Las comunidades Mapuche de Ercilla determinan medidas frente a la violencia del gobierno chileno en la zona
Jul 30, 2012
Las Comunidades Mapuche movilizadas de la zona de
Ercilla (Malleco), venimos a emitir la siguiente declaración pública
ante la comunidad nacional e internacional, esto frente a los últimos
acontecimientos que se están generando en contra de las Comunidades
Mapuche por sus derechos territoriales y políticos.
1-. Las Comunidades Mapuche de la zona de Ercilla, hoy nos hemos auto
convocados con la finalidad de definir y determinar medidas que
permitan resguardar la integridad física y sicológica de nuestra gente,
esto frente a las acciones que el gobierno de turno determino en su
cumbre de seguridad en Santiago. Las que rechazamos terminantemente por
su grado de racismo, violencia y discriminación que trae para nuestras
comunidades. Ya que durante estos últimos días hemos sido víctimas de la
violencia policial en diferentes operativos que han terminado con niños
y ancianos heridos. A esto cabe señalar el permanente hostigamiento a
nuestras viviendas durante el día y la noche, lo que últimamente ha
incluido un helicóptero que sobre vuela a todas nuestras comunidades.
Hemos sido objetos de acusaciones infundadas, racistas y cargadas de
xenofobia, declaraciones emitidas por autoridades políticas como el
intendente de la región y el gobernador de Malleco. Dichos que solo
buscan llevar esta situación a un plano de criminalización y persecución
política contra los miembros de nuestras comunidades, en lugar de
buscar mecanismos de solución que permitan dar respuesta a nuestras
demandas territoriales.
2-. Para las Comunidades Mapuche Movilizadas, consideramos que esta
actitud del gobierno, refleja la práctica histórica de los gobiernos
ante las demandas planteadas por las comunidades Mapuche, quienes toman
la represión como medida desesperada. Este gobierno ha lucrado en forma
económica y políticamente de esta situación, nace así nuestra
preocupación más inmediata, ya que nuestras comunidades debemos hoy
esperar nuevos allanamientos, heridos o muertos. Bajo este clima, hemos
resuelto afrontar en conjunto la difícil situación que nos afecta, como
es el asunto de la militarización de la zona, el permanente
hostigamiento a nuestras comunidades y continuar con las
reivindicaciones de tierras.
3.- De la misma manera, las Comunidades Mapuche movilizadas
anunciamos nuestra presencia en el juicio de los hermanos de la
comunidad Wente Wuinkul Mapu. Juicio que consideramos un nuevo montaje
del fiscal Anti Mapuche Luís Chamorro y el general de la novena zona
Iván Bezmalinovic, quien participo de manera directa en el encubrimiento
del asesinato de Jaime Mendoza Collio. Hoy, su teatro de victima carece
de toda legitimidad.
4.- Por ultimo realizamos un amplio llamado a la opinión pública a no dejarse influenciar por las maniobras comunicacionales del gobierno, quien ha usado a los pequeños agricultores como una forma de criminalizar nuestra demanda. Estos últimos, victimas del el ansia del gobierno en buscar culpables han sido los señuelos e instrumento y para sus fines más oscuros. Lo que queda reflejado por las permanentes declaraciones del gobernador de Malleco, quien sin esperar una investigación, ha establecido culpables y busca la condena política de nuestras demandas territoriales.
4.- Por ultimo realizamos un amplio llamado a la opinión pública a no dejarse influenciar por las maniobras comunicacionales del gobierno, quien ha usado a los pequeños agricultores como una forma de criminalizar nuestra demanda. Estos últimos, victimas del el ansia del gobierno en buscar culpables han sido los señuelos e instrumento y para sus fines más oscuros. Lo que queda reflejado por las permanentes declaraciones del gobernador de Malleco, quien sin esperar una investigación, ha establecido culpables y busca la condena política de nuestras demandas territoriales.
