Una placa que dice “Nunca de nuevo, nunca olvidar” se levanta en unas piedras junto a la verja del campo de Auschwitz-Birkenau.
Para que lo sepa la Suprema Corte de Injusticia y el Presidente Mujica: LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN!!
El ejemplo de Alemania: juicio a un nonagenario que fuera guardián en AuschwitzLa fiscalía alemana investiga a uno de los últimos guardianes de Auschwitz
El nonagenario exsuboficial de las SS Hans Lipschis fue expulsado de EE UU en 1983
Una placa que dice “Nunca de nuevo, nunca
olvidar” se levanta en unas piedras junto a la verja del campo de
Auschwitz-Birkenau. / J. Skarzynski (AFP)
Hans Lipschis dice que fue “cocinero, todo el tiempo” que pasó en
Auschwitz, primero como soldado y después como suboficial de las SS, la
organización paramilitar nazi. En el campo de concentración y exterminio
murieron asesinadas 1,3 millones de personas mientras Lipschis, que hoy
tiene 93 años, atendía según dice los pucheros en la cantina de los
guardias entre 1941 y 1944. Militó en la Tercera División Blindada de
las SS, célebre por la calavera que lucía en su insignia y por su
implicación en numerosos crímenes de guerra. Al principio, la división
se formó con guardias de campos de concentración y exterminio. Sus
efectivos eran alemanes por nacionalidad o, de acuerdo con el catálogo
racista nazi, por “etnia”. Este sería el caso de Lipschis.
Nació en 1919 en Kretinga, Lituania. Su carnet de las SS lo acredita como volksdeutscher, extranjero de ascendencia alemana. También como “panadero” de profesión. Pero, aunque registra sus dos promociones a cabo y a cabo primero, no dice qué hacía en el campo. Fue deportado a Alemania desde Estados Unidos en 1983 por haber pertenecido a las SS. Desde entonces vive tranquilamente en Aalen, una localidad de 65.000 habitantes al sur del país.
Los fiscales de Stuttgart abrieron ayer una investigación contra el nonagenario por sus actividades durante sus años en Auschwitz. Hace unas semanas que el Centro Simon Wiesenthal de Los Ángeles introdujo su nombre en la lista de criminales de guerra nazis más buscados. Ocupa el cuarto puesto.
Un grupo de reporteros del diario Die Welt rastrearon la pista y se presentaron en su casa, que describen como un edificio de dos pisos típico de las colonias residenciales de los años cincuenta: recoleto, limpio, austero y sin apenas más adornos que la vegetación o, ya dentro, un cuadro con una oración evangélica. Contó a Die Welt que en Auschwitz solo fue cocinero y que no presenció “nada” en el epicentro del Holocausto. ¿No vio nada de todo aquello? “Ver no, pero oír sí”. No permaneció en Auschwitz hasta el final, pero tampoco recuerda cuándo lo enviaron al frente de la II Guerra Mundial. Ni en qué división luchó. “Se me ha olvidado”, alega.
Los alemanes entraron en Kretinga en el verano 1941. Lipschis se llamaba entonces Antanas Lipsys. En el mismo mes, los soldados detuvieron a los judíos de la región, unos 250, y asesinaron a 214 de ellos. Según atestigua su hoja de servicios, Lipschis estaba en Auschwitz como soldado de las SS ya en octubre. Es una ficha verde impresa, cumplimentada con una máquina de escribir que tiene entre sus tipos la runa doble de las SS. Dos años más tarde, Lipschis obtuvo el pasaporte del Reich alemán. Cuenta que le obligaron a inscribirse, que no tuvo opción, que era joven y que le decían: “Haz esto, haz lo otro”. Después de cocinar en Auschwitz, le tocó pelear el frente ruso. Cuenta. Pero a menudo, el cometido de las divisiones más sanguinarias de las SS no era tanto la lucha como la aniquilación ejemplarizante de desertores y sediciosos hasta el último día de la guerra. Después se instaló en la República Federal de Alemania.
Viajó a Estados Unidos en 1956 y vivió 26 años allí sin que nadie lo importunara. Tiene una hija en Chicago. Trabajó en la fábrica de guitarras Harmony, una marca legendaria usada por estrellas como Elvis. Die Welt se pregunta si Bob Dylan habrá tocado una Harmony hecha por el suboficial de las SS Lipschis. La investigación contra el cabo primero ha sido posible gracias a la condena a John Demjanjuk en 2011. Aunque no había pruebas de crímenes concretos, los jueces consideraron que su documentado servicio como guarda en el campo de exterminio de Sobibor basta para condenarlo por complicidad con decenas de miles de asesinatos.
La Suprema Corte echó a la Jueza Mota y tipificó como "delitos comunes" los crímenes de lesa humanidad, habiendo llevado a cabo un trabajo por encargo violando así la praxis internacional en la materia: QUE SE VAYA LA CORTE!
Fallos disímiles sobre la 18331
Algo que está fallando
23.04.2013 20:27
El juez Juan Carlos Fernández Lecchini rechazó este martes el pedido de la defensa de Ricardo Zabala para archivar el caso del maestro Julio Castro. Este es el tercer fallo, luego de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18831, por parte de la SCJ.
El juez Juan Carlos Fernández Lecchini no dio lugar al pedido de archivo de la causa que investiga el secuestro y el asesinato del maestro Julio Castro, tal como había pedido el abogado Bernardo Gzech, que defiende al policía retirado Ricardo Zabala.
El juez Lecchini consideró que el plazo de prescripción “no ha terminado” pero al contrario del fallo de la Dra. Beatriz Larreau, que consideró el caso que estudiaba como un delito de lesa humanidad, Lecchini entiende que no es necesario ni determinar si se trata de un delito común o no, ni considerar si los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los jueces nacionales o no, tal como sostiene la SCJ.
Para Lecchini el caso debe seguir adelante por el hecho de que la Ley de Caducidad, cuando estuvo vigente en su cabalidad, impidió las investigaciones y el plazo de prescripción no corrió.
“Entre los años 1985 y 2005 el Estado no pudo enjuiciar los delitos cometidos durante el proceso cívico militar porque aún conservaba la fuerza para trabar los procesos o impedir que se iniciaran (. . .) Luego del 1º de marzo de 2005 el gobierno sí fue capaz de disponer el enjuiciamiento de los crímenes del proceso”, señaló el juez considerando que recién en ese momento comenzaron a correr los plazos de prescripción.
“Durante el período 1985-2005 los fiscales no pudieron ejercer su pretensión punitiva en relación a los delitos cometidos en dictadura. Las víctimas no tuvieron acceso a la justicia en aquellos años. El Estado no pudo, entre 1985 y 2005, investigar ni castigar estos hechos. Porque una fuerza superior, superviviente, lo impedía. En ese lapso, el plazo de prescripción no corrió: agere non valenti non currit praescriptio. A partir del 1 de marzo de 2005 sí, cobraron vigor las ideas que ya los romanos tenían arraigadas y que concretaron en sus dogmas jurídicos: los beneficios no se obtienen por la fuerza; ceda la espada ante la toga: beneficia non 0btrunduntur; cedant arma togae”, señala la resolución del juez que ahora pasará al Tribunal de Apelaciones.
El caso de Norma Cedrés
El caso de Norma Cedrés es otro de los casos en los que se falló en el mismo sentido, el de continuar las investigaciones pese a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18331 que anula algunos artículos de la ley de caducidad-refrendada en dos oportunidades por consulta popular- y declara la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura.
En ese caso, la Dra. Beatriz Larrieu, quien sustituyó a la jueza Mariana Mota en el juzgado penal de 7º turno, decidió no hacer lugar al pedido de la Dra. Graciela Figueredo por el eventual homicidio de la militante comunista Norma Cedrés, quien se habría suicidado en el penal de Punta Rieles. Figueredo había presentado el recurso el 21 de febrero pasado, considerando que si el hecho hubiera ocurrido en 1978 y el plazo de prescripción comenzara a correr desde el 1º de marzo de 1985, hubiese prescripto en marzo de 2005.
Sin embargo para la Dra. Larrieu los eventuales delitos vinculados a la muerte de Norma Cedrés son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. En el fallo, la doctora señala que el concepto de delitos de lesa humanidad-el delito en nuestro país se creó en 2006- "se retrotrae a la Carta del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, siendo posteriormente recogido por todo el ordenamiento jurídicointernacional y el derecho interno de nuestro país".
La militantes comunista Norma Cedrés nació el 9 de setiembre de 1931 y fue detenida el 22 de octubre de 1975 en el marco de la llamada Operación Morgan, un gran operativo contra los integrantes del Partido Comunista. Cuando fue detenida era viuda, padecía una patología psiquiátrica y tenía un hijo de ocho años, de nombre José, a su cargo al que no le dejaron ver. Fue recluida en el penal de Punta de Rieles, en donde intentó suicidarse en varias oportunidades. Falleció en el Hospital Miliar el 16 de enero de 1978
La resolución de la jueza Fanny Canesa
En otra resolución sobre un pedido de archivo en un caso sobre violaciones a los DDHH durante la dictadura, la jueza Fanny Canesa, de penal 6º decidió hacer lugar por entender que el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declara inconstitucional la ley 18331 quita el obstáculo que tenía la prescripción y da lugar a ella.
“La Prescripción de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117 del Código Penal es una causa de extinción del delito, que opera por el simple transcurso del tiempo. En consecuencia, transcurrido el término establecido en dicho cuerpo normativo, se extingue cualquier delito que pudieran eventualmente constituir los hechos investigados”, señala la resolución de la Dra. Canessa que mantuvo en reserva de qué caso se trata.
”Según el inciso 1º, literal a) del mencionado art. 117 C.P. el plazo máximo de prescripción es de 20 años, el cual, de entenderse que se configura la hipótesis prevista en el art. 123 se puede elevar en un tercio, por lo que se alcanzarían los 26 años y 8 meses como máximo posible”, añade el documento.
Canessa había negado un pedido de clausura por esta causa en febrero de 2012, por considerar que lo impedía la ley 18331. “norma que como todas las leyes, se presumía constitucional, en tanto la Suprema Corte de Justicia no declarara su inconstitucionalidad”.
Al declarar la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia Nº 186 de fecha de fecha 13 de marzo de 2013, la inconstitucionalidad de los arts. 2º y 3º de la Ley 18.831 y declararlos inaplicables en el caso concreto, se ha removido el obstáculo antes mencionado y corresponde al entender de la proveyente, amparar la defensa de prescripción oportunamente invocada. A criterio de la Sede, ésa es la única solución legal posible en este caso, ante la referida declaración de inconstitucionalidad y a ella habrá de estar. Aún admitiendo que el plazo de prescripción, haya comenzado a correr recién con el advenimiento del régimen constitucional democrático, el 1º de marzo de 1985, el plazo máximo de prescripción al que aludimos anteriormente se cumplió el 1º de noviembre de 2011”.
La jueza Canessa señaló que no desconoce la existencia de otros fallos en sentido distinto, atendiendo a la resolución de la Corte Interamericana de DDHH que llamó a eliminar todo obstáculo para las investigaciones judiciales.
Pero no obstante, la Suprema Corte ha sostenido reiteradamente, revalidando conceptos vertidos por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno: “El principio de legalidad penal, comprende una doble garantía: por un lado, una garantía referente a la necesidad de una predeterminación normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa, dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora; y por otro lado, una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que ostente rango de Ley. La jerarquía constitucional del principio de legalidad formal significa que, la única fuente de producción de la ley penal en el sistema patrio, son los órganos constitucionalmente habilitados, y la única ley penal, es la ley formal de ellos emanada, conforme al procedimiento establecido por la propia Constitución. Esta solución no admite que la doctrina, la jurisprudencia o la costumbre nacional o internacional, puedan habilitar el poder punitivo del Estado”, señala el documento.
En cuanto a la tipificación de lesa humanidad, Canesa sostiene que la Constitución prohíbe procesar por un delito que no existía en el momento en que fue cometido: “ Por la vía de declarar que delitos cometidos antes del año 1985 son “crímenes de lesa humanidad”, la Ley No. 18.831 aplica a hechos acaecidos antes de 1985 una ley penal que no existía en ese período, lo que la Constitución prohíbe.
”La evolución legislativa en nuestro país de la tipificación de los “crímenes de lesa humanidad” muestra que su incorporación es muy posterior a la fecha de comisión de los delitos contemplados en la Ley No. 15.848, y se inicia recién a partir del año 2001: La “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968, fue aprobada por la Ley No. 17.347 (fecha de promulgación: 13 de junio de 2001). En el año 2002 la Ley No. 17.510 aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito en Roma el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000 (fecha de promulgación: 27 de junio de 2002). En el año 2006 la Ley No. 18.026 establece en su Título II una serie de crímenes considerados de Lesa Humanidad y consagra su imprescriptibilidad, fecha de promulgación: 25 de setiembre de 2006”, sostiene Canessa.
Montevideo Portal
Documentos asociados:
resoluc_cedres_ddhh_jueza_
resoluc_16-04-13_ley18831_
resoluc_no_archivo_ddhh_julio_
La SCJ ha demostrado su incapacidad, ignorancia y servilismo. Debe de irse.
Zabala, quien participó de la detención de
Castro, está en prisión desde marzo de 2012. Su abogado, Bernardo Gzech,
planteó ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la
ley que amplió la prescripción de los crímenes cometidos por policías y
militares durante la dictadura.
La Corporación declaró inconstitucional esa norma, y en base a esa sentencia el abogado solicitó la clausura del expediente y la liberación de Zabala.
Sin embargo, el juez Fernández Lecchini, en una resolución que notificó a las partes en las últimas horas, desestimó el pedido de la defensa por lo que la investigación por el homicidio de Castro seguirá su curso.
El juez sostiene que el caso no prescribió porque, a su juicio, "entre los años 1985 y 2005 el Estado no pudo enjuiciar los delitos cometidos durante el proceso cívico militar porque éste aun conservaba la fuerza para trabar los procesos o impedir que se iniciaran", explica en su resolución a la que accedió El País.
Según la tesis de Fernández Lecchini, los plazos de prescripción de estos casos deben computarse desde el 1° de marzo de 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, ya que las administraciones anteriores no habilitaron las indagatorias.
Por eso, el juez afirma que es "innecesario" determinar si los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura son o no de lesa humanidad y por tanto. Asimismo, es "innecesario dilucidar" si la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Claudia García de Gelman (por la cual se condenó al Estado uruguayo en 2011) es obligatoria o no para los jueces uruguayos.
Castro, de 68 años, fue detenido en la vía pública en agosto de 1977. Fue trasladado a un centro de detención clandestino donde fue asesinado. Sus restos fueron hallados en un predio militar a fines de 2011.
Grupo de denunciantes en espera en la Seccional 4ª de Montevideo. (archivo, octubre de 2011) Foto: Javier Calvelo
por Casapueblos
Nació en 1919 en Kretinga, Lituania. Su carnet de las SS lo acredita como volksdeutscher, extranjero de ascendencia alemana. También como “panadero” de profesión. Pero, aunque registra sus dos promociones a cabo y a cabo primero, no dice qué hacía en el campo. Fue deportado a Alemania desde Estados Unidos en 1983 por haber pertenecido a las SS. Desde entonces vive tranquilamente en Aalen, una localidad de 65.000 habitantes al sur del país.
Los fiscales de Stuttgart abrieron ayer una investigación contra el nonagenario por sus actividades durante sus años en Auschwitz. Hace unas semanas que el Centro Simon Wiesenthal de Los Ángeles introdujo su nombre en la lista de criminales de guerra nazis más buscados. Ocupa el cuarto puesto.
Un grupo de reporteros del diario Die Welt rastrearon la pista y se presentaron en su casa, que describen como un edificio de dos pisos típico de las colonias residenciales de los años cincuenta: recoleto, limpio, austero y sin apenas más adornos que la vegetación o, ya dentro, un cuadro con una oración evangélica. Contó a Die Welt que en Auschwitz solo fue cocinero y que no presenció “nada” en el epicentro del Holocausto. ¿No vio nada de todo aquello? “Ver no, pero oír sí”. No permaneció en Auschwitz hasta el final, pero tampoco recuerda cuándo lo enviaron al frente de la II Guerra Mundial. Ni en qué división luchó. “Se me ha olvidado”, alega.
Los alemanes entraron en Kretinga en el verano 1941. Lipschis se llamaba entonces Antanas Lipsys. En el mismo mes, los soldados detuvieron a los judíos de la región, unos 250, y asesinaron a 214 de ellos. Según atestigua su hoja de servicios, Lipschis estaba en Auschwitz como soldado de las SS ya en octubre. Es una ficha verde impresa, cumplimentada con una máquina de escribir que tiene entre sus tipos la runa doble de las SS. Dos años más tarde, Lipschis obtuvo el pasaporte del Reich alemán. Cuenta que le obligaron a inscribirse, que no tuvo opción, que era joven y que le decían: “Haz esto, haz lo otro”. Después de cocinar en Auschwitz, le tocó pelear el frente ruso. Cuenta. Pero a menudo, el cometido de las divisiones más sanguinarias de las SS no era tanto la lucha como la aniquilación ejemplarizante de desertores y sediciosos hasta el último día de la guerra. Después se instaló en la República Federal de Alemania.
Viajó a Estados Unidos en 1956 y vivió 26 años allí sin que nadie lo importunara. Tiene una hija en Chicago. Trabajó en la fábrica de guitarras Harmony, una marca legendaria usada por estrellas como Elvis. Die Welt se pregunta si Bob Dylan habrá tocado una Harmony hecha por el suboficial de las SS Lipschis. La investigación contra el cabo primero ha sido posible gracias a la condena a John Demjanjuk en 2011. Aunque no había pruebas de crímenes concretos, los jueces consideraron que su documentado servicio como guarda en el campo de exterminio de Sobibor basta para condenarlo por complicidad con decenas de miles de asesinatos.
La Suprema Corte echó a la Jueza Mota y tipificó como "delitos comunes" los crímenes de lesa humanidad, habiendo llevado a cabo un trabajo por encargo violando así la praxis internacional en la materia: QUE SE VAYA LA CORTE!
Fallos disímiles sobre la 18331
Algo que está fallando
23.04.2013 20:27
El juez Juan Carlos Fernández Lecchini rechazó este martes el pedido de la defensa de Ricardo Zabala para archivar el caso del maestro Julio Castro. Este es el tercer fallo, luego de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18831, por parte de la SCJ.
El juez Juan Carlos Fernández Lecchini no dio lugar al pedido de archivo de la causa que investiga el secuestro y el asesinato del maestro Julio Castro, tal como había pedido el abogado Bernardo Gzech, que defiende al policía retirado Ricardo Zabala.
El juez Lecchini consideró que el plazo de prescripción “no ha terminado” pero al contrario del fallo de la Dra. Beatriz Larreau, que consideró el caso que estudiaba como un delito de lesa humanidad, Lecchini entiende que no es necesario ni determinar si se trata de un delito común o no, ni considerar si los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los jueces nacionales o no, tal como sostiene la SCJ.
Para Lecchini el caso debe seguir adelante por el hecho de que la Ley de Caducidad, cuando estuvo vigente en su cabalidad, impidió las investigaciones y el plazo de prescripción no corrió.
