Estados Unidos comienza a levantar tramo de muro fronterizo “más resistente” en Texas
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Trump y el muro. Imagen tomada de 6sqft.com.
El muro que comienza cuya construcción se inicia este sábado en El Paso, Texas, “será mucho más resistente y eficaz para disuadir la entrada de probables clandestinos”, declaró en un comunicado Aaron Hull, responsable de la policía de fronteras en la zona de El Paso.
La valla existente en el sitio será retirada “y un muro de 5.5 metros con postes de acero” será levantado en su lugar. La estructura tendrá un costo de 22 millones de dólares y debe quedar concluida en abril próximo, según el comunicado emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Un muro que separe México y EE.UU a lo largo de la totalidad de la frontera entre ambos países fue una de las promesas de Donald Trump durante su campaña electoral, la cual ha mantenido posteriormente como parte de su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal, que ha generado escándalos como el de los niños separados de sus familias, un caso aún no totalmente resuelto.
La iniciativa ha sido frenada en el Congreso, algo que ha generado airadas reacciones del presidente estadounidense. En julio pasado, declaró en un tuit: “¡Estoy dispuesto al cierre de Gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, lo que incluye el muro!”.
El jueves último, Trump amenazó en otro tuit con vetar el acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar un cierre, la parálisis de las administraciones federales, porque no contempla la financiación del muro.
(Con información de AFP)
Reportan que México rechazó 20 millones de dólares de EE.UU. para deportar migrantes
Publicado: 13 sep 2018 23:41 GMT - RT
Tras presiones del equipo de López Obrador,
el Gobierno de Peña Nieto no accedió a usar ese dinero para repatriar
inmigrantes provenientes de regiones como Centroamérica.
La valla fronteriza con México en Naco, Arizona (EE.UU.), el 29 de marzo de 2013.
Samantha Sais / Reuters
México se ha negado a utilizar 20 millones de dólares
provistos por Washington para realizar deportaciones de miles de
inmigrantes indocumentados antes de que ingresen al territorio de EE.UU,
según reportes que citan a una fuente en el Gobierno mexicano.
En concreto, el entorno del mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, trabajó durante las últimas semanas para procurar que el Gobierno de Enrique Peña Nieto "no aceptara ni un solo centavo" para esos fines, indicó a Proceso un miembro del equipo de transición.
De acuerdo con ese medio mexicano, la presión ejercida por el futuro canciller, Marcelo Ebrard, logró su cometido. "El Gobierno mexicano no aceptó los 20 millones de dólares, están ahí en el fondo de la Iniciativa Mérida, pero no se aceptaron para realizar repatriaciones", aseguró un funcionario de la actual Administración Peña Nieto.
Por su parte, la Administración del presidente estadounidense, Donald
Trump, había destinado esos fondos al pago de los pasajes de avión y de
autobús de unos 17.000 migrantes indocumentados en México, en el proceso de repatriación hacia sus países de origen, mayoritariamente en Centroamérica, reportó The New York Times.
De acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., en agosto pasado se incrementó en 38 % la cantidad de inmigrantes detenidos al intentar ingresar a ese país. Ese índice se ha triplicado en números absolutos, siendo ese mes el sexto con más detenciones en la historia estadounidense.
En concreto, el entorno del mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, trabajó durante las últimas semanas para procurar que el Gobierno de Enrique Peña Nieto "no aceptara ni un solo centavo" para esos fines, indicó a Proceso un miembro del equipo de transición.
De acuerdo con ese medio mexicano, la presión ejercida por el futuro canciller, Marcelo Ebrard, logró su cometido. "El Gobierno mexicano no aceptó los 20 millones de dólares, están ahí en el fondo de la Iniciativa Mérida, pero no se aceptaron para realizar repatriaciones", aseguró un funcionario de la actual Administración Peña Nieto.
De acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., en agosto pasado se incrementó en 38 % la cantidad de inmigrantes detenidos al intentar ingresar a ese país. Ese índice se ha triplicado en números absolutos, siendo ese mes el sexto con más detenciones en la historia estadounidense.
EEUU valora redistribuir presupuesto para mantener bajo custodia a niños indocumentados
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Muchos
niños están en un depósito en Texas, enjaulados como animales. Duermen
en colchonetas en el piso, con la luz permanentemente encendida. Foto
tomada de Clarín.
En momentos en los que los menores migrantes ubicados en refugios del Gobierno suman casi 13 mil, el ejecutivo de Donald Trump busca fondos adicionales que le permitan alimentar y alojar a esos infantes.
Según el medio, tuvo acceso a una carta enviada el 5 de septiembre por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar, a la senadora demócrata Patty Murray, en la cual dijo que planea mover 266 millones de dólares al programa para niños no acompañados de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).
De acuerdo con la misiva, ese dinero provendría de otros proyectos, e incluiría 13,3 millones de dólares del Instituto Nacional del Cáncer, y 16,7 millones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Al mismo tiempo, se tomarían 5,7 millones del programa Ryan White VIH/SIDA, que brinda atención médica y apoyo a personas con VIH que carecen de seguro suficiente, y 6,3 millones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, además de 80 millones de otras iniciativas de la ORR.
También perderían fondos programas que están vinculados con la salud materno-infantil y los residentes rurales de Estados Unidos.
En una declaración enviada a BuzzFeed, Eric Hargan, subsecretario del HHS, manifestó que la reasignación es necesaria debido “al aumento en el número de casos y los incrementos inesperados de los niños que necesitan atención de nuestro programa”.
La semana pasada el diario The New York Times dio a conocer que la cifra de niños indocumentados bajo custodia del Gobierno llegó este mes a 12 mil 800, la más alta registrada en la historia del país, y cinco veces mayor a la existente en mayo de 2017, cuando eran dos mil 400.
El periódico explicó que los enormes aumentos no se deben a una mayor afluencia de los infantes que ingresan al país, sino a una reducción en la cantidad de menores liberados para vivir con familiares y otros patrocinadores.
A decir del medio, sigue cruzando la frontera sur aproximadamente la misma cantidad de pequeños que en años anteriores.
La gran diferencia, sin embargo, radica en la burocracia y en el temor provocado por una aplicación más estricta de las leyes de inmigración, que desaniman a familiares y amigos interesados en patrocinar a los niños, estimó el Times.
De hecho, CNN informó ayer que oficiales federales arrestaron a 41 adultos indocumentados cuando solicitaron cuidar a niños que se encuentran bajo la custodia federal.
Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que la administración realiza un examen más riguroso de quienes solicitan el patrocinio de menores con el propósito de rastrear y arrestar a más indocumentados.
(Con información de Prensa Latina)
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
NYT: Hay más menores inmigrantes actualmente detenidos que en cualquier otro momento en la historia de EE.UU.
13 Sep. 2018
En
noticias relacionadas con la inmigración, el periódico The New York
Times informa que actualmente hay más menores inmigrantes detenidos que
en cualquier otro momento de la historia en Estados Unidos de la que se
tiene registros. El periódico informa que al menos 12.800 menores
inmigrantes están encarcelados en más de un centenar de instalaciones
contratadas por el Gobierno federal en todo el país, lo que representa
un aumento de cinco veces con respecto al año pasado. La mayoría de los
menores llegaron a Estados Unidos sin sus padres y ahora se encuentran
bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, ya que el Gobierno encabezado
por el presidente Donald Trump se ha resistido a liberarlos para que
vivan con sus familias o con otros patrocinadores en Estados Unidos.
Los padres inmigrantes separados por la fuerza de sus hijos, ganan una segunda oportunidad de solicitar asilo en EE.UU.
13 Sep. 2018
Mientras
tanto, en una importante victoria para las familias inmigrantes que han
sido separadas por la fuerza por funcionarios de inmigración en la
frontera de Estados Unidos con México, hasta 1.000 de estos solicitantes
de asilo recibirán una nueva oportunidad para que sus solicitudes sean
escuchadas. El acuerdo se produjo después de que los solicitantes de
asilo entablaron múltiples demandas alegando que se vieron obligados a
llevar a cabo la solicitud de asilo mientras se encontraban
traumatizados por el hecho de que las autoridades de inmigración
acababan de separarlos de sus hijos por la fuerza.
Casi 500 menores migrantes siguen separados de sus padres en EE.UU.
05 Sep. 2018
En
noticias relacionadas con la inmigración, casi 500 menores continúan
separados de sus padres, más de un mes después de que se cumpliera el
plazo límite que impuso un tribunal para que el Gobierno del presidente
Donald Trump reuniera a todas las familias que fueron separadas por
agentes de inmigración en la frontera de Estados Unidos con México.
Documentos presentados en el tribunal el jueves revelan que 497 menores
continúan bajo custodia gubernamental de Estados Unidos. De ellos, 22
tienen menos de cinco años. La congresista de California Barbara Lee
criticó duramente al Gobierno por no haber reunido a los menores con sus
padres mediante una publicación en Twitter: “Esto es abuso infantil
autorizado por el Gobierno. Es una violación a los derechos humanos. Y
es otra mancha en el alma de nuestra Nación”
El
senador Jeff Merkley denuncia que el Gobierno de Trump desvió 10
millones de dólares de la Agencia de Emergencias para construir centros
de detención para inmigrantes
12 Sep. 2018
Mientras
el huracán Florence avanza hacia la costa este de Estados Unidos, el
senador Jeff Merkley publicó documentos que muestran que el Gobierno del
presidente Donald Trump tomó casi 10 millones de dólares de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) para destinarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,
por su sigla en inglés), con el fin de construir más centros de
detención para migrantes. Las siguientes son palabras del senador Jeff
Merkley en una entrevista con Rachel Maddow, de la cadena MSNBC.
El senador Jeff Merkley expresó: “El Gobierno trabaja arduamente para conseguir fondos para instalar más campos de detención. Por supuesto, todo esto es parte de los campos de separación de menores [migrantes de sus familias], y así es como esta información llegó a mis manos… por mi trabajo en torno al tema para intentar detener las separaciones de menores [de sus familias]. Pero el hecho es que se desviaron 10 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cuando enfrentamos una temporada de huracanes, sabiendo lo que sucedió el año pasado”.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. triplicará el tamaño de campamento de detención para menores migrantes
12 Sep. 2018
El
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció que
triplicará la capacidad de alojamiento del campamento en el que se
encuentran detenidos menores migrantes que fueron separados de sus
familias en la frontera sur del país. El campamento está ubicado en el
desierto, en las afueras de la ciudad de El Paso, en el estado de Texas.
El Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump estableció el
campamento en la localidad de Tornillo en junio como refugio provisorio
en medio de su política de “tolerancia cero”, que incluía separar por la
fuerza a los menores migrantes de sus padres. Las autoridades afirman
que ampliarán el establecimiento para que pueda contener 3.800 camas
para albergar a menores migrantes.
Ex rabino de Stephen Miller critica su política de separaciones familiares en misas de Rosh Hashanah
12 Sep. 2018
Mientras
tanto, el ex rabino del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller –el
creador de la política de separación de las familias de migrantes que
cruzan la frontera de Estados Unidos desde México– condenó a Miller en
un encendido discurso durante las misas de Rosh Hashanah, el Año Nuevo
Judío. El rabino Neil Comess-Daniels, del templo Beth Shir Shalom de la
ciudad de Santa Monica, California, afirmó: “Desde el punto de vista de
la religión judía, la relación entre padres e hijos es sacrosanta.
Romper esa relación es algo cruel. Sr. Miller, la política que usted
ayudó a concebir y a poner en práctica es cruel”.
La medida que podría afectar a millones de inmigrantes legales que buscan la 'green card' de EE.UU.
Publicado: 23 sep 2018 00:58 GMT - RT
El Gobierno norteamericano propone una nueva
regulación que obstaculizará la obtención de la residencia a
inmigrantes legales que han recibido asistencia del Estado.
Mike Segar / Reuters
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU (DHS) publicó este
sábado una nueva regla migratoria propuesta por la Administración
Trump, según la cual a los inmigrantes legales se les puede denegar
la tarjeta de residencia permanente en EE.UU. (conocida popularmente
como 'green card') si ellos o sus dependientes han obtenido ciertos beneficios o subsidios del Estado o si las autoridades consideran que puedan hacerlo en el futuro.
Los beneficios elegidos incluyen el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (cupones de alimentos), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (asistencia social), Medicaid y la Parte D de Medicare (subsidios de medicamentos recetados).
La medida afectará principalmente a los inmigrantes legales y sus familias, ya que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para la mayoría de los beneficios federales.
De acuerdo con el periódico Politico, la iniciativa representa el último esfuerzo del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, para reducir drásticamente la inmigración a EE.UU. Ahora, el DHS buscará comentarios públicos amplios sobre la regla, un proceso que generalmente toma un año.
Muchos tendrán que elegir
La regulación podría obligar a millones de familias de bajos ingresos a elegir entre la asistencia del Gobierno y la residencia permanente en Estados Unidos. Algunos activistas temen que en última instancia podría restringir el acceso de los niños a los alimentos y la atención médica.
Cuando aparecieron los primeros informes sobre los planes de la Administración Trump para cambiar las reglas de obtención de las tarjetas verdes, la noticia provocó ansiedad y desinformación en las comunidades de inmigrantes, según el medio.
Aunque la reglamentación aún no ha sido aprobada e implementada, los inmigrantes ya rechazan los subsidios del Gobierno para alimentos básicos y comida para bebés, por temor a que en el futuro les impida recibir la residencia permanente.
El diario informó a principios de este mes que los proveedores locales de salud pública en al menos 18 estados registraron caídas de hasta un 20 por ciento en la inscripción a beneficios, una señal de que la mera amenaza de una 'marca negra' de los servicios de inmigración puede alejar a las personas de la asistencia gubernamental.
Los beneficios elegidos incluyen el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (cupones de alimentos), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (asistencia social), Medicaid y la Parte D de Medicare (subsidios de medicamentos recetados).
De acuerdo con el periódico Politico, la iniciativa representa el último esfuerzo del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, para reducir drásticamente la inmigración a EE.UU. Ahora, el DHS buscará comentarios públicos amplios sobre la regla, un proceso que generalmente toma un año.
Muchos tendrán que elegir
La regulación podría obligar a millones de familias de bajos ingresos a elegir entre la asistencia del Gobierno y la residencia permanente en Estados Unidos. Algunos activistas temen que en última instancia podría restringir el acceso de los niños a los alimentos y la atención médica.
Cuando aparecieron los primeros informes sobre los planes de la Administración Trump para cambiar las reglas de obtención de las tarjetas verdes, la noticia provocó ansiedad y desinformación en las comunidades de inmigrantes, según el medio.
Aunque la reglamentación aún no ha sido aprobada e implementada, los inmigrantes ya rechazan los subsidios del Gobierno para alimentos básicos y comida para bebés, por temor a que en el futuro les impida recibir la residencia permanente.
El diario informó a principios de este mes que los proveedores locales de salud pública en al menos 18 estados registraron caídas de hasta un 20 por ciento en la inscripción a beneficios, una señal de que la mera amenaza de una 'marca negra' de los servicios de inmigración puede alejar a las personas de la asistencia gubernamental.
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Los restos de cientos de migrantes desaparecidos podrían estar en un campo de pruebas militares en el desierto de Arizona
Original en Español 22 de agosto de 2018
El
Gobierno de Trump continúa implementando una dura política de
inmigración en la frontera, por medio de la cual los inmigrantes que
desean ingresar a Estados Unidos legalmente deben esperar días o semanas
para poder presentar una solicitud de asilo en la frontera. Según el
periodista de investigación John Carlos Frey, esta práctica del gobierno
de Trump hace que, cada vez más migrantes arriesguen sus vidas en
viajes peligrosos a través del desierto para intentar ingresar al país
de forma ilegal. Para saber más de este tema, hablamos con el periodista
John Carlos Frey del The Marshal Project. En este reportaje Frey nos
cuenta sobre el campo de prácticas de bombardeo Barry Goldwater del
Ejército de Estados Unidos ubicado en Arizona, un amplio terreno que se
encuentra del otro lado de la frontera a la altura de Nogales en México.
El área es parte de un camino por donde pasan los migrantes que es
increíblemente peligroso y al que los trabajadores de ayuda humanitaria
no se les permite acceder. Frey calcula que cientos de inmigrantes
podrían haber muerto allí en los últimos años pero que sus cuerpos no
han podido ser recuperados.
Transcripción
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
AMY GOODMAN:
Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman. Casi tres semanas después de
que se cumpliera la fecha límite impuesta por un tribunal para reunir a
las familias separadas por la fuerza en la frontera entre México y
Estados Unidos, el Gobierno de Trump ha admitido que 559 menores
permanecen bajo su custodia y separados de sus padres. Los padres de más
de 360 de estos menores han sido deportados. El Gobierno dijo la semana
pasada que todavía está buscando a 26 padres que fueron separados de
sus hijos.
El Gobierno de Trump ha argumentado que debería ser la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) , y no el Gobierno, quien trate de localizar a los padres que el Gobierno envió a países extranjeros, usando su red de grupos de defensa de los inmigrantes e información del Gobierno. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, respondió diciendo: “El Gobierno parece estar asumiendo la sorprendente posición de que es el trabajo de las entidades privadas encontrar a estos padres, mientras se sienta y espera a que nosotros le avisemos cuando encontremos a estas personas”.
La mayoría de las familias separadas en la frontera buscaban asilo huyendo de la violencia en sus países de origen: El Salvador, Honduras y Guatemala. En vez de recibir asilo, los padres fueron acusados penalmente en un tribunal federal por cruzar ilegalmente la frontera y luego encarcelados. Los menores, algunos todavía en edad lactante, fueron enviados a centros de acogida por todo Estados Unidos.
La separación de las familias inmigrantes en la frontera ha sido ampliamente condenada y ha generado grandes protestas, incluida una campaña de Instagram llamada “Querida Ivanka”, en la que celebridades como Amy Schumer y Chelsea Handler exigen que la hija del presidente y asesora principal de la Casa Blanca tome medidas para atender la actual situación de crisis relacionada con las separaciones de familias.
El juez Dana Sabraw, quien emitió la orden ejecutiva para exigir al Gobierno de Trump que reúna a todas las familias separadas, declaró: “Por cada padre que no sea localizado, habrá un menor huérfano, y eso es 100% responsabilidad del Gobierno”.
Para hablar más de este asunto nos acompaña John Carlos Frey, galardonado reportero de investigación que trabaja con The Marshall Project y como corresponsal de PBS NewsHour. Frey acaba de estar en Guatemala y en la ciudad de Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde habló con solicitantes de asilo que llevaban esperando días, e incluso semanas, para ingresar a Estados Unidos.
Bienvenido a Democracy Now!, John. Cuéntenos lo que vio allá.
JOHN CARLOS FREY: Lo que encontré en la frontera fue, primeramente, a personas que estaban esperando en una línea, en una cola, para pedir asilo. Antes de que comenzara el Gobierno del presidente Trump, las personas que estaban pidiendo asilo podían entrar el mismo día que se presentaban. Tenían que esperar en una cola por una hora o dos horas. Ahora, esperan hasta dos semanas para pedir asilo. Son personas que se van de sus países de origen, como Guatemala, Honduras y El Salvador, porque sus vidas corren peligro, porque los van a matar o porque son víctimas de violencia doméstica. Y no tienen muchas opciones cuando llegan a la frontera. No tienen casa, no tienen dinero y no tienen la capacidad de cuidar a los niños que están con ellos. Y este problema está creciendo. Hay albergues que se están siendo creados por personas que están afligidos la salud de estas personas. El Gobierno de Trump está deteniendo a las personas para que no entren pidiendo asilo, pero lo que están pidiendo no es contra la ley. Ellos tienen el derecho a pedir asilo y no se lo estamos permitiendo.
AMY GOODMAN: ¿No es eso algo ilegal? ¿No es esto algo contrario a las leyes estadounidenses e internacionales? Si llegan a la frontera rogando por solicitar asilo político, ¿no se les debería permitir entrar para que después su petición sea escuchada?
JOHN CARLOS FREY: Las leyes de Estados Unidos y los acuerdos que tenemos con México dicen que las personas que necesitan pedir asilo tienen el derecho a hacerlo. Pueden venir desde sus países, pueden presentarse en la frontera, en la mera línea de la frontera, hablar con un oficial y pedir asilo. Pueden decir: tengo miedo, me van a matar, no tengo manera de sobrevivir y estoy aquí para pedir asilo. Es un proceso legal, tienen el derecho de pedirlo. Deberíamos nosotros, el Gobierno de Estados Unidos, dejarlos entrar. Cuando entran a Estados Unidos los van a encarcelar, los van a poner en un centro de detención y luego tendrán una audiencia en la corte. Les pedirán firmar unos papeles y dar un testimonio. Y es un juez quien debería decidir quienes van a quedarse en Estados Unidos y quienes no, y no un oficial de la frontera que no tiene el derecho de decidir ahí en ese momento, en la línea, que ellos no pueden pasar. Eso es contra la ley.
AMY GOODMAN: Usted habla de lo que le sucedió a los 559 menores que aún no se han reunido con sus padres. El Gobierno federal, encabezado por Trump, admitió que habían separado a 2.500 menores de sus padres. Luego admitieron que no fueron 2.500 sino 3.000. Más tarde un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, dictaminó que todos los menores debían ser reunidos con sus padres. En primer lugar, los menores de cinco años de edad y luego, dos semanas después, el resto. Pero según los datos del propio Gobierno, 559 menores continúan separados de sus padres. ¿Cuál es su situación? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus padres?
