2.8.12
Diez años después
Columna de opinión.
1.
Es difícil entender cómo fue que después de la crisis argentina de 2001
la uruguaya pudo ser sorprendente para alguien al año siguiente. Muchas
veces sólo vemos lo que estamos dispuestos a ver, y es probable que en
este caso hayan prevalecido nociones muy arraigadas sobre la
singularidad de nuestro país y su presunta capacidad milagrosa de quedar
al margen (o por encima) de lo latinoamericano. Diez años después,
muchos parecen convencidos de que la turbulencia económica internacional
no puede afectarnos, y deberíamos preguntarnos cuánto de aquel candor
persiste.
2. Cuando las papas quemaron, la sustitución de Alberto Bensión por Alejandro Atchugarry en el Ministerio de Economía hizo caer el velo que había disfrazado a la política económica de ciencia exacta durante décadas; una presunta ciencia exacta basada, además, en la premisa de que la economía marcha mejor cuanto mayor sea la distancia entre ella y el Estado. Todos los ministros de Economía son políticos, pero Atchugarry fue el primero en mucho tiempo que no lo escondió. Asumió que su tarea incluía la administración de relaciones de poder entre actores sociales, y en ese sentido la izquierda ganó en el terreno ideológico antes de hacerlo en las urnas. Sin embargo, dentro del Frente Amplio no había consenso sobre la conveniencia de ocupar todo el terreno conquistado; hubo un relativo repliegue, porque muchos y muy importantes líderes frenteamplistas piensan que aquella neta politización de la economía fue un recurso necesario ante la emergencia, pero que no sería provechoso mantenerla en un período de “normalidad”. En este terreno se ubica, hasta hoy, gran parte de las diferencias de enfoque dentro del oficialismo.
3. Está claro que la crisis dio el último empujón a muchos ciudadanos que aún confiaban en los partidos llamados tradicionales, o que por lo menos seguían convencidos de que un gobierno frenteamplista podía ser mucho peor que cualquier combinación de colorados y blancos. Esa gente sintió que habíamos tocado fondo y que valía la pena correr el riesgo de un cambio histórico, pero muchos otros nunca llegaron a la misma conclusión. La falsa alarma sobre hordas saqueadoras que bajaban del Cerro fue para ellos verosímil porque funcionó como metáfora de la subversión que podía traer un triunfo electoral del Frente Amplio. El triunfo se produjo y no hubo nada por el estilo, pero la imagen temida sigue presente y, sin tener en cuenta los datos duros del proceso social reciente, una parte de la sociedad sigue convencida de que los planchas y los menores infractores pastabaseros aparecieron y nos toman la casa porque gobierna la izquierda. Es obvio que la crisis dejó una “herencia maldita” y que “las hordas” no van a desaparecer por arte de magia ni a palos, pero mientras medio país se niegue a reconocerlo, va a ser difícil reconstruir el tejido social.
4. El país estuvo en 2002 ante una encrucijada semejante, en cierto sentido, a la que había enfrentado de 1984 a 1989, cuando se gestaron el acuerdo del Club Naval, la Ley de Caducidad y el intento fallido de anularla mediante un referéndum. En aquel período, como hace diez años, hubo sectores (tanto en la izquierda como en la derecha y entre ambas) que consideraron necesario y viable lograr una salida que implicara mayores avances de sus posiciones, incluso mediante rupturas de la continuidad institucional, pero quedaron en minoría. En una y otra ocasión, ¿fue la voluntad amortiguadora de los partidos la que influyó para que no hubiera un conflicto social más acentuado, o fueron características de la sociedad uruguaya las que –para bien y para mal– dieron la mayoría a determinadas orientaciones partidarias? ¿Y de qué modo influyó la salida de la dictadura, al reforzar un “sentido común” muy moderado y prudente, para que en 2002 predominara la idea de que la mejor salida de la crisis –o la única viable– también pasaba por un camino “a la uruguaya”, resignado y gradualista? En ambas salidas hubo culpables emblemáticos a la vista y otros menos expuestos, que siguen impunes. En ambas querríamos que el “nunca más” fuera definitivo, con cimiento en un profundo aprendizaje social, pero nos acecha la duda de que quizá no hayamos hecho lo suficiente. En ambas “lo político prevaleció sobre lo jurídico”, y eso a la larga determina que el Estado uruguayo, llamado al orden por organismos internacionales, deba llevar a cabo medidas de reparación a los directamente perjudicados. Pero hay grandes daños irreversibles que afectan nuestra identidad y nuestro estado de ánimo. Entre las causas de la tan mentada sensación de inseguridad hay algunas que nunca tuvieron minutos en la sección policial de los informativos.
2. Cuando las papas quemaron, la sustitución de Alberto Bensión por Alejandro Atchugarry en el Ministerio de Economía hizo caer el velo que había disfrazado a la política económica de ciencia exacta durante décadas; una presunta ciencia exacta basada, además, en la premisa de que la economía marcha mejor cuanto mayor sea la distancia entre ella y el Estado. Todos los ministros de Economía son políticos, pero Atchugarry fue el primero en mucho tiempo que no lo escondió. Asumió que su tarea incluía la administración de relaciones de poder entre actores sociales, y en ese sentido la izquierda ganó en el terreno ideológico antes de hacerlo en las urnas. Sin embargo, dentro del Frente Amplio no había consenso sobre la conveniencia de ocupar todo el terreno conquistado; hubo un relativo repliegue, porque muchos y muy importantes líderes frenteamplistas piensan que aquella neta politización de la economía fue un recurso necesario ante la emergencia, pero que no sería provechoso mantenerla en un período de “normalidad”. En este terreno se ubica, hasta hoy, gran parte de las diferencias de enfoque dentro del oficialismo.
3. Está claro que la crisis dio el último empujón a muchos ciudadanos que aún confiaban en los partidos llamados tradicionales, o que por lo menos seguían convencidos de que un gobierno frenteamplista podía ser mucho peor que cualquier combinación de colorados y blancos. Esa gente sintió que habíamos tocado fondo y que valía la pena correr el riesgo de un cambio histórico, pero muchos otros nunca llegaron a la misma conclusión. La falsa alarma sobre hordas saqueadoras que bajaban del Cerro fue para ellos verosímil porque funcionó como metáfora de la subversión que podía traer un triunfo electoral del Frente Amplio. El triunfo se produjo y no hubo nada por el estilo, pero la imagen temida sigue presente y, sin tener en cuenta los datos duros del proceso social reciente, una parte de la sociedad sigue convencida de que los planchas y los menores infractores pastabaseros aparecieron y nos toman la casa porque gobierna la izquierda. Es obvio que la crisis dejó una “herencia maldita” y que “las hordas” no van a desaparecer por arte de magia ni a palos, pero mientras medio país se niegue a reconocerlo, va a ser difícil reconstruir el tejido social.
4. El país estuvo en 2002 ante una encrucijada semejante, en cierto sentido, a la que había enfrentado de 1984 a 1989, cuando se gestaron el acuerdo del Club Naval, la Ley de Caducidad y el intento fallido de anularla mediante un referéndum. En aquel período, como hace diez años, hubo sectores (tanto en la izquierda como en la derecha y entre ambas) que consideraron necesario y viable lograr una salida que implicara mayores avances de sus posiciones, incluso mediante rupturas de la continuidad institucional, pero quedaron en minoría. En una y otra ocasión, ¿fue la voluntad amortiguadora de los partidos la que influyó para que no hubiera un conflicto social más acentuado, o fueron características de la sociedad uruguaya las que –para bien y para mal– dieron la mayoría a determinadas orientaciones partidarias? ¿Y de qué modo influyó la salida de la dictadura, al reforzar un “sentido común” muy moderado y prudente, para que en 2002 predominara la idea de que la mejor salida de la crisis –o la única viable– también pasaba por un camino “a la uruguaya”, resignado y gradualista? En ambas salidas hubo culpables emblemáticos a la vista y otros menos expuestos, que siguen impunes. En ambas querríamos que el “nunca más” fuera definitivo, con cimiento en un profundo aprendizaje social, pero nos acecha la duda de que quizá no hayamos hecho lo suficiente. En ambas “lo político prevaleció sobre lo jurídico”, y eso a la larga determina que el Estado uruguayo, llamado al orden por organismos internacionales, deba llevar a cabo medidas de reparación a los directamente perjudicados. Pero hay grandes daños irreversibles que afectan nuestra identidad y nuestro estado de ánimo. Entre las causas de la tan mentada sensación de inseguridad hay algunas que nunca tuvieron minutos en la sección policial de los informativos.
