Operación Unitas Lix: Cañones que apuntan a Venezuela
Desde
el 31 de agosto inició en las costas del Caribe colombiano la versión
59 del ejercicio multinacional Unitas Lix, desarrollado por la Fuerza
Naval Multinacional Geoestratégica para la Defensa y la Seguridad
Marítima de las Américas.
Participan 18 unidades navales, 17 aeronaves y 1.800
unidades en portaaviones, submarinos, naves de guerra y aviones K-FIR y
A-37 de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Reino
Unido; el ejercicio, que por primera vez utilizará munición letal y no
de fogueo, termina con un desembarco multinacional en el Golfo de
Morrosquillo, en la costa Caribe colombiana.
Este despliegue hace parte de los ejercicios de reposicionamiento estratégico del Comando Sur de Estados Unidos en la región, que ha tenido un vertiginoso crecimiento en los últimos tres años. La razón ha sido expuesta en diversas ocasiones por incontables medios: el asalto a Venezuela y sus billonarios recursos en hidrocarburos.
El libreto con el tratamiento propuesto por el Comando Sur para el gobierno de Nicolás Maduro quedó al desnudo cuando en abril la periodista argentina Stella Calloni filtró un documento firmado por el almirante Kurt Walter Tidd, comandante del SouthCom, fechado el 23 de febrero, y que trata una serie de directrices para asegurar la caída del gobierno de Caracas.
El documento se llama originalmente Plan to ovethrow the venezuelan dictatorship-Masterstroke (Plan para derrocar la dictadura venezolana-Golpe maestro), tiene 11 páginas y describe los posibles escenarios en dos momentos: uno, profundizando las contradicciones antes de las elecciones presidenciales del 20 mayo pasado para buscar la derrota electoral de Maduro; el segundo, en caso de que volviera a ganar.
El mismo documento considera la derrota electoral de Maduro como poco probable, pues describe a la oposición como dividida, débil e “igual de corrupta que el gobierno”, por lo que desarrolla con mayor detalle la segunda fase, que, según el escrito, debe terminar con la ocupación militar de Venezuela por parte de ONU una vez “el dictador haya sido derrotado”.
A pesar de ser un documento corto, narra de manera detallada cuáles son los elementos que desde Estados Unidos deben atenderse para lograr el objetivo, para lo cual tiene claros los aliados en la región y los aspectos esenciales para profundizar la crisis.
Inicia afirmando que el cambio de dirección política de Argentina, Brasil y Ecuador muestra que es “el momento perfecto para que Estados Unidos pruebe, con acciones concretas, que está involucrado en el proceso del derrocamiento de la dictadura venezolana”. Para lo que propone unos pasos específicos descritos:
-Socavar el apoyo al presidente. El documento habla de instigar el descontento popular por el desabastecimiento y fomentar las acciones de prensa que ridiculicen al presidente Maduro, deteriorando su imagen al máximo, haciéndolo ver como ridículo y poco capaz, mientras se fomenta la imagen de que es megalómano y peligroso.
-Incrementar la crisis hasta su límite. Generar acciones que descapitalicen el país mientras se evita la inversión extranjera para deteriorar la base monetaria; y se impulsa la inflación. Dentro de este punto, Tidd habla de obstruir la entrada de suministros para la población, principalmente los esenciales. Habla de apelar a aliados internos para impulsar la generación de protestas y saqueos, aumentando la inseguridad en las calles, cortando el transporte y generando una crisis interna; como parte de este punto caben las acciones de sabotaje llamadas “guarimbas”, que obstruían calles y confrontaban con la Guardia, utilizando costosas dotaciones de máscaras antigases, compuestos químicos y armas convencionales y no convencionales.
Dentro de este punto, el momento crítico llegó el 14 de agosto pasado, cuando en un acto público, dos drones cargados con explosivos fueron dirigidos hacia la tarima donde Nicolás Maduro, su esposa y varios altos funcionarios del gobierno se encontraban. Debido a la acción de las fuerzas de seguridad que inhibieron la señal de los drones, el atentado fue fallido y los culpables del hecho fueron apresados, unos in fraganti y otros mientras huían hacia la frontera; todas las investigaciones señalan la activa participación de Estados Unidos y Colombia en el hecho.
En caso de que los planes de derrocamiento desde adentro del país fracasaran, se orienta una agudización aun mayor de la situación por medio de la magnificación de la crisis humanitaria ante el mundo, de fomentar la corrupción e impulsar las economías ilegales para deslegitimar el gobierno frente a la población, así como promover la división dentro del PSUV, impulsando que los miembros que se retiren lo hagan de forma ruidosa, alimentando la idea de que la mano de obra calificada se debe ir y claramente responsabilizando al gobierno por todo lo anterior.
La intervención militar
Al tiempo que avanza el plan interno, el documento plantea usar la oficialidad de las Fuerzas Armadas por medio de un golpe de Estado; como muestra de ello está el ataque hecho con un helicóptero artillado al Tribunal Supremo de Justicia en 2017. Este plan, según Tidd, se deberá concretar antes de terminar 2018.
Para ello, el documento considera importante fortalecer el tráfico de gasolina en la frontera con Colombia, alentando las economías ilegales, el paramilitarismo y el narcotráfico, provocando incidentes armados con las fuerzas de seguridad venezolanas, que deberán manifestar su franco descontento con la situación.
De igual manera habla de reclutar paramilitares, principalmente en las zonas pobladas donde están los campos de refugiados de los departamentos fronterizos de Norte de Santander y La Guajira, en Colombia. Estos paramilitares han sido el apoyo logístico y de entrenamiento militar de los comandos que han aparecido como espontáneos que protestan en las calles de las ciudades durante varios años, como lo confirma la investigación adelantada por el atentado de agosto pasado.
En este punto es importante revisar el papel que han cumplido los Cascos Blancos enviados desde Argentina a la zona de frontera; no obstante, su estructura organizativa no es la misma de los que han actuado en Siria y estuvieron vinculados a la creación de escenarios de guerra ficticios para manipular la opinión pública y a la participación en el ataque con armas químicas en ese país del Medio Oriente.
La presencia de estos Cascos Blancos parece tener una función más de propaganda y cobertura de elementos de inteligencia militar; la entrada en escena de esta organización fue con unas declaraciones en julio pasado, en las que comparan la situación de la frontera con la del terremoto en Haití, pasando completamente por alto la norma número uno de las organizaciones humanitarias que es no emitir opiniones acerca de las condiciones que se encuentren en el terreno.
Al incrementar la tensión e la inestabilidad en las fronteras, se involucra activamente a los países más cercanos, mientras que en el caso de Colombia, se impulsa al paramilitarismo a extender su presencia a las zonas dejadas por las FARC y a aumentar las acciones armadas del ELN y el Clan del Golfo para provocar choques con las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los ejércitos aliados
El documento del SouthCom habla de preparar el involucramiento de fuerzas militares aliadas en caso de que las venezolanas se demoren en actuar. Para esto acudirían al apoyo de sus aliados de Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Guyana.
El aprovisionamiento, descanso de tropas, soporte médico y logístico se haría desde Panamá; usando las instalaciones de vigilancia electrónica e inteligencia, los hospitales y e instalaciones desplegadas en El Darién (Colombia), así como los antiguos campos militares de Albrook, Howard, Río Hato y el Centro Regional Humanitario de Naciones Unidas en Panamá.
Se declararía como una acción armada de bandera internacional desarrollada desde la Conferencia de Ejércitos de América y bajo el amparo de la OEA, con Luis Almagro a la cabeza, para lo que se declararía la necesidad de aplicar la carta democrática para defender la “estabilidad de la región”.
Lo siguiente sería solicitar a Brasil, Argentina, Colombia y Panamá un buen aporte de tropas para avanzadas de infantería desde la frontera aprovechando su cercanía geográfica y su conocimiento del terreno. Las fuerzas multilaterales serían fortalecidas con baja presencia de tropas estadounidenses y la conducción sería de un comando conjunto manejado por Estados Unidos.
Mientras Brasil, Colombia y Panamá avanzan, se utilizarían las instalaciones de Panamá para albergar a las tropas argentinas como retaguardia, cuya principal misión sería cuidar los puertos; según el plan, los puntos más críticos de la confrontación estarían en Arauca, Maicao, Barranquilla y Sincelejo en Colombia, y Roraima, Manaos y Boa Vista en Brasil.
La diplomacia
Brasil y Guyana serían usadas como destino de los migrantes, que serían alentandos a desplazarse hacia Guyana, aunque se prevé también coordinar con Colombia, Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago la llegada de los desplazados; para eso se solicitaría el apoyo multilateral de las demás naciones de OEA, mientras mantiene una ofensiva diplomática que ya está rindiendo frutos, como lo mostraron las recientes declaraciones condenatorias de Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos en ONU.
Al mismo tiempo, Tidd plantea que se debe desarrollar una estrategia de información que consiste inicialmente en silenciar cualquier presencia simbólica de Hugo Chávez o cualquier apoyo popular a él, manteniendo en el imaginario que el dictador y su círculo cercano son los únicos responsables de toda esa situación, intensificando las denuncias de la cubanización de Venezuela mientras se repiten por todos medios los mensajes diseñados para la campaña en los que se afirme que Maduro es ilegítimo, un criminal y un ladrón que saqueó al país, basándose principalmente en testimonios.
Lo anterior debe estar acompañado por la insistencia en la inoperancia de los mecanismos regionales creados por los gobiernos alternativos como ALBA y Petrocaribe, insistiendo en la incapacidad de los dirigentes de resolver los problemas de la región.
Por otro lado, deben justificar la necesidad del uso de la violencia, demostrando la capacidad de conducción de Estados Unidos frente al problema, asegurándose de que las revelaciones hechas sobre las acciones militares han sido aprobadas por el Comando General (Estados Unidos) para evitar que el enemigo manipule posibles filtraciones de información.
Este documento describe un plan que claramente ya se ha echado a andar, tal como lo revela el informe de Ernesto Londoño y Nicholas Casey publicado en The New York Times, en el que se revelan las reuniones sostenidas entre oficiales golpistas venezolanos y militares estadounidenses, y aunque el artículo desestima que se haya llegado a un acuerdo, el plan descrito por el comandante del SouthCom va avanzando al pie de la letra.
No hay que olvidar que el 20 de diciembre de 1989 los marines de Estados Unidos desembarcaron en Panamá con el fin de “remover” del poder a Manuel Antonio Noriega, causando miles de muertos, barrios enteros destruidos en la capital y una enorme crisis humanitaria.
Iván Duque, el abanderado de Washington
El presidente de Colombia afirmó en una entrevista hecha a Caracol, cadena radial colombiana, que él no ve probable una intervención militar estadounidense en Venezuela, sin embargo, el mismo Duque, días después de ser electo como presidente, fue a Washington, y horas después de su posesión, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis cerró una gira por Perú, Argentina, Brasil y Colombia con una reunión con él en Bogotá para hablar sobre “la situación de Venezuela”,
El papel que ha cumplido Iván Duque respecto a Venezuela es bastante claro. Parte de su propuesta de campaña desde sus inicios se centró en atacar al vecino país; siendo aún un desconocido entabló una demanda en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Prácticamente todos sus encuentros diplomáticos empiezan o terminan con al menos una mención al gobierno en el Palacio de Miraflores, mientras impulsa la desarticulación de Unasur.
Iván Duque está en una franca cruzada en la que pide aislar, sancionar, presionar o derrocar al gobierno de Nicolás Maduro; en su reciente visita, el presidente del gobierno Español, Pedro Sánchez, en rueda de prensa, se congraciaba con su homólogo colombiano, diciendo que como presidente no podría llamar sino dictadura a un “régimen que tiene presos políticos”, sin saber que aun después de la firma de un acuerdo de paz, Colombia registra más de 2.000, diez veces más que los que reivindica la oposición venezolana.
Por esta razón, está claro el papel central que tiene el gobierno colombiano en el marco de las acciones orientadas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro, tanto desde lo militar, como desde lo diplomático, ya que, si el documento escrito por el almirante Tidd no es el libreto que están siguiendo contra Venezuela, pues se parece mucho.
Este despliegue hace parte de los ejercicios de reposicionamiento estratégico del Comando Sur de Estados Unidos en la región, que ha tenido un vertiginoso crecimiento en los últimos tres años. La razón ha sido expuesta en diversas ocasiones por incontables medios: el asalto a Venezuela y sus billonarios recursos en hidrocarburos.
El libreto con el tratamiento propuesto por el Comando Sur para el gobierno de Nicolás Maduro quedó al desnudo cuando en abril la periodista argentina Stella Calloni filtró un documento firmado por el almirante Kurt Walter Tidd, comandante del SouthCom, fechado el 23 de febrero, y que trata una serie de directrices para asegurar la caída del gobierno de Caracas.
El documento se llama originalmente Plan to ovethrow the venezuelan dictatorship-Masterstroke (Plan para derrocar la dictadura venezolana-Golpe maestro), tiene 11 páginas y describe los posibles escenarios en dos momentos: uno, profundizando las contradicciones antes de las elecciones presidenciales del 20 mayo pasado para buscar la derrota electoral de Maduro; el segundo, en caso de que volviera a ganar.
El mismo documento considera la derrota electoral de Maduro como poco probable, pues describe a la oposición como dividida, débil e “igual de corrupta que el gobierno”, por lo que desarrolla con mayor detalle la segunda fase, que, según el escrito, debe terminar con la ocupación militar de Venezuela por parte de ONU una vez “el dictador haya sido derrotado”.
A pesar de ser un documento corto, narra de manera detallada cuáles son los elementos que desde Estados Unidos deben atenderse para lograr el objetivo, para lo cual tiene claros los aliados en la región y los aspectos esenciales para profundizar la crisis.
Inicia afirmando que el cambio de dirección política de Argentina, Brasil y Ecuador muestra que es “el momento perfecto para que Estados Unidos pruebe, con acciones concretas, que está involucrado en el proceso del derrocamiento de la dictadura venezolana”. Para lo que propone unos pasos específicos descritos:
-Socavar el apoyo al presidente. El documento habla de instigar el descontento popular por el desabastecimiento y fomentar las acciones de prensa que ridiculicen al presidente Maduro, deteriorando su imagen al máximo, haciéndolo ver como ridículo y poco capaz, mientras se fomenta la imagen de que es megalómano y peligroso.
-Incrementar la crisis hasta su límite. Generar acciones que descapitalicen el país mientras se evita la inversión extranjera para deteriorar la base monetaria; y se impulsa la inflación. Dentro de este punto, Tidd habla de obstruir la entrada de suministros para la población, principalmente los esenciales. Habla de apelar a aliados internos para impulsar la generación de protestas y saqueos, aumentando la inseguridad en las calles, cortando el transporte y generando una crisis interna; como parte de este punto caben las acciones de sabotaje llamadas “guarimbas”, que obstruían calles y confrontaban con la Guardia, utilizando costosas dotaciones de máscaras antigases, compuestos químicos y armas convencionales y no convencionales.
Dentro de este punto, el momento crítico llegó el 14 de agosto pasado, cuando en un acto público, dos drones cargados con explosivos fueron dirigidos hacia la tarima donde Nicolás Maduro, su esposa y varios altos funcionarios del gobierno se encontraban. Debido a la acción de las fuerzas de seguridad que inhibieron la señal de los drones, el atentado fue fallido y los culpables del hecho fueron apresados, unos in fraganti y otros mientras huían hacia la frontera; todas las investigaciones señalan la activa participación de Estados Unidos y Colombia en el hecho.
En caso de que los planes de derrocamiento desde adentro del país fracasaran, se orienta una agudización aun mayor de la situación por medio de la magnificación de la crisis humanitaria ante el mundo, de fomentar la corrupción e impulsar las economías ilegales para deslegitimar el gobierno frente a la población, así como promover la división dentro del PSUV, impulsando que los miembros que se retiren lo hagan de forma ruidosa, alimentando la idea de que la mano de obra calificada se debe ir y claramente responsabilizando al gobierno por todo lo anterior.
La intervención militar
Al tiempo que avanza el plan interno, el documento plantea usar la oficialidad de las Fuerzas Armadas por medio de un golpe de Estado; como muestra de ello está el ataque hecho con un helicóptero artillado al Tribunal Supremo de Justicia en 2017. Este plan, según Tidd, se deberá concretar antes de terminar 2018.
Para ello, el documento considera importante fortalecer el tráfico de gasolina en la frontera con Colombia, alentando las economías ilegales, el paramilitarismo y el narcotráfico, provocando incidentes armados con las fuerzas de seguridad venezolanas, que deberán manifestar su franco descontento con la situación.
De igual manera habla de reclutar paramilitares, principalmente en las zonas pobladas donde están los campos de refugiados de los departamentos fronterizos de Norte de Santander y La Guajira, en Colombia. Estos paramilitares han sido el apoyo logístico y de entrenamiento militar de los comandos que han aparecido como espontáneos que protestan en las calles de las ciudades durante varios años, como lo confirma la investigación adelantada por el atentado de agosto pasado.
En este punto es importante revisar el papel que han cumplido los Cascos Blancos enviados desde Argentina a la zona de frontera; no obstante, su estructura organizativa no es la misma de los que han actuado en Siria y estuvieron vinculados a la creación de escenarios de guerra ficticios para manipular la opinión pública y a la participación en el ataque con armas químicas en ese país del Medio Oriente.
La presencia de estos Cascos Blancos parece tener una función más de propaganda y cobertura de elementos de inteligencia militar; la entrada en escena de esta organización fue con unas declaraciones en julio pasado, en las que comparan la situación de la frontera con la del terremoto en Haití, pasando completamente por alto la norma número uno de las organizaciones humanitarias que es no emitir opiniones acerca de las condiciones que se encuentren en el terreno.
Al incrementar la tensión e la inestabilidad en las fronteras, se involucra activamente a los países más cercanos, mientras que en el caso de Colombia, se impulsa al paramilitarismo a extender su presencia a las zonas dejadas por las FARC y a aumentar las acciones armadas del ELN y el Clan del Golfo para provocar choques con las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los ejércitos aliados
El documento del SouthCom habla de preparar el involucramiento de fuerzas militares aliadas en caso de que las venezolanas se demoren en actuar. Para esto acudirían al apoyo de sus aliados de Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Guyana.
El aprovisionamiento, descanso de tropas, soporte médico y logístico se haría desde Panamá; usando las instalaciones de vigilancia electrónica e inteligencia, los hospitales y e instalaciones desplegadas en El Darién (Colombia), así como los antiguos campos militares de Albrook, Howard, Río Hato y el Centro Regional Humanitario de Naciones Unidas en Panamá.
Se declararía como una acción armada de bandera internacional desarrollada desde la Conferencia de Ejércitos de América y bajo el amparo de la OEA, con Luis Almagro a la cabeza, para lo que se declararía la necesidad de aplicar la carta democrática para defender la “estabilidad de la región”.
Lo siguiente sería solicitar a Brasil, Argentina, Colombia y Panamá un buen aporte de tropas para avanzadas de infantería desde la frontera aprovechando su cercanía geográfica y su conocimiento del terreno. Las fuerzas multilaterales serían fortalecidas con baja presencia de tropas estadounidenses y la conducción sería de un comando conjunto manejado por Estados Unidos.
Mientras Brasil, Colombia y Panamá avanzan, se utilizarían las instalaciones de Panamá para albergar a las tropas argentinas como retaguardia, cuya principal misión sería cuidar los puertos; según el plan, los puntos más críticos de la confrontación estarían en Arauca, Maicao, Barranquilla y Sincelejo en Colombia, y Roraima, Manaos y Boa Vista en Brasil.
La diplomacia
Brasil y Guyana serían usadas como destino de los migrantes, que serían alentandos a desplazarse hacia Guyana, aunque se prevé también coordinar con Colombia, Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago la llegada de los desplazados; para eso se solicitaría el apoyo multilateral de las demás naciones de OEA, mientras mantiene una ofensiva diplomática que ya está rindiendo frutos, como lo mostraron las recientes declaraciones condenatorias de Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos en ONU.
