Trump prolonga un año más el estado de emergencia en EE.UU. por los atentados del 11-S
Publicado: 10 sep 2018 16:59 GMT | Última actualización: 10 sep 2018 17:24 GMT - RT
Este martes se conmemora el 17.º aniversario
de los atentados del 11-S que terroristas de Al Qaeda perpetraron en
territorio estadounidense.
Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prolongado el estado de emergencia vigente en su país desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
"Debido a que la amenaza terrorista continúa, la emergencia nacional (…) y las medidas adoptadas para hacer frente a esa situación deben continuar vigentes más allá del 14 de septiembre de 2018", ha indicado la Casa Blanca en un comunicado.
Este martes se conmemora el 17.º aniversario de los atentados del 11-S que terroristas de Al Qaeda perpetraron en territorio estadounidense, en los que 3.016 personas murieron y otras 6.000 resultaron heridas.
Aquel día, los extremistas secuestraron cuatro aviones, y dos de ellos fueron impactados contra los edificios del Centro Mundial de Comercio en Nueva York (WTC). Esto provocó no solo el derrumbe de las dos Torres Gemelas, sino también de la mayoría de los siete edificios que formaban el WTC.
Un tercer avión fue desviado a Washington. Los terroristas lo estrellaron contra la fachada occidental del Pentágono. Finalmente, el cuarto avión secuestrado se estrelló en un campo abierto en Pensilvania, cuando los pasajeros y la tripulación intentaba recuperar el control de la aeronave. Según las investigaciones posteriores, el plan de los terroristas era estrellar este avión contra la Casa Blanca o el Capitolio.
"Debido a que la amenaza terrorista continúa, la emergencia nacional (…) y las medidas adoptadas para hacer frente a esa situación deben continuar vigentes más allá del 14 de septiembre de 2018", ha indicado la Casa Blanca en un comunicado.
Aquel día, los extremistas secuestraron cuatro aviones, y dos de ellos fueron impactados contra los edificios del Centro Mundial de Comercio en Nueva York (WTC). Esto provocó no solo el derrumbe de las dos Torres Gemelas, sino también de la mayoría de los siete edificios que formaban el WTC.
Un tercer avión fue desviado a Washington. Los terroristas lo estrellaron contra la fachada occidental del Pentágono. Finalmente, el cuarto avión secuestrado se estrelló en un campo abierto en Pensilvania, cuando los pasajeros y la tripulación intentaba recuperar el control de la aeronave. Según las investigaciones posteriores, el plan de los terroristas era estrellar este avión contra la Casa Blanca o el Capitolio.
11-S: Las preguntas que pocos se atreven a plantear
Publicado: 11 sep 2016 17:24 GMT | Última actualización: 11 sep 2016 18:32 GMT - RT
17 años después del mayor atentado
terrorista ocurrido en EE.UU., muchos aún no entienden las verdaderas
razones de los ataques que se cobraron la vida de casi 3.000 personas.
Este
domingo se cumplen 15 años del mayor atentado terrorista cometido en
EE.UU. Aunque ya ha pasado algún tiempo, muchos no logran entender las
verdaderas razones de este hecho y se plantean varios interrogantes que
otros intentan ignorar.
Se estima que los daños materiales de la tragedia ascendieron a los 10.000 millones de dólares, aunque el impacto total del atentado podría ascender a los 3,3 billones de dólares. Además, este se convirtió en el peor día de la historia del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDYN): 343 de sus miembros perdieron la vida. A esta lista se suman 23 agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y 37 oficiales del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria (PAPD).
Un tercer avión fue desviado a Washington. Los terroristas lo estrellaron contra la fachada occidental del Pentágono, matando a 189 personas, incluyendo los pasajeros de la aeronave. Finalmente, el cuarto avión secuestrado se estrelló en un campo abierto en Pensilvania, cuando los pasajeros y la tripulación intentaba recuperar el control de la aeronave. Según las investigaciones posteriores, el plan de los terroristas era estrellar este avión contra la Casa Blanca o el Capitolio.
Los pilotos debían recibir capacitación en EE.UU., por lo que se escogió a personas con educación superior y experiencia de vida en Occidente. Su preparación incluía utilizar vestimenta europea y pedir comida en los restaurantes.
Sin embargo, en julio de 2001, un agente del FBI comunicó a sus superiores sobre un posible plan de Bin Laden para enviar a terroristas a estudiar en las escuelas de vuelo de EE.UU. En agosto del mismo año, la CIA conocía de varias fuentes que se preparaba un acto terrorista en territorio estadounidense, con la posibilidad del secuestro de aviones.
Posteriores investigaciones mostraron que una de las mayores razones por la que no fue posible detener el atentado fue la inexistencia de procedimientos para compartir información entre las oficinas de inteligencia. Así, en una ocasión cuando un agente del FBI solicitó información referente a dos saudíes de Al-Qaeda, la CIA la rechazó señalando que ese no era "un asunto del FBI".
Sin embargo, ninguna de las investigaciones posteriores realizadas por el Gobierno y por comisiones especiales independientes encontraron alguna prueba que soporte esta teoría. Una simulación por computadora ejecutada por científicos de la Universidad Purdue descartó por completo la teoría de la explosión premeditada de las Torres Gemelas. Hoy en día, incluso los más grandes defensores de esta teoría dudan de su veracidad.
Los actos terroristas del 11-S produjeron cambios económicos, políticos y sociales a nivel global. Durante alrededor de una semana, los mercados bursátiles estadounidenses dejaron de funcionar. Sumadas las intervenciones en Afganistán e Irak, algunos especialistas calculan que las pérdidas superan los 5 billones de dólares.
Muchos consideran que estos hechos fueron el motivo de la desestabilización en Oriente Medio y la aparición del Estado Islámico. Además, la Agencia de Seguridad Nacional recibió mayores derechos, lo que dio inicio a un programa de espionaje que ha sido denunciado en varias ocasiones. Pero sin lugar a dudas, el 11 de septiembre de 2001 fue un día de cambio de una era cultural y ha sido catalogado por varios especialistas como el 'verdadero comienzo del siglo XXI'.
¿Cuántos atentados terroristas ocurrieron y cuánta gente murió?
El 11 de septiembre de 2001 se produjeron cuatro actos terroristas ejecutados por 19 extremistas islámicos de Al Qaeda, quienes secuestraron cuatro aviones con el único fin de estrellarlos contra varios objetivos estratégicos en territorio estadounidense. Dos de ellos fueron impactados contra los edificios del Centro Mundial de Comercio en Nueva York (WTC). Esto provocó no solo el derrumbe de las dos Torres Gemelas, sino también de la mayoría de los siete edificios que formaban el WTC.Se estima que los daños materiales de la tragedia ascendieron a los 10.000 millones de dólares, aunque el impacto total del atentado podría ascender a los 3,3 billones de dólares. Además, este se convirtió en el peor día de la historia del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDYN): 343 de sus miembros perdieron la vida. A esta lista se suman 23 agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y 37 oficiales del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria (PAPD).
Un tercer avión fue desviado a Washington. Los terroristas lo estrellaron contra la fachada occidental del Pentágono, matando a 189 personas, incluyendo los pasajeros de la aeronave. Finalmente, el cuarto avión secuestrado se estrelló en un campo abierto en Pensilvania, cuando los pasajeros y la tripulación intentaba recuperar el control de la aeronave. Según las investigaciones posteriores, el plan de los terroristas era estrellar este avión contra la Casa Blanca o el Capitolio.
¿Cómo fue posible que los terroristas ejecuten una operación tan compleja en territorio estadounidense?
Las investigaciones posteriores revelaron que el atentado fue planificado por Jálid Sheij Mohámed, quien en 1996 compartió su idea con Osama Bin Laden, fundador de la organización Al-Qaeda. El plan fue puesto en ejecución desde 1999, año en que escogió a 19 terroristas que formarían parte de cuatro grupos de ataque, integrados por un piloto y personal de apoyo que se encargarían de secuestrar los aviones.Los pilotos debían recibir capacitación en EE.UU., por lo que se escogió a personas con educación superior y experiencia de vida en Occidente. Su preparación incluía utilizar vestimenta europea y pedir comida en los restaurantes.
¿Por qué la inteligencia estadounidense no predijo el atentado?
La unidades de inteligencia de EE.UU. seguían el rastro de Bin Laden desde 1996. En 1999, conocían sobre la planificación de un acto terrorista de gran alcance. La CIA recibió información de Arabia Saudita sobre la participación de dos de sus ciudadanos en Al-Qaeda, pero nunca compartieron estos datos con el FBI porque consideraban que los ataques se ejecutarían fuera de EE.UU., en Israel o Arabia Saudita.Sin embargo, en julio de 2001, un agente del FBI comunicó a sus superiores sobre un posible plan de Bin Laden para enviar a terroristas a estudiar en las escuelas de vuelo de EE.UU. En agosto del mismo año, la CIA conocía de varias fuentes que se preparaba un acto terrorista en territorio estadounidense, con la posibilidad del secuestro de aviones.
Posteriores investigaciones mostraron que una de las mayores razones por la que no fue posible detener el atentado fue la inexistencia de procedimientos para compartir información entre las oficinas de inteligencia. Así, en una ocasión cuando un agente del FBI solicitó información referente a dos saudíes de Al-Qaeda, la CIA la rechazó señalando que ese no era "un asunto del FBI".
¿Y si los atentados fueron perpetrados por el mismo FBI?
Las conspiraciones siempre han sido un tema de especial interés para el ser humano. De aquí que este atentado, como muchos otros hechos de gran impacto han dado origen a un gran número de teorías conspiradoras. La más popular de ellas señala que todo fue organizado por las mismas autoridades de EE.UU. con el fin de justificar una intervención militar en Oriente Medio. De esta forma ―según este tipo de teorías― las autoridades habrían puesto varias bombas en los edificios del WTC y enviaron los aviones a propósito para desviar la atención de los medios.Sin embargo, ninguna de las investigaciones posteriores realizadas por el Gobierno y por comisiones especiales independientes encontraron alguna prueba que soporte esta teoría. Una simulación por computadora ejecutada por científicos de la Universidad Purdue descartó por completo la teoría de la explosión premeditada de las Torres Gemelas. Hoy en día, incluso los más grandes defensores de esta teoría dudan de su veracidad.
¿La operación de EE.UU. en Irak fue una venganza por el 11-S?
La administración del presidente George Bush, anunció como resultado directo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 una "Campaña contra el terrorismo", que dio inicio a la intervención estadounidense en Afganistán. Muchos relacionan esta campaña en Irak con un supuesto apoyo del Gobierno de Sadam Husein a la planificación de los atentados.Los actos terroristas del 11-S produjeron cambios económicos, políticos y sociales a nivel global. Durante alrededor de una semana, los mercados bursátiles estadounidenses dejaron de funcionar. Sumadas las intervenciones en Afganistán e Irak, algunos especialistas calculan que las pérdidas superan los 5 billones de dólares.
Muchos consideran que estos hechos fueron el motivo de la desestabilización en Oriente Medio y la aparición del Estado Islámico. Además, la Agencia de Seguridad Nacional recibió mayores derechos, lo que dio inicio a un programa de espionaje que ha sido denunciado en varias ocasiones. Pero sin lugar a dudas, el 11 de septiembre de 2001 fue un día de cambio de una era cultural y ha sido catalogado por varios especialistas como el 'verdadero comienzo del siglo XXI'.
Revelan secretos de las Torres Gemelas
Por:
Manuel E. Yepe
| CUBADEBATE
La CIA estadounidense y la monarquía de Arabia Saudita conspiraron
para mantener en secreto los detalles del ataque a la Torres Gemelas del
World Trade Center de Nueva York y otros objetivos en Estados Unidos el
11 de septiembre de 2001, según lo anuncia un documentado libro de los
periodistas John Duffy y Ray Nowosielski que pronto verá la luz.
Los autores lograron en 2009 una asombrosa entrevista con Richard Clarke, asesor antiterrorista de la Casa Blanca durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush, cuya publicación enfureció a la CIA, en especial a su director, George Tenet, quien había ocultado información crucial sobre los planes y movimientos de Al-Qaeda, incluyendo la llegada a Estados Unidos de los futuros secuestradores participantes Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi.
La CIA y la NSA, con complicidad saudí, articularon una falsa historieta para encubrir la participación del gobierno estadounidense en el asunto.
Pero para cientos de familiares y un número cada vez mayor de exagentes del FBI, la ceremonia del 11 de septiembre de este año avivó una rabia acallada, pero no extinguida, por la conspiración de silencio mantenida por altos exfuncionarios de Estados Unidos y Arabia Saudita.
Para muchos exfuncionarios de la seguridad nacional, las preguntas sin respuesta sobre los acontecimientos que condujeron a los atentados del 11 de septiembre de 2001 eclipsan a las del asesinato de John F. Kennedy, porque el 11 de septiembre cambió el mundo entero. No sólo llevó a las invasiones de Afganistán e Irak, la fractura del Medio Oriente y el avance del militantismo islámico, sino que también acercó a Estados Unidos a su virtual conversión en un estado represivo de seguridad nacional. Ello se manifiesta, de acuerdo a los autores del libro, en que la política exterior de Estados Unidos se ha dotado de una estrategia para el exterminio de los movimientos populares en América Latina.
Según relato del nuevo libro, Mark Rossini, uno de los dos agentes del FBI asignados a la unidad “Osama bin Laden” de la CIA, dijo estar triste y deprimido porque los gerentes de la agencia les impidieron misteriosamente en el 2000 informar a su cuartel general sobre la presencia en Estados Unidos de los conspiradores de Al Qaeda, futuros ejecutores del magno acto terrorista y de nuevo lo hicieron en el verano de 2001. “Es evidente que los ataques no necesitaban ocurrir y que no ha habido justicia”, constató Rossini, según el libro.
En 2002, Tenet juró al Congreso que él no estaba al tanto de la amenaza inminente porque esa información venía en un cable no marcado urgente y “nadie lo leyó”. Pero cinco años más tarde supo la verdad cuando los senadores Ron Wyden y Kit Bond le obligaron a hacer desaparecer un resumen ejecutivo de la investigación de la CIA sobre el 11-S, donde se afirmaba que no menos de cincuenta personas leyeron una o más de las seis comunicaciones de la Agencia que contenían información sobre viajes relacionada con estos terroristas.
Hasta entonces, Clarke había confiado en Tenet, su colega cercano y amigo. Alegando desesperación por no disponer de medios para difundir la tan asombrosa revelación, en 2009, el exasesor antiterrorista escribió un libro que tituló, Your Government Failed You (su gobierno le falló), que fue ignorado en gran medida.
Dice Clarke que creyó durante mucho tiempo que se trataba de un reducido grupo de funcionarios de bajo nivel que obtuvieron esta información y no se dieron cuenta de la importancia. Pero resultó que más de cincuenta oficiales de la CIA lo sabían, Tenet incluido.
Tenet y dos de sus ayudantes “antiterroristas”, Rich Blee y Cofer Black, emitieron una declaración calificando la teoría de Clarke de “imprudente y profundamente equivocada”.
Pero ahora Clarke no está solo. Duffy y Nowosielski hallaron otros exagentes y funcionarios clave del FBI que han desarrollado profundas dudas sobre la historia de Tenet. El único elemento en el que no están de acuerdo es en qué hubo funcionarios responsables del supuesto subterfugio.
El libro de John Duffy y Ray Nowosielski relata muchos otros aspectos que agregan gravedad a su denuncia: la complicidad saudí con los secuestradores; el apoyo del gobierno saudí a Al-Qaeda en años recientes; el descubrimiento del papel de agentes de la monarquía financiando subrepticiamente los esfuerzos de relaciones públicas para descarrilar un proyecto de ley en el Congreso que permitiría a un grupo de familiares demandar al reino por daños del 11 de septiembre; que funcionarios del Ministerio de Asuntos Islámicos del reino saudí estaban ayudando activamente a los secuestradores a establecerse en California.
El fantasma del once de septiembre de 2001 sigue rondando a la Casa Blanca como uno de sus más grandes desmanes históricos.
(Tomado del diario POR ESTO)
Los autores lograron en 2009 una asombrosa entrevista con Richard Clarke, asesor antiterrorista de la Casa Blanca durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush, cuya publicación enfureció a la CIA, en especial a su director, George Tenet, quien había ocultado información crucial sobre los planes y movimientos de Al-Qaeda, incluyendo la llegada a Estados Unidos de los futuros secuestradores participantes Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi.
La CIA y la NSA, con complicidad saudí, articularon una falsa historieta para encubrir la participación del gobierno estadounidense en el asunto.
Pero para cientos de familiares y un número cada vez mayor de exagentes del FBI, la ceremonia del 11 de septiembre de este año avivó una rabia acallada, pero no extinguida, por la conspiración de silencio mantenida por altos exfuncionarios de Estados Unidos y Arabia Saudita.
Para muchos exfuncionarios de la seguridad nacional, las preguntas sin respuesta sobre los acontecimientos que condujeron a los atentados del 11 de septiembre de 2001 eclipsan a las del asesinato de John F. Kennedy, porque el 11 de septiembre cambió el mundo entero. No sólo llevó a las invasiones de Afganistán e Irak, la fractura del Medio Oriente y el avance del militantismo islámico, sino que también acercó a Estados Unidos a su virtual conversión en un estado represivo de seguridad nacional. Ello se manifiesta, de acuerdo a los autores del libro, en que la política exterior de Estados Unidos se ha dotado de una estrategia para el exterminio de los movimientos populares en América Latina.
Según relato del nuevo libro, Mark Rossini, uno de los dos agentes del FBI asignados a la unidad “Osama bin Laden” de la CIA, dijo estar triste y deprimido porque los gerentes de la agencia les impidieron misteriosamente en el 2000 informar a su cuartel general sobre la presencia en Estados Unidos de los conspiradores de Al Qaeda, futuros ejecutores del magno acto terrorista y de nuevo lo hicieron en el verano de 2001. “Es evidente que los ataques no necesitaban ocurrir y que no ha habido justicia”, constató Rossini, según el libro.
En 2002, Tenet juró al Congreso que él no estaba al tanto de la amenaza inminente porque esa información venía en un cable no marcado urgente y “nadie lo leyó”. Pero cinco años más tarde supo la verdad cuando los senadores Ron Wyden y Kit Bond le obligaron a hacer desaparecer un resumen ejecutivo de la investigación de la CIA sobre el 11-S, donde se afirmaba que no menos de cincuenta personas leyeron una o más de las seis comunicaciones de la Agencia que contenían información sobre viajes relacionada con estos terroristas.
Hasta entonces, Clarke había confiado en Tenet, su colega cercano y amigo. Alegando desesperación por no disponer de medios para difundir la tan asombrosa revelación, en 2009, el exasesor antiterrorista escribió un libro que tituló, Your Government Failed You (su gobierno le falló), que fue ignorado en gran medida.