“Entre los años 1985 y 2005 el Estado no pudo enjuiciar los delitos cometidos durante el proceso cívico militar porque aún conservaba la fuerza para trabar los procesos o impedir que se iniciaran (. . .) Luego del 1º de marzo de 2005 el gobierno sí fue capaz de disponer el enjuiciamiento de los crímenes del proceso”, señaló el juez considerando que recién en ese momento comenzaron a correr los plazos de prescripción.
“Durante el período 1985-2005 los fiscales no pudieron ejercer su pretensión punitiva en relación a los delitos cometidos en dictadura. Las víctimas no tuvieron acceso a la justicia en aquellos años. El Estado no pudo, entre 1985 y 2005, investigar ni castigar estos hechos. Porque una fuerza superior, superviviente, lo impedía. En ese lapso, el plazo de prescripción no corrió: agere non valenti non currit praescriptio. A partir del 1 de marzo de 2005 sí, cobraron vigor las ideas que ya los romanos tenían arraigadas y que concretaron en sus dogmas jurídicos: los beneficios no se obtienen por la fuerza; ceda la espada ante la toga: beneficia non 0btrunduntur; cedant arma togae”, señala la resolución del juez que ahora pasará al Tribunal de Apelaciones.
El caso de Norma Cedrés
El caso de Norma Cedrés es otro de los casos en los que se falló en el mismo sentido, el de continuar las investigaciones pese a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18331 que anula algunos artículos de la ley de caducidad-refrendada en dos oportunidades por consulta popular- y declara la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura.
En ese caso, la Dra. Beatriz Larrieu, quien sustituyó a la jueza Mariana Mota en el juzgado penal de 7º turno, decidió no hacer lugar al pedido de la Dra. Graciela Figueredo por el eventual homicidio de la militante comunista Norma Cedrés, quien se habría suicidado en el penal de Punta Rieles. Figueredo había presentado el recurso el 21 de febrero pasado, considerando que si el hecho hubiera ocurrido en 1978 y el plazo de prescripción comenzara a correr desde el 1º de marzo de 1985, hubiese prescripto en marzo de 2005.
Sin embargo para la Dra. Larrieu los eventuales delitos vinculados a la muerte de Norma Cedrés son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. En el fallo, la doctora señala que el concepto de delitos de lesa humanidad-el delito en nuestro país se creó en 2006- "se retrotrae a la Carta del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, siendo posteriormente recogido por todo el ordenamiento jurídicointernacional y el derecho interno de nuestro país".
La militantes comunista Norma Cedrés nació el 9 de setiembre de 1931 y fue detenida el 22 de octubre de 1975 en el marco de la llamada Operación Morgan, un gran operativo contra los integrantes del Partido Comunista. Cuando fue detenida era viuda, padecía una patología psiquiátrica y tenía un hijo de ocho años, de nombre José, a su cargo al que no le dejaron ver. Fue recluida en el penal de Punta de Rieles, en donde intentó suicidarse en varias oportunidades. Falleció en el Hospital Miliar el 16 de enero de 1978
La resolución de la jueza Fanny Canesa
En otra resolución sobre un pedido de archivo en un caso sobre violaciones a los DDHH durante la dictadura, la jueza Fanny Canesa, de penal 6º decidió hacer lugar por entender que el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declara inconstitucional la ley 18331 quita el obstáculo que tenía la prescripción y da lugar a ella.
“La Prescripción de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117 del Código Penal es una causa de extinción del delito, que opera por el simple transcurso del tiempo. En consecuencia, transcurrido el término establecido en dicho cuerpo normativo, se extingue cualquier delito que pudieran eventualmente constituir los hechos investigados”, señala la resolución de la Dra. Canessa que mantuvo en reserva de qué caso se trata.
”Según el inciso 1º, literal a) del mencionado art. 117 C.P. el plazo máximo de prescripción es de 20 años, el cual, de entenderse que se configura la hipótesis prevista en el art. 123 se puede elevar en un tercio, por lo que se alcanzarían los 26 años y 8 meses como máximo posible”, añade el documento.
Canessa había negado un pedido de clausura por esta causa en febrero de 2012, por considerar que lo impedía la ley 18331. “norma que como todas las leyes, se presumía constitucional, en tanto la Suprema Corte de Justicia no declarara su inconstitucionalidad”.
Al declarar la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia Nº 186 de fecha de fecha 13 de marzo de 2013, la inconstitucionalidad de los arts. 2º y 3º de la Ley 18.831 y declararlos inaplicables en el caso concreto, se ha removido el obstáculo antes mencionado y corresponde al entender de la proveyente, amparar la defensa de prescripción oportunamente invocada. A criterio de la Sede, ésa es la única solución legal posible en este caso, ante la referida declaración de inconstitucionalidad y a ella habrá de estar. Aún admitiendo que el plazo de prescripción, haya comenzado a correr recién con el advenimiento del régimen constitucional democrático, el 1º de marzo de 1985, el plazo máximo de prescripción al que aludimos anteriormente se cumplió el 1º de noviembre de 2011”.
La jueza Canessa señaló que no desconoce la existencia de otros fallos en sentido distinto, atendiendo a la resolución de la Corte Interamericana de DDHH que llamó a eliminar todo obstáculo para las investigaciones judiciales.
Pero no obstante, la Suprema Corte ha sostenido reiteradamente, revalidando conceptos vertidos por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno: “El principio de legalidad penal, comprende una doble garantía: por un lado, una garantía referente a la necesidad de una predeterminación normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa, dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora; y por otro lado, una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que ostente rango de Ley. La jerarquía constitucional del principio de legalidad formal significa que, la única fuente de producción de la ley penal en el sistema patrio, son los órganos constitucionalmente habilitados, y la única ley penal, es la ley formal de ellos emanada, conforme al procedimiento establecido por la propia Constitución. Esta solución no admite que la doctrina, la jurisprudencia o la costumbre nacional o internacional, puedan habilitar el poder punitivo del Estado”, señala el documento.
En cuanto a la tipificación de lesa humanidad, Canesa sostiene que la Constitución prohíbe procesar por un delito que no existía en el momento en que fue cometido: “ Por la vía de declarar que delitos cometidos antes del año 1985 son “crímenes de lesa humanidad”, la Ley No. 18.831 aplica a hechos acaecidos antes de 1985 una ley penal que no existía en ese período, lo que la Constitución prohíbe.
”La evolución legislativa en nuestro país de la tipificación de los “crímenes de lesa humanidad” muestra que su incorporación es muy posterior a la fecha de comisión de los delitos contemplados en la Ley No. 15.848, y se inicia recién a partir del año 2001: La “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968, fue aprobada por la Ley No. 17.347 (fecha de promulgación: 13 de junio de 2001). En el año 2002 la Ley No. 17.510 aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito en Roma el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000 (fecha de promulgación: 27 de junio de 2002). En el año 2006 la Ley No. 18.026 establece en su Título II una serie de crímenes considerados de Lesa Humanidad y consagra su imprescriptibilidad, fecha de promulgación: 25 de setiembre de 2006”, sostiene Canessa.
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Documentos asociados:
resoluc_cedres_ddhh_jueza_
resoluc_16-04-13_ley18831_
resoluc_no_archivo_ddhh_julio_
La SCJ ha demostrado su incapacidad, ignorancia y servilismo. Debe de irse.
Prescripción se computa desde 2005, dice el juez
Rechazan archivo del caso Castro
El juez penal Juan Carlos Fernández
Lecchini desestimó el pedido de clausura de la investigación por el
homicidio del maestro Julio Castro, registrado en agosto de 1977, que
había formulado la defensa del ex policía Ricardo Zabala, único
procesado por ese caso.
La Corporación declaró inconstitucional esa norma, y en base a esa sentencia el abogado solicitó la clausura del expediente y la liberación de Zabala.
Sin embargo, el juez Fernández Lecchini, en una resolución que notificó a las partes en las últimas horas, desestimó el pedido de la defensa por lo que la investigación por el homicidio de Castro seguirá su curso.
El juez sostiene que el caso no prescribió porque, a su juicio, "entre los años 1985 y 2005 el Estado no pudo enjuiciar los delitos cometidos durante el proceso cívico militar porque éste aun conservaba la fuerza para trabar los procesos o impedir que se iniciaran", explica en su resolución a la que accedió El País.
Según la tesis de Fernández Lecchini, los plazos de prescripción de estos casos deben computarse desde el 1° de marzo de 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, ya que las administraciones anteriores no habilitaron las indagatorias.
Por eso, el juez afirma que es "innecesario" determinar si los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura son o no de lesa humanidad y por tanto. Asimismo, es "innecesario dilucidar" si la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Claudia García de Gelman (por la cual se condenó al Estado uruguayo en 2011) es obligatoria o no para los jueces uruguayos.
Castro, de 68 años, fue detenido en la vía pública en agosto de 1977. Fue trasladado a un centro de detención clandestino donde fue asesinado. Sus restos fueron hallados en un predio militar a fines de 2011.
LA DRA. MERIALDO, JUEZA DE OPERACIONES ESPECIALES (JOE), tomado de La Diaria por J. Zabalza
La jueza que desearía vivir en dictadura para darse el gusto de enviar al D.O.E. a tupamaros, comunistas y demás subversivos para que los interrogaran como dios manda. J.ZabalzaGrupo de denunciantes en espera en la Seccional 4ª de Montevideo. (archivo, octubre de 2011) Foto: Javier Calvelo
Operaciones especiales
Colectivo que presentó denuncias masivas en 2011 acusa a jueza Merialdo por citaciones e interrogatorios irregulares del DOE.
El
15 octubre de 2011 se presentaron más de 120 denuncias por violaciones a
los derechos humanos durante la dictadura en distintas comisarías de
Canelones, Maldonado, Montevideo y San José. Ese día, una de las juezas
que estaban de turno era Gabriela Merialdo, la misma que está a cargo de
la investigación de los sucesos ocurridos en febrero, cuando un grupo
de manifestantes ingresó al edificio de la Suprema Corte de Justicia en
protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota (ver http://ladiaria.com.uy/ACHj).
Tras conocerse la semana pasada que por esa causa varias personas, entre ellas periodistas, fueron citadas para ser interrogadas por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía (DOE), el Colectivo de Denunciantes dio a conocer un comunicado público para expresar que Merialdo “dispuso que todos los expedientes” de las denuncias presentadas “fueran remitidos al DOE” y que esa decisión no sólo “demoró durante un año el pase a juzgados competentes de las denuncias”, sino que también “implicó que cada denunciante tuviera que pasar por un interrogatorio” en esa unidad policial. Más de un centenar de denunciantes fueron interrogados en la propia sede el DOE, donde se les preguntó “quiénes organizaron las denuncias, si pertenecían a grupos políticos o sociales, si recibían o pretendían recibir beneficios económicos, si tenían antecedentes penales, e incluso quién los trasladó hasta la comisaría donde se efectuó la denuncia”, agrega el texto.
Se denuncia además que hubo varias irregularidades en las convocatorias, como por ejemplo el caso de “un joven denunciante al que se le mostraron sus antecedentes de cuando era menor de edad”, y al que también se le cuestionó “la validez de su denuncia por las torturas que padeció su padre, ya que una investigación de la página En Voz Alta lo acusa de asesino”. En otros casos se “presionó” a denunciantes para que “desistieran de ratificar la denuncia de distintas formas”, agrega el comunicado. Los denunciantes informan que conservan “actas de esas declaraciones y de las preguntas realizadas por el DOE” y que por este tema mantuvieron una entrevista con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie van Rompaey, para expresarle “preocupación”. En ese encuentro “quedó claro que el procedimiento de la jueza Merialdo y el DOE eran atípicos”, aunque Van Rompaey “recordó su máximo respeto a la independencia de cada juez”, agregan.
Los denunciantes desconocen si los interrogatorios realizados por el DOE forman parte de los expedientes judiciales actuales. El comunicado finaliza diciendo que “hay sectores que no sólo buscan perpetuar la impunidad sino que también buscan reavivar los fantasmas del terror y la persecución en quienes han sido sus víctimas” y que frente a esa situación “es grave que quienes hoy tienen responsabilidades de gobierno planteen un discurso confuso y ambivalente, de más contramarchas que pasos adelante, hipotecando las mejores posibilidades de nuestro país para un real fortalecimiento democrático”.
Tras conocerse la semana pasada que por esa causa varias personas, entre ellas periodistas, fueron citadas para ser interrogadas por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía (DOE), el Colectivo de Denunciantes dio a conocer un comunicado público para expresar que Merialdo “dispuso que todos los expedientes” de las denuncias presentadas “fueran remitidos al DOE” y que esa decisión no sólo “demoró durante un año el pase a juzgados competentes de las denuncias”, sino que también “implicó que cada denunciante tuviera que pasar por un interrogatorio” en esa unidad policial. Más de un centenar de denunciantes fueron interrogados en la propia sede el DOE, donde se les preguntó “quiénes organizaron las denuncias, si pertenecían a grupos políticos o sociales, si recibían o pretendían recibir beneficios económicos, si tenían antecedentes penales, e incluso quién los trasladó hasta la comisaría donde se efectuó la denuncia”, agrega el texto.
Se denuncia además que hubo varias irregularidades en las convocatorias, como por ejemplo el caso de “un joven denunciante al que se le mostraron sus antecedentes de cuando era menor de edad”, y al que también se le cuestionó “la validez de su denuncia por las torturas que padeció su padre, ya que una investigación de la página En Voz Alta lo acusa de asesino”. En otros casos se “presionó” a denunciantes para que “desistieran de ratificar la denuncia de distintas formas”, agrega el comunicado. Los denunciantes informan que conservan “actas de esas declaraciones y de las preguntas realizadas por el DOE” y que por este tema mantuvieron una entrevista con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie van Rompaey, para expresarle “preocupación”. En ese encuentro “quedó claro que el procedimiento de la jueza Merialdo y el DOE eran atípicos”, aunque Van Rompaey “recordó su máximo respeto a la independencia de cada juez”, agregan.
Haciendo cosas raras
Los procedimientos del DOE fueron similares a los denunciados la semana pasada. Las citas fueron realizadas telefónicamente y por personal que se identificaba como de esa dependencia policial. En los interrogatorios los policías demostraron manejar abundante información personal sobre los interrogados: historia familiar, antecedentes y otros datos. Sin embargo, hay una diferencia que los denunciantes destacan en los interrogatorios por el caso de las protestas en la SCJ: “Se trata de personas que están siendo investigadas como indagados, pero nosotros somos los denunciantes”, explicó Mariana Risso, una de las personas interrogadas por el DOE. “¿A los acusados en estas denuncias, se les va a hacer el mismo interrogatorio?”, pregunta Risso. Actualmente las denuncias fueron derivadas a diferentes juzgados. Por ejemplo, unas 30 están en manos de la jueza Beatriz Larrieu, que sustituyó a Mota, y los casos que sucedieron en el penal de Libertad fueron derivados al juzgado de esa ciudad.Los denunciantes desconocen si los interrogatorios realizados por el DOE forman parte de los expedientes judiciales actuales. El comunicado finaliza diciendo que “hay sectores que no sólo buscan perpetuar la impunidad sino que también buscan reavivar los fantasmas del terror y la persecución en quienes han sido sus víctimas” y que frente a esa situación “es grave que quienes hoy tienen responsabilidades de gobierno planteen un discurso confuso y ambivalente, de más contramarchas que pasos adelante, hipotecando las mejores posibilidades de nuestro país para un real fortalecimiento democrático”.
Ejemplos y más ejemplos...vendrán más
Cuestión de tiempo
Juez Fernández Lecchini rechazó excarcelación de policía procesado por homicidio de Julio Castro.
Con
argumentos distintos a los de la fiscal María Camiño, el juez letrado
en lo penal de 1º turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, rechazó ayer el
pedido de libertad que formuló la defensa del ex policía Ricardo
Zabala, procesado como cómplice del homicidio muy especialmente agravado
del maestro Julio Castro, en 1977.
El abogado de Zabala, Bernardo Gzech, solicitó la liberación del ex policía amparándose en la sentencia de inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad, dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) este año. Argumentó que el crimen estaba prescripto. La fiscal del caso, María Camiño, dictaminó el 8 de abril que no correspondía la excarcelación, porque el homicidio de Castro es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible.
Ayer el juez también rechazó la liberación, aunque por diferentes motivos. Opinó que el plazo para la prescripción de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 "por funcionarios militares y policiales, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto" debe empezar a contarse a partir del 1º de marzo de 2005. El juez entiende que ni durante la dictadura ni entre 1985 y 2005 hubo posibilidad de juzgar estos crímenes. "Recién en esa fecha [en 2005] el país tuvo un gobierno que habilitó la investigación de este tipo de hechos", argumentó.
Consideró que la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848) "en un sentido determinado" resultó en "la imposibilidad de que las víctimas pudieran reclamar acceso a la Justicia, en la imposibilidad de los fiscales de ejercer su titularidad de la pretensión punitiva, en la imposibilidad de los jueces de investigar y de imputar tipos penales a las conductas denunciadas".
Fernández Lecchini también realizó en su pronunciamiento una valoración de las causas por las cuales no se pudo, entre 1985 y 2005, investigar y enjuiciar a los responsables de los delitos cometidos en dictadura. Interpretó que los militares "aún conservaban la fuerza para trabar los procesos o impedir que se iniciaran", y que el Estado no pudo investigar ni castigar estos hechos porque "una fuerza superior, superviviente, lo impedía".
El juez evitó pronunciarse sobre si los delitos cometidos durante la dictadura deben considerarse de lesa humanidad, por entenderlo "innecesario" para resolver sobre el recurso presentado por la defensa de Zabala. Por el mismo motivo, no quiso dar su opinión respecto de la eventual obligatoriedad que tendría para los jueces nacionales el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
Finalmente, el juez concluyó que no corresponde aplicar la prescripción. Si el plazo empieza a regir a partir de 2005, transcurrieron ocho años, y en el caso de Zabala, el delito prescribiría a los 20 años.
Julio Castro, nacido en Florida, educador y periodista, fue secuestrado en agosto de 1977 por la dictadura cívico-militar, con 69 años. Según el informe de la Comisión para la Paz, sus restos habían sido incinerados y tirados al río de la Plata. Sin embargo, fueron hallados en octubre de 2011 en el Batallón Nº 14 de Toledo. El hallazgo permitió confirmar también que Castro fue asesinado de un disparo en la cabeza. La abogada de la parte denunciante, Rosario Fernández, evaluó "positivamente" el pronunciamiento del magistrado y consideró que su interpretación respecto de los plazos de la prescripción "abre una puerta totalmente distinta en términos de tiempo". La defensa de Zabala ya había anunciado que iba a apelar si el fallo resultaba negativo a sus intereses.
El abogado de Zabala, Bernardo Gzech, solicitó la liberación del ex policía amparándose en la sentencia de inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad, dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) este año. Argumentó que el crimen estaba prescripto. La fiscal del caso, María Camiño, dictaminó el 8 de abril que no correspondía la excarcelación, porque el homicidio de Castro es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible.
Ayer el juez también rechazó la liberación, aunque por diferentes motivos. Opinó que el plazo para la prescripción de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 "por funcionarios militares y policiales, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto" debe empezar a contarse a partir del 1º de marzo de 2005. El juez entiende que ni durante la dictadura ni entre 1985 y 2005 hubo posibilidad de juzgar estos crímenes. "Recién en esa fecha [en 2005] el país tuvo un gobierno que habilitó la investigación de este tipo de hechos", argumentó.