Al mismo tiempo, Tidd plantea que se debe desarrollar una estrategia de información que consiste inicialmente en silenciar cualquier presencia simbólica de Hugo Chávez o cualquier apoyo popular a él, manteniendo en el imaginario que el dictador y su círculo cercano son los únicos responsables de toda esa situación, intensificando las denuncias de la cubanización de Venezuela mientras se repiten por todos medios los mensajes diseñados para la campaña en los que se afirme que Maduro es ilegítimo, un criminal y un ladrón que saqueó al país, basándose principalmente en testimonios.
Lo anterior debe estar acompañado por la insistencia en la inoperancia de los mecanismos regionales creados por los gobiernos alternativos como ALBA y Petrocaribe, insistiendo en la incapacidad de los dirigentes de resolver los problemas de la región.
Por otro lado, deben justificar la necesidad del uso de la violencia, demostrando la capacidad de conducción de Estados Unidos frente al problema, asegurándose de que las revelaciones hechas sobre las acciones militares han sido aprobadas por el Comando General (Estados Unidos) para evitar que el enemigo manipule posibles filtraciones de información.
Este documento describe un plan que claramente ya se ha echado a andar, tal como lo revela el informe de Ernesto Londoño y Nicholas Casey publicado en The New York Times, en el que se revelan las reuniones sostenidas entre oficiales golpistas venezolanos y militares estadounidenses, y aunque el artículo desestima que se haya llegado a un acuerdo, el plan descrito por el comandante del SouthCom va avanzando al pie de la letra.
No hay que olvidar que el 20 de diciembre de 1989 los marines de Estados Unidos desembarcaron en Panamá con el fin de “remover” del poder a Manuel Antonio Noriega, causando miles de muertos, barrios enteros destruidos en la capital y una enorme crisis humanitaria.
Iván Duque, el abanderado de Washington
El presidente de Colombia afirmó en una entrevista hecha a Caracol, cadena radial colombiana, que él no ve probable una intervención militar estadounidense en Venezuela, sin embargo, el mismo Duque, días después de ser electo como presidente, fue a Washington, y horas después de su posesión, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis cerró una gira por Perú, Argentina, Brasil y Colombia con una reunión con él en Bogotá para hablar sobre “la situación de Venezuela”,
El papel que ha cumplido Iván Duque respecto a Venezuela es bastante claro. Parte de su propuesta de campaña desde sus inicios se centró en atacar al vecino país; siendo aún un desconocido entabló una demanda en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Prácticamente todos sus encuentros diplomáticos empiezan o terminan con al menos una mención al gobierno en el Palacio de Miraflores, mientras impulsa la desarticulación de Unasur.
Iván Duque está en una franca cruzada en la que pide aislar, sancionar, presionar o derrocar al gobierno de Nicolás Maduro; en su reciente visita, el presidente del gobierno Español, Pedro Sánchez, en rueda de prensa, se congraciaba con su homólogo colombiano, diciendo que como presidente no podría llamar sino dictadura a un “régimen que tiene presos políticos”, sin saber que aun después de la firma de un acuerdo de paz, Colombia registra más de 2.000, diez veces más que los que reivindica la oposición venezolana.
Por esta razón, está claro el papel central que tiene el gobierno colombiano en el marco de las acciones orientadas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro, tanto desde lo militar, como desde lo diplomático, ya que, si el documento escrito por el almirante Tidd no es el libreto que están siguiendo contra Venezuela, pues se parece mucho.
Nicolás Maduro: "Tenemos información de que preparan un golpe de Estado para octubre"
Publicado: 18 sep 2018 17:18 GMT | Última actualización: 18 sep 2018 19:10 GMT - RT
El mandatario venezolano señaló a un general retirado como el responsable del plan golpista.
Presidente
Nicolás Maduro durante conferencia de prensa en el Palacio de
Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 18 de septiembre de 2018.
Marco Bello / AP
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este martes que los organismos de inteligencia poseen información de un plan para derrocarlo.
El mandatario expresó en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, que el general retirado Francisco Báez, que "se mueve entre el Caribe y Miami", tiene la "intención de dar un golpe de Estado".
"Ya lo tenemos plenamente identificado, después no digan que no se los dije cuando lo descubran", aseveró.
Estas declaraciones las hizo luego de que un periodista del diario estadounidense The New York Times le preguntara durante la rueda de prensa sobre la conspiración de un grupo de militares venezolanos que contactaron a funcionarios de EE.UU.; una información que dio a conocer ese medio.
"Si revisas mis discursos en la campaña, podrás encontrar mis denuncias y las claves que di. Lo sabíamos", manifestó.
Recordó que los cuerpos de inteligencia venezolanos capturaron a un primer grupo de implicados en los planes golpistas que "estaba siendo financiado desde Colombia y con contactos en EE.UU.". "Su objetivo era hacer un disturbio militar", aseveró.
Otro intento, que fue sofocado, ocurrió a mediados de la campaña. "Un segundo grupo pequeño fue capturado. Pretendía leer un manifiesto para exigir el cese de las elecciones", agregó.
Un tercer grupo fue detenido por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en una actividad donde los golpistas "hablaron del dinero que habían recibido". Su objetivo era pronunciarse el 20 de mayo para que se suspendieran los comicios.
Explicó que los golpistas son "un puñado de militares que se pusieron al servicio de Colombia" que "no representan la moral de la FANB".
Además, les dijo a los periodistas presentes que investigaran sobre el coronel Oswaldo Valentín García Palomo, responsable de reuniones desde Colombia con EE.UU e involucrado con el intento de magnicidio contra Maduro, según la inteligencia venezolana. "Lo vengo denunciando y pido su captura".
De igual manera, hizo referencia a Osman Alexis Delgado Tabosky, quien "participó en todas las reuniones para derrocar al Gobierno" y es señalado de haber dirigido y financiado el atentado fallido contra el presidente.
Frente a los posibles planes para asesinarlo, el mandatario latinoamericano expresó que reevaluará si asistirá o no a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 18 al 25 de septiembre.
"Quiero ir a Nueva York (sede de la ONU), pero tengo que cuidar mi seguridad", expresó.
Por otra parte, informó que no existe contacto entre los gobiernos de EE.UU. y Venezuela, más allá de las conversaciones con el encargado de negocios de ese país, James Story.
"Algunos medios titularon: 'Maduro llega a China', como si no hubiera sido planificada. Esta es la visita de más alto nivel en la que he participado, con los más altos honores".
El mandatario se reunió con su par chino, Xi Jinping; con el presidente de la Asamblea Popular de China, Zhang Dejiang; con el primer ministro chino, Li Keqiang y con el canciller Wang Yi, entre otros altos funcionarios.
Informó que se firmaron 28 acuerdos y que sostuvo reuniones con el Banco Popular de China; el Banco de Desarrollo de ese país, el Centro de Investigaciones de Desarrollo Económico de China y la Corporación Nacional de Petróleo de China (Cnpc). "Hemos tenido un visita extraordinaria".
Entre los casi treinta acuerdos consignados entre ambos países, el mandatario destacó las siguientes áreas:
"Tenemos relaciones virtuosas, y los esquemas no generan deuda, todo está sustentado", informó. "China no nos impone condiciones".
El mandatario expresó en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, que el general retirado Francisco Báez, que "se mueve entre el Caribe y Miami", tiene la "intención de dar un golpe de Estado".
"Ya lo tenemos plenamente identificado, después no digan que no se los dije cuando lo descubran", aseveró.
Estas declaraciones las hizo luego de que un periodista del diario estadounidense The New York Times le preguntara durante la rueda de prensa sobre la conspiración de un grupo de militares venezolanos que contactaron a funcionarios de EE.UU.; una información que dio a conocer ese medio.
"Lo sabíamos"
Maduro afirmó que su Gobierno conocía la conspiración, que se estaba fraguando desde antes de que se anunciara la fecha de las elecciones presidenciales, que se celebraron el pasado 20 de mayo, y en las que resultó reelecto."Si revisas mis discursos en la campaña, podrás encontrar mis denuncias y las claves que di. Lo sabíamos", manifestó.
Recordó que los cuerpos de inteligencia venezolanos capturaron a un primer grupo de implicados en los planes golpistas que "estaba siendo financiado desde Colombia y con contactos en EE.UU.". "Su objetivo era hacer un disturbio militar", aseveró.
Otro intento, que fue sofocado, ocurrió a mediados de la campaña. "Un segundo grupo pequeño fue capturado. Pretendía leer un manifiesto para exigir el cese de las elecciones", agregó.
Un tercer grupo fue detenido por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en una actividad donde los golpistas "hablaron del dinero que habían recibido". Su objetivo era pronunciarse el 20 de mayo para que se suspendieran los comicios.
"Conspiración permanente"
El presidente suramericano dijo que contra su país existe "una conspiración permanente" de Colombia y EE.UU, y que frente a ella, tiene "fe y confianza absoluta" en la Fuerza Armada venezolana.Explicó que los golpistas son "un puñado de militares que se pusieron al servicio de Colombia" que "no representan la moral de la FANB".
Además, les dijo a los periodistas presentes que investigaran sobre el coronel Oswaldo Valentín García Palomo, responsable de reuniones desde Colombia con EE.UU e involucrado con el intento de magnicidio contra Maduro, según la inteligencia venezolana. "Lo vengo denunciando y pido su captura".
De igual manera, hizo referencia a Osman Alexis Delgado Tabosky, quien "participó en todas las reuniones para derrocar al Gobierno" y es señalado de haber dirigido y financiado el atentado fallido contra el presidente.
Frente a los posibles planes para asesinarlo, el mandatario latinoamericano expresó que reevaluará si asistirá o no a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 18 al 25 de septiembre.
"Quiero ir a Nueva York (sede de la ONU), pero tengo que cuidar mi seguridad", expresó.
Por otra parte, informó que no existe contacto entre los gobiernos de EE.UU. y Venezuela, más allá de las conversaciones con el encargado de negocios de ese país, James Story.
"Visita histórica a China"
Maduro se refirió a su reciente visita de Estado a China como "histórica" y un "éxito total"."Algunos medios titularon: 'Maduro llega a China', como si no hubiera sido planificada. Esta es la visita de más alto nivel en la que he participado, con los más altos honores".
El mandatario se reunió con su par chino, Xi Jinping; con el presidente de la Asamblea Popular de China, Zhang Dejiang; con el primer ministro chino, Li Keqiang y con el canciller Wang Yi, entre otros altos funcionarios.
Informó que se firmaron 28 acuerdos y que sostuvo reuniones con el Banco Popular de China; el Banco de Desarrollo de ese país, el Centro de Investigaciones de Desarrollo Económico de China y la Corporación Nacional de Petróleo de China (Cnpc). "Hemos tenido un visita extraordinaria".
Entre los casi treinta acuerdos consignados entre ambos países, el mandatario destacó las siguientes áreas:
- Petróleo y financiamiento, crecimiento de la producción (se prevé exportar en menos de un año un millón de barriles solo al país asiático).
- Minería (China se incorpora a la producción de oro en el país suramericano).
- Fortalecimiento de las industrias básicas.
- Mejora del sistema de distribución, almacenamiento y abastecimiento de medicamentos.
- Activación de la franja y la ruta, que busca conectar a más de sesenta países de América Latina, Asia, Europa y África.
- Telecomunicaciones.
- Acuerdo para el lanzamiento del cuarto satélite de telecomunicaciones llamado Guaicaipuro, nombre de un cacique indígena venezolano.
- Plan de intercambio cultural y educativo.
- Acuerdos tecnológicos de seguridad y defensa.
"No hay deuda con China"
Los esquemas de financiamiento con China no nos generan deuda, afirmó el mandatario al referirse a la información de algunos medios donde se afirmaba que "Venezuela se había hipotecado". "Todo el dinero que China ha financiado para planes de desarrollo se ha pagado con petróleo"."Tenemos relaciones virtuosas, y los esquemas no generan deuda, todo está sustentado", informó. "China no nos impone condiciones".
Espadas sobre la cabeza de Maduro
por Humberto Márquez
LA HAINE - 18/09/2018
Planes golpistas :: El espectro de una acción armada para derrocar al presidente Nicolás Maduro sobrevuela Venezuela
En
la forma de una sublevación militar animada por Washington, de un
atentado que siembre el caos, o incluso de un ataque de fuerzas
extranjeras. Un artículo en “The New York Times” reveló reuniones de
militares disidentes venezolanos con diplomáticos de EEUU.
Después de que en agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, en una de sus declaraciones críticas sobre Caracas, dijese: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”, militares venezolanos dispuestos a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro contactaron a responsables de EEUU para solicitar ayuda concreta para sus propósitos.
Washington aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que descartaron involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se frustró, el gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a la mitad la hipotética fuerza rebelde de unos 300 militares.
Esa es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el pasado 8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del hemisferio hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.
El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense, que suele tener excelentes contactos en las altas esferas del régimen de Trump, como evidencia de las acciones de Washington en su contra: “A confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los factores imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times”, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de EEUU contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias”, dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.
Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso de Venezuela amplían un panorama de supuesta disidencia militar y búsqueda de deponer al presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el propio gobierno.
El alto mando militar procura mineralizar el apoyo al gobierno con llamados y compromisos públicos de lealtad por parte de toda la oficialidad y una clara política de ascensos y promociones –oficiales activos y retirados manejan recursos y empresas del Estado– de los más leales. Para la minúscula oposición política los amagos rebeldes detectados por el gobierno y la detención de oficiales muestran el descontento dentro de las fuerzas armadas.
Golpes frustrados
El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local y redes sociales.
Hubo escasa información y publicidad sobre las detenciones, a pesar de un dato relevante: varios de los detenidos comandaban batallones del Ejército con importante poder de fuego. La sublevación que encabezó en febrero de 1992 el ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) la ejecutaron batallones del Ejército dirigidos por cinco teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo nivel de mando de tropas también ayudaron a abortar el golpe de dos días contra Chávez en abril de 2002, que fue derrotado por la movilización popular.
Es así como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones clave para el combate en el centro-norte del país.
También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor general (general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política (Sebin) con Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013), y tras su retiro dirigía una pequeña formación política opositora, llamada Movimiento Desafío de Todos.
El pasado 20 de mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio 2019-2025, adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partiditos de oposición, ante la seguridad de su derrota. Hubo una abstención importante, de más del 50 por ciento, en esos comicios.
Alrededor de esa fecha, y con la expectativa del rechazo implícito en la elevada abstención, conversaciones de pasillo en algunas formaciones políticas sostuvieron que se produciría un alzamiento militar, el cual nunca sucedió. Sin embargo, la oportunidad calza con las fechas señaladas en el artículo de The New York Times que da cuenta de tres rondas de reuniones o entrevistas de algún ex-jefe militar o sus representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en los meses finales de 2017 y primeros de 2018.
La agencia de información financiera Bloomberg produjo una nota con base en informantes bajo condición de anonimato según la cual en mayo fueron “detenidos secretamente” varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes.
El reporte del Times neoyorquino también se basa en un general que habló con la condición de mantenerse en el anonimato. Formaría parte del círculo de poder cívico-militar en Caracas y, por añadidura, se encuentra en la lista de unos 70 funcionarios y empresarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU.
Atentado con dron
El 4 de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los dos drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos civiles, ejecutores materiales de un complot criminal, según investigaciones del gobierno y de la Fiscalía General. Dos parlamentarios opositores fueron implicados: el joven diputado Juan Requesens, quien según sus familiares y copartidarios habría sido detenido y luego "torturado", y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano que ni el pueblo ni el gobierno reconocen), autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partiducho centrista Primero Justicia.
En cuestión de horas Maduro acusó al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos de facilitar la organización del crimen, y a exiliados venezolanos cobijados por Washington y Bogotá de aportar finanzas y materiales para el atentado, que dejó a varios cadetes heridos y mostró en unos segundos de televisión una estampida de guardias nacionales y civiles huyendo ante la explosión del dron en el aire.
Inmediatamente no se responsabilizó a militares como organizadores o cómplices del atentado, pero en los días siguientes se detuvo a los generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones de policía) Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de mantenimiento del orden interno, y Héctor Hernández, jefe del comando antidrogas, así como al coronel Pedro Zambrano, este último por segunda vez este año. Todos fueron pasados a tribunales militares sin que se conozcan detalles sobre los cargos en su contra.
Descontento y lealtad
En las fuerzas armadas “se expresa el mismo descontento que hay en las familias venezolanas”, ha sostenido el mayor general retirado Clíver Alcalá, cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la administración de Maduro. “La institución está tan deteriorada que no tiene capacidad operativa para emprender casi ninguna misión”, según Alcalá.
El descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX latinoamericano. En Venezuela, que vivió la mayor hiperinflación conocida en el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón económico con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por ciento de la moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y servicios esenciales, más impuestos. Esto se compensa con la multiplicación por 35 del salario mínimo y aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que ganará un maestro de escuela y un rector universitario, el director de un hospital y un enfermero.
El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los militares que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de Maduro. Ya hace meses, todos los oficiales firmaron voluntariamente un compromiso público reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las actividades castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Una radio, por favor
El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron armas o combatientes a Washington, sino “equipos de radio encriptados, pues necesitaban comunicarse de manera segura”. La negativa estadounidense desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra el grado de control y el riesgo de delaciones ante una eventual acción subversiva, pero es desestimado por expertos como Rocío San Miguel, presidenta de la crítica organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien “creer que un golpe de Estado en Venezuela depende de la entrega de radios cifradas por parte de EEUU es un chiste, por decir lo menos”.
El “detalle” nutrió también la posición editorial de The New York Times tras la amplia difusión de su informe acerca de las reuniones golpistas: EEUU “no debería estar en el negocio del golpe”, escribió el rotativo: “Es un alivio saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los líderes rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el presidente Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en una operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios sobre la intervención”.
----
Sube el tono
Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa como “número 2” en la estructura de poder en Venezuela y referente del “ala militar del chavismo”, fue repentinamente esta semana blanco de ataques por parte de Nikki Haley, embajadora de EEUU en la Onu [conocida por mentir públicamente sin pudor]. Haley acusó a Cabello de “ladrón” y “narcotraficante”, y afirmó que “Cabello estuvo involucrado directamente en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa. Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y eliminar la competencia”.
El senador republicano Marco Rubio [otro gusano que no tiene problemas en decir las más grandes barbaridades], considerado un influyente consejero de Trump en asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para derrocar a Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención estadounidense. Ya en febrero afirmaba que “el mundo apoyará a los militares de Venezuela si deciden restaurar la democracia”, y más recientemente aseveró que “el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la región e incluso de EEUU”. La “amenaza a la seguridad estadounidense” ha sido una especie de mantra para justificar intervenciones en contra de gobiernos caídos en desgracia a ojos del capitalismo de Washington.
Durante décadas, la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela fue una hipótesis de estudio en academias militares de ambos países. Por ello destaca que esta semana Iván Duque, el nuevo presidente ultraderechista colombiano, acérrimo crítico de Maduro y quien en noviembre recibirá la visita de Trump, dijese que aunque Venezuela es “una dictadura deleznable”, en su criterio “EEUU es el primero en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino” para encarar el tema venezolano.
Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con un personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención a los migrantes venezolanos en Colombia…
Brecha / CALPU
Después de que en agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, en una de sus declaraciones críticas sobre Caracas, dijese: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”, militares venezolanos dispuestos a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro contactaron a responsables de EEUU para solicitar ayuda concreta para sus propósitos.
Washington aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que descartaron involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se frustró, el gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a la mitad la hipotética fuerza rebelde de unos 300 militares.
Esa es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el pasado 8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del hemisferio hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.
El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense, que suele tener excelentes contactos en las altas esferas del régimen de Trump, como evidencia de las acciones de Washington en su contra: “A confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los factores imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times”, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de EEUU contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias”, dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.
Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso de Venezuela amplían un panorama de supuesta disidencia militar y búsqueda de deponer al presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el propio gobierno.
El alto mando militar procura mineralizar el apoyo al gobierno con llamados y compromisos públicos de lealtad por parte de toda la oficialidad y una clara política de ascensos y promociones –oficiales activos y retirados manejan recursos y empresas del Estado– de los más leales. Para la minúscula oposición política los amagos rebeldes detectados por el gobierno y la detención de oficiales muestran el descontento dentro de las fuerzas armadas.
Golpes frustrados
El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local y redes sociales.
