LO DICHO: LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN! LA CORTE DE SUPREMA INJUSTICIA HA DICTAMINADO CONTRA LA PRAXIS INTERNACIONAL
Grecia amenaza con cobrar a Berlín daños de guerra por la invasión nazi
Atenas reclama 162.000 millones como reparaciones por la invasión nazi
Izado de la esvástica en la Acrópolis de Atenas en 1941. / SCHEERER (BUNDESARCHIV)
Desde que entró en la barrena de la crisis, en 2010, Grecia debe a la
troika 240.000 millones de euros —más intereses—, la suma de los dos
rescates que apuntalan su ruinosa economía; y su deuda pública, que
entonces rondaba el 130% del PIB, ascendía el año pasado al 172%. Estas
calamitosas cuentas, y el estado de depauperación en que malviven amplias capas de la población por los sucesivos ajustes, podrían en parte remediarse si Atenas reclama formalmente el dinero que desde la II Guerra Mundial le debe Alemania en concepto de reparaciones de guerra.
Un informe confidencial encargado por el Ministerio de Economía griego revela que la suma se eleva —sin los intereses de los 60 años transcurridos— a 162.000 millones de euros, aproximadamente el 80% del PIB griego. Se calcula que alrededor de 108.000 millones corresponderían a la reconstrucción de las infraestructuras destruidas, y el resto, a los préstamos suscritos forzosamente por el Banco de Grecia para sufragar los gastos —suministros y pagas— de las fuerzas de ocupación.
Dimitris Avramópulos, ministro de Exteriores, comunicó ayer al Parlamento que el informe será estudiado en breve por asesores legales y, luego, se decidirá si reclamar o no. “Esto es una cuestión pendiente desde hace 60 años, rebasa ampliamente los límites de la crisis de la deuda”, recordó Avramópulos.
El documento, obra de un grupo de expertos facultados por el Ministerio de Economía y que desde marzo está en manos de Avramópulos y del primer ministro, el conservador Andonis Samarás —quien se reserva la última palabra—, se basa en el análisis de 791 volúmenes de archivos, 190.000 páginas de documentos en total, muchos de ellos arrumbados en sacos en los sótanos de edificios públicos desde hace décadas.
El 7 de abril, el diario To Vima (centroizquierda) levantó la liebre de la reclamación y tituló en portada Todo lo que Alemania nos debe, de lo que se hizo eco al día siguiente el semanario alemán Der Spiegel. La información revelaba la inapelable conclusión de los expertos: “Grecia jamás ha recibido ninguna compensación, ni por los préstamos que se vio forzada a suscribir para Alemania, ni por los daños sufridos durante la guerra”.
La comunicación de Avramópulos al Parlamento añade una presión extra a la debilitada coalición que preside Samarás, empujado a reclamar por buena parte de la oposición, pero a la vez temeroso de abrir otro frente en la tensa relación con Alemania. Mientras masacres como la de Dístomo aguardan resolución en La Haya, el acuerdo suscrito entre Alemania y Grecia en 1960 descartaba nuevas reclamaciones individuales por la invasión nazi.
Un informe confidencial encargado por el Ministerio de Economía griego revela que la suma se eleva —sin los intereses de los 60 años transcurridos— a 162.000 millones de euros, aproximadamente el 80% del PIB griego. Se calcula que alrededor de 108.000 millones corresponderían a la reconstrucción de las infraestructuras destruidas, y el resto, a los préstamos suscritos forzosamente por el Banco de Grecia para sufragar los gastos —suministros y pagas— de las fuerzas de ocupación.
Dimitris Avramópulos, ministro de Exteriores, comunicó ayer al Parlamento que el informe será estudiado en breve por asesores legales y, luego, se decidirá si reclamar o no. “Esto es una cuestión pendiente desde hace 60 años, rebasa ampliamente los límites de la crisis de la deuda”, recordó Avramópulos.
Durante la ocupación 300.000 personas murieron de hambre y decenas de miles fueron ejecutadas o se exiliaron
La invasión nazi entre 1941 y 1944, y el reguero de muerte y miseria
que dejó —matanzas de civiles como las de Dístomo o Kalávrita, la muerte
de 300.000 personas por inanición, la ejecución y el exilio de decenas
de miles de opositores—, está grabada de manera indeleble en la memoria
colectiva de Grecia. No es, por tanto, una cuestión de dinero, sino de
justicia histórica, insiste el Ejecutivo.El documento, obra de un grupo de expertos facultados por el Ministerio de Economía y que desde marzo está en manos de Avramópulos y del primer ministro, el conservador Andonis Samarás —quien se reserva la última palabra—, se basa en el análisis de 791 volúmenes de archivos, 190.000 páginas de documentos en total, muchos de ellos arrumbados en sacos en los sótanos de edificios públicos desde hace décadas.
El 7 de abril, el diario To Vima (centroizquierda) levantó la liebre de la reclamación y tituló en portada Todo lo que Alemania nos debe, de lo que se hizo eco al día siguiente el semanario alemán Der Spiegel. La información revelaba la inapelable conclusión de los expertos: “Grecia jamás ha recibido ninguna compensación, ni por los préstamos que se vio forzada a suscribir para Alemania, ni por los daños sufridos durante la guerra”.
La comunicación de Avramópulos al Parlamento añade una presión extra a la debilitada coalición que preside Samarás, empujado a reclamar por buena parte de la oposición, pero a la vez temeroso de abrir otro frente en la tensa relación con Alemania. Mientras masacres como la de Dístomo aguardan resolución en La Haya, el acuerdo suscrito entre Alemania y Grecia en 1960 descartaba nuevas reclamaciones individuales por la invasión nazi.
Merkel reclama más poder para Bruselas en contra del poder nacional
por Vdeverdad
Miércoles, 24 de Abril de 2013 22:50
La zona euro debe estar dispuesta a ceder el control sobre ciertos
asuntos a las instituciones europeas de cara a una mayor integración si
el bloque quiere superar la crisis, indicó la canciller de Alemania
Angela Merkel.
"Logramos encontrar
soluciones comunes en las condiciones de la crisis, pero tan pronto como
la situación se normalice, muchos países dicen que quieren llevar a
cabo sus propias decisiones", destacó Merkel durante un discurso en
Berlín.
"Tenemos que estar preparados para el hecho de que en algunas zonas la última palabra pertenece a Europa. De lo contrario, no seremos capaces de seguir construyendo Europa”, advirtió.
Se trata de una de las primeras ocasiones en las que la canciller alemana pide renunciar a la soberanía nacional en favor de un control más estricto de Bruselas.
Sin embargo, Merkel no pide nada nuevo, ya que la tendencia conducente el aumento de las competencias de estructuras supranacionales tales como el BCE, el Eurogrupo y una serie de otras instituciones europeas empezó hace mucho tiempo.
Mientras tanto, parece que los países de la zona euro podrían perder no solo la soberanía, sino el principal instrumento de la lucha contra la crisis. Así, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, indicó que las políticas de austeridad articuladas por la Unión Europea en los últimos años para hacer frente a la crisis financiera han llegado a su límite.
"Aunque creo que esta política es fundamentalmente correcta, creo que ha alcanzado su límite. Una política exitosa no sólo debe ser bien planificada, sino que también debe tener un mínimo de apoyo político y público", concluye Barroso.
Fuente: http://www.vdeverdadnews.com/
"Tenemos que estar preparados para el hecho de que en algunas zonas la última palabra pertenece a Europa. De lo contrario, no seremos capaces de seguir construyendo Europa”, advirtió.
Se trata de una de las primeras ocasiones en las que la canciller alemana pide renunciar a la soberanía nacional en favor de un control más estricto de Bruselas.
Sin embargo, Merkel no pide nada nuevo, ya que la tendencia conducente el aumento de las competencias de estructuras supranacionales tales como el BCE, el Eurogrupo y una serie de otras instituciones europeas empezó hace mucho tiempo.
Mientras tanto, parece que los países de la zona euro podrían perder no solo la soberanía, sino el principal instrumento de la lucha contra la crisis. Así, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, indicó que las políticas de austeridad articuladas por la Unión Europea en los últimos años para hacer frente a la crisis financiera han llegado a su límite.
"Aunque creo que esta política es fundamentalmente correcta, creo que ha alcanzado su límite. Una política exitosa no sólo debe ser bien planificada, sino que también debe tener un mínimo de apoyo político y público", concluye Barroso.
Fuente: http://www.vdeverdadnews.com/
Fallo de la Cámara: consideran que los reclamos laborales no prescribieron.
Argentina: Empresarios preocupados por el avance de causas por crímenes cometidos en la dictadura
por Casapueblos
Miércoles, 24 de Abril de 2013 18:22
Se trata de compañías locales e internacionales que temen al pago de indemnizaciones.Además del temor por la responsabilidad
penal, hay preocupación por la asociación de las empresas con los
delitos de lesa humanidad que “afectan la reputación” de la marca.
Noticia de Casapueblos-AEDD
Fallo de la Cámara: consideran que los
reclamos laborales no prescribieron Minera Aguilar tiene más de 70 años
en el país y produce zinc y plomo
Pablo Waisberg
Los últimos pasos de la justicia federal
para esclarecer los crímenes de la última dictadura generaron
preocupación en un grupo de empresarios, que temen por las condenas
penales y por la posibilidad de demandas civiles que deriven en
indemnizaciones. Se trata de varias compañías nacionales e
internacionales que están siendo investigadas por distintos tribunales
federales, que en los últimos meses aceleraron los procesos.
La decisión del juez federal Fernando
Poviña, que este miércoles le tomará declaración a Eduardo López, que
fue jefe de Personal de Compañía Minera Aguilar y está imputado por
privación ilegítima de la libertad y tormentos, generalizó el temor de
que la Justicia avance sobre niveles directivos y no sólo sobre los
accionistas.
Además del temor por la responsabilidad
penal, hay preocupación por la asociación de las empresas con los
delitos de lesa humanidad que “afectan la reputación” de la marca,
reconocieron a Bae Negocios diversas fuentes sobre lo que se discute en
Ford, Mercedes-Benz, Loma Negra, Astilleros Astarsa y Las Marías.
Algunas de ellas fueron vendidas y están en manos de nuevos grupos
económicos como el caso de Loma Negra, que quedó bajo control de la
brasileña Camargo Corrêa y allí “se evaluó la posibilidad de cambiar el
nombre”, aunque finalmente no prosperó.
“No se espera que nadie vaya preso. Aun
si hubiera condena, todos los acusados son gente muy mayor”, dijo una
fuente, pero detalló: “Lo que preocupa es que de la responsabilidad
penal se pase a la responsabilidad civil y de allí a una indemnización”.
Esa preocupación no es sólo un fantasma:
existe un fallo de la cámara laboral que determinó la
imprescriptibilidad de un reclamo laboral realizado por la hija de un
obrero desaparecido en una metalúrgica.
En los últimos días, los pasos que dio
el juez Poviña volvieron a generar cierta incomodidad. El magistrado a
cargo del Juzgado Federal Nº 2, de Jujuy, procesó a un gendarme que fue
jefe del operativo para secuestrar a 27 obreros –Jorge Borges do Canto– y
ahora citó al ex jefe de Personal de Aguilar, la compañía minera más
antigua de la Argentina. La declaración se hará por videoconferencia
porque López vive en Buenos Aires, precisó una fuente judicial.
“La decisión de Poviña no pasó
inadvertida para nadie porque es el juez que procesó a Carlos Pedro
Blaquier en la causa por lo ocurrido en el Ingenio Ledesma”, indicó una
de las fuentes, y señaló que otros de los nombres que generan molestia
entre los empresarios es el del secretario de Derechos Humanos, Martín
Fresneda, y la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas
por Violaciones a los Derechos Humanos, que fue creada en el 2007 y
encabezan Jorge Auat y Pablo Parenti.
Por su parte, Parenti señaló que para
que se pueda responsabilizar a las empresas es necesario probar
concretamente la relación entre los secuestros –como ocurrió en Minera
Aguilar– o desapariciones –como pasó en Ledesma– y el accionar de la
empresa. “Sin embargo, cuando se avanza en las causas de ese tipo se
pueden revelar cosas nuevas, pero para eso es necesario que los
expedientes avancen y eso era lo que no ocurría en Jujuy, por ejemplo”,
indicó el fiscal.
“Lo que muchas veces ocurre es que se
logran vencer las resistencias para investigar a las fuerzas armadas o
de seguridad y aparece la resistencia para investigar a los civiles y a
las empresas. Y eso no es independiente de que esas empresas sigan
siendo poderosas. En algunos casos tienen una situación muy comprometida
porque los delitos se cometieron en pueblos que prácticamente dependían
de ellas, como es el caso del Ingenio Ledesma o de Minera Aguilar. En
estos casos la hipótesis que se investiga es que hubo una participación
activa de integrantes de estas empresas en la represión ilegal. Esto es
parte de lo que hay que determinar y juzgar”, agregó Parenti.
Consideran que los reclamos laborales no prescribieron
A principios del año pasado, la Sala V
de la cámara laboral emitió un fallo donde determinó la
imprescriptibilidad de un reclamo laboral realizado por la hija de un
trabajador de Techint que fue secuestrado en la planta de Campana
durante la última dictadura cívico-militar. La decisión tiene la firma
de Enrique Arias Gibert, María García Margalejo y Oscar Zas y habilita a
los familiares a reclamar una indemnización.
Según entendieron los camaristas en la
causa “Ingenieros, María Gimena c./Techint S.A. Compañía Técnica
Internacional s./accidente - Ley especial”, el secuestro de Enrique
Roberto Ingenieros contó con la participación de la empresa.
En la causa se detalló que el 5 de mayo,
Ingenieros estaba trabajando y fue convocado a la Oficina de Personal
porque supuestamente lo había ido a ver un familiar, pero fue
secuestrado y pasó a integrar la lista de desaparecidos.
La hija del operario reclamó la
indemnización, pero Techint argumentó que la causa se inició treinta y
un años después del secuestro y pidió la prescripción. El juez de
primera instancia aceptó el planteo de la metalúrgica que encabeza Paolo
Rocca, pero la hija de Ingenieros argumentó que “la acción intentada es
la consecuencia directa de un delito de lesa humanidad que, por tanto,
resulta imprescriptible”, según detalló Diario Judicial.
Finalmente, la cámara laboral entendió
que “la imprescriptibilidad afecta, entonces, no sólo a quienes
efectivamente realizaron el crimen de lesa humanidad sino a sus
coautores, cómplices o instigadores, cualquiera sea su grado de
desarrollo”. Y eso alcanza “tanto a la acción penal como la civil
[porque] emanan de una misma situación de hecho: el delito de lesa
humanidad, razón por la cual los principios aplicables en materia de
prescripción deberían ser los mismos y cualquier distinción sería
inconsistente”.
Además, los camaristas citaron que “las
empresas de la Alemania nazi que se beneficiaron con la utilización de
trabajo esclavo durante el Tercer Reich, debieron abonar compensaciones a
los deudos de las víctimas”.
La SCJ ha pretendido otorgar IMPUNIDAD a los criminales de lesa humanidad. La resistencia a los DICT-ados crece. Hay jueces y fiscales que están dando una lección de civismo y democracia. A todos, a las SCJ, al gobierno, al Frente Amplio del silencio, y a los asesinos fascistas. A eliminar la ley de caducidad-impunidad!
Investigación
Jueza Beatriz Larrieu
Viana denunció en su momento a Juan María Bordaberry y Mario Castromán por crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Con posterioridad, la defensa de Castromán presentó una petición de archivo de la causa, al considerar que los hechos denunciados, los cuales ocurrieron en 1974, “han prescrito”.
Sin embargo, este jueves trascendió que la jueza Larrieu rechazó el pedido de la doctora Estela Arab, al entender que “sólo recién después que la Suprema Corte de Justicia consideró en 2009 la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad el caso no pudo ser investigado”
También consideró que el concepto de “delito de lesa humanidad se retrotrae a la Carta del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, siendo posteriormente recogido por todo el ordenamiento jurídico internacional”.
“Los delitos de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad comprenden conductas tipificadas tales como asesinato, exterminio, deportación, encarcelación, tortura, violación, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual, secuestro, desaparición forzada o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, expresa la magistrada en su resolución.
Se trata de la segunda petición de archivo por prescripción contra crímenes de lesa humanidad que rechaza Larrieu, la anterior fue el 19 de abril cuando desestimó la solicitud para clausurar por la causa iniciada en 2003 contra los mandos civiles, militares y policiales que pudieran estar implicados en la detención, tortura y posible homicidio de Norma Cedrés, hechos ocurridos entre los años 1975 y 1978.
La jueza Larrieu ocupa el cargo que dejó vacante Mariana Mota desde el 14 de febrero último, quien fuera trasladada a la orbita civil.
Un grupo de militares uruguayos y argentinos ingresaron en su domicilio y lo torturaron en la azotea del edificio en el que vivía.
Luego fue trasladado hasta la Superintendencia de Seguridad Federal de Buenos Aires y allí fue torturado durante veinte días hasta que lo llevaron a la cárcel de Villa Devoto y luego a Caceros.
El 4 de abril de 1974 fue llevado a Aeroparque para ser embarcado en un vuelo comercial de PLUNA con destino a Montevideo. Fue llevado a la Jefatura de Policía de Montevideo y luego a Inteligencia, donde fue torturado.
Luego pasó por el Batallón de Infantería Nº 12 de Rocha e Infantería Nº 11 de la ciudad de Minas.
Jueza Larrieu desestima pedido de archivo de causa contra Castromán y Bordaberry por delitos de lesa humanidad
La jueza letrada de 1º instancia en lo Penal de 7º turno, Beatriz Larrieu, rechazó una nueva solicitud de archivo de una causa, en este caso presentada por la defensa de Mario Castromán, quien fuera denunciado por crímenes de lesa humanidad y genocidio junto a Juan María Bordaberry, cometidos al ex militante tupamaro Antonio Viana,
Jueves 25 de abril de 2013 | 22:13
Jueza Beatriz LarrieuCon posterioridad, la defensa de Castromán presentó una petición de archivo de la causa, al considerar que los hechos denunciados, los cuales ocurrieron en 1974, “han prescrito”.
Sin embargo, este jueves trascendió que la jueza Larrieu rechazó el pedido de la doctora Estela Arab, al entender que “sólo recién después que la Suprema Corte de Justicia consideró en 2009 la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad el caso no pudo ser investigado”
También consideró que el concepto de “delito de lesa humanidad se retrotrae a la Carta del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, siendo posteriormente recogido por todo el ordenamiento jurídico internacional”.
“Los delitos de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad comprenden conductas tipificadas tales como asesinato, exterminio, deportación, encarcelación, tortura, violación, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual, secuestro, desaparición forzada o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, expresa la magistrada en su resolución.
Se trata de la segunda petición de archivo por prescripción contra crímenes de lesa humanidad que rechaza Larrieu, la anterior fue el 19 de abril cuando desestimó la solicitud para clausurar por la causa iniciada en 2003 contra los mandos civiles, militares y policiales que pudieran estar implicados en la detención, tortura y posible homicidio de Norma Cedrés, hechos ocurridos entre los años 1975 y 1978.
La jueza Larrieu ocupa el cargo que dejó vacante Mariana Mota desde el 14 de febrero último, quien fuera trasladada a la orbita civil.
Antonio Viana
En tanto que Antonio Viana fue detenido el 9 de abril del 1973 en su casa de Buenos Aires, donde se había radicado con su familia, ante la persecución que estaba sufriendo en Uruguay.Un grupo de militares uruguayos y argentinos ingresaron en su domicilio y lo torturaron en la azotea del edificio en el que vivía.
Luego fue trasladado hasta la Superintendencia de Seguridad Federal de Buenos Aires y allí fue torturado durante veinte días hasta que lo llevaron a la cárcel de Villa Devoto y luego a Caceros.
El 4 de abril de 1974 fue llevado a Aeroparque para ser embarcado en un vuelo comercial de PLUNA con destino a Montevideo. Fue llevado a la Jefatura de Policía de Montevideo y luego a Inteligencia, donde fue torturado.
Luego pasó por el Batallón de Infantería Nº 12 de Rocha e Infantería Nº 11 de la ciudad de Minas.
El 23 de diciembre fue trasladado al Penal de Libertad donde
permaneció hasta el 13 de febrero de 1981 cuando fue puesto en libertad y
se exilió en Suecia.
Dossier del Blog El Muerto
Uruguay: La denuncia de Viana Acosta no prescribe
Antonio Viana Acosta
La denuncia de Antonio Viana Acosta ante la justicia contra Juan María Bordaberry y otros por crímenes de lesa humanidad y genocidio no prescribe. Esto le fue comunicado a través de una carta personal de la Jueza Beatriz Larrieu
Juzgado Ldo.Penal 7º Tº
DIRECCIÓN Misiones 1469 Pº 5º
CEDULÓN
VIANA, ANTONIO
Montevideo, 24 de abril de 2013
En autos caratulados:
VIANA ACOSTA, ANTONIO DENUNCIA BORDABERRY, JUAN MARIA Y OTROS ANTECEDENTES
Ficha 2-13762/2011
Tramitados ante esta Sede se ha dispuesto notificar a Ud. la providencia que a continuación se transcribe:
Decreto 1029/2013,
Fecha :23/04/13
VISTOS:
Las resultancias de las actuaciones cumplidas en estos autos caratulados "Denunciante: VIANA ACOSTA, Antonio; Denunciado BORDABERRY, Juan María y otros.- Denuncia. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO - LEY Nº 18026" IUE 2-13762/2011.-
RESULTANDO:
1) Que se presentó Antonio Viana Acosta a formular denuncia penal contra las personas involucradas en crímenes de lesa humanidad y genocidio en mérito a la violación sistemática de los derechos humanos acaecida durante la pasada dictadura cívico militar (fs. 21-35).
2) Que previo dictamen fiscal favorable, se dispuso la instrucción de la denuncia antedicha (fs. 36 vto.-37), habiéndose recibido declaración al denunciante (fs. 39-42), así como diligenciado prueba testimonial y documental (fs. 2-20, 65-68, fs. 75-76 y fs. 86-99).
3) Que en cumplimiento de la providencia nº 3164/2012 que dispuso la citación de militares en los términos del art. 113 del C.P.P. (fs. 104), el 5 de febrero de 2013 compareció Mario Castromán a declarar en audiencia ante la sede, debidamente asistido de Defensor (fs. fs. 110-111).
Los restantes citados no comparecieron a la audiencia convocada.
4) Que el 14 de febrero de 2013 compareció la Dra. Estela Arab, en su calidad de Defensora de Mario Castroman, manifestando, en síntesis:
I) que su representado ha sido citado a declarar en calidad de indagado, lo que habilita la pretensión que impetra;
II) que los hechos denunciados e investigados en este expediente tuvieron lugar en el año 1974, es decir hace más de tres décadas, por lo que la primera cuestión es analizar si a su respecto opera el instituto de la prescripción de cualquier posible delito que pudiera surgir de los hechos denunciados, sin perjuicio que no estén fehacientemente determinados tales hechos;
III) que de acuerdo al art. 117 del C.P. la prescripción extingue el delito y tomando como hipótesis de trabajo el lapso más extenso previsto legalmente tenemos que dicha extinción se produce en un plazo máximo de veinte años;
IV) que aún en el caso que pudiera haber tenido lugar el injusto del mayor castigo previsto en el C.P. y partiendo de la base que el cómputo del plazo debiera comenzar a contarse el 1º de marzo de 1985, los veinte años de la consumación se cumplieron el 1º de marzo de 2005;
V) que el instituto de la prescripción es de orden público por lo que debe ser declarado aún de oficio por el Magistrado toda vez que advierta su acaecimiento.
Solicita se proceda a la clausura y archivo de las actuaciones en el entendido que se ha completado el plazo de la prescripción (fs. 112-113).
