antes, pero ya hay personas pasando por las casas pidiendo
[comida]”, cuenta Uedislaine de Santana, que vive en la comunidad
quilombola** de Atoleiro, en Caetés. El hijo más conocido de Caetés es el ex presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. En la pequeña ciudad, la población habla de su coterráneo con
cariño. Simão Salgado da Silva, director del Sindicato de Trabajadores
Rurales de Caetés, cuenta lo que las últimas pesquisas de intención de
voto confirman: si las elecciones fueran hoy, Lula sería electo en la primera vuelta. Recortes en programas sociales La sequía que castigó y obligó a Dona Lindu, madre de Lula, a salir
de Caetés con sus hijos para probar suerte en São Paulo aún afecta a la
región. Con una mayoría de la población rural, Caetés fue una de las
varias ciudades que sufrió con la falta de lluvia prolongada que asoló
la región del Seminario en los últimos siete años. Con su producción
perjudicada, los trabajadores rurales se mantienen gracias al amparo de
los programas sociales creados especialmente durante el primer gobierno
del ex presidente. El [Programa] Bolsa Familia beneficia a cerca del 46% de la población
de Caetés con un valor promedio de US $ 65 (242,34 reales) por familia,
de acuerdo con datos divulgados por el gobierno federal. “La mayoría de
los agricultores vive del Bolsa Familia, porque tuvimos una sequía
prolongada aquí en el Nordeste, sin que podamos ganar de la labranza, y
la mayoría de esa población se mantuvo con el Bolsa Familia, que hoy
está siendo recortado. Y ya estamos sintiendo la diferencia”, cuenta
Simão Salgado. Otra política pública que transformó la vida de los habitantes de
Caetés fue el Programa 1 Millón de Cisternas, creado en 2003, que
permitió el consumo de agua a muchos brasileños. El programa, que
instaló más de 111 mil cisternas solo en 2014, viene sufriendo con los
recortes de las políticas sociales realizados por el gobierno de Michel
Temer (MDB). En 2017, por ejemplo, se instalaron apenas 27 mil
cisternas. Una de las brasileñas cuya vida fue transformada por el programa fue
Teresinha Ferreira de Oliveira. La agricultora de 61 años es natural de
Caetés y cuenta que ahora tiene agua entubada en casa. “Antes era camión
cisterna, una lucha para coger agua en la calle. Las mujeres luchando
porque no teníamos agua, pero ahora hay agua”, cuenta la pernambucana,
que es otra votante empedernida de Lula. 11 millones vuelven a la pobreza Brasil salió del Mapa del Hambre en 2014. El levantamiento
es elaborado desde 1990 por la Organización de las Naciones Unidas para
Agricultura y Alimentación (FAO). Para salir del mapa, el país debe
tener menos de 5% de la población ingiriendo menos calorías de lo que se
recomienda. La inseguridad alimentaria grave pasó a un nivel bajo, de
3,2%, solo en 2013 y por eso Brasil salió del indeseable mapa. Sin embargo, el Informe Luz, elaborado por cerca de 20 entidades de
la sociedad civil, muestra que hay el serio riesgo de que el país vuelva
al mapa del hambre. Esto porque el hambre está intrínsecamente
vinculada a la pobreza extrema – que ya afecta a 11,8 millones de
brasileños, conforme levantamiento de la organización ActionAid Brasil.
Arte: Fernando Bertolo
* Es un área fitogeográfica de la Región Nordeste de Brasil de
transición entre la zona del bosque atlántico y el sertón, que se
extiende por los estados brasileños de Bahia, Pernambuco, Paraíba y Rio
Grande do Norte. ** Los quilombos son asentamientos rurales de población mayoritariamente negra, creados inicialmente por esclavos fugados.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Pilar Troya
SONDEO
Si las elecciones en Brasil fueran hoy, Lula sería electo en primera vuelta
La batalla legal del 8 de julio por la liberación de Lula contribuyó al cambio de la intención de voto de los indecisos
Según
un sondeo realizado entre los días 18 y 20 de julio, Lula vencería las
elecciones en todos los escenarios / Foto: Ricardo Stuckert
Detenido
en la Superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba
desde hace más de 100 días, Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo el
favorito para las elecciones de este año. Es lo que demuestra el sondeo
encomendado por la Central Única de los Trabajadores (CUT) y realizado
por el instituto Vox Populi entre los días 18 y 20 de julio.
La intención de voto por Lula, candidato por el Partido de
los Trabajadores (PT) llega a un 41% según el sondeo, cuando se presentó
todos los candidatos a los entrevistados. En el sondeo anterior,
realizado en mayo, había un 39% de intención de voto por Lula.
La suma de la intención de voto por todos los otros
adversarios alcanzó 29% en julio, según el sondeo CUT/Vox Populi
divulgado este jueves (26). Considerando los votos válidos, eso
significa que Lula sería electo en la primera vuelta si las elecciones
fueran hoy.
Realizado después del 8 de julio cuando se negaron dos
solicitudes de un juez de segunda instancia del Tribunal Regional
Federal de la Cuarta Región (TRF4) para liberar el ex mandatario,
el sondeo demuestra el aumento de la intención de voto a Lula en todos
los escenarios, con diferentes candidatos y candidatas como rivales.
Para la socióloga Marisol Recaman, directora del instituto de sondeo
Oma Investigación, más allá del aumento, la encuesta indica un
fortalecimiento de la esperanza entre los electores después del 8 de
julio. “Al contrario de lo que pueda parecer, los electores de Lula
veían como una imposibilidad que Lula fuera candidato, pero después del 8
de julio, retomaron su candidato original”, interpreta.
El porcentaje de los que no votarán por nadie, así como
votos blancos y nulos, totalizó un 18%. En mayo, la suma correspondía a
un 21%.
En segundo lugar, con cerca de un tercio de la intención de
voto de Lula, se ubica el diputado de extrema derecha por el Partido
Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, que se mantiene con un 12%,
seguido por el candidato de centro por el Partido Democrático Laborista
(PDT por sus siglas en portugués), Ciro Gomes, que alcanzó un 5%. Marina
Silva, candidata de centro derecha por el partido Red de Sostenibilidad
(REDE) cayó de un 6% a un 4%, empatada con el candidato de derecha por
el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y ex gobernador de
São Paulo, Geraldo Alckmin, que también tiene un 4%. Otros candidatos
registran 1% o menos.
En las simulaciones de segunda vuelta, Lula sigue liderando contra
cualquier otro adversario, con una variación de 50 o 52% de la intención
de voto.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Luiza Mançano
Partido de los Trabajadores inició protestas para exigir la liberación de Lula
Las movilizaciones continuarán hasta el próximo 15 de agosto, cuando se registre la candidatura del expresidente.
sábado 14 de julio de 2018 - CARAS Y CARETAS
El
Partido de los Trabajadores, que lidera Luiz Inacio Lula da Silva,
inició este fin de semana una campaña de protestas en las principales
ciudades de Brasil para exigir la liberación del ex presidente brasileño
y defender su candidatura para las elecciones presidenciales del
próximo 7 de octubre. Las
movilizaciones se prolongarán hasta el próximo 15 de agosto, cuando se
registrará en Brasilia la candidatura del exmandatario, a pesar de estar
virtualmente inhabilitado. ¨El pavor que los poderosos sienten no
es hacia mí, Lula, sino a escuchar la opinión de los brasileños en
elecciones libres. Es el pueblo brasileño el que necesita recuperar su
libertad democrática¨, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores
en un mensaje enviado desde prisión en la ciudad de Curitiba en la que
está recluido desde el pasado 7 de abril. Por su parte la
presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, afirmó en un acto en el
estado de Paraíba (nordeste), que “a pesar de estar preso hace casi 100
días, Lula continúa al frente de todos los sondeos de intención de voto”
lo que significa que “la población quiere votarle”. “Lula
es hoy el único candidato y la única persona en condiciones de sacar al
país de la crisis y conducir a Brasil hacia una pacificación nacional¨,
sostuvo Hoffmann.
MÈXICO
México gasta más de 77.000 millones de dólares en seguridad pero aumentan los crímenes
Publicado: 19 jul 2018 18:51 GMT - RT
A pesar de este coste para el erario público
entre 2013 y 2018, México es el país del continente americano con
mayores índices de violencia e impunidad.
Soldados en la escena de un crimen en Monterrey, México, 10 de abril de 2018.
Daniel Becerril / Reuters
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la estrategia de seguridad habrá costado 77.215.463.939,40dólares del erario (1.455.635.040.000,00 pesos).