JOHN CARLOS FREY: Hay más de 500 niños, 559 en total, que aún están encarcelados. En este momento, ellos están separados de sus familias. El Gobierno de Estados Unidos no puede reunirlos por varias razones. Ellos dicen que no califican, que los padres ya fueron deportados, que no pueden encontrar a los padres, que no conocen los nombres de los padres y que no saben cómo reunirlos. Estos niños ya han perdido a sus padres. Como les digo, están encarcelados en centros de detención para niños en Estados Unidos. Y en este momento, me parece que ya no van a ser reunidos con sus padres, que se van a quedar en Estados Unidos sin ellos. Hay organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés), que está tratando de reunir a estas familias, pero el Gobierno ya ha dejado de lado esos esfuerzos. No está trabajando de ninguna manera para encontrar a los padres de estos niños y reunirlos. Hay 26 padres que no tienen nombre, no están identificados. Entonces, tenemos docenas de niños de los cuales el Gobierno no sabe quiénes son sus padres. ¿Cómo los van a reunir si no saben los nombres o no saben quiénes son sus padres? También, dicen que hay cinco niños que ni siquiera saben sus propios nombres, no son capaces de dar ninguna información ni ningún detalle. Estos niños se van a quedar aquí en Estados Unidos y quizás los van a dejar con otras familias, lo que se llama aquí en inglés “foster care”. Ahora, están en los centros de detención y el Gobierno no está haciendo absolutamente nada para reunirlos.
AMY GOODMAN: John Carlos Frey. Usted también ha descubierto que el Gobierno ha continuado separando a menores de sus padres, a pesar de que se le prohibió continuar con esa práctica.
JOHN CARLOS FREY: Sí, eso sí es cierto. Fui a Guatemala a un centro, un albergue, en donde cuidan a los migrantes que están siendo deportados la semana pasada y hablé con una familia. Me contaron que hace unas tres semanas forzaron a los padres y los separaron de sus dos niños. Y luego los padres fueron deportados a Guatemala sin sus niños. Esto sucedió después de que el Gobierno dijera que ya no iba a separar a las familias. A mí parece que todavía lo están haciendo. También he hablado con otros abogados y personas que trabajan con migrantes en la frontera y me dicen que todavía están separando familias por varias razones. El Gobierno dice que tiene la razón y es legal separar a los niños de sus padres si éstos han cometido un delito, pero nosotros no sabemos qué delito han cometido. A mi me parece que todavía los están separando.
AMY GOODMAN: ¿Puede hablarnos sobre el campo de pruebas militares Barry Goldwater?
JOHN CARLOS FREY: Hay una área en el desierto de Sonora, en el estado de Arizona, en donde los aviones militares de Estados Unidos hacen ejercicios. Es un área muy cerca de la frontera en donde cruzan los migrantes. Ellos cruzar la frontera por esta área, que es muy peligrosa, son como 30 millas en el desierto. Es un área que tiene restricciones, en donde el Gobierno no dejan pasar a los individuos que proveen agua para los migrantes. La Patrulla Fronteriza no los deja pasar tampoco. Los migrantes cruzan esta área, unas 30 millas del desierto, como paso para llegar a una ruta. Una organización que se llama Las Águilas del Desierto, que trata de encontrar a migrantes que están perdidos y obtuvo un permiso hace seis meses para buscar en esta área, dice que ha encontrado unos 13 individuos muertos -13 cuerpos de migrantes que murieron en esta área. El Gobierno de Estados Unidos no permite hacer búsquedas en esta área. Estas organizaciones dicen que hay cientos de personas que todavía están perdidas, cadáveres de migrantes que no han podido ser encontrados que quizás podrían estar en esta área.
AMY GOODMAN: ¿Hay algún modo de forzar al Gobierno para que permita la entrada a ese área para realizar un recuento, dada la posibilidad de que allí se encuentren los restos de cientos de migrantes?
JOHN CARLOS FREY: El Gobierno dice que no conoce, o no tiene información sobre personas que hayan muerto en esta área. No buscan a nadie. No dejan que organizaciones realicen búsquedas. No les permiten entrar porque dicen que es un área muy peligrosa debido a que allí están los militares haciendo sus ejercicios. Pero también dicen que no saben nada de personas que han muerto allí. Y a las organizaciones que han solicitado un permiso de búsqueda, hasta el momento, no se lo han concedido.
AMY GOODMAN: En 2015 usted informó sobre el hallazgo de una fosa común en Texas donde había enterrados los restos de más de 300 migrantes no identificados que habían sido encontrados en el desierto. Su investigación descubrió que muchos de esos inmigrantes habían muerto tras cruzar la frontera de Estados Unidos y esperar durante horas a que la Patrulla Fronteriza respondiera a sus llamadas al teléfono de emergencias. Háblenos sobre lo que descubrió y sobre la evolución del caso. ¿Qué ha pasado con esa fosa común?
JOHN CARLOS FREY: Hay una área en Texas en donde han enterrado migrantes sin nombre y sin identificación de ningún tipo. No sabemos quienes son estas personas. Hay casi 300 personas que fueron encontradas por un grupo de una universidad, que buscaba la manera de reunir a estos cuerpos con sus familias en México y en Centroamérica. En este momento, cuando ya han pasado más de tres años, aún no han encontrado la manera de reunirlos. Tenemos un organismo federal en Estados Unidos en donde podemos presentar los nombres de personas que no han sido identificadas, pero los migrantes de países como México y de Centroamérica, personas indocumentadas, no califican: no se admite su información ni ADN en esta lista de personas no identificadas. Las organizaciones que encontraron estos cuerpos están ellos mismos tratando de encontrar a los familiares, pero es un trabajo muy difícil. En este momento solo han podido identificar a una persona de las 300. El ADN y los datos de los migrantes indocumentados no pueden ser ingresados a esta lista que mencionaba, entonces las personas se quedan sin identificación y sin reunificación.
AMY GOODMAN: Finalmente, al respecto de esas fosas comunes, ya sea el campo de pruebas militares Barry Goldwater o esta otra fosa común de Texas, las que usted las llama las “tumbas de la vergüenza”, háblenos sobre la conexión entre eso y lo que está ocurriendo en la frontera, donde, como usted a reportado, hay familias esperando durante días para ingresar en Estados Unidos legalmente, y en algunos casos escogiendo otras rutas que implican un mayor riesgo.
JOHN CARLOS FREY: Si hay una familia que quiere pedir asilo, que viene de su país, casi todos vienen de Centroamérica y algunos vienen de México, y está pidiendo asilo es porque no tienen otra manera. Han dejado sus países y están tratando de entrar a Estados Unidos legalmente. Si no los dejan entrar, si tienen que esperar días, o no les dan el asilo, ¿qué van a ser? No pueden regresar a sus países porque ahí los van a matar o porque allí no pueden vivir, por eso han venido a pedir asilo. Y si no les dan ese asilo, van a cruzar de otra manera. De eso tenemos pruebas: las personas que están pidiendo asilo y no se los dan van a cruzar los desiertos. Y en este momento está haciendo mucho calor, el camino para cruzar el desierto es muy peligroso, y muchos están muriendo. Las personas que están pidiendo asilo legalmente, si no se los dan, van a cruzar esos desiertos.
AMY GOODMAN: John Carlos Frey, me gustaría darle las gracias por acompañarnos. Frey es un galardonado reportero de investigación que trabaja con The Marshall Project y como corresponsal de PBS NewsHour, y que acaba de estar en Guatemala y en la ciudad de Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde habló con solicitantes de asilo que llevaban esperando días, e incluso semanas, para ingresar a Estados Unidos. Esto es Democracy Now! Democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Para ver la entrevista en inglés pueden visitar nuestro sitio web. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.
El Gobierno de Trump ha argumentado que debería ser la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) , y no el Gobierno, quien trate de localizar a los padres que el Gobierno envió a países extranjeros, usando su red de grupos de defensa de los inmigrantes e información del Gobierno. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, respondió diciendo: “El Gobierno parece estar asumiendo la sorprendente posición de que es el trabajo de las entidades privadas encontrar a estos padres, mientras se sienta y espera a que nosotros le avisemos cuando encontremos a estas personas”.
La mayoría de las familias separadas en la frontera buscaban asilo huyendo de la violencia en sus países de origen: El Salvador, Honduras y Guatemala. En vez de recibir asilo, los padres fueron acusados penalmente en un tribunal federal por cruzar ilegalmente la frontera y luego encarcelados. Los menores, algunos todavía en edad lactante, fueron enviados a centros de acogida por todo Estados Unidos.
La separación de las familias inmigrantes en la frontera ha sido ampliamente condenada y ha generado grandes protestas, incluida una campaña de Instagram llamada “Querida Ivanka”, en la que celebridades como Amy Schumer y Chelsea Handler exigen que la hija del presidente y asesora principal de la Casa Blanca tome medidas para atender la actual situación de crisis relacionada con las separaciones de familias.
El juez Dana Sabraw, quien emitió la orden ejecutiva para exigir al Gobierno de Trump que reúna a todas las familias separadas, declaró: “Por cada padre que no sea localizado, habrá un menor huérfano, y eso es 100% responsabilidad del Gobierno”.
Para hablar más de este asunto nos acompaña John Carlos Frey, galardonado reportero de investigación que trabaja con The Marshall Project y como corresponsal de PBS NewsHour. Frey acaba de estar en Guatemala y en la ciudad de Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde habló con solicitantes de asilo que llevaban esperando días, e incluso semanas, para ingresar a Estados Unidos.
Bienvenido a Democracy Now!, John. Cuéntenos lo que vio allá.
JOHN CARLOS FREY: Lo que encontré en la frontera fue, primeramente, a personas que estaban esperando en una línea, en una cola, para pedir asilo. Antes de que comenzara el Gobierno del presidente Trump, las personas que estaban pidiendo asilo podían entrar el mismo día que se presentaban. Tenían que esperar en una cola por una hora o dos horas. Ahora, esperan hasta dos semanas para pedir asilo. Son personas que se van de sus países de origen, como Guatemala, Honduras y El Salvador, porque sus vidas corren peligro, porque los van a matar o porque son víctimas de violencia doméstica. Y no tienen muchas opciones cuando llegan a la frontera. No tienen casa, no tienen dinero y no tienen la capacidad de cuidar a los niños que están con ellos. Y este problema está creciendo. Hay albergues que se están siendo creados por personas que están afligidos la salud de estas personas. El Gobierno de Trump está deteniendo a las personas para que no entren pidiendo asilo, pero lo que están pidiendo no es contra la ley. Ellos tienen el derecho a pedir asilo y no se lo estamos permitiendo.
AMY GOODMAN: ¿No es eso algo ilegal? ¿No es esto algo contrario a las leyes estadounidenses e internacionales? Si llegan a la frontera rogando por solicitar asilo político, ¿no se les debería permitir entrar para que después su petición sea escuchada?
JOHN CARLOS FREY: Las leyes de Estados Unidos y los acuerdos que tenemos con México dicen que las personas que necesitan pedir asilo tienen el derecho a hacerlo. Pueden venir desde sus países, pueden presentarse en la frontera, en la mera línea de la frontera, hablar con un oficial y pedir asilo. Pueden decir: tengo miedo, me van a matar, no tengo manera de sobrevivir y estoy aquí para pedir asilo. Es un proceso legal, tienen el derecho de pedirlo. Deberíamos nosotros, el Gobierno de Estados Unidos, dejarlos entrar. Cuando entran a Estados Unidos los van a encarcelar, los van a poner en un centro de detención y luego tendrán una audiencia en la corte. Les pedirán firmar unos papeles y dar un testimonio. Y es un juez quien debería decidir quienes van a quedarse en Estados Unidos y quienes no, y no un oficial de la frontera que no tiene el derecho de decidir ahí en ese momento, en la línea, que ellos no pueden pasar. Eso es contra la ley.
AMY GOODMAN: Usted habla de lo que le sucedió a los 559 menores que aún no se han reunido con sus padres. El Gobierno federal, encabezado por Trump, admitió que habían separado a 2.500 menores de sus padres. Luego admitieron que no fueron 2.500 sino 3.000. Más tarde un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, dictaminó que todos los menores debían ser reunidos con sus padres. En primer lugar, los menores de cinco años de edad y luego, dos semanas después, el resto. Pero según los datos del propio Gobierno, 559 menores continúan separados de sus padres. ¿Cuál es su situación? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus padres?
JOHN CARLOS FREY: Hay más de 500 niños, 559 en total, que aún están encarcelados. En este momento, ellos están separados de sus familias. El Gobierno de Estados Unidos no puede reunirlos por varias razones. Ellos dicen que no califican, que los padres ya fueron deportados, que no pueden encontrar a los padres, que no conocen los nombres de los padres y que no saben cómo reunirlos. Estos niños ya han perdido a sus padres. Como les digo, están encarcelados en centros de detención para niños en Estados Unidos. Y en este momento, me parece que ya no van a ser reunidos con sus padres, que se van a quedar en Estados Unidos sin ellos. Hay organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés), que está tratando de reunir a estas familias, pero el Gobierno ya ha dejado de lado esos esfuerzos. No está trabajando de ninguna manera para encontrar a los padres de estos niños y reunirlos. Hay 26 padres que no tienen nombre, no están identificados. Entonces, tenemos docenas de niños de los cuales el Gobierno no sabe quiénes son sus padres. ¿Cómo los van a reunir si no saben los nombres o no saben quiénes son sus padres? También, dicen que hay cinco niños que ni siquiera saben sus propios nombres, no son capaces de dar ninguna información ni ningún detalle. Estos niños se van a quedar aquí en Estados Unidos y quizás los van a dejar con otras familias, lo que se llama aquí en inglés “foster care”. Ahora, están en los centros de detención y el Gobierno no está haciendo absolutamente nada para reunirlos.
AMY GOODMAN: John Carlos Frey. Usted también ha descubierto que el Gobierno ha continuado separando a menores de sus padres, a pesar de que se le prohibió continuar con esa práctica.
JOHN CARLOS FREY: Sí, eso sí es cierto. Fui a Guatemala a un centro, un albergue, en donde cuidan a los migrantes que están siendo deportados la semana pasada y hablé con una familia. Me contaron que hace unas tres semanas forzaron a los padres y los separaron de sus dos niños. Y luego los padres fueron deportados a Guatemala sin sus niños. Esto sucedió después de que el Gobierno dijera que ya no iba a separar a las familias. A mí parece que todavía lo están haciendo. También he hablado con otros abogados y personas que trabajan con migrantes en la frontera y me dicen que todavía están separando familias por varias razones. El Gobierno dice que tiene la razón y es legal separar a los niños de sus padres si éstos han cometido un delito, pero nosotros no sabemos qué delito han cometido. A mi me parece que todavía los están separando.
AMY GOODMAN: ¿Puede hablarnos sobre el campo de pruebas militares Barry Goldwater?
JOHN CARLOS FREY: Hay una área en el desierto de Sonora, en el estado de Arizona, en donde los aviones militares de Estados Unidos hacen ejercicios. Es un área muy cerca de la frontera en donde cruzan los migrantes. Ellos cruzar la frontera por esta área, que es muy peligrosa, son como 30 millas en el desierto. Es un área que tiene restricciones, en donde el Gobierno no dejan pasar a los individuos que proveen agua para los migrantes. La Patrulla Fronteriza no los deja pasar tampoco. Los migrantes cruzan esta área, unas 30 millas del desierto, como paso para llegar a una ruta. Una organización que se llama Las Águilas del Desierto, que trata de encontrar a migrantes que están perdidos y obtuvo un permiso hace seis meses para buscar en esta área, dice que ha encontrado unos 13 individuos muertos -13 cuerpos de migrantes que murieron en esta área. El Gobierno de Estados Unidos no permite hacer búsquedas en esta área. Estas organizaciones dicen que hay cientos de personas que todavía están perdidas, cadáveres de migrantes que no han podido ser encontrados que quizás podrían estar en esta área.
AMY GOODMAN: ¿Hay algún modo de forzar al Gobierno para que permita la entrada a ese área para realizar un recuento, dada la posibilidad de que allí se encuentren los restos de cientos de migrantes?
JOHN CARLOS FREY: El Gobierno dice que no conoce, o no tiene información sobre personas que hayan muerto en esta área. No buscan a nadie. No dejan que organizaciones realicen búsquedas. No les permiten entrar porque dicen que es un área muy peligrosa debido a que allí están los militares haciendo sus ejercicios. Pero también dicen que no saben nada de personas que han muerto allí. Y a las organizaciones que han solicitado un permiso de búsqueda, hasta el momento, no se lo han concedido.
AMY GOODMAN: En 2015 usted informó sobre el hallazgo de una fosa común en Texas donde había enterrados los restos de más de 300 migrantes no identificados que habían sido encontrados en el desierto. Su investigación descubrió que muchos de esos inmigrantes habían muerto tras cruzar la frontera de Estados Unidos y esperar durante horas a que la Patrulla Fronteriza respondiera a sus llamadas al teléfono de emergencias. Háblenos sobre lo que descubrió y sobre la evolución del caso. ¿Qué ha pasado con esa fosa común?
JOHN CARLOS FREY: Hay una área en Texas en donde han enterrado migrantes sin nombre y sin identificación de ningún tipo. No sabemos quienes son estas personas. Hay casi 300 personas que fueron encontradas por un grupo de una universidad, que buscaba la manera de reunir a estos cuerpos con sus familias en México y en Centroamérica. En este momento, cuando ya han pasado más de tres años, aún no han encontrado la manera de reunirlos. Tenemos un organismo federal en Estados Unidos en donde podemos presentar los nombres de personas que no han sido identificadas, pero los migrantes de países como México y de Centroamérica, personas indocumentadas, no califican: no se admite su información ni ADN en esta lista de personas no identificadas. Las organizaciones que encontraron estos cuerpos están ellos mismos tratando de encontrar a los familiares, pero es un trabajo muy difícil. En este momento solo han podido identificar a una persona de las 300. El ADN y los datos de los migrantes indocumentados no pueden ser ingresados a esta lista que mencionaba, entonces las personas se quedan sin identificación y sin reunificación.
AMY GOODMAN: Finalmente, al respecto de esas fosas comunes, ya sea el campo de pruebas militares Barry Goldwater o esta otra fosa común de Texas, las que usted las llama las “tumbas de la vergüenza”, háblenos sobre la conexión entre eso y lo que está ocurriendo en la frontera, donde, como usted a reportado, hay familias esperando durante días para ingresar en Estados Unidos legalmente, y en algunos casos escogiendo otras rutas que implican un mayor riesgo.
JOHN CARLOS FREY: Si hay una familia que quiere pedir asilo, que viene de su país, casi todos vienen de Centroamérica y algunos vienen de México, y está pidiendo asilo es porque no tienen otra manera. Han dejado sus países y están tratando de entrar a Estados Unidos legalmente. Si no los dejan entrar, si tienen que esperar días, o no les dan el asilo, ¿qué van a ser? No pueden regresar a sus países porque ahí los van a matar o porque allí no pueden vivir, por eso han venido a pedir asilo. Y si no les dan ese asilo, van a cruzar de otra manera. De eso tenemos pruebas: las personas que están pidiendo asilo y no se los dan van a cruzar los desiertos. Y en este momento está haciendo mucho calor, el camino para cruzar el desierto es muy peligroso, y muchos están muriendo. Las personas que están pidiendo asilo legalmente, si no se los dan, van a cruzar esos desiertos.
AMY GOODMAN: John Carlos Frey, me gustaría darle las gracias por acompañarnos. Frey es un galardonado reportero de investigación que trabaja con The Marshall Project y como corresponsal de PBS NewsHour, y que acaba de estar en Guatemala y en la ciudad de Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde habló con solicitantes de asilo que llevaban esperando días, e incluso semanas, para ingresar a Estados Unidos. Esto es Democracy Now! Democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Para ver la entrevista en inglés pueden visitar nuestro sitio web. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.
CASI 54 MIL HONDUREÑOS HAN SIDO DEPORTADOS EN 2018
Cada
año aumenta el porcentaje de hondureños que buscan el famoso “sueño
americano” enfrentándose a la difícil atmosfera migratoria, del
presidente Donald Trump, según datos oficiales, 53,756 hondureños han
sido deportados en lo que va del año, significando un aumento del 52.2
por ciento, con relación al 2017.
El
alza en la migración ha sido provocada, entre otras cosas, por la
crisis social, económica y política, que se profundizó a raíz de la
reelección presidencial, en diciembre pasado, EL LIBERTADOR recogió una
encuesta donde los hondureños dejaron claro, huirían del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
En lo que va de 2018 unos 53,756 hondureños, que buscaron el “sueño
americano”, han sido deportados. Con relación al mismo periodo del año
pasado, se denotó un aumento del 52.2 por ciento, cuando fueron
retornados 35,327 personas.
De
acuerdo a datos oficiales de las autoridades migratorias de México, se
han deportado, por vía aérea, una cantidad de 1,299 hondureños
indocumentados, incluyendo 708 menores de edad no acompañados.
Mientras
que el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, a través de un
informe, donde menciona que Estados Unidos ha deportado desde enero al
14 de septiembre, un total de 21,085 hondureños, entre ellos menores de
edad.
Además,
por la vía terrestre, la cifra de retornados asciende a 31,277
hondureños, donde 5,585 son menores de edad. Al cierre de 2017, las
autoridades registraron que 48 mil hondureños fueron deportados tanto de
México y Estados Unidos.
