Uruguay: La Universidad de la República (Udelar) criticó a Suprema Corte y advirtió que crimenes del nazismo fueron juzgados
La entidad estatal pidió "enfrentar la impunidad"
"No puede caer una losa de impunidad y olvido sobre los crímenes de la dictadura uruguaya", señala la institución, "porque ello tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, pues la impunidad incide en los comportamientos cotidianos, institucionales y personales".Asimismo, llamó "a los compatriotas de buena voluntad a buscar caminos ética y jurídicamente correctos para que la verdad y la justicia sigan abriéndose paso, y se afirmen en el país que queremos legarles a las generaciones que vienen".
La Udelar también criticó el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, informó este jueves el semanario Búsqueda. Según la institución eso detiene “los avances en derechos humanos” y señaló que la SCJ no explicó “con claridad a la ciudadanía” los motivos del traslado de la magistrada, quien investigaba casi 50 delitos relacionados a derechos humanos ocurridos durante la dictadura.
La Universidad también pidió “enfrentar la impunidad”. “Este Consejo Directivo Central solicita a todos los ámbitos de la institución que tengan aportes para hacer en la materia, que estudien los problemas planteados y contribuyan a enfrentar la impunidad, encontrando caminos para la verdad y justicia”, sostuvo el comunicado.
El desacato de la SCJ para darle impunidad a los criminales de lesa humanidad
" las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "son obligatorias para los Estados que, como el Uruguay, han reconocido su competencia contenciosa, por lo tanto, deben ser cumplidas y ejecutadas en el ámbito interno".
Fallos de la Corte de DD.HH. "son obligatorios", afirma ONG
Polémica por fallo de la SCJ sobre la ley de CaducidadLa Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, un organismo internacional no gubernamental que promueve la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe creado en 1980, emitió un comunicado en el que dio su visión sobre la polémica generada en Uruguay por la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de Caducidad.
El organismo remarca que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "son obligatorias para los Estados que, como el Uruguay, han reconocido su competencia contenciosa, por lo tanto, deben ser cumplidas y ejecutadas en el ámbito interno".
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la ley aprobada en 2011 por el cual se amplió la prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985) y declaró esos casos como de lesa humanidad. El fallo implica la clausura de los casos en cursos donde se haya invocado la nueva ley.
La sentencia de la SCJ, aprobada por mayoría de cuatro a uno, contradice lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2011 condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García de Gelman (ocurrida en 1976) y estableció que se deben eliminar los obstáculos que obstruyen las indagatorias.
Por otra parte, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, rechazó las presiones al Poder Judicial "vengan de donde vengan" porque el sistema de Justicia "constituye un pilar indispensable para el funcionamiento del sistema democrático", señala la organización en el comunicado.
El País Digital
Abogados opinan
El abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia, quien presentó varias
denuncias por torturas, dijo que a raíz de la sentencia de la SCJ "todos
aquellos delitos que se hubieran cometido y a cuyos autores, al 31
de octubre de 2011, no se enjuició, no podrán ser sometidos a juicio en
el futuro, obturándose definitivamente las investigaciones penales a su
respecto".
A juicio de Álvarez Petraglia, en relación a los militares procesados el fallo no solamente no tendrá ningún efecto, sino que además podrán seguir siendo investigados por otras causas, ya que al haber sido encausados la prescripción no se les computa.
"En las causas, por ejemplo, en la que estuviera involucrado Gavazzo u otros aún no procesados o condenados, la misma seguiría respecto a Gavazzo y se archivaría respecto a los demás", dijo Álvarez Petraglia al ser consultado por El País.
"En definitiva, es un gran paso atrás, que no solo cierra la búsqueda de verdad y justicia en lo inmediato, sino que consolida la impunidad con argumentos de escaso peso jurídico", opinó el exmagistrado.
Por su parte, la abogada Hebe Martínez Burlé, quien ha representado varias denuncias por casos de derechos humanos, dijo a El País que la resolución de la Corporación "cierra la gran mayoría de los casos", por lo que la posibilidad a partir de ahora será recurrir a los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Martínez Burlé afirmó que "es una gran coincidencia" que la SCJ primero haya trasladado a la jueza Mariana Mota (quien tenía a su cargo 50 casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura) y "una semana después" falle contra la ley interpretativa de la ley de Caducidad.
Para la SCJ uruguaya estos son "delitos comunes" que prescriben. Está en marcha una causa EN ARGENTINA por los crímenes franquistas en España ya que además de no prescribir (1936-1977) se puede iniciar la causa en cualquier país dado el carácter universal de los crímenes de lesa humanidad. La dictadura fascista de Franco como la uruguaya, tampoco había firmado ninguna Convención. La SCJ uruguaya MIENTE!
La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 continúa adelante en la Justicia argentina. Tras recoger más de trescientas querellas, la Red ciudadana contra los crímenes del franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase: pedir la imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la represión franquista. A juicio de Álvarez Petraglia, en relación a los militares procesados el fallo no solamente no tendrá ningún efecto, sino que además podrán seguir siendo investigados por otras causas, ya que al haber sido encausados la prescripción no se les computa.
"En las causas, por ejemplo, en la que estuviera involucrado Gavazzo u otros aún no procesados o condenados, la misma seguiría respecto a Gavazzo y se archivaría respecto a los demás", dijo Álvarez Petraglia al ser consultado por El País.
"En definitiva, es un gran paso atrás, que no solo cierra la búsqueda de verdad y justicia en lo inmediato, sino que consolida la impunidad con argumentos de escaso peso jurídico", opinó el exmagistrado.
Por su parte, la abogada Hebe Martínez Burlé, quien ha representado varias denuncias por casos de derechos humanos, dijo a El País que la resolución de la Corporación "cierra la gran mayoría de los casos", por lo que la posibilidad a partir de ahora será recurrir a los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Martínez Burlé afirmó que "es una gran coincidencia" que la SCJ primero haya trasladado a la jueza Mariana Mota (quien tenía a su cargo 50 casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura) y "una semana después" falle contra la ley interpretativa de la ley de Caducidad.
Para la SCJ uruguaya estos son "delitos comunes" que prescriben. Está en marcha una causa EN ARGENTINA por los crímenes franquistas en España ya que además de no prescribir (1936-1977) se puede iniciar la causa en cualquier país dado el carácter universal de los crímenes de lesa humanidad. La dictadura fascista de Franco como la uruguaya, tampoco había firmado ninguna Convención. La SCJ uruguaya MIENTE!
Querella en Argentina contra Martín Villa, el suegro de Gallardón, torturadores y jueces del franquismo
La red ciudadana de crímenes durante el franquismo pedirá la imputación como responsables de delitos de lesa humanidad de los exministros Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros en Vitoria, y Utrera Molina, por la condena a muerte de Puig Antich; de 'Billy el niño' por tortura sistemática; y de más de 300 responsables de la represión franquista.
ALEJANDRO TORRÚS Madrid 08/03/2013 07:00 Actualizado: 08/03/2013 12:06 Público
De izquierda a derecha: Martín Villa, Fernando Suárez y José Utrera Molina
La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 continúa adelante en la Justicia argentina. Tras recoger más de trescientas querellas, la Red ciudadana contra los crímenes del franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase: pedir la imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la represión franquista.
La documentación previa a la querella, a la que ha tenido acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich. Asimismo, también solicita la imputación del "torturador" de la Brigada Político Social (la policía política del franquismo) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño.
Por último, la querella también contempla la imputación del exministro de Trabajo Fernando Suárez y del guardia civil golpista Jesús Muñecas Aguilar, conocido por su célebre frase en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981: “No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la Autoridad Militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros”.
La Justicia argentina contempla la pena de hasta 30 años de prisión por el delito de crímenes de lesa humanidad
“Ya va siendo hora de que la Justicia condene de una puñetera vez a la dictadura, el franquismo y sus colaboradores, que después se vistieron de demócratas”, señala a Público José María Galante 'Chato', miembro de la asociación de expresos y presas del franquismo La Comuna.
La causa contra el franquismo en Argentina fue abierta el 14 de abril de 2010 tras la negativa de la Justicia española a investigar los crímenes de la dictadura española. La denuncia apeló a que la Constitución argentina reconoce el principio de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad. A la querella inicial se han sumado ya otras trescientas que están siendo tramitadas ante el Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires. La Justicia argentina contempla la pena de 25 a 30 años de prisión por este delito
La voluntad de los querellantes es que la causa abierta por la magistrada argentina María Servini termine con “la impunidad del franquismo”, “restablezca la verdad" y abra la vía a "la reparación de todo el dolor producido”. Reclaman la recuperación a cargo del Estado de los restos abandonados en fosas comunes y su devolución a los familiares, la anulación de todos los procesos judiciales de los tribunales especiales de la dictadura; la condena del expolio económico que sufrieron los republicanos por parte de los vencedores en la Guerra Civil; y, por último, la aplicación de la legislación de crímenes de lesa humanidad contra los supervivientes de la dictadura que tengan las manos manchadas de sangre.
El exministro, exsenador y exasambleario de la Asamblea de Madrid Rodolfo Martín Villa fue conocido durante su periodo como ministro de Gobernación (76-79) como “la porra de la Transición” por la dureza empleada en la represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles. Asimismo, se le acusa de ser parte responsable de la intensa actividad parapolicial que se desarrolló a lo largo de estos años con una nutrida implicación de organizaciones fascistas.
De manera más específica, la querella pedirá su imputación como ministro de Relaciones Sindicales y corresponsable de la muerte de cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de marzo de 1976 cuando la Policía asaltó la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís, lugar habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea.
Martín Villa es señalado como responsable del asesinato de cinco obreros en Vitoria El resultado: cinco trabajadores muertos (Pedro María Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro de 19 años; José Castillo García de 32 años; Bienvenido Pereda Moral de 30 años) y alrededor de 150 heridos.
Martín Villa comenzó su carrera política en el régimen en 1962 como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) alcanzando el puesto de Gobernador Civil en 1974 y ministro de Relaciones Sindicales en 1975. Ya en democracia, fue diputado en las Cortes por la provincia de León (UCD) y de la provincia de Madrid por el Partido Popular años después. Asimismo, también presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y 1997. En enero de 2003, fue nombrado comisionado del Gobierno para el desastre producido por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia.
Su pasado franquista tampoco le impidió dar el salto al mundo empresarial. Desde diciembre de 2003 fue consejero de Sogecable y presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la misma compañía desde marzo de 2004 hasta octubre de 2010. Asimismo, también fue presidente de Endesa, cuando era parcialmente pública, presidente de Endesa Italia o presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997) entre otros muchos cargos de relevancia.
La complicidad de Utrera Molina, de 86 años, con el régimen franquista ni siquiera ha sido disimulada en democracia. Actualmente, forma parte del Fundación Francisco Franco. Su carrera en el régimen franquista comenzó en el Frente de Juventudes (la organización juvenil del partido fascista) y finalizó en 1975 como Ministro Secretario General del Movimiento y vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento poco antes de la muerte del dictador. Además, fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su dimisión el 3 de abril de 1978.
Utrera Molina firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich
La Red Aqua pide su imputación en la querella contra el franquismo por firmar el decreto o 'enterado' para la ejecución de la sentencia a muerte, por garrote vil, de Salvador Puig Antich, condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, cuando se procedía a su detención.
En 2010, Utrera Molina escribió un artículo de opinión en el diario ABC en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica y la retirada del monumento al teniente general Millán Astray como una “vandálica invasión del Gobierno socialista”. “Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido España”, escribe.
Dentro de todos los casos de torturas denunciados a lo largo de la larga noche de la dictadura franquista, el caso de González Pacheco, Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social, es el más impactante. De hecho, tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por presuntas torturas en los últimos años del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas en Argentina, unido de manera indisoluble al delito de tortura.
En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000 pesetas por una falta de malos tratos y otra de coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de AmnistíaEl resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley”. Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.
Pero la Ley de Amnistía no fue suficiente para limpiar su honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de Roberto Conesa, que también fue su superior en la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima de jubilación
por sus servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada
trayectoria como guardia civil. Su nombre no pasó a la historia, como el
de Tejero, pero sí su intervención en el 23-F. Él fue el primero en
dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar,
por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo,
él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la
vigilancia de las puertas del Parlamento.
Jesús Muñecas disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas. Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar” por el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados.
Fernando
Suárez inicia su carrera política, como tantos otros políticos del
régimen, en las filas del SEU donde fue jefe de la sección de Oviedo
entre 1954 y 1956. Tras pasar por varios puestos de designación política
de segundo nivel como director del Instituto de la Juventud o director
general del Instituto Español de Emigración, da el salto al Gobierno en
1975 para ocupar la cartera de Trabajo.
Ese mismo año firma, junto al resto de ministros, la sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
La documentación previa a la querella, a la que ha tenido acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich. Asimismo, también solicita la imputación del "torturador" de la Brigada Político Social (la policía política del franquismo) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño.
Por último, la querella también contempla la imputación del exministro de Trabajo Fernando Suárez y del guardia civil golpista Jesús Muñecas Aguilar, conocido por su célebre frase en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981: “No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la Autoridad Militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros”.
La Justicia argentina contempla la pena de hasta 30 años de prisión por el delito de crímenes de lesa humanidad
“Ya va siendo hora de que la Justicia condene de una puñetera vez a la dictadura, el franquismo y sus colaboradores, que después se vistieron de demócratas”, señala a Público José María Galante 'Chato', miembro de la asociación de expresos y presas del franquismo La Comuna.
La causa contra el franquismo en Argentina fue abierta el 14 de abril de 2010 tras la negativa de la Justicia española a investigar los crímenes de la dictadura española. La denuncia apeló a que la Constitución argentina reconoce el principio de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad. A la querella inicial se han sumado ya otras trescientas que están siendo tramitadas ante el Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires. La Justicia argentina contempla la pena de 25 a 30 años de prisión por este delito
La voluntad de los querellantes es que la causa abierta por la magistrada argentina María Servini termine con “la impunidad del franquismo”, “restablezca la verdad" y abra la vía a "la reparación de todo el dolor producido”. Reclaman la recuperación a cargo del Estado de los restos abandonados en fosas comunes y su devolución a los familiares, la anulación de todos los procesos judiciales de los tribunales especiales de la dictadura; la condena del expolio económico que sufrieron los republicanos por parte de los vencedores en la Guerra Civil; y, por último, la aplicación de la legislación de crímenes de lesa humanidad contra los supervivientes de la dictadura que tengan las manos manchadas de sangre.
1. Rodolfo Martín Villa, "la porra de la Transición"
El exministro, exsenador y exasambleario de la Asamblea de Madrid Rodolfo Martín Villa fue conocido durante su periodo como ministro de Gobernación (76-79) como “la porra de la Transición” por la dureza empleada en la represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles. Asimismo, se le acusa de ser parte responsable de la intensa actividad parapolicial que se desarrolló a lo largo de estos años con una nutrida implicación de organizaciones fascistas.
De manera más específica, la querella pedirá su imputación como ministro de Relaciones Sindicales y corresponsable de la muerte de cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de marzo de 1976 cuando la Policía asaltó la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís, lugar habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea.
Martín Villa es señalado como responsable del asesinato de cinco obreros en Vitoria El resultado: cinco trabajadores muertos (Pedro María Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro de 19 años; José Castillo García de 32 años; Bienvenido Pereda Moral de 30 años) y alrededor de 150 heridos.
Martín Villa comenzó su carrera política en el régimen en 1962 como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) alcanzando el puesto de Gobernador Civil en 1974 y ministro de Relaciones Sindicales en 1975. Ya en democracia, fue diputado en las Cortes por la provincia de León (UCD) y de la provincia de Madrid por el Partido Popular años después. Asimismo, también presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y 1997. En enero de 2003, fue nombrado comisionado del Gobierno para el desastre producido por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia.
Su pasado franquista tampoco le impidió dar el salto al mundo empresarial. Desde diciembre de 2003 fue consejero de Sogecable y presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la misma compañía desde marzo de 2004 hasta octubre de 2010. Asimismo, también fue presidente de Endesa, cuando era parcialmente pública, presidente de Endesa Italia o presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997) entre otros muchos cargos de relevancia.
2. José Utrera Molina, el suegro de Gallardón
La complicidad de Utrera Molina, de 86 años, con el régimen franquista ni siquiera ha sido disimulada en democracia. Actualmente, forma parte del Fundación Francisco Franco. Su carrera en el régimen franquista comenzó en el Frente de Juventudes (la organización juvenil del partido fascista) y finalizó en 1975 como Ministro Secretario General del Movimiento y vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento poco antes de la muerte del dictador. Además, fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su dimisión el 3 de abril de 1978.
Utrera Molina firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich
La Red Aqua pide su imputación en la querella contra el franquismo por firmar el decreto o 'enterado' para la ejecución de la sentencia a muerte, por garrote vil, de Salvador Puig Antich, condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, cuando se procedía a su detención.
En 2010, Utrera Molina escribió un artículo de opinión en el diario ABC en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica y la retirada del monumento al teniente general Millán Astray como una “vandálica invasión del Gobierno socialista”. “Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido España”, escribe.
3. Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño
Dentro de todos los casos de torturas denunciados a lo largo de la larga noche de la dictadura franquista, el caso de González Pacheco, Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social, es el más impactante. De hecho, tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por presuntas torturas en los últimos años del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas en Argentina, unido de manera indisoluble al delito de tortura.
En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000 pesetas por una falta de malos tratos y otra de coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de AmnistíaEl resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley”. Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.
Pero la Ley de Amnistía no fue suficiente para limpiar su honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de Roberto Conesa, que también fue su superior en la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
4. Jesús Muñecas, golpista del 23-F
Jesús Muñecas disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas. Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar” por el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados.
5. Fernando Suárez, en segunda fila
Ese mismo año firma, junto al resto de ministros, la sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
Familiares de desaparecidos uruguayos rinden homenaje a jueza Mota
Familiares de detenidos-desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985)homenajearon por el Día Internacional de la Mujer a la jueza Mariana Mota, alejada de su funciones por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).Mota, reconocida defensora de los derechos humanos, fue trasladada de lo penal a lo civil, quedando apartada de su investigación de más de 50 casos vinculados a represores militares durante la última dictadura, procesos que quedaron congelados.
El traslado de Mota fue rechazado el mes pasado por una masiva protesta de políticos, sindicalistas, estudiantes y familiares de víctimas de la represión, que denunciaron que la decisión abre las puertas a la impunidad.
En conmemoración del Día de la Mujer, Alba González y Victoria Prieto, madre e hija de desaparecidos, respectivamente, entregaron a la jueza un libro de cartas con expresiones ciudadanas a partir de su traslado, titulado "Yo Estuve".
Una copia de la publicación formará parte del Museo de la Memoria, como documento de las luchas populares contra la impunidad.
Por su parte, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República se pronunció contra la impunidad y las últimas resoluciones de la SCJ.
"No puede caer una losa de impunidad y olvido sobre los crímenes de la dictadura uruguaya", señala la institución, "porque ello tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, pues la impunidad incide en los comportamientos cotidianos, institucionales y personales".
Asimismo, llamó "a los compatriotas de buena voluntad a buscar caminos ética y jurídicamente correctos para que la verdad y la justicia sigan abriéndose paso, y se afirmen en el país que queremos legarles a las generaciones que vienen".
Publicado por ARGENPRESS
Entregaron a la jueza Mariana Mota “Yo Estuve”, como homenaje en la
conmemoración del Día de la Mujer
Entregaron a la jueza Mariana Mota la publicación impresa de las cartas que llegaron a la iniciativa “Yo Estuve”, como homenaje en la conmemoración del Día de la Mujer. Este espacio tuvo por objeto recoger las expresiones ciudadanas sobre la remoción de la jueza Mariana Mota del juzgado penal donde tenía a su cargo, entre otras, más de 50 causas vinculadas a crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. El “Yo estuve” que encabeza este pronunciamiento a partir de una carta de la escritora y periodista Ivonne Trías Hernández, estuvo directamente relacionado con la concentración que el viernes 15 de febrero, en ocasión del acto de traslado de Mota, tuvo lugar frente de la Suprema Corte de Justicia y que dio pie a que los ministros de dicha Corte realizaran una denuncia penal por “ocupación”.
Alba Gónzalez y Victoria Prieto, madre e hija de desaparecidos, entregaron a la jueza Mariana Mota la publicación impresa de las cartas que llegaron a la iniciativa “Yo Estuve”, como homenaje en la conmemoración del Día de la Mujer.
Este espacio tuvo por objeto recoger las expresiones ciudadanas sobre la remoción de la jueza Mariana Mota del juzgado penal donde tenía a su cargo, entre otras, más de 50 causas vinculadas a crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
El “Yo estuve” que encabeza este pronunciamiento a partir de una carta de la escritora y periodista Ivonne Trías, estuvo directamente relacionado con la concentración que el viernes 15 de febrero, en ocasión del acto de traslado de Mota, tuvo lugar frente de la Suprema Corte de Justicia y que dio pie a que los ministros de dicha Corte realizaran una denuncia penal por “ocupación”.
Dos saltos hacia la impunidad
Imagen: AFP
Por Mercedes López San Miguel - Página 12
La Corte Suprema de Uruguay decidió dar dos evidentes saltos hacia atrás en materia de verdad y justicia. Sin previo aviso, y arbitrariamente, el máximo tribunal apartó a la magistrada Mariana Mota del juzgado donde tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura entre 1973 y 1985 –el 40 por ciento de todas las causas– y, peor aún, determinó que eran inconstitucionales dos artículos de una ley que dejó sin efecto la amnistía o Ley de Caducidad, heredada de la transición a la democracia.
Hace poco más de un año, la coalición de centroizquierda gobernante Frente Amplio había aprobado la Ley 18.831, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y, como parte de una misma decisión, el Estado uruguayo había asumido el 21 de marzo pasado, en un acto público, su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. En dicha sentencia, con fecha del 24 de febrero de 2011, la CIDH responsabilizó al Estado por el crimen de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena, y le solicitó que investigue y juzgue a los responsables.