El monto corresponde al gasto federal en seguridad nacional y seguridad
pública, ejercido entre el 1 de enero de 2013 y hasta el 30 de
noviembre de 2018, revelan los presupuestos públicos para esos años. Pese al millonario desembolso, México es actualmente el país con mayores índices de violencia e impunidad en el continente americano, con más de 90 homicidios dolosos al día (tasa que se alcanzó los primeros meses de este año). La
crisis de inseguridad también se ha recrudecido por otros graves
delitos, como desapariciones, secuestros, robos con violencia y ataques
armados que ocurren por doquier.
El gasto multimillonario
Considerados
prioritarios en la agenda del saliente mandatario Peña Nieto, los temas
de seguridad nacional y pública han tenido como eje el combate armado a
la delincuencia organizada, en particular a los cárteles de la droga,
privilegiando el gasto de policías, militares y marinos. En el periodo de seis años, el mayor egreso lo concentra la seguridad pública: 49.556.730.993,66 dólares (934.223.670.000 pesos); mientras que en seguridad nacional ascenderá
a 27.658.732.945,74 dólares (521.411.370.000 pesos), indican los
análisis 'El presupuesto público federal para la función seguridad
nacional' y 'El presupuesto público federal para la función seguridad
pública' (de 2013 a 2018).
Los 12 estudios –elaborados
por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara
de Diputados– refieren que la seguridad pública tiene como objetivo
"salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos", y la nacional
busca "mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
mexicano".
El destino del dinero
Aunque tienen objetivos
distintos, esos rubros se han centrado en la lucha militar contra el
narcotráfico. Por ello, al cierre de este año la Secretaría de la Defensa Nacional
habrá ejercido 19.695.140.465,53 dólares (371.284.910.000 pesos):
18.519.768.613,80 para labores de seguridad nacional y 1.175.371.851,72
dólares para seguridad pública. Y es que un promedio mensual de 133.599 militares participan en el "patrullamiento para la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales", indican los datos oficiales más recientes. Otra institución fundamental ha sido la Secretaría de Marina, que habrá ejercido 7.430.942.201,19 dólares (140.085.150.000 pesos) para seguridad nacional, entre 2013 y 2018. Los
presupuestos han venido creciendo año con año, señala Jorge Retana
Yarto. El especialista en economía internacional e inteligencia para la
seguridad nacional cuestiona: "¿Los incrementos para las dos principales
instituciones han traído como consecuencia una mayor seguridad para los
mexicanos y una mayor seguridad nacional para el Estado? La respuesta es radicalmente no".
La
tendencia presupuestal, refiere el académico de la UNAM, "de ninguna
manera tiene que ver con una mayor eficacia: la relación entre el
volumen de recursos aplicados y los resultados es totalmente negativa
para el segundo aspecto". De acuerdo con el 'Índice global de impunidad México 2018', este es el cuarto país con mayor impunidad a nivel mundial y el primero en América, pues menos del 4% de los delitos denunciados se resuelve.
Estrategia fallida
Para
el doctor en antropología Carlos Antonio Flores, la estrategia
antidrogas falló a pesar del gasto. El investigador del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social observa que
eso se debe a "la negativa de la autoridad a romper la impunidad que gozan los grupos de poder vinculados a la delincuencia organizada, y por mantener intocado el patrimonio [de los criminales]". Añade
que "no puede haber estrategia exitosa en condiciones donde la
legalidad se aplica de manera discrecional para garantizar impunidad". En la lucha contra el narcotráfico, la Secretaría de Gobernación
también juega un papel fundamental: controla la Policía Federal y el
órgano de inteligencia civil (Centro de Investigación y Seguridad
Nacional). Al cierre del sexenio, sus gastos ascenderán a
20.174.515.690,97 dólares (380.321.900.000 pesos): 18.743.026.586,60
dólares para seguridad pública y 1.431.489.104,37 para seguridad
nacional.
La Presidencia de la República también ejerce
recursos para seguridad nacional (por 276.534.087,29 dólares); y en
seguridad pública, otros actores involucrados son: el Poder Judicial de
la Federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, las entidades federativas y los
municipios. El doctor Flores observa que en México el concepto de
seguridad nacional se ha degradado porque no hay definición de intereses
nacionales. "Los que se hacen pasar por tales son, en general,
intereses de grupos que hegemonizan las instituciones y las emplean a
conveniencia". La estrategia contra el crimen organizado –que
prioriza el uso de la fuerza– será abandonada por el próximo gobierno
del centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador, según se ha dicho, para buscar la pacificación del país. Nancy Flores
Las consecuencias de la militarización en México que debes conocer
En
Argentina, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que permite la
participación de las FFAA en la seguridad pública del país. Sputnik
consultó a un experto mexicano para conocer lo que ha dejado una década
de militarización en México.
La
decisión de iniciar un "combate frontal" a las organizaciones
encargadas del tráfico de drogas en México fue anunciada públicamente a
fines de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón acababa de asumir la
Presidencia de la República Mexicana.
Aunque
los militares venían desempeñando estas tareas en México desde el
Gobierno de Ernesto Zedillo, quien dirigió el país desde 1994, en las
mismas épocas en que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, la decisión de Calderón significó una salida masiva
de los militares a la calle con el amparo de la "guerra contra el
narcotráfico".
"Nos parece inconcebible que en el siglo XXI se
estén retomando agendas políticas y económicas que contemplen la
participación de militares, cuando la tendencia debería ser al revés",
dijo a Sputnik José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Para el especialista, "la experiencia mexicana sobre la participación
de militares en tareas de seguridad ha demostrado ser una vía
inadecuada, no solo para garantizar la seguridad sino por los graves
efectos que ha generado en la erosión del Estado de derecho, sino
también en las graves violaciones que se han cometido en los últimos 12
años". Según él, entre las principales violaciones que se generalizaron en este período están:
La tortura generalizada como método de investigación. "Por lo
general, las autoridades policíacas o militares detienen a jóvenes bajo
prejuicios, asumiendo que son consumidores o traficantes de drogas.
Teniendo o no drogas consigo, se los llevan a lugares para torturarlos y
obtener información del negocio que quieren combatir. Si no tienen
drogas, se las siembran y los acusan del delito de narcotráfico",
explicó.
Se registró un aumento de las desapariciones forzadas derivadas de
la muerte por tortura. En entrevista con Sputnik, Guevara mencionó dos
casos representados por la Comisión, en donde los militares
desaparecieron los cuerpos de las personas que habían detenido
arbitrariamente y torturado, para no dejar huella del crimen cometido.
"Además, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU le
ha dicho a México en reiteradas ocasiones que mientras no se tengan
investigaciones imparciales e independientes que determinen quién fue el
responsable de la desaparición, no podemos descartar la posibilidad de
que en esos casos hubo involucramiento de agentes del Estado", sostuvo.
Hubo un avance de la impunidad en casos que involucran a militares.
"Es un hecho no controvertido que las instituciones que investigan los
delitos en México están totalmente colapsadas y además no tienen ninguna
voluntad para investigar los delitos cometidos por las FFAA en el
contexto de las tareas que están desempeñando en seguridad pública",
dijo Guevara a esta agencia.
Para
él, el efecto de la militarización de la vida pública sostenida en una
política represiva de las drogas, afecta principalmente a jóvenes y
mujeres que recurren a la posibilidad de vender drogas para subsistir o
mantener a su familia, mientras que "las personas que se benefician del
negocio, que son los empresarios, los políticos y los grandes
narcotraficantes viven tranquilos sin que se les persiga ni se les
investigue", analizó.
"El riesgo que corre Argentina de fortalecer a
las FFAA, que ya tuvieron su historia lamentable de abusos cometidos
bajo la supuesta doctrina de protección de la patria, es que volvamos a
abrir heridas que no han sanado en ese país ni en América Latina. La
apuesta por utilizar a los militares no debiera existir en las
sociedades democráticas del siglo XXI porque hemos visto que sólo
cometen excesos", sostuvo a esta agencia.
La despenalización de la marihuana en México: ¿Una forma de encarar la violencia?
Publicado: 20 jul 2018 18:30 GMT - RT
Javier Buenrostro
Desde diciembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador habló de una justicia transicional (amnistía)
como una de las muchas posibles formas que ayuden a construir una
salida a la violencia que vive México. Ampliamente discutidos los pros y contras
de esta justicia transicional por los especialistas, es evidente que
esta no podría venir sola. Se tendrían que hacer más reformas legales
que vayan de la mano de la justicia transicional y una de estas tendría
que ser la despenalización de algunos tipos de drogas. Solamente
un par de días de después del triunfo electoral de AMLO, Olga Sánchez
Cordero, quien ha sido designada como futura Secretaria de Gobernación
(ministra del Interior), declaró que el gobierno de López Obrador estaba
dispuesto a iniciar un amplio debate alrededor de la despenalización de
las drogas, especialmente la marihuana como punto de arranque. Es,
afirma, una forma distinta de encarar la violenciaque vive México, otra vía que busca la pacificación del país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia en Ciudad de México. 10 de julio de 2018.