Dice Clarke que creyó durante mucho tiempo que se trataba de un reducido grupo de funcionarios de bajo nivel que obtuvieron esta información y no se dieron cuenta de la importancia. Pero resultó que más de cincuenta oficiales de la CIA lo sabían, Tenet incluido.
Tenet y dos de sus ayudantes “antiterroristas”, Rich Blee y Cofer Black, emitieron una declaración calificando la teoría de Clarke de “imprudente y profundamente equivocada”.
Pero ahora Clarke no está solo. Duffy y Nowosielski hallaron otros exagentes y funcionarios clave del FBI que han desarrollado profundas dudas sobre la historia de Tenet. El único elemento en el que no están de acuerdo es en qué hubo funcionarios responsables del supuesto subterfugio.
El libro de John Duffy y Ray Nowosielski relata muchos otros aspectos que agregan gravedad a su denuncia: la complicidad saudí con los secuestradores; el apoyo del gobierno saudí a Al-Qaeda en años recientes; el descubrimiento del papel de agentes de la monarquía financiando subrepticiamente los esfuerzos de relaciones públicas para descarrilar un proyecto de ley en el Congreso que permitiría a un grupo de familiares demandar al reino por daños del 11 de septiembre; que funcionarios del Ministerio de Asuntos Islámicos del reino saudí estaban ayudando activamente a los secuestradores a establecerse en California.
El fantasma del once de septiembre de 2001 sigue rondando a la Casa Blanca como uno de sus más grandes desmanes históricos.
(Tomado del diario POR ESTO)
Washington amenaza con sancionar a los jueces de la "ilegítima" CPI si procesan a sus ciudadanos
Publicado: 10 sep 2018 16:54 GMT | Última actualización: 10 sep 2018 17:46 GMT - RT
Así lo ha afirmado el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton.
El
consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, ha
afirmado durante una reunión de la Sociedad Federalista en Washington
que Estados Unidos no cooperará ni participará en la Corte Penal Internacional
(CPI) y empleará "cualquier medio necesario" para proteger a sus
ciudadanos y aliados de "los procesamientos injustos" que realiza "ese
tribunal ilegítimo". "No cooperaremos con la CPI, no proporcionaremos
asistencia a la CPI y, ciertamente, no nos uniremos a la CPI", ha
declarado Bolton.
Bolton ha amenazado con que
EE.UU. sancionará a los jueces de la Corte Penal Internacional si desean
procesar a estadounidenses o ciudadanos de sus países aliados:
"Prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a EE.UU., sancionaremos
sus fondos en el sistema financiero norteamericano y los enjuiciaremos
en nuestro sistema criminal", ha declarado este representante de Trump,
quien ha asegurado que "haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado
que ayude a una investigación de la CPI contra estadounidenses".
El consejero de Trump ha señalado que Washington prevé negociar "acuerdos bilaterales aún más vinculantes" con otros países para prohibir que "entreguen personas estadounidenses a la CPI": "Nos aseguraremos de que los [acuerdos] sean honrados por nuestros gobiernos homólogos", ha indicado.
Ese asesor presidencial ha afirmado que su país considera tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para "limitar los amplios poderes de la Corte; incluso, garantizar que la CPI no ejerza su jurisdicción sobre los estadounidenses y los ciudadanos de nuestros aliados que no han ratificado el Estatuto de Roma".
El analista político Pedro González Munné ha asegurado a RT que esta postura de EE.UU. supone un ataque a la Justicia internacional.
Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El consejero de Trump ha señalado que Washington prevé negociar "acuerdos bilaterales aún más vinculantes" con otros países para prohibir que "entreguen personas estadounidenses a la CPI": "Nos aseguraremos de que los [acuerdos] sean honrados por nuestros gobiernos homólogos", ha indicado.
Ese asesor presidencial ha afirmado que su país considera tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para "limitar los amplios poderes de la Corte; incluso, garantizar que la CPI no ejerza su jurisdicción sobre los estadounidenses y los ciudadanos de nuestros aliados que no han ratificado el Estatuto de Roma".
El analista político Pedro González Munné ha asegurado a RT que esta postura de EE.UU. supone un ataque a la Justicia internacional.
Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
EE.UU amenaza con sancionar a los jueces de la CPI si procesan a estadounidenses
"Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial", advirtió el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.
CORTE PENAL INTERNACIONAL
- LR21
El consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, afirmó este lunes que Estados Unidos no cooperará ni participará en la Corte Penal Internacional (CPI) y empleará “cualquier medio necesario” para proteger a sus ciudadanos y aliados de “los procesamientos injustos” que realiza “ese tribunal ilegítimo”.
Durante una reunión de la Sociedad Federalista en Washington el funcionario expresó: “no cooperaremos con la CPI, no proporcionaremos asistencia a la CPI y, ciertamente, no nos uniremos a la CPI”.
Al tiempo que amenazó con sancionar a los jueces de la Corte si continúan con una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán.
En noviembre pasado la fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció que pediría a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense.
En Afganistán, Estados Unidos sigue a la cabeza de una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.
“En cualquier momento, la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadounidenses”, argumento Bolton antes de afirmar que protegerán a sus compatriotas.
“Prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a EE.UU., sancionaremos sus fondos en el sistema financiero norteamericano y los enjuiciaremos en nuestro sistema criminal”, declaró y agregó: “haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI contra estadounidenses”.
“Nos aseguraremos de que los [acuerdos] sean honrados por nuestros gobiernos homólogos”, señaló.
Bolton agregó que su país considera tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para “limitar los amplios poderes de la Corte; incluso, garantizar que la CPI no ejerza su jurisdicción sobre los estadounidenses y los ciudadanos de nuestros aliados que no han ratificado el Estatuto de Roma”.
En ese sentido advirtió contra eventuales investigaciones contra Israel: “Si la Corte viene a por nosotros, Israel o cualquier aliado de Estados Unidos, no nos vamos a quedar sentados”, advirtió.
Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, afirmó este lunes que Estados Unidos no cooperará ni participará en la Corte Penal Internacional (CPI) y empleará “cualquier medio necesario” para proteger a sus ciudadanos y aliados de “los procesamientos injustos” que realiza “ese tribunal ilegítimo”.
Durante una reunión de la Sociedad Federalista en Washington el funcionario expresó: “no cooperaremos con la CPI, no proporcionaremos asistencia a la CPI y, ciertamente, no nos uniremos a la CPI”.
Al tiempo que amenazó con sancionar a los jueces de la Corte si continúan con una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán.
En noviembre pasado la fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció que pediría a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense.
En Afganistán, Estados Unidos sigue a la cabeza de una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.
“En cualquier momento, la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadounidenses”, argumento Bolton antes de afirmar que protegerán a sus compatriotas.
“Prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a EE.UU., sancionaremos sus fondos en el sistema financiero norteamericano y los enjuiciaremos en nuestro sistema criminal”, declaró y agregó: “haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI contra estadounidenses”.
Más unión con los aliados
A su vez dijo que Washington prevé negociar “acuerdos bilaterales aún más vinculantes” con otros países para prohibir que “entreguen personas estadounidenses a la CPI”.“Nos aseguraremos de que los [acuerdos] sean honrados por nuestros gobiernos homólogos”, señaló.
Bolton agregó que su país considera tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para “limitar los amplios poderes de la Corte; incluso, garantizar que la CPI no ejerza su jurisdicción sobre los estadounidenses y los ciudadanos de nuestros aliados que no han ratificado el Estatuto de Roma”.
En ese sentido advirtió contra eventuales investigaciones contra Israel: “Si la Corte viene a por nosotros, Israel o cualquier aliado de Estados Unidos, no nos vamos a quedar sentados”, advirtió.
Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
"Corte injusta": EE.UU. promete emplear "cualquier medio" para proteger a sus aliados de la CPI
Publicado: 10 sep 2018 16:54 GMT | Última actualización: 10 sep 2018 17:10 GMT - RT
Así lo ha afirmado el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton.
El
consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, ha
afirmado durante una reunión de la Sociedad Federalista en Washington
que Estados Unidos no cooperará ni participará en la Corte Penal
Internacional (CPI) y empleará "cualquier medio necesario" para proteger
a sus ciudadanos y aliados de "los procesamientos injustos" que realiza
"ese tribunal ilegítimo".
"No cooperaremos con la CPI, no proporcionaremos asistencia a la CPI y, ciertamente, no nos uniremos a la CPI", ha declarado Bolton.
Ese asesor presidencial ha afirmado que su país considera tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para restringir los poderes de la CPI, entre otros pasos a seguir.
Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
"No cooperaremos con la CPI, no proporcionaremos asistencia a la CPI y, ciertamente, no nos uniremos a la CPI", ha declarado Bolton.
Ese asesor presidencial ha afirmado que su país considera tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para restringir los poderes de la CPI, entre otros pasos a seguir.
Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El régimen de EEUU teme que se investiguen sus crímenes de guerra en Afganistán
por Ricardo Carnevali
LA HAINE - 12/09/2018
Amenazó con arrestar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional
En
otro acto de prepotencia imperial, EEUU amenazó este lunes con arrestar
y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal
Internacional (CPI) si el tribunal emprende acciones por crímenes de
guerra contra estadounidenses que invadieron y masacraron civiles en
Afganistán.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional estadounidense afirmó que
esa instancia "está muerta para nosotros" y la calificó de ilegítima, y
acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente
crímenes de guerra y de lesa humanidad de ser "ineficaz, irresponsable y
francamente peligrosa para EEUU, Israel y otros aliados".
"Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a EEUU. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial", advirtió.
Desde enero de 2009 la invasión “aliada” ha causado más de 27.000 muertos y casi 50.000 heridos entre la población civil. El reporte anual de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, señaló que la mayoría de las 3.448 muertes y 7.015 heridos (para un total de 10.453 víctimas civiles) sólo el año pasado, fueron a causa de combates y ataques aéreos.
La guerra contra el “terrorismo” lanzada en 2001 a raíz de los [auto]atentados del 11-S en EEUU ha dejado un total de 149.000 muertes directas en Afganistán y Paquistán, según un estudio de la estadounidense Universidad de Brown, que señala que los muertos por los ataques de drones estadounidenses se sitúan en 3.800, la mayoría civiles
"Lo que sí es seguro es que los ataques de drones perturban las vidas de la gente, destruyen infraestructuras y, como resultado, contribuyen al desplazamiento, la malnutrición y la enfermedad ", manifestó la directora del proyecto, Neta C. Crawford.
Y en un tácito reconocimiento a los crímenes de guerra cometidos por soldados propios y mercenarios a su servicio y de desconocimiento a los tratados internacionales, Bolton señaló ante la organización conservadora Federalist Society, en Washington, que su gobierno hará “lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses".
Para EEUU cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de ataque suyos sería "una investigación completamente infundada e injustificable". Cabe recordar en noviembre de 2017, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que pediría a los jueces la autorización para investigar crímenes de guerra cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense, que encabeza, aún hoy, una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.
Bolton, quien fuera embajador de Washington en la ONU durante el gobierno de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de EEUU y su soberanía, un alegato dirigido a insuflar el supuesto “nacionalismo” de los ciudadanos, en vísperas de las elecciones parlamentarias que pueden dejar al gobierno sin mayoría legislativa.
"En cualquier momento la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadounidenses", explicó el consejero de Donald Trump, tras un mensaje amenazador a la Corte: “Utilizaremos todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima".
La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, tratado ratificado por 123 países. Su fiscal está capacitado para abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces, siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso, Afganistán.
Paralelamente, el gobierno de EEUU anunció el mismo día el cierre de la misión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, al acusar a los palestinos de "no haber dado pasos para avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel".
El gobierno palestino replicó que se trata de una represalia a su decisión de acusar a Tel Aviv de crímenes de guerra, en particular durante la guerra de Gaza en 2014, y los vinculados a la colonización.
CLAE / La Haine
"Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a EEUU. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial", advirtió.
Desde enero de 2009 la invasión “aliada” ha causado más de 27.000 muertos y casi 50.000 heridos entre la población civil. El reporte anual de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, señaló que la mayoría de las 3.448 muertes y 7.015 heridos (para un total de 10.453 víctimas civiles) sólo el año pasado, fueron a causa de combates y ataques aéreos.
La guerra contra el “terrorismo” lanzada en 2001 a raíz de los [auto]atentados del 11-S en EEUU ha dejado un total de 149.000 muertes directas en Afganistán y Paquistán, según un estudio de la estadounidense Universidad de Brown, que señala que los muertos por los ataques de drones estadounidenses se sitúan en 3.800, la mayoría civiles
"Lo que sí es seguro es que los ataques de drones perturban las vidas de la gente, destruyen infraestructuras y, como resultado, contribuyen al desplazamiento, la malnutrición y la enfermedad ", manifestó la directora del proyecto, Neta C. Crawford.
Y en un tácito reconocimiento a los crímenes de guerra cometidos por soldados propios y mercenarios a su servicio y de desconocimiento a los tratados internacionales, Bolton señaló ante la organización conservadora Federalist Society, en Washington, que su gobierno hará “lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses".
Para EEUU cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de ataque suyos sería "una investigación completamente infundada e injustificable". Cabe recordar en noviembre de 2017, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que pediría a los jueces la autorización para investigar crímenes de guerra cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense, que encabeza, aún hoy, una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.
Bolton, quien fuera embajador de Washington en la ONU durante el gobierno de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de EEUU y su soberanía, un alegato dirigido a insuflar el supuesto “nacionalismo” de los ciudadanos, en vísperas de las elecciones parlamentarias que pueden dejar al gobierno sin mayoría legislativa.
"En cualquier momento la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadounidenses", explicó el consejero de Donald Trump, tras un mensaje amenazador a la Corte: “Utilizaremos todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima".
La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, tratado ratificado por 123 países. Su fiscal está capacitado para abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces, siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso, Afganistán.
Paralelamente, el gobierno de EEUU anunció el mismo día el cierre de la misión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, al acusar a los palestinos de "no haber dado pasos para avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel".
El gobierno palestino replicó que se trata de una represalia a su decisión de acusar a Tel Aviv de crímenes de guerra, en particular durante la guerra de Gaza en 2014, y los vinculados a la colonización.
CLAE / La Haine
EE.UU. cierra oficina de Organización para la Liberación de Palestina en Washington
Es una "peligrosa escalada que demuestra que EE.UU. está dispuesto a desmantelar el sistema internacional para encubrir los crímenes israelíes", consideró el secretario general de la OLP.
PALESTINA
- LR 21
El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, anunció este lunes que Estados Unidos le comunicó el cierre de la misión palestina en Washington.
Erekat consieró que el cierre de la oficina diplomática forma parte de una “peligrosa escalada que demuestra que EE.UU. está dispuesto a desmantelar el sistema internacional para encubrir los crímenes israelíes, ataques contra la tierra y las personas palestinas, así como contra la paz y seguridad en la región”.
A través de un comunicado el diplomático palestino señaló que se trata de “otro ejemplo de castigo colectivo” a su pueblo y se suma a otras decisiones de la administración de Trump como la suspensión de la financiación a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, o el polémico reconocimiento por Washington de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de su embajada de Tel Aviv a esa ciudad.
Erekat anunció que se tomarán las medidas necesarias para proteger el derecho de los ciudadanos palestinos que viven en Estados Unidos de acceder a servicios consulares.
“Hemos sido informados oficialmente esta mañana de la decisión de la Administración de EE.UU. de cerrar la Delegación General palestina en Estados Unidos, la misión diplomática palestina en el país. Condenamos este gesto de la manera más firme posible”, expresó a la prensa.
Zomlot atribuyó la decisión estadounidense al hecho de que los palestinos hayan decidido acudir a la Corte Penal Internacional (CPI, en la Haya) para denunciar supuestas violaciones de derechos humanos por parte de Israel, y lo consideró “una escalada temeraria por parte de esa Administración”.
Esa acción confirma para él que el gobierno de Trump está decidido a “proteger los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, y desmantelar el sistema de derecho internacional y los mecanismos del derecho internacional”.
Para el diplomático palestino, se trata de “una guerra no solo contra los palestinos, sino contra todos los valores, los sistemas y el sentido común”, así como contra la capacidad estadounidense de “gobernar, litigar y mediar con asuntos internacionales”.
“Esta insistencia no es solo un signo de la guerra israelí contra nuestra presencia diplomática, sino también un reflejo de su preocupación por el cambio evidente de la opinión pública americana” a favor de las posiciones palestinas, consideró.
A su vez evaluó que la decisión es un reflejo de la preocupación israelí, y el “miedo” a ley internacional y sus mecanismos.
Zumlot acusó a la Casa Blanca de tratar de “intimidar” y aseguró que la decisión norteamericana no echará para atrás las decisiones palestinas sino que, al contrario, se tomarán “todas las acciones posibles para avanzar y garantizar el proceso (contra Israel) en la CPI”.
“Confirma nuestra decisión de que la mejor manera de avanzar es poner a Israel bajo la ley internacional y no por encima ella”, concluyó.
El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, anunció este lunes que Estados Unidos le comunicó el cierre de la misión palestina en Washington.
Erekat consieró que el cierre de la oficina diplomática forma parte de una “peligrosa escalada que demuestra que EE.UU. está dispuesto a desmantelar el sistema internacional para encubrir los crímenes israelíes, ataques contra la tierra y las personas palestinas, así como contra la paz y seguridad en la región”.
A través de un comunicado el diplomático palestino señaló que se trata de “otro ejemplo de castigo colectivo” a su pueblo y se suma a otras decisiones de la administración de Trump como la suspensión de la financiación a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, o el polémico reconocimiento por Washington de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de su embajada de Tel Aviv a esa ciudad.
Erekat anunció que se tomarán las medidas necesarias para proteger el derecho de los ciudadanos palestinos que viven en Estados Unidos de acceder a servicios consulares.
“Una guerra contra el sentido común”
Por su parte, el representante de la OLP ante Washington, Husam Zomlot aseguró este lunes que el cierre de su oficina en EE.UU. es “una guerra” contra los palestinos y “contra el sentido común”.“Hemos sido informados oficialmente esta mañana de la decisión de la Administración de EE.UU. de cerrar la Delegación General palestina en Estados Unidos, la misión diplomática palestina en el país. Condenamos este gesto de la manera más firme posible”, expresó a la prensa.
Zomlot atribuyó la decisión estadounidense al hecho de que los palestinos hayan decidido acudir a la Corte Penal Internacional (CPI, en la Haya) para denunciar supuestas violaciones de derechos humanos por parte de Israel, y lo consideró “una escalada temeraria por parte de esa Administración”.
Esa acción confirma para él que el gobierno de Trump está decidido a “proteger los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, y desmantelar el sistema de derecho internacional y los mecanismos del derecho internacional”.
