La intervención internacional toma posiciones en Venezuela // Migrantes venezolanos, manipulación para lograr una intervención extranjera // Base de Manta 2.0: la renovada presencia militar de EE.UU. en Ecuador // Estados Unidos y el dominio del eje estratégico latinoamericano // Ecuador: Adolfo Pérez Esquivel a la CONAIE // Golpe de Estado contra Trump inducido por Washington Post y New York Times // Democracy Now!: Gobierno de Trump intenta permitir la detención por tiempo indefinido de familias inmigrantes // ¡Llamado de Movilización! 10 de septiembre - Día Internacional de Lucha contra la OMC y los Tratados de Libre Comercio // ARGENTINA: Macri imputado por el acuerdo con el FMI // CTA A: Se conformó el espacio "Confluencia Fuera G20/FMI" // Organismos nacionales paran el 12 y piden un anticipo del paro a la CGT // URUGUAY: Conflictividad laboral aumentó en agosto y fue la más alta del año // Andrade: "El Ni-Ni que vive en un barrio privado no preocupa tanto"
La intervención internacional toma posiciones en Venezuela
¿Habrá un ataque internacional? Existe un
escenario en construcción, una voluntad por parte de sectores políticos
nacionales e internacionales
2/9/2018.-
La construcción del escenario internacional contra Venezuela se ha
acelerado. La decisión proviene desde la dirección estratégica del
conflicto que se encuentra en EEUU (EEUU). Nikki Haley, embajadora de
los EEUU ante la Organización de Naciones Unidas, y James Mattis,
Secretario de Defensa, fueron los dos últimos en desplegarse en el
continente, en particular en la base central: Colombia. La primera estuvo en la asunción del recién electo presidente Iván
Duque, se desplazó a la frontera colombo-venezolana, desde donde declaró
que “el mundo debe darse cuenta de que hay un dictador en Venezuela”, y
llamó a los países de la región a actuar. El segundo se reunió con el
presidente luego de su gira por Brasil, Argentina, Chile y Colombia. La
agenda se centró en Venezuela, la presión mediática, diplomática, el
cerco económico, los próximos pasos en la escalada. Mattis anunció luego de su visita el envío del buque-hospital USNS
Comfort a las aguas colombianas cercanas a Venezuela. Argumentó que se
trata de un apoyo ante los “refugiados” provocados por la “crisis
humanitaria”. Quienes tomaron la delantera a los pocos días fueron Sarah Sanders,
portavoz de la Casa Blanca, quien afirmó “mantener todas las opciones
sobre la mesa” en el caso de Venezuela. Le siguió el senador Marco
Rubio, operador central de la línea intervencionista-golpista contra
Venezuela, al afirmar que las circunstancias cambiaron, y una
intervención armada forma parte de las posibilidades. “Venezuela y el
régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso
a EEUU”, declaró. Lo hizo luego de reunirse John Bolton, miembro del
Consejo de Seguridad Nacional. Sus palabras fueron dichas a pocos días del inicio de los ejercicios
militares UNITAS 2018 que se realizan en Cartagena, costa colombiana
cercana a Venezuela, donde participan catorce países -entre los cuales
Argentina- con buques, submarinos, aeronaves, bajo la dirección del
Pentágono. Factor Colombia Iván Duque asumió la presidencia con un objetivo internacional en la
mira: Venezuela. Heredó de Juan Manuel Santos el no reconocimiento de
Nicolás Maduro como presidente, el ingreso a la OTAN como socio global,
la construcción mediática-política en ascenso de hostilidad hacia el
gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos. Duque profundizó la orientación con la visita al Comando Sur, donde
se entrevistó con Kurd Tidd, seguido del anuncio del retiro de Colombia
de la UNASUR, la protección política de Julio Borges -uno de los
principales autores intelectuales del intento de asesinato de Maduro,
prófugo en Colombia- y las condiciones para que el Tribunal Supremo de
Justicia ilegal sesione en Bogotá. Este último declaró culpable a
Nicolás Maduro, pidió nuevamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) detenerlo. Ese Tribunal, ilegal, es parte de una de las cartas
en desarrollo desde el 2017: la conformación de un gobierno paralelo. Un elemento más resulta clave en el factor Colombia: la frontera. Más
de dos mil kilómetros donde en el lado colombiano operan grupos
paramilitares, narcotraficantes, y se desarrolla el contrabando de
extracción. El gobierno colombiano, desde Álvaro Uribe –padre político
de Duque-, legalizó el contrabando, en particular de gasolina. Fue en
zona de frontera colombiana, cercano a donde estuvo Nikki Haley, donde
se entrenaron quienes intentaron el asesinato con drones, justamente por
tratarse de un territorio con alto desarrollo paramilitar. Desde allí han ingresado fuerzas paramilitares que se han arraigado,
propagado su forma de despliegue territorial bajo terror, y han actuado
en la violencia de abril-julio del 2017. La hipótesis de acciones
violentas se relacionan directamente con ese desarrollo: fuerzas
irregulares financiadas, entrenadas, dirigidas desde el uribismo y los
EEUU. Factor migración Las cámaras, tapas de diarios, discursos de gobiernos, se han
orientado hasta la saturación hacia lo que presentan como el “éxodo” y
los “refugiados”. No se trata de una repentina preocupación sino una
coordinación para imponer esa idea, de manea a generar en la opinión
pública la convicción de que es necesario intervenir. Es el punto de
apoyo para convocar a la comunidad internacional y justificar posibles
acciones. Algunos de esas acciones recientes han sido el envío de Cascos
Blancos argentinos a la frontera colombo-venezolana, la declaración de
emergencia sanitaria por causa de la inmigración venezolana por parte
del gobierno de Perú, la decisión del gobierno de Brasil desplegar la
Fuerza Armada en la frontera con Venezuela, y las declaraciones de
preocupación y entrega de dinero por parte de la Unión Europea. El tratamiento dado a la situación de la emigración venezolana
evidencia su utilización para construir un escenario de aislamiento y
presión internacional. No es el primer caso en la historia. La
emigración es real, es parte de los efectos del cuadro económico y otros
elementos como las promesas de que fuera habrá trabajo/techo/dólares,
pero no lo es en las dimensiones en las que se la construye
mediáticamente. La preocupación por parte de las grandes cadenas de
televisión y periódicos nunca estuvo, por ejemplo, con la emigración
colombiana que, tan solo en Venezuela, se eleva a cerca de 5 millones
600 mil personas. El próximo cinco de septiembre tendrá lugar una reunión especial de
la Organización de Estados Americanos para “considerar la crisis
migratoria originada por la situación en Venezuela”. Otra pieza en la
construcción del tablero intervencionista. Todas las cartas ¿Habrá una intervención internacional? Se puede afirmar que existe un
escenario en construcción, una voluntad por parte de sectores políticos
nacionales e internacionales, una medición de cómo podría ser: vías,
actores, pretextos, tiempos. Por el momento aumentan la presión, amplían
posiciones, rodean, buscan convencer. Los EEUU desarrollan todas las
cartas, utilizan una u otra según el escenario que esté ya conformado o
busquen acelera, y según los resultados. La apuesta por la oposición
venezolana y las elecciones ha llevado a una sucesión de derrotas. Lo que parece seguro es que anunciarán nuevos ataques contra la
economía como parte del bloqueo ya declarado contra Venezuela. Es en la
economía donde se juega hoy una de las principales batallas: el gobierno
necesita a toda costa estabilizarla, y el bloque adverso hará lo
posible para que el cuadro empeore y eso genere condiciones para nuevas
acciones. Por último cabe señalar que en septiembre tendrá lugar un ejercicio
militar de defensa aérea conjunto entre Venezuela y Rusia en territorio
venezolano. La influencia rusa, así como china, no deben perderse de
vista en este acomodo de posiciones. Son una amenaza para los intereses
de los EEUU, así lo han afirmado en varias oportunidades. El conflicto
venezolano es mucho más que venezolano. pagina12.com.ar
Migrantes venezolanos, manipulación para lograr una intervención extranjera
Desde hace meses, pero sobre todo en las últimas dos semanas, Venezuela ha sido víctima de una poderosa campaña propagandística
Se
dirige a imponer la narrativa de que una “crisis de refugiados”
-producto de la migración- que sigue en desarrollo, y trata de
justificar una intervención “humanitaria”. Posverdades, fotos trucadas, emigrantes mostrados como en una publicidad de Benettton, fake news,
hacen parte de este arsenal de manipulaciones en esta guerra de quinta
generación que alimenta a gobiernos neoliberales latinoamericanos pero
también europeos y el terrorismo mediático cartelizado. Y se agita también mediáticamente el fantasma de una crisis de
"refugiados", gente que huye de la opresión o de un Estado fallido, con
el fin de crear el caso para una intervención humanitaria. La realidad muestra que miles de venezolanos varados en otros países
(Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador) quieren acogerse
al plan Retorno a la Patria (algunos centenares ya lo hicieron), lanzado
por el gobierno de Caracas, que solicitó ayuda a los países de la
región y al programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) para que
brinden facilidades al retorno de los connacionales. Organismos multilaterales como la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial de Migraciones (OIM)
divulgaron, paralelamente, informes que descarrilan la agenda del relato
de la “crisis humanitaria”. En junio, ACNUR, reflejó que sólo 5.661
venezolanos (menos del 1% de los habitantes del país) habían sido
reconocidos como “refugiados” por los principales países receptores de
la región. En agosto de 2018 la OIM señaló que desde 2015 hasta 2018, 600.000
solicitudes de visados temporales u otros mecanismos de regularización
han sido presentados por los venezolanos en los países receptores de
América Latina y el Caribe. La OIM y ACNUR, reconocen que la migración
está motivada por razones económicas, lo que nada tiene que ver con la
condición de “refugiados” que se intenta proyectar hacia el mundo. La cifra total de emigrantes venezolanos (de 1.5 millones a 2.3
millones, aproximadamente), calculada inicialmente, podría ser menor, de
acuerdo a estos informes de organismo multilaterales. Hay una evidente
manipulación respecto a las cifras para justificar un escenario de
intervención internacional. La OIM pone en relieve que el centro de la
gestión migratoria se inclina hacia la regularización de venezolanos que
buscan consolidar su estatus de permanencia en los países receptores,
mas no hacia la instalación de “campos de refugiados”. La OIM, asimismo, exigió a Colombia la regularización de venezolanos
que han emigrado recientemente, mas no implementar la creación de campos
de refugiados masivos para atenderlos que, como afirman medios y
voceros políticos, huyen de algún tipo de persecución gubernamental o de
una “crisis humanitaria”. Mientras, el gobierno venezolano acordaba con Jorge Baca,
representante de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), los recursos técnicos necesarios para resguardar los derechos
humanos de los migrantes, bajo un marco de respeto a la
institucionalidad venezolana. Terrorismo mediático y el Grupo de Lima Por ejemplo, The Economist, representante de la oligarquía
financiera británica, aseguró, con base a proyecciones, que la “crisis
migratoria” venezolana podría superar la de una Siria, un país que sufre
aún los desmanes de una guerra mercenaria, terrorista, financiada por
Estados Unidos y la OTAN. Relato que sirvió como insumo base para la campaña usada por la
derecha mundial y por el sector radical de la oposición venezolana,
guionada, patrocinada y financiada por Washington, Bogotá y Madrid,
logrando un alto nivel de cartelización que perfilara la “crisis de
refugiados” como la única forma de representar la migración venezolana. Tres días después, el ultraconservador senador estadounidense Marco
Rubio –pese a la fuerte caída de su credibilidad- argumentó que
Venezuela era una “amenaza a la seguridad nacional de EEUU”. Lo mismo
dijeron en sus giras latinoamericanas los altos funcionarios del área de
defensa y seguridad como James Mattis, John Bolton, Kurt Tidd y repitió
el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien jugó la carta de
convocar a una nueva sesión del Consejo Permanente de la organización
panamericana, bajo el mismo código. Una “reunión técnica” desarrollada a principios de semana en Quito,
con representantes de países agrupados en el Grupo de Lima (GL), pasó
prácticamente inadvertida. En estos países decenas de millones pasan
hambre, sufren analfabetismo, se ven forzados a emigrar, son víctimas de
crisis de salud pública, los jóvenes –sin educación ni trabajo digno–
carecen de toda esperanza, flagelos agravados escandalosamente por el
modelo neoliberal. Pero eso no preocupa a la OEA ni a los gobiernos del
GL, señala Ángel Cabrera en La Jornada. No hay que olvidar que Venezuela está considerada "una amenaza
extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa
de Estados Unidos" mediante un decreto emitido por el presidente Barack
Obama y ratificado por Donald Trump. La reunión fue otro paso en la agenda de guerra híbrida contra
Venezuela, diseñada por el estadounidense Comando Sur en distintos
planes, como Venezuela Freedom I, Venezuela Freedom II y el llamado
Golpe Maestro. Ese aparato militar, dirigido para que avance la
militarización estadounidense en América Latina y el Caribe con fines de
control de poblaciones, recursos naturales e intervención armada,
directa o camuflada. El GL se ha convertido en el brazo político del Comando Sur y es
cómplice de la agresión militar que se gesta contra Venezuela. No es
ningún secreto el gran interés del presidente Donald Trump por realizar
una intervención directa en el país caribeño, idea de la que lo habrían
disuadido sus más altos jefes militares razonando el costo político y el
extraordinario esfuerzo militar que requeriría. Los radicales de la oposición venezolana, creyendo que su oportunidad
está en la intervención extranjera, se sumaron a la campaña: los ex
alcaldes prófugos como David Smolansky y Antonio Ledesma, Gaby Arellano,
María Corina Machado, y Julio Borges. Varias ONGs financiadas por Washington, como fue la ONG Human Rights
Watch, se sumaron al coro. Ésta señaló el 3 de septiembre que “urge una
respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes”, y
convocó a los países de la región a atender la “crisis de refugiados
venezolanos” con el objetivo de permitir la permanencia y atención
necesaria que justifique un desembolso mayor por parte de los organismos
multilaterales encargados de gestionar el asunto migratorio. “Ésta fue una experiencia dolorosa, pero de aprendizaje. Aprendimos
realmente qué es el capitalismo, qué es la manipulación de los medios.
Hoy volvimos con mi familia a Los Teques y lo único que se nos ocurre es
narrar lo que vivimos, el racismo, el desprecio, la xenofobia, la falta
de solidaridad y de oportunidades que vivimos durante tres meses.
Estamos contentos de estar en casa de nuevo”, decía Yudelysi Moró, una
trabajadora de la salud que regresó de Argentina. CLAE
Desmontan la supuesta “crisis de refugiados venezolanos”
| CUBADEBATE
Venezuela denuncia ante Acnur campaña internacional para justificar intervención militar. Foto: @VTVcanal8/ Twitter.