Hubo escasa información y publicidad sobre las detenciones, a pesar de un dato relevante: varios de los detenidos comandaban batallones del Ejército con importante poder de fuego. La sublevación que encabezó en febrero de 1992 el ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) la ejecutaron batallones del Ejército dirigidos por cinco teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo nivel de mando de tropas también ayudaron a abortar el golpe de dos días contra Chávez en abril de 2002, que fue derrotado por la movilización popular.
Es así como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones clave para el combate en el centro-norte del país.
También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor general (general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política (Sebin) con Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013), y tras su retiro dirigía una pequeña formación política opositora, llamada Movimiento Desafío de Todos.
El pasado 20 de mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio 2019-2025, adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partiditos de oposición, ante la seguridad de su derrota. Hubo una abstención importante, de más del 50 por ciento, en esos comicios.
Alrededor de esa fecha, y con la expectativa del rechazo implícito en la elevada abstención, conversaciones de pasillo en algunas formaciones políticas sostuvieron que se produciría un alzamiento militar, el cual nunca sucedió. Sin embargo, la oportunidad calza con las fechas señaladas en el artículo de The New York Times que da cuenta de tres rondas de reuniones o entrevistas de algún ex-jefe militar o sus representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en los meses finales de 2017 y primeros de 2018.
La agencia de información financiera Bloomberg produjo una nota con base en informantes bajo condición de anonimato según la cual en mayo fueron “detenidos secretamente” varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes.
El reporte del Times neoyorquino también se basa en un general que habló con la condición de mantenerse en el anonimato. Formaría parte del círculo de poder cívico-militar en Caracas y, por añadidura, se encuentra en la lista de unos 70 funcionarios y empresarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU.
Atentado con dron
El 4 de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los dos drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos civiles, ejecutores materiales de un complot criminal, según investigaciones del gobierno y de la Fiscalía General. Dos parlamentarios opositores fueron implicados: el joven diputado Juan Requesens, quien según sus familiares y copartidarios habría sido detenido y luego "torturado", y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano que ni el pueblo ni el gobierno reconocen), autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partiducho centrista Primero Justicia.
En cuestión de horas Maduro acusó al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos de facilitar la organización del crimen, y a exiliados venezolanos cobijados por Washington y Bogotá de aportar finanzas y materiales para el atentado, que dejó a varios cadetes heridos y mostró en unos segundos de televisión una estampida de guardias nacionales y civiles huyendo ante la explosión del dron en el aire.
Inmediatamente no se responsabilizó a militares como organizadores o cómplices del atentado, pero en los días siguientes se detuvo a los generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones de policía) Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de mantenimiento del orden interno, y Héctor Hernández, jefe del comando antidrogas, así como al coronel Pedro Zambrano, este último por segunda vez este año. Todos fueron pasados a tribunales militares sin que se conozcan detalles sobre los cargos en su contra.
Descontento y lealtad
En las fuerzas armadas “se expresa el mismo descontento que hay en las familias venezolanas”, ha sostenido el mayor general retirado Clíver Alcalá, cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la administración de Maduro. “La institución está tan deteriorada que no tiene capacidad operativa para emprender casi ninguna misión”, según Alcalá.
El descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX latinoamericano. En Venezuela, que vivió la mayor hiperinflación conocida en el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón económico con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por ciento de la moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y servicios esenciales, más impuestos. Esto se compensa con la multiplicación por 35 del salario mínimo y aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que ganará un maestro de escuela y un rector universitario, el director de un hospital y un enfermero.
El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los militares que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de Maduro. Ya hace meses, todos los oficiales firmaron voluntariamente un compromiso público reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las actividades castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Una radio, por favor
El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron armas o combatientes a Washington, sino “equipos de radio encriptados, pues necesitaban comunicarse de manera segura”. La negativa estadounidense desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra el grado de control y el riesgo de delaciones ante una eventual acción subversiva, pero es desestimado por expertos como Rocío San Miguel, presidenta de la crítica organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien “creer que un golpe de Estado en Venezuela depende de la entrega de radios cifradas por parte de EEUU es un chiste, por decir lo menos”.
El “detalle” nutrió también la posición editorial de The New York Times tras la amplia difusión de su informe acerca de las reuniones golpistas: EEUU “no debería estar en el negocio del golpe”, escribió el rotativo: “Es un alivio saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los líderes rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el presidente Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en una operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios sobre la intervención”.
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Sube el tono
Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa como “número 2” en la estructura de poder en Venezuela y referente del “ala militar del chavismo”, fue repentinamente esta semana blanco de ataques por parte de Nikki Haley, embajadora de EEUU en la Onu [conocida por mentir públicamente sin pudor]. Haley acusó a Cabello de “ladrón” y “narcotraficante”, y afirmó que “Cabello estuvo involucrado directamente en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa. Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y eliminar la competencia”.
El senador republicano Marco Rubio [otro gusano que no tiene problemas en decir las más grandes barbaridades], considerado un influyente consejero de Trump en asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para derrocar a Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención estadounidense. Ya en febrero afirmaba que “el mundo apoyará a los militares de Venezuela si deciden restaurar la democracia”, y más recientemente aseveró que “el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la región e incluso de EEUU”. La “amenaza a la seguridad estadounidense” ha sido una especie de mantra para justificar intervenciones en contra de gobiernos caídos en desgracia a ojos del capitalismo de Washington.
Durante décadas, la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela fue una hipótesis de estudio en academias militares de ambos países. Por ello destaca que esta semana Iván Duque, el nuevo presidente ultraderechista colombiano, acérrimo crítico de Maduro y quien en noviembre recibirá la visita de Trump, dijese que aunque Venezuela es “una dictadura deleznable”, en su criterio “EEUU es el primero en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino” para encarar el tema venezolano.
Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con un personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención a los migrantes venezolanos en Colombia…
Brecha / CALPU
ANC exige la renuncia inmediata de Luis Almagro como secretario general de la OEA
La
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por medio de un decreto exigió
este martes la renuncia inmediata de Luis Almagro, como secretario
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por “indigno
para dicho cargo” y por propiciar la desestabilización y violencia en la
región, actuando en función de los intereses del gobierno de los
Estados Unidos de América.
En el decreto también se repudia las declaraciones injerencistas contra Venezuela, por constituirse una amenaza para la Patria, tras difundirse en la red social Twitter material donde el diplomático pide una intervención militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
En este sentido, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, manifestó que con este decreto respaldan a Bolivia y Nicaragua que también exigen de forma rápida la salida de Almagro de la OEA.
“Nosotros nunca le hemos declarado la guerra a nadie, solo la hemos defendido, no caigamos en la provocación del imperialismo, pero de igual forma estamos obligados a proteger nuestro territorio, nuestra soberanía e independencia de quien sea. Ante las evidencias de los ataques del gobierno de Colombia contra Venezuela, nosotros no le vamos a responder de la misma manera, dentro de poco esos países que hoy nos atacan, ellos tendrán que explicarle a sus pueblos el desastres que han venido tapando con la crisis que han generado en Venezuela”, sostuvo.
“Hay que poner en evidencia al grupo de Lima, ellos están fingiendo que están en contra (…), porque no hay problemas Colombia, Argentina, México o Brasil, pero en Costa Rica hay una semana en huelga general y las calles tomadas por el pueblo, quien ve eso, quien saca eso, se dan cuenta de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia”, agregó.
Cabello reiteró que la xenofobia es propiciada por medio de una campaña contra el pueblo venezolano. “Aquí nosotros no estamos acostumbrados a tratar mal a nadie, estamos obligardos a entreprotegernos entre nosotros, siempre unidos para preservar nuestra Patria”.
Por último, enfatizó que Luis Almagro en el año 2020 ya no será secretario General de la OEA, pero Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de Venezuela.
T/ Margiolet Rico
En el decreto también se repudia las declaraciones injerencistas contra Venezuela, por constituirse una amenaza para la Patria, tras difundirse en la red social Twitter material donde el diplomático pide una intervención militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
En este sentido, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, manifestó que con este decreto respaldan a Bolivia y Nicaragua que también exigen de forma rápida la salida de Almagro de la OEA.
“Nosotros nunca le hemos declarado la guerra a nadie, solo la hemos defendido, no caigamos en la provocación del imperialismo, pero de igual forma estamos obligados a proteger nuestro territorio, nuestra soberanía e independencia de quien sea. Ante las evidencias de los ataques del gobierno de Colombia contra Venezuela, nosotros no le vamos a responder de la misma manera, dentro de poco esos países que hoy nos atacan, ellos tendrán que explicarle a sus pueblos el desastres que han venido tapando con la crisis que han generado en Venezuela”, sostuvo.
“Hay que poner en evidencia al grupo de Lima, ellos están fingiendo que están en contra (…), porque no hay problemas Colombia, Argentina, México o Brasil, pero en Costa Rica hay una semana en huelga general y las calles tomadas por el pueblo, quien ve eso, quien saca eso, se dan cuenta de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia”, agregó.
Cabello reiteró que la xenofobia es propiciada por medio de una campaña contra el pueblo venezolano. “Aquí nosotros no estamos acostumbrados a tratar mal a nadie, estamos obligardos a entreprotegernos entre nosotros, siempre unidos para preservar nuestra Patria”.
Por último, enfatizó que Luis Almagro en el año 2020 ya no será secretario General de la OEA, pero Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de Venezuela.
T/ Margiolet Rico
F/ VTVcanal8
La OEA y la invasión militar en Venezuela
por Marcelo Colussi
Análisis
18/09/2018
Los
tambores de guerra vuelven a sonar en relación a la República
Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que es igual a
decir las multinacionales estadounidenses del petróleo, tienen puestos
sus ojos en la mayor reserva de oro negro del planeta, que justamente
está en la tierra de Bolívar, y todo indica que no van a detenerse en su
intento hasta conseguirla. Aunque la quema de hidrocarburos como
energéticos constituye la principal causa del calentamiento global,
mientras haya petróleo en el planeta estas rapaces empresas parecen
dispuestas a seguir quemándolo (¡y vendiéndolo, obteniendo fabulosas
ganancias!). Las reservas probadas que yacen en el subsuelo venezolano
permitirían seguir contaminando el planeta (y dando mucho dinero), de
mantenerse el actual consumo, al menos por casi dos siglos más.
La Organización de Estados Americanos –OEA– es, como dijera hace años el Che Guevara, el “ministerio de colonias” de Washington. Aunque eso resulte patético, ayer como hoy es una triste verdad. Para muestra, lo que está sucediendo en este momento con el papel jugado por su Secretario General, el uruguayo (¿estadounidense?) Luis Almagro.
Siguiendo muy de cerca la situación venezolana, convirtiéndose de hecho en el vocero oficioso de Washington y de sus multinacionales petroleras, Almagro viajó recientemente a Colombia desde donde pidió, con el mayor descaro y violando todos los protocolos diplomáticos, la opción militar para acabar con la Revolución Bolivariana. “En cuanto a intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”. Según su decir, dado que las múltiples reuniones elucubradas por él desde la OEA pidiendo sanciones contra Venezuela, o abiertamente su expulsión de ese organismo regional, no dieron los resultados esperados, ahora “el tiempo se agotó”.
¿Qué tiempo se agotó?, podríamos preguntarnos. ¿La paciencia de la Casa Blanca será?, la cual probó numerosísimas variantes para desplazar al gobierno venezolano –ayer con Hugo Chávez, hoy con Nicolás Maduro–, siendo que ninguna de ellas le resultó. Ni golpes de Estado, paros patronales, guarimbas, sabotajes, mercado negro, hiperinflación inducida, desabastecimiento, provocaciones varias, pudieron torcer el rumbo del proyecto nacionalista que hace ya cerca de dos décadas se viene desarrollando en Venezuela. La intervención militar foránea se ve ahora como, quizá, la única opción posible para detener el proceso político en curso.
Decir “intervención militar” es decir invasión de fuerzas extra nacionales capitaneadas por Estados Unidos, que tiene preparada esta opción como un recurso final para recuperar esas cuantiosas reservas petroleras, hoy nacionalizadas y manejadas por un Estado con compromiso social. De ahí la cantidad de bases militares con alta tecnología bélica, todas norteamericanas, que atenazan a Venezuela (7 en Colombia, 1 en Curazao, 2 en Honduras), más el posible accionar de ejércitos nacionales de algunos países latinoamericanos bajo el manto de la OEA, todos bajo el liderazgo militar de Washington.
El pedido formulado por el Secretario Almagro representa un fiel reflejo de la caracterización dada por el Che Guevara: es una grosera intromisión del organismo regional en los asuntos internos de un Estado miembro (la metrópoli ordenando qué hacer a sus colonias). Con esta petición se viola flagrantemente el artículo 19 de la Carta de la OEA. Esa no intromisión que establece el documento fundacional, estipula que no deberá ejercerse injerencia en ninguna forma, ni militar ni bajo ningún otro aspecto: político, diplomático, económico. Si la OEA considera que “el tiempo se agotó”, pareciera que eso no responde a una sana y sopesada actitud diplomática de diálogo sino a la febril mentalidad de un invasor ávido de robar lo que no le pertenece.
Claramente, el artículo 21 de dicha Carta indica en forma tajante que el territorio de un Estado miembro es inviolable, no pudiendo ser objeto ni de ocupación militar ni de ninguna otra medida de fuerza tomada por otro Estado ni por el organismo, así sea en forma temporal.
Por otro lado, el artículo 22 estipula que ningún Estado de la organización podrá acudir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa repeliendo una invasión.
De hecho, lo que plantea ahora la OEA a través de su cabeza visible Luis Almagro –vocero encubierto de la Casa Blanca– constituye una abierta ilegalidad en términos de derecho internacional. Es, en concreto, un llamado a la violencia, incitando a la desestabilización de un gobierno democráticamente electo. Es un llamado a la guerra, lisa y llanamente. Si se quiere decir de otro modo: un absoluto absurdo en términos diplomáticos, pues la organización que debería velar por la paz regional, está haciendo una apología de la violencia.
Esta conducta injerencista de Almagro trajo como respuesta inmediata del gobierno venezolano una denuncia presentada ante la Organización de Naciones Unidas –ONU–.
Sin dudas la situación actual del país caribeño es difícil, sumamente difícil. Los ataques solapados –y no tan solapados– que el gobierno de Estados Unidos, junto a las oligarquías de distintos países de la región latinoamericana, viene realizando contra Venezuela, han dejado graves secuelas. El descontento en la población no es poco, pues la vida cotidiana se ha venido deteriorando cada vez más en estos últimos años, a partir de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero queda claro que el problema no es tal o cual presidente: es la voracidad de las compañías petroleras del país del norte que no desean perder su botín, junto a otras innumerables riquezas que presenta el territorio venezolano: agua dulce, gas, minerales estratégicos, oro, diamantes, biodiversidad de su selva amazónica.
Independientemente de errores que pueda haber cometido el gobierno bolivariano, es un imperativo ético primordial condenar enérgicamente cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos. Los problemas de los venezolanos los deben arreglar los venezolanos. Lo demás es, pura y abiertamente, una vil invasión.
mmcolussi@gmail.com,
https://www.facebook.com/marce
https://mcolussi.blogspot.com/
La Organización de Estados Americanos –OEA– es, como dijera hace años el Che Guevara, el “ministerio de colonias” de Washington. Aunque eso resulte patético, ayer como hoy es una triste verdad. Para muestra, lo que está sucediendo en este momento con el papel jugado por su Secretario General, el uruguayo (¿estadounidense?) Luis Almagro.
Siguiendo muy de cerca la situación venezolana, convirtiéndose de hecho en el vocero oficioso de Washington y de sus multinacionales petroleras, Almagro viajó recientemente a Colombia desde donde pidió, con el mayor descaro y violando todos los protocolos diplomáticos, la opción militar para acabar con la Revolución Bolivariana. “En cuanto a intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”. Según su decir, dado que las múltiples reuniones elucubradas por él desde la OEA pidiendo sanciones contra Venezuela, o abiertamente su expulsión de ese organismo regional, no dieron los resultados esperados, ahora “el tiempo se agotó”.
¿Qué tiempo se agotó?, podríamos preguntarnos. ¿La paciencia de la Casa Blanca será?, la cual probó numerosísimas variantes para desplazar al gobierno venezolano –ayer con Hugo Chávez, hoy con Nicolás Maduro–, siendo que ninguna de ellas le resultó. Ni golpes de Estado, paros patronales, guarimbas, sabotajes, mercado negro, hiperinflación inducida, desabastecimiento, provocaciones varias, pudieron torcer el rumbo del proyecto nacionalista que hace ya cerca de dos décadas se viene desarrollando en Venezuela. La intervención militar foránea se ve ahora como, quizá, la única opción posible para detener el proceso político en curso.
Decir “intervención militar” es decir invasión de fuerzas extra nacionales capitaneadas por Estados Unidos, que tiene preparada esta opción como un recurso final para recuperar esas cuantiosas reservas petroleras, hoy nacionalizadas y manejadas por un Estado con compromiso social. De ahí la cantidad de bases militares con alta tecnología bélica, todas norteamericanas, que atenazan a Venezuela (7 en Colombia, 1 en Curazao, 2 en Honduras), más el posible accionar de ejércitos nacionales de algunos países latinoamericanos bajo el manto de la OEA, todos bajo el liderazgo militar de Washington.
El pedido formulado por el Secretario Almagro representa un fiel reflejo de la caracterización dada por el Che Guevara: es una grosera intromisión del organismo regional en los asuntos internos de un Estado miembro (la metrópoli ordenando qué hacer a sus colonias). Con esta petición se viola flagrantemente el artículo 19 de la Carta de la OEA. Esa no intromisión que establece el documento fundacional, estipula que no deberá ejercerse injerencia en ninguna forma, ni militar ni bajo ningún otro aspecto: político, diplomático, económico. Si la OEA considera que “el tiempo se agotó”, pareciera que eso no responde a una sana y sopesada actitud diplomática de diálogo sino a la febril mentalidad de un invasor ávido de robar lo que no le pertenece.
Claramente, el artículo 21 de dicha Carta indica en forma tajante que el territorio de un Estado miembro es inviolable, no pudiendo ser objeto ni de ocupación militar ni de ninguna otra medida de fuerza tomada por otro Estado ni por el organismo, así sea en forma temporal.
Por otro lado, el artículo 22 estipula que ningún Estado de la organización podrá acudir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa repeliendo una invasión.
De hecho, lo que plantea ahora la OEA a través de su cabeza visible Luis Almagro –vocero encubierto de la Casa Blanca– constituye una abierta ilegalidad en términos de derecho internacional. Es, en concreto, un llamado a la violencia, incitando a la desestabilización de un gobierno democráticamente electo. Es un llamado a la guerra, lisa y llanamente. Si se quiere decir de otro modo: un absoluto absurdo en términos diplomáticos, pues la organización que debería velar por la paz regional, está haciendo una apología de la violencia.
Esta conducta injerencista de Almagro trajo como respuesta inmediata del gobierno venezolano una denuncia presentada ante la Organización de Naciones Unidas –ONU–.
Sin dudas la situación actual del país caribeño es difícil, sumamente difícil. Los ataques solapados –y no tan solapados– que el gobierno de Estados Unidos, junto a las oligarquías de distintos países de la región latinoamericana, viene realizando contra Venezuela, han dejado graves secuelas. El descontento en la población no es poco, pues la vida cotidiana se ha venido deteriorando cada vez más en estos últimos años, a partir de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero queda claro que el problema no es tal o cual presidente: es la voracidad de las compañías petroleras del país del norte que no desean perder su botín, junto a otras innumerables riquezas que presenta el territorio venezolano: agua dulce, gas, minerales estratégicos, oro, diamantes, biodiversidad de su selva amazónica.
Independientemente de errores que pueda haber cometido el gobierno bolivariano, es un imperativo ético primordial condenar enérgicamente cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos. Los problemas de los venezolanos los deben arreglar los venezolanos. Lo demás es, pura y abiertamente, una vil invasión.
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Libia: La verdadera cara y las consecuencias de la "intervención humanitaria" de la OTAN
Publicado: 20 mar 2018 08:13 GMT - RT
Otra 'victoria' como la de Libia puede suponer la ruina para el mundo, asevera un analista.