Pese
a la dura política migratoria del presidente Donald Trump, la tierra
del “Tío Sam” sigue siendo el principal destino de hondureños y
centroamericanos en búsqueda de una mejor oportunidad.
De
acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la principal razón de la migración es la falta de
empleo, la violencia que significa el segundo lugar y por última causa, buscar la unión familiar.
Según
autoridades nacionales, alrededor de un millón de hondureños radica en
Estados Unidos, entre residentes legales e indocumentados que han
escapado por varias situaciones del país.
La
migración en Honduras se ha repuntado por la crisis social, económica y
política que vive el país luego de implantarse la reelección
presidencial, una encuesta de EL LIBERTADOR en diciembre de 2017,
reflejó que los hondureños preferían salir de Honduras, antes que
aguantar por cuatro años más al gobernante Juan Hernández.
VENEZUELA
¡Se busca a Almagro!
Por Patricio Montesinos
Ahora que parecen estar de moda los procesos judiciales en la Patria Grande, claro contra líderes progresistas y sin pruebas algunas, por qué no se sienta en el banquillo de los acusados al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de quien sí hay claras evidencias para condenarlo por estar implicado en crímenes de lesa humanidad y otros hechos delictivos.
Almagro ha promovido y respaldado públicamente una agresión militar contra Venezuela, justificó en medio de la Cumbre de las Américas de Lima de este año bombardeos injustificados ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Siria, y se inmiscuye cotidianamente en los asuntos internos no solo de la Patria de Bolívar y Chávez, sino también en los de otras naciones como Nicaragua, Bolivia y Cuba.
Desde Washington, el “jefe” de la OEA no se ha escondido para incitar acciones violentas y terroristas contra los gobiernos legítimos de los presidentes Nicolás Maduro, y de Daniel Ortega, en Nicaragua, con saldo de numerosas muertes de ciudadanos inocentes y pérdidas materiales millonarias.
Igualmente incita la confrontación entre pueblos vecinos, como los de Venezuela, Colombia y Ecuador, con el propósito de desestabilizar a Latinoamérica y el Caribe, impedir su integración, y que en la región no prevalezca la distensión y la hermandad, todo ello en beneficio de los intereses hegemónicos y de dominación de Washington.
Por cierto, poco o nada ha hecho a favor del proceso de paz colombiano, ni mucho menos denunciado los continuos crímenes de líderes sociales en ese país, mientras ha calllado ante golpes de Estado, elecciones fraudulentas y escandalosos actos de corrupción en diferentes naciones de la región.
Almagro tiene sus manos sucias y ensangrentadas, y pruebas hay más que suficientes para sentarlo en el banquillo de los acusados si realmente la verdadera justicia se impusiera en Nuestra América, y en este mundo convulso, de “patas arriba”, en que unos pocos poderosos quieren obligar a vivir a la mayoría.
En Uruguay, su país de origen, se conoce que el ahora Secretario General de la OEA estuvo embrollado en hechos de corrupción desde su cargo de excanciller, y en otros relacionados con tráficos ilícitos durante su carrera diplomática.
Su expediente escabroso es abultado, e incluso se rumorea en círculos políticos en Montevideo que se podría encontrar hasta actuaciones de violencia doméstica.
Entonces por qué desde la América nuestra no se le inicia ya una demanda de enjuiciamiento a Almagro, se exige su dimisión de la OEA, y se le solicita a la Interpol que emita una alerta roja para su aprehensión inmediata.
REDH
Ahora que parecen estar de moda los procesos judiciales en la Patria Grande, claro contra líderes progresistas y sin pruebas algunas, por qué no se sienta en el banquillo de los acusados al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de quien sí hay claras evidencias para condenarlo por estar implicado en crímenes de lesa humanidad y otros hechos delictivos.
Almagro ha promovido y respaldado públicamente una agresión militar contra Venezuela, justificó en medio de la Cumbre de las Américas de Lima de este año bombardeos injustificados ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Siria, y se inmiscuye cotidianamente en los asuntos internos no solo de la Patria de Bolívar y Chávez, sino también en los de otras naciones como Nicaragua, Bolivia y Cuba.
Desde Washington, el “jefe” de la OEA no se ha escondido para incitar acciones violentas y terroristas contra los gobiernos legítimos de los presidentes Nicolás Maduro, y de Daniel Ortega, en Nicaragua, con saldo de numerosas muertes de ciudadanos inocentes y pérdidas materiales millonarias.
Igualmente incita la confrontación entre pueblos vecinos, como los de Venezuela, Colombia y Ecuador, con el propósito de desestabilizar a Latinoamérica y el Caribe, impedir su integración, y que en la región no prevalezca la distensión y la hermandad, todo ello en beneficio de los intereses hegemónicos y de dominación de Washington.
Por cierto, poco o nada ha hecho a favor del proceso de paz colombiano, ni mucho menos denunciado los continuos crímenes de líderes sociales en ese país, mientras ha calllado ante golpes de Estado, elecciones fraudulentas y escandalosos actos de corrupción en diferentes naciones de la región.
Almagro tiene sus manos sucias y ensangrentadas, y pruebas hay más que suficientes para sentarlo en el banquillo de los acusados si realmente la verdadera justicia se impusiera en Nuestra América, y en este mundo convulso, de “patas arriba”, en que unos pocos poderosos quieren obligar a vivir a la mayoría.
En Uruguay, su país de origen, se conoce que el ahora Secretario General de la OEA estuvo embrollado en hechos de corrupción desde su cargo de excanciller, y en otros relacionados con tráficos ilícitos durante su carrera diplomática.
Su expediente escabroso es abultado, e incluso se rumorea en círculos políticos en Montevideo que se podría encontrar hasta actuaciones de violencia doméstica.
Entonces por qué desde la América nuestra no se le inicia ya una demanda de enjuiciamiento a Almagro, se exige su dimisión de la OEA, y se le solicita a la Interpol que emita una alerta roja para su aprehensión inmediata.
REDH
Maduro a Almagro: "Prepare su fusil que aquí lo esperamos"
Publicado: 20 sep 2018 21:54 GMT | Última actualización: 20 sep 2018 21:56 GMT - RT
Las declaraciones del secretario general de
la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron rechazadas por
gobiernos latinoamericanos y movimientos sociales.
El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 22 de mayo de 2018.
Marco Bello / Reuters
El
presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó el llamado a intervención
de Venezuela que hizo el secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y le advirtió que alistara su fusil para
invadir al país sudamericano.
"Si usted dice que a Venezuela hay que invadirla, prepare su fusil que aquí lo esperamos", aseveró el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales realizada el pasado 18 de septiembre.
Maduro dirigió duras expresiones en contra del alto funcionario de la OEA. "Él está en el basural de la historia, es una basura".
¿Qué dijo Almagro?
En una visita a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, el secretario del organismo regional expresó en un encuentro con medios, que hizo junto al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, que no debía descartarse una intervención militar "para derrocar al régimen de Nicolás Maduro".
Según Almagro, la comunidad internacional "tiene que dar respuesta" y "no puede permitir una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región".
Después de estas declaraciones, que fueron reseñadas por la prensa mundial, el secretario general subió un video en su cuenta de Twitter donde hacía una serie de aclaratorias sobre lo que consideró "interpretaciones maniqueístas que buscaron cambiar el eje de la discusión".
Almagro considera que en el país sudamericano existe "una crisis humanitaria y migratoria", que según el Gobierno venezolano es una "excusa" para promover una incursión militar en su territorio.
"Debemos actuar", "agotar el camino de las acciones diplomáticas" y "dejar todas las opciones abiertas", agregó.
Desmintió que hablara de un "ataque militar, de violencia, de ser favorable a la agresión armada". "Sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación", agregó.
Si bien el alto funcionario hizo referencia al comunicado de rechazo a Maduro del Grupo de Lima, organismo compuesto por 14 cancilleres y conformado en el seno de la OEA, con la anuencia de Almagro, 11 del total de sus países integrantes rechazaron cualquier "intervención militar" o "uso de la fuerza en Venezuela", publicó El Heraldo. Canadá, Colombia y Guayana no se adhirieron a esta declaración pública.
El mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, afirmó este jueves que su
Gobierno no apoyará a Almagro si se postula a la reelección, luego de
sus declaraciones, recoge Teledoce.
Por otra parte, el expresidente José 'Pepe' Mujica, quien ha manifestado que se equivocó al haber propuesto a Almagro para dirigir el organismo multilateral, desde 2015, le recordó en un audio difundido por el Movimiento de Participación Popular uruguayo que "el principio de no intervención no es negociable".
En su intervención recordó una "carta de despedida" fechada el 18 de noviembre de 2015 donde se refería a la situación venezolana y la actuación de su exministro de Exteriores. "Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora te digo adiós".
Por su parte, los constituyentes venezolanos discutieron un decreto de repudio a las declaraciones del secretario de la OEA y lo responsabilizaron de "amenazar la paz y estabilidad de la región latinoamericana" con sus declaraciones.
"Si usted dice que a Venezuela hay que invadirla, prepare su fusil que aquí lo esperamos", aseveró el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales realizada el pasado 18 de septiembre.
Maduro dirigió duras expresiones en contra del alto funcionario de la OEA. "Él está en el basural de la historia, es una basura".
¿Qué dijo Almagro?
En una visita a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, el secretario del organismo regional expresó en un encuentro con medios, que hizo junto al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, que no debía descartarse una intervención militar "para derrocar al régimen de Nicolás Maduro".
Según Almagro, la comunidad internacional "tiene que dar respuesta" y "no puede permitir una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región".
Después de estas declaraciones, que fueron reseñadas por la prensa mundial, el secretario general subió un video en su cuenta de Twitter donde hacía una serie de aclaratorias sobre lo que consideró "interpretaciones maniqueístas que buscaron cambiar el eje de la discusión".
Sin explicaciones
"No corresponde que me explique, y por lo tanto no lo voy a hacer", manifestó el excanciller del expresidente José 'Pepe' Mujica, en el corto video.Almagro considera que en el país sudamericano existe "una crisis humanitaria y migratoria", que según el Gobierno venezolano es una "excusa" para promover una incursión militar en su territorio.
"Debemos actuar", "agotar el camino de las acciones diplomáticas" y "dejar todas las opciones abiertas", agregó.
Desmintió que hablara de un "ataque militar, de violencia, de ser favorable a la agresión armada". "Sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación", agregó.
Si bien el alto funcionario hizo referencia al comunicado de rechazo a Maduro del Grupo de Lima, organismo compuesto por 14 cancilleres y conformado en el seno de la OEA, con la anuencia de Almagro, 11 del total de sus países integrantes rechazaron cualquier "intervención militar" o "uso de la fuerza en Venezuela", publicó El Heraldo. Canadá, Colombia y Guayana no se adhirieron a esta declaración pública.
Manifestaciones contra Almagro
Tras las afirmaciones del diplomático, varios mandatarios de la región como Evo Morales, movimientos sociales latinoamericanos, organismos multilaterales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y partidos como el Frente Amplio de Uruguay se pronunciaron en contra de su postura sobre Venezuela. Por otra parte, el expresidente José 'Pepe' Mujica, quien ha manifestado que se equivocó al haber propuesto a Almagro para dirigir el organismo multilateral, desde 2015, le recordó en un audio difundido por el Movimiento de Participación Popular uruguayo que "el principio de no intervención no es negociable".
En su intervención recordó una "carta de despedida" fechada el 18 de noviembre de 2015 donde se refería a la situación venezolana y la actuación de su exministro de Exteriores. "Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora te digo adiós".
Por su parte, los constituyentes venezolanos discutieron un decreto de repudio a las declaraciones del secretario de la OEA y lo responsabilizaron de "amenazar la paz y estabilidad de la región latinoamericana" con sus declaraciones.
Las evidencias que deja la crisis del Grupo de Lima y los llamados a la intervención
Septiembre 20 de 2018, 7:00 pm - MISIÓN VERDAD
El
Grupo de Lima, plataforma impulsada por Luis Almagro y el Departamento
de Estado norteamericano, como proyecto paralelo a las organizaciones
internacionales tradicionales para producir un acuerdo regional contra
Venezuela y de respaldo a las sanciones económicas, difundió un comunicado
donde rechaza las últimas declaraciones del Secretario General de la
OEA, precisando que no se debe descartar ninguna opción para derrocar el
gobierno de Nicolás Maduro, ni siquiera la intervención militar.
Esta aparente manifestación de condena a una confrontación directa en territorio venezolano liderado por Estados Unidos, es consecuencia de una línea narrativa que viene tanteando la posibilidad de avanzar con ese plan, apoyándose en el relato de la "crisis de refugiados venezolanos", el "Estado fallido" y la supuesta amenaza que implica Venezuela para la región, en distintos órdenes.
Al plantear con seriedad el ataque unilateral contra la República Bolivariana, los países de la zona se desvincularon del planteamiento, ejerciendo cierto pragmatismo frente a los sectores más hostiles contra la soberanía venezolana. La evidencia principal que deja este alejamiento, es que la idea de la intervención militar en Venezuela se ha posicionado fuertemente en medios y ha logrado escalar a los decisores de la Casa Blanca y el Pentágono. Se transforma en una amenaza creíble.
Pero esta salida diplomática no es nueva. En septiembre de 2017 Donald Trump se reunió al margen de la Asamblea General de la ONU con el ex presidente Juan Manuel Santos y los presidentes de Brasil, Panamá y Perú, presionando con el tema de invadir a Venezuela, propuesta que fue rechazada en consenso por los países consultados.
Tomar los reportajes de los medios corporativos en relación a este tema como sustento de las denuncias que posicionan al país como un asunto de seguridad para la región que compete a Estados Unidos, es la agenda que manejan tanto Almagro como el senador Marco Rubio. Ambos han utilizado la construcción de la "diáspora venezolana" y la narrativa del "Estado fallido" para proyectar un escenario en el que la invasión militar sea un recurso factible.
En el mismo seno del gobierno norteamericano existe una disputa acerca de la política exterior a tomarse contra Venezuela. La disputa entre los neoliberales demócratas y neoconservadores bipartidistas junto a su escolta mediática mundial y los sectores conversadores, ultranacionalista y supremacistas blancos representados por el presidente Trump, ha abierto una discusión pública sobre los planes de intervencionismo.
La posición de Almagro, en este sentido, responde a ese contexto inmediato. Durante un viaje que hizo el 14 de septiembre a la frontera colombo-venezolana, el Secretario General de la OEA ratificó la línea de violencia a escala militar.
En rueda de prensa realizada en el Puente Internacional Simón Bolívar, sitio al que asistió para fundamentalmente recoger insumos que le dieran el toque dramático a la cuestión migratoria, manifestó que "en cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción". Un abordaje superficial de testimonios "desgarradores" fue la maniobra para presionar con la amenaza de la "ayuda humanitaria".
Sus consecutivos fracasos en concretar las acciones para desmantelar al país bajo la excusa de las denuncias humanitarias, hoy se intensifican debido al presente contexto de ofensiva económica que está asumiendo el presidente Maduro con el apoyo de fuerzas geopolíticas importantes, a saber, Rusia y China, que también lidian contra golpes a sus sistemas financieros bajo factura estadounidense.
A partir de allí, ese es el punto en el que surge la aceleración de velocidades, que no todos los actores políticos involucrados están dispuestos a asumir.
Igualmente Marco Rubio avanza en la dirección militar en una ruta despejada, luego de que quedara en evidencia por medios de alcance global como Bloomberg y The New York Times, que publicaron la participación de Washington en conversaciones con agentes del golpismo que estaban a cargo de la "Operación Constitución" y de otros planes de golpe de Estado.
Desde ese entonces, y bajo el formato de la campaña mediática migratoria ("la diáspora venezolana"), el senador republicano ha defendido el enfoque de "las opciones no descartadas" para abordar un problema continental que le ha costado al Estado norteamericano ingentes recursos en mecanismos no convencionales de agresión.
Además de funcionar como parte de su trabajo de "gendarme" dentro del Senado estadounidense, Marco Rubio aprovecha el relato del éxodo venezolano para hacer control de daños ante el recule del Grupo de Lima. La propagandización de un falso estado de miseria y hambre en la población venezolana empuja el motivo moral de salvaguardar los derechos humanos, saliendo a relucir Occidente como el "protector" de esta causa. La esencia que les permite invocar la "Responsabilidad para Proteger" (R2P) como doctrina de intervención humanitaria.
De hecho, luego del comunicado emitido por los 11 países firmantes, Rubio publicó en su cuenta de Twitter estar de acuerdo con que "todas las opciones deben estar sobre la mesa para lidiar con la crisis en Venezuela", refiriéndose a lo expresado por el embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos, en su primer acto como funcionario internacional en ese país.
Anteriormente, su homólogo en Bogotá, Kevin Whitaker, marcó la pauta para que el país subordinado pudiera manifestarse con soporte sobre las últimas movidas de operaciones informativas que atacan, con el trasfondo de guerra a la Administración Trump, las salidas violentas de la dirección política de Washington.
En una entrevista de El Tiempo, el embajador de Estados Unidos en Colombia reiteró que Colombia cuenta con el apoyo de su país en caso de una supuesta agresión de Venezuela. Comentó la más reciente inyección de dólares que se hizo para la causa migratoria: 60 millones financiando la intervención humanitaria, disimuladas en la asistencia a los precarios "centros de refugiados" instalados en las ciudades limítrofes del país colombiano.
La insistencia en un supuesto conflicto fronterizo producto de la "tragedia venezolana" se está armando con el beneplácito del alto mando político estadounidense, quienes enviaron en el mes de agosto al secretario de Defensa, James Mattis, con la agenda prioritaria de puntualizar las acciones que el nuevo presidente colombiano debe seguir para aterrizar el suceso que desencadene el enfrentamiento y justifique el ataque unilateral del país vecino.
"Será como la primera visita a un sastre", fue lo que expresó el jefe del Pentágono de la reunión para tratar el tema de seguridad del hemisferio con Iván Duque. Las medidas fueron tomadas con precisión por Colombia, que está asumiendo desde el fatídico quiebre de la oposición venezolana, al fallar con el modelo de revoluciones de color, el lobby pro-intervención a escala regional.
Cuando países que se benefician de recursos facilitados por el Gobierno venezolano son sacrificados para continuar con la agenda sancionadora, como Brasil, que puede verse afectado en el suministro de energía eléctrica en una zona de su territorio por las acciones económicas coercitivas que le impiden pagar a Corpoelec, se dan esta clase de virajes en las relaciones con Venezuela.
Otro caso es Argentina, que siente exterminada la economía nacional luego de seguir la receta dictada por asesores del FMI y que ha derivado en una precarización de la vida social, con recortes financieros a los sectores públicos, el aumento del costo de servicios básicos y el debilitamiento de la seguridad social.
Los agentes encargados de retomar la senda de la Doctrina Monroe en el seno de los gobiernos progresistas, mediante intervenciones indirectas vía infiltración (judicial en el caso brasileño, política en lado ecuatoriano) en el Estado, ahora ven cómo se revierte la situación en sus respectivas administraciones. Son fichas frágiles en las operaciones contra Venezuela y por lo tanto descartables. Pedro Pablo Kuczynski, anfitrión inicial del Grupo de Lima, es testigo de ello.
De hecho, apoyar una intervención militar extranjera en Venezuela significaría para esos gobiernos que firmaron el último comunicado del Grupo de Lima un equívoco como decisión política, pues no sólo están frescas en la memoria los desastres humanitarios resultantes de tales invasiones (Panamá 1989, Libia 2011, etc.), sino que también tendría consecuencias regionales con mucha ascendencia en los países limítrofes con Venezuela o que tienen una relación comercial y diplomática que cuidar con el Estado que preside Maduro.
Colombia, por su parte, parece tener razones e intereses de sobra para empujar hacia una campaña bélica, pues con ese medio buscarían garantizar el control de una zona estratégica (el occidente venezolano) para el corredor del narcotráfico, así como del petróleo y la gasolina, un recurso imprescindible para la elaboración de la cocaína y su transporte.
En un contexto de golpe vía invasión militar, avizoran que los carteles de la droga quedarían al mando, cuyos intereses convergen estrechamente con la dinámica paraeconómica de poderes estadounidenses. Ello se ilustra con la siguiente pregunta enunciada desde esta tribuna: "¿Cómo satisfacer a los sectores gubernamentales de los Estados Unidos poniendo freno al negocio que oxigena y sostiene la economía colombiana, la parapolítica y el negocio de la guerra, que a su vez se mezcla con los intereses de otros sectores del mismo Estado norteamericano?".
Este conflicto interno, primero, determina con mayor claridad las intenciones de Estados Unidos y maximiza sus costos de credibilidad en la opinión pública. Segundo, legitima las denuncias que ha hecho el Estado venezolano de todas las operaciones para cambiar el orden político en el país.
Por otro lado, le da un margen para maniobrar con actores políticos que se decantan por el diálogo en detrimento de las acciones violentas, y hacia ese lado vira la diplomacia venezolana.
En lo inmediato se aprecia ese rumbo: una reunión con el directorio de Nicolás Maduro fue confirmada por José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles 19 de septiembre. El ex presidente español, que ha desestimado las causas políticas del flujo migratorio y las ha contextualizado en las sanciones económicas, podría participar en una reversión del tratamiento que países miembros de la OEA le han dado a Venezuela.
En ese sentido, Hugo de Zela, vicecanciller de Perú que dirigió el comunicado del Grupo de Lima y que prevé la caída del actual presidente peruano, Martín Vizcarra, buscaría "congraciarse con la izquierda regional para que faciliten su elección tras una eventual salida de Almagro de la secretaría general de la OEA", según publica Rafael Poleo en la Revista Zeta.