Consideró que la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848) "en un sentido determinado" resultó en "la imposibilidad de que las víctimas pudieran reclamar acceso a la Justicia, en la imposibilidad de los fiscales de ejercer su titularidad de la pretensión punitiva, en la imposibilidad de los jueces de investigar y de imputar tipos penales a las conductas denunciadas".
Fernández Lecchini también realizó en su pronunciamiento una valoración de las causas por las cuales no se pudo, entre 1985 y 2005, investigar y enjuiciar a los responsables de los delitos cometidos en dictadura. Interpretó que los militares "aún conservaban la fuerza para trabar los procesos o impedir que se iniciaran", y que el Estado no pudo investigar ni castigar estos hechos porque "una fuerza superior, superviviente, lo impedía".
El juez evitó pronunciarse sobre si los delitos cometidos durante la dictadura deben considerarse de lesa humanidad, por entenderlo "innecesario" para resolver sobre el recurso presentado por la defensa de Zabala. Por el mismo motivo, no quiso dar su opinión respecto de la eventual obligatoriedad que tendría para los jueces nacionales el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
Finalmente, el juez concluyó que no corresponde aplicar la prescripción. Si el plazo empieza a regir a partir de 2005, transcurrieron ocho años, y en el caso de Zabala, el delito prescribiría a los 20 años.
Julio Castro, nacido en Florida, educador y periodista, fue secuestrado en agosto de 1977 por la dictadura cívico-militar, con 69 años. Según el informe de la Comisión para la Paz, sus restos habían sido incinerados y tirados al río de la Plata. Sin embargo, fueron hallados en octubre de 2011 en el Batallón Nº 14 de Toledo. El hallazgo permitió confirmar también que Castro fue asesinado de un disparo en la cabeza. La abogada de la parte denunciante, Rosario Fernández, evaluó "positivamente" el pronunciamiento del magistrado y consideró que su interpretación respecto de los plazos de la prescripción "abre una puerta totalmente distinta en términos de tiempo". La defensa de Zabala ya había anunciado que iba a apelar si el fallo resultaba negativo a sus intereses.
El ejemplo argentino que tanto molestó al Presidente Mujica. Tanto que hizo echar a la Jueza Mota.
Los ejemplos en Alemania, en Argentina,
en Chile, y ahora en Brasil y Guatemala demuestran que VERDAD Y
JUSTICIA sigue abriendo brechas en las murallas de la impunidad. Se comprueba también que lo sostenido por Mujica de qué
"esto se termina cuando estemos todos muertos" en referencia a
militares y opositores que fueron detenidos y torturados cuando la
dictadura y antes también ES COMPLETAMENTE FALSO!! ha sido un burdo
intento de frenar los reclamos de las víctimas del fascismo, así como la exigencia de verdad y justicia de los familiares. La falsedad se ve cada día cuando los judíos y
otras víctimas del nazismo siguen reclamando e investigando, lo mismo
los hijos y los nietos de los asesinados y los desaparecidos por el
franquismo. Ese reclamo NO HA TERMINADO NI NUNCA TERMINARÁ HASTA QUE SE
HAGA JUSTICIA. Y hasta que se sepa el destino de los desaparecidos a los que Mujica ignoró en su "consejo" de "gran filósofo" de la impunidad.
Argentina: Cinco detenciones de represores que actuaron en la ESMA
por Casapueblos
Miércoles, 24 de Abril de 2013 08:26
Detenido el contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari, vicepresidente del Centro Naval, y otros 4 represores.
Noticia de Casapueblos-AEDD
Una pantera que finalmente quedó enjaulada
Una pantera que finalmente quedó enjaulada
El contraalmirante retirado Horacio Luis
Ferrari era conocido como “Pantera” por sus víctimas. Es vicepresidente
del Centro Naval. Fue arrestado junto a otros cuatro represores.
Por Alejandra Dandan
El fastuoso edificio del Centro Naval de
la Armada tendrá una baja. Su vicepresidente, el contraalmirante
retirado Horacio Luis Ferrari, alias Pantera, en la Escuela de Mecánica
de la Armada quedó detenido ayer por disposición del Juzgado federal de
Sergio Torres. Pantera es denunciado por los sobrevivientes desde 1979.
Su apellido figura en una lista de 1978 con 81 condecoraciones que
otorgó el almirante Emilio Massera por los “hechos heroicos y acciones
de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto”. Desde entonces
siguió haciendo carrera en la Marina hasta ascender a contraalmirante en
2008. Hoy está en situación de retiro, internado desde hace algunas
horas en el Hospital Naval por un cuadro de hipertensión. Desde anoche
está detenido en ese espacio bajo la custodia del Servicio Penitenciario
Federal.
El Juzgado ordenó además nueve
detenciones de integrantes de la ex ESMA, de los que quedaron detenidos
hasta anoche cuatro personas. Entre ellos dos marinos que pertenecen a
las imágenes que aportó en la causa Víctor Basterra; un integrante del
Batallón de Inteligencia 601 y un jefe del pelotón de fuego vinculado
con el secuestro de Ramón García Ulloa y Dolores del Pilar Iglesias
Caputo, hoy desaparecidos.
Los procedimientos siguieron los pasos
habituales. El juzgado dio aviso a la Armada de las detenciones para
darles la posibilidad a sus retirados de que se constituyan en calidad
de detenidos. Como habitualmente la Armada no hace esa gestión, durante
el día de ayer se hicieron todos los allanamientos para dar con los
imputados. Fuentes de la investigación indicaban anoche que es posible
que por esa modalidad Ferrari se haya enterado de que iba a quedar
detenido y así se internó en el Hospital Naval. Como el pronóstico
indica que tenía un tratamiento de 48 horas, él no será indagado en el
día de hoy como sucederá con el resto.
Dentro de la ex ESMA, Ferrari era
Pantera o Teniente Ferrari. En 1997 fue nombrado como agregado militar
de la embajada argentina en Chile, en el 2002 designado en el Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas, en 2003 fue nombrado jefe de Inteligencia
Marina y en 2008 ascendió a contraalmirante. Ahora está en situación de
retiro. Para explicar por qué fue ascendido en los últimos años, una
fuente de la investigación indica que “muchos ascendieron porque había
dificultades en las investigaciones, ya que no se podían cruzar alias
con apellidos, dado que no se había empezado a trabajar, como se hace
ahora, con las estructuras”. Las identificaciones para impugnar los
ascensos dependieron en buena medida de las denuncias de los
sobrevivientes. En cuanto a los datos que se fueron conociendo sobre él,
este diario publicó ya en 2009 la relación de este Ferrari con la ESMA.
Indicó que un sobreviviente denunció en 2007 que Ferrari era el
apellido de Pantera, jefe de operaciones del GT 3.3 que reemplazó a
Enrique Yon. Otro sobreviviente mencionó al teniente Ferrari a secas. El
fiscal Eduardo Taiano precisó en su dictamen de 2005 que Pantera era en
1977 teniente de navío. Un año más tarde era teniente de fragata.
Por lo demás, hasta ayer el
contraalmirante retirado no había dejado su lugar en el Centro Naval,
que aunque no es una estructura orgánica de la Armada, funciona con y
para el personal de la Marina y opera como una suerte de mutual donde
realizan actividades diversas, desde rugby o bridge. Ofrecen servicios
de peluquería, sauna, sastrería y ceremonias de las que participaron
Jorge “El Tigre” Acosta o Alfredo Astiz hasta quedar detenidos.
Los otros detenidos son:
- Néstor Carlos Carrillo, alias Cari o
El Salteño. Suboficial de la Armada, integró el sector operativo del GT
3.3.2. Estuvo en la ESMA entre 1979 y 1981. Es una de las fotos sacadas
de la ESMA por el sobreviviente Víctor Basterra.
- Miguel Angel Conde, integrante del
Batallón 601 del Ejército. Funcionó con dos alias: Carames, en
Inteligencia, y Cortez en la ESMA. Varios sobrevivientes lo vieron con
frecuencia dentro de la ESMA. Algunos fueron interrogados por él en ese
centro clandestino y cuando fueron llevados a otros centros de
detención. Según los datos de la causa, una de sus funciones era sacar
parte de la información de los secuestrados en la ESMA.
- Carlos Mario Castelvi, alias Lucas,
teniente de navío, oficial del sector operaciones del GT 3.3.2. Es una
de las fotos de Basterra. Varios sobrevivientes lo ubicaron en
interrogatorios y uno lo situó como el enlace entre la Armada y el
Ejército. En las últimas semanas dos sobrevivientes lo identificaron en
un reconocimiento fotográfico. Su nombre figura además en un listado de
integrantes del GT de la ESMA enunciado por un represor durante su
declaración indagatoria. En 1986 dijo que nunca integró la dotación del
GT. Fue beneficiado con la Ley de Punto Final de ese año.
- Néstor Eduardo Tauro, jefe del pelotón
de fuego de la ESMA. Su intervención en un operativo vinculado con la
desaparición de Ramón García Ulloa y Dolores del Pilar Iglesias quedó
probado a partir de una investigación del área de derechos humanos del
Ministerio de Defensa, a cargo de Stella Segado en los archivos de la
Armada. Las pruebas fueron remitidas a la fiscalía de Taiano y ahora
desembocaron en las detenciones
Campaña para prohibir los "robots asesinos"
Stuart Hughes
BBC
BBC
Martes, 23 de abril de 2013
El Taranis es un avión de combate no tripulado experimental diseñado para atacar objetivos.En respuesta, un grupo de organizaciones intenta tomar medidas preventivas para frenar el desarrollo de estas máquinas, cuyo funcionamiento no necesitaría de la intervención humana.
Armas con cierto grado de autonomía, incluyendo aeronaves no tripuladas –comúnmente conocidas como drones– ya se utilizan en los campos de batalla.
Pero aunque cuentan con funciones automatizadas, necesitan de la intervención humana para seleccionar objetivos y aplicar una fuerza letal.
Según los impulsores de la Campaña para Detener a Robots Asesinos –un esfuerzo global que se lanza este martes– con los constantes avances en tecnología robótica, la posibilidad de crear robots capaces de disparar por su cuenta está mas cerca que nunca.
Argumentan que otorgarle a una máquina el poder de decidir quien vive y quien muere en una guerra implicaría hacer un uso inaceptable de la tecnología, y plantearía un desafío fundamental para la protección de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario.
Las estimaciones sobre el tiempo que podría pasar antes de que estas armas estén disponibles varían, pero los activistas demandan la formulación de un nuevo tratado preventivo que prohíba su desarrollo, producción y uso.
"Repugnante"
"En cuanto la gente se entera de nuestra campaña se une a la causa"
Jody Williams, líder de la campaña
"El público se aterroriza cuando descubre que el desarrollo de este avance tecnológico es una posibilidad real. La gente no quiere que existan robots asesinos por ahí".
"A los seres humanos normales les resulta repugnante", añadió.
Sin embargo, algunos expertos han cuestionado la necesidad de una prohibición, proponiendo que en su lugar se abra un debate sobre las implicaciones legales y éticas de este tipo de armas.
El profesor de robótica Ronald Arkin, del Instituto de Tecnología de Georgia, en EE.UU., le dijo a la BBC: "Lo más importante desde mi punto de vista es que no nos precipitemos a tomar medidas".
"En mi opinión, establecer una moratoria y acordar no hacerlos hasta poder hacerlos bien tiene mucho más sentido que prohibirlos directamente".
"Establecer una moratoria y acordar no hacerlos hasta poder hacerlos bien tiene mucho más sentido que prohibirlos directamente"
Ronald Arkin, profesor de robótica
Las recientes declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido sugieren que no piensan implementar el uso de armas automatizadas en sus combates.
En marzo pasado, John Jacob Astor, secretario parlamentario para la Defensa en Reino Unido, dijo que el Ministerio de Defensa "no tiene ninguna intención de desarrollar sistemas que operen sin la intervención humana".
Y una directiva emitida por el Departamento de Defensa de EE.UU. en noviembre de 2012 afirmó que todas las armas con cierto grado de autonomía "están diseñadas para permitir que los comandantes y los operadores puedan ejercer un juicio humano sobre el uso de la fuerza".
Son las mismas "damas" que recibió el Presidente Mujica según él por obligación presidencial para "escuchar las dos campanas". Recibió a este grupúsculo de vividoras financiadas por el imperio según se vé por su mismo escándalo interno, pero Mujica NO RECIBE E IGNORA a los sindicatos, a los maestros y profesores cuando reclaman. NO son dos caras, es una sola: los sindicatos son odiados por las patronales, se les ignora, las corruptas "damas" son instrumentos del imperio, se las recibe al máximo nivel. Véase a quienes avaló Mujica A NOMBRE DE TODO EL FRENTE AMPLIO.
Escándalo de corrupción en las Damas de Blanco empaña premio
Publicado el 4/23/13 • en Contrainjerencia
Un escándalo de corrupción interna salpica a la organización Damas de Blanco, creada en 2003 por familiares de presos cubanos. Un video de Cubainformación TV recoge las denuncias de siete miembros y exmiembros de este colectivo que denuncian a la actual presidenta Berta Soler por el desvío de los fondos económicos que reciben del exterior, particularmente de Estados Unidos, así como por prácticas “dictatoriales”.
En el video las siete personas denuncian que la asignación personal por cada marcha de protesta, antes de 30 pesos convertibles (dólares), fue rebajada abruptamente a 15, sin explicación alguna, tras el nombramiento de Berta Soler como jefa del grupo, en sustitución de la fallecida Laura Pollán.
Este escándalo coincide con la entrega del Premio Sajárov a la dirección de las Damas de Blanco, este martes 23 de abril, en el Parlamento europeo.
Estas personas son las “damas de blanco” Leonor Reino Borges, Mirtha Gregoria Gómez, Raquel Castillo Lorenzo y Ana Luisa Rubio Bez, así como las “exdamas de blanco” Lilia Castaner Hernández, Miriam Reyes Gómez y Katia Sonia Martín Véliz. Esta última representa en Cuba, actualmente, al grupo ilegal de extrema derecha “Cuba Independiente y Democrática” (CID), dirigido desde Miami por Huber Matos, conocido excomandante que traicionó a la Revolución y se enfrentó en armas contra el Che Guevara y Camilo Cienfuegos.
El Movimiento de Solidaridad con Cuba viene denunciando, desde hace años, que las Damas de Blanco y otros grupos de la llamada “disidencia” cubana, son financiados por el Gobierno de EEUU, por varios gobiernos de la Unión Europea y por empresas mediáticas internacionales, de forma directa o a través de organizaciones intermediarias, como es el caso de las Damas de Blanco.
WEISBROT / EEUU busca deshacerse de los Gobiernos de izquierda
Publicado el 4/23/13 • en Contrainjerencia
Pero Venezuela no es el único país en ser presa de los esfuerzos de Washington para revertir los resultados electorales en los últimos 15 años en América Latina. Ahora está claro que la destitución del presidente Fernando Lugo de Paraguay del año pasado también fue asistida e instigada por el Gobierno de Estados Unidos. En un excelente trabajo de investigación para Agência Pública, la periodista Natalia Viana muestra que el Gobierno de Obama financió a las principales figuras involucradas en el “golpe parlamentario” en contra de Lugo. Después, Washington ayudó a organizar el respaldo internacional al golpe.
El papel de EE.UU. en Paraguay es similar al que desempeñó en el derrocamiento militar del presidente democráticamente electo Manuel Zelaya en Honduras en 2009; donde Washington secuestró a la Organización de Estados Americanos y la utilizó para luchar en contra de los esfuerzos de los Gobiernos de Sudamérica que querían restaurar la democracia. Zelaya declaró más tarde que Washington también estuvo implicado en el golpe en sí.
Esta semana pasada en Venezuela, Washington no pudo apropiarse de la OEA; si bien su secretario general José Miguel Insulza apoyó a la Casa Blanca (y a la oposición venezolana) en la demanda de un “100 por ciento del recuento”. Pero Insulza tuvo que dar marcha atrás, al igual que España –único aliado importante de los Estados Unidos en esta empresa nefasta– porque no tenía apoyos.
La demanda de un “recuento” en Venezuela es absurda, puesto que ya ha habido un recuento de las papeletas de votación para una muestra aleatoria del 54 por ciento de las máquinas de votación. Los totales de la máquina se compararon con un conteo manual de las papeletas de votación en presencia de testigos de todos sitios. Estadísticamente, no hay ninguna diferencia práctica entre esta enorme auditoría que ya ha sucedido, y la auditoría del 100 por ciento que la oposición está exigiendo. Jimmy Carter denominó al sistema electoral de Venezuela como “el mejor del mundo”, y no hay duda sobre la exactitud del conteo de votos, incluso entre muchos miembros de la oposición venezolana.
Es bueno ver a Lula denunciando a EE.UU. por su interferencia y a Dilma unirse al resto de América del Sur para defender el derecho de Venezuela a unas elecciones libres. Pero no es sólo Venezuela y las democracias débiles las que se ven amenazadas por los Estados Unidos. Como se informó en las páginas de este diario, en 2005, el Gobierno de EE.UU. financió y organizó esfuerzos para cambiar las leyes en Brasil con el fin de debilitar al Partido de los Trabajadores. Esta información se descubrió en documentos del Gobierno estadounidense obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información de EE.UU. Lo más probable es que Washington haya hecho mucho más en Brasil que se mantiene en secreto.
Está claro que Washington no ve al suavemente reformista, Fernando Lugo, como una amenaza o incluso un radical. Es sólo que él era demasiado amistoso con otros Gobiernos de izquierda. El Gobierno de Obama, al igual que el del presidente Bush, no acepta que la región haya cambiado. Su objetivo es deshacerse de todos los Gobiernos ubicados desde el centro a la izquierda del espectro político, en parte debido a que tienden a ser más independientes de Washington. Brasil también debe estar alerta de cara a esta amenaza para la región.
* Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización
Soldado de EE.UU. mató a sus compañeros en Iraq
Durante
la audiencia que se celebró en la corte militar en el estado de
Washington, el sargento estadounidense John Russell confesó que
había matado a cinco de sus compañeros en Iraq en el 2009, lo que
reducirá su condena a cadena perpetua.El sargento, de 47 años, sufría una depresión severa con síntomas psicóticos, por lo que pidió ayuda en el centro de salud mental de la base Camp Liberty.
En mayo del 2009 abrió fuego contra sus compañeros en esa clínica, poco antes de que terminara su tercera misión en Iraq. (PL)
USAID trabajó en cuatro ejes para socavar el chavismo
Publicado el 4/23/13 • en Contrainjerencia
Según la agencia Andes, en un mensaje enviado a Washington en noviembre de 2006, el diplomático contó los resultados de su trabajo desde 2004. Hasta 2006, la Usaid donó unos 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones y les ofreció apoyo técnico y capacitación a través de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI).
La Usaid pretendía llevar ante la Corte Internacional casos de supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela para socavar la credibilidad de Chávez. Además, la Usaid gastó más de un millón de dólares en 3.000 foros para reunir a activistas de la oposición con simpatizantes de Chávez, dando la oportunidad a los primeros “de interactuar con chavistas para alejarlos lentamente del chavismo”.