Desde hace meses, pero potenciada en las últimas dos semanas,
Venezuela ha sido víctima de una poderosa campaña propagandística
dirigida a imponer la narrativa de que una “crisis de refugiados”. Fue el medio The Economist, que reúne entre sus accionistas a
lo más granado de la oligarquía financiera británica, el que abrió el
telón el 20 de agosto. Aseguró, con base a proyecciones, que la “crisis
migratoria” venezolana podría superar la de Siria, aun cuando este país
árabe, a diferencia de Venezuela, ha sufrido en los últimos años los
desmanes en todo su territorio de una guerra mercenaria, de naturaleza y
composición terrorista, financiada por Estados Unidos y la OTAN. Rápidamente esta narrativa condicionó el tratamiento de los medios
locales e internacionales, hasta llegar a las vocerías políticas del
segmento más extremista de la derecha venezolana y sus patrocinadores en
el extranjero. Influenciadores de tendencia opositora en redes sociales y los
operadores que componen la infantería digital del antichavismo fueron
velozmente moldeados en su discurso, consiguiendo un alto nivel de
cartelización que perfilara la “crisis de refugiados” como la única
forma de representar la migración venezolana. A raíz de este manejo simbólico sobre la migración venezolana que fue
agarrando fuerzas a medida que avanzaban los días, el candidato
(nuevamente) a senador en Florida, Marco Rubio, encontró piso para
argumentar que Venezuela era una “amenaza a la seguridad nacional de
Estados Unidos”, siguiendo la tradición paranoica de los
neoconservadores, toda vez que también explotaba esta temática como un
asunto de campaña. Su principal patrocinador mediático, El Nuevo Herald de
Miami, posicionó la “crisis de refugiados” como parte de su abordaje,
mientras que Luis Almagro aprovechaba el impulso para convocar una nueva
sesión del Consejo Permanente de la OEA, bajo el mismo código. Los políticos locales dependientes de los canales de financiamiento
que provienen de Miami y la USAID, como Gaby Arellano, David Smolansky
(prófugo de la justicia venezolana), Antonio Ledezma (bajo la misma
condición al igual que el ex alcalde de El Hatillo), entre otros,
quienes han utilizado la migración venezolana como una ventana de
oportunidad para oxigenar su liderazgo, exaltaron la “crisis de
refugiados” que supuestamente vive Venezuela. Ya la percepción de la audiencia occidental había sido programada por medios como The Economist,
así que el resto del trabajo consistía en repetir incansablemente el
mismo código para diversificar la misma estrategia simbólica desde
distintas escalas del discurso político y mediático. La última entidad en sumarse a esta campaña fue la ONG Human Rights
Watch, que nunca ha ocultado su rivalidad con el Gobierno venezolano ni
su financiamiento histórico desde el Departamento de Estado. En un informe presentado el día 3 de septiembre, titulado “El éxodo
venezolano: Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin
precedentes”, convoca a los países de la región a atender la “crisis de
refugiados venezolanos” con el objetivo de permitir la permanencia y
atención necesaria que justifique un desembolso mayor por parte de los
organismos multilaterales encargados de gestionar el asunto migratorio.
Las cifras de ACNUR y la OIM
La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro de
Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ha denunciado en los
últimos días la manipulación que se ha hecho con respecto a las cifras
de la migración venezolana y su instrumentalización política en el marco
de una agenda propalada desde el extranjero para justificar un
escenario de intervención internacional. A raíz de esto, la vicepresidenta se reunió, el día de ayer en horas
de la noche, con Jorge Baca, representante de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), para acordar los recursos
técnicos necesarios para resguardar los derechos humanos de los
migrantes venezolanos, bajo un marco de respeto a la institucionalidad
venezolana. La segunda al mando del Estado venezolano descalificó la reunión
técnica desarrollada en Quito, capital de Ecuador, durante el 3 y 4 de
septiembre, compuesta en su mayoría por países agrupados en torno al
Grupo de Lima, calificándola de no tener nada que ver con la realidad
migratoria que vive Venezuela. A contrapelo de la narrativa sobre la “crisis de refugiados
venezolanos”, entes multilaterales como Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) y la OIM han emitido, recientemente, un conjunto de
informes que descarrilan una agenda interesada en manipular las cifras
para alimentar el relato de la “crisis humanitaria”. Un reporte de junio de este mismo año, de puño y letra por ACNUR,
reflejó que sólo 5 mil 661 venezolanos habían sido reconocidos como
“refugiados” por los principales países receptores de la región. La
misma ACNUR destaca que no posee cifras sólidas para cuantificar la
migración venezolana, pero a su vez afirma que no puede calificarse como
una situación donde resalten los refugiados. Este dato, si se compara con la migración venezolana en general
reconocida por la propia ACNUR desde el año 2014 (1.5 millones de
venezolanos en promedio), despeja las dudas sobre si el país
suramericano se encuentra inmerso en una “crisis de refugiados” similar a
la de Siria, Libia o Myanmar. Un simple ejercicio de matemática daría como resultado que quienes
han sido catalogados como refugiados, corresponde a menos del 1% de los
venezolanos que han salido recientemente de su país. Otro informe situacional presentado a mediados de agosto de 2018 por
la OIM, reflejó que desde 2015 hasta 2018, 600 mil solicitudes de
visados temporales u otros mecanismos de regularización han sido
presentados por los venezolanos en los países receptores de América
Latina y el Caribe. La OIM, así como ACNUR, reconocen que la migración
venezolana está motivada por razones económicas, factor que poco y nada
tiene que ver con la condición de “refugiados” que se intenta proyectar
hacia el mundo. El dato proporcionado por la OIM refleja que, incluso la cifra
presentada por ACNUR y la ONU sobre la cifra total de emigrantes
venezolanos (de 1.5 millones a 2.3 millones, aproximadamente), podría
ser menor, debilitando así la narrativa de un “éxodo masivo” de
venezolanos. De igual forma, la OIM pone en relieve que el centro de la gestión
migratoria se inclina hacia la regularización de venezolanos que buscan
consolidar su estatus de permanencia en los países receptores, mas no
hacia la instalación de “campos de refugiados”. Con respecto al abordaje que debe tener Colombia para con la
migración venezolana, la OIM es enfática: se le exige la regularización
de venezolanos que han emigrado recientemente, mas no implementar la
creación de campos de refugiados masivos para atender venezolanos que,
como afirman medios y voceros políticos, huyen de algún tipo de
persecución gubernamental o de una “crisis humanitaria”. Esto es clave para comprender que las solicitudes de financiamiento
internacional para atender la “crisis migratoria” venezolana por parte
de los gobiernos de la región articulados en el Grupo de Lima buscan
atender un problemática que, si bien existe como lo es el flujo
migratorio desde Venezuela, no tiene características de ser
“incontrolable”, y mucho menos un espejo de verdaderas y reales crisis
humanitarias, generadas por la política de intervenciones de Estados
Unidos en África, Medio Oriente, y en la misma Colombia. (Tomado de Misión Verdad)
sábado, 8 de septiembre de 2018
Base de Manta 2.0: la renovada presencia militar de EE.UU. en Ecuador
Para
el Gobierno, la Carta Magna no es importante. Todas las estrategias
implementadas en el primer mes de vigencia de la OSC son actos de guerra en los
que no solo se establecerán instalaciones extranjeras sino dispositivos a
corto, mediano y largo plazo para ceder la soberanía nacional, la institucionalidad
del Estado y la paz ecuatoriana.
Martín
Pastor / Especial para Con Nuestra América
Desde Quito, Ecuador
Con la
justificación de la ‘cooperación’ y el humanitarismo, fuerzas militares
estadounidenses retornan al Ecuador después de una década de haber sido
expulsadas. Esta renovada presencia, no solo reactivará la misión de la Base de
Manta (1999-2009), sino que accionará una nueva fase de injerencia militar en
el país. La cual se materializó, el pasado 2 de agosto de 2018, con la apertura de
una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS) entre ambas naciones.
Según
el Departamento de Defensa, las OCS pertenecen a la Agencia de Asistencia de
Seguridad de Defensa y su rol es realizar acciones que “promuevan los intereses
de seguridad específicos de los EE. UU., incluidas todas las actividades
internacionales de cooperación de armamentos y actividades de asistencia de
seguridad”. Lo que quiere deicr, satisfacer los intereses del imperialismo
norteamericano en el país.
A
través de las OCS se promueven programas formales como Ventas y Financiamiento
militar al extranjero (FMS/FMF), Educación y Capacitación Militar Internacional
(IMET), Asistencia Humanitaria (HAP), ejercicios conjuntos, Intercambios de
Expertos (SMEEs) y actividades de preparación para desastres. Siendo el mismo
modelo que se implementó en Irak (OSC-I) al
reformular la estrategia militar en 2012 luego de la invasión suscitada en
2003.
En
contraste con la antigua Base de Manta, que era una Foward Operating Location
(FOL), este modelo no opera desde una locación fija. Y para esta nueva fase de
injerencia, tal como lo dijo Thomas
Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos,
“realmente no creo que necesitemos una base en ese sentido”.
Al
utilizar una OCS, les permitirá ahorrar los altos gastos logísticos de personal
militar e infraestructura, además de brindarles flexibilidad y escalabilidad ya
que ‘cooperan’ con las Fuerzas Armadas locales, obteniendo los mismos o incluso
mejores beneficios. De esta manera lograron que, desde septiembre de 2018, un avión de inteligencia de EE.UU. sobrevuele los mares y fronteras
ecuatorianas operando desde Guayaquil durante cuatro días todos los meses.
Su
objetivo será retomar todas las actividades de la Base de Manta, tal como lo afirmó el
Ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín. “Lo importante es reconocer que
todo lo que hacía, en su época, la base, lo puede hacer ahora un solo avión, es
por el avance de la tecnología que tiene solamente con la capacidad de una
potencia como Estados Unidos”.
Es así
que en menos de un mes de funcionamiento, a través de la OCS, reinstauraron la
capacidad operativa de una base denunciada y rechazada por los ecuatorianos, que
incluso Moreno concluyó que
“violó de alguna forma nuestra soberanía”. Pero el avión espía es solo el
principio.
Luego
de 11 años de ausencia, el Ecuador volverá a
participar en el Ejercicio Multinacional de Maniobras Militares (Unitas), organizado
por Estados Unidos. Como otros ejercicios similares realizados en la región, este
sirve para el adoctrinamiento bajo el comando estadounidense, tal como lo indicó el
comandante general de la Armada ecuatoriana, Renán Ruiz.
A esta
creciente militarización extranjera de la región se suma otra estrategia de
colonialismo, bajo la bandera de las ‘labores humanitarias’. Uno de estos
mecanismos es el buque hospital, USNS Comfort,
que nuevamente operará de
forma regular y periódica en las costas ecuatorianas.
Aunque
tiene denominación de embarcación no combatiente, como el resto de buques de
guerra se adhiere a la misión de la
Armada de EE.UU. que profesa, "mantener, entrenar y equipar para el
combate a las fuerzas navales, capaces de conseguir la victoria de la guerra,
disuadir agresiones y mantener la libertad en los mares".
Esto
quiere decir que en el caso de un conflicto no solo tiene capacidad bélica sino
debe brindar apoyo logístico al ejército norteamericano, convirtiéndose en una
amenaza encubierta como ya lo alertó el
presidente boliviano, Evo Morales. No es coincidencia entonces, que en otras
circunstancias, pero bajo la misma bandera del humanitarismo, estuvieron presentes al
inicio de la Guerra del Golfo (1990-1991) y la Invasión a Irak (2002-2003).
A su
vez todos estos programas son combinados con la estrategia de focalización de
compras de armamento para alimentar la industria bélica y generar dependencia
militar. En Ecuador, el Ministerio de Defensa anunció que,
a pesar de las políticas de austeridad, con su presupuesto anual de 108
millones de dólares se realizará la compra de armamento e implementos bélicos.
Decisión
que debería preocupar a los ecuatorianos ya que el actual Ministro, durante su
periodo en la misma cartera de Estado en 2005-2006, demostró un “manejo del
presupuesto y recursos militares muy malos” en los que “mantuvo una estrategia
militar basada en un constante pedido a los Estados Unidos de recursos
militares (que no se entregaron)”, como lo demuestra
César Cedeño, analista en operaciones militares.
Es así
que a través de los Foreign Military Sales/Ventas militares extranjeras (FMS) dirigirán
nuevamente el gasto militar ecuatoriano. Algo que no es sorpresa ya que al ser
un imperio militar basa su política externa en la industria bélica y la
promoción de conflictos nacionales e internacionales, a través de una
diplomacia bélica.
Al
2018, como lo confirmó el
General Jon Dunford Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU, su país
tiene presencia militar en 177 países del mundo, es decir el 91% de Estados. Y
ahora, luego de una década de ausencia, Ecuador conformará parte de esa lista.
Un
objetivo en el que el gobierno de los Estados Unidos ya venía trabajando con
varios años de anterioridad. En agosto de 2016 durante la ceremonia de posesión
de Lenín Moreno, Michael Fitzpatrick, vicesecretario adjunto de Estado para
Asuntos de América del Sur, dirigió la comitiva estadounidense y afirmó
que“Ecuador es un país de gran interés
para Estados Unidos” razón por la cual lo visitó primero en su gira latinoamericana.
Dos
años más tarde con la apertura de la OCS, se anunció que el actual Embajador,
será reemplazado por Fitzpatrick. Un cambio importante ya que las Oficinas de
Cooperación son lideradas por el representante de la misión diplomática in situ,
y en este caso un experto en contrainteligencia que estuvo involucrado en
las estrategias contrainsurgentes del Departamento de Estado en Centroamérica
desde 1986.
Sin
embargo, lo más sensible de esta “cooperación” y la que debería alertar a los
ecuatorianos es su inconstitucionalidad. Según el artículo 5
de la Constitución de 2008, el Ecuador se declara como un territorio de paz,
donde “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de
instalaciones extranjeras con propósitos militares. Además de que se prohíbe
ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Pero para
el Gobierno, la Carta Magna no es importante. Todas las estrategias
implementadas en el primer mes de vigencia de la OSC son actos de guerra en los
que no solo se establecerán instalaciones extranjeras sino dispositivos a
corto, mediano y largo plazo para ceder la soberanía nacional, la institucionalidad
del Estado y la paz ecuatoriana. Parecería que el grito de ‘Gringos, go home’
se silencia en el Ecuador para dar por inaugurada con impunidad la Base de
Manta 2.0.
sábado, 8 de septiembre de 2018
Estados Unidos y el dominio del eje estratégico latinoamericano
En
un escenario como el de nuestros días, ¿queda alguna opción para la paz
y la integración como la que soñaron los expresidentes Chávez, Lula y
Kirchner a inicios de este siglo? ¿Será posible evitar el camino de la
violencia y la muerte del imperialismo, que sólo sirve a los intereses
de quienes pretenden dividir a nuestra América para dominarla?
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Los expresidentes Chávez, Kirchner y Lula
La
imagen se repitió una y otra vez, en escenarios diferentes pero con los
mismos personajes y con idénticas motivaciones: el encuentro fraterno,
solidario, de unidad latinoamericana, plasmado en las manos entrelazadas
de Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner, presidentes de
Venezuela, Brasil y Argentina respectivamente. Ya fuese en Caracas o Sao
Paulo, en Buenos Aires a Brasilia, o en la emblemática Mar del Plata,
en diálogos, encuentros de trabajo, cumbres y batallas políticas
memorables, aquella fusión de voluntades acabó por convertirse en la
instantánea de una época: la del inicio del siglo XXI latinoamericano.
Los tres mandatarios, que llegaron al poder luego de que el tsunami
neoliberal de los años noventa devastara el tejido social y productivo
de sus países, comprendieron con absoluta claridad que el eje
Caracas-Brasilia-Buenos Aires era fundamental para apuntalar el proyecto
de integración regional nuestroamericano, para ganar espacios de
soberanía e impulsar alternativas posneoliberales, y en definitiva, para
enfrentar, desde otro lugar, los furiosos coletazos del imperio en
medio de su crisis de hegemonía.
Estados Unidos también reconoció la importancia de ese corredor en sus
planes geoestratégicos, y desde entonces hizo todo lo posible por
derrocar gobiernos, boicotear iniciativas y sembrar discordias en el
continente -con el concurso generoso de aliados como Álvaro Uribe en
Colombia-. La administración de George W. Bush lo intentó con el golpe
de Estado a Hugo Chávez en 2002, fracasó y luego fue derrotada
estrepitosamente en la cumbre de Mar del Plata en 2005, en una jornada
que tuvo como protagonistas a Lula, Chávez y Kirchner. Después, el
gobierno de Barack Obama apostó más por la astucia que por la fuerza,
desplegó sus armas de soft power, sostuvo el flujo de dólares para sus ONG y think tanks en
la región, y hacia el final de su segundo mandato, favorecido por la
nueva coyuntura económica y política en América Latina, empezó a
cosechar éxitos: avanzó en los planes desestabilizadores en Venezuela,
donde la oposición logró importantes resultados en las elecciones
parlamentarias de 2015; bailó un tango Buenos Aires para celebrar el
triunfo electoral de Mauricio Macri y el regreso de las relaciones
carnales entre la Casa Blanca y la Casa Rosada; y apoyó tácticamente el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil, en 2016.