Así, una combinación de intereses y políticos que pugnan por un sitial en la cúspide regional pueden alejar en el corto plazo los vientos de intervención militar de una Venezuela asediada y amenazada por Washington.
Estas riñas internas y la intención de ganarse a los sectores que defienden el discurso oficial de las agresiones políticas y financieras a las que ha sido sometido el país en los últimos cinco años, describe una tendencia regresiva en los efectos de los embates internacionales, aun cuando estos buscan ser más agresivos.
Esta aparente manifestación de condena a una confrontación directa en territorio venezolano liderado por Estados Unidos, es consecuencia de una línea narrativa que viene tanteando la posibilidad de avanzar con ese plan, apoyándose en el relato de la "crisis de refugiados venezolanos", el "Estado fallido" y la supuesta amenaza que implica Venezuela para la región, en distintos órdenes.
Al plantear con seriedad el ataque unilateral contra la República Bolivariana, los países de la zona se desvincularon del planteamiento, ejerciendo cierto pragmatismo frente a los sectores más hostiles contra la soberanía venezolana. La evidencia principal que deja este alejamiento, es que la idea de la intervención militar en Venezuela se ha posicionado fuertemente en medios y ha logrado escalar a los decisores de la Casa Blanca y el Pentágono. Se transforma en una amenaza creíble.
Pero esta salida diplomática no es nueva. En septiembre de 2017 Donald Trump se reunió al margen de la Asamblea General de la ONU con el ex presidente Juan Manuel Santos y los presidentes de Brasil, Panamá y Perú, presionando con el tema de invadir a Venezuela, propuesta que fue rechazada en consenso por los países consultados.
Fallido el magnicidio, avanzan los llamados a la intervención militar
Inmediatamente de que se frustrara el primer intento de magnicidio mediante el uso de drones a un Presidente de una nación, se dio pasó a una cobertura extensa, con datos imprecisos y exagerando situaciones puntuales del fenómeno migratorio causado por las medidas de guerra económica implementadas contra Venezuela por Estados Unidos.Tomar los reportajes de los medios corporativos en relación a este tema como sustento de las denuncias que posicionan al país como un asunto de seguridad para la región que compete a Estados Unidos, es la agenda que manejan tanto Almagro como el senador Marco Rubio. Ambos han utilizado la construcción de la "diáspora venezolana" y la narrativa del "Estado fallido" para proyectar un escenario en el que la invasión militar sea un recurso factible.
En el mismo seno del gobierno norteamericano existe una disputa acerca de la política exterior a tomarse contra Venezuela. La disputa entre los neoliberales demócratas y neoconservadores bipartidistas junto a su escolta mediática mundial y los sectores conversadores, ultranacionalista y supremacistas blancos representados por el presidente Trump, ha abierto una discusión pública sobre los planes de intervencionismo.
La posición de Almagro, en este sentido, responde a ese contexto inmediato. Durante un viaje que hizo el 14 de septiembre a la frontera colombo-venezolana, el Secretario General de la OEA ratificó la línea de violencia a escala militar.
En rueda de prensa realizada en el Puente Internacional Simón Bolívar, sitio al que asistió para fundamentalmente recoger insumos que le dieran el toque dramático a la cuestión migratoria, manifestó que "en cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción". Un abordaje superficial de testimonios "desgarradores" fue la maniobra para presionar con la amenaza de la "ayuda humanitaria".
Sus consecutivos fracasos en concretar las acciones para desmantelar al país bajo la excusa de las denuncias humanitarias, hoy se intensifican debido al presente contexto de ofensiva económica que está asumiendo el presidente Maduro con el apoyo de fuerzas geopolíticas importantes, a saber, Rusia y China, que también lidian contra golpes a sus sistemas financieros bajo factura estadounidense.
A partir de allí, ese es el punto en el que surge la aceleración de velocidades, que no todos los actores políticos involucrados están dispuestos a asumir.
Igualmente Marco Rubio avanza en la dirección militar en una ruta despejada, luego de que quedara en evidencia por medios de alcance global como Bloomberg y The New York Times, que publicaron la participación de Washington en conversaciones con agentes del golpismo que estaban a cargo de la "Operación Constitución" y de otros planes de golpe de Estado.
Desde ese entonces, y bajo el formato de la campaña mediática migratoria ("la diáspora venezolana"), el senador republicano ha defendido el enfoque de "las opciones no descartadas" para abordar un problema continental que le ha costado al Estado norteamericano ingentes recursos en mecanismos no convencionales de agresión.
Además de funcionar como parte de su trabajo de "gendarme" dentro del Senado estadounidense, Marco Rubio aprovecha el relato del éxodo venezolano para hacer control de daños ante el recule del Grupo de Lima. La propagandización de un falso estado de miseria y hambre en la población venezolana empuja el motivo moral de salvaguardar los derechos humanos, saliendo a relucir Occidente como el "protector" de esta causa. La esencia que les permite invocar la "Responsabilidad para Proteger" (R2P) como doctrina de intervención humanitaria.
De hecho, luego del comunicado emitido por los 11 países firmantes, Rubio publicó en su cuenta de Twitter estar de acuerdo con que "todas las opciones deben estar sobre la mesa para lidiar con la crisis en Venezuela", refiriéndose a lo expresado por el embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos, en su primer acto como funcionario internacional en ese país.
Bogotá: el sastre que toma las medidas del traje invasor
Colombia, Canadá y Guyana, fueron los únicos países que no firmaron el comunicado del Grupo de Lima rechazando cualquier acción que implique una intervención militar. Las declaraciones del embajador Santos aseguran que el cambio de régimen es indispensable para garantizar una solución a la situación venezolana. Respalda a Almagro y señala la falta de consenso con el resto de los países latinoamericanos sobre la consideración de todas las posibilidades para que ese cambio ocurra.Anteriormente, su homólogo en Bogotá, Kevin Whitaker, marcó la pauta para que el país subordinado pudiera manifestarse con soporte sobre las últimas movidas de operaciones informativas que atacan, con el trasfondo de guerra a la Administración Trump, las salidas violentas de la dirección política de Washington.
En una entrevista de El Tiempo, el embajador de Estados Unidos en Colombia reiteró que Colombia cuenta con el apoyo de su país en caso de una supuesta agresión de Venezuela. Comentó la más reciente inyección de dólares que se hizo para la causa migratoria: 60 millones financiando la intervención humanitaria, disimuladas en la asistencia a los precarios "centros de refugiados" instalados en las ciudades limítrofes del país colombiano.
La insistencia en un supuesto conflicto fronterizo producto de la "tragedia venezolana" se está armando con el beneplácito del alto mando político estadounidense, quienes enviaron en el mes de agosto al secretario de Defensa, James Mattis, con la agenda prioritaria de puntualizar las acciones que el nuevo presidente colombiano debe seguir para aterrizar el suceso que desencadene el enfrentamiento y justifique el ataque unilateral del país vecino.
"Será como la primera visita a un sastre", fue lo que expresó el jefe del Pentágono de la reunión para tratar el tema de seguridad del hemisferio con Iván Duque. Las medidas fueron tomadas con precisión por Colombia, que está asumiendo desde el fatídico quiebre de la oposición venezolana, al fallar con el modelo de revoluciones de color, el lobby pro-intervención a escala regional.
Condiciones a las que se enfrenta el Grupo de Lima en el continente
El cisma queda evidenciado en la región: la breve integración colectiva de los países en amparar los planes de caotización económica y social de la población venezolana, no mantiene su ritmo cuando las políticas exteriores del poder fragmentado en Estados Unidos se obstruyen entre ellas, sacudiendo a los Estados avasallados en la región latinoamericana.Cuando países que se benefician de recursos facilitados por el Gobierno venezolano son sacrificados para continuar con la agenda sancionadora, como Brasil, que puede verse afectado en el suministro de energía eléctrica en una zona de su territorio por las acciones económicas coercitivas que le impiden pagar a Corpoelec, se dan esta clase de virajes en las relaciones con Venezuela.
Otro caso es Argentina, que siente exterminada la economía nacional luego de seguir la receta dictada por asesores del FMI y que ha derivado en una precarización de la vida social, con recortes financieros a los sectores públicos, el aumento del costo de servicios básicos y el debilitamiento de la seguridad social.
Los agentes encargados de retomar la senda de la Doctrina Monroe en el seno de los gobiernos progresistas, mediante intervenciones indirectas vía infiltración (judicial en el caso brasileño, política en lado ecuatoriano) en el Estado, ahora ven cómo se revierte la situación en sus respectivas administraciones. Son fichas frágiles en las operaciones contra Venezuela y por lo tanto descartables. Pedro Pablo Kuczynski, anfitrión inicial del Grupo de Lima, es testigo de ello.
De hecho, apoyar una intervención militar extranjera en Venezuela significaría para esos gobiernos que firmaron el último comunicado del Grupo de Lima un equívoco como decisión política, pues no sólo están frescas en la memoria los desastres humanitarios resultantes de tales invasiones (Panamá 1989, Libia 2011, etc.), sino que también tendría consecuencias regionales con mucha ascendencia en los países limítrofes con Venezuela o que tienen una relación comercial y diplomática que cuidar con el Estado que preside Maduro.
Colombia, por su parte, parece tener razones e intereses de sobra para empujar hacia una campaña bélica, pues con ese medio buscarían garantizar el control de una zona estratégica (el occidente venezolano) para el corredor del narcotráfico, así como del petróleo y la gasolina, un recurso imprescindible para la elaboración de la cocaína y su transporte.
En un contexto de golpe vía invasión militar, avizoran que los carteles de la droga quedarían al mando, cuyos intereses convergen estrechamente con la dinámica paraeconómica de poderes estadounidenses. Ello se ilustra con la siguiente pregunta enunciada desde esta tribuna: "¿Cómo satisfacer a los sectores gubernamentales de los Estados Unidos poniendo freno al negocio que oxigena y sostiene la economía colombiana, la parapolítica y el negocio de la guerra, que a su vez se mezcla con los intereses de otros sectores del mismo Estado norteamericano?".
Proyecciones (realistas) de un ataque unilateral de Estados Unidos
Bajo este delicado cuadro, pareciera no haber un acuerdo entre las élites de Estados Unidos para activar ese escenario, ya que las fuerzas que se oponen están cartelizadas en una campaña de desprestigio contra el actual inquilino de la Casa Blanca.Este conflicto interno, primero, determina con mayor claridad las intenciones de Estados Unidos y maximiza sus costos de credibilidad en la opinión pública. Segundo, legitima las denuncias que ha hecho el Estado venezolano de todas las operaciones para cambiar el orden político en el país.
Por otro lado, le da un margen para maniobrar con actores políticos que se decantan por el diálogo en detrimento de las acciones violentas, y hacia ese lado vira la diplomacia venezolana.
En lo inmediato se aprecia ese rumbo: una reunión con el directorio de Nicolás Maduro fue confirmada por José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles 19 de septiembre. El ex presidente español, que ha desestimado las causas políticas del flujo migratorio y las ha contextualizado en las sanciones económicas, podría participar en una reversión del tratamiento que países miembros de la OEA le han dado a Venezuela.
En ese sentido, Hugo de Zela, vicecanciller de Perú que dirigió el comunicado del Grupo de Lima y que prevé la caída del actual presidente peruano, Martín Vizcarra, buscaría "congraciarse con la izquierda regional para que faciliten su elección tras una eventual salida de Almagro de la secretaría general de la OEA", según publica Rafael Poleo en la Revista Zeta.
Así, una combinación de intereses y políticos que pugnan por un sitial en la cúspide regional pueden alejar en el corto plazo los vientos de intervención militar de una Venezuela asediada y amenazada por Washington.
Estas riñas internas y la intención de ganarse a los sectores que defienden el discurso oficial de las agresiones políticas y financieras a las que ha sido sometido el país en los últimos cinco años, describe una tendencia regresiva en los efectos de los embates internacionales, aun cuando estos buscan ser más agresivos.
Intereses y razones por las que Colombia busca prender un conflicto con Venezuela
Septiembre 20 de 2018, 11:52 am - MISIÓN VERDAD
Una
nueva escalada de acciones diplomáticas y militares contra
Venezuela comenzó esta semana en Colombia. Como ya hemos señalado
anteriormente, el gobierno colombiano ha dado serios indicios
en los últimos meses de que está dispuesto a asumir el costo de una
agresión directa contra su vecino geohistórico. Los intereses del
gobierno y los poderes fácticos colombianos se unen en este objetivo.
Pero los consensos internos no están dados ni siquiera en algunos sectores de la burguesía colombiana. El propio uribismo presenta matices.
Mientras Álvaro Uribe y sus cuadros en el gobierno asumen frontalmente la voluntad de involucrar a Colombia en una agresión militar, Duque y su canciller son más parcos en el habla. Luego de que el gobierno colombiano se negara a firmar la declaración con la que el Grupo de Lima se deslindó de las declaraciones que hiciera Luis Almagro -precisamente desde Cúcuta-, la cancillería colombiana dio declaraciones muy imprecisas sobre las razones por las que decidió no desmarcarse del Secretario General de la OEA.
Mientras el canciller Holmes habló de mantenerse en la vía diplomática, el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos -quien fuera el vicepresidente de la era "Uribe", Francisco Santos- declaró públicamente que no debe descartarse una acción militar contra Venezuela. El día anterior, el senador estadounidense Marco Rubio había solicitado "aumentar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia militar y en la búsqueda de pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro".
El embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, por su parte dijo la semana pasada a la prensa que, en caso de una agresión desde Venezuela, su país defendería a Colombia. Estas palabras reafirman que el argumento de la "intervención militar por razones humanitarias" se ha venido desmoronando por las declaraciones de la ONU, la precipitación de Almagro que obligó al Grupo de Lima a deslindarse y sobre todo por el éxito del Plan Vuelta a la Patria.
Fracasada aquella narrativa, el gobierno colombiano ha recibido instrucciones para retomar los falsos positivos, que no han cesado desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder en Venezuela.
Tan solo en el último mes, el gobierno colombiano ha denunciado dos supuestas incursiones de militares venezolanos en su territorio. En agosto acusó a la FANB de violar el espacio aéreo colombiano y en septiembre de incursionar por vía fluvial y supuestamente secuestrar a tres ciudadanos colombianos. Ambas denuncias han recibido sendas respuestas de la cancillería venezolana que no ha dudado en calificarlas como operaciones de bandera falsa o falsos positivos.
Colombia ha sido conminada por Estados Unidos para asumir ese papel, pero también hay intereses por parte de grupos de poder en ese país que pugnan por la acción. Una de esos intereses es el de la ruta de acceso al Mar Caribe por el Lago de Maracaibo, un interés geoestratégico que data desde la época en que la entonces Capitanía General de Venezuela convirtió a Maracaibo en el puerto principal del oriente neogranadino y el occidente venezolano.
El café y todos los productos de la minería colombiana -en manos casi exclusivas de capitales transnacionales-, pero sobre todo el carbón, encontrarían en el Lago de Maracaibo una salida al Caribe mucho más cercana y accesible que los propios puertos colombianos.
Pero además el gran negocio del narcotráfico que tiene en Colombia el principal productor de cocaína del mundo también anhela dominar esa salida comercial. Esto significa que hay otros intereses foráneos en el proyecto de apoderarse de lo que el presidente Chávez denominara "la media luna" y pujan por la intervención militar contra Venezuela.
Otro interés estratégico, es sin duda, el combustible. Según un informe de la Contraloría General de Colombia, este país perderá su capacidad de autoabastecerse de combustible en el año 2021, pero ya a partir del año entrante (2019) la declinación de la producción comenzará a sentirse en su economía.
De ser exitosa, una intervención militar en Venezuela daría la posibilidad de controlar las mayores reservas petroleras probadas del mundo y compensar con creces la declinación de la producción petrolera colombiana.
Este combustible, además, es también materia prima para el procesamiento de la coca a razón de 166 galones de gasolina por cada kilogramo de cocaína producido, de modo que la gasolina es doblemente estratégico para una economía que sobrevive también gracias al narcotráfico.
Por estas razones el Estado colombiano parece estarse preparando para iniciar una acción unilateral desde la narrativa de la defensa de su seguridad nacional que, una vez iniciada, contará con el apoyo de los Estados Unidos.
La presión más fuerte para que esta acción se realice viene del gobierno norteamericano, los diferentes sectores de ultraderecha de la oligarquía colombiana y, obviamente, del propio Álvaro Uribe Vélez, quien trata de demostrar que en el pasado solo le "faltó tiempo" para invadir Venezuela, aunque la verdadera razón fue claramente develada por el mismo Comandante Chávez y tal parece que esa razón sigue teniendo vigencia histórica.
Pero los consensos internos no están dados ni siquiera en algunos sectores de la burguesía colombiana. El propio uribismo presenta matices.
Mientras Álvaro Uribe y sus cuadros en el gobierno asumen frontalmente la voluntad de involucrar a Colombia en una agresión militar, Duque y su canciller son más parcos en el habla. Luego de que el gobierno colombiano se negara a firmar la declaración con la que el Grupo de Lima se deslindó de las declaraciones que hiciera Luis Almagro -precisamente desde Cúcuta-, la cancillería colombiana dio declaraciones muy imprecisas sobre las razones por las que decidió no desmarcarse del Secretario General de la OEA.
Mientras el canciller Holmes habló de mantenerse en la vía diplomática, el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos -quien fuera el vicepresidente de la era "Uribe", Francisco Santos- declaró públicamente que no debe descartarse una acción militar contra Venezuela. El día anterior, el senador estadounidense Marco Rubio había solicitado "aumentar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia militar y en la búsqueda de pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro".
El embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, por su parte dijo la semana pasada a la prensa que, en caso de una agresión desde Venezuela, su país defendería a Colombia. Estas palabras reafirman que el argumento de la "intervención militar por razones humanitarias" se ha venido desmoronando por las declaraciones de la ONU, la precipitación de Almagro que obligó al Grupo de Lima a deslindarse y sobre todo por el éxito del Plan Vuelta a la Patria.
Fracasada aquella narrativa, el gobierno colombiano ha recibido instrucciones para retomar los falsos positivos, que no han cesado desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder en Venezuela.
Tan solo en el último mes, el gobierno colombiano ha denunciado dos supuestas incursiones de militares venezolanos en su territorio. En agosto acusó a la FANB de violar el espacio aéreo colombiano y en septiembre de incursionar por vía fluvial y supuestamente secuestrar a tres ciudadanos colombianos. Ambas denuncias han recibido sendas respuestas de la cancillería venezolana que no ha dudado en calificarlas como operaciones de bandera falsa o falsos positivos.
Colombia ha sido conminada por Estados Unidos para asumir ese papel, pero también hay intereses por parte de grupos de poder en ese país que pugnan por la acción. Una de esos intereses es el de la ruta de acceso al Mar Caribe por el Lago de Maracaibo, un interés geoestratégico que data desde la época en que la entonces Capitanía General de Venezuela convirtió a Maracaibo en el puerto principal del oriente neogranadino y el occidente venezolano.
El café y todos los productos de la minería colombiana -en manos casi exclusivas de capitales transnacionales-, pero sobre todo el carbón, encontrarían en el Lago de Maracaibo una salida al Caribe mucho más cercana y accesible que los propios puertos colombianos.
Pero además el gran negocio del narcotráfico que tiene en Colombia el principal productor de cocaína del mundo también anhela dominar esa salida comercial. Esto significa que hay otros intereses foráneos en el proyecto de apoderarse de lo que el presidente Chávez denominara "la media luna" y pujan por la intervención militar contra Venezuela.
Otro interés estratégico, es sin duda, el combustible. Según un informe de la Contraloría General de Colombia, este país perderá su capacidad de autoabastecerse de combustible en el año 2021, pero ya a partir del año entrante (2019) la declinación de la producción comenzará a sentirse en su economía.
De ser exitosa, una intervención militar en Venezuela daría la posibilidad de controlar las mayores reservas petroleras probadas del mundo y compensar con creces la declinación de la producción petrolera colombiana.
Este combustible, además, es también materia prima para el procesamiento de la coca a razón de 166 galones de gasolina por cada kilogramo de cocaína producido, de modo que la gasolina es doblemente estratégico para una economía que sobrevive también gracias al narcotráfico.
Por estas razones el Estado colombiano parece estarse preparando para iniciar una acción unilateral desde la narrativa de la defensa de su seguridad nacional que, una vez iniciada, contará con el apoyo de los Estados Unidos.
La presión más fuerte para que esta acción se realice viene del gobierno norteamericano, los diferentes sectores de ultraderecha de la oligarquía colombiana y, obviamente, del propio Álvaro Uribe Vélez, quien trata de demostrar que en el pasado solo le "faltó tiempo" para invadir Venezuela, aunque la verdadera razón fue claramente develada por el mismo Comandante Chávez y tal parece que esa razón sigue teniendo vigencia histórica.
Denuncian en España uso político de los DDHH para justificar intervención en Venezuela
“Se
ha fabricado un expediente, un montaje desde la derecha internacional
que controla algunos organismos multilaterales para dar legalidad a una
intervención militar en Venezuela, haciendo un uso político de la
defensa de los Derechos Humanos con falsas matrices de crisis
humanitaria y migratoria y aplicando un bloqueo ilegal y sanciones
unilaterales arbitrarias, violentando el Derecho Internacional”.