Para el diplomático palestino, se trata de “una guerra no solo contra los palestinos, sino contra todos los valores, los sistemas y el sentido común”, así como contra la capacidad estadounidense de “gobernar, litigar y mediar con asuntos internacionales”.
“Esta insistencia no es solo un signo de la guerra israelí contra nuestra presencia diplomática, sino también un reflejo de su preocupación por el cambio evidente de la opinión pública americana” a favor de las posiciones palestinas, consideró.
A su vez evaluó que la decisión es un reflejo de la preocupación israelí, y el “miedo” a ley internacional y sus mecanismos.
Zumlot acusó a la Casa Blanca de tratar de “intimidar” y aseguró que la decisión norteamericana no echará para atrás las decisiones palestinas sino que, al contrario, se tomarán “todas las acciones posibles para avanzar y garantizar el proceso (contra Israel) en la CPI”.
“Confirma nuestra decisión de que la mejor manera de avanzar es poner a Israel bajo la ley internacional y no por encima ella”, concluyó.
Israel prohibe la salida de Cisjordania de Ahed Tamimi
El
gobierno israelí mantiene presa en su propia tierra a la joven Ahed
Tamimi, quien a sus 16 años se convirtió en el símbolo de la resistencia
palestina
Ahed
Tamimi, la joven palestina que se convirtió en el símbolo de la lucha
contra la ocupación, no pudo viajar el fin de semana anterior, junto con
su familia, a un evento al que fue invitada en Irán.
Sin explicación o argumento válido, el gobierno de Israel simplemente le ha prohibido a la joven salir de Cisjordania, por lo que las organizaciones humanitarias han rechazado esta medida por considerarla un secuestro por parte de Tel Aviv.
La joven de 17 años pasó varios meses en la cárcel por haber abofeteado a un soldado Israelí que incursionó en su casa; cabe recordar que los miembros de la familia de Tamimi que han muerto debido a las acciones de uno de los ejércitos más poderosos del mundo.
Sin explicación o argumento válido, el gobierno de Israel simplemente le ha prohibido a la joven salir de Cisjordania, por lo que las organizaciones humanitarias han rechazado esta medida por considerarla un secuestro por parte de Tel Aviv.
La joven de 17 años pasó varios meses en la cárcel por haber abofeteado a un soldado Israelí que incursionó en su casa; cabe recordar que los miembros de la familia de Tamimi que han muerto debido a las acciones de uno de los ejércitos más poderosos del mundo.
Los Países Bajos cortan la ayuda a los Cascos Blancos y a la oposición en Siria
Publicado: 10 sep 2018 11:10 GMT | Última actualización: 10 sep 2018 14:30 GMT - RT
La financiación para la oposición ha sido
suspendida inmediatamente, pero los Cascos Blancos seguirán recibiéndola
hasta diciembre.
El
Gobierno de los Países Bajos ha suspendido la financiación a los grupos
opositores en Siria, han anunciado el ministro de Exteriores, Stef
Blok, y la ministra de Comercio Exterior, Sigrid Kaag, informan medios locales.
Los ministros han expresado que las posibilidades de que las fuerzas rebeldes ganen la guerra son "extremadamente limitadas". Asimismo, han agregado que el apoyo de los Países Bajos a los rebeldes "no ha tenido el efecto deseado".
Desde mayo del 2015, los Países Bajos gastaron unos 70 millones de euros en ayuda a varias organizaciones en Siria. En total, 22 grupos recibían la financiación, incluidos los rebeldes "moderados", las fuerzas de la Policía en la zona bajo su control, así como los Cascos Blancos. La ayuda no incluía el suministro de armamento, sino que se empleaba en la compra de alimentos, vehículos y equipos de comunicación.
Se precisa que la financiación para la oposición se ha suspendido inmediatamente, mientras que los Cascos Blancos seguirán recibiéndola hasta el próximo mes de diciembre.
Los ministros han expresado que las posibilidades de que las fuerzas rebeldes ganen la guerra son "extremadamente limitadas". Asimismo, han agregado que el apoyo de los Países Bajos a los rebeldes "no ha tenido el efecto deseado".
Desde mayo del 2015, los Países Bajos gastaron unos 70 millones de euros en ayuda a varias organizaciones en Siria. En total, 22 grupos recibían la financiación, incluidos los rebeldes "moderados", las fuerzas de la Policía en la zona bajo su control, así como los Cascos Blancos. La ayuda no incluía el suministro de armamento, sino que se empleaba en la compra de alimentos, vehículos y equipos de comunicación.
Se precisa que la financiación para la oposición se ha suspendido inmediatamente, mientras que los Cascos Blancos seguirán recibiéndola hasta el próximo mes de diciembre.
EE.UU. prorroga un año más el bloqueo económico y comercial a Cuba
Publicado: 10 sep 2018 16:33 GMT | Última actualización: 10 sep 2018 17:25 GMT - RT
La información fue dada a conocer por la Casa Blanca.
La
Casa Blanca informó este lunes que el Gobierno de EE.UU. prorrogará un
año más el bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene sobre
Cuba desde hace 58 años.
En la carta, firmada por el mandatario Donald Trump, se establece que la medida se toma de acuerdo a los "intereses nacionales de los EE.UU.".
Este mismo lunes, se conoció que el Gobierno cubano presentará en el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al embargo estadounidense contra La Habana.
El embajador de Cuba en Rusia, Gerardo Peñalver Portal, informó a la agencia RIA Novosti que "Cuba no abandonará sus principios y no dejará de presentar sus reclamos sobre la eliminación total del bloqueo". Según el más reciente informe sobre el tema, los daños de esta medida, solo desde abril de 2017 hasta marzo de 2018, superaron los 4.000 millones dólares, recoge Prensa Latina.
La última resolución presentada por Cuba, el año pasado, para que se levante el bloqueo, recibió el apoyo de 191 Estados y solo dos negativos: EE.UU. e Israel.
En la carta, firmada por el mandatario Donald Trump, se establece que la medida se toma de acuerdo a los "intereses nacionales de los EE.UU.".
Este mismo lunes, se conoció que el Gobierno cubano presentará en el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al embargo estadounidense contra La Habana.
El embajador de Cuba en Rusia, Gerardo Peñalver Portal, informó a la agencia RIA Novosti que "Cuba no abandonará sus principios y no dejará de presentar sus reclamos sobre la eliminación total del bloqueo". Según el más reciente informe sobre el tema, los daños de esta medida, solo desde abril de 2017 hasta marzo de 2018, superaron los 4.000 millones dólares, recoge Prensa Latina.
La última resolución presentada por Cuba, el año pasado, para que se levante el bloqueo, recibió el apoyo de 191 Estados y solo dos negativos: EE.UU. e Israel.
CATALUNYA
Diada: Un millón de manifestantes toma el centro de Barcelona por la libertad de los presos políticos y la República catalana
Por Kaos. Països CatalansKAOS EN LA RED - Publicado en: 11 septiembre, 2018
Un millón de personas, según datos de la guardia urbana, ha
colapsado la arteria principal de Barcelona en un 11 de septiembre en
que han atronado la exigencia de “llibertat presos polítics” e
“independencia”.
Un millón de personas, según la Guardia Urbana, ha tomado la Avenida Diagonal entre la Plaça de les Glòries y Palau Reial bajo los atronadores lemas de “llibertat presos polítics” e “independencia”.
Desde primera hora de la tarde la Diagonal y sus calles adyacentes se han ido llenando de camisetas de color coral, desbordando todas las expectativas puesto que, a una semana del acto, eran poco optimistas dada la cifra de inscritos que proporcionaba la propia ANC.
Se trata, además, de la primera Diada después del referéndum del 1 de octubre, de la huelga general del día 3 de octubre, de la declaración de independencia del 10 y 27 de octubre que nunca llegó a desplegarse, y del proceso represivo iniciado por el aparato del estado monárquico para impedir la culminación del anhelo de soberanía que la mayoría del pueblo catalán viene manifestando, un año tras otro, desde el 2010.
Es decir, a pesar de la política inconsecuente y de moderación de la dirección independentista (JxCat, PdeCat, ERC, ANC, Òmnium), incapaz de llevar adelante la voluntad popular expresada reiteradamente en las urnas y en las calles, y de la política represiva del Estado -con decenas de presos, exiliados y activistas perseguidos por ejercer derechos de expresión y opinión-, el movimiento popular catalán ha vuelto a ocupar multitudinariamente las calles volviendo a poner en el centro de la escena política el “problema catalán”, un asunto cuya solución -ejercer el derecho de autodeterminación- cuestiona uno de los pilares, la ‘indisoluble unidad de la patria’, sobre los que se asienta el régimen monárquico heredado del franquismo.
La entidad ultraespañolista Sociedad Civil Catalana, por su parte, ha cifrado la participación en 200.000 asistentes. He aquí como con una simple imagen un usuario de tuiter muestra la falsedad interesada de sus cálculos. El amarillo corresponde a la manifestación españolista del 29 de octubre de 2017. El rojo, al recorrido de la Diada de hoy.
Un millón de personas, según la Guardia Urbana, ha tomado la Avenida Diagonal entre la Plaça de les Glòries y Palau Reial bajo los atronadores lemas de “llibertat presos polítics” e “independencia”.
Desde primera hora de la tarde la Diagonal y sus calles adyacentes se han ido llenando de camisetas de color coral, desbordando todas las expectativas puesto que, a una semana del acto, eran poco optimistas dada la cifra de inscritos que proporcionaba la propia ANC.
Se trata, además, de la primera Diada después del referéndum del 1 de octubre, de la huelga general del día 3 de octubre, de la declaración de independencia del 10 y 27 de octubre que nunca llegó a desplegarse, y del proceso represivo iniciado por el aparato del estado monárquico para impedir la culminación del anhelo de soberanía que la mayoría del pueblo catalán viene manifestando, un año tras otro, desde el 2010.
Es decir, a pesar de la política inconsecuente y de moderación de la dirección independentista (JxCat, PdeCat, ERC, ANC, Òmnium), incapaz de llevar adelante la voluntad popular expresada reiteradamente en las urnas y en las calles, y de la política represiva del Estado -con decenas de presos, exiliados y activistas perseguidos por ejercer derechos de expresión y opinión-, el movimiento popular catalán ha vuelto a ocupar multitudinariamente las calles volviendo a poner en el centro de la escena política el “problema catalán”, un asunto cuya solución -ejercer el derecho de autodeterminación- cuestiona uno de los pilares, la ‘indisoluble unidad de la patria’, sobre los que se asienta el régimen monárquico heredado del franquismo.
La entidad ultraespañolista Sociedad Civil Catalana, por su parte, ha cifrado la participación en 200.000 asistentes. He aquí como con una simple imagen un usuario de tuiter muestra la falsedad interesada de sus cálculos. El amarillo corresponde a la manifestación españolista del 29 de octubre de 2017. El rojo, al recorrido de la Diada de hoy.
El independentismo llena la Diagonal para reclamar la libertad de los presos y una república que ya no ve inminente
Nuevo éxito de convocatoria del independentismo, en
una movilización que, pese a la presencia de todos los actores
destacados del soberanismo, pone de manifiesto las divergencias de fondo
que existe entre los diferentes partidos y organizaciones
independentistas, especialmente importantes entre la CUP y los CDR y la
mayoría gubernamental. El referéndum acordado, que los cupaires ven
imposible, gana peso en los discursos de JxCat, después de que ERC lo
haya asumido desde hace unos meses y los Comunes lo sigan defendiendo
Una vez más, y van siete, el 11 de septiembre, la Diada nacional de Catalunya, se ha convertido en una enorme movilización independentista.
Aunque hace algunos días parecía que en esta ocasión el poder de
convocatoria de la ANC y Òmnium podría perder fuerza, la realidad ha
superado las expectativas y cientos de miles de personas –un millón, según la Guardia Urbana
de Barcelona– han llenado la Diagonal. Durante unos minutos la
principal avenida de la capital catalana se ha transformado en una ola
de color coral, gracias a la abrumadora presencia de las camisetas
distribuidas por al ANC. La primera jornada post referéndum del 1 de
octubre, y también la primera con presos y exiliados políticos y
tras la fallida declaración de independencia, pretendía convertirse en
un clamor a favor de la implementación de la República catalana, pero en
una jornada marcada por las ausencias ha sido precisamente la reclamación de la liberación de los presos la que ha tenido más protagonismo.
Si bien más matizadas que hace algunos días, el 11-S de 2018 también será recordado por la visualización de las divergencias entre diferentes sectores del independentismo, aunque el mensaje mayoritario
es que la época de poner plazos y aspirar a una inminente república
catalana ha pasado. Pero hay una distancia clara entre lo que proclama
el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y lo que dice desde la cárcel el líder de ERC, Oriol Junqueras,
que prevé el referéndum acordado como la única vía para alcanzar la
independencia. Lo que defiende la CUP, cada vez más crítica con la
posición del Gobierno de la Generalitat, tampoco coincide y se acerca
más al mensaje más combativo de los CDR, que por primera vez han tenido
protagonismo en la Diada. También hay matices importantes entre las
palabras de los dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural, pese a los objetivos compartidos.
La elección de las personas que han hecho los parlamentos en el escenario de la manifestación marca precisamente la situación, y las prioridades, de buena parte del independentismo: han hablado los abogados internacionales de presos y exiliados independentistas; ha intervenido la madre de Adrià Carrasco, el joven del CDR de Esplugues de Llobregat que se ha exiliado en Bruselas ante la imputación que recibió por parte de la Audiencia Nacional; también lo ha hecho una miembro de un CDR, que ha prometido un "otoño caliente" con nuevas movilizaciones; y, obviamente, también lo han hecho el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que de maneras diferentes han reivindicado una república que, eso sí, no ven inmediata.
La elección de las personas que han hecho los parlamentos en el escenario de la manifestación marca precisamente la situación, y las prioridades, de buena parte del independentismo: han hablado los abogados internacionales de presos y exiliados independentistas; ha intervenido la madre de Adrià Carrasco, el joven del CDR de Esplugues de Llobregat que se ha exiliado en Bruselas ante la imputación que recibió por parte de la Audiencia Nacional; también lo ha hecho una miembro de un CDR, que ha prometido un "otoño caliente" con nuevas movilizaciones; y, obviamente, también lo han hecho el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que de maneras diferentes han reivindicado una república que, eso sí, no ven inmediata.
Paluzie, que ha sido la última en intervenir, ha celebrado la gran movilización porque según ella se ha demostrado "que la represión no nos ha vencido.
No sólo no hemos renunciado a nuestro objetivo, la independencia, sino
que lo encaramos con más responsabilidad, más fortaleza y más coraje.
Ahora somos más conscientes de las dificultades de alcanzar esta cumbre,
pero también de la necesidad imperiosa de hacerlo ". Muy crítica con un
Estado español "decidido a vulnerar derechos individuales y colectivos,
dispuesto a ejercer violencia policial para impedir un referéndum de
autodeterminación y que es capaz de convertir un derecho en un delito",
Paluzie ha reivindicado el referéndum del 1-O, una cita que sirvió para "vencer el miedo colectivamente" y para "ganar el derecho a la independencia".
Según la presidenta de la ANC –que sucede a un Jordi Sánchez que está encarcelado desde el 16 de octubre del año pasado–, el 1-O y su conjunción de mandato democrático dado por la ciudadanía y organización institucional es la "respuesta" para hacer "efectiva la república catalana". Asimismo, Paluzie ha apostado por convertir el juicio contra la plana mayor del independentismo que en unos meses arrancará en el Tribunal Supremo en un "boomerang que vuelva al Estado, en un nuevo proceso de Burgos". Finalmente, también ha pedido a los partidos que prioricen el interés colectivo al de partido y que el Gobierno se prepare para un "nuevo embate democrático".
Según la presidenta de la ANC –que sucede a un Jordi Sánchez que está encarcelado desde el 16 de octubre del año pasado–, el 1-O y su conjunción de mandato democrático dado por la ciudadanía y organización institucional es la "respuesta" para hacer "efectiva la república catalana". Asimismo, Paluzie ha apostado por convertir el juicio contra la plana mayor del independentismo que en unos meses arrancará en el Tribunal Supremo en un "boomerang que vuelva al Estado, en un nuevo proceso de Burgos". Finalmente, también ha pedido a los partidos que prioricen el interés colectivo al de partido y que el Gobierno se prepare para un "nuevo embate democrático".
Marcel Mauri, que desde el encarcelamiento de Jordi Cuixart
–también el 16 de octubre– se ha convertido en la cara pública de
Òmnium, también ha reivindicado el 1-O –"el acto de desobediencia y
autodeterminación más importante que se ha hecho en Europa en las
últimas décadas"– y ha manifestado que la lucha de Cuixart es" luchar
por un país donde nadie pueda acabar en prisión por defender sus
ideales". "Ni la cárcel, ni el exilio, ni su violencia son límite alguno
para nosotros. La democracia no entiende de límites. No pondremos límites a la libertad y a la democracia", ha añadido un Mauri que ha reclamado "valentía "al presidente español, Pedro Sánchez, y ha admitido que alcanzar la república "no será rápido ni fácil", pero que "trabajaremos sin descanso" para conseguirla.
Los CDR prometen un "otoño caliente"
El primero en intervenir ha sido Aamer Anwar, abogado de Clara Ponsatí,
que ha tenido un discurso especialmente inflamado con frases como "no
sé cómo un gobierno español corrupto puede decir que no es democrático
que la gente vote" o que "el derecho a la autodeterminación es un
derecho fundamental. Después de más de 300 años de opresión, España no podrá aplastar las aspiraciones de Catalunya".
Anwar ha reclamado la liberación de los presos y el retorno de los
exiliados. Ben Emmerson, el abogado que lleva la causa de los presos y
algunos exiliados –como Carles Puigdemont– en la ONU, es el único que ha
fijado plazos y aseguró que "ésta será la última celebración de la
Diada bajo el gobierno español. Cataluña será una República el próximo año", además de pedir también la liberación de los presos.
Nuria Tarrés, madre de Adrià Carrasco, el joven del CDR exiliado en Bruselas, ha proclamado que "el dolor nos la tragamos y al miedo le hacemos frente. Fascistas, dais miedo. Adri, no nos han vencido". Gloria Coronas, miembro de los CDR, ha hecho un discurso exigente con la clase política: "Basta de intereses partidistas, basta de proyectos autonomistas. Desobedeced en los despachos como nosotros lo hacemos en las calles. Estamos hartas de simbolismos. Votamos y ganamos: haga efectiva la República catalana ". Asimismo ha avanzado que habrá nuevas movilizaciones: "Preparaos para el otoño caliente. El 1-O nos haremos oir". Finalmente, el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, Josep Maria Cervera, ha manifestado que "trabajamos por la libertad de los presos y por la libertad de nuestro país".