5) Que conferida la correspondiente vista al Ministerio Público, compareció a evacuarla la sra. Fiscal Letrada Nacional en lo Penal de 5º Turno Dra. Ana Tellechea, quien en suma expresa:
I) que ninguna norma le impone al Juez interrumpir la indagatoria de un delito sino que por el contrario que establecido es cumplir la obligación jurídica que le compete en esta etapa del proceso que es procurar llegar a la verdad de cómo sucedieron los hechos denunciados oportunamente;
II) que debe tenerse presente que la regla consistente en que al justo impedido no le corre el término de prescripción, siendo irrefutable que durante el período de facto hasta el año 1985 todas las garantías constitucionales estaban cercenadas, por lo que la justicia no pudo investigar dichas causas;
III) que a partir del año referido, si bien únicamente en apariencia se había restablecido el Estado de Derecho, esto no sucedió en su plenitud, siendo imposible indagar los numerosos casos en mérito a lo que disponía la ley nº 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, siendo recién a partir del dictado de la Sentencia nº 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia donde se declaró la inconstitucionalidad de la ley antedicha que se recuperó el verdadero Estado de Derecho y la posibilidad de poder avanzar con las denuncias, por lo que debe considerarse que desde la fecha de dicha sentencia de octubre de 2009 se debe contabilizar el plazo de prescripción;
IV) que los delitos como el de autos constituyen delitos de lesa humanidad que por su naturaleza no están sujetos a prescripción, ya que rige lo dispuesto por la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1970, la cual es declarativa y afirma un principio que estaba vigente por mandato del derecho internacional con anterioridad a los hechos de autos, reconociendo la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.
Solicita en consecuencia se disponga la continuación de la instrucción de la causa (fs. 115-118).
6) Que por decreto nº 723/2013 del 1º de abril de 2013 se citó para resolución (fs. 119-122).-
ARGENTINA: ANTONIO VIANA ACOSTA, URUGUAYO, SECUESTRADO EN ARGENTINA EN 1974
“Me torturaron en Coordinación Federal durante 15 días sin descanso”
Antonio Viana Acosta fue secuestrado el 21 de febrero de 1974 en Buenos Aires.
Este testimonio se agregará a la causa sobre la Triple A, en la que la Cámara Federal ratificará en los próximos días que los delitos de la banda parapolicial son de lesa humanidad. El relato será un aporte clave para mostrar que la Alianza Anticomunista tuvo sustento estatal y colaboró con la dictadura uruguaya. Además, introduciría un caso de tortura concreto contado por un sobreviviente.
Por Irina Hauser
Página 12
“Hacía varios días que percibía que me estaban siguiendo. Eran las tres y media de la mañana cuando me desperté con el ruido de los vidrios de las ventanas que se quebraban y vi que estaban empujando la puerta de mi habitación. Me encañonó el comisario (Juan Ramón) Morales. Con él estaban (Alberto) Villar y (Luis) Margaride. Me sacaron a la terraza y la lluvia de puntapiés no terminaba más. Como yo tenía un taller de reparaciones de radios para hacerme un manguito, ahí mismo agarraron la punta de los cables y me picanearon. Me llevaron a Coordinación Federal y me siguieron picaneando durante dos semanas.” La pesadilla de Antonio Viana Acosta comenzó aquel 21 de febrero de 1974 y continuó. Estuvo tres meses cautivo en Buenos Aires y después el gobierno de Juan Domingo Perón lo mandó a Uruguay, su país de origen, donde la dictadura lo tuvo preso casi ocho años más, relató a Página/12. Su testimonio será presentado en la causa de la Triple A que instruye el juez Norberto Oyarbide como muestra de la coordinación represiva que antes del golpe de 1976 mantenían ambos países y como prueba de que ya entonces se cometían delitos de lesa humanidad.
“¡Sos tupa, sabemos que sos tupamaro y te venimos a llevar!”, recuerda Viana Acosta que le gritaba la patota que lo apresó, liderada por la propia cúpula de la Federal: su jefe, Villar, y el superintendente Margaride. Los escoltaban Morales y su yerno Rodolfo Almirón, ambos hombres clave de la custodia oficial, jefes operativos de la Triple A que habían sido ascendidos tres días antes a comisario inspector y subcomisario, respectivamente.
Entre el tumulto, Viana cuenta que advirtió que participaba de su captura “gente del comando de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA)”, que lideraba Julio Yessi, mano derecha del ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien movía los hilos de la organización terrorista. También vio, asegura, al general Miguel Angel Iñíguez, primer jefe de policía de Perón a su regreso del exilio. Iñíguez había participado en la masacre de Ezeiza, que desató la derecha peronista en la movilización que había ido a recibir al General el 20 de junio de 1973. Actuó allí como miembro del COR (Comando de Oficiales Retirados), una organización que luego se fusionó con la AAA.
El ex subcomisario Almirón fue descubierto en diciembre del año pasado por periodistas del diario español El Mundo en un pueblito de Valencia. Frente al hallazgo, el juez federal Norberto Oyarbide desarchivó la olvidada causa sobre la Triple A, originada en 1975. Le bastó revolver unos papeles para encontrar que había un pedido de captura contra Almirón librado en 1984, lo actualizó y pidió su extradición, que está en trámite. Había un pedido de detención idéntico contra Morales. A comienzos de enero, Morales fue visto bastante más cerca: estaba tomando aire en su balcón en Palermo. Ahora cumple arresto domiciliario. Oyarbide también imputó a Isabel Perón y detuvo a otro ex policía, Miguel Angel Rovira.
Como paso previo, el juez declaró que los crímenes de la banda parapolicial son delitos de lesa humanidad (imprescriptibles) por haber sido cometidos desde el aparato del Estado. La apelación de Morales sería resuelta en los próximos días por la Sala I de la Cámara Federal, que prepara un fallo que avalaría el criterio del juez. El testimonio de Viana Acosta sería un aporte clave para mostrar que el despliegue de la Alianza Anticomunista tuvo sustento estatal y colaboró con la dictadura uruguaya. Además, introduciría un caso de tortura concreto contado por un sobreviviente. El dirigente tupamaro vive actualmente en la barra del Chuy, en Uruguay. Ya se contactó con la fiscalía de Eduardo Taiano, que interviene en la causa, y enviará su relato a través de la abogada Liliana Mazea.
Caras inconfundibles
Viana tiene hoy 58 años. Había llegado a Buenos Aires en abril de 1973, para continuar su militancia en derechos humanos. “En Uruguay me tenían mangiado”, comenta. “Trabajaba junto con Zelmar Michelini, Enrique Erro y Juan José Chenlo. Fundamos la Junta Coordinadora Revolucionaria, que integraban el ERP, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, los tupamaros uruguayos y alguna que otra organización. Queríamos difundir lo que pasaba en cada país ya que había una represión total a todos los movimientos políticos y revolucionarios de la región”, repasa.
A mediados de aquel año vio en los diarios que el Ministerio de Bienestar Social pedía voluntarios para trabajar como asistentes sociales. Y se anotó. “Era una forma de retribuir la hospitalidad que recibía”, explica. “Atendía, junto con otras treinta personas, a la gente de las villas que venía a pedir ropa, alimentos, querosén y ayuda de distinto tipo. Después firmaba los recibos. Me acuerdo que en una oportunidad tuvimos que asistir un parto que se precipitó en la espera.” Así pinta la cara amigable de la repartición donde había recalado, aunque en unos meses comenzó a ver la faceta demoníaca: “Hombres que entraban y salían con Itakas y FAL y a la vista, vestidos con camperas de cuero negras, eran una constante. Había una entrada por la calle Alsina 120, donde yo estaba, y los veía pasar todo el tiempo. Mis compañeros me explicaron que era la efervescencia de la ultraderecha peronista”.
Así fue como conoció, dice, a Morales y Almirón. Por eso no tardó en reconocerlos cuando lo fueron a buscar a su casa. Vivía en un hotel en Once, en Anchorena y Rivadavia, que administraba con un grupo de personas a modo de cooperativa. Desde varios días antes, cuando llegaba de trabajar, advertía en los alrededores “autos y rostros de personas que había visto en el ministerio”. Horas antes de que se lo llevaran había sido detenida su mujer, Estela Angela Barboza Silva, mientras hacía un trámite para su radicación.
“Margaride y Villar me torturaron en persona, en mi propia casa, con corriente eléctrica. Morales lo hizo en Coordinación Federal (organismo represivo de la policía). En los ojos, en la boca, en todo el cuerpo. Me interrogaban sobre el ERP, el MLN Tupamaros, querían datos, direcciones. En Coordinación fueron 15 días de tortura sin descanso dentro mismo de la celda”, reconstruye. Después fue trasladado a la cárcel de Devoto, luego pasó por Caseros y al final en una alcaidía. En el ínterin, a través de la hija de otro detenido y de un grupo de bolivianos que había sido liberado, hizo llegar un pedido de ayuda a los abogados de presos políticos Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña.
No tardaron en ir a verlo. Pero un día después de ese encuentro, el 4 de abril de 1974, Viana Acosta fue llevado a Aeroparque, donde varios policías de civil lo obligaron a subir a un avión de Pluna. En la escalinata del avión se reencontró con su mujer. “La vi muy mal y si podía disparar de al lado mío disparaba. Incluso le di una esquelita que ella rompió. Cortó toda comunicación conmigo desde entonces. Aquella esquela apareció después en la Dirección de Inteligencia uruguaya”, se entristece.
Ida y vuelta
Uno de los primeros en recibir a Viana en Montevideo fue un capitán del Servicio de Inteligencia, Pedro Enrique Buzó Troncoso, quien dos años antes le había jurado con cinismo al tener que liberarlo: “Vaya donde vaya lo vamos a ir a buscar”. “Te prometí y te cumplí”, le espetó esta vez mientras le sacaba la capucha. Después fue a parar al Batallón de Infantería 12 de Rocha y de allí al 11 en Minas, donde lo interrogó con ferocidad el jefe de la División IV del ejército, Gregorio Alvarez, sobre las actividades de la Junta Coordinadora Revolucionaria. En diciembre lo llevaron a lo que bautizó como el “mini Sheraton” del penal de Libertad, donde pasó siete años y medio. A esa altura, en Argentina, la AAA ya había matado a Frondizi y a Ortega Peña, entre otros cientos de casos que ahora integran la investigación judicial de Oyarbide.
La familia de Viana había aceitado contactos con la embajada de Suecia y la Cruz Roja. “Me soltaron por presión de la embajada sueca y me terminé yendo a vivir allí, donde volví a sentirme un ser humano”, cuenta. Volvió en 1995 con el plan de quedarse tres meses. “Tenía un juicio contra el Estado y quería hacerme cargo. Cuando me quise acordar llevaba nueve meses y mi compañera sueca me mandó el divorcio por fax. Y sí –se ríe– me divorcié por fax.”
El regreso lo puso en contacto con las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. No logró hasta ahora que su país investigue su caso, pero consiguió por su cuenta documentación importante, que entregó a la Justicia uruguaya en una causa sobre desapariciones en Argentina. Se trata de un memorándum de la Dirección Nacional de Inteligencia D4 uruguaya que revela que su propia detención en Buenos Aires se efectuó por un pedido de información del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA) –del Plan Cóndor– y que un grupo de funcionarios viajó luego a Buenos Aires para recibir materiales que le habían sido incautados. “Yo creo que al final me mandó a secuestrar (el dictador) Juan María Bordaberry, que unas semanas antes se había reunido con Perón en la isla Martín García”, arriesga.
Viana Acosta vive ahora cerca de la playa. En los últimos siete años tuvo tres hijos y trabaja para organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. “No tengo militancia política, pero sigo siendo tupamaro y lo seré hasta la muerte”, dice del otro lado del teléfono. Cuando se enteró de la reapertura de la causa sobre la Triple A, mandó cartas a la Cancillería argentina y a la Secretaría de Derechos Humanos, que le recomendaron presentarse en Tribunales. “Quiero ayudar a que se conozca una parte de la historia argentina que por alguna razón no fue contada. Me inspira un sentimiento de justicia, no de protagonismo. Es que la verdad tiene que salir a la luz.”
CONSIDERANDO:
1) Que se sustancia en autos la denuncia presentada por Antonio Viana Acosta contra funcionarios estatales uruguayos y argentinos por la comisión de hechos que califica como delitos de lesa humanidad, en perjuicio de su persona.
La plataforma fáctica que fundamenta la denuncia es la siguiente: el 9
de abril de 1973 Antonio Viana se radicó en la ciudad de Buenos Aires
(Argentina) junto a su familia, debido a la persecución política que
sufría en nuestro país. En la madrugada del 24 de febrero de 1974 su
domicilio fue asaltado violentamente por un comando formado por unos
quince efectivos militares uruguayos y argentinos, que agredieron a su
familia y torturaron al denunciante en la azotea del edificio donde
vivía. Fue conducido a la Superintendencia de Seguridad Federal de
Buenos Aires (conocido como Coordinación Federal), donde permaneció unos
veinte días y soportó tortura psicológica para forzarlo a aceptar
cargos que se le imputaban. Fue trasladado en primer lugar al
establecimiento penitenciario de Villa Devoto y posteriormente a la
cárcel de Caseros, donde permaneció incomunicado. Luego de veinticinco
días fue llevado a la Alcaldía 21, donde estuvo un mes, y nuevamente a
la Coordinación Federal. Desde allí el 4 de abril de 1974 fue conducido a
Aeroparque para ser embarcado en un vuelo comercial de PLUNA en avión
militar de TAMU con destino a Montevideo. En el avión se encontró con su
compañera Estela Barboza y sus hijos. Al llegar a destino fueron
inmediatamente custodiados por efectivos policiales y conducidos a
Jefatura de Policía de Montevideo y luego enviados a la Dirección
Nacional de Información e Inteligencia, donde permaneció setenta y dos
horas siendo torturado.
De allí fue trasladado al Batallón de Infantería nº 12 de Rocha, donde fue torturado física y psicológicamente por varios militares. Al cabo de dos meses fue trasladado al Batallón de Infantería nº 11 de la ciudad de Minas, donde también sufrió nuevas sesiones de tortura durante un período de dos meses, ocasionándosele diversas lesiones que detalla. Durante todo este período estuvo como desaparecido para sus familiares, dado que las autoridades negaban toda información sobre su detención. Fue trasladado nuevamente a Rocha y debió declarar ante la justicia militar, habiendo firmado el 24 de octubre de 1974 la notificación de su procesamiento. El 23 de diciembre de 1974 fue trasladado al Penal de Libertad, donde permaneció hasta el 13 de febrero de 1981 cuando fue puesto en libertad y se exilió en Suecia. El denunciante enmarca los hechos descriptos en crímenes de lesa humanidad: desaparición forzada de personas, tortura, privación grave de libertad y asociación para cometer crímenes de lesa humanidad, desde que se inscriben en el accionar represivo organizado por el Estado contra un conjunto de ciudadanos calificados como "enemigos" a los que se torturó, asesinó o hizo desaparecer en forma metódica, mediante la coordinación de agentes estatales de los países de la región.
En mérito a ello solicita en definitiva se impute a los denunciados y a toda otra persona que resulte de la instrucción la responsabilidad por la comisión de los crímenes de lesa humanidad y genocidio.
2) Que de acuerdo a la solicitud presentada por Mario Castromán, la suscrita deberá pronunciarse respecto de la clausura peticionada cuyo fundamento radica en que ha operado la prescripción de cualquier posible delito que pudiera surgir de los hechos denunciados.
3) Que respecto de la legitimación del peticionante, surge de obrados que Mario Héctor Castromán fue específicamente indicado como uno de los funcionarios militares partícipes en los hechos de tortura sufridos por el denunciante en el cuartel del departamento de Rocha (fs. 34 vto. y fs. 41).
De acuerdo a ello, fue citado a declarar en autos en los términos del art. 113 del C.P.P. (fs. 104) y se recibió su declaración en presencia de la Defensora designada (fs. 110-111 ).
En suma, Mario Héctor Castromán reviste indubitablemente la calidad de indagado en este procedimiento presumarial y por tanto se encuentra legitimado para solicitar su clausura por prescripción.
4) Que según ha entendido la jurisprudencia, " la prescripción de la acción penal se basa en que pasado un lapso de tiempo más o menos prolongado de haberse cometido, el delito se debilita y hasta borra la impresión por él causada, y vuelve en todos la conciencia de la seguridad a reinar sin necesidad, para restablecer el equilibrio roto por el delito, del efecto de la pena que se hace por lo tanto innecesaria y más difícil de aplicar con justicia" (Sent. Nº 299/2010 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno). En este sentido, el instituto de la prescripción constituye un elemento de exención de responsabilidad por el transcurso del tiempo pero también una defensa de la seguridad jurídica, no solo para el que está amenazado por un procedimiento penal sino para todos aquellos terceros cuya situación personal y/o patrimonial, pudiere depender de la resolución del trámite.
Por ello, dado que supone una definición respecto del elemento sustancial -la extinción del delito o la pena en su caso-, deben analizarse cuidadosamente los extremos que la convocan.
5) Que en relación a la naturaleza de los hechos que se investigan, el denunciante Antonio Viana expresa que los delitos de los cuales fue víctima encuadran en la categoría de delitos de lesa humanidad, siendo los mismos imprescriptibles de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional.
Por su parte el denunciado Mario Castromán invoca las reglas de prescripción contenidas en el Código Penal, de lo cual se extrae que éste entiende que -en caso de haberse cometido- dichos delitos son delitos "comunes".
Es decir que ya se encuentra planteada en estos obrados la controversia relativa a la naturaleza de los eventuales delitos que pudieren surgir de la investigación y el régimen jurídico aplicable a los mismos, habiéndose expedido al respecto la sra. representante del Ministerio Público (fs. 117-118).
6) Que el concepto de delito de lesa humanidad se retrotrae a la Carta del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945 siendo posteriormente recogido por todo el ordenamiento jurídico internacional. Los delitos de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad comprenden conductas tipificadas tales como asesinato, exterminio, deportación, encarcelación, tortura, violación, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual, secuestro, desaparición forzada o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Se trata de conductas que si bien ofenden bienes individuales (vida, libertad, integridad física y moral) afectan no sólo a la persona y comunidad de que se trate, sino a toda la humanidad. En otras palabras, lo que caracteriza a estos delitos es el concepto de la humanidad como víctima.
Y tal como señala la sra. Fiscal, dichos delitos son imprescriptibles.
7) Que es de público conocimiento que la cuestión relativa a la caracterización de lesa humanidad de los delitos perpetrados durante el régimen de facto así como la vigencia de tales delitos en nuestro país, el ordenamiento jurídico aplicable a los mismos y su régimen de prescripción está siendo ampliamente debatida en nuestros Tribunales.
En la especie, la investigación de la denuncia presentada por Antonio Viana se encuentra en sus etapas iniciales, no habiéndose esclarecido aún los hechos sucedidos en el caso concreto ni la participación que pudo tener el denunciado Mario Castromán. En consecuencia, no corresponde aún en el estado de estos procedimientos pronunciarse respecto de la naturaleza y orden jurídico aplicable a eventuales delitos cuyas circunstancias y partícipes no se han acreditado todavía, a riesgo de incurrir en prejuzgamiento. Por el contrario, deberán continuarse las actuaciones y una vez se concluya la instrucción presumarial - en la eventualidad de formularse requerimiento por el titular de la acción penal y en caso de entenderse que se han reunidos elementos de convicción suficientes para proceder a la imputación de responsabilidad penal en el caso, de acuerdo a lo previsto por los arts. 114, 125 y 133 a 135 del C.P.P. -, es que la sede deberá pronunciarse sobre los delitos a atribuirse, su naturaleza y orden jurídico que los rige, todo lo cual incidirá sobre el régimen de prescripción al cual se encuentran sujetos.
8) Que el objeto de este incidente consiste en decidir si ha operado la prescripción de los delitos denunciados, esto es, hechos delictivos perpetrados desde el aparato estatal, en el marco de la llamada lucha antisubversiva, durante la dictadura cívico militar que rigió en nuestro país entre los años 1973 y 1985. En este aspecto, no constituye prejuzgamiento encuadrar los hechos denunciados en el entorno histórico en el cual tuvieron lugar.
A juicio de la proveyente, dichos delitos no han prescripto, cualquiera sea la decisión que en definitiva recaiga respecto de su naturaleza.
9) Que en primer lugar, de adoptarse la posición de la sra. Representante del Ministerio Público y como se señalara en numeral anterior, es admitido que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles por constituir el jus cogens internacional.
Al respecto se ha entendido que en tales delitos se consagra una excepción a la regla de la prescripción de la acción penal o la sanción, dado que se trata de supuestos que debido a su magnitud no han dejado de ser vivenciados por la sociedad, siendo que por otra parte generalmente se realizan por las mismas agencias del control punitivo actuando fuera del control del derecho penal. En este sentido, las fuentes del Derecho Internacional consideran aberrantes la ejecución de cierta clase de actos y sostienen que, como consecuencia de ello, no son aplicables institutos tales como la prescripción.
Así se ha consagrado en el art. 1º de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad aprobada por la Asamblea General de la ONU del 26 de noviembre de 1968 y en el art. 1º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000, siendo recogido por el derecho interno de nuestro país en el art. 7 de la ley nº 18.026, promulgada el día 25 de setiembre de 2006.
También se ha pronunciado en ese sentido la jurisprudencia latinoamericana: en Argentina: sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Arancibia Clavel (causa nº 259, año 2004) y Julio Simon (causa n° 17.768 año 2005); en Bolivia: caso Trujillo ("Jurisprudencia latinoamericana sobre Derecho Penal Internacional" Fundación Konrad Adenauer).
Otro punto a decidir eventualmente refiere a la vigencia de los delitos de lesa humanidad en nuestro ordenamiento jurídico, pero tal como se señalara anteriormente, no corresponde en esta etapa procesal emitir dicho pronunciamiento.
10) Que en segundo lugar, en la posición de la Defensa que encuadra los hechos de autos en la normativa del Código Penal, para resolver este incidente es necesario analizar cuándo se se inicia el cómputo del período prescripcional.
Es cuestión ya zanjada por la jurisprudencia que no es computable el período del régimen de facto, desde que durante ese tiempo el titular de la acción penal estuvo impedido de promover las investigaciones correspondientes.
En el mismo sentido, recientemente ha entendido el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno que tampoco es computable el período subsiguiente durante el cual "ni las víctimas ni el titular de la acción pública estuvieron en plenas condiciones de perseguir los delitos encapsulados por el art. 1º de la ley nº 15.848, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en el 2009 (sent. 365/2009) en proceso (Sabalsagaray) donde Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se allanaron" (Sent. Nº 84 del 19 de marzo de 2013 dictada en autos IUE 88-151/2011).
Esto es, en el entendido que la ley nº 15.848 constituyó un impedimento legal para la promoción de acciones que investigaran los posibles delitos cometidos durante la dictadura y sancionaran a los responsables, no es procedente computar dicho plazo a los efectos de la prescripción. Todo fundado en el principio general de que al impedido por justa causa no le corre término.
Posición que ya había sido sustentada por la anterior titular de esta sede en resolución nº 3134/2012 dictada en los autos IUE 88-281/2011 y que avala en las presentes actuaciones la sra. Representante del Ministerio Público.
11) Sin que signifique pronunciamiento sobre la denuncia presentada en autos, emerge del relato de hechos contenido en la misma que éstos encuadran en la previsión del art. 1º de la ley nº 15.848, desde que Antonio Viana refiere la presunta comisión de delitos, perpetrados con anterioridad al 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto. En mérito a ello, desde la sanción de la llamada ley de caducidad hasta su declaración de inconstitucionalidad por sentencia nº 365/2009 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 19 de octubre de 2009, tanto la víctima como el Ministerio Público se vieron impedidos de promover investigación judicial alguna sobre esos hechos. Si bien como es sabido la declaración de inconstitucionalidad opera para el caso concreto, fue a partir de dicha sentencia que las víctimas y el Ministerio Público contaron con un recurso legal que habilitó la investigación judicial de los hechos, promoviendo en cada caso promover el correspondiente proceso de inconstitucionalidad.
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Al respecto, se expresó en la sentencia referida: "Con respecto a que las normas impugnadas transgreden el derecho de las víctimas y de sus familiares de acceder al sistema judicial para que se identifique y castigue a los presuntos culpables de los hechos acaecidos durante la dictadura militar, el agravio es de recibo. Es verdad que nuestro sistema de garantías constitucionales reconoce el derecho de los habitantes del país a acceder a un proceso que les asegure la salvaguardia de sus derechos (entre otros, arts. 12, 72 y 332 de la Carta), derecho que también tuvo reconocimiento en tratados internacionales suscriptos por la República. En este sentido, puede decirse que las normas atacadas excluyeron del aparato sancionatorio del Estado a sujetos que, para ello, no necesitaron ser juzgados por el Poder de gobierno que tiene a su cargo la función soberana de aplicar las penas."