Sin embargo, para cuatro de los cinco ministros de la Corte Suprema, la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. Dice el fallo del 22 de febrero: “La aprobación e incorporación a nuestro derecho interno de los denominados ‘crímenes de lesa humanidad’ se produjo con posterioridad a la comisión de los hechos de la presente causa, por lo que las reglas que establecen su imprescriptibilidad no pueden ser aplicadas”. El ministro Ricardo Pérez Manrique votó en contra en soledad, siendo el único que no entró al Poder Judicial en dictadura. Y un dato que no deja de llamar la atención es que tres de esos cuatro jueces –Jorge Larrieux, Jorge Ruibal Pino y Jorge Chediak– habían usado argumentos a favor de los tratados internacionales en el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray, en 2009.
Tanto el Frente Amplio como organizaciones de familiares de detenidos y desa-parecidos y la central sindical PIT-CNT repudiaron la decisión judicial y el lunes pasado marcharon en silencio por el centro de Montevideo. La senadora y primera dama Lucía Topolansky, referente de los Tupamaros y del partido Movimiento de Participación Popular –el más votado dentro del Frente Amplio–, dijo que su formación impulsaría un juicio político contra los ministros de la Corte. Sus palabras sonaron más a una expresión de deseo, porque se sabe que al oficialismo no le alcanzan los votos para llevarlo adelante.
Por supuesto que los tres ex presidentes que ya se habían opuesto a la aprobación de la citada ley volvieron a alzar sus voces para defender con los mismos argumentos la postura del máximo tribunal. En un comunicado, Jorge Batlle, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, dijeron: “No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”. Una vez más, los tres adalides del conservadurismo más retrógrado de Uruguay recordaron que hubo dos pronunciamientos populares –1986 y 2009– a favor de que se mantenga la Ley de Caducidad que, a la salida del régimen militar, amnistió a policías y militares acusados de secuestros, violaciones y asesinatos durante la última dictadura. Dijeron en el comunicado: “Es inadmisible que se sigan despreciando dos consultas directas a la ciudadanía en clara violación de la soberanía popular”. Y luego, como una estrategia conocida de las derechas de nuestra región, alertaron sobre el peligro de desestabilidad, al afirmar: “Levantamos nuestra voz de alerta cívica ante el retorno de actitudes antidemocráticas que dividen peligrosamente a la sociedad uruguaya y que, de no superarse inmediatamente, arrastrarán al país a tiempos de confrontación que no deben repetirse”.
Destacados juristas y abogados señalaron que el fallo del tribunal supremo contradice la sentencia en el caso Gelman y el Pacto de San José de Costa Rica. El abogado uruguayo Pablo Chargoña dijo a esta cronista que las consultas populares no pueden estar por encima del derecho internacional. “La decisión de la Corte Suprema es un verdadero desacato a la sentencia de la CIDH, que obliga al Estado a perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad. La CIDH descarta la incidencia de los referéndum porque los derechos humanos no son plebiscitables.”
Por estos días, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su preocupación por el fallo en Uruguay, ante la posibilidad de que se cierre el camino a las investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos. “Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, dijo Pillay.
En opinión de Chargoña, Uruguay está hoy en situación de incumplimiento de la sentencia de la CIDH. Y dependerá de la actuación de los fiscales y jueces para que este salto hacia atrás no se profundice. “La inconstitucionalidad de la ley no implica que los juicios se paralicen si los fiscales y jueces aplican directamente la sentencia en el caso Gelman.” Dependerá también de la clase política uruguaya que no se continúe bajo la sombra de la impunidad.
mercelopez@pagina12.com.ar
Según la SCJ uruguaya estos criminales estarían siendo juzgados por "delitos comunes" que habrían prescripto. La dictadura militar argentina TAMPOCO HABÍA FIRMADO NINGUNA CONVENCIÓN AL RESPECTO, los juicios siguen adelante y SON VÁLIDOS
(Argentina) Lesa humanidad: continuó el juicio oral en la causa por el “Plan Cóndor”
Lesa humanidad: continuó el juicio oral en la causa por el “Plan Cóndor”
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital siguió este viernes con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Entre los 25 imputados se encuentran Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. El debate se reanuda el próximo lunes
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de Capital Federal siguió este viernes el juicio oral y público en
la causa conocida como “Plan Cóndor”, en la que se juzga a 25 imputados
por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno
militar.
El tribunal -integrado por Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo G. Laufer y Ricardo Angel Basílico (éste último como juez sustituto)- continuó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.
El debate seguirá el próximo lunes.
Las causas acumuladas en este juicio oral son las siguientes:
1) Causa 1.504 caratulada “VIDELA, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal” –“Plan Cóndor I”- (Expediente n° 13.445/1999 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 -Secretaría N° 14-).-
En la misma se encuentran imputados: Jorge Rafael Videla, Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Miguel Landoni.
En esta causa se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos, los cuales alcanzan un total de ciento ocho (108) casos, en el marco de los objetivos propuestos en el acuerdo que se habría celebrado entre varios países del Cono Sur y que diera en llamarse “Operación Cóndor”, atribuyéndoseles a los encausados el delito de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
2) Causa nº 1.951 caratulada “LOBAIZA, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. 1° del C.P.)” –Plan Cóndor II- (Expediente n° 2.510/2008 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7 –Secretaría n° 13-).
En este caso están imputados Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y Manuel Juan Cordero Piacentini (éste último militar uruguayo).
Se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, en un total de (13) casos, atribuyéndoseles a los encausados el delito de asociación ilícita –sólo a Alespeiti y Lobaiza- y de privación ilegítima de la libertad.
3) Causa n° 2.054 caratulada “FALCÓN, Néstor Horacio y otros s/asociación ilícita y privación ilegal de la libertad personal” –Plan Cóndor III- (Expediente n° 10.961/2011 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7 –(Secretaría n° 13).-
Los imputados son: Néstor Horacio Falcón, Federico Antonio Minicucci, Enrique Braulio Olea, Horacio De Verda, José Julio Mazzeo, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Mario Alberto Gómez Arenas y Juan Avelino Rodríguez.
En ese legajo se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos, los cuales alcanzan un total de (35) casos, en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, y se le imputa a los nombrados el delito de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
4) Causa nº 1.976 caratulada “FURCI, Miguel Ángel s/privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos” –Automotores Orletti II- (Expediente n° 2.637/2004 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 –Secretaría n° 6-).
En estas actuaciones el único imputado es Miguel Ángel Furci. Se le imputan presuntas violaciones a los derechos humanos, que habrían ocurrido en el período mayo a noviembre del año 1.976 en el centro clandestino de detención y tortura (ccdt) “Automotores Orletti”, sito en la calle Venancio Flores n° 3.519/21 de esta ciudad, en un total de (67) casos, atribuyéndosele al imputado los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada e imposición de tormentos.
Según informaron desde el tribunal, la duración del debate se prevé que será de aproximadamente dos años –mínimo- y está previsto que declaren alrededor de 500 testigos por estos hechos.
Cuarto intermedio hasta el lunes 12 marzo 10 hs hora argentina
CIJ TV transmite en vivo los juicios orales por el “Plan Cóndor”
Broadcasting live with Ustream
El Plan Cóndor se extendió por el continente
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Un documento desclasificado de la CIA fechado el 23 de junio de 1976 explica el surgimiento …
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Ficha de los principales acusados en el juicio por el Plan Cóndor (90 x 115 mm) (AFP …
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Ver fotoComienza juicio por Plan Cóndor (Duración: 00:01:07) (AFPTV | )
Un
documento desclasificado de la CIA fechado el 23 de junio de 1976
explica el surgimiento del Plan Cóndor: "a principios de 1974, agentes
de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se
reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas contra
objetivos subversivos". Luego se integrarían Brasil, Perú y Ecuador.
Fue
el epicentro del operativo, y el país donde la represión contra
nacionales y extranjeros alcanzó mayores dimensiones, con 30.000
desaparecidos según algunos
organismos de derechos humanos. La secretaría de DDHH indemnizó a los
familiares de 16.000 desaparecidos.
El
exdictador chileno Augusto Pinochet -quien se jactaba de que no se
movía una hoja en Chile sin que él lo supiera- nunca admitió su
participación en el Plan Cóndor, aunque colaboradores cercanos
reconocieron su responsabilidad política al albergar en Chile en
noviembre de 1975 una de las primeras reuniones de coordinación para la
ejecución del plan.
En
2002 Pinochet perdió su banca de senador vitalicio, fue procesado y
detenido por su participación en el Plan, en el juicio por los 75
asesinatos atribuidos a la "Caravana de la Muerte", que recorrió Chile
fusilando sumariamente a opositores, tras el golpe de Estado del 11 de
septiembre de 1973, pero nunca fue condenado.
Se
cree que el
asesinato del excomandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats y
su esposa, cometido en Buenos Aires en 1974, fue una de las primeras
incursiones de este plan. También el ataque con explosivos en el que en
1976 murieron en Washington el excanciller chileno Orlando Letelier y su
secretaria estadounidense Ronnie Moffitt.
La
muerte en 1982 del expresidente Eduardo Frei fue calificada de
homicidio en 2009 luego de una investigación, procesándose a seis
personas.
La dictadura de Pinochet dejó otras 3.000 víctimas.
En
Uruguay, en ninguno de los juicios por violaciones de los derechos
humanos en la última dictadura hubo procesados por haber participado en
el Plan Cóndor, aunque sí hay condenados por asesinatos ejecutados en el
marco del plan.
"Lo
que hay es militares procesados que participaron del Plan Cóndor, pero
los han procesado por desaparición forzada, que tipificaron como
asesinato especialmente agravado", dijo a la AFP Ignacio Errandonea,
integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos.
El
exdictador Juan María Bordaberry (1973-1976) fue procesado en 2006 como
coautor de homicidio especialmente agravado por el asesinato de cuatro
uruguayos exiliados en Argentina en mayo de 1976: los legisladores
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los tupamaros William
Whitelaw y Rosario Barredo.
El
exdictador Gregorio Álvarez (1981-85) fue condenado en octubre de 2009 a
25 años por 37 delitos de "homicidio muy especialmente agravado" de
presos políticos, la mayoría ejecutados tras su traslado clandestino
desde Buenos Aires a Montevideo en 1978, en
el marco del Plan.
Otro
de los casos emblemáticos de la coordinación militar entre las
dictaduras del Cono Sur, del que participaron uruguayos, es el de la
nieta del poeta argentino Juan Gelman.
La
nuera del escritor, María Claudia García de Gelman, fue secuestrada en
Buenos Aires en 1976 a los 19 años con siete meses de embarazo y
trasladada a Uruguay, donde dio a luz y desapareció. Su hija Macarena
Gelman fue entregada ilegalmente a la familia de un oficial policial
uruguayo y su identidad original fue establecida recién en el año 2000.
Precisamente
por el caso Gelman, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó
en 2011 a Uruguay a investigar los crímenes de la dictadura.
Durante la dictadura uruguaya desaparecieron unos 200 opositores,
en su mayoría en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.
Los
voluminosos "Archivos del terror" encontrados cerca de Asunción en
1992, muestran la participación de la dictadura paraguaya en el Plan
Cóndor.
En una operación,
los militantes uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, que
estaban detenidos en Asunción -donde habían sido interrogados por el
coronel uruguayo Carlos Calcagno- fueron embarcados en mayo de 1977
junto a tres argentinos, José Nell, Alejandro Logoluso y Marta Landi, en
un avión de la marina argentina y trasladados a Buenos Aires, donde
desaparecen.
Investigaciones
posteriores señalan que se trataba del avión personal del comandante de
la armada argentina, almirante Emilio Massera, quien viajó con los
prisioneros desde la provincia de Santa Fa a Buenos Aires.
"Brasil
tuvo un papel poco conocido, pero activo, en la Operación Cóndor",
admite la Comisión de la Verdad instalada en 2012 para investigar las
denuncias por la presidenta Dilma Rousseff, una exguerrillera detenida y
torturada por la dictadura militar (1964-85).
En
la página web de la Comisión se reconoce que el Plan incluyó "casos
notorios de violencia, prisión, tortura, secuestro y desapariciones
dentro y fuera de Brasil".
Hay
casos de secuestro y desaparición de brasileños en Argentina, Chile y
Uruguay y de argentinos y uruguayos en Brasil. La comisión está oyendo
declaraciones de víctimas y sobrevivientes en México, Perú, Argentina y
Uruguay. En ocho estados brasileños se han localizado hasta ahora a unos
40 agentes o testigos del aparato represivo que actuaron o presenciaron
acciones de la
Operación Cóndor.
El
grupo también investiga si las muertes de los expresidentes João Goulart
y Juscelino Kubitschek estuvieron vinculadas a este plan.
El estado brasileño reconoce 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar.
En
Perú, el ex dictador Francisco Morales Bermúdez (1975/80) negó en
reiteradas oportunidades que el país hubiera participado del Plan
Cóndor.
Sin embargo, un
juez argentino pidió en febrero de 2012 su captura por acciones
vinculadas al Plan, referidas a la privación ilegal de libertad y
tormentos a 13 ciudadanos peruanos en Perú en 1978, quienes habrían sido
trasladados a Argentina y alojados en un centro de detención, según una
resolución del juez federal Norberto Oyarbide.
La
Justicia italiana también había pedido en 2007 la detención y
extradición de Morales Bermúdez por la desaparición en Perú de 25
italianos en el marco del Plan Cóndor.
El
exgeneral Hugo Banzer, presidente de facto entre 1971-1978, fue
sindicado de haber coordinado la lucha antiizquierdista, principalmente
con sus pares de Chile y Argentina, aunque él oficialmente negó
cualquier relación o vinculación.
Sin
embargo, Banzer fue señalado de tener vinculación con la detención en
Bolivia y la entrega a militares argentinos en agosto de 1976 de la
argentina Graciela Rutilo y su pequeña hija Carla. La madre figuraba
como desaparecida, tras su detención el el centro clandestino de
detención "Automotores Orletti", en Capital Federal.
El expresidente boliviano Juan José
Torres fue asesinado en 1976 en Buenos Aires, en un operativo del Plan Cóndor.
Ecuador comenzó a participar en el Plan Cóndor a partir de 1978, según documentos desclasificados de la CIA.
"El
Ejército es responsable por la información de inteligencia y el
intercambio de información entre los miembros de la operación (Cóndor).
La Armada es responsable por las telecomunicaciones y la Fuerza Aérea es
responsable de la guerra psicológica", señala un documento.
Un
documento desclasificado de la CIA fechado el 23 de junio de 1976
explica el surgimiento del Plan Cóndor: "a principios de 1974, agentes
de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se
reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas contra
objetivos subversivos". Luego se integrarían Brasil, Perú y
Ecuador.
Un documento
desclasificado de la CIA fechado el 23 de junio de 1976 explica el
surgimiento del Plan Cóndor: "a principios de 1974, agentes de seguridad
de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos
Aires para preparar acciones coordinadas contra objetivos subversivos".
Luego se integrarían Brasil, Perú y Ecuador.
Ficha de los principales acusados en el juicio por el Plan Cóndor (90 x 115 mm)
Comienza juicio por Plan Cóndor (Duración: 00:01:07)Enviado por Enrique Orellana
ARGENTINA: VERA JARACH, MAMA DE FRANCA, DESAPARECIDA DE LA ESMA, DECLARO EN EL MEGAJUICIO
“A la Justicia le pedimos justicia”
Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ayer, en los tribunales de Comodoro Py.
Imagen: Bernardino Avila
SUBNOTAS
Les habló a los jueces de su hija, para “que la conozcan, que sepan quién fue, cómo fue esta muchacha maravillosa, alegre, pero también muy pensativa”. Aportó una grabación con un llamado que Franca hizo desde la ESMA.
Por Alejandra Dandan - Página 12
El pelo blanco, los ojos chiquitos, la voz de roble. En un momento, Vera Jarach buscó casi a tientas algunas caras en la sala: “No veo si están los acusados, pero con los ojos de mi alma sí los veo –les dijo–. Y si están, les pido a ellos que rompan ese tan cruel pacto de silencio alguna vez, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos, y a la Justicia, a la Justicia, le pedimos justicia”.
Frente suyo una hilera de Madres llenó la sala de Comodoro Py con sus pañuelos. Vera fue a declarar a la segunda audiencia de testigos de este juicio por los crímenes de la Escuela Mecánica de la Armada para hablar de su hija. A Franca la secuestraron el 25 de junio de 1976, en la esquina de un bar del centro de Buenos Aires; había sido abanderada del Nacional Buenos Aires, delegada por el centro de estudiantes e integrante de la UES.
“Nosotros también tuvimos un calvario, un muro de silencio, pero antes de eso quiero enfrentarlos con Franca”, dijo al tribunal y también a la sala. “Que la conozcan, que sepan quién fue, cómo fue esta muchacha maravillosa. Amada y admirada por muchos, dejó mucho y eso es una herencia también. Alegre, pero también muy pensativa. Defendía lo justo y cuanta causa hubiera. Era muy, muy generosa y atenta a todo, apasionada y también tenía un profundo sentido critico, incluso en la militancia, de la que voy a hablar.”
Vera, que era periodista en ANSA cuando secuestraron a su hija, hilvanó trazos de la vida política de Franca. Contó cómo la expulsaron del Buenos Aires en tiempos de la Triple A, después de una asamblea ya prohibida y organizada por los estudiantes para evitar el desplazamiento del rector. Echaron a 14 y por una gestión de los padres volvieron a incorporarlos a todos excepto a Franca, que no quiso volver. Rindió exámenes libres “brillantes”, se disponía a estudiar Ciencias de la Educación “porque pensaba en los grandes cambios sociales, que era la meta de todos estos jóvenes”. Empezó a trabajar en un pequeño taller, hacía cajitas y se anotó en un curso poligráfico. “Como tengo que decir toda la verdad, pero no puedo asegurarlo, digo que creo que tuvo militancia dentro de ese ámbito. Como tenía ese espíritu crítico, tardó mucho en militar en una institución organizada; cuando lo decidió, entró en la UES, y cuando tomaba una decisión lo hacía muy, muy en serio, quería decir que estaba convencida de lo que hacía.” Para entonces pasó de la UES a la Juventud Trabajadora Peronista.
El llamado
A Franca la secuestraron un viernes. Vera la esperaba al otro día en el Tigre. La buscó en hospitales, en la morgue, presentó hábeas corpus y durante años no supo nada. “Tenía 18 años de edad; mi marido y yo tratamos de localizarla, de salvarla; desgraciadamente fue en vano. Pasaron muchos años, más de veinte, antes de que yo pudiera saber la verdad, y esa verdad es el lugar donde Franca fue llevada después del secuestro.”
Franca estuvo en la ESMA. “Fue un verdadero infierno”, dijo. Vera supo eso a través de Marta Alvarez, una de ex detenida. “Quizá no sea mucho –dijo–, pero para mí es muchísimo, tengo algunas pruebas y en esas pruebas, una de las fundamentales es una grabación de la que ahora les cuento.”
Franca llamó a sus padres el 11 de julio desde un lugar de la ESMA que Vera reconoció años mas tarde. “Para nosotros significó que estaba viva, ahí están las voces de Franca y de mi marido que contestó, para mí es estremecedor volver a escuchar esas voces, pero sé que es una prueba importante por su contenido, así que estoy dispuesta a escucharlo de nuevo.”
En la sala se oyó esa grabación. Vera se quedó en la silla. Franca, rápida, joven, apurada, perforó el tiempo desde otro lado del espacio. Preguntó por todos: “¿Cómo están? ¿Cómo está mamá?”. Les dijo: “Estoy detenida”. Su padre preguntó un poco en italiano y en español. “¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo volvés?” Franca responde y responde: “No sé, la verdad, es que no sé”, dice.
–Bueno, chau...
–Que Dios te bendiga –dice su padre.
–Chau, papito, chau.
“Es como que hay dos grabaciones en mi memoria”, dijo Vera. “Todo lo que nos dijo Marta Alvarez y después esto, que es una prueba. Hacían esos llamados para frenar, se supone, nuestras denuncias y búsquedas, cosa que por supuesto no hicimos.”
Vera no paró de hablar; sólo en una ocasión los jueces le preguntaron si necesitaba un momento, porque los ojos se le llenaron de lágrimas. Alguien en el fondo murmuró: “¡No la conocen!”. Claro, no dejó de hablar. Cuando empezó, habló de Auschwitz y de las dos cosas que marcaron su vida. “La historia nos enseña que lo que ha sucedido una vez puede volver a ocurrir, y de hecho en mi historia esto se ha demostrado. En 1943 deportaron a Auschwitz a mi abuelo materno; más tarde mi hija Franca, secuestrada y llevada a la ESMA; dos historias, no hay tumbas, están la cámara de gas y los vuelos de la muerte.”
Al final, el presidente del tribunal le preguntó si quería decir algo más. Ella recordó a un chico de una escuela de Italia que le preguntó si estaba satisfecha con su vida. “¿Qué pregunta, no?”, dijo Vera con humor. “Le dije que sí, realmente he tenido mucho en mi vida, nos salvamos de la Shoá y tuve una vida normal hasta que suceden las dos tragedias: en el ’43 mi abuelo y luego mi hija, y tengo que decir que es como esa canción de Violeta Parra: la vida me ha dado tanto, pero también me ha quitado. Quiero decirles a ustedes que agradezco haber estado acá. Y acá Franca conmigo pide justicia...”
—¡Mírenla, mírenla! –les dijo a los jueces. Y dejó a Franca, en la foto, arriba del escritorio.
ARGENTINA: LA MEGACAUSA SOBRE LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL CENTRO CLANDESTINO LA PERLA
Mujeres de fuego
En la megacausa de La Perla se juzga a 45 imputados por delitos cometidos contra 417 víctimas.
Imagen: Télam
Esta semana comenzaron a declarar los testigos en el quinto juicio oral por delitos de lesa humanidad de Córdoba. Es el primero que involucra el robo de bebés. Las historias de Marité Sánchez, que parió estando secuestrada, y Sonia Torres, presidenta de Abuelas Córdoba.
Por Marta Platía - Página 12
En el juicio más grande del que se tenga memoria en esta provincia, llamado también “Menéndez III”, y el primero que se realiza aquí por robo de bebés, en sólo 15 audiencias parece haber pasado de todo: un represor se suicidó de un balazo a pocas horas del inicio del proceso –Aldo Carlos Checchi– nada menos que adentro de un hospital militar. El abogado defensor de cuatro imputados, Jorge Agüero –un personaje que se hace llamar El Mesías–, acusó de “coimero” al presidente del Tribunal, desplegó un cartel ofensivo, fue arrestado en plena sala y terminó procesado por “injurias agravadas”. Un gobernador, José Manuel de la Sota, que al menos hasta ahora brilló por su ausencia, aunque no dudó en mencionar a “los jóvenes que se enamoraron de las armas” justo el mismo día del arranque del juicio, abonando así la teoría de los dos demonios, discurso que le costó el repudio de las organizaciones de derechos humanos. A todo esto, los represores con el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez a la cabeza, seguido por Guillermo “Nabo” Barreiro y Pedro Vergez, alias Vargas, parecen turnarse para provocar a los familiares de las víctimas, y como toda defensa, optaron por descalificar a los testigos y sobrevivientes de sus crímenes, llamándolos “colaboracionistas” o, directamente, “buchones”.