Nuria Tarrés, madre de Adrià Carrasco, el joven del CDR exiliado en Bruselas, ha proclamado que "el dolor nos la tragamos y al miedo le hacemos frente. Fascistas, dais miedo. Adri, no nos han vencido". Gloria Coronas, miembro de los CDR, ha hecho un discurso exigente con la clase política: "Basta de intereses partidistas, basta de proyectos autonomistas. Desobedeced en los despachos como nosotros lo hacemos en las calles. Estamos hartas de simbolismos. Votamos y ganamos: haga efectiva la República catalana ". Asimismo ha avanzado que habrá nuevas movilizaciones: "Preparaos para el otoño caliente. El 1-O nos haremos oir". Finalmente, el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, Josep Maria Cervera, ha manifestado que "trabajamos por la libertad de los presos y por la libertad de nuestro país".
El referéndum acordado, punto de encuentro de JxCat, ERC y Comunes
Todos los partidos independentistas han contado con
amplias delegaciones en la movilización de la Diagonal, que también ha
contado con la asistencia de algunos dirigentes de los Comunes, como el
primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, o el diputado en el Parlament y coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet,
entre otros. Todos los grupos han celebrado la amplia movilización.
Contento con la enorme manifestación, el presidente de la Generalitat,
Quim Torra, se ha dirigido al presidente español, Pedro Sánchez, desde
TV3 para pedirle que escuche la "voz" del pueblo de Catalunya y
que dé una respuesta , en clara referencia al referéndum acordado que el
también diputado de JxCat reclamó en la conferencia que hace unos días
pronunció en Barcelona. El presidente del Parlament y dirigente de ERC, Roger Torrent, también ha defendido el referéndum de autodeterminación, al tiempo que ha manifestado que no se puede hablar del diálogo mientras haya "presos políticos".
La CUP se ha alejado del discurso dominante del independentismo y, en palabras del diputado Vidal Aragonés, ha asegurado que "la idea del referéndum pactado es un engaño. No es posible ni con el PP ni con el PSOE, porque quien manda realmente no son ellos sino el régimen del 78 ". En cambio, Catalunya en Comú Podem sí se ha sumado a la demanda de un referéndum acordado y vinculante. En cuanto al resto de partidos, Cs ha pinchado y ha reunido a muy pocas personas en su acto de la plaza del Rei. Su discurso ha sido el de siempre y tanto su presidente, Albert Rivera, como la líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, han cargado contra una Diada que consideran que "excluye a más de la mitad de los ciudadanos". Finalmente, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento al diálogo y ha pedido que se detengan las demandas sobre los presos al Gobierno central, en referencia a la petición de retirar el delito de rebelión desde la Fiscalía : "Hay que recordar que en un Estado de Derecho con separación de poderes no se puede pedir a un gobierno que ponga a una persona en libertad. Yo lo que piden es que si queremos un diálogo sincero es no poner condiciones". Iceta también ha criticado el contenido de los actos institucionales de este lunes, que considera que no representan a todos los catalanes y pide que para las próximas jornadas "sean realmente inclusivos".
La Guardia Urbana de Barcelona asegura que "aproximadamente un millón de
personas" ha acudido a la manifestación. / EFE - ALEJANDRO GARCÍALa CUP se ha alejado del discurso dominante del independentismo y, en palabras del diputado Vidal Aragonés, ha asegurado que "la idea del referéndum pactado es un engaño. No es posible ni con el PP ni con el PSOE, porque quien manda realmente no son ellos sino el régimen del 78 ". En cambio, Catalunya en Comú Podem sí se ha sumado a la demanda de un referéndum acordado y vinculante. En cuanto al resto de partidos, Cs ha pinchado y ha reunido a muy pocas personas en su acto de la plaza del Rei. Su discurso ha sido el de siempre y tanto su presidente, Albert Rivera, como la líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, han cargado contra una Diada que consideran que "excluye a más de la mitad de los ciudadanos". Finalmente, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento al diálogo y ha pedido que se detengan las demandas sobre los presos al Gobierno central, en referencia a la petición de retirar el delito de rebelión desde la Fiscalía : "Hay que recordar que en un Estado de Derecho con separación de poderes no se puede pedir a un gobierno que ponga a una persona en libertad. Yo lo que piden es que si queremos un diálogo sincero es no poner condiciones". Iceta también ha criticado el contenido de los actos institucionales de este lunes, que considera que no representan a todos los catalanes y pide que para las próximas jornadas "sean realmente inclusivos".
La gente ha ido tomando posiciones con la mirada puesta en
los relojes. La hora clave era las 17.14, en memoria al año 1.714,
cuando las tropas borbónicas entraron en Barcelona tras catorce meses de
asedio.
Pasadas las 17.00, desde el escenario el actor Toni Albà ha pedido silencio, roto tan solo por el sonido de las grallas y por algunos impacientes que no podían esperar para corear lemas por la independencia. «Silenci, silenci», reclamaba Albà con vehemencia.
Al final lo ha conseguido y, a la hora marcada, se la lanzado un cohete cuyo estallido ha marcado el inicio de la «ola sonora» que ha remontado toda la Diagonal hasta la altura del Palacio de Pedralbes, donde su fuerza ha abierto tres brechas en un muro levantado para la ocasión. Alrededor de un millón de personas han tomado parte en este acto, según la cifra aportada por la Gurdia Urbana de Barcelona.
El primer empujón ha tumbado a la monarquía española, representada por un rey de espadas cabeza abajo. Luego ha sido el turno de un mural de un hamster dando vueltas a la noria, que simbolizaba ‘el procesismo’, girar y girar sin llegar a ningún sitio. Y el tercer golpe ha hecho caer el artículo 155 de la Constitución española, ante la ovación de los presentes y el ondear de numerosas banderas, no solo esteladas catalanas.
Intervenciones en el estrado
En el estrado han tomado el micrófono un nutrido grupo de personas. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha exigido al Govern «rigor, honestidad y determinación» para seguir avanzado hacia a la república catalana, y ha avisado de que la independencia no llegará solo con la movilización ciudadana.
Paluzie ha pedido a la Generalitat priorizar «el interés colectivo al de partido», hacer balance de lo que tiene y lo que no tiene para lograr la república y, sobre todo, que asuma responsabilidades, ya que a la ANC no le vale que «todo lo tiene que hacer la gente desde la calle. Tratadnos como adultos. Somos muy conscientes de las dificultades y los obstáculos. No os pedimos lo imposible pero sí rigor, honestidad y determinación. Con exigencia, perseverancia y lucha serena, conseguiremos la república».
También ha pedido que «el exilio esté unido» con todos los líderes que están en el extranjero actuando en la misma dirección, y, sobre todo, que no devuelvan la sociedad catalana a la casilla de salida, es decir, a la mera defensa del autonomismo y un mejor autogobierno.
«No malverséis todo lo que hemos hecho, las victorias que hemos conseguido, en especial la del 1 de octubre», ha sentenciado. La presidenta de la ANC ha calificado de vergüenza los procesos judiciales contra los líderes soberanistas y ha llamado a la ciudadanía a convertir «los juicios de la vergüenza en un boomerang contra el Estado».
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha defendido el 1-O como uno de los mayores actos de desobediencia en Europa de las últimas décadas, y ha pedido a los partidos soberanistas «unidad y sentido de Estado» para lograr la independencia.
Ha recordado que el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, lleva 329 días en la cárcel, y ha reclamado que la ciudadanía catalana se muestre unida para evitar que «ningún extremista irresponsable consiga» romper y dividir la sociedad.
El presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha asegurado que el camino hacia la independencia «no tiene retorno», y ha garantizado que la mayoría de ayuntamientos de Catalunya están comprometidos con ello.
La integrante de los Comités de Defensa de la República (CDR) Glòria Coranas ha criticado el «asedio policial» del que es víctima el colectivo, y ha advertido al Govern de que están «hartos de simbolismos» y de que el 1-O es un mandato democrático más que suficiente para hacer efectiva la independencia sin más dilaciones.
También ha intervenido Núria Tarrés, la madre del CDR actualmente exiliado en Bélgica Adrià Carrasco, que ha lamentado «la brutalidad y represión» del Estado español contra su hijo.
Aamer Anwar, abogado de la exconsellera exiliada en Escocia Clara Ponsatí, que ha criticado la actuación judicial y policial del Estado español a partir del 1 de octubre.
«El general Franco estaría orgulloso de un Estado que actúa como una dictadura franquista», ha clamado, y ha criticado al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ironizando sobre que se autodenomine socialista.
Pasadas las 17.00, desde el escenario el actor Toni Albà ha pedido silencio, roto tan solo por el sonido de las grallas y por algunos impacientes que no podían esperar para corear lemas por la independencia. «Silenci, silenci», reclamaba Albà con vehemencia.
Al final lo ha conseguido y, a la hora marcada, se la lanzado un cohete cuyo estallido ha marcado el inicio de la «ola sonora» que ha remontado toda la Diagonal hasta la altura del Palacio de Pedralbes, donde su fuerza ha abierto tres brechas en un muro levantado para la ocasión. Alrededor de un millón de personas han tomado parte en este acto, según la cifra aportada por la Gurdia Urbana de Barcelona.
El primer empujón ha tumbado a la monarquía española, representada por un rey de espadas cabeza abajo. Luego ha sido el turno de un mural de un hamster dando vueltas a la noria, que simbolizaba ‘el procesismo’, girar y girar sin llegar a ningún sitio. Y el tercer golpe ha hecho caer el artículo 155 de la Constitución española, ante la ovación de los presentes y el ondear de numerosas banderas, no solo esteladas catalanas.
Intervenciones en el estrado
En el estrado han tomado el micrófono un nutrido grupo de personas. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha exigido al Govern «rigor, honestidad y determinación» para seguir avanzado hacia a la república catalana, y ha avisado de que la independencia no llegará solo con la movilización ciudadana.
Paluzie ha pedido a la Generalitat priorizar «el interés colectivo al de partido», hacer balance de lo que tiene y lo que no tiene para lograr la república y, sobre todo, que asuma responsabilidades, ya que a la ANC no le vale que «todo lo tiene que hacer la gente desde la calle. Tratadnos como adultos. Somos muy conscientes de las dificultades y los obstáculos. No os pedimos lo imposible pero sí rigor, honestidad y determinación. Con exigencia, perseverancia y lucha serena, conseguiremos la república».
También ha pedido que «el exilio esté unido» con todos los líderes que están en el extranjero actuando en la misma dirección, y, sobre todo, que no devuelvan la sociedad catalana a la casilla de salida, es decir, a la mera defensa del autonomismo y un mejor autogobierno.
«No malverséis todo lo que hemos hecho, las victorias que hemos conseguido, en especial la del 1 de octubre», ha sentenciado. La presidenta de la ANC ha calificado de vergüenza los procesos judiciales contra los líderes soberanistas y ha llamado a la ciudadanía a convertir «los juicios de la vergüenza en un boomerang contra el Estado».
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha defendido el 1-O como uno de los mayores actos de desobediencia en Europa de las últimas décadas, y ha pedido a los partidos soberanistas «unidad y sentido de Estado» para lograr la independencia.
Ha recordado que el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, lleva 329 días en la cárcel, y ha reclamado que la ciudadanía catalana se muestre unida para evitar que «ningún extremista irresponsable consiga» romper y dividir la sociedad.
El presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha asegurado que el camino hacia la independencia «no tiene retorno», y ha garantizado que la mayoría de ayuntamientos de Catalunya están comprometidos con ello.
La integrante de los Comités de Defensa de la República (CDR) Glòria Coranas ha criticado el «asedio policial» del que es víctima el colectivo, y ha advertido al Govern de que están «hartos de simbolismos» y de que el 1-O es un mandato democrático más que suficiente para hacer efectiva la independencia sin más dilaciones.
También ha intervenido Núria Tarrés, la madre del CDR actualmente exiliado en Bélgica Adrià Carrasco, que ha lamentado «la brutalidad y represión» del Estado español contra su hijo.
Aamer Anwar, abogado de la exconsellera exiliada en Escocia Clara Ponsatí, que ha criticado la actuación judicial y policial del Estado español a partir del 1 de octubre.
«El general Franco estaría orgulloso de un Estado que actúa como una dictadura franquista», ha clamado, y ha criticado al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ironizando sobre que se autodenomine socialista.
CHILE
Alerta Roja en Derechos Humanos
Publicado el 02 Agosto 2018
- EL CLARÍN DE CHILE
Escrito por Eduardo Contreras
Como
era previsible, bajo un gobierno de la misma Derecha que hace 45 años
protagonizó el golpe armado en contra del gobierno popular del
Presidente Salvador Allende, se ha dado comienzo al intento de
destruír lo avanzado en materia de juzgamiento a los asesinos. Y no le
han faltado aliados en el empeño.
Hoy
sin duda hay rojas luces de alerta en esta delicada materia y quien no
quiera verlo, o no reaccione, en los hechos se pone de parte de los
genocidas.
Seamos
objetivos y digamos que es jurídica, política y moralmente inaceptable
que se haya empezado a otorgar la libertad de los criminales de la
dictadura. Desde luego porque dada la naturaleza de sus delitos, se
trata de los individuos más peligrosos de nuestra historia y ante los
cuales personajes como el “chacal de Nahueltoro” serían sólo aprendices.
No tenemos derecho a olvidar – y el que no sepa o no crea que lea los
expedientes - que estos “valientes soldados”son aquellos que
quemaron vivos a sus prisioneros o los degollaron, o los decapitaron a
golpes de mazo, o los arrojaron, muertos o vivos en helicópteros al mar,
luego de torturar a mujeres, hombres, niños y ancianos del modo más
inhumando que recuerde la historia de la humanidad.
Tampoco
hay derecho a olvidar que estos criminales, o sus perros amaestrados al
efecto, violaron a mujeres y hombres prisioneros ; que a las mujeres
les introdujeron objetos y alimañas por la vagina incluyendo arañas y
ratones…..¿le parece al lector que esto es de seres normales? ¿ era
necesario hacerle esto a prisioneros indefensos ? ¡ Pero si está
judicialmente demostrado que hasta tuvieron laboratorios especiales en
recintos militares para fabricar gas zarín u obtener diversos tipos de
sustancias tóxicas para asesinar a sus prisioneros!
Todo
consta en los más de Mil expedientes que desde aquel 12 de enero de
1998 – cuando la primera querella contra Pinochet – se han acumulado en
los tribunales penales de todo Chile. Leerlos, revisarlos, es constatar
hasta donde llega la perversidad de los aparatos del gobierno
norteamericano y de la derecha chilena, de los grandes centros
financieros y económicos del país, de las instituciones armadas, de la
prensa a su servicio y de cuanto politicastro de diversos lados, se sumó
al golpe del 73.
Y
justo cuando estamos avanzando sustantivamente en materia de Verdad y
Justicia, el gobierno de Piñera y quienes le apoyan han desatado una
contraofensiva odiosa que amenaza de veras con lograr la impunidad total
de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Ello
se expresa de diversas formas. Desde luego los indultos de Piñera y la
liberación insólita y por un año del trámite de control de legalidad,
llamado “toma de razón” resuelto por la Contraloría General de la
República respecto de estos decretos. Se expresa también en la
complicidad del tribunal constitucional que con burdos pretextos retrasa
el desarrollo de estos procesos judicials.
Pero
ahora se suma la Sala Penal de la Corte Suprema que con recientes e
impresentables fallos abre las puertas de las cárceles de Punta Peuco y
Colina 1 para que salgan los criminales de la ‘Caravana de la Muerte’ y
la operación ‘Retiro de Televisores’ y de diversos otros hechos
brutales. Es
más, han liberado por uno de sus delitos a criminales que, en paralelo,
están condenados por otro. Pareciera que tienen apuro en abrir los
portones de las cárceles justo para los peores asesinos de toda la
historia del país y que además jamás colaboraron con las investigaciones
y mucho menos se han arrepentido de nada.
Con
razón las máximas dirigentes de las agrupaciones nacionales de
familiares de las víctimas de la dictadura afirman que con estas
actuaciones la Corte Suprema “ se pone al mismo nivel que tuvo durante la dictadura” ; y han agregado que “ estamos
frente a un gobierno que ha anunciado la libertad de genocidas, ya sea
vía indultos, o a través de este proyecto de ley mal llamado Ley
Humanitaria; y, tanto ellos como la Corte Suprema, con esta liberación
de genocidas lo único que hacen es pasar a llevar a nuestros familiares y los tratados internacionales relacionados a los Derechos Humanos”.
Las
dirigente Lorena Pizarro y Alicia Lira ratificaron la voluntad de lucha
de sus organizaciones en contra de la impunidad. En el mismo sentido se
han pronunciado dirigentes de partidos políticos que condenan que esta
Sala haya desconocido la vigencia del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, obligatorio para Chile. Se condena las decisiones de
la Sala que preside el ministro Hugo Dolmech, conocido ya por aplicar la
llamada “media prescripción” en favor de los genocidas y que hoy ha dicho que quienes reprueban los fallos de la Sala que preside sólo “ tienen una opinión distinta pero que no es obligatoria”
En rigor estimar hoy la que “no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad”
es algo que todo abogado o todo buen estudiante de Derecho sabe que es
falso. Porque hay normas expresas del Derecho Internacional que prohiben
todo beneficio carcelario a condenados por este tipo de crímenes y que
no cumplan los requisitos exigidos en tales instrumentos legales. Y
sin embargo, en decisión unánime, la Sala integrada por los ministros
Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los
abogados integrantes Ricardo Abuauad y Antonio Barra revocó las
resoluciones que habían negado el beneficio a los violadores de derechos
humanos y se las concedió.
Se
ha dicho además y circula en tribunales la información de que en el
estudio particular del abogado integrante Ricardo Abuauad trabaja además
un abogado, Tomás Zamora, que habría asumido causas en defensa de
violadores de los derechos humanos. No nos consta, pero de ser así,
sería todavía peor.
Respecto
de que no hay normas jurídicas que impidan estas resoluciones
repudiables en favor de genocidas, veámoslo de una vez. Como sabemos, la
actual Constitución Política del Estado de Chile establece
obligatoriamente - como no podía ser de otro modo a pesar de su origen
espúreo – el respeto “ a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. Así está sancionado en el artículo quinto de nuestra vigente Carta Magna que en su inciso segundo agrega que : “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”
A mayor abundamiento, el artículo sexto establece que : “ Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”
De
lo cual se desprende que la Corte Suprema – que es un órgano del Estado
– está obligada a respetar la Constitución Política. Y de consiguiente
obligada respetar y promover los derechos humanos. Pero además hacerlo
con fundamento en el propio texto constitucional que, reitero, dice
textualmente : “así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes” No hacerlo equivale a no garantizar nada menos que el orden institucional de la República según el texto citado.