Esto significa que a pesar de haberse restablecido el orden institucional en el año 1985, el Estado no proporcionó a las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales los medios necesarios para la debida protección judicial de sus derechos.
Establece el art. 2º num. 3 del Pacto de Derecho Civiles y Políticos que "toda persona cuyos derechos o libertades reconocidas en el presente Pacto hayan sido violados, podrán interponer un recurso efectivo, aún cuando la violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales". Debe resaltarse que dicho Pacto fue aprobado por nuestro país por ley nº 13.751 del 11 de julio de 1969. Similar disposición contiene el art. 25 de la Convención Americana de Derecho Humanos, aprobada por ley nº 15.737 del 8 de marzo de 1985.
Contrariamente a lo dispuesto en las normas citadas, el 22 de diciembre de 1986 el Estado uruguayo sancionó la ley nº 15.848 que cercenó a las víctimas su derecho de acceso a la justicia.
Sobre el mismo punto ahonda la sentencia nº 365/2009 antedicha, expresando que "la Comisión Interamericana, en su informe No. 29/92 del 2 de octubre de 1992, recordó haber observado al gobierno uruguayo por "violaciones gravísimas" de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, recomendando investigar y procesar a los responsables, y pone de relieve que, en ese contexto, la Ley No. 15.848 tuvo el efecto contrario, esto es, sirvió para clausurar todos los juicios criminales por violaciones de los derechos humanos, cerrando toda posibilidad jurídica de una investigación judicial destinada a comprobar los delitos denunciados e identificar a sus autores, cómplices o encubridores. En tal marco, como se sostuvo en el Considerando III.6) de este pronunciamiento, la Ley en examen afectó los derechos de numerosas personas (concretamente, las víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos mencionadas) que han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos, determine sus responsables e imponga las sanciones penales correspondientes; a tal punto que las consecuencias jurídicas de la Ley respecto del derecho a garantías judiciales son incompatibles con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (cf. Castro, Alicia, ob. cit., -"La Ley No. 15.848 (de caducidad y la Constitución (I). Una sentencia que no pudo clausurar el debate", en Revista de Derecho Público, No. 35, junio de 2009- p. 141)".
Ya anteriormente se había pronunciado el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno respecto de la ley nº 15.848 en sentencia nº 137/1997 en los siguientes términos: "El artículo 1º establece la solución sustancial: los hechos acerca de los cuáles se reconoce que ha caducado la pretensión punitiva del Estado. El artículo 3º consagra la solución procesal: de qué manera y quien ha de resolver si determinado ilícito se encuentra comprendido en el artículo 1º. Esta es la razón de ser del artículo 3º que, conjuntamente con el artículo 1º, cierran el círculo de la solución, ya que uno apoya al otro y, ambos, vedan cualquier intervención del Poder Judicial en la dilucidación de la problemática regulada por la ley . ..".
Abonan este fundamento las circunstancias históricas en las cuales se enmarcó la sanción de dicha ley y los debates parlamentarios al respecto, ya reseñados en sentencia nº 1/2010 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno en los autos IUE 98-247/2006, de los cuales resulta claramente que en aras de evitar una crisis institucional dada la negativa de las jerarquías castrenses de comparecer ante las sedes judiciales, se optó por excluir de la investigación judicial las situaciones a las que refiere la ley nº 15.848, obstando así a la revisión de todo lo ocurrido durante el régimen dictatorial.
Por lo expuesto, compartiendo la opinión del Ministerio Público en cuanto a que no corresponde tener en cuenta el tiempo de ruptura institucional ni el lapso de vigencia de la ley nº 15.848 hasta su declaración de inconstitucionalidad por constituir dicha norma un impedimento para la investigación de los hechos, el cómputo del plazo prescripcional debe iniciarse en el año 2009. Fue a partir de esa fecha que por la vía de declaración de inconstitucionalidad de la ley en cada caso, se pudieron iniciar las correspondientes investigaciones judiciales.
12) Que por las razones expuestas, sin perjuicio de la naturaleza que en definitiva se atribuya a los ilícitos que -eventualmente - pudieren emerger acreditados de esta investigación presumarial, no corresponde disponer la clausura por prescripción de las presentes actuaciones.
Por lo que se rechazará la solicitud presentada por la Defensa del indagado Mario Castromán.
RESUELVO:
DESESTÍMASE LA SOLICITUD DE CLAUSURA POR PRESCRIPCION PRESENTADA POR LA DEFENSA DEL INDAGADO MARIO CASTROMÁN. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.
También se lucha contra la impunidad y los crímenes de lesa humanidad en el corazón del imperio.
Activistas de EEUU ganan demanda contra Departamento de Defensa
Tuesday, 23 April 2013 09:33
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Con
esta decisión se podrían conocer los listados de los más de 16 mil
soldados latinoamericanos que han recibido entrenamiento, en la última
década, en la tristemente recordada “Escuela de las Américas”.Este 22 de abril la Jueza Phyllis J. Hamilton del Distrito Norte de California, Estados Unidos, acogió favorablemente la petición de las activistas de SOA Watch, Theresa Cameranesi y Judith Liteky, quienes el 13 de febrero pasado se presentaron ante el tribunal, junto a los abogados Kent Spriggs y Duffy Carolan, para argumentar su demanda para que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos revele los nombres de los estudiantes e instructores extranjeros que han realizado cursos en la Escuela de las Américas la que hoy se le conoce como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
El fallo dice, textualmente, que “El tribunal considera que el Departamento de Defensa no ha demostrado de forma suficiente que puede negar la información solicitada al amparo de la Ley de Libertad de Información ya que no ha demostrado que los intereses de privacidad avanzados son sustanciales, y no ha demostrado a través de la admisibilidad de la evidencia de que la divulgación de esta información constituiría una clara injustificada invasión de la intimidad personal, a la luz del fuerte interés público en el acceso a esta información”.
Theresa Cameranesi, hoy en una Misión de Observación de Derechos Humanos en Paraguay, sostuvo que “La decisión de la Corte es un paso adelante y es esencial para una transparencia verdadera, pero es sólo un primer paso. Revelar los nombres, de los estudiantes y de los instructores, es esencial para que el Congreso realice su trabajo de fiscalización, bien informados, respecto del entrenamiento que se da a ejércitos extranjeros”.
Desde el año 2004 que el Departamento de Defensa oculta los nombres de los soldados e instructores latinoamericanos que participan del entrenamiento en la Escuela de las Américas lo que ha impedido monitorear el comportamiento y respeto de los derechos humanos de los “estudiantes” que asisten a la academia militar.
Anteriormente, desde los años 1946 al 2004, los nombres fueron públicos lo que permitió saber a las organizaciones qué soldados estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos, y recibieron entrenamiento en EEUU, de El Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, entre otros.
La Escuela de las Américas, que es operada por el Ejército de los Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia.
En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer la existencia de los Manuales de Entrenamiento, y que eran utilizados en la academia militar, que aconsejaban "...aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos".
"La decisión del tribunal es una victoria para la transparencia y los derechos humanos y contra el secreto del gobierno ", señaló el fundador de SOA Watch el ex sacerdote Roy Bourgeois.
En los últimos años graduados de la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado involucrados en el golpe de estado en Honduras el 2009.
Los países de Argentina, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia han retirado su contingente militar del entrenamiento en esta academia militar.
Accountable: Rendición de cuentas
La jueza Phyllis J. Hamilton en su fallo recordó que la meta de la Ley de Libertad de Información es “asegurar una ciudadanía bien informada, cosa fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática, necesaria para frenar actos de corrupción como para sostener a los gobernadores en condición de contabilidad de los gobernados".
Anteriormente, en el año 2010 el secretario de Defensa, Robert Gates, ignoró el derecho del público y determinó que por "Seguridad Nacional" se debe negar a las organizaciones de derechos humanos el acceso público a más información.
Finalmente, Theresa Cameranesi dice que “con esto renovamos nuestro compromiso como ciudadanos para hacer seguimiento y supervisión del Ejército que debe rendir cuentas al pueblo. Hay una nueva generación de investigadores, como de organizaciones, ávida por analizar los listados y denunciar los vínculos del entrenamiento con las violaciones a los derechos humanos que siguen sucediendo en Colombia, Honduras y México”.
El hábeas corpus instrumento contra la impunidad
"Los camaristas consideraron que el hábeas corpus es el instrumento idóneo para garantizar el derecho a la información ante una desaparición forzada. Precisaron que, aun si el caso se tratase en un juicio penal, serían “procesos concurrentes y complementarios” (léase no excluyentes). Se detuvieron en la declaración de extemporaneidad, que calificaron como “un exceso ritual” que no se ajusta a derecho, y consideraron que corresponde “remover los obstáculos formales que impidan satisfacer el derecho” que se demandaba en el hábeas corpus. El archivo “aparece incongruente” con el fin de la acción, sostuvieron, y ordenaron que hasta que no se concreten todas las medidas ordenadas al Ejecutivo no se archiven las actuaciones, pues “lo contrario significaría vaciar de contenido” al hábeas corpus. El juez Gemignani disintió en un solo punto con Hornos y Borisnky: en lugar de pedir que el juez de primera instancia garantice que el Ejecutivo cumpla con las medidas ordenadas, propuso “condenar al Poder Ejecutivo a entregar toda la documentación” disponible sobre el hijo de Nora Cortiñas."
Argentina: Un camino para saber la verdad
Friday, 19 April 2013 11:07
Diario Página 12
Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea FundadoraUna semana después, Cortiñas apeló la última decisión. El juez rechazó el planteo por considerarlo extemporáneo ya que la ley de hábeas corpus establece un plazo de 24 horas para apelar, y le ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dar “inmediato cumplimiento” a su orden. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones respaldó al juez y rechazó un recurso de queja de Cortiñas, que entonces pidió la intervención de Casación.
Los camaristas consideraron que el hábeas corpus es el instrumento idóneo para garantizar el derecho a la información ante una desaparición forzada. Precisaron que, aun si el caso se tratase en un juicio penal, serían “procesos concurrentes y complementarios” (léase no excluyentes). Se detuvieron en la declaración de extemporaneidad, que calificaron como “un exceso ritual” que no se ajusta a derecho, y consideraron que corresponde “remover los obstáculos formales que impidan satisfacer el derecho” que se demandaba en el hábeas corpus. El archivo “aparece incongruente” con el fin de la acción, sostuvieron, y ordenaron que hasta que no se concreten todas las medidas ordenadas al Ejecutivo no se archiven las actuaciones, pues “lo contrario significaría vaciar de contenido” al hábeas corpus. El juez Gemignani disintió en un solo punto con Hornos y Borisnky: en lugar de pedir que el juez de primera instancia garantice que el Ejecutivo cumpla con las medidas ordenadas, propuso “condenar al Poder Ejecutivo a entregar toda la documentación” disponible sobre el hijo de Nora Cortiñas.
Qué lo sepa el Frente Amplio: América Latina lucha contra la impunidad
Honduras:
Exhumaciones en el Aguán en búsqueda de la verdad
Tuesday, 23 April 2013 14:06
Administrador/ Defensores en Línea
TegucigalpaEl anuncio de la exhumación de una osamenta humana encontrada en la finca Paso Aguán ubicada en la comunidad Panamá, jurisdicción de Trujillo, Colón, convocó a la prensa nacional y extranjera en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
La exhumación estará a cargo de un arqueólogo y una antropóloga forense, ambos de nacionalidad guatemalteca y que pertenecen a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Sus nombres serán revelados una vez que sea juramentados por autoridades judiciales, el miércoles 24 de abril de 2013.
La coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, anunció que el próximo jueves 25 de abril se inicia un proceso de exhumación “para ver si identificamos a algunos de los compañeros desaparecidos reportados”.
La iniciativa surgió a raíz de las denuncias reportadas por el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) el pasado 3 de abril, cuando se informó del hallazgo de un cuerpo en lo que parecer ser un cementerio clandestino en la finca Paso Aguán, comunidad Panamá.
En dicho lugar fue encontrado el cuerpo sin vida del campesino Gregorio Chávez. La zona que fue ocupada por guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé, fue recuperada por los campesinos y campesinas, después de encontrar el cuerpo de Chávez..
El lugar se mantiene resguardado en consonancia con un protocolo científico que se demanda para practicar la exhumación y que los familiares que mantienen a parientes desaparecidos puedan quedar satisfechos informó Oliva.
La defensora de derechos humanos dijo que “acudimos al Ministerio Público para solicitar la custodia del lugar en donde se encontró un cuerpo humano y localizamos a una familia que está casi convencida que se trata de su pariente desparecido”.
Bertha OlivaFrente a los señalamientos divulgados en algunos medios de comunicación de que los campesinos del Aguán integran como grupos armados y gente deshonesta, Oliva señaló que” el campesinado ha demostrado una militancia impresionante, para resguardar la escena del cementerio clandestino, y eso es todo un sacrificio y es el deseo de que no se continúe cometiendo tanto abuso con los reclamantes del derecho a la tierra”.
“Esta no va a ser una exhumación para borrar evidencias, va a ser una exhumación para encontrar respuestas, para generar conciencia, el pueblo y las comunidades están esperando este proceso”, destacó la Coordinadora General del COFADEH.
Fiscalía de Derechos Humanos acompaña el proceso
El Fiscal Especial de Derechos Humanos, Gérman Enamorado, explicó que la primera fase de la exhumación comprenderá la extracción de restos humanos que posiblemente correspondan solo a una persona, pero esa es una expectativa, porque pueda ser que haya restos de más personas.
“Esa es la primera parte del trabajo, la extracción formal de los restos humanos para que podamos tener indicios que puedan ser llevados en custodia, luego viene una labor científica muy delicada que es la identificación, sobre a quién corresponderían los mismos, y si vamos más allá, es poder ubicar a los responsables de quienes hubiesen cegado la vida de esta u otras personas”, detalló el funcionario.
Enamorado dijo que hace falta que el Estado ejerza soberanía y ésta no solo referida al despacho de destacamentos policiales o militares que en mucho hemos posteado situaciones en las cuales son objeto de abuso los ciudadanos.
Por parte el Secretario General del MUCA, Yoni Rivas, subrayó que “nosotros hemos venido denunciando la ola de criminalidad que se vive en el Bajo Aguán, la persecución, encarcelamiento y ahora desapariciones en contra de campesinos, únicamente porque los aparatos de justicia se dedican a proteger los intereses de los grandes terratenientes”.
Gérman Enamorado, Fiscal Especial de Derechos Humanos“Queremos que se pueda ver que los grupos armados que comandan los terratenientes en esta zona del Aguán son capaces hasta de desaparecer personas, el 6 de julio de 2012 se encontró el cuerpo sin vida del compañero Gregorio Chávez, hoy dejamos evidenciado las palabras que dio el señor Miguel Facussé el 15 de noviembre de 2010, en donde aceptó públicamente que sus hombres armados habían asesinado a 5 campesinos en el sector del Tumbador, yo creo que si la Fiscalía si realmente buscara responsables ya el señor Facussé estaría tras las rejas, porque es el intelectual de casi un centenar de crímenes que van en esta zona”, sostuvo Rivas.
Finalmente compareció ante los medios de comunicación Rosa Ena Lara, hermana del campesino José Antonio López Lara , quien expresó que la razón de estar en este lugar es porque vengo a pedir justicia por la muerte de él, ya que el 29 de abril va a cumplir un año de desaparecido.
Lara narró que acudieron al COFADEH para poner la denuncia de la desaparición de su hermano y estamos contentos del proceso de exhumación, ya que hemos estado con mucha incertidumbre y tenemos la esperanza de recuperar el cuerpo y poder darle una cristiana sepultura.
“Queremos justicia, no solo para mi hermano, porque hay muchas personas desaparecidas y como familiares nos preocupamos mucho porque no hemos visto respuestas de nadie para encontrar a los culpables”, apuntó Rosa Ena Lara.
Con esto no queda ninguna duda de que en la zona del Aguán no solo asesinan, no solo violan sexualmente a las mujeres, no solo torturan a los que detienen ilegalmente, sino que también cometen el oprobioso crimen, como es la desaparición forzada y que sepan que los han cometido ese delito que sepan que estas acciones no prescriben y que vamos a buscar justicia en cualquier terreno que sea, resaltó Oliva.
En
la zona del Aguán han ocurrido distintas violaciones a los derechos
humanos, que preocupan seriamente a la comunidad internacional.Al menos cinco personas han sido desaparecidas: el 2 de julio de 2012, el dirigente campesino Gregorio Chávez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado tres días después en un sector de la finca Paso Aguán; en aquella oportunidad, guardias del terrateniente Miguel Facussé impidieron a los familiares y amigos indagar sobre los rastros de sangre dejados al arrastrar el cuerpo de Chávez hacia las oficinas de la cooperativa Panamá, localizada en la finca Paso Aguán.
El 15 de mayo de 2011, en ese mismo sector fue desaparecido el campesino Francisco Pascual López (37), mientras pastoreaba ganado. Un niño que lo acompañaba escuchó dos disparos e informó a su padre, pero su cuerpo no fue encontrado.
El 29 de abril de 2012 el campesino José Antonio López Lara (46), fue desaparecido mientras se encontraba pescando en el río Ilanga, conocido como las Mancas, a unos 200 metros de donde se encontró la fosa clandestina en la comunidad Panamá.
En febrero de 2012, el campesino Antonio Gómez (55), cuando apenas tenía una semana de laborar en la Finca Panamá, salió hacia su trabajo y luego no se volvió a saber nada de él. Anteriormente había sido socio del movimiento Nueva Vida de Rigores.
Por su parte, el campesino Lito Rivera (35), trabajaba en la empresa asociativa Panamá como vigilante, luego de marcharse de la casa de su sobrina, a las 2:00 p.m. del día 30 de enero de 2012, con rumbo a su centro de trabajo, desapareció y no se volvió a saber de él.
En torno a las desapariciones, el MUCA denunció que éstas se produjeron mientras los guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé cuidaban las instalaciones de la finca Paso Aguán, recuperada por los campesinos y campesinas que han procedido a vigilar el perímetro en el cual se reveló sobre la existencia de un cementerio clandestino.
Portugal marchó contra el ajuste y decenas de miles de personas salieron a las calles
Viernes, 26 de Abril de 2013 11:13
En el 39º aniversario de la Revolución de los Claveles,
organizaciones de izquierda y los sindicatos se movilizaron contra las
medidas de austeridad que viene aplicando el premier Coelho, digitadas
por los prestamistas internacionales.
Decenas de miles de
personas marcharon ayer por las calles de Lisboa para protestar contra
la política de ajuste del gobierno conservador y exigir su renuncia en
el 39º aniversario de la Revolución de los Claveles, que puso fin a la
última dictadura en el país europeo. Además de los partidos de izquierda
y los dos grandes sindicatos lusos, la CGTP y la UGT, se sumaron a la
marcha decenas de entidades cívicas y profesionales, los indignados y el
movimiento “Que se lixe a torika” (que se joda la troika), que ha
organizado dos de las mayores protestas lusas de los últimos años.
La marcha, encabezada por dirigentes de
la izquierda y algunos de los capitanes que se sublevaron en 1974 tras
cuarenta años de dictadura, desfiló por la avenida Liberdade de la
capital lusa con pancartas y lemas contra el primer ministro Pedro
Passos Coelho y la troika de prestamistas externos de Portugal,
compuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión
Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE). “El pueblo es quien más
manda”, recordaban muchos de los manifestantes, que exhibían esa frase
en sus carteles o la resaltaban al entonarla en la letra de “Grandola
Vila Morena”, la canción que se convirtió en el himno de la Revolución.
La marcha del 25 de abril avanzó por la principal arteria de Lisboa en
un ambiente festivo y reivindicativo, al ritmo de comparsas, bandas de
música, gaitas y tambores de asociaciones de barrio. Las pancartas de
los movimientos ciudadanos y los sindicatos reclamaban atención a la
salud, la educación, la cultura y el empleo y criticaban los recortes
aplicados por el Ejecutivo a los servicios públicos por tercer año
consecutivo.
El coronel José Luís Villalobos Filipe,
que habló al final de la marcha en la tribuna de honor en nombre de la
asociación, afirmó que Portugal vive “una emergencia nacional” y apeló a
que todas las fuerzas políticas hagan un frente común para resolver los
problemas del país. Por su parte, el líder de la UGT, Carlos Silva,
recordó que en Portugal, de 10,5 millones de habitantes, hay un millón
de desempleados, muchos jóvenes que emigran y mucha pobreza por la
política “asesina” de Passos Coelho. También el secretario general de la
CGTP, Arménio Carlos, proclamó el “fracaso” de las políticas de
austeridad y la necesidad de cambiar un gobierno –con mayoría absoluta
parlamentaria– “que no tiene el apoyo del pueblo”.
Tanto entre los lemas coreados en la
marcha como en los discursos de los líderes políticos, sindicales y de
los ex militares revolucionarios se oyeron duros reproches al presidente
de Portugal, el conservador Aníbal Cavaco Silva, por su discurso en el
Parlamento durante la conmemoración oficial del aniversario. Cavaco
respaldó la política de Pa-ssos Coelho, consideró inevitables nuevos
sacrificios y se mostró contrario a celebrar elecciones anticipadas,
aunque reconoció los problemas sociales causados por las políticas de
austeridad y los fallos de las previsiones del programa de ajuste de
Portugal.
En la ceremonia oficial realizada en la
Asamblea Legislativa por el 39º aniversario, el jefe de Estado concentró
los reproches de la oposición, que consideró su discurso un apoyo a la
política del Ejecutivo y una clara toma de postura contra la celebración
de elecciones anticipadas. Con todo, Cavaco censuró en su discurso
conmemorativo las “fallas” de las previsiones de la troika en el rescate
financiero luso y reconoció que generó “fatiga de austeridad” en la
población, mayor desempleo y recesión de lo esperado. Asimismo, sostuvo
que el efecto recesivo de las medidas de austeridad fue superior al
previsto. En esa ceremonia no estuvieron presentes los antiguos
Capitanes de Abril, que organizan los desfiles conmemorativos en las
principales ciudades, quienes criticaron la situación económica.
Las protestas contra los recortes marcan el aniversario de la revolución en Portugal
Los capitanes del 25 de abril dan la espalda a la celebración oficial por la deriva política del país
Una manifestante durante una protesta del
movimiento Que se lixe a troika contra las políticas europeas en
Portugal en una imagen de archivo. / EFE
El 25 de abril de 1974 el sargento José Fernández acudió, con otros
miembros de su compañía, a tomar el cuartel general de la policía
secreta portuguesa, la PIDE, en Oporto, en una de las acciones que,
conjuntamente, iban a derribar de un día para otro y sin apenas
disparos, una dictadura de casi medio siglo. Este jueves, 39 años
después de aquel levantamiento que derivó en la Revolución de los
Claveles, Fernández, ya casi sesentón, volvió a la calle a manifestarse y
a servirse de la fecha para, junto a miles de portugueses, protestar en
el corazón de Lisboa por la oleada de recortes, ahorro en gasto público
y austeridad creciente que soporta el país desde hace casi dos años.
“El espíritu de la gente que se manifiesta el 25 de Abril ha cambiado en
los últimos tiempos. Antes era el de una celebración. Ahora es el de
una revuelta”, dice.
La manifestación la abrían los viejos militares ya jubilados pero detrás de ellos desfiló un número heterogéneo de grupos y personas: sindicalistas, políticos de izquierda, jubilados, médicos, inmigrantes sin papeles, profesores, parados, colectivos de indignados o familias con niños, entre otros, casi todos enarbolando claveles rojos y gritando contra el Gobierno, contra la troika y contra la austeridad.
Un diputado socialista, Duarte Cordeiro, de 35 años, favorable a que el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, renegocie la deuda a fin de dar un poco más de margen a los ciudadanos asfixiados, tenía claro por qué acudió a la marcha: “Es conveniente repensar los ideales de esa fecha: la libertad y la igualdad, y ver si estamos cerca o lejos de ellos. Hay que saber que la democracia no es algo adquirido para siempre. Y menos en los últimos años, en que tenemos la sensación de que se va perdiendo. A mí no me importaría que Merkel mandase en Europa siempre y cuando pudiese elegirla yo también”.