Un edificio histórico arruinado en Bengasi (Libia), el 28 de febrero de 2018.
Esam Omran Al-Fetori / Reuters
Hace siete años, el 19 de marzo de 2011, la OTAN comenzó su intervención en Libia. En un artículo para
RT, Daniel Kovalik, abogado y profesor de Derechos Humanos
Internacionales en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), revela "la
verdadera cara" de este "bombardeo humanitario", y asevera que otra
'victoria' como la de Libia puede suponer "la ruina" para el mundo.
En primer lugar, el autor del artículo insiste en que la ONU nunca autorizó la invasión a gran escala que se llevó a cabo en Libia y que rápidamente se dirigió a un cambio de régimen, por lo que la operación de la OTAN "fue ilegal".
De
acuerdo con el informe, todos los participantes del conflicto armado
"llevaron a cabo ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas
que causaron la muerte de civiles y homicidios
ilegítimos". Además, grupos armados detuvieron a miles de personas. En
las cárceles se generalizaron la tortura y otros malos tratos "y, para
colmo, los esclavos se venden en los mercados públicos de Libia", indica el analista.
"Y esta es la consecuencia de una intervención que, según nos dijeron, debía mejorar los derechos humanos en Libia", se lamenta.
El abogado apunta también que, aunque "se nos dijo" que uno de los objetivos principales de la intervención era "salvar Bengasi del daño inminente" de las fuerzas gubernamentales de Gaddafi, los propios correos electrónicos internos de Hillary Clinton muestran que su equipo reconoció que cualquier problema humanitario que enfrentaba la ciudad ya se había resuelto para el momento del bombardeo.
Mientras tanto, ahora, después de la intervención, Bengasi es escenario "de una grave crisis humanitaria y un semillero de terroristas", afirma el analista.
"Y, sin embargo, ¿dónde están los autoproclamados defensores de los derechos humanos para Libia y Bengasi ahora? ¿Dónde están sus gritos de intervención humanitaria?", se pregunta el experto, para señalar que "todos los responsables de este desastre absoluto" guardan silencio sobre "la tragedia que han ocasionado en ese país".
"Pero lo que es bueno para tales corporaciones no es bueno para el resto de nosotros", asevera este experto, para advertir de que el mundo "no puede permitirse otra guerra que cause estragos en regiones enteras del globo, dando paso a la miseria humana masiva y la destrucción del medio ambiente a su paso". "Como pudo haber dicho el rey Pirro, otra 'victoria' como la de Libia puede ser la ruina para nosotros", concluye Kovalik.
En primer lugar, el autor del artículo insiste en que la ONU nunca autorizó la invasión a gran escala que se llevó a cabo en Libia y que rápidamente se dirigió a un cambio de régimen, por lo que la operación de la OTAN "fue ilegal".
Muertes, torturas y esclavos: consecuencias de una "intervención humanitaria"
A juicio del experto, la invasión de Libia "hizo más para socavar los derechos humanos que para protegerlos". Así, según el informe más reciente de Amnistía Internacional sobre Libia, ahora hay tres gobiernos rivales compitiendo por el poder en el país junto con varias milicias, contrabandistas y otros grupos armados diversos.
Un
libio camina hacia un hotel dañado durante la campaña respaldada por la
OTAN en 2011, en la ciudad de Bani Walid (Libia), el 29 de octubre de
2017.
/ Ulf Laessing
/ Reuters
"Y esta es la consecuencia de una intervención que, según nos dijeron, debía mejorar los derechos humanos en Libia", se lamenta.
"¿Dónde están ahora sus gritos de intervención humanitaria?"
En opinión de Kovalik, mientras que el derrocado líder libio Muammar Gaddafi "no era un santo", era un líder "mucho mejor para su país que muchos de los que Occidente apoya". De hecho, Gaddafi, a instancias de su hijo Saif, "estaba tratando de democratizar Libia en el momento de la invasión", y para hacerlo estaba aceptando "de buena gana" la ayuda del Instituto Nacional Demócrata de EE.UU., destaca el experto, quien recuerda también que Gaddafi había conducido a Libia de ser el país menos próspero de África al ser el más próspero en el momento de la operación de la OTAN.El abogado apunta también que, aunque "se nos dijo" que uno de los objetivos principales de la intervención era "salvar Bengasi del daño inminente" de las fuerzas gubernamentales de Gaddafi, los propios correos electrónicos internos de Hillary Clinton muestran que su equipo reconoció que cualquier problema humanitario que enfrentaba la ciudad ya se había resuelto para el momento del bombardeo.
Un
combatiente rebelde se prepara para remolcar un vehículo del Gobierno
alcanzado por un ataque aéreo de la OTAN en las afueras de Brega
(Libia), el 5 de abril de 2011.
/ Andrew Winning
/ Reuters
"Y, sin embargo, ¿dónde están los autoproclamados defensores de los derechos humanos para Libia y Bengasi ahora? ¿Dónde están sus gritos de intervención humanitaria?", se pregunta el experto, para señalar que "todos los responsables de este desastre absoluto" guardan silencio sobre "la tragedia que han ocasionado en ese país".
Aprovechándose del caos
Es más, los países occidentales y sus corporaciones transnacionales ven en este caos "oportunidades para obtener más dominación y más ganancias", denuncia Kovalik, quien explica que en el caso de naciones como Libia, Occidente "entra y lo bombardea" y luego lleva compañías "que le cobran a ese país por reconstruirlo"."Pero lo que es bueno para tales corporaciones no es bueno para el resto de nosotros", asevera este experto, para advertir de que el mundo "no puede permitirse otra guerra que cause estragos en regiones enteras del globo, dando paso a la miseria humana masiva y la destrucción del medio ambiente a su paso". "Como pudo haber dicho el rey Pirro, otra 'victoria' como la de Libia puede ser la ruina para nosotros", concluye Kovalik.
Escándalo: Un informe oficial revela por qué Noruega bombardeó Libia con la OTAN en 2011
Publicado: 18 sep 2018 20:25 GMT | Última actualización: 19 sep 2018 08:44 GMT - RT
Ese documento certifica que en Oslo no
conocían qué sucedía en ese país norteafricano ni las consecuencias de
esa ofensiva.
Humo provocado por los enfrentamientos entre distintas facciones, Trípoli, Libia, 28 de agosto de 2018.
Hani Amara / Reuters
A pesar del "muy limitado" conocimiento de lo que sucedía en Libia, en 2011 las autoridades noruegas se sumaron a la coalición de la OTAN
liderada por Estados Unidos que apoyó a los rebeldes, bombardeó
territorio libio y permitió el crimen del que era líder de ese país
norteafricano, Muammar Gaddafi.
Este hecho ha quedado reflejado en un informe oficial encabezado por el exministro de Exteriores noruego, Jan Petersen, en el que Oslo reconoce que "en esas situaciones, los responsables de la toma de decisiones a menudo confían en la información de los medios y otros países".
Una comisión oficial de Noruega señala que no hay "fuentes escritas" que muestren que sus gobernantes evaluaran "el tipo de conflicto" en el que iban a participar antes de que comenzara el despliegue aéreo en la 'Operación Odyssey Dawn'.
Entre marzo y julio de 2011, seis aviones F-16 de Noruega sobrevolaron 596 veces sobre territorio libio y arrojaron 588 bombas, el 10 % de los ataques que la coalición realizó ese año.
Esa iniciativa derivó en la captura y el asesinato de Gaddafi. Desde entonces, Libia está sumida en una guerra civil y se convirtió en un territorio fértil para el terrorismo.
Este hecho ha quedado reflejado en un informe oficial encabezado por el exministro de Exteriores noruego, Jan Petersen, en el que Oslo reconoce que "en esas situaciones, los responsables de la toma de decisiones a menudo confían en la información de los medios y otros países".
Una comisión oficial de Noruega señala que no hay "fuentes escritas" que muestren que sus gobernantes evaluaran "el tipo de conflicto" en el que iban a participar antes de que comenzara el despliegue aéreo en la 'Operación Odyssey Dawn'.
Entre marzo y julio de 2011, seis aviones F-16 de Noruega sobrevolaron 596 veces sobre territorio libio y arrojaron 588 bombas, el 10 % de los ataques que la coalición realizó ese año.
Esa iniciativa derivó en la captura y el asesinato de Gaddafi. Desde entonces, Libia está sumida en una guerra civil y se convirtió en un territorio fértil para el terrorismo.
Valoraciones en Noruega
Varios políticos noruegos han expresado su descontento con los hechos que aparecen reflejados en ese documento y algunos, como el líder del Partido Socialista de Izquierda, Audun Lysbakken, afirman que "Norueg
Un investigador del Instituto Noruego de Política Exterior, Morten Boas, asegura que en 2011 muchos políticos pensaron que la ofensiva respondía "principalmente a razones humanitarias", cuando "los otros jugadores clave" estaban "interesados en el cambio de régimen, en deshacerse de Gaddafi".
Tribuna
Lehman Brothers, que parezca un accidente
Los grandes bancos siguen jugando a lo mismo que
hace una década y ahora lo hacen con mayor seguridad que entonces porque
saben que el ‘accidente’ no volverá a ocurrir
por Carlos Sánchez Mato
Malagón
15 de
Septiembre de
2018 - CTXT
Autor: Carlos Sánchez Mato
G-20 en Argentina: Se asoma una nueva gobernanza global
por Noelia Naranjo
Análisis
06/09/2018
En
el marco de las reuniones del G-20 en Argentina, durante los primeros
días de septiembre se estará desarrollando en la ciudad de Mendoza un
encuentro de funcionarios de las áreas de Trabajo y Educación.
Con el eje puesto en los cambios producidos en el mundo del trabajo por la “revolución de las TIC’s”, y el planteo de que el sistema educativo debe acompañar ese cambio para que las personas estén capacitadas para los desafíos de este nuevo momento, sesionará este foro internacional de cooperación financiera, económica y política.
Hoy las grandes corporaciones transnacionales y el sistema financiero global discuten las “formas de este nuevo mundo”, donde los Estados parecen solo como meras herramientas para generar los espacios de esta “nueva gobernanza”, donde las sociedades y sus problemáticas más urgentes parecieran no estar contempladas en las discusiones que conllevan estas transformaciones en el mundo del trabajo y en el sistema educativo.
Con el avance de las nuevas tecnologías cada vez más trabajos están siendo digitalizados o sustituidos por máquinas, robots u otras formas de inteligencia artificial, lo que genera nuevas formas de empleo, de producción y de organización del trabajo.
Cabe decir que las transformaciones tecnológicas no son una “casualidad”. Estas vinieron de la mano de decisiones político-estratégicas que definieron un salto de escala en el polo del capital, que hoy implican profundas modificaciones en las estructuras sociales, laborales, educativas y culturales.
Aún hay empleos, como los trabajos de cuidado y empleos de baja y alta calificación, que no corren riesgo de ser sustituidos por máquinas. Pero eso no niega la existencia de una tendencia a la desaparición de los trabajos en áreas fácilmente digitalizables. Educación, salud, administración (en el ámbito privado y estatal) y servicios son atravesados por la revolución tecnológica.
Asistimos a una expansión geométrica del comercio electrónico, a un uso progresivo del Big Data en la comunicación y la prensa, a una implementación progresiva del gobierno electrónico, a una agricultura y una industria digitalizada, y hasta un turismo y unas finanzas programadas “online”.
En este escenario, según un informe del Banco Mundial, en Argentina un 60% de todos los puestos de trabajos podrían ser destruidos y/o sustituidos.
Por el otro lado, los nuevos empleos que se crean son precarios y flexibilizados. Estos son constituidos en base de contratos temporales para trabajadores/as autónomas/as (monotributistas), sin aportes por parte del empleador, sin aguinaldo, licencia por maternidad u otros derechos laborales, y en muchos casos directamente sin contrato y en la más absoluta informalidad.
Estos cambios tendrán graves consecuencias para la capacidad organizativa de la clase trabajadora. El poder de los sindicatos, entonces, se desdibuja.
Además, se verán disminuidos los presupuestos disponibles para políticas públicas, resultando en un progresivo desmantelamiento de los sistemas de protección social.
Debemos prestar atención, también, a los efectos subjetivos que conllevan la creciente inestabilidad, desigualdad, desprotección, competencia y la transformación del trabajador en emprendedor flexible, es decir un trabajador “construido” en base a las necesidades del capital donde la maximización de la ganancia es un principal interés.
Donde la lógica se profundiza, los individuos son cada vez más “alienados programables”. El resultado es una profundización de la explotación.
En este sentido, la construcción de la subjetividad, es decir la construcción de las “ideas”, viene de la mano de cómo se irá construyendo la “nueva educación” que recibirá ese sujeto. La educación formal, y cada vez más la no formal, moldea a los futuros trabajadores. Las palabras innovación, resolución de problemas, libertad, comodidad, juegan en el plano de las apariencias, no develando que el objetivo es atentar contra la educación pública, haciendo cada vez más restringido el acceso de toda la sociedad al conocimiento.
Estamos ante una situación de profundos cambios asociados a la producción de “conocimiento”, enmarcado en la “revolución de las TIC’s”, que se han integrado como herramientas imprescindibles de nuestra cotidianeidad.
Debemos generalizar el debate de lo que se plantea en estas “mega reuniones”. En el capitalismo contemporáneo, la innovación, el desarrollo y el conocimiento son aristas de una estrategia general que tiene un sólo objetivo: la maximización de la GANANCIA.
Con las transformaciones en el mundo del trabajo y en la educación una nueva gobernanza se asoma. Es tarea de las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, docentes, es decir, de los diversos sectores de la sociedad, discutir proyectos alternativos que se contrapongan al interés de las grandes corporaciones y sus redes de lobistas, para que comience a nacer una alternativa definitiva: una “gobernanza” en favor de los pueblos.
Noelia Naranjo
Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCuyo). Docente (UNCuyo). Redactora-investigadora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Con el eje puesto en los cambios producidos en el mundo del trabajo por la “revolución de las TIC’s”, y el planteo de que el sistema educativo debe acompañar ese cambio para que las personas estén capacitadas para los desafíos de este nuevo momento, sesionará este foro internacional de cooperación financiera, económica y política.
Hoy las grandes corporaciones transnacionales y el sistema financiero global discuten las “formas de este nuevo mundo”, donde los Estados parecen solo como meras herramientas para generar los espacios de esta “nueva gobernanza”, donde las sociedades y sus problemáticas más urgentes parecieran no estar contempladas en las discusiones que conllevan estas transformaciones en el mundo del trabajo y en el sistema educativo.
Con el avance de las nuevas tecnologías cada vez más trabajos están siendo digitalizados o sustituidos por máquinas, robots u otras formas de inteligencia artificial, lo que genera nuevas formas de empleo, de producción y de organización del trabajo.
Cabe decir que las transformaciones tecnológicas no son una “casualidad”. Estas vinieron de la mano de decisiones político-estratégicas que definieron un salto de escala en el polo del capital, que hoy implican profundas modificaciones en las estructuras sociales, laborales, educativas y culturales.
Aún hay empleos, como los trabajos de cuidado y empleos de baja y alta calificación, que no corren riesgo de ser sustituidos por máquinas. Pero eso no niega la existencia de una tendencia a la desaparición de los trabajos en áreas fácilmente digitalizables. Educación, salud, administración (en el ámbito privado y estatal) y servicios son atravesados por la revolución tecnológica.
Asistimos a una expansión geométrica del comercio electrónico, a un uso progresivo del Big Data en la comunicación y la prensa, a una implementación progresiva del gobierno electrónico, a una agricultura y una industria digitalizada, y hasta un turismo y unas finanzas programadas “online”.
En este escenario, según un informe del Banco Mundial, en Argentina un 60% de todos los puestos de trabajos podrían ser destruidos y/o sustituidos.
Por el otro lado, los nuevos empleos que se crean son precarios y flexibilizados. Estos son constituidos en base de contratos temporales para trabajadores/as autónomas/as (monotributistas), sin aportes por parte del empleador, sin aguinaldo, licencia por maternidad u otros derechos laborales, y en muchos casos directamente sin contrato y en la más absoluta informalidad.
Estos cambios tendrán graves consecuencias para la capacidad organizativa de la clase trabajadora. El poder de los sindicatos, entonces, se desdibuja.
Además, se verán disminuidos los presupuestos disponibles para políticas públicas, resultando en un progresivo desmantelamiento de los sistemas de protección social.
Debemos prestar atención, también, a los efectos subjetivos que conllevan la creciente inestabilidad, desigualdad, desprotección, competencia y la transformación del trabajador en emprendedor flexible, es decir un trabajador “construido” en base a las necesidades del capital donde la maximización de la ganancia es un principal interés.
Donde la lógica se profundiza, los individuos son cada vez más “alienados programables”. El resultado es una profundización de la explotación.
En este sentido, la construcción de la subjetividad, es decir la construcción de las “ideas”, viene de la mano de cómo se irá construyendo la “nueva educación” que recibirá ese sujeto. La educación formal, y cada vez más la no formal, moldea a los futuros trabajadores. Las palabras innovación, resolución de problemas, libertad, comodidad, juegan en el plano de las apariencias, no develando que el objetivo es atentar contra la educación pública, haciendo cada vez más restringido el acceso de toda la sociedad al conocimiento.
Estamos ante una situación de profundos cambios asociados a la producción de “conocimiento”, enmarcado en la “revolución de las TIC’s”, que se han integrado como herramientas imprescindibles de nuestra cotidianeidad.
Debemos generalizar el debate de lo que se plantea en estas “mega reuniones”. En el capitalismo contemporáneo, la innovación, el desarrollo y el conocimiento son aristas de una estrategia general que tiene un sólo objetivo: la maximización de la GANANCIA.
Con las transformaciones en el mundo del trabajo y en la educación una nueva gobernanza se asoma. Es tarea de las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, docentes, es decir, de los diversos sectores de la sociedad, discutir proyectos alternativos que se contrapongan al interés de las grandes corporaciones y sus redes de lobistas, para que comience a nacer una alternativa definitiva: una “gobernanza” en favor de los pueblos.
Noelia Naranjo
Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCuyo). Docente (UNCuyo). Redactora-investigadora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
BRASIL
Chomsky asegura que Lula debería ser candidato “por derecho”
por LaRed21
LA HAINE - 17/09/2018
El intelectual estadounidense consideró que "Brasil fue el país más respetado con Lula y el excanciller Amorim"
El
reconocido lingüista estadounidense Noam Chomsky afirmó este viernes
que el ex-mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, debería ser
candidato presidencial “por derecho”.
“Hay problemas de la democracia en Brasil, problemas contundentes, y no podemos dejar de observar el tema de la persona que sería por derecho nuestro candidato de Brasil”, dijo Chomsky sobre Lula al inaugurar el foro “Amenazas a la Democracia y al Orden Multipolar”, organizado por la Fundación Perseu Abramo en San Pablo.
“Me encontré con Lula hace unos años, justo antes de que asuma el cargo”, dijo Chomsky y agregó: “me quedé impresionado y he mantenido esa buena impresión”.
Chomsky manifestó también que hace un siglo, Brasil era clasificado por analistas como el “coloso del Sur” y que el país se convirtió en “el más respetado del mundo, bajo el liderazgo de Lula y de su ministro Celso Amorim, con sus impresionantes hechos”.
“Y eso es una indicación de lo que puede ser alcanzado por el país. Nunca subestime los obstáculos al frente y tampoco la capacidad del espíritu humano de superarlos y prevalecer”, agregó al destacar la gestión de Lula y su canciller Celso Amorim, quien participó del foro.
Apoyo de otros líderes mundiales
También participaron del encuentro Dominique de Villepin y Massimo D’Alema, exprimeros ministros de Francia e Italia, respectivamente y el ex-jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros políticos y diferentes académicos e intelectuales.
Zapatero manifestó que el Brasil de Lula dejó “legados decisivos en el orden internacional”, pues hasta su llegada a la Presidencia de Brasil (2003) “nunca se había empeñado una fuerza como esa contra la pobreza y la miseria”.