Parece que fue hoy
Actores políticos y sociales evalúan la crisis de 2002.
Pasó una década y las cosas se pueden mirar desde otra perspectiva. El
PIT-CNT considera que la alianza de aquellos días con otros actores en
la Concertación para el Crecimiento es un antecedente del triunfo
electoral de la izquierda en 2004. En cambio, otros actores como la
FUCVAM o Jorge Zabalza hacen hincapié en los errores estratégicos que se
cometieron en esos años. Por otra parte, referentes del Partido
Colorado destacan la lealtad institucional del FA y de sindicatos como
AEBU en los momentos más complejos de la mayor crisis político-económica
de nuestra historia reciente.
Jorge
Batlle fue el primer presidente de Uruguay electo con el apoyo conjunto
del Partido Colorado (PC) y del Partido Nacional (PN). La reforma
constitucional de 1996 que habilita el balotaje o segunda vuelta se
impone en todas sus dimensiones en las elecciones de 1999. Se inaugura
el sistema de candidaturas únicas a la presidencia y la fórmula del
Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez- Rodolfo Nin Novoa, resulta la más
votada en la primera vuelta al obtener 40,1%. Los candidatos colorados
Batlle-Luis Hierro López consiguen 32,8%, los nacionalistas Luis Alberto
Lacalle-Sergio Abreu, 22,3% y el Nuevo Espacio (NE), con Rafael
Michelini-Pablo Mieres, 4,6%.Como el FA no alcanza 50%, el balotaje de noviembre enfrenta a Vázquez y Batlle. El PN llama a sus votantes a sumar tras la candidatura colorada. Batlle es electo presidente con 54,13% de los votos, mientras que Vázquez obtiene 45,87%.
El Parlamento, resultado de la primera vuelta, queda conformado por 12 senadores del EP-FA, diez del PC y siete del PN; en Diputados, el EP-FA obtiene 40 bancas, el PC 33, el PN 22 y el NE cuatro. Los partidos tradicionales tienen mayoría parlamentaria (17 senadores y 55 diputados).
Batlle, de 72 años, asume el 1º de marzo de 2000 y en su discurso ante la Asamblea General advierte que “el año que corre” será difícil, “comenzando a mejorar en el segundo y afirmándose dicha tendencia hacia fines de año”. Promete “un gobierno de unidad”, que surge “del acuerdo entre partidos”, y plantea extender esta política “a todos los sectores de la sociedad”.
El 8 de febrero Batlle y Lacalle, en su condición de presidente del Directorio blanco, habían acordado la participación en el gobierno y negociaron la distribución de cargos. En ese directorio, el entonces líder de Nueva Fuerza Nacional, Jorge Larrañaga, votó contra el nombramiento de ministros blancos, para no “mimetizar” al PN con el PC (La República, 09/02/2000). Será el único sector del PN que no integra el gabinete.
En el Ministerio de Defensa Nacional fue designado Luis Brezzo (Foro Batllista); en cancillería, Didier Opertti (Foro Batllista); en Economía y Finanzas, Alberto Bensión (lista 15); en Interior, Guillermo Stirling (Foro Batllista); en Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres (lista 15); en Salud Pública, Horacio Fernández (lista 15); en Turismo, Alfonso Varela (lista 15); y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux (Foro Batllista). En Ganadería, Agricultura y Pesca asume Gonzalo González, de extracción blanca independiente, pero designado directamente por Batlle. Por el PN asumen Álvaro Alonso (Desafío Nacional) en Trabajo y Seguridad Social, Sergio Abreu (Movimiento Nacional de Rocha) en Industria, Energía y Minería y los herreristas Carlos Cat en Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Antonio Mercader en Educación y Cultura. Poco después, se crea el Ministerio de Deporte, a cargo de Jaime Trobo (Herrerismo).
La coalición de gobierno dura hasta el 27 de octubre de 2002. Tras los sucesos de julio-agosto, el directorio del PN vota por mayoría una moción de Larrañaga para retirarse del gabinete. A partir de noviembre de 2002, el gobierno queda conformado sólo por colorados. Asumen en Trabajo Santiago Pérez del Castillo, en Industria Pedro Bordaberry, en Educación Leonardo Guzmán, además itinerante en Turismo y Deporte (ministerios ya fusionados), y en Vivienda Saúl Irureta.
En el EP-FA la fuerza más votada en 1999 había sido el Partido Socialista (PS), seguido por Asamblea Uruguay (AU), Movimiento de Participación Popular (MPP), Vertiente Artiguista (VA), Alianza Progresista (AP) y Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Las horas de crisis
El 24 de enero de 2002 el PIT-CNT organiza una marcha a Punta del Este y propone 30 medidas urgentes para “evitar caer en una situación similar a la de Argentina”, según dijo Juan Castillo (http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/8/castillo-reivindica-la-concertacion-para-el-crecim/ ).El 14 de enero la Mesa Política del FA había decidido acompañar la movilización y los reclamos de la central. Esa Mesa Política recibe un informe del economista Carlos Viera que advierte que Uruguay va en la misma dirección que Argentina y la Corriente de Izquierda (CI) -grupo sin representación parlamentaria, orientado por Helios Sarthou y Jorge Zabalza- plantea un pedido de renuncia de Bensión, pero se pospone la resolución.
Finalmente, como el gobierno prohíbe el ingreso de la marcha a la península, el PIT-CNT hace el acto en Maldonado. El EP-FA también apoya los reclamos de la Concertación para el Desarrollo, una iniciativa del PIT-CNT en conjunto con gremiales rurales, pequeños productores y otros sectores, organiza un acto en el Obelisco en abril.
Tras el feriado bancario decretado a fines de julio, el presidente del FA, Tabaré Vázquez, dice en su habitual audición radial por CX 36 Centenario que se estaban viviendo “momentos extremadamente difíciles” y que él ya había dicho que “nos iba a pasar lo que le pasaba a Argentina si no se tomaban a tiempo determinadas medidas”. Para Vázquez: “Ya no estamos en el Titanic, ni en los botes, estamos en el agua”. Propone como salida “remar juntos” entre organizaciones políticas, sociales y empresariales para formar un “gran diálogo nacional sin exclusión”.
El gobierno impulsa la rápida aprobación de una ley para resolver la crisis. El Parlamento se reúne el fin de semana del 3 y 4 de agosto para sancionarla y se buscan los más amplios apoyos. Un préstamo de Estados Unidos que podía darle una inyección de liquidez al sistema está en juego en la aprobación de esa ley. El FA discute qué hacer. En primera instancia, la bancada resuelve no votar con el aval de la Mesa Política. Ésta resuelve que el EP-FA “no acompañe con sus votos ninguna propuesta que debilite a la banca oficial y la coloque en inferioridad de condiciones”, declara a los organismos del FA en “sesión permanente”, llama a los frenteamplistas a “nuclearse en sus organizaciones y comités de base”, reclama el derecho de los ciudadanos a manifestarse “pacíficamente” y se insta a no “propagar el clima de alarma entre la población”.
Una interna por izquierda
Pero en el FA el debate interno se hace público y notorio. AU y la VA plantean que hay que acompañar el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Bancario. Los demás sectores se oponen. A pesar de que los legisladores que quieren votar la ley acatan la resolución del FA defienden la salida propuesta por el gobierno en algunos medios de comunicación.Vázquez admite que “hubo actitudes o conductas de compañeros” que distorsionaron la naturaleza de la resolución de la Mesa Política y agrega que “no estamos dispuestos a tolerar actitudes que sean atentatorias contra la unidad y la diversidad del FA”. “La presidencia del Frente Amplio no tiene la vocación absolutista de Luis XIV pero tampoco tiene vocación de director de comparsa”, concluye.