De ellos, el más locuaz e inmanejable es Vergez. Incluso para Menéndez, quien hasta los juicios anteriores parecía llevar las riendas de su tropa, pero que en éste ha perdido ostensiblemente su autoridad. El miércoles pasado, el represor que se hacía llamar Vargas y se la pasa negando haber escrito el libro que se le atribuye, se puso a cantar de alegría “viva la muerte de Chávez”. Ante la queja del abogado querellante Miguel Ceballos, quien lo escuchó “claramente”, el juez le ordenó silencio y les adelantó “a él y a todos los imputados” que a la próxima indisciplina los sancionará y echará de la sala. Una reprimenda por la cual, al día siguiente, Menéndez dijo estar “profundamente mortificado”, ya que aunque no se sentía aludido, “jamás en su vida alguien lo había tratado así”. Pero, como ya ocurrió en el juicio al dictador Jorge Rafael Videla en 2010, la mayoría de los represores prefirió refugiar sus bravuconadas y supuesta valentía en una sala contigua con circuito cerrado de televisión no bien les tocó declarar a las primeras testigos mujeres: la abogada querellante Marité Sánchez, quien fue secuestrada el 24 de febrero de 1976, embarazada de siete meses y medio; y la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres.
Sánchez recordó: “Ese día golpearon a la puerta de mi casa. Me fijé por el agujerito y vi una persona joven, de vaqueros, y pensé que vendía algo. Cuando abrí, empezaron a caer personas desde los techos. Dijeron que eran de la Policía Federal. Buscaban a mi esposo. Me metieron de los pelos en un auto bordó”. La llevaron a la sede del D2: el equivalente cordobés de la Gestapo, que funcionaba en el Cabildo, a sólo diez pasos de la Catedral en la que por entonces oficiaba sus misas el cardenal Raúl Francisco Primatesta. “Ahí me vendaron y alguien me tocó la panza. ‘Pensá bien lo que vas a decir por lo que tenés ahí adentro’”, la amenazaron. Con un arma apuntándole al bebé por nacer, la llevaron a un pozo. “Ahí vi a mi marido, Víctor Eduardo Ferraro. Durante la tortura le habían marcado una esvástica en el pecho.” A Marité le pegaron delante de él: “Me agarraron de los pelos y me dieron la cabeza contra la pared. El gritaba que yo no tenía nada que ver, que me dejaran en paz”. Más tarde, y después de estar desmayada y tendida sobre “una colchoneta sucia y húmeda”, Sánchez fue trasladada a la cárcel del barrio San Martín, la UP1. Tuvo a su hija esposada a una cama de un hospital. Su esposo también pasó por la UP1, pero él aún permanece desaparecido.
Con los apabullantes 83 años de quien nunca será una anciana, Sonia Torres avanzó con paso seguro hasta la silla en la que soñaba sentarse desde hace 37 años. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba estuvo acompañada por la presencia –y adhesiones por las redes sociales– de cientos de personas. “Antes que nada –arrancó– yo me identifico como la mamá de Silvina Parodi, la segunda madre de mi yerno, Daniel Orozco, y la abuela de mi nieto que todavía busco”, le dijo de un tirón al juez Jaime Díaz Gavier. Y siguió: “Porque cuando se los llevaron, no sólo a mi nieto le robaron la identidad. A mí también. Yo nunca más volví a ser quien era: un ama de casa, una farmacéutica. Fui primero la madre que buscaba, después la abuela que busca. Yo también perdí mi identidad”, repitió, mirando al juez con los ojos grandes, muy abiertos, de quien necesita que no se pierda palabra de lo que se está arrancando del alma.
Su hija Silvina Parodi tenía sólo 20 años y estaba embarazada de seis meses y medio cuando fue secuestrada junto a su esposo, Daniel Orozco, de 22, en la casa en la que vivían, en el barrio Alta Córdoba de esta capital. Ambos eran estudiantes de Ciencias Económicas y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
“Fue el 26 de marzo cerca de las seis de la tarde –rememoró Sonia–. Los vecinos contaron que los sacaron envueltos en frazadas de pies a cabeza. Eran unos nueve hombres vestidos de civil fuertemente armados. Les dieron una paliza y a eso lo sé porque los vecinos sintieron los aullidos de dolor y los pedidos de auxilio. A la gente que salió a ver, les dijeron a punta de arma que entraran a sus casas, que si no los iban a matar.”
A partir de allí empezó el peregrinaje de Sonia Torres y su ex marido, Enrique Parodi, quien por haber sido aviador, conocía a Juan Bautista Sasiaíñ, el entonces jefe de la Policía Federal en Córdoba. “Con el más puro cinismo, Sasiaíñ le dijo que esos secuestros se hacían entre los guerrilleros y con eso cerró la entrevista.” Desesperados, recorrieron todas las cárceles, los hospitales, hasta que supieron que estaba en la UP1. “Allí logramos que un médico amigo, un doctor de apellido Elías, la revisara para ver cómo seguía su embarazo. Pero eso fue fatal para él. Al día siguiente, un comando entró en el hospital de urgencias donde estaba operando a un paciente y se lo llevaron esposado. Su cadáver fue arrojado camino a Chacras de la Merced” en las afueras de la ciudad.
Entre los escombros de lo que era la modesta casa de Silvina y Daniel (“porque al día siguiente del secuestro llegó un camión militar y se robaron todo, todo. Dejaron sólo un mueble de cocina porque estaba empotrado en el piso”, detalló Torres), Enrique Parodi encontró una blusa de su hija –que Sonia desplegó y mostró amorosamente en la audiencia– y un certificado médico que les sirvió de prueba para la búsqueda del bebé. “Silvina había consultado al doctor Ruli esa mañana. La fecha del nacimiento del bebé estaba fijada entre el 25 de junio y el 5 de julio de 1976. Supimos por varios testimonios que nació. Que es un varón. Una monja de la Casa Cuna, Asunción Medrano, le dijo a mi hija Giselle, que era voluntaria ahí y llevaba chicos a casa los fines de semana para cuidarlos, que no lo hiciera más. Que yo debía tener mucho trabajo con el bebé de Silvina.” Esperanzadas, la madre, la hija y la religiosa fueron a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, donde sabían que Silvina estaba presa luego del parto. La monja encargada no pudo ocultar su enojo con Medrano. Y les dijo que no. Que Silvina ya había sido “trasladada al sur”. Que no había ningún bebé. Sonia le escribió entonces a Menéndez, a Primatesta y hasta a Alicia Hartling de Videla, la esposa del dictador: “Pero a ninguno se le ablandó el corazón”.
La voz de la abuela se quebró cuando recordó a sus compañeras de camino que “ya se fueron: Otilia Argañaraz e Irma Ramaciotti”. Con ellas y otras que no pudieron llegar con vida a este juicio, golpearon las puertas de la jerarquía católica que permaneció muda y hasta cómplice: “Desde el Papa (Juan Pablo II), que no nos respondió ni hizo nada; para abajo. Ya sabíamos que había connivencia con los militares... Yo era católica. Creía. Pero ya no”, dijo con dureza.
Sonia apuntó también que “las Abuelas somos políticas, pero apartidarias. Sin embargo, tengo que decir que Néstor Kirchner nos llamó a sólo un mes de asumir. ¡Con todos los problemas que tenía...! Nos llamó. Fue la primera vez que eso nos pasaba. Nos dijo que los derechos humanos serían una política de Estado. Y cumplió. Como ahora lo hace la presidenta Cristina. Y a eso hay que reconocerlo”.
Antes de abandonar la sala, Sonia Torres pareció olvidar a todos los presentes y le habló al nieto que busca: “Nieto querido, no tengas miedo. Animate a buscarme vos ahora. Quiero contarte todo esto desde el corazón porque no quiero que sientas odio. Porque no se puede crecer con odio. Antes de partir te quiero encontrar. Recrear en tu carita las caras de tus padres. Esas caras que quedaron suspendidas en el tiempo, en unas pancartas... Cuando conozcas tu identidad, recién ahí conocerás la libertad. Recién dejarás de ser un esclavo de los militares. Y vos sabrás qué hacer con tu futuro”.
Batalladora como su padre, el dirigente gremial de Luz y Fuerza Tomás Carmen Di Toffino –principal compañero de Agustín Tosco durante el Cordobazo, que terminó derribando el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía–, su hija Silvia, fundadora de Hijos en Córdoba, trazó un vibrante perfil de su padre, secuestrado a los 37 años a plena luz del día cuando salía de su trabajo, en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Silvia denunció, con un flamante documento en la mano, hallado en el Archivo Provincial de la Memoria, “la complicidad civil con la dictadura”.
A Tomás Di Toffino se lo llevaron el 30 de noviembre de 1976. “Desde entonces, con mi mamá y mis tres hermanos ya no tuvimos una vida normal. En realidad ya no lo teníamos, porque él desde hacía tiempo que vivía clandestino para protegernos, aunque no faltaba a trabajar.” Desde el público, su hermano menor, Agustín Di Toffino, actual jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, siguió cada palabra con la mirada vidriosa.
Silvia contó entonces que supo, a través de los testimonios de algunos de los sobrevivientes de La Perla, que su padre “al ser mayor que la media de los que allí torturaban y mataban, casi todos veinteañeros, se portaba como un padre y ayudaba como podía. Con una sonrisa, con una canción –cuando se relajaba la custodia–. Y hasta jugando al ajedrez con piezas que había modelado con migas de pan”. Aun cuando él también padecía las torturas y la inminencia de la propia muerte “en el pozo”, como le llamaban al sitio donde los represores llevaban a los prisioneros para fusilarlos y enterrarlos; Di Toffino no perdió nunca la entereza. “Si hasta se bailó un tango con otra detenida, Susana Sastre (una sobreviviente), antes de que llegara su hora, en lo que se llamó los carnavales del ‘77.”
Quizá lo más impactante del relato de Silvia fue la revelación de una carta escrita por Menéndez el 16 de octubre de 1980 a un “coronel Oscar Joan”, ministro del gobierno de facto de Adolfo Sigwald, defendiendo a capa y espada al abogado y empresario José Luis Palazzo, de no ser “un izquierdista ni un comunista, sino un luchador frontal y abierto (...) que logró desplazar nada menos que a los seguidores de Tosco que infestaron la Empresa de Energía de Córdoba (EPEC)”. Palazzo era, cuando secuestraron a Di Toffino, nada menos que el gerente de personal de la EPEC. Con este escrito, Menéndez quería “limpiar el legajo” de quien señaló como su “ahijado”, de “tan injusta calumnia”.
A partir de la declaración de Silvia, el fiscal Facundo Trotta solicitó que esa documentación se remitiera al fiscal de turno para que investigue. De esta manera, los hijos de Di Toffino le rindieron honor a su padre, quien se fue de La Perla “con una sonrisa y haciendo la V de la victoria en medio de la cuadra”. Un último gesto para darles fuerza a sus compañeros de tormentos.
ARGENTINA: SILVIA VERGARA Y EMI D’AMBRA
“Me obligaron a andar sin piel”
Por Marta Platía - Página 12
Emilia Ofelia Villares de D’Ambra, de 84 años, y a quien se la reconoce como Emi D’Ambra, fue una de las primeras en entrevistarse en España con el juez Baltasar Garzón por la desaparición de dos de sus cinco hijos: Carlos, de 23 años, quien fue visto en La Perla; y Alicia, de 21 y “tal vez embarazada”, torturada en el Pozo de Banfield y Automotores Orletti. La Madre, y quizás “abuela”, dio uno de los testimonios más completos y estremecedores. No sólo por el páramo de silencio que padeció luego de sus secuestros, el 20 de noviembre de 1976 y el 13 de julio, respectivamente, sino por la fortaleza de la búsqueda que hizo junto a su marido. “Con mi esposo recorrimos todo. Cuando se llevaron a Carlos le preguntamos a todo el mundo en la Terminal de Omnibus de Córdoba, si lo habían visto. El iba a llegar desde Buenos Aires con su novia, Sara Waitman, y venían a visitarnos a Alta Gracia. Nunca llegaron. En la terminal, la propia policía nos dijo que había habido ‘una pinza muy grande’, que eran del Ejército, con camiones verdes, y que se habían llevado muchísima gente. La mayoría jóvenes. Tiempo después, supimos que Sara estaba en la cárcel UP1. Creímos que Carlos también estaría allí. Pero supe después que pasó por La Perla.”
Emi contó que “en ésa época ningún abogado se animaba a presentar un hábeas corpus”, el único que consiguieron “nos redactó uno, pero sin firmar. Mi esposo lo tipeó a máquina en casa y lo presentamos solos”. También dijo que enfrentó a Primatesta en una de las visitas que el cardenal hizo a Alta Gracia: “Le reproché que no me había recibido. Se excusó y me dijo que iba a rezar por mí. Le contesté que no necesitaba sus rezos, que sabía hacerlo sola”. Y siguió: “Mire, señor juez, a mí la Iglesia me pateó los dientes. Nunca más creí en ellos”. Uno de los pasajes más absurdos –y hasta hilarantes– fue cuando Emi D’Ambra le contó al juez con admirable humor negro cómo se había comportado la Justicia de entonces: “Logramos que alguien nos represente. Como no pudimos pagar la segunda cuota de la tasa de justicia, porque los dos somos trabajadores de clase media baja, un día cayó a casa una jueza de paz a embargarnos. A mí me dio un ataque de risa. A carcajadas, me reía. Mi esposo sufría y me decía: ‘Emi, lo van a tomar a mal’. Y yo le dije a la jueza: ‘Fíjese ¿qué va a llevar? ¿La mesa? ¿El aparador? ¿Las sillas? ¿El televisor? Ustedes todavía no me ha dado la justicia que pido, pero fueron rapidísimos para embargarnos’”, le reprochó. La funcionaria, que había elegido el televisor, partió cabizbaja y sin llevarse nada.
Silvia Vergara Falik. Sin piel. Así dijo que la obligaron a andar por la vida los represores del terrorismo de Estado. Silvia, de 38 años, es una de las dos hijas de Herminia Falik y Rodolfo José Vergara. Ambos desaparecidos. Su madre fue secuestrada por una patota en la parada de un colectivo la mañana del 24 de diciembre de 1976. “Apurados para irse a brindar con sus familias por la Navidad –según relató una testigo a la que obligaron a ver la tortura–, la destrozaron entre cuatro o cinco torturadores a golpes y con dos picanas eléctricas. Para acelerarle la muerte, le tiraban baldazos de agua.” Sin embargo, Herminia tardó en morir. Cuando la mujer que servía la miserable comida del campo de La Perla se acercó a la sala de tortura, donde la habían abandonado creyéndola muerta, “mi mamá abrió los ojos y le dijo gracias, porque esta mujer la acarició”, sollozó Silvia. Ante una audiencia estremecida, la chica les gritó a los represores que la miraban impávidos: “Ustedes me obligaron a andar sin piel por la vida. Porque cuando uno es un bebé, como era yo, lo único que tiene de la mamá es la voz y la piel. La mamá es la piel de un bebé. Su protección. Yo todavía me acuerdo de su olorcito acá –dijo tocándose el costado derecho de su propio cuello–, y de su voz. Pero la piel es todo: ustedes me obligaron a andar con el cuerpo ardiendo, doliendo toda mi vida. A susurrar en la escuela ‘soy hija de desaparecidos’, sin saber muy bien qué significaba eso. No se los voy a perdonar nunca. A mi bisabuelo y a dos tíos los mataron en Auschwitz. A mis padres en La Perla. Mi vida ha sido un sandwich entre los dolores, las muertes, las ausencias y los desa-parecidos del fascismo”.
Masacres
Este juicio agrupa 19 causas interconectadas, que verán el destino corrido por 417 víctimas entre los años 1974 y 1977. Entre esas causas está el llamado “expediente Barreiro”, que incluye también los casos de dos familias que padecieron el ensañamiento del Comando Libertadores de América primero, y del terrorismo de Estado de la Junta Militar después. Se trata de las masacres de los Pujadas y de los Vaca Narvaja. En el primer caso, cinco miembros de esa familia fueron torturados y acribillados y arrojados a un pozo en represalia por el intento de fuga de la prisión de Trelew de Mariano Pujadas, uno de los hijos.
En cuanto a los Vaca Narvaja, sufrieron el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h): un joven abogado de 35 años, quien fue fusilado en un supuesto intento de fuga; y del patriarca de la familia, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había sido ministro de Frondizi, a quien torturaron y decapitaron. A raíz de estos hechos, 26 miembros del clan familiar, entre los cuales había 13 menores de edad, debieron refugiarse en la embajada de México y luego partir al exilio.
El sueño de los represores
Pedro Vergez no se priva de nada. Provocador en sesión permanente, no sólo afirma que “jamás” torturó ni mató a nadie, y que fueron “los propios prisioneros los que se quebraban automáticamente, cuando llegaban (a La Perla) y veían que sus compañeros que creían muertos o héroes estaban vivos y se ofrecían para interrogar a los que caían”; sino que de vez en cuando parece divertirse ridiculizando a sus otrora jefes. Mientras se quejaba ante el Tribunal de la estrechez de las camas de la prisión de Bouwer, donde está alojado, no sólo contó que él sueña mucho “y me caigo a cada rato”; sino que mirándole la nuca canosa al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército reveló: “Eso también le pasó al general Menéndez: que se cayó de la cama y se rompió el párpado”. Menéndez no pudo con su fastidio. Furioso se revolvió en su silla, levantó la mano varias veces para interrumpir las infidencias de Vergez, pero el juez le ordenó silencio.
ARGENTINA: EVALUAN SI SUSPENDEN AL MAGISTRADO POR COMPLICIDAD CON LA DICTADURA
El jury contra el juez Hooft
Después de numerosas dilaciones, hoy se reúne el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense para resolver si separa de su cargo al juez Pedro Hooft, denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos por su connivencia con delitos de lesa humanidad.
Por Alejandra Dandan - Página 12
Hoy se reúne el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires para decidir si suspende o no al juez de Mar del Plata, aún en funciones, Pedro Federico Hooft. Denunciado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en la Justicia Penal por su rol durante la última dictadura, y con el proceso de juicio político aprobado ya en 2009, el magistrado logró conseguir hasta ahora una serie de salvoconductos, a través de una batería de presentaciones jurídicas para atrasar no sólo el comienzo formal del proceso penal en Mar del Plata, sino también la suspensión de funciones que prevé el juicio político. El jurado, presidido por un integrante de la Suprema Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters, estará compuesto por 5 abogados y 6 legisladores. El juicio comienza a las 11 en la Corte. Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata y las víctimas que van a seguir la sesión convocaron a una conferencia de prensa a las dos de la tarde en la Comisión Provincial por la Memoria.
“Realmente esta situación me emociona mucho, me invade la emoción y no sólo por los años que una está sobre esto”, dice Marta García de Candeloro. “Realmente es necesario que esto salga: que este jury salga en forma positiva no sólo por mi caso, sino por todos los casos que hay respecto de Hooft, que era prácticamente el único juez de Mar del Plata y acá la represión ha sido muy grande. Esto es importante porque el caso Hooft habla de la Justicia y es importante para ir rompiendo esa cosa tan sostenida sobre que ‘fueron los militares’ o aquello del ‘a mí no me tocó’ y permite ir ampliando los círculos para mirar a todos los que intervienen en este tipo de procesos.”
Marta es uno de las testigos fundamentales del caso Hooft y una de las víctimas que después de sus denuncias sufrió represalias de parte del juez que inventó acusaciones en su contra y utilizó espacios de poder en Mar del Plata para responderle a través de los medios. Ella estuvo secuestrada en el centro clandestino de La Cueva y luego pasó a la Comisaría 4 de Mar del Plata, donde vio al magistrado, le gritó su nombre y el nombre de su marido. Pese a que en ese momento Hooft ya tenía en su despacho los trámites de hábeas corpus iniciados por los familiares, ni siquiera la miró.
Marta era la esposa de Jorge Candeloro, uno de los abogados laboralistas caídos poco antes de los operativos conocidos como las Noches de las Corbatas, de julio de 1976, en las que fueron secuestrados otros abogados laboralistas, y que es otro eje de la causa Hooft. Referente del PCR en la zona, Jorge tuvo un rol clave en la causa por el crimen de Silvia Filler en 1971, por el que fueron detenidos varios miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
A ellos los secuestraron en junio. En julio cayeron los otros abogados: Camilo Ricci, Raúl Hugo Alais, Norberto Centeno, Salvador Arestín, Carlos Bozzi, Mercedes Argañaraz de Fresneda y Tomás Fresneda. El 11 y 13 de julio cayeron el abogado José Verde y su esposa, y Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García, estos cuatro sobrevivientes.
Durante esa sucesión de noches de operativos, Hooft estaba de turno en el juzgado y le llegaron los pedidos de hábeas corpus presentados por los familiares. Hooft “no produjo investigación alguna”, señala la denuncia de 2006. Y en el caso de Candeloro, recibió un informe del coronel Pedro Alberto Barda, jefe de la Subzona Militar 15 de Mar del Plata. El informe decía que había muerto por aplicación de la ley de fuga. En dos de los últimos juicios orales de Mar del Plata quedó acreditado que Jorge murió en La Cueva, producto de la tortura. En el mismo sentido, la denuncia original señala que el juez no “requirió la exhibición del cadáver ni practicó medida alguna de comprobación de los hechos”, “no requirió se le informase el lugar de inhumación de los restos ni la autopsia”. Tampoco se preocupó por la demora con la que las autoridades militares informaron del caso, ya que Candeloro murió en el supuesto intento de fuga el 28 de junio de 1977, pero el juez no recibió la comunicación hasta cuatro meses más tarde.
Las dos vías
La complicidad del juez Hooft con la dictadura está siendo analizada a través de dos vías: el proceso penal y el juicio político. La causa judicial se abrió en mayo de 2006 con una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a la que se sumaron días más tarde la Secretaría de Derechos Humanos provincial, los organismos de derechos humanos locales y las víctimas. En julio de ese mismo año se abrió en forma paralela un pedido de juicio político en la Secretaría de Denuncias y Acusaciones contra Magistrados y Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Desde ese momento a esta parte, el magistrado logró frenar las dos causas.