La Embajada organizó visitas de Brownfield a “zonas pobres del país” para demostrar “la preocupación de EE.UU. con el pueblo venezolano”. La OTI invitaba a docentes universitarios, miembros de ONG y líderes políticos internacionales a participar en sus eventos para que al volver a sus países “se convirtieran en aliados de la oposición venezolana” en el extranjero. En 2010 se aprobó una ley en Venezuela que prohibía el financiamiento externo para fines políticos en el país, lo que llevó al cierre de la OTI.
“Si los del FMI vienen en calidad de virreyes… se van” (Correa)
Publicado el 4/23/13 • en Contrainjerencia
Foto: El Telegrafo“No vamos a permitir ningún neoliberalismo (…) ya basta de tanta hipocresía”, dijo Correa, quien inició una visita de un día al país caribeño para recibir dicha distinción, entrevistarse con su homólogo Danilo Medina y asistir a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, que tiene a Ecuador como invitado de honor.
En su discurso de aproximadamente dos horas, el presidente ecuatoriano señaló que su nación vivió vicisitudes económicas durante años debido a las “recetas” que le impartía el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Ecuador no tiene relación.
El gobernante subrayó que desde hace seis años Ecuador no recibe la visita de una delegación del FMI y, aseguró, que desde entonces les “va requetebién”.
“Si vienen como turistas (los del FMI), bienvenidos, pero si vienen como nuevos virreyes, por el mismo avión se van”, apuntó en medio del aplauso de los presentes en el aula magna de la UASD, repleta de estudiantes, empleados de la academia de estudios, funcionarios gubernamentales y políticos oficialistas y opositores, como el ex presidente dominicano Hipólito Mejía (2000-2004).
Ecuador, apuntó, es uno de los países que más ha crecido en América Latina en los últimos cinco años y fue el que más pronto se recuperó de la crisis económica mundial. “Tenemos un país muy distinto al que encontramos en 2007”, dijo, e indicó que en Ecuador ya no mandan la oligarquía, los organismos internacionales o “ciertos” medios de comunicación. “Ahora manda el pueblo”, insistió, arrancando nuevamente el aplauso del auditorio.
El gobernante denunció también el bloqueo “criminal” que mantiene EE.UU. contra Cuba, la situación en la cárcel de Guantánamo, la “corrupción” de algunos medios de comunicación y la presión que pretenden ejercer las transnacionales.
Uno de los momentos más emocionantes del discurso de Correa, quien ha mantenido un enfrentamiento con grandes petroleras extranjeras en su país, fue cuando se refirió a los supuestos abusos de las transnacionales en detrimento de los pueblos. Su posición arrancó el aplauso de los presentes debido a que el Gobierno local ha emplazado a la minera canadiense Barrick Gold a renegociar un contrato para explotar oro y plata en virtud del cual, según Medina, de cada 100 dólares que resultan de la exportación minera, la empresa se queda con 97 y solo entrega tres al país.
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, reconoció “la inversión económica con rostro humano que realiza el gobierno ecuatoriano”, destacando “el incremento del bono de desarrollo para los que menos tienen, además de una política medioambiental y que es una de las economías más dinámicas de América Latina”.
Cuba: Jefe del Estado Mayor ruso saluda colaboración militar
Publicado el 4/21/13 • en Contrainjerencia
“La colaboración militar entre Cuba y Rusia se encuentra en muy buen nivel y continuará desarrollándose”, dijo Guerasimov citado por la agencia cubana Prensa Latina, al recordar que ambos países tienen “una larga tradición” de colaboración militar.
Entre 1960 y 1990, la entonces Unión Soviética fue el principal aliado político, militar y comercial de Cuba, y la mayoría del armamento cubano fue entregado por Moscú en esa época. En las academias soviéticas se formó la mayoría de los altos oficiales cubanos.
El también primer sustituto del ministro de Defensa de Rusia
recordó además que “los dos países poseen una larga tradición de
colaboración en ese ámbito y aludió a la preparación de cuadros
militares, la cooperación técnico-militar y la preparación operativa y
combativa”, dijo Prensa Latina.
Guerasimov llegó a Cuba el jueves y permanecerá hasta el domingo, y
junto a su homólogo cubano, el general Álvaro López Miera, visitó
unidades militares y apreció el armamento modernizado por Cuba.
AFP
Venezuela y Rusia crean nueva compañía binacional petrolera
Por: YVKE Mundial/ Agencias | Martes, 23/04/2013 07:21 PM
Credito: Agencias
La nueva compañía binacional fue autorizada por el gobierno venezolano a través de un decreto presidencial que establece la creación de una empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y la estatal rusa OJSC Oil Company Rosneft.
Las otras cinco compañías binacionales son Petromonagas, Petroperijá, Petromiranda, Boquerón y Petrovictoria.
La nueva compañía creada con Rosneft tendrá por objeto la exploración y explotación de crudo y gas natural en dos bloques del Area Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), considerada por el gobierno venezolano como la reserva de hidrocarburos más grande del mundo.
Esos dos bloques son el Carabobo 2 Norte, que tiene una superficie de 132,01 kilómetros cuadrados, y el Carabobo 4 Oeste, de 209,86 kilómetros cuadrados.
El documento de creación fue publicado en la “Gaceta Oficial” ordinaria número 40.151, con fecha del lunes 22 donde se indica que Venezuela controlará el capital con 60 por ciento de las acciones.
La empresa mixta deberá vender a PDVSA durante un lapso de 72 meses el petróleo crudo pesado o extrapesado producido, antes de la entrada en operación del mejorador, según el texto de la “Gaceta Oficial” de Venezuela.
La FPO es la fuente de hidrocarburos más grande del mundo y está ubicada al sur de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas, regiones ubicadas en el centro y noreste del país.
El proyecto de desarrollo en la FPO prevé producir cuatro millones de barriles diarios.
En la actualidad se producen un millón 230.000 barriles diarios, el doble de los 600.000 que se producían cuando el gobierno venezolano nacionalizó la industria petrolera en mayo de 2007.
Universitarios queman neumáticos en una protesta en la Diagonal de Barcelona
Miércoles, 24 de Abril de 2013 14:29
Un grupo de universitarios ha protagonizado a primera hora de este
miércoles una protesta en la que han incenciado una barricada de
neumáticos y un contenedor de basuras que ha cortado la avenida Diagonal
de Barcelona, a la altura de la Facultat de Física i Química, durante
una hora.
La protesta, contra los recortes en la educación
universitaria, ha empezado a las 08.00 horas de la mañana. La Guardia
Urbana se ha visto obligada a cortar el tráfico. Lacirculación se ha podido restablecer a las 08.50, tras causar retenciones de vehículos de hasta ocho kilómetros.
La quema de los neumáticos, además de los problemas de circulación, ha levantado una gran columna de humo que era bien visible desde diversos puntos de la ciudad.
Cuando han llegado los Mossos, los presuntos autores del incendio han huido corriendo hacia una de las facultades universitarias que se encuentran situadas en la avenida Diagonal.
Este incidente se produce el mismo día que se ha de celebrar un consejo de gobierno de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en el que se ha de decidir si se convoca un claustro extraordinario en el que se votará si se adelantan las elecciones a rector.
La UPC vive desde hace varias semanas un ambiente convulso por la aprobación en marzo pasado de los presupuestos para este año, que contemplan 340 despidos de personal de administración y profesores, entre otras medidas laborales.
http://lamanchaobrera.es/
La quema de los neumáticos, además de los problemas de circulación, ha levantado una gran columna de humo que era bien visible desde diversos puntos de la ciudad.
Cuando han llegado los Mossos, los presuntos autores del incendio han huido corriendo hacia una de las facultades universitarias que se encuentran situadas en la avenida Diagonal.
Este incidente se produce el mismo día que se ha de celebrar un consejo de gobierno de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en el que se ha de decidir si se convoca un claustro extraordinario en el que se votará si se adelantan las elecciones a rector.
La UPC vive desde hace varias semanas un ambiente convulso por la aprobación en marzo pasado de los presupuestos para este año, que contemplan 340 despidos de personal de administración y profesores, entre otras medidas laborales.
http://lamanchaobrera.es/
ELA convoca tres días de huelga en Mercabilbao por «el bloqueo» de la patronal a negociar
por Kaos. Laboral y economía
Martes, 23 de Abril de 2013 12:36
El sindicato ELA ha convocado huelga en Mercabilbao para los días
24, 25 y 26 de abril, que se convertirá en definitiva a partir del
próximo 1 de mayo, con el objetivo de denunciar el «bloqueo» de la
patronal a la negociación del convenio.
ELA ha convocado huelga en Mercabilbao para los próximos días 24,
25 y 26, que se convertirá en definitiva a partir del 1 de mayo, para
denunciar el «bloqueo» de la patronal a la negociación del convenio.
La huelga afecta a las empresas adscritas a los convenios provinciales de mayoristas de frutas y verduras y de asentadores de pescado, según ha informado el sindicato en un comunicado.
La vigencia del último convenio firmado venció el 31 de diciembre de 2011 y, según ELA, la estrategia de la patronal es «dilatar» las negociaciones hasta el próximo 7 de julio, fecha en la que se agota la ultraactividad de los convenios, según la reforma de la negociación colectiva de 2012.
Para ELA, las patronales pretenden aplicar dicha reforma y contra ese propósito se convoca la huelga, cuyo objetivo es conseguir negociar los incrementos salariales así como cláusulas antirreforma.
http://www.naiz.info/eu/
La huelga afecta a las empresas adscritas a los convenios provinciales de mayoristas de frutas y verduras y de asentadores de pescado, según ha informado el sindicato en un comunicado.
La vigencia del último convenio firmado venció el 31 de diciembre de 2011 y, según ELA, la estrategia de la patronal es «dilatar» las negociaciones hasta el próximo 7 de julio, fecha en la que se agota la ultraactividad de los convenios, según la reforma de la negociación colectiva de 2012.
Para ELA, las patronales pretenden aplicar dicha reforma y contra ese propósito se convoca la huelga, cuyo objetivo es conseguir negociar los incrementos salariales así como cláusulas antirreforma.
http://www.naiz.info/eu/
Madrid: Los médicos convocan huelga general en la sanidad madrileña contra la privatización de Lasquetty
por Paula Díaz
Miércoles, 24 de Abril de 2013 14:35
La Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) llama
al resto de profesionales a movilizarse contra el "fraude" del Gobierno
de la Comunidad.
Prensa
"Un traje a medida para las empresas privadas". Así definen los trabajadores sanitarios los pliegos de la Comunidad de Madrid que recogen los requisitos para optar a gestionar los seis hospitales de la región que se van a "externalizar". Para protestar contra lo que consideran "un fraude, económicamente hablando", la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) ha decidido este martes, en asamblea, convocar unahuelga cuya fecha se dará a conocer en los próximos días.
"Esas condiciones suponen el trasvase de dinero de los impuestos de los ciudadanos a empresas privadas y, además, es una descapitalización no sólo de los seis hospitales que se van a privatizar, sino de toda la sanidad pública madrileña", asegura Fátima Brañas, portavoz de Afem. "Los hospitales de gestión privada estarán financiados por contrato con cantidades que cada año se incrementarán en lo equivalente al IPC+0,85% mientras los presupuestos de los centros públicos estarán sujetos a modificaciones que, en época de crisis, siempre tienden al descenso", detalla.
Además, Afem, que ya ha convocado otras huelgas con anterioridad, asegura que criterios de calidad exigidos en los pliegos del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, son "estándares que suponen el mínimo exigible". "Por si fuera poco, las sanciones estipuladas si no se cumplen esas condiciones son de risa", lamenta Brañas.
Por todo ello, Afem ha decidido hacer un llamamiento a la huelga general en toda la comunidad, entre otras formas de protesta. La fecha se conocerá en los próximos días porque para paralizar también a enfermeros y personal no sanitario quieren consensuar su convocatoria con otras plataformas, como asociaciones de trabajadores y sindicatos. Hasta el momento, la ejecutiva delSindicato Médico de Madrid, SIME, federado en CSIT-UP, también ha acordado convocar huelga de médicos y facultativos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) contra la privatización de hospitales y contra el Plan de Reordenación de Recursos Humanos, "que socava los derechos de los empleados públicos de la sanidad madrileña", especifican en un comunicado.
Entre las otras formas de protesta, la asociación de facultativos prepara una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir la derogación de la Ley estatal 15/97 -que abrió la puerta al sistema de concesiones en el sistema sanitario-, continúa con la "consulta ciudadana" presentada hace unas semanas y llevará a cabo una campaña para informar a los profesionales y los ciudadanos los entresijos de la "externalización" de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo.
"Convocamos la huelga por responsabilidad, porque los médicos creemos que estos pliegos no sólo no han mejorado las cosas, sino que las han empeorado", declara Brañas. "Es una huelga contra la obstinación de la Consejería de Lasquetty en mantener un plan que no tiene pies ni cabeza", concluye la portavoz de Afem.
"Un traje a medida para las empresas privadas". Así definen los trabajadores sanitarios los pliegos de la Comunidad de Madrid que recogen los requisitos para optar a gestionar los seis hospitales de la región que se van a "externalizar". Para protestar contra lo que consideran "un fraude, económicamente hablando", la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) ha decidido este martes, en asamblea, convocar unahuelga cuya fecha se dará a conocer en los próximos días.
"Esas condiciones suponen el trasvase de dinero de los impuestos de los ciudadanos a empresas privadas y, además, es una descapitalización no sólo de los seis hospitales que se van a privatizar, sino de toda la sanidad pública madrileña", asegura Fátima Brañas, portavoz de Afem. "Los hospitales de gestión privada estarán financiados por contrato con cantidades que cada año se incrementarán en lo equivalente al IPC+0,85% mientras los presupuestos de los centros públicos estarán sujetos a modificaciones que, en época de crisis, siempre tienden al descenso", detalla.
Además, Afem, que ya ha convocado otras huelgas con anterioridad, asegura que criterios de calidad exigidos en los pliegos del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, son "estándares que suponen el mínimo exigible". "Por si fuera poco, las sanciones estipuladas si no se cumplen esas condiciones son de risa", lamenta Brañas.
Por todo ello, Afem ha decidido hacer un llamamiento a la huelga general en toda la comunidad, entre otras formas de protesta. La fecha se conocerá en los próximos días porque para paralizar también a enfermeros y personal no sanitario quieren consensuar su convocatoria con otras plataformas, como asociaciones de trabajadores y sindicatos. Hasta el momento, la ejecutiva delSindicato Médico de Madrid, SIME, federado en CSIT-UP, también ha acordado convocar huelga de médicos y facultativos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) contra la privatización de hospitales y contra el Plan de Reordenación de Recursos Humanos, "que socava los derechos de los empleados públicos de la sanidad madrileña", especifican en un comunicado.
Entre las otras formas de protesta, la asociación de facultativos prepara una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir la derogación de la Ley estatal 15/97 -que abrió la puerta al sistema de concesiones en el sistema sanitario-, continúa con la "consulta ciudadana" presentada hace unas semanas y llevará a cabo una campaña para informar a los profesionales y los ciudadanos los entresijos de la "externalización" de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo.
"Convocamos la huelga por responsabilidad, porque los médicos creemos que estos pliegos no sólo no han mejorado las cosas, sino que las han empeorado", declara Brañas. "Es una huelga contra la obstinación de la Consejería de Lasquetty en mantener un plan que no tiene pies ni cabeza", concluye la portavoz de Afem.
Frente Cívico de Almendralejo califica de éxito rotundo la manifestación del Campamento Dignidad Almendralejo
por Frente Cívico Almendralejo
Martes, 23 de Abril de 2013 17:27
Las tres reivindicaciones básicas de la Acampada: una verdadera
Renta Básica para más de 70000 personas sin ingresos, la creación de
25000 puestos de trabajo públicos y la paralización de los desahucios
son irrenunciables
Frente Cívico ‘Somos Mayoría’ de Almendralejo califica de “éxito
rotundo” la manifestación convocada el pasado viernes” Desde la Acampada
Dignidad de Almendralejo “podemos afirmar que el trabajo realizado por
todos los compañeros y compañeras durante estos días, con enorme
sacrificio y dedicación, sin recursos y dándolo todo por informar a la
población y animarla a reclamar en la calle sus derechos, ha dado su
fruto. En esta manifestación quedó patente el sentir de una gran parte
de la población de Almendralejo que quiso reivindicar en la calle el
derecho a vivir con dignidad ante una administración que una y otra vez
les da la espalda, como nuestro alcalde que nos dice directamente que
nuestras reivindicaciones no le interesan. Pensamos que las tres
reivindicaciones básicas de la Acampada: una verdadera Renta Básica para
más de 70000 personas sin ingresos, la creación de 25000 puestos de
trabajo públicos y la paralización de los desahucios son irrenunciables
ante una situación de emergencia social como la actual. Por todo ello,
nos sentimos legitimados para exigir al Gobierno de Extremadura, así
como a todos los grupos parlamentarios, la aprobación y aplicación
inmediata de las medidas propuestas, a fin de que todas esas personas
puedan vivir con algo más de dignidad”.
Apaleadxs y detenidos Vallekas CONCENTRACIÓN, MIÉRCOLES 24
por Varias organizaciones
Martes, 23 de Abril de 2013 16:16
CONCENTRACIÓN, MIÉRCOLES 24, 20h, JUNTA MUNICIPAL VALLEKAS - AVDA ALBUFERA. Metro Puente de Vallecas, línea 1.
Comunicado unitario
BASTA DE MONTAJES POLICIALES… BASTA DE AGRESIONES A NUESTROS JÓVENES… BASTA YA DE REPRESIÓN.
Ayer, vecinos del barrio de Vallekas
eran agredidos salvajemente por cuerpos antidisturbios de la policía en
la puerta de sus domicilios. Después de estas agresiones la policía se
llevó detenidos a las dependencias de la comisaría de Moratalaz a Mikel y
Victor, dos jóvenes luchadores del barrio. Los compañeros que
presentaban magulladuras por todo el cuerpo fueron puestos en libertad a
las 3:00 de la madrugada.
Las agresiones y detenciones se
realizaron justamente después de la celebración de la presentación de la
Asociación Madres Contra la Represión y vienen a demostrar los ataques
que desde el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno de
Madrid viene sufriendo los vecinos del barrio de Vallekas y la
persecución constante a que está sometida la juventud luchadora del
mismo y que sufrimos de manera directa a raíz de la pasada Huelga
General en la persona de nuestro compañero Alfon.
El empleo sistemático y generalizado de
la violencia de Estado contra la población en el libre ejercicio de sus
derechos, en un claro intento de criminalizarlos, nos lleva a la
convicción de que para seguir adelante en el desarrollo de formas de
poder popular es necesario también responder a todas y cada una de las
formas de represión, y hacerlo todos unidos.
Los hechos acontecidos ayer en Vallekas,
no son diferentes a la represión que está ejerciendo el Ministerio de
Interior y sus fuerzas represivas - con la colaboración de la Justicia -
contra los mineros de Asturias, la persecución política a la que se ve
sometido el pueblo de Euskal Herria, las multas detenciones y juicios
que están soportando los compañeros del SAT en Andalucía o las
identificaciones, apaleamientos, detenciones, juicios y condenas de
miles de personas que se rebelan y se movilizan en todo el Estado
contra los ajustes y recortes sociales
Es por ello que desde esta Asamblea del barrio de Vallekas gritamos ¡¡BASTA!!