Se perfiló así un escenario ideal para que, a partir del 2017, el
gobierno de Donald Trump, con su diplomacia gánsteres y rodeado de
controversiales generales y agentes en puestos clave de la
administración (el Departamento de Estado, la CIA), lanzara lo que ahora
se nos revela como una guerra total contra la Revolución Bolivariana. Y
en esa nefasta ambición, la de acabar con el proceso político
bolivariano y todo lo que ha significado en la historia reciente de
América Latina, embarcó a gobiernos vasallos -el Grupo de Lima- para
cercar a Venezuela y crear las condiciones necesarias para una
intervención largamente soñada por sus élites políticas, económicas,
militares, y por la derecha apátrida de nuestros países (que peregrina
oficiosamente a Washington con escala en Miami).
Los acontecimientos a los que asistimos en la últimas semanas en
Venezuela, como se deduce de lo expuesto, no son sino el resultado de
más de 15 años de planificación y acción imperialista que hoy parecen
llegar a un punto de peligrosa explosividad (especialmente por la
inestabilidad de quienes toman decisiones en la Casa Blanca, y los
apetitos de quienes les instigan). El boicot a las elecciones
presidenciales (cuya celebración anticipada era un reclamo de la misma
oposición ), el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, el
endurecimiento de la guerra económica, así como la construcción política
y mediática de una crisis humanitaria (la de la población
migrante) que debe ser resuelta por medio de la intervención extranjera,
forman parte de planes y operaciones diseñadas no solo para alimentar
discursos, matrices de opinión y maniobras diplomáticas, sino también -y
sobre todo- para justificar la movilización de las fuerzas militares
que hoy sitian a la Revolución Bolivariana, a la espera de una orden
para desatar el infierno de una dolorosa conflagración.
Las manecillas del reloj de la guerra de Trump en América Latina se
mueven aceleradamente por la precariedad que viven los gobiernos
neoliberales aliados en Argentina y Brasil. Sostener a Macri y Temer (y
al eventual sucesor que emerja de las elecciones del próximo mes de
octubre) es ahora una prioridad para Washington, en su afán por
imponerse en Venezuela.
En un escenario como el de nuestros días, ¿queda alguna opción para la
paz y la integración como la que soñaron los expresidentes a inicios de
este siglo? ¿Será posible evitar el camino de la violencia y la muerte
del imperialismo, que sólo sirve a los intereses de quienes pretenden
dividir a nuestra América para dominarla? El futuro, por ahora, no
dibuja buenos presagios en el horizonte. Pero es preciso que triunfe la
paz, que triunfen los pueblos.
Hermanos y hermanas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) Un fraterno abrazo solidario, deseándoles mucha fuerza y esperanza. Les dirijo esta carta guiado por la hermandad y solidaridad con los pueblos originarios de nuestra Abya Yala. Hoy
nuestros pueblos se encuentran sometidos a políticas de exclusión,
pobreza y pérdida de derechos que mucho nos costó y aún cuesta
conquistar. La CONAIE es un ejemplo de resistencia y lucha en defensa de
los valores, identidad y pertenencia de los pueblos originarios.
Siempre tengo presente al hermano y compañero de caminada, el Obispo de
Riobamba, Monseñor Leonidas Proaño quien desde la fuerza del Evangelio y
su compromiso concreto acompañó y lucho por la vida y respeto de los
pueblos indígenas, en Ecuador y en todo el continente. Los
últimos días nos llegó la noticia de que el gobierno de Lenín Moreno
les ofreció convertir la sede de la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR) en una Universidad Indígena de la CONAIE. La
UNASUR es un organismo compuesto por 12 estados de Nuestra América y
que con esfuerzo logró estatus de observador ante la ONU. Su objetivo es
la integración regional, la defensa de nuestra soberanía, nuestras
democracias y el bienestar de los pueblos de la “Patria Grande”. Es un
espacio abierto para que todos y todas tengamos derechos a la vida, los
territorios y culturas de los pueblos, por eso la UNASUR adhirió a la
declaración de los derechos de los pueblos de la Organización de las
Naciones Unidas, e incluso hoy está presidida por un indígena, el
Presidente Evo Morales. Lenin Moreno, junto a otros
mandatarios de países con políticas neoliberales, están buscando
destruir estos espacios de integración y participación continental como
son la UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Los pueblos
indígenas del Ecuador siempre estuvieron presentes en la lucha por sus
derechos y libertad, y sería lamentable que acepten este ofrecimiento
que busca desproteger las democracias de nuestros pueblos. La CONAIE no
puede desconocer que el rol clave que tuvo la UNASUR para evitar y
denunciar golpes de Estado en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Honduras,
entre otros. La unidad de los pueblos es fundamental y
determinante en el continente. Algunos quieren ser colonia y estar
sometidos a los intereses extranjeros, y otros aprenden de la historia y
pelean por ser pueblos libres y soberanos. Los desafíos son grandes en
estos momentos que vivimos donde los golpes de Estado mediáticos,
judiciales y parlamentarios en todo el continente, acompañados por la
remilitarización, el aumento de la pobreza y la marginalidad,
condicionan nuestro presente e hipotecan nuestro futuro. Con la esperanza de que recapaciten esta decisión les envío un saludo de Paz y Bien. Buenos Aires, 28 agosto de 2018 Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz
Moreno anunció medidas económicas para
ahorrar 1.000 millones de dólares anuales y perdonó deuda por "4.600
millones de dólares", con exoneración de impuestos, a empresarios.
Una mujer vende verduras en el mercado de San Roque en Quito, Ecuador, 18 de febrero de 2017.
Mariana Bazo / Reuters
El pasado 21 de agosto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció una serie de medidas de austeridad para "reactivar la economía del país". Las medidas, con las que el Gobierno busca ahorrar 1.000 millones de dólares, incluyen el aumento de la gasolina súper, que pasó de costar entre 2,10 y 2,32 dólares por galón a 2,98; reducción del Estado, con la supresión y fusión de ministerios y secretarías gubernamentales, de 40 solo quedan 20; "delegación, fusión y optimización" de las empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la aerolínea Tame y Correos del Ecuador; y la eliminación de privilegios para altos funcionarios, como el retiro del personal de seguridad a alguno de ellos. Estas medidas ya han generado protestas en el país.
El lunes 27 de agosto, jubilados y trabajadores del Ministerio de la
Salud marcharon hasta la Plaza Grande, frente al Palacio Presidencial,
para manifestar su descontento con los anuncios del mandatario. Una
movilización similar hicieron los miembros del Frente Unitario de
Trabajadores este miércoles; y ya hay convocadas manifestaciones para
este jueves 30 de agosto, y el 13 y 20 de septiembre.
"Crisis creada por razones políticas"
De
acuerdo con el economista y profesor ecuatoriano, Pablo Dávalos, "esta
es una crisis creada por razones políticas y en conformidad a los
intereses de los empresarios".
Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en la toma de poder, en Quito, 24 de mayo de 2017.
/ AFP
Para
entender este planteamiento, el economista señala que Moreno llegó al
poder, en mayo de 2017, "en una situación en la cual él se sentía rehén de circunstancias de un partido político [Alianza PAIS, del expresidente Rafael Correa], que le había acotado su espacio, sus movimientos". Correa
—dice Dávalos— deja a Moreno como su sucesor, pero "al mismo tiempo
había creado todas las circunstancias para que no tenga espacio". El
actual mandatario "se da cuenta de eso y de que su propia posición es
muy débil y que el sector que manejaba el gobierno incluso podría
retirarlo y asumir la presidencia", así que "empieza una lucha por la sobrevivencia política,
en la cual decide cortar todos esos hilos" con la anterior
administración; algo que otros analistas, como el historiador Juan Paz y
Miño, han definido como la "descorreización" del Estado. Antes
de entregar el gobierno, Correa, en una de sus alocuciones semanales,
dijo que iba a dejar "la mesa servida" a su sucesor. De esa frase se
valió Moreno, en julio de 2017 —a menos de dos meses de haber tomado el
poder—, para marcar distancia con sus antecesores, al señalar que "no hay tal mesa servida", alegando graves problemas fiscales y presupuestarios, y una deuda muy grande, entre otras razones. "Pero
no se trata de si tuvo o no tenía recursos, se trata de cortar esas
amarras, que le hacían rehén, que no le dejaban actuar. El discurso de
la mesa no servida le sirvió para ir cortando con el gobierno anterior",
explica Dávalos.
Posicionar el discurso de la crisis
A
partir de entonces, Moreno busca "posicionar el discurso de la crisis",
pero en una situación "contradictoria", dice el economista, porque
"dentro del ciclo económico no hay problema, la economía [ecuatoriana]
está creciendo". El mandatario, entonces, según Dávalos, hace
"acuerdos ideológicos-programáticos sobre la base de la crisis
económica" y decide "entregar el Ministerio de Economía a los empresarios,
a un representante del Comité Empresarial Ecuatoriano [el actual
ministro es Richard Martínez, expresidente de esa organización] y entrega la conducción económica a la derecha política".
Ministro de Economía de Ecuador, Richard Martínez, 16 de mayo de 2018.
/ Reuters
"Es
interesante, porque tenemos el escenario de crisis, sin que exista
crisis", enfatiza el especialista, quien hace referencia a que "el gobierno necesita la crisis, independientemente de que exista o no".
Los números indican lo contrario
El
economista explica que se habla de crisis "cuando el crecimiento de la
economía está por debajo de cero". En cuestiones prácticas, señala con
más claridad que "si un trimestre baja, crisis; si el siguiente baja,
crisis; si el tercero baja, recesión". Para entender aún más, Dávalos comenta que en la economía de un país hay dos sectores a tomar en cuenta, el Real y el Fiscal. En el Sector Real
está el Producto Interno Bruto (PIB), que lo integran el consumo total,
la inversión, el gasto del Gobierno y las exportaciones: "Esta es la
producción interna del país", dice; pero a ello se le suman las
importaciones y se obtiene "el tamaño real de la economía, que es lo que
se llama Oferta Final".
De
acuerdo a los datos oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE), el
PIB del país cerró en 2017 en 104.295,9 millones de dólares, un monto
superior a los 99.937,7 de 2016 y los 99.290,4 de 2015. Lo mismo pasa
con la Oferta Final, que en 2017 cerró en 126.812,2 millones de dólares,
mucho más que los 118.942,4 de 2016 o los 123.105,8 de 2015. El BCE también informó que en el primer trimestre de 2018, el PIB creció un 1,9 % en relación al mismo lapso de 2017.
Banco Central del Ecuador (BCE)
De manera particular, por ejemplo, las exportaciones también han crecido. De enero a junio de 2017, según el BCE, fueron superiores a 9.000 millones de dólares; y en el mismo lapso de 2018, mayores a 10.000 millones de dólares. Aunado a ello, el precio del petróleo ha aumentado, en relación a cuánto se comercializaba al momento de Moreno asumir la presidencia. El
año pasado, cuando se hizo la Proforma del Presupuesto General del
Estado para 2018, se basó en un precio promedio de exportación del
barril del petróleo en 41,92 dólares; actualmente, a fecha del 28 de
agosto de 2018, ese rubro se comercializa en 68,53 dólares, de acuerdo
al dato del BCE. "El Sector Real tiene indicadores positivos,
tienes crecimiento de las exportaciones, el precio del petróleo empezó a
subir, las remesas de migrantes han aumentado, etc.", dice Dávalos.
La provocada crisis en el sector fiscal
El economista señala que "el problema está en el Sector Fiscal", que el "el Gobierno está utilizando para provocar una crisis sobre el Sector Real". El
Sector Fiscal tiene dos ejes, el Ingreso y el Gasto del Gobierno. "El
gobierno baja el gasto y baja el ingreso, entonces el Sector Fiscal no
puede acompañar al Sector Real y la economía se detiene".
"Se produce una crisis, pero no es en el Sector Real, no es que
ha caído el precio del petróleo, no es que el dólar se ha sobreevaluado,
no es crisis externa, es crisis interna y el origen de la crisis está
provocada en el Sector Fiscal".
Pablo Dávalos, economista y profesor ecuatoriano.
Esas reducciones las hace el Gobierno de la siguiente manera. Baja el Ingreso
"a través de lo que se llama exoneraciones de impuestos y las
remisiones tributarias, 'a las empresas se le condonaron 4.600 millones
de dólares, que representan más o menos un 4 % del PIB'"; y el Gasto
"disminuye con despidos del sector público, desinversión y eliminación
de subsidios (todo presente dentro de las medidas económicas
aplicadas)". "Se produce una crisis, pero no es en el Sector Real,
no es que ha caído el precio del petróleo, no es que el dólar se ha
sobreevaluado, no es crisis externa, es crisis interna y el origen de la crisis está provocada en el Sector Fiscal",
enfatiza Dávalos, quien dice que "la economía está avanzando, pero el
Gobierno hace un frenazo y el PIB y la Oferta Final caen".
Privatizar: lo que importa a los empresarios
"Para
los aliados del Gobierno esta crisis es importante", porque "si hay
desinversión, entonces la obra pública se deteriora" y "para compensar la desinversión viene la privatización", menciona el economista. Esa
privatización significa transferir toda la obra pública que se creó en
el anterior gobierno, "que suma unos 30.000 millones de dólares", al
sector privado.
"Todo apunta a que el Gobierno está creando exprofeso la crisis
económica. Por eso es que muchos sectores sociales le cuestionan y
empiezan a salir a las calles y se puede producir la crisis de
gobernabilidad".
Pablo Dávalos, economista y profesor ecuatoriano.
Además de esa desinversión, los
empresarios se han beneficiado con los 4.600 millones perdonados por la
administración de Moreno; el mismo Gobierno que busca ahorrar apenas
1.000 millones con las medidas económicas anunciadas.
"Se vienen una grave inestabilidad política"
"Todo
apunta a que el Gobierno está creando exprofeso la crisis económica.
Por eso es que muchos sectores sociales le cuestionan y empiezan a salir
a las calles y se puede producir la crisis de gobernabilidad", señala Dávalos. Indica que "lo que se viene es una grave inestabilidad política, el presidente está en riesgo";
tomando en cuenta hechos pasados, como el derrocamiento de Lucio
Gutiérrez, en abril de 2005, por haber aumentado el costo del
combustible y no cumplir con su plan político. Edgar Romero G.
TELESUR
7 septiembre 2018
por Alfredo Jalife
Golpe de Estado contra Trump inducido por Washington Post y New York Times
Lo impactante del doble ataque es su concatenación con el
entierro del Senador John McCain, enemigo mortal de Trump, canonizado en
forma desmedida por el 'Deep State' de EEUU y con el rebote teatral del caso Skripal en Gran Bretaña que empeora más las relaciones con Rusia.
Es notable la coordinación operativa del The Washington
Post —propiedad de Jeff Bezos, mandamás de Amazon— y The New York Times.