El Plenario Nacional del FA del 18 de agosto convoca a manifestarse pacíficamente en rechazo al modelo económico, “ampliar la base social” que lo rechaza, para impulsar un programa de reconstrucción nacional, consolidar una “nueva mayoría” para cambiar el país y “militar activamente en acciones de solidaridad” con los sectores más carenciados de la población. En setiembre, el EP-FA impulsa la creación de una comisión investigadora del sistema financiero en Diputados y por esa fuerza política se integran los legisladores Raúl Sendic (26M), Silvana Charlone y José Bayardi (VA). El diputado Víctor Rossi (AP) presenta documentos y denuncia irregularidades ocurridas en el sistema financiero previo al feriado bancario y sus colegas de todos los partidos votan por unanimidad crear la comisión.
El 9 de noviembre el plenario del FA se reúne para discutir estrategias. Se descarta la posibilidad de analizar un juicio político a Batlle. El senador Reinaldo Gargano (PS) quería impulsarlo si la comisión investigadora hallaba responsabilidades del presidente. Sin embargo, varios legisladores le quitan importancia a la propuesta, como el senador José Mujica, que declara que la iniciativa sería “más un gesto político que otra cosa” y cree que el PN no se va a anotar “en esa carrera”. El senador Enrique Rubio (VA) va más allá y dice que sería un planteo “precipitado” y que las propuestas “que rozan lo institucional son muy delicadas”. Para el diputado Brum Canet (AU) el juicio político “no está propuesto en ningún ámbito de la coalición de izquierda” y esa lectura debería atribuirse a quienes quieren “que asuma la presidencia Luis Hierro López” (La República, 09/11/02).
Previamente, los sectores habían discutido diferentes alternativas. La propuesta de impulsar un “gobierno de salvación nacional” y el adelantamiento de las elecciones nacionales de 2004 se planteó en las internas del PS, MPP, PCU, Partido por la Victoria del Pueblo y 26M. Sin embargo, no se encontraron fórmulas institucionales que no implicaran forzar el marco legal y constitucional. La CI fue el único sector que desde agosto propuso la renuncia de Batlle y el llamado a elecciones anticipadas.
Por su parte, AU propone “acompañar al gobierno” para salir de la crisis en la línea argumental que se había sostenido para apoyar la ley del sistema financiero. En setiembre, en una entrevista con La República, Astori responde a quienes creen que Batlle no llega a 2004: “Tengo por qué confiar en que se llega [...] también hay que ayudar. Creo que el Frente ha tenido, más allá de las discrepancias, una buena conducta política en estos tiempos de crisis. Vázquez utiliza siempre la formulación -y yo estoy de acuerdo- lealtad institucional”.
En octubre, ocurren dos hechos que impactan en el FA y en la definición de las perspectivas estratégicas: la retirada nacionalista del gabinete y el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En diciembre, el Nuevo Espacio se integra al EP-FA formando Nueva Mayoría: Vázquez y Rafael Michelini firman el acuerdo en un acto público. “El país como nación está en un laberinto y la salida no es refugiarse en el pasado, sino asumir compromisos con el presente y el futuro”, dijo Vázquez ese día.
En la base
Las tres organizaciones sociales más importantes del país, el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), no están en el mejor momento de sus relaciones históricas.El PIT-CNT apuesta a la concreción de una alianza de sectores sociales. Así, a fines de 2001 comienzan negociaciones casi secretas con dirigentes de las gremiales rurales y algunas cámaras empresariales menores. De allí surge la Concertación para el Crecimiento, que tiene su mayor expresión en un acto masivo el 16 abril de 2002 en el Obelisco: se llamó Jornada Cívica Nacional.
Entre los reclamos, figuran la desdolarización de la economía, reducción de las tasas de interés, suspensión de las ejecuciones a los productores rurales, reactivación del mercado interno, rebaja del IVA, estímulo a la inversión e incremento de la inversión pública. Sin embargo, no recibió el apoyo de FUCVAM, cuyo secretario general en ese momento, Gustavo González, dijo a la diaria que en ese período “estuvimos solos a la cabeza” de iniciativas como la de “oponerse a privatizar el puerto y el ferrocarril”. “Nos pronunciamos en contra” del acto en el Obelisco.
Una diferencia de encare fue la actitud de FUCVAM cuando organiza una marcha a Punta del Este en enero de 2003, similar a la convocada por el PIT-CNT el año anterior. González explica que “tuvimos 165 detenidos porque quisimos entrar” a la península. FUCVAM proponía “un gran frente social” por detrás de un programa de reivindicaciones “de los sectores populares” para “romper la crisis” y la consigna era “que Batlle se tenía que ir”, pero “quedamos solos”, agrega. “Hicimos un gran acto frente al edificio Libertad [entonces la casa de gobierno] donde le llevamos a Batlle un avión gigante y un pasaporte para que se fuera como lo estaban haciendo tantos uruguayos por culpa de la crisis”, cuenta González.
“Nunca tuvimos una relación ríspida” con el PIT-CNT, pero “teníamos diferencias”. González dice: “Defendíamos la independencia de las organizaciones y la movilización, porque meterle Valium a las organizaciones sociales es hacer crecer a la derecha y a su ideología”. A pesar de esa posición “radical”, en ese momento “estaban representadas en la dirección nacional” todos los sectores del FA, pero “no seguimos a ninguno”, dijo el cooperativista.
Uno de los principales reclamos de FUCVAM era recuperar 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, aportados por “todos los trabajadores”, que estaban “desaparecidos”. González cuenta que en una reunión con el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, en la propia sede de la federación, para tratar la situación de varias cooperativas, se le preguntó si sabía dónde estaba ese dinero y éste respondió sin dar más explicaciones: “Esa plata se la tragó el agujero negro”.
A principios de 2003, las organizaciones sociales acompañadas por el FA fortalecen la recolección de firmas para convocar un plebiscito contra la asociación de ANCAP con capitales privados, se suman a la iniciativa del Foro Social Mundial y hacen una marcha contra la inminente invasión de Estados Unidos a Irak. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), en tanto, viene de una convención bastante convulsionada en 2001 y la nueva mesa asume en febrero de 2002: la integran Manuel Flores, Leandro Grille, Gabriel Bonfrisco y Luis Lagaxio.
Por esos días se prepara una movilización en defensa del Hospital de Clínicas, pero en la noche del 2 de agosto la dirección de la FEUU discute qué hacer ante eventuales medidas prontas de seguridad y hasta se plantean planes de “autodefensa”. La mayoría de esos militantes universitarios -casi todos “hijos” de las ocupaciones de Secundaria de 1996- no consideraban viable tal extremo, aunque lo cierto es que a esa hora de la noche dos helicópteros todavía sobrevolaban Montevideo.
Lucas Silva Luis Rómboli
La Justicia y el Ejecutivo
El fiscal
Enrique Möller estaba de turno el 2 de agosto. Asegura que le tocó un
momento difícil por “el clima” que se había generado. “Hubo muchos
detenidos, en el juzgado no había descanso. Llegaban sin parte policial,
sólo con la identificación. Fueron procesados apenas 15, 16 o 18
personas”, recordó.
Möller no tuvo contacto con Inteligencia
policial y nunca accedió a elementos para concluir que se trató de algo
organizado. “Hubo un caso que se investigó muy a fondo en el ámbito
judicial: un vendedor ambulante de ómnibus que empezó a vocear ese tema.
Algo hubo, pero desde el punto de vista judicial no logramos dar con
eso: no pudimos decir que la organización sale de acá”, agregó.
Diez
años después, el ex ministro del Interior Guillermo Stirling evalúa que
existió un “déficit muy grande” de la Inteligencia policial y militar y
niega que se hayan evaluado medidas prontas de seguridad: “Lo que
pedimos en aquel momento, e impactó, fueron dos helicópteros a la Fuerza
Aérea para ver si efectivamente venían esas famosas columnas. Nos
tranquilizó bastante que nos dijeran que no se veía absolutamente nada”.