BASTA DE MONTAJES POLICIALES… BASTA DE AGRESIONES A NUESTROS JÓVENES… BASTA YA DE REPRESIÓN.
Exigimos que paren las persecuciones,
montajes y criminalizaciones de los luchadores del movimiento obrero y
los movimientos sociales. Exigimos la dimisión del Ministro de Interior.
y de la Delegada del Gobierno Cristina Cifuentes.
NI UN PASO ATRÁS
CON LA JUVENTUD A LA CABEZA CONTINUAMOS CON LA LUCHA.
ADELANTE TODOS UNIDOS
PLATAFORMA SOLIDARIA ANTIRREPRESIVA
MADRES CONTRA LA REPRESIÓN.
ASAMBLEA DE VALLECAS POR LA HUELGA GENERAL
RED ROJA
RECOSTRUCCION COMUNISTA
VALLECAS NUESTRA
AAVV ALTO DEL ARENAL
ATENEO REPUBLICANO
INICIATIVA COMUNISTA
IZQUIEREDA CASTELLANA
YESCA
CGT ADMINISTRACIONES PUBLICAS
SOLIDARIDAD OBRERA
JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA MARXISTA LENINISTA
ATENEO POPULAR DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS
NO TENEMOS MIEDO
PCE
UJCE
PCPE
CJC
COORDINADORA ANTIFASCISTA
ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE DERECHO
ASAMBLEA DE MORATALAZ ANTICAPITALISTA
YAYOFLAUTAS
ASAMBLEA POPULAR DE BARAJAS
ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE ALCOSANSE
BUKANEROS
Ada Colau: "Europa debería decir algo sobre los desahucios"
La portavoz de la Plataforma Antidesahucio presenta la situación de los desahuciados en España ante el Parlamento Europeo en la Comisión de Peticiones
MARÍA GONZÁLEZ BRUSELAS 24/04/2013 16:17 Actualizado: 24/04/2013 17:46 Público
La portavoz de la Plataforma Antidesahucios (PAH) en Bruselas tras presentar su petición a la UE. CRISTINA CUENCAPÚBLICO
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El PP continúa en pie de guerra contra los Afectados por la Hipoteca
Con la camiseta verde de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
Ada Colau llegó al Parlamento Europeo como portavoz de este colectivo
para presentar a esta institución las demandas que no se han escuchado
en España. Antes de entrar a la sesión con los eurodiputados, Público charló con ella en Bruselas.
"El PP ha cerrado la vía a nivel institucional en España y no ha escuchado la voluntad de millones de personas en todas las encuestas", aseguró Ada Colau a Público.
"La ley que está tramitando el gobierno español no va a resolver nada", recordó. Por ello, para intentar ir más allá de la legislación europea y para intentar conseguir apoyo desde la Unión Europea, Colau denunció lo que considera "una violación sistemática de derechos humanos en el estado español". "Hemos llegado a un callejón sin salida y por eso queremos llevar esto a un ámbito internacional", insistió.
"Tenemos que apelar a la Unión Europea para ver si tiene que decir algo o no sobre ello", afirmó Colau. En julio entrará en vigor una directiva europea en la que se incluirá la dación en pago, pero únicamente de forma voluntaria, por lo que Colau espera poder presionar a las instituciones europeas para que "se vaya más allá de lo que hay ahora mismo". "Queremos abrir el debate a partir de la experiencia española", afirma tras recordar que en España hay cerca de 100 desalojos al día, lo que supone un desalojo cada cuarto de hora.
"Las instituciones europeas deberían presionar al Gobierno español para que escuche a la ciudadanía en materia hipotecaria y de desahucios", criticó la activista. "Llevamos cinco años de crisis, que en España está suponiendo un sufrimiento inhumano para millones de ciudadanos, incluso la muerte en algunos casos", señaló la portavoz de la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca.
"Venimos a trasladar la urgencia de este problema", denuncia Colau, ante el problema de que la solución o la presión que ofrezca Europa se dilate en el tiempo. Recordó también que existe un creciente euroescepticismo en España y en otros países europeas, lo que en su opinión justifica la gran abstención que se provoca en las elecciones europeas.
Ada Colau tan sólo contó cinco minutos para hablar. El presidente de la sesión, el parlamentario Willy Meyer, tuvo que pedirle que hablara más despacio, ya que los intérpretes no tenían tiempo para traducir. "Miles de personas se encuentran condenadas de por vida por una deuda que no prescribe", señaló durante su discurso. "Las personas que están siendo desahuciadas no quisieron especular, sino que seguían un derecho fundamental", continuó.
También señaló la "muerte civil" que supone ser moroso, puesto que inhabilita a esa persona de la posibilidad de conseguir trabajo.
"El PP ha cerrado la vía a nivel institucional en España y no ha escuchado la voluntad de millones de personas en todas las encuestas", aseguró Ada Colau a Público.
"La ley que está tramitando el gobierno español no va a resolver nada", recordó. Por ello, para intentar ir más allá de la legislación europea y para intentar conseguir apoyo desde la Unión Europea, Colau denunció lo que considera "una violación sistemática de derechos humanos en el estado español". "Hemos llegado a un callejón sin salida y por eso queremos llevar esto a un ámbito internacional", insistió.
"Tenemos que apelar a la Unión Europea para ver si tiene que decir algo o no sobre ello", afirmó Colau. En julio entrará en vigor una directiva europea en la que se incluirá la dación en pago, pero únicamente de forma voluntaria, por lo que Colau espera poder presionar a las instituciones europeas para que "se vaya más allá de lo que hay ahora mismo". "Queremos abrir el debate a partir de la experiencia española", afirma tras recordar que en España hay cerca de 100 desalojos al día, lo que supone un desalojo cada cuarto de hora.
"Las instituciones europeas deberían presionar al Gobierno español para que escuche a la ciudadanía en materia hipotecaria y de desahucios", criticó la activista. "Llevamos cinco años de crisis, que en España está suponiendo un sufrimiento inhumano para millones de ciudadanos, incluso la muerte en algunos casos", señaló la portavoz de la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca.
"Venimos a trasladar la urgencia de este problema", denuncia Colau, ante el problema de que la solución o la presión que ofrezca Europa se dilate en el tiempo. Recordó también que existe un creciente euroescepticismo en España y en otros países europeas, lo que en su opinión justifica la gran abstención que se provoca en las elecciones europeas.
Ada Colau tan sólo contó cinco minutos para hablar. El presidente de la sesión, el parlamentario Willy Meyer, tuvo que pedirle que hablara más despacio, ya que los intérpretes no tenían tiempo para traducir. "Miles de personas se encuentran condenadas de por vida por una deuda que no prescribe", señaló durante su discurso. "Las personas que están siendo desahuciadas no quisieron especular, sino que seguían un derecho fundamental", continuó.
También señaló la "muerte civil" que supone ser moroso, puesto que inhabilita a esa persona de la posibilidad de conseguir trabajo.
Puntadas sin hilo
Arturo González
Legítima defensa frente al Gobierno
23 abr 2013
Después de todo lo que dijeron, y mintieron, durante estos meses, ahora, forzados por Europa, reconocen que el famoso déficit es del 7%, en contra de lo que cacareó, alardeó y aseveró Rajoy en el Congreso de los Diputados y el 10,6 % si contamos el rescate a la banca, siendo el más elevado de la Unión Europea. Y también rectifican y confiesan que la recesión es tres veces más profunda de lo que afirmaron – por cierto, cuando ya conocían la ‘herencia recibida’ – y que de crecimiento para el año que viene nada, sino que decrecerá nada menos que el 1,5% del PIB. Y del paro ya les da vergüenza hablar. La Encuesta de Población Activa (EPA) del próximo jueves se lo recordará.
Esto es un engaño y un butrón sin disimulo. Una tomadura de pelo infame. Una indecencia absoluta. ¿Y frente a esto hay que esperar aún tres años para ir al juzgado de las urnas, desangrándonos mientras tanto? Son unos delincuentes incitadores a la violencia. Conducen al país al galope hacia el ‘corralito’ exterminador. Y no tienen la gallardía de dimitir. Todos ellos, empezando por Mariano. Prefieren que se hunda el país y los ciudadanos caigan en la indigencia antes que renunciar a sus pompas, vanidades y soberbias. Y encima se creen salvadores. Siguen martilleando con lo de la austeridad necesaria, lo de que hacen lo que hay que hacer, y que no existe alternativa. ¡Qué mofa de los españoles, qué ridículos son, qué trogloditas, qué dictadores! ¿Por qué tenemos que soportarlos si no les creemos ni una palabra ni una promesa? Siguen teniendo la policía y están dispuestos a emplearla, matándonos a todos si les fuera preciso.
Se dice pronto, hay que crecer al 3 % para comenzar a crear empleo y resulta que crecemos al -1,5%, el paro es una metástasis, la deuda es inabordable, y el déficit nos lleva a la consunción como ciudadanos. Todo bendecido por Rouco y sus hermanos, y los riquísimos tiburones. El mar de España comienza a oler a sangre y desesperación, este Gobierno es el paradigma del fracaso, y solo nos queda la legítima defensa para no dejarnos atracar aún más. Cuerda de presos para ellos. Estos atracadores, estos sicarios del capitalismo no merecen gobernar España. A todo esto hay que decirles que son unos ignorantes: creyeron que con la mayoría absoluta, y a pesar de sus escasos conocimientos, podrían hacer lo que quisieran con el país, y ahora, en este momento, los atracadores empiezan a estar asustados temiendo que entre en juego la legítima defensa. Ésta requiere tres condiciones: 1. Agresión ilegítima. 2. Necesidad racional del medio empleado. 3. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se cumplen plenamente las tres.
¿Debemos permitir que continúen atracándonos y arruinándonos? ¿O debemos morir matando? Primera solución: Quita del 70%. Pagar escalonadamente a 30 años. Invertir lo ahorrado en la quita. Y ponerse a trabajar, todos, como fieras. En las condiciones actuales es imposible sobrevivir dentro de la UE. Segunda solución: Puestos de acuerdo todos los partidos con representación parlamentaria, pedir un informe riguroso a técnicos españoles y extranjeros sobre las consecuencias que acarrearía la salida del euro, y en su caso, de la Unión Europea. Visto ese informe, convocar un referéndum pidiendo opinión a los españoles, sin engañarles sobre lo que explique el informe. Y si el referéndum fuera afirmativo, hacer un programa económico creíble y solidario sobre las posibilidades de desarrollo por nosotros mismos. Dos soluciones difíciles, pero en las que todos seríamos partícipes. Porque basta de irresponsabilidades políticas unilaterales y autoritarias.
__________________
Gota DUDA: 25-A: Asedio al Congreso. Convoca la Plataforma ¡En Pie! Coordinadora 25-S apoya. 15-M y afines, y Plataforma Afectados por la Hipoteca no respaldan la propuesta. ¿Hay que ir?
__________________
Gota DÍA DEL LIBRO: ¿Seguirá en vigor lo de ‘Plantar un árbol, tener un hijo, y escribir un libro’ como objetivo de la vida?
__________________
Otra gota DÍA DEL LIBRO: ¿Algún poeta, algún novelista, algún escritor, ha recogido la crisis que vivimos, que condiciona nuestras vidas? ¿O todos tiran balones fuera?
Quinientos juristas piden al PP que legisle "pensando en quienes se tiran por la ventana"
Los expertos, que han presentado un manifiesto en apoyo de la iniciativa legislativa popular que reclamaba la dación en pago retroactiva, califican la reforma que pretende el partido conservador de "monstruo de Franskenstein"
EFE Madrid 23/04/2013 18:41 Actualizado: 23/04/2013 19:54 Público
Presentación pública del manifiesto antidesahucios. De izquda.a dcha., la secretaria judicial Purificación Sáez, el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, el catedrático José María Miquel, y el juez José María Fernández Seijo/Efe
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Los más de 540 juristas que han dado su apoyo a la iniciativa
legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) han urgido este martes al Partido Popular a rectificar la
Ley Antidesahucios al entender que conduce al "caos" social, económico y
jurídico y mantiene a España como un "paraíso" para los bancos. "Es el momento de legislar pensando en quienes se tiran por la ventana porque no pueden pagar la hipoteca", han dicho.
Así se han pronunciado algunos de los firmantes de la 'Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios', que ha sido suscrita por medio millar de jueces, abogados, secretarios judiciales, catedráticos universitarios o notarios, y que fue presentada en el Consejo General de la Abogacía. Piden la dación en pago retroactiva, la paralización de los lanzamientos y el alquiler social.
Entre ellos, se encuentra José María Fernández Seijo, el magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona que logró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara el carácter abusivo de la ley hipotecaria española.
A su juicio, el proyecto de Ley Antidesahucios aprobado la pasada semana en el Congreso con el único voto del Partido Popular es "una especie de monstruo, de Frankestein" que unifica en un mismo cuerpo legislativo tres textos "totalmente" diferentes, como es la iniciativa legislativa popular, el decreto sobre buenas prácticas bancarias y normativa comunitaria. "Será muy difícil de aplicar", ha advertido.
"El Parlamento tiene una oportunidad histórica de solucionar este problema", ha expuesto el juez Seijo, para señalar que el 96% de los ciudadanos pagan con normalidad su hipoteca, por lo que una reforma legislativa no tendría previsiblemente un "efecto llamada".
Seijo ha aplaudido el carácter "pionero" de medidas, como las barajadas en Andalucía o Catalunya para gravar inmuebles vacíos o expropiar temporalmente pisos a los bancos, aunque ha constatado que son "insuficientes" por ser acciones "aisladas".
Uno de los abogados colaboradores de esta plataforma, Martí Batllorí, ha destacado que un cambio legislativo es "jurídicamente posible y econónicamente necesario para dejar que este país sea una isla, el único paraíso de la Unión Europea, para las entidades financieras". Ha instado así al Parlamento a ser sensible ante un "drama social" que comporta "una deuda perpetua" y la exclusión de cientos de familias, agravando la crisis económica.
Para Purificación Sáez, secretaria judicial de Aranjuez, las Cortes Generales tienen el deber de legislar "mirando al pueblo" y "no sólo a los poderes económicos, los mercados y los bancos". "Es el momento de legislar pensando en quienes se tiran por la ventana porque no tienen para pagar la hipoteca", ha sentenciado.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, también ha reclamado "justicia para los más débiles" y ha pedido respetar los derechos y la dignidad de los ciudadanos.
El catedrático de Derecho Civil José María Miquel y el funcionario Miguel García también han alzado la voz para pedir al Grupo Popular, con mayoría en el Parlamento, que se solidarice con el "dolor y sufrimiento" de las familias españolas, acabe con los "abusivos" intereses de demora, acuerde el control de legalidad por parte de notarios y registradores y permita residir a los deudores durante cinco años como inquilinos en la vivienda que les ha sido ejecutada.
Así se han pronunciado algunos de los firmantes de la 'Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios', que ha sido suscrita por medio millar de jueces, abogados, secretarios judiciales, catedráticos universitarios o notarios, y que fue presentada en el Consejo General de la Abogacía. Piden la dación en pago retroactiva, la paralización de los lanzamientos y el alquiler social.
Entre ellos, se encuentra José María Fernández Seijo, el magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona que logró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara el carácter abusivo de la ley hipotecaria española.
A su juicio, el proyecto de Ley Antidesahucios aprobado la pasada semana en el Congreso con el único voto del Partido Popular es "una especie de monstruo, de Frankestein" que unifica en un mismo cuerpo legislativo tres textos "totalmente" diferentes, como es la iniciativa legislativa popular, el decreto sobre buenas prácticas bancarias y normativa comunitaria. "Será muy difícil de aplicar", ha advertido.
"El Parlamento tiene una oportunidad histórica de solucionar este problema", ha expuesto el juez Seijo, para señalar que el 96% de los ciudadanos pagan con normalidad su hipoteca, por lo que una reforma legislativa no tendría previsiblemente un "efecto llamada".
Seijo ha aplaudido el carácter "pionero" de medidas, como las barajadas en Andalucía o Catalunya para gravar inmuebles vacíos o expropiar temporalmente pisos a los bancos, aunque ha constatado que son "insuficientes" por ser acciones "aisladas".
Uno de los abogados colaboradores de esta plataforma, Martí Batllorí, ha destacado que un cambio legislativo es "jurídicamente posible y econónicamente necesario para dejar que este país sea una isla, el único paraíso de la Unión Europea, para las entidades financieras". Ha instado así al Parlamento a ser sensible ante un "drama social" que comporta "una deuda perpetua" y la exclusión de cientos de familias, agravando la crisis económica.
Para Purificación Sáez, secretaria judicial de Aranjuez, las Cortes Generales tienen el deber de legislar "mirando al pueblo" y "no sólo a los poderes económicos, los mercados y los bancos". "Es el momento de legislar pensando en quienes se tiran por la ventana porque no tienen para pagar la hipoteca", ha sentenciado.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, también ha reclamado "justicia para los más débiles" y ha pedido respetar los derechos y la dignidad de los ciudadanos.
El catedrático de Derecho Civil José María Miquel y el funcionario Miguel García también han alzado la voz para pedir al Grupo Popular, con mayoría en el Parlamento, que se solidarice con el "dolor y sufrimiento" de las familias españolas, acabe con los "abusivos" intereses de demora, acuerde el control de legalidad por parte de notarios y registradores y permita residir a los deudores durante cinco años como inquilinos en la vivienda que les ha sido ejecutada.
Moliner: “Los escraches pacíficos son una muestra de libertad de manifestación”
El presidente del Supremo y el CGPJ asegura que la reunión del día 8 buscará unificar criterios
El príncipe Felipe comenta algo al oído del presidente del Tribunal Supremo el 18 de abril en Barcelona. / GUSTAU NACARINO (REUTERS)
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha sostenido esta mañana en una entrevista en la cadena SER que los escraches
—protestas ante el domicilio o el lugar de trabajo de un político— que
está protagonizando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son
"en tanto no sean violentos, un ejemplo de la libertad de
manifestación". Según Moliner, no se pueden "condenar de manera general"
ya que dependen de las circunstancias en que se desarrolle cada uno.
Moliner ha asegurado que en la reunión del próximo ocho de mayo entre magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia se abordarán los criterios para interpretar las normas hipotecarias después de que tras la sentencia europea que dio un varapalo a la normativa española varios juzgados y tribunales hayan ido fijando sus propios criterios de interpretación.
El magistrado también se ha pronunciado sobre la concentración prevista para mañana ante del Congreso de los Diputados. "Soy un enamorado de la libertad de expresión y manifestación", ha aseverado el presidente del CGPJ. Sin embargo, Moliner ha asegurado que pese a que "no le importan" este tipo de manifestaciones, él no se siente "cómodo" con ellas.
Tras sus palabras, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha aconsejado al Gobierno que escuche a Moliner y ha considera que es el mismo argumento que siempre ha defendido el PSOE sobre este asunto. "Lo hemos dicho muchas veces. Indudablemente la manifestación, la expresión de la ciudadanía no violenta, es el ejercicio de un derecho", ha señalado la portavoz socialista.