En la causa penal, recusó a todos los jueces de Mar del Plata que tuvieron el expediente y consiguió apartarlos. La causa ahora está en manos de un juez federal de Azul, Martín Bava. Que lo citó a indagatoria para el próximo 13 de marzo, con un pedido que atravesó toda serie de problemas. La indagatoria original era para el año pasado. Hooft apeló. La Cámara de Mar del Plata rechazó la apelación, pero Hooft recusó a Bava. Luego la Cámara Federal rechazó la recusación y Bava confirmó la indagatoria. Ese paso dará por iniciada la causa.
El juicio político siguió un camino paralelo, pero con el mismo tipo de problemas. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la provincia aceptó la apertura del proceso sobre Hooft. Según la Constitución bonaerense, el magistrado debe ser suspendido en sus funciones mientras dura el proceso. La Corte, sin embargo, admitió que el juez continúe con sus funciones. Además, Hooft pidió un “recurso extraordinario” para apelar a la Corte Suprema de Nación y también obtuvo el acuerdo. Tres años y medio después, la Corte nacional rechazó el pedido en un escrito muy crítico con los magistrados provinciales. Hoy el jurado tiene que tomar finalmente la decisión de suspender al juez para avanzar con el proceso. Además de Hitters, el jurado estará compuesto por abogados conjueces: José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Ricardo Rosello. También integrarán el jurado los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic.
ARGENTINA: EMPEZO EL JURY AL JUEZ PEDRO HOOFT, ACUSADO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Un magistrado suspendido
El subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén en un cuarto intermedio del jurado de enjuiciamiento.
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Hooft está acusado de visitar centros clandestinos a partir de su relación con el jefe de la subzona militar 15, coronel Pedro Barda. Deberá prestar declaración indagatoria el próximo miércoles ante el juez federal Martín Bava.
El jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad suspender en sus funciones al juez Pedro Federico Hooft, acusado por su participación en delitos de lesa humanidad en Mar del Plata durante la última dictadura. La decisión del jurado que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, se produjo seis años y medio después de la denuncia penal presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del pedido de juicio político iniciado por la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros organismos. “Cuando escuchaba a Hooft que visitaba la comisaría donde estaba secuestrada y luego se iba, sentía que oía los pasos de la Justicia retirarse. Esos pasos hoy vuelven atrás y la Justicia se acerca”, reflexionó ayer Marta García de Candeloro, que en 1976 le pidió, sin suerte, ser escuchada mientras estaba en cautiverio en la comisaría 4ª de Mar del Plata. Ya sin fueros que lo protejan, el suspendido magistrado deberá prestar declaración indagatoria el próximo miércoles a las 10 de la mañana ante el juez federal Martín Bava.
Hooft está acusado de visitar centros clandestinos a partir de su relación con el jefe de la subzona militar 15, coronel Pedro Barda, símbolo del terrorismo de Estado en Mar del Plata. Marta García, esposa del abogado Jorge Candeloro, le gritó su nombre y el de su marido cuando vio al juez en la comisaría 4ª, a la que llegó tras su cautiverio en La Cueva. Pese a que tenía en su despacho los hábeas corpus presentados por los familiares de los abogados laboralistas secuestrados en La Noche de las Corbatas en julio de 1977, el juez hizo oídos sordos y ni la miró. En la causa consta que Hooft intercedió ante Barda para lograr la liberación de Camilo Ricci, uno de los abogados secuestrados por el Ejército, pero no hizo ninguna diligencia a partir de los hábeas corpus e incluso rechazó un recurso a favor de Candeloro, pese a tener constancias de que había sido detenido por la Policía Federal en Neuquén y trasladado con su esposa a Mar del Plata. Tres meses después, cuando Barda le envió un comunicado en el que informaba que “el delincuente subversivo Jorge Candeloro fue abatido por las fuerzas militares al intentar escapar de las fuerzas de seguridad”, el juez no pidió explicaciones, no investigó la muerte y ni siquiera pidió el cadáver para entregarlo a su familia. Los documentos que prueban su actuación cómplice durante la dictadura, que Hooft negaba tener en su poder, fueron descubiertos treinta años después en el archivo de su juzgado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.
En mayo de 2006 el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó la querella criminal contra Hooft. Un mes después la Comisión Provincial, la Federación Judicial, la CTA y organismos de derechos humanos de Mar del Plata pidieron que se iniciara el juicio político. Desde entonces y hasta ayer, en base a recusaciones, excepciones y artilugios legales combinados con óptimos contactos en la corporación judicial, Hooft burló con éxito ambos procesos. El respaldo de la gran familia judicial volvió a quedar en evidencia ayer en una “defensa pública” que un centenar de “magistrados, jueces y abogados” publicaron en el diario La Capital de Mar del Plata.
“En general la Justicia mantiene los lobbies tapados, se esconde detrás de los pasillos de los tribunales y de los rituales formales de esa justicia anquilosada”, llamó la atención Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. “La complicidad con el golpe cívico-militar-religioso todavía tiene los tentáculos muy bien montados para soportar el embate de la democratización”, advirtió el ex fiscal de Bahía Blanca durante una conferencia de prensa para anunciar la suspensión de Hooft. “Es muy fuerte el poder de estas corporaciones judiciales, vinculadas con el poder económico y sectores militares de resabio que aún actúan, como denunciamos ante la desaparición de Julio López”, recordó.
“Es muy importante que la suspensión haya sido votada por unanimidad, marca que se comprende la gravedad del caso”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén, quien definió el rol de Hooft como “la pata judicial del terrorismo de Estado” en Mar del Plata. El funcionario de la secretaría que conduce Martín Fresneda dijo sentir “mucha pena” por la solicitada que publicaron jueces y abogados para apoyar a un imputado por delitos de lesa humanidad. “Es querer defender lo indefendible y demuestra una vez más la necesidad de democratizar el Poder Judicial”, enfatizó.
El titular de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Mar del Plata, Carlos Díaz, anunció a su turno la convocatoria a una movilización a tribunales el día de la indagatoria. “Estamos convencidos de que esto no es una pelea sólo judicial, queda de manifiesto en la solicitada de adhesión. Esto es una pelea política que estamos dando contra el Opus Dei. Hooft es un hijo dilecto del Opus Dei y ellos han ganado estos siete años de impunidad para Hooft”, advirtió.
El jurado de enjuiciamiento que suspendió a Hooft y que preside Hitters estuvo integrado por los conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello, y los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic.
(Argentina) Boletín AEDD nro 947. Justicia Federal Platense: el cementerio de las causas
por Casapueblos
Domingo, 10 de Marzo de 2013 17:05
Crítica a la instrucción del próximo juicio sobre los crímenes de la dictadura cometidos en el CCD "La Cacha".
Noticia de Casapueblos-AEDD
El proceso más grande a enjuiciarse
próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “La
Cacha”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de
coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas
represivas. Tras varias idas y vueltas del juez Blanco en la instrucción
de la causa el juicio finalmente incluirá a sólo 16 genocidas por 137
casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de
menores. Desde el espacio Justicia Ya La Plata denunciamos la
instrucción de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.
En estos días en que el Poder Judicial
es cuestionado exclusivamente por motivos de agenda política del
oficialismo, poco escuchamos hablar sobre el estado de defección de la
justicia federal, que esconde en el sepulcro del olvido la obligación
del Estado de investigar y castigar todos los crímenes que su propio
aparato de Terror cometió durante la última dictadura. Algo de eso
ocurre con el Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata, en el proceso
de instrucción de la causa por el Centro Clandestino de Detención “La
Cacha” que será llevado a juicio a mediados de este año. Continuando con
el extendido criterio de fragmentar y estirar los procesos que tanto
lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD,
el tribunal a cargo del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter
que en 10 años no se cansaron de hacer desastres con la causa, en un
expediente que tiene de todo: fragmentación, genocidas muertos impunes,
exonerados y prófugos.
Desde hace casi 30 años, la justicia
dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de
este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos
Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocida como CLAMOR) y donde
detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha
con su distribución interna y una lista con los apodos de los
represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003,
reabierta la causa en el Tribunal N°1 de Blanco y Cotter, hubo que
esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal
Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un
informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos
Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a
sus colegas por participar en el CCD. Cotejado ello con los legajos
penitenciarios del ‘76/’83 y lo testimonios en Juicio Por la Verdad, se
citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a
Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister
Y” o “Mister X”.
Recién en diciembre de 2009, la fiscalía
hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una
veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la
instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año
1977 y por sólo una porción de imputados, porque “la imponente cantidad
de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su
complejidad” habrían aconsejado ir por partes.
Para mostrar cierta movilidad en la
causa, Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el
secreto que protegía a la información de Inteligencia, y se imputó a 12
agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Las
primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y
marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra
Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal
de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En
agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de
2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda.
En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de
indagarlo y, único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de
2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la
costumbre judicial de llegar tarde buscar a los represores, entre
febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la
causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay),
Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo.
En marzo de 2012 Blanco clausuró la
instrucción y elevó la causa a juicio en el TOF N°2, incluyendo a sólo
17 genocidas por 127 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3
apropiaciones de menores. Blanco fragmentó la causa argumentando que “a
los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar
una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir
con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los 3
genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta
en esta etapa.
Las imputaciones definitivas recayeron
entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar,
General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13
integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Alejandro Arias
Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1
marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los
campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no
terminó allí, ya que entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes,
gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint
Jean mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”. Arias Duval era
el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de
niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte
quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la
justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en
La Plata. Los nombres de ambos decesos pasaron a integrar la
irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de
las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.
Quizás por su rol como juez electoral y
penal federal, Blanco está muy ocupado en intríngulis narco-electorales
como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que hace
10 años está en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter es fuera
de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, Justicia Ya se
opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en
subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a
trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para
elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año. Ahora, en una
reciente entrevista con Justicia Ya la Sra. secretaria aclaró que no
tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer porque se está
ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar
testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores;
que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva
nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le
hacemos el trabajo.
Con estas posiciones no sólo se pierde
la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la
maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del
esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los
grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del
Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la
medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea
exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y
haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en
la víctimas.
La “sana crítica racional” o la “íntima
convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter dejan paso a las
contradicciones de un tribunal que, en distintas resoluciones de la
instrucción, afirma por un lado que el reconocimiento fotográfico “ha
resultado de mucha importancia en causas como la presente”, a la vez que
define por otra parte que “el tabicamiento de las víctimas fue un
mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran
individualizados”.
Y aquí es donde la Justicia se
transforma en inoperante e ignora descaradamente la memoria de las
víctimas, y la de sus familiares que hace ya demasiado tiempo esperan
reparación. Ignora descaradamente la lucha de los organismos de Derechos
Humanos, a los que además, solicita que, como siempre, terminen
haciendo el grueso del trabajo investigativo. Ignora descaradamente su
propia responsabilidad de investigar. Ignora descaradamente a la
sociedad toda que, de esta manera, termina descubriendo la calidad de
los funcionarios judiciales de este tribunal de La Plata el cual, a diez
años de anuladas las leyes de impunidad, no ha logrado hacer ni
mínimamente su trabajo.
Asociación de Ex
Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha
(APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.;
Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados
La Ciega; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Liga Argentina por los
Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos
Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata
CONTACTOS:
Julio Avinceto (HIJOS LP): 0221 15 589 2221
María Laura Bretal (Unión por los Derechos Humanos): (0221) 15 558 0751
Nilda Eloy (AEDD) 0221-15 586 5035
Argentina: Reflexiones sobre el genocidio.
por Casapueblos
Domingo, 03 de Marzo de 2013 17:13
Entrevista al sociólogo Daniel Feierstein, uno de los principales referentes mundiales en el estudio sobre el genocidio.
Noticia de Casapueblos-AEDD
El sociólogo, que en su libro Memorias
y Representaciones profundiza sobre el genocidio, sus significados y
sus consecuencias, analizó el uso de ese delito que cada vez con más
frecuencia se hace en las sentencias contra los represores de la
dictadura.
Por Alejandra Dandan
La figura del genocidio escaló
posiciones en las sentencias de los últimos años contra los represores.
Al comienzo fueron fallos “en el marco de un genocidio”, luego un fiscal
usó esa figura para acusar directamente por el “delito de genocidio” y
el año pasado en Circuito Camps todas las querellas, la fiscalía y el
Tribunal acusaron y condenaron por ese delito. ¿Cuáles son los efectos
simbólicos de una configuración penal pensada en esos términos? En
Memorias y Representaciones –la primera parte de un libro pensado como
trilogía–, el sociólogo Daniel Feierstein compara el “genocidio” con los
efectos de otras dos representaciones sobre el terror: guerra y
crímenes de lesa humanidad. “El objetivo es poder demostrar críticamente
las consecuencias de estos relatos tratando de salir de una discusión
acerca de si uno sería verdadero y los otros falsos –dice–, parándonos
en otra pregunta: ¿qué consecuencias genera para nuestro presente y
futuro cada construcción de sentido?”
–¿Por qué Memorias y Representaciones?
–El eje de mi trabajo previo (El
genocidio como práctica social) era demostrar que el genocidio
constituía una tecnología de poder, que no terminaba con el
aniquilamiento material sino que cobraba consistencia en lo que llamé
“realización simbólica”: cómo y cuándo el terror cobra sentido en
nuestras prácticas. Eso me llevó a analizar el “posgenocidio”, aunque es
parte del propio genocidio, preguntarme ¿qué es lo que ocurre después
del aniquilamiento y cómo funcionan los procesos de representación? No
lo hice sólo con el ánimo de comprender, sino para actuar políticamente.
Analizar si existieron maneras de resistir, de limitar las
consecuencias del terror. Trabajé con otras disciplinas para entender
cómo funciona la memoria, el trauma; cómo afectan nuestros procesos
identitarios. Las herramientas de la sociología, la historia o la
filosofía no eran suficientes.
–El libro tiene algo de accesible y una preocupación científica. ¿Qué destinatarios pensó?
–Es exageradamente ambicioso porque el
posible lector son una cantidad de públicos distintos y hay una
preocupación política muy inmediata vinculada con la coyuntura, en
relación con los operadores jurídicos y la importancia de comprender los
distintos tipos de calificación jurídica. Un lector privilegiado son
los jueces, querellantes, fiscales, todos los sectores, incluso los
perpetradores y sus defensores. Pero como el eje son los “trabajos de
elaboración” hay un intento para que sea accesible a cualquiera, incluso
pensar analogías con otros procesos en tanto una hipótesis central es
que el genocidio transforma las identidades de todos los miembros de la
sociedad y que el terror afecta al conjunto social. Por otro lado, hay
una preocupación de plantear una serie de hipótesis arriesgadas en el
diálogo interdisciplinario y en especial por el interpelar
psicoanalítico.
–En la primera parte recurre a la
neurociencia y aparece el eje de la “des-sensibilización”, que va a ser
importante en la segunda parte, y la construcción de la figura del
genocidio.
–El objetivo es comprender cómo
funciona el cerebro y la estructura psíquica que constituyen el sustrato
de los procesos con los que quiero trabajar. Una preocupación central
es poder desarrollar hipótesis en función del carácter adaptativo de lo
que llamo “procesos de des-sensibilización”: comprender cómo nos
“ajenizamos” de los procesos de terror que vivimos. Trato de encontrar
fundamentos en procesos mucho más primarios y explicar por qué un ser
vivo resulta “adaptativo” por perder el registro de sensaciones de
aquello sobre lo cual no se tiene capacidad de actuar. Cuando un sistema
nervioso es sometido a una agresión frente a la cual no tiene ninguna
posibilidad de reaccionar, la única respuesta adaptativa es disminuir su
conexión (des-sensibilización) a modo de hacer vivible su continuidad.
El dolor es un alerta para la acción, pero si la acción es imposible el
dolor se vuelve inútil.
–¿Cómo se vincula con el genocidio esta sociedad que amputa su capacidad de sentir dolor?
–El tercer capítulo intenta cuestionar
una mirada que podría llamar de cierto historicismo ingenuo, que cree
que la ciencia social podría revelar una única verdad de los hechos.
Trato de plantear que nuestro sistema de representación construye
sentido, que no es lo mismo que construir verdad. No hay una sola forma
dar sentido a la realidad caótica y para constituirnos como sujetos
sociales con identidad damos sentido a ese caos de estímulos,
priorizamos unos sobre otros. Esto me lleva al eje del libro: tratar de
comprender las consecuencias de las tres grandes construcciones de
sentido alrededor del “terror” que hemos sufrido como sociedad: los que
lo conciben como “guerra”, como “crímenes de lesa humanidad” y como
“genocidio”.
–Antes de cada uno, ¿por qué dice que la Justicia tiene un rol prioritario en esa construcción?
–Creo que los efectos de sentido se
construyen en muchos planos, pero el jurídico tiene un peso cualitativo,
ya que hemos puesto a la Justicia en el rol de sanción de verdades
colectivas. Es el ámbito fundamental de sanción de nuestras
representaciones colectivas sobre el pasado y por eso el libro.
–¿Cuáles serían esos sentidos?
–Una de las variables más relevantes
para analizarlos es la “afección”: la relación entre una
“identidad-nosotros” y el proceso de terror-ejercicio en lo social. Hay
tres tipos de reconstrucciones claramente distintas. El discurso de la
“guerra” piensa en clave binaria, de bandos. Una división social que
opone dos identidades y dos grupos. Tiene algunas ventajas porque piensa
en términos de grupos, de sujetos sociales. Pero su desventaja es
quitar complejidad al ejercicio del terror, es decir, cosifica en roles
rígidos a los participantes de ese proceso al ponerlos como bandos. Otro
riesgo es la teoría de los dos demonios: al reducirlo a grupos muy
pequeños de población y poder plantear la idea de una ajenidad del
conjunto social. La idea de que los que confrontaban eran grupos
marginales y que el conjunto social se encontraba afuera de la
confrontación.
–¿Y los crímenes de lesa humanidad?
–La representación es totalmente
distinta, pero su característica se basa en el componente liberal: la
comisión de delitos particulares cometidos desde el Estado contra los
ciudadanos, por lo tanto el afectado por el terror es el ciudadano en
términos individuales. Podemos tener perspectivas más amplias o más
acotadas. Que no sólo se ve el secuestro, asesinato, sino la violencia
sexual, pero el concepto de lesa humanidad hereda el principio
individualista de la lógica penal.
–¿Genocidio?
–Genocidio aporta la potencia del
concepto de “grupo”, permite quebrar una lógica binaria y pensar que el
terror afecta al conjunto social, incluso incluyendo allí a los propios
perpetradores. Que el terror transforma a los sujetos sociales en una
cantidad amplísima de niveles y de prácticas. Que es imposible no ser
afectado por una sociedad que instala el terror sistemático con respecto
al conjunto de su población.
–Ahí hay una “sociedad” reemplazando
lo que en otras perspectivas tenía al “Estado”: ¿sociedad como víctima
pero también responsable?
–Nos permite pensar la complejidad de
que a la vez la mayoría de la población fue víctima de ese terror y
responsable de su reproducción. Guillermo O’Donnell lo explicitó de modo
brillante con el concepto “liberación de los microdespotismos”.
–¿Y cómo opera lo social “des-sensibilizado”...?
–Creo que una reacción social fuerte
de los juicios, aún hoy y pese a la inclusión de la figura de genocidio
en numerosas sentencias, es que todavía es profundamente hegemónica la
mirada que entiende lo que se está juzgando como lo que les ocurrió a
los afectados directos. Lo que ocurrió con gente que no es parte de mi
propia identidad, quienes pasaron por un campo de concentración o los
familiares y en todo caso la respuesta del ciudadano medio podría ser un
mayor o menor nivel de solidaridad o empatía donde sigue siendo fuerte
la incapacidad de pensar su propia afección. En ese contexto, con el
planteo de genocidio va ganando fuerza el pensar el terror como la
destrucción del grupo nacional argentino. El avance en las sentencias y
en la discusión colectiva puede ser un aliciente para poner sobre la
mesa las afecciones en cada una de nuestras prácticas, tanto de los
miembros de la generación que la vivió como de los hijos...
–Usted habla de esto en el libro, pero ¿no sólo los efectos en “hijos” de afectados directos?
–A ese terror legado por sus padres, y
legado traumáticamente y no explícitamente, porque fue legado por
padres que hegemónicamente creen que ese terror no los tocó. Y entonces
ese legado es mucho más inconsciente, pero justamente son los legados
más difíciles de revertir y procesar..
Lo político y el politicidio
Se dijo que al no estar incluida la
figura de los perseguidos políticos en la Convención, la idea de
genocidio despolitiza a las víctimas.
–Creo que eso tiene varios problemas.
Por un lado, todos los procesos genocidas a lo largo de la historia
tuvieron motivación política. Por otro, pensar la identidad centralmente
como política y en particular la identidad política partidaria produce,
a mi modo de ver, un empobrecimiento de la comprensión de ese proceso
porque deja por fuera montones de relaciones sociales que no remiten a
la identidad partidaria. Los delegados gremiales, dirigentes barriales,
estudiantes, muchos tenían identidades partidarias, algunos menos claras
o cruzadas: lo político nos atraviesa de modos mucho más complejos que
lo partidario. La idea de “grupo nacional” termina de instalar la
complejidad de los procesos genocidas: la destrucción de vínculos
sociales que se vinculan con el rediseño de sistemas de poder, que es en
lo que se basa la política, opera en todos los lazos de la política
nacional transformando nuestra identidad.
–Otra crítica es que la idea del genocidio aparece determinada por la experiencia nazi.
–Cada representación evoca tipos de
analogías distintas. El genocidio está analogado al nazismo, y eso tiene
ventajas y desventajas. La cara negativa es su vinculación directa con
el racismo y una de las consecuencias más negativas es la experiencia de
Guatemala, donde hubo una fuerte despolitización del proceso de
exterminio al priorizarse la identidad indígena por sobre el componente
nacional y político de los grupos destruidos, que incluían indígenas y
ladinos. En el caso argentino se acentuó la idea de grupo-nación y no
con su carga racista o étnica, pero permitiendo una fuerte politización.
Pero otra forma de esa analogía es muy favorable. En la lucha contra la
impunidad está instalado que los perpetradores nazis no pudieron
escapar a la condena y, aunque no del todo cierto, opera en la
resistencia contra la impunidad como expresan el canto del “Como a los
nazis...”.