El primero publica grandes extractos del próximo libro —que saldrá el
11 de septiembre, fecha fatídica 'per se'— del consagrado periodista Bob
Woodward: 'Miedo: Trump en la Casa Blanca'. Woodward detonó el 'Watergate' que llevó a la renuncia de Nixon. En tanto, The New York Times publica el artículo de opinión
—que algunos analistas vinculan a los intereses del megaespeculador
George Soros y de los Clinton— firmado por alguien que presuntamente
pertenece al primer círculo del presidente Trump, pero que no da su
nombre. El artículo se ilustra con una imagen en donde cuatro personas
jalan 'el cuerpo de EEUU' para evitar su caída al vacío. Ambos golpazos en última instancia evocan, promueven y
desembocan la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución que
pregona la remoción del presidente por su propio gabinete, debido a sus
desvaríos y conducta anómala. Para Woodward impera "un golpe de Estado administrativo"
en donde algunos de sus secretarios conspiran contra Trump: extrayendo u
ocultando documentos. La mayor parte de los asertos expuestos por Woodward han sido desmentidos por los implicados. El volcánico libro 'Miedo: Trump en la Casa Blanca' expone
revelaciones que ponen en tela de juicio la manera impetuosa de
gobernar de Trump. Según los extractos publicados, el presidente de EEUU
es catalogado por el general James Mattis, Secretario del Pentágono,
como "un alumno de primaria". Mattis, prosigue, recibió la orden de
asesinar con misiles al presidente sirio Bashar Asad, pero se negó. Por
su parte, el general John Kelly, jefe de Gabinete, lo tilda de "idiota" y
define a la Casa Blanca como un 'crazytown': una ciudad de locos. Tanto el libro como el artículo coinciden en señalar la
inestabilidad emocional de Trump. Según el libro, fue Gary Cohn,
anterior jefe de economistas de la Casa Blanca, quien robó un documento
de la mesa del presidente sobre Corea del Sur y que pudo haber tenido
efectos deletéreos. El articulo va mas lejos al exponer el sabotaje
deliberado a varias de las decisiones de Trump: "Haremos lo que podamos
para guiar a la Administración en la dirección correcta hasta que, de
una manera u otra, esto concluya". La frase "de una manera u otra" marca el beso del diablo
de parte de la Casa Blanca que puede ir desde orillarlo a la renuncia
(caso Nixon), un 'impeachment' (caso Clinton) o hasta el asesinato (caso
Kennedy). ¿Estará alguna facción del 'Deep State' estimulando un
golpe militar ante el imperante caos político y la ingobernabilidad a la
que propende EEUU? Por primera vez en la historia de EEUU, un periódico de la
talla del New York Times cruza el Rubicón de la supuesta información
neutral al publicar un artículo firmado por un anónimo quien se
identifica como "parte de la resistencia dentro de la Administración de
Trump". La defensa de Trump ha sido también resistente y desde la
aparición del artículo hasta un día después ha contestado sin descanso
buscando alebrestar a su base electoral para que salga a avalarlo de
aquí al 6 de noviembre, cuando se renueva la entera Cámara de
Representantes de 435 asientos, 35 de 100 senadores y 39 gobernadores.
El expresidente Obama participará apoyando a los candidatos del Partido
Demócrata que pudieran capturar la mayoría en la Cámara baja, según
encuestas recientes. Trump apuesta a un efecto bumerán en el que sus
"deplorables" partidarios, como los insultó la candidata perdedora
Hillary Clinton, salgan a dar la cara y se desplieguen electoralmente el
6 de noviembre. Trump ha calificado al autor anónimo de "cobarde y
traidor", además de fustigar al New York Times de "fracasado" y deslizar
el espectro de la "seguridad nacional" que habría puesto en juego el
rotativo, lo cual puede tener severas implicaciones judiciales. Incluso Trump ha puesto en tela de juicio la existencia de
tal anónimo. ¿Se habrá arriesgado tanto The New York Times? ¿Obligará
Trump al The New York Times a revelar el nombre del anónimo por razones
de seguridad nacional? Los comentaristas de los multimedios han escudriñado una
probable lista de 12 personas que pudieran encarnar la identidad del
anónimo. Mas que el volcánico libro de Woodward, el artículo
clandestino ha tenido el efecto de una bomba implosiva en la Casa Blanca
a grado tal que el vicepresidente, Mike Pence, el secretario de Estado,
Mike Pompeo, el jefe de gabinete John Kelly, y el director de
Inteligencia de EEUU, Dan Coats, han salido a negar que sean parte de
aquellos que han colocado al gabinete en su mayor crisis desde su
impetuoso inicio. Se desprende del artículo que el anónimo pertenece al
Partido Republicano, favorece el recorte de impuestos a las empresas,
las desregulaciones y los gastos militares que son calificados de
"puntos brillantes" de la Administración. Se deduce que el autor clandestino es partidario de John
McCain, a quien calificó en forma ditirámbica de "estrella polar". El
anónimo elaboró en forma concisa toda una programática a seguir por el
Ejecutivo, en el ámbito de la política exterior donde critica a los
"autócratas" de Rusia y Corea del Norte, y anhela restablecer los lazos
con los "aliados" democráticos de EEUU. En medio de la rebelión en su granja, Trump ha pasado a la
contraofensiva y culpa al 'Deep State' de intentar socavar su
presidencia: "el 'Deep State', la izquierda (sic) y su vehículo de los
'multimedia' de los 'Fake News' ya enloquecieron y no saben qué hacer".
Trump, un luchador nato, repite su frase electoral que lo llevó a la
presidencia: "Estoy drenando el pantano y el pantano contrataca". En forma curiosa tanto el anónimo como Trump coinciden al
fustigar a la 'izquierda' —Léase: el Partido Demócrata y su grupo de
choque Antifa,
financiado por George Soros, lo que ha profundizado las conjeturas que
se trata de una guerra civil dentro de otra guerra civil: la primera
guerra civil expone la fractura de los dos partidos y la segunda sucede
en el seno del Partido Republicano. Los dos meses que vienen serán
terribles de toma y daca. Sería un grave error de juicio creer que Trump —promotor
de peleas de boxeo como de concursos de belleza en la fase empresarial
de sus casinos— no combatirá felinamente hasta el final y sucumbirá a
los feroces ataques que lo tienen cercado desde el ámbito judicial hasta
su choque frontal con los multimedia y las redes sociales del GAFAT
(Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter), cuando en medio de la
tormenta todavía anhela en forma asombrosa su reelección. ¿Tendrá Trump todavía municiones en su arsenal de aquí al 6
de noviembre para propinar vigorosos revires a su plétora de
omnipotentes enemigos del 'Deep State'?
La Estrella de Panamá: John McCain, el ”héroe americano” que respaldó la tortura
| CUBADEBATE
Foto: EFE.
En medio del afinado concierto de la cobertura noticiosa del funeral del recién fallecido senador estadounidense, el diario La Estrella de Panamá publicó el artículo: John McCain, el ”héroe americano” que respaldó la tortura.
“Como una sinfonía bien sincronizada, los
principales medios estadounidenses y casi todo el espectro bipartidista
en Washington, han elevado a héroe nacional al senador por Arizona y dos
veces candidato presidencial, John McCain”, escribió el medio.
Además de recordar que, entre otras
invasiones del país norteño, el ‘héroe’ apoyó la de Panamá en diciembre
de 1989, el artículo firmado por Juan Cajar señaló que el desaparecido
político “deja un dudoso legado sobre la tortura, que aseguró haber
combatido, pero cuyo discurso no es avalado por la historia”.
El obituario rememora su nacimiento en Coco
Solo, cerca de la ciudad caribeña de Colón, en la entonces ocupada
franja canalera panameña (1903-1999), aunque su condición de zonians no
le impidió apoyar la masacre contra parte de la población civil de la
tierra que lo vio nacer.
Señaló el texto una cronológica descripción
del tema de la tortura en el debate de los centros estadounidenses de
poder, donde resaltó el ambivalente discurso de McCain, a pesar de las
espeluznantes imágenes de los desmanes de militares en la prisión iraquí
de Abu Ghraib.
El voto del ‘héroe’ apoyó a la
administración de George W. Bush, cuando en 2008 el Senado pretendió
quitar la carta blanca que mantenía la Central de Inteligencia de
Estados Unidos (CIA) para las torturas, que eufemísticamente llama
‘técnicas de interrogatorio mejoradas’.
Pero tal vez en el ocaso de su existencia,
McCain definió su postura real, cuando tras rechazar el nombramiento al
frente de la CIA de Gina Haspel, torturadora de Abu Ghraib, la describió
como ‘una patriota que ama (al) país y ha dedicado su vida profesional a
su servicio y defensa’.
Como conclusión, el autor del artículo
señaló que ‘McCain entraría al panteón de los héroes americanos, donde
torturar y ser patriota parecen ser dos caras de una misma moneda’.
En abierto contraste con el periódico, el
presidente panameño Juan Carlos Varela asistió al funeral y ofreció en
su Twitter ‘nuestras condolencias al pueblo de los Estados Unidos y a la
familia del senador John McCain, por la partida de un hombre que
defendió y amó a su país, luchó por la democracia y la paz en el mundo’.
Gobierno de Trump intenta permitir la detención por tiempo indefinido de familias inmigrantes
El
Gobierno de Trump tomó medidas el jueves para eliminar los límites de
tiempo impuestos por tribunales para la detención de los menores
migrantes. La propuesta permitiría que las familias inmigrantes
permanezcan detenidas por tiempo indefinido, poniendo fin al acuerdo de
Flores de 1997, que indica que los menores no pueden ser encarcelados
por más de 20 días. Casi 500 menores continúan separados de sus padres,
más de un mes después de que se cumpliera el plazo límite que impuso un
tribunal para que el Gobierno de Trump reuniera a todas las familias
separadas. Esto sucede en tanto un importante abogado de la Unión
Estadounidense por las Libertades Civiles afirmó que, al parecer, los
oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los
Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés)
tenían acceso a los números telefónicos de cientos de padres de menores
que fueron separados en la frontera desde antes de que se cumpliera el
plazo, el 26 de junio, para las reunificaciones familiares, pero los
retuvieron deliberadamente durante meses. Visite democracynow.org/es
para ver más información sobre la políticas de separaciones familiares
del Gobierno de Trump.
El senador Cory Booker divulga documentos de Kavanaugh en acto de “desobediencia civil”
El
juez nominado para la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, enfrenta hoy el
último día de las audiencias de confirmación en el Capitolio, un día
después de que los procedimientos tomaran un giro dramático cuando
senadores demócratas comenzaron a divulgar documentos confidenciales
sobre el desempeño de Kavanaugh en la Casa Blanca durante el mandato de
George W. Bush. La divulgación fue iniciada por Cory Booker, de Nueva
Jersey, quien afirmó que está dispuesto a arriesgar su carrera como
senador al violar deliberadamente las normas que prohíben revelar
información protegida; esa fue la respuesta de Booker ante la decisión
del Gobierno de Trump de retener más de 100.000 páginas de los registros
de Kavanaugh, basándose en el privilegio presidencial.
El senador Cory Booker expresó: “Desciendo de una
larga tradición, como todos nosotros, de estadounidenses que entienden
qué clase de desobediencia civil es esta, y entiendo las consecuencias.
De modo que estoy aquí, y antes de que finalice el proceso voy a
divulgar el correo electrónico sobre los perfiles raciales, y entiendo
que la sanción podría implicar mi destitución del Senado”.
Nuevos documentos contradicen testimonio de Kavanaugh realizado bajo juramento
El
drama se produjo al tiempo que el periódico The New York Times divulgó
que Kavanaugh, cuando trabajaba como abogado de la Casa Blanca, escribió
en un correo electrónico en 2003 que no consideraba que el histórico
fallo judicial Roe contra Wade, la decisión de la Corte Suprema que
legalizó el aborto, fuera un “derecho consolidado”. Esto contradice la
declaración que Kavanaugh realizó bajo juramento el miércoles, en la que
describía el derecho a abortar como establecido en el fallo Roe contra
Wade y como un “importante precedente”. Otros documentos recientemente
divulgados parecen indicar que Kavanaugh habría mentido bajo juramento
en audiencias para su nominación para el tribunal estadounidense de
apelaciones en 2004 y 2006. Los documentos sugieren que Kavanaugh habría
declarado falsamente que no estaba al tanto de las comunicaciones y
documentos confidenciales que fueron robados a senadores demócratas.
El
Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración de EE.UU.
solicitan millones de registros de votaciones de Carolina del Norte
El Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE,
por su sigla en inglés) solicitaron millones de registros de votaciones
de 44 condados de Carolina del Norte, generando temores sobre un
posible estancamiento burocrático a sólo unas semanas de las elecciones
de mitad del período. Esta solicitud de documentos sin precedentes se
produjo luego de que autoridades federales afirmaran que unas 19
personas sin ciudadanía votaron ilegalmente en Carolina del Norte en las
elecciones de 2016. El presidente Trump ha afirmado falsamente en
reiteradas ocasiones que millones de personas votaron ilegalmente en
todo el país en 2016. John Carella, abogado especializado en el derecho
al voto de The Southern Coalition for Social Justice, declaró a la
prensa: “Es un intento de alimentar y generar la idea de que las leyes
de identificación de votantes y otros tipos de restricciones serían algo
apropiado”.
Altos funcionarios del Gobierno de Trump niegan haber escrito mordaz artículo de opinión anónimo
La
Casa Blanca informó que elaboró una lista con una docena de posibles
autoridades que podrían estar detrás de un artículo anónimo de opinión
publicado el jueves en el periódico The New York Times, que afirmaba que
se encontraba en marcha una “resistencia silenciosa” dentro del
Gobierno de Trump con el fin de frenar su comportamiento impulsivo. En
el singular artículo de opinión, el funcionario anónimo se refiere a
Trump como inmoral, errático, mal informado e imprudente, con ideas “a
medias”. El jueves, numerosas autoridades de Gobierno de Trump negaron
haber escrito el artículo, incluyendo el director del Pentágono, James
Mattis; el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el vicepresidente,
Mike Pence; el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats; el asesor
de Seguridad Nacional John Bolton; la secretaria de Seguridad Nacional,
Kirstjen Nielsen, entre otros. El senador republicano de Kentucky Rand
Paul afirmó el jueves que la Casa Blanca debería exigir que las
autoridades del Gobierno pasen por un detector de mentiras.
Juicio contra mercenario de Blackwater por la masacre de Bagdad culmina sin que el jurado pueda llegar a acuerdo
En
Washington DC, el jurado de un tribunal federal llegó a un punto muerto
el jueves sobre la decisión de condenar al ex guardia de Blackwater
Nicholas Slatten por cargos de asesinato por su papel en la masacre de
2007 en Nisoor Square, en el centro de Bagdad, donde guardias de
Blackwater mataron a 17 civiles tras abrir fuego con ametralladoras y
arrojar granadas sobre un concurrido espacio público. El ataque ha sido
llamado “la masacre de My Lai de Irak”. En 2014, Slatten fue condenado
por cargos de asesinato por la masacre, y sentenciado a cadena perpetua,
pero un tribunal de apelaciones invalidó la condena y ordenó que se
realice un nuevo juicio contra Slatten, que culminó el jueves cuando los
miembros del jurado no lograron llegar a un acuerdo.
Minga Informativa de Movimientos Sociales
¡Llamado de Movilización! 10 de septiembre
Día Internacional de Lucha contra la OMC y los Tratados de Libre Comercio
Vía Campesina
2018-09-05 16:00:00
La
Vía Campesina: La OMC y una serie de Acuerdos de Libre Comercio,
bilaterales y multilaterales, han creado niveles criminales de
desigualdad.
(Harare, 3 de Septiembre de 218)
Organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que
promueven directa e indirectamente una serie de acuerdos comerciales
bilaterales y multilaterales, han creado un nivel criminal de
desigualdad en este mundo, donde según los informes, el 82% de la riqueza mundial está actualmente controlada por el 1% de la población.[1]
El hambre mundial está aumentando de
nuevo y la Soberanía Alimentaria de los pueblos está bajo una grave
amenaza. Esto es el resultado de una presión persistente, durante siete
décadas, para adoptar políticas neoliberales, que promueven regímenes de
“libre comercio” en todo el mundo. La privatización y la desregulación
que surgieron como consecuencia han enriquecido a los ricos, mientras
que la pobreza y el hambre en el mundo continúan a niveles cínicamente
altos.
Es un delito imperdonable que pone en
tela de juicio la existencia de estas instituciones y los acuerdos de
libre comercio que promueven. Todo lo que estos acuerdos han garantizado
es la libertad de las Corporaciones Multinacionales para el dumping de
alimentos baratos a países económicamente más débiles, después de haber
recibido grandes subsidios de sus gobiernos ricos.
Esto, unido a un impulso para un sistema
agrícola industrial es la causa de que los granos alimenticios sean
vistos como productos con los que hay que especular y comerciar, con
campesinxs y agricultorxs familiares que no pueden siquiera cubrir el
costo del cultivo. Todo ello ha destruido las comunidades campesinas y
ha arrasado con los mercados de los pescadorxs y campesinxs. El aumento
de la privatización de los servicios ha aumentado el costo de la vida,
mientras que los niveles de ingresos de los hogares campesinos se han
desplomado. La deuda resultante ha empujado a millones de hogares
campesinos a contraer una deuda profunda.