De cara a las elecciones de octubre el político español invitó a “todo el Brasil progresista” a votar por Fernando Haddad, sucesor de Lula como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) tras la inhabilitaicón del exmandatario por parte de la justicia electoral. “Sé que van a ganar las elecciones, que Fernando Haddad ganará las elecciones y que será, además de todo, una victoria generosa”, vaticinó Zapatero.
D’Alema por su parte dijo estar “muy preocupado con lo que pasa en Brasil, porque, a su juicio, Lula “fue preso por un juicio indebido y fue ignorada la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que pudiera participar en las elecciones”.
El ex primer ministro italiano visitó a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba en la que está recluido desde el pasado 7 de abril y dijo que vio al líder del PT “un poco flaco” y “herido por las injusticias que sufrió”, pero con la “misma visión, lucidez y determinación”.
“Es un luchador y entiende muy bien qué es lo que está en juego, es la democracia lo que está en juego en Brasil y no la victoria de uno u otro político”, manifestó.
Villepin en su turno destacó que en los últimos años Brasil se convirtió en un actor internacional de mayor peso y “eso en gran parte” fue por Lula y por el ex-canciller Celso Amorim.
En su opinión el país sudamericano está actualmente en “un momento de inflexión”, pues o “escoge el camino de la democracia y la sigue respetando” o por el contrario, “va en dirección de la violencia política, más odio y más miedo”.
“Hay problemas de la democracia en Brasil, problemas contundentes, y no podemos dejar de observar el tema de la persona que sería por derecho nuestro candidato de Brasil”, dijo Chomsky sobre Lula al inaugurar el foro “Amenazas a la Democracia y al Orden Multipolar”, organizado por la Fundación Perseu Abramo en San Pablo.
“Me encontré con Lula hace unos años, justo antes de que asuma el cargo”, dijo Chomsky y agregó: “me quedé impresionado y he mantenido esa buena impresión”.
Chomsky manifestó también que hace un siglo, Brasil era clasificado por analistas como el “coloso del Sur” y que el país se convirtió en “el más respetado del mundo, bajo el liderazgo de Lula y de su ministro Celso Amorim, con sus impresionantes hechos”.
“Y eso es una indicación de lo que puede ser alcanzado por el país. Nunca subestime los obstáculos al frente y tampoco la capacidad del espíritu humano de superarlos y prevalecer”, agregó al destacar la gestión de Lula y su canciller Celso Amorim, quien participó del foro.
Apoyo de otros líderes mundiales
También participaron del encuentro Dominique de Villepin y Massimo D’Alema, exprimeros ministros de Francia e Italia, respectivamente y el ex-jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros políticos y diferentes académicos e intelectuales.
Zapatero manifestó que el Brasil de Lula dejó “legados decisivos en el orden internacional”, pues hasta su llegada a la Presidencia de Brasil (2003) “nunca se había empeñado una fuerza como esa contra la pobreza y la miseria”.
De cara a las elecciones de octubre el político español invitó a “todo el Brasil progresista” a votar por Fernando Haddad, sucesor de Lula como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) tras la inhabilitaicón del exmandatario por parte de la justicia electoral. “Sé que van a ganar las elecciones, que Fernando Haddad ganará las elecciones y que será, además de todo, una victoria generosa”, vaticinó Zapatero.
D’Alema por su parte dijo estar “muy preocupado con lo que pasa en Brasil, porque, a su juicio, Lula “fue preso por un juicio indebido y fue ignorada la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que pudiera participar en las elecciones”.
El ex primer ministro italiano visitó a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba en la que está recluido desde el pasado 7 de abril y dijo que vio al líder del PT “un poco flaco” y “herido por las injusticias que sufrió”, pero con la “misma visión, lucidez y determinación”.
“Es un luchador y entiende muy bien qué es lo que está en juego, es la democracia lo que está en juego en Brasil y no la victoria de uno u otro político”, manifestó.
Villepin en su turno destacó que en los últimos años Brasil se convirtió en un actor internacional de mayor peso y “eso en gran parte” fue por Lula y por el ex-canciller Celso Amorim.
En su opinión el país sudamericano está actualmente en “un momento de inflexión”, pues o “escoge el camino de la democracia y la sigue respetando” o por el contrario, “va en dirección de la violencia política, más odio y más miedo”.
Fernando Haddad en el escenario electoral de Brasil
| CUBADEBATE
El candidato por el PT, Fernando Haddad. Foto: Telesur.
No vienen del mismo pasado social, pero ambos líderes comparten un proyecto de país. De hecho, ya acumulan logros juntos: durante los siete años de Haddad como ministro de Educación de Lula (2005-2012) se dobló el número de matrículas en las universidades federales, se crearon más de 214 escuelas técnicas, se construyeron 126 campus universitarios y 14 universidades federales.
La duda que surge en el panorama político actual es si Haddad logrará conquistar los votos de Lula, así como nuevos simpatizantes, en una población electoral fragmentada. El desafío lo lleva adelante con la campaña que ambos impulsaron desde el inicio: “Brasil feliz de nuevo”.
El escenario electoral con Haddad
A solo unos días del anuncio de Haddad como sustituto de Lula, el candidato del PT igualó a Ciro Gomes en el segundo lugar de las encuestas con 13 por ciento en intención de voto, según Datafolha. Mientras que Bolsonaro se posicionaba en el primer puesto con 26 por ciento.Otra encuesta, hecha por CNT/MDA y difundida el 17 de septiembre, ubica a Haddad con el 17,6 por ciento de intención de voto, nuevamente por debajo de Bolsonaro, quien lidera con el 28 por ciento. Luego se ubican Ciro Gomes (PDL) con 10,8 por ciento; Geraldo Alckmin (PSDB) con el 6,1 por ciento; Marina Silva (RED) con el 4,1 por ciento; y João Amoêdo (NUEVO) con el 2,8 por ciento.
“La tendencia es que (Haddad) crezca y así el PT, aún después del impeachment, campaña mediática y prisión de Lula, alcanzaría la segunda vuelta”, explicó el corresponsal de teleSUR, Ignacio Lemus.
Pese al crecimiento de Haddad en las encuestas existe un factor de riesgo: “si izquierda y centroizquierda dividen los puntos de Ciro Gomes y Haddad y los electorales del neoliberal (Gerardo) Alckmin, ante su evidente caída, deciden votar a Bolsonaro, el ultraconservador se acercaría a un triunfo en 1era vuelta”, indica Lemus.
Ventajas de Hadad para las elecciones
- Bloqueo a Lula es visto como la continuación del golpe de Estado
El representante del PT en la Cámara, el diputado Paulo Pimenta, señaló que la prohibición judicial de la candidatura de Lula “consolida una nueva etapa del golpe iniciado en 2016, con el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff”. Confía en que estas circunstancias ayudarán al PT a unir al electorado
2. Apoyo de Lula
El exmandatario brasileño, Lula da Silva, permaneció como candidato hasta el último momento posible. En Curitiba, frente a la sede policía donde está preso y con miles de simpatizantes del líder obrero, se dio el anuncio de Haddad como su reemplazo.
Según el historiador Lincoln Secco, de la Universidad de São Paulo (USP), Lula permanecerá como actor político determinante en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, su apoyo a Haddad tiene mucha relevancia.
“Votar por Haddad es votar por Lula, porque ya no soy más que una persona, soy una idea. Y Haddad y Manuela (D’Avila) son representantes legítimos de la idea de que es posible gobernar para todos, prestando especial afecto por los necesitados, promoviendo el crecimiento económico y la justicia social”, expresó Lula en una carta dirigida a los brasileños.
“Haddad fue el mejor ministro de la educación de la historia de este país”, aseveró Lula en la carta y explicó que Haddad lo ayudó “a hacer realidad un sueño, que la mayoría de los jóvenes brasileños ni siquiera se atrevían a soñar, que era llegar a la universidad”.
3. El PT, la mayor fuerza política
Según la encuesta de Ibope, el PT es el partido preferido por el 29 por ciento de los electores. Además, supera las otras 34 agrupaciones políticas registradas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Es muy difícil que un partido que tenga esa preferencia del electorado no tenga un candidato en la segunda vuelta, cualquiera que sea él”, indicó Secco.
- Actual declive económico de Brasil
La analista política, María Socorro Braga, indicó que los retrocesos sociales y económicos durante la gestión de Temer podría acentuar los “votos retrospectivos”, pues el electorado tiene un recuerdo positivo de los gobiernos del PT.
“Cualquier gobierno que asuma el país va a encontrar una situación crítica. Entonces, si él (Haddad) consigue pegar su imagen al expresidente Lula y a las principales políticas sociales, de aumento del salario mínimo y otras condiciones necesarias para que las personas tengan una vida mejor, mayor es la probabilidad de que el electorado vote en la propuesta petista”, consideró Socorro.
- Una mujer como vicepresidenta
Por eso, la analista Socorro explicó la relevancia de que Manuela D’Ávila sea la compañera de fórmula de Haddad en la coalición “Brasil feliz de nuevo”.
“Hoy es el electorado femenino que bloquea la candidatura de Bolsonaro” y no le permite pasar de nivel “parece un techo”. Entonces, ese es el electorado que Haddad y Manuela deben conquistar.
(Tomado de Telesur)
De la fuerza de Lula a la fuerza de Haddad
Por:
Emir Sader
| CUBADEBATE
Fernando Haddad, candidato a la presidencia de Brasil. Foto: Reuters.
Toda la campaña del PT se concentra en la fórmula Lula es Haddad, Haddad es Lula. Es una lucha en contra del tiempo (algo más que 20 días hasta la primera vuelta), pero también en contra de la dificultad de información. Las encuestas hasta ahora daban a Haddad niveles bajos de apoyo, las nuevas ya lo apuntan como el candidato de Lula, tras su renuncia.
En esas circunstancias, por primera vez Haddad aparece liderando una encuesta, con el 22% de apoyo, Bolsonaro en segundo lugar, con el 15%. La tendencia es la de un crecimiento sostenido de Haddad hasta el 7 de octubre, día de la primera vuelta.
Otros síntomas confirman ese favoritismo. El así llamado “mercado” empieza a asumir la posibilidad del retorno del PT al gobierno. Aunque el empresariado brasileño se muestra todavía muy reacio a esa posibilidad, con la bolsa de valores con caídas sostenidas y el dólar al alza que lo pone a un nivel superior al de 2002 (momento de la primera victoria de Lula), organismos financieros internacionales se muestran más sensibles a encarar un gobierno de Fernando Haddad.
Por otra parte, los grandes periódicos conservadores empiezan a preguntarse qué posiciones tendría Haddad, en caso de ser electo, sobre temas muy sensibles para ellos, como el mismo modelo económico neoliberal, las privatizaciones, la reforma tributaria, entre otros.
Otro elemento nuevo es la declaración de Ciro Gomes, que compite con el PT desde el comienzo de la campaña electoral, en la que señala que, en caso de que Haddad llegue a la segunda vuelta, votará por él.
El PT, a su vez, concentra las manifestaciones de Haddad en el nordeste de Brasil y en el sudeste. La primera región, concentra el mayor apoyo a los candidatos del PT, así como la más grande cantidad de gobernadores que apoyan a Haddad. El sudeste porque, al contrario, siendo una región con una gran cantidad de electores, es donde el PT tiene los peores resultados.
Mientras tanto, la derecha se ve envuelta en una situación que se asemeja a un suicidio político. No ha logrado tener un candidato que se valiera del sentimiento de rechazo de la política y de los políticos, teniendo que atenerse a candidatos de la vieja política. Aun así, entre estos, el representante del PSDB, el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, que ya había sido el candidato derrotado por Lula en 2010, no logra despegar, quedando a nivel de 5% de las preferencias en las encuestas.
El candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, es el que ocupa el segundo lugar en las encuestas, pero que tiene a su haber tanto el problema de que sus posiciones extremistas le ponen un límite a su crecimiento, como el extraño atentado que sufrió que lo ha dejado fuera de la campana, sin que se sepa realmente cuándo podrá retomar las actividades electorales, si es que lo puede hacer. Una probable segunda vuelta entre Haddad y Bolsonaro planteará difíciles opciones para Fernando Henrique Cardoso y su partido, el PSDB, así como para otros candidatos que pretenden no ser asimilados por las posiciones de Bolsonaro.
El escenario se muestra así muy favorable a una victoria de Fernando Haddad en las elecciones de octubre, haciendo con que el PT vuelva al gobierno de Brasil. De confirmarse esta posibilidad, el nuevo gobierno tendrá que enfrentar una pesada herencia, marcada por la recesión económica y el desempleo, y el desmonte del Estado, tanto en el patrimonio privatizado, como en los recursos para políticas públicas. La deuda acumulada por el gobierno de Temer es gigantesca, los desempleados son alrededor de 27 millones de personas, los recursos para políticas sociales están congelados por 20 años.
De ahí que el planteamiento de Lula de la necesidad inmediata de un referendo revocatorio para consultar a la población sobre el paquete de medidas impuesto por el gobierno Temer sea la primera prioridad del nuevo gobierno. Dependiendo de la fuerza parlamentaria que tenga, el PT se plantea también la posibilidad de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que incluya la democratización de los medios, del Poder Judicial, así como una profunda reforma tributaria, entre otras medidas.
"También en Brasil la extrema derecha está en ascenso, donde intenta recuperar el poder de la mano de los militares, pero es un fenómeno con grandes diferencias con respecto a lo que ocurre en otras partes del mundo, como Europa"
Extrema derecha busca recuperar poder en Brasil con militares
También
en Brasil la extrema derecha está en ascenso, donde intenta recuperar
el poder de la mano de los militares, pero es un fenómeno con grandes
diferencias con respecto a lo que ocurre en otras partes del mundo, como
Europa.
Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército y candidato a la presidencia del país por el minúsculo Partido Social Liberal (PSL), siempre defendió la dictadura militar que dominó Brasil entre 1964 y 1985, incluso sus prácticas de tortura y exterminio.
Líder en las encuestas después que al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) la justicia electoral lo declaró inelegible, el 31 de agosto, Bolsonaro resucitó el sueño de derechistas y militares de recuperar el protagonismo perdido, tras una hibernación de tres décadas.
Un atentado en su contra, el 6 de septiembre, reforzó su protagonismo en las encuestas sobre la intención del voto en los comicios presidenciales cuya primera vuelta se realizará el 7 de octubre, pero hay dudas sobre la durabilidad de ese efecto.
El decidido combate a la corrupción y a la criminalidad son las principales banderas que movilizan a sus electores, según Felipe Marques, graduado en informática que trabaja en el diseño de sitios web y a los 38 años, está de nuevo en la universidad estudiando economía, en Río de Janeiro.
“Es el único sin vínculos con la corrupción” entre los candidatos presidenciales, un caso raro después de casi 28 años como diputado, dijo a IPS para justificar su apoyo al antiguo militar, que también se ha posicionado entre sus adeptos como “el único” que sería capaz de mejorar la seguridad pública, tratando duramente “el bandidaje” que se diseminó por el país y provocó “el caos” en Río de Janeiro.
Un policía que “mata 10 o 20 bandidos, con 10 o 30 tiros en cada uno, debería ser condecorado y no procesado (por la justicia”, sostuvo Bolsonaro en una entrevista a la TV Globo el 28 de agosto.
Ese discurso de violencia contra el crimen, que incluye liberar la posesión de armas para que ciudadanos puedan defenderse, sedujo un electorado que alcanza 22 a 26 por ciento del total, según las encuestas, que también apuntan la inseguridad pública como una de las mayores preocupaciones de los brasileños.
“La población se siente insegura en una de las sociedades más violentas del mundo, solo comparable quizás a algunos países de África y América Latina, y cree que se puede solucionarlo con más brutalidad”, evaluó para IPS el sociólogo Elimar Nascimento, profesor de la Universidad de Brasilia.
El contexto comprende también una “población que se cansó de la política y busca alguien que sea su negación, pero encarna su deseo por el nuevo en un viejo político”, destacó.
En ese cuadro, Bolsonaro ya no necesita esforzarse en la campaña electoral, viajar por el país o aparecer en la televisión, “sus adeptos le hacen la propaganda por él”, dedujo el profesor.
Algo auspicioso para el candidato que, desde que fue atacado con un cuchillo durante un acto de campaña en Juiz de Fora, a 160 kilómetros de Río de Janeiro, está hospitalizado en São Paulo y probablemente no podrá realizar actividades de calle y mediáticas hasta que pase la primera vuelta.
El agresor, aparentemente solitario, operó por razones personales.
El hecho de ser militar y tener como candidato a vicepresidente al general retirado Hamilton Mourão, afiliado al oscuro Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), no genera rechazo a Bolsonaro, sino adhesión de muchos seguidores.
“Las personas de menos de 50 años no guardan memoria de la dictadura, los jóvenes no tienen mínima idea de lo que sea, y para ellos los militares tienen la fuerza que amedrenta bandidos”, arguyó Nascimento.
Además Fuerzas Armadas, familia e iglesias son la “santísima trinidad” que disfrutan de la mayor confianza entre los brasileños, acotó el sociólogo.
El ascenso de la extrema derecha en Brasil se distingue del europeo en muchos aspectos, explicó. Allá hubo la traumática experiencia del nazismo y el fascismo, pero la derecha se alimenta ahora de la xenofobia contra los inmigrantes, mientras acá creció con “la indignación contra los políticos”.
“El clima de inseguridad público es otro fermento, prácticamente ausente en Europa”, subrayó.
El “bolsonarismo” es un fenómeno de las capas más ricas y escolarizadas, más concentrado entre los hombres jóvenes. Es por eso que Brasilia, la ciudad de ingresos más altos del país, registra una mayor adhesión al ex capitán, cerca de un tercio del electorado, completó Nascimento.
Esos detalles, revelados en las encuestas, si bien también le apuntan un alto grado de rechazo (los que no votarían por él en ningún caso), hacen prever que Bolsonaro pasará a la segunda vuelta, al disponer de más 20 por ciento de intenciones de voto consolidadas.
Pero por su también sólido rechazo será derrotado en la segunda vuelta el 28 de octubre, principalmente por los votos de las mujeres y de los pobres, las dos mayorías del electorado de este país de 208 millones de personas.
Aunque no triunfe, su propia campaña, con “discursos violentos”, genera efectos muy negativos para la seguridad pública, observó Silvia Ramos, psicóloga e investigadora de violencia urbana del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la carioca Universidad Candido Mendes.
Su discurso suena como “autorización para que policías disparen a matar, ignorando las leyes, lo que puede contaminar políticas de seguridad” en un país donde es muy alta la cantidad de personas muertas en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales, argumentó a IPS.
La creencia de que los militares son eficientes para contener la violencia criminal no se comprobó en Rio de Janeiro, cuyo sector de seguridad pública está bajo intervención de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2018.
“Ha sido un desastre, no es una medida a ser replicada”, evaluó Ramos. Aumentaron los tiroteos en la ciudad, la cantidad de muertos, la sensación de inseguridad entre los residentes.
No es algo que desalienta los “bolsonaristas”. Los militares enfrentan limitaciones financieras y legales para actuar donde impera el “crimen se enraizó y se hizo crónico, debido a gobiernos anteriores que trataban bandidos como normales”, contrarrestó Marques.
Para Ramos, es legítimo que antiguos policías y militares sean candidatos en las elecciones, pero no se trata de postulaciones militares y no deben involucrar a las Fuerzas Armadas, subrayó.
Sin embargo, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas-Boas, dijo que el futuro gobierno “podrá tener su legitimidad cuestionada”, a causa del atentado sufrido por Bolsonaro, en declaraciones al diario Estado de São Paulo del 9 de septiembre.
Esa y otras opiniones públicas de militares activos indican que las Fuerzas Armadas, o parte de ellas, tomaron posiciones a favor del antiguo capitán.
La fórmula encabezada por Bolsonaro cuenta con “una coligación de uniformes y togas”, sostuvo la periodista Maria Cristina Fernandes, en referencia al apoyo de militares y representantes del Poder Judicial, en su columna de 6 de septiembre en el diario Valor Económico.
Esa toma de posiciones partidistas por jerarcas castrenses puede afectar más aún la imagen de las Fuerzas Armadas, que todavía no se libraron de la imagen negativa que carga por su aventura dictatorial de 1964-1985.
Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército y candidato a la presidencia del país por el minúsculo Partido Social Liberal (PSL), siempre defendió la dictadura militar que dominó Brasil entre 1964 y 1985, incluso sus prácticas de tortura y exterminio.
Líder en las encuestas después que al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) la justicia electoral lo declaró inelegible, el 31 de agosto, Bolsonaro resucitó el sueño de derechistas y militares de recuperar el protagonismo perdido, tras una hibernación de tres décadas.
Un atentado en su contra, el 6 de septiembre, reforzó su protagonismo en las encuestas sobre la intención del voto en los comicios presidenciales cuya primera vuelta se realizará el 7 de octubre, pero hay dudas sobre la durabilidad de ese efecto.
El decidido combate a la corrupción y a la criminalidad son las principales banderas que movilizan a sus electores, según Felipe Marques, graduado en informática que trabaja en el diseño de sitios web y a los 38 años, está de nuevo en la universidad estudiando economía, en Río de Janeiro.
“Es el único sin vínculos con la corrupción” entre los candidatos presidenciales, un caso raro después de casi 28 años como diputado, dijo a IPS para justificar su apoyo al antiguo militar, que también se ha posicionado entre sus adeptos como “el único” que sería capaz de mejorar la seguridad pública, tratando duramente “el bandidaje” que se diseminó por el país y provocó “el caos” en Río de Janeiro.
Un policía que “mata 10 o 20 bandidos, con 10 o 30 tiros en cada uno, debería ser condecorado y no procesado (por la justicia”, sostuvo Bolsonaro en una entrevista a la TV Globo el 28 de agosto.
Ese discurso de violencia contra el crimen, que incluye liberar la posesión de armas para que ciudadanos puedan defenderse, sedujo un electorado que alcanza 22 a 26 por ciento del total, según las encuestas, que también apuntan la inseguridad pública como una de las mayores preocupaciones de los brasileños.
“La población se siente insegura en una de las sociedades más violentas del mundo, solo comparable quizás a algunos países de África y América Latina, y cree que se puede solucionarlo con más brutalidad”, evaluó para IPS el sociólogo Elimar Nascimento, profesor de la Universidad de Brasilia.
El contexto comprende también una “población que se cansó de la política y busca alguien que sea su negación, pero encarna su deseo por el nuevo en un viejo político”, destacó.
En ese cuadro, Bolsonaro ya no necesita esforzarse en la campaña electoral, viajar por el país o aparecer en la televisión, “sus adeptos le hacen la propaganda por él”, dedujo el profesor.
Algo auspicioso para el candidato que, desde que fue atacado con un cuchillo durante un acto de campaña en Juiz de Fora, a 160 kilómetros de Río de Janeiro, está hospitalizado en São Paulo y probablemente no podrá realizar actividades de calle y mediáticas hasta que pase la primera vuelta.
El agresor, aparentemente solitario, operó por razones personales.
El hecho de ser militar y tener como candidato a vicepresidente al general retirado Hamilton Mourão, afiliado al oscuro Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), no genera rechazo a Bolsonaro, sino adhesión de muchos seguidores.
“Las personas de menos de 50 años no guardan memoria de la dictadura, los jóvenes no tienen mínima idea de lo que sea, y para ellos los militares tienen la fuerza que amedrenta bandidos”, arguyó Nascimento.
Además Fuerzas Armadas, familia e iglesias son la “santísima trinidad” que disfrutan de la mayor confianza entre los brasileños, acotó el sociólogo.
El ascenso de la extrema derecha en Brasil se distingue del europeo en muchos aspectos, explicó. Allá hubo la traumática experiencia del nazismo y el fascismo, pero la derecha se alimenta ahora de la xenofobia contra los inmigrantes, mientras acá creció con “la indignación contra los políticos”.
“El clima de inseguridad público es otro fermento, prácticamente ausente en Europa”, subrayó.
El “bolsonarismo” es un fenómeno de las capas más ricas y escolarizadas, más concentrado entre los hombres jóvenes. Es por eso que Brasilia, la ciudad de ingresos más altos del país, registra una mayor adhesión al ex capitán, cerca de un tercio del electorado, completó Nascimento.
Esos detalles, revelados en las encuestas, si bien también le apuntan un alto grado de rechazo (los que no votarían por él en ningún caso), hacen prever que Bolsonaro pasará a la segunda vuelta, al disponer de más 20 por ciento de intenciones de voto consolidadas.
Pero por su también sólido rechazo será derrotado en la segunda vuelta el 28 de octubre, principalmente por los votos de las mujeres y de los pobres, las dos mayorías del electorado de este país de 208 millones de personas.
Aunque no triunfe, su propia campaña, con “discursos violentos”, genera efectos muy negativos para la seguridad pública, observó Silvia Ramos, psicóloga e investigadora de violencia urbana del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la carioca Universidad Candido Mendes.
Su discurso suena como “autorización para que policías disparen a matar, ignorando las leyes, lo que puede contaminar políticas de seguridad” en un país donde es muy alta la cantidad de personas muertas en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales, argumentó a IPS.
La creencia de que los militares son eficientes para contener la violencia criminal no se comprobó en Rio de Janeiro, cuyo sector de seguridad pública está bajo intervención de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2018.
“Ha sido un desastre, no es una medida a ser replicada”, evaluó Ramos. Aumentaron los tiroteos en la ciudad, la cantidad de muertos, la sensación de inseguridad entre los residentes.
No es algo que desalienta los “bolsonaristas”. Los militares enfrentan limitaciones financieras y legales para actuar donde impera el “crimen se enraizó y se hizo crónico, debido a gobiernos anteriores que trataban bandidos como normales”, contrarrestó Marques.
Para Ramos, es legítimo que antiguos policías y militares sean candidatos en las elecciones, pero no se trata de postulaciones militares y no deben involucrar a las Fuerzas Armadas, subrayó.
Sin embargo, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas-Boas, dijo que el futuro gobierno “podrá tener su legitimidad cuestionada”, a causa del atentado sufrido por Bolsonaro, en declaraciones al diario Estado de São Paulo del 9 de septiembre.
Esa y otras opiniones públicas de militares activos indican que las Fuerzas Armadas, o parte de ellas, tomaron posiciones a favor del antiguo capitán.
La fórmula encabezada por Bolsonaro cuenta con “una coligación de uniformes y togas”, sostuvo la periodista Maria Cristina Fernandes, en referencia al apoyo de militares y representantes del Poder Judicial, en su columna de 6 de septiembre en el diario Valor Económico.
Esa toma de posiciones partidistas por jerarcas castrenses puede afectar más aún la imagen de las Fuerzas Armadas, que todavía no se libraron de la imagen negativa que carga por su aventura dictatorial de 1964-1985.
Extrema derecha en Latinoamérica
Las expresiones de la ultraderecha que emerge en América Latina
En Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia o México; los
ultraconservadores van tomando fuerza empujados por la derecha y
aprovechando los nuevos escenarios sociales y políticos de la región.
Simpatizantes
del candidato ultraderechista a las elecciones presidenciales de
Brasil,Jair Bolsonaro, se manifiestan en Río de Janeiro.- REUTERS/Pilar
Olivares
"Aquí la izquierda se lucra y
adoctrina con la memoria de chilenos torturados”. Fue el mensaje que el
grupo de extrema derecha chileno Movimiento Social Patriota (MSP)
dejó en Villa Grimaldi, uno de los centros de detención y tortura de la
dictadura de Pinochet, hace dos semanas, en plena preparación para la
conmemoración de los 45 años del golpe de estado.
Su portavoz, Pedro Kunstmann, aseguró a
la prensa que no se trataba de un ataque ni tampoco de un acto
negacionista. “Queríamos evidenciar es que es tiempo de dar vuelta a la
página, hay cosas más importantes en las que enfocarse”, dijo entonces.
Nacido hace un año y medio e inspirado en las experiencias europeas de CasaPound (Italia) u Hogar Social
(España), parte de una ideología “nacionalista”, basada, según detallan
en su web, en “la protección de los recursos naturales, la familia, la
identidad, la biología y la historia nacional”. No se consideran “ni de
izquierda, ni de derecha”, sin embargo, sus postulados son profundamente
xenófobos, racistas, misóginos y homófobos. Promueven la pena de muerte, el rechazo a la “ideología de género” y al aborto.
El pasado 25 de julio, durante la multitudinaria
manifestación por Aborto Legal, Libre y Gratuito en Santiago,
desplegaron un lienzo que decía "Esterilización gratuita para las
hembristas" y cubrieron con sangre y vísceras de animales las calles. La
movilización terminó con tres mujeres apuñaladas, pero los ultraderechistas negaron tener responsabilidad alguna en los hechos.
Semanas antes, habían colgado un cartel con la frase
“Daniela Vega es hombre. La verdad antes que la paz”, en referencia a la
actriz transexual que protagonizó Una Mujer Fantástica, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera.
"La derecha convencional necesita soldados para la brega política confrontacional y violenta"
“No
son movimientos nuevos de ahora, sino que son parte de una reserva
fascistoide que está presente desde principios del siglo XX en el mundo y
también en América Latina”, explica a Público el sociólogo de la
Universidad de Chile, Miguel Urrutia. Según él, ahora encuentran
grietas para manifestarse porque “la derecha convencional necesita
soldados para la brega política confrontacional y violenta, y ahí
reactiva estos grupos que son rescoldo social, y están preparados y
alerta”. Su vocación es “contener los fenómenos de cambio social en la
región”, dice.
El MSP se ha convertido hoy en la cara más visible del neoultraconservadurismo
chileno, pero no es el único actor relevante de este sector ideológico.
Hace poco más de un año, con la llegada a Chile del llamado “Bus de la
libertad”, que difundió mensajes transfóbicos por varias ciudades de
España y América Latina de la mano de Hazte Oír, tomó protagonismo el
nombre de Marcela Aranda. Erigida como portavoz del bus, ha sido asesora
legislativa en distintas sesiones del Congreso, donde hace lobby
político sobre temas como aborto, diversidad sexual y derechos humanos.
Todos ellos mantienen vínculos con el ex candidato presidencial de la derecha más radical José Antonio Kast y su movimiento Acción Republicana,
que obtuvo un 8% de votos en las últimas elecciones. Más a la derecha
que el presidente Sebastián Piñera, para quien pidió el voto en la
segunda vuelta electoral, Kast es la expresión personificada del neopinochetismo:
“El 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad y el país que
tenemos hoy, es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para
impedir la revolución marxista en nuestra tierra”, tuiteó para la
efeméride. Su discurso de odio amparado en la libertad expresión es
fuertemente avalado por los sectores militares y gran parte de los
evangélicos, que cada vez toman más importancia en la política del país.
El rol de los evangélicos
En Chile, la injerencia de los evangélicos en la
política es reciente, pero en otros países de la región como Brasil, que
tiene una de las mayores comunidades del mundo, se da desde hace unos
20 años, según expertos. En el Congreso brasileño existe la llamada "bancada evangélica", formada por 87 diputados y tres senadores. Además, tienen también autoridades a nivel local, como el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella.
Uno de los pastores más influyentes del país y líder
de una red de más de 50 iglesias es Silas Malafaia, que ya ha fijado la
orientación del voto de sus fieles para la próxima campaña electoral. A
través de las redes sociales, donde tiene más de un millón y medio de
seguidores, ha alertado sobre los candidatos de izquierda que apoyan una
"basura moral”, en referencia a la defensa del matrimonio homosexual y
el aborto, y ha anunciado su respaldo al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. "En Brasil necesitamos a un macho como él, que con su vida limpia lidere el país para enfrentar al sistema corrupto", dijo.
El sector evangelista observa con muy buenos ojos el
discurso autoritario y religioso de Bolsonaro, líder del Partido Social
Liberal (PSL), ex capitán del ejército y nostálgico de la dictadura
militar (1964-1985). Las últimas encuestas (Ibope) revelan que, entre
los evangélicos, Bolsonaro reúne el 33% de intención de voto, por encima
de su media total nacional y de las postulaciones de la ecologista (y
evangélica) Marina Silva y el socialdemócrata Geraldo Alckmin, con un
10% cada uno. Además del ultraconservador, éstos son los únicos
candidatos con cierto potencial electoral para los electores
evangélicos.
Miguel Urrutia explica que en Brasil “se ha logrado
confeccionar un espacio de la religiosidad protestante en términos ultra
reaccionarios e irracionales, una especie de desmodernización de las
relaciones políticas, que tiene sus características propias porque a la
noción jerárquica de lo social y de autoritarismo le agregan lo
espiritual, que le da más fuerza”.
Para el politólogo de la Universidad Tecnológica
Metropolitana (UTEM) Max Quitral, la iglesia evangélica ha logrado mayor
influencia, más allá del culto, porque ha hecho una apuesta por su
discurso en los medios de comunicación, sobre todo televisión y prensa,
“para instalar su visión conservadora de los temas valóricos y éticos
que están en el debate público”.
En países como Costa Rica, República Dominicana, Perú y México los evangélicos han liderado las movilizaciones en contra del movimiento LGBTI.
En Colombia, se asociaron con el ex presidente Álvaro Uribe y
ejercieron un papel fundamental en la derrota del plebiscito para de los
Acuerdo de Paz, en 2016, y en la victoria del conservador Iván Duque en
los comicios del pasado junio.
El monopolio del catolicismo en la política, que
hasta hace unas décadas no tenía competencia, se rompió para cederle
terreno al evangelismo, que ha penetrado con especial fuerza en las
clases más bajas de la sociedad.
Migrantes en el punto de mira
Otro clásico flanco de los ataques racistas y
xenófobos de la ultraderecha es la migración. En los últimos meses, los
países de acogida de las personas que huyen de los conflictos
latinoamericanos han sido escenario de tensiones y hostilidades. Una
dinámica que empieza a parecerse a la que se vive en Europa en los
últimos años y que obliga a plantearse si América Latina está caminando
en la misma dirección.
"Las migraciones se han visto como amenazantes desde
que tenemos concreciones de estados nacionales fuertes. Se ven como un
peligro interno por una especie de trasvasije constante [de personas]
que genera miedo a la otredad, a la diferencia, a lo no entendido como
lo idéntico a uno mismo”, reflexiona Miguel Urrutia.
En Chile se ataca de forma particular al afrodescendiente haitiano
La “endofobia”
es el concepto que ha acuñado el Movimiento Social Patriótico chileno
para referirse a una supuesta discriminación al chileno y en
contraposición a la preferencia por el migrante y lo foráneo. A través
de la publicación de datos y noticias falsas, llaman a la expulsión de extranjeros, a frenar la migración,
en especial la procedente de Haití, y a negar toda ayuda social o del
Estado a los que provienen de otro país. “Si no aporta, se deporta”,
dijo Pedro Kunstmann en una entrevista. Un racismo que, en Chile, ataca
de forma particular al afrodescendiente haitiano y que se reproduce en
varios lugares de América Latina.
Más de 40.000 venezolanos han llegado a Brasil por
la localidad fronteriza de Pacaraima, en el estado de Roraima, donde a
finales de agosto hubo un enfrentamiento entre venezolanos migrantes y
brasileños de la zona que provocó el regreso de 1.200 venezolanos a su
país y la intervención del Ejército brasileño.
Autoridades del estado de Roraima han advertido que el flujo migratorio ha desbordado los servicios sociales, y han alarmado a los vecinos por un supuesto aumento del número de delitos, la prostitución y la transmisión de enfermedades.
Autoridades del estado de Roraima han advertido que el flujo migratorio ha desbordado los servicios sociales, y han alarmado a los vecinos por un supuesto aumento del número de delitos, la prostitución y la transmisión de enfermedades.
En el caso de Costa Rica, el rechazo se produce
hacia los migrantes nicaragüenses que huyen de la represión del gobierno
de Daniel Ortega. El mes pasado, a través de las redes sociales, se
convocó una manifestación de tinte xenófobo, autocalificada de
"pacífica" y "nacionalista", y que pretendía "recuperar" y plantar una
bandera de Costa Rica en el parque La Merced, un sitio de encuentro
entre nicaragüenses ubicado centro de la capital, San José. La
movilización, que convocó más participantes de los que muchos se
esperaban, acabó con disturbios, insultos y agresiones hacia los
nicaragüenses, además de dejar un saldo de 44 detenidos.
Max Quitral apunta que la xenofobia en América Latina “tiene que ver con el color, más que con el origen de las personas”, el hecho de proceder de Nicaragua o de Venezuela. En el caso chileno, es muy claro el rechazo de la comunidad haitiana, por encima de cualquier otra de las que han llegado al país.
Max Quitral apunta que la xenofobia en América Latina “tiene que ver con el color, más que con el origen de las personas”, el hecho de proceder de Nicaragua o de Venezuela. En el caso chileno, es muy claro el rechazo de la comunidad haitiana, por encima de cualquier otra de las que han llegado al país.
Coincide con él Urrutia, que ejemplifica: “La
sociedad brasileña es profundamente racista respecto con el negro, al
igual que la chilena, como se demostró con la llegada de la migración
haitiana. Antes lo había sido siempre con sus pueblos originarios”. El
sociólogo habla de “un racismo propio en América Latina, que en algunos aspectos es peor que el europeo porque tiene rasgos de sometimiento colonial”.
Según él, los racismos se “complementan de forma global, no siguen un
patrón universal, sino que es como si existiera una división
internacional del trabajo racista”. En su conclusión, “cada cual, en su
espacio, responde a formas históricas de practicarlo y todas son
regresivas y violentas”.
El neo-fascismo, ola mundial
por Leonardo Boff
por Leonardo Boff
El
fascismo es una derivación extrema del fundamentalismo que tiene una
larga tradición en casi todas las culturas. S. Huntington en su
discutida obra Choque de civilizaciones denuncia a Occidente como uno de
los más virulentos fundamentalistas. Imagina que su cultura es la mejor
del mundo, que tiene la mejor religión, la única verdadera, la mejor
forma de gobierno, la democracia, la mejor tecnociencia, que ha cambiado
la faz del planeta y que le ha conferido la capacidad de destruir a
todos los seres humanos y parte de la biosfera con sus armas letales.
Conocemos
el fundamentalismo islámico y otros, también el de grupos de la Iglesia
Católica oficial que aún creen que ella es la única y exclusiva Iglesia
de Cristo, fuera de la cual no hay salvación. Tal visión errónea abre
espacio a la satanización e incluso a la persecución de otras
denominaciones cristianas y no cristianas. Gracias a Dios tenemos el
Papa actual de la razonabilidad y del sentido común que invalida tales
distorsiones.
Todo
aquel que pretende ser portador exclusivo de la verdad está condenado a
ser fundamentalista y a cerrarse sobre sí mismo, sin diálogo con el
otro.
Aquí se pueden
recordar las palabras del gran poeta español Antonio Machado: “La
verdad. No tu verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”. Si
la buscamos juntos, ella será plena.
El
fascismo nació y nace dentro de un determinado contexto de anomia,
desorden social y crisis generalizada. Desaparecen las seguridades y las
órdenes establecidas se debilitan. La sociedad y los individuos tienen
dificultades para vivir en tal situación. Los científicos sociales y los
historiadores como Eric Vögelin (Orden e Historia, 1956, L. Götz,
Entstehung der Ordnung 1954, Peter Berger, Rumor de Ángeles: la sociedad
moderna y el redescubrimiento de lo sobrenatural, 1973), mostraron que
los seres humanos poseen una tendencia natural hacia el orden. Allí
donde llegan crean pronto un orden y su hábitat. Cuando desaparece se
usa comúnmente la violencia para imponer cierto orden sin el cual no se
forma la cohesión social de la convivencia.
El
nicho del fascismo encuentra su nacimiento en este desorden. Así al
finalizar la Primera Guerra Mundial se generó un caos social,
especialmente en Alemania e Italia. La salida fue la instauración de un
sistema autoritario, de dominación, que monopolizó la representación
política, mediante un único partido de masas, jerárquicamente
organizado, enmarcando todas las instancias, la política, la economía y
la cultura en una única dirección. Esto sólo fue posible mediante un
jefe (Fürher en Alemania y el Duce, en Italia) que organizaron un Estado
corporativista autoritario y de terror.
Como
legitimación simbólica se cultivaban los mitos nacionales, los héroes
del pasado y antiguas tradiciones, generalmente en un marco de grandes
liturgias políticas inculcando la idea de una regeneración nacional.