El
Estado de Chile ha suscrito y ratificado una serie de documentos
internacionales sobre la materia, todos los cuales se encuentran
vigentes. Entre ellos los Convenios de Ginebra, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el “Pacto de San José de
Costa Rica”, el llamado “Estatuto de Roma” de 1998.
De
los instrumentos jurídicos citados y en especial de esa suerte de
síntesis que es el artículo 110 del Estatuto de Roma, se desprende que,
cuando se trata de condenados por delitos de lesa humanidad, como es
exactamente el caso de los sancionados que se encuentran presos en Punta
Peuco y otros recintos, no procede de modo alguno concederles
beneficios carcelarios de ninguna naturaleza, ni mucho menos la
libertad, si ninguno de ellos cumpliera con los requisitos que exigen
las normas jurídicas citadas. ¿Y cuáles son tales requisitos? La
respuesta la da el Derecho Internacional, conforme a lo cual ello sólo
procede siempre que el recluso haya manifestado desde el principio
y de manera continua su voluntad de cooperar con los tribunales en sus
investigaciones y enjuiciamientos y además si el recluso ha facilitado
de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la
Justicia.
Creo
innecesario agregar más antecedentes. Sólo recordar al lector que,
hasta antes de estas atrocidades jurídicas que comentamos, la Corte
Suprema, más allá de los integrantes de las salas, había dado estricto
cumplimiento a la Constitución y a los Tratados Internacionales.
Es
que no puede ser de otra manera, por más que todavía haya, incluso
abogados, que sostengan que no hay norma nacional ni internacional que
prohíba estas libertades a delincuentes de lesa humanidad y que habría
que legislar al respecto en Chile si se quiere detener esta ofensiva en
favor de genocidas. A quienes sostengan esas tésis, le recomendamos la
lectura de la Constitución, del Estatuto de Roma y de las sentencias que
sobre esta materia venía dictando la propia Sala Penal de la Corte
Suprema.
Tal
como una buena amiga nos recordaba ayer, mientras todo esto sucede, las
organizaciones de los familiares de las víctimas y los defensores de
los derechos humanos seguirán, seguiremos, luchando por verdad y
justicia. Y los familiares seguirán buscando a sus seres amados. Y me
decía, es un ejemplo, que “ Irma
Silva muriò pensando en su hijo, Jorge Muller Silva, cuyo padre ya
anciano, aùn lo reclama, tal y como Anita Gonzàlez Recabarren va en su
silla de ruedas a todos los lugares donde pueda llegar a reclamar a su
familia completa desaparecida,o la sra Carmen Vivanco, ya centenaria,
que sigue esperando la verdad acerca de sus familiares, o de como la
madre y hermana de Mauricio Jorquera Encina van cada año a la quinta
Regiòn y esparcen flores en el mar,el dìa del cumpleaños, tenìa 18 años
cuando lo detuvieron...... ”.
Y agregaba : “ Quienes
saben lo que sucediò no sòlo estàn en Punta Peuco,y muchos siguen
activos.En tanto a nosotros, no podemos decaer, tenemos que estar de
pie, porque ellos nos reclaman.... En efecto, detener la impunidad en curso es tarea de todos.
Y alerta, porque que la indiferencia de hoy puede costarnos muy caro mañana.
¿Quiénes son y qué hicieron los liberados de Punta Peuco?
Revisamos las condenas y los motivos que llevaron a la
cárcel a los siete reos que esta semana fueron liberados por una
resolución de la Corte Suprema. Detenciones, torturas y desapariciones
aparecen dentro de los currículum de los ex agentes del Estado
beneficiados con la medida. Carmen Hertz (PC) se lo atribuye a lo que
denominó como "ignorancia crónica" de la justicia chilena.
Martín Espinoza C.
Miércoles 1 de agosto 2018 17:52 hrs.
Punta Peuco a estas alturas, según indican los hechos, ya no debería
ni siquiera existir. La Presidenta Michelle Bachelet durante su mandato
se comprometió ante la misma Carmen Gloria Quintana –una de las
víctimas del caso quemados- para cerrar el penal creado en 1995 y
trasladar a todos sus reos a la cárcel de Colina I.
Desacuerdos entre la mandataria y el ministro de Justicia del momento, Jaime Campos, habrían obstaculizado el cierre de Punta Peuco y lo cierto es que el penal, hoy, sigue existiendo.
Pero no solo sigue plenamente vigente, dándole de esta forma comodidades y facilidades extraordinarias a los victimarios de delitos de lesa humanidad, sino que otro hecho sacudió a las agrupaciones que defienden la memoria de detenidos desaparecidos en el país: Cinco ex uniformados condenados por este tipo de crímenes fueron ayer liberados gracias a que la Corte Suprema acogió sus recursos de amparo.
¿Quiénes son y qué hicieron los ex presos que ahora gozan de libertad?
Gamaliel Soto es ex suboficial de Carabineros. Fue condenado a 10 años de prisión por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, quien era director del Hospital de Cunco, en La Araucanía, cuando fue detenido a sus 31 años por ser militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue el 14 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe, cuando funcionarios de Carabineros los detuvieron a él y su esposa, con tres meses de embarazo. Natacha, su compañera, fue llevada a la Cárcel de Mujeres de Temuco, siendo separada de González para no verlo nunca más.
De Eduardo González solo se sabe que fue torturado y que se le vio en muy malas condiciones físicas luego de la detención. En tanto, el cabo de Carabineros Gamaliel Soto Segura fue encausado como cómplice del ilícito, y como autor de la detención de la víctima a diez años y un día de presidio mayor.
Manuel Antonio Pérez Santillán es otro de los liberados de Punta Peuco. El oficial en retiro del Ejército ingresó a Punta Peuco hace solo dos años por el crimen de encubrimiento del asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, todos ex oficiales del Ejército (r) mayores condenados a 5 años y un día por detención y torturas ejercidas sobre Nizca Báez y por la desaparición de su esposo, Alonso Lazo Rojas. Lazo fue detenido junto a su pareja el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio en Copiapó.
El ministro de la Corte, Joaquín Billard, encausó en 2005 al suboficial (R) Hernán Portillo por su eventual responsabilidad en la desaparición del estudiante de Pedagogía Alonso Lazo Rojas. Recién en 2012 el juez Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975. Se le otorgaron seis años de presidio sin beneficios en aquel entonces, por haber sido parte de la detención del ex mirista y de Nizca Báez.
José Quintanilla Fernández y Felipe Astorga participaban de la misma brigada que detuvo a la pareja ese día en Copiapó y cumplían la misma condena que Portillo. Los ex agentes de la dictadura condujeron al matrimonio hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 “Copiapó” y el oficial a cargo del lugar comunicó al hermano de Alonso Lazo que éste había agredido a un centinela para luego darse a la fuga.
Estos son los criminales que la Corte Suprema ayer dejó en libertad despertando el malestar y la disconformidad de varios sectores de la población chilena. En conversación con este medio, la diputada comunista Carmen Hertz interpretó la medida como un desconocimiento del estándar internacional y se lo adjudicó a lo que denominó como “ignorancia crónica”: “Responde a una ignorancia crónica de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ignorancia que fue crónica en el caso de los tribunales superiores de justicia hasta la detención de Pinochet. Se ignoraba el derecho internacional, ahí recién comienzan a enterarse de las normas a nivel internacional. Yo diría que es un eslabón más de una cadena de impunidad que ha existido en este país en relación con los crímenes de exterminio, lo que es muy grave. Si agentes del Estado están tejiendo eslabones de impunidad, la señal que se está mandando es decir ‘el crimen es legítimo como norma reguladora de los conflictos entre las personas’”.
Por su parte, desde Amnistía Internacional reafirman lo señalado por Hertz. Según Roberto Morales, uno de los voceros de la institución, la justicia chilena está en su derecho de brindar ciertos beneficios de determinados reos, sin embargo, esta facultad no aplicaría si se apega al derecho a reparación de las víctimas, que fue precisamente lo que se obvió en este caso: “Lo que sí se estaría pasando a llevar sería el derecho a reparación de las víctimas. No es posible que haya una reparación efectiva si las personas que cometieron esos delitos no estén cumpliendo su pena en la cárcel. Uno de los elementos que sí está en el derecho internacional es que las penas tienen que tener relación proporcional a los delitos cometidos, y en este caso son de gravedad muy alta y son cometidos por agentes del Estado. Esta opción, que efectivamente puede estar dentro del marco del derecho nacional y puede que efectivamente no haya una contradicción con el derecho internacional en términos tan explícitos, si está contraviniendo el punto de vista de la reparación de las víctimas que sí está expresado en los convenios que Chile ha firmado”.
Este miércoles, la Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que reconocieron el derecho a la libertad condicional de dos condenados más por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Moisés Retamal Bustos, quien fuera procesado por el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en septiembre de 1973, en San José de Maipo.
En el caso del oficial De la Mahotiere González, de acuerdo a la información de Memoria Viva, tuvo participación en la comitiva de la Caravana de la Muerte que encabezaba Arellano Stark, como copiloto en el viaje y al sur y como piloto en los vuelos al norte de nuestro país. Fue procesado como cómplice por los homicidios calificados contra de Héctor Silva Iriarte, Mario Godoy Mansilla, Alexis Valenzuela Flores, Danilo Moreno Acevedo, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso, Miguel Manríquez Díaz, Segundo Flores Antivilo, Guillermo Cuello Álvarez, Dinator Ávila Rocco, Luis Alaníz Álvarez, José García Berríos, Marco De La Vega Rivera y Mario Arqueros Silva, el 19 de octubre de 1973, en el sector de quebrada El Way de Antofagasta.
Emilio De la Mahotiere González, también fue condenado como cómplice del delito de exhumación ilegal por el desentierro de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados y cuyos restos fueron transportados a bordo de un helicóptero Puma para ser lanzados al mar como parte de la operación “Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet, en 1978.
Desacuerdos entre la mandataria y el ministro de Justicia del momento, Jaime Campos, habrían obstaculizado el cierre de Punta Peuco y lo cierto es que el penal, hoy, sigue existiendo.
Pero no solo sigue plenamente vigente, dándole de esta forma comodidades y facilidades extraordinarias a los victimarios de delitos de lesa humanidad, sino que otro hecho sacudió a las agrupaciones que defienden la memoria de detenidos desaparecidos en el país: Cinco ex uniformados condenados por este tipo de crímenes fueron ayer liberados gracias a que la Corte Suprema acogió sus recursos de amparo.
¿Quiénes son y qué hicieron los ex presos que ahora gozan de libertad?
Gamaliel Soto es ex suboficial de Carabineros. Fue condenado a 10 años de prisión por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, quien era director del Hospital de Cunco, en La Araucanía, cuando fue detenido a sus 31 años por ser militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue el 14 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe, cuando funcionarios de Carabineros los detuvieron a él y su esposa, con tres meses de embarazo. Natacha, su compañera, fue llevada a la Cárcel de Mujeres de Temuco, siendo separada de González para no verlo nunca más.
De Eduardo González solo se sabe que fue torturado y que se le vio en muy malas condiciones físicas luego de la detención. En tanto, el cabo de Carabineros Gamaliel Soto Segura fue encausado como cómplice del ilícito, y como autor de la detención de la víctima a diez años y un día de presidio mayor.
Manuel Antonio Pérez Santillán es otro de los liberados de Punta Peuco. El oficial en retiro del Ejército ingresó a Punta Peuco hace solo dos años por el crimen de encubrimiento del asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, todos ex oficiales del Ejército (r) mayores condenados a 5 años y un día por detención y torturas ejercidas sobre Nizca Báez y por la desaparición de su esposo, Alonso Lazo Rojas. Lazo fue detenido junto a su pareja el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio en Copiapó.
El ministro de la Corte, Joaquín Billard, encausó en 2005 al suboficial (R) Hernán Portillo por su eventual responsabilidad en la desaparición del estudiante de Pedagogía Alonso Lazo Rojas. Recién en 2012 el juez Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975. Se le otorgaron seis años de presidio sin beneficios en aquel entonces, por haber sido parte de la detención del ex mirista y de Nizca Báez.
José Quintanilla Fernández y Felipe Astorga participaban de la misma brigada que detuvo a la pareja ese día en Copiapó y cumplían la misma condena que Portillo. Los ex agentes de la dictadura condujeron al matrimonio hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 “Copiapó” y el oficial a cargo del lugar comunicó al hermano de Alonso Lazo que éste había agredido a un centinela para luego darse a la fuga.
Estos son los criminales que la Corte Suprema ayer dejó en libertad despertando el malestar y la disconformidad de varios sectores de la población chilena. En conversación con este medio, la diputada comunista Carmen Hertz interpretó la medida como un desconocimiento del estándar internacional y se lo adjudicó a lo que denominó como “ignorancia crónica”: “Responde a una ignorancia crónica de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ignorancia que fue crónica en el caso de los tribunales superiores de justicia hasta la detención de Pinochet. Se ignoraba el derecho internacional, ahí recién comienzan a enterarse de las normas a nivel internacional. Yo diría que es un eslabón más de una cadena de impunidad que ha existido en este país en relación con los crímenes de exterminio, lo que es muy grave. Si agentes del Estado están tejiendo eslabones de impunidad, la señal que se está mandando es decir ‘el crimen es legítimo como norma reguladora de los conflictos entre las personas’”.
Por su parte, desde Amnistía Internacional reafirman lo señalado por Hertz. Según Roberto Morales, uno de los voceros de la institución, la justicia chilena está en su derecho de brindar ciertos beneficios de determinados reos, sin embargo, esta facultad no aplicaría si se apega al derecho a reparación de las víctimas, que fue precisamente lo que se obvió en este caso: “Lo que sí se estaría pasando a llevar sería el derecho a reparación de las víctimas. No es posible que haya una reparación efectiva si las personas que cometieron esos delitos no estén cumpliendo su pena en la cárcel. Uno de los elementos que sí está en el derecho internacional es que las penas tienen que tener relación proporcional a los delitos cometidos, y en este caso son de gravedad muy alta y son cometidos por agentes del Estado. Esta opción, que efectivamente puede estar dentro del marco del derecho nacional y puede que efectivamente no haya una contradicción con el derecho internacional en términos tan explícitos, si está contraviniendo el punto de vista de la reparación de las víctimas que sí está expresado en los convenios que Chile ha firmado”.
Este miércoles, la Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que reconocieron el derecho a la libertad condicional de dos condenados más por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Moisés Retamal Bustos, quien fuera procesado por el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en septiembre de 1973, en San José de Maipo.
En el caso del oficial De la Mahotiere González, de acuerdo a la información de Memoria Viva, tuvo participación en la comitiva de la Caravana de la Muerte que encabezaba Arellano Stark, como copiloto en el viaje y al sur y como piloto en los vuelos al norte de nuestro país. Fue procesado como cómplice por los homicidios calificados contra de Héctor Silva Iriarte, Mario Godoy Mansilla, Alexis Valenzuela Flores, Danilo Moreno Acevedo, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso, Miguel Manríquez Díaz, Segundo Flores Antivilo, Guillermo Cuello Álvarez, Dinator Ávila Rocco, Luis Alaníz Álvarez, José García Berríos, Marco De La Vega Rivera y Mario Arqueros Silva, el 19 de octubre de 1973, en el sector de quebrada El Way de Antofagasta.
Emilio De la Mahotiere González, también fue condenado como cómplice del delito de exhumación ilegal por el desentierro de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados y cuyos restos fueron transportados a bordo de un helicóptero Puma para ser lanzados al mar como parte de la operación “Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet, en 1978.
El golpe de Estado en la Región del Biobío
Por Javier González, Resumen de Chile (Concepción)KAOS EN LA RED - Publicado en: 11 septiembre, 2018
El rol significativo que tuvo la región en los procesos
sociopolíticos nacionales durante el transcurso de la historia chilena,
ponen de manifiesto algunos aspectos fundamentales para lograr entender
el apresurado actuar de las fuerzas militares la mañana del 11 de
septiembre de 1973, convirtiendo a la región del Biobío, así como el
Gran Concepción, y […]
El rol significativo que tuvo la región en los procesos
sociopolíticos nacionales durante el transcurso de la historia chilena,
ponen de manifiesto algunos aspectos fundamentales para lograr entender
el apresurado actuar de las fuerzas militares la mañana del 11 de
septiembre de 1973, convirtiendo a la región del Biobío, así como el
Gran Concepción, y la ciudad propiamente tal, en la segunda localidad en
ser intervenida, con un alto nivel de represión y violencia. De esta
manera, el rápido control y habilitación de recintos de detención dieron
cuenta de la planificación anticipada del golpe cívico-militar, en los
cuales fueron constantes las humillaciones, vejámenes y torturas.
Aquella mañana del 11 de septiembre se comenzaron a divisar las tanquetas, patrullas militares y muchos efectivos de Carabineros. El temor se apoderó de quienes habían participado de algún modo u otro en el gobierno de Salvador Allende. Algunos testigos relatan haber visto pasar a los camiones militares con muchos civiles en dirección al Estadio Regional.
Sin embargo, tras ocurrido el golpe existió una minoría que pensó en resistir a la acción militar. Testigos indican que hubo un tiroteo en el centro de la ciudad detrás de la tienda Falabella, generándose enfrentamientos entre los pocos que quedaron de la UP y militares, contradiciendo de esta manera lo expuesto por el periodista Whelan quien, como ya habíamos mencionado, argumentaba que el control rápido de Concepción se había efectuado sin disparar un tiro. No obstante, otros testigos plantearon que todo eran rumores debido a que los medios estaban intervenidos, haciendo creer que la izquierda poseía armas para efectuar enfrentamientos y resistir a la insurrección militar.
A continuación, la Universidad de Concepción, pasada las 8 de la mañana fue rodeada por efectivos del Ejército, quienes automáticamente instalaron ametralladoras en algunos de los cerros aledaños. Se ocuparon las escuelas de Periodismo, Sociología, los hogares universitarios y Radio Universidad de Concepción, posteriormente utilizada como radio de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 1974. Por otra parte, no se encontraron armas. Tampoco hubo resistencia armada de parte de estudiantes y funcionarios. Las delaciones fueron recurrentes. En el recinto universitario, personal de la institución participó en la construcción y confección de las listas de empleados que debían ser arrestados. Existieron denuncias de funcionarios en contra de otros. Todo académico y funcionario que tuvo militancia en la Unidad Popular o en el MIR fue separado/desvinculado de la institución.
En estos recintos mencionados eran constantes las humillaciones y vejámenes hacia los detenidos. Muchos de los cuales fueron obligados a ingerir desechos orgánicos –excrementos, orina y vómitos, de humanos o animales–, además de líquidos pestilentes; a arrastrarse por el suelo en medio de burlas y golpes; obligados a entonar himnos o consignas políticas en medio de burlas; a correr con la vista vendada en rutas con obstáculos, tropezando y cayendo al suelo; entre otras cosas.