Unos metros detrás de Cordeiro caminaba Pedro Oliveira, un profesor de instituto nacido en 1975, un año después de la Revolución del 25 de Abril. Avanzaba con un clavel rojo asomándole por el cuello de la camiseta. Le gustaba la casi mareante mezcla de gentes de la manifestación: “El 25 de Abril sirve para dignificar todas las buenas causas. Todas ganan sentido esta fecha”, dice. Entre ellas, añadía, la de pedir que mejoren (o que no acaben de deteriorarse) las condiciones de trabajo de los profesores a base de recortes en los presupuestos o a base de echar docentes a la calle. Oliveria recuerda que muchas clases de instituto en Portugal tienen ya 30 alumnos por aula, una ratio difícil de controlar y de manejar. Y que aumentará con los años. Y luego añadió: “Yo no trabajo en un instituto público. Lo hago en uno privado, enseñando Matemáticas. Pero más allá de las matemáticas, procuro inculcar a mis alumnos cierto sentido de la responsabilidad, que sepan que son privilegiados, y que hay un mundo real ahí fuera que cada vez va peor”.
Los miles de personas que componían la variopinta marcha, al son de frases insultantes contra la troika o contra el Gobierno o en un silencio algo oscuro que es más hartazgo que resignación, recorrió la Avenida de la Libertade hasta llegar a la Praça do Rossio. Se ponía fin así a una jornada de conmemoración que cada vez es más reivindicativa, que había comenzado por la mañana en el Parlamento, en una ceremonia solemne llena de discursos oficiales (en el suyo, el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, justificó y defendió estos dos años de ajustes a fin, según él, de regresar a los mercados con garantías) y que terminaba en la calle, donde un extraño personaje, abonado a estas marchas, caminaba disfrazado de esqueleto con un cartel que rezaba: “Que alguien me saque de esta película”.
La manifestación la abrían los viejos militares ya jubilados pero detrás de ellos desfiló un número heterogéneo de grupos y personas: sindicalistas, políticos de izquierda, jubilados, médicos, inmigrantes sin papeles, profesores, parados, colectivos de indignados o familias con niños, entre otros, casi todos enarbolando claveles rojos y gritando contra el Gobierno, contra la troika y contra la austeridad.
Un diputado socialista, Duarte Cordeiro, de 35 años, favorable a que el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, renegocie la deuda a fin de dar un poco más de margen a los ciudadanos asfixiados, tenía claro por qué acudió a la marcha: “Es conveniente repensar los ideales de esa fecha: la libertad y la igualdad, y ver si estamos cerca o lejos de ellos. Hay que saber que la democracia no es algo adquirido para siempre. Y menos en los últimos años, en que tenemos la sensación de que se va perdiendo. A mí no me importaría que Merkel mandase en Europa siempre y cuando pudiese elegirla yo también”.
Unos metros detrás de Cordeiro caminaba Pedro Oliveira, un profesor de instituto nacido en 1975, un año después de la Revolución del 25 de Abril. Avanzaba con un clavel rojo asomándole por el cuello de la camiseta. Le gustaba la casi mareante mezcla de gentes de la manifestación: “El 25 de Abril sirve para dignificar todas las buenas causas. Todas ganan sentido esta fecha”, dice. Entre ellas, añadía, la de pedir que mejoren (o que no acaben de deteriorarse) las condiciones de trabajo de los profesores a base de recortes en los presupuestos o a base de echar docentes a la calle. Oliveria recuerda que muchas clases de instituto en Portugal tienen ya 30 alumnos por aula, una ratio difícil de controlar y de manejar. Y que aumentará con los años. Y luego añadió: “Yo no trabajo en un instituto público. Lo hago en uno privado, enseñando Matemáticas. Pero más allá de las matemáticas, procuro inculcar a mis alumnos cierto sentido de la responsabilidad, que sepan que son privilegiados, y que hay un mundo real ahí fuera que cada vez va peor”.
Los miles de personas que componían la variopinta marcha, al son de frases insultantes contra la troika o contra el Gobierno o en un silencio algo oscuro que es más hartazgo que resignación, recorrió la Avenida de la Libertade hasta llegar a la Praça do Rossio. Se ponía fin así a una jornada de conmemoración que cada vez es más reivindicativa, que había comenzado por la mañana en el Parlamento, en una ceremonia solemne llena de discursos oficiales (en el suyo, el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, justificó y defendió estos dos años de ajustes a fin, según él, de regresar a los mercados con garantías) y que terminaba en la calle, donde un extraño personaje, abonado a estas marchas, caminaba disfrazado de esqueleto con un cartel que rezaba: “Que alguien me saque de esta película”.
Un 25 de abril contra la dictadura de los mercados
Portugal conmemora el 39º aniversario de la Revolución de los Claveles, que instauró la democracia, con una masiva manifestación contra el Gobierno de Passos Coelho
JAIRO VARGAS Lisboa 25/04/2013 20:38 Actualizado: 25/04/2013 21:14 Público
Marcha en Lisboa para conmemorar el 39º aniversario de la Revolución de los Claveles. JAIRO VARGAS
El 25 de abril de 1974 un grupo de capitanes de las Fuerzas
Armadas de Portugal decidió rebelarse y derrocar el régimen de Salazar
después de cuatro décadas de dictadura fascista. Cuando el pueblo
portugués escuchó a través de emisora de radio Renacença Grândola, Vila Morena, la canción que indicaba que el golpe había comenzado, salió a la calle para apoyar a los capitanes que traían la democracia.
Este jueves, 39 años más tarde, los portugueses han salido a la calle para recordar la revolución en plena dictadura económica que, tras dos años de austeridad, ha sumido al país en una situación extrema en la que los derechos sociales retroceden a marchas forzadas. Miles de personas han llenado Lisboa de claveles rojos, pero también de protestas.
Profesores, médicos, enfermeros, jubilados, parados, estudiantes... todos los sectores de la sociedad han clamado contra el gobierno del conservador Pedro Passos Coelho que, después del fallo del Tribunal Constitucional, que declaraba inconstitucionales varios de los recortes que efectuó para satisfacer las demandas de la Troika (BCE, FMI y CE), vuelva a afilar las tijeras.
La supresión de la paga extra de funcionarios y pensionistas y la reducción de los subsidios por desempleo, que suponían casi 1.200 millones de ahorro, fueron rechazadas por 13 magistrados. Ahora, sin un plan B meditado, el ejecutivo de Passos Coelho necesita 800 millones para devolver el dinero que adeuda a sus ciudadanos, pero también necesita más recortes que garanticen el pago de la deuda pública. El temor de la oposición y de la ciudadanía es que se recorte en políticas sociales, con unos presupuestos ya muy reducidos, pero también planea sobre los contribuyentes la sombra de una nueva subida de impuestos.
Por eso, la Avenida de la Libertad de Lisboa se ha llenado de portugueses que, aunque ya no sufren la represión política de antaño, ven cómo la democracia que conmemoran se ha convertido en otra dictadura: la que les condena al desempleo y la precariedad para satisfacer intereses ajenos a ellos. Eso es lo que piensa Ángel Moreira, joven profesor de educación primaria en Lisboa. "Tenemos libertad, y eso hay que celebrarlo siempre. Pero realmente no somos libres para decidir dónde queremos recortar. El Gobierno está destruyendo la educación y la sanidad y, por mucho que los ciudadanos nos quejemos, seguirá pasando. Podemos elegir otro Gobierno dentro de unos años, pero los que mandan no son los que nosotros elegimos", afirma mientras sujeta su clavel rojo.
Según Antonio Avalance, del sindicato de profesores de Lisboa, presente en la manifestación, el Gobierno trabaja con una "tendencia a privatizar servicios de educación en un país donde apenas había centros privados" y añade que han sufrido una "reducción brutal en el número de profesores en las escuelas y un aumento del desempleo de profesores producido por la reducción de asignaturas". También, critica, "se ha reducido el dinero destinado a educación con violentos recortes en el salario de los docentes" y, según augura, "ya no se puede recortar más en educación, así que seguramente opten por subir impuestos y aumentar el número de alumnos por aula".
Isabel Barbosa, representante del sindicato portugués de enfermeros, ligado al CGTP, los últimos años de austeridad hemos sufrido un ataque a la sanidad. Nuestros recursos se han reducido tanto que la atención a los pacientes se ha deteriorado, a pesar de que ahora tienen que pagar más que antes por cualquier tipo de atención". "Nos ha reducido los salarios, nos han aumentado los horarios de trabajo y han cerrado centros de salud y recortado en diversos departamentos, por eso estamos hoy en la calle", prosigue.
Delante de la tanqueta que marcha junto a los manifestantes, simbolizando la complicidad entre los militares y el pueblo portugués, se encuentra el cortejo de la izquierda parlamentaria portuguesa. Joao Semedo, líder del Bloco de Esquerda, marcha junto al líder del Partido Comunista de Portugal.
"Los mercados están imponiendo la dictadura de la deuda y sólo la democracia y la participación ciudadana en las manifestaciones puede hacer que triunfe la voluntad popular", ha dicho a Público Semedo, quien propone "coherencia, firmeza y convicción contra la deuda, la austeridad y la Troika" como estrategia política. "Eso es lo que espera la izquierda de este país. El Partido Socialista cortó con el Gobierno, pero no con la troika y eso es lo que está haciendo que muchos ciudadanos nos vean como su opción política", explica el diputado en referencia a los últimos sondeos, que le atribuyen un aumento en la intención de voto.
Hace 39 años fue el pueblo el que mandó y el que se impuso. Hoy es el mismo pueblo el que conmemora eso y se vuelve a reivindicar con los mismos valores: libertad, democracia, derecho al trabajo, a la seguridad social, a la sanidad... eso fue la revolución de abril, una revolución que valió la pena", dice el líder comunista, que ve a una "gobierno derrotado".
Sin embargo, a pesar de las dificultades de los portugueses para llegar a fin de mes, con uno de los salarios más bajos de la UE y unas cargas fiscales sólo comparables a las de Grecia, la manifestación ha transcurrido sin incidentes. Poco a poco, los distintos cortejos han llenado la Plaza de Rosio, donde varios capitanes de aquel abril de 1974, ahora ya generales, han puesto en valor aquel levantamiento y han apelado a ese espíritu para hacer que Portugal vuelva recuperar lo que recuperó hace 39 años y ha perdido en dos.
Este jueves, 39 años más tarde, los portugueses han salido a la calle para recordar la revolución en plena dictadura económica que, tras dos años de austeridad, ha sumido al país en una situación extrema en la que los derechos sociales retroceden a marchas forzadas. Miles de personas han llenado Lisboa de claveles rojos, pero también de protestas.
Profesores, médicos, enfermeros, jubilados, parados, estudiantes... todos los sectores de la sociedad han clamado contra el gobierno del conservador Pedro Passos Coelho que, después del fallo del Tribunal Constitucional, que declaraba inconstitucionales varios de los recortes que efectuó para satisfacer las demandas de la Troika (BCE, FMI y CE), vuelva a afilar las tijeras.
La supresión de la paga extra de funcionarios y pensionistas y la reducción de los subsidios por desempleo, que suponían casi 1.200 millones de ahorro, fueron rechazadas por 13 magistrados. Ahora, sin un plan B meditado, el ejecutivo de Passos Coelho necesita 800 millones para devolver el dinero que adeuda a sus ciudadanos, pero también necesita más recortes que garanticen el pago de la deuda pública. El temor de la oposición y de la ciudadanía es que se recorte en políticas sociales, con unos presupuestos ya muy reducidos, pero también planea sobre los contribuyentes la sombra de una nueva subida de impuestos.
Por eso, la Avenida de la Libertad de Lisboa se ha llenado de portugueses que, aunque ya no sufren la represión política de antaño, ven cómo la democracia que conmemoran se ha convertido en otra dictadura: la que les condena al desempleo y la precariedad para satisfacer intereses ajenos a ellos. Eso es lo que piensa Ángel Moreira, joven profesor de educación primaria en Lisboa. "Tenemos libertad, y eso hay que celebrarlo siempre. Pero realmente no somos libres para decidir dónde queremos recortar. El Gobierno está destruyendo la educación y la sanidad y, por mucho que los ciudadanos nos quejemos, seguirá pasando. Podemos elegir otro Gobierno dentro de unos años, pero los que mandan no son los que nosotros elegimos", afirma mientras sujeta su clavel rojo.
Según Antonio Avalance, del sindicato de profesores de Lisboa, presente en la manifestación, el Gobierno trabaja con una "tendencia a privatizar servicios de educación en un país donde apenas había centros privados" y añade que han sufrido una "reducción brutal en el número de profesores en las escuelas y un aumento del desempleo de profesores producido por la reducción de asignaturas". También, critica, "se ha reducido el dinero destinado a educación con violentos recortes en el salario de los docentes" y, según augura, "ya no se puede recortar más en educación, así que seguramente opten por subir impuestos y aumentar el número de alumnos por aula".
Isabel Barbosa, representante del sindicato portugués de enfermeros, ligado al CGTP, los últimos años de austeridad hemos sufrido un ataque a la sanidad. Nuestros recursos se han reducido tanto que la atención a los pacientes se ha deteriorado, a pesar de que ahora tienen que pagar más que antes por cualquier tipo de atención". "Nos ha reducido los salarios, nos han aumentado los horarios de trabajo y han cerrado centros de salud y recortado en diversos departamentos, por eso estamos hoy en la calle", prosigue.
Delante de la tanqueta que marcha junto a los manifestantes, simbolizando la complicidad entre los militares y el pueblo portugués, se encuentra el cortejo de la izquierda parlamentaria portuguesa. Joao Semedo, líder del Bloco de Esquerda, marcha junto al líder del Partido Comunista de Portugal.
"Los mercados están imponiendo la dictadura de la deuda y sólo la democracia y la participación ciudadana en las manifestaciones puede hacer que triunfe la voluntad popular", ha dicho a Público Semedo, quien propone "coherencia, firmeza y convicción contra la deuda, la austeridad y la Troika" como estrategia política. "Eso es lo que espera la izquierda de este país. El Partido Socialista cortó con el Gobierno, pero no con la troika y eso es lo que está haciendo que muchos ciudadanos nos vean como su opción política", explica el diputado en referencia a los últimos sondeos, que le atribuyen un aumento en la intención de voto.
Hace 39 años fue el pueblo el que mandó y el que se impuso. Hoy es el mismo pueblo el que conmemora eso y se vuelve a reivindicar con los mismos valores: libertad, democracia, derecho al trabajo, a la seguridad social, a la sanidad... eso fue la revolución de abril, una revolución que valió la pena", dice el líder comunista, que ve a una "gobierno derrotado".
Sin embargo, a pesar de las dificultades de los portugueses para llegar a fin de mes, con uno de los salarios más bajos de la UE y unas cargas fiscales sólo comparables a las de Grecia, la manifestación ha transcurrido sin incidentes. Poco a poco, los distintos cortejos han llenado la Plaza de Rosio, donde varios capitanes de aquel abril de 1974, ahora ya generales, han puesto en valor aquel levantamiento y han apelado a ese espíritu para hacer que Portugal vuelva recuperar lo que recuperó hace 39 años y ha perdido en dos.
Nunca más... Reflexión de Joaquín Pérez sobre su expulsión de la Bolivariana Venezuela a Colombia
por Joaquín Pérez Becerra*
Miércoles, 24 de Abril de 2013 04:33
Un acto vergonzoso que empaña las bondades de un modelo económico,
social y político muy diferente al sistema capitalista mundial. Sabíamos
de lo “del mejor amigo” y pitos y flautas.
Hablé con mi hija hoy. Me preguntó
-papi como estas?- solo atiné en responderle - bien a pesar de ser un
día trágico- eso fue lo único que hablamos. Nadie se podía imaginar que
ese 2 de abril del 2011, fuese capturado en la silla de un vuelo de
Lufthansa en una de las rampas del aeropuerto de Maiquetia, Caracas.
Días después entregado a las
autoridades colombianas. Y trasladado en un avión de la Policía
colombiana a Colombia. Oficialmente entregado a estos oficiales por
autoridades venezolanas con identificación colombiana, documento que no
portaba ya que hacia 11 años habla adquirido la nacionalidad sueca
renunciando a todo documento del país que me vio nacer. La diligencia de
Caracas con Bogotá era evidente. De entrada y sin juicio alguno
condenado y expulsado por terrorista.
Un acto vergonzoso que empaña las
bondades de un modelo económico, social y político muy diferente al
sistema capitalista mundial. Sabíamos de lo “del mejor amigo” y pitos y
flautas. Pero que ganaba Miraflores con ese “buen gesto”? Nada por lo
visto. Pero si una mala espina en la solidaridad internacional que con
tanto ahínco hemos impulsado desde afuera y en eso sigo estando
orgulloso junto a mis compañeros en la Asociación Jaime Pardo Leal en
Suecia.
Los revolucionarios y bolivarianos
actuamos por principios y no por el que dirán. Fundamental reconocer
nuestros errores para que nunca mas se le tiren guiños al enemigo de
clase.
La herida esta abierta y Caracas tiene la palabra.
*Director de ANNCOL
Bajo la dictadura de la oligarquía financiera
Se publica en TRES PARTES ( ésta es la PRIMERA PARTE )
por Miguel A. Montes
Viernes, 18 de Enero de 2013 06:23
Análisis para intentar acercarnos al
contenido social y político de la dictadura de clase a la que la clase
obrera y los países dependientes estamos sometidos, comenzando por hacer
una radiografía de la crisis, señalando consecuencias, responsables y
beneficiarios. El papel de España dentro de la división internacional
del trabajo, de la cadena imperialista. El monopolio, la oligarquía
financiera y el capitalismo monopolista de Estado, lo que decían Marx,
Engels y Lenin. Las etapas del imperialismo y el papel de los monopolios
transnacionales. Nuestro enemigo de clase, la oligarquía financiera, y
la alternativa, cambio del carácter de clase del Estado, dictadura del
proletariado, transformar el modo de producción y construir el
socialismo en lo político, económico, ideológico y cultural.
ÍNDICE
A. Radiografía socioeconómica: el ajuste interminable. (primera parte)
B. España, soberanía limitada por el imperialismo. (primera parte)
C. El monopolio última forma de competitividad en el modo de producción capitalista y la oligarquía financiera.
D. La órbita transnacional del imperialismo, contradicción y lucha de clases.
E. Los Monopolios Transnacionales.
F. Nuestro enemigo de clase: la oligarquía financiera española, catalana y transnacional.
G. Nuestro objetivo final, la construcción del socialismo y el comunismo.
B. España, soberanía limitada por el imperialismo. (primera parte)
C. El monopolio última forma de competitividad en el modo de producción capitalista y la oligarquía financiera.
D. La órbita transnacional del imperialismo, contradicción y lucha de clases.
E. Los Monopolios Transnacionales.
F. Nuestro enemigo de clase: la oligarquía financiera española, catalana y transnacional.
G. Nuestro objetivo final, la construcción del socialismo y el comunismo.
Radiografía socioeconómica: el ajuste interminable
La radiografía de España no deja de ser desalentadora, el índice de
pobreza alcanza al 25% de la población (12 mill.)., vamos a la cabeza de
la UE en tasa de
paro con 6 millones, más de medio millón de trabajadores desalojados por
los bancos protegidos por la ley capitalista del más fuerte y las
fuerzas de orden “público”, recortes en sanidad y enseñanza,
privatización de hospitales, empresas con amenazas de cierre (Roca,
Telemadrid, Novabanco, etc.), que echa a la calle a miles de
trabajadores para defender su empleo. El atraco a millones de
pensionistas que ven como congelan sus pensiones para seguir pagando
miles de millones de euros a los banqueros alemanes…El Estado capitalista cumple así con su función clasista, recauda a los pobres para dárselo a los ricos, los recortes sociales y “rescates” financieros supone una operación en gran escala para la nacionalización de las pérdidas financieras que son pagadas con dinero público. La banca española debe más de 1 billón de euros a la banca internacional y desde que empezó la crisis se ha puesto en manos de los responsables de la misma, nada menos que medio billón de euros. Dentro de este “plan operativo” anti-crisis el gobierno del PP ha elaborado un programa de reformas (2012-15), que contempla el desvío creciente de dinero público al capital financiero, con el recorte de un 20% de los salarios para recuperar la tasa de ganancias del capital y la privatización del sector público (agua, sanidad, etc.).
Estamos ante un sistema de deuda externa que mantiene un neocolonialismo que obliga a seguir la política económica dictada por la TROIKA –FMI, BCE y Comisión Europea-, instituciones enteramente antidemocráticas ya que la mayoría de sus miembros son nombrados por los estados imperialistas (Alemania, EE.UU., etc.). La banca, responsable de la crisis, dispone de libertad absoluta para seguir especulando. El Señor Botín, los banqueros alemanes, españoles y catalanes, no deben preocuparse, pueden seguir pidiendo dinero al Banco Central Europeo a un 1% para luego especular con la deuda pública española exigiendo un 7% de interés. Fortunas como la de Amancio Ortega, propietario de Inditex, no paran de crecer, ya es la 2ª fortuna que más aumentó en el 2012 colocándose como la tercera persona más rica del mundo, detrás de Carlos Slim y Bill Gates.
Las revueltas, protestas, huelgas y movilizaciones que tanto molestan son crecientes y en medio de esta guerra de clases, ricos y pobres, financieros y proletarios, aparece una nueva cortina de humo, como la inmigración es ya un “chivo expiatorio” gastado y la telebasura es insuficiente para distraer a las masas que se rebelan, se busca una cortina de humo, los sueldos de la denominada “clase” política. Para contener el gasto público de los Estados amenazados por el capitalismo financiero transnacional propio y foráneo, no sólo hay que aplicar recortes sociales, sino también contener, recortar y hasta suprimir los sueldos de los “políticos”, y aquí meten en el mismo saco a todos, tanto los que cobran grandes sueldazos, como los miles de militantes obreros y de izquierda que no cobran nada, o cobran lo mínimo. El objetivo, imponer el proyecto tecnócrata, la oligarquización de la política donde deciden los “expertos” del capital, para reducir y dejar sin capacidad de decisión a parlamentos, ayuntamientos, CC.AA., etc., ¡total ya decide la TROIKA y la plutocracia (1) por nosotros!.
No deja de ser un escándalo que cargos públicos cobren sueldos prohibitivos como Cospedal (Castilla La Mancha), o Belloch (Zaragoza) 158.000 y 109.000 euros anuales. Pero cuando dicen recortar esos sueldos para recaudar nos venden gato por liebre en doble sentido. Primero, porque nos quieren imponer el gobierno de la plutocracia sin matices, los ricos quieren ser los únicos que pueden hacer política, la de su clase, y los pobres, los proletarios no. ¿Se puede meter en el mismo saco a un cargo público que cobra el salario medio o un concejal que cobra 300 euros brutos al mes que a la señora Cospedal?. Segundo, no es que no haya dinero, lo hay, prueba de ello es que el nivel de gasto social público en España está ¡¡¡22 puntos por debajo del PIB por habitante!!! (producción por persona). El Estado y las CC.AA. podrían recaudar recaudar ¡¡¡66.000 millones de euros más al año!!!, y destinarlo a ampliar el estado de bienestar y empleo público. Ese dinero que falta, es parte de las plusvalías, tasas de ganancia e interés que el capital no grava, no paga impuestos, y ni el Estado, ni las CC.AA., lo recaudan. El gasto social que aquí en España nunca ha alcanzado la media de la UE15 ¡¡¡está volviendo a bajar hacia niveles de la dictadura franquista que era de 8 puntos menos!!!.
Nada de gravar las rentas del capital, nada de tocar las subvenciones millonarias que el Estado aconfesional sigue pagando religiosamente (nunca mejor dicho) a la Iglesia. Que sigamos siendo los que dependiendo de un salario contribuyamos con el 80% de los impuestos directos y otro tanto de los impuestos indirectos. Mientras monopolios financieros, industriales y comerciales, que explotan y sobre-explotan a sus trabajadores, seguirán siendo los que menos pagan. No es de extrañar que España sea junto a EE.UU. los dos países capitalistas de la OCDE que menos impuestos se pagan, los ricos claro. Para dejarlo más claro, la gran banca y la gran patronal en España pagan 5 veces menos de lo que pagarían en Suecia.