Así lo denunció la diputada venezolana Ilenia Medina, acompañada por la economista Pasqualina Curcio y la abogada constitucionalista Olga Álvarez quienes son integrantes del Movimiento Mujeres por la Patria, y se encuentran en Madrid como parte de una gira por Europa.
La parlamentaria Medina hizo la presentación con un balance de la agenda desarrollada en esta ofensiva internacional que iniciaron en Ginebra durante la celebración de la 39 Asamblea del Consejo de Derechos Humanos, donde denunciaron ante distintas organizaciones y movimientos, “el acoso contra Venezuela por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima”
“Estos países, pretenden mostrar a la comunidad internacional una supuesta crisis humanitaria o un éxodo masivo cuando los venezolanos han salido como consecuencia de la guerra económica y el bloqueo y no por un conflicto bélico como han salido millones de colombianos, o cientos de miles que mueren en las aguas del Mediterráneo porque en Europa no los quieren después que cooperan en la invasión y destrucción de sus países”, indicó Ilenia Medina.
“No hay tal defensa de los derechos humanos. Se sacrifica la causa de los derechos humanos para privilegiar los objetivos geopolíticos y de dominio de Estados Unidos”, subrayó.
Asimismo, Medina fustigó el informe del anterior Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, “por intentar construir un piso de legalidad para crear el escenario de ayuda humanitaria e intervenir militarmente en el país.”
Advirtió que Estados Uniodos, Canadá y el denominado Grupo de Lima están promoviendo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una Resolución contra Venezuela para que permita abrir un canal humanitario, “con el mismo procedimiento seguido en el caso de Libia, actualmente destrozada y en conflicto armado. De lograr Estados Unidos y sus aliados que se apruebe esta Resolución contra Venezuela, la agresión militar contra el país sería inmediata, tal como ya lo denunciaron el New York Times y otros medios de comunicación de EE.UU.”, indicó la parlamentaria.
Por su parte la economista Pasqualina Curcio explicó que Venezuela no tiene una crisis humanitaria, “lo cual también ha sido reconocido por un experto independiente de Naciones Unidas, como Alfred De Zayas, quien estuvo el año pasado en el país y pudo ver las consecuencias de la guerra económica contra Venezuela”.
Curcio insistió en que “Venezuela no necesita ayuda humanitaria, lo que requiere es que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea levanten el bloqueo financiero y comercial contra el pueblo venezolano y deroguen todas las medidas coercitivas unilaterales e ilegales”.
La economista venezolana detalló a los periodistas todas los factores que han incidido negativamente en la economía venezolana, “producto de la manipulación desde portales web instalados en Miami, para producir alteración en la moneda venezolana, el boicot a la distribución de medicamentos y alimentos por agentes externos e internos y el bloqueo a las transacciones financieras del gobierno para impedir la adquisición de insumos esenciales”. Son mecanismos artificiales, explicó la especialista, creados para generar desestabilización en el país por la vía de la asfixia económica.
Finalmente la abogada constitucionalista Olga Álvarez también se refirió al informe del Alto Comisionado saliente, Zeid Ra’ad al-Hussein, “porque pretende convertirse en una prueba contra Venezuela sin fundamento jurídico. Se trata de un documento plagado de falsos testimonios, incongruencias e inconsistencias que hemos demostrado ya que no siguió los procedimientos de denuncias estipulados por el mismo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto es una simulación de hechos punibles, indicó Álvarez.
Asimismo, sobre la supuesta crisis migratoria que señala este informe, Álvarez explicó que “el 60% de los venezolanos que emigran a España tiene nacionalidad española. No son migrantes, sólo están retornado a su país luego de haber sido acogidos por varias décadas después en Venezuela, con todos sus derechos humanos garantizados”.
Las activistas venezolanas de Derechos Humanos, sostuvieron encuentros en Madrid con organizaciones de juristas españolas, que mostraron respaldo a las medidas adelantadas por el gobierno de Venezuela para superar la guerra económica que existe contra el pueblo.
También se reunieron con miembros del cuerpo diplomático de Vietnam, Cuba, Nicaragua, Siria, El Salvador, Haití y Rusia. Así mismo concedieron entrevistas a medios de comunicación social de España, “para romper la cartelización, el bloqueo mediático que ha generado desinformación en la sociedad española sobre la realidad venezolana”, indicó Álvarez.
Cerraron con un Foro abierto con la Plataforma de Solidaridad con Venezuela en Madrid. Proseguirán al País Vasco y de España pasarán a Francia donde cerrarán su periplo.
Así lo denunció la diputada venezolana Ilenia Medina, acompañada por la economista Pasqualina Curcio y la abogada constitucionalista Olga Álvarez quienes son integrantes del Movimiento Mujeres por la Patria, y se encuentran en Madrid como parte de una gira por Europa.
La parlamentaria Medina hizo la presentación con un balance de la agenda desarrollada en esta ofensiva internacional que iniciaron en Ginebra durante la celebración de la 39 Asamblea del Consejo de Derechos Humanos, donde denunciaron ante distintas organizaciones y movimientos, “el acoso contra Venezuela por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima”
“Estos países, pretenden mostrar a la comunidad internacional una supuesta crisis humanitaria o un éxodo masivo cuando los venezolanos han salido como consecuencia de la guerra económica y el bloqueo y no por un conflicto bélico como han salido millones de colombianos, o cientos de miles que mueren en las aguas del Mediterráneo porque en Europa no los quieren después que cooperan en la invasión y destrucción de sus países”, indicó Ilenia Medina.
“No hay tal defensa de los derechos humanos. Se sacrifica la causa de los derechos humanos para privilegiar los objetivos geopolíticos y de dominio de Estados Unidos”, subrayó.
Asimismo, Medina fustigó el informe del anterior Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, “por intentar construir un piso de legalidad para crear el escenario de ayuda humanitaria e intervenir militarmente en el país.”
Advirtió que Estados Uniodos, Canadá y el denominado Grupo de Lima están promoviendo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una Resolución contra Venezuela para que permita abrir un canal humanitario, “con el mismo procedimiento seguido en el caso de Libia, actualmente destrozada y en conflicto armado. De lograr Estados Unidos y sus aliados que se apruebe esta Resolución contra Venezuela, la agresión militar contra el país sería inmediata, tal como ya lo denunciaron el New York Times y otros medios de comunicación de EE.UU.”, indicó la parlamentaria.
Sanciones al margen de la ley
Insistió la también internacionalista que “las sanciones impuestas a Venezuela están al margen de la ley. “Cualquier país que imponga sanciones contra otro está cometiendo un delito, las medidas coercitivas unilaterales están prohibidas por el derecho internacional. La Unión Europea no tiene jurisdicción sobre Venezuela, pero se humilla ante Estados Unidos, es vergonzoso su papel”Por su parte la economista Pasqualina Curcio explicó que Venezuela no tiene una crisis humanitaria, “lo cual también ha sido reconocido por un experto independiente de Naciones Unidas, como Alfred De Zayas, quien estuvo el año pasado en el país y pudo ver las consecuencias de la guerra económica contra Venezuela”.
Curcio insistió en que “Venezuela no necesita ayuda humanitaria, lo que requiere es que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea levanten el bloqueo financiero y comercial contra el pueblo venezolano y deroguen todas las medidas coercitivas unilaterales e ilegales”.
La economista venezolana detalló a los periodistas todas los factores que han incidido negativamente en la economía venezolana, “producto de la manipulación desde portales web instalados en Miami, para producir alteración en la moneda venezolana, el boicot a la distribución de medicamentos y alimentos por agentes externos e internos y el bloqueo a las transacciones financieras del gobierno para impedir la adquisición de insumos esenciales”. Son mecanismos artificiales, explicó la especialista, creados para generar desestabilización en el país por la vía de la asfixia económica.
Finalmente la abogada constitucionalista Olga Álvarez también se refirió al informe del Alto Comisionado saliente, Zeid Ra’ad al-Hussein, “porque pretende convertirse en una prueba contra Venezuela sin fundamento jurídico. Se trata de un documento plagado de falsos testimonios, incongruencias e inconsistencias que hemos demostrado ya que no siguió los procedimientos de denuncias estipulados por el mismo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto es una simulación de hechos punibles, indicó Álvarez.
Asimismo, sobre la supuesta crisis migratoria que señala este informe, Álvarez explicó que “el 60% de los venezolanos que emigran a España tiene nacionalidad española. No son migrantes, sólo están retornado a su país luego de haber sido acogidos por varias décadas después en Venezuela, con todos sus derechos humanos garantizados”.
Las activistas venezolanas de Derechos Humanos, sostuvieron encuentros en Madrid con organizaciones de juristas españolas, que mostraron respaldo a las medidas adelantadas por el gobierno de Venezuela para superar la guerra económica que existe contra el pueblo.
También se reunieron con miembros del cuerpo diplomático de Vietnam, Cuba, Nicaragua, Siria, El Salvador, Haití y Rusia. Así mismo concedieron entrevistas a medios de comunicación social de España, “para romper la cartelización, el bloqueo mediático que ha generado desinformación en la sociedad española sobre la realidad venezolana”, indicó Álvarez.
Cerraron con un Foro abierto con la Plataforma de Solidaridad con Venezuela en Madrid. Proseguirán al País Vasco y de España pasarán a Francia donde cerrarán su periplo.
T y F/Prensa embajada venezolana en España
EE.UU amenaza con más sanciones a Venezuela para “aumentar la presión”
El
secretario de Estado de los Estados Unidos (EEUU), Mike Pompeo, amenazó
este viernes con más sanciones a Venezuela, con el fin de “aumentar la
presión” sobre la nación suramericana y sobre el presidente
constitucional de la República, Nicolás Maduro.
Así lo dio a conocer durante una entrevista al canal FOX, en el que enfatizó que próximamente “se conocerán una serie de acciones que incrementarán el nivel de presión” contra el gobierno venezolano, citan los medios internacionales.
“Creo que (los venezolanos) entienden que Maduro no ha sido alguien que se haya preocupado de garantizar que el mejor interés del pueblo venezolano se refleje realmente en su política gubernamental”, subrayó el funcionario, quien hasta marzo ejercía el cargo como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Estas declaraciones se producen dos semanas después de la publicación del diario estadounidense The New York Times, quien en su artículo titulado El gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela,en la que se señala que un diplomático estadounidense se reunió al menos en tres oportunidades con los golpistas, la primera de ella a finales de 2017, el segundo encuentro también fue el año pasado y la tercera a principios de este 2018.
El pasado 4 de julio la agencia de noticias The Associated Press (AP), dio a conocer que un alto funcionario de la Administración estadounidense, reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría preguntado a sus asesores por qué su país no podía simplemente invadir Venezuela, el magnate imperial lanzó su amenaza al final de una reunión de agosto del año pasado en la Casa Blanca, destinada a discutir las sanciones unilaterales contra Venezuela.
Así lo dio a conocer durante una entrevista al canal FOX, en el que enfatizó que próximamente “se conocerán una serie de acciones que incrementarán el nivel de presión” contra el gobierno venezolano, citan los medios internacionales.
“Creo que (los venezolanos) entienden que Maduro no ha sido alguien que se haya preocupado de garantizar que el mejor interés del pueblo venezolano se refleje realmente en su política gubernamental”, subrayó el funcionario, quien hasta marzo ejercía el cargo como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Estas declaraciones se producen dos semanas después de la publicación del diario estadounidense The New York Times, quien en su artículo titulado El gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela,en la que se señala que un diplomático estadounidense se reunió al menos en tres oportunidades con los golpistas, la primera de ella a finales de 2017, el segundo encuentro también fue el año pasado y la tercera a principios de este 2018.
El pasado 4 de julio la agencia de noticias The Associated Press (AP), dio a conocer que un alto funcionario de la Administración estadounidense, reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría preguntado a sus asesores por qué su país no podía simplemente invadir Venezuela, el magnate imperial lanzó su amenaza al final de una reunión de agosto del año pasado en la Casa Blanca, destinada a discutir las sanciones unilaterales contra Venezuela.
T/AVN
ARGENTINA
Paro Nacional Activo de 36 horas el 24 y 25
El hambre es un crimen: Trabajo, producción y soberanía
Viernes 21 de septiembre de 2018, por *
Este
lunes 24 y martes 25 la CTA Autónoma, junto a organizaciones como la
CETEP, la CCC, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán, la CTD Aníbal
Verón (recientemente incorporada a la Central) volverán a decirle al
Gobierno de Macri y a los gobernadores provinciales que el hambre es un
crimen y que la riqueza la generan los trabajadores y las trabajadoras:
por producción, trabajo y soberanía. El paro será activo, de 36 horas y
habrá concentraciones, movilizaciones, actos y ollas populares en las 24
provincias del país. El lunes a las 12 habrá un acto central en el
Puente Pueyrredón.
Ricardo
Peidro, Secretario General de la CTA-A dio la bienvenida a todos y
todas a la “Casa de la CTA Autónoma” y agregó: “El motivo de la
conferencia es dar la información de cómo continúa este plan de lucha y
es con el paro de 36 horas activo, articulado y coordinado con
organizaciones gremiales y sociales con las que hicimos la Marcha
Federal y venimos resistiendo y oponiendo a este plan económico y
social de oprobio para todo nuestro pueblo. El 24 haremos un acto
central en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda con organizaciones
sociales como la CCC, la CETEP, Barrios de Pie, el Frente Darío
Santillán, la CTD Aníbal Verón y las organizaciones sociales que están
en nuestra Central y se organizan en la FeNaT. Este paro va a tener un
impacto en todo el país con actos, movilizaciones y concentraciones para
decirle no al plan económico del Gobierno y al FMI”.Peidro también se refirió al plan de lucha que están organizando en relación a la presencia de los Presidentes del G-20 a fin de año: “No estamos dispuestos a aceptar los planes que están llevando adelante a nivel global. De acá a fin de año va a ser una agenda de organización y de resistencia”.
Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General Adjunto de la CTA-A y Secretario General de ATE, dijo: “Nuestra solidaridad para los trabajadores y las trabajadoras de prensa por el ajuste que están viviendo, por eso este paro, así como lo hicimos el 12 de septiembre y en junio con la Marcha Federal, estamos dando inicio a este paro activo de 36 horas con el acto en el Puente Pueyrredón a las 12.00. Debemos profundizar este plan de lucha y este 24 y 25 va a expresar una caída de persianas de los pequeños comerciantes, al campesinado de todo el país; va a ser un paro activo comunitario porque los datos lo demuestran: crece la desocupación, la subocupación, crece el cierre de comercios porque no se pueden sostener los tarifazos, en este ritmo vamos a llegar a una pobreza del 40% de nuestra población y por eso este plan de lucha se sostendrá en el tiempo”.
Godoy señaló que este plan de lucha continuará en octubre cuando durante la primera semana se instale una carpa frente al Congreso de la Nación para decirle no al presupuesto que entrega la soberanía: “Estamos creando un Frente de Salvación Nacional que impida que Macri pueda seguir adelante con su plan de entrega. Convocamos a nuestro pueblo a ganar las calles porque los males de la democracia se resuelven con más democracia y participación popular. Estamos preparando un presupuesto alternativo para que se frenen los tarifazos, para que se respeten las paritarias, para que los trabajadores y las trabajadoras tengamos derecho a la democracia y a la libertad sindical”.
El secretario Gremial de la Central, Daniel Jorajuría, detalló las acciones que se van a multiplicar en las 24 provincias de todo el país y señaló el contexto social y económico en el que vivimos: 9,6% de desempleo, 30% de las Pymes cerradas y su proyección calcula en un 50% la caída de las Pymes para el año que viene.
Ante las preguntas de la prensa, tanto Peidro como Godoy destacaron que es el Gobierno nacional y los provinciales los que generan violencia y angustia y que la salida a estas políticas está en la organización popular.
Paro Nacional Activo
Declaración de la CTA Autónoma Rosario ante el Paro Nacional de 36 horas
Viernes 21 de septiembre de 2018, por *
De cara
a la huelga nacional de 36 horas de los días 24 y 25 de septiembre, la
CTA Regional Rosario convoca a todxs lxs trabajadoras y trabajadores,
movimientos sociales, estudiantiles, sindicales y políticos a realizar
un paro activo, con movilizaciones, cortes y actos en todas las plazas
del país.
Entre mayo y junio de 2018 el gobierno de Mauricio Macri destruyó
10.600 empleos sólo en el sector público nacional y ascienden a 34 mil
desde la asunción de su mandato. De acuerdo a los datos aportados por la
Encuesta Permanente de Hogares, entre el mes de noviembre de 2015 y el
mismo mes del 2017 se registraron 75.523 puestos de trabajo menos en
Rosario. En el sector industrial, el Observatorio Laboral del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, registró hasta
junio una pérdida de 3.215 empleos y el cierre de 263 firmas de las
cuales 253 eran consideradas “micro”. En total, la cartera contabilizó
el cierre de 2.726 empresas en todo el territorio santafesino.La pérdida de empleos es resultado de medidas de ajuste feroz, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como en los años ’90 se propone destruir la industria nacional, reducir el rol del Estado, privatizar áreas claves de contralor y producción y cercenar la garantía de derechos elementales como Salud y Educación. Los únicos beneficiarios del modelo en curso son los sectores dedicados a la timba financiera, las multinacionales extractivistas y las empresas que manejan funcionarios del propio gobierno.
El obsceno ataque a la Educación Pública y la Salud Pública es la expresión más cruda de la masacre social que se pretende aplicar. En Salud, despidiendo trabajadoras y trabajadores, cerrando efectores, afectando calendarios de vacunación y medicamentos que ponen en riesgo integral a la población, reduciendo partidas y pauperizando el sistema, aplicando la Cobertura Universal de Salud. En Educación, con la subejecución y reducción de presupuestos nacionales, no construcción de escuelas, falta de cargos, la anulación de la paritaria nacional docente, la desidia que se lleva la vida de compañeros como Sandra y Rubén en Moreno y la validación oficial de discursos contra quienes luchamos, que coadyuvan a la concreción de hechos aberrantes como las amenazas y torturas a docentes de esa localidad bonaerense.
Pero el objetivo de esa reducción presupuestaria y ascenso de discursos y prácticas que lesionan peligrosamente la democracia, cierra con la apuesta oficial de destinar fondos de Educación y Salud para fortalecer el aparato represivo del Estado. Está claro que el modelo sólo cierra con represión.
Los tarifazos, el dólar a más de cuarenta pesos, las paritarias congeladas, la dramática pérdida del poder adquisitivo, incrementaron la pobreza a límites inconcebibles para un país capaz de alimentar a una población diez veces mayor que la que cobija. En la Argentina cinco millones de niños y niñas tienen deficiencias nutricionales, siendo esto el primer eslabón de una larga cadena de vulneración de derechos. Ante esto decimos: el hambre es un crimen y tiene responsables. La manera de terminar con la pobreza estructural es generando trabajo digno, fortaleciendo las áreas educativas, la prevención en salud, con vivienda y alimentación dignas.
Las jubiladas y jubilados fueron golpeadxs con la reforma previsional regresiva, que profundizó su condena a haberes que no cubren las necesidades elementales. Por eso, decimos que hay que derogar esa reforma y pelear contra la armonización de las cajas jubilatorias provinciales. Necesitamos que al final de la vida laboral, se cuente con prestaciones de salud y haberes dignos: queremos un PAMI al servicio de los afiliados y el 82% móvil.
Los efectos de las políticas gubernamentales son claros: la miseria planificada se extiende en el país del pan y de los bienes comunes abundantes, mientras ríos y montañas son entregados a empresas que los destruyen y contaminan. Pero nada de esto podría haber sido ejecutado sin la anuencia de gobiernos provinciales que han demostrado ligereza y complicidad con estas políticas.
En Santa Fe vimos la adhesión al pacto fiscal, la falta de firmeza en el reclamo por el pago de la deuda que Nación mantiene y padecemos que nuestros salarios vayan detrás de la inflación agudizando la pérdida de poder adquisitivo, que en algunos sectores en particular parten de un piso miserable. La cláusula gatillo para los empleados y empleadas públicxs provinciales, llega dos meses tarde y mal, con una inflación que a fin de mes será del 30% y con paritarias cerradas en el 18%. La pérdida de poder adquisitivo en el sector ya ronda los ocho puntos. Por eso exigimos reapertura ya de las paritarias provinciales, el fin de la precarización, pase a planta permanente, creación de cargos y la dignificación de las asignaciones familiares, hoy con montos irrisorios.
Decimos que en esta provincia rica, sobra dinero para cubrir las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, pero el gobierno debe atreverse a gravar a las grandes empresas multinacionales que tienen ganancias extraordinarias. Es necesario que pongan más recursos los que más tienen.
Ante todo lo expuesto, este Paro Nacional que por tardío no es un paso menor, tiene perspectivas transformadoras si lo hacemos parte de un plan de lucha con un pliego reivindicativo común. Convocamos a toda la dirigencia de las centrales gremiales a realizar los esfuerzos necesarios para confluir en acciones unitarias que defiendan de conjunto a nuestra clase.
Llamamos a visualizar esta necesidad de reforzar la unidad de acción, sin perder identidad, ni renunciar a la soberanía de la propia organización. Compañeras, compañeros: la fragmentación y el divisionismo en la lucha no colabora. No son los tiempos electorales los que deben gobernar la dinámica de lucha de nuestro pueblo. Hay un 2019 que está lejos y un día a día que nos convoca permanentemente para defender a nuestro pueblo. Quienes asumimos el rol de representar a distintos sectores sociales debemos ser pacientes y generosos en el camino de la unidad.