Este sistema de agricultura industrial
promovido por el trío criminal de la OMC, el Banco Mundial y el FMI,
ha llevado a la consolidación y el control de la cadena alimentaria
mundial en manos de algunas corporaciones de agronegocio, creando un
impacto devastador para el planeta, su gente y todas las especies vivas.
¡Organizar, formar y movilizar!
Fue para resaltar esta violación extrema
en la vida en el campo que el 10 de septiembre de 2003, Lee Kyung Hae –
un cultivador de arroz de Corea del Sur y líder de nuestro movimiento
campesino – se quitó la vida fuera de la reunión ministerial de la OMC
en Cancún, México. Mientras sacrificaba su vida para exponer los
crímenes de la OMC y los acuerdos de libre comercio, Lee sostenía una
pancarta que decía “La OMC mata a los campesinxs”.
Desde ese día, hemos tomado la fecha del 10 de septiembre para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la OMC y los Acuerdos de Libre Comercio,
movilizando a nuestros miembros contra el asalto del capitalismo global
y los regímenes de mercado libre. Hemos denunciado a la OMC en todas
las reuniones ministeriales celebradas desde entonces mediante acciones
directas.
Este año también intensificaremos la
resistencia. Varios acuerdos bilaterales y multilaterales como RCEP,
CPTPP, UE-Mercosur, CETA y otros se están negociando frenéticamente por
países y organismos mundiales a puertas cerradas, sin respetar la
democracia y la soberanía nacional.
En el período previo al 10 de
septiembre, llamamos a todas nuestras organizaciones miembros, aliadxs,
partidarixs en las ciudades y los campos, y todos lxs amigxs a organizar
marchas, reuniones públicas y acciones que continuarán denunciando la
existencia de la OMC, el Banco Mundial y el FMI, además de exponer los
detalles de estos acuerdos que amenazan con quitarle la Soberanía
Alimentaria a las personas y permitir la expansión de los mercados para
los agronegocios multinacionales.
Debemos hacernos eco todxs, en nuestras
propias y diversas formas de lucha descentralizadas, del llamamiento que
hizo Lee Kyung Hae: “La OMC y los acuerdos de libre comercio matan campesinxs“.
El 10 de septiembre, La Vía Campesina
también anunciará un esfuerzo de movilización masiva contra el trío
criminal del Banco Mundial, el FMI y la OMC. Instamos a todas nuestras
organizaciones miembros a permanecer juntxs y mostrar el poder de la
resistencia de los pueblos.
¡En marcha, ahora!
¡La OMC mata a campesinxs!
¡La Agricultura fuera de todas las negociaciones de Libre Comercio!
¡Queremos Soberanía Alimentaria, no Libre Comercio!
—————————————————–
¡Visibilizar nuestras luchas!
Envíen la información sobre las acciones planeadas a lvcweb@viacampesina.org o compártanla por Whatsapp y Telegram con Nyoni/Abhilash – < +263 772 441 909 ó +91 9717250202>
También pueden etiquetar las páginas oficiales de La Vía Campesina en Facebook y Twitter
Un fiscal argentino imputa a Macri y a parte de su Gobierno por el acuerdo con el FMI
Acusa al presidente argentino de "abuso de autoridad y
violación del deber de funcionario público", al no haber sometido a
debate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El presidente Macri, durante un acto en Buenos Aires. ( REUTERS)
Un fiscal argentino imputó a última hora del miércoles al presidente Mauricio Macri y varios miembros de su Gobierno por "abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público", al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que solicitó sea paralizado.
Jorge di Lello, que hace así lugar a una denuncia
presentada por miembros del partido político Unidad Popular, del
Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la
Ciudad, envió un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie
formalmente una investigación penal contra la cúpula del Gobierno.
Además de Macri, el fiscal imputó al jefe del
Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás
Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y "todo aquél que
el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable".
"Considero que el análisis realizado por los
denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado
formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de
prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido", explica el
fiscal Di Lello en su resolución, divulgada por los denunciantes.
En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo
señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar el
pasado junio con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares es
"violatoria de la Constitución".
Según disposiciones legales a las que hacen referencia, el Poder Ejecutivo tenía que haber sometido el acuerdo al estudio del Legislativo, algo que no ocurrió al interpretar el oficialismo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia.
"El acuerdo con el FMI no cuenta con aprobación del
Congreso. Por lo tanto, el presidente de la Nación y los funcionarios y
ministros que han operativizado su firma y ejecución se está arrogando
facultades del Congreso", añaden los denunciantes.
Asimismo, exigen que cautelarmente se suspenda la
ejecución del acuerdo y que el Gobierno se abstenga de" futuros retiros o
solicitud de fondos" de ese plan y del uso de los fondos de dinero ya
transferidos (15.000 millones).
Con base en esto, Di Lello le transmitió a Ercolini
que confía en su "elevado criterio" para decidir si corresponde dictar
estas medidas y así evitar los "perjuicios económicos y sociales" que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del programa financiero, o bien permitir que continúe el plan.
"Ahora está en manos del juez federal Ercolini frenar
el acuerdo y proseguir con la investigación de este endeudamiento
unilateral firmado por el Gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de
los representantes de la ciudadanía Argentina", señalaron los
denunciantes en un comunicado.
Esta situación se da el mismo día en que Dujovne se
reunió en Washington con la directora gerente del FMI, Christine
Lagarde, para renegociar el convenio con el fin de acelerar el cobro de
una nueva partida de los 50.000 millones de dólares.
Macri, que reitera que este acuerdo es la vía para lograr salir de la"tormenta" económica
que afecta al país, busca con estas nuevas conversaciones hacer frente
al agravamiento de la devaluación que sufre el peso desde finales de
abril pasado, que está generando grandes desequilibrios y afectando en
gran medida a la inflación y a la actividad económica.
El fiscal Di Lello pidió que se investigue al Presidente y a sus ministros por abuso de autoridad
Macri imputado por el acuerdo con el FMI
La
denuncia realizada por el ex diputado Lozano cuestionó que el
millonario acuerdo con el organismo no haya pasado por el Congreso. La
decisión de iniciar la causa quedó en manos del juez federal Julián
Ercolini.
Los denunciantes cuestionaron que el acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso ni se incluyó en el presupuesto. Imagen: NA
Un
dictamen del fiscal Jorge Di Lello alteró la inercia de Comodoro Py,
donde la mayor parte de la actividad apunta hacia el gobierno anterior, e
imputó esta vez a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al
ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al titular del Banco Central,
Luis Caputo. Dice que pudieron haber cometido abuso de autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber firmado
un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que el tema
pasara por el Congreso, donde se debió impulsar por una ley específica o
mediante su inclusión en la ley de presupuesto. Di Lello se basa en la
denuncia que hicieron Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes
alegan que lo que está en juego es una operación de crédito o
“empréstito” que, según la Constitución Nacional es indelegable en el
Poder Ejecutivo. Los denunciantes pidieron también una medida cautelar
para que sea dejado en suspenso el acuerdo firmado en junio por 50.000
millones de dólares por tres años, suma de la cual ya fueron
desembolsados 15.000 millones. La decisión ahora está en manos del juez
federal Julián Ercolini. En el plano político y en función de los planteos
judiciales, algunas especulaciones indicaban que el Gobierno podía
llegar a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso para el debate del
presupuesto. Pero en la Casa Rosada lo niegan. El argumento –en el que
coinciden con el senador Miguel Angel Pichetto– es que la ley de
Administración Financiera dice que los empréstitos deben pasar por el
Congreso, con una excepción: “las operaciones de crédito público que
formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros
internacionales de los que la nación forma parte”. En la oposición
argumentan que en ese punto la ley se refiere a acuerdos con el Banco
Mundial o instituciones semejantes, por montos reducidos, y no a un
gigantesco plan que compromete las finanzas del país por muchos años. El
otro argumento que utilizará el Gobierno para volver a eludir el
Congreso, es que lo pactado “no fija condicionalidades salvo e material
fiscal; es nuestro plan el que se aplica y todo lo que acordamos es que
en lugar de 1,3 de déficit primario será cero o 0,4 por ciento del PBI,
no son ellos los que imponen esto”. En este punto, nuevamente, en la
oposición afirman que semejante volumen de deuda y de compromiso de pago
de intereses y capital, no puede firmarse sin el voto de las dos
cámaras. Contra el planteo de que para acordar con el FMI cabe la excepción de
la Ley de Administración que aparece en el artículo 60, Lozano y
Baldivieso advirtieron en un su denuncia que esa norma no está vigente.
Fue promulgada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que,
con disposiciones contrarias, tuvo el efecto de derogarla. El artículo
76 tras la reforma estableció que se prohíbe la delegación de facultades
al Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o
emergencia pública. Si bien hubo prórrogas que demoraron la aplicación
de la nueva normativa, la última caducó en agosto de 2010. La
Constitución reformada, además, en el artículo 75 establece que
corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la
Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Por eso la
presentación judicial inicial decía: “el Poder Ejecutivo no cuenta con
autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000
millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo
Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y
firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta…”
También recuerdan que la ley de presupuesto votada para este año no
contempló el acuerdo con el Fondo. “Hemos hecho esta presentación porque creemos que los acuerdos con el
Fondo son absolutamente dañinos y porque la Constitución así lo manda;
hay que sumar que el FMI está violando su propio estatuto, que dice que
no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales”, señaló
Lozano, que presidente le partido Unidad Popular. “La corrida cambiaria y
el acuerdo con el Fondo han producido un shock recesivo , un derrumbe
de la actividad económica. Nosotros no estamos de acuerdo con la
estrategia que entiende que el ante la falta de dólares el camino es la
recesión y la caída de la actividad”, subrayó. Contó que además de la
denuncia penal, presentó un amparo en el fuero contencioso
administrativo. Di Lello le dio crédito a la denuncia, consideró que hay elementos
para sospechar que se cometieron delitos pero le pidió a Ercolini que
sea él quien decida si admite o no la cautelar para dejar el acuerdo en
suspenso, lo que suena bastante improbable. El fiscal, de todos modos,
pidió informes al ministerio de Economía con la resoluciones por las que
se contrajo deuda y el acuerdo específico stand by por 50.000 millones;
el testimonio del jefe de gabinete del ministerio de Economía, para
comprender la ejecución del acuerdo; otro informe de la comisión
bicameral del Congreso que revisa la legislación y el testimonio de su
titular; la ley de presupuesto y una declaración ampliada de los
denunciantes. Ahora se verá qué margen tiene Di Lello para llevar
adelante una investigación judicial.
Retrocedieron 8 por ciento interanual en agosto y en el año bajan 3,7 por ciento
Las ventas minoristas caen en picada
Todos
los rubros se retrajeron. Las caídas superaron al 10 por ciento en 7 de
los 17 grandes ramos medidos, siendo especialmente profundos los
desplomes en Materiales eléctricos y ferreterías, Textil-blanco y
Electrodomésticos.
PÁGINA 12 - 03 de septiembre de 2018
En Indumentaria, las operaciones descendieron 8,7 por ciento frente al mismo mes de 2017. Imagen: Sandra Cartasso
Las
ventas minoristas retrocedieron en agosto un 8 por ciento interanual y
en lo que va del año la caída acumulada es de 3,7 por ciento, según
informó ayer CAME. Todos los rubros minoristas se retrajeron en la
comparación anual. Las caídas superaron al 10 por ciento en 7 de los 17
grandes ramos medidos, siendo especialmente profundos los desplomes en
Materiales eléctricos y ferreterías (-13 por ciento), Textil-blanco
(-12,4) y Electrodomésticos (-11,1 por ciento). El 68,4 por ciento de los comercios consultados tuvieron el
mes pasado descensos anuales en sus ventas, el 23 por ciento crecieron y
el 8,6 por ciento se mantuvo sin cambios. “A pesar de la abundancia de
ofertas en sectores como Indumentaria, Calzados, Bazares, Textil blanco,
Marroquinería, entre otros, eso sólo ayudó para generar liquidez y
evitar una reducción mayor”, aseguró CAME en su informe. En Electrodomésticos y artículos electrónicos, la caída interanual
fue de 11,1 por ciento y de 4,1 por ciento anual. “La salida de esos
productos se vio muy retraída por la resistencia de la gente a
endeudarse con las tarjetas. Se despacharon más que nada accesorios, y
artículos de bajo valor. El que tenía que renovar electrodomésticos más
importantes, puso la compra en compás de espera”, destacó CAME. En Indumentaria, las operaciones descendieron 8,7 por ciento frente
al mismo mes de 2017, y llevan una retracción del 4,7 por ciento en lo
que va de este año (siempre medidas a precios constantes). Predominaron
las ofertas, los 3x2, 2x1 y descuentos de hasta 50 por ciento, pero aun
así, la gente compró muy poco. Sobre fin de mes, mientras se realizaba
el relevamiento de CAME, se observaron comercios con muy poca
mercadería, porque frente a la incertidumbre cambiaria, muchos
empresarios prefirieron no vender a liquidar a precios que luego no
pudieran reponer. En “Calzados”, las ventas se hundieron 9,2 por ciento
en la comparación interanual y acumulan un retroceso de 4,5 por ciento
en ocho meses. El informe de CAME destacó que hubo buenos precios en el
mercado, liquidaciones con hasta 60 por ciento de descuentos, pero igual
poco consumo. En Alimentos y bebidas, las ventas a precios constantes bajaron 4,8
por ciento anual y suman un achicamiento de 1,9 por ciento en los
primeros ocho meses del año. “La gente va más al negocio de barrio,
compra lo que necesita para uno o dos días y vuelve. Busca terceras
marcas, comidas más económicas, prescinde de la bebida y de los
productos complementarios. Muchos locales aumentaron la venta fiada con
sus clientes más conocidos, frente al rebote de las tarjetas por falta
de fondos”, sostuvo CAME, terminando de delinear un panorama desolador. El relevamiento cubrió un universo de 2000 comercios pymes de Ciudad
de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el interior del país, en los
principales rubros que concentran la venta minorista familiar. Se
incluyeron negocios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas
comerciales de ciudades pequeñas, medianas y grandes a través de un
equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales de cada
provincia, en CABA y en Gran Buenos Aires.
El fracaso del Pro y el regreso de las retenciones
Macri, el rey de los arrepentidos
Qué
se oculta detrás del revival de las retenciones, la única salida que el
Gobierno y sus voceros económicos y periodísticos parecen haber
encontrado en su carrera hacia el abismo. Un insólito homenaje a las
políticas “populistas” convertido en la garantía de que todos los
apostadores en la timba financiera puedan abandonar el abismo argentino.