Un detenido en Estadio Regional dio cuentas de la violencia ejercida. Les tapaban la vista, golpeaban con manos y pies, a él lo sentaron en una silla como de circo con los ojos vendados, para posteriormente quitarle el objeto de un puntapié dejándolo caer, le pedían que se volviese a sentar, pero con la vista vendada no lograba encontrar la silla, por tal motivo era golpeado. Manifiesta que prácticamente habían jugado un partido con él en el suelo. En Quiriquina el trato fue similar, los detenidos tuvieron que construir el Fuerte Rondizzoni, utilizado como centro de detención. Los reclusos al momento de llegar no tenían donde dormir, por lo que tuvieron que hacerlo en el suelo y amontonados. Después de dos semanas recibieron una colchoneta. Después de un mes les pasaron un poco de tapas. Los interrogatorios efectuados en el Fuerte Borgoño ubicado en Talcahuano, se llevaban a efecto con mecanismos de tortura. En este último punto, se puede dar cuenta de algunos mecanismos como: El Submarino en agua y excremento; La Campana, donde un tarro cubre la cabeza del detenido, el que luego es golpeado produciendo un intenso ruido; colgarlos desnudo desde un árbol con las manos amarradas durante varias horas, mientras se les golpeaba con una varilla; aplicación de corriente; abusos sexuales a mujeres; entre otras.
Los organismos encargados de efectuar las detenciones y posterior traslado fueron: la Coordinadora de Inteligencia Regional (CIRE), el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de Inteligencia de Concepción (SIRE) aludido como el principal organismo de represión, Carabineros, Policía de Investigaciones, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente la Central Nacional de Inteligencia (CNI) que mantuvo cuarteles donde torturó y flageló a muchas personas, uno de ellos fue el Cuartel Bahamondes, también conocido como el cuarto de la música o el cuarto de la risa, ubicado en Pedro de Valdivia N° 710 camino a Chiguayante.
Por otra parte, el mismo mes de septiembre de 1973 ocurrió un hecho similar en las localidades de Laja y San Rosendo. Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas habían sido detenidas por personal de carabineros de dichos lugares y trasladadas a la Tenencia de Laja donde estuvieron retenidos hasta el día 17. A partir del día 18 sus rastros habían desaparecido. La gran mayoría era obrero de la papelera, otros comerciantes, estudiantes, profesores, militantes socialistas, entre otros.
A mediados de 1977, la asistente social Nelly Henríquez y la abogada Martita Worner iniciaron una investigación debido a que algunos testimonios indicaban que esas personas habían sido ejecutadas. Con el avanzar de la investigación se hacía más evidente que los detenidos habían sido ejecutados y hechos enterrar clandestinamente en algún lugar cercano a la ciudad de Laja. Las voces de muchas personas indicaban que las sepulturas clandestinas estaban en el cementerio de Yumbel. Efectivamente era cierto, y los cuerpos fueron exhumados en octubre de 1979, seis años después de sus detenciones y asesinatos.
Por último, relato brevemente el Caso Quebrada Honda, donde 4 personas tras ocurrido el golpe cívico-militar decidieron refugiarse en los cerros de Tomé. No teniendo con que sobrevivir deciden bajar a la casa de uno de ellos, siendo detenidos por la policía. En la Comisaría de Tomé fueron torturados, quedando uno de ellos gravemente herido y falleciendo días después. A los tres restantes se les acusó de delitos de porte de armas de fuego en tiempos de guerra, porte y ocultamiento de explosivos, y concentración para milicias paramilitares. Se les condenó a más de 20 años de cárcel, teniendo que cumplirlas en la ciudad de Tomé. No obstante, el 9 de octubre fueron retirados por oficiales y entregados moribundos al alcaide, este último se negó a recibirlos por el estado en el cual se encontraban. El oficial ordenó llevarlos hacia Talcahuano, pero en el camino fueron asesinados en Quebrada Honda. La versión de la Armada indicaba que habían sido emboscados y que los presos habían aprovechado para intentar escapar lo que obligó a tener que dispararles y asesinarlos. Años más tarde, la comisión Rettig concluyó que esta declaración no podía ser posible.
Referencias bibliográficas.
Danny Monsálvez, El golpe de Estado de 1973 en Concepción: Violencia política y control social, Editorial Universidad de Concepción, 2017.
Mario Valdés, El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Concepción (Chile). Las voces de los testigos, Cuadernos de historia, N°37, 2012.
María Eliana Vega, No hay dolor inútil, la iglesia de Concepción y su defensa de los derechos humanos en la región del Biobío entre 1973 y 1990, Concepción, 1999.
www.memoriaviva.cl
resumen.cl/articulos/el-golpe- de-estado-en-la-region-del-bio bio
La mañana del 11 de septiembre
El periodista James Whelan señaló en la misma mañana del martes 11 de septiembre de 1973, el rápido control que se llevó a efecto en la ciudad de Concepción, neutralizando a los altos dirigentes de la Unidad Popular, los cordones industriales y la Universidad de Concepción, sin disparar un solo tiro. Ante esto, cabe interrogarse ¿Por qué era tan necesario para la Junta Militar este raudo y efectivo control de la ciudad? La respuesta radica en que el Gran Concepción y la Provincia de Arauco, se habían transformado durante el transcurso del siglo XX en una importante zona de orientación política de izquierda representada por obreros y estudiantes. La izquierdización se profundizó con la llegada de la Unidad Popular al gobierno, de manera que fue primordial para la dictadura socavar toda señal de levantamiento en su contra.Aquella mañana del 11 de septiembre se comenzaron a divisar las tanquetas, patrullas militares y muchos efectivos de Carabineros. El temor se apoderó de quienes habían participado de algún modo u otro en el gobierno de Salvador Allende. Algunos testigos relatan haber visto pasar a los camiones militares con muchos civiles en dirección al Estadio Regional.
Sin embargo, tras ocurrido el golpe existió una minoría que pensó en resistir a la acción militar. Testigos indican que hubo un tiroteo en el centro de la ciudad detrás de la tienda Falabella, generándose enfrentamientos entre los pocos que quedaron de la UP y militares, contradiciendo de esta manera lo expuesto por el periodista Whelan quien, como ya habíamos mencionado, argumentaba que el control rápido de Concepción se había efectuado sin disparar un tiro. No obstante, otros testigos plantearon que todo eran rumores debido a que los medios estaban intervenidos, haciendo creer que la izquierda poseía armas para efectuar enfrentamientos y resistir a la insurrección militar.
A continuación, la Universidad de Concepción, pasada las 8 de la mañana fue rodeada por efectivos del Ejército, quienes automáticamente instalaron ametralladoras en algunos de los cerros aledaños. Se ocuparon las escuelas de Periodismo, Sociología, los hogares universitarios y Radio Universidad de Concepción, posteriormente utilizada como radio de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 1974. Por otra parte, no se encontraron armas. Tampoco hubo resistencia armada de parte de estudiantes y funcionarios. Las delaciones fueron recurrentes. En el recinto universitario, personal de la institución participó en la construcción y confección de las listas de empleados que debían ser arrestados. Existieron denuncias de funcionarios en contra de otros. Todo académico y funcionario que tuvo militancia en la Unidad Popular o en el MIR fue separado/desvinculado de la institución.
Control represivo
En consecuencia, con el objetivo de eliminar toda expresión marxista y sus diversas manifestaciones y expresiones, cientos de detenidos de la ciudad y alrededores, fueron trasladados a distintos centros de detención. Algunos de estos lugares y cifras de detenidos fueron anunciados por la cruz roja, quienes indicaron que en: El Estadio Regional, en el mes de octubre de 1973 poseía una cantidad de 589 detenidos; isla Quiriquina, en la misma fecha reunía a 552 personas entre las cuales se cuentan mujeres y extranjeros; Cárcel Publica de Concepción, con 73 detenidos, divididos en 43 a disposición del Ejercito, 17 de la Armada y 13 condenados por Consejos de Guerra; y Base Naval de Talcahuano en noviembre del mismo año, mantenía recluido a 158 detenidos. Otros recintos fueron: Cárcel de Bulnes; Cárcel de Chillán; Comisaría de Carabineros de Arauco; Liceo Alemán del Verbo Divino, de Los Ángeles; Liceo de Hombres de Los Ángeles; entre otros.En estos recintos mencionados eran constantes las humillaciones y vejámenes hacia los detenidos. Muchos de los cuales fueron obligados a ingerir desechos orgánicos –excrementos, orina y vómitos, de humanos o animales–, además de líquidos pestilentes; a arrastrarse por el suelo en medio de burlas y golpes; obligados a entonar himnos o consignas políticas en medio de burlas; a correr con la vista vendada en rutas con obstáculos, tropezando y cayendo al suelo; entre otras cosas.
Un detenido en Estadio Regional dio cuentas de la violencia ejercida. Les tapaban la vista, golpeaban con manos y pies, a él lo sentaron en una silla como de circo con los ojos vendados, para posteriormente quitarle el objeto de un puntapié dejándolo caer, le pedían que se volviese a sentar, pero con la vista vendada no lograba encontrar la silla, por tal motivo era golpeado. Manifiesta que prácticamente habían jugado un partido con él en el suelo. En Quiriquina el trato fue similar, los detenidos tuvieron que construir el Fuerte Rondizzoni, utilizado como centro de detención. Los reclusos al momento de llegar no tenían donde dormir, por lo que tuvieron que hacerlo en el suelo y amontonados. Después de dos semanas recibieron una colchoneta. Después de un mes les pasaron un poco de tapas. Los interrogatorios efectuados en el Fuerte Borgoño ubicado en Talcahuano, se llevaban a efecto con mecanismos de tortura. En este último punto, se puede dar cuenta de algunos mecanismos como: El Submarino en agua y excremento; La Campana, donde un tarro cubre la cabeza del detenido, el que luego es golpeado produciendo un intenso ruido; colgarlos desnudo desde un árbol con las manos amarradas durante varias horas, mientras se les golpeaba con una varilla; aplicación de corriente; abusos sexuales a mujeres; entre otras.
Los organismos encargados de efectuar las detenciones y posterior traslado fueron: la Coordinadora de Inteligencia Regional (CIRE), el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de Inteligencia de Concepción (SIRE) aludido como el principal organismo de represión, Carabineros, Policía de Investigaciones, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente la Central Nacional de Inteligencia (CNI) que mantuvo cuarteles donde torturó y flageló a muchas personas, uno de ellos fue el Cuartel Bahamondes, también conocido como el cuarto de la música o el cuarto de la risa, ubicado en Pedro de Valdivia N° 710 camino a Chiguayante.
Algunos casos de la región
El día 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Lota se habían acelerado una serie de investigaciones que estaban basadas en antecedentes que tenía alusión a la existencia de cuadros de entrenamiento en fábrica de explosivos, efectuados con el fin de ejecutar el denominado “Plan Zeta”. A través de estas investigaciones las autoridades de la época anunciaban que habían dado con el paradero de algunos cajones de madera que contenían gran cantidad de granadas, todas ellas retiradas del patio de la Municipalidad de Lota donde habrían sido enterradas. Así, y mediante un consejo de guerra, fueron asesinados la mañana del 22 de octubre de 1973 en la autopista que une Concepción con Talcahuano, el Alcalde de Lota, Danilo González (39 años); el Gerente General de ENACAR, Isidoro Carrillo (46 años); el Presidente del Sindicato celulosa de Concepción, Bernabé Cabrera (39 años); y el dirigente gremial del Magisterio, Vladimir Araneda (33 años), todos militantes del Partido Comunista. Exhumadas las tumbas 17 años después del fusilamiento, sus familiares dieron con sus cuerpos y pudieron sepultarlos dignamente.Por otra parte, el mismo mes de septiembre de 1973 ocurrió un hecho similar en las localidades de Laja y San Rosendo. Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas habían sido detenidas por personal de carabineros de dichos lugares y trasladadas a la Tenencia de Laja donde estuvieron retenidos hasta el día 17. A partir del día 18 sus rastros habían desaparecido. La gran mayoría era obrero de la papelera, otros comerciantes, estudiantes, profesores, militantes socialistas, entre otros.
A mediados de 1977, la asistente social Nelly Henríquez y la abogada Martita Worner iniciaron una investigación debido a que algunos testimonios indicaban que esas personas habían sido ejecutadas. Con el avanzar de la investigación se hacía más evidente que los detenidos habían sido ejecutados y hechos enterrar clandestinamente en algún lugar cercano a la ciudad de Laja. Las voces de muchas personas indicaban que las sepulturas clandestinas estaban en el cementerio de Yumbel. Efectivamente era cierto, y los cuerpos fueron exhumados en octubre de 1979, seis años después de sus detenciones y asesinatos.
Por último, relato brevemente el Caso Quebrada Honda, donde 4 personas tras ocurrido el golpe cívico-militar decidieron refugiarse en los cerros de Tomé. No teniendo con que sobrevivir deciden bajar a la casa de uno de ellos, siendo detenidos por la policía. En la Comisaría de Tomé fueron torturados, quedando uno de ellos gravemente herido y falleciendo días después. A los tres restantes se les acusó de delitos de porte de armas de fuego en tiempos de guerra, porte y ocultamiento de explosivos, y concentración para milicias paramilitares. Se les condenó a más de 20 años de cárcel, teniendo que cumplirlas en la ciudad de Tomé. No obstante, el 9 de octubre fueron retirados por oficiales y entregados moribundos al alcaide, este último se negó a recibirlos por el estado en el cual se encontraban. El oficial ordenó llevarlos hacia Talcahuano, pero en el camino fueron asesinados en Quebrada Honda. La versión de la Armada indicaba que habían sido emboscados y que los presos habían aprovechado para intentar escapar lo que obligó a tener que dispararles y asesinarlos. Años más tarde, la comisión Rettig concluyó que esta declaración no podía ser posible.
Consideraciones finales
De esta manera, una de las principales marcas de la dictadura chilena fue el empleo constante y sistemático de la violencia. Ya desde el mismo martes 11 de septiembre de 1973, las medidas de fuerzas se hicieron sentir en todo el país. Desde el ataque al palacio de la Moneda, las persecuciones, detenciones, asesinatos, allanamientos, exilios y relegaciones. El intento de eliminar todo rastro marxista y opositor, persiguió con sigilo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al Partido Comunista y al Partido Socialista. Se habilitaron recintos para tales objetivos. En ese contexto, varios fueron los dispositivos institucionales de represión y violencia que se hicieron presentes.Referencias bibliográficas.
Danny Monsálvez, El golpe de Estado de 1973 en Concepción: Violencia política y control social, Editorial Universidad de Concepción, 2017.
Mario Valdés, El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Concepción (Chile). Las voces de los testigos, Cuadernos de historia, N°37, 2012.
María Eliana Vega, No hay dolor inútil, la iglesia de Concepción y su defensa de los derechos humanos en la región del Biobío entre 1973 y 1990, Concepción, 1999.
www.memoriaviva.cl
resumen.cl/articulos/el-golpe-
A 45 años del golpe contra Allende, todavía sangran las heridas en Chile
- SPUTNIK NEWS
A
45 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende e instauró
una dictadura militar que puso fin a un proyecto alternativo para la
sociedad chilena, las heridas siguen abiertas. Las declaraciones del
presidente Sebastián Piñera sobre aquellos hechos han generado el
malestar de algunos sectores que las consideran una forma de
negacionismo.
En
la mañana del 11 de septiembre de 1973, Allende se dirigió a la
ciudadanía por las ondas de Radio Magallanes, consciente de que serían
sus últimas palabras. Con la artillería de los militares sublevados en
las calles y bajo la amenaza de los aviones que luego bombardearon el
Palacio de La Moneda, el artífice de las reformas estructurales llevadas
adelante en el país se despedía de su pueblo.
BRASIL
ELECCIONES 2018
Carta de Lula: “A partir de hoy, Haddad será Lula para miles de brasileños”
Con declaración del exmandatario, el PT oficializó la candidatura de Fernando Haddad este martes (11) por la tarde
“Si
quieren acallar nuestra voz y derrotar nuestro proyecto para el País,
están muy equivocados. Nosotros seguimos vivos, en el corazón y en la
memoria del pueblo. Y nuestro nombre ahora es Haddad”, afirmó el
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una carta que oficializó a
Fernando Haddad como candidato que reemplazará a Lula en la lista
electoral del Partido de los Trabajadores a la presidencia. El anuncio
tuvo lugar este martes (11), en frente a la sede de la Policía Federal
en Curitiba.
Luiz Eduardo Greenhalgh, abogado de Lula, fue el
responsable por leer la carta del exmandatario, junto con Fernando
Haddad y Manuela D’Àvila, candidata a vicepresidente en la lista
electoral y Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores y
parlamentarios del partido.
“Por acción, omisión y protección, el Poder Judicial
brasileño ha privado al país de un proceso electoral con la presencia de
todas las fuerzas políticas. Han impedido la realización del derecho
del pueblo de votar libremente”, argumentó Lula.
Nosotros ya somos millones de Lulas y, a partir de hoy, Fernando Haddad será Lula para millones de brasileños, escribió.
“Pueden aprisionar injustamente a un hombre, pero no a sus
ideas. Ningún opresor puede ser mayor que el pueblo. Por eso, nuestras
ideas van a llegar a todo el mundo por la voz del pueblo, más alta y más
fuerte que la Globo”.
Lea la carta completa:
CARTA AL PUEBLO BRASILEÑOMis amigos y mis amigas,
Ustedes deben saber ya que los tribunales han prohibido mi candidatura a presidente de la República. En verdad, han prohibido que el pueblo brasileño vote libremente para cambiar la triste realidad del país.
Nunca he aceptado la injusticia, ni la voy a aceptar. Desde hace más de 40 años camino junto al pueblo, defendiendo la igualdad y la transformación de Brasil en un país mejor y más justo. Y fue recorriendo nuestro país que vi de cerca el sufrimiento quemando en el alma y la esperanza brillando de nuevo en los ojos de nuestra gente. He visto la indignación ante las cosas tan equivocadas que están haciendo y las ganas de mejorar la vida otra vez.
Fue para corregir tantos errores y renovar la esperanza en el futuro que decidí ser candidato a presidente. Y pese a las mentiras y la persecución, el pueblo nos ha abrazado en las calles y nos ha llevado al liderazgo absoluto en todas las encuestas.
Desde hace más de cinco meses estoy preso injustamente. No he cometido ningún crimen y he sido condenado por la prensa mucho antes de ser juzgado. Sigo desafiando a los fiscales de la Lava Jato, al juez Sérgio Moro y al TRF-4 a que presenten una única prueba contra mí, pues no se puede condenar a alguien por crímenes que no ha practicado, por dinero que no ha desviado, por actos indeterminados.