/ Daniel Becerril
/ Reuters
Las primeras propuestas (no formales todavía) consisten en despenalizar la producción y uso de marihuana, así como el uso de la amapola con fines farmacéuticos.
La urgencia por cambiar la política de drogas en México se debe a que
el enfoque prohibicionista que actualmente rige en el país provoca la
detención de pequeños consumidores que se encuentran en posesión de
cantidades mínimas de marihuana a los que se les extorsiona por este
motivo. Esto es, se castiga al pequeño y ocasional consumidor en lugar
de a los grandes productores de la droga que atentan contra la salud
pública y que son los mayores artífices de la violencia actual. La mayoría de la marihuana producida en México tiene como objetivo los mercados de Estados Unidos y Canadá.
A pesar de eso, la política prohibicionista de México ya va a
contracorriente de lo que está sucediendo con sus vecinos del norte.
Desde noviembre de 2012 los estados de Washington y Colorado, en Estados
Unidos, aprobaron la legalización de la marihuana para uso recreativo.
En 2014, Colorado se convirtió en el primer estado de la Unión Americana
donde se comercializa públicamente la cannabis y productos relacionados
con ella. Actualmente la marihuana es legal con fines medicinales en 29
estados y con fines lúdicos en nueve de ellos. Por su parte, el Senado
de Canadá aprobó en junio pasado el proyecto de ley C45 que permite
consumir, producir y vender marihuana de forma legal con fines
recreativos.
"De mantener el carácter ilegal de este producto, México seguirá
poniendo los muertos y la violencia, y el Estado verá como en lugar de
obtener ingresos por impuestos se produce cada vez una mayor sangría en
el presupuesto social del Estado por destinársele en cambio a cuestiones
de combate al narcotráfico".
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Con dos de los principales
mercados en nuestro continente legalizando el consumo y la producción de
la marihuana, parece un sin sentido y un despropósito que se mantenga
su prohibición en el territorio nacional. Canadá y Estados Unidos no
solo cuentan con una mayor cantidad de consumidores, sino que la
comercialización, y el pago de impuestos de los productos
pueden arrojar importantes cantidades de ingresos adicionales a las
arcas públicas que se pueden destinar a los sistemas de salud en lugar
de a los de seguridad. De mantener el carácter ilegal de este producto,
México seguirá poniendo los muertos y la violencia, y el Estado verá
como en lugar de obtener ingresos por impuestos se produce cada vez una
mayor sangría en el presupuesto social del Estado por destinársele en
cambio a cuestiones de combate al narcotráfico.
¿En qué punto del debate se encuentra México?
La
visión de la futura Secretaria de Gobernación no es una mirada aislada.
Ya otras voces dentro del mismo gobierno actual han hecho eco de esta
propuesta con anterioridad. El actual titular de Turismo, Enrique de la Madrid, ha sugerido legalizar la marihuana en el país. Para Juan Ramón de la Fuente, ex Rector de la UNAM y también antiguo Secretario de Salud, en México existen las condiciones necesarias para la legalización. También se han manifestado a favor el ex presidente Vicente Fox
y otros secretarios de Estado. Entre los especialistas, gente como
Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo o Froylán Enciso, académicos
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de su
Programa de Políticas de Drogas (PPD), han manifestado reiteradamente
estar a favor de la despenalización de la droga y mostraron su
beneplácito ante la posibilidad de que se abra un debate nacional sobre
el tema y se pueda legislar a conciencia.
"La despenalización de la marihuana y quizás del cultivo de
amapola se impone como una necesidad concreta, como una parte entre
otras muchas que puede abonar a la reconciliación nacional y a una
cultura de paz".
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
La política prohibicionista y el
esquema punitivo con el que se ha hecho frente a la cuestión en los
últimos doce años nos brindan un panorama desolador. 250.000 muertos,
olas de violencia en muchos de los estados de la república y ninguna
disminución en el consumo y el tráfico muestran el fracaso del paradigma
actual y la necesidad de cambiarlo. La necesidad de la despenalización
de las drogas tiene en México matices más profundos y complejos que en
otras partes del globo. La legalización de la marihuana en lugares como Holanda, Uruguay o Canadá es un símbolo de ciudadanías y gobiernos progresistas,
por ejemplo. En México ya no es solo un reflejo de progresismo sino una
necesidad puntual ante la violencia que viven las comunidades en la
mayor parte del territorio nacional. La justicia transicional y la pacificación del país son tareas mayúsculas. El combate a un orden social ilegal
(crimen organizado) que detenta monopolios ilegítimos de la violencia o
compite con el Estado en sus funciones (derecho de piso como un
equivalente de la recaudación fiscal, alcaldes que ponen la nómina y la
obra pública a disposición del crimen organizado, etc) no puede seguir
siendo solamente el viejo esquema de policías y ladrones, que ha
fracasado en la realidad. La despenalización de la marihuana y quizás
del cultivo de amapola se impone como una necesidad concreta, como una
parte entre otras muchas que puede abonar a la reconciliación nacional y
a una cultura de paz.
Marines mexicanos destruyen una plantación de Marihuana en Sierra Juárez, Ensenada. 16 de julio de 2018.
/ Jorge Duenes
/ Reuters
El
cambio de gobierno promete refrescar la discusión y el debate en muchos
puntos de la agenda nacional. La despenalización de las drogas es uno
de lo más apremiantes y a los que se les ha dado de forma inmediata la
importancia y seriedad que merecen. ¿Es compleja y polémica la temática?
Sí, lo es. Pero darle la espalda a este tipo de asuntos nunca ha traído
respuestas concretas. Especialmente ahora que la política de drogas de
nuestros vecinos del norte se ha flexibilizado y no pueden exigir que se
prohíba en países ajenos lo que en el propio está permitido. México merece vivir en paz y para hacerlo hay que explorar todas las alternativas
con sus puntos a favor y en contra. Todas. Incluyendo un debate amplio y
una legislación a conciencia que permita la despenalización de algunas
drogas, la marihuana para empezar.
@BuenrostrJavier
Las declaraciones y opiniones
expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
La 'mexicanización' de la lucha contra la delincuencia: a Argentina le espera un "baño de sangre"
La
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es
una especie de mexicanización de la lucha contra la delincuencia en
Argentina, comentó el investigador Edgardo Buscaglia al canal CNN
respecto al decreto, firmado por el presidente argentino, Mauricio
Macri, que reformula el papel de las FFAA.
"Usar
a las Fuerzas Armadas en una especie de mexicanización de la lucha
contra la delincuencia organizada es un riesgo político muy alto", señaló
Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia, de Nueva York y
director del Instituto de Acción Ciudadana de México, así como
filántropo de renombre internacional que se dedicada a apoyar a las
organizaciones no gubernamentales en su combate y prevención del crimen
organizado.
Según el investigador, los mismos grupos de interés, empresas de
seguridad y personajes de la DEA (Administración para el Control de
Drogas, por sus siglas en inglés) y la CIA (Agencia Central de
Inteligencia, por sus siglas en inglés) llegaron a Argentina desde EEUU
con unas políticas públicas fallidas de represión, al igual que en
México.
El Gobierno argentino argumenta que no va a colocar al Ejército en
las calles de la misma manera que lo hizo México, pero lo que están
haciendo es tratar de cambiarles de uniforme y transformarlos en
gendarmería, observó Buscaglia.
"Cambiar de uniforme al Ejército no va a
evitarles el gran riesgo de que en Argentina se produzcan nuevamente
violaciones masivas de los derechos humanos", afirmó.
Según el experto, es necesario traer a Argentina "alternativas de
políticas públicas para que no cometa los mismos errores que cometió
México en su momento y evitar todo ese baño de sangre que
lamentablemente le espera a Argentina si continúa con este curso".
El decreto oficializado
el 24 de julio por el actual Gobierno señala que "el Ministerio de
Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la
organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las
Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo
logístico a las Fuerzas de Seguridad".Precisamente este punto, el de una posible intervención de los
militares en las tareas de seguridad pública, ha generado críticas por
parte de la oposición política, especialistas y organizaciones de
derechos humanos. Más: Organizaciones políticas y de DDHH marchan en Argentina contra el decreto sobre FFAA
El
Gobierno asegura que la regulación del decreto 727/2006 solo les
asignaba a las Fuerzas Armadas la defensa nacional ante el ataque de un
Estado extranjero y que bajo este nuevo concepto se les abre la
posibilidad de combatir el narcotráfico y los ciberdelitos, por ejemplo.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el decreto y
dijo que "hay que dar la oportunidad a los militares de insertarse en la
democracia". Además, según reiteraron varios referentes del Ejecutivo, esto no
significa que utilicen a los militares para combatir la delincuencia
interna ni tampoco para reprimir la protesta social. Además: ¿Qué objetivos estratégicos custodiarán las Fuerzas Armadas en Argentina?