El
verdadero arrepentido es Mauricio Macri. En el más actual sentido del
término. Como a los otros empresarios de la trama de las fotocopias, no
le interesa reconocer la verdad de lo ocurrido sino solo el recorte que
cree que lo beneficia. Macri es el Presidente, por lo que su área de
arrepentimiento va mucho más allá de la cuota parte de la corrupción que
le corresponde por su participación en el “club de la obra pública”. El área donde estos días Macri se muestra arrepentido es la del
manejo de la economía nacional. Y no solo Macri. Todos los economistas
ortodoxos y sus correspondientes voceros periodísticos descubrieron las
bondades de las retenciones, el control de capitales y cuanta
herramienta utilizara el anterior gobierno para impedir que “los
mercados” se lo llevaran puesto. Cuando el PRO asumió la Presidencia con su menú de devaluación, baja
de retenciones y quita de subsidios a los servicios, este diario
anticipó cuál sería el resultado. Cometió solo un error en el cálculo
del tiempo: creyó que el deterioro sería más lento, que el colchón de
derechos y bienestar alcanzados tardaría más en ser destruido, que el
inevitable pedido de rescate al FMI ocurriría años después y que el
fantasma del default tardaría más en corporizarse. Basta hojear cualquier diario para descubrir que ese futuro ya llegó. Aunque no parezca por todo lo ya retrocedido, también es cierto que
todavía no pegó de lleno en la vida cotidiana, que el traslado a precios
de la megadevaluación recién está empezando y que los índices de
desocupación y derrumbe del consumo están precalentando. Ese futuro ya
llegará. Pronto. Desde que asumió, Macri se llena la boca con la necesidad de bajar el
déficit fiscal. Pero lo único que hizo fue aumentarlo. Todo lo que les
sacó a los sectores populares con la quita a los subsidios a la energía y
el transporte se los dio con creces a los empresarios más concentrados
del agro y la minería con la quita de las retenciones. Todo lo que les
sacó a los asalariados con la devaluación del peso y sus sueldos, se los
dio a los formadores de precios que no dejaron de crecer (la inflación
de los años macristas supera a cualquiera de los años kirchneristas, sea
cual sea la medición que se utilice). El gran cambio de Cambiemos no estuvo en la baja del déficit sino en
la decisión de recurrir a la deuda externa para financiarlo. La llegada
de la Ceocracia no alcanzó para lograr la lluvia de inversiones
prometida, pero sí para justificar la inundación de bonos y letras del
tesoro que en solo dos años (partiendo del desendeudamiento casi
absoluto heredado) transformó el pago de intereses en el rubro que más
crece en el presupuesto y dejó al país de nuevo a la orilla de otro
default. A su paleta de aprendices de brujo sumaron la eliminación de
cualquier control al derroche de dólares. La liquidación de divisas dejó
de ser obligatoria, se eliminaron los recargos a los consumos en el
exterior y se abrieron las puertas a la posibilidad de hacerlo sin
siquiera emprender algún viaje. Semejante desastre consiguió un milagro. Todo lo que hasta ayer
parecía haber destruido al país volvió transformado en remedio milagroso
para salir del abismo. Las retenciones tienen ahora ese no sé qué que las hacen
irresistibles. Algunos dicen que se justifican porque solo actúan sobre
las rentas extraordinarias generadas por la megadevaluación (¿algún
parecido con diciembre de 2015?), otros prefieren explicar (al mejor
estilo Aldo Ferrer) que “también les ponen un techo a los precios en el
mercado interno”. El recargo a los consumos en el exterior (de nuevo en
estudio) restringiría el derroche de divisas a los que realmente puedan
afrontarlo (y de paso impediría incómodas aglomeraciones de advenedizos
en los mejores destinos turísticos). En pocas palabras, Macri y los macristas no tienen más remedio que
volver al menú de opciones del “populismo” a la hora de poner un poco de
sensatez frente a la corrida hacia el abismo. Resulta difícil imaginar
un homenaje más grande a las denostadas políticas del pasado o, como
diría el Marqués de Sade, del vicio a la virtud. Pero existe una diferencia (ay, siempre hay un pero). Durante los doce años de los gobiernos anteriores, lo recaudado por
las retenciones estuvo destinado a sostener políticas de redistribución
del ingreso, de ampliación creciente de los puestos de trabajo, de
defensa de la industria y la producción nacionales. Las actuales propuestas de resucitar las retenciones están pensadas
para pagar la deuda contraída estos años por el macrismo. En otras
palabras, para garantizar que todos los que pusieron su plata en la
timba financiera recuperen lo invertido. Al FMI, y a todos los propagandistas de las recetas liberales, la
intervención estatal les repugnaba mientras servía a una política de
desarrollo basada en el trabajo y el consumo popular. Al FMI, y a todos
los propagandistas de las recetas liberales, la intervención estatal les
resulta completamente justificada cuando sirve para financiar la fuga
de capitales. Por las dudas, todos hacen la señal de la cruz al nombrar las
palabras malditas (“retenciones”, “control de capitales”) y aclaran
enseguida que serían medidas extraordinarias y pasajeras. Solo para
pasar la “tormenta”. También todos aclaran que no vendrán solas. Que lo que realmente
servirá para conformar a “los mercados” es el ajuste en los “gastos”. Y
entienden por gasto todo aquello que sirve a la inmensa mayoría de la
población que no vive de la especulación: la educación, la salud, la
seguridad en el sentido más amplio de la palabra, las jubilaciones y
pensiones (asignaciones incluidas) que permiten la sobrevivencia de los
despreciados por el sistema laboral. El diario La Nación se encargó de resumir ese programa en su
imperdible editorial del viernes pasado. (Aquí hace falta abrir un
paréntesis. El espacio editorial de La Nación no es cualquier lugar.
Allí se escribió el reclamo, también en forma de programa, sobre lo que
debía ser la política de derechos humanos de Cambiemos apenas ganaron
las elecciones. Parecía mucho, y hasta mereció un repudio de su
personal, pero poco a poco se fue aplicando. Y ese es solo un ejemplo.)
Prolijamente ordenados, aparecen los siete puntos que debería
cumplimentar el Gobierno para “abandonar el círculo vicioso” y
transformarlo “en uno virtuoso para salir de la crisis”. En breve resumen: a) una reforma laboral a la brasileña y una
desgravación impositiva a empresas y empresarios; b) achicar el Estado
desplazando todo el personal “sobrante”; c) reforma de la
coparticipación para achicar el gasto provincial; d) aceleración del fin
de los subsidios a las tarifas; e) revisar todos los planes sociales
para dejar solo los que obedecen a “estrictas necesidades” (adiós a la
red de protección construida en tantos años); f) igualar de inmediato
las jubilaciones en 65 años (sin diferencia de géneros) para incrementar
la edad en los próximos años; g) que los que usen un servicio paguen su
costo. Es todo lo que seguramente Macri siempre soñó y nunca se atrevió a
implementar a la sombra de la ilusión “gradualista”. Corrido por la
crisis, el Gobierno estudia en estos días reimplantar retenciones y
restricciones al derroche en el uso de los dólares. Nadie sabe si
finalmente el “arrepentimiento” alcanzará para implementarlos. Pero lo
que sí es seguro es que del programa que le recordó La Nación no se
arrepentirá jamás.
Internacionalismo obrero
Se conformó el espacio "Confluencia Fuera G20/FMI"
La CTA
Autónoma participó activamente este fin de semana en la la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires del encuentro para
organizar la resistencia social al G20 y las políticas impulsadas por el
FMI. A pesar de la crisis que envuelve al país, la Cumbre de Líderes
del G20 está programada para realizarse del 30 de noviembre al 1 de
diciembre de 2018 en la capital argentina.
En el marco de una fuerte crisis económica que atraviesa la
Argentina, que se expresa en despidos masivos, recorte presupuestario,
crecimiento del endeudamiento y disparada del dólar, representantes de
organizaciones sindicales, sociales y políticas se reunieron en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para organizar la resistencia a
la Cumbre del G20. Fueron dos jornadas de carácter federal con
perspectiva internacional. El viernes 31 de agosto y el sábado 1 de
setiembre se encontraron más de 200 representantes de organizaciones del
país y la región. Entre las organizaciones locales presentes estuvieron la CTA
Autónoma, ATTAC Argentina, Jubileo Sur, ATE, Frente Darío Santillán,
Movimiento Evita, CTEP, Libres del Sur, PSTU, Movimiento Campesino de
Misiones, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Red Amigos de la
Tierra, Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, Multisectorial
Anti-Extractivista, Sociedad de Economía Crítica y CLATE, entre otros. El viernes 31 la actividad se organizó en 5 comisiones de trabajo
sobre mujeres, salud y seguridad social, trabajo, educación y bienes
comunes, cambio climático y soberanía alimentaria. El sábado 1 se
abordaron las conclusiones del día anterior y se organizaron las
comisiones de comunicación, logística, formación y relaciones políticas. Se acordó trabajar en un espacio de unidad bajo el nombre de
Confluencia Fuera G20-FMI y realizar un llamamiento a los pueblos y
movimientos sociales del mundo a movilizarse durante noviembre y
diciembre en todos los países, así como a estar presentes en Buenos
Aires contra el G20 y su agenda de dominación.
¿Qué proponen el G20 y el FMI?
El Grupo de los 20, constituido a fines de los años ’90, está
compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados
Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido,
Rusia, Sudáfrica y Turquía. Adquirió un rol importante como foro internacional a partir de la
crisis financiera de 2008, momento a partir del cual se utilizarían sus
reuniones para acordar políticas de regulación y estabilización del
sistema financiero internacional. Al recibir asesoría del FMI, del Banco
Mundial y de la OCDE, el G20 fortalece posiciones conservadoras y pro
establishment en las discusiones debido a que esas organizaciones son
dominadas por los países más desarrollados. Por ese motivo desde el sindicalismo y los movimientos sociales
existe un llamado a construir una agenda alternativa en las calles, para
enfrentar al neoliberalismo que concentra riquezas y marginaliza a los
pueblos. Durante la Cumbre de Líderes del G20 que se desarrollará en
Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se esperan
movilizaciones masivas de las organizaciones de todo el campo popular,
tanto locales como de fuera del país.
* Equipo de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA
Relaciones internacionales
La CTA Autónoma participó del Labour20 en Mendoza junto a sindicatos de las economías más importantes del mundo
La
delegación de la CTA Autónoma encabezada por Ricardo Peidro, Secretario
General de la Central, Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones
Internacionales, Gonzalo Manzullo, Director de Relaciones
Internacionales y Roberto Macho, Secretario General de la CTA de
Mendoza, participaron activamente del Encuentro Labour20 (L20), ámbito
donde las centrales sindicales de los países integrantes del G20 debaten
la agenda alternativa y las necesidades de los trabajadores.
El Encuentro reúne a secretarios generales, presidentes y
representantes de primer nivel de centrales sindicales de China, Brasil,
Canadá, Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Sudáfrica, Japón, Rusia y
Estados Unidos, entre otras, además de Argentina. Destaca también la presencia de Sharan Burrow, Secretaria General de
la Confederación Sindical Internacional (CSI), Víctor Báez, Secretario
General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y Luca
Visentini, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES). La delegación de la CTA Autónoma participó de diferentes paneles
temáticos para discutir las prioridades y la agenda alternativa de los
trabajadores y trabajadoras frente a las recetas de los gobiernos
integrantes del G20. El debate abordó el análisis de las prioridades para esta edición de
la cumbre del G20, la transición justa para los y las trabajadores y
trabajadoras frente al cambio climático y las nuevas tecnologías, así
como la profundización de la organización al interior de las cadenas de
suministro. La pelea por salarios dignos, el acceso a la formación y la extensión
de la protección social a todos y todas los/as trabajadores y
trabajadoras fue uno de los ejes principales. Un lugar destacado tuvo
también la discusión en torno a la garantía de los derechos para los y
las migrantes y el debate sobre el papel de los sindicatos en el marco
de la crisis del sistema multilateral de decisiones entre los Estados.
La discusión sobre los desafíos para reducir las desigualdades y
alcanzar el trabajo decente para todos a escala global contó con la
presencia de Guy Ryder, Director General de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Las centrales sindicales argentinas, que fueron anfitrionas del
encuentro del L20, recibieron el reconocimiento del sindicalismo
internacional por la consolidación de una política internacional
sostenida que expresa la lucha del sindicalismo argentino para enfrentar
los desafíos de una nueva oleada neoliberal en la región. La delegación de la Central mantuvo una intensa actividad de
contactos bilaterales. Junto a Luca Visentini, Secretario General de la
CES, la central intercambió perspectivas sobre las negociaciones en
torno al Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y MERCOSUR y
acordaron la implementación de una estrategia conjunta para preservar
las fuentes de trabajo en ambas regiones. La central se entrevistó
también con miembros del equipo internacional de la Union General de
Trabajadores (UGT) de España y con la Presidenta de la central turca
DISK, junto a quien intercambiamos perspectivas sobre la crisis
económica y política en Argentina y Turquía, así como los peligros de la
tutela del Fondo Monetario Internacional sobre la soberanía y intereses
de los pueblos, frente al que ambas naciones se enfrentan. Durante el encuentro, tuvo lugar un momento de solidaridad de las
centrales invitadas que declararon su acompañamiento a la lucha por la
preservación de los puestos de trabajo y en contra del ajuste económico
del gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Ricardo Peidro realizó un balance del encuentro: “Ha sido un gran
intercambio con centrales sindicales de todo el mundo, donde pudimos
compartir visiones y desafíos para la clase trabajadora en momentos en
los que el sistema multilateral de decisiones cruje y la desigualdad
crece cada vez más, mientras los trabajadores y trabajadoras estamos en
el medio luchando por una vida digna. Por eso vinimos a expresar que no
sólo luchamos por la preservación de nuestros trabajos y por salarios
justos, sino que tenemos también una agenda propositiva basada en el
desarrollo productivo soberano y con justicia social.” Fito Aguirre caracterizó el momento que atraviesa la política
internacional: “Hoy más que nunca, es estratégico el fortalecimiento del
internacionalismo en el movimiento sindical. Ya que desde allí tenemos
la posibilidad de delinear resistencias ante la oleada neoliberal que se
cierne sobre nuestra región con ataque a los sindicatos, ajuste
económico y destrucción del empleo. En ese sentido, encontrarnos con
centrales hermanas de distintas regiones del mundo nos permitió afianzar
los lazos para articular estrategias conjuntas en un desafío que no
solo mira al futuro, sino también a los desafíos presentes para el
trabajo. Hemos recibido un gran respaldo a la lucha argentina contra las
políticas de ajuste de Macri y un reconocimiento a nuestra sostenida
política internacional”.
* Equipo de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA
Organismos nacionales paran el 12 y piden un anticipo del paro a la CGT
Lunes 3 de septiembre de 2018
Los
despidos masivos en la secretaría de Agricultura Familiar que afecta al
90% de los trabajadores en Río Negro, motivó a un llamado de ATE al paro
de organismos nacionales para el 12 de septiembre y el pedido a la CGT
de adelantar el paro general.
Frente
a la delegación de Bariloche donde fueron despedidos 11 trabajadores y
se puso en alquiler el edificio, un nutrido grupo de dirigentes
gremiales y políticos se manifestaron para denunciar la crítica
situación de los trabajadores públicos. La manifestación comenzó a las 9:30 con un corte total del tránsito en la calle San Martín, con bombos, pancartas y redoblantes. En Agricultura Familiar la semana pasada fueron despedidos en la
provincia 20 trabajadores, 11 en Bariloche, 4 en El Bolsón, 1 en Línea
Sur, 3 en Alto Valle y 2 en Zona Atlántica. Por eso llegó hasta Bariloche el secretario general de ATE, Rodolfo
Aguiar, que hizo un llamado a la CGT de adelantar el paro general
convocado para el 25 de septiembre, quien al mismo tiempo anunció un
paro de todos los organismos nacionales para el próximo miércoles 12. Aguiar cuestionó el desmantelamiento de Agricultura Familiar, un
organismo que asiste a 12.000 pequeños productores y dijo que es el
primer impacto de magnitud para los empleados públicos porque se redujo
el personal en un 90%. Antes ATE había logrado reincorporar a trabajadores despedidos en Senasa y Anses, indicó Aguiar.
Este 4
de septiembre en unidad con otras centrales gremiales, sindicatos,
organizaciones sociales y políticas, la CTA Autónoma realizará una
huelga regional contra los despidos y el ajuste.
Habrá cortes y piquetes en diversos puntos del Cordón Industrial y un
acto al mediodía en la Rotonda de los Trabajadores, en San Lorenzo.