Mi condena es una farsa judicial, una venganza política, siempre usando medidas de excepción contra mí. Ellos no quieren arrestar e impedir tan solo al candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Quieren arrestar e impedir el proyecto de Brasil que la mayoría ha aprobado en cuatro elecciones consecutivas, y que solo fue interrumpido por un golpe contra una presidenta legítimamente electa, que no cometió ningún crimen de responsabilidad, golpe que lanzó al país al caos.
Ustedes me conocen y saben que yo jamás desistiría de luchar. He perdido a mi compañera Marisa, que se fue con la amargura de todo lo que le sucedió a nuestra familia, pero no he desistido, incluso en homenaje a su memoria. He enfrentado a las acusaciones con base en la ley y en el derecho. He denunciado las mentiras y los abusos de autoridad en todos los tribunales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que reconoció mi derecho de ser candidato.
La comunidad jurídica, dentro y fuera del país, se indignó con las aberraciones cometidas por Sérgio Moro y por el Tribunal de Porto Alegre. Líderes de todo el mundo han denunciado el atentado a la democracia en el que mi proceso se ha convertido. La prensa internacional mostró al mundo lo que la Globo intentó esconder.
Aun así los tribunales brasileños me han negado el derecho que garantiza la Constitución a cualquier ciudadano, siempre y cuando no se llame Luiz Inácio Lula da Silva. Han negado la decisión de la ONU, violando el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que Brasil ha firmado soberanamente.
Por acción, omisión y protección, el Poder Judicial brasileño ha privado al país de un proceso electoral con la presencia de todas las fuerzas políticas. Han impedido la realización del derecho del pueblo de votar libremente. Ahora quieren prohibirme de hablarle al pueblo y hasta de aparecer en televisión. Me censuran, como en la época de la dictadura.
Tal vez nada de esto habría ocurrido si yo no liderara todas las encuestas de intención de voto. Quizá yo no estaría preso si aceptara renunciar a mi candidatura. Pero yo jamás cambiaría mi dignidad por mi libertad, a causa del compromiso que tengo con el pueblo brasileño.
Me incluyeron artificialmente en la Ley Ficha Limpia para arrancarme de forma arbitraria de la disputa electoral, pero no permitiré que se haga de esto un pretexto para aprisionar el futuro de Brasil.
Es frente a estas circunstancias que tengo que tomar una decisión, en el plazo que se me ha impuesto arbitrariamente. Estoy indicando al PT y a la Coligación “El Pueblo Feliz de Nuevo” la sustitución de mi candidatura por la del compañero Fernando Haddad, que hasta este momento ha desempeñado con extrema lealtad la posición de candidato a vicepresidente.
Fernando Haddad, ministro de Educación en mi gobierno, fue responsable de una de las transformaciones más importantes de nuestro país. Juntos, hemos abierto las puertas de la Universidad a casi cuatro millones de estudiantes que nunca antes habían tenido esta oportunidad. Juntos creamos el ProUni, el nuevo Fies, la política de cupos, el Fundeb, el Enem, el Plan Nacional de Educación, el Pronatec e hicimos cuatro veces más escuelas técnicas que lo que habían hecho en cien años. Hemos creado el futuro.
Haddad es el coordinador de nuestro Plan de Gobierno para sacar al país de la crisis, recibiendo contribuciones de miles de personas y discutiendo cada punto conmigo. Él será mi representante en esta batalla para que retomemos el rumbo del desarrollo y de la justicia social.
Si quieren acallar nuestra voz y derrotar nuestro proyecto para el País, están muy equivocados. Nosotros seguimos vivos, en el corazón y en la memoria del pueblo. Y nuestro nombre ahora es Haddad.
A su lado, como candidata a vicepresidenta, tendremos a la compañera Manuela D’Ávila, confirmando nuestra alianza histórica con el PCdoB, y que también cuenta con otras fuerzas, como el PROS, sectores del PSB, líderes de otros partidos y, sobre todo, con los movimientos sociales, trabajadores de la ciudad y del campo, exponentes de las fuerzas democráticas y populares.
Nuestra lealtad, la mía, de Haddad y Manuela, es con el pueblo en primer lugar. Es con los sueños de quienes quieren vivir otra vez en un país en el que todos tengan comida en la mesa; en el que haya empleo, salario digno y protección de la ley para los que trabajan; en el que los niños y niñas tengan escuelas y los jóvenes tengan futuro; en el que las familias puedan comprarse su coche, su casa y seguir soñando y realizando cada vez más. Un país en el que todos tengan oportunidades y nadie tenga privilegios.
Yo sé que un día la verdadera Justicia se hará y mi inocencia será reconocida. Ese día estaré junto a Haddad para hacer el gobierno del pueblo y de la esperanza. Todos nosotros estaremos allí, juntos, para hacer a Brasil feliz de nuevo.
Quero agradecer la solidaridad de los que me envían mensajes y cartas, hacen oraciones y actos públicos por mi libertad, protestan en el mundo contra la persecución y luchan por la democracia, y especialmente a los que me acompañan a diario en la vigilia frente al sitio en el que estoy.
Pueden aprisionar injustamente a un hombre, pero no a sus ideas. Ningún opresor puede ser mayor que el pueblo. Por eso, nuestras ideas van a llegar a todo el mundo por la voz del pueblo, más alta y más fuerte que la Globo.
Por eso, quiero pedirles, de corazón, a todos los que me votarían a mí, que voten al compañero Fernando Haddad para presidente de la República. Y les pido que voten a nuestros candidatos a gobernador, diputado y senador para que construyamos un país más democrático, con soberanía, sin la privatización de las empresas públicas, con más justicia social, más educación, cultura, ciencia y tecnología, con más seguridad, vivienda y salud, con más empleo, salario digno y reforma agraria.
Nosotros ya somos millones de Lulas y, a partir de hoy, Fernando Haddad será Lula para millones de brasileños.
Hasta pronto, mis amigos y mis amigas. ¡Hasta la victoria!
Un abrazo del compañero de siempre,
Luiz Inácio Lula da Silva
Edición: Luiz Felipe Albuquerque | Traducción: Partido de los Trabajadores
Lula se retira de la campaña electoral: PT postula a Fernando Haddad
El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se retiró
este martes de la carrera electoral para permitir que su compañero de
fórmula, Fernando Haddad, se postule a la presidencia en las elecciones
de octubre.
La jefa del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann, anunció la decisión a simpatizantes de Lula que acampan fuera de la sede de la policía federal en Curitiba, donde el expresidente ha estado encarcelado desde abril cumpliendo una sentencia de 12 años por presunta corrupción.
Haddad, un exalcalde de Sao Paulo, ha subido en las encuestas y está empatado en el tercer lugar para las elecciones del 7 de octubre, según una encuesta de Datafolha publicada el lunes que ha preocupado a los mercados.
(Con información de EFE)
La jefa del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann, anunció la decisión a simpatizantes de Lula que acampan fuera de la sede de la policía federal en Curitiba, donde el expresidente ha estado encarcelado desde abril cumpliendo una sentencia de 12 años por presunta corrupción.
Haddad, un exalcalde de Sao Paulo, ha subido en las encuestas y está empatado en el tercer lugar para las elecciones del 7 de octubre, según una encuesta de Datafolha publicada el lunes que ha preocupado a los mercados.
(Con información de EFE)
Haddad será Lula para millones de brasileños
“Nosotros ya somos millones de Lulas y, de
hoy en adelante, Fernando Haddad será Lula para millones de brasileños”,
aseguró el exmandatario en una misiva en la que pidió que sus
seguidores apoyen ahora a su exministro de Educación y exalcalde de Sao
Paulo.
La carta de Lula fue leída en un acto en Curitiba, la ciudad en donde Lula está preso desde abril cumpliendo una condena de 12 años por corrupción, en el que el PT anunció su nueva fórmula, integrada por Haddad como candidato a presidente y por la exdiputada Manuela d’Avila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) como candidata a vicepresidente.
La carta de Lula fue leída en un acto en Curitiba, la ciudad en donde Lula está preso desde abril cumpliendo una condena de 12 años por corrupción, en el que el PT anunció su nueva fórmula, integrada por Haddad como candidato a presidente y por la exdiputada Manuela d’Avila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) como candidata a vicepresidente.
Lula pidió a la militancia del PT pleno respaldo a candidatura de Haddad
El expresidente anunció que se baja de la candidatura ante la prohibiciòn impuesta por los tribunales.
“Mi
condena es una farsa judicial, una venganza política, siempre usando
medidas de excepción contra mí”, afirmó el expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva en la carta dirigida al pueblo brasileño en la que anunció su
decisión de bajarse de la candidatura
presidencial. En la carta reiteró esu inocencia y calificó de “venganza
política” el veto que le impide presentarse como candidato.
En
una carta leída este martes en un acto frente a la cárcel donde se
encuentra recluido, el exmandatario pidió el apoyo de la militancia del Partido de los Trabajadores (PT) a su sucesor, Fernando Haddad. Este compartirá la fórmula con la joven secretaria del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) Manuela D’Avila. Hasta este martes había plazo para cambiarlos en las listas.
“Hace
más de cinco meses estoy preso injustamente. No he cometido ningún
crimen y he sido condenado por la prensa mucho antes de ser juzgado
(…) Mi condena es una farsa judicial, una venganza política, siempre
usando medidas de excepción contra mí”, escribió Lula en la carta leída
por su sucesor, Fernando Haddad.
La lectura de la
misiva en un acto al frente de la sede de la Policía Federal, en
Curitiba, fue la oficialización de la decisión de sustituir a Lula en la
lista, que ya se había tomada horas antes en la cúpula del PT, saeñaló
la agencia Sputnik.
Para
el exmandatario, el Tribunal Superior Electoral incurrió en una
“injusticia” al impedirle entrar a la carrera presidencial aun cuando un
mandato del Comité de Derechos Humanos abogó para que el Estado le
garantizara sus derecho a la participación política. La decisión del
Poder Judicial está basada en la Ley de Ficha Limpia, que le impide a
una persona aspirar a un cargo de elección si tiene una condena en
segunda instancia.
“Por acción, omisión y demora,
el Poder Judicial brasileño privó al país de un proceso electoral con la
presencia de todas las fuerzas políticas. Anularon el derecho del
pueblo a votar libremente. Ahora quieren prohibirme hablar al pueblo y
hasta aparecer en la televisión. Me censuran, como en la época de la
dictadura”, denunció.
Lula pidió el apoyo de la
militancia del PT a Haddad para garantizar la continuidad del proyecto
político: “Él será mi representante en esta batalla para retomar el
rumbo del desarrollo y la justicia social”.
Lula
se encuentra preso desde abril de este año en una cárcel de Curitiba,
después de haber sido condenado por delitos de corrupción y lavado de
dinero por un apartamento de lujo que el juzgado nunca pudo comprobar
que fuera de su propiedad.
La ONU exige que se apruebe la candidatura de Lula
A
partir de la petición de la defensa del ex presidente Lula, la ONU
emitió un comunicado que determina que el estado brasileño debe cumplir
la decisión del Comité de Derechos Humanos y aprobar la candidatura de
Lula.
Esta
mañana, luego de reunirse con el ex presidente Luiz Inacio Lula da
Silva, los abogados Cristiano Zanin y Valeska Teixeira anunciaron que el
Comité de Derechos Humanos de la ONU le pronunció una nueva
determinación al Estado brasileño para que asegure el derecho de Lula a
ser candidato a la presidencia de la república.
Según Valeska “el ex presidente Lula debe concurrir en las elecciones según la nueva decisión del Comité de Derechos Humanos, que determina que la candidatura del ex presidente Lula debe ser asegurada. La ONU también recuerda que todos los poderes, tanto legislativo, como ejecutivo y judicial, están obligados a acatar las decisiones del Comité”.
Por su parte, Zanin, sostuvo que la determinación tiene carácter vinculante y “no hay espacio para que no sea cumplida”, ya que, como dice el comunicado del Comité, un Estado parte no puede invocar su ley interna para incumplir una determinación de este Comité.
La nueva decisión fue emitida a partir de la petición de la defensa del ex presidente Lula enviada tras el juicio en el TSE que incumplió la determinación pronunciada el 17 de agosto y barrió la candidatura de Lula a la presidencia. La defensa del ex presidente manifestó que la nueva determinación será comunicada al Supremo Tribunal Federal como parte de los recursos interpuestos. “Hay recursos pendientes de la decisión del TSE en el STF, entonces vamos a llevar esa nueva decisión dictada por el Comité hoy determinando que a Brasil que asegura el derecho de Lula a concurrir en estas elecciones al conocimiento del STF”, dijo Zanin.
Según Valeska “el ex presidente Lula debe concurrir en las elecciones según la nueva decisión del Comité de Derechos Humanos, que determina que la candidatura del ex presidente Lula debe ser asegurada. La ONU también recuerda que todos los poderes, tanto legislativo, como ejecutivo y judicial, están obligados a acatar las decisiones del Comité”.
Por su parte, Zanin, sostuvo que la determinación tiene carácter vinculante y “no hay espacio para que no sea cumplida”, ya que, como dice el comunicado del Comité, un Estado parte no puede invocar su ley interna para incumplir una determinación de este Comité.
La nueva decisión fue emitida a partir de la petición de la defensa del ex presidente Lula enviada tras el juicio en el TSE que incumplió la determinación pronunciada el 17 de agosto y barrió la candidatura de Lula a la presidencia. La defensa del ex presidente manifestó que la nueva determinación será comunicada al Supremo Tribunal Federal como parte de los recursos interpuestos. “Hay recursos pendientes de la decisión del TSE en el STF, entonces vamos a llevar esa nueva decisión dictada por el Comité hoy determinando que a Brasil que asegura el derecho de Lula a concurrir en estas elecciones al conocimiento del STF”, dijo Zanin.
URUGUAY
Adeom ratificó paro de este jueves a la espera de la reunión con Martínez
“No estoy para estar todo el día hablando de Adeom”, dijo el intendente capitalino.
El
enfrentamiento entre Adeom y la Intendencia de Montevideo continúa.
Este martes, los trabajadores de Limpieza resolvieron mantener hasta la
mañana de este miércoles el paro iniciado en el sector, en el marco del
conflicto surgido en Mantenimiento de la Usina 3.
Además los funcionarios agremiados en Adeom se reunieron este martes en asamblea para analizar la situación de los trabajadores de esa dependencia, que iniciaron una huelga hace aproximadamente 15 días.
Tras analizar la situación, Adeom ratificó su decisión de convocar a un paro el próximo jueves, día en que el sindicato será recibido por el intendente Daniel Martínez. La medida comenzará sobre las 15 horas e incluirá una concentración en la Explanada.
Dependiendo del resultado de la reunión con el intendente, Adeom evaluará activar una serie de medidas ya resultas por una asamblea celebrada el 6 de setiembre pasado. Los trabajadores podrían realizar paros de 24 horas, ocupación de algunos lugares de trabajo y hasta una “huelga general” en la comuna.
Por su parte en rueda de prensa el intendente Daniel Martinez dijo que en el diálogo con Adeom “se cierran temas y se agregan temas, es parte de la negociación colectiva” .
“No estoy para estar todo el día hablando de Adeom. No hablo más de Adeom. Hay una gerencia de Gestión humana y yo estoy para tratar de respetar al movimiento sindical pero ser coherente para lo que me eligieron, que es gobernar para la gente”, explicó el jerarca.
Además los funcionarios agremiados en Adeom se reunieron este martes en asamblea para analizar la situación de los trabajadores de esa dependencia, que iniciaron una huelga hace aproximadamente 15 días.
Tras analizar la situación, Adeom ratificó su decisión de convocar a un paro el próximo jueves, día en que el sindicato será recibido por el intendente Daniel Martínez. La medida comenzará sobre las 15 horas e incluirá una concentración en la Explanada.
Dependiendo del resultado de la reunión con el intendente, Adeom evaluará activar una serie de medidas ya resultas por una asamblea celebrada el 6 de setiembre pasado. Los trabajadores podrían realizar paros de 24 horas, ocupación de algunos lugares de trabajo y hasta una “huelga general” en la comuna.
Por su parte en rueda de prensa el intendente Daniel Martinez dijo que en el diálogo con Adeom “se cierran temas y se agregan temas, es parte de la negociación colectiva” .
“No estoy para estar todo el día hablando de Adeom. No hablo más de Adeom. Hay una gerencia de Gestión humana y yo estoy para tratar de respetar al movimiento sindical pero ser coherente para lo que me eligieron, que es gobernar para la gente”, explicó el jerarca.
Razones y convicciones
PORTAL PIT-CNT
Ante la embestida patronal y la actitud de “vaciamiento” de los Consejos de Salario, el PIT-CNT realizará una paralización parcial nacional el próximo jueves 27 de setiembre.
Según explicó al Portal Laura Alberti, representante del Sunca en la Mesa Representativa del PIT-CNT y también integrante del Secretariado Ejecutivo de la central, el contexto en el que se vienen desarrollando las negociaciones y la falta de avances provocaron que el movimiento sindical definiera la medida anunciada.
“Estamos librando una pelea en los Consejos de Salario que presenta un claro vaciamiento del sector empresarial con esta nueva modalidad, totalmente inédita de parte del sector patronal de presentar plataformas con ajuste salarial “0%” y el retiro de las mesas de negociación entonces el movimiento sindical se plantará firme el próximo 27 de setiembre con un paro parcial nacional y movilización que tendrá un acto central en Montevideo y sus particularidades que definirá cada departamental”.
La consigna que movilizará a los trabajadores una vez más será “Si a los trabajadores les va bien, al pueblo le va bien” y la plataforma priorizará los temas salariales, las condiciones de trabajo y en defensa de causas populares como el rechazo a la Ley de Riego.
Alberti aseguró que en los próximos días la central sindical definirá aspectos formales como el punto en el que se realizará el acto del movimiento sindical, que podrá ser frente a la Cámara de Industria, o en las afueras de las cámaras rurales; sea cual sea el punto que se definirá en los próximos días, está claro que el PIT-CNT le hablará a los empresarios, al gobierno y a la sociedad toda.
La integrante del Secretariado Ejecutivo aseguró que la situación regional preocupa a los trabajadores pero que rechazan el uso que los empresarios le dan a la realidad económica que viven Argentina y Brasil “Los empresarios utilizan como pretexto la situación regional como argumento para no sentarse a negociar con los trabajadores, y hasta parece que las patronales tienen la bola de cristal que saben lo que va a suceder, y remarcan que está todo mal pero eso no es así, la situación del país no está tan afectada por lo regional como ellos pretenden asegurar”.
Laura Alberti explicó que tanto en materia de prensa y propaganda así como de organización vendrán días cargados de actividad para la central porque a la convocatoria del paro del 27 de setiembre se suman las movilizaciones para recolectar firmas contra la Ley de Riego que impulsa decididamente el PIT-CNT.