Especialmente en Alemania los seguidores de Hitler se llenaron de la
convicción de que la raza alemana blanca era “superior” a las demás con
el derecho de someter e incluso de eliminar a las inferiores.
La
palabra fascismo fue usada por primera vez por Benito Mussolini en 1915
al crear el grupo “Fasci d'Azione Revolucionaria”. Fascismo se deriva
de un haz (fasci) de varas, fuertemente amarradas, con un hacha al lado.
Una vara puede ser quebrada, un haz, difícilmente. En 1922/23 fundó el
Partido Nacional Fascista que perduró hasta su derrocamiento en 1945. En
Alemania se estableció en 1933 con Adolfo Hitler que al ser nombrado
canciller creó el Nacionalsocialismo, el partido nazi que impuso al país
una dura disciplina, vigilancia total y el terror de estado.
El
fascismo se presentó como anti-comunista, anticapitalista, como una
corporación que supera las clases y crea una totalidad social cerrada.
La vigilancia, la violencia directa, el terror y el exterminio de los
opositores son características del fascismo histórico de Mussolini y de
Hitler, y en el neo-fascismo la violencia también está presente.
El
fascismo no ha desaparecido totalmente nunca, pues siempre hay grupos
que, movidos por un arquetipo fundamental, buscan el orden de cualquier
forma. Es el neofascismo actual. Hoy en Brasil hay una figura más
hilarante que ideológica que propone el fascismo en nombre del cual
justifica la violencia, la defensa de la tortura y de torturadores, de
la homofobia y otras desviaciones sociales. Siempre en nombre de un
orden a ser forjado contra el actual desorden vigente usando violencia.
El
fascismo siempre ha sido criminal. Creó la shoa (eliminación de
millones de judíos). Usó la violencia como forma de relacionarse con la
sociedad, por lo que nunca pudo ni podrá consolidarse por largo tiempo.
Es la perversión mayor de la sociabilidad humana. En Brasil no será
diferente. Aquí no tendrá posibilidades de imponerse.
Leonardo Boff
12-08-2018
12-08-2018
Bolivia: Doce años de logros y los mismos desestabilizadores de siempre
Opinión
19/09/2018
El
martes 14 de agosto, el presidente Evo Morales ha cumplido, legal y
legítimamente, el record de permanencia sucesiva en la conducción del
aparato estatal boliviano (12 años o 4.578 días como presidente), lo que
lo convierte en el fenómeno político más sobresaliente de la historia
de su país, mientras se suceden intentos desesperados de la derecha para
desestabilizar el país.
El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, denunció intentos “irresponsables” de sectores de la oposición para convulsionar el país con el objetivo de desprestigiar la gestión de gobierno y posesionar un discurso que asegura que el presidente Evo Morales no es garantía de estabilidad económica y política, frente a una realidad que demuestra los grandes logros en doce años de gestión.
Entre los desestabilizadores, incapaces de elaborar propuestas para el país, incluye al expresidente Carlos Mesa, Tuto Quiroga y el rector de la UMSA; Waldo Albarracín, que aseguran que el país se convulsionará si no se respetan los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, en una “convocatoria disfrazada a la violencia”, muy parecida a la que se maneja en Venezuela y Nicaragua.
“El mundo “está viendo que en Bolivia hay plena democracia, donde la gente puede decir libremente sus opiniones y tomar también acciones en función de sus propias convicciones”. Está claro que en Bolivia “no pasa absolutamente nada que restrinja la democracia y los contenidos de la democracia como tal”, indicó.
De acuerdo a todos los sondeos de opinión, el promedio de aprobación de la gestión en doce años de gobierno supera el 55%: la población valora las obras que hace, la intensidad del trabajo que despliega y la honestidad que demuestra el Presidente.
“Estas convocatorias medias disfrazadas a la violencia o a negar más bien la vigencia de un orden democrático le hace mucho daño a la oposición, que debería sentarse primero para ver cómo se pone de acuerdo a tener un solo candidato; segundo, para presentarle un proyecto al país”, subrayó.
Morales es, en su condición de líder histórico, el eje o nodo articulador de otros dos factores que hacen posible la revolución boliviana: la fuerza organizada del pueblo y el proyecto alternativo. Entre 2006 y 2009 Evo presidió el viejo Estado y ahora el Estado Plurinacional superando al conductor de la revolución de 1952, Víctor Paz Estenssoro, quien acumuló 12 años al frente del país de manera discontinua (1952-56, 1960-64 y 1985-89).
A ese triángulo se incorporó el proyecto alternativo, que articula el cuestionamiento a la colonialidad del poder y al sistema capitalista en el Plan Nacional de Desarrollo –que significó la nacionalización del petróleo, la Asamblea Constituyente, la anulación del neoliberalismo, entre otras medidas)- y ahora se enrumba hacia la materialización de la Agenda 2025.
Los analistas señalan que ésta no es una revolución para instalar en el poder a una protoburguesía, como ocurrió en 1952, sino para constituir un bloque en el poder bajo liderazgo indígena campesino, obrero y popular para dar vida al proceso de cambio en la revolución más profunda de la historia boliviana.
Evo fue capaz de articular la resistencia al neoliberalismo desde la crisis de abril de 2000, cuando se desarrolló la “Guerra del Agua”. Hubo otros referentes en la sublevación popular, como Felipe Quispe, pero Morales condensaba los sueños y las esperanzas de la más amplia gama de las clases subalternas. Y tras la derrota del neoliberalismo en octubre de 2003 y del intento de la embajada estadounidense de imponer su presidente en junio de 2005, la poderosa insurgencia indígena campesina, obrera y popular obtuvo una histórica victoria político-electoral en diciembre de 2005.
Para Moldiz, no es posible divorciar a Evo líder, del Evo presidente, y si bien hay momentos en que entra en crisis esa relación, cada vez que lo ha hecho ha salido fortalecida. Evo está decidido a ser candidato, una vez más, en las elecciones de 2019.
La fuerza de su liderazgo, fundada en el protagonismo de los movimientos sociales, se está encargando de romper con varios mitos de la historia de Bolivia, como el que señalaba que la diversidad clasista y nacional-cultural impedía que cualquier candidato obtuviera más del 50% de los votos en la primera vuelta. Conquistó el 54% en 2005 y cuatro años después tuvo el 64% de respaldo, además del 67% que alcanzó en el referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008. En 2014 obtuvo el 62% de votación.
Morales está demostrando que el Estado en manos de una dirección revolucionaria es un instrumento capaz de administrar eficientemente los bienes comunes para la búsqueda del bien común, al no quedar subsumido a las fuerzas ciegas de la economía de mercado (a empresas transnacionales en un modelo neoliberal), sino que con la titularidad de un nuevo bloque en el poder (indígena campesino obrero y popular) queda en función de los intereses de la inmensa mayoría de la población.
Al distanciarse de las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Morales ha logrado el comportamiento más exitoso de la historia económica boliviana: el PIB casi se ha quintuplicado (de seis mil a más de 35 mil millones de dólares), y las exportaciones estancadas en mil millones de dólares al año durante dos décadas se multiplicaron por 10.
Bolivia se erigió en la primera economía de la región en los últimos cuatro años, producto de la política de nacionalizaciones y la aplicación de un modelo que genera excedentes y los redistribuye con distintos mecanismos a la población, provocando un énfasis en la demanda interna.
Y destruyó el mito de que Bolivia necesita de los Estados Unidos y los países del capitalismo central, con una política exterior soberana y diversificada. Ya lo había señalado el desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz: “no somos dependientes por ser pobres, sino pobres por ser dependientes”.
Moldiz recalca que se ha roto, también, el mito de que “los indios no saben gobernar”, abriendo un proceso de descolonización de las estructuras políticas, materiales y simbólicas que le otorgaban a la “blanquitud” una superioridad sobre la “indianitud”. Y demostró que un gobierno de izquierda puede ser eficiente, dejando atrás el prejuicio sobre la participación y el liderazgo estatal: se puede redistribuir la riqueza y hacer obras de envergadura sin poner en riesgo la estabilidad económica y la soberanía.
Ahora le resta demostrar que un proyecto anticapitalista –el socialismo comunitario para el Vivir Bien- es lo que Bolivia necesita para continuar por el rumbo de la soberanía política y la independencia económica.
Como es obvio, dice Moldiz, la revolución boliviana enfrenta –como ahora- también momentos de contrarrevolución, donde la derecha, envalentonada por la teoría del fin del ciclo progresista y de restauración conservadora apunta a destruir todo lo que se hizo en doce años, apoyándose en el discurso de pedir respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016, que cerró la posibilidad de la modificación del artículo 168 de la Constitución y la reelección presidencial.
La respuesta a esta amenaza está en manos de Evo y del pueblo organizado.
Sullkata M. Quilla
Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )
El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, denunció intentos “irresponsables” de sectores de la oposición para convulsionar el país con el objetivo de desprestigiar la gestión de gobierno y posesionar un discurso que asegura que el presidente Evo Morales no es garantía de estabilidad económica y política, frente a una realidad que demuestra los grandes logros en doce años de gestión.
Entre los desestabilizadores, incapaces de elaborar propuestas para el país, incluye al expresidente Carlos Mesa, Tuto Quiroga y el rector de la UMSA; Waldo Albarracín, que aseguran que el país se convulsionará si no se respetan los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, en una “convocatoria disfrazada a la violencia”, muy parecida a la que se maneja en Venezuela y Nicaragua.
“El mundo “está viendo que en Bolivia hay plena democracia, donde la gente puede decir libremente sus opiniones y tomar también acciones en función de sus propias convicciones”. Está claro que en Bolivia “no pasa absolutamente nada que restrinja la democracia y los contenidos de la democracia como tal”, indicó.
De acuerdo a todos los sondeos de opinión, el promedio de aprobación de la gestión en doce años de gobierno supera el 55%: la población valora las obras que hace, la intensidad del trabajo que despliega y la honestidad que demuestra el Presidente.
“Estas convocatorias medias disfrazadas a la violencia o a negar más bien la vigencia de un orden democrático le hace mucho daño a la oposición, que debería sentarse primero para ver cómo se pone de acuerdo a tener un solo candidato; segundo, para presentarle un proyecto al país”, subrayó.
Morales es, en su condición de líder histórico, el eje o nodo articulador de otros dos factores que hacen posible la revolución boliviana: la fuerza organizada del pueblo y el proyecto alternativo. Entre 2006 y 2009 Evo presidió el viejo Estado y ahora el Estado Plurinacional superando al conductor de la revolución de 1952, Víctor Paz Estenssoro, quien acumuló 12 años al frente del país de manera discontinua (1952-56, 1960-64 y 1985-89).
A ese triángulo se incorporó el proyecto alternativo, que articula el cuestionamiento a la colonialidad del poder y al sistema capitalista en el Plan Nacional de Desarrollo –que significó la nacionalización del petróleo, la Asamblea Constituyente, la anulación del neoliberalismo, entre otras medidas)- y ahora se enrumba hacia la materialización de la Agenda 2025.
Los analistas señalan que ésta no es una revolución para instalar en el poder a una protoburguesía, como ocurrió en 1952, sino para constituir un bloque en el poder bajo liderazgo indígena campesino, obrero y popular para dar vida al proceso de cambio en la revolución más profunda de la historia boliviana.
Evo fue capaz de articular la resistencia al neoliberalismo desde la crisis de abril de 2000, cuando se desarrolló la “Guerra del Agua”. Hubo otros referentes en la sublevación popular, como Felipe Quispe, pero Morales condensaba los sueños y las esperanzas de la más amplia gama de las clases subalternas. Y tras la derrota del neoliberalismo en octubre de 2003 y del intento de la embajada estadounidense de imponer su presidente en junio de 2005, la poderosa insurgencia indígena campesina, obrera y popular obtuvo una histórica victoria político-electoral en diciembre de 2005.
Para Moldiz, no es posible divorciar a Evo líder, del Evo presidente, y si bien hay momentos en que entra en crisis esa relación, cada vez que lo ha hecho ha salido fortalecida. Evo está decidido a ser candidato, una vez más, en las elecciones de 2019.
La fuerza de su liderazgo, fundada en el protagonismo de los movimientos sociales, se está encargando de romper con varios mitos de la historia de Bolivia, como el que señalaba que la diversidad clasista y nacional-cultural impedía que cualquier candidato obtuviera más del 50% de los votos en la primera vuelta. Conquistó el 54% en 2005 y cuatro años después tuvo el 64% de respaldo, además del 67% que alcanzó en el referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008. En 2014 obtuvo el 62% de votación.
Morales está demostrando que el Estado en manos de una dirección revolucionaria es un instrumento capaz de administrar eficientemente los bienes comunes para la búsqueda del bien común, al no quedar subsumido a las fuerzas ciegas de la economía de mercado (a empresas transnacionales en un modelo neoliberal), sino que con la titularidad de un nuevo bloque en el poder (indígena campesino obrero y popular) queda en función de los intereses de la inmensa mayoría de la población.
Al distanciarse de las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Morales ha logrado el comportamiento más exitoso de la historia económica boliviana: el PIB casi se ha quintuplicado (de seis mil a más de 35 mil millones de dólares), y las exportaciones estancadas en mil millones de dólares al año durante dos décadas se multiplicaron por 10.
Bolivia se erigió en la primera economía de la región en los últimos cuatro años, producto de la política de nacionalizaciones y la aplicación de un modelo que genera excedentes y los redistribuye con distintos mecanismos a la población, provocando un énfasis en la demanda interna.
Y destruyó el mito de que Bolivia necesita de los Estados Unidos y los países del capitalismo central, con una política exterior soberana y diversificada. Ya lo había señalado el desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz: “no somos dependientes por ser pobres, sino pobres por ser dependientes”.
Moldiz recalca que se ha roto, también, el mito de que “los indios no saben gobernar”, abriendo un proceso de descolonización de las estructuras políticas, materiales y simbólicas que le otorgaban a la “blanquitud” una superioridad sobre la “indianitud”. Y demostró que un gobierno de izquierda puede ser eficiente, dejando atrás el prejuicio sobre la participación y el liderazgo estatal: se puede redistribuir la riqueza y hacer obras de envergadura sin poner en riesgo la estabilidad económica y la soberanía.
Ahora le resta demostrar que un proyecto anticapitalista –el socialismo comunitario para el Vivir Bien- es lo que Bolivia necesita para continuar por el rumbo de la soberanía política y la independencia económica.
Como es obvio, dice Moldiz, la revolución boliviana enfrenta –como ahora- también momentos de contrarrevolución, donde la derecha, envalentonada por la teoría del fin del ciclo progresista y de restauración conservadora apunta a destruir todo lo que se hizo en doce años, apoyándose en el discurso de pedir respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016, que cerró la posibilidad de la modificación del artículo 168 de la Constitución y la reelección presidencial.
La respuesta a esta amenaza está en manos de Evo y del pueblo organizado.
Sullkata M. Quilla
Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )
Interpol anula orden de prisión contra Correa
| CUBADEBATE
Ahora
se espera que el Juzgado de la Comisión de Control de los Ficheros de
Interpol decida si se para definitivamente la demanda contra Correa.
Foto: EFE
La defensa de Correa por el caso Balda indicó que la suspensión se dio luego que enviaran una capeta a Francia, sede de Interpol, en los cuales se mostraba que el juicio no estaba apegado a derecho, sino con fines políticos.
“Se judicializa a los anteriores gobernantes para sacarlos de la palestra política”, apuntó el abogado.
Asimismo, explicó que la situación con Correa está basada en el marco de la persecución política que existe en América Latina contra exgobernantes, casos que ya se han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora se espera que el Juzgado de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol decida si se para definitivamente la demanda contra Correa.
Marchand destacó que no hay pruebas que vinculen al exmandatario con el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, por lo que espera que los jueces resistan a las presiones.
Al respecto, indicó que presentaron una querella ante las Naciones Unidas para detallar las irregularidades del proceso judicial, y ahora están en la espera de su estudio para que se dé el pronunciamiento.
Ecuador: suspenden audiencia contra Rafael Correa en “caso Balda”
(Con información de Telesur)
URUGUAY
PIT-CNT definió detalles del paro parcial del jueves 27 de setiembre
Habrá
concentración a partir de las 10 horas frente al Ministerio de Economía
y Finanzas y luego marcharan hasta la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay.
La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió este marte
los detalles del paro parcial del próximo jueves 27 del corriente. El
mismo se llevará a cabo en el área Metropolitana de 9 a 13 horas y en el
interior del país de acuerdo a lo que resuelva cada Departamental.
La Mesa resolvió llevar adelante una concentración a partir de las 10 horas frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEC) y luego marchar hasta la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, ubicada en Rincón 454, esquina Misiones, donde se realizará el acto central.
Los oradores en esa jornada serán Soraya Larrosa, vicepresidenta de la central sindical, y Favio Riveron, Presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys).
Según la central obrera esta movilización se lleva adelante “ante la falta de negociación que se viene registrando en los Consejos de Salarios y que le impide a miles y miles de trabajadores de muchas ramas de actividad mejorar sus condiciones laborales y salariales”.
El dirigente Gabriel Molina dijo que “nos encontramos que hay patronales que llevan adelante una estrategia que apunta a eliminar las negociaciones y los Consejos de Salarios. En esta movilización se suma como algo prioritario el rechazo a la ley de riego, que privatiza el agua y desconoce que el agua es un derecho fundamental, y leyes que se encuentran en el Parlamento e impulsa el PIT-CNT”.
La Mesa Representativa del PIT-CNT también resolvió que,se volverá a reunir el jueves 11 de octubre y definirá los próximos pasos a seguir.
Gabriel Molina reconoció que han existido avances en los Consejos de Salarios y que sectores como el de la construcción, la bebida y la banca han llegado a acuerdos.
El dirigente aseguró que en este momento “lo que nos preocupa es que los sectores más débiles, no consiguen una negociación auténtica. Hay sectores rurales, del arroz, el comercio y molineros que no encuentran los mecanismos de negociación. Por el contrario, vemos como se atacan a estas organizaciones sindicales. En estos sectores existe un estancamiento claro y lo sufren los sectores más desprotegidos, los más débiles. Por eso el movimiento sindical en su conjunto debe rodearlos para que su debilidad se convierta en fortaleza”, aseguró el dirigente.
La Mesa resolvió llevar adelante una concentración a partir de las 10 horas frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEC) y luego marchar hasta la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, ubicada en Rincón 454, esquina Misiones, donde se realizará el acto central.
Los oradores en esa jornada serán Soraya Larrosa, vicepresidenta de la central sindical, y Favio Riveron, Presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys).
Según la central obrera esta movilización se lleva adelante “ante la falta de negociación que se viene registrando en los Consejos de Salarios y que le impide a miles y miles de trabajadores de muchas ramas de actividad mejorar sus condiciones laborales y salariales”.
El dirigente Gabriel Molina dijo que “nos encontramos que hay patronales que llevan adelante una estrategia que apunta a eliminar las negociaciones y los Consejos de Salarios. En esta movilización se suma como algo prioritario el rechazo a la ley de riego, que privatiza el agua y desconoce que el agua es un derecho fundamental, y leyes que se encuentran en el Parlamento e impulsa el PIT-CNT”.
La Mesa Representativa del PIT-CNT también resolvió que,se volverá a reunir el jueves 11 de octubre y definirá los próximos pasos a seguir.
Gabriel Molina reconoció que han existido avances en los Consejos de Salarios y que sectores como el de la construcción, la bebida y la banca han llegado a acuerdos.
El dirigente aseguró que en este momento “lo que nos preocupa es que los sectores más débiles, no consiguen una negociación auténtica. Hay sectores rurales, del arroz, el comercio y molineros que no encuentran los mecanismos de negociación. Por el contrario, vemos como se atacan a estas organizaciones sindicales. En estos sectores existe un estancamiento claro y lo sufren los sectores más desprotegidos, los más débiles. Por eso el movimiento sindical en su conjunto debe rodearlos para que su debilidad se convierta en fortaleza”, aseguró el dirigente.