También se concentrará en Villa Constitución. Para la CTAA el paro
nacional ya tiene fechas: 12, 24 y 25 de septiembre. La medida en Rosario y zona es la consolidación de un trayecto común
construido en la calle con otras centrales. Los despidos en
Fabricaciones Militares y la pérdida de empleo en diversas ramas, llevó a
la realización de la misma. La CTA Autónoma y sus gremios de base,
junto con los de la CGT San Lorenzo y la CTA de los Trabajadores,
confluirán con otros sectores que apoyarán la iniciativa, como el
Sindicato de Aceiteros de Rosario, la Federación de Organizaciones en
Lucha, la Corriente Clasista y Combativa, centros de estudiantes,
etcétera. Durante la jornada habrá piquetes de 4.00 a 11.00 horas en:
Circunvalación y Ruta 11 (ingreso a Granadero Baigorria); Municipalidad
de Baigorria; entrada a Martín Copa (Baigorria); Fábrica Militar y en el
Batallón de Arsenales (Fray Luis Beltrán); bajo el Intercambiador; y en
todas las terminales portuarias de San Lorenzo, Timbúes y Puerto
General San Martín. El acto central será a las 12.00 horas del mediodía
en la Rotonda de los Trabajadores, ciudad de San Lorenzo. El lunes a las
10.00 horas habrá una conferencia de prensa para brindar más detalles
en AMSAFE delegación San Lorenzo, Porteau 369. El martes, Amsafe Rosario parará de 10.00 a 15.00 horas. El Sindicato
de Profesionales de la Salud desafectará. ATE Rosario convoca a un paro
para los tres niveles del Estado, con modalidad a definir por sector.
En Villa Constitución la CTA Autónoma, junto a integrantes de la
Comisión Directiva y Comisión Interna de Acindar–UOM y otros sectores,
harán un acto a las diez de la mañana en la plaza central de la ciudad.
Reclamos
La medida de lucha a nivel regional surgió en el marco de los
despidos de 49 trabajadoras y trabajadores de Fábrica Militar de Fray
Luis Beltrán, que se sumaron a los 35 producidos en diciembre pasado. El
Cordón viene además golpeado con numerosos conflictos: ArZinc,
Guerrero, Aceitera Buryaile y Petroquímica Dow-Dupont, Cargill, entre
muchos otros. A esto se suman los despidos y ajustes en importantes organismos del
Estado, como el Ministerio de Agroindustria, el SENASA, el INTI, el
INTA, la Comisión Nacional de Pensiones y el Astillero Río Santiago,
entre otros. El conflicto desatado con la docencia, que mantiene de paro
a 57 universidades nacionales y escuelas dependientes, sumado a la
escalada sin límites del dólar esta semana, marcan los objetivos del
gobierno nacional en función de los acuerdos espurios firmados con el
Fondo Monetario Internacional: pauperización de lo público,
privatización, pérdida de soberanía en áreas y recursos estratégicos,
transferencia de ingresos del sector del trabajo al del capital y
condena al hambre del pueblo argentino. Por eso, como en cada etapa histórica, los gremios de la región se
ponen al frente para frenar las políticas regresivas de cercenamiento de
derechos. Y lo harán con la perspectiva puesta en la continuidad del
plan de acción que ya tiene nuevas fechas: 12, 24 y 25 de septiembre.
* Equipo de Comunicación de la CTA Santa Fe
Derecho a la salud
Alerta de Fesprosa ante la versión de la desaparición del Ministerio de Salud
La
Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República
Argentina (FESPROSA), en nombre de sus 30 mil médicos, profesionales y
trabajadores del sector en 600 hospitales públicos de todo el país,
manifiesta su absoluto rechazo a la posibilidad de que el presidente
Mauricio Macri elimine el Ministerio de Salud.
La Argentina venía sufriendo un proceso de ajuste sanitario muy grave a
través de las políticas de implementación de la denominada Cobertura
Universal de Salud (CUS), que se trata de la virtual privatización de la
salud pública, y además con restricción de gastos para el sector, el
despido de agentes de salud, el ajuste en el Hospital Posada – el más
grande del país y el único dependiente cien por ciento del Gobierno
Nacional-, el intento de ajuste en el Hospital El Cruce de Florencio
Varela y del Garrahan. Los recortes indiscriminados tienen como objetivo liquidar a la salud
pública y dejar a la población sin protección social ni de salud, en la
intemperie, y va a profundizarse sin un Ministerio de Salud. No se trata solo de un cambio de denominación: Convertir al
Ministerio de Salud en Secretaría, como existía antes de la aparición de
nuestro primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, y como se planteó en
épocas del menemismo y de los gobiernos militares, tiene como objetivo
liquidar direcciones, liquidar personal, liquidar presupuesto, en
definitiva, restringir al mínimo la atención a los más necesitados. Tomando en cuenta la opinión de miles y miles de profesionales de la
salud y también de los pacientes que componen el estrato social más
vulnerable del país, desde la FESPROSA exigimos al presidente Macri que
no concrete la desaparición del Ministerio de Salud de la Nación y que
frene con las políticas de ajuste antipopulares y antisindicales.
* Equipo de Comunicación de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA)
Buenos Aires
Astilleros Río Santiago movilizó tras el enésimo desplante del gobierno
Luego
de la movilización de 25 mil personas que repudiaron la brutal represión
del gobierno de Vidal a lxs trabajadorxs, el gobierno había convocado a
ATE con dos funcionarios de primera línea como interlocutores; el
Ministro de Economía Hernán Lacunza y el Ministro de Trabajo Marcelo
Villegas.
En dicho encuentro, las autoridades se comprometieron a iniciar una
etapa de diálogo con una mesa prevista para el viernes 31 de agosto,
pero finalmente levantaron la reunión y el día sábado comunicaron al
secretario General de ATE Ensenada, Francisco “Pancho” Banegas, la
definición de avanzar con los descuentos salariales a lxs trabajadorxs.
Es por eso que en el día de hoy la asamblea resolvió movilizar a la
subida de la Autopista Buenos Aires–La Plata efectuando un corte, y
volver al microcentro platense para continuar la manifestación. “El día jueves 6 de septiembre estaremos movilizando con gremios como
CICOP y AJB, y el 12 con un gran Paro Nacional dispuesto por ATE con
corte de rutas a lo largo y a lo ancho del país en apoyo al Astillero,
pero también en la defensa de la fuente laboral porque hoy el ajuste
pasa por despedir gente. Es hora que digamos basta, porque no se puede
hacer ajuste sobre los que menos tienen. Ellos piensan que con anunciar
que no se despide gente y que no se va a cerrar la empresa se termina el
conflicto, pero no es así. Nosotros queremos que el Astillero se
reactive.”, dijo el Secretario General de ATE Ensenada. En tanto Pablo Rojas, Secretario Adjunto de ATE Ensenada y de la CTA
Autónoma La Plata-Ensenada, manifestó que “además de denunciar que las
reuniones acordadas en una mesa no se hacen, denunciamos el vaciamiento
que se está dande mediante la falta de insumos, que retrasan la entrega
del Buque Petrolero Eva Perón y el AraKin. Si el Eva Perón, que ya tiene
un 97% del trabajo realizado se termina, son 8 millones de dólares los
que ingresan a la provincia de Buenos Aires. Y el contrato que se hizo
es con la empresa petrolera Venezolana PDVSA, no con el gobierno, con lo
cual el pago está asegurado”, dijo el dirigente, desmintiendo de este
modo las operaciones mediáticas de la Gobernadora quien ponía en duda la
eventual paga del buque petrolero.
* Equipo de Comunicación de la CTA de la provincia de Buenos Aires
URUGUAY
Conflictividad laboral aumentó en agosto y fue la más alta del año
06Sep
AFUSEC
El paro general de 24 horas del 22 de agosto fue la principal causa del incremento.
La conflictividad laboral aumentó en agosto, y su índice fue el más
alto registrado en lo que va del año. De acuerdo con el informe de
Conflictividad Laboral que elabora el Instituto de Relaciones Laborales
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica,
esto era previsible dado que se discute en el Parlamento la ley de
Rendición de Cuentas, que afecta a los trabajadores públicos, y se
desarrollan los Consejos de Salarios, que involucran al sector privado.
Este incremento se explica, fundamentalmente por el primer paro general
del año con duración de 24 horas, que se desarrolló el 22 de agosto.
En el octavo mes del año se registraron 14 conflictos, se perdieron
293.952 jornadas laborales y se involucraron 291.921 trabajadores.
El 52% de la conflictividad sectorial se dio en la educación, y el 23%
en la industria manufacturera, y los salarios y las mejoras en las
condiciones de trabajo fueron las principales causas de los conflictos
sectoriales.
Según este trabajo, la conflictividad del sector público fue baja en
agosto, y no se esperan modificaciones en setiembre. En cambio, sí es
posible un aumento de la conflictividad en el sector privado, donde hay
varios Consejos de Salarios en los que aún no se han registrado avances.
Paro parcial del PIT-CNT contra debilitamiento de negociación colectiva
El PIT-CNT realizará un paro parcial el jueves 27 de
septiembre de 9 a 13 horas en todo el país bajo la consigna: “Si a los
trabajadores les va bien, al pueblo le va bien”, y en rechazo al
debilitamiento de la negociación colectiva.
PARO
- LR21 La Mesa Representativa de la central de trabajadores resolvió
impulsar a nivel nacional la instalación de mesas de recolección de
firmas en rechazo a la Ley de Riego, sumarse en todo el país al apoyo de
la Ley de derechos trans y convocar a la población a participar de la
movilización del jueves 27 de septiembre en el marco del paro parcial de
9 y 13 horas. El secretario de Prensa, Propaganda del PIT-CNT, Gabriel Molina,
informó que la Mesa Representativa analizó un informe sobre la
“coyuntura que vive el país y la región”. “Estamos en una clara agudización de la lucha de clases, la cual se
mostró en su máxima expresión el 23 de enero con los mal llamados
autoconvocados. A ello se suma la política aplicada por las Cámaras
Empresariales, la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay en
los Consejos de Salarios”, denunció el dirigente sindical. Dijo que la estrategia que de dichos sectores “apunta a debilitar la
negociación colectiva, a profundizar la rebaja salarial y a los despidos
masivos. Lo que lleva a la destrucción y desaparición de beneficios
logrados para las grandes mayorías del país”. En las últimas hora la Confederación de Cámaras Empresariales propuso
“derogar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de
trabajo”, reservar la negociación tripartita “únicamente para definir
mínimos por categoría”, y dejar “la negociación bipartita para aumentos o
ajustes de salarios y otras condiciones de trabajo”. Los empresarios reclaman “modificar la regulación laboral y las
prácticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco del
cumplimiento de las recomendaciones de la OIT”.
Estrategia regional
Molina denunció que se trata de una estrategia que también se lleva adelante en la región, en especial en Argentina y Brasil. “En estos países hermanos vemos cada día como los ajustes atentan
contra las fuerzas populares, progresistas y los trabajadores. Los
sectores que fueron saliendo de las situaciones extremas, hoy nuevamente
se ven amenazados”, cuestionó. Molina dijo que se ve “privatización, desregulación laboral, despidos y anuncios de que habrá más pobres en el país”.
COFE advierte que la Rendición no cubrió vacantes necesarias
31Ago
AFUSEC
El sindicato señala que los trabajadores siguen siendo la variable de un ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo
La negociación en el sector público entre los sindicatos y el Poder
Ejecutivo está prácticamente cerrada en los diferentes incisos pero a
nivel general la no cumplió con las expectativas de los trabajadores. En
algunas dependencias hubo mejoras salariales, pero en la Rendición de
Cuentas no se incluyeron aspectos que eran esenciales para los
sindicatos como el ingreso de personal o la posibilidad de cubrir
vacantes generadas hace años. En ese sentido, una de las preocupaciones
de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)
es que hay un alto porcentaje de empleados mayores de edad y con causal
jubilatoria.
“La Rendición de Cuentas no contempló ni por asomo las expectativas que se tenían”, dijo a El Observador el
secretario general de COFE, José Lorenzo López. “Fue parte del ajuste
que viene aplicando el Poder Ejecutivo en distintos ámbitos y la
variable de ese ajuste siguen siendo el salario de los trabajadores
públicos y el gasto social”, complementó el dirigente.
López sostuvo que algunas conquistas se consiguieron, por ejemplo en
salud pública, donde luego de cinco años sin convenio colectivo se
logró firmar uno, que incluye algunas partidas que mejoran el salario.
“Para el resto de la administración central la situación fue complicada,
solo va a ajustar por IPC y no se incluyeron reestructuras solicitadas
hace tiempo o ingreso de personal”, indicó.
Como ejemplo de la falta de personal mencionó a la educación. “Ya
hay licitaciones para la construcción de escuelas, liceos y centros
CAIF, se van a hacer pero no hay ingreso de personal para cubrir esos
cargos, entonces va a haber infraestructura educativa que va a estar
vaciada de docentes”, afirmó el dirigente.
COFE identifica otros sectores públicos donde se observa la falta de
personal y la alta edad de los funcionarios, próximos a jubilarse.
Uno de los organismos es la Dirección Nacional de Aviación Civil
(Dinacia). Esa dependencia cuenta, según la información del sindicato,
con una plantilla de 478 funcionarios, de los cuales el 47% ya tiene
causal jubilatoria y el 28% son mayores de 62 años. Además, afirma, que
hay 123 vacantes que deben cubrirse, algo que hasta el momento no
ocurrió.
El Ministerio de Ganadería (MGAP) es otro al que apunta el
sindicato. En un documento señaló que allí hay 1.700 funcionarios y 300
de ellos tendrán más de 60 años en diciembre de 2019. Además, a mayo de
este año se contaba con 299 vacantes de ingreso y 531 de ascenso, pero
oficialmente se plantea el abatimiento de $ 7 millones en vacantes.
Agregó que dentro de la cartera, en la dependencia de industria
animal hay 341 trabajadores de los cuales 157 tienen causal jubilatoria.
En el caso del área de barreras sanitarias también hay deficiencias,
según el gremio. El escrito explicó que la falta de recursos humanos se
nota más en los pasos de frontera seca con Brasil.
Según COFE, la administración estima que por cada paso de frontera
se debe contar con 6 funcionarios para cubrir las guardias con dos por
turno. Pero en realidad, en Rivera no hay ninguno, en el Chuy hay dos,
en Río Branco la misma cantidad, en Bella Unión son cuatro, uno en
Aceguá y ninguno en Masoller.
En otro orden, el sindicato planteó que los controles de
laboratorio, tanto animal como vegetal del MGAP, no pueden cumplir con
las tareas de vigilancia sanitaria en territorio, ya que en muchos
departamentos hay solo un veterinario y dos ayudantes.
“No debería esperarse a que algún mercado de alta exigencia suspenda
la habilitación de las plantas frigoríficas, ya sea por falta de
personal para controlarlas o por omisiones en el laboratorio oficial y
en los servicios de sanidad animal”, marcó COFE.
El tercer ejemplo fue el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas. Señaló que la Dirección Nacional de Transporte lleva 25
años sin concursos que provean las vacantes de ascenso. Asimismo,
denunció que hay una faltante de 120 funcionarios para cumplir tareas en
diferentes departamentos y 45 puestos de control en rutas nacionales
de todo el país.
Indicó que otros 140 trabajadores se necesitarían para
el control de empresas internacionales de carga. Por último, se refirió a
la división de arquitectura de la cartera. Sobre ella señaló que cuenta
con 300 empleados de los cuales 120 tienen más de 60 años y actualmente
existen 177 puestos vacantes.
Andrade: "El Ni-Ni que vive en un barrio privado no preocupa tanto"
Secretario general del Sunca y posible precandidato presidencial.
VALERIA GIL
domingo, 26 agosto 2018 - El País uy
Óscar Andrade. Foto: Marcelo Bonjour
Fue
panadero, diputado del Partido Comunista y actualmente es el principal
dirigente de uno de los sindicatos más poderosos como lo es el Sunca.
Ahora puede retornar a la actividad política, que dejó en junio de 2016
cuando renunció a su banca, como precandidato presidencial del Frente
Amplio para las elecciones del 2019 si el Comité Central de su sector le
otorga el respaldo el mes que viene.
—¿Cómo arrancó la militancia?
—En
el liceo de Progreso, en primero. Tenía 12 o 13 años y los gremios
tenían una densidad un poco mayor que ahora y nuestra generación estaba
muy sacudida por la reciente salida de la dictadura y la campaña del
voto verde. Soy de Villa Felicidad que es el límite entre Progreso y
Juanicó. La segunda militancia fue en el gremio de panaderos. A los 15
me vengo a trabajar en una Panadería en Nuevo París. Dejé el liceo,
enganché otra vez y lo terminé libre, después hice unos años de Facultad
de Humanidades pero ya en medio de la crisis. Al Sindicato de la
Construcción entré siendo muy gurí, tenía 21. Estoy desde hace 25 años
ahí y 22 en la dirección del gremio.