Portada Diario La República Fecha Jueves 6 de Julio de 2017
#LaOtraMiradaPlan Atlanta: ¿Un Cóndor suave?
Escrito por Guillermo Alvarado para Radio Habana, Cuba
LA REPÙBLICA uy
Circuló
la información sobre la existencia de un denominado “Plan Atlanta”,
creado en 2012 en esa ciudad estadounidense con el objetivo de derrocar a
los gobiernos progresistas de América Latina y El Caribe y consumar lo
que dio en llamarse la restauración conservadora, es decir el retorno a
los regímenes neoliberales que sembraron de pobreza, tristeza y dolor a
nuestra región. Detrás de esa iniciativa está, por supuesto, el gobierno de Estados
Unidos con su ministerio de colonias, la desprestigiada Organización de
Estados Americanos, OEA, y algunos expresidentes de orientación
marcadamente anticomunista, que añoran con retornar al poder para su
beneficio personal. El tema lo dio a conocer por medio de un artículo el presidente de la
Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, el dominicano
Manuel de Jesús Pichardo, y lo reiteró el diario uruguayo La República
en voz del ex senador del Frente Amplio, Carlos Baráibar. El político señaló al antiguo gobernante Luis Alberto Lacalle Herrera
de haber participado en el encuentro que dio origen al Plan Atlanta,
mientras el vicepresidente Raúl Sendic afirmó que el hostigamiento por
parte de los medios de comunicación de que es víctima bien puede tener
su origen en este programa. Se trataría, ni más ni menos, que de una especie de Plan Cóndor
“suave”, destinado a quebrantar el orden institucional y crear caos para
deponer gobiernos progresistas o propiciar una intervención foránea
como supuesta “salvadora” de la democracia. El proyecto habría tenido un tubo de ensayo en el golpe de Estado
contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009, y se probó más
tarde con la separación de su cargo del jefe de Estado de Paraguay,
Fernando Lugo, por vía parlamentaria. El Plan Atlanta consta de dos etapas bien definidas, la primera de
ella consiste en utilizar a los grandes consorcios mediáticos para
realizar una intensa campaña de desprestigio contra gobernantes o
líderes de izquierda, utilizando falsedades que los involucren en
presuntos casos de corrupción y otros supuestos delitos o, inclusive,
utilizar detalles, falsos o no, de su vida íntima. Cuando esta fase ha prendido en el imaginario popular, se pone en
práctica la segunda que consiste en judicializar los falsos hechos por
medio de tribunales que previamente fueron trabajados para conseguir una
condena. Un caso ejemplar de estas maniobras fue el golpe contra la presidenta
de Brasil, Dilma Rousseff, y los procesos que se pretende iniciar
contra el ex jefe de Estado y una de las principales figuras de la
izquierda para las próximas elecciones, Luis Inacio Lula da Silva, para
impedir su candidatura. El Plan Atlanta también se aplica contra Venezuela, aunque en este
caso incluye otras variantes, entre ellas la violencia y actos
terroristas destinados a crear un ambiente de desestabilización que
podría ser usado para justificar una agresión armada. Sea lo que sea, lo que se ha vivido hasta hoy en nuestra región pone
en evidencia la marcha de una conspiración para detener el ciclo
progresista y llevar a nuestros pueblos de regreso al neoliberalismo y
la opresión y mantenernos desde el río Bravo hasta la Patagonia como un
inmenso patio trasero del imperio norteño.
La escuela de la sospecha
Ignacio De Boni y Mariana Tenenbaum / Foto: Mariana Tenenbaum
Es
lunes y mucha gente espera que empiece la segunda charla de Filósofos
Lunáticos, a cargo del argentino Darío Sztajnszrajber. La mayoría son
jóvenes, lo que deja claro cuál es el público que el filósofo convoca.
Esta sesión le tocó a un tal Karl Marx, uno de los filósofos más
reconocidos, leídos e influyentes de la historia del pensamiento. No hay
intelectual a quien Marx le sea indiferente. Incluso cuando alguien
adopta ideas y posturas sobre cómo son o podrían ser la sociedad, la
política y la vida, está, sabiéndolo o no, defendiendo o rechazando
conceptos planteados por Marx. En su charla, Sztajnszrajber
desnaturaliza las cosas tal como se nos presentan y cuestiona el sentido
común, haciendo honor a su frase de cabecera: “la filosofía no resuelve
problemas; los crea”.
No
para de entrar gente al vestíbulo de la Sala Zitarrosa. Los más
puntuales se amontonan contra la puerta y a sus espaldas se va formando
una fila que termina afuera, con caras de frío, brazos cruzados y dando
saltitos para aguantarlo. Encima son casi las siete de la tarde, y en 18
de Julio a esa hora se desatan unas correntadas de ese viento uruguayo
helado que te aguijonea todo centímetro de piel que quede a la
intemperie. Adentro se respira un ambiente limítrofe entre lo
universitario y lo artístico, entre estudiantes antes de una clase
teórica y espectadores antes de una obra —de hecho, esa zona difusa y
difícil de encasillar es la que le gusta habitar al protagonista del
evento—. Predominan los jóvenes universitarios, con el aspecto
inconfundible del estudiante de las áreas social, humana o artística.
Esa estética intelectual típica de la que es difícil hacer una
descripción única y al mismo tiempo es fácil hacerse una imagen mental
bastante acertada. Disquisiciones estéticas aparte, es lunes 11
de junio y toda esa gente está esperando que empiece la segunda charla
del Curso de Filósofos Lunáticos, a cargo del conocido filósofo
argentino Darío Sztajnszrajber (la primera charla fue sobre Spinoza). La
propuesta del ciclo, dividido en seis encuentros con una frecuencia
mensual, es abordar en cada uno los conceptos centrales de un autor que
ayude a pensar y entender el mundo contemporáneo. Esta segunda sesión le
tocó a un tal Karl Marx, seguramente uno de los filósofos —por nombrar
solo una de sus actividades intelectuales y políticas— más reconocidos,
leídos e influyentes de la historia del pensamiento. No hay un
intelectual a quien Marx le sea indiferente. Incluso más: cuando
alguien, cualquiera sea, adopta ideas y posturas sobre cómo son o
podrían ser la sociedad, la política y la vida, está, sabiéndolo o no,
defendiendo o rechazando conceptos planteados por Marx. Y de yapa, este
2018 se cumplen 200 años de su nacimiento. La gente y el lugar
permiten anticipar el tono que tendrá el evento. La gran mayoría de los
asistentes son jóvenes, lo que deja claro cuál es el tipo de público que
convoca Darío. Es un filósofo para jóvenes. Tiene una actitud buena
onda y canchera, una estética de intelectual medio rockstar, de pelo
largo y vestimenta tirando a lo juvenil (camisetas con estampados
originales, championes tipo All-Star, buzos gastados, etc). Trae
constantemente ejemplos de la vida cotidiana de los jóvenes y los
comunica mediante expresiones coloquiales. Dice palabras como “mierda” y
“coger” sin ningún problema. Su aspecto, sus modos y sus propuestas
—recordemos que desde hace años encabeza un espectáculo artístico en el
que se mezclan música y filosofía— lo pintan como un intelectual de la
posmodernidad que asume su condición y se construye como sujeto
posmoderno. El lugar también habla. Es una clase en un teatro, en
una sala coqueta donde se suelen hacer recitales y obras, y que
predispone a la gente a sentarse a ver un espectáculo mucho más
entretenido que una clase común y corriente. Y eso que al final lo que
hace Darío no es más que dar una clase, pero con una puesta en escena
cautivante, casi teatral, en la que aparece como un orador sentado en un
escritorio sobre un escenario a media luz, en lugar de como un profesor
robótico que pasa sus diapositivas en el salón 6 de una facultad
cualquiera. Hay una clara intención de entender y enseñar la filosofía
como un arte o una forma cuasi artística de pensamiento que implica la
seducción del espectador, su puesta en trance. Darío
Sztajnszrajber es, más que nada, un docente. Un tipo realmente
obsesionado por que cada palabra llegue a quien lo está escuchando y
este pueda decodificarla y otorgarle un sentido dentro de la narración.
Su voz forma un hilo envolvente cuya fluidez casi musical es
interrumpida a propósito con preguntas descolocantes que buscan la
desnaturalización de las cosas tal como se nos presentan y el
cuestionamiento del más básico sentido común, haciendo honor a su frase
de cabecera: “la filosofía no resuelve problemas; los crea”. El marxismo… ¿sigue vigente? Comienza
la clase diciendo que su intención es rescatar al Marx pensador y
usarlo para pensar el mundo de hoy, en el entendido de que muchas de las
categorías de Marx siguen presentes en la actualidad. “La moneda se
vuelve metal”, cuando la metáfora no alcanza a explicar la realidad,
según él es posible resignificar las ideas de Marx en nuestro tiempo. Si
se trata de cuestionar lo dado (que por definición se presenta como lo
obvio), Marx era realmente un pesado. Prácticamente toda su obra apunta a
mostrar que lo que se nos presenta como natural o normal es en verdad
una construcción histórica y social, y que, como tal, es contingente y
transformable. Esto es lo que afirma en una frase de una potencia
inigualable, acaso no lo suficientemente recordada y valorada: “La
naturaleza humana es el conjunto de sus relaciones sociales”. No existe
ningún tipo de determinismo natural en las construcciones humanas.