Moliner ha criticado de nuevo la falta de consenso en la aprobación de la reforma laboral y ha expresado sus reservas a la modificación del CGPJ que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "El texto original hacía desaparecer del Consejo algunas competencias que creo debería tener", ha afirmado. "Así que soy partidario de que se vuelvan a recuperar", ha añadido. Sobre el punto de la reforma que prevé compaginar el cargo de vocal con el ejercicio de la profesión, Moliner ha asegurado que es "un poco llamativo, pero no imposible". Y, en cualquier caso, el presidente del Supremo, no cree que este aspecto sea "ilegal".
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Macelino Sexmero, ha citado el próximo viernes a Petra Antón Moreno, madre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al marido de esta, José Iván Rosa Vallejo, para que se ratifiquen en la denuncia y puedan prestar declaración como testigos del escrache realizado el pasado 6 de abril frente a su domicilio.
El juez, que abrió diligencias por estos hechos contra 27 personas, tomó declaración el pasado lunes a varios policías testigos de los hechos y ese mismo día dictó una providencia donde libraba oficio a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que remita copia de la "orden de servicio" relacionada con la concentración.
Igualmente, el juez Sexmero ordenó remitir telegrama a los denunciados por los hechos que aún no se han personado para informarles de la existencia del procedimiento.
En la primera de sus resoluciones el juez consideraba al ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge uno de los cabecillas de la supuesta manifestación ilegal, junto con María Eugenia G.Y. y Adrian R.P., si bien solicitaba a la Policía más información sobre este extremo, que aún está pendiente de entregarse.
Moliner ha asegurado que en la reunión del próximo ocho de mayo entre magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia se abordarán los criterios para interpretar las normas hipotecarias después de que tras la sentencia europea que dio un varapalo a la normativa española varios juzgados y tribunales hayan ido fijando sus propios criterios de interpretación.
El magistrado también se ha pronunciado sobre la concentración prevista para mañana ante del Congreso de los Diputados. "Soy un enamorado de la libertad de expresión y manifestación", ha aseverado el presidente del CGPJ. Sin embargo, Moliner ha asegurado que pese a que "no le importan" este tipo de manifestaciones, él no se siente "cómodo" con ellas.
Tras sus palabras, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha aconsejado al Gobierno que escuche a Moliner y ha considera que es el mismo argumento que siempre ha defendido el PSOE sobre este asunto. "Lo hemos dicho muchas veces. Indudablemente la manifestación, la expresión de la ciudadanía no violenta, es el ejercicio de un derecho", ha señalado la portavoz socialista.
Moliner ha criticado de nuevo la falta de consenso en la aprobación de la reforma laboral y ha expresado sus reservas a la modificación del CGPJ que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "El texto original hacía desaparecer del Consejo algunas competencias que creo debería tener", ha afirmado. "Así que soy partidario de que se vuelvan a recuperar", ha añadido. Sobre el punto de la reforma que prevé compaginar el cargo de vocal con el ejercicio de la profesión, Moliner ha asegurado que es "un poco llamativo, pero no imposible". Y, en cualquier caso, el presidente del Supremo, no cree que este aspecto sea "ilegal".
Interrogan al marido y la madre de Santamaría por el escrache en su casa
EPEl titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Macelino Sexmero, ha citado el próximo viernes a Petra Antón Moreno, madre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al marido de esta, José Iván Rosa Vallejo, para que se ratifiquen en la denuncia y puedan prestar declaración como testigos del escrache realizado el pasado 6 de abril frente a su domicilio.
El juez, que abrió diligencias por estos hechos contra 27 personas, tomó declaración el pasado lunes a varios policías testigos de los hechos y ese mismo día dictó una providencia donde libraba oficio a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que remita copia de la "orden de servicio" relacionada con la concentración.
Igualmente, el juez Sexmero ordenó remitir telegrama a los denunciados por los hechos que aún no se han personado para informarles de la existencia del procedimiento.
En la primera de sus resoluciones el juez consideraba al ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge uno de los cabecillas de la supuesta manifestación ilegal, junto con María Eugenia G.Y. y Adrian R.P., si bien solicitaba a la Policía más información sobre este extremo, que aún está pendiente de entregarse.
El Gobierno se propone acabar con el "perverso" aumento de las pensiones
El Gobierno apunta a los grupos parlamentarios que la reforma de las pensiones en marcha podría llevar la edad de retiro más allá de los 67 años
EUROPA PRESS Madrid 24/04/2013 14:58 Actualizado: 24/04/2013 16:51 Público
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en su escaño en el Congreso de los Diputados.EFE.
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El Gobierno ha remitido un breve documento a los grupos
parlamentarios, en el que apunta las líneas de la reforma de las
pensiones que ha puesto en marcha. Entre ellas, una revisión de los
elementos que se tienen en cuenta para calcular la jubilación o para
actualizar las prestaciones, para evitar los "comportamientos perversos" que se han producido hasta ahora. La de las pensiones es una de las reformas pendientes que exige la Comisión Europea.
En el documento, el Ejecutivo admite que el factor de sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, según el documento sobre dicho parámetro que ayer entregó el secretario general de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo.
El documento, recogido por Europa Press, señala que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la edad de jubilación en dos sentidos. Por un lado, aumentando el número necesario de años cotizados para poder jubilarse, de tal manera que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, establecida en los 67 años a partir de 2027. Por otro lado, el Ejecutivo admite que una vez unificada la edad legal de jubilación, "es posible seguir aumentando dicha edad legal", al tiempo que también reconoce que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la "indexación de las pensiones", que ahora se actualizan según la evolución del IPC del mes de noviembre de cada año.
También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora y/o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora. Junto con los efectos que el factor puede tener sobre las pensiones futuras, el Gobierno destaca en el documento algunos aspectos del sistema que, en su opinión, el comité de expertos debería tener en cuenta a la hora de definir dicho factor. En concreto, menciona la evolución de la esperanza de vida y las relaciones de índices demográficos y económicos.
El aumento de la edad legal de jubilación compatible con una flexibilización de dicha edad, mediante un sistema de incentivos y penalizaciones, y la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo son otras de las tendencias que el Ministerio de Hacienda apunta de otros sistemas públicos de pensiones en Europa.
El documento del Gobierno también destaca que la disminución de la tasa de natalidad y el progresivo incremento de la esperanza de vida de las personas mayores hace necesaria la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, garantizando a su vez pensiones adecuadas. "Puede concluirse por tanto que son tanto factores exógenos como endógenos al sistema de Seguridad Social español los que justifican la necesidad de regular el factor de sostenibilidad, buscando una definición y estructuración del mismo que no se limite a los factores demográficos sino que considere la realidad social y económica española en su conjunto", reza el documento.
Por último, el Gobierno justifica el adelanto del factor de sostenibilidad, que no estaba previsto que se definiera hasta el año 2027, a la crisis económica que, entre otras cosas, está originando "altas" tasas de desempleo, así como "el no crecimiento o incluso bajada" de los salarios, circunstancias que están provocando una disminución en los ingresos por cotizaciones, "haciendo necesario incluso la utilización del Fondo de Reserva en el corto plazo".
En el documento, el Ejecutivo admite que el factor de sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, según el documento sobre dicho parámetro que ayer entregó el secretario general de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo.
El documento, recogido por Europa Press, señala que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la edad de jubilación en dos sentidos. Por un lado, aumentando el número necesario de años cotizados para poder jubilarse, de tal manera que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, establecida en los 67 años a partir de 2027. Por otro lado, el Ejecutivo admite que una vez unificada la edad legal de jubilación, "es posible seguir aumentando dicha edad legal", al tiempo que también reconoce que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la "indexación de las pensiones", que ahora se actualizan según la evolución del IPC del mes de noviembre de cada año.
Para Empleo, es un "comportamiento perverso" que la pensión media haya crecido más que los salarios y el IPC
Al hilo de esto, el documento del Ministerio de Empleo indica que en la última década se
han producido "comportamientos perversos que el propio sistema de
Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo",
como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este
periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así
como la "insuficiencia" de las cotizaciones en relación con algunas
prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de reemplazo de las
prestaciones en España en comparación con las de otros países europeos.También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora y/o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora. Junto con los efectos que el factor puede tener sobre las pensiones futuras, el Gobierno destaca en el documento algunos aspectos del sistema que, en su opinión, el comité de expertos debería tener en cuenta a la hora de definir dicho factor. En concreto, menciona la evolución de la esperanza de vida y las relaciones de índices demográficos y económicos.
El Gobierno sugiere aumentar el número de años necesarios para calcular la pensión
Además,
el documento detalla los procesos de reforma de los sistemas de
pensiones en otros países de la UE y destaca que las principales
tendencias en la mayoría de ellos es considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión,
no aumentar los tipos de cotización, rebajar los índices de
actualización tanto de las pensiones como de las cotizaciones tenidas en
cuenta en el cálculo de la pensión y exigir un número mayor de años
cotizados para tener derecho al 100% de la pensión.El aumento de la edad legal de jubilación compatible con una flexibilización de dicha edad, mediante un sistema de incentivos y penalizaciones, y la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo son otras de las tendencias que el Ministerio de Hacienda apunta de otros sistemas públicos de pensiones en Europa.
El documento del Gobierno también destaca que la disminución de la tasa de natalidad y el progresivo incremento de la esperanza de vida de las personas mayores hace necesaria la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, garantizando a su vez pensiones adecuadas. "Puede concluirse por tanto que son tanto factores exógenos como endógenos al sistema de Seguridad Social español los que justifican la necesidad de regular el factor de sostenibilidad, buscando una definición y estructuración del mismo que no se limite a los factores demográficos sino que considere la realidad social y económica española en su conjunto", reza el documento.
Por último, el Gobierno justifica el adelanto del factor de sostenibilidad, que no estaba previsto que se definiera hasta el año 2027, a la crisis económica que, entre otras cosas, está originando "altas" tasas de desempleo, así como "el no crecimiento o incluso bajada" de los salarios, circunstancias que están provocando una disminución en los ingresos por cotizaciones, "haciendo necesario incluso la utilización del Fondo de Reserva en el corto plazo".
"Buenos oficios"
La complicidad de Iglesia católica y dictadura en Argentina
Videla habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.
Escrito por: Horacio VerbitskyPeriodista Página/12
Lunes 23 de julio de 2012 | 16:17
El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.
Diálogos en la cárcel
El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.
Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.
Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:
–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.
–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.
–No parece suficiente.
–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.
Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.
El rol de Laghi
La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”. Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.
La Eucaristía
Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.
Misión internacional de observación: elecciones en Paraguay
Publicado el 24 abril, 2013 por soawlatina
Misión internacional de observación de denuncias de violaciones de derechos humanos en el caso Curuguaty y monitoreo de elecciones en Paraguay
Introducción: Desde el
17 al 22 de abril, la Misión de Observación de derechos humanos de la
SOA Watch (Observatorio de la Escuela de las Américas) realizó una
visita al Paraguay reuniéndose con organismos de derechos humanos y
agrupaciones sociales para conocer in situ la situación de los derechos
humanos y que preocupan a la organización internacional.
Curuguaty
La Misión de SOA Watch visitó a los y las campesinas/os
judicializados/as por el caso de la masacre de Curuguaty, los que se
encuentran en situación carcelaria en Coronel Oviedo.La delegación fue acompañada por el premio Nobel alternativo de la Paz, Martín Almada.
También realizó una visita a la ciudad de Curuguaty, para conocer el sitio de la Masacre de junio de 2012 en Marina Cué, y poblaciones afectadas como Brítez Cue e Yvy Pyta, así como a las personas que se encuentran con prisión domiciliaria.
A nivel internacional, a organismos de derechos humanos han llegado denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, torturas y la parcialidad de la investigación desarrollada por la fiscalía general de Paraguay en el caso.
Antecedentes
11 campesinos y 6 policías murieron en un intento de desalojo que conllevó a una balacera en Marina Cue, en la localidad de Curuguaty, 250 km al noreste de Asunción. Esto, durante la incursión de una comitiva policial fuertemente armada. Los campesinos y campesinas habían ocupado las tierras alegando que habían sido usurpadas al Estado por parte del empresario y político colorado Blas N. Riquelme.
La derivación principal de la masacre fue el “juicio político” al entonces presidente Fernando Lugo. La destitución ha sido cuestionada por la comunidad nacional e internacional por no respetar las normas de un debido proceso.
Recientemente, el informe del Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre Paraguay, ha expresado su preocupación por este caso (Curuguaty) “por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados”.
Naciones Unidas también “expresa su particular preocupación por los recientes homicidios de Vidal Vega, líder campesino y testigo en el caso Curuguaty, y de Benjamín Lezcano, Secretario General de la Coordinadora Campesina “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia”.
Tras la matanza, la fiscalía se abocó a investigar solo a los campesinos. Hay 14 acusados por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso (tentativa en algunos casos); y frustración de la persecución y ejecución penal. La investigación oficial se basa en un testigo cuya identidad se ignora, y sostiene la tesis de que hubo una emboscada de parte de los campesinos hacia policías.
Tras los encarcelamientos, los campesinos y campesinas han llegado a optar por medidas extremas como la huelga de hambre, para exigir justicia y denunciar irregularidades.
Elecciones
La Misión de Observación de SOA Watch a Paraguay
también estuvo monitoreando el desarrollo de las elecciones nacionales
de este domingo 21 de abril que dio por ganador a Horacio Cartes, de la
Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado).
Dichas elecciones se dan luego de la cuestionada destitución del presidente Fernando Lugo de junio de 2012.
Consideraciones y preocupaciones
En relación a las denuncias e informaciones recibidas, tras reunirse
con organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, víctimas,
presos, presas y familiares, la SOA Watch manifiesta lo siguiente:1-Preocupa la falta de asistencia por parte del Estado a los familiares y víctimas de la masacre de Curuguaty.
Un caso concreto es el de Juana Evangelista Martínez viuda de Ruíz, quien perdió a su marido, quedando con 6 hijos, y prácticamente sin posibilidades de ingresos económicos para sostenerlos. Las edades de los niños oscilan entre 6 y 12 años. Actualmente vive de esporádicos ingresos que le genera lavar ropas a sus vecinos, y gracias a la solidaridad de algunas organizaciones que les asisten con algunos víveres.
Otros casos resaltantes son los de Luis Olmedo, su esposa Dolores López, y Fanny Olmedo (hermana de Luis). Ellos viven junto a la madre de los Olmedo, dos niñas menores y el recién nacido hijo de Dolores y Luis. Se encuentran con prisión domiciliaria de manera “preventiva” (aguardan juicio), y no se les permite ir ni a la despensa que está en frente. Debido a esta condición, no pueden salir a trabajar y generar ingresos para subsistir. También deben sobrevivir gracias a la solidaridad de algunas organizaciones.
Fanny está en los últimos meses de embarazo, mientras Dolores dio a luz el 15 de abril, y se encuentra aun en puerperio. Ambas estuvieron presas en violación al Código Civil paraguayo, y liberadas tras la denuncia por parte de organizaciones sociales y ciudadanos asociados a la causa, en organismos internacionales, y mediante la realización de una huelga de hambre por parte de los presos que exigían la liberación de las mismas.
El Estado tiene la obligación de brindarles asistencia. Pedimos la reparación gubernamental para las familias, a fin de que puedan proteger sus necesidades básicas.
2-Preocupa la situación de los presos del caso Curuguaty. No se puede privar de su libertad a personas por acusaciones genéricas, sin elementos concluyentes ni certeza de individualización de los presuntos ejecutores.
Consideramos un grave atentado a los derechos humanos mantener en prisión a personas sin tener pruebas, y en varios casos de manera arbitraria.
A modo de ejemplo citamos el caso de Felipe Benítez, quien ni siquiera era ocupante de Marina Cué. El mismo había ido a visitar a 3 sobrinos al campamento, donde se quedó a pescar y pasar la noche, el día antes de la tragedia.
Tanto Benítez, como Adalberto Castro y Arnaldo Quintana, quienes se encuentran en la Penitenciaria de Coronel Oviedo, además de negar haber participado en enfrentamiento alguno, testimonian haber sido torturados (estando heridos de bala 2 de ellos) por policías al ser arrestados y llevados al borde de la ejecución sumaria por parte sus captores. Diversos testimonios campesinos, así como investigaciones paralelas a la de la fiscalía denuncian la ejecución sumaria de varios de los 11 campesinos fallecidos.
Hemos constatado a través de las declaraciones públicas de las autoridades, que no se respeta la presunción de inocencia de los campesinos y la existencia de una manifiesta parcialidad.
Llamamos al gobierno, al Poder judicial, a mostrar evidencia concreta, o de manera contraria darles la libertad como corresponde.
3-Consideramos que la violación de un derecho fundamental, estipulado en el artículo 114 de la Constitución paraguaya, que garantiza la distribución y tenencia de tierras de manera equitativa a través de la Reforma Agraria, es el principal detonante de la tragedia de Curuguaty. La injusta condición social a la que están sometidos muchos campesinos y campesinas de Paraguay. El 80 % de las tierras cultivables están en manos de 2 % de propietarios, mientras unos 300 mil labriegos no tienen dónde cultivar.
Citamos nuevamente el caso de Juana Evangelista Martínez, quien vive en un terreno prestado donde no pueden cultivar. La condición de desposeídos llevó a su marido a la decisión de sumarse a los ocupantes de Marina Cué, 8 días antes de la imprevista matanza, “por querer alimentar a su familia”, según dice la viuda.
También es el caso de Luis Olmedo, quien vive en un pequeño terreno, “sitio”, que no tiene título ni espacio para cultivos.
4- Consideramos que la tragedia de Curuguaty, desde las gestiones jurídicas que la posibilitaron tienen graves irregularidades que demuestran la instrumentalización del Estado por poderes fácticos y mafiosos. Según han declarado días atrás Ministros de la Corte Suprema de Justicia, las tierras de Marina Cué no son propiedad de la Familia Riquelme. Fueron donados por la Industrial Paraguaya al Estado Paraguayo, quien nunca tituló a su nombre las tierras. Es decir, ni el Estado ni los Riquelme tenían los títulos de la propiedad. De esta manera, la incursión policial (disfrazada de allanamiento) para desalojar a los ocupantes es a todas luces ilegal.
Esta condición deja sin argumentos a uno de los principales puntos de imputación de los campesinos y campesinas, la “invasión de inmueble”.
Una investigación imparcial debería apuntar a los sectores de poder que manipularon la justicia para sus intereses particulares. Entre ellos: el propietario que ordenó el desalojo y el juez que dio la orden.
Es sumamente sospechoso que el principal instigador del desalojo ilegal, el fallecido Blas. N. Riquelme, sea del mismo partido político que posteriormente utilizó la tragedia para impulsar el juicio político a Fernando Lugo. Deben ser objeto de investigación también los sectores políticos beneficiados por la tragedia, cuyos referentes se conoce que realizaron gestiones a través del Congreso paraguayo para desalojar a los campesinos y campesinas de Marina Cué, y beneficiar a Riquelme.
Su vinculación con el sector político de la familia Riquelme, desautoriza al fiscal del caso Jalil Rachid, amigo de la familia e hijo del también político colorado Bader Rachid (a su vez amigo del Fallecido Blas N. Riquelme). Lo desautoriza como figura neutral para investigar un caso con intereses tan complejos.