Como parte de un camino recorrido conjuntamente, consideramos que los movimientos sociales son sujetos centrales de esta jornada de lucha, en la que representan al sector más vulnerable de nuestro pueblo. A los y las estudiantxs, lxs convocamos a abrazarnos en un solo grito por nuestros derechos, como fuimos capaces de hacerlo en las históricas jornadas en defensa de la educación pública.
Debemos dar continuidad a un plan de lucha que frene la reforma laboral de facto, que genere condiciones políticas para torcer el rumbo económico que nos asfixia, practicando la unidad de acción con criterios políticos básicos de acuerdo y respeto, decimos:
NO al FMI
NO a los despidos. NO a la reforma laboral.
Por educación y salud públicas
Basta de ajuste
Defendamos los puestos y las condiciones de trabajo
Por un Estado soberano, con trabajo y producción
Reapertura de paritarias YA
Luchemos unitariamente para construir una patria emancipada, con una sociedad justa y solidaria. SOLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO.
CTA AUTÓNOMA REGIONAL ROSARIO
El hambre es un crimen
La FeNaT se suma a las medidas de fuerza del 24 y 25 de septiembre
Viernes 21 de septiembre de 2018, por *
El
pasado 5 de septiembre, las organizaciones que forman parte de la FeNaT
salieron a las calles, en todo el país, a denunciar que
#ElHambreEsUnCrimen, que #ElHambreNoEspera y que el Estado es
responsable político directo de esta situación.
Su silencio, omisión e inacción a favor de los sectores más vulnerables son ya un agravio al pueblo.No vamos a quedarnos inmóviles ante la expansión sin precedentes de esta pobreza que devora la panza de lxs pibxs, que convierte los espacios comunitarios en comedores urgentes, que impone una selección escalofriante en el seno familiar e insulta la dignidad del que labura echando suerte de ver quién come y quién deja de comer para que a lxs más pequeñxs no les falte plato.
A esta amenaza que pretende sembrar terror y desaliento; a esta injuria que desprecia el presente de nuestrxs pibes, de nuestrxs viejxs, de nuestrxs compañeros y compañeras, la vamos a parar organizando la rabia, las esperanzas y los abrazos que nos quedan.
Con la fuerza de quienes no se resignan a vivir de rodillas, nos sumamos los días 24 y 25 de Septiembre al PARO ACTIVO NACIONAL de 36 horas convocado por nuestra Central.
Porque “El hambre es un crimen” y el Estado es responsable. Hay que parar el ajuste. ¡Hay que pararlos!
FeNaT en CTA-A
Paro Nacional
La CTA Autónoma para 36 horas y marcha en Viedma, Roca y Bariloche
Viernes 21 de septiembre de 2018, por *
Es en
rechazo a la política económica del Gobierno nacional. “Le pedimos a
Macri que se vaya”, expresó la secretaria Adjunta de la CTA Río Negro,
Sonia Koprio.
Enmarcada en el Paro Nacional de 36 horas convocado por todas las
centrales sindicales, la CTA Autónoma de Río Negro llama a marchar el
lunes en Viedma, General Roca y Bariloche contra la política económica
del Gobierno nacional y el ajuste en la provincia.La medida de fuerza que arrancará este 24 de septiembre y se extenderá hasta el martes 25, fue decidida por el Frente Sindical y Social Rionegrino, que aglutina a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT y las organizaciones sociales MAP, Odel, CCC, CTEP y Barrios de Pie, entre otras. Sindicatos como ATE realizarán un paro total de 48 horas.
En Viedma se convoca a marchar el lunes a las 17.30 desde Plaza San Martín, en General Roca desde Roca y Tucumán, y en Bariloche desde Moreno y Onelli.
“Nos une el sufrimiento que vivimos los obreros: la inflación ha carcomido nuestros salarios y los despidos asechan. Resistimos gracias a nuestras organizaciones, que a diario ponen el pecho para frenar esta política implementada por el Presidente. Le pedimos a Macri que se vaya”, desafió Sonia Kopprio, Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma y Secretaria General del SiPeSeDo, el sindicato de ayudantas de casas particulares.
“Hemos alcanzado el grado de unidad más amplio posible para derrotar este ajuste que a los patagónicos nos afecta duramente”, manifestó por su parte el secretario Adjunto de la CTA Autónoma Río Negro y dirigente de Unter, Manuel Hermida, en referencia a los recortes previstos en el proyecto de Presupuesto 2019 para el plus austral que reciben los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal Por Hijo.
Dentro de los reclamos puntuales que las centrales sindicales exigen al Gobierno nacional, se encuentra también la ofensiva que intenta flexibilizar las condiciones de empleo con una reforma laboral y la eliminación de ministerios, que grafica mejor que otra medida, el ajuste acordado con el FMI.
PÁGINA 12
Sergio Palazzo, sobre las medidas de fuerza del lunes y martes
"Van a tener un alto acatamiento"
PÁGINA 12 - 23 de septiembre de 2018
Imagen: Sandra Cartasso
A
un día del paro de las CTA y a dos de la medida de fuerza convocada por
la CGT, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió
que la convocatoria contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri
“van a tener alto acatamiento”.
“Esperamos que el Gobierno entienda que hay que corregir la política económica, sino tendremos que intensificar el plan de acción”, resaltó respecto a la reacción que tendrán los dirigentes si no se escuchan sus reclamos. Los bancarios se plegaron a la movilización del lunes a partir de las 13, aunque sin cese de tareas, y acompañarán el paro nacional del martes.
El titular de La Bancaria pidió que se reabran todas las paritarias, teniendo en cuenta que “la inflación va a estar cerca del 50 por ciento o por arriba. No hay valores de referencia para la paritaria del año que viene. Lo que hay que hacer es actualizar los salarios automáticamente por inflación”, puntualizó en diálogo con el programa Toma y Daca, de Radio Cooperativa.
Para Palazzo, el Gobierno tiene que “recapacitar” tanto en el rumbo económico como en sus políticas sociales. "El Gobierno cede ante el campo y el sector financiero, con los sectores poderosos. Ante los trabajadores se pone duro”, evaluó el dirigente. El dirigente destacó además que el oficialismo “perdió toda credibilidad” al referirse a los pronósticos inflacionarios anunciados por el equipo económico para el próximo año. “No se les puede creer que el año que viene va a bajar” la inflación señaló. Y puntualizó: “El 23 por ciento del Presupuesto (2019) no es creíble”.
“Esperamos que el Gobierno entienda que hay que corregir la política económica, sino tendremos que intensificar el plan de acción”, resaltó respecto a la reacción que tendrán los dirigentes si no se escuchan sus reclamos. Los bancarios se plegaron a la movilización del lunes a partir de las 13, aunque sin cese de tareas, y acompañarán el paro nacional del martes.
El titular de La Bancaria pidió que se reabran todas las paritarias, teniendo en cuenta que “la inflación va a estar cerca del 50 por ciento o por arriba. No hay valores de referencia para la paritaria del año que viene. Lo que hay que hacer es actualizar los salarios automáticamente por inflación”, puntualizó en diálogo con el programa Toma y Daca, de Radio Cooperativa.
Para Palazzo, el Gobierno tiene que “recapacitar” tanto en el rumbo económico como en sus políticas sociales. "El Gobierno cede ante el campo y el sector financiero, con los sectores poderosos. Ante los trabajadores se pone duro”, evaluó el dirigente. El dirigente destacó además que el oficialismo “perdió toda credibilidad” al referirse a los pronósticos inflacionarios anunciados por el equipo económico para el próximo año. “No se les puede creer que el año que viene va a bajar” la inflación señaló. Y puntualizó: “El 23 por ciento del Presupuesto (2019) no es creíble”.
Estela Díaz, CTA de los Trabajadores
“Tenemos que ir por un plan de lucha”
–¿En qué contexto llega este paro y movilización de las dos CTA?
–Estamos con una enorme preocupación. Hace unos días ingresó el proyecto de Presupuesto donde se entrega la soberanía porque fue diseñado por el FMI que es incluso peor que los acuerdos anteriores con el Fondo y donde se plantea un ajuste feroz donde la perspectiva de pérdida de recursos y de políticas del Estado en términos nominales es casi un 40 por ciento pero si pensamos en la inflación en algunos sectores esa pérdida alcanza un 70 por ciento de recursos para políticas que son esenciales. A eso sumemos que en el primer semestre se perdieron más de 100 mil puestos de trabajo. La desocupación ha superado el 9 por ciento pero para las mujeres está en el 11 por ciento.
–Un dato que agudiza la desigualdad social...
–Es una particularidad de este modelo que además va acompañado de un crecimiento exponencial porque no sólo que la desocupación nos afecta más sino que la subocupación, que entre los varones es del 9 por ciento, trepa hasta el 13 por ciento. En la informalidad estamos cercanas al 40 por ciento por lo que en el trabajo remunerado informal alcanza a casi la mitad de las mujeres. Cuando se piensa en estos factores en cuanto al impacto negativo en políticas de salud y educación más el deterioro de la vida de jubilados y jubiladas pero hay que agregarle todo el otro trabajo que realizan las mujeres que no es remunerado. Entonces la calidad de vida de las mujeres empeora de manera automática porque no sólo debe comenzar a estirar la comida y extender los recursos para que la olla rinda con muchísimo menos cosas sino que también hay que agregarle toda la tarea social y comunitaria que está profundamente feminizada.
–Esas pérdidas son los servicios que debe prestar el Estado.
–Es tremendo y casi como una ironía aparece el propio Fondo Monetario colocándose a la izquierda del Gobierno al sostener que la Argentina está en crisis y por lo tanto no exige el déficit cero y dejan que haya dinero para programas sociales. La verdad que es una ironía que el Fondo parezca tener más conciencia. Lo otro que también se puede verificar es que durante los primeros meses de este año los indicadores de regresión del ingreso son sostenidos y crecientes. Los ricos son cada vez más ricos y se concentra en el sector financiero y de los agronegocios. Por otro lado, la transferencia de los sectores populares y asalariados hacia ellos es cada vez más alta. Por lo tanto hoy el tener trabajo no significa que no eres pobre por el contrario llevan a las clases medias a niveles fenomenales de pobreza.
–Entonces esto no fue un error sino que es el modelo.
–Acá no hoy errores ni excesos. Este es el modelo de transferencia fenomenal hacia el sector financiero transnacional que incluye una fuga de divisas. Acá hay quien está haciendo un festival de plata y se está generando una terrible deuda que no sólo hipoteca este presente sino que para el futuro nos deja en una situación de absoluta condicionalidad.
–Por lo que dice usted parece que cuando se habla de déficit cero se apunta a los empleados estatales tanto de la administración como de los que prestan el servicio de salud y el educativo.
–Claramente es así. La pérdida de puestos de trabajo en el Estado no sólo es muy grande sino que está claramente diseñado y como tal generan un deterioro notable. En el año todo el sector estatal respecto a 2015 este año perderá entre tres y cuatro salarios.
–Sería conveniente una mayor unidad en el movimiento obrero.
–Hay una reconfiguración de la unidad del movimiento sindical y es por eso que nuestros planes de lucha y paros los hacemos junto a la CTA Autónoma pero ahora estamos con el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) que nos van a acompañar el 24 y nosotros vamos a ir con ellos a la marcha que convocaron para el 20 de octubre a Luján. La unidad del movimiento sindical es una fortaleza de los trabajadores y el campo popular para que no sea peor la crisis y tenemos, además, que ir en el camino de la construcción política donde los que fuimos protagonistas de estas luchas también tenemos que tener un protagonismo en la construcción de este proyecto popular para enfrentar las elecciones.
–¿Quiénes deberían participar en este frente político?
–Creo que deben estar todos aquellos que integran lo popular, lo nacional, democrático y feminista tal como lo sintetizó la ex presidenta durante el debate por el aborto en el Senado. Ahí debemos estar las mujeres que venimos del sindicalismo, organizaciones sociales y todo aquel sector que quiere enfrentar al proyecto neoliberal y al gobierno de Cambiemos sin ambages. Tiene que ser muy amplio, abarcador y generoso con una metodología de resolución de las candidaturas pero que ponga como centro un programa de derrota del neoliberalismo pero sobre todo de recuperación de la patria.
–Ricardo Pignanelli dijo que hay que profundizar la unidad aunque duela.
–Es una muy buena definición y la dirigencia debe ser en este contexto muy generosa y amplia entre todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales para armar ese frente antineoliberal y que tenga la perspectiva latinoamericana, popular de recuperación de los resortes del Estado para la redistribución de la riqueza y la justicia social. Ese tiene que ser nuestro paradigma y allí todos los que se sientan parte.
–¿Y después de los paros de las CTA y CGT qué viene?
–Tenemos que ir por un plan de lucha con continuidad donde debemos concentrarnos, como primer paso, en rechazar el presupuesto y presentar uno alternativo que exprese el modelo de país que queremos construir.
–Estamos con una enorme preocupación. Hace unos días ingresó el proyecto de Presupuesto donde se entrega la soberanía porque fue diseñado por el FMI que es incluso peor que los acuerdos anteriores con el Fondo y donde se plantea un ajuste feroz donde la perspectiva de pérdida de recursos y de políticas del Estado en términos nominales es casi un 40 por ciento pero si pensamos en la inflación en algunos sectores esa pérdida alcanza un 70 por ciento de recursos para políticas que son esenciales. A eso sumemos que en el primer semestre se perdieron más de 100 mil puestos de trabajo. La desocupación ha superado el 9 por ciento pero para las mujeres está en el 11 por ciento.
–Un dato que agudiza la desigualdad social...
–Es una particularidad de este modelo que además va acompañado de un crecimiento exponencial porque no sólo que la desocupación nos afecta más sino que la subocupación, que entre los varones es del 9 por ciento, trepa hasta el 13 por ciento. En la informalidad estamos cercanas al 40 por ciento por lo que en el trabajo remunerado informal alcanza a casi la mitad de las mujeres. Cuando se piensa en estos factores en cuanto al impacto negativo en políticas de salud y educación más el deterioro de la vida de jubilados y jubiladas pero hay que agregarle todo el otro trabajo que realizan las mujeres que no es remunerado. Entonces la calidad de vida de las mujeres empeora de manera automática porque no sólo debe comenzar a estirar la comida y extender los recursos para que la olla rinda con muchísimo menos cosas sino que también hay que agregarle toda la tarea social y comunitaria que está profundamente feminizada.
–Esas pérdidas son los servicios que debe prestar el Estado.
–Es tremendo y casi como una ironía aparece el propio Fondo Monetario colocándose a la izquierda del Gobierno al sostener que la Argentina está en crisis y por lo tanto no exige el déficit cero y dejan que haya dinero para programas sociales. La verdad que es una ironía que el Fondo parezca tener más conciencia. Lo otro que también se puede verificar es que durante los primeros meses de este año los indicadores de regresión del ingreso son sostenidos y crecientes. Los ricos son cada vez más ricos y se concentra en el sector financiero y de los agronegocios. Por otro lado, la transferencia de los sectores populares y asalariados hacia ellos es cada vez más alta. Por lo tanto hoy el tener trabajo no significa que no eres pobre por el contrario llevan a las clases medias a niveles fenomenales de pobreza.
–Entonces esto no fue un error sino que es el modelo.
–Acá no hoy errores ni excesos. Este es el modelo de transferencia fenomenal hacia el sector financiero transnacional que incluye una fuga de divisas. Acá hay quien está haciendo un festival de plata y se está generando una terrible deuda que no sólo hipoteca este presente sino que para el futuro nos deja en una situación de absoluta condicionalidad.
–Por lo que dice usted parece que cuando se habla de déficit cero se apunta a los empleados estatales tanto de la administración como de los que prestan el servicio de salud y el educativo.
–Claramente es así. La pérdida de puestos de trabajo en el Estado no sólo es muy grande sino que está claramente diseñado y como tal generan un deterioro notable. En el año todo el sector estatal respecto a 2015 este año perderá entre tres y cuatro salarios.
–Sería conveniente una mayor unidad en el movimiento obrero.
–Hay una reconfiguración de la unidad del movimiento sindical y es por eso que nuestros planes de lucha y paros los hacemos junto a la CTA Autónoma pero ahora estamos con el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) que nos van a acompañar el 24 y nosotros vamos a ir con ellos a la marcha que convocaron para el 20 de octubre a Luján. La unidad del movimiento sindical es una fortaleza de los trabajadores y el campo popular para que no sea peor la crisis y tenemos, además, que ir en el camino de la construcción política donde los que fuimos protagonistas de estas luchas también tenemos que tener un protagonismo en la construcción de este proyecto popular para enfrentar las elecciones.
–¿Quiénes deberían participar en este frente político?
–Creo que deben estar todos aquellos que integran lo popular, lo nacional, democrático y feminista tal como lo sintetizó la ex presidenta durante el debate por el aborto en el Senado. Ahí debemos estar las mujeres que venimos del sindicalismo, organizaciones sociales y todo aquel sector que quiere enfrentar al proyecto neoliberal y al gobierno de Cambiemos sin ambages. Tiene que ser muy amplio, abarcador y generoso con una metodología de resolución de las candidaturas pero que ponga como centro un programa de derrota del neoliberalismo pero sobre todo de recuperación de la patria.
–Ricardo Pignanelli dijo que hay que profundizar la unidad aunque duela.
–Es una muy buena definición y la dirigencia debe ser en este contexto muy generosa y amplia entre todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales para armar ese frente antineoliberal y que tenga la perspectiva latinoamericana, popular de recuperación de los resortes del Estado para la redistribución de la riqueza y la justicia social. Ese tiene que ser nuestro paradigma y allí todos los que se sientan parte.
–¿Y después de los paros de las CTA y CGT qué viene?
–Tenemos que ir por un plan de lucha con continuidad donde debemos concentrarnos, como primer paso, en rechazar el presupuesto y presentar uno alternativo que exprese el modelo de país que queremos construir.
Pablo Biró, CGT-APLA (pilotos)
“Hay que ponerles un freno a estas políticas”
–El paro será realidad y se prevé contundente. ¿No llega un poco tarde?
–El paro era imprescindible desde hace semanas y si bien llega un tanto forzado por el agravamiento de la situación hay que tener en cuenta que es en defensa propia porque el gobierno está provocando un daño en la matriz productiva y en el tejido social tremendo y la CGT está haciendo muy poco. Entonces, a los que venimos impulsando un plan de lucha y no solo una medida de fuerza, el paro nos resulta un tanto extemporáneo. Creo que es fundamental revisar el documento del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) que enuncia lo que el movimiento obrero están expresando.
–Ahí reclaman el cambio de modelo económico.
–Así es. Lo planteamos en defensa de la industria nacional y para eso es preciso poner un freno a las importaciones, detener el tarifazo que se traducen en una fabulosa pérdida de empleos y terminar con el impacto negativo que tienen estas políticas en Pymes y en las economías regionales. Nosotros reclamamos revisar el modelo tributario y avanzar en la declaración de la emergencia alimentaria y sanitaria e incluso revertir la reforma previsional.
–¿A qué responde la tardanza en decretar el paro?
–La conducción de la CGT dice no querer ser tildada de desestabilizadora. Nosotros sostenemos que ningún plan de lucha puede ponerle fin a un gobierno sino que lo que hay que hacer es ponerle un freno a las políticas que ante la ausencia de rechazo organizado el gobierno sigue avanzando.
–¿Todo lo que ocurre son errores del Gobierno o es el modelo?
–El mercado está manejado por un grupo de empresarios vivos e inescrupulosos y tienen un montón de aspiraciones que tienen que ver con la voracidad de acumulación de bienes, divisas y poder económico y este gobierno está integrado por otro grupo de empresarios vivos que coinciden con los intereses del mercado. Sólo argumentan impericias para disimular y no perder el apoyo pero son medidas que son orquestadas con toda claridad.
–Durante el plenario del FSMN se planteó evitar la sanción del Presupuesto. ¿Es posible? ¿El Gobierno no aprovechará para victimizarse?
–Mire, el evitarlo o modificarlo no puede representar un ataque o un golpe. En todo caso es un golpe a los intereses de los empresarios que buscan licuar el poder adquisitivo del salario y generar más desempleo que provocará una sobre oferta laboral y su consecuente reducción de los costos. Es muy claro desde la definición del modelo capitalista que usan el recurso humano con un fin utilitario como si fueran cosas que se pueden desplazar, suspender, comercializar, desvalorizar y hasta eliminar. Entonces con desempleo y crisis económica los derechos laborales caen en un segundo plano porque la prioridad es poder llevar la comida al hogar. Ellos aspiran que con este sistema de imponer el terror en el mercado laboral las organizaciones sindicales bajen las banderas y acepten la precarización. Hay que tener en claro que esta crisis no existía y el Gobierno se dedicó estos tres años a producirla para defender sus intereses. Entonces, el pedido que hacemos por el rechazo a este presupuesto es para que la oposición no avale el ajuste a la educación, la salud, previsión social y a las compañías que prestan servicios al Estado.
–¿Esto que usted describe es lo que el Gobierno entiende por déficit cero?
–Ellos buscan un Estado chico para no tener que subsidiar a las empresas del Estado porque cuando uno ve que le dan los Repro a empresas privadas como Carrefour, donde le avalan 1500 despidos encubiertos, lo que queda a la vista es que usan los fondos públicos para sostener a los privados en detrimento de las empresas públicas. En el mercado aerocomercial se expresa con los recortes de subsidios a Aerolíneas y se los dan a empresas transnacionales cono LAN o a Flybondi. No hay voluntad de potenciar las políticas públicas. En este contexto como Frente Sindical vemos la necesidad, y estamos dispuestos, a liderar la protesta social porque el gobierno no es el dueño del país.