El dirigente colorado tampoco tiene certezas respecto de la
“teoría de las hordas”. “Tremendamente misterioso fue eso. No te puedo
decir que haya sido una cuestión espontánea. No te puedo negar que fue
un pequeño grupo el que lo organizó. Sí te puedo decir que no se sabe
absolutamente nada si era de derecha o de izquierda. No había ni hubo
ningún elemento. Dejaron mucho que desear los servicios de Inteligencia
policial y militar”, insistió.
Stirling asegura que por esas
horas se reunió con Liber Seregni y que el contacto con la oposición era
permanente. “En el Frente Amplio [FA] la posición fue el apoyo
institucional”, concluye.
Zabalza: “Estaba por empezar a incendiarse la pradera y vinieron todos los bomberos”
-¿Los saqueos fueron una movida de actores de la derecha?
-En general, cuando hay cuestiones sociales de por medio me niego a responsabilizar siempre a la derecha. Ese tipo de justificaciones eluden el problema real. Quizá, en algún caso puntual, como el de Lecocq y Aparicio Saravia, hubo cosas raras, pero en otros no creo que hayan actuado grupos de derecha. Hubo explosiones de gente, aumento del desempleo, incremento de los desalojos, explosión de los asentamientos, infantilización de la pobreza. La gente reacciona y enseguida se dice que fue una conspiración de la Policía. Por favor.-¿Dónde estaba el 2 de agosto?
-Acá, en Santa Catalina, frente a la carnicería. El dólar pasó de 14 a 35 pesos y no podía comprar carne. La preocupación nuestra era cómo salir a cazar vacas. Había una olla popular que les daba de comer a 700 personas todos los días un ensopado. Y esa gente estaba muy caliente. En los asentamientos, cuando había alguna movilización, contra las razias, por ejemplo, hubo intervención de la izquierda radical, del MLN [Movimiento de Liberación Nacional] o del MPP [Movimiento de Participación Popular]. Si cuadros de la derecha se meten a provocar, eso no deslegitima a toda la gente que estaba en la calle. Había un hambre desesperante y si un agente policial encubierto va a un lugar a decir “vamos a saquear supermercados” y se le suman 100 o 150 personas, como pasó en San Martín y Yatay, el tipo pone el dedo en la matadura; es el detonante, pero antes hay una situación social.-¿Cuál era su posición por esos días?
-Yo creía en dos cosas: en lo económico, a los bancos fundidos no había que salvarlos, y en el plano político había que voltear a Jorge Batlle. ¿Por qué no lo vas a voltear a Jorge Batlle? Pero se impuso la concepción de la democracia formal: esperar a las elecciones. El aparato del Frente Amplio terminó ganando, terminó teniendo razón.-¿Teniendo razón o ganando?
-Ganando; desde el punto de vista electoral tuvo la razón, fue una estrategia correcta. No fue una estrategia correcta para los intereses populares. La crisis de 2002 marca el momento en el cual los sectores dirigentes del FA, encabezados por Danilo Astori, empiezan su asociación con el gran capital. A partir de ahí Danilo se gana la confianza de los organismos financieros y las corporaciones. Ese juego político, que incluye el salvataje a la banca, arrastró a toda la izquierda hacia un modelo neoliberal con políticas sociales.-¿Qué sectores de la izquierda eran partidarios de precipitar la caída de Batlle?
-Sólo la Corriente de Izquierda. El Partido Comunista dudó. En el FA predominó la línea de lo menos malo, o sea, un anticipo de lo que vendría después. Había un clima de efervescencia, pero el FA operó para amortiguarla y canalizarla sólo para el plano electoral. Y lo logró. Encarrilló la indignación, como la que viven hoy los españoles, hacia las elecciones de 2004. Ahí cosechó el fruto de su capacidad para controlar a la gente. Estaba por empezar a incendiarse la pradera y vinieron todos los bomberos. Los partidos de la derecha y la derecha del FA. Y lo lograron apagar.-¿Los tomó por sorpresa el FA?
-Para nada. Veníamos de los ensayos de ese neoliberalismo con políticas sociales de las intendencias de Vázquez y, sobre todo, las de Arana. La sorpresa es más por el lado del discurso del MLN y el MPP, por la discusión que veníamos teniendo desde que salimos de la cárcel en 1985 hasta 1994 o 1995, porque con matices, todos los voceros veníamos diciendo lo mismo: José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Julio Marenales y yo. Ellos, paulatinamente, se fueron plegando a las posturas más a la derecha del FA: la historia del menos malo, estar en los lugares de decisión y, con esa lógica, fueron arrastrados hasta las posturas de hoy. Que tienen apoyo popular, eso no lo niego.
Nicolás Melgar, Yéssica Alonso, Ismael Samandú, Diego Domínguez y Nicolás Scarón, integrantes de Quijote FM Foto: Sandro Pereyra
Frecuencia modulada
En 2002 el Ministerio de Defensa acusó a Quijote FM de instigar a los saqueos y ordenó su allanamiento.
Entre los grupos “radicales” a los que el gobierno de la época
responsabilizaba de organizar los saqueos, se encontraban algunas radios
comunitarias que no tenían habilitación para funcionar. El sábado 3 de
agosto, a partir de una denuncia del Ministerio de Defensa Nacional
(MDN) -del que dependía la Unidad Reguladora de Servicios de
Comunicación (Ursec)-, fue allanada por personal militar Quijote FM en
el barrio Sayago.
A diez
años de ese episodio, varios integrantes de la extinta radio que hoy
desembocó en dos nuevas emisoras recibieron a la diaria y hablaron de lo
ocurrido en esos días. Nicolás Melgar, Yéssica Alonso, Ismael Samandú,
Diego Domínguez y Nicolás Scarón no eran conscientes entonces de lo que
estaban viviendo y recuerdan el episodio con cierta cuota de humor. Esa
noche habían ido a buscar a la radio algunos equipos porque ya tenían el
dato del inminente allanamiento, además de señales como la presencia de
camionetas de la Ursec y del Ejército en las inmediaciones.
El viernes 2 de agosto ya habían recibido llamadas de vecinos que los alertaban sobre la cercanía de un vehículo de la Ursec, que fue desalentada por medio de la denuncia al aire de la situación. Pero al otro día no hubo forma de evitar el operativo. Melgar comenta que en la mañana había tenido una volanteada en una feria barrial y que cuando volvía a la radio vio pasar decenas de patrulleros y algunos móviles de la Ursec. Tras avisar a sus compañeros, llegaron al lugar y se encontraron con policías que se estaban llevando todo.
Para Alonso la escena por momentos fue “dantesca”, debido a que muchos de los efectivos eran de la seccional policial de la zona y habituales oyentes de la radio, que incluso participaban en espacios destinados a la audiencia. Samandú cuenta que en la emisora -de propiedad cooperativa- bromeaban con que había un dueño, “el señor Gómez”. Los policías reclamaban contactarse con el ficticio Gómez.
Más allá de las anécdotas jocosas, el allanamiento -transmitido en vivo por Quijote FM y retransmitido por CX 36- fue vivido por los integrantes de la radio con gran tensión. Domínguez lo comparó con lo que pasa en el libro La fuga, de Eleuterio Fernández Huidobro, por la “sensación de irrealidad” que generaba lo que estaba pasando. El cuadro se completaba con el corte de la calle de la radio de esquina a esquina y la presencia de más de 200 vecinos en la puerta que se acercaron a ver lo que ocurría. Cuando Alonso llegó al estudio los oficiales se estaban llevando una tele con radio; la había prestado un vecino, por lo que pidió que la dejaran. Le respondieron que tenían orden de incautar todo lo que usaban para transmitir. “Con ese criterio me tienen que cortar la lengua”, retrucó. “El loco”, señala Alonso, “me palmeó la espalda y me dijo que todavía no tenían injerencia sobre la persona humana, pero sólo por ahora”.
Para los comunicadores la verdadera causa del operativo fue que la radio se había ubicado en un lugar de referencia para cierto sector de la sociedad. Recuerdan que algunos de sus columnistas eran Samuel Blixen, María Urruzola y el entonces cónsul de Cuba, Osvaldo Burgos, quienes de distinta forma los alertaron sobre la situación y les ofrecieron salidas. Burgos puso a disposición un helicóptero en el techo de la radio “por si tenían que escapar” y Blixen les recomendó que “si tenían pasaporte se fueran”.