Ningún modo de producción y organización de la vida humana existe porque
está inscripto en nuestra naturaleza o porque somos biológicamente
propensos a adoptarlo, sino que es el resultado de una determinada
configuración de relaciones sociales. O sea, es una construcción social,
histórica y cultural que de natural no tiene nada. Marx utilizó
estos argumentos para hacer una crítica radical al sistema capitalista.
Las relaciones sociales que se establecen en el capitalismo son
relaciones de poder en las que la propiedad privada de los medios de
producción genera la opresión de los trabajadores —su explotación— por
parte de los capitalistas, y, como resultado de esto, la miseria de los
primeros y el privilegio de los segundos. Luchando contra la
naturalización del capitalismo como el único modo posible de producir y
organizar el mundo, Marx insiste en que siempre se trata de una
imposición en beneficio de unos pocos. Un sistema de relaciones basado
en la dominación. Es necesario dominar a la gente para que acepte sin
demasiada resistencia el capitalismo. Pero la clave es que esa
imposición nunca debe aparecer como tal, sino como una fuerza natural a
la que no tiene sentido oponerse. Ya lo dijo Foucault: “donde hay poder
hay resistencia”. Entonces, la forma de que no haya resistencia es que
el poder no se presente como la imposición de una opción entre otras
posibles, sino como el estado natural y normal de las cosas. Por esto la
dominación capitalista es tan efectiva. “El poder siempre nos hace
creer que las cosas solo pueden ser de la forma en que son”, dice Darío. La explotación nuestra de cada día “La
escuela de la sospecha” es una expresión famosa del filósofo francés
Paul Ricoeur para denominar la actitud de búsqueda permanente, de
escepticismo y casi obsesión por el des-cubrimiento que caracterizó a
sus tres maestros: Marx, Nietzsche y Freud. La expresión es potente, y
en el caso de Marx, muy fiel a su vocación intelectual y política. Nada
es lo que parece. Una vez más, hay que desconfiar de lo que viene dado,
de lo que aparece como evidente, pero ya no solo para entender que es
una construcción social impuesta y no natural, sino para ver más allá y
descubrir que en el fondo las cosas no son como nos las muestran. Otro
filósofo francés, Jean Baudrillard, era aún más radical, decía que lo
que aparece ahí está colocado ahí justamente para ocultar que en verdad
lo que hay ahí no es eso. Para Marx, todo el aparato cultural del
capitalismo (pensemos, por ejemplo, en la publicidad, en las charlas
motivacionales, en el entretenimiento mediático) existe para encubrir la
explotación, que es la relación de poder básica y brutal que sostiene
todo el sistema. Desde un punto de vista estrictamente económico, la
explotación es la extracción de plusvalía del trabajo del trabajador por
parte del capitalista, que está dada por la diferencia entre el valor
que el trabajador agrega al producto por medio de su trabajo y el
salario que percibe por hacerlo. Dicha diferencia es la ganancia que
obtiene el capitalista y, desde la perspectiva de Marx, ni más ni menos
que un despojo al trabajador. La explotación tiene como resultado un
acceso diferencial a la riqueza producida por el capitalismo, y como tal
es un mecanismo de generación y reproducción de la desigualdad social.
Algunas películas que tratan sobre su vida muestran las reuniones de los
primeros grupos sindicales (clandestinos, por supuesto) en las que Marx
iba a explicar, con paciencia y fervor a la vez, su teoría de una
explotación que los trabajadores presentes vivían en carne propia. Jamás
sabremos cuánto hay de ficción y cuánto de realidad, pero las caras de
los escuchas cuando entienden la lógica del sistema son para encuadrar. En
las sociedades posmodernas en las que vivimos, estas formas de
explotación laboral pueden parecernos un poco anacrónicas,
pertenecientes a una época que ya no existe. El mundo capitalista que
describió Marx consistía en sociedades europeas industriales y modernas,
donde las relaciones económicas asumían la dualidad
capitalista-trabajador, mediada por el trabajo fabril y el salario. A
pesar de lo dicho comúnmente (para sacarse de encima el fantasma de Marx
tildándolo de obsoleto), las relaciones laborales de explotación
clásica siguen existiendo en las actividades económicas tradicionales.
¿Acaso no existen fábricas, empresas o establecimientos rurales con
patrones y empleados? Sin embargo, es cierto que las
transformaciones del capitalismo han dado lugar a sociedades
posindustriales y pos-salariales en las que la economía ya no está tan
estructurada por la relación salarial, como sucedía antes. Muchos han
interpretado esto como el fin de la explotación. Lejos de eso, la
explotación y la extracción de renta se han extendido hacia campos a los
que no llegaban, pero lo hacen de un modo que al ser mucho más sutil,
es más difícil de identificar. Digamos, a grandes rasgos, que la
explotación es la apropiación por parte del capital de un beneficio por
el cual no paga. En este sentido, existen muchas situaciones cotidianas
en las que el capital se beneficia de nosotros pero no a través de la
explotación clásica. En las sociedades desalarizadas en las que vivimos,
trabajamos sin saberlo. Las grandes cadenas de supermercados descuentan
impuestos con las colaboraciones que nos piden en la caja. Las empresas
de publicidad lanzan concursos de afiches o eslóganes cuyos ganadores
son recompensados con capacitaciones en la misma empresa. La vorágine de
las redes sociales hace que los usuarios seamos al mismo tiempo
consumidores y activos trabajadores que viralizamos sus contenidos,
cuando no los producimos directamente. No es casualidad que en
este contexto hayan tomado fuerza los valiosos aportes feministas a la
economía política marxista. Dichas teorías explican cómo la explotación
de la mujer ha sido históricamente un elemento fundamental
(completamente invisibilizado) y funcional a la explotación capitalista.