–Encabezar la protesta social pareciera ser uno de los puntos que los distancia de la actual conducción de la CGT.
–Este es el punto más visible. El movimiento obrero está así porque no tiene una conducción que tenga la voluntad de vencer. Siempre hay excusas como la institucionalidad, la gobernabilidad o que no es el momento o el día o la estación del año y la verdad que para defender los intereses de la Nación no hay ni buena hora, ni época o contexto sino simplemente hay que hacerlo. Por eso nos oponemos al FMI. Tenemos que defender a la Nación y la CGT debería estar haciendo eso. Tal vez algún compañero lo estará haciendo pero vemos que la mesa chica de la central obrera no está defendiendo estos intereses.
–¿Son todos o hay alguna excepción entre los miembros de la conducción?
–Que yo sepa ninguno renunció por lo que la continuidad significa un aval más allá de las manifestaciones públicas o privadas que realicen. El continuar es avalar el status quo que en algún momento pudo haber servido pero hoy está claro que eso ya no tiene sentido.
–Sin embargo, tanto en la CGT como el FSMN se habla de unidad. Es más, en su sector se dice que hay que profundizar la unidad aunque duela.
–Y en verdad está doliendo porque implica intentar convencer a compañeros que se nota que no tienen mucho interés en ser convencidos. Considero que la única forma de entender la lucha es ponerse al lado y comprender el sufrimiento del despido como propio porque el que perdió la dignidad que le da el trabajo no puede comprender que uno de los movimientos obreros más potentes del planeta esté sometido a la inacción. Lo vemos con preocupación pero esperamos lograr la unidad. No importan ni los nombres de quien conduce ni siquiera mucho la institucionalidad sino la voluntad de liderar la lucha y vencer. Y este paro ciertamente no es un plan de lucha.
–En el Frente Sindical se señala a Cristina Kirchner como la líder de la política, ¿lo comparte?
–Hacen falta liderazgos que generen consenso. Cristina es una líder fuerte con un piso alto pero un techo bajo que tiene que ver con el sectarismo que tiene un sector que la acompaña que se definen como kirchneristas puros y no hablan del peronismo pero la única oposición posible es con el PJ que no es sólo el kirchnerismo ortodoxo. Los intereses individuales deben quedar subordinados a los colectivos y nacionales para construir mayorías. Está complicado pero nosotros tenemos claro que debemos ser un factor importante en ayudar pero después de conseguir la unidad sindical.
–Los tiempos parecen acelerarse. ¿Se logrará la unidad de la CGT?
–Sí porque cuando las especulaciones encuentran como pared la crisis en la calle entonces todos se darán cuenta de la necesidad de darle formalidad a esa unidad. Ya está sucediendo como el caso del Francisco “Barba” Gutiérrez y Pablo Moyano que estuvieron años alejados. Eso demuestra que la unidad es posible. Algo similar ocurre con los aeronáuticos donde ya estamos todos juntos los gremios que integramos el sector. Mire, en el acto del FSMN estuvieron los dirigentes de las dos CTA y hasta hace poco eso no parecía posible.
–El paro era imprescindible desde hace semanas y si bien llega un tanto forzado por el agravamiento de la situación hay que tener en cuenta que es en defensa propia porque el gobierno está provocando un daño en la matriz productiva y en el tejido social tremendo y la CGT está haciendo muy poco. Entonces, a los que venimos impulsando un plan de lucha y no solo una medida de fuerza, el paro nos resulta un tanto extemporáneo. Creo que es fundamental revisar el documento del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) que enuncia lo que el movimiento obrero están expresando.
–Ahí reclaman el cambio de modelo económico.
–Así es. Lo planteamos en defensa de la industria nacional y para eso es preciso poner un freno a las importaciones, detener el tarifazo que se traducen en una fabulosa pérdida de empleos y terminar con el impacto negativo que tienen estas políticas en Pymes y en las economías regionales. Nosotros reclamamos revisar el modelo tributario y avanzar en la declaración de la emergencia alimentaria y sanitaria e incluso revertir la reforma previsional.
–¿A qué responde la tardanza en decretar el paro?
–La conducción de la CGT dice no querer ser tildada de desestabilizadora. Nosotros sostenemos que ningún plan de lucha puede ponerle fin a un gobierno sino que lo que hay que hacer es ponerle un freno a las políticas que ante la ausencia de rechazo organizado el gobierno sigue avanzando.
–¿Todo lo que ocurre son errores del Gobierno o es el modelo?
–El mercado está manejado por un grupo de empresarios vivos e inescrupulosos y tienen un montón de aspiraciones que tienen que ver con la voracidad de acumulación de bienes, divisas y poder económico y este gobierno está integrado por otro grupo de empresarios vivos que coinciden con los intereses del mercado. Sólo argumentan impericias para disimular y no perder el apoyo pero son medidas que son orquestadas con toda claridad.
–Durante el plenario del FSMN se planteó evitar la sanción del Presupuesto. ¿Es posible? ¿El Gobierno no aprovechará para victimizarse?
–Mire, el evitarlo o modificarlo no puede representar un ataque o un golpe. En todo caso es un golpe a los intereses de los empresarios que buscan licuar el poder adquisitivo del salario y generar más desempleo que provocará una sobre oferta laboral y su consecuente reducción de los costos. Es muy claro desde la definición del modelo capitalista que usan el recurso humano con un fin utilitario como si fueran cosas que se pueden desplazar, suspender, comercializar, desvalorizar y hasta eliminar. Entonces con desempleo y crisis económica los derechos laborales caen en un segundo plano porque la prioridad es poder llevar la comida al hogar. Ellos aspiran que con este sistema de imponer el terror en el mercado laboral las organizaciones sindicales bajen las banderas y acepten la precarización. Hay que tener en claro que esta crisis no existía y el Gobierno se dedicó estos tres años a producirla para defender sus intereses. Entonces, el pedido que hacemos por el rechazo a este presupuesto es para que la oposición no avale el ajuste a la educación, la salud, previsión social y a las compañías que prestan servicios al Estado.
–¿Esto que usted describe es lo que el Gobierno entiende por déficit cero?
–Ellos buscan un Estado chico para no tener que subsidiar a las empresas del Estado porque cuando uno ve que le dan los Repro a empresas privadas como Carrefour, donde le avalan 1500 despidos encubiertos, lo que queda a la vista es que usan los fondos públicos para sostener a los privados en detrimento de las empresas públicas. En el mercado aerocomercial se expresa con los recortes de subsidios a Aerolíneas y se los dan a empresas transnacionales cono LAN o a Flybondi. No hay voluntad de potenciar las políticas públicas. En este contexto como Frente Sindical vemos la necesidad, y estamos dispuestos, a liderar la protesta social porque el gobierno no es el dueño del país.
–Encabezar la protesta social pareciera ser uno de los puntos que los distancia de la actual conducción de la CGT.
–Este es el punto más visible. El movimiento obrero está así porque no tiene una conducción que tenga la voluntad de vencer. Siempre hay excusas como la institucionalidad, la gobernabilidad o que no es el momento o el día o la estación del año y la verdad que para defender los intereses de la Nación no hay ni buena hora, ni época o contexto sino simplemente hay que hacerlo. Por eso nos oponemos al FMI. Tenemos que defender a la Nación y la CGT debería estar haciendo eso. Tal vez algún compañero lo estará haciendo pero vemos que la mesa chica de la central obrera no está defendiendo estos intereses.
–¿Son todos o hay alguna excepción entre los miembros de la conducción?
–Que yo sepa ninguno renunció por lo que la continuidad significa un aval más allá de las manifestaciones públicas o privadas que realicen. El continuar es avalar el status quo que en algún momento pudo haber servido pero hoy está claro que eso ya no tiene sentido.
–Sin embargo, tanto en la CGT como el FSMN se habla de unidad. Es más, en su sector se dice que hay que profundizar la unidad aunque duela.
–Y en verdad está doliendo porque implica intentar convencer a compañeros que se nota que no tienen mucho interés en ser convencidos. Considero que la única forma de entender la lucha es ponerse al lado y comprender el sufrimiento del despido como propio porque el que perdió la dignidad que le da el trabajo no puede comprender que uno de los movimientos obreros más potentes del planeta esté sometido a la inacción. Lo vemos con preocupación pero esperamos lograr la unidad. No importan ni los nombres de quien conduce ni siquiera mucho la institucionalidad sino la voluntad de liderar la lucha y vencer. Y este paro ciertamente no es un plan de lucha.
–En el Frente Sindical se señala a Cristina Kirchner como la líder de la política, ¿lo comparte?
–Hacen falta liderazgos que generen consenso. Cristina es una líder fuerte con un piso alto pero un techo bajo que tiene que ver con el sectarismo que tiene un sector que la acompaña que se definen como kirchneristas puros y no hablan del peronismo pero la única oposición posible es con el PJ que no es sólo el kirchnerismo ortodoxo. Los intereses individuales deben quedar subordinados a los colectivos y nacionales para construir mayorías. Está complicado pero nosotros tenemos claro que debemos ser un factor importante en ayudar pero después de conseguir la unidad sindical.
–Los tiempos parecen acelerarse. ¿Se logrará la unidad de la CGT?
–Sí porque cuando las especulaciones encuentran como pared la crisis en la calle entonces todos se darán cuenta de la necesidad de darle formalidad a esa unidad. Ya está sucediendo como el caso del Francisco “Barba” Gutiérrez y Pablo Moyano que estuvieron años alejados. Eso demuestra que la unidad es posible. Algo similar ocurre con los aeronáuticos donde ya estamos todos juntos los gremios que integramos el sector. Mire, en el acto del FSMN estuvieron los dirigentes de las dos CTA y hasta hace poco eso no parecía posible.
Christine Lagarde (FMI): “Los ancianos viven demasiado y es un
riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya”
Exigencias del FMI y la liquidación del FGS
Rifar “la plata de los jubilados”
El
Gobierno avanza en el remate del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del sistema previsional. El FMI quiere que se suba la edad jubilatoria.
Imagen: AFP
El
artículo 117 del proyecto de Presupuesto 2019 sostiene que “los
recursos del FGS destinados al pago del Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados serán registrados como un recurso
de capital de la Anses”. Como se agotaron los fondos extraordinarios
provenientes del blanqueo de capitales para destinar a esos desembolsos,
el gobierno propone que parte de los haberes se paguen con recursos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional. Como esa
caja de los jubilados es un stock de activos y los pagos son un flujo, a
medida que se vayan haciendo las liquidaciones el fondo se irá
reduciendo. El objetivo del Gobierno es destinar, por lo menos, el
equivalente del 0,4 por ciento del PIB proyectado en 2019 como “recursos
de capital” de la Anses. La rifa de activos de los jubilados sumaría
entonces 73.661 millones de pesos el año próximo.
La utilización del FGS para atender gastos corrientes del régimen previsional es una condición establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el memorándum que implicó un primer desembolso de 15 mil millones de dólares, para terminar en un rotundo fracaso lo que obligó a redefinir el acuerdo, se informa que el Gobierno va “a amortizar activos de los fondos de pensión…como un medio para ayudar a financiar el pago de jubilaciones”, a un ritmo anual equivalente al 0,4 por ciento del PIB.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó en el Congreso, cuando presentó el proyecto de Presupuesto, que la utilización del FGS estaba prevista desde el momento en que fue autorizada por la Ley de Reparación Histórica. Explicó que primero había que agotar los recursos del blanqueo y luego apelar a los del FGS, para señalar que “el sistema previsional está en déficit y es lógico que el FGS pueda ser utilizado para lo que ha sido creado dentro del marco de la ley”. El secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, intentó aclarar que los activos del FGS no se liquidarán, sino que se apropiarán de las rentas que generen, diferencia que no cambia el resultado final de la licuación del Fondo.
Por lo pronto, la administración del FGS en el primer semestre del año no fue muy alentadora. En un demorado informe de la Anses se observa que el FGS perdió 17.691 millones de dólares a fin de junio. La cartera de activos del fondo alcanzó un valor de 1,371 billones de pesos, un aumento de 14 por ciento en el semestre, rentabilidad muy pobre teniendo en cuenta la evolución del tipo de cambio. Con un dólar cotizando a 29,57 pesos a fin de junio, el FGS cotizó el equivalente a 46.464 millones de dólares, cuando en diciembre estaba valorizado en 64.055 millones, lo que representó una pérdida de 27,6 por ciento en dólares.
Pese a que la economía argentina no reúne las características de las economías maduras respecto a la velocidad del ciclo de envejecimiento –esto no significa que no existan tensiones previsionales propias–, el Fondo arremetió, con el aval del gobierno de Macri, sobre el sistema jubilatorio. Ya en la primera Consulta del Artículo IV (auditoría del FMI), a fines de 2016, definía que el actual régimen jubilatorio proyecta un déficit actuarial del 30 por ciento del PIB de 2016 (unos 150 mil millones de pesos anuales). Para corregir ese supuesto desequilibrio propuso tres medidas. La primera ya fue cumplida por la Alianza Cambiemos, que fue la de cambiar la fórmula de movilidad para que aumenten menos las jubilaciones. Las otras dos están pendientes de concretar. Una es disminuir la tasa de sustitución (la relación del último salario del trabajador con el haber inicial) del actual 72 al 60 por ciento, lo que implicaría jubilaciones más bajas. Y la tercera, subir gradualmente la edad de retiro de las mujeres de 60 a 65 años en los próximos diez años. El objetivo final es una reforma integral que incluya la privatización parcial del sistema previsional.
La utilización del FGS para atender gastos corrientes del régimen previsional es una condición establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el memorándum que implicó un primer desembolso de 15 mil millones de dólares, para terminar en un rotundo fracaso lo que obligó a redefinir el acuerdo, se informa que el Gobierno va “a amortizar activos de los fondos de pensión…como un medio para ayudar a financiar el pago de jubilaciones”, a un ritmo anual equivalente al 0,4 por ciento del PIB.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó en el Congreso, cuando presentó el proyecto de Presupuesto, que la utilización del FGS estaba prevista desde el momento en que fue autorizada por la Ley de Reparación Histórica. Explicó que primero había que agotar los recursos del blanqueo y luego apelar a los del FGS, para señalar que “el sistema previsional está en déficit y es lógico que el FGS pueda ser utilizado para lo que ha sido creado dentro del marco de la ley”. El secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, intentó aclarar que los activos del FGS no se liquidarán, sino que se apropiarán de las rentas que generen, diferencia que no cambia el resultado final de la licuación del Fondo.
Firma
El manejo del FGS esta generando conflictos al interior del gobierno porque no aparecen valientes que quieran rubricar operaciones que implican el remate de sus activos. Renunció el subdirector ejecutivo de Operaciones, Juan Martín Monge Varela, y junto a él dejaron sus cargos el gerente de Operaciones, Pablo Pereyra Iraola, y el gerente de Inversiones, Andrés Rodríguez Lubary. Se entiende el temor de esos ex funcionarios de convalidar operaciones que probablemente derivarían en un futuro tránsito por Tribunales, por investigaciones originadas en denuncias por la dilapidación de activos que respaldan la solvencia del sistema previsional.Por lo pronto, la administración del FGS en el primer semestre del año no fue muy alentadora. En un demorado informe de la Anses se observa que el FGS perdió 17.691 millones de dólares a fin de junio. La cartera de activos del fondo alcanzó un valor de 1,371 billones de pesos, un aumento de 14 por ciento en el semestre, rentabilidad muy pobre teniendo en cuenta la evolución del tipo de cambio. Con un dólar cotizando a 29,57 pesos a fin de junio, el FGS cotizó el equivalente a 46.464 millones de dólares, cuando en diciembre estaba valorizado en 64.055 millones, lo que representó una pérdida de 27,6 por ciento en dólares.
Reforma
El FMI tiene una obsesión con los jubilados. Su directora gerente, Christine Lagarde, no la oculta: “Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya”, afirmó a mediados del año pasado, cuando presentó un documento del organismo respecto al aumento de la esperanza de vida de la población y la exigencia financiera de los regímenes jubilatorios. La propuesta del FMI es el recorte de los haberes y el aumento de la edad jubilatoria.Pese a que la economía argentina no reúne las características de las economías maduras respecto a la velocidad del ciclo de envejecimiento –esto no significa que no existan tensiones previsionales propias–, el Fondo arremetió, con el aval del gobierno de Macri, sobre el sistema jubilatorio. Ya en la primera Consulta del Artículo IV (auditoría del FMI), a fines de 2016, definía que el actual régimen jubilatorio proyecta un déficit actuarial del 30 por ciento del PIB de 2016 (unos 150 mil millones de pesos anuales). Para corregir ese supuesto desequilibrio propuso tres medidas. La primera ya fue cumplida por la Alianza Cambiemos, que fue la de cambiar la fórmula de movilidad para que aumenten menos las jubilaciones. Las otras dos están pendientes de concretar. Una es disminuir la tasa de sustitución (la relación del último salario del trabajador con el haber inicial) del actual 72 al 60 por ciento, lo que implicaría jubilaciones más bajas. Y la tercera, subir gradualmente la edad de retiro de las mujeres de 60 a 65 años en los próximos diez años. El objetivo final es una reforma integral que incluya la privatización parcial del sistema previsional.
URUGUAY
Rumbo de Izquierda solicitó considerar remoción de Almagro en la OEA
El grupo del senador Marcos Otheguy entiende que el secretario general de la OEA no respeta los principios de la organización.
El Ejecutivo de Rumbo de Izquierda (RDI, lista 624)
resolvió solicitar al gobierno uruguayo considerar la eventualidad de
promover a la asamblea general de la OEA la destitución del secretario
general del organismo de acuerdo al artículo 116 de la carta orgánica de
esa institución.
La agrupación, liderada por el senador Marcos Otheguy, calificó las declaraciones del secretario general, Luis Almagro, como “desprovistas absolutamente de cordura y ecuanimidad” al reclamar una intervención militar en Venezuela. Considera que Almagro profirió insultos a los negociadores internacionales y a las autoridades del Frente Amplio y faltó a la neutralidad necesaria para su cargo.
Para Rumbo de Izquierda Almagro se ha apartado de “de la naturaleza y propósitos” de la Carta Orgánica de la OEA.
Es por todo esto que le solicitan al gobierno la eventualidad de promover en el seno de la OEA la destitución de Almagro.
La agrupación, liderada por el senador Marcos Otheguy, calificó las declaraciones del secretario general, Luis Almagro, como “desprovistas absolutamente de cordura y ecuanimidad” al reclamar una intervención militar en Venezuela. Considera que Almagro profirió insultos a los negociadores internacionales y a las autoridades del Frente Amplio y faltó a la neutralidad necesaria para su cargo.
Para Rumbo de Izquierda Almagro se ha apartado de “de la naturaleza y propósitos” de la Carta Orgánica de la OEA.
Es por todo esto que le solicitan al gobierno la eventualidad de promover en el seno de la OEA la destitución de Almagro.
El secretario de la OEA pretende "profundizar la grieta e instalar un enfrentamiento militar"
Dirigentes del Frente Amplio repudian dichos de Luis Almagro y lo califican como un “muerto político”
Dirigentes
del Frente Amplio le salieron al cruce a Luis Almagro, a quien definen
como un “muerto político”, al que no pueden “llamar compañero” debido a
que “pasó un límite”, queriendo intervenir Venezuela para “profundizar
la grieta e instalar en el continente una lógica de enfrentamiento
militar”, lo que “nada tiene que ver con lo que pretende” la fuerza
política. A su vez algunos pretenden terminar todo lazo del dirigente
con la coalición, mientras que otros aluden a que ya se autoexcluyó.
“Profundizar la grieta”
Las declaraciones del Secretario de la OEA, Luis Almagro, han generado rechazo en los dirigentes del Frente Amplio, debido a que el excanciller pretende intervenir militarmente Venezuela.
Los dichos de Almagro “son opiniones fuera de lugar, típicas de un personaje que lo que quiere no es resolver una situación de dificultad sino lo que está proponiendo con su solución es profundizar las diferencias, profundizar la grieta e instalar en el continente una lógica de enfrentamiento militar. Eso es lo que está proponiendo de manera directa el secretario general de la OEA”, dijo a LA REPÚBLICA el diputado comunista, Gerardo Núñez.
El representante indicó además que sus dichos “están muy lejos de lo que propone nuestro gobierno, está muy lejos de lo que propone el Frente Amplio”. No solo de eso, sino que también se apartan de los países que están “del esquema de los países de apoyo a Venezuela.
11 países de 14 que integran el grupo de Lima manifestaron su posición contraría a las expresiones que hizo Almagro, y ente esos países está Brasil, está Argentina, está México, está Ecuador. No estamos hablando de países que se caractericen por ser amigos de Venezuela, y sin embargo están poniendo un freno a esta lógica guerrerita que quiere llevar Almagro en la región”, añadió.
Por su parte, el diputado socialista, Nicolás Lasa señaló a LA REPÚBLICA que “el señor Almagro un día sí, y otro también, lejos de colaborar con salidas pacíficas y democráticas a la situación de Venezuela insiste en profundizar el conflicto y promueve estrategias intervencionistas, esta vez militares”. Ante esto, “no se puede tratar como ‘compañero’ a quien obra de esta forma tan desapegada a la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos.