Quijote fue la primera emisora comunitaria en transmitir 24 horas de corrido y en acercarse a muchas radios comerciales en calidad de la señal y profesionalización del trabajo. Otro aspecto destacado por los entrevistados fue la conformación de una cooperativa de trabajo. Todos sostienen que la radio había empezado a molestar, y que sin querer y sin saberlo, se habían situado en un lugar destacado. Ejemplo de ello es que los abogados que los asesoraban eran Gonzalo Fernández y Juan Fagúndez, a los que habían accedido por medio de Guillermo Chifflet, a quien llamaron en el momento del allanamiento y dan las gracias de que el episodio no haya sido de mayor violencia.
De pronto se encontraron con que su emprendimiento barrial estaba en boca de políticos y de medios de comunicación masivos y mencionan la cobertura de Zona urbana, de Canal 10. “Pasaron nuestro spot de los saqueos e inmediatamente Nacho Álvarez dijo: ‘Nada más para agregar, ¿no?’”, recordó Scarón. También conservan cosas positivas, como el caso de una mujer que dijo haberse ido caminando desde el Cerrito de la Victoria el día del allanamiento para entregarse a la Policía, porque como oyente se sentía parte de la emisora.
El episodio les habría servido a estos comunicadores para comprobar que “la Justicia depende de los climas políticos” y citan una frase que les dijo Fagúndez: “Si van a declarar mañana, se comen tres años, si van el mes que viene los meten adentro tres meses, y si van el año que viene les piden perdón”.
Pese a estar al tanto de algunos rumores de personas que estaban organizando saqueos y de haber participado en movilizaciones de protesta con cortes de calle incluidos, los ex integrantes de Quijote FM niegan haberlos instigado y sostienen que fueron impulsores de ollas populares y movimientos asociativos y cooperativos en la zona, que tuvieron diferentes destinos hasta el presente.
El viernes 2 de agosto ya habían recibido llamadas de vecinos que los alertaban sobre la cercanía de un vehículo de la Ursec, que fue desalentada por medio de la denuncia al aire de la situación. Pero al otro día no hubo forma de evitar el operativo. Melgar comenta que en la mañana había tenido una volanteada en una feria barrial y que cuando volvía a la radio vio pasar decenas de patrulleros y algunos móviles de la Ursec. Tras avisar a sus compañeros, llegaron al lugar y se encontraron con policías que se estaban llevando todo.
Para Alonso la escena por momentos fue “dantesca”, debido a que muchos de los efectivos eran de la seccional policial de la zona y habituales oyentes de la radio, que incluso participaban en espacios destinados a la audiencia. Samandú cuenta que en la emisora -de propiedad cooperativa- bromeaban con que había un dueño, “el señor Gómez”. Los policías reclamaban contactarse con el ficticio Gómez.
Más allá de las anécdotas jocosas, el allanamiento -transmitido en vivo por Quijote FM y retransmitido por CX 36- fue vivido por los integrantes de la radio con gran tensión. Domínguez lo comparó con lo que pasa en el libro La fuga, de Eleuterio Fernández Huidobro, por la “sensación de irrealidad” que generaba lo que estaba pasando. El cuadro se completaba con el corte de la calle de la radio de esquina a esquina y la presencia de más de 200 vecinos en la puerta que se acercaron a ver lo que ocurría. Cuando Alonso llegó al estudio los oficiales se estaban llevando una tele con radio; la había prestado un vecino, por lo que pidió que la dejaran. Le respondieron que tenían orden de incautar todo lo que usaban para transmitir. “Con ese criterio me tienen que cortar la lengua”, retrucó. “El loco”, señala Alonso, “me palmeó la espalda y me dijo que todavía no tenían injerencia sobre la persona humana, pero sólo por ahora”.
El trasfondo
Los ex integrantes de Quijote FM fueron acusados de instigación a la violencia y las pruebas en su contra fueron un spot elaborado a partir de los saqueos en Argentina de fines de 2001 que decía: “Si el hambre es ley, los saqueos son la Justicia”. De acuerdo a lo narrado, el spot fue quitado del aire días antes del allanamiento. Además, un oyente había leído al aire que la ley no pena ese tipo de actos si se actúa bajo la causal de necesidad, por lo que llamó a saquear comercios con niños y a llevarse solamente alimentos. “Inmediatamente despedimos al señor, pero no podíamos coartar ese espacio que era de la audiencia”, señaló Scarón.Para los comunicadores la verdadera causa del operativo fue que la radio se había ubicado en un lugar de referencia para cierto sector de la sociedad. Recuerdan que algunos de sus columnistas eran Samuel Blixen, María Urruzola y el entonces cónsul de Cuba, Osvaldo Burgos, quienes de distinta forma los alertaron sobre la situación y les ofrecieron salidas. Burgos puso a disposición un helicóptero en el techo de la radio “por si tenían que escapar” y Blixen les recomendó que “si tenían pasaporte se fueran”.
Quijote fue la primera emisora comunitaria en transmitir 24 horas de corrido y en acercarse a muchas radios comerciales en calidad de la señal y profesionalización del trabajo. Otro aspecto destacado por los entrevistados fue la conformación de una cooperativa de trabajo. Todos sostienen que la radio había empezado a molestar, y que sin querer y sin saberlo, se habían situado en un lugar destacado. Ejemplo de ello es que los abogados que los asesoraban eran Gonzalo Fernández y Juan Fagúndez, a los que habían accedido por medio de Guillermo Chifflet, a quien llamaron en el momento del allanamiento y dan las gracias de que el episodio no haya sido de mayor violencia.
De pronto se encontraron con que su emprendimiento barrial estaba en boca de políticos y de medios de comunicación masivos y mencionan la cobertura de Zona urbana, de Canal 10. “Pasaron nuestro spot de los saqueos e inmediatamente Nacho Álvarez dijo: ‘Nada más para agregar, ¿no?’”, recordó Scarón. También conservan cosas positivas, como el caso de una mujer que dijo haberse ido caminando desde el Cerrito de la Victoria el día del allanamiento para entregarse a la Policía, porque como oyente se sentía parte de la emisora.
El episodio les habría servido a estos comunicadores para comprobar que “la Justicia depende de los climas políticos” y citan una frase que les dijo Fagúndez: “Si van a declarar mañana, se comen tres años, si van el mes que viene los meten adentro tres meses, y si van el año que viene les piden perdón”.
Pese a estar al tanto de algunos rumores de personas que estaban organizando saqueos y de haber participado en movilizaciones de protesta con cortes de calle incluidos, los ex integrantes de Quijote FM niegan haberlos instigado y sostienen que fueron impulsores de ollas populares y movimientos asociativos y cooperativos en la zona, que tuvieron diferentes destinos hasta el presente.
Facundo Franco
.
llegó al parlamento proyecto de reparación
Al fin de cuentas
La escribana Alicia Barbani, una de las representantes de los ex
ahorristas del Banco Montevideo, estimó que la deuda para con las 539
personas es de unos 30.000.000 de dólares, y señaló que el gobierno le
aseguró que va a cumplir con el pago, aunque se cuestionó sobre cuándo,
antes de precisar que 170 de los 539 demandantes ya fallecieron.
Las ollas populares
Una peli de zombis
La sociedad ante la crisis.
Podemos recordar al viernes 2 de agosto de 2002 como el día de las
hordas de saqueadores que nunca existieron. Pero reducirlo todo a un día
sería ignorar lo que desembocó en ese episodio y cómo siguió pesando en
nuestra sociedad.