La mujer siempre ha sido la trabajadora no paga sobre la que se basa
todo el funcionamiento: la encargada del trabajo doméstico, la
responsable de la crianza, el sostén anímico del padre de familia. Su
trabajo es nada menos que mantener y reproducir la fuerza de trabajo que
el capital utiliza, y nadie le paga por ello. La revolución es violenta El
conflicto estructural del capitalismo entre el capital y el trabajo, es
decir, entre grupos con intereses antagónicos, da lugar a la lucha de
clases. Esta es, para Marx, inevitable en sociedades donde la
desigualdad es estructural, inherente al sistema y necesaria para su
reproducción. En ese contexto, las clases entran en conflicto, y ese
conflicto es la fuerza que puede transformar la historia. Una vez
más, en las sociedades posmodernas el conflicto estructural del
capitalismo ya no se da entre capitalistas y trabajadores, porque esos
actores ya no forman el eje central sobre el que funciona el mundo
económico y productivo. El conflicto ahora está planteado entre el
capital y la vida, la naturaleza y las relaciones humanas. La lógica
voraz del capital nos come la vida, nos deja sin tiempo, destruye la
naturaleza, mercantiliza y aliena nuestras relaciones. La única
salida de la explotación y alienación colectiva es la revolución, un
cambio radical de las condiciones de la existencia humana. Una
transformación del sistema, de la forma en que producimos y organizamos
el mundo y nuestras vidas. Como el poder se opone a toda fuerza que
procure cuestionar las jerarquías y desmantelar los privilegios (y lo
hace con una severidad de la que la historia ofrece muchos ejemplos), la
revolución necesariamente ha de ser radical. Por eso Darío
sostiene que el reformismo siempre ha sido un obstáculo para el
propósito revolucionario marxista, ya que propone soluciones parciales
que apuntan a una administración “más humana” del sistema, cambios
progresivos para que sea cada vez mejor, pero nunca se plantea
combatirlo de raíz y superarlo definitivamente. Las críticas por
izquierda a los progresismos latinoamericanos del siglo XXI suelen
realizarse en estos términos. En esta lucha, Darío está parado al
lado de Marx en la certeza de que la filosofía tiene que volverse
praxis, y tiene claro que su arma es la pregunta, ese registro rarísimo
de pensamiento en el que la expresión más inocente puede ser la más
demoledora. La acción filosófica y política de Darío pasa por el
incansable cuestionamiento de lo naturalizado y la visibilización del
poder allí donde parece que no existe: “Ser de izquierda es
desencializar, cuestionar todo aquello que aparece como dado y que no
puede ser de otra manera. Las cosas son de una forma, que no tienen por
qué ser así. La derecha conserva lo que está instalado y lo recubre con
el manto de la naturalidad, la normalidad y la inevitabilidad. Como las
cosas siempre han sido así, entonces está bien que así sean. Bueno,
contra eso hay que luchar”. La próxima charla del ciclo Filósofos
Lunáticos será sobre Heidegger, el 6 de agosto. Las siguientes: sobre
Foucault, el 3 de setiembre, y, para finalizar, sobre Derrida, el 1 de
octubre. Todas las instancias son en la sala Zitarrosa a las 19.30. Por
más información, se puede consultar aquí. Publicado por Radiopedal
URUGUAY
La justicia española aceptó extraditarlo a Uruguay pero nunca notificó que había sido liberado seis meses antes
Coronel Ferro prófugo: grave error de la justicia española
La
situación del coronel retirado del Ejército Eduardo Ferro tiene en vilo
a la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, al
gobierno uruguayo y ahora también al Frente Amplio. A principios de mayo de este año, el Consejo de Ministros de España
aprobó el pedido de extradición. El coronel Eduardo Ferro se había ido a
España, presumiblemente a través de Brasil y con identidad falsa,
cuando fue citado a declarar en calidad de indagado en el marco de la
investigación sobre el secuestro y desaparición del dirigente comunista
Óscar Tassino y por las torturas contra Lilián Celiberti y Universindo
Rodríguez. Una vez detenido para su extradición, Ferro presentó en noviembre del
año pasado, un recurso ante la Fiscalía española y le dieron la
liberación. En setiembre de 2017 fue detenido en España a raíz de la
liberación, por parte de la justicia uruguaya, de una orden de detención
nacional e internacional. Sin embargo, cuando la Justicia española
quiso hacer efectiva esa extradición se encontró con que Ferro estaba
libre. Las autoridades españolas de Interpol se comunicaron con sus colegas
uruguayos sobre la imposibilidad de ser ubicado y se declaró una alerta
roja para su búsqueda y captura. La “desaparición” de Ferro fue
informada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
(Ielsur), organismo que le exigió a la Cancillería uruguaya que reclame
una investigación a raíz de lo sucedido. “Nosotros ya habíamos tenido un encuentro con Cancillería donde se le
pidió especial cuidado sobre Ferro para que no se fugara, que se
tomaran todos los recaudos de acuerdo al protocolo y nos enteramos
después que se fugó. Que Ferro siga prófugo es una vergüenza y aunque es
un tema de los españoles le reclamamos a la Cancillería que pida
explicaciones”, dijo al Portal Ecos la integrante del colectivo Elena
Zaffaroni. Para los familiares el nivel de información que maneja Ferro fue
clave para su situación actual. “Por el nivel que ocupó durante la
represión es posible que tenga información y recursos que le permitan
sortear con éxito los mecanismos de algunos países”, agregó Zaffaroni.
Además de los casos de Óscar Tassino, Lilián Celiberti y Universindo
Rodríguez, a Ferro se lo acusa de asesinar al dirigente Fernando
Miranda, padre del actual presidente del Frente Amplio, Javier
Miranda.En diálogo con LA REPÚBLICA, Miranda dijo que la fuga de Ferro
es un “problema serio y me toca directamente”. “Lo veo con mucha preocupación, porque además fue un error judicial
español, un grave, un grave error judicial español a raiz del cual
termina quedando libre y definitivamente fugada una persona que estaba
requerida por crímenes contra la humanidad”, agregó. Miranda manifestó que no se trata de la situación que se había
planteado en Italia, con el pedido de extradición de Jorge Troccoli.
“Ese fue otro problema, ahí hubo otros errores de distinta naturaleza
relacionados al tramite de extradición. En este caso, no pasó eso”.
Afirmó que una vez haber tomado conocimiento de este tema, entabló
personalmente contacto con la Cancillería. “Ha habido mucho diálogo con la Cancillería, incluso con nuestra
embajada para saber qué estaba pasando”. Sobre el proceder de la
embajada, dijo que no hay nada que reprochar. “No tengo nada que decir.
Por eso hice énfasis en que es claramente un error judicial español”. ¿Quién es Ferro? La carrera militar de Ferro en el Ejército comenzó en marzo de 1964.
Durante la dictadura, tuvo activa participación en el Plan Cóndor. En
1978 participó del secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián
Celiberti en el marco del “Operativo Zapato Roto”. Ferro es investigado también por el secuestro y la desaparición del
dirigente Óscar Tassino en 1977. Trabajó como agente represor en
Argentina y es señalado como uno de los responsables del espionaje
militar a partidos políticos y sindicatos en democracia entre 1988 y
1991. Esto fue confirmado ante la comisión investigadora por el Capitán
retirado del Ejército Nacional del Arma de Ingenieros, Héctor Alcides
Erosa. Trabajó en empresas de seguridad y fue asesor de legisladores
colorados. En 2013, organizó una reunión en Maldonado, a la que
asistieron 900 camaradas. A cada uno la regaló un cartucho vivo de una
bala Calibre 30 transformado en llavero. Nadie cuestionó oficialmente de
dónde salieron esas balas y por qué un oficial retirado tenía una caja
con un millar de municiones de armas de guerra. El comunicado de Familiares La Asociación de Madres y Familiares adhirió en su totalidad al
comunicado emitido por IELSUR recientemente, referido al aplazamiento de
la entrega del Cnel. (r) Eduardo Ferro “ya que “no fue ubicado
encontrándose actualmente en busca y con captura a nivel nacional” en
España circunstancia que fue comunicada a la Justicia Uruguaya”, según
informa el referido comunicado, que adjuntamos. El Cnel (r) Eduardo Ferro, uno de los más relevantes representantes
del Terrorismo de Estado en nuestro país, se fuga a España para no
enfrentar las acusaciones de la Justicia uruguaya sobre la desaparición
de Oscar Tassino, y sobre varios secuestros. Ante el pedido de
extradición librado por la justicia, es detenido en setiembre de 2017 en
ese país, y en mayo de este año, España resuelve su extradición a
Uruguay. Interpol no pudo cumplir con esa orden, porque “no lo encuentra” ni en la cárcel ni en ningún lado. Repudiamos indignados este gravísimo hecho, que obviamente no pudo
ejecutar solo, y exigimos a las autoridades competentes de nuestro país
actuar con la premura y firmeza que este lamentable hecho requiere.
Asimismo, exigir al Reino de España la investigación rápida y profunda
de los mismos, ubicar al prófugo Eduardo Ferro y que se concrete su
extradición. El caso Amodio En 2016, el extupamaro Amodio Pérez fue autorizado a salir del país
por la Suprema Corte de Justicia. Lo curioso es que pudo hacerlo con el
pasaporte español con el que llegó al país, y en el que figura con el
nombre falso Walter Correa Barboza. Ese fue el nombre con el que Amodio
salió del país con documentación falsa proporcionada por funcionarios de
la dictadura uruguaya en 1974 y que mantuvo en España durante las
últimas cuatro décadas. La justicia uruguaya lo procesó por reiterados delitos de privación
de libertad especialmente agravados, al considerar que colaboró con las
Fuerzas Conjuntas en la detención de integrantes de la guerrilla y
opositores políticos. Estuvo un año preso hasta que la Suprema Corte de Justicia no dieron
lugar a la casación presentada por la fiscalía para anular el fallo del
Tribunal de Apelaciones que había revocado su procesamiento por parte de
la justicia. El ex tupamaro, que ahora anuncia un juicio contra la
justicia, viajó como hombre libre a España que, hasta el momento, toleró
su falsa identidad.
FUS profundiza medidas ante intransigencia patronal
PORTAL PIT-CNT
En
respuesta a la intransigencia de las patronales, la Federación Uruguaya
de la Salud (FUS) resolvió profundizar el conflicto que vienen
desarrollando. La decisión se conoció mediante un comunicado oficial de
la FUS en el que se realiza “un llamado a la unidad y a la lucha de los
trabajadores de las salud privada y sus sindicatos de base, para vencer
la posición reaccionaria de las patronales”.
El
secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, en diálogo con el Portal
del PIT-CNT, explicó que la “postura intransigente de las patronales del
sector” se traduce en que no quieren otorgar “ningún aumento salarial
que no esté financiado por aumentos de cuotas, es decir, sin otorgar
ningún recurso propio”. En este sentido, el dirigente sostuvo que esto
se enmarca en un contexto en el que el gobierno ubica a la salud privada
en el sector medio de clasificación y no en el dinámico. Por tanto, la
FUS resolvió “profundizar” sus medidas de lucha.
El
pasado viernes el Consejo Central de FUS resolvió paros regionales que
se suman a la declaración del conflicto resuelta el pasado 14 de julio y
el paro realizado el pasado 26 del corriente.