–¿El “genocidio” cambia las penas?
–Resulta muy sugerente que, pese a que
normativa y doctrinariamente las figuras de lesa humanidad y genocidio
no deben medirse distinto en términos de penas, haya una tendencia muy
creciente a establecer penas más severas y cumplimiento de prisión de
condenas más severos en aquellos que reconocen la existencia de
genocidio aun cuando no se fundamenta de esa manera. Es particularmente
llamativo, muestra la fuerza que imprime el concepto incluso en ámbitos
donde no tendría fuerza efectiva. Esto es parte de lo que estoy
evaluando en mi segundo volumen.
Grupo nacional
La idea de “grupo nacional” se usa
porque era la que estratégicamente se podía usar en la Convención sobre
Genocidio, ¿o cree que da cuenta de otros anclajes?
–Pensar la experiencia argentina como
destrucción parcial del grupo nacional argentino surge como respuesta
coyuntural técnica a la posibilidad de incluir el “caso argentino” en la
Convención a partir de la exclusión de los grupos políticos. Pero esa
resolución coyuntural tuvo una potencia conceptual impensada para
transformar todo el modo de pensar y representar el genocidio.
–¿Por qué?
–Desde su sanción como concepto
jurídico en Naciones Unidas, el genocidio era pensado básicamente en
clave binaria: el aniquilamiento de un grupo por otro grupo sin percibir
que de ese modo se legitimaba la estructura de pensamiento de los
propios genocidas. Como el caso del genocidio nazi, sería un grupo
alemán aniquilando a otro grupo judío como si fueran dos entidades
esencialmente distintas, que era lo que planteaba el nazismo: que los
judíos no eran alemanes, no eran europeos. Por el contrario, la idea del
aniquilamiento del “propio grupo” confronta con ese objetivo genocida
de separar a una parte de la población del “nosotros”, de un nosotros
colectivo. Pero una vez aparecida esta línea fue sugerente volver al
creador del término: Rafael Lemkin, un judío polaco que pensaba al
genocidio como la destrucción de la identidad de los oprimidos dentro
del propio grupo nacional.
De lo posible a lo imposible
¿Cómo ve lo que está pasando con los juicios?
–Me parece que hay un eje entre lo
posible y lo imposible. A mi modo de ver, tuvo que ver con la
persistencia de un núcleo muy duro de los que tuvieron la terquedad de
luchar por lo imposible. Muchos, incluso yo mismo, veíamos como
imposible que la Justicia tuviera la flexibilidad de poder darles a los
hechos su nombre más preciso. Creo que las sentencias muestran dos
cosas. Una, que un proceso puede seguir avanzando en la medida en que
hay quien siga reclamando y que sólo podemos conquistar algo cercano a
lo posible si luchamos por lo imposible; y dos, el proceso muy básico en
el desarrollo del ser humano de fetichización: creer que nuestros
productos cobran autonomía en relación con nuestras acciones, y en
verdad el proceso de justicia es un producto humano y es afectado por
las acciones de los colectivos humanos. Ese proceso que nos hace creer
que nuestros productos cobran vida propia y que el derecho tendría sus
lógicas que estarían más allá de nosotros, y esta terquedad de aquellos
que luchaban pidiendo lo imposible permitió quebrarlo y mostrar que la
Justicia es una producción humana y entonces lo imposible es en verdad
posible.
Argentina: ... gentes hermanas que la quedan de la peor manera
No es cuestión de "antes"
ahora también
hay gentes hermanas
que la quedan de la peor manera
y otras
que siguen andando
abandonadas a su suerte
o más bien
abandonadas a su muerte
porque -como dijo uno del adoquín-
"alguien chaira en los rincones
Aunque decir muertos
es quedarse corto
suena a poco
como faltando a la verdad
haciendole el esquive
a la palabra asesinados
que compromete a unos
y obliga a otros
mejor la comedia acostumbrada
haciendo "como que"
cuando en realidad
les importa un carajo.
Mientras el negocio siga
las fábricas de tarados funcionen
y el barullo tilingo
disimule los quejidos moribundos
seguirán matando,
robando,
envenenando,
y que nos resignemos
-monte adentro
o en el borde del asfalto-
a derrumbarnos
de a poco y en silencio
como las taperas.
Por todo ello
no queda otra,
habrá que amucharse
y joderles el propósito.
Autoconvocarse,
saltar las tranqueras
y ocupar nuestro lugar
que es propio
y de muchos más.
Red Latina Sin Fronteras
Brasil. Crimes da Ditadura militar de 64: Direitos Violados,Torturas,Assassinatos e Desaparecidos
por Luciano Nascimento
Jueves, 28 de Febrero de 2013 12:09
colaborador
Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador da Comissão da Verdade, estima
que até o momento foram examinados cerca de 30 milhões de páginas de
documentos e que de alguma forma 50 mil pessoas foram afetadas e tiveram
direitos violados pela repressão durante a ditadura militar
Os levantamentos feitos pela Comissão
Nacional da Verdade (CNV) estimam que 50 mil pessoas foram, de alguma
forma, afetadas e tiveram direitos violados pela repressão durante a
ditadura militar. O número inclui presos, exilados, torturados, mas
também familiares que perderam algum parente nas ações durante o período
de 1964 a 1985, além de pessoas que sofreram algum tipo de perseguição.
A CNV reuniu nesta segunda-feira (25)
representantes de comissões estaduais e de várias instituições para
apresentar um balanço dos trabalhos feitos. Além disso, assinou termos
de cooperação com a Associação Nacional de História (Anpuh), com o
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (Conpedi), com a
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e com o Sindicato dos
Petroleiros do Rio de Janeiro.
“Estamos compartilhando nossa
metodologia, nossa estratégia com uma ampla gama de comissões da verdade
já criadas, algumas em criação e outros grupos que estão em processo de
criação de suas comissões”, disse o coordenador da CNV, Paulo Sérgio
Pinheiro.
Pinheiro disse que os convênios
assinados firmam parcerias de colaboração e troca de informações. “São
acordos de cooperação e basicamente põem à serviço dessas instituições
nossas competências, como por exemplo, o acesso aos arquivos e eventuais
convocações para depoimentos,” disse.
Recentemente, a Comissão Nacional da
Verdade recebeu da Petrobras mais de 400 rolos de microfilmes, além de
microfichas e documentos textuais. O material, de acordo com a CNV,
ajudará a entender como o regime militar monitorava os trabalhadores da
empresa.
O coordenador da CNV estima que até o
momento a comissão examinou “por baixo” cerca de 30 milhões de páginas
de documentos e que fez centenas de entrevistas. Pinheiro disse que, em
função do volume de informações, a CNV deve continuar pesquisando até o
final de 2013, quando a comissão deverá ter o esqueleto do relatório
final em mãos.
“O relatório tem que estar nas mãos da
presidenta da República até dia 16 de maio. Em princípio, acordamos
entre nós que até dezembro a grande minuta do relatório tem que estar
pronta”, disse.
Comisión revela las atrocidades cometidas por la dictadura en Brasil
por PL
Miércoles, 27 de Febrero de 2013 11:35
Las revelaciones de la Comisión Nacional de Verdad de que 50 mil
personas fueron detenidas en 1964 durante la dictadura militar en Brasil
constituye hoy un avance en el develar las violaciones cometidas por
regímenes de facto.
El Coordinador de la Comisión, Paulo
Sérgio Pinheiro, señaló decenas de torturadores del período de
represión (1964-1985) fueron identificados por ese comité, creado el
pasado año por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Las pesquisas y los testimonios de 40
entrevistados señalan a cerca de 50 mil ciudadanos fueron arrestados
solo en 1964 y que 600 opositores permanecieron presos en barcos y
estadios de fútbol.
Cardoso da Cunha destacó que tras el
golpe militar "se ejecutaron actos considerados inéditos en la historia
política de Brasil como la tortura, el asesinato, las desapariciones o
el secuestro".
Sin revelar los nombres de los
implicados en actos atroces y violaciones de derechos humanos, indicó
que conocen las identidades actuales y direcciones de domicilios de los
involucrados en torturas y persecuciones.
En la recuperación de las evidencias, el
coordinador destacó el apoyo y colaboración de entidades estaduales y
de varias instituciones que permitieron presentar un balance del trabajo
realizado en menos de un año de creada.
Sin embargo, la ley de amnistía de 1974
no permite que los acusados por crímenes cometidos por la dictadura
militar sean enjuiciados, aunque para la Comisión Nacional de la Verdad,
el develar de los torturados y violadores constituirá un acto de
justicia.
En este contexto, medios de prensa
locales señalaron que el comité estadual de la Verdad de Sao Paulo
investiga el vínculo del actual Presidente de la Confederación Brasileña
de Fútbol (CBF), José Maria Marín, en el período de represión con el
régimen de facto.
Teniendo como base el discurso realizado
por Marín en 1975, cuando era diputado estadual, esa entidad pretende
analizar la relación del máximo representante del CBF con la prisión del
periodista Vladimir Herzog, asesinado por agente del entonces
Destacamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de
defensa Interna en ese año.
Brasil:
Crimes da ditadura de 64. Fascistas torturam e matam
Carlos Alexandre Azevedo no colo dos pais
por Graziela Wolfart
Miércoles, 06 de Marzo de 2013 12:16
''Meu filho foi morto pelo sistema repressivo que mantém as suas
garras.As comissões da verdade estão chegando em boa hora, embora
atrasadas, o que nos motiva a ajudá-las a se integrar e a fazer da
melhor forma possível seu trabalho"- Dermi Azevedo
No último dia 17 de fevereiro, o filho do jornalista e cientista político Dermi Azevedo, Carlos Alexandre Azevedo,
cometeu suicídio ingerindo uma quantidade fatal de medicamentos. Quando
tinha apenas um ano e oito meses, em 1974, Carlos foi preso e torturado
junto com a mãe no prédio do Deops, em São Paulo. Ainda bebê foi vítima
de choques elétricos e outras sevícias. E nunca mais se recuperou.
Em função deste trágico
episódio, a IHU On-Line entrevistou, por telefone, Dermi Azevedo, que
reflete sobre as consequências ainda atuais da ditadura militar em nosso
país e sobre a importância das comissões da verdade, na busca de
desvendar o que aconteceu no período para que os torturadores sejam
identificados e punidos. Segundo Dermi, “enquanto outros países
avançaram e chegaram a tomar medidas concretas de punição aos golpistas e
torturadores, no Brasil ainda estamos muito longe de atingir esse
nível. Estamos ainda na fase de descobrir o que aconteceu nos porões da
ditadura”. No entanto, ele vê como um sinal positivo a criação das
comissões, mas pensa que elas precisam andar mais rapidamente, para se
integrar mais e ouvir as camadas majoritárias da população. Um dos
sentimentos que Dermi descreve sentir em relação à impunidade dos
policiais que torturaram a ele, seu filho e à mãe dele, é o de que “nós
não temos rancor; temos memória, e devemos cultivá-la, não alimentando o
sentimento de ódio, mas de justiça. Acreditamos que ela virá, mais cedo
ou mais tarde”.
ENTREVISTA
IHU On-Line – Como o senhor
define a importância dos trabalhos das Comissões da Verdade em todo o
país? Por que é tão importante resgatar o que aconteceu durante o regime
militar?
Dermi Azevedo – A criação de
comissões da verdade, seja no âmbito oficial – no caso dos poderes
Executivo e Legislativo – seja no nível das câmaras municipais,
assembleias legislativas estaduais, é importante porque elas vieram
atender a uma demanda reprimida há muito tempo por parte dos setores
mais esclarecidos da sociedade civil. Enquanto outros países avançaram
chegando a tomar medidas concretas de punição aos golpistas e
torturadores, no Brasil ainda estamos muito longe de atingirmos esse
nível. Estamos ainda na fase de descobrir o que aconteceu nos porões da
ditadura.
Mas esse já é um passo importante, pois é preciso começar
e, a partir daí, aperfeiçoar o que deve ser feito. O que temos hoje é
um quadro já bastante numeroso de comissões, até algumas delas formadas
pela sociedade civil. Agora mesmo está sendo organizada a comissão da
verdade dentro das igrejas cristãs que trabalham de forma ecumênica. Eu
estou integrando essa comissão por parte da Igreja Anglicana. E ela está
dando passos nos sentido de identificar, dentro de cada igreja, os
componentes que colaboraram com a repressão, no sentido de fazer um
levantamento mais objetivo e seguro, mostrando para a opinião pública
que as igrejas eram atingidas no seu próprio seio pela repressão, pelas
pessoas infiltradas, ou mesmo por bispos, padres, pastores ou leigos que
colaboraram conscientemente com a repressão.
Então, entendo que as comissões da
verdade estão chegando em boa hora, embora atrasadas, o que nos motiva a
ajudá-las a se integrar e a fazer da melhor forma possível seu
trabalho. Existem segmentos da sociedade que ainda não estão sendo
ouvidos adequadamente pela Comissão Nacional da Verdade e pelas
comissões em geral, como é o caso das mulheres, dos agricultores, dos
trabalhadores rurais e dos operários. São setores que têm ficado em
segundo plano, porque não dispõem de canais de diálogo com a cúpula do
poder. Vejo como um sinal positivo a criação das comissões, mas acho que
elas precisam andar mais rapidamente, se integrar mais e ouvir as
camadas majoritárias da população.
Qual o sentimento que a impunidade do crime de tortura provoca?
O primeiro sentimento é o de que, mais
cedo ou mais tarde, essas pessoas serão identificadas e punidas
legalmente. O segundo sentimento é o de que nós não temos rancor; temos
memória, e devemos cultivá-la, não alimentando o sentimento de ódio, mas
de justiça. Acreditamos que ela virá, mais cedo ou mais tarde. Certa
vez eu encontrei um oficial torturador, um capitão da polícia militar,
cuja filha me foi apresentada para fazer estágio no jornal onde eu
trabalhava. Esse oficial é o mesmo que, no período do regime, em que eu
estava fora do meu estado – Rio Grande do Norte – ia todos os dias à
casa dos meus pais e dizia que não me esperassem mais, porque eu já
havia morrido há muito tempo. Isso é uma forma de tortura. Eu perguntei
se ele não se sentia mal em amedrontar um casal de pessoas idosas, cuja
esperança era de ver o filho antes de morrer. E ele me respondeu que
estava apenas cumprindo ordens. Daí se retirou da sala e foi a minha vez
de pedir desculpas à filha dele, que não tem responsabilidade nenhuma
nesse episódio e em nenhum outro em questão, pois não era da sua
geração. Ela terminou o estágio e acabou casando com o fotógrafo do
jornal e está lá até hoje. Então, acredito que esses algozes serão, um
dia, identificados e devidamente punidos. É um processo demorado, mas
vai acontecer. Tenho esperança.
Como esse trágico episódio envolvendo a morte de seu filho, Carlos Alexandre, pode inspirar e fortalecer a luta por memória, verdade e justiça?
A repercussão que o caso do meu filho
está tendo demonstra a indignação da sociedade civil e das autoridades
do estado diante do que aconteceu. Se eles faziam isso com crianças,
imagina o que faziam com pessoas mais idosas. É um caso tão terrível e
nem sequer formalizaram um processo legal na época junto à auditoria
militar. Eles fizeram aquilo e depois não tinham nem como justificar,
mesmo dentro da lógica deles, que um bebê de 1 ano e 8 meses fosse um
perigoso subversivo que atentava contra a segurança nacional. Então não
houve formalização do processo. Mas sabemos quem foram os responsáveis.
No entanto, a repercussão, que já é surpreendente em caso de qualquer
morte violenta, tornou-se muito maior pelo contexto histórico e pelo
fato de que o que aconteceu com ele agora faz parte de um processo
iniciado em 1974.
Esse acontecimento com o Carlos
Alexandre está servindo para que as vozes que estavam sufocadas até pela
lembrança do que sofreram estejam agora se erguendo, se manifestando e
exigindo que os casos sejam realmente apurados e os culpados punidos.
Então, vamos aos nomes dos responsáveis: o chefe da equipe que nos
prendeu, a mim e a mãe dele, era o delegado Sérgio Fleury. E o executivo
imediato foi o delegado Josecyr Cuoco, irmão do ator Francisco Cuoco.
Pelo que me consta, ele foi expulso da Polícia Civil porque esteve
envolvido em um caso de corrupção e, hoje, estaria na baixada santista
vendendo sorvetes nas praias. Acabou não sendo punido por ser um
torturador. Aqui é importante citar também o papel dos religiosos que
colaboraram com a repressão. Eles precisam ser identificados e punidos.
Em que medida as consequências dos anos de ditadura ainda estão presentes na sociedade brasileira?
Ainda existe um preconceito muito grande
na sociedade com relação às pessoas que lutavam contra a ditadura.
Normalmente estes militantes pertenceram ou ainda pertencem a partidos
declaradamente marxistas ou comunistas. E esse preconceito permanece
ainda hoje quando alguém assume alguma posição de esquerda. Esse é um
ponto, o do preconceito social. Outro ponto é que o estado democrático
ainda não conseguiu meios para retificar essas figuras, que continuam
ocupando cargos importantes na estrutura do estado, passando de governo
em governo sem serem punidas. Outra coisa: a imprensa também é muito
omissa. Ela poderia investigar esses casos, como o do meu filho, por
exemplo.
Quais são os relatos mais marcantes que o senhor traz no livro “Travessias Torturadas. Direitos Humanos e ditadura no Brasil”?
Eu faço uma primeira abordagem
autobiográfica, depois situo o contexto histórico, econômico, político e
social em que se deu o golpe, em 1964. Então, apresento testemunhas de
pastores evangélicos, o relato do assassinato do padre Antônio Henrique
Pereira Neto, em Pernambuco. E escolhi alguns nomes – inclusive um
gaúcho, que hoje está com 83 anos, Abílio Roque, que era um operário que
trabalhava na região mineira do sul – para homenagear todos os
militantes. Em grandes linhas o livro traz um pouco da minha entrada
nesse processo. Coloco o povo como protagonista da história. E analiso a
repressão contra a Igreja Católica: o caso do Frei
Tito, o caso da atuação de lideranças que colaboraram com a repressão,
como aconteceu com o próprio arcebispo de São Paulo, cardeal Agnelo
Rossi, que colaborou indiretamente e diretamente com a repressão ao
desconsiderar, por exemplo, o caso dos freis dominicanos.
Na carta de luto escrita pelo senhor,
aparece muito forte a presença de Deus na vida de vocês. Qual a
importância do lado espiritual em momentos como este?
Deus, em primeiro lugar, não pode ser
responsabilizado por essas mazelas da sociedade. Ele nos criou a sua
imagem e semelhança para sermos dignos. Se não somos capazes de buscar
essa dignidade e procurarmos vivenciá-la no dia a dia, o Senhor da
história não pode ser responsabilizado. Ele nos dá o livre-arbítrio
justamente para que conduzamos a vida de um modo ou de outro. Essa é uma
dimensão. A outra é a da fé. Acredito que essa fé está resumida na
Bíblia que, em vários trechos, deixa claro que se pedimos a Deus
proteção, de forma humilde, entregando em suas mãos o presente e o
futuro, saberemos viver melhor e seremos mais capazes de resistir à dor e
ao sofrimento. No caso do meu filho, eu tenho a convicção, pela fé, de
que ele não foi embora definitivamente. Ele ressuscitará como todos os
outros mortos, em quaisquer circunstâncias. E digo também que ele não
cometeu suicídio propriamente. Ele foi morto pelo sistema repressivo que
ainda mantém as suas garras em vários ambientes e setores.
No plano pessoal, acredito que Deus se
manifesta através de forças concretas: a solidariedade dos amigos,
companheiros, da minha esposa, a professora Elis Regina Brito Almeida, e
seus familiares. Todo esse movimento de solidariedade expressa a força
de Deus. Isso preenche a nossa vida desde que o busquemos com humildade.
Não posso dizer que estou consolado, pois não estou, mas graças a isso
estou resistindo e pretendo continuar. Em primeiro lugar, para que mais
nenhum jovem tenha que sacrificar a sua vida para fugir das sequelas da
tortura. E, em segundo lugar, para que se descubra a verdade sobre tudo
isso e que essa verdade seja apresentada à nação.
Dermi Azevedo é graduado em
Comunicação Social – Jornalismo e jornalista, profissional há 30
anos.Pós-graduado em Ciência Política, pela Universidade de São Paulo –
USP, e em Política Internacional, pela Escola de Sociologia e Política
de São Paulo.
IHUFOTO:Carlos Alexandre Azevedo no colo dos pais; ele foi torturado quando tinha 1 ano e 8 mesesde idade - Foto: Arquivo Pessoal
Euskal Herría: Miles de personas reclaman en las calles en defensa del empleo "Ni despidos, ni reformas, ni imposiciones"
por Kaos. Que la crisis la paguen los ricos
Domingo, 10 de Marzo de 2013 08:57
Las calles de Bilbo e Iruñea se poblaron de miles de personas
convocadas por más de 300 comités de empresas, sindicatos y
organizaciones sociales y políticas que reclamaron en defensa del empleo
y contra la reforma laboral y los recortes sociales decretados por el
Ejecutivo español.
Fuente: gara / Público/ Agencias
La marcha de Bilbo estuvo encabezada por
un pancarta con el lema "Enplegua defenda dezagun. Ni despidos, ni
reformas, ni imposiciones» portada por representantes de distintos
comités de empresas. Detrás iban sucesivamente las pancartas de cada una
de las empresas que acudieron, como Cementos Leona, Alfa, Sar Qua
vitae, Laminaciones Arregi o TMA.
Durante la protesta se profirieron
consignas como "El paro es terrorismo patronal" o "Sin empleo no hay
futuro" y se pudo ver a trabajadores de empresas como Cementos Lemona,
ABB Galindo, Corrugados Azpeitia o Panda.
En nombre de los comités convocantes,
Itxaso Viñe, de la empresa Eurest, que trabaja en comedores escolares y
limpieza de Osakidetza -que según su comité ha despedido al menos a
quince personas a pesar de que no tiene pérdidas-, expresó la
satisfacción de los convocantes por la respuesta recibida, con el apoyo
de 300 comités de empresa de firmas vascas.