Desde
hacía algunos días había un feriado bancario y el miércoles 31 de julio
se registró un saqueo en un supermercado de San Martín y Yatay, cuando
cerca de 40 personas, sin que mediara otra frase que “tenemos hambre”,
se llevaron en bolsas varios productos del local, cuyo dueño no se
resistió. Al otro día algunos medios de comunicación informaron sobre la
existencia de cerca de 30 saqueos en la capital, aunque otros dijeron
que solamente hubo cuatro confirmados y que el resto fueron
aglomeraciones de personas frente a los comercios. El viernes 2 de
agosto -previo a la votación de la ley de rescate financiero que se votó
ese fin de semana en sesión extraordinaria del Parlamento-, hacia la
tarde, los medios de comunicación comenzaron a hacer referencia a una
horda de gente que “bajaba” desde el Cerro y venía saqueando todo lo que
encontraba a su paso.
El Ministerio del Interior previó “operativos de saturación” para ese día en barrios “marginales”, de acuerdo a lo que dijo Nelsi Bobadilla, jefe de Policía de la época. La propia Policía era la que pedía a los comerciantes que cerraran sus negocios ante la inminente llegada de las hordas, que también vendrían desde La Paz y por la ruta 8; algunos medios llegaron a hablar de gente que venía en camiones masturbándose mientras saqueaba todo a su paso. Varios comerciantes obedecieron a la Policía y los medios y cerraron; otros no lo hicieron; muchos siguieron atendiendo detrás de las rejas. La propia Intendencia de Montevideo (IM) desalojó sus locales y lo mismo hicieron varias instituciones educativas. Quienes estaban en zonas comerciales después de las 17.00 recuerdan que de pronto Montevideo parecía una ciudad fantasma y que se hablaba de la posibilidad de que el gobierno aplicara las Medidas Prontas de Seguridad.
Pero las hordas nunca llegaron y desde el gobierno se dijo que el dato había llegado por medio de varias denuncias realizadas desde teléfonos públicos.
Pero, más allá de lo virtual, el hecho generó acciones concretas. Bolón habla de un “toque de queda” autoimpuesto por la gente, que habría conseguido “limpiar la calle de cualquier veleidad protestona” ante la votación de la ley en el Palacio Legislativo.
Por otra parte, Bolón sostiene que la parálisis también favoreció al Frente Amplio: “Por un lado, jugó con la derecha [con el Partido Colorado y el Partido Nacional], en nombre de las políticas de Estado, de la gobernabilidad, de los superiores intereses de la Patria, del sentido de la responsabilidad y del orden; por otro lado, ganó con la izquierda [con el Frente Amplio, FA], en nombre del cambio. Entonces, en nombre del cambio anhelado e inminente, el FA aceptó el salvataje de los bancos vaciados; el encierro recetado para esquivar las hordas también benefició a las autoridades del FA, que no encontraron mayor oposición en sus filas”.
El decano de la Facultad de Humanidades (Udelar), Álvaro Rico, observa que durante este episodio la democracia “capitalizó los miedos de la sociedad bajo la dictadura en los miedos a ‘repetir la historia’” y que “independientemente de los contextos históricos y sujetos concretos, el mecanismo funciona como tal hasta el presente: alternativas binarias, disyuntivas yo-el otro, únicos sujetos portadores de la racionalidad. Nosotros también sabemos para qué lado operan y quiénes operan esas alternativas de opción única: orden-subversión, sociedad honesta-sociedad criminal y un largo etcétera”.
Además, García sostiene que en las zonas aludidas el rumor fue tomado como un chiste por algunos y agrega que las construcciones de “zonas rojas” venían desde mucho tiempo atrás. Pero, en su opinión, la idea “quedó flotando” y gran parte de la población creyó que el episodio de las hordas era posible. El periodista Raúl Zibechi cree que la mayoría de los medios reaccionó con foco en lo económico y en lo político, y con temor de que hubiera algo que rompiera la normalidad. “Hubo una criminalización de la protesta o una actitud de precaución -racismo o clasismo- hacia los más pobres, que no tenían canales institucionales para expresarse”, sostiene.
“A estos problemas estructurales se les sumó un diagnóstico coyuntural espantoso del gobierno. El primer error es que creyeron que la devaluación del real en Brasil iba a ser transitoria y que la inflación se la iba a comer para luego volver al mismo nivel de competitividad. El segundo fue pensar que Argentina aguantaba y que había que acompañarla. Devaluar en 1999 -que era año electoral- podía tener un costo político para el gobierno uruguayo, pero nunca le encontré una explicación a por qué una vez que ganaron las elecciones no devaluaron el 1º de marzo de 2000; empezaron a ampliar la banda y a hacer cosas sin ningún efecto. Pensaron que una crisis que estaba afectando los segmentos productivos, distributivos y laborales se resolvía con ajuste fiscal, con menos gasto y más impuestos. Toda la experiencia mostraba que en la crisis hay que hacer medidas anticíclicas y no procíclicas. La crisis no venía de una mala gestión de Batlle sino del modelo concentrador y excluyente de Lacalle y Sanguinetti, y él lo terminó ahondando porque tomó las peores medidas para enfrentarla”, dice Olesker.
El trabajador social Gerardo Sarachu era integrante del equipo social del Centro Comunal Zonal (CCZ) 9, que engloba la zona comprendida entre el arroyo Carrasco y el arroyo Toledo. La población de la zona aumentaba desde los años 90 como parte del movimiento de expulsión desde el centro a la periferia. En esos años, dice Sarachu, se vivió una alta precarización del trabajo, que muchas veces desembocó en la informalidad o el desempleo. Todas las fuentes consultadas destacaron el surgimiento de varios tipos de emprendimientos asociativos para combatir la agudización de la crisis, como cooperativas de trabajo, ollas populares, comedores, merenderos y redes de trueque.
La alimentación ocupó un lugar muy importante entre las demandas sociales; fue en esos días que circuló la noticia de que niños del barrio Conciliación habían comido pasto durante un fin de semana porque sus padres no tenían otra cosa para darles. Si bien desde el gobierno se atribuyeron los saqueos a grupos de izquierda y desde la izquierda se acusó a la derecha, el diario La República tituló el 1º de agosto “Saqueos de los hambrientos”.
García recuerda el “antecedente simbólico” de las ollas populares a la salida de la dictadura. “Lo que hace esa solución es sacar la alimentación del ámbito del hogar hacia lo público: voy porque no tengo el más mínimo recurso. Las organizaciones barriales decían: ojalá que nosotros no tuviéramos que existir”. Indica como un momento importante aquel en que la gente volvió a poder cocinar en su casa y comenta que en 2002 resurgió eso, debido a que mucha gente no tenía para comer y tuvo que concurrir a los comedores y exponerse públicamente; García dice recordar a personas que iban a comedores de otros barrios para no sufrir la humillación de ser vistas por sus vecinos.
Esto ocurrió sobre todo en una categoría a la que muchos llamaron “nuevos pobres”, en referencia a la clase media que se vio desplazada, que son los que más fácil se recuperaron pero a su vez encontraron dificultades al momento de encontrar estrategias para sortear la crisis. Sobre este punto Olesker opina que la decisión -implícita o explícita- que se tomó fue que los trabajadores pagaran el costo de la crisis.
Además, en la semana de los saqueos se produjo una disparada en los precios de varios artículos. Según el economista y sociólogo Pablo Guerra, en ese momento se dejaron de usar las tarjetas de crédito y se generaron reacciones típicas de la psicología de masas en momentos como ése, con tendencia al acopio. “El comerciante trataba de sacar la mayor ganancia y la familia trataba de acumular por miedo a que más tarde no hubiera alimentos. Eso llevó a la disparada y a la modalidad de vender estrictamente al contado”, dice.
Sarachu rememora cómo en esos años, a determinada hora, la usina departamental de residuos de la calle Felipe Cardozo se llenaba de gente que comenzaba a revisar la basura. Al principio se reprimía, pero luego se llegó a un acuerdo -que continúa hasta hoy- en el que la IM cede parte del terreno a clasificadores, lo que a su vez desencadenó la fundación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos.
Según García, la relación con el mundo del trabajo depende de cada zona, debido a que hay territorios que tienen una gran tradición obrera y de lucha y otros que no. En algunos casos el retorno de las fábricas permitió que muchas familias salieran de ese tipo de situaciones pero otras no. La educadora recordó que el trabajo es el que nos organiza el tiempo de vida y nos hace salir a la calle, y que la pérdida de ese aspecto generó depresiones tanto en niños como en adultos.