En esta crisis, ningún banquero ha sido juzgado en nuestro país, es más, cuando algunos se han visto apretados con la soga al cuello, han recibido el indulto del gobierno de turno. Lo último que hizo Zapatero ¡¡¡cuando era presidente en funciones!!! fué indultar al Consejero Delegado del Santander Alfredo Sáez. Y actualmente Rajoy no para de emitir indultos relativos a tráfico de drogas, prevaricación, estafas, etc. La ley que la han utilizado indistintamente los gobiernos neoliberales PP y PSOE, data de 1870 de la España caciquil de Cánovas, Sagasta y Alfonso XII, carece de control judicial o parlamentario. El último indulto ha sido el perdón a 4 mossos d´esquadra condenados por torturas (2).
Estamos ante una dictadura de clase social, por eso para intentar taparla sacan los sueldazos de algunos cargos públicos, para desviar la rabia, ya que últimamente nos estamos metiendo demasiado con los bancos, con los poderosos. Pero se quedan cortos. ¿Porqué no nos dicen que los 70 sueldos de todos los alcaldes de capitales de provincia y presidentes de comunidades y del gobierno juntos equivalen casi a un solo “sueldo”, el de Emilio Botín?. Eso sin contar su patrimonio valorado en miles de millones de euros.
Pues sí, destapemos un poco la caja de Pandora, para que nuestra rabia se dirija a nuestros explotadores, los que nos recortan salarios, los que nos despiden, los que nos incumplen convenios, los que nos desahucian, los que nos disputan patrimonio público, hospitales, escuelas, etc., y quienes les representan con sus políticas impopulares. Estos son algunos “sueldos” blindados de directivos, presidentes y consejeros delegados de algunas empresas españolas del IBEX35 en el 2011 (3):
Ø PABLO ISLA PRESIDENTE INDITEX 18 MILL.
Ø ALFREDO SÁEZ CONSEJERO DELEGADO SANTANDER 12,5 MILL.
Ø ANTONIO BRUFAU PRESIDENTE DE REPSOL 10,5 MILL.
Ø CÉSAR ALIERTA PRESIDENTE DE TELEFÓNICA 10,3 MILL.
Ø JOSE IGNACIO SANCHEZ GALÁN PRESIDENTE IBERDROLA 9,3 MILLONES.
Ø JUAN LUIS CEBRIÁN CONSEJERO DELEGADO GRUPO PRISA 8,2 MILLONES.
Ø JULIO LINARES CONSEJERO DELEGADO TELEFÓNICA 7,3 MILL.
Ø MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE VICEPRESIDENTE DEL BANCO DE SANTANDER 6,5 MILL.
Ø FLORENTINO PÉREZ PRESIDENTE ACS 6 MILL.
Ø ANA PATRICIA BOTIN DIRECTIVA FILIAL BRITÁNICA DEL SANTANDER 5,5 MILL.
Ø EMILIO BOTIN PRESIDENTE SANTANDER 5,1 MILLONES.
Ø FRANCISCO GONZÁLEZ PRESIDENTE DEL BBVA 5 MILL.
Ø JOSE MANUEL ENTRECANALES PRESIDENTE ACCIONA 4,6 MILL.
Ø FELIPE BENJUMEA PRESIDENTE DE ABENGOA 4,5 MILL.
Ø RAFAEL VILLASECA CONSEJERO DELEGADO GAS NATURAL 4,2 MILL.
Ø ANGEL CANO CONSEJERO DELEGADO DEL BBVA 3,6 MILL.
Ø RODRIGO RATO 2,44 MILL. PRESIDENTE BANKIA (actualmente recalado en Telefónica).
Ø JOSE MANUEL VARGAS CONSEJERO DELEGADO DE VOCENTO 3,12 MILL.
… Eso sí, sin perder de vista además las indemnizaciones multimillonarias, las jubilaciones de oro, el Banco de Santander ha llegado a indemnizar más de 100 millones de € a uno de sus gerentes.
Pero es que además en España existen 1500 grandes fortunas por encima de los 24 millones de € anuales, de las cuales sólo pagan impuestos 65, un 4%. Y existen 1400 personas que controlan un capital equivalente al 80% del PIB de España, donde se incluye también la burbuja del fraude fiscal.
Por si fuese poco, el Estado y las CC.AA. destinan cada año 400 millones de € para pagar con dinero público a 35.000 liberados que la patronal tiene en las empresas privadas. Eso sí, para que nos exploten “científicamente” mejor.
¿Por qué tenemos que olvidar a estos opresores del IBEX 35 que nos aplastan y explotan?.
¿Por qué el Estado sólo cobra impuestos desproporcionadamente a los trabajadores?.
¿Por qué el Estado decide redistribuir los impuestos recaudados hacia los banqueros y no hacia la sanidad y las pensiones?.
¿Para qué subvencionar a quienes nos explotan, cuando al mismo tiempo se está atacando la negociación colectiva y la representación sindical de los trabajadores?.
¿Por qué los Juzgados y la Policía desalojan familias de sus viviendas cediéndoselas a bancos que han recibido miles de millones de dinero público? Por ejemplo, La Caixa que ha forzado junto a la banca europea las mismas políticas neoliberales, que controla parte de las acciones de transnacionales españolas que saquean la periferia (Repsol, Gas Natural, Abertis…) también se ha arremangado en la labor de desahuciar a miles de familias.
¿Por qué pasa esto sin que el Estado defienda los intereses de la mayoría?.
La respuesta es sencilla, el Estado capitalista español tiene un carácter de clase, la de la clase dominante, explotadora, y por tanto, sus políticas, y sus aparatos jurídicos, ideológicos y represivos, acompañan y obedecen a las relaciones de producción del sistema capitalista imperante. Ni más, ni menos.
España, soberanía limitada por el imperialismo
A partir de la crisis de 1973, la oligarquía financiera española
renuncia definitivamente al desarrollo de una red industrial propia,
centrándose en sectores de menor riesgo (telecomunicaciones,
informática, energía) con la privatización desde la década de los 80 de
casi la totalidad del sector público, de empresas rentables y con
beneficios, que fue aprovechada para financiar la expansión
transnacional (Telefónica, Repsol, etc.), la potenciación del sector
servicios, y la cesión del mercado productivo y comercial español a las
Transnacionales de capital extranjero, que se han apropiado de la
mayoría de los sectores productivos (auto, bienes de equipo, químicas,
alimentación, etc.), excepto la construcción que requiere poco capital
fijo siendo el sector con el mayor destacamento de la fuerza de trabajo
sobreexplotada, lo que ha generado un ciclo de dependencia e integración
de la economía española como periferia en la órbita de los
imperialismos dominantes.Carente de tecnología propia y avanzada el capitalismo español de desarrollo intermedio en la cadena imperialista, se muestra impotente para competir abiertamente en los mercados internacionales frente a las grandes potencias capitalistas detentadoras de las tecnologías punta y del control de las instituciones económicas y financieras del sistema capitalista, lo cual ha permitido que las potencias imperialistas europeas exporten y descarguen su crisis interna sobre los mercados de los capitalismos intermedios como el español.
Tal dependencia se amplió a partir de la incorporación a la UE y la OTAN, con la desintegración de parte de sectores de industria pesada, agricultura, ganadería y pesca, impuesto por la división imperialista del trabajo, que ha ido terciarizando la economía española. Tendencia que se aceleró desde 1993 con Maastrich y el gobierno neoliberal PSOE-CiU. Con datos del periodo 1.991-97, el sector servicios se sitúa en el 61,5% de la actividad con un incremento de 9,5 puntos, el sector industrial baja al 20% perdiendo 14,8 puntos, el sector de la construcción se mantiene con 9,8% (siendo la construcción de viviendas la actividad que más incrementa la acumulación de capital a partir del 2.000) y el sector agrario baja a 8,7%, perdiendo 17,5 puntos.
El modelo de crecimiento económico de los últimos años (2.000-07) se ha basado en los bajos salarios, la especulación rentista, el impulso de la construcción de vivienda residencial y el sector servicios (hostelería y asistencia domiciliaria), proveedor de empleos de bajos salarios, que integra una gran parte de los más de 4 millones de obreros inmigrantes sin derechos, etc., aspectos que en su conjunto y sin una política industrial pública, han rebajado los costes laborales, dando grandes beneficios empresariales centrados en la construcción y en los servicios de bajo valor añadido.
Los gobiernos del PSOE y del PP han aplicado las medidas legales y fiscales que han dado alas a la burbuja inmobiliaria, como la ley del suelo del PP. El precio de la vivienda creció un 106% desde que se estableció el euro en 1999 hasta el 2007, mientras que los salarios nominales crecieron un 8%. Los salarios han financiado la sobreproducción de mercancías mediante el dogal del crédito, junto a la plusvalía sacada del proceso productivo el proletariado se ha visto cada vez más obligado a devolver una parte creciente de su salario en créditos e hipotecas, y no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que hemos perdido poder adquisitivo, nuestros salarios han estado por debajo de nuestras necesidades, lo que Marx caracterizaba como el empobrecimiento absoluto de la clase obrera (causa final de la crisis).
Los bancos han promovido el endeudamiento hipotecario a límites gigantescos, era la “España va bien” de Aznar, en la que el Banco de España hacía la vista gorda. Entre el 2000 y el 2007, el crédito a la actividad productiva se multiplicó por 3, mientras que el de la actividad inmobiliaria se multiplicó por 9.
Ello no quiere decir que el capital financiero español no tenga presencia en la industria. La Caixa por ej., se ha constituido en el primer grupo industrial en todo el Estado a través de su participación en numerosas actividades de la industria. Aun así más del 50% de la industria privada depende de las inversiones del capital extranjero. El desembarco del capital extranjero a España en la última década (1998-2007) se ha multiplicado por 10 (4 billones de las antiguas pts.), por lo que la dependencia tecnológica e industrial es patente.
Decía Lenin que el proceso rápido de la concentración de la producción en empresas cada vez más grandes es una de las peculiaridades del imperialismo. En España, de todas las sociedades sólo un 5,2% manejan un capital que representan el 65% del total. Los 5 mayores grupos siderúrgicos producen una facturación del 60% del total, en el mercado español de carburantes, Repsol y Cepsa poseen el 73% del mercado, Gas Natural es líder absoluto como distribuidor de gas con el 84% del mercado; en electrodomésticos las 4 mayores empresas controlan casi el 50%, en distribución de alimentos las 5 más grandes empresas poseen una cuota del 60% del mercado. Significativa es la concentración en el sector eléctrico que desde 2003 de 14 empresas, sólo quedan 5, Endesa tiene 22 millones de clientes en todo el mundo, 7 de las 9 centrales nucleares en España, líder en potencia instalada, facturación y beneficio, y la principal empresa minera con el 37% de la producción. Iberdrola tiene 12 mill., de clientes, genera el 28% de la energía eléctrica y el 40% de la distribución.
Las grandes empresas españolas apenas suponen el 0,1% del total, pero tienen un volumen de negocio del 40% y concentran casi el 20% del empleo. Sólamente 100 empresas controlan el 45% de las exportaciones. Solamente las 12 mayores empresas, sin contar los bancos, tuvieron unos beneficios de 57.000 mill. € en el 2007, equivalente a todo el presupuesto del Estado destinado para infraestructuras, educación, dependencia, desempleo, vivienda e I+D en el 2009.
Paralelamente se da un fenómeno nuevo desde los 90, Transnacionales españolas que exportan capital (se ha pasado de 0,1 billón a 2,6 billones en los últimos años), empresas que como Repsol, FECSA-Enher y Telefónica (esta última entre las 200 primeras Transnacionales), explotan recursos naturales y extraen plusvalía en el extranjero, fundamentalmente en Latinoamérica, Portugal y tras la subordinación de la política exterior al imperialismo yanqui (guerras de Afganistán e Irak), el capital español viene recibiendo sus dividendos en Oriente Medio. Son las antiguas empresas públicas privatizadas en la época de Felipe González y Aznar, que se convirtieron en transnacionales comprando empresas latinoamericanas a precio de saldo, que obtienen más ganancias por sus filiales que aquí.
Sobre la concentración bancaria. En 1990, los 9 grandes bancos poseían una cuota de mercado del 52,5%. En este momento las 4 primeras entidades financieras tienen una cuota de mercado del 57,5% %. Santander, BBVA, La Caixa y Caja Madrid (Datos FRS Inmark, 2006). Solamente el Grupo Santander (Santander y Banesto) disponen del 45,23% de la capitalización bursátil española (50.205 mill. €). El Santander pasó del 10º al 4º banco mundial (2.004-2.008) mientras el BBVA ha pasado del 20 al 11º (2.005-2.009). Ambos son el primer y el tercer banco en América Latina, dirigiendo y determinando la política económica local. En cuanto a beneficios netos, a pesar de la crisis, el Santander ha subido hasta el primer puesto mundial con 8.876 mill. € en el 2.008. La oligarquía financiera española se ha concentrado y centralizado pasando de los 9 bancos a dos conglomerados dirigidos por el BSCH y el BBVA, a la misma vez que se ha producido un mayor control sobre los aparatos del Estado (medios de comunicación, y organizaciones políticas sistémicas). España se ha convertido en un Estado acreedor, importador de capitales en concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo. Por ej. Uganda recibió en 1.997, 76 mill. de pts. y devolvió 204 mill., con lo que España recibió 128 mill. de beneficios por este concepto (4). Los créditos FAD se han convertido en un mecanismo de explotación del gobierno español hacia determinados países de la periferia.
No obstante, el hecho de que la oligarquía financiera española se haya incorporado al club de las burguesías imperialistas (concentración bancaria, monopolio financiero e influencia mundial con escaso desarrollo), no varía la situación de España en la cadena imperialista, situándola en un término medio (semi-periferia), en cuanto al reparto del proceso de acumulación mundial de capital, al disponer de escasos recursos productivos propios. España es una formación social capitalista en la fase del imperialismo, con un capitalismo monopolista de Estado de economía dependiente, semiperiférica, subordinada a los poderes centrales del imperialismo entre EE.UU, y el eje Francia-Alemania.
Políticamente desde 1.982 se alternan dos grandes partidos electorales a nivel del Estado -PP y PSOE- en el gobierno, desarrollando el mismo proyecto político marcado por el neoliberalismo, la precariedad y dualidad del empleo, el recorte de las prestaciones sociales y las privatizaciones.
Estos partidos están patrocinados por la banca y las grandes empresas, con las que mantienen estrechas relaciones. Los cargos políticos de ambas organizaciones no son ajenos a los organismos de la Trilateral (FMI, OMC, Club Bilderberg…) a los cuales pertenecen o han pertenecido destacados políticos, empresarios y banqueros de la órbita bipartidista neoliberal: Pedro Solbes, Trinidad Jiménez, Joaquín Almunia (PSOE), Abel Matutes, Rodrigo Rato, Fraga (PP), Ana Botín (Banesto), Emilio Ybarra (expresidente BBVA), Alfonso Cortina (Inmobiliaria Colonial y Repsol-YPF), etc. Ambos partidos dominan el Estado, la sociedad civil, y su monopolio mediático se asegura de acaparar la opinión pública, además de garantizar las fuentes de financiación, y aunque el PSOE dispone de una amplia base social obrera, representan igualmente la gestión de gobierno de los intereses de las fracciones de la burguesía dominantes en la acumulación de capital de la formación social española. El PP responde más a los intereses de la oligarquía ligada a las estructuras del franquismo (Ybarra, Botín, Radio Popular, Bankia, Endesa...) y a nivel internacional más alineado con el imperialismo yanqui, y el PSOE que responde más a los intereses del capital financiero menos ligado a la estructura franquista (La Caixa, Prisa, Sogecable...) más alineado con el imperialismo dominante en la UE (Alemania y Francia).
Si preguntamos, quién ostenta hoy el poder político en España hay que responder que son las oligarquías financieras transnacionales propias y foráneas, a través del régimen bipartidista PP-PSOE, que renuncia y cede la soberanía económica, política y militar a las instituciones extranjeras e imperialistas –OTAN, TROIKA, EE.UU., UE-.
Francia: Peugeot Citroën amenaza con cerrar fábrica francesa por huelga
por Kaos. Laboral y economía
Jueves, 25 de Abril de 2013 09:46
La corporación francesa PSA Peugeot Citroën amenazó hoy con
adelantar este año el cierre de la fábrica de automóviles en la comuna
de Aulnay-sus-Bois, debido a la prolongada huelga que realizan sus
trabajadores en defensa del empleo.
Fuente: PL
El consorcio presentó recientemente un proyecto de reestructuración donde prevé el despido de unos ocho mil asalariados en todo el país y el cese de actividades en 2014 de la planta de Aulnay, en la periferia de París.
Según los dueños, la reducción de personal es necesaria para rebajar los costos de producción y enfrentar la caída del mercado automovilístico en toda la Unión Europea.
Los sindicatos denunciaron que la PSA logró ganancias muy elevadas durante los últimos años y tiene recursos suficientes para enfrentar la coyuntura, sin necesidad de sacrificar a los trabajadores.
En enero un grupo de obreros inició una huelga y ocupó parte de los talleres principales de Aulnay para exigir la conservación de sus puestos y desde entonces la producción en el sitio es mínima.
Este miércoles el director financiero de la firma, Jean-Baptiste de Chatillon, amenazó con adelantar para este año el cierre de la fábrica si la protesta persiste.
El funcionario hizo las declaraciones antes de comenzar un consejo de accionistas de la Peugeot Citroen, donde se discutirá la situación y se tomarán algunas medidas al respecto.
Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a sus afiliados a protestar contra las amenazas de los empresarios.
La defensa del empleo es una de las reivindicaciones que serán enarboladas durante la manifestación convocada por la CGT y Fuerza Obrera el próximo 1 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.
En Francia el paro crece de manera indetenible desde hace 21 meses consecutivos y el fenómeno afecta a casi tres millones 200 mil personas en edad laboral, de acuerdo con las estadísticas oficiales.
El consorcio presentó recientemente un proyecto de reestructuración donde prevé el despido de unos ocho mil asalariados en todo el país y el cese de actividades en 2014 de la planta de Aulnay, en la periferia de París.
Según los dueños, la reducción de personal es necesaria para rebajar los costos de producción y enfrentar la caída del mercado automovilístico en toda la Unión Europea.
Los sindicatos denunciaron que la PSA logró ganancias muy elevadas durante los últimos años y tiene recursos suficientes para enfrentar la coyuntura, sin necesidad de sacrificar a los trabajadores.
En enero un grupo de obreros inició una huelga y ocupó parte de los talleres principales de Aulnay para exigir la conservación de sus puestos y desde entonces la producción en el sitio es mínima.
Este miércoles el director financiero de la firma, Jean-Baptiste de Chatillon, amenazó con adelantar para este año el cierre de la fábrica si la protesta persiste.
El funcionario hizo las declaraciones antes de comenzar un consejo de accionistas de la Peugeot Citroen, donde se discutirá la situación y se tomarán algunas medidas al respecto.
Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a sus afiliados a protestar contra las amenazas de los empresarios.
La defensa del empleo es una de las reivindicaciones que serán enarboladas durante la manifestación convocada por la CGT y Fuerza Obrera el próximo 1 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.
En Francia el paro crece de manera indetenible desde hace 21 meses consecutivos y el fenómeno afecta a casi tres millones 200 mil personas en edad laboral, de acuerdo con las estadísticas oficiales.
España: El paro bate otro récord histórico y alcanza los 6.202.700 personas, un 27'16%
por Kaos. Laboral y Economía
Jueves, 25 de Abril de 2013 09:28
El paro sigue batiendo récords, acentuado por las políticas
neoliberales que profundizan la crisis. Pero sí se puede acabar con el
paro: aplicando medidas como las 35 hores semanales sin reducción
salarial (trabajar menos para trabajar todos),dejando de pagar la deuda
ilegítima y...
El paro sigue batiendo récords, acentuado por las
políticas neoliberales que profundizan la crisis. Pero sí se puede
acabar con el paro: aplicando medidas como las 35 hores semanales sin
reducción salarial (trabajar menos para trabajar todos), dejando de
pagar la deuda ilegítima y dedicando esos recursos -y los que se
obtengan con una reforma fiscal que grave a las grandes fortunas y
castigue implacablemente el fraude- a la creación de empleo mediante un
plan de obras públicas y sociales, generalizando la jubilación a los 60
años al 100%, derogando las reformas laborales que facilitan el despido y
la precarización del empleo, nacionalizando la banca y los sectores
estratégicos para poner todos los recursos al servicio de la mayoría
social... Se puede, con otra política económica y social que rompa con
la UE del capital y su euro, es decir, con la barbarie que generan el
capital y su gobierno y que, basándose en la movilización y la
organización de la mayoría social trabajadora, abra el camino a una
sociedad organizada a partir de los intereses colectivos.Kaos. Laboral y Economía
- La tasa de paro escaló al cierre de marzo hasta el 27,16% y alcanza su nivel más alto de la serie histórica comparable
- El desempleo subió en 237.400 personas en los tres primeros meses de 2013 respecto al trimestre anterior
- En el último año se han destruido casi 800.000 empleos
En el último año, el paro se ha incrementado un 10%, con 563.200 desempleados más, mientras que se destruido casi 800.000 empleos, sólo 322.300 durante los tres primeros meses de 2013.
El repunte del desempleo en el primer trimestre del año es inferior al aumento registrado en igual periodo de 2012 (cuando hubo 365.900 desempleados más), pero supera al del primer trimestre de 2011 (213.500 personas). En los primeros trimestres de 2008, 2009 y 2010, el desempleo aumentó en mayor medida de lo que lo ha hecho entre enero y marzo de este año.
No ha terminado el ajuste en el sector privado
De los 322.300 empleos destruidos hasta marzo, 251.000 pertenecían al sector privado (-1,8% respecto al trimestre anterior) y 71.400 al sector público (-2,4%).
En este primer trimestre, el número de asalariados disminuyó en 312.800 personas (-2,2%), de los que 194.400 tenían contrato temporal (-6%) y 118.400 tenían contrato indefinido (-1,1%).
Más de 1,9 millones de hogares con todos sus miembros en paro
Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en el primer trimestre del año en 72.400, lo que supone casi un 4% más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.906.100. En el último año, los hogares con todos sus miembros en paro han aumentado en 177.700, un 10,3% más.
Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 190.400 durante enero y marzo de este año, un 2,3% respecto al trimestre anterior, hasta un total de 8.143.900 hogares. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados han bajado en 449.800 (-5,2%).
Los hogares con al menos un activo se han reducido hasta marzo en 28.400 (-0,2%) y suman 12.917.100 hogares, cifra inferior en 82.200 a la del primer trimestre de 2012 (-0,6%), mientras los hogares en los que no hay ningún activo aumentaron en 14.000 en el primer trimestre, hasta superar los 4,4 millones. En comparación con el primer trimestre de 2012, los hogares en los que no hay ningún activo crecieron en 65.700 (+1,5%).
España: La tasa de paro juvenil rompe su techo y llega al 57,22%
Hay 960.400 jóvenes entre 16 y 25 años que no trabajan. Son 30.000 más que al cierre de 2012. Los parados de larga duración ya son casi la mitad del total de desempleados
La tasa de paro juvenil —menores de 25 años— se situó en el 57,22% en el primer trimestre del año, 2,09 puntos más que en el cuarto trimestre de 2012, lo que hace que el número de jóvenes desempleados sea de 960.400.Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el INE, del total de jóvenes sin empleo, la mayoría está en la franja entre 20 y 24 años, con 755.600, mientras que los comprendidos entre 16 a 19 años sumaron 204.800.
La tasa de paro de los hombres menores de 25 años en los primeros tres meses del año es del 59,21%, frente al 56,23% del cuarto trimestre de 2012. La tasa de paro de las mujeres alcanza el 54,96%, frente al 53,89% anterior.
Por sexos, se registraron 410.200 hombres desempleados entre 20 y 24 años, y 119.900 entre 16 y 19, lo que supone un total de 530.100.
Asimismo, hubo 345.500 mujeres sin empleo entre 20 y 24 años, y 84.900 entre 16 y 19, lo que suma un total de 430.400.
En el último año, el número de jóvenes en paro se ha incrementado en 38.600 desempleados (+4,2%). La tasa de paro actual de los menores de 25 años es cinco puntos superior a la existente en el primer trimestre de 2012 (52,1%).