Viñe manifestó que «todos los que
estamos aquí sabemos que la destrucción de empleo es un problema social;
creemos que tienen que tomar nota tanto el Gobierno vasco como el
navarro, de que hoy aquí la sociedad les está diciendo no a sus
políticas, que al servicio de la patronal destruyen empleo. A partir de
mañana volveremos a nuestras empresas con las fuerzas renovadas, que nos
van a llevar a seguir luchando contra la destrucción de empleo».
La manifestación contó con el apoyo de
los máximos dirigentes de los sindicatos vascos, que siguieron la marcha
en un segundo plano. Estuvieron los secretarios generales de LAB
(Ainhoa Etxaide), UGT-Euskadi (Dámaso Casado) y CCOO-Euskadi (Unai
Sordo), y así como responsables de Hiru, ESK y STEE-EILAS. También
participaron políticos como el secretario general de EA, Unai Ziarreta,
los parlamentarios de EH Bildu Peio Urizar (EA) y Rebeka Ubera (Aralar),
así como mimebros de la izquierda abertzale.
Desde LAB, Ainhoa Etxaide declaró que
han apoyaron la movilización porque «aquí esta la única defensa real y
efectiva del empleo en Euskal Herria. Hoy son únicamente los
trabajadores los que de una forma organizada han decidido defender sus
puestos de trabajo, porque saben que es la única forma de poner fin a la
destrucción de empleo», puntualizó.
Yolanda Barcina en el recuerdo
En Iruñea, también fueron miles -6.000
según los organizadores- las personas que se movilizaron por el empleo y
contra la reforma laboral, convocadas por 58 comités de empresa, un
centenar de pequeñas empresas de Nafarroa y apoyada por LAB, CGT, ESK,
Solidari, Herri Ekimena, Sortzen-Ikasbatuaz, Elkartzen, Ikasle
Abertzaleak, Sasoia, Colectivo de Parados y Paradas de Iruñerria, AHT
Gelditu! y Agoitzaldea Bizirik.
En la manifestación, que surgió como
iniciativa de los comités de cocinas hospitalarias, Aena, Tracasa,
Sunsundegui, Plásticos Brello e Inapre, a los que posteriormente se
sumaron otros, tomaron parte, entre otros, el coordinador de LAB en el
herrialde, Igor Arroyo, la parlamentaria de Bildu Bakartxo Ruiz, y el
portavoz de la izquierda abertzale Pernando Barrena.
Por otra parte, a convocatoria de
Agoitzaldea Bizirik, un grupo de vecinos y vecinas de la comarca de
Agoitz marcharon hasta Iruñea a pie para participar en la manifestación.
A partir de Atarrabia fueron acompañados por varios centenares de
personas. Al igual que Sakana, la comarca de Agoiz también denuncia el
abandono de la zona por parte del Gobierno navarro y pide inversión
pública para el desarrollo de la comarca.
También destacó la presencia de las
extrabajadoras de las Cocinas públicas, que el viernes se encerraron el
la Iglesia de San Lorenzo para exigir la reversión del servicio. Ayer
salieron del encierro para incorporarse a la marcha.
Los participantes en la movilización
corearon consignas como "Menos dietas, más trabajo" -en referencia a los
cobros de dirigentes de UPN y PSN por acudir a reuniones de la CAN-,
"Reforma laboral, terrorismo patronal" o "Barcina dimisión, banqueros a
prisión", hasta llegar a la Plaza del Castillo, donde intervinieron
Itziar Lukanbio, presidenta del comité de empresa de Jangarria, y Oskar
Telletxea, del de Sunsundegui.
El trabajador de la compañía carrocera
señaló a los medios de comunicación que el objetivo de la manifestación
era salir a la calle «en defensa del empleo, en defensa de los derechos
de los trabajadores y en contra de la reforma laboral». Telletxea
insistió en que con esta marcha y con la de Bilbo se trata de que sean
los propios trabajadores los «protagonistas» de la defensa de sus
derechos laborales.
Finalmente, expresó su esperanzaen que
la movilización «no sea un punto y final, sino que sea el inicio de más
iniciativas que se puedan llevar adelante para defender la dignidad de
la clase obrera».
Otra marcha el 20 de abril
A la marcha de Iruñea se incorporó entre
aplausos el Colectivo de Parados y Paradas de Iruñerria. Por la mañana,
representantes de esta iniciativa ofrecieron una rueda de prensa en la
que anunciaron la convocatoria de otra manifestación para el 20 de abril
en Iruñea bajo el lema «En defensa de los derechos sociales.
Pobreziarik ez»
En su comparecencia, el Colectivo de
Parados reivindicó el reparto del trabajo y la prohibición de las horas
extras. Asimismo, abogó por la dación en pago en relación a los
desahucios, reivindicó la tarjeta sanitaria «para todas las personas»,
«garantías para las personas en situación de dependencia», así como la
Renta Básica.
Comités de empresas vascas se unen para defender el empleo esta tarde en Bilbo e Iruñea
por Naiz.info
Sábado, 09 de Marzo de 2013 10:09
Bilbo e Iruñea acogerán esta tarde sendas manifestaciones convocadas
de forma conjunta por comités de empresas vascas en defensa del empleo,
en una de las iniciativas que mayor nivel de adhesión ha logrado desde
la pasada huelga general contra la reforma laboral.
El objetivo de los convocantes es sumar
en estas movilizaciones conjuntas los conflictos particulares que vive
cada empresa o sector. Por ello, invitan a «trabajadores y trabajadoras
en conflicto, a los que están en paro, al sector público, a la juventud y
a las mujeres a que tome parte en la manifestación, cada uno con su
revindicación por el empleo, cada uno con su pancarta, cada uno desde su
conflicto o su situación».
La movilización de Bilbo partirá a las
17,30 desde el Sagrado Corazón y la de Iruñea a las 18.00 desde la
antigua estación de autobuses, aunque a las 17.00 se ha convocado un
acto en la plaza del Ayuntamiento de Atarrabia para recibir a los
marchistas procedentes de Agoitz.
En las manifestaciones tomarán parte
integrantes de más de 200 comités de empresa de firmas vascas. Entre los
comités que han apoyado la convocatoria, se encuentran los de ABB
Galindo, CAF, Cementos Lemona, Corrugados de Azpeitia, EITB,
Laminaciones Arregui, Volkswagen, Jangarria, BSH Ezkirotz, Fagor
Ederlan, Kybse, Smurfit Kappa o Sunsundegui, entre muchos otros.
Las convocatorias de esta tarde también
cuentan con el apoyo de sindicatos como LAB, CCOO, ESK, CGT, Solidari o
STEE-EILAS; y de formaciones políticas como EH Bildu y Ezker Anitza-IU.
Asimismo, se han sumado, a título particular, representantes políticos,
sociales y culturales, así como decenas de comités de empresa de
ayuntamientos vascos.
Piden la libertad de Otegi y el resto de condenados por Bateragune ante a la cárcel de Logroño
por Kaos. Por un proceso de paz en Euskal Herria
Domingo, 03 de Marzo de 2013 12:57
Cientos de personas acuden al acto de apoyo a los condenados por el
‘caso Bateragune’ que se celebró ayer sábado en Logroño, donde han
pedido la libertad de todos ellos y han denunciado que varios políticos
«corruptos» siguen en libertad.
Convocados por la plataforma por la libertad de Otegi y
familiares de los encarcelados, cientos de personas se han congregado a
las puertas de la cárcer de Logroño para pedir la libertad de Arnaldo Otegi y el resto de los presos por el ‘caso Bateragune’. Hasta cuatro autobuses han hecho el trayecto hacia Logroño.
En el acto han participado, entre otros, Xabier Amuriza, quien ha cantado varios versos y Anje Duhalde, quien ha dado por concluido el acto con su canción ‘Amnistiaren dema’.
Ha sido Quim Arrufat, miembro del CUP catalán, quien ha dado comienzo a la ronda de declaraciones. Ha pedido la libertad de Otegi y del resto de los condenados por el «caso Bateragune» y ha denunciado que el encarcelamiento de los cinco «muestra la falta de derechos en Euskal Herria».
A éste le ha seguido el portavoz de Sortu Pernando Barrena, quien ha pedido «pasos» al los estados español y francés en materia de presos. Paul Ríos, coordinador de Lokarri, ha destacado carácter de «preso político» de los condenados por Bateragune.
El portavoz de Alternatiba, Oscar Matute, ha criticado duramente que los condenados por Bateragune estén en la prisión «mientras políticos corruptos continúan en libertad». De la misma manera se ha expresado Patxi Zabaleta, quien ha pedido la libertad de todos los presos políticos.
Mertxe Colina, de AB, ha deseado que los presos estén «lo antes posible» en casa.
También han leído una carta en nombre de los cinco condenados por el ‘caso Bateragune’. En ella, han denunciado el carácter «antidemocrático» de sus detenciones, a la vez que del Estado español. Por todo ello, han pedido la puesta en libertad de todos los presos políticos vascos.
http://www.naiz.info/eu/
En el acto han participado, entre otros, Xabier Amuriza, quien ha cantado varios versos y Anje Duhalde, quien ha dado por concluido el acto con su canción ‘Amnistiaren dema’.
Ha sido Quim Arrufat, miembro del CUP catalán, quien ha dado comienzo a la ronda de declaraciones. Ha pedido la libertad de Otegi y del resto de los condenados por el «caso Bateragune» y ha denunciado que el encarcelamiento de los cinco «muestra la falta de derechos en Euskal Herria».
A éste le ha seguido el portavoz de Sortu Pernando Barrena, quien ha pedido «pasos» al los estados español y francés en materia de presos. Paul Ríos, coordinador de Lokarri, ha destacado carácter de «preso político» de los condenados por Bateragune.
El portavoz de Alternatiba, Oscar Matute, ha criticado duramente que los condenados por Bateragune estén en la prisión «mientras políticos corruptos continúan en libertad». De la misma manera se ha expresado Patxi Zabaleta, quien ha pedido la libertad de todos los presos políticos.
Mertxe Colina, de AB, ha deseado que los presos estén «lo antes posible» en casa.
También han leído una carta en nombre de los cinco condenados por el ‘caso Bateragune’. En ella, han denunciado el carácter «antidemocrático» de sus detenciones, a la vez que del Estado español. Por todo ello, han pedido la puesta en libertad de todos los presos políticos vascos.
http://www.naiz.info/eu/
Decenas de miles de manifestantes salen a la calle contra el paro y por una democracia más participativa
El lema: "Contra el paro, seis millones de razones". Las marchas sindicales y sociales han denunciado "el desmantelamiento de los servicios públicos", la corrupción en todos los niveles institucionales, el deterioro democrático y el empobrecimiento del país
A.B-AGENCIAS 10/03/2013 13:53 Actualizado: 10/03/2013 22:12
Cabecera madrileña en su paso por el Paseo del Prado.EFE
Cientos de organizaciones sindicales y grupos sociales se han
sumado a la Cumbre Social y su protesta de este domingo bajo el lema "contra el paro, seis millones de razones. Por una democracia social y participativa".
Cerca de 300.000 personas -según organizadores-, han salido a las
calles en hasta 60 puntos geográficos diferentes a manifestar su
rechazo a la corrupción, a los recortes en educación, sanidad y
asuntos sociales que -dicen- "amenazan seriamente la convivencia
democrática".
En Madrid, miles de personas han marchado contra el paro y la regeneración democrática -sin incidentes- desde la Plaza de Neptuno a la Puerta del Sol, donde se ha realizado la lectura del manifiesto de la Cumbre Social. El escrito denuncia el deterioro de las derechos sociales por las políticas que está llevando el Ejecutivo y condena el "desmantelamiento" de los servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia y otros asuntos sociales. "Hay mil motivos para estar aquí, el principal, que están desmantelando el Estado de Bienestar" reprochaba Lucho, trabajador de Correros y Telégrafos y afiliado a CCOO. Como es habitual, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han encabezado la manifestación de Madrid, en la que también ha estado su homólogo en USO, Julio Salazar, y el coordinador general de IU, Cayo Lara.
Los asistentes a la marcha, en su mayoría pensionistas y funcionarios de la admnistración pública, cargaban pancartas que rezaban "Ni deuda, ni recortes. Queremos elecciones"; "Gobierno antisocial, pierde legitimidad"; Una vez Yo Tuve (imitando el logo de Youtube) derechos sociales y laborales"; "Recortar: robo legal"; "Reforma antilaboral, Ministerio del Desempleo"; "Vender lo de todos, es un delito social". Otras de las protestas iban dirigidas a las tramas de corrupción que atañan a los partidos y las insituciones. Asimismo, han denunciado una "campaña de desprestigio" contra los funcionarios públicos, los cuales "han demostrado su valía profesional". "La ciudadanía sabe que el personal de las Administraciones Públicas no son una panda de 'vagos', como los definen algunos medios de comunicación y sectores privados con intereses en el desmantelamiento de los servicios públicos", ha explicado Araceli, sindicalista de UGT.
Además de los sindicatos CCOO,UGT, USO y C-SIT, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y la Plataforma de Mujeres en la Diversidad, entre otras organizaciones, han acudido a la convocatoria. Otros colectivos que conforman la Cumbre Social son las asociaciones de consumidores, de trabajadores de la función pública o de afectados por los recortes de la Ley de Dependencia, así como el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), Jueces para la Democracia, Ecologistas en Acción, la Unión Progresista de Fiscales, el Sindicato de Arquitectos, la Unión de Actores o la Asociación de Futbolistas de España.
La Cumbre también pedido que se repruebe a la Comisión Europea por estar "enrocada" en políticas fracasadas. En este sentido, los participantes han recordado que los actuales datos del paro manifiestan "el fracaso de las políticas de austeridad dogmática" aplicadas por los sucesivos gobiernos desde el año 2010. Asimismo, ha advertido al Gobierno de que el tiempo de las mentiras y los discursos "huecos" ha terminado, que no "no intenten engañar en la tramitación parlamentaria de la ILP por la dación en pago y la paralización de los desahucios".
En Barcelona, unas 20.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona -60.000 según los convocantes- han participado hoy en una manifestación en la capital catalana contra el paro, los recortes y la corrupción, convocada por la Plataforma Sindical Unitaria de los Servicios Públicos. La marcha, que ha sido la más numerosa, ha partido desde la plaza Urquinaona y ha recorrido la Via Laietana, encabezada por una pancarta con el lema "Contra el paro y la corrupción. Ni privatización ni recortes", que portaban los líderes sindicales catalanes y portavoces de diferentes plataformas contra los recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos.
Los manifestantes han hecho sonar silbatos y bocinas durante todo el trayecto, que ha finalizado frente al edificio de Correos de Barcelona, donde el actor Lluis Marco ha leído un manifiesto de denuncia del progresivo empobrecimiento de la población, los continuos recortes de los servicios públicos, la falta de transparencia y los escándalos de corrupción. Según el manifiesto de la Cumbre, que impulsan los sindicatos CCOO, UGT y USO, es "necesario" fortalecer la democracia mediante una reforma constitucional. El objetivo debe ser promover mayores niveles de autogobierno, solidaridad y cohesión social territorial.
En Valencia los manifestantes -unos 15.000 según los organizadores-, han pedido a los políticos que "rescaten a la ciudadanía". Entre 8.000 personas según los organizadores y 2.650 según la Delegación del Gobierno se han manifestado también en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Decenas de miles de personas han salido a las calles de las capitales de provincia de Castilla y León, especialmente en Valladolid, donde unas 4.500 personas, según fuentes de la Policía, y más de 7.000, según los convocantes, han recorrido el centro de la ciudad. En la manifestación de Pamplona han participado unas 3.000 personas, según los organizadores, y unas 1.000 según la Policía Municipal y se han escuchado numerosas alusiones a la polémica por el cobro de dietas en Caja Navarra.
Unas 500 personas han participado en la protesta de Palma de Mallorca, en la que se ha pedido un cambio "radical y urgente" de la política económica nacional y autonómica. En Murcia y Cartagena unas 3.000 personas han pedido renegociar el déficit que asfixia a las finanzas murcianas; en Logroño han acudido alrededor de 2.500; y en Extremadura han sido 2.000 personas las que han salido a la calle.
En Las Palmas de Gran Canaria, los manifestantes han coreado gritos de "Soria y Rivero trabajan para el banquero" y Gobierno canario, gobierno de empresarios", mientras que en Santa Cruz de Tenerife, la manifestación prevista quedó reducida a una concentración en el lugar de partida, al acudir solamente entre 200 y 300 personas. La convocatoria ha sido secundada en Santander por unas 1.500 personas, 5.000 según los organizadores, con el protagonismo de los trabajadores de Sniace en Torrelavega, que tiene en marcha un expediente de regulación de empleo que afecta a 300 de sus empleados.
Miles de personas se han manifestado en Gijón para protestar contra el paro y la corrupción política que está alcanzando "niveles insoportables" en el país. En Zaragoza, Puri Novella, en representación de Cumbre Social en Aragón, ha dicho que, a pesar de que hay cada día una manifestación, "la gente responde y sale a la calle".
Así ha vendido sus recortes en unas jornadas organizadas por The Economist, un escaparate exterior que el presidente no ha querido desaprovechar y en las que ha admitido que incumplió su programa electoral. Rajoy ha asegurado que una de las reformas más "necesarias y urgentes" era la del mercado de trabajo, por lo que fue una de las primeras que aprobó el Gobierno.
A su parecer, esta reforma ha sido una de las apuestas "más ambiciosas" del Gobierno y se ha centrado en mejorar la empleabilidad de los trabajadores, facilitar la creación de empleo estable reduciendo la dualidad actual y favorecer la flexibilidad interna en las empresas para evitar la destrucción masiva de empleo.
Asimismo, ha explicado que prevé una reducción del déficit público estructural primario, descontando el efecto del ciclo económico y la carga de intereses, de 3,5 puntos de PIB, algo "insólito" en España.
por La Marea
por Kaos. Andalucía
por Pepe Mejía
Martes, 12 de Febrero de 2013 18:01
Para pasar a la ofensiva en la Comunidad de Madrid y hacer frente a la crisis e imponer una salida favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía resulta imprescindible unificar las luchas en los servicios públicos. En este sentido, la participación de activistas de las distintas mareas de los servicios públicos en un acto, el próximo 15 de febrero, puede ser el primer paso para preparar una respuesta contundente para echar abajo los recortes.
Andrea Raboso, de IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, Carmen San José, de Marea Blanca-Sanidad, Inés de Nicolás, Marea Verde-Educación, Salvemos Telemadrid, Jaime García Merinero, de la Plataforma Sindical de la EMT, Carlos Huerga, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y Ladislao Martínez, de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II participarán, a las 18.30 horas del próximo viernes 15 de febrero, en el Aula Escalonada de la Escuela de Relaciones Laborales situado en la calle San Bernardo 49, cerca del metro Noviciado en Madrid.
El objetivo del acto es informar sobre las distintas luchas que se están dando en los servicios públicos, así como ver la posibilidad de coordinar las acciones y las distintas mareas. Otro de los objetivos es ver la posibilidad de dotarnos de una agenda conjunta para hacer frente a la política de recortes que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue aplicando su política de privatización de los servicios públicos. En sanidad tiene su buque insignia y es en sanidad en donde la clase trabajadores y la ciudadanía han plantado cara a Lasquetty y González. En educación, la larga lucha que llevan a cabo las trabajadoras y trabajadores del sector y la cada vez mayor participación en las movilizaciones de padres, madres y estudiantes abren otro frente de lucha. Los desahucios en Madrid van en aumento y el Gobierno no tiene respuestas y sí el movimiento que sigue parando los desahucios. Telemadrid es otro claro ejemplo de que a este Gobierno de la Comunidad de Madrid poco le importa los trabajadores. Años de lucha y movilización denunciando la manipulación del medio en favor del PP. Y los trabajadores de la EMT que continúan con sus movilizaciones para exigir sus reivindicaciones y garantizar un servicio público de calidad. Y finalmente, la privatización del Canal de Isabel II sigue con su hoja de ruta, pero la ciudadanía ha dicho que no en un referendum.
ESTAMOS AL BORDE DEL ESTALLIDO SOCIAL
Estamos al borde del estallido social a causa de la pobreza y el paro. Más del 26% de la población se encuentra en situación de paro. Sigue produciéndose una destrucción masiva de tejido industrial, los salarios se reducen aun más, la precariedad aumenta, los precios -incluyendo los de productos y servicios básicos- suben, los cierres de empresas y Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) son el pan de cada día. Los efectos de la aplicación de la Reforma Laboral del PP han sido brutales y han acelerado los procesos descritos de manera notoria.
Desde que la crisis se inició, según IA, se han producido ya dos Huelgas Generales de un día, apareció el 15M y después el 25S, se han desarrollado protestas sectoriales importantes. Pero es importante seguir empujando y movilizando; exigir a los sindicatos CCOO y UGT que se planteen un horizonte de ruptura con la política de concertación desarrollada durante decenios y dando por buenos parte de los razonamientos de la patronal y del gobierno en cuanto a la necesidad de efectuar recortes y de saldar la deuda existente.
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA es de la opinión, ya manifestada en múltiples ocasiones, de que para dar a la crisis una salida favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general, es preciso trazar un plan de acción coordinado, tanto a escala estatal como europea, para realizar una lucha a medio y a largo plazo e imponer objetivos necesarios y claves como el impago de la deuda ilegítima, la expropiación de la banca y la creación de una banca pública bajo control social, la protección y mejora de los servicios públicos, el fin de los recortes y la derogación de toda la legislación antisocial aprobada en los últimos tiempos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esto se produzca.
Chile: Barricadas en protesta contra construcción de aeropuerto en Territorio Mapuche Quepe-Pelales
por País Mapuche
El Pueblo Unido Jamás Será Vencido - Banda Bassotti
En Madrid, miles de personas han marchado contra el paro y la regeneración democrática -sin incidentes- desde la Plaza de Neptuno a la Puerta del Sol, donde se ha realizado la lectura del manifiesto de la Cumbre Social. El escrito denuncia el deterioro de las derechos sociales por las políticas que está llevando el Ejecutivo y condena el "desmantelamiento" de los servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia y otros asuntos sociales. "Hay mil motivos para estar aquí, el principal, que están desmantelando el Estado de Bienestar" reprochaba Lucho, trabajador de Correros y Telégrafos y afiliado a CCOO. Como es habitual, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han encabezado la manifestación de Madrid, en la que también ha estado su homólogo en USO, Julio Salazar, y el coordinador general de IU, Cayo Lara.