Lamentamos que por intereses mezquinos se haya producido la pérdida de 17 vidas humanas.
Los sucesos del 15 de junio de 2012 demuestran la existencia de una conducta política y jurídica preeminentemente abocada a la defensa de sectores poderosos, y en contrapartida, dedicada a reprimir y judicializar a sectores vulnerables que reclaman sus derechos, y que son mayoría.
La movilización de 300 efectivos policiales, acompañados de un despliegue bélico, con helicóptero, armas de guerra, montada y ambulancias, para desalojar de manera ilegal a unos 45 campesinos pobres demuestran el poderío de los sectores que manejan la justicia para sus intereses particulares.
5-Encontramos insostenible la tesis de la fiscalía respecto a la presunta emboscada organizada por los campesinos. La situación de precariedad y la presencia de mujeres embarazadas y niños en el campamento hacen poco creíble la versión de que se haya premeditado un campo de batalla.
Elecciones
La SOA Watch también estuvo monitoreando las elecciones nacionales de este domingo 21 de abril en Paraguay.
En ese sentido, reconocemos la tranquilidad con la que se desarrolló el sufragio.
No obstante, dejamos constancia de nuestra
preocupación por el retorno al poder de un sector político que implantó
por 35 años una dictadura que materializó violaciones de derechos
humanos, persecuciones, exilio, torturas y crímenes de lesa humanidad.
Un signo político bajo cuyo gobierno de “transición
democrática” se mantuvo un modelo económico-político clientelista y
corrupto que tuvo excluido de sus derechos básicos a los sectores más
vulnerables de la población paraguaya. Se mantuvieron también actos de
represión contra organizaciones sociales, que quedan constatadas en los
más de 100 líderes campesinos fallecidos en el marco de la lucha por la
tierra.
Nos preocupa fuertemente la simpatía y la
reivindicación de la dictadura expresada en medios de prensa durante su
campaña por parte del presidente electo Horacio Cartes. Este reivindicó
la “Paz y progreso” (slogan de la dictadura) que “brindó” el Partido
Colorado en sus 60 años anteriores en el poder. También vemos
preocupantes sus expresiones de desprecio hacia las personas con
distinta opción sexual, los sindicatos y sus intenciones de instalar en
el poder a su partido “para siempre”, las que denotan aspiraciones
excluyentes y totalitarias. Todo esto sin contar con sus vínculos con
sectores retardatarios.
Las denuncias de sus vínculos con sectores ilegales
como el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, deja mucha
duda respecto a que el mismo pueda o quiera cambiar el modelo político y
económico que estableció su partido por 60 años.
Expresamos nuestro deseo de que Paraguay no retorne a los años más oscuros de violación de derechos humanos.
Respecto al desarrollo de las elecciones, acotamos
como hecho irregular el anuncio por parte del Ministro del Tribunal
Superior de Justicia Electoral Juan Manuel Morales, quien en horas de la
mañana estaba indicando quien iba ganar las elecciones. En flagrante
violación del Código Electoral, desanimando a que algunos sectores
acudan a votar.
Sobre SOA Watch
SOA Watch, con oficina en Washington DC, y también en Venezuela y
Chile, fue fundado en 1990 por el sacerdote Maryknoll Roy Bourgeois. Es
una organización de activistas no violentos preocupados por los derechos
humanos y que monitorean el comportamiento de soldados
latinoamericanos, egresados e instructores, que son entrenados por el
Ejército de Estados Unidos en la Escuela de las Américas. La Escuela de
las Américas, denominada también “Escuela de asesinos” o “Escuela de los
golpes”, fue el centro de formación de los más grandes represores y
torturadores de las dictaduras latinoamericanas, y sigue en funciones.Observadores de la Misión SOA Watch en Paraguay fueron:
Theresa Cameranesi
Susan Lagos
Emily Creigh
Cristian Sánchez
Frank Schneider
Gary Hagermann
William Karr
17 al 22 de abril de 2013 - SOA WATCH - Informe en PDF
Paraguay: OEA denuncia graves violaciones a DDHH de indígenas en elecciones
por Servindi
Martes, 23 de Abril de 2013 22:17
El reporte explicó que la práctica del “arreo” constituye una “grave
violación a los derechos humanos de las poblaciones sometidas” y
recomendó que se investigue el caso, se penalice y se prevengan hechos
similares en futuros procesos electorales.
La misión electoral de la Organización
de Estados Americanos (OEA) detectó graves violaciones a los derechos
humanos de indígenas en las elecciones presidenciales de Paraguay,
llevadas a cabo el pasado domingo 21 de abril. La institución denunció
el encierro y transporte de indígenas a los lugares de votación.
En su informe sobre el proceso electoral de Paraguay,
dado a conocer el lunes, la OEA indica que constató la práctica
denominada “encerrona” o “corralón” en la que “miembros de comunidades
indígenas son transportados a los lugares de votación el día de los
comicios previo encierro de uno o dos días en estancias de la zona”.
Esta “inaceptable violación” de derechos
humanos fue detectada en algunas regiones del Chaco Paraguayo,
especialmente en los departamentos de Presidente Hayes y Alto Paraguay.
Sin embargo, el informe aclara que tal práctica “no es extendida”.
El reporte explicó que la práctica del
“arreo” constituye una “grave violación a los derechos humanos de las
poblaciones sometidas” y recomendó que se investigue el caso, se
penalice y se prevengan hechos similares en futuros procesos
electorales.
El jefe de la misión de la OEA, Oscar
Arias, pidió a la justicia de Paraguay que proceda “con todo el peso de
la ley” y no descartó que se den sanciones de organismos
internacionales, por la gravedad de la falta.
El informe también denunció la compra de votos y cédulas por autoridades y distintos partidos políticos.
La Misión de Observación Electoral y
Acompañamiento Político de la Organización de los Estados Americanos
(MOE/OEA) en Paraguay, encabezada por el ex Presidente de Costa Rica y
Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, estuvo compuesta por 77
observadores repartidos en 17 departamentos del país.
(Chile) 25 de abril: Marcha de estudiantes de la educación superior privada
Los estudiantes del Movimiento de Educación Superior Privada Mesup
hacemos el llamado a seguir nuestra lucha, ya que nada ha cambiado y
aún nos queda todo por hacer, no importa que se valla un ministro o nos
den más becas, queremos soluciones reales, y solo la lucha las podrá
conseguir.
Es por lo cual Mesup, más los estudiantes secundarios; más los trabajadores de UNT (Unión Nacional Trabajadores de Chile), FETRASISS (Federación de Servicios Generales) y Fesimetco (Federación de Interemrpesas de Metro y Call Center),
es que hacemos el llamado a todo los estudiantes de Institutos
Profesionales, Centros de Formación Técnica, y universidades privadas
-ya sean estas tradicionales o no tradicionales-, a juntarnos este
jueves 25 de abril, en Cumming con Alameda, a las 11 horas para dirigirnos hasta el Mineduc, para emplazar al Estado hacerse cargo de las demandas del pueblo de Chile de una vez por todas.
Nuestra amplia convocatoria dice razón a
que hoy existe la necesidad histórica de que el estudiantado, los
trabajadores y el pueblo en su conjunto se unan, construyan unidad real,
y desarrollen nuevos tipos de movilización, avancen avanzando y
construyan construyendo. Donde el conjunto de la sociedad se manifieste
con una sola voz en las calles.
Luchamos por:
La estatización, por la gratuidad para
todos los estudiantes y la democratización de nuestros espacios
educativos, para que sea la comunidad en su conjunto quien administre la
educación para sus necesidades reales y su desarrollo humano.
Hoy la crisis de la educación se
manifiesta en el día a día que tienen millones de familias, que viven
agobiadas y abatidas por la deuda educacional por haber estudiado
carreras sin ningún criterio de calidad o desarrollo del país, esto por
el solo hecho de que en Chile la educación es una empresa, que beneficia
solo a sus dueños e inversionistas. Es por eso que nosotros luchamos
porque ya no queremos más Universidades del Mar, ni SEK, ni Pedro de Valdivia
en donde el quehacer educacional se transformó en el quehacer
empresarial, ¡ya no queremos más!, lo que queremos es estudiar para
desarrollarnos como sociedad, sin exclusiones y sin ciudadanos de
segunda clase.
Manuel Erazo Soto
Vocero Mesup
Chile: 40 mil contratistas adhirieron al paro de advertencia a Codelco
Dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, evaluaron como exitosa la jornada de movilización, tras finalizado el paro de advertencia en todas las divisiones de CODELCO.
Los trabajadores exigieron en las calles el cumplimiento del Acuerdo Marco firmado el año 2007, tras recibir una respuesta insuficiente por parte de la cuprífera estatal y las empresas contratistas.
La movilización mantuvo bloqueados los caminos en todas las divisiones de Codelco; Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Salvador, Andina, Ventanas, Teniente y Gabriela Mistral.
Así lo confirmó, el Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas, quien evaluó de manera positiva la movilización, pese a la represión de carabineros y las detenciones en Calama.
Según lo expresado en el documento, los principales ejes de la demanda
son la internalización de los trabajadores subcontratados, la
renacionalización de los recursos naturales, mejores condiciones
laborales y remuneracionales para el sector.
Así también, manifestaron su preocupación por la precarización laboral y la falta de seguridad, según señaló el vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada.
Asimismo, no descartó una huelga general de los trabajadores
contratistas, de cara a la mesa de negociación que se realizará este
jueves.
Más de 40 mil contratistas de la minería
estatal y privada concretaron el paro de advertencia, para exigir
mejoras laborales y salariales. Al respecto, Ahumada, llamó a los trabajadores a permanecer en estado de alerta, y a ratificar la adhesión del sector para la marcha del 1 de mayo y 11 de julio.
Millares marcharon hoy por un cambio en la administración del agua en Chile: piden fin de la privatización del recurso
Tres
columnas de manifestantes de regiones se reunieron esta mañana en el
frontis de la Universidad de Santiago para marchar en el Día Mundial de
la Tierra por el derecho al agua. Durante el avance de las columnas
hacia la Plaza Los Héroes se fueron agregando centenares de adherentes y
organizaciones sociales, las que sumaron varios miles de personas.
La
movilización, de carácter pacífico y carnavalesco, fue organizada
diversas entidades medioambientales del país en pro de la defensa del
agua y el buen uso de la misma. Durante la marcha podían verse pancartas
de numerosas organizaciones, tantos sociales, ambientales, sindicales
así como banderas del Partido Comunista. Tras un gran lienzo de la
federación de Trabajadores del Cobre desfilaba las candidatas del PC
Camila Vallejo y Karol Cariola.
Las
agrupaciones exigen al gobierno poner más restricciones a la
transnacionales que extraen recursos naturales y utilizan de manera
indiscriminada cantidades ingentes de agua, limitando el uso en la
agricultura y al consumo humano.
Esta
movilización, dicen sus organizadores, busca la épica en el marchar. La
crisis hídrica es común tanto en el norte, centro y sur del país, por
lo tanto, necesitan confluir y buscar soluciones para enfrentar en
conjunto la escasez de agua que están viviendo. Es imperativo
desprivatizar la gestión del agua, terminar con el Código de 1981 que
entregó el agua a las transnacionales que hoy lucran con el elemento
vital y lograr una gestión comunitaria del elemento vital. Son muchos y
muchas que exigen un cambio en la administración del agua en Chile.
Luego
de la movilización llamaron a participar de una asamblea en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (Portugal N°84).
Siga la Marcha Carnaval por la recuperación y defensa del agua a través de las ondas sonoras de Radio Juan Gómez Millas
donde se estará informando de la red de radios que emitirá la marcha en
diferentes localidades a través de emisoras comunitarias.
El Ciudadano
Millares marcharon hoy por un cambio en la administración del agua en Chile: piden fin de la privatización del recurso
Lunes, 22 de Abril de 2013 12:11
Colaboradores/Clarín
Esta movilización, dicen sus organizadores, busca la épica en el marchar. La crisis hídrica es común tanto en el norte, centro y sur del país, por lo tanto, necesitan confluir y buscar soluciones para enfrentar en conjunto la escasez de agua que están viviendo. Es imperativo desprivatizar la gestión del agua, terminar con el Código de 1981 que entregó el agua a las transnacionales que hoy lucran con el elemento vital y lograr una gestión comunitaria del elemento vital. Son muchos y muchas que exigen un cambio en la administración del agua en Chile.
Marcha ciudadana en defensa del agua: llegan manifestantes de todo el país
Lunes, 22 de Abril de 2013 06:14
Galy Chávez
Hoy culmina en Santiago la gran marcha-carnaval por la “Recuperación y Defensa del Agua”, convocada por 120 organizaciones socio- ambientales. Manifestantes venidos del norte centro y sur del país marcharán desde el frontis de la Universidad de Santiago hasta la Plaza Los Héroes. En este lugar se desarrollará una “Ceremonia Multicultural por las Aguas Ancestrales”A horas del inicio de la movilización, la Intendencia prohibió el acceso a La Plaza de la Ciudadanía pese a que el espacio había sido solicitado con tres semanas de antelación, denunciaron representantes de diversos movimientos ciudadanos.
“Este abrupto y tardío cambio de recorrido y destino de nuestra marcha, lo entendemos como una provocación que busca transformar nuestro grito urgente por el fin al lucro hídrico que nos está matando de sed e indignidad, en una caricatura más de violencia”, señaló el vocero de la Comunidad Diaguita Sierra Huachacán y del Comité Ecológico y Cultural, “Esperanza y Vida”, Rodrigo Villablanca
“Por 32 años hemos vivido la violencia del Código de Aguas y de un modelo de desarrollo enfermo, no queremos más violencia, queremos vida, por lo tanto no cederemos a estas burdas jugarretas del Estado, y más bien, reafirmamos con más fuerza y convicción que no es al Gobierno a quien venimos a hablarle, sino a quienes tengan oídos abiertos para escuchar lo que está pasando en los territorios de este país llamado Chile”, puntualizó, Teresa Nahuelpán, dirigenta del “Movimiento por la Defensa del Mar”
En comunicado público, las organizaciones convocantes llamaron “a las familias que vienen caminando, a nuestras familias del norte, del sur y del centro, a no caer en el juego del gobierno que da muestras de inflexibilidad e intención de dividir. Nosotros y nosotras estamos unidos por la defensa del agua y por el derecho a la vida.
En este espíritu también, exigimos del Gobierno que se otorguen mayores facilidades para la confluencia horaria de las tres columnas al lugar determinado por ellos para la ceremonia, que será la Plaza Los Héroes, sabemos que cualquier espacio es propicio para una ceremonia si compartimos los mismos valores, pero requerimos no jugar con la paciencia de las y los marchantes. Por eso, solicitamos que se permita el arribo de la zona norte por la calle San Martín, ya que la Intendencia resolvió que fuera por la calle Cumming lo que nos retrasaría más de lo estipulado por la organización.
A la vez, exigimos que se den instrucciones expresas a carabineros y fuerzas especiales para que no repriman a las comunidades en el posterior tránsito desde los Héroes hacia la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, donde la palabra, el alimento y el espíritu comunitario nos reunirán alrededor de las 14:00 horas.
Del mismo modo, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas de la región metropolitana que adhieren a esta legítima demanda por el agua y la vida y a la consiguiente derogación del Código de Aguas, a que nos ayuden a mantener un ambiente propicio para que se escuche nuestra voz y nuestras demandas, y triunfe la vida en medio de esta cultura de muerte y violencia que el Estado promueve impunemente.
Por último, hacemos un llamado a quienes no puedan participar directamente en esta marcha, a que salgan de sus casas u oficinas a las 13:00 horas, con un vaso de agua en la mano; ese mismo que nos enseñaron nuestras abuelas que no se negaba a nadie, y lo mantengan en alto en señal de apoyo y sintonía con la ceremonia que estaremos haciendo en la Plaza Los Héroes”
Chile: Movilización de pobladores sin vivienda
Miércoles, 24 de Abril de 2013 05:58
Federación Nacional de Pobladores
La Federación Nacional de Pobladores quien agrupa a allegados, arrendatarios, damnificados de diferentes catástrofes, deudores habitacionales y otras familias sin viviendas que se organizan y movilizan por sus soluciones espera una nueva respuesta del gobierno y declara:
Hacemos un llamado amplio en todo el país para movilizarse este miércoles 24 de abril del 2013 dada la situación que viven miles de pobladores sin vivienda tanto en el violento y cruel desalojo de familias del Campamento Nuevo Amanecer en San Antonio así como en la Toma Calameños Unidos de Calama, en la Reocupación de la Aldea El Molino por parte de damnificados no considerados y allegados de la zona, sin dejar de nombrar a las familias del Comité de Allegados Don Bosco de La Florida que con subsidios en mano y terreno comprometido por el Estado de Chile hoy ocupan y defienden esos predios en Tobalaba con Departamental.
Los damnificados de diferentes catástrofes contrastan las cifras de la reconstrucción emitidas por el gobierno y no concuerdan con las cantidades registradas por las familias afectadas en localidades como Coronel, Lota, Dichato, Llico, Coronel, Chiguayante, Concepción, Talcahuano y sus alrededores. La realidad es totalmente diferente a los avances de reconstrucción que señala el Gobierno.
Existen miles de chilenos damnificados, arrendatarios y allegados que con su subsidio en mano no encuentran la solución adecuada. En muchos casos estos cartones ya han caducado quedando solo con la alternativa de prorrogar la vigencia del beneficio y los tiempos de espera de soluciones concretas. Para todos y todas la solución pasa por reconocer que “el vale único” o subsidio no se ajusta para familias que viven en comunas en donde el suelo es muy caro y se requiere de intervención directa del Ministerio de la Vivienda o de un cambio en la constitución que consagre la vivienda como un derecho y no como un bien de consumo.
La exclusión de familias damnificadas del terremoto del 27/F requiere de reabrir y transparentar el registro de damnificados publicando a sus beneficiarios identificando a los beneficiados con solución concreta y a los que solo han recibido algún tipo de subsidio. Este ejercicio podría ser aplicado tanto para los allegados y para las familias con deuda habitacional.
La incertidumbre de estar en la deuda habitacional y el desgarro de los remates irrumpen con fuerza en sectores de menores ingresos sin capacidad de pago destruyendo familias y aumentado los factores de pobreza. Condonación y creación de una entidad pública que procese la quiebra de las personas.
Exigimos cambios urgentes en las políticas habitacionales de tipo social a partir de una coordinación nacional de pobladores en contraparte de un equipo interministerial que genere soluciones desde los afectados y para los afectados.
Gestión de suelos desde el estado y con los pobladores poniendo a disposición todos los mecanismos normativos y legales, promoviendo el derecho a la ciudad, participando de los cambios en los planos reguladores, operativizando expropiaciones para la solución habitacional social.
Terminar con la política subsidiaria que solo favorece al lucro.
Para nuestros construir en nuestros barrios espacios más dignos se debe prohibir toda instalación comercial que afecte a pobladores y pobladoras sean estas antenas celulares o centrales hidroeléctricas.
No queremos más instrumentos de segmentación socioeconómicos unilaterales que en ningún caso transparentan el ingreso de todos los chilenos y solo sirve para distribuir ayuda entre quienes calificaron con puntajes de corte que facilitan la exclusión social.
Exigimos el cumplimiento inmediato de todos los compromisos ya pactados con las organizaciones aunque se deba aportar dineros extras para sus implementaciones.