En noviembre de 2017, en su Congreso, la Juventud Socialista de Uruguay aprobó una moción solicitando la expulsión de Almagro del Frente Amplio. A medida que va pasando el tiempo, y se suman nuevos dichos y acciones, queda cada vez más claro que el ex Canciller, al menos se autoexcluyó de nuestra fuerza política”, enfatizó.
El diputado del MPP, Daniel Caggiani, al ser consultado sobre el secretario de la OEA, dijo que prefería no contestarle a “muertos políticos como Almagro”. Mientras que la senadora del MPP, y vicepresidenta del Frente Amplio, Sandra Lazo, dijo a LA REPÚBLICA que “mi opinión está absolutamente pegada a la declaración del Frente Amplio.
Nuestra fuerza política tiene otros principios, nada tienen que ver con intervención, ni con nada. Después no voy a calificar a nadie porque no creo que sume, pero su opinión nada tiene que ver con lo que pretende el Frente Amplio”. Además dijo que sus expresiones “están lejos” de las que deberían tener alguien que está “al frente de un organismo”, como la OEA.
Sebastián Hagobian, dirigente de Asamblea Uruguay e integrante de la CARIFA, dijo por su parte compartir “la resolución del Secretariado del Frente Amplio y rechazó las declaraciones de Almagro en torno a una posible intervención militar en Venezuela”.
“El no uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias es eje fundamental en el Derecho Internacional”, destacó.
Exclusión a Almagro
El precandidato del Frente Amplio, Oscar Andrade señala que se pasó un límite por lo que se debe excluir a Almagro del Frente Amplio. En la fuerza política “hay distintas opiniones, creo que esa es parte de la mejor cultura de la izquierda, la unidad en la diversidad, pero con algunos límites. Parece un límite muy claro solicitar la intervención militar a un pueblo latinoamericano, un límite muy claro”, comentó.
El dirigente comunista y secretario del Sunca, dijo que “a mi no me gusta integrar a un compañero a la fuerza política donde hay personajes donde llegan a ese desborde. Eso ya no es una opinión política. Para una fuerza que es de paz, como el Frente Amplio, pacifista alguien que reclame una intervención militar en un país sudamericano, un baño de sangre, creo que habría que analizar serenamente este límite y ya no es posible tolerarlo”.
A su vez, el diputado comunista, Núñez dijo que “en el Frente Amplio existen matices, diferencias, distintas apreciaciones sobre lo que ocurre hoy en Venezuela, pero lo que si está claro es que no hay ningún compañero, ninguna compañera que se le pase por la cabeza que la solución a esos problemas sea a través de una intervención militar, y Almagro cruza esa línea”.
“Podrá tener las opiniones que quiere tener de la situación en Venezuela pero lo que no podemos permitir en ninguna circunstancia es que lleve adelante acciones que promueven la intervención militar, con lo grave que esto es, mismo por las declaraciones, pero por las trágicas consecuencias que esto podría tener para el pueblo venezolano y para el pueblo latinoamericano, lo que es una guerra, un enfrentamiento militar”, finalizó.
Al respecto la vicepresidenta del Frente Amplio, Sandra Lazo dijo que aún “no nos ha dado el tiempo para hacer la reflexión colectiva”, sobre la posible exclusión de Almagro. Mientras que los socialistas, según detalló Lasa anteriormente, entienden que el secretario de la OEA se “autoexcluyó” de la fuerza política.
Nin Novoa: “Detestamos la palabra intervención”
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa dijo que “nosotros detestamos la palabra intervención”, en alusión a las declaraciones del secretario de la OEA respecto a la situación en Venezuela, debido a que las únicas consecuencias que estro trae son “sangre y muerte”.
“Lo que ha planteado Almagro es absolutamente contrario a la vocación nacional”, manifestó el canciller, apuntando a las declaraciones del secretario de la OEA, quien dijo que “no se podía descartar ninguna opción” en Venezuela, ni diplomática ni la intervención militar.
“Si hay alguna palabra que Uruguay detesta, es la palabra intervención”, subrayó el canciller en la Cámara Mercantil de Productos del País, recordando que hace 50 años un diplomático uruguayo así lo aseveró en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cuando fuerzas militares de Estados Unidos invadieron República Dominicana (1965-1966).
“Nosotros detestamos la palabra intervención, porque lo único que trae es una consecuencia de sangre y muerte”, insistió. “Me llama poderosamente la atención que Almagro lo afirmara”, finalizó Rodolfo Nin Novoa.
FA rechaza dichos de Almagro
El Secretariado Ejecutivo, ante los dichos del Secretario de la OEA, Luis Almagro, en referencia a una posible intervención militar en Venezuela, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, expresó: “Rechazamos los dichos de Luis Almagro. Los mismos se alejan de los principios históricos de nuestra fuerza política sobre la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos”.
“El rol de los organismos internacionales debe ser ayudar a la resolución de conflictos, no agudizarnos, atentando contra la soberanía de Venezuela”, expresa. A su vez, la fuerza política destaca que “nuestro Frente Amplio se ha definido, desde su fundación, como una fuerza política de carácter antiimperialista y antioligárquica, en defensa de la paz, la libertad, la justicia, el trabajo, la solidaridad, la democracia y la autodeterminación de los pueblos”.
Almagro se autoexcluyó del MPP
El 18 de noviembre del 2015, mediante una carta, el líder del MPP, José Mujica le expresó a Almagro que entendía que sin “decírmelo, me dijiste a dios”, por sus “silencios sobre Haití, Guatemala y Asunción” al mismo tiempo que atacaba a Venezuela.
En la misiva el expresidente recordó cuando le pidió que no concurriera a la frontera convulsionada de Venezuela y Colombia, “no era capricho ni menos no querer ver la realidad. La preocupación mía no es como nos ven o entienden los medios de prensa o los políticos. No, la línea de preocupación es como incidir algo a favor de la gran mayoría de los venezolanos. Es la misma actitud asumida en el conflicto Estados Unidos- Cuba, o con la paz en Colombia.
Lo central no es como nos ven sino ser útil o no a la mayoría de la gente corriente”. Reafirmando su malestar con la postura de Almagro con la situación de Venezuela, “Pepe” indicó que dicho país “necesita paz interior” por lo que “nos necesita como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas de esa sociedad”.
Concluyendo, Mujica lamentó “el rumbo por el que” enfiló “y lo se irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”.
Almagro, no aclares porque oscureces
A Luis Almagro le cabe perfectamente la frase: “No aclares porque oscureces”. Es secretario general de la OEA concedió ayer una entrevista a Todo Pasa de Océano FM e intentó por enésima vez aclarar sus declaraciones del sábado pasado en rueda de prensa cuando aseguró que no se puede descartar una intervención militar contra el gobierno de Nicolás Maduro. No lo logró.
Después de hablar por más de media hora, se le volvió a preguntar por sus dichos frente a medios internacionales y muy tenso contestó “por cuarta vez voy a aclarar lo que ya dije”.
Y como sus aclaraciones no convencían, Almagro comenzó a atacar, al punto de llamar “imbéciles” a quienes piden su expulsión del Frente Amplio por no compartir su intención de usar la fuerza en Venezuela.
“Defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura, defienden a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos”, recalcó un encendido Luis Almagro Almagro y agregó “no sean ridículos, no sean imbéciles”.
El excanciller, visiblemente molesto por la decisión de algunos sectores frenteamplistas de pedir su exclusión de la fuerza política, dijo estar dispuesto “a dar esta discusión dónde sea como sea. Es una discusión ética, es una discusión de profundidad política”, agregó. “Si tengo que darla ante el Tribunal de Ética del Frente no tengo absolutamente ningún problema, veremos cuán ético es ese tribunal a la hora de defender o atacar estas cosas”, expresó.
Lo que Luis Almagro no puede aclarar es lo que textualmente dijo en Cúcuta: “En cuanto a la intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descarta ninguna opción”.
Sus palabras causaron repudio en el mundo entero, incluso países abiertamente en contra del gobierno venezolano como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del denominado Grupo de Lima, rechazaron cualquier tipo de intervención militar en el país bolivariano.
“Profundizar la grieta”
Las declaraciones del Secretario de la OEA, Luis Almagro, han generado rechazo en los dirigentes del Frente Amplio, debido a que el excanciller pretende intervenir militarmente Venezuela.
Los dichos de Almagro “son opiniones fuera de lugar, típicas de un personaje que lo que quiere no es resolver una situación de dificultad sino lo que está proponiendo con su solución es profundizar las diferencias, profundizar la grieta e instalar en el continente una lógica de enfrentamiento militar. Eso es lo que está proponiendo de manera directa el secretario general de la OEA”, dijo a LA REPÚBLICA el diputado comunista, Gerardo Núñez.
El representante indicó además que sus dichos “están muy lejos de lo que propone nuestro gobierno, está muy lejos de lo que propone el Frente Amplio”. No solo de eso, sino que también se apartan de los países que están “del esquema de los países de apoyo a Venezuela.
11 países de 14 que integran el grupo de Lima manifestaron su posición contraría a las expresiones que hizo Almagro, y ente esos países está Brasil, está Argentina, está México, está Ecuador. No estamos hablando de países que se caractericen por ser amigos de Venezuela, y sin embargo están poniendo un freno a esta lógica guerrerita que quiere llevar Almagro en la región”, añadió.
Por su parte, el diputado socialista, Nicolás Lasa señaló a LA REPÚBLICA que “el señor Almagro un día sí, y otro también, lejos de colaborar con salidas pacíficas y democráticas a la situación de Venezuela insiste en profundizar el conflicto y promueve estrategias intervencionistas, esta vez militares”. Ante esto, “no se puede tratar como ‘compañero’ a quien obra de esta forma tan desapegada a la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos.
En noviembre de 2017, en su Congreso, la Juventud Socialista de Uruguay aprobó una moción solicitando la expulsión de Almagro del Frente Amplio. A medida que va pasando el tiempo, y se suman nuevos dichos y acciones, queda cada vez más claro que el ex Canciller, al menos se autoexcluyó de nuestra fuerza política”, enfatizó.
El diputado del MPP, Daniel Caggiani, al ser consultado sobre el secretario de la OEA, dijo que prefería no contestarle a “muertos políticos como Almagro”. Mientras que la senadora del MPP, y vicepresidenta del Frente Amplio, Sandra Lazo, dijo a LA REPÚBLICA que “mi opinión está absolutamente pegada a la declaración del Frente Amplio.
Nuestra fuerza política tiene otros principios, nada tienen que ver con intervención, ni con nada. Después no voy a calificar a nadie porque no creo que sume, pero su opinión nada tiene que ver con lo que pretende el Frente Amplio”. Además dijo que sus expresiones “están lejos” de las que deberían tener alguien que está “al frente de un organismo”, como la OEA.
Sebastián Hagobian, dirigente de Asamblea Uruguay e integrante de la CARIFA, dijo por su parte compartir “la resolución del Secretariado del Frente Amplio y rechazó las declaraciones de Almagro en torno a una posible intervención militar en Venezuela”.
“El no uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias es eje fundamental en el Derecho Internacional”, destacó.
Exclusión a Almagro
El precandidato del Frente Amplio, Oscar Andrade señala que se pasó un límite por lo que se debe excluir a Almagro del Frente Amplio. En la fuerza política “hay distintas opiniones, creo que esa es parte de la mejor cultura de la izquierda, la unidad en la diversidad, pero con algunos límites. Parece un límite muy claro solicitar la intervención militar a un pueblo latinoamericano, un límite muy claro”, comentó.
El dirigente comunista y secretario del Sunca, dijo que “a mi no me gusta integrar a un compañero a la fuerza política donde hay personajes donde llegan a ese desborde. Eso ya no es una opinión política. Para una fuerza que es de paz, como el Frente Amplio, pacifista alguien que reclame una intervención militar en un país sudamericano, un baño de sangre, creo que habría que analizar serenamente este límite y ya no es posible tolerarlo”.
A su vez, el diputado comunista, Núñez dijo que “en el Frente Amplio existen matices, diferencias, distintas apreciaciones sobre lo que ocurre hoy en Venezuela, pero lo que si está claro es que no hay ningún compañero, ninguna compañera que se le pase por la cabeza que la solución a esos problemas sea a través de una intervención militar, y Almagro cruza esa línea”.
“Podrá tener las opiniones que quiere tener de la situación en Venezuela pero lo que no podemos permitir en ninguna circunstancia es que lleve adelante acciones que promueven la intervención militar, con lo grave que esto es, mismo por las declaraciones, pero por las trágicas consecuencias que esto podría tener para el pueblo venezolano y para el pueblo latinoamericano, lo que es una guerra, un enfrentamiento militar”, finalizó.
Al respecto la vicepresidenta del Frente Amplio, Sandra Lazo dijo que aún “no nos ha dado el tiempo para hacer la reflexión colectiva”, sobre la posible exclusión de Almagro. Mientras que los socialistas, según detalló Lasa anteriormente, entienden que el secretario de la OEA se “autoexcluyó” de la fuerza política.
Nin Novoa: “Detestamos la palabra intervención”
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa dijo que “nosotros detestamos la palabra intervención”, en alusión a las declaraciones del secretario de la OEA respecto a la situación en Venezuela, debido a que las únicas consecuencias que estro trae son “sangre y muerte”.
“Lo que ha planteado Almagro es absolutamente contrario a la vocación nacional”, manifestó el canciller, apuntando a las declaraciones del secretario de la OEA, quien dijo que “no se podía descartar ninguna opción” en Venezuela, ni diplomática ni la intervención militar.
“Si hay alguna palabra que Uruguay detesta, es la palabra intervención”, subrayó el canciller en la Cámara Mercantil de Productos del País, recordando que hace 50 años un diplomático uruguayo así lo aseveró en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cuando fuerzas militares de Estados Unidos invadieron República Dominicana (1965-1966).
“Nosotros detestamos la palabra intervención, porque lo único que trae es una consecuencia de sangre y muerte”, insistió. “Me llama poderosamente la atención que Almagro lo afirmara”, finalizó Rodolfo Nin Novoa.
FA rechaza dichos de Almagro
El Secretariado Ejecutivo, ante los dichos del Secretario de la OEA, Luis Almagro, en referencia a una posible intervención militar en Venezuela, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, expresó: “Rechazamos los dichos de Luis Almagro. Los mismos se alejan de los principios históricos de nuestra fuerza política sobre la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos”.
“El rol de los organismos internacionales debe ser ayudar a la resolución de conflictos, no agudizarnos, atentando contra la soberanía de Venezuela”, expresa. A su vez, la fuerza política destaca que “nuestro Frente Amplio se ha definido, desde su fundación, como una fuerza política de carácter antiimperialista y antioligárquica, en defensa de la paz, la libertad, la justicia, el trabajo, la solidaridad, la democracia y la autodeterminación de los pueblos”.
Almagro se autoexcluyó del MPP
El 18 de noviembre del 2015, mediante una carta, el líder del MPP, José Mujica le expresó a Almagro que entendía que sin “decírmelo, me dijiste a dios”, por sus “silencios sobre Haití, Guatemala y Asunción” al mismo tiempo que atacaba a Venezuela.
En la misiva el expresidente recordó cuando le pidió que no concurriera a la frontera convulsionada de Venezuela y Colombia, “no era capricho ni menos no querer ver la realidad. La preocupación mía no es como nos ven o entienden los medios de prensa o los políticos. No, la línea de preocupación es como incidir algo a favor de la gran mayoría de los venezolanos. Es la misma actitud asumida en el conflicto Estados Unidos- Cuba, o con la paz en Colombia.
Lo central no es como nos ven sino ser útil o no a la mayoría de la gente corriente”. Reafirmando su malestar con la postura de Almagro con la situación de Venezuela, “Pepe” indicó que dicho país “necesita paz interior” por lo que “nos necesita como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas de esa sociedad”.
Concluyendo, Mujica lamentó “el rumbo por el que” enfiló “y lo se irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”.
Almagro, no aclares porque oscureces
A Luis Almagro le cabe perfectamente la frase: “No aclares porque oscureces”. Es secretario general de la OEA concedió ayer una entrevista a Todo Pasa de Océano FM e intentó por enésima vez aclarar sus declaraciones del sábado pasado en rueda de prensa cuando aseguró que no se puede descartar una intervención militar contra el gobierno de Nicolás Maduro. No lo logró.
Después de hablar por más de media hora, se le volvió a preguntar por sus dichos frente a medios internacionales y muy tenso contestó “por cuarta vez voy a aclarar lo que ya dije”.
Y como sus aclaraciones no convencían, Almagro comenzó a atacar, al punto de llamar “imbéciles” a quienes piden su expulsión del Frente Amplio por no compartir su intención de usar la fuerza en Venezuela.
“Defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura, defienden a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos”, recalcó un encendido Luis Almagro Almagro y agregó “no sean ridículos, no sean imbéciles”.
El excanciller, visiblemente molesto por la decisión de algunos sectores frenteamplistas de pedir su exclusión de la fuerza política, dijo estar dispuesto “a dar esta discusión dónde sea como sea. Es una discusión ética, es una discusión de profundidad política”, agregó. “Si tengo que darla ante el Tribunal de Ética del Frente no tengo absolutamente ningún problema, veremos cuán ético es ese tribunal a la hora de defender o atacar estas cosas”, expresó.
Lo que Luis Almagro no puede aclarar es lo que textualmente dijo en Cúcuta: “En cuanto a la intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descarta ninguna opción”.
Sus palabras causaron repudio en el mundo entero, incluso países abiertamente en contra del gobierno venezolano como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del denominado Grupo de Lima, rechazaron cualquier tipo de intervención militar en el país bolivariano.
Asegura Cancillería que Uruguay no fue consultado para denunciar a Maduro
Solo cinco países de los 34 que integran la OEA firmó la nota.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) aclaró
este domingo a través de su cuenta de Twitter que Uruguay no fue
consultado por los cinco países que firmaron una denuncia contra Nicolás
Maduro y otros jerarcas militares venezolanos por crímenes de lesa
humanidad.
La nota será firmada por los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Tras las críticas de algunos referentes de la oposición y versiones de prensa al respecto, la Cancillería publicó en su cuenta de Twitter: “La Prensa dice que Uruguay se abstuvo de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Falso. Esa decisión fue adoptada por 5 de los 34 miembros de la OEA y Uruguay no fue consultado ni participó de la instancia”.
“Decir que se abstuvo es tendencioso. En ese caso, otros 28 países también se abstuvieron. Por qué sólo se menciona a Uruguay?”, agregó.
La nota será firmada por los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Tras las críticas de algunos referentes de la oposición y versiones de prensa al respecto, la Cancillería publicó en su cuenta de Twitter: “La Prensa dice que Uruguay se abstuvo de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Falso. Esa decisión fue adoptada por 5 de los 34 miembros de la OEA y Uruguay no fue consultado ni participó de la instancia”.
“Decir que se abstuvo es tendencioso. En ese caso, otros 28 países también se abstuvieron. Por qué sólo se menciona a Uruguay?”, agregó.
PVP impulsará precandidatura de Oscar Andrade
Propondrán habilitar a todos los precandidatos dado que expresan la diversidad del Frente Amplio.
El Espacio 567, integrado entre otros por el Partido
por la Victoria del Pueblo (PVP), resolvió plantear al Plenario Nacional
y al Congreso del Frente Amplio (FA) “la habilitación como
precandidatos de todas las compañeras y compañeros propuestos, dado que
ellos expresan la diversidad y riqueza de nuestra fuerza política”.
Bregarán por “impulsar en todo el país la precandidatura a la presidencia del compañero Oscar Andrade en la coincidencia de que es imprescindible recomponer y fortalecer los vínculos con el movimiento social, trabajadores, cooperativistas, productores familiares y pequeños de la ciudad y el campo, estudiantes, jubilados, de derechos humanos, feministas, de diversidad, ecologistas y todos aquellos que crean en la participación social para un Uruguay más justo y solidario”.
Decidieron asimismo “impulsar la plataforma del Espacio 567 y trabajar con decisión junto con otros para contribuir a la obtención del 4º gobierno del FA por igualdad y una democracia sin claudicaciones”.
Entre las propuestas del Espacio 567 se cuentan la lucha por “una democracia sin claudicaciones que significa la afirmación del predominio civil sobre lo militar y asumir la lucha contra la impunidad”. Una mayor distribución de la riqueza y búsqueda de nuevos rumbos en política económica”, gravar al gran capital para profundizar las políticas sociales y llegar al 6% para la educación y el 1% para ciencia y tecnología, entre otros.
Bregarán por “impulsar en todo el país la precandidatura a la presidencia del compañero Oscar Andrade en la coincidencia de que es imprescindible recomponer y fortalecer los vínculos con el movimiento social, trabajadores, cooperativistas, productores familiares y pequeños de la ciudad y el campo, estudiantes, jubilados, de derechos humanos, feministas, de diversidad, ecologistas y todos aquellos que crean en la participación social para un Uruguay más justo y solidario”.
Decidieron asimismo “impulsar la plataforma del Espacio 567 y trabajar con decisión junto con otros para contribuir a la obtención del 4º gobierno del FA por igualdad y una democracia sin claudicaciones”.
Entre las propuestas del Espacio 567 se cuentan la lucha por “una democracia sin claudicaciones que significa la afirmación del predominio civil sobre lo militar y asumir la lucha contra la impunidad”. Una mayor distribución de la riqueza y búsqueda de nuevos rumbos en política económica”, gravar al gran capital para profundizar las políticas sociales y llegar al 6% para la educación y el 1% para ciencia y tecnología, entre otros.