Los asistentes a la marcha, en su mayoría pensionistas y funcionarios de la admnistración pública, cargaban pancartas que rezaban "Ni deuda, ni recortes. Queremos elecciones"; "Gobierno antisocial, pierde legitimidad"; Una vez Yo Tuve (imitando el logo de Youtube) derechos sociales y laborales"; "Recortar: robo legal"; "Reforma antilaboral, Ministerio del Desempleo"; "Vender lo de todos, es un delito social". Otras de las protestas iban dirigidas a las tramas de corrupción que atañan a los partidos y las insituciones. Asimismo, han denunciado una "campaña de desprestigio" contra los funcionarios públicos, los cuales "han demostrado su valía profesional". "La ciudadanía sabe que el personal de las Administraciones Públicas no son una panda de 'vagos', como los definen algunos medios de comunicación y sectores privados con intereses en el desmantelamiento de los servicios públicos", ha explicado Araceli, sindicalista de UGT.
Además de los sindicatos CCOO,UGT, USO y C-SIT, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y la Plataforma de Mujeres en la Diversidad, entre otras organizaciones, han acudido a la convocatoria. Otros colectivos que conforman la Cumbre Social son las asociaciones de consumidores, de trabajadores de la función pública o de afectados por los recortes de la Ley de Dependencia, así como el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), Jueces para la Democracia, Ecologistas en Acción, la Unión Progresista de Fiscales, el Sindicato de Arquitectos, la Unión de Actores o la Asociación de Futbolistas de España.
La Cumbre también pedido que se repruebe a la Comisión Europea por estar "enrocada" en políticas fracasadas. En este sentido, los participantes han recordado que los actuales datos del paro manifiestan "el fracaso de las políticas de austeridad dogmática" aplicadas por los sucesivos gobiernos desde el año 2010. Asimismo, ha advertido al Gobierno de que el tiempo de las mentiras y los discursos "huecos" ha terminado, que no "no intenten engañar en la tramitación parlamentaria de la ILP por la dación en pago y la paralización de los desahucios".
En Barcelona, unas 20.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona -60.000 según los convocantes- han participado hoy en una manifestación en la capital catalana contra el paro, los recortes y la corrupción, convocada por la Plataforma Sindical Unitaria de los Servicios Públicos. La marcha, que ha sido la más numerosa, ha partido desde la plaza Urquinaona y ha recorrido la Via Laietana, encabezada por una pancarta con el lema "Contra el paro y la corrupción. Ni privatización ni recortes", que portaban los líderes sindicales catalanes y portavoces de diferentes plataformas contra los recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos.
Los manifestantes han hecho sonar silbatos y bocinas durante todo el trayecto, que ha finalizado frente al edificio de Correos de Barcelona, donde el actor Lluis Marco ha leído un manifiesto de denuncia del progresivo empobrecimiento de la población, los continuos recortes de los servicios públicos, la falta de transparencia y los escándalos de corrupción. Según el manifiesto de la Cumbre, que impulsan los sindicatos CCOO, UGT y USO, es "necesario" fortalecer la democracia mediante una reforma constitucional. El objetivo debe ser promover mayores niveles de autogobierno, solidaridad y cohesión social territorial.
La Cumbre Social, viva en todo el territorio
Tras finalizar la manifestación de Madrid, una portavoz de la Cumbre ha asegurado que, en toda España, han salido a la calle unas 300.000 personas, de las que 66.000 han sido en Cataluña, 50.000 en la capital de España, 30.000 en la Comunidad Valenciana y 20.000 en Asturias.En el caso de Andalucía, cientos de personas han participado en las concentraciones convocadas en todas las capitales andaluzas (excepto Almería) y en Algeciras (Cádiz).En Valencia los manifestantes -unos 15.000 según los organizadores-, han pedido a los políticos que "rescaten a la ciudadanía". Entre 8.000 personas según los organizadores y 2.650 según la Delegación del Gobierno se han manifestado también en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Decenas de miles de personas han salido a las calles de las capitales de provincia de Castilla y León, especialmente en Valladolid, donde unas 4.500 personas, según fuentes de la Policía, y más de 7.000, según los convocantes, han recorrido el centro de la ciudad. En la manifestación de Pamplona han participado unas 3.000 personas, según los organizadores, y unas 1.000 según la Policía Municipal y se han escuchado numerosas alusiones a la polémica por el cobro de dietas en Caja Navarra.
Unas 500 personas han participado en la protesta de Palma de Mallorca, en la que se ha pedido un cambio "radical y urgente" de la política económica nacional y autonómica. En Murcia y Cartagena unas 3.000 personas han pedido renegociar el déficit que asfixia a las finanzas murcianas; en Logroño han acudido alrededor de 2.500; y en Extremadura han sido 2.000 personas las que han salido a la calle.
En Las Palmas de Gran Canaria, los manifestantes han coreado gritos de "Soria y Rivero trabajan para el banquero" y Gobierno canario, gobierno de empresarios", mientras que en Santa Cruz de Tenerife, la manifestación prevista quedó reducida a una concentración en el lugar de partida, al acudir solamente entre 200 y 300 personas. La convocatoria ha sido secundada en Santander por unas 1.500 personas, 5.000 según los organizadores, con el protagonismo de los trabajadores de Sniace en Torrelavega, que tiene en marcha un expediente de regulación de empleo que afecta a 300 de sus empleados.
Miles de personas se han manifestado en Gijón para protestar contra el paro y la corrupción política que está alcanzando "niveles insoportables" en el país. En Zaragoza, Puri Novella, en representación de Cumbre Social en Aragón, ha dicho que, a pesar de que hay cada día una manifestación, "la gente responde y sale a la calle".
Con casi seis millones de parados, Rajoy dice que la reforma laboral está dando sus frutos
por Kaos. Laboral y Economía
Martes, 12 de Febrero de 2013 13:00
El corrupto Rajoy presume de su política antiobrera y antisocial
ante los medios del capital internacional, y vuelve a vender humo sobre
el supuesto crecimiento inmediato de la economía española.
Rajoy ha llevado hasta el extremo aquello de que hay que vender de puertas afuera la marca de España
y con ella, ya de paso, sus medidas. Hasta tal punto ha llegado el
optimismo del presidente del Gobierno que, pese a los casi seis millones
de parados que hay actualmente en España, asegura que ya se pueden
observar los primeros indicios de un cambio en el patrón de ajuste del
mercado de trabajo gracias a la reforma laboral. Habrá que esperar
cierto tiempo, según ha explicado, para poder valorar su impacto y para
que pueda desarrollar todo su potencial.Así ha vendido sus recortes en unas jornadas organizadas por The Economist, un escaparate exterior que el presidente no ha querido desaprovechar y en las que ha admitido que incumplió su programa electoral. Rajoy ha asegurado que una de las reformas más "necesarias y urgentes" era la del mercado de trabajo, por lo que fue una de las primeras que aprobó el Gobierno.
A su parecer, esta reforma ha sido una de las apuestas "más ambiciosas" del Gobierno y se ha centrado en mejorar la empleabilidad de los trabajadores, facilitar la creación de empleo estable reduciendo la dualidad actual y favorecer la flexibilidad interna en las empresas para evitar la destrucción masiva de empleo.
Rajoy espera crecimiento en la última parte del año
El presidente del Gobierno ha asegurado que las previsiones del Gobierno anticipan que en la última parte de 2013 y en 2014 la economía recuperará tasas de crecimiento positivas, al tiempo que ha garantizado que mantendrá el afán reformista a lo largo del año. Por otro lado, ha asegurado que el afán reformista del Gobierno "ni se distrae, ni flaquea, ni se agota", y que la madurez que ha demostrado la sociedad es la determinación que anima al Gobierno a sentar las bases para que se pueda escribir otra página de éxito en su historia.11.500 millones por la lucha contra el fraude en 2012
Rajoy también ha avanzado que Hacienda ha recaudado más de 11.500 millones de euros en materia de lucha contra el fraude fiscal en 2012, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al año anterior. Además, el presidente ha dicho que en las próximas semanas se anunciarán los datos de cierre de déficit, que pondrán de manifiesto que el conjunto de las administraciones públicas ha hecho un esfuerzo de consolidación fiscal "sin precedentes".Asimismo, ha explicado que prevé una reducción del déficit público estructural primario, descontando el efecto del ciclo económico y la carga de intereses, de 3,5 puntos de PIB, algo "insólito" en España.
Bankia acelera el cierre de sus oficinas y cerrará más de 1.000 oficinas antes de marzo de 2014
La entidad tenía un plazo de hasta tres años para reducir su red pero lo hará antes de marzo de 2014. Al final del proceso se quedará con unas 2.000 sucursales
PÚBLICO / AGENCIAS Madrid 11/02/2013 11:33 Actualizado: 11/02/2013 13:47
Escaparate de una oficina de Bankia.REUTERS.
Bankia acelera el ajuste de su red. A partir de marzo cerrará más de 1.000 oficinas en solo un año para contar al final del proceso con alrededor de unas 2.000 sucursales,
con una mayor concentración en los territorios de origen del grupo,
informó este lunes la entidad. A cierre de septiembre del año pasado,
Bankia contaba con una red de 3.107 oficinas, que se centraban sobre
todo en las comunidades de Madrid y de Valencia.
Esto supone adelantar considerablemente el ajuste, puesto que la entidad tenía un plazo de hasta tres años para reducir su red, según el plan de reestructuración que le aprobó Bruselas. A cierre de septiembre del año pasado, Bankia contaba con una red de 3.107 oficinas, que se centraban sobre todo en las comunidades de Madrid y de Valencia.
Una vez acabado el proceso, el grupo en manos del Estado seguirá siendo una franquicia de ámbito nacional, aunque más concentrada en los territorios de origen del grupo y sus ámbitos de influencia.
En un comunicado, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirma que esta reordenación es "necesaria para mejorar la eficiencia y la rentabilidad" del grupo. Además, el banquero garantiza la viabilidad del proyecto y la posibilidad de retornar el apoyo público recibido. "Con una red de 2.000 oficinas, Bankia seguirá teniendo presencia en todo el territorio nacional y preservará el empleo de 14.500 personas", dice en el comunicado.
Bankia reducirá también sus servicios centrales en paralelo al ajuste en las sucursales
Bankia reducirá también sus servicios centrales en paralelo al ajuste en las sucursales, a las que se les informará al menos con un mes de antelación de su fecha de cierre.
El banco fruto de la alianza entre Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja informará también "con varias semanas" de antelación a los clientes que deban cambiar de oficina. En esa comunicación, el banco les dirá cuál es la nueva sucursal en la que podrán seguir recibiendo sus servicios bancarios.
Este anuncio se produce menos de una semana después de que Bankia y los sindicatos alcanzaran un preacuerdo sobre un expediente de regulación de empleo (ERE), que ha reducido la cifra final de afectados a 4.500 personas, 400 menos de los que proponía inicialmente la entidad.
Bankia explicó el miércoles que el principio de acuerdo alcanzado con los sindicatos se enmarcaba dentro de las condiciones del plan de reestructuración 2012-2017 aprobado por las autoridades españolas y europeas y que le permitiría cumplir con su meta de ratio de eficiencia inferior al 50%.
Esto supone adelantar considerablemente el ajuste, puesto que la entidad tenía un plazo de hasta tres años para reducir su red, según el plan de reestructuración que le aprobó Bruselas. A cierre de septiembre del año pasado, Bankia contaba con una red de 3.107 oficinas, que se centraban sobre todo en las comunidades de Madrid y de Valencia.
Una vez acabado el proceso, el grupo en manos del Estado seguirá siendo una franquicia de ámbito nacional, aunque más concentrada en los territorios de origen del grupo y sus ámbitos de influencia.
En un comunicado, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirma que esta reordenación es "necesaria para mejorar la eficiencia y la rentabilidad" del grupo. Además, el banquero garantiza la viabilidad del proyecto y la posibilidad de retornar el apoyo público recibido. "Con una red de 2.000 oficinas, Bankia seguirá teniendo presencia en todo el territorio nacional y preservará el empleo de 14.500 personas", dice en el comunicado.
Bankia reducirá también sus servicios centrales en paralelo al ajuste en las sucursales
Bankia reducirá también sus servicios centrales en paralelo al ajuste en las sucursales, a las que se les informará al menos con un mes de antelación de su fecha de cierre.
El banco fruto de la alianza entre Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja informará también "con varias semanas" de antelación a los clientes que deban cambiar de oficina. En esa comunicación, el banco les dirá cuál es la nueva sucursal en la que podrán seguir recibiendo sus servicios bancarios.
Este anuncio se produce menos de una semana después de que Bankia y los sindicatos alcanzaran un preacuerdo sobre un expediente de regulación de empleo (ERE), que ha reducido la cifra final de afectados a 4.500 personas, 400 menos de los que proponía inicialmente la entidad.
Bankia explicó el miércoles que el principio de acuerdo alcanzado con los sindicatos se enmarcaba dentro de las condiciones del plan de reestructuración 2012-2017 aprobado por las autoridades españolas y europeas y que le permitiría cumplir con su meta de ratio de eficiencia inferior al 50%.
Más de 200 profesores de universidades madrileñas convierten las plazas en aulas
por La Marea
Domingo, 10 de Marzo de 2013 10:13
“Estamos muy contentos porque la gente se está implicando y pregunta
mucho. Precisamente era ése el objetivo: llevar la universidad a la
calle para que la ciudadanía sea consciente del trabajo que se hace en
ella”, defiende Inés G. Cueli, estudiante de la Universidad Complutense.
En la céntrica plaza madrileña Tirso de Molina, un profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid imparte una clase sobre antropología
frente a algo más de medio centenar de personas, que sigue atentamente
sus explicaciones.
utor de la nota: Eduardo Muriel
“A través de la experiencia social, nos
damos cuenta de que no estamos solos, de que tenemos algo en común con
el otro. Es ahí donde nace el poder social”, desarrolla. Entre los
oyentes, no sólo están sus alumnos habituales. Hoy el grupo se encuentra
nutrido por vecinos y transeúntes de todas las edades.
La de este profesor es una de las más de
450 clases universitarias que han tenido lugar esté sábado en plazas y
otros espacios públicos de Madrid, Alcalá de Henares, Leganés y Getafe,
una iniciativa que pretende acercar a la ciudadanía el conflicto contra
la Comunidad por los recortes en educación.
“Estamos muy contentos porque la gente
se está implicando y pregunta mucho. Precisamente era ése el objetivo:
llevar la universidad a la calle para que la ciudadanía sea consciente
del trabajo que se hace en ella”, defiende Inés G. Cueli, estudiante de
la Universidad Complutense.
Los estudiantes y profesores organizadores de la iniciativa La uni en la calle denuncian
las actuales políticas de “deterioro” de la universidad pública, entre
las que se incluyen la subida de tasas en las matrículas -un 30% de
incremento en los grados y más de un 100% en los másteres-, la reducción
de las becas generales y Erasmus, la eliminación de las becas Séneca y
el recorte en el gasto en investigación, que se ceba con los más
jóvenes.
“Tengo que pagar hasta 400 euros más por
la matrícula que el año pasado, y encima no puedo trabajar para
financiarla porque el plan de estudios actual no te lo permite. Si no
fuera por mis padres, no podría estudiar”, sostiene Cueli.
Mientras, en la Puerta del Sol, el
profesor Carlos Taibo habla sobre crisis y decrecimiento. Allí, el ruido
y el trasiego de personas es mucho mayor, pero alumnos y curiosos
escuchan con atención. En esa misma plaza tendrá lugar el cierre
simbólico de la jornada, con una concentración a las 20:00 horas.
“Estamos viviendo un ataque
impresionante, nos están asfixiando literalmente, y cuando delibere el
consejo de supuestos expertos designados por [el ministro de Educación,
José Ignacio] Wert, será aún peor”, afirma Pilar Monreal, profesora de
antropología, quien “sueña” con que en el futuro próximo se consiga
articular una “universidad popular” a nivel de barrios.
Para los estudiantes, ésta es la primera
jornada de una semana plagada de convocatorias, que culminará con los
encierros en varias facultades el próximo miércoles por la noche para,
el jueves, dar comienzo la huelga universitaria de 24 horas. Ese mismo
día, el parón lectivo estará animado por piquetes informativos,
concentraciones y se cerrará con una manifestación unitaria a las 18:00
horas en el centro de la capital.
Declaraciones de Diego Cañamero (SAT) tras la imputación del Alcalde de Marinaleda: "Volveremos a ocupar Las Turquillas"
por Kaos. Andalucía
Domingo, 10 de Marzo de 2013 11:14
Cañamero dejó muy en claro que las imputaciones y las multas que los
miembros del SAT reciban no van a impedir que el sindicato siga
ocupando fincas, tanto Las Turquillas como otras.
El secretario general del Sindicato Andaluz de los Trabajadores
(SAT), Diego Cañamero, aseguró ayer que el hecho de que el parlamentario
de IULV-CA por Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo, haya sido
imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la
ocupación el pasado verano de la citada finca, donde se ubica la
Yeguada Militar del ejército, no va a evitar que vuelvan a ocupar este
lugar.
La causa contra Sánchez Gordillo y otros 53 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre los que también se encuentra Cañamero, la llevaba el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna, pero éste se ha inhibido en favor del TSJA dada la condición de aforado del alcalde de Marinaleda.
En declaraciones a Europa Press, Cañamero consideró "lógica" dicha imputación porque la justicia "está al servicio del dinero, del capital y de la propiedad privada". "Y cuando intentas por todos los medios que la propiedad privada cumpla una función social, llegan las multas, los juicios y las imputaciones", apuntó.
El líder sindical destacó que Las Turquillas es una finca pública que al Gobierno solo le preocupa "para recibir las subvenciones", lo que considera "triste y lamentable". Sin embargo, no le preocupa que esté situada en una comarca con un 40 por ciento de paro, cuyos habitantes están "emigrando" para ganarse la vida.
Finalmente, Cañamero insistió en que las imputaciones y las multas que los miembros del SAT reciban no van a impedir que el sindicato siga ocupando fincas, tanto Las Turquillas como otras.
La causa contra Sánchez Gordillo y otros 53 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre los que también se encuentra Cañamero, la llevaba el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna, pero éste se ha inhibido en favor del TSJA dada la condición de aforado del alcalde de Marinaleda.
En declaraciones a Europa Press, Cañamero consideró "lógica" dicha imputación porque la justicia "está al servicio del dinero, del capital y de la propiedad privada". "Y cuando intentas por todos los medios que la propiedad privada cumpla una función social, llegan las multas, los juicios y las imputaciones", apuntó.
El líder sindical destacó que Las Turquillas es una finca pública que al Gobierno solo le preocupa "para recibir las subvenciones", lo que considera "triste y lamentable". Sin embargo, no le preocupa que esté situada en una comarca con un 40 por ciento de paro, cuyos habitantes están "emigrando" para ganarse la vida.
Finalmente, Cañamero insistió en que las imputaciones y las multas que los miembros del SAT reciban no van a impedir que el sindicato siga ocupando fincas, tanto Las Turquillas como otras.
Izquierda Anticapitalista: hay que unificar las luchas de los servicios públicos
por Pepe Mejía
Martes, 12 de Febrero de 2013 18:01
Para pasar a la ofensiva en la Comunidad de Madrid y hacer frente a la crisis e imponer una salida favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía resulta imprescindible unificar las luchas en los servicios públicos. En este sentido, la participación de activistas de las distintas mareas de los servicios públicos en un acto, el próximo 15 de febrero, puede ser el primer paso para preparar una respuesta contundente para echar abajo los recortes.
Andrea Raboso, de IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, Carmen San José, de Marea Blanca-Sanidad, Inés de Nicolás, Marea Verde-Educación, Salvemos Telemadrid, Jaime García Merinero, de la Plataforma Sindical de la EMT, Carlos Huerga, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y Ladislao Martínez, de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II participarán, a las 18.30 horas del próximo viernes 15 de febrero, en el Aula Escalonada de la Escuela de Relaciones Laborales situado en la calle San Bernardo 49, cerca del metro Noviciado en Madrid.
El objetivo del acto es informar sobre las distintas luchas que se están dando en los servicios públicos, así como ver la posibilidad de coordinar las acciones y las distintas mareas. Otro de los objetivos es ver la posibilidad de dotarnos de una agenda conjunta para hacer frente a la política de recortes que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue aplicando su política de privatización de los servicios públicos. En sanidad tiene su buque insignia y es en sanidad en donde la clase trabajadores y la ciudadanía han plantado cara a Lasquetty y González. En educación, la larga lucha que llevan a cabo las trabajadoras y trabajadores del sector y la cada vez mayor participación en las movilizaciones de padres, madres y estudiantes abren otro frente de lucha. Los desahucios en Madrid van en aumento y el Gobierno no tiene respuestas y sí el movimiento que sigue parando los desahucios. Telemadrid es otro claro ejemplo de que a este Gobierno de la Comunidad de Madrid poco le importa los trabajadores. Años de lucha y movilización denunciando la manipulación del medio en favor del PP. Y los trabajadores de la EMT que continúan con sus movilizaciones para exigir sus reivindicaciones y garantizar un servicio público de calidad. Y finalmente, la privatización del Canal de Isabel II sigue con su hoja de ruta, pero la ciudadanía ha dicho que no en un referendum.
ESTAMOS AL BORDE DEL ESTALLIDO SOCIAL
Estamos al borde del estallido social a causa de la pobreza y el paro. Más del 26% de la población se encuentra en situación de paro. Sigue produciéndose una destrucción masiva de tejido industrial, los salarios se reducen aun más, la precariedad aumenta, los precios -incluyendo los de productos y servicios básicos- suben, los cierres de empresas y Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) son el pan de cada día. Los efectos de la aplicación de la Reforma Laboral del PP han sido brutales y han acelerado los procesos descritos de manera notoria.
Desde que la crisis se inició, según IA, se han producido ya dos Huelgas Generales de un día, apareció el 15M y después el 25S, se han desarrollado protestas sectoriales importantes. Pero es importante seguir empujando y movilizando; exigir a los sindicatos CCOO y UGT que se planteen un horizonte de ruptura con la política de concertación desarrollada durante decenios y dando por buenos parte de los razonamientos de la patronal y del gobierno en cuanto a la necesidad de efectuar recortes y de saldar la deuda existente.
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA es de la opinión, ya manifestada en múltiples ocasiones, de que para dar a la crisis una salida favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general, es preciso trazar un plan de acción coordinado, tanto a escala estatal como europea, para realizar una lucha a medio y a largo plazo e imponer objetivos necesarios y claves como el impago de la deuda ilegítima, la expropiación de la banca y la creación de una banca pública bajo control social, la protección y mejora de los servicios públicos, el fin de los recortes y la derogación de toda la legislación antisocial aprobada en los últimos tiempos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esto se produzca.