La actividad no ha podido amortiguar en el primer trimestre la subida del paro entre el colectivo juvenil, pues no ha experimentado cambios, de tal forma que el número de activos menores de 25 años se ha mantenido en 1.678.400 personas.
Los colectivos más castigados
Los jóvenes y los parados de larga duración (más de un año en el desempleo) están siendo uno de los colectivos más castigados por la crisis. De los más de 6,2 millones de parados contabilizados en España al finalizar marzo, el 15,5% son jóvenes menores de 25 años y el 46,7% son parados de larga duración.De hecho, el número de parados de larga duración se incrementó en 111.200 personas en el primer trimestre, un 4% más que en el trimestre anterior, hasta situarse por encima de los 2,9 millones de personas. En el último año, los parados de larga duración han aumentado en 515.700 personas (+21,6%).
España: Casi dos millones de familias tienen a todos sus miembros en paro
Son un 4% más que el trimestre anterior. Los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 190.400 durante enero y marzo de este año
Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en el primer
trimestre del año en 72.400, lo que supone un casi 4% más que en el
trimestre anterior, hasta situarse en 1.906.100, según datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este jueves por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el último año, los hogares con todos sus miembros en paro se han incrementado en 177.700, un 10,3% más.
Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 190.400 durante enero y marzo de este año, un 2,3% respecto al trimestre anterior, hasta un total de 8.143.900 hogares. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados han bajado en 449.800 (-5,2%).
Los hogares con al menos un activo se han reducido hasta marzo en 28.400 (-0,2%) y suman 12.917.100 hogares, cifra inferior en 82.200 a la del primer trimestre de 2012 (-0,6%), mientras los hogares en los que no hay ningún activo aumentaron en 14.000 en el primer trimestre, hasta superar los 4,4 millones.
En comparación con el primer trimestre de 2012, los hogares en los que no hay ningún activo crecieron en 65.700 (+1,5%).
Fuente: AgenciasEn el último año, los hogares con todos sus miembros en paro se han incrementado en 177.700, un 10,3% más.
Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 190.400 durante enero y marzo de este año, un 2,3% respecto al trimestre anterior, hasta un total de 8.143.900 hogares. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados han bajado en 449.800 (-5,2%).
Los hogares con al menos un activo se han reducido hasta marzo en 28.400 (-0,2%) y suman 12.917.100 hogares, cifra inferior en 82.200 a la del primer trimestre de 2012 (-0,6%), mientras los hogares en los que no hay ningún activo aumentaron en 14.000 en el primer trimestre, hasta superar los 4,4 millones.
En comparación con el primer trimestre de 2012, los hogares en los que no hay ningún activo crecieron en 65.700 (+1,5%).
España: Centenares de personas se manifiestan en Granada en defensa de la educación pública
por Kaos. Andalucía
Jueves, 25 de Abril de 2013 22:34
Un cortejo de unas diez personas con una pancarta de las Juventudes
Socialistas del PSOE se hace presente, y es increpada por varias decenas
de personas hasta que se ven obligadas a retirar la pancarta y a
mezclarse con el resto de la manifestación sin identificaciones.
Una manifestación en defensa de la educación pública y contra la
la LOMCE ha recorrido en la tarde de este jueves las calles del centro
de Granada.La manifestación se ha encuadrado en la jornada de huelga y lucha estudiantil que ha tenido lugar durante todo el día, y que en Granada estaba convocada por diferentes colectivos estudiantiles de la ciudad.
Cerca de 500 personas han secundado la manifestación, que partía de las 19:00 de los Comedores Universitarios, y recorría algunas calles céntricas de la ciudad hasta finalizar poco antes de las 21:00 al final de Gran Vía.
La manifestación has trascurrido con normalidad y sin incidentes destacables. Los convocantes han leído una manifiesto al final de la misma, y se ha emplazado a los presentes a seguir en la lucha y a participar de las diferentes acciones que se vienen convocando desde los colectivos estudiantiles.
Como dato anecdótico, que no debe ser visto como un incidente sino como un debate político, resaltar que varias decenas de personas, pertenecientes principalmente al SAT y acompañados por integrantes de otros colectivos de la ciudad como el movimiento 15-M, han realizado, en plena mafiestación, un "escrache" al cortejo de las Juventudes Socialistas del PSOE, que pese a que son tan responsables de los recortes sociales y la situación actual como el PP, y que, entre otras cosas, han despedido a 4500 interinos en Andalucía, han tenido la desfachatez de participar en la manifestación con su propia pancarta, a buen seguro siguiendo las directrices que, en estos momentos donde están en la oposición aparente al PP, les marcan desde la dirección del partido para ver si así pueden volver a engañar a unos cuantos incautos que se dejen arrastrar por el mensaje de que el PSOE es un partido de izquierdas que se opone a los recortes.
Las apenas poco más de diez personas que formaban el cortejo del PSOE se han visto obligadas a cerrar la pancarta y a disolverse como cortejo, una vez que han sido increpadas y se les ha recordado su culpabilidad en los recortes, así como su carácter de partido del régimen, aliado del poder financiero y enemigo de los intereses reales de la clase obrera. Haciendo válido aquello de "PSOE, PP, la misma mierda es", no en la teoría, sino en la práctica. Cosa que no todos colectivos parecen tener claro a la hora de la verdad, en tanto y cuanto parecen no haber aprendido nada de las movilizaciones del No a la guerra y los años de oposición del PSOE a Aznar, que finalmente acabaron en un nuevo engaño a la clase obrera y el gobierno neoliberal de Zapatero aplicando las políticas de la troika.
El PSOE no es un partido que se oponga a los recortes ni es un partido que sea una verdadera oposición al PP. Así debe ser tratado. Todo lo que no sea eso, será volver a servir como balón de oxígeno para este partido que anda moribundo en la actualidad, tal y como, por ejemplo, está haciendo IU-Andalucía con su pacto de gobierno con este partido capitalista y corrupto en el gobierno de la CCAA.
Punto de Fisión
David Torres
Merkel en pelotas
23 abr 2013
La principal diferencia entre Hitler y Merkel (aparte de los tanques y el bigote, apenas extendido en el dirigente nazi) es el lenguaje amoroso que emplea la canciller. Merkel dice que “debemos estar preparados para aceptar que Europa tiene la última palabra en ciertas áreas”, lo cual, traducido del alemán, quiere decir que vayamos colocando la popa hacia Berlín. También dice que “de otra manera no seremos capaces de continuar construyendo Europa”, lo que poco más o menos sugiere que vayamos comprando vaselina a carretillas.
Cuando un dirigente alemán habla de “Europa” hay que tener mucho cuidado, porque lo más probable es que sea una metonimia. Más aun si está en la sede del Deutsche Bank, que es la versión neoliberal del Nido de Águilas. Imbuida de metafísica hegeliana, Merkel reclama para la banca alemana el mismo espacio vital que Hitler pedía para la raza aria. Hitler soñaba con una Europa rubia y de ojos azules, una matrona basta y germánica al estilo de Angela Merkel, un territorio libre de judíos, gitanos y eslavos, pero Merkel ha preferido encauzar el sueño nazi hacia un navío tripulado por banqueros gordos y despiadados empresarios, servido eficazmente por muchedumbres de camareros griegos, italianos, portugueses y españoles. Los gitanos no molestan siempre y cuando sepan que su lugar está en el tablao, entre trajes de luces y guitarras.
Hace poco corría por internet una supuesta foto de Angela Merkel en plena juventud, practicando nudismo junto a dos amigas, una versión de las Tres Gracias de Rubens pero en blanco y negro y sin ninguna gracia. Muy probablemente, la foto era falsa en lo que respecta a los detalles, porque nadie puede imaginarse que esta mujer haya sido joven alguna vez y menos aún que cupiera en un simple encuadre sin cinemascope. Ya sé que está muy feo criticar el físico de una señora, pero prefiero referirme únicamente al físico porque si empezara a hablar del alma, de su ética y su ideario político, tendría que limitarme a palabras de cuatro letras.
La foto resultaba falsa en cuanto a los detalles, pero metafóricamente era la verdad pura y dura: así va a dejarnos a todos Merkel, en pelotas. Muchos intelectuales, con ese ojo clínico que sólo da la profesión, se felicitaron el día de la reunificación alemana. Prácticamente sólo Günter Grass avisó de que a él no le hacía ninguna gracia el invento y de que la reunificación no era más que el preludio del IV Reich.
Las regañiñas de Merkel y sus banqueros al carácter lúdico de los mediterráneos me recuerdan a aquella diatriba que tuvo que aguantar una amiga mía, sentada en un café de Munich, cuando unos estudiantes alemanes les oyeron hablar en español. Que si éramos vagos, juerguistas, ignorantes y derrochadores. Fue bastante imprudente por su parte, ya que mi amiga hablaba perfectamente el alemán. “Tenéis razón” dijo, poniéndose en pie, mientras en el café se hacía un silencio teutónico, “reconozco que hay que ser un pueblo muy trabajador y muy eficaz para exterminar en unos pocos años a seis millones de personas”.
España: 1º de mayo: La lucha es el camino y no los pactos sociales
por Declaración unitaria sindicalismo alternativo
Jueves, 25 de Abril de 2013 09:45
Este 1 de mayo hay dos opciones contrapuestas de manifestación: la
de los sindicatos que no cuestionan el capitalismo, y la del
sindicalismo de clase y alternativo: a las 11,30 horas en Plaza
Beata-Atocha, Madrid.
1º de mayo: La lucha es el camino y no los pactos sociales
FUERA LOS GOBIERNOS TÍTERES DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL CAPITAL
El 1º de Mayo no es una fiesta, es una jornada internacional de lucha
de la clase obrera. No hay nada que festejar en un país con más de 6
millones de parados. No hay nada que festejar cuando sufrimos a diario
los EREs y ERTEs, cuando nos roban los salarios, nos desmantelan la
sanidad y la educación pública, cuando centenares de miles de familias
están sufriendo el drama de los desahucios.Es un día de lucha porque este gobierno de los banqueros y los capitalistas, este títere de la Troika, sigue empeñado en gobernar a golpe de decreto y con las tijeras en la mano. El informe del FMI anima al Gobierno a seguir con más recortes y a que meta mano ahora a las pensiones, disminuyendo de nuevo la cuantía de las jubilaciones y endureciendo el acceso a las mismas.
Sobran por tanto razones para que el 1º de Mayo los trabajadores y trabajadoras salgamos masivamente a la calle.
ACUDE CON NOSOTROS/AS A LA MANIFESTACIÓN DEL SINDICALISMO DE CLASE
El 1 de Mayo habrá dos opciones contrapuestas de manifestación:Una es la manifestación del sindicalismo del sistema (CCOO y UGT), de los que por pasiva sostienen al gobierno, “reconocen la legitimidad” de Rajoy y piden un referéndum sobre las medidas del gobierno, al tiempo que le ruegan a éste que se siente a negociar con ellos un pacto social. La otra es la manifestación de los que decimos que la clase obrera y el pueblo ya hemos hecho el referéndum con dos huelgas generales e innumerables manifestaciones en la calle; de los que rechazamos el pacto social, decimos no a los recortes y a las reformas laborales y queremos echar a este gobierno de los corruptos, de los banqueros y la troika.
Una es la manifestación de los que firman como churros los EREs y los ERTEs, facilitando el robo de nuestros salarios y derechos y ayudando así a los capitalistas a mantener sus beneficios, a costa de la clase obrera y del erario público. La otra es la manifestación de quienes nos oponemos a los EREs y a los ERTEs, Una es la convocada por los que apoyan seguir pagando una deuda que los trabajadores y el pueblo no hemos contraído, que cuanto más pagamos más debemos y que se ha convertido en un rescate permanente a los banqueros y los especuladores. En la otra estaremos los/as que decimos NO AL PAGO DE LA DEUDA y auditoría pública de la misma, donde se ponga negro sobre blanco quiénes han robado y despilfarrado y respondan con la prisión y la confiscación de todos sus bienes.
Una es la de los sindicatos que no cuestionan el capitalismo, porque viven de sus subvenciones, la otra es la de quienes decimos que no hay salida a la crisis si no se aplica un plan de medidas obreras y populares, que deje de pagar la deuda, que nacionalice la banca, las industrias claves y los sectores estratégicos y que con todos esos recursos se reindustrialice el país, se defienda la sanidad y la educación pública, se genere empleo y mientras tanto que no haya un solo parado sin subsidio.
Y es, además, la manifestación de quienes defendemos que se paren inmediatamente los desahucios y que el inmenso parque de viviendas en poder de los bancos pase a ser un parque público de viviendas de alquiler social.
Frente a la manifestación del sindicalismo que dispersa las luchas, que divide a la clase obrera con acuerdos de dobles escalas salariales y abandona así a su suerte a los trabajadores/as más jóvenes, estará la manifestación de los/as que queremos unir la luchas, unir a la clase obrera con los movimientos sociales, de quienes seguimos apostando por la movilización y la huelga general a escala europea. Y queremos que la movilización tenga continuidad hasta que el gobierno eche atrás sus planes o los trabajadores/as y el pueblo echemos al gobierno.
Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores/as que están luchando por defender su empleo, sus derechos y salarios, como las trabajadoras/es de la limpieza de la Universidad Complutense de Madrid; del Metro…; a los movimientos sociales, a los estudiantes, a que se sumen a esta manifestación del sindicalismo de clase y combativo.
MANIFESTACIÓN 11,30 horas Plaza Beata-Atocha
Convocada por el sindicalismo de clase y alternativo
AST, CGT, COBAS, CSM, SAS, SO, SUSH
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Gobiernos de rodillas
Chipre venderá sus reservas de oro por sugerencia de la Troika
Por: Russia Today | Lunes, 15/04/2013 09:04 AM
Nicosia, abril 15 - La venta de la mayor parte de las reservas de oro de Chipre para financiar una parte de su plan de rescate “es una cuestión decidida”, según lo ha informado el canal de televisión Sigma.
“Hay que dar por hecho la venta del oro después de que lo exigiera la Troika”, dijo su corresponsal. La exigencia responde a una decisión reciente del Eurogrupo y ha sido presentada oficialmente, en un escrito remitido por el presidente de este órgano. Solo queda que la ratifique el Banco Central de Chipre, afirma la fuente.
Chipre cuenta con casi 14 toneladas de oro, que equivalen a 530 millones de dólares, especificó el líder del partido gobernante DISY, Averof Neofitu, quien confirmó dicha venta.
A una década de la caída de Bagdad: Cuando la vida no vale la pena
por Karen Marón
Martes, 09 de Abril de 2013 15:39
Con motivo del décimo aniversario de la caída de Bagdad, Karen
Marón, corresponsal latinoamericana que ha cubierto el conflicto en Irak
durante este tiempo, evoca conversaciones y eventos de la ocupación de
Irak y sus consecuencias. Este artículo aparecerá próximamente en la
revista Papeles.
«Tenemos que prepararnos para la
invasión a Irak», me decía un colega allá por septiembre de 2002,
mientras portaaviones estadounidenses que navegaban en el mar
Mediterráneo entrenaban a corresponsales, preparándonos hasta para una
posible guerra bacteriológica.
Aunque hacía tres años había decidido
cubrir zonas de conflicto, deseaba que esa operación militar no
ocurriera, porque la tragedia caería sobre la humanidad. Mi instinto de
periodista me advertía que era otra guerra más a cubrir, con la lógica
más irracional para unos y la más coherente para otros: la atroz lógica
de la guerra.
La entrada en Bagdad se convirtió en
realidad tras la invasión y posterior ocupación. Y ello produjo que me
convirtiera en testigo privilegiado de la historia de un conflicto
permanente, con mil aristas que se empeñan en ocultar y que los medios
se obstinaban en denominar la posguerra de la guerra que nunca fue. En
ella impera un discurso que alienta la desinformación, alimenta la
confusión y que crea “corresponsales de guerra” con pies de barro, que
cuentan sus historias como en un reality y obvian la tragedia humana de las víctimas, de todas las víctimas.
Pero lejos ya están los ecos de las
manifestaciones masivas que protagonizaban las capitales del mundo
contra la invasión a Irak aquellos días cercanos al 20 de marzo de 2003 y
durante la caída de Bagdad, un día como hoy, el 9 de abril.
En la actualidad esa parte del mundo
pregunta con voracidad −en muchos casos− dónde estallará el próximo
conflicto, mientras los tambores de guerra no cesan de resonar. ¿Será en
Irán, en Corea? Y, sin embargo, para los iraquíes la guerra está en
casa, en sus mentes, en sus corazones.
Falaz fue la declaración del 1 de mayo
de hace una década, que hablaba del fin de la guerra y con desidia
repetían los medios. El conflicto se vive diariamente como un estigma
que los atormenta. «Es nuestro castigo», reiteran los iraquíes. «Sin
petróleo, nunca nos hubieran invadido».
Cada día es un nuevo suplicio. Se
manifiesta en los rostros, en el andar cansino de los cuerpos, en las
miradas lúgubre de los adultos y la tristeza prematura de los niños.
Hace 10 años la caja de Pandora se abrió
y de allí salieron todos los males. Ante cada regreso a Irak para
cubrir los acontecimientos se observa la obscenidad de este conflicto
que es continuo. Obsceno es el término más ajustado al calificar la
situación en Irak. Así lo considero después de 12 viajes y años
acumulados de estadía completa en el último decenio tras la ocupación.
Una obscenidad que estremece, que entristece. Después de diez años de la
prometida democracia, ésta sólo es un recurrente recurso discursivo que
convence a algunos. En las calles de Bagdad se sigue repitiendo:
«Preferíamos a Saddam, y no a los desastres que dejaron los ocupantes». Y
esto no lo exculpa de sus atrocidades, que han sido muchas y de las más
crueles.
Pero los Martillo de Hierro, Ciclón
Ascendente, Ráfaga de Relámpago se multiplicaron y cobraron sus víctimas
con descaro. Así se han bautizado durante años, algunas de las
operaciones militares que se convirtieron en masacres contra los
civiles.
Las primigeniamente denominadas fuerzas
multinacionales −con la anuencia del gobernante de turno puesto a dedo−
dejaron un saldo de cientos de miles víctimas que nada saben de armas
químicas, rutas del petróleo o posicionamientos geoestratégicos.
Si el papel del ejército de Estados
Unidos consiste en mantener la seguridad en el mundo a favor de la
economía americana, como dijo el Mayor Ralph Peters, y «que para
alcanzar esta meta, estamos dispuestos a matar a un número aceptable de
personas», ¿cuál es entonces el número aceptable de víctimas que se
tendrá que cobrar en Irak? «Quieren un Irak sin iraquíes», escuché
repetidamente de boca de los protagonistas estos 10 años y tan
descabellada ya no resulta la idea. Lo demuestran las desapariciones,
arrestos arbitrarios, centenares de muertos en circunstancias
sospechosas y víctimas causadas por la destrucción del sistema de
asistencia sanitaria, la red hidráulica y la devastación de los cultivos
agrícolas. El 40% de los conductos han sido destruidos, lo que deriva
en la falta de agua potable o sólo agua contaminada. Más de un cuarto de
millón de niños no se ha vacunado y corren el riesgo de morir por
enfermedades que podrían ser evitadas. La asistencia escolar cayó en un
65% y el uranio empobrecido aumentó los casos de cáncer en un 1200%.
Pero también para destruir una sociedad
hay que desmantelar la educación y hacer desaparecer a sus cabezas
pensantes. Son más de 400 los profesores universitarios desaparecidos y
asesinados selectivamente, y tantos otros cientos que se han tenido que
ir. Así se descabeza la cultura, la intelectualidad y la identidad.
Mientras la seguridad sigue siendo un
problema por las luchas sectarias, la salud de la población está
seriamente afectada a partir de uno de los crímenes de guerra que se
confirmó desde 2006, cuando se admitió la utilización de bombas de
fósforo blanco.
La utilización de fósforo blanco,
conocido como el nuevo NAPALM −el tristemente célebre Agente Naranja,
utilizado por los estadounidenses en Vietnam contra los civiles y
fabricado por la empresa Monsanto, entre otras− no está prohibida contra
objetivo militares por ningún tratado internacional, pero se contempla
el uso en perímetros donde no haya civiles, y no contra ellos.
«Se detectaron nuevos casos de cáncer
sobre todo en los niños y personas que permanecieron en Faluya durante
los infinitos ataques. Es probable que hayan recibido grandes dosis de
radiación, pero nuestra capacidad hospitalaria está saturada»,
denunciaba Muhamad Tareq Al Darraji, director del Centro de Estudios de
Democracia y Derechos Humanos de Faluya.
El testimonio de ex marines después
de la operación contra Faluya reveló la magnitud del crimen «Oí la
orden de que estuviéramos atentos porque acababan de utilizar el fósforo
blanco. En la jerga militar se le conoce como Willy Pete... quema,
derrite la carne hasta los huesos… he visto cuerpos quemados de mujeres y
niños… fue un genocidio, un homicidio masivo», manifestó uno de ellos
para la RAI. El saldo fueron 36.000 hogares destruidos, más de 60
escuelas y 75 mezquitas.
«No me interesa el tiempo transcurrido
de la ocupación; me importan las consecuencias, y eso está a la vista».
Es la expresión de Hakim tras el mostrador de un negocio en la calle
Yafa, frente a la otrora llamada Zona Verde −la mini ciudad emplazada en
lo que antes fuera la sede del gobierno sadamista, reconvertida en el
espacio que alberga a la embajada de Estados Unidos y el ejecutivo
iraquí−, donde los muros de cemento se multiplican, reforzando su
protección.
«Mire a su alrededor», señala. Y
recuerdo los ajados carteles con fotos de los candidatos de los primeros
comicios en diciembre de 2005, que empapelaban las paredes de la Plaza
Farduz en la avenida Sadoum, donde el tránsito se vuelve incontrolable.
Las calles viven su propio caos. Carros sin orden que se cruzan y
atascos eternos. No hace demasiado tiempo se veían los convoyes
militares y las hileras de Humvees con carteles en su parte posterior traducidas al árabe con la consigna «Tome distancia o disparamos».
Lejos del discurso de pacificación y
orden, las atalayas de cemento y barricadas ganan espacio; la
reconstrucción es inexistente y la inseguridad es tema diario. A los
cortes de energía cada cuatro horas, la escasez de agua, la falta de
medicinas, el crecimiento de la pobreza y la desocupación se suma la
aparición de nuevas enfermedades, producto de la carencia de
infraestructura.
La guerra que comenzó hace 22 años
«Esta es un pregunta difícil. Pero sí,
nosotros pensamos que valió la pena» dijo la ex secretaria de Estado
norteamericano, Madeleine Allbright, cuando en 1996 le preguntaron sobre
la muerte de 500.000 niños en Irak.
Es que esta guerra comenzó el 17 de
enero de 1991 con los primeros ataques norteamericanos sobre Irak, que
causaron 200.000 víctimas. El embargo fue el asesino que acechaba
silencioso y mataba sin cesar, logrando que medio millón de iraquíes
murieran por desnutrición y falta de medicinas entre 1991 y 1998. Dos
décadas más tarde, las cifras se multiplicaron y el asesino no es el
embargo, sino los efectos de la ocupación que los fumigó con armas
químicas, como el fósforo blanco.
Y fumigar no es una palabra elegida
arbitrariamente. «Debemos superar etapas militares muy muy brutales para
tratar con esta gente», decía Rush Limbaugh, consejero de Bush. «Puede
ser que tengamos que utilizar más armas que las convencionales contra
estas personas. Es como si quieres deshacerte de vuestras cucarachas con
insecticida». Esas palabras plasman la más terrible vida cotidiana que
soportaron los iraquíes que perdieron su condición humana bajo la mirada
del ocupante.
Y mientras la ocupación hizo retroceder siglos el estado jurídico de las mujeres, se destruyó el tejido social, económico, sanitario, educativo y se aniquiló la cultura, se desencadenó una ola de asesinatos ilegales de rebeldes, nacionalistas y opositores a la ocupación y civiles que han pertenecido al Partido Baath Árabe Socialista.
Y mientras la ocupación hizo retroceder siglos el estado jurídico de las mujeres, se destruyó el tejido social, económico, sanitario, educativo y se aniquiló la cultura, se desencadenó una ola de asesinatos ilegales de rebeldes, nacionalistas y opositores a la ocupación y civiles que han pertenecido al Partido Baath Árabe Socialista.