Según
Bermúdez el calendario de paralizaciones definido abarca el regional
Montevideo el viernes 10 de agosto, el regional centro-sur será el
martes 14, el regional este el miércoles 15, el regional norte el jueves
16 y el regional sur el viernes 17 de agosto, siempre de 10 a 15 horas,
con jornadas de difusión. “Esto se realizará preparando el paro general
de 24 horas, con ocupación de todos los centros de trabajo, que se
realizará el miércoles 22 de agosto, en el marco del PIT-CNT” acotó.
Bermúdez
adelantó al Portal que el martes 7 de agosto se desarrollará una
instancia de negociación en el marco de los Consejos de Salario “donde
esparamos que el sector empresarial haya recapacitado y haya entendido
que si no otorga mejores condiciones laborales, si no otorga aumentos
salariales con recursos propios, la situación del sector se va a
complejizar mucho más”. En este contexto, el secretario general de la
FUS dijo que no hay que olvidar que el sector empresarial “maneja al año
2 mil millones de dólares, que hay salarios de hasta un millón de pesos
de administradores de instituciones, que hay salarios del sector de
anestésico-quirúrgicos de entre 400 mil y 600 mil pesos por mes,
mientras hay trabajadores de la salud que ganan $20.000, hay usuarios
que esperan dos meses para que los vea un especialista, seis horas en
una emergencia para que lo atiendan o hacen maravillas para poder pagar
el alto valor de tickets y órdenes” subrayó.
“También
esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo por no haber profundizado,
como reclamó el propio PIT-CNT en un documento entregado el 20 de julio
del año pasado al Ministro Basso, donde con 19 puntos le proponíamos
hacer avanzar a la reforma. Sin embargo, la reforma no ha avanzado y hoy
es presa de la debilidad del gobierno para enfrentar las expresiones de
los sectores corporativos empresariales que se mueven en la salud y de
la voracidad de esos sectores empresariales, que en vez de considerar la
salud como un derecho social de la gente, lo considera una mercancía.
En ese marco está la lucha de los trabajadores de la salud privada y en
ese marco está la profundización del conflicto” concluyó.
Conflictividad laboral con final incierto por Rendición de Cuentas y Consejos de Salarios
Julio 29, 2018 - 12:38 am
La conflictividad laboral tuvo “un aumento considerable” en junio, de
acuerdo con el informe presentado por el Instituto de Relaciones
Laborales, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Católica del Uruguay.
Este escenario se observa desde el comienzo de la discusión del proyecto
de ley de Rendición de Cuentas y la distribución de los recursos. La
dinámica del semestre indica también que fue muy baja en los primeros
meses del año, con altas en el índice global en enero y marzo, cuando se
realizaron paros generales convocados por el Pit-Cnt.
Según el documento, “si se analiza el promedio semestral, los niveles
alcanzados en enero-junio 2018 son casi idénticos al de años de
similares características. En el cuarto año de cada gobierno, la
conflictividad laboral aumenta por las movilizaciones en el sector
público, principalmente en educación y salud”.
Ocupaciones
Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2018, se registraron 42
conflictos con interrupción de actividades, por los que se perdieron
568.197 jornadas laborables y en los que se involucraron 448.750
trabajadores. Estas cifras muestran un número bajo de conflictos con un
número alto de jornadas perdidas, “porque en este semestre hubo paros
más largos o con mayor adhesión, en particular los paros generales, que
fueron cuatro”, señala.
En el primer semestre del año, del total de conflictos registrados, 14
adoptaron la ocupación del lugar de trabajo como medida de lucha. En
particular, en paros de la educación, con la ocupación de varios
edificios al mismo tiempo, y en uno –en la Tablada– se cortó el ingreso a
la planta.
Las tres cuartas partes de la conflictividad del semestre se
concentraron en el sector público y la educación pública fue la rama con
niveles más altos de conflictividad. Allí se registraron dos
reivindicaciones: mayores recursos en la Rendición de Cuentas con
reclamos por el 6% del PBI, conflictos que implicaron varios paros en
todas las ramas de la educación y mayor seguridad ante agresiones a
profesores, adscriptos o directores en centros de enseñanza.
En el sector privado, muy por debajo de la educación, se destacó el
transporte de carga donde se registró un paro de 24 horas en enero para
analizar la plataforma a los Consejos de Salarios y durante ese paro
hubo un asesinato a un trabajador, lo que provocó otro inmediatamente.
Con un 67% de la conflictividad, las mejoras salariales fueron la
principal causa de las paralizaciones y, en segundo lugar, con el 24% se
ubicaron los conflictos por “condiciones de trabajo”. En este segmento,
se suman los del transporte, empresas de seguridad y centros
educativos, en reclamo de mayor seguridad ante robos, rapiñas y
agresiones, a lo que se agregó un paro general parcial.
PARO
Este miércoles se realizó el paro del SUNCA por muerte de un obrero en supermercado
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y
Afines (SUNCA) denunció que la muerte del obrero mientras trabajaba en
una sucursal del Disco y que se desempeñaba para la empresa Sipra fue un
“crimen”.
Manifestación del SUNCA en repudio a muerte de un trabajador.Este miércoles 25 de julio se realizó el paro parcial del SUNCA entre
las 9 y 13 horas por la muerte de un trabajador que ocurrió el pasado
fin de semana en la sucursal de la cadena Disco de 8 de octubre y
Garibaldi. El trabajador falleció al caer de una altura de seis metros mientras
realizaba tareas de mantenimiento en el techo del local y se desempeñaba
para la empresa Sipra. Se trataba de Gonzalo Gónzalez de 34 años de
edad.
“Crimen”
El secretario general del SUNCA, Oscar Andrade, quien estuvo presente
en la movilización que se realizó en la puerta del centro comercial
aseguró -en declaraciones a Info TNU- que no fue un accidente laboral
sino un “crimen”. “Cuando un trabajador muere, producto de que las condiciones
laborales son precarias, no hay un accidente, sino una víctima de la
condiciones de trabajo. Hubo un crimen”, denunció. Dijo que la empresa de mantenimientos Sipra, a la que pertenecía el
empleado, “además de incumplir las normas elementales, ahorra en insumos
poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores”. “Muchos dirigentes políticos ante una muerte evitable como esta, y
ante la actitud salvaje de la patronal de mantener abierto el
supermercado, no han pronunciado palabra, lo que demuestra la falta de
compromiso con la gente de trabajo”, dijo Andrade. El SUNCA también repudió la actitud del supermercado de continuar con
las puertas abiertas en el momento en que ocurrió el fatal accidente. El sindicalista reclamó mayores controles y la creación de una fiscalía especializada en temas de salud laboral.
miércoles, 18 de julio de 2018
Informe Crysol al EPU 2019 de Uruguay
En Febrero de 2019, Uruguay será sometido al Examen Periódico
Universal (EPU) por parte del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas.
A continuación transcribimos el informe que para dicha
instancia elaboró y presentó formalmente nuestra organización.
INFORME DE CRYSOL
ASOCIACIÓN DE
EX PRESAS Y EX PRESOS
POLÍTICOS DE URUGUAY
CRYSOL es la asociación civil de ex presas y ex presos
políticos de Uruguay. Como tal, promueve la defensa de los derechos de sus
asociados en particular y de todas las víctimas del terrorismo de Estado en
general en el marco de lo dispuesto por la Resolución 60/147 de las Naciones
Unidas.
Fundada el 20
de junio del año 2000, cuenta con
personería jurídica. Su labor procura avanzar en la educación, promoción y
defensa de los Derechos Humanos en Uruguay, así como a la afirmación de la
Democracia, la participación ciudadana y la solidaridad con quienes son
vulnerados en sus derechos.
Sus esfuerzos
más destacados están orientados a alcanzar una eficiente y adecuada actuación
del Sistema de Justicia, en relación con los crímenes de lesa humanidad
cometidos por los agentes de la pasada dictadura cívico militar; a desentrañar
la verdad de los hechos (en particular del paradero de quienes hoy son
mantenidos en condición de desaparición forzada); a promover y preservar la
Memoria colectiva de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado (también de
las diversas expresiones de resistencia de la población civil a la dictadura);
a alcanzar una adecuada reparación integral para las víctimas y sus familiares
y a promover la adopción por parte del Estado Uruguayo, de las máximas
garantías de no repetición del terrorismo de Estado.
Antecedentes
1.La dictadura cívico militar, el
terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integralde país. Se comenzó a gestar en elmomentoen queel Presidente Jorge
Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968.
Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los
intereses y las necesidades de las elites económicas.
2.Redistribuyó la riqueza
nacional de manera negativa y perjudicial para la población. Fue un proyecto de
país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde
Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur. Fue una tragedia
nacional.