Esos casos fueron definidos como el “núcleo duro de la pobreza”, que para Guerra es difícil de combatir porque va ligado a la marginalidad, por lo que no es únicamente pobreza material. Para el ministro Olesker la pobreza estructural viene de los 90 y de la dictadura, y acumula generaciones de pobreza que dejan de considerar positivo el valor de la educación y del trabajo para salir de ésta.
Varios de los consultados estuvieron de acuerdo en que un factor determinante para evitar el estallido social fue la existencia del FA como una alternativa política real, así como a su actitud frente a la crisis. Algunos señalaron que ésta es una clara diferencia con el clima de “que se vayan todos” que se vivía en Argentina. Esto se suma a la presencia de organizaciones sociales y cooperativas que asumieron un rol protagónico en materia de contención de la crisis en ciertos sectores de la población, una tradición instalada desde hacía años en la sociedad uruguaya.
El Ministerio del Interior previó “operativos de saturación” para ese día en barrios “marginales”, de acuerdo a lo que dijo Nelsi Bobadilla, jefe de Policía de la época. La propia Policía era la que pedía a los comerciantes que cerraran sus negocios ante la inminente llegada de las hordas, que también vendrían desde La Paz y por la ruta 8; algunos medios llegaron a hablar de gente que venía en camiones masturbándose mientras saqueaba todo a su paso. Varios comerciantes obedecieron a la Policía y los medios y cerraron; otros no lo hicieron; muchos siguieron atendiendo detrás de las rejas. La propia Intendencia de Montevideo (IM) desalojó sus locales y lo mismo hicieron varias instituciones educativas. Quienes estaban en zonas comerciales después de las 17.00 recuerdan que de pronto Montevideo parecía una ciudad fantasma y que se hablaba de la posibilidad de que el gobierno aplicara las Medidas Prontas de Seguridad.
Pero las hordas nunca llegaron y desde el gobierno se dijo que el dato había llegado por medio de varias denuncias realizadas desde teléfonos públicos.
Contame el final
Para la doctora en Letras Alma Bolón, aquel día los medios de comunicación construyeron una “realidad virtual”. La docente analiza el hecho de que se anunciara que “las hordas venían desde el Cerro a saquear la ciudad”, lo que implica que ese barrio (y otras zonas) no eran parte de la ciudad. “Actuaron totalitariamente, imponiendo unánimemente una realidad sin fisuras: nosotros, los honestos, estábamos amenazados. Esto no es muy diferente de lo que hacen hoy”, sostiene. La palabra “horda” es una expresión que refiere a una entidad colectiva y por fuera de la civilización, por lo que el rumor supuso un sujeto “invasor bárbaro, primitivo y criminal”, según Bolón.Pero, más allá de lo virtual, el hecho generó acciones concretas. Bolón habla de un “toque de queda” autoimpuesto por la gente, que habría conseguido “limpiar la calle de cualquier veleidad protestona” ante la votación de la ley en el Palacio Legislativo.
Por otra parte, Bolón sostiene que la parálisis también favoreció al Frente Amplio: “Por un lado, jugó con la derecha [con el Partido Colorado y el Partido Nacional], en nombre de las políticas de Estado, de la gobernabilidad, de los superiores intereses de la Patria, del sentido de la responsabilidad y del orden; por otro lado, ganó con la izquierda [con el Frente Amplio, FA], en nombre del cambio. Entonces, en nombre del cambio anhelado e inminente, el FA aceptó el salvataje de los bancos vaciados; el encierro recetado para esquivar las hordas también benefició a las autoridades del FA, que no encontraron mayor oposición en sus filas”.
El decano de la Facultad de Humanidades (Udelar), Álvaro Rico, observa que durante este episodio la democracia “capitalizó los miedos de la sociedad bajo la dictadura en los miedos a ‘repetir la historia’” y que “independientemente de los contextos históricos y sujetos concretos, el mecanismo funciona como tal hasta el presente: alternativas binarias, disyuntivas yo-el otro, únicos sujetos portadores de la racionalidad. Nosotros también sabemos para qué lado operan y quiénes operan esas alternativas de opción única: orden-subversión, sociedad honesta-sociedad criminal y un largo etcétera”.
Va por barrios
La psicóloga social y educadora Alicia García, quien en 2002 trabajaba en proyectos en el Cerro y otras zonas, recuerda que “la gente que vivía en esos barrios no entendía nada porque ellos no estaban en esa situación y tenían información que les permitió sobrevivir mejor”. Destaca la importancia de las redes de información con las que cada persona cuenta, y recuerda que a ella le bastó con llamar a un conocido en el Cerro para saber que no había ninguna horda.Además, García sostiene que en las zonas aludidas el rumor fue tomado como un chiste por algunos y agrega que las construcciones de “zonas rojas” venían desde mucho tiempo atrás. Pero, en su opinión, la idea “quedó flotando” y gran parte de la población creyó que el episodio de las hordas era posible. El periodista Raúl Zibechi cree que la mayoría de los medios reaccionó con foco en lo económico y en lo político, y con temor de que hubiera algo que rompiera la normalidad. “Hubo una criminalización de la protesta o una actitud de precaución -racismo o clasismo- hacia los más pobres, que no tenían canales institucionales para expresarse”, sostiene.
La base está
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker -quien como economista era director del Instituto Cuesta-Duarte, del PIT-CNT-, indicó que es conveniente hablar de “crisis 1999-2002”, que tendría inicios en la década de 1990. Olesker cree que la crisis era inevitable: “Es resultado del modelo de crecimiento de los años 90, que por su carácter concentrador y excluyente generó que el mercado interno se deprimiera”. El ministro indicó que los ingresos y la inversión no crecían pero sí lo hacía el consumo y el movimiento empresarial, porque el sistema se sustentó en el crédito y en el endeudamiento. El punto de partida de la crisis no habría sido el sistema financiero sino aspectos de la producción, “con fuertes componentes distributivos y laborales”, lo que incidió sobre el sistema financiero.“A estos problemas estructurales se les sumó un diagnóstico coyuntural espantoso del gobierno. El primer error es que creyeron que la devaluación del real en Brasil iba a ser transitoria y que la inflación se la iba a comer para luego volver al mismo nivel de competitividad. El segundo fue pensar que Argentina aguantaba y que había que acompañarla. Devaluar en 1999 -que era año electoral- podía tener un costo político para el gobierno uruguayo, pero nunca le encontré una explicación a por qué una vez que ganaron las elecciones no devaluaron el 1º de marzo de 2000; empezaron a ampliar la banda y a hacer cosas sin ningún efecto. Pensaron que una crisis que estaba afectando los segmentos productivos, distributivos y laborales se resolvía con ajuste fiscal, con menos gasto y más impuestos. Toda la experiencia mostraba que en la crisis hay que hacer medidas anticíclicas y no procíclicas. La crisis no venía de una mala gestión de Batlle sino del modelo concentrador y excluyente de Lacalle y Sanguinetti, y él lo terminó ahondando porque tomó las peores medidas para enfrentarla”, dice Olesker.
Responsables
El
2 de octubre de 2003 se presentan los cuatro informes de la comisión
investigadora parlamentaria sobre el sistema financiero, uno por cada
partido con representación parlamentaria. El Partido Colorado
responsabiliza de la crisis a las medidas adoptadas en Argentina, el
retiro de depósitos de la plaza uruguaya y las maniobras delictivas de
Rohm y los Peirano. El Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)
plantea que el gobierno asistió a instituciones con patrimonio negativo
que habían sido vaciadas y que eso era de conocimiento de las
autoridades. También recomienda el levantamiento del secreto bancario
“de las cuentas de quienes tomaron las decisiones”. Se presenta una
lista de 22 personas con responsabilidad, entre ellas el presidente
Jorge Batlle, el ministro de Economía, Alberto Bensión, los ex
directores del Banco Central del Uruguay (BCU), el ex superintendente,
el nuevo directorio del BCU y el superintendente, los ex directores de
la Corporación Nacional para el Desarrollo y los ex directores del Banco
de Crédito.