Pero el interés por generar una guerra
civil −que se fogoneaba desde el inicio de la ocupación− es el desafío
al que los iraquíes se resistieron para no dar paso a la programada
balcanización de la sociedad y cultura islámica y árabe.
Los sumergieron en una ola de atentados
donde se sospecha de la injerencia de los servicios de inteligencia de
Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, agentes árabes, o los llamados
“locos” azuzados por el Grupo de Operaciones Preventivas Proactivas −el
P2OG del ex Secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld−,
diseñada para estimular la reacción terrorista. Se intentó utilizar el
conflicto interno como parte de su estrategia de retirada. «Rechazamos
la guerra civil», me manifestó el 90% de los iraquíes consultados. Y
ellos intentan resistir.
El mismo Saddam, que sigue siendo amado y
odiado, llamó a los iraquíes desde el Tribunal en que fue juzgado a que
no cayeran en una guerra fratricida. Por su parte, el arzobispo latino
de Bagdad, monseñor Jean Benjamín Sleiman, reconoció los riesgos de que
en Irak estallara la guerra civil y que «desde el final de la guerra
hasta hoy estamos en un gran caos. Vivimos verdaderamente en un país sin
reglas. Han vuelto a aparecer con fuerza muchas realidades que parecían
muertas, como el tribalismo y el fanatismo», agregó, mientras los
cristianos realizaron desde el inicio de la ocupación un éxodo masivo
por las amenazas de los fundamentalistas islámicos.
Las mil caras del conflicto
La limpieza étnica inició su curso desde
los albores de la invasión. Los kurdos −arios de religión sunita
apoyados por Israel y la CIA y asentados en la región de Kirkuk,
abundante en petróleo− llevaron a cabo el proceso inverso de arabización
del régimen de Saddam.
Fueron numerosos los testimonios de
árabes que han denunciado las torturas −he visto sus consecuencias−
ejercidas por los kurdos para que los árabes se retiraran del norte,
incluyendo la expulsión y matanza de los caldeos-católicos y los
turcomanos. Mientras tanto, es el oleoducto de Haifa en Israel el que
espera su turno para reabrir la parte que cerró Siria en la década de
los ochenta.
Desatada la "guerra de las mezquitas", las consecuencias han sido hasta ahora la destrucción de centenares de templos y miles de muertos y heridos. Se ha denunciado dentro y fuera de Irak que la colaboración de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Irán serían los responsables de estas matanzas para la generación del caos. Mientras tanto, las temibles milicias Bader del Ministerio del Interior descargan su ferocidad en centros clandestinos de detención y tortura.
Desatada la "guerra de las mezquitas", las consecuencias han sido hasta ahora la destrucción de centenares de templos y miles de muertos y heridos. Se ha denunciado dentro y fuera de Irak que la colaboración de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Irán serían los responsables de estas matanzas para la generación del caos. Mientras tanto, las temibles milicias Bader del Ministerio del Interior descargan su ferocidad en centros clandestinos de detención y tortura.
Los errores están a la vista. Los
ocupantes y sus cómplices torturaron y violaron todos los derechos
humanos, alejándose irremediablemente de la población que cada día
rechazó con más convicción la ocupación y decidió colaborar con las
fuerzas de resistencia, rechazando al mismo tiempo la injerencia de
grupos islamistas como Al Qaeda, que nada tiene en común con la
idiosincrasia iraquí; lo consideran un invento de Estados Unidos, quien
acusaba de todos los males a un fantasmagórico Al Zarqawi en el que
nadie cree en Irak.
Los Estados Unidos, con una errada
visión durante la invasión, identificó a todos los sunitas con el
Partido Baath, y de allí su alianza estratégica con los iraquíes pro
Irán; ello produjo que en el sur se instalaran más de dos millones de
persas y que en algunos barrios bagdadíes se utilice el rial como moneda
de intercambio y se hable en farsi, mientras a nivel mundial los
consideren sus enemigos más temibles.
Pero hubo un momento en que los
estadounidenses decidieron dialogar con la resistencia, conformada por
varios grupos unificados −cuando admitieron que estaban poniendo en
jaque al ejército más poderoso del mundo, con una estrategia de guerra
de guerrillas−. «El poder lo tiene la resistencia», me decía Ahmed,
oriundo de Samarra, el 15 de diciembre de 2007, durante las elecciones.
La prueba fue que cuando garantizaron que ese día no habría atentados el
país se sumergió en una paz inusual.
«Los iraquíes no matan iraquíes», expresaba Ahmed, un joven profesor de educación física en Bagdad, refiriéndose a los ataques de Musab Al-Zarqawi. «Él es Al Qaeda y ellos son Arabia Saudita. No es resistencia iraquí. Nada tienen que hacer en nuestro país», puntualizaba. «Hasta creo que ellos son lo mismo que la CIA entrenó en Afganistán».
«Los iraquíes no matan iraquíes», expresaba Ahmed, un joven profesor de educación física en Bagdad, refiriéndose a los ataques de Musab Al-Zarqawi. «Él es Al Qaeda y ellos son Arabia Saudita. No es resistencia iraquí. Nada tienen que hacer en nuestro país», puntualizaba. «Hasta creo que ellos son lo mismo que la CIA entrenó en Afganistán».
Pocos se sienten a salvo. Se saben y se sienten entre todos los fuegos.
Mientras tanto, a diez años del
aniversario de la ocupación, las palabras de Hakima replican en mi
mente. «Yo les suplico, les ruego a los soldados americanos que me
devuelvan a mis hijos. Por favor, que no los torturen más», mientras
desesperada reclamaba en las puertas de Abu Graib aquel 2 de mayo de
2004.
Y también recuerdo los ojos de Alí, de
cuatro años, sin su brazo y pierna izquierda mirando a los adultos con
ojos que preguntaban por qué había perdido parte de su cuerpo y a 16
miembros de su familia bajo el ataque de un avión F16 sobre Faluya.
Escucho a Hiba de 13 años, que quedó
mutilada después que una bomba racimo impactara sobre su casa en Bagdad
un 6 de abril durante la invasión.
Y a Samir, destruido en cuerpo y alma
por soportar tres guerras y un penoso embargo. Y a aquel pianista del
Hotel Al Hambra, hace años famoso, que se convirtió en un paria,
evocando la guerra contra Irán, el bloqueo y todos sus amigos que le
habían robado las tragedias.
Y a Ahmed, Jassim, Mohamed, Yamila,
Nassir y Sabah, y a todas las víctimas de esta guerra y de todas las
guerras que pelea inconscientemente la humanidad, porque creen que vale
la pena…
Fuente: Este texto es un extracto del artículo que publicará en su próximo número la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, de FUHEM Ecosocial.
El imperialismo yanqui y sus lacayos ocupantes de Haití (entre otros los militares uruguayos) le llaman "ayuda humanitaria". Fuera las tropas de ocupación de Haití!
Haití: Gobierno realiza desalojos forzados en campamentos para personas desplazadas
por Kaos. Haití
Miércoles, 24 de Abril de 2013 23:15
Más de tres años después del terremoto que devastó a Haití en enero
de 2010, cerca de 320 mil personas todavía están desamparadas, viviendo
en campamentos para desplazados.
A través de informe, Amnistía denuncia desalojos forzados en campamentos para desplazados en Haití
Tatiana Félix / Adital
Más de tres años después
del terremoto que devastó a Haití en enero de 2010, cerca de 320 mil
personas todavía están desamparadas, viviendo en campamentos para
desplazados. Para empeorar la situación, parte de esas personas han
sufrido desalojos forzados promovidos por autoridades del gobierno. Es
para denunciar esta desidia que Amnistía Internacional (AI) elaboró el
informe "Ningún lugar donde ir: expulsiones forzadas en campamentos de
personas desplazadas de Haití” (‘Nowhere to go’: Forced evictions in
Haití’s camps for displaced people), basado en tres visitas de
investigación, entre 2011 y 2012, con enfoque en los desalojos forzados
en la capital Puerto Príncipe.
En el informe Amnistía
afirma que 977 nuevas familias fueron desalojadas por la fuerza entre
enero y marzo de este año, volviendo a aumentar la ocurrencia de estos
casos, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM). En total, casi 61 mil haitianos/as ya fueron desalojados/as de
los campamentos improvisados desde julio de 2010. A pesar de las
condiciones precarias que los campamentos ofrecen, por falta de agua,
saneamiento y recolección de basura, que facilitan la transmisión de
enfermedades infecciosas, además de violencia e inseguridad, los/las
desplazados/as se ven sin un lugar adonde ir.
Basado en los testimonios
recogidos, AI relata que los desalojos forzados son frecuentemente
acompañados con intimidación, persecución y violencia. En la mayoría de
los casos, los/las desplazados/as pierden no sólo su precario albergue
provisorio, sino también todos o los pocos objetos que tenían dentro,
incluyendo pertenencias personales, alimentos y hasta material de
trabajo.
"Estamos ante una situación
de violaciones continuas de derechos humanos, que causan gran
sufrimiento. Quienes más han padecido los efectos del terremoto han sido
las personas que vivían en condiciones de extrema pobreza. Residen en
campamentos, donde soportan terribles condiciones de vida y, por si esto
fuera poco, corren el riesgo de sufrir desalojos forzosos y, a la
larga, de quedarse una vez más de sin hogar. Cada vez les cuesta más
encontrar un lugar nuevo donde rehacer su vida y medios para ello”,
resaltó Javier Zúñiga, asesor especial de AI.
Dijo también que los
llamamientos realizados por Amnistía Internacional y por otras ONGs para
que el gobierno haitiano pusiera fin a los desalojos forzados no fueron
atendidos; todo lo contrario, el gobierno permitió el aumento de
desalojos a comienzos de este año. Las degradantes condiciones de vida
en los campamentos para desplazados sólo agravó el problema de vivienda
ya existente en el país antes del terremoto, cuando se calculaba que
había un déficit de 700 mil viviendas en todo el país.
El informe "Ningún
lugar donde ir: expulsiones forzadas en campamentos de personas
desplazadas de Haití” (‘Nowhere to go’: Forced evictions in Haití’s
camps for displaced people) es parte de la campaña ‘Exige Dignidad’, que
tiene como foco de atención las violaciones de derechos humanos que
agravan la pobreza en diferentes regiones del planeta.
Contexto
El terremoto ocurrido el 12
de enero de 2010 en Haití mató a cerca de 200 mil personas, dejó 2,3
millones de personas sin vivienda y a muchos heridos. Pasados tres años
de esta tragedia, miles de personas todavía viven en albergues para
refugiados, en condiciones precarias de vivienda y sin acceso a
servicios básicos como agua y saneamiento. Según la OIM, a pesar de
haber disminuido el número de desamparados y de los más de 1.500
campamentos desde julio de 2010, actualmente todavía existen 385
campamentos donde viven 320.051 personas.
Aunque cientos de
desplazados hayan conseguido albergue fuera de los campamentos a través
de proyectos y programas sociales, AI denuncia que los desalojos
forzados pueden haber contribuido en la aparente reducción del número de
personas que aún residen en los campamentos temporarios. Normas
internacionales de derechos humanos determinan que el desalojo forzado
debe ser utilizado como último recurso, después de haber sido cumplidas
una serie de garantías de procedimientos para esas personas como previo
aviso, vivienda alternativa e indemnización.
Traducción: Daniel Barrantes -
barrantes.daniel@gmail.comVenezuela: Ex rector del CNE
Germán Yépez: Oposición mantendrá estrategia desestabilizadora de desconocer al Presidente
Por: Agencia Venezolana de Noticias | Martes, 23/04/2013 09:20 AM
El ex rector del Consejo Nacional Electoral, CNE, Germán Yepez
Credito: Archivo
Caracas, abril 23 - El desconocimiento de la elección presidencial de
Nicolás Maduro es una estrategia del alcance internacional que será
mantenida por la oposición, incluso luego de que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) culmine la auditoría ciudadana del 46% restante de las
cajas, aseguró el ex rector del CNE, Germán Yepez.
Entrevistado este martes en la televisora privada Televen, Yépez advirtió que una vez auditado ese porcentaje de las cajas, que complementaría el 100% del número de papeletas de votación, la oposición solicitará procedimientos nuevos y adicionales que no están previstos en ninguna auditoría.
"Una vez aprobada la auditoría ya la queja no será esa; ahora van a pedir que se revise la huella dactilar o la tinta indeleble, porque eso es lo que está planteado, que un sector opositor desconozca la elección presidencial de Maduro y es una estrategia acordada con el gobierno norteamericano", denunció.
Recordó que el día de la elección, el pasado 14 de abril, el CNE auditó el 54% de las cajas, el pasado jueves cuando inició el nuevo procedimiento auditó otro 0,5% lo que equivale a un total de 21.100 cajas y ahora se abrirá el resto hasta verificar el 100%.
"Esta auditoría ciudadana, que es una revisión de las papeletas y compararlas con la información de las actas, de cuánto sacó cada partido, cada candidato y lo que dicen los cuadernos de votación. Es un procedimiento que no lo hace ningún otro órgano electoral del mundo, de auditar el 100% de las cajas, incluso después de que eso ya fue auditado por las organizaciones políticas y por el CNE", recalcó el ex rector.
Yepez aseguró que el proceso electoral del pasado 14 de abril no tuvo ninguna inconsistencia ni contraposición. "Fue un proceso con todas las garantías de transparencia que fueron certificadas por los partidos de los candidatos, por las organizaciones con fines políticos que iban a participar en la elección".
Por lo tanto, exhortó a la oposición a respetar el hilo democrático en el país y a no pretender utilizar la estrategia de empañar la transparencia del proceso electoral en complacencia de un plan desestabilizador internacional.
Entrevistado este martes en la televisora privada Televen, Yépez advirtió que una vez auditado ese porcentaje de las cajas, que complementaría el 100% del número de papeletas de votación, la oposición solicitará procedimientos nuevos y adicionales que no están previstos en ninguna auditoría.
"Una vez aprobada la auditoría ya la queja no será esa; ahora van a pedir que se revise la huella dactilar o la tinta indeleble, porque eso es lo que está planteado, que un sector opositor desconozca la elección presidencial de Maduro y es una estrategia acordada con el gobierno norteamericano", denunció.
Recordó que el día de la elección, el pasado 14 de abril, el CNE auditó el 54% de las cajas, el pasado jueves cuando inició el nuevo procedimiento auditó otro 0,5% lo que equivale a un total de 21.100 cajas y ahora se abrirá el resto hasta verificar el 100%.
"Esta auditoría ciudadana, que es una revisión de las papeletas y compararlas con la información de las actas, de cuánto sacó cada partido, cada candidato y lo que dicen los cuadernos de votación. Es un procedimiento que no lo hace ningún otro órgano electoral del mundo, de auditar el 100% de las cajas, incluso después de que eso ya fue auditado por las organizaciones políticas y por el CNE", recalcó el ex rector.
Yepez aseguró que el proceso electoral del pasado 14 de abril no tuvo ninguna inconsistencia ni contraposición. "Fue un proceso con todas las garantías de transparencia que fueron certificadas por los partidos de los candidatos, por las organizaciones con fines políticos que iban a participar en la elección".
Por lo tanto, exhortó a la oposición a respetar el hilo democrático en el país y a no pretender utilizar la estrategia de empañar la transparencia del proceso electoral en complacencia de un plan desestabilizador internacional.
Colombia: FARC-EP hacen públicas cuatro nuevas propuestas sobre reforma del estado e institucionalidad democrática
por Delegación de paz de las FARC-EP
Miércoles, 24 de Abril de 2013 16:55
Reforma y reestructuración del Estado, Institucionalidad para la
transformación democrática del campo, Nueva institucionalidad fiscal y
Asamblea Nacional Constituyente.
Las FARC-EP, expresan al pueblo colombiano su satisfacción
profunda por haber llegado a este nuevo ciclo de conversaciones, el
octavo, completando cien propuestas mínimas que sustentan nuestra visión
de lo que debe ser el Desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social de Colombia.
Con Cuatro propuestas mínimas para la reforma del estado e institucionalidad democrática y participativa cerramos
en el día de hoy este compendio, que ha sido construido plasmando en él
las iniciativas más sentidas de las organizaciones populares que han
participado del proceso, hemos procurado sentar las bases para la
dignificación de las comunidades rurales, quizás las más marginadas,
maltratadas y victimizadas por las políticas económicas y de guerra del
Estado colombiano.
Asuntos de tanta trascendencia pero jamás tenidos en cuenta por las
élites en el poder, como lo de normar la actividad laboral de los
campesinos mediante contratos de trabajo decentes que garanticen
salarios justos y vacaciones, o la seguridad social nunca vista para
estos sectores de la población que tanto le sirven a la patria sin mayor
reconocimiento ciudadano, han sido colocados al lado de planteamientos
urgentes de restitución, formalización y redistribución de la tierra
para los hombres y mujeres que la anhelan, la trabajan y la resguardan
con amor, a pesar del despojo que durante décadas han sufrido por cuenta
de los latifundistas.
Justa y objetivamente debemos decir que solamente con cambios
estructurales en la tenencia y uso de la tierra, es decir, con una
reforma agraria profunda que acabe con el latifundio, delimite la
propiedad, frene la extranjerización de la tierra y devuelva la
soberanía al pueblo, se podrán establecer los cimientos para una paz
estable y duradera. El camino para alcanzar estos propósitos es largo y
difícil, pero nuestra determinación es la de luchar hombro a hombro con
nuestros compatriotas para alcanzar la meta.
Reforma del Estado e institucionalidad democrática y participativa
1. Reforma y reestructuración del Estado. Las políticas y
medidas aquí formuladas (Cien propuestas), sólo serán posibles si se
emprende un proceso de reforma y reestructuración del Estado que
garantice contenidos y diseños de política pública en función de los
intereses de la sociedad, en general, y de la población del campo en
particular. Ello implica, desneoliberalizar y desprivatizar el Estado
para ponerlo al servicio de la soberanía nacional y de la transformación
democrática y del desarrollo del campo; recuperar su capacidad de
liderazgo; y promover su acción planificada. Además de su función
productiva y de provisión de infraestructura, se requiere un Estado
profundamente comprometido con la superación de la desigualdad y la
pobreza y el buen vivir de la población.
2. Institucionalidad para la transformación democrática del campo. Se
requiere la conformación y el fortalecimiento de una nueva
institucionalidad estatal democrática y participativa en capacidad de
dar respuesta a los requerimientos de la política de desarrollo rural y
agrario integral para la democratización y la paz con justicia social,
aquí formulada. Tal institucionalidad, además de posibilitar la
participación activa de las comunidades rurales y de las organizaciones
campesinas, indígenas y afrodescendientes en el diseño y la ejecución de
la política pública para el campo, debe reconocer la capacidad de
autogobierno y autogestión de estas comunidades y organizaciones, lo
cual implica un nuevo tipo de relacionamiento entre el Estado y la
comunidad organizada.
3. Nueva institucionalidad fiscal. En atención a que las
transformaciones aquí propuestas, demandan la disposición extraordinaria
de recursos del presupuesto durante un período de al menos diez años,
mientras se generan y consolidan las condiciones para una paz estable y
duradera, y a que existe actualmente una institucionalidad fiscal del
nivel constitucional, que impone la sostenibilidad fiscal, y del nivel
legal, que obliga a la regla fiscal, se hace necesario realizar las
reformas que garanticen tal disposición de recursos, sin menoscabo de
las condiciones de una macroeconomía razonable.
4. Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que el
conjunto de políticas y acciones aquí propuestas requieren un marco
jurídico institucional adecuado, que las más importantes de ellas
superan los diseños constitucionales actuales, y que una paz estable y
duradera sólo es posible con la más amplia participación social y
popular, se hace imperiosa la realización de una Asamblea Nacional
Constituyente, como mecanismo de refrendación y diseño definitivo de la
nueva política de desarrollo rural y agrario integral para la
democratización y la paz con justicia social.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Argentina: CTA
|
||||||||||||||||||||||||
Solo una CTA incluyente puede ser una CTA de masas
Las organizaciones sociales (llámese territoriales, barriales, piqueteras) venimos transitando distintos caminos, nuestra constitución se remonta a la disputa con el aparato duhaldista y punteril del PJ en los territorios. Ha sido un camino difícil. Para los que venimos de experiencias sindicales, es una pelea similar a la que damos en los gremios contra los aparatos de la burocracia sindical. Una pelea que seguimos dando día a día.
Hemos crecido y nos hemos fortalecido al calor de las luchas de nuestro pueblo, de los sectores más castigados por la desocupación, la miseria y la marginación. Dimos la batalla contra la cooptación de nuestras organizaciones y especialmente contra ese flagelo que corrompe los sueños y que se convirtió en la burocracia piquetera, aquella que vive de las prebendas del estado a costa de entregar las esperanzas de miles que confiaron en esas direcciones.
También batallamos contra la falsa disyuntiva Gobierno – Campo. Y en particular contra ese vano y fútil consignisno que sostenía que: si gana el campo ganamos todos. Ahí esta la Sociedad Rural que gano la pulseada por la 125 y los “todos” seguimos mirando de afuera, solo una equívoca especulación electoralista o de otro tipo podría creer que Biolcatti haría con esas retenciones “no retenidas” una quimérica distribución de sus ganancias.
Nos forjamos en la pelea por la libertad de los presos políticos, argentinos, paraguayos, chilenos, reconociendo en cada uno de ellos a nuestros hermanos de clase. Defendemos la Cuba Socialista y la Revolución Bolivariana de Venezuela; nos ponemos al lado del pueblo palestino contra la ocupación y las masacres del estado sionista de Israel, y contra las invasiones del imperialismo a los pueblos hermanos, educándonos en la solidaridad internacional con los pueblos oprimidos.
Todo esto en el marco de no descuidar las necesidades y defendiendo las conquistas de nuestros compañeros, a sabiendas de que la lucha reivindicativa tiene un límite, que es el límite del pan para hoy, hambre para mañana. Por todo esto es que buscamos un proyecto más amplio. Un proyecto que discuta un modelo de país distinto,
Es en ese camino que decidimos sumarnos a esta CTA, la que con profundo dolor, pero firme decisión se escindió de los elementos que buscaron congraciarse con el poder en los pasillos oficiales del kirchnerismo, buscando que se los incluya en el reparto de simpatías y favores a cambio de ser los aplaudidores de este modelo de acumulación capitalista con Ley Antiterrorista incluida.
Es esta CTA la que nos atrajo, la que plantea una CTA de masas para la liberación.
Y por eso es que llamamos a los compañeros de esta central, a sus cuadros y militantes a tener una mirada amplia, inclusiva y audaz en la construcción y en el desarrollo, dando espacios a los que se integran, sin mezquindades ni prejuicios, solo así construiremos esa central que sea una alternativa sindical y política que la hora requiere, que nuestro pueblo necesita y que esta Argentina maravillosa merece.
Un abrazo compañeros
Daniel Aguirre. Movimiento Argentina Rebelde – Frente de Organizaciones Clasistas
Daniel Aguire
http://facebook.com/
Las organizaciones sociales (llámese territoriales, barriales, piqueteras) venimos transitando distintos caminos, nuestra constitución se remonta a la disputa con el aparato duhaldista y punteril del PJ en los territorios. Ha sido un camino difícil. Para los que venimos de experiencias sindicales, es una pelea similar a la que damos en los gremios contra los aparatos de la burocracia sindical. Una pelea que seguimos dando día a día.
Hemos crecido y nos hemos fortalecido al calor de las luchas de nuestro pueblo, de los sectores más castigados por la desocupación, la miseria y la marginación. Dimos la batalla contra la cooptación de nuestras organizaciones y especialmente contra ese flagelo que corrompe los sueños y que se convirtió en la burocracia piquetera, aquella que vive de las prebendas del estado a costa de entregar las esperanzas de miles que confiaron en esas direcciones.
También batallamos contra la falsa disyuntiva Gobierno – Campo. Y en particular contra ese vano y fútil consignisno que sostenía que: si gana el campo ganamos todos. Ahí esta la Sociedad Rural que gano la pulseada por la 125 y los “todos” seguimos mirando de afuera, solo una equívoca especulación electoralista o de otro tipo podría creer que Biolcatti haría con esas retenciones “no retenidas” una quimérica distribución de sus ganancias.