Convocamos a un punto de prensa en Tobalaba con Departamental a las 12:00 hrs.
Llamamos a estudiantes, trabajadores, profesionales y organizaciones a solidarizar con nuestras demandas.
Unidos, organizados, movilizados y coherentes.
Federación Nacional de Pobladores.
Vida, vivienda y barrios con dignidad.
Chile: Sin detenidos termina marcha de comuneros en fundo de Celco
LANCO. Sin detenidos se desarrolló la manifestación de comuneros mapuche en cercanías del Fundo Lo Suárez de propiedad de Forestal Valdivia, brazo forestal de Celco.
Se trató de la presencia de cerca de 20 comuneros, quienes ocuparon la ruta que une las localidades de Lumaco y Puquiñe, camino en donde instalaron una fogata protestando porque, según indicó Carabineros, el Gobierno no estaría respetando el convenio 169 de la OIT en relación a los derechos de los pueblos originarios, de que tales terrenos –denominados como ancestrales- les pertenecen. Así lo manifestó el comisario de Carabineros de Panguipulli, mayor Jorge Chabán.
Al respecto, el comunero Miguel Calfu del lof Kilche de la comuna de Lanco, Región de Los Ríos, sostuvo que ellos están impidiendo el tránsito de trabajadores de Forestal Valdivia al fundo a un kilómetro del predio, además, porque su cancha de palín fue destruida.
En tanto, la gobernadora de Valdivia, Macarena Toledo, señaló que las comunidades indígenas conocen sus derechos y procedimientos, argumentando que en este caso el Gobierno está con las manos atadas por ser una materia entre particulares.
La autoridad más allá de llamar a los comuneros a ejercer su derecho para reivindicar tierras a través de la institucionalidad, valoró la entrega hecha por el Gobierno hace unos días atrás de distintos terrenos a comunidades que por años esperaban contar con dichos predios.
Radio Bío-bío
Sin detenidos termina marcha de comuneros en fundo de propiedad de Forestal Valdivia
Sin detenidos se desarrolló la manifestación de comuneros mapuche en cercanías del Fundo Lo Suárez de propiedad de Forestal Valdivia.
Se trató de la presencia de cerca de 20 comuneros, quienes ocuparon la ruta que une las localidades de Lumaco y Puquiñe, camino en donde instalaron una fogata protestando porque, según indicó Carabineros, el Gobierno no estaría respetando el convenio 169 de la OIT en relación a los derechos de los pueblos originarios, de que tales terrenos –denominados como ancestrales- les pertenecen.
Así lo manifestó el comisario de Carabineros de Panguipulli, mayor Jorge Chabán.
Al respecto, el comunero Miguel Calfu del lof Kilche en la comuna de Lanco, sostuvo que ellos están impidiendo el tránsito de trabajadores de Forestal Valdivia al fundo a un kilómetro del predio, además, porque su cancha de palín fue destruida.
En tanto, la gobernadora de Valdivia, Macarena Toledo, señaló que las comunidades indígenas conocen sus derechos y procedimientos, argumentando que en este caso el Gobierno está con las manos atadas por ser una materia entre particulares.
La autoridad más allá de llamar a los comuneros a ejercer su derecho para reivindicar tierras a través de la institucionalidad, valoró la entrega hecha por el Gobierno hace unos días atrás de distintos terrenos a comunidades que por años esperaban contar con dichos predios.
Más de dos meses sin reunión del Consejo de Ministros
Es el estilo de trabajo de Mujica ante las diferencias internas y lucha de camarillas (la de los "mujiquistas" incluída): un llamado supuestamente unitario y no hacer reuniones. Quienes le "hacen el juego a la derecha"?
gobierno
Postergan para el viernes Consejo de Ministros convocado por Mujica
Presidencia había informado más temprano que la reunión sería mañana, pero luego corrigieron la información por Twitter. Finalmente se realizará el próximo viernes a las 10:00 horas en la residencia presidencial de Suárez.
mié abr 24 2013 16:29 El País uy
El 20 de febrero se realizó la última
reunión del gabinete gubernamental. La convocatoria del mandatario fue
de urgencia para evitar que el enfrentamiento por decisiones de política
económica entre el astorismo y el entorno del presidente (Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y asesores del mandatario) provocara un
quiebre definitivo en el gobierno.
Fue una sesión tensa en la que todos expusieron frontalmente sus diferencias. Mujica dio una conferencia en la que no aceptó preguntas pero admitió que había un "desgaste" entre los integrantes del gobierno y convocó a "emparchar el alma y querernos un poco más entre los compañeros".
Desde ese entonces no se realizó ninguna reunión de ministros.
Fue una sesión tensa en la que todos expusieron frontalmente sus diferencias. Mujica dio una conferencia en la que no aceptó preguntas pero admitió que había un "desgaste" entre los integrantes del gobierno y convocó a "emparchar el alma y querernos un poco más entre los compañeros".
Desde ese entonces no se realizó ninguna reunión de ministros.
Nacional - AJUSTE
Paro en el Clínicas con directorio ocupado por sindicalistas
La medida tomada por integrantes de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas se da por diferencias en la negociación salarial
+ - 24.04.2013, 14:45 hs
- ACTUALIZADO 15:04
Texto: El Observador
El paro se extenderá hasta que finalice la asamblea que se realizará este jueves. Debido a la medida los únicos servicios que funcionan en el hospital son urgencia y emergencia
Masi estableció que se había acordado ayer, martes, que el directorio pediría ante el Ministerio de Trabajo un aumento salarial de 58%, “correspondiente a media canasta familiar. Como tiene todo el mundo”, pero que fueron informados que lo que se pediría sería un 25%. Ante esto decidieron parar y ocupar las oficinas donde trabaja el directorio del hospital.
“No puede ser que digan un día una cosa y otro día otra”, dijo Masi, que junto a sus compañeros se mantendrán concentrados en el directorio hasta que se realice una nueva asamblea mañana jueves.
Explicaciones
24
abr
PIT-CNT pide explicaciones a Brenta por cambios en negociación colectiva
La central sindical se opone a eliminar la norma que establece que los convenios colectivos mantendrán plena vigencia en todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya
La modificación propuesta por el Ministerio de Trabajo (MTSS), por la que se elimina la ultractividad de los convenios colectivos fue el tema central de la reunión que mantuvo este martes el Secretariado Ejecutivo del PIT- CNT.
La ultractividad establece que los convenios colectivos mantendrán plena vigencia en todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario, según la ley aprobada durante la primera administración del Frente Amplio (FA). La iniciativa del gobierno propone quitar este punto de la norma y que la vigencia y prórroga de los acuerdos quede a resolución de trabajadores y empleadores que sean parte. De esta forma todos los beneficios ajenos al salario deberán ser negociados desde cero cada vez que venzan los convenios.
La central sindical rechaza el cambio porque entiende que significa “una pérdida de derechos”. “Se tomarán todas las medidas que sean necesarias para luchar contra esto y proteger a los sindicatos más chicos”, dijo a El Observador el dirigente Ricardo Cajiga.
El Secretariado Ejecutivo resolvió solicitar una entrevista con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, para conocer los argumentos sobre el cambio propuesto en el proyecto de ley enviado al Parlamento, al tiempo que el tema pasará a estudio de asesores jurídicos.
el observador.
Nacional - PUERTO DE LA PALOMA
¿Por qué miente el portal de Valenti?
Uypress informó que la foto que publicó El Observador es de 2004 pero no es así; fue tomada el 14 de marzo pasado
+ - 24.04.2013, 13:13 hs
- ACTUALIZADO 13:29
Texto:El Observador
La fotografía, publicada en el Facebook de García junto a otras fotos del puerto, fue tomada el 14 de marzo de 2013 a las 14:45 de la tarde. Esa imagen está comprendida en un álbum que muestra las obras en la terminal, el acopio de madera y el barco que está esperando desde enero para llevarse la carga hacia UPM.
Además, Jorge Camaño, director nacional de Hidrografía, reconoció a El Observador que ese caño está instalado en la actualidad en el puerto de La Paloma y que de allí sale agua de color negro, producto de la mezcla de arena, agua y limo extraído del fondo del océano, igual a lo presentado en la fotografía. “Ahora está volcando el sedimento en un ángulo del puerto”, precisó Camaño.
No obstante, aunque los vecinos denuncian contaminación, el material dragado no contiene sustancias contaminantes, según los resultados del análisis de calidad del suelo realizado por un laboratorio privado de química ambiental a pedido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en febrero de 2013.
Uy Press, del empresario y dirigente frenteamplista Esteban Valenti, aseguró que la foto es del 2004 y lo atribuyó a “una manipulación total. La foto es de archivo, fue sacada en el año 2004 y muestra una marea negra vertida al mar”, desinfomó.
Ganar, no gustar, no querer golear
Habías cambiado la misa por el comité, y
hasta seguías con los labios el sermón. Para la procesión llevabas café
en el termo, pero si te habías olvidado de las tortas fritas para
llenarte la panza no importaba: en cualquier acto siempre había uno
vendiendo maní. Te ibas con los pelos de punta. Porque el maní estaba
salado, o porque hablaban Líber Seregni o Alba Roballo o Zelmar
Michelini o Rodney Arismendi. En aquél momento estabas por la
nacionalización de la banca, te gustaba la idea de una reforma agraria.
No se hablaba de la legalización del faso ni de matrimonio igualitario
ni de despenalizar el aborto. No te metías con esos temas, pero tampoco
te quedaba otra. Eran todos un poco progres, un poco caretas. La
academia proporcionaba pasantías en Cuba o en la Unión Soviética para
conocer el modelo. A veces salías del closet. Y ahí, sí, se te armaba
rebelión en la en la granja. Porque tu viejo era del partido, porque tu
tío había salido hacía poco de la cana o porque tu vieja era demócrata
cristiana. Pero sí, te convencieron, y saliste del closet: te afiliaste
al 26. Después vino el invierno. Te comiste tremendo garrón, o no: te
salvaste porque sí. O porque la hiciste bien. O porque te fuiste al
exilio. O porque un amigo te achicó. O porque no era para vos.
Después vino el 80 y el 82 y el 84. Sentías ese vientito en la nuca, revival
de aquél otro vientito, el del 71. Y volvió la democracia, y volviste a
la iglesia frenteamplista. Habían pasado catorce años, pero los curas
eran casi todos los mismos. A veces te tocaba hacer de monaguillo, y ahí
estabas, alcanzando hostias para otros fieles. Te indignaba la
impunidad. Y por eso saliste a juntar firmas. O a ratificar firmas,
porque te querían cagar. Siempre te querían cagar. Y las juntaste una
vez, dos veces, tres veces, hasta que el voto que el alma pronuncia te
dejó sin alma. O sin voto, porque de tanto indignarte te cansó esa
costumbre de votar. Pero como era demasiado obsceno, votaste en contra
de las privatizaciones del Cuqui. Hasta Sanguinetti votó en contra.
¡Cómo habrá sido la cosa para que vos y el hombre de los ojos en la nuca
votaran juntos! En ese momento, Durmiendo con el enemigo casi
gana el Oscar, pero no te importaba demasiado, porque ibas a Cinemateca,
no sea cosa de hacerle el juego a la derecha. Hacías cola porque
estaban pasando un ciclo de cine checo. De vez en cuando mirabas para
atrás, no sea cosa que entraran los tanques rusos.
Fuiste al Filtro a ver qué pasaba y te
comiste un garrón. En realidad, dos garrones. Uno de los milicos y otro
de los tupas, que por ese entonces daban manija porque por ese entonces,
ETA y el FA eran más o menos lo mismo. O así te lo contaban por la
radio, en la voz de Eleuterio Fernández Huidobro. O en la de Jean George
Almendras, que como por ese entonces ya interceptaba la radio policial
te lo podías confundir. Sentiste vergüenza con lo de Berríos, y cuando
te estabas por volver a indignar volvió Sanguinetti. No terminaste de
entender el balottagge (¿o balotaje? ¿o balotage?) y en eso asumió
Batlle. Y vino la Comisión para la Paz, pero cuando te empezabas a
entusiasmar porque por primera vez alguno reconocía el enorme agujero
negro que había dejado la dictadura, la crisis te tapó la boca. De
vergüenza, o simplemente de hambre, porque por aquél entonces, mientras
cinco banqueros se llevaban la guita para su casa, los niños comían
pasto y Artigas dolía en el estómago.
Después vino Tabaret y bailaste en el
Moulin Rouge. Ya no ibas a misa. La iglesia estaba vacía. Todo se
decidía en el Vaticano, que no estaba allá, sino más bien acá, en la
calle Colonia, aunque tenía sucursal en Buschental. La Belle Époque había
pasado de largo, pero vos seguías revoleando las caderas. Te jodía un
poco que te pasaran la gorra cada vez que mandaban a un milico en cana.
Aplaudiste que pagara más el que tiene más. O que le dieran una
computadora a cada niño de escuelas y liceos públicos. O que bajara la
indigencia y la pobreza y el desempleo. Pero cuando estabas por aplaudir
de pie porque por primera vez iban a morir bastantes menos mujeres de
las que morían desangradas en abortos inseguros, aquél hombre simpaticón
que caminaba por los escenarios con pinta de pastor evangélico te
partió la cara de un veto. No pasaron dos años y te volvieron a pedir el
voto. Son como los Testigos de Jehová: pasan cada tanto, te leen un
librito, te dicen que no comas cordero ni festejes los cumpleaños y
vuelven en cinco años. Esta vez, para sostener que las mujeres con más
de tres hijos tienen que jubilarse para cuidar a los críos. No te diste
cuenta, pero volvimos a la época de las cavernas. No vaya a ser cosa que
el Frente lidere una revolución sexual. O una revolución generacional. O
una revolución educativa. O una revolución científica. O una
revolución.
Y ahora, cuando del Frente de aquél Moulin Rouge no
quedan ni las sillas, cuando todo se parece demasiado al Punto Final de
Julia Moller, te piden que sigas bailando. Que vayas a votar, como si
elegir presidente fuera un favor que te hacen. Te ruegan, te suplican
que sigas consumiendo la maravillosa droga que te corrió por las venas
desde aquél día que te habías levantando con cara de Robin Hood, aunque
al ratito te refugiaras en el convento de Kirklees. Te piden que los
entiendas, que le perdones a Mujica las mismas barbaridades que siempre
condenaste porque es un viejo testarudo. Te venden el regreso de Tabaré
como la vuelta del mesías. Algunos se pelean por la prensa y -¡por fin!-
muestran todas sus miserias. Pero no, después se arrepienten y dicen
que lo que dijeron no lo hubiesen dicho y que hubieran dicho otra cosa
que no fue lo que dijeron. Porque la encuesta muestra otra cosa, o
porque la sociedad no está madura. En aquél febrero de 1971 sonaba Dean
Reed, pero claro, no te pedían que para sentarte a escucharlo abdicaras
de la pretensión punitiva a una banda de asesinos. Ni que rezaras cinco
líbernuestros a San Pepe y a San Ñato para que, por favor, aunque sea
por esta vez, no te inscriban en la Escuela de Los dos demonios.
Al contrario de lo que reza el tríptico
futbolero, este Frente Amplio de ahora gana, pero ni golea ni gusta.
Tiene, por segunda vez consecutiva, mayoría absoluta. Tiene todas las
pelotas en el área chica, pero no mete goles. Tuvo en sus manos la
anulación de la ley de caducidad, pero hizo gimnasia artística para
ocultarlas. Tuvo en sus manos la transformación más radical de la
estructura patriarcal con el matrimonio entre iguales, pero tampoco.
Tiene en sus manos un ambicioso proyecto de ley de medios, pero todo
indica que le bajará cinco revoluciones. Se le escapan las pelotas. Erra
los penales. No gusta. Pero gana, porque lo que está enfrente es
doblemente peor, casi letal. Pero aún así, cuando el Frente Amplio
festeje hoy sus 42 años de vida, no vas a sentir aquél frío corriendo
por la espalda que muchos de sus fundadores sintieron cuando pusieron la
firma a aquél proyecto político que nació al mundo en febrero de 1971.
No vas a emocionarte ni a prender la radio buscando sintonizar algún
discurso brillante. No vas a ir con tu bandera a ningún lugar, no vas a
esperar una caravana, no vas a buscar entre tus recuerdos aquella foto
amarillenta con muchos hombres sentados alrededor de una mesa en el
Palacio. A lo sumo buscarás un video en Youtube con la voz entrecortada
de Líber Seregni. A lo sumo te vas a topar con algún posteo en Facebook.
Pero no lo vas a compartir. Y si lo compartís, no te va a conmover.
Porque aquél Frente se parece muy poco a este. Este Frente no
entusiasma, no convoca, no aprende. Te empuja a la resignación.
¿Militar? Sí, ese de verde que está parado ahí.
Esta nota es algo así como una segunda versión de “Semen up”, publicada originalmente en el extinto blog Motivos de Puteo.
Las "democracias representativas" burguesas
Lo + racional es que se trata de incapacidad propia para comprender X
qué los pueblos siguen creyendo que entrando en el juego de dados
cargados y de la mosqueta de las "democracias representativas" burguesas
van a conseguir modificar el status - quo de las elites dominantes.
Tampoco puedo entender como las masas ignoran el ejemplo histórico de
que es con la garantía de la fuerza que se imponen y se mantienen los
sistemas,ideologías y aparatos políticos. En el caso concreto de nuestro
paisito me intriga como el pueblo no cuestiona,no discute,no plantea
modificaciones para que cese la exacción del 11% del presupuesto
nacional de U$S 10.000.000.000 que beneficia a un aparato armado con
sus interminables y chocantes privilegios, sólo X que se trata del brazo
armado de la oligarquía y del imperio como lo acaba de demostrar
nuestra sangrienta y cara historia reciente con su monstruosa diáspora
de 600.000 personas.-
A
nadie parece haberle llamado la atención del X que - durante 12 años y
U$S 6.000.000.000 - nuestra carísima mafia de empleados públicos
enfierrados se dedicó a atropellar,torturar,saquiar,
Desde
el garrote primitivo no conozco ningún método que lo suplante,excepto
que se disponga de un calibre mayor y ahí "la razón" pasa a ser tuya, o
imponerla, X lo - .
No
confío mucho en la lucidez política de los yanquis para saquear los
recursos de otros paises, y llevar adelante sus guerras
colonialistas,hasta X qué están mandatados X las exigencias de la avidez
del complejo militar-industrial que es el sustento de su economía.
Estoy curioso por asistir al desenvolvimiento de su agresión continental
que inició con el cancercito (made in CIA) al Hugo Rafael. Ahí los
pueblos latinoamericanos van a poder apreciar al "rostro descarnado"
del imperialismo en su propio suelo.- En lo nacional,vamos a continuar
con la bi-centenaria representación del hábil sainete de hacer de cuenta
y mirar para otro lado disfrutando del dulce sopor que brinda el
paternalismo estatal con las escasas, pero suficientes, limosnas
eclesiásticas de las migajas que sobran del festín.
Mientrastanto,podemos seguir indefinidamente organizando marchitas y
protestas que no nos obliga a abandonar el mate y engrupe a la
conciencia de que "estamos militando". Si ya alcanzamos el
bi-centenario,no tiraremos un siglito + ?.... .-
MAU-MAU