3.En materia de violaciones a los
DDHH tuvo un costo altísimo. La aplicación de tal proyecto de país implicó alrededor de 200 detenidos desaparecidos, 200
asesinados, más de 7000 condenados por Tribunales Militares, miles de personas
privadas de su libertad. Miles de ciudadanos obligados a exiliarse. (1)
4.La privación masiva de la
libertad a los opositores, asociada a la tortura y a la reclusión prolongada en
condiciones crueles e inhumanas, fue la metodología deliberadamente
seleccionada por el régimen. Uruguay, en ese período, fue el país con la mayor
cantidad de presos políticos en proporción a su población. (2)
La actuación
del Sistema de Justicia en Democracia
5.En el sistema democrático
republicano de Uruguay el poder judicial tiene el monopolio exclusivo de
ejercer la justicia. Es el único órgano estatal con potestades plenas para
investigar y sancionar las actividades delictivas de aquel período.
6.Sin embargo no ha encarado
nunca la indispensable investigación criminalística para esclarecer las graves
violaciones a los derechos humanos, muy especialmente lo referido a los
detenidos desaparecidos.
7.La investigación, el
esclarecimiento y la sanción de los responsables intelectuales y materiales de
las graves violaciones a los derechos humanos es el único camino que puede
impedir que las mismas vuelvan a repetirse.
8.En Uruguay solamente alrededor
de 30 personas han sido condenadas, con todas las garantías del debido proceso
por estos delitos. En la actualidad
solamente 10 permanecen detenidas.
9.En el año 1986, el gobierno del
Dr Julio María Sanguinetti aprobó la Ley 18.548, llamada Ley de Caducidad de la
Pretensión punitiva del Estado, que actuó como una verdadera ley de amnistía
para todos los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante el período del
terrorismo de Estado. La ley 18.548maniató al Poder Judicial,vulnerando el sistema republicano de gobierno, y lo supeditó a las
decisiones del Poder Ejecutivo.
10.En octubre del año 2009, a través
de la Resolución 365/2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la
inconstitucionalidad de la ley y su no aplicabilidad para el caso Nibia
Sabalzagaray, estudiante asesinada por torturas en 1974 en un cuartel militar.
(La declaración de inconstitucionalidad de una ley en Uruguay, sólo es válida
para el caso concreto y no determina la invalidez de la ley para el resto de
los casos). Este juicio condujo al procesamiento del Gral en actividad Julio
Dalmao.
11.En febrero de 2011, la Corte
Interamericana de DDHH, en el caso Gelman vs Uruguay declaró la inaplicabilidad
de la Ley de Caducidad por violentar la normativa internacional suscrita por el
país y condenó a Uruguay. En octubre de ese año, el Parlamento aprobó la Ley
18.831 la que, en su artículo 1º, restableció plenamente la pretensión punitiva
del Estado, anulando, en los hechos, la Ley de Caducidad. Eliminó todos los
obstáculos legales para la actuación del Poder Judicial.
12. En febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante la
Resolución 20/2013, declaró inconstitucionales los Artículos 2 y 3 de la Ley 18
831 que consideraban imprescriptibles e inamnistiables las graves violaciones a
los DDHH del período dictatorial. El Presidente de dicho cuerpo declaró
públicamente que quienes quisieran juzgar las graves violaciones a los DDHH se
encontrarían con “una muralla” que se opondría. El rechazo a nivel del país y
de la opinión pública internacional, unido a cambios en la integración del
cuerpo, generó una flexibilización de su postura y el avance de algunas
investigaciones.
13.La designación en el año 2016
de la Dra. María Elena Martínez Rosso para integrar la Suprema Corte de
Justicia, al sumarse a los Dres Jorge Chediak y Eduardo Turell, ha generado una
nueva mayoría en dicho órgano que desconoce las normas internacionales de DDHH
desde el Tribunal de Nuremberg, desacata la sentencia de la Corte
Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay. Es un claro riesgo de que
consagre la impunidad sobre todas las causas de graves violaciones a los DDHH
cometidas durante el terrorismo de Estado. Cabe aclarar que los otros dos
integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Dr Felipe Hounie y la Dra.
Bernadette Minvielle han expresado su voto discorde con el dictamen de la
mayoría.
14.La sentencia 680/2017 de la
Suprema Corte de Justicia, aprobada en setiembre del año pasado, es un claro
ejemplo de la postura hegemónica. Todos los casos posteriores que han llegado a
dicho órgano se han basado en dicha sentencia para clausurar las investigaciones
judiciales e imponer la impunidad.
Reparación a
las Víctimas
15.Especialmente desde el año
2005 el Estado uruguayo comenzó a abordar de manera efectiva el resarcimiento a
las víctimas del terrorismo estatal. Fundamentalmente lo hizo a través de la Ley
18.033 y la Ley 18.596. Ambas leyes fueron un gran avance en el cumplimiento de
las obligaciones por parte del Estado. Sin embargo presentan insuficiencias y
carencias que han motivado sendas recomendaciones por parte de la Institución
Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 (3) y también del Relator
Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff en el año 2014. (4)
16.Básicamente los
cuestionamientos son dos: el resarcimiento no abarca a todas las víctimas del
terrorismoestatal, en lo referido a las
personas privadas de su libertad y sometidas a tribunales militares. Además,
para acceder a dicho resarcimiento, denominado Pensión Especial Reparatoria
(PER), artículo 11 de la Ley 18 033, las
víctimas deben renunciar a todo tipo de beneficios sociales, jubilaciones y
pensiones, desnaturalizando el sentido y la naturaleza del beneficio del
resarcimiento.
17. Losniños y adolescentes de la
época que eran familiares directos de las y de los ex presos políticos (hijos y
hermanos) que sufrieron el acoso y la violencia no han sido resarcidos hasta el
momento, salvo parcialmente en materia de salud.
18. La Ley 18 033 fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el
Decreto 106/2007 de una manera sumamente restrictiva lo cual perjudica
negativamente a los cónyuges y causahabientes de los ex presos políticos cuando
fallecen. También a ellos se los obliga a renunciar a sus propias jubilaciones
y pensiones. Lo mismo ocurre con aquellos hijos discapacitados.
19. La Ley 18 596 fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el
Decreto 297/2010 que restringe el acceso a los servicios de salud, impidiendo
la libre elección del prestadoren el
marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) como lo señala el Artículo
10 de la norma legal.
(1) Uruguay Nunca Más. Serpaj. 1989
(2) Uruguay Nunca Más. Serpaj. 1989
(3)REPARACIONES - Fundamento del
derecho a la reparación en materia de graves violaciones a los derechos
humanos. Responsabilidad estatal en base a los principios y normas del derecho internacional
de los derechos humanos. Necesidad de adecuación de la normativa nacional.
Recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo - Montevideo, 6 de diciembre de 2012.
(4) Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff,
relativo a su misión al Uruguay (30 de septiembre al 4 de octubre de
2013).
Anexos
1) Sentencia 20/2013 de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ)
2)Sentencia 680/2017 de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ)
3)Informe sobre Reparaciones de
la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de6 de diciembre de 2012.
Los 12 estudios –elaborados
por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara
de Diputados– refieren que la seguridad pública tiene como objetivo
"salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos", y la nacional
busca "mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
mexicano".
La
tendencia presupuestal, refiere el académico de la UNAM, "de ninguna
manera tiene que ver con una mayor eficacia: la relación entre el
volumen de recursos aplicados y los resultados es totalmente negativa
para el segundo aspecto".
Las primeras propuestas (no formales todavía) consisten en despenalizar la producción y uso de marihuana, así como el uso de la amapola con fines farmacéuticos.
La urgencia por cambiar la política de drogas en México se debe a que
el enfoque prohibicionista que actualmente rige en el país provoca la
detención de pequeños consumidores que se encuentran en posesión de
cantidades mínimas de marihuana a los que se les extorsiona por este
motivo. Esto es, se castiga al pequeño y ocasional consumidor en lugar
de a los grandes productores de la droga que atentan contra la salud
pública y que son los mayores artífices de la violencia actual.
El
cambio de gobierno promete refrescar la discusión y el debate en muchos
puntos de la agenda nacional. La despenalización de las drogas es uno
de lo más apremiantes y a los que se les ha dado de forma inmediata la
importancia y seriedad que merecen. ¿Es compleja y polémica la temática?
Sí, lo es. Pero darle la espalda a este tipo de asuntos nunca ha traído
respuestas concretas. Especialmente ahora que la política de drogas de
nuestros vecinos del norte se ha flexibilizado y no pueden exigir que se
prohíba en países ajenos lo que en el propio está permitido.
Manifestación del SUNCA en repudio a muerte de un trabajador.
Este miércoles 25 de julio se realizó el paro parcial del SUNCA entre
las 9 y 13 horas por la muerte de un trabajador que ocurrió el pasado
fin de semana en la sucursal de la cadena Disco de 8 de octubre y
Garibaldi.