Ante la embestida patronal y la actitud de “vaciamiento” de los Consejos de Salario, el PIT-CNT realizará una paralización parcial nacional el próximo jueves 27 de setiembre.
Según explicó al Portal Laura Alberti, representante del Sunca en la Mesa Representativa del PIT-CNT y también integrante del Secretariado Ejecutivo de la central, el contexto en el que se vienen desarrollando las negociaciones y la falta de avances provocaron que el movimiento sindical definiera la medida anunciada.
“Estamos librando una pelea en los Consejos de Salario que presenta un claro vaciamiento del sector empresarial con esta nueva modalidad, totalmente inédita de parte del sector patronal de presentar plataformas con ajuste salarial “0%” y el retiro de las mesas de negociación entonces el movimiento sindical se plantará firme el próximo 27 de setiembre con un paro parcial nacional y movilización que tendrá un acto central en Montevideo y sus particularidades que definirá cada departamental”.
La consigna que movilizará a los trabajadores una vez más será “Si a los trabajadores les va bien, al pueblo le va bien” y la plataforma priorizará los temas salariales, las condiciones de trabajo y en defensa de causas populares como el rechazo a la Ley de Riego.
Alberti aseguró que en los próximos días la central sindical definirá aspectos formales como el punto en el que se realizará el acto del movimiento sindical, que podrá ser frente a la Cámara de Industria, o en las afueras de las cámaras rurales; sea cual sea el punto que se definirá en los próximos días, está claro que el PIT-CNT le hablará a los empresarios, al gobierno y a la sociedad toda.
La integrante del Secretariado Ejecutivo aseguró que la situación regional preocupa a los trabajadores pero que rechazan el uso que los empresarios le dan a la realidad económica que viven Argentina y Brasil “Los empresarios utilizan como pretexto la situación regional como argumento para no sentarse a negociar con los trabajadores, y hasta parece que las patronales tienen la bola de cristal que saben lo que va a suceder, y remarcan que está todo mal pero eso no es así, la situación del país no está tan afectada por lo regional como ellos pretenden asegurar”.
Laura Alberti explicó que tanto en materia de prensa y propaganda así como de organización vendrán días cargados de actividad para la central porque a la convocatoria del paro del 27 de setiembre se suman las movilizaciones para recolectar firmas contra la Ley de Riego que impulsa decididamente el PIT-CNT.
Elbia Pereira (agosto de 2016).
Elbia Pereira fue ratificada como secretaria general de la FUM
Su lista mantuvo mayoría propia para conducir el sindicato.
La conducción actual de la Federación Uruguaya de
Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) fue ratificada
en las elecciones que se llevaron a cabo la semana pasada, del lunes al
viernes.
Al igual que hace dos años, la ganadora fue la lista 27-3-Praxis, unión de la lista 27, mayoritaria en la FUM desde hace 25 años, con la lista 3, vinculada con integrantes del Partido Comunista y la agrupación Praxis, que integra el consejero en representación de los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Pablo Caggiani. Logró 4.913 votos a nivel nacional en el orden docente y 4.695 votos en el no docente. La coalición obtuvo ocho lugares de los 15 del Secretariado Ejecutivo del sindicato (siete por el orden docente y uno por el no docente) y mantuvo la mayoría. La secretaria general del gremio continuará siendo Elbia Pereira. También integrarán el Secretariado Ejecutivo Alejandra Pereira, Esteban Coitiño, Elena Galeano, Margot Portillo, Mónica Gamarra, Laura Dissimoz y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, por el orden no docente.
La lista 100, encabezada por Daysi Iglesias, la actual secretaria general de la Asociación de Maestras del Uruguay, se mantuvo en segundo lugar, tras haber obtenido 3.439 votos en el orden docente y 2.834 votos en el no docente. Esta lista se quedó con cuatro de los 15 lugares del Secretariado Ejecutivo: tres de los docentes y uno de los destinados a los trabajadores no docentes. Además de Iglesias, estarán allí Carmen Vacaro, Robert Bianchinotti, Laura García y Martín Ruiz.
En tanto, la lista 18, que encabezaba Raquel Bruschera y consistía en una alianza de las agrupaciones A Redoblar y Los Jueves, se ubicó en tercer lugar, con 1.845 votos de docentes y 1.479 votos de no docentes. Esta coalición ocupará los dos cargos restantes en el Secretariado Ejecutivo, representada por Bruschera y Ana Claudia Pérez.
Los resultados fueron bastante parecidos a los de las elecciones de 2016, con la salvedad de que en aquella oportunidad la lista 27-3-Praxis obtuvo un cargo más en el Secretariado y la lista 100, uno menos. En diálogo con la diaria, Pereira se mostró “muy satisfecha” con los resultados y dijo que es una “inmensa alegría recoger que la mayoría de los maestros y funcionarios siguen confiando” en el proyecto de esta agrupación, que “desde hace 25 años [en principio era solamente la 27] está en la conducción de la federación, con los desgastes que implica eso”.
Pereira, que será secretaria general del gremio por cuarto período consecutivo, sostuvo que asumirá “con la misma responsabilidad que la primera vez”. Destacó los tres pilares de su corriente en el sindicato: el reivindicativo, el social y el pedagógico. “En todos ellos queda mucho por hacer”, aseguró.
La docente y líder sindical dijo que el gremio continuará trabajando para mejorar la convivencia entre los actores de la “comunidad educativa”. Lo ejemplificó con un seminario hecho el viernes y el sábado y transmitido a todo el país, en el que se profundizó acerca de “qué herramientas tiene el maestro para afrontar lo que se vive en las escuelas y sus entornos, que en algunos casos se traduce en situaciones de violencia”. También dijo que se trabajará para mejorar el sueldo de los directores de los centros escolares, “que aún perciben un salario menor que el de los maestros de escuela, una situación totalmente injusta a la hora de desempeñar sus funciones, con toda la responsabilidad que tienen”.
Al igual que hace dos años, la ganadora fue la lista 27-3-Praxis, unión de la lista 27, mayoritaria en la FUM desde hace 25 años, con la lista 3, vinculada con integrantes del Partido Comunista y la agrupación Praxis, que integra el consejero en representación de los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Pablo Caggiani. Logró 4.913 votos a nivel nacional en el orden docente y 4.695 votos en el no docente. La coalición obtuvo ocho lugares de los 15 del Secretariado Ejecutivo del sindicato (siete por el orden docente y uno por el no docente) y mantuvo la mayoría. La secretaria general del gremio continuará siendo Elbia Pereira. También integrarán el Secretariado Ejecutivo Alejandra Pereira, Esteban Coitiño, Elena Galeano, Margot Portillo, Mónica Gamarra, Laura Dissimoz y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, por el orden no docente.
La lista 100, encabezada por Daysi Iglesias, la actual secretaria general de la Asociación de Maestras del Uruguay, se mantuvo en segundo lugar, tras haber obtenido 3.439 votos en el orden docente y 2.834 votos en el no docente. Esta lista se quedó con cuatro de los 15 lugares del Secretariado Ejecutivo: tres de los docentes y uno de los destinados a los trabajadores no docentes. Además de Iglesias, estarán allí Carmen Vacaro, Robert Bianchinotti, Laura García y Martín Ruiz.
En tanto, la lista 18, que encabezaba Raquel Bruschera y consistía en una alianza de las agrupaciones A Redoblar y Los Jueves, se ubicó en tercer lugar, con 1.845 votos de docentes y 1.479 votos de no docentes. Esta coalición ocupará los dos cargos restantes en el Secretariado Ejecutivo, representada por Bruschera y Ana Claudia Pérez.
Los resultados fueron bastante parecidos a los de las elecciones de 2016, con la salvedad de que en aquella oportunidad la lista 27-3-Praxis obtuvo un cargo más en el Secretariado y la lista 100, uno menos. En diálogo con la diaria, Pereira se mostró “muy satisfecha” con los resultados y dijo que es una “inmensa alegría recoger que la mayoría de los maestros y funcionarios siguen confiando” en el proyecto de esta agrupación, que “desde hace 25 años [en principio era solamente la 27] está en la conducción de la federación, con los desgastes que implica eso”.
Pereira, que será secretaria general del gremio por cuarto período consecutivo, sostuvo que asumirá “con la misma responsabilidad que la primera vez”. Destacó los tres pilares de su corriente en el sindicato: el reivindicativo, el social y el pedagógico. “En todos ellos queda mucho por hacer”, aseguró.
La docente y líder sindical dijo que el gremio continuará trabajando para mejorar la convivencia entre los actores de la “comunidad educativa”. Lo ejemplificó con un seminario hecho el viernes y el sábado y transmitido a todo el país, en el que se profundizó acerca de “qué herramientas tiene el maestro para afrontar lo que se vive en las escuelas y sus entornos, que en algunos casos se traduce en situaciones de violencia”. También dijo que se trabajará para mejorar el sueldo de los directores de los centros escolares, “que aún perciben un salario menor que el de los maestros de escuela, una situación totalmente injusta a la hora de desempeñar sus funciones, con toda la responsabilidad que tienen”.
Elbia Pereira: “Es el respaldo a un proyecto responsable”
PORTAL PIT-CNT
Tras las elecciones realizadas la pasada semana en la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), la maestra Elbia Pereira, continuará desempeñándose como secretaria general por cuarto período consecutivo. En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Pereira explicó que las elecciones es una de las instancias democráticas más importantes en la vida sindical. En relación al resultado obtenido en la votación y la confirmación de su reelección en la secretaría general, dijo que es “más que un respaldo para toda aquella acción de un proyecto responsable que venimos llevando adelante como conducción de la Federación hace más de 25 años, con todo el desgaste que eso implica, a un proyecto que vamos a continuar y profundizar”.
La dirigente mencionó los pilares sobre los que se sustenta el proyecto de trabajo de la conducción gremial. En primer término, se abordarán las condiciones de trabajo, lo reivindicativo, los temas salariales y las condiciones de aprendizaje de niños y niñas. “Otro aspecto será lo relacionado en el área social con nuestras tres colonias de vacaciones: Jaureguiberry, Bella Vista y Barra del Chuy, así como también dos hogares para hijos de maestros y funcionarios que continúan sus estudios en la capital del país. Son trabajos fundamentales para nosotros, un área fundamental, donde también pretendemos continuar profundizando y ampliando” señaló. “El otro aspecto tiene que ver específicamente con nuestra formación, con la formación profesional de los maestros que se plasma a través de nuestro centro de investigación y la revista Quehacer Educativo, que hace pocos días presentó la edición número 150”. Pereira explicó que la revista incluye reflexiones, investigaciones y trabajos de maestros, de su práctica diaria, que se traduce en conocimientos y saberes que luego “son compartidos generosamente” con el conjunto del magisterio uruguayo.
Estos pilares fundamentales fueron los que sustentaron el proyecto de la corriente 27-3-PRAXIS que obtuvo 4.913 votos en el orden docente y 4.695 votos en el orden no docente.
Consultada sobre los principales desafíos que tendrá por delante la FUM-TEP, su secretaria general mencionó que será cuestión de “continuar con la misma coherencia, la misma responsabilidad y el mismo compromiso que asumieron los que nos antecedieron y asumimos nosotros ya desde el primer periodo”. En este sentido, también acotó que la Federación Uruguaya de Magisterio cuenta con un crecimiento muy importante de afiliados y de participación activa de sus filiales en la vida sindical.
“Renovar nuestros compromiso supone seguir luchando por mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la educación en pos de una educación, pública, integral y de calidad para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del Uruguay” concluyó.
Tras las elecciones realizadas la pasada semana en la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), la maestra Elbia Pereira, continuará desempeñándose como secretaria general por cuarto período consecutivo. En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Pereira explicó que las elecciones es una de las instancias democráticas más importantes en la vida sindical. En relación al resultado obtenido en la votación y la confirmación de su reelección en la secretaría general, dijo que es “más que un respaldo para toda aquella acción de un proyecto responsable que venimos llevando adelante como conducción de la Federación hace más de 25 años, con todo el desgaste que eso implica, a un proyecto que vamos a continuar y profundizar”.
La dirigente mencionó los pilares sobre los que se sustenta el proyecto de trabajo de la conducción gremial. En primer término, se abordarán las condiciones de trabajo, lo reivindicativo, los temas salariales y las condiciones de aprendizaje de niños y niñas. “Otro aspecto será lo relacionado en el área social con nuestras tres colonias de vacaciones: Jaureguiberry, Bella Vista y Barra del Chuy, así como también dos hogares para hijos de maestros y funcionarios que continúan sus estudios en la capital del país. Son trabajos fundamentales para nosotros, un área fundamental, donde también pretendemos continuar profundizando y ampliando” señaló. “El otro aspecto tiene que ver específicamente con nuestra formación, con la formación profesional de los maestros que se plasma a través de nuestro centro de investigación y la revista Quehacer Educativo, que hace pocos días presentó la edición número 150”. Pereira explicó que la revista incluye reflexiones, investigaciones y trabajos de maestros, de su práctica diaria, que se traduce en conocimientos y saberes que luego “son compartidos generosamente” con el conjunto del magisterio uruguayo.
Estos pilares fundamentales fueron los que sustentaron el proyecto de la corriente 27-3-PRAXIS que obtuvo 4.913 votos en el orden docente y 4.695 votos en el orden no docente.
Consultada sobre los principales desafíos que tendrá por delante la FUM-TEP, su secretaria general mencionó que será cuestión de “continuar con la misma coherencia, la misma responsabilidad y el mismo compromiso que asumieron los que nos antecedieron y asumimos nosotros ya desde el primer periodo”. En este sentido, también acotó que la Federación Uruguaya de Magisterio cuenta con un crecimiento muy importante de afiliados y de participación activa de sus filiales en la vida sindical.
“Renovar nuestros compromiso supone seguir luchando por mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la educación en pos de una educación, pública, integral y de calidad para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del Uruguay” concluyó.
Realizan mural de Karl Marx en Montevideo por el bicentenario de su nacimiento
Artistas de Alemania, Francia y Uruguay realizaron un mural en homenaje a Karl Marx (1818-1883) en Montevideo, en el marco del bicentenario del nacimiento del pensador alemán.
LEGADO
LR21
El objetivo de la intervención artística es traer a la actualidad las ideas de Marx y generar debate sobre ellas, explicó la directora del Instituto Goethe Uruguay, Katharina Ochse, una de las encargadas de organizar esta iniciativa a la agencia EFE.
La iniciativa también contará con una intervención artística en el Espacio de Arte Contemporáneo de Uruguay, un debate en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y proyección de películas del pensador en la Cinemateca de Montevideo.
El próximo 24 de setiembre será la instancia de debate en la FIC con la participación de filósofos uruguayos y franceses, una periodista alemana y un economista uruguayo.
“El Instituto Goethe en cooperación con la Embajada francesa tomó el bicentenario de Karl Marx como oportunidad de discutir qué es lo que queda de Marx hoy en día, qué es lo que podemos aprender de él”, explicó Ochse, que señaló que el bicentenario de Marx es relevante “en todos los países del mundo” y por ello se tomó esta ocasión para discutir acerca de sus ideas.
También destacó que todavía le impresiona cómo las ideas del pensador alemán “han movido mucho al mundo” y acotó que él tenía una visión del futuro que ahora, tras la caída de los países socialistas en 1989, está faltando.
“No conozco a ninguna filosofía tan potente que nos escriba una utopía de cómo queremos vivir en el futuro”, aseguró.
Los diez Institutos Goethe de Sudamérica se plantearon la pregunta: #¿Después de Marx qué queda?”, y en cada país se eligieron diferentes formatos para intentar dar respuesta, contó Ochse.
La intervención artística se realizó en el túnel que une dos de las principales avenidas de Montevideo: 8 de octubre y 18 de julio.
Sobre la obra en sí Ochse dijo que tuvieron libertad para crear y que único requisito fue que, con esta intervención, no buscan conmemorar al pensador sino “mirar hacia el futuro”.
“La idea de invitar a tres artistas de diferentes países era obtener perspectivas muy diversas de personas que han tenido experiencias muy diferentes en su pasado con las ideas de Marx”, concluyó.
El agregado de cooperación lingüística y cultural de la Embajada de Francia en Uruguay, Darío Arce, dijo por su parte que el objetivo del proyecto es “plantear la interrogante, abrir el debate” y generar que la gente se informe sobre la obra de Marx que, según explicó, va más allá de la parte política vinculada al socialismo y el comunismo.
El objetivo de la intervención artística es traer a la actualidad las ideas de Marx y generar debate sobre ellas, explicó la directora del Instituto Goethe Uruguay, Katharina Ochse, una de las encargadas de organizar esta iniciativa a la agencia EFE.
La iniciativa también contará con una intervención artística en el Espacio de Arte Contemporáneo de Uruguay, un debate en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y proyección de películas del pensador en la Cinemateca de Montevideo.
El próximo 24 de setiembre será la instancia de debate en la FIC con la participación de filósofos uruguayos y franceses, una periodista alemana y un economista uruguayo.
“El Instituto Goethe en cooperación con la Embajada francesa tomó el bicentenario de Karl Marx como oportunidad de discutir qué es lo que queda de Marx hoy en día, qué es lo que podemos aprender de él”, explicó Ochse, que señaló que el bicentenario de Marx es relevante “en todos los países del mundo” y por ello se tomó esta ocasión para discutir acerca de sus ideas.
También destacó que todavía le impresiona cómo las ideas del pensador alemán “han movido mucho al mundo” y acotó que él tenía una visión del futuro que ahora, tras la caída de los países socialistas en 1989, está faltando.
“No conozco a ninguna filosofía tan potente que nos escriba una utopía de cómo queremos vivir en el futuro”, aseguró.
“¿Y después de Marx qué queda?”
El proyecto para traer al debate a Marx nuevamente se realizó entre el Instituto, la Embajada de Francia en Uruguay y contó también con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República.Los diez Institutos Goethe de Sudamérica se plantearon la pregunta: #¿Después de Marx qué queda?”, y en cada país se eligieron diferentes formatos para intentar dar respuesta, contó Ochse.
La intervención artística se realizó en el túnel que une dos de las principales avenidas de Montevideo: 8 de octubre y 18 de julio.
Sobre la obra en sí Ochse dijo que tuvieron libertad para crear y que único requisito fue que, con esta intervención, no buscan conmemorar al pensador sino “mirar hacia el futuro”.
“La idea de invitar a tres artistas de diferentes países era obtener perspectivas muy diversas de personas que han tenido experiencias muy diferentes en su pasado con las ideas de Marx”, concluyó.
El agregado de cooperación lingüística y cultural de la Embajada de Francia en Uruguay, Darío Arce, dijo por su parte que el objetivo del proyecto es “plantear la interrogante, abrir el debate” y generar que la gente se informe sobre la obra de Marx que, según explicó, va más allá de la parte política vinculada al socialismo y el comunismo.