Habla el interior: paro departamental en Paysandú
PORTAL PIT-CNT
El próximo jueves 20 del corriente, el Plenario Departamental del PIT-CNT realizará un paro general parcial departamental en función de la situación que se vive en esa zona del país. Si bien en esta instancia la movilización está convocada por los trabajadores, desde el plenario se adelantó al Portal del PIT-CNT que ya se está pensando en nuevas acciones coordinadas de intercambio y reflexión con la participación de las fuerzas vivas del departamento, para “seguir construyendo futuro”.
Manuel López, responsable de la secretaría política y de organización del Plenario Departamental del PIT-CNT de Paysandú, explicó al Portal que las preocupaciones de los trabajadores pasan por todos los temas vinculados al desarrollo del departamento, al sector productivo, así como la situación del empleo y el turismo. “Hemos tenido instancias de diálogo bipartito con empresas, en relación a temas vinculados a la producción y allí hemos discutido sobre el tema trabajo, como punto de partida” explicó.
Según el dirigente, la problemática del trabajo es el tema central de la movilización que se realizará el 20 en Paysandú, “más allá que queremos establecer con toda claridad que si bien la situación está complicada, no se trata ni por asomo algo parecido a lo del 2002 como algunos quieren hacer creer”. López reconoció que ahora “hay algunas señales que nos preocupan, que deberemos tener en cuenta y especialmente, deberemos trabajar para proyectar caminos alternativos de solución que pasan por la capacitación y el desarrollo de algunos emprendimientos que permitan recuperar mano de obra que hoy está al margen de la producción” indicó. En relación a quienes pretenden colocar un escenario “catastrófico” parecido al del 2002, López explicó que “lo que prima es la visión política partidaria de sectores de derecha que lógicamente en el contexto internacional que estamos, tratan de hacernos creer que estamos igual que nuestros vecinos, y nosotros lo vemos a través de la cercanía, que la situación que se está viviendo por ejemplo en Argentina para nada es la nuestra pero eso no quiere decir que no estemos atentos y preocupándonos porque no solo somos vecinos, sino que además somos pueblos hermanos y también hay políticas que inciden en la región”. En este sentido, mencionó los vínculos comerciales de empresas de Paysandú con Argentina “que ya empiezan a resentir” el normal flujo exportador. “También en el litoral tenemos que considerar especialmente los temas del comercio, servicio y fuertemente el turismo”. En tal sentido, más allá que desde la perspectiva de los trabajadores ya se percibe lo que está sucediendo en estas materias en la actual coyuntura, “tenemos que pensar como sociedad y como país para mejorar las condiciones de la gente y las fuerzas vivas”.
El responsable de la secretaria política y de organización del Plenario Departamental del PIT-CNT de Paysandú, adelantó que en los próximos días se concretarán espacios de diálogo “con las fuerzas vivas, trabajadores, empresarios, legisladores y todos los actores sociales, políticos y del gobierno” que tendrán como objetivo trabajar “para seguir construyendo futuro” del departamento y el país.
El próximo jueves 20 del corriente, el Plenario Departamental del PIT-CNT realizará un paro general parcial departamental en función de la situación que se vive en esa zona del país. Si bien en esta instancia la movilización está convocada por los trabajadores, desde el plenario se adelantó al Portal del PIT-CNT que ya se está pensando en nuevas acciones coordinadas de intercambio y reflexión con la participación de las fuerzas vivas del departamento, para “seguir construyendo futuro”.
Manuel López, responsable de la secretaría política y de organización del Plenario Departamental del PIT-CNT de Paysandú, explicó al Portal que las preocupaciones de los trabajadores pasan por todos los temas vinculados al desarrollo del departamento, al sector productivo, así como la situación del empleo y el turismo. “Hemos tenido instancias de diálogo bipartito con empresas, en relación a temas vinculados a la producción y allí hemos discutido sobre el tema trabajo, como punto de partida” explicó.
Según el dirigente, la problemática del trabajo es el tema central de la movilización que se realizará el 20 en Paysandú, “más allá que queremos establecer con toda claridad que si bien la situación está complicada, no se trata ni por asomo algo parecido a lo del 2002 como algunos quieren hacer creer”. López reconoció que ahora “hay algunas señales que nos preocupan, que deberemos tener en cuenta y especialmente, deberemos trabajar para proyectar caminos alternativos de solución que pasan por la capacitación y el desarrollo de algunos emprendimientos que permitan recuperar mano de obra que hoy está al margen de la producción” indicó. En relación a quienes pretenden colocar un escenario “catastrófico” parecido al del 2002, López explicó que “lo que prima es la visión política partidaria de sectores de derecha que lógicamente en el contexto internacional que estamos, tratan de hacernos creer que estamos igual que nuestros vecinos, y nosotros lo vemos a través de la cercanía, que la situación que se está viviendo por ejemplo en Argentina para nada es la nuestra pero eso no quiere decir que no estemos atentos y preocupándonos porque no solo somos vecinos, sino que además somos pueblos hermanos y también hay políticas que inciden en la región”. En este sentido, mencionó los vínculos comerciales de empresas de Paysandú con Argentina “que ya empiezan a resentir” el normal flujo exportador. “También en el litoral tenemos que considerar especialmente los temas del comercio, servicio y fuertemente el turismo”. En tal sentido, más allá que desde la perspectiva de los trabajadores ya se percibe lo que está sucediendo en estas materias en la actual coyuntura, “tenemos que pensar como sociedad y como país para mejorar las condiciones de la gente y las fuerzas vivas”.
El responsable de la secretaria política y de organización del Plenario Departamental del PIT-CNT de Paysandú, adelantó que en los próximos días se concretarán espacios de diálogo “con las fuerzas vivas, trabajadores, empresarios, legisladores y todos los actores sociales, políticos y del gobierno” que tendrán como objetivo trabajar “para seguir construyendo futuro” del departamento y el país.
Este jueves para la salud privada: médicos adhieren pero no paran
Este
jueves los trabajadores de la salud privada nucleados en la FUS paran
sus actividades en horario parcial y realizarán una marcha del Obelisco
al Ministerio de Salud Pública; los médicos adhieren a la medida pero
trabajarán igual.
Los trabajadores de la salud privada nucleados en la
Federación Uruguaya de la Salud (FUS) paran este jueves reivindicando
avances en la negociación colectiva. La detención de actividades será de
9 a 13 horas, horario en el que tienen pautado movilizarse desde el
Obelisco hasta el Ministerio de Salud Pública, en 18 de Julio y Juan
Antonio Rodríguez, donde se concentrarán para un acto que se llevará a
cabo a las 11 horas.
Los médicos, que adhieren a la medida, no detendrán sus tareas por lo que la atención en sanatorios, urgencias y emergencias no se verá afectada porque, en esos casos, la FUS deja guardia gremial, pero debe tenerse en cuenta que en el caso de las policlínicas, si bien el cuerpo médico concurrirá a su trabajo, puede verse menguada o nula la atención al público.
Los médicos, que adhieren a la medida, no detendrán sus tareas por lo que la atención en sanatorios, urgencias y emergencias no se verá afectada porque, en esos casos, la FUS deja guardia gremial, pero debe tenerse en cuenta que en el caso de las policlínicas, si bien el cuerpo médico concurrirá a su trabajo, puede verse menguada o nula la atención al público.
Larrosa, Federación Uruguaya de la Salud (FUS): ¿Hasta cuándo?
PORTAL PIT-CNT
“¿Hasta cuándo la salud de los uruguayos seguirá siendo un comercio y no un derecho? Hasta cuándo los empresarios de la salud privada seguirán pensando en pesos, no en una mejor atención y una mejor calidad del servicio?” Se preguntó Soraya Larrosa, vicepresidenta del PIT-CNT y dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Estas interrogantes se las planteo a la hora de anunciar que mañana jueves 20 se llevará adelante un paro parcial a nivel nacional ante la falta de avances, después de 84 días, en las reuniones de los Consejos de Salarios”.
En este lapso se han llevado adelante otros paros parciales, detenciones de 24 horas con ocupación de los centros laborales, entre otras medidas, y “no se ha podido lograr que las empresas presenten una propuesta de solución. Lo que demuestra la existencia, a nivel general, de boicotear las instancias de negociación y los Consejos de Salarios que definieron como estrategia las empresas”, explico la sindicalista.
En el área metropolitana los trabajadores del sector de la salud privada llevarán adelante un paro parcial de 9 a 15 horas y en el resto del país las detenciones se realizarán de acuerdo a cada realidad del lugar. A las 9.30 horas el área metropolitana se concentrará en el Obelisco y luego marchará hasta la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde se tiene previsto realizar a las 11 horas la parte oratoria.
Larrosa recordó que los puntos básicos de la plataforma son el salario, mejores condiciones de trabajo y avances en el Sistema Nacional Integrado de Salud. “La falta de entendimiento en el Consejo de Salario está resumido en el análisis que realiza el PIT-CNT y nuestra propia FUS: las empresas se abroquelaron y definieron como estrategia vaciar de contenidos las negociaciones en los Consejos de Salarios. A tal grado queda demostrada esta estrategia que la única propuesta salarial que tenemos es la que realizó el Poder Ejecutivo. No podemos olvidarnos que si bien las empresas son privadas el dinero es público, ya que proviene del Fonasa. Lo insólito es que en todo este tiempo las patronales no han realizado ninguna propuesta y no hemos podido discutir con ellos uno de los puntos que contienen nuestra plataforma”.
“¿Hasta cuándo la salud de los uruguayos seguirá siendo un comercio y no un derecho? Hasta cuándo los empresarios de la salud privada seguirán pensando en pesos, no en una mejor atención y una mejor calidad del servicio?” Se preguntó Soraya Larrosa, vicepresidenta del PIT-CNT y dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Estas interrogantes se las planteo a la hora de anunciar que mañana jueves 20 se llevará adelante un paro parcial a nivel nacional ante la falta de avances, después de 84 días, en las reuniones de los Consejos de Salarios”.
En este lapso se han llevado adelante otros paros parciales, detenciones de 24 horas con ocupación de los centros laborales, entre otras medidas, y “no se ha podido lograr que las empresas presenten una propuesta de solución. Lo que demuestra la existencia, a nivel general, de boicotear las instancias de negociación y los Consejos de Salarios que definieron como estrategia las empresas”, explico la sindicalista.
En el área metropolitana los trabajadores del sector de la salud privada llevarán adelante un paro parcial de 9 a 15 horas y en el resto del país las detenciones se realizarán de acuerdo a cada realidad del lugar. A las 9.30 horas el área metropolitana se concentrará en el Obelisco y luego marchará hasta la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde se tiene previsto realizar a las 11 horas la parte oratoria.
Larrosa recordó que los puntos básicos de la plataforma son el salario, mejores condiciones de trabajo y avances en el Sistema Nacional Integrado de Salud. “La falta de entendimiento en el Consejo de Salario está resumido en el análisis que realiza el PIT-CNT y nuestra propia FUS: las empresas se abroquelaron y definieron como estrategia vaciar de contenidos las negociaciones en los Consejos de Salarios. A tal grado queda demostrada esta estrategia que la única propuesta salarial que tenemos es la que realizó el Poder Ejecutivo. No podemos olvidarnos que si bien las empresas son privadas el dinero es público, ya que proviene del Fonasa. Lo insólito es que en todo este tiempo las patronales no han realizado ninguna propuesta y no hemos podido discutir con ellos uno de los puntos que contienen nuestra plataforma”.
Continúa recolección de firmas
Para saber ¿Dónde está el dinero que el gobierno aporta al Fonasa? Y, para que se lleve adelante “un profundo cambio del modelo de gestión e inversión en el sistema de salud”, la FUS continúa recogiendo firmas y la población en su conjunto puede acompañar el reclamo a través de petición en Change.orgDiputados envió a la Justicia antecedentes de espionaje militar
Por unanimidad la Cámara baja aprobó el informe sobre espionaje militar en democracia.
Tras seis horas de sesión la Cámara de
Representantes aprobó por 76 votos en 76 presentes el informe y las
recomendaciones de la Comisión Investigadora de Espionaje, su pasaje a
la Fiscalía y recomendó al Poder Ejecutivo investigar las denuncias.
El diputado comunista Gerardo Núñez indicó que hubo espionaje e infiltraciones
de agentes militares en la actividad de periodistas, sindicatos y
partidos políticos, entre otros. “Esta comprobado que todas las agencias
de inteligencia militar y la dirección de inteligencia del Ministerio
del Interior infiltraron, siguieron y espiaron de manera ilegal y
violatoria de los derechos individuales, aún después de 1985, ya
recuperada la democracia”, afirmó el legislador.
Agregó que no se puede concluir que el espionaje haya
cesado hoy en día. “Por eso, es importante que se apruebe el proyecto
de ley de inteligencia a estudio del Parlamento. Se pretende regular el
trabajo de las agencias de inteligencia del país”, aseveró.
Según consigna Radio Uruguay, desde el Partido
Nacional el diputado Gerardo Amarilla señaló que es probable que las
tareas de inteligencia militar continúen en la actualidad. En ese
sentido, recordó los robos de equipo informático que sufrió en 2014 el
entonces candidato a vicepresidente Raúl Sendic y el robo que sufrió
Pablo Da Silveira, coordinador del equipo técnico de la candidatura del
nacionalista Luis Lacalle Pou.
Tabaré Viera, representante del Partido Colorado,
indicó que no se puede establecer que cesó el espionaje en democracia.
De todos modos, aseguró que las autoridades políticas de los gobiernos
de 1985 a la fecha no han estado directamente involucradas.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Inauguración Memorial “Ayuno Serpaj 1983”
Difundimos
Sancionaron al jefe del Estado Mayor por la marcha de Tres Árboles
Además de la sanción al general Montaner fueron trasladados otros oficiales por el mismo incidente.
El Poder Ejecutivo sancionó al jefe del Estado Mayor
del Ejército, general Marcelo Montaner, por no medir la oportunidad de
que la banda de la Escuela Militar ejecutase la marcha Tres Árboles,
himno del Partido Nacional, en la clausura de la Expo Prado
2018. Montaner ocupó el cargo de encargado de despacho durante la
ausencia del comandante en jefe Guido Manini Ríos, quien regresó al país
en la madrugada de este martes.
Según dijo el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, dijo que la cartera dispuso el traslado de otros oficiales que aún no reveló.
Montaner fue ascendido a general en el gobierno de José Mujica, quién junto al entonces ministro de Defensa Fernández Huidobro, entregó el bastón del mando y del despacho correspondiente al general en una ceremonia oficial en la Torre Ejecutiva.
Según dijo el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, dijo que la cartera dispuso el traslado de otros oficiales que aún no reveló.
Montaner fue ascendido a general en el gobierno de José Mujica, quién junto al entonces ministro de Defensa Fernández Huidobro, entregó el bastón del mando y del despacho correspondiente al general en una ceremonia oficial en la Torre Ejecutiva.
Presidente del Pit-Cnt: “Novick, un daño enorme para la democracia”
Fernando Pereira publicó un estado en su muro de Facebook contestando a los dichos de Novick sobre los sindicalistas.
Bajo el título “Novick, un daño enorme para la democracia” el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, publicó un estado en su muro
de Facebook donde respondió a las afirmaciones del empresario candidato
sobre los dirigentes sindicales. El líder del Partido de la Gente había
tratado a los sindicalistas de “sindigarcas”, responsabilizándolos del
cierre de empresas.
Para Pereira las declaraciones de Novick “no son
peligrosas por las legítimas discrepancias ideológicas que plantean, son
inadmisibles porque pretenden sembrar odio y agravios en la sociedad.
Su conducta agresiva es inadecuada para la convivencia democrática que
necesita nuestro país para la construcción social”.
“Denominar a los sindicalistas como “sindigarcas“ o
patoteros, es intentar una subjetividad negativa hacia los dirigentes
sindicales que nos remonta a las peores épocas de nuestra historia”,
subraya a continuación.
A juicio del presidente de la central sindical “un
ciudadano que aspira a acceder a la Presidencia de la República debería
ser cuidadoso en forma y contenido, cuando se expresa sobre cuestiones
de tanta importancia. Su forma de comprender la democracia ha quedado en
evidencia, en tanto ha sido convocado por la comisión de legislación
del trabajo, para que explique las denuncias que tenía el Parlamento
sobre su actitud anti sindical, los salarios bajísimos, los
incumplimientos, etc. y se ha negado a comparecer”.
Más adelante sostiene que “le miente a la gente,
desde una lógica empresarial que entiende que el mejor sindicato es el
que no existe, parte de una mentalidad rancia que ve a los trabajadores y
trabajadoras como una mercancía más y no como personas”.
“Su “miedo” a que un sindicalista aspire a ser
Presidente, refleja mucho de esta forma de entender una sociedad en la
que deberían existir ciudadanos de primera y de segunda, como en las
peores páginas de nuestra historia”, sentencia.
“Nosotros respetamos y tenemos buenos canales de
diálogo con todos los partidos. Todas las colectividades también saben
que la actividad sindical es muy esforzada y de alta dedicación, tanto
en las horas de estudio, como en las horas de acción concreta, y nos
respetamos con la mayoría, porque nos conocemos”.
“Lo qué pasa con Novick es que nunca visitó un
sindicato, nunca ha conversado con ninguno de nosotros, nunca se
preocupó de leer nuestras propuestas”, indica Pereira, y concluye: “Es
decir, estamos ante un débil de espíritu”.
ESA NO ES LA BOCA DE LA GENTE
Andrade: “El comentario de Novick me lo cuelgo como medalla”
Edgardo
Novick, del Partido de la Gente, se refirió de manera despectiva hacia
el precandidato presidencial frenteamplista Óscar Andrade; Caras y
Caretas Portal consultó al dirigente del Sunca sobre el alcance de los
insultos hacia su persona.
El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick,
arremetió contra los dirigentes sindicales, a los que calificó de
“patoteros” y “sindigarcas”, durante este martes en Subrayado y, fue
hacia el área personal en Informe Nacional, de radio Uruguay, donde
afirmó que “alguno tiene el tupé de querer ser presidente”, en clara
alusión al dirigente del Sunca, Óscar Andrade.
Consultado por Caras y Caretas Portal, Andrade dijo que “no se puede esperar otra cosa de Novick, que representa a los sectores más conservadores de la política uruguaya y, por lo tanto, manifiesta, cuando puede, su desprecio por lo que es el movimiento social organizado”, indicó, y, para ser más claro, enumeró las cosas que el líder del Partido de la Gente desprecia: la Marcha de la Diversidad, la del 8 de Marzo, las manifestaciones de los trabajadores del 1º de Mayo, la Marcha de la Memoria, “o sea, todo lo que pueda ser perspectiva de compromiso social”, sostuvo.
Andrade recordó que es un empresario devenido en dirigente político que “intenta capitalizar la antipolítica que trabaja en la construcción de desconfianza”, afirmó.
“Que un precandidato a la Presidencia de la República convocado al Parlamento se niegue a explicar por qué despidió a una trabajadora que estaba embarazada, está descalificado para poder hablar de nada que tenga que ver con las relaciones laborales. Viniendo de él, que diga que tengo el tupé de querer ser presidente, me lo cuelgo como medalla a ese comentario”, concluyó
Consultado por Caras y Caretas Portal, Andrade dijo que “no se puede esperar otra cosa de Novick, que representa a los sectores más conservadores de la política uruguaya y, por lo tanto, manifiesta, cuando puede, su desprecio por lo que es el movimiento social organizado”, indicó, y, para ser más claro, enumeró las cosas que el líder del Partido de la Gente desprecia: la Marcha de la Diversidad, la del 8 de Marzo, las manifestaciones de los trabajadores del 1º de Mayo, la Marcha de la Memoria, “o sea, todo lo que pueda ser perspectiva de compromiso social”, sostuvo.
Andrade recordó que es un empresario devenido en dirigente político que “intenta capitalizar la antipolítica que trabaja en la construcción de desconfianza”, afirmó.
“Que un precandidato a la Presidencia de la República convocado al Parlamento se niegue a explicar por qué despidió a una trabajadora que estaba embarazada, está descalificado para poder hablar de nada que tenga que ver con las relaciones laborales. Viniendo de él, que diga que tengo el tupé de querer ser presidente, me lo cuelgo como medalla a ese comentario”, concluyó