Nos forjamos en la pelea por la libertad de los presos políticos, argentinos, paraguayos, chilenos, reconociendo en cada uno de ellos a nuestros hermanos de clase. Defendemos la Cuba Socialista y la Revolución Bolivariana de Venezuela; nos ponemos al lado del pueblo palestino contra la ocupación y las masacres del estado sionista de Israel, y contra las invasiones del imperialismo a los pueblos hermanos, educándonos en la solidaridad internacional con los pueblos oprimidos.
Todo esto en el marco de no descuidar las necesidades y defendiendo las conquistas de nuestros compañeros, a sabiendas de que la lucha reivindicativa tiene un límite, que es el límite del pan para hoy, hambre para mañana. Por todo esto es que buscamos un proyecto más amplio. Un proyecto que discuta un modelo de país distinto,
Es en ese camino que decidimos sumarnos a esta CTA, la que con profundo dolor, pero firme decisión se escindió de los elementos que buscaron congraciarse con el poder en los pasillos oficiales del kirchnerismo, buscando que se los incluya en el reparto de simpatías y favores a cambio de ser los aplaudidores de este modelo de acumulación capitalista con Ley Antiterrorista incluida.
Es esta CTA la que nos atrajo, la que plantea una CTA de masas para la liberación.
Y por eso es que llamamos a los compañeros de esta central, a sus cuadros y militantes a tener una mirada amplia, inclusiva y audaz en la construcción y en el desarrollo, dando espacios a los que se integran, sin mezquindades ni prejuicios, solo así construiremos esa central que sea una alternativa sindical y política que la hora requiere, que nuestro pueblo necesita y que esta Argentina maravillosa merece.
Un abrazo compañeros
Daniel Aguirre. Movimiento Argentina Rebelde – Frente de Organizaciones Clasistas
Daniel Aguire
http://facebook.com/
Los Gráficos de Gabriel Carbajales
sector lácteo
Sindicato evalúa juicio a tamberos por llamarlos "delincuentes"
“Le vamos a hacer juicio a muchas
personas”, dijo el dirigente sindical Robert Romaso a El País. Por otro
lado, hoy se firmó el preacuerdo alcanzado con las empresas y se levantó
el conflicto en el sector.
jue abr 25 2013 19:40 El País uy
En asamblea, casi 1.000 trabajadores del
sector lácteo decidieron aceptar el preacuerdo con las empresas tras las
negociaciones en el Ministerio de Trabajo y poner punto final al
conflicto, pero en el horizonte se ve otro frente de batalla entre el
sindicato y los tamberos.
El presidente de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Robert Romaso, dijo a El País que se evalúa denunciar ante la Justicia a los tamberos que los calificaron de “delincuentes”.
“El material lo tienen los asesores de la Federación y pensamos hacer juicio. Estamos viendo a cuántas personas y qué organización. Le vamos a hacer juicio a muchas personas; a todos los que nos calificaron de ladrones”, puntualizó el sindicalista.
“Tenemos muchísimas cosas que lamentablemente no queríamos hacer, pero no nos queda otro recurso. Nosotros no calificamos a nadie en esos términos por pelear nuestro salario durante tres años con nuestras armas. No usamos esos calificativos”, manifestó.
Consultado sobre las reflexiones de los trabajadores acerca del conflicto, afirmó que los mismos quedaron “muy tristes por todo lo acontecido con los productores, nosotros teníamos una relación con la Asociación Nacional de Productores de Leche muy buena y nunca esperamos esos calificativos de los productores”.
El sindicalista añadió que “nos quedamos tristes que después de terminado el conflicto tengamos que ir a la justicia para que se tenga que retractar ciertos actores que son parte de la cadena láctea”.
Romaso agregó que se comenzará a “trabajar y reforzar el tema de los sindicatos rurales donde vamos a ir acompañar los Consejos de Salarios. También debemos trabajar para mantener al productor chico y al mediano del campo, porque tenemos ciertos peligros que no están en el tema del salario de los trabajadores, sino directamente en la competencia desleal que tienen en el tambo en este momento, que es el tema de la soja, donde aparte de ser un peligro por romper la cadena productiva además es un tema contaminante para toda la sociedad”.
En materia de abastecimiento, expresó que a partir de mañana será “totalmente normal” el suministro.
Por último, subrayó que el acuerdo “fue muy positivo” dada la unanimidad de los trabajadores para apoyarlo.
“No hubo una crítica a la decisión de la Federación. Se aceptaron todos los puntos. Se contempló todas las aspiraciones de los trabajadores. Se fortaleció la Federación, cada día está creciendo más y quedamos muy contentos y con muchas ganas de seguir trabajando”, concluyó.
El presidente de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Robert Romaso, dijo a El País que se evalúa denunciar ante la Justicia a los tamberos que los calificaron de “delincuentes”.
“El material lo tienen los asesores de la Federación y pensamos hacer juicio. Estamos viendo a cuántas personas y qué organización. Le vamos a hacer juicio a muchas personas; a todos los que nos calificaron de ladrones”, puntualizó el sindicalista.
“Tenemos muchísimas cosas que lamentablemente no queríamos hacer, pero no nos queda otro recurso. Nosotros no calificamos a nadie en esos términos por pelear nuestro salario durante tres años con nuestras armas. No usamos esos calificativos”, manifestó.
Consultado sobre las reflexiones de los trabajadores acerca del conflicto, afirmó que los mismos quedaron “muy tristes por todo lo acontecido con los productores, nosotros teníamos una relación con la Asociación Nacional de Productores de Leche muy buena y nunca esperamos esos calificativos de los productores”.
El sindicalista añadió que “nos quedamos tristes que después de terminado el conflicto tengamos que ir a la justicia para que se tenga que retractar ciertos actores que son parte de la cadena láctea”.
Romaso agregó que se comenzará a “trabajar y reforzar el tema de los sindicatos rurales donde vamos a ir acompañar los Consejos de Salarios. También debemos trabajar para mantener al productor chico y al mediano del campo, porque tenemos ciertos peligros que no están en el tema del salario de los trabajadores, sino directamente en la competencia desleal que tienen en el tambo en este momento, que es el tema de la soja, donde aparte de ser un peligro por romper la cadena productiva además es un tema contaminante para toda la sociedad”.
En materia de abastecimiento, expresó que a partir de mañana será “totalmente normal” el suministro.
Por último, subrayó que el acuerdo “fue muy positivo” dada la unanimidad de los trabajadores para apoyarlo.
“No hubo una crítica a la decisión de la Federación. Se aceptaron todos los puntos. Se contempló todas las aspiraciones de los trabajadores. Se fortaleció la Federación, cada día está creciendo más y quedamos muy contentos y con muchas ganas de seguir trabajando”, concluyó.
Día Internacional de los Trabajadores.
25
abr
Hacia una nueva etapa de cambios de cara al pueblo.
Plaza 1° de Mayo, hora: 10:00.
Comisión Prensa y Propaganda
Tardo pero llego!!!
25
abr
Esto ocurrió hace un año.
En Uruguay y por lo menos formalmente, tanto el Presidente de la
República como el Director General de la Presidencia dedican parte de su
tiempo a firmar aceptaciones ¡que los interesados no les pidieron! de
renuncias de personas que fueron contratadas en forma temporal. En el
caso de la imagen precedente, el renunciante había comunicado su
renuncia 2 meses antes de que le fuera aceptada y llevaba en ese momento
1 mes y medio trabajando full-time en otro sitio. No sólo se practica
el absurdo sino que se lo hace con retrasos que aumentan su brillo y
color. Y no vaya a creerse que la cosa terminó allí: el renunciante fue
notificado de esta inesperada resolución presidencial y, una vez
repuesto de la emoción que le provocó el honor de ser objeto de una
decisión presidencial, tuvo que comunicar que se daba por notificado de
la misma. Cuando alguien quiera entender por qué no funcionan como se
esperaba el Plan Juntos, la reforma educativa, etc. no tiene más que
mirar esta imagen.
Seguramente el valor que aporta el Presidente de la República (tanto el actual como sus antecesores) al intervenir en este tipo de actuaciones se repite, también grotescamente, en muchos otros casos. En todos ellos, se consumen diariamente varias horas-persona de funcionarios comunes que preparan, revisan y pulen las resoluciones y trasiegan papeles y mails de una oficina a otra; también se originan gastos por el uso de infraestructuras, ya que todas esas actuaciones sin sentido hacen uso de instalaciones y servicios que el Estado (nosotros) paga. Y esto no es otra cosa que una destrucción apenas sutil de la riqueza que esta sociedad genera y que, por tanto, deja de estar disponible para aplicar productivamente a altos fines de gobierno.
Surgen algunas preguntas:
Seguramente el valor que aporta el Presidente de la República (tanto el actual como sus antecesores) al intervenir en este tipo de actuaciones se repite, también grotescamente, en muchos otros casos. En todos ellos, se consumen diariamente varias horas-persona de funcionarios comunes que preparan, revisan y pulen las resoluciones y trasiegan papeles y mails de una oficina a otra; también se originan gastos por el uso de infraestructuras, ya que todas esas actuaciones sin sentido hacen uso de instalaciones y servicios que el Estado (nosotros) paga. Y esto no es otra cosa que una destrucción apenas sutil de la riqueza que esta sociedad genera y que, por tanto, deja de estar disponible para aplicar productivamente a altos fines de gobierno.
Surgen algunas preguntas:
- ¿Quién decidió que el Presidente en persona tiene que intervenir en hechos puramente administrativos?
- ¿Tanto tiempo le sobra al Presidente y a sus oficinas como para derrocharlo así?
- ¿Por qué no se aplicó la delegación de firma (que ya está normada) o el silencio positivo (que aún no)?
- ¿Por qué ningún funcionario o asesor le informó al Presidente de la República que el artículo 2 del Decreto 500/991 dice que la Administración Pública debe actuar de acuerdo con varios principios generales, entre los que figuran:
- economía, celeridad y eficacia
- flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos
- delegación material
- buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario
- Economía, celeridad y eficacia implican la buena administración del tiempo en el procedimiento, aprovechando eficientemente la fuerza de trabajo y eliminando formalidades superfluas, redundando esto en la reducción de la duración de los procesos y de los gastos asociados a los mismos.
- Flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos implican desterrar del personal burocrático el apego a ritos en los que se exalta la forma por la forma misma, con prescindencia del contenido y del fin perseguidos. El procedimiento debe ser una herramienta dúctil, siempre dirigida al logro de un fin, por lo que no se le puede asumir ni rígido ni uniforme. La forma es un medio y no un fin en sí mismo. La actividad administrativa se debe juzgar en función de la sustancia y no de la forma. No se deben realizar ni exigir trámites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten el desenvolvimiento del procedimiento.
- Delegación material implica quebrar el habitual centralismo burocrático que hace depender de la decisión formal de autoridades superiores la solución de los problemas más rutinarios de la Administración. Se debe bajar el nivel de decisión llevándolo a quienes están en contacto real con los hechos sobre los que hay que tomar decisión.
- Buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario implican que se asume que tanto los agentes públicos como los administrados cumplen con el deber de comportarse ética y respetuosamente. Se consagra el principio de presunción de verdad salvo prueba en contrario, desterrando con ello la actitud generalmente existente en la Administración de desconfiar, la cual lleva a que se multipliquen formalidades, ritos y controles.
Y aunque a los incautos nos pueda parecer que estamos frente a la
gran novedad de la última moda en consultoría de gestión pública, estos
principios fueron plasmados hace 22 años en el Decreto 500 (algunos ya
figuraban en el antecesor del 500/991, el Decreto 640 de 1973). Ya va
siendo hora de que nos enteremos y nos pongamos a aplicarlos.
Seguramente, el Presidente de la República no ve la trascendencia de resolver estos pequeños problemas, detrás de los cuales, sin embargo, hay cambios gigantescos a realizar. Probablemente, porque tiene asumido que la única forma de redistribuir riqueza es a través de la recaudación, mediante impuestos. Es así que toda la energía, incluso con duplicación de esfuerzos, se ha puesto en lograr soluciones por ese lado, descuidando completamente otros aspectos. También se puede deber a una actitud muy difundida entre los altos cargos de la Administración de que sólo hay que enfocarse en grandes proyectos, por lo general inalcanzables pero que tienen la virtud de llenar el ojo y durar tantos años que cuando llega la hora de evaluar los resultados sus propulsores hace tiempo que se han ido.
Hay que entender que hay otras formas de redistribuir riqueza. La mejora de la gestión es también una vía para ello. En la medida en que se racionalice el funcionamiento de la Administración, se eliminarán actuaciones en las que no hay ningún aporte de valor y, por tanto, se estarán reduciendo gastos sin alterar la calidad de los servicios prestados. Y así quedará claro que hay muchos pesos que han sido malgastados año tras año, durante décadas. Son pesos que pudieron haber ido, pero no fueron, a políticas sociales, a planes de vivienda, a mejorar el sistema educativo, a incorporar tecnología para la mejora de la seguridad pública, a atajar situaciones de emergencia social.
Seguramente, el Presidente de la República no ve la trascendencia de resolver estos pequeños problemas, detrás de los cuales, sin embargo, hay cambios gigantescos a realizar. Probablemente, porque tiene asumido que la única forma de redistribuir riqueza es a través de la recaudación, mediante impuestos. Es así que toda la energía, incluso con duplicación de esfuerzos, se ha puesto en lograr soluciones por ese lado, descuidando completamente otros aspectos. También se puede deber a una actitud muy difundida entre los altos cargos de la Administración de que sólo hay que enfocarse en grandes proyectos, por lo general inalcanzables pero que tienen la virtud de llenar el ojo y durar tantos años que cuando llega la hora de evaluar los resultados sus propulsores hace tiempo que se han ido.
Hay que entender que hay otras formas de redistribuir riqueza. La mejora de la gestión es también una vía para ello. En la medida en que se racionalice el funcionamiento de la Administración, se eliminarán actuaciones en las que no hay ningún aporte de valor y, por tanto, se estarán reduciendo gastos sin alterar la calidad de los servicios prestados. Y así quedará claro que hay muchos pesos que han sido malgastados año tras año, durante décadas. Son pesos que pudieron haber ido, pero no fueron, a políticas sociales, a planes de vivienda, a mejorar el sistema educativo, a incorporar tecnología para la mejora de la seguridad pública, a atajar situaciones de emergencia social.
Publicado 16th March por El Pareja
Febrero amargo
Se consumó. La decisión de la Suprema
Corte de Justicia de desplazar a la jueza Mariana Mota de su intento de
investigar decenas de crímenes de la dictadura, disfrazada de un simple
traslado, reeditó viejos cuestionamientos a la justicia, puso en el
centro del debate la independencia del Poder Judicial y volvió a
patentar fuertes diferencias en la izquierda en torno a cómo procesar
las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. La
crónica de los diarios nos habla de centenares de personas concentradas a
las puertas de la Suprema Corte y la televisión nos muestra imágenes de
una alicaída Mariana Mota, al borde de las lágrimas, cuestionando la
decisión. También a muchos coraceros intentando desalojar la sala, donde
finalmente la jueza Mota firmó su traslado a la justicia civil.
Salvando las diferencias de procedimiento, en el fondo –que siempre es
político- el caso encuentra evidentes paralelismos con la remoción, en
España, del juez Baltasar Garzón, único de su estirpe en defender causas
vinculadas a violaciones de los derechos humanos en el pasado reciente.
Ocurre que tras el ropaje jurídico que lo
envuelve, el desplazamiento de Mota de una cincuentena de casos
vinculados a la represión de la dictadura reviste una simbología
provocadora e insultante para los familiares de las víctimas de la
dictadura y para la tan cuestionada independencia del Poder Judicial.
Con esos casos a cuestas, Mota se aprestaba a concluir varias
investigaciones sobre torturas y asesinatos durante la última dictadura.
La escalada contra la jueza comenzó en mayo de 2011, luego de que Mota
participara de la Marcha del Silencio, que todos los años reclama
“verdad”, “memoria” y “justicia” para los delitos cometidos por los
militares durante la dictadura. Pero siguió con evidentes presiones
sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, cuando tras el procesamiento con
prisión del coronel Carlos Calcagno por “coautoría de dos delitos de
desaparición forzada” de los militantes del Partido por la Victoria del
Pueblo (PVP), Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, el ex presidente
Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la
Corte para que sancionaran a la jueza. En declaraciones a la prensa,
ambos llegaron a calificar a Mota como “una jueza hitleriana”.
¿Por qué habrían de ir Batlle y Aguirre a
la Suprema Corte para pedir el desplazamiento de una jueza? ¿Qué los
motivó a semejante intromisión en una justicia a la que ellos mismos
definen como intocable? ¿Quién se los pidió? Cosas veredes, Sancho, pero
la saga continúa. En setiembre del año pasado, por una orden del
ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la jueza se le
prohibió tomar fotografías durante una inspección ocular al Batallón 13,
razón por la cual pende sobre las espaldas de Huidobro una denuncia
penal por desacato. El accionar de la justicia encontró más de una vez
enfrentados al ministro y a la jueza, que también tenía a su cargo el
accidente del avión de Air Class. En el marco de la investigación que
venía realizando, la jueza determinó la participación en la búsqueda del
avión del buzo Héctor Bado, rechazado por Huidobro. El caso Mota
reviste aristas inesperadas, propias de una película surrealista.
Incluida una conferencia de prensa donde Pedro Bordaberry cuestionó el
fallo que procesó a su padre a 45 años de prisión por 11 delitos de lesa
humanidad (9 desapariciones y 2 homicidios políticos) y el delito de
atentado a la Constitución por el golpe de Estado del 27 de junio de
1973.
Es obvio: en el traslado de Mariana Mota
el problema no es solamente una decisión judicial, quizás motivada en
inminentes fallos que en cualquier caso llegan tarde y que todos sabemos
que no irán más lejos de una reparación simbólica. El problema es lo
que pasó antes. El problema fueron las tremendas presiones de militares,
tupamaros y sus influencias políticas a la justicia. Por parte de la
derecha puede ser comprensible. La derecha uruguaya ha tenido y tiene
numerosos vínculos con los militares. Vínculos que, por otra parte, no
esconde. No es ninguna novedad que los partidos tradicionales ampararon
golpistas. Negar esta evidencia sólo indica escasa voluntad de separar
en su propia familia el grano democrático de la paja dictatorial. Podría
pensarse que los líderes democráticos blancos y colorados deberían ser
los primeros en aceptar esta realidad de la historia del Uruguay, porque
entonces perderían el miedo a que se señalen los crímenes de la
dictadura y sus complicidades intrauterinas. Y ganarían la legitimidad
democrática del que reconoce lealmente los desmanes del pasado. Pero no:
ambos partidos eligieron seguir siendo partidos bajo sospecha. Como en
todos lados, hay blancos y colorados que reivindican ese valor, pero son
los menos. Una mayoría sabe que la cultura de la dictadura todavía
anida en una parte de sus electores y tiene miedo a molestar.
La izquierda asiste hemipléjica a un
nuevo caso de debate público sobre el rol de la justicia. Una parte
defiende la vía judicial, dos veces rebatida por el juicio de las urnas.
Otra parte se esmera en desactivarla. Sería un detalle si esa otra
línea no la encabezaran José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, las
figuras más visibles del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). En
repetidas apariciones públicas, ambos han mostrado reticencias con el
camino de la justicia. Primero, a pocos meses para que se plebiscitara
el Sí rosado que anulaba la Ley de Caducidad, Mujica sostuvo que la
justicia para estos casos tenía “un hedor a venganza de la puta que lo
parió”. Antes de asumir, postuló la idea de no tener “viejitos presos”.
En marzo de 2011, el presidente visitó en el hospital a Miguel Dalmao,
preso desde noviembre de 2010 por el asesinato de la militante comunista
Nibia Sabalsagaray, como un “gesto” ante lo que sería un “injusto”
procesamiento. En mayo, Mujica visitó el Parlamento para frenar la
anulación de la ley de Caducidad, esta vez por la vía parlamentaria.
Huele mal, pero las raíces de esta sintonía entre militares y tupamaros
vienen de lejos, y empiezan en 1972 con la “tregua armada”, un
paréntesis durante el cual unos y otros se comprometieron a investigar
los delitos económicos de la oligarquía. Siguió con un vínculo cordial
entre ex guerrilleros y sectores de las Fuerzas Armadas, como la logia
Tenientes de Artigas, luego de la recuperación democrática y, más acá en
el tiempo, desembocó en una nueva etapa, la del diálogo entre
“combatientes”.
Militares y tupamaros encontraron el
término medio, la palabra justa para que la cordialidad se vistiera de
complicidad: unos y otros son combatientes que, habiendo ocupado
distintos lugares en las trincheras, ahora se saludan como iguales. En
el medio: la sociedad; al fondo, a la derecha: la justicia. Ese relato
se impuso en el Uruguay de nuestros días, casi sin resistencias. Como si
fuera una ironía del destino, la noticia del brindis en el Centro
Militar la noche en que se conoció la noticia del traslado de Mota lo
dice todo: festejaron los dictadores y sus cómplices. Y no, la justicia
no es completamente independiente. Al contrario de lo que se ha dicho
durante décadas, el Poder Judicial no es un compartimento estanco,
desvinculado de la sociedad o del sistema político. Para empezar, la
Corte es un cuerpo colegiado cuyos miembros fueron entrando de a uno.
Electos por los dos tercios de la Asamblea General, los ministros de la
Suprema Corte son designados por el poder político. Los partidos
políticos seleccionan un perfil en base a una evaluación, donde lo
político no es un detalle menor. Esas negociaciones parten, por lo
general, de los pasillos del Palacio Legislativo. Como si faltaran
evidencias del ingrediente político en la justicia, en su momento, los
juicios a los militares de la dictadura no podrían haberse gestado sin
una expresa voluntad política. Hoy sucede lo mismo, pero al revés: el
desplazamiento de Mota pone de relieve una escasa voluntad política de
hacer justicia.
El debate, sin embargo, es más amplio. Y
abarca al Poder Judicial en su conjunto, el único de los tres poderes
del Estado uruguayo donde no existe participación popular en los
procesos de selección de los magistrados y control de los
procedimientos. Otros países han incorporado a sus legislaciones las
representaciones gremiales, de centrales obreras, de asociaciones
civiles relacionadas con la justicia, entre otras, al proceso de
selección de jueces. Incorporando otras miradas e intereses, buscan
limitar el poder de los intereses económicos y las corporaciones
respecto de las decisiones judiciales. No es el caso de Uruguay, donde
el Poder Judicial ocupa un lugar lejano y distante del resto de los
órganos del Estado, incluso de la ciudadanía. La mayoría de los
uruguayos, incluso los bien informados, no ubica los nombres o los
rostros de los cortesanos que ejercitan una cuota relevante de poder en
uno de los vértices más altos del poder del Estado. Se sabe poco del
sistema judicial. La opinión pública tiene poca data sobre cómo funciona
la Corte por dentro. Contado material académico o periodístico se
adentra en sus relaciones internas, en la microfísica del poder que se
trama a su interior.
Una vieja afirmación predica que “los
jueces hablan por sus sentencias”, pero la realidad indica que es escasa
la información respecto de la cabeza de este poder del Estado. Máxime
porque esas sentencias, por lo general, están escritas en jerga
inaccesible para los profanos. Amparada en esas distancias, quizás la
Corte creyó que este traslado no iba a tener la repercusión que
finalmente tuvo. El mensaje, sin embargo, fue mucho más allá que el de
un simple traslado. Y revela escaso compromiso con la causa de los
derechos humanos. Trasladarla. Sacarla. Apartarla. Ese fue el objetivo
de la Corte. La Mesa Política del Frente Amplio, que en otro contexto se
hubiese reunido de urgencia para tratar este tema, duerme una siesta
carnavalesca, obviamente porque al interior de esa fuerza política hay
dos bibliotecas. Y este febrero es amargo. Es amargo para los
familiares. Es amargo porque es de suponer que los enemigos de Mota
-entre ellos los que quieren esconder lo sucedido con el avión de Air
Class, pero también torturadores, asesinos, corruptos, sus cómplices, y
la lista es larga- se están frotando las manos. Hubo un brindis en el
Centro Militar. Hubo empacho de soberbia, hubo un espejismo de poder,
hubo una ilusa convicción de que es posible inmovilizar de un solo golpe
los pies y las manos de las generaciones venideras. Por suerte, eso
nunca sale bien.