Chile: Barricadas en protesta contra construcción de aeropuerto en Territorio Mapuche Quepe-Pelales
por País Mapuche
Domingo, 10 de Marzo de 2013 08:43
La protesta se produjo la madrugada de ayer en los caminos que unen
los sectores Quepe-Boroa y en la ruta Padre las Casas-Maquehue, con
árboles cortados y lanzados a la calzada en forma de barricadas.
En el camino Quepe-Boroa, Freire -donde
fueron volteados árboles en los kilómetros uno, cinco, ocho y diez- se
encontraron tres panfletos con la leyenda “Sin tierras no hay aeropuerto
Territorio Quepe-Pelales”.
Las barricadas fueron instaladas
alrededor de las cinco de la madrugada de este sábado y fueron
dispersadas más tarde por personal de Carabineros con apoyo de efectivos
de las Fuerzas Especiales, quienes mantienen apostado una vigilancia
permanente en el sector para permitir la construcción del Aeropuerto y
reprimir los procesos de resistencia y recuperación que llevan adelante
comunidades mapuche de ese territorio.
Ya el martes, pasado el mediodía, cerca
de 30 comuneros mapuches se tomaron en protesta, la losa en construcción
del nuevo aeropuerto.
Chile Lucha:
11M de 2013, Protesta Popular, Territorial y Sectorial
por Acción Directa
Domingo, 10 de Marzo de 2013 14:00
“Porque los programas se construyen en las calles, porque las
alianzas se hacen peleando juntos." Movimiento de Poblador@s por la
Dignidad.
A LOS PUEBLOS Y A LOS TRABAJADORES.
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
Luego
de 40 años de vigencia en Chile de una forma de Sociedad y de Estado
impuestos a sangre y fuego, cuyos frutos sólo benefician a un puñado de
familias; cuando todas las conquistas sociales alcanzadas tras décadas
de heroicas luchas han sido sepultadas o relativizadas; cuando el
conjunto de los Derechos Humanos y Sociales sólo existen como adorno en
una constitución política espuria y dictatorial; cuando se consolidan
las leyes que criminalizan y reprimen la legítima protesta social;
cuando la gran mayoría del país sufre los efectos de una “democracia” excluyente y protectora de los privilegios de unos cuantos, una “democracia”
que es defendida por dos bloques políticos que sustentan su predominio
en el poder del dinero y mediante el engaño masivo; cuando vemos cómo se
nos han arrebatado nuestros recursos naturales, en una devastadora
escalada que responde al apetito insaciable de las corporaciones
trasnacionales; cuando sufrimos los efectos de una economía
desnacionalizadora, que no respeta el medio ambiente, la seguridad
laboral y los derechos de la fuerza de trabajo, además de ahogar el
empeño de la pequeña y mediana industria nacional; cuando se reprime en
forma intolerable y criminal a los Pueblos Aborígenes; cuando
constatamos aún los efectos del “apagón cultural”, donde la Educación,
la Cultura, el Conocimiento, las Ciencias, son mercancías que se transan
y que generan lucro y ganancia; cuando percibimos que la Salud, la
Previsión, la Vivienda y hasta la Basura, no son más que motivo de
incremento de las billeteras de unos pocos ricos; en fin, cuando se nos
impide el derecho a soñar y a ser felices ahora, sólo nos queda un camino:
unir nuestras fuerzas, nuestros sueños, nuestras demandas y nuestras
luchas en un Proyecto Compartido de construcción de la fuerza popular
por la Soberanía y la Justicia Social para Chile.
Después de 23 años de engaños y de falsas promesas, de jugar con las necesidades vitales de millones, llegó la hora de decir ¡Basta! No serán los dos bloques políticos al servicio de los poderosos y su “democracia”
quienes resuelvan los graves conflictos que cruzan y afectan a la
inmensa mayoría nacional. Las transformaciones estructurales y decisivas
sólo se han de alcanzar mediante el concurso unitario y simultáneo de
quienes a diario debemos soportar la mala vida; sólo se han de
conquistar cuando el pueblo y los trabajadores vayan unificando sus
demandas locales, sectoriales y territoriales, haciéndolas confluir en
una potente demanda general que logre movilizar a millones de chilenos.
Es éste gran bloque el que, en su avance, irá construyendo una nueva
hegemonía y que podrá resolver el conjunto de las aspiraciones
populares.
Por
todo lo anterior, y en la senda de la unidad, la convergencia y la
lucha, la Asamblea Popular Pencopolitana y la Red Construyamos
–Concepción-, MODATIMA en Petorca-La Ligua; la Coordinadora por la Lucha
de los Pueblos –Valparaíso-; Coordinador de Asambleas Metropolitano
(CAME) y la Asamblea por la Soberanía y la Justicia Social en Santiago;
el Colectivo Jóvenes Coyhaiquinos en Coyhaique, nos hemos comprometido
con el llamado nacional (que ya suma a más de 100 organizaciones) para
desplegar una Protesta Popular por la Soberanía y la Justicia Social el
día 11 de Marzo de 2013. Comprometiéndose a extender la Unidad,
Convergencia y Unidad de Acción en perspectiva de acciones mayores, las
cuales cuestionen las bases materiales del sistema de dominación
capitalista. . Este es un llamado a los trabajadores y a los pueblos de
todos los Territorios, de todas las poblaciones, a los No Organizados, a
las personalidades y a las Organizaciones Sindicales, Sociales,
Políticas, Estudiantiles, de Pobladores, de la Diversidad Sexual, de los
Jubilados, de los Hermanos y Hermanas Migrantes, de los Pescadores
Artesanales, al Pueblo-Nación Mapuche, en suma, al conjunto de los
explotados.
Extendemos, entonces, una invitación fraternal para que este lunes 11 de Marzo protestemos por:
-Verdad y castigo por el asesinato del Compañero Sindicalista JUAN PABLO JIMÉNEZ GARRIDO.
-Sueldo mínimo de $350.000;
-Término
del monopolio privado de los servicios públicos (agua, luz, teléfono),
no más alzas de las cuentas y por el cese del cargo fijo;
-Rebaja
del IVA a un 10%, eliminándolo para libros y actividades culturales; a
su vez, aumento del impuesto directo y progresivo a los capitales
extranjeros y a los ricos del país;
-Fin al Transantiago y a cualquier sistema de transporte similar en otras ciudades del país;
-Fin al sistema de AFP, nacionalización de sus cuentas y creación de un Fondo Nacional estatal de seguro solidario de pensiones;
-Pensiones y montepíos dignos para nuestros viejos y viejas;
-Negociación colectiva y derecho a huelga efectivos; negociación por rama;
-Renacionalizar el Cobre, el Agua, el Litio y todos los Recursos Naturales;
-Educación y Salud gratuitas, públicas, financiadas y de excelencia;
-Viviendas Sociales de calidad y en terrenos apropiados, además de condonación total a los Deudores Habitacionales;
-Reconstrucción digna y efectiva de las zonas afectadas por el 27F;
-Políticas de protección social concretas hacia la Diversidad Sexual y para los Hermanos y Hermanas Migrantes;
-Defensa
del trabajo de los Pescadores Artesanales y en contra del saqueo
marítimo de las grandes pesqueras avalado por la Ley ‘Longueira’;
-Libertad
a todos los Prisioneros Políticos Mapuche y finalizar todos los
procesos que les afectan; por la salida de todas las forestales del
Wallmapu y de las fuerzas policiales de ocupación;
-La
supresión de la Ley Hinzpeter y de toda legalidad impuesta por el
gobierno patronal que persiga y reprima el legítimo derecho a la
manifestación y a la protesta social;
-Contra el gobierno patronal, represivo, corrupto y que no salva a nadie.
Hacemos un llamado fraternal a marchar por nuestros Derechos, el lunes 11 de Marzo de 2013 en:
· CONCEPCIÓN: Plaza Perú 19 horas.
· VALPARAÍSO: Plaza Victoria 17 horas.
· LA LIGUA: Plaza de Armas 18 horas.
· SANTIAGO: Plaza de Armas 19 horas.
· SANTIAGO: Plaza Nido de Águilas, Comuna Lo Barnechea, 21 horas. Marcha Territorial.
· SANTIAGO,
PROVINCIA CORDILLERA: Marcha Territorial por la defensa del Agua. En
el Paradero que está a un costado del Mall Plaza Tobalaba por Avenida
Fray Camilo Henríquez, para marchar por dicha calle hacia Aguas Andina.
·
TODOS LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES: DESDE LAS 21 HORAS, caceroleos, velatones, asambleas populares, marchas y lo que sea su cariño, capacidades, convicciones y construcciones.
TODOS LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES: DESDE LAS 21 HORAS, caceroleos, velatones, asambleas populares, marchas y lo que sea su cariño, capacidades, convicciones y construcciones.
11 DE MARZO DE 2013:
POR UN CHILE CON DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA EL PUEBLO:
¡SÓLO LUCHANDO ALCANZARÁS TUS DERECHOS!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
¡A CONVERTIR LA INDIGNACIÓN EN PODER POPULAR!
¡AVANZAR HACIA EL PARO GENERAL CÍVICO Y PRODUCTIVO!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DEL COMPAÑERO SINDICALISTA JUAN PABLO JIMÉNEZ GARRIDO!
Video relacionado
Banda Bassotti - El pueblo unido jamás será vencido
http://youtu.be/Zj7Z154sn_EPaysandú:
Reinauguraron Memorial de los Desaparecidos
Reinauguraron Memorial de los Desaparecidos
09 Mar 2013Con la participación de numeroso público y enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue reinaugurado el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en la explanada del Liceo Nº 1, que fuera objeto de un ataque vandálico en enero pasado.
El Memorial fue inaugurado el 28 de agosto del 2009 y en la noche del 10 al 11 de enero del 2013 fue vandalizado.
“Hoy lo volvemos a inaugurar porque manos anónimas lo rompieron. Volvemos a recordar a todos nuestros compañeros desaparecidos en la memoria de Nelsa Gadea. A ella la sorprendió en Chile el golpe de Estado de Pinochet, en 1973, trabajando por viviendas populares. Así la secuestraron y por sus ideas hoy está desaparecida”, expresó una proclama leída por la periodista Paola Rubbo. “Homenajeamos en la memoria de Nelsa a la mujer sanducera luchadora. A Graciela Estefanell, sanducera que por sus ideas fue secuestrada, desaparecida y asesinada; a Raquel Culñev sanducera detenida por sus ideas y muerta en prisión por omisión de asistencia y, a Mariana Mota, una mujer sanducera que ha sabido llevar con sobrada dignidad su condición de juez”, agregó el texto redactado por la Comisión de Memoria Paysandú.
Sobre este último tema, indicó que “durante largos meses Mariana investigó y acumuló pruebas de más de 50 causas de violaciones a los Derechos Humanos y que solapadamente fue trasladada para que su tarea no diera frutos”.
“Nuestros desaparecidos siguen sin aparecer y sus verdugos siguen impunes. Nuestros asesinados siguen esperando justicia y sus asesinos siguen impunes. Homenajeamos a toda la mujer luchadora y una vez más exigimos verdad y justicia”, puntualizó la proclama.
Pequeña crónica sobre la reinauguración del Memorial de los Desaparecidos
Paysandú 8 de marzo de 2013
Ayer ,8 demarzo,reinauguramos el Memorial a los compañeros Detenidos-Desaparecidos en Paysandú.
El Memorial había sido inaugurado por primera vez en agosto del 2009 y en la noche del 10 al 11 de enero de este año manos anónimas rompieron la placa de vidrio pero no han podido destruir la memoria.
El Memorial recuerda y homenajea a todos los compañeros desaparecidos en la memoria de la compañera Nelsa Gadea,sanducera,desaparecida en Chile en 1973.
Y siendo Nelsa una mujer luchadora,desaparecida por sus ideas,lo hemos reinaugurado el día Internacional de la mujer ,homenajendo tambien a otras sanduceras luchadoras.
Adjuntamos el texto que se leyó luego de descubrir nuevamente la placa. Luego de la lectura cantamos el himno
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Texto leído en homenaje a las mujeres luchadoras en ocasión de reinaugurar el Memorial a los Detenidos desaparecidos en Paysandú
El 28 de agosto de 2009 inauguramos este Memorial en homenaje a nuestros compañeros desaparecidos y lo hacíamos en la memoria de la compañera Nelsa Gadea,desaparecida en Chile en diciembre de 1973
Hoy,lo volvemos a inaugurar porque manos anónimas lo rompieron.
Hoy volvemos a recordar a todos nuestros compañeros desaparecidos en la memoria de Nelsa.
A Nelsa la sorprendió en Chile el golpe de Estado de Pinochet trabajando por viviendas populares.
La secuestraron allí y por sus ideas.
Por ellas hoy está desaparecida.
Homenajeamos en la memoria de Nelsa a la mujer sanducera luchadora.
Homenajeamos a Graciela Estefanell,sanducera que por sus ideas es secuestrada,desapa- recida y asesinada.
Homenajeamos a Raquel Culñev,sanducera detenida por sus ideas y muerta en prisión por omisión de asistencia.
Homenajeamos a Mariana Mota,una mujer sanducera que ha sabido llevar con sobrada dignidad su condición de juez.
Mariana,que durante largos meses ha investigado y acumulado pruebas en mas de cincuenta causas de violaciones a los Derechos Humanos.
Mariana,que fue solapadamente trasladada para que su tarea no diera frutos.
Nuestros desaparecidos siguen sin aparecer.Sus verdugos siguen impunes.
Nuestros asesinados siguen esperando justicia.Sus asesinos siguen impunes.
Homenajeamos a la Mujer Luchadora y una vez mas exigimos Verdad y Justicia.
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Enviado por María Elia Topolansky / Jorge Zabalza
Memorial Vandalizado
Instituto Nacional de Derechos Humanos realizará asamblea nacional
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) realizará una asamblea nacional en el Parlamento para informar sobre su trabajo y recibir planteos y propuestas de parte de organizaciones sociales e instituciones públicas.
Sábado 09 de marzo de 2013 | 15:13
Palacio LegislativoLa presidenta del INDDHH, Mariana González, expresó a Montevideo Portal que durante el primer año de gestión de la institución, la asamblea nacional será convocada en dos oportunidades y luego se realizará anualmente.
“Pretendemos poder tener un espacio de intercambio con organizaciones sociales, con instituciones gubernamentales que están vinculadas a la temática de los derechos humanos donde hay una rendición de cuentas sobre qué fue lo que hicimos y en qué estamos trabajando”, dijo González.
Temas para el análisis
Añadió que también está planteada la posibilidad de “escuchar a las organizaciones sociales y las instituciones públicas para que desde esos lugares planteen las temáticas y la agenda que creen que la institución debe ocuparse”.En ese marco, González adelantó que la institución trabajará en el “desarrollo y medio ambiente; mujeres; niños, niñas y adolescentes, xenofobia, racismo; verdad, justicia y lucha contra la impunidad, libertad de expresión y comunicación democrática, y seguridad ciudadana y privación de libertad”.
MAS QUE UN AMIGO
por Hugo Bruschi
"....no descartamos negociar con nadie y manejamos todas las opciones." Danilo Astori, palabras más o menos.Es decir que para el gobierno uruguayo tanto da negociar un TCL o abrazarse a un ALCA que hacerlo en el ALBA por el que tanto luchó Chavez o en el Mercosur.Astori habla como un empresario y desde ese punto de vista tiene razón.La palabra escrúpulos no figura en el diccionario capitalista sino como una mención a algo que fue: "expresión empleada por nuestros antepasados,bla,bla".
Pero cómo conjugar esta conducta empresarial con la del gobernante que dice ser de izquierda?Realmente contradictorio. Hace algunos meses los ingleses incursionaron en aguas argentinas cerca de las Malvinas.Como era de esperar esto puso sobre el tapete nuevamente el viejo litigio y el justo reclamo del país hermano, para acabar de una buena vez con la aventura colonialista.En ese preciso instante el gobierno uruguayo pretendió negociar con algunos empresarios de las islas. No fue precisamente un paso adelante en materia de integración... Pero esta es la mentalidad imperante y por ello no llama la atención de quienes aún no renunciaron a la facultad de pensar, que al Cte.Hugo Chavez se le recuerde más por los dólares que trajo al Uruguay en forma de FUNSAS Y CLINICAS, de VIDRIOS Y PETROLEOS que por la decidida y valiente lucha antimperialista, contra la dependencia, por dignidad y el Socialismo.
Este razonamiento nos lleva a pensar que hubiera pasado o como recordaríamos a Chavez sin esos dólares que oxigenaron sectores que ya no podían respirar? Vaya uno a saber.. y además uno se pregunta en que nos han convertido estos gobiernos.En un país "manguero" y quejumbroso en donde nuestros vecinos no pueden tomar medidas para proteger sus economías sin que ello implique repercusiones negativas en el Uruguay? Tendrán que pedirnos permiso? Mucho tendrán que cambiar las cosas para merecer respeto.Y no será con vaivenes y como te digo que no te dije, pero te puedo llegar a decir. Ni creando intrigas o jugando al viejo juego de que si no me dan aquí talvez me dan allá, que salgamos del paso.Se puede ser chico y se puede ser digno.Ud. elige como quiere ser tratado.Cabeza de ratón o cola de león. Y ahora ya cumplido el acto protocolar y el sincero adiós al amigo Hugo Chavez - y obsérvese que digo sincero - yo me pregunto si no habrá llegado la hora de mostrar al otro Chavez, al de la idea, al de la lucha antiimperialista permanente, sin preguntar si alguien se incomodaba, del Chavez que desenpolvó la palabra Socialismo para darle una oportunidad.
Es ahora cuando ya las cámaras no enfocan lágrimas y congojas, cuando los verdaderos amigos deben levantar las banderas del amigo que se fue.Incluso para salirle al paso a quienes sospechan otra cosa, se debería de ahora en más agregar a esa palabra, identificación y compromiso con el legado de Hugo Chavez.Si es que hablamos el mismo idioma,claro está....
¡…Y LA JUSTICIA…?...¿CUÁNDO?...
por Margarita Merklen
Hace ya más de 33 años que
fueron desaparecidos, en la ciudad de Buenos Aires, república de la Argentina dos coterráneos nuestros: Héctor y Célica.
¿Quiénes eran ellos?... Héctor Giordano era un joven abogado, que dedicó su
vida a defender los derechos de los trabajadores .esencialmente… primero fue
abogado laboral y luego estudió penal, para defenderlos mejor, como decía en
sus cartas a sus padres y hermanos …
Había sido un alumno brillante del entonces Instituto “Miguel C. Rubino” (de
Durazno, nuestra ciudad) … uno de los mas lúcidos, comprometidos y solidarios estudiantes que tuvo nuestro
liceo…
Poseedor, también, de un amor a la Patria y a las causas justas que supo defender
siempre… Decidido, dirigente natural de sus compañeros donde los tuviera…
activo, manso, esencialmente manso en su forma de actuar y de pensar…maduro.
Soñador de un mundo en el cual pudiéramos entrar todos en igualdad de
derechos y posibilidades de vida y de oportunidades de trabajo de ex
…………..presarnos por medio del arte y de
las diferentes formas de pensamiento y
de poder alcanzar con ética un crecimiento colectivo como pueblo…
Solidario siempre… defendió a su hermano (que estaba como preso político
en Libertad) y estuvo siempre a la orden
de quien lo necesitara, sin pensar nunca en cobrar…sólo en ayudarlos a salir
cuanto antes de prisión… (personalmente
me lo dijo, en casa de su madre, Blanca Rosa, cuando le hice una
solicitud en tal sentido)… no tenía otro propósito que ayudar a quien lo
necesitara y confiara en él…
Nacional - Enseñanza
Habrá paros en Secundaria a partir de abril
Los profesores sindicalizados en Ades Montevideo exigen más recursos para salarios y mantenimiento de los edificios.
+ - 09.03.2013, 00:06 hs
- ACTUALIZADO 01:01
Texto:El Observador
La decisión se tomó en base al relevamiento realizado durante la semana en distintos centros . El dirigente de Ades, Luis Martínez, dijo a El Observador que si bien se vienen realizando reparaciones los problemas continúan. “Exigimos al Codicen que no mientan y que sean honestos con la población sobre la realidad edilicia”, afirmó.
El inicio de las medidas se podría adelantar para el 18 y 19 de marzo, y extenderese a todo el país si en esa fecha otros sindicatos de la educación, como Ademu o Afutu deciden paralizar sus actividades. Además los profesores planean incrementar las movilizaciones de cara a la Rendición de Cuentas, porque se entiende que será la última posibilidad de que se otorguen recursos para destinar al aumento de salarios en este período de gobierno.
Los cursos en los liceos públicos se iniciaron el lunes, con la excepción de ocho centros educativos de Montevideo y cuatro de Canelones debido a problemas edilicios. Ese día empezaron solo los cursos de primer año y a partir del miércoles retomó las clases el resto de los niveles.
Mientras el palo vá y viene,el lomo descansa.-
En éste momento histórico, en que se aprecian los fenómenos de una historia que se acelera a influjos de las previsibles e inevitables crisis del sistema - a nivel nacional de éste país con status de cuzquito vira-lata - hay que esperar que las consecuencias de esas crisis ecónómicas ,sumadas a la nefasta política recientemente implantada que se verifica en los números oficiales,neutralice la hábil y arrulladora demagogia bi-centenaria que mantiene a éste pueblo adormecido en el cómodo y corruptor paternalismo estatal.-Vamos a dejarnos de hacernos trampas al solitario que la revolución debe estar basada en verdades científicas: en Uruguay la derecha es MUY fuerte ( Vide la impunidad y el latifundio como ejemplos) ,y la pequeña izquierda sobreviviente está colonizada ideológicamente a causa de su extración pequeño/burguesa. (Ud. tiene la ideología de la clase a la que pertenece).- Conciente de haber hipotecado mis chances de ser electo en un concurso de Miss Simpatía,he repetido que éste es un país de mierda X que somos un pueblo de mierda con un militarismo de mierda y una izquierda de mierda también. Pongo ejemplos demostrativos...? Mejor no,de cualquier manera están todos en los archivos secretos del MDN que a nadie le interesa mostrar. El pueblo uruguayo es masivamente un pueblo conservador,reaccionario,
Mientras el palo vá y viene,el lomo descansa.-
MAU-MAU 