—¿Tenía algún familiar comunista?
—Mi
abuelo materno fue del Sunca y comunista, pero murió siete años antes
de que yo naciera. Mi abuela era más comunista por mi abuelo que por ser
comunista y nunca llegué a hablar de política con ella. Mi vieja
estuvo presa cuando el período de la huelga general por militante de
magisterio. Mi viejo era de la vieja Lista 15, del batllismo. Pero no
era tanta la discusión política en casa por la dictadura. Mi vieja
volvió a militar en lo social, pero todo ese proceso generó dolores.
—¿Cómo fue la primera vez que usted dijo a su familia que era comunista?
—Ya
era grande. Ya estaba trabajando de panadero. Tenía 15 años pero mi
viejo se fue de casa y quedamos medio solos, me quedé con la familia un
poco al hombro. Somos seis hermanos, tengo una mayor que yo. No era el
niño que tenía que dar explicaciones, sino que era un poco el único que
trabajaba en esa época. Me caen un montón de responsabilidades y eso
también me ayudó a crecer de golpe.
—Usted va a los actos sindicales y del PCU con sus hijos. ¿Por qué?
—Tengo
tres hijos. Tiene 19 la más grande que está haciendo Economía, tengo
otro de 12 que empezó el liceo y 8 la más chica. Los llevo porque trato
de estar pila con ellos. Los gurises participan en muchos de los
talleres que tenemos en el Sunca, de teatro, de percusión.
—¿En algún momento fue discriminado por ser comunista?
—Si
se defiende que la economía esté al servicio de la humanidad y no que
la humanidad esté al servicio de grandes corporaciones, casi que
simultáneamente tenés que cargar con la mochila de responder por las
purgas de Stalin. Tenés que cargar con una mochila de 100 años de
procesos históricos y cada error. Si decís yo defiendo la economía de
mercado y la libertad de empresa a nadie se le ocurre decir que estás
defendiendo cientos de años de colonialismo o los niños enjaulados en
Estados Unidos.
—¿Admite los errores del comunismo?
—Ah
claro, Stalin purgó todo el Ejército Rojo antes de la Primera Guerra
Mundial. (...) En el marco de la Guerra Fría hubo barbaridades que se
hicieron en nombre del capitalismo y también de la economía al servicio
de los trabajadores.
—Los
empresarios argumentan en los Consejos de Salarios que hay que
priorizar el empleo a los aumentos. ¿En esta oportunidad dado el
contexto económico cree que tienen razón?
—Hay plataformas que están heavy,
qué tiene que ver con el crecimiento de la economía que se esté
planteando que es esencial la caja en la que cobra un supermercado.
¿Tiene sentido que se esté planteando congelación salarial? ¿O el 0% de
aumento que planteó la Asociación de Cultivadores de Arroz? Hay un
sector que está parado en una situación que no resiste más el análisis
económico. Creo que ven que en la región hay un recorte de derechos
laborales y están subidos al carro. Si uno sigue el relato de las
cámaras empresariales y de Un solo Uruguay parece que todo fuera
desastroso y sin embargo la recaudación del IRAE creció 50 puntos por
encima de la inflación. No es que están pobrecitos.
—¿Hay qué continuar con la política de las transferencias monetarias?
—Hay
que continuar con la asistencia social global. Eso pasa por la
vivienda, por garantizar el acceso a la educación (...) Si tuviéramos
condiciones tendríamos que ir a una renta universal (...) Como no
tenemos condiciones hay que ver a qué sector se le da prioridad. Me da
mucha vergüenza cuando se cuestionan los $ 2.000 o $ 3.000 que se le dan
a una mujer con dos hijos a cargo. Hay sectores que dicen que eso es
mucho y después cuando ven situaciones de pobreza dicen qué horrible. La
transferencia lo que tenemos para criticarla es que es poca (...) A mí
no me da gracia que un gurí abandone la escuela, pero no creo que la
salida sea estigmatizar a la población más vulnerable.
—Hay una parte de la población que considera que con esta política no se fomenta la cultura del trabajo.
—Eso
no es cierto, porque en realidad se anotan un montón a laburar en
cooperativas sociales. Nosotros tenemos exoneraciones tributarias a
grandes inversiones y son cifras muchos más importantes que las que
tiene el Mides, algunas son seguramente necesarias e imprescindibles,
ahora algunas (…) Me tengo que preocupar por la población más vulnerable
teniendo empatía no fiscalizándola. Ponerme en el lugar del otro (...) A
mí me da vergüenza que se le saque la asignación, como que no quisieran
a sus hijos, como que no quisieran que estudien. Le adjudicamos a la
población vulnerable todas las maldades. ¡No. Está mal eso! Sé que
pierdo esta discusión 5 a 1, hay compañeros del Frente que están
orgullosos de sacar la asignación. ¿Cuando le sacamos la asignación y
siguen sin mandarlos a la escuela qué resolvimos?
—También están los jóvenes Ni-Ni que no estudian ni trabajan.
—Hay
en todos los sectores sociales. El problema es que el joven que le
decimos Ni-Ni que vive en un barrio privado no preocupa tanto. Conozco
hijos de gente que es empresaria y su hijo no quiere saber nada con nada
y eso no nos genera molestia. Nos genera molestia el que está en la
lona. Y el hijo del empresario también capaz recibe un subsidio porque
va a una escuela privada que no paga aportes, a ese no le exigimos nada.
Ahora la contrapartida con el pobre sí, ahí tenemos que ver que no se
compre un alfajor. Cada vez que se lanza Uruguay Trabaja se anotan
20.000 para ganar $ 10.000, o sea que esa lógica del que no quiere
trabajar tiene más una explicación cultural contra el pobre. La
condición social molesta por arriba de todo.
—Decía el expresidente José Mujica que se falló en materia de políticas sociales.
—Creo
que es al revés, creo que si la izquierda falla en el enfoque de
seguridad es porque ha caído en la tentación de abordar el tema desde el
Ministerio del Interior y no desde el tema de la globalidad (…) Bajó la
violencia en Medellín, porque en los barrios más carenciados se puso un
vagón de plata, se instaló teatro, se instaló lo mejor y esa fue la
política. Mi amigo, precisamos un vagón de plata, no puede pasar como
pasó en el primer Presupuesto que donde se recortó cuando el crecimiento
daba menos era en el Mides, que ya tiene un presupuesto bajo. ¿La
violencia de la sociedad cómo la resolvemos? ¿Con más policías? ¿Con más
drones? ¿Con más cámaras? ¿Es un problema solo de tobilleras? ¿Los
componentes de la desigualdad no los tenemos que abordar?
—¿No pasa por ahí?
—Es
mejor que la Policía este mejor equipada que peor equipada y tener más
tecnología que peor tecnología. Pero hay que ir mucho más allá que el
enfoque predominante de que incrementamos tal pena. Nosotros votamos un
año de prisión para el menor infractor de rapiña, para el menor pobre
votamos. ¿Alguien me quiere convencer a mi que va a salir mejor y eso va
a ser un aporte? Yo lo que cuestiono son los ejes del abordaje de la
izquierda en materia de seguridad.
—¿Se presentará como candidato presidencial del Frente Amplio?
—No
sé. Lo que sí sé es que hay un movimiento de compañeros que trabajan
con los gurises infractores, con las personas en situación de
discapacidad y del movimiento cooperativo, que entienden que promover
una candidatura desde lo social es también una necesidad. Es claro que
la posibilidad de la candidatura tiene que pasar por varios filtros, en
primer lugar la tiene que considerar si la impulsa o la descarta el
Partido Comunista. El Comité Central del 8 y 9 de setiembre laudará
sobre esto. Para sondear las posibilidades de la candidatura, el PCU
tendría que en setiembre apoyarla, lo que no implica llegar hasta junio
sino hasta diciembre y en diciembre volver a evaluar qué apoyos se
consiguieron.
—¿Está dispuesto a presentarse?
—Sí, mi posición es que hoy se debiera respaldar esta iniciativa hasta el Congreso.
—¿Le cree a Mujica que no se volverá a presentar como candidato?
—Creo
que no se va a presentar, me parece que no. Ha dado señales en
cincuenta lugares distintos, mismo la renuncia al Senado. Y supongo que
está en una edad muy difícil para afrontar una campaña electoral. Me
sorprendería que Mujica se presente.
El apodo de "boca" y una asamblea "a capela"
En
Maldonado, hace 12 años, en una asamblea general del Sindicato Único
Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) no funcionó la
amplificación.
Había
1.500 personas y no se escuchaba nada de lo que decían los oradores, lo
que irritó a más de uno de los que estaba presente en la actividad. "Al
compañero de amplificación lo querían matar y me tocó hacer la asamblea
a capela", contó a El País el secretario general del gremio Oscar
Andrade.
A la
noche, cuando se realizó una evaluación de la actividad las críticas
iban dirigidas al responsable de propaganda del Sunca por la pequeña
falla técnica que impidió que todo se desarrollara con normalidad. De
los cuestionamientos y casi sin querer surgió su apodo "Boca" Andrade,
que luego se extendió a nivel de todo el ámbito sindical y en el Partido
Comunista, donde lo suelen llamar de esa manera. "Cuando hacíamos el
balance de la asamblea, algunos lo querían colgar al responsable de la
amplificación. Un compañero que no me acuerdo ni el nombre dijo la
verdad que fue una vergüenza lo que nos pasó y agregó: menos mal que
tuvimos al boca este que le dio la garganta para hacerlo a capela´. Y ta
me quedó eso", contó Andrade. Además de sindicalista, Andrade es
panelista del programa Todas Las Voces de Canal 4 hace ya un año y
medio, donde se lo conoce por sus polémicas con otro de los
participantes como lo es el exdirector de OPP durante el gobierno
blanco, Conrado Hughes. Su participación en televisión se la toma como
"un lugar para intentar defender ideas" y por eso su salario lo dona a
la fundación del Sunca.
"Por ir
al canal me ofrecían un sueldo similar al de la construcción, pasaba a
tener el doble de sueldo. Podrían decir vas por tus ideas pero ganás el
doble de lo que gana cualquier compañero. Por eso, fue que acordamos
que se deposite a la fundación para ayudar a discapacitados.
"El nivel de actividad de la construcción es medio, no bajo"
—¿Mejoró la imagen del trabajador de la construcción?
—Hay
estigmas. Nosotros si se hace un balance en estos últimos 12 o 13 años
logramos resolver cosas que son gigantes. Tenemos la más baja tasa de
siniestralidad de América Latina por escándalo. En lo salarial ni
hablamos, pero han ingresado a trabajar 75 personas con discapacidad. La
brigada solidaria mete 13.000 jornales por año y hoy tenemos 4.000
gurises que hacen artes marciales, o teatro o percusión en 150 lugares
gratis.
—¿El sector de la construcción perdió alrededor de 30.000 empleos se sostiene sin grandes inversiones como UPM?
—El
sector de la construcción está estable. Qué pasó con el sector de la
construcción: tuvo un boom histórico del 2012 al 2015, llegó a ocupar
70.000 trabajadores. Coincidieron Montes del Plata, Punta del este tuvo
el boom más grande de la historia, la inversión inmobiliaria privada en
la costa era altísima y tuvimos los mayores niveles de inversión
pública. Además tuviste una demanda emergente brutal del sector
agropecuario, entonces todos esos motores anduvieron 150%. Esa situación
era muy difícil de sostener, bajó en 2015 a 47.000, 45.000. ¿Este nivel
de actividad es de crisis? En 2002 o 2003 tuvimos 13.000 puestos de
trabajo. Nadie puede decir que tenemos el mismo nivel de actividad que
en la crisis. Hoy el nivel de actividad de la construcción no es bajo es
medio.
Para
entender este planteamiento, el economista señala que Moreno llegó al
poder, en mayo de 2017, "en una situación en la cual él se sentía rehén de circunstancias de un partido político [Alianza PAIS, del expresidente Rafael Correa], que le había acotado su espacio, sus movimientos".
"Es
interesante, porque tenemos el escenario de crisis, sin que exista
crisis", enfatiza el especialista, quien hace referencia a que "el gobierno necesita la crisis, independientemente de que exista o no".
De
acuerdo a los datos oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE), el
PIB del país cerró en 2017 en 104.295,9 millones de dólares, un monto
superior a los 99.937,7 de 2016 y los 99.290,4 de 2015. Lo mismo pasa
con la Oferta Final, que en 2017 cerró en 126.812,2 millones de dólares,
mucho más que los 118.942,4 de 2016 o los 123.105,8 de 2015.
De manera particular, por ejemplo, las exportaciones también han crecido. De enero a junio de 2017, según el BCE, fueron superiores a 9.000 millones de dólares; y en el mismo lapso de 2018, mayores a 10.000 millones de dólares.
Es notable la coordinación operativa del The Washington
Post —propiedad de Jeff Bezos, mandamás de Amazon— y The New York Times.
El primero publica grandes extractos del próximo libro —que saldrá el
11 de septiembre, fecha fatídica 'per se'— del consagrado periodista Bob
Woodward: 'Miedo: Trump en la Casa Blanca'. Woodward detonó el 'Watergate' que llevó a la renuncia de Nixon.
El
Gobierno de Trump tomó medidas el jueves para eliminar los límites de
tiempo impuestos por tribunales para la detención de los menores
migrantes. La propuesta permitiría que las familias inmigrantes
permanezcan detenidas por tiempo indefinido, poniendo fin al acuerdo de
Flores de 1997, que indica que los menores no pueden ser encarcelados
por más de 20 días. Casi 500 menores continúan separados de sus padres,
más de un mes después de que se cumpliera el plazo límite que impuso un
tribunal para que el Gobierno de Trump reuniera a todas las familias
separadas. Esto sucede en tanto un importante abogado de la Unión
Estadounidense por las Libertades Civiles afirmó que, al parecer, los
oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los
Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés)
tenían acceso a los números telefónicos de cientos de padres de menores
que fueron separados en la frontera desde antes de que se cumpliera el
plazo, el 26 de junio, para las reunificaciones familiares, pero los
retuvieron deliberadamente durante meses. Visite democracynow.org/es
para ver más información sobre la políticas de separaciones familiares
del Gobierno de Trump.
Frente
a la delegación de Bariloche donde fueron despedidos 11 trabajadores y
se puso en alquiler el edificio, un nutrido grupo de dirigentes
gremiales y políticos se manifestaron para denunciar la crítica
situación de los trabajadores públicos.
Habrá cortes y piquetes en diversos puntos del Cordón Industrial y un
acto al mediodía en la Rotonda de los Trabajadores, en San Lorenzo.
También se concentrará en Villa Constitución. Para la CTAA el paro
nacional ya tiene fechas: 12, 24 y 25 de septiembre.
La Argentina venía sufriendo un proceso de ajuste sanitario muy grave a
través de las políticas de implementación de la denominada Cobertura
Universal de Salud (CUS), que se trata de la virtual privatización de la
salud pública, y además con restricción de gastos para el sector, el
despido de agentes de salud, el ajuste en el Hospital Posada – el más
grande del país y el único dependiente cien por ciento del Gobierno
Nacional-, el intento de ajuste en el Hospital El Cruce de Florencio
Varela y del Garrahan.
En dicho encuentro, las autoridades se comprometieron a iniciar una
etapa de diálogo con una mesa prevista para el viernes 31 de agosto,
pero finalmente levantaron la reunión y el día sábado comunicaron al
secretario General de ATE Ensenada, Francisco “Pancho” Banegas, la
definición de avanzar con los descuentos salariales a lxs trabajadorxs.
Es por eso que en el día de hoy la asamblea resolvió movilizar a la
subida de la Autopista Buenos Aires–La Plata efectuando un corte, y
volver al microcentro platense para continuar la manifestación.