Al final, se aprueba una moción única votada por
legisladores del EP-FA, el Partido Nacional y el Partido Independiente
que declara a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas
“políticamente responsables de los errores cometidos en la estrategia
frente a la crisis del sistema financiero”, propone enviar los
antecedentes a la Justicia y hace una serie de recomendaciones para
efectivizar los controles en el sistema. El presidente Batlle no aparece
como responsable.
El sociólogo Marcos Supervielle
considera conveniente distinguir entre crisis económica, política (“no
la hubo”) y sociocultural, más allá de que las tres están ligadas. “Más
que una crisis social fue una crisis societal, en cuanto al sistema de
sociedad que teníamos: la gente encontró que su vida cotidiana empeoraba
y no podía mejorar, también desde el punto de vista colectivo”,
explicó. Supervielle destacó dos respuestas sociales contradictorias.
Por un lado, la emigración masiva generada porque no se veía más la
uruguaya como sociedad viable. Por otro, el renacimiento de la
solidaridad mediante una enorme cantidad de expresiones autónomas del
sistema político y económico. En el plano político el que recogió esto
fue el FA, porque era el único que hablaba de solidaridad”, opina.
“Estas
circunstancias son propicias para movimientos revolucionarios, pero la
palabra ‘revolución’ ha desaparecido de nuestro vocabulario porque en
nuestra memoria colectiva no se asocia tanto a una gesta heroica como a
la violencia, a muertes, a desaparición, con justicia o sin justicia. Lo
revolucionario no era una alternativa”, sostiene Supervielle.
Cable a tierra
Francisco Fleitas, actual alcalde del Municipio F -que corresponde a la zona de Piedras Blancas y Manga- , era un militante barrial en 2002 y recuerda que en los años 90 la zona sufrió la desaparición de muchas fábricas, que en tanto exportadoras fueron afectadas por los estímulos a la importación. En el momento de aceleración de la crisis, según recuerda, la IM habría sido la única institución de gobierno que buscó paliar la situación: “En 2002 se tuvo que dejar de podar las calles para hacer políticas sociales”.El trabajador social Gerardo Sarachu era integrante del equipo social del Centro Comunal Zonal (CCZ) 9, que engloba la zona comprendida entre el arroyo Carrasco y el arroyo Toledo. La población de la zona aumentaba desde los años 90 como parte del movimiento de expulsión desde el centro a la periferia. En esos años, dice Sarachu, se vivió una alta precarización del trabajo, que muchas veces desembocó en la informalidad o el desempleo. Todas las fuentes consultadas destacaron el surgimiento de varios tipos de emprendimientos asociativos para combatir la agudización de la crisis, como cooperativas de trabajo, ollas populares, comedores, merenderos y redes de trueque.
Las demandas
Cristina Fynn, actual vicepresidenta de la Agencia Nacional de Vivienda e integrante del área social del CCZ 9 en 2002, recuerda consultas de personas que le decían no saber qué hacer. La descentralización, cree, fue un resorte muy importante para evitar impactos mayores. También Sarachu recuerda que muchos concurrían a los espacios de consulta del CCZ únicamente para que los escucharan. Sobre el vínculo con el gobierno nacional de entonces, Fynn señala que era “inexistente”.La alimentación ocupó un lugar muy importante entre las demandas sociales; fue en esos días que circuló la noticia de que niños del barrio Conciliación habían comido pasto durante un fin de semana porque sus padres no tenían otra cosa para darles. Si bien desde el gobierno se atribuyeron los saqueos a grupos de izquierda y desde la izquierda se acusó a la derecha, el diario La República tituló el 1º de agosto “Saqueos de los hambrientos”.
García recuerda el “antecedente simbólico” de las ollas populares a la salida de la dictadura. “Lo que hace esa solución es sacar la alimentación del ámbito del hogar hacia lo público: voy porque no tengo el más mínimo recurso. Las organizaciones barriales decían: ojalá que nosotros no tuviéramos que existir”. Indica como un momento importante aquel en que la gente volvió a poder cocinar en su casa y comenta que en 2002 resurgió eso, debido a que mucha gente no tenía para comer y tuvo que concurrir a los comedores y exponerse públicamente; García dice recordar a personas que iban a comedores de otros barrios para no sufrir la humillación de ser vistas por sus vecinos.
Esto ocurrió sobre todo en una categoría a la que muchos llamaron “nuevos pobres”, en referencia a la clase media que se vio desplazada, que son los que más fácil se recuperaron pero a su vez encontraron dificultades al momento de encontrar estrategias para sortear la crisis. Sobre este punto Olesker opina que la decisión -implícita o explícita- que se tomó fue que los trabajadores pagaran el costo de la crisis.
Además, en la semana de los saqueos se produjo una disparada en los precios de varios artículos. Según el economista y sociólogo Pablo Guerra, en ese momento se dejaron de usar las tarjetas de crédito y se generaron reacciones típicas de la psicología de masas en momentos como ése, con tendencia al acopio. “El comerciante trataba de sacar la mayor ganancia y la familia trataba de acumular por miedo a que más tarde no hubiera alimentos. Eso llevó a la disparada y a la modalidad de vender estrictamente al contado”, dice.
El mundo del trabajo
Olesker señala como principal factor de incidencia en la precarización e informalización del salario y el poder adquisitivo de la clase trabajadora a la desinstitucionalización de las relaciones laborales, producto de la supresión de los Consejos de Salarios; esto llevó a que los salarios se regularan por cada caso particular y no por rubro. Por su parte, Fleitas comenta: “Yo trabajaba en un lugar donde ganaba 6.000 pesos y empezaron a contratar gente por la mitad, y si nos despedían a nosotros hacían una inversión”. Trae a colación las estrategias de ahorro de gran parte de la sociedad, que iban desde la realización de tareas domésticas para las que antes contrataban a personas del barrio e incluso comenzaron a caminar y andar en bicicleta para ahorrar el dinero del boleto.Sarachu rememora cómo en esos años, a determinada hora, la usina departamental de residuos de la calle Felipe Cardozo se llenaba de gente que comenzaba a revisar la basura. Al principio se reprimía, pero luego se llegó a un acuerdo -que continúa hasta hoy- en el que la IM cede parte del terreno a clasificadores, lo que a su vez desencadenó la fundación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos.
Según García, la relación con el mundo del trabajo depende de cada zona, debido a que hay territorios que tienen una gran tradición obrera y de lucha y otros que no. En algunos casos el retorno de las fábricas permitió que muchas familias salieran de ese tipo de situaciones pero otras no. La educadora recordó que el trabajo es el que nos organiza el tiempo de vida y nos hace salir a la calle, y que la pérdida de ese aspecto generó depresiones tanto en niños como en adultos.
Esos casos fueron definidos como el “núcleo duro de la pobreza”, que para Guerra es difícil de combatir porque va ligado a la marginalidad, por lo que no es únicamente pobreza material. Para el ministro Olesker la pobreza estructural viene de los 90 y de la dictadura, y acumula generaciones de pobreza que dejan de considerar positivo el valor de la educación y del trabajo para salir de ésta.
Para adentro
Sarachu indicó que el impacto de la crisis en la sociedad uruguaya se vivió más bien hacia dentro de las familias y no tanto como un estallido social. Puso como ejemplo el caso de consumo de drogas destructivas como la pasta base -que llega por esos años- y el aumento de los casos de violencia doméstica. Según Olesker, también se produjo una ruptura en la convivencia social, principalmente debido a que los barrios dejaron de estar habitados por desiguales y lo obvio dejó de serlo en materia de convivencia ciudadana.Varios de los consultados estuvieron de acuerdo en que un factor determinante para evitar el estallido social fue la existencia del FA como una alternativa política real, así como a su actitud frente a la crisis. Algunos señalaron que ésta es una clara diferencia con el clima de “que se vayan todos” que se vivía en Argentina. Esto se suma a la presencia de organizaciones sociales y cooperativas que asumieron un rol protagónico en materia de contención de la crisis en ciertos sectores de la población, una tradición instalada desde hacía años en la sociedad uruguaya.