Comunican;
Comunidad Mapuche Wente Wuinkul Mapu
Comunidad Mapuche los Loloco
Comunidad Mapuche Temucuicui Autónoma
Comunidad Mapuche Rankilko
Comunidad Mapuche Newen Mapu
Comunidad Mapuche los Loloco
Comunidad Mapuche Temucuicui Autónoma
Comunidad Mapuche Rankilko
Comunidad Mapuche Newen Mapu
Wall- Mapu: Ercilla 30 de julio 2012
ARGENTINA: IDENTIFICARON LOS RESTOS DE UN DIPLOMATICO CUBANO DESAPARECIDO EN AGOSTO DE 1976
En un barril de metal lleno de cemento
Jueves, 02 de agosto de 2012
Homenaje a Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y a Jesús Cejas Arias, desaparecidos en 1976.
Imagen: Bernardino Avila
Por Victoria Ginzberg
Página 12
El 11
de junio pasado, un grupo de chicos que cazaba cuises y ratones en un
predio ubicado frente al aeródromo de San Fernando reparó en un barril
de metal oxidado con capacidad para 200 litros. Estaba roto. Los chicos
vieron huesos y llamaron al 911. La policía descubrió luego otros dos
toneles similares que también tenían restos óseos. Después de
analizarlos, se estableció que uno de los cuerpos pertenece a Crescencio
Nicomedes Galañena Hernández, un diplomático cubano desaparecido el 9
de agosto de 1976.
El caso lo condujo el fiscal de San Isidro Luis Angelini, a cargo del área ejecutiva de investigaciones criminales de San Fernando. El funcionario judicial dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Según confirmaron a Página/12 fuentes judiciales, la pericia realizada por ese organismo –cuyos integrantes no quisieron ayer hacer declaraciones– indicó que el cuerpo era con el 99,99 por ciento de probabilidades del diplomático cubano. El expediente pasará ahora al juzgado de Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, donde fue visto por última vez Galañena Hernández. Será la Justicia Federal la encargada de certificar la identificación.
Galañena Hernández fue secuestrado junto a Jesús Cejas Arias el 9 de agosto de 1976, en el barrio de Belgrano. Acababan de salir de la embajada cubana, donde trabajaban. Cuatro días después, el 13 de agosto, La Opinión publicó que “la embajada cubana en Buenos Aires está trabajando en estrecho contacto con el gobierno argentino en la búsqueda de dos miembros de la representación, acerca de quienes se presume que habrían sido secuestrados. Los dos hombres, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, integrantes ambos del personal administrativo de la embajada cubana, no han sido vistos desde que salieron de la embajada el lunes”. El 17 de agosto, en el mismo diario, se informó que “La agencia de noticias Associated Press recibió ayer un sobre, por correo simple y con estampilla argentina, conteniendo las credenciales de los empleados administrativos de la embajada de Cuba, cuyo texto en letra manuscrita y despareja dice: ‘Nosotros (Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena) ambos cubanos nos dirigimos a usted para que por este medio comunicar que hemos desertado de la embajada para gozar de la libertad del mundo occidental’, la nota no lleva firma al pie ni ninguna otra aclaración. La Cancillería argentina certificó la autenticidad de la credenciales”. De esta forma la dictadura argentina montó un operativo para hacer creer que los dos hombres habían abandonado el régimen cubano y no tener que dar explicaciones por la desaparición de dos diplomáticos.
Pero Cejas Arias y Galañena Hernández estaban cautivos en Automotores Orletti, el centro clandestino que fue en Buenos Aires sede del Plan Cóndor, es decir, de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Según una investigación del periodista norteamericano John Dinges, el agente de la CIA Michael Townley y el cubano-estadounidense Guillermo Novo Sampoll habrían viajado a la Argentina para interrogar a Cejas Arias y Galañena Hernández. “Ellos cooperaron en la tortura y el asesinato de los dos diplomáticos cubanos”, habría declarado ante la jueza María Servini de Cubría el represor Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, la policía secreta pinochetista. Townley fue el autor del asesinato en 1976 en Washington de Orlado Letelier, canciller de Salvador Allende,
“El inmueble donde funcionó Automotores Orletti –describió el juez Rafecas cuando procesó a los represores que actuaron en ese centro clandestino– era uno más de una larga hilera de casas bajas, en una típica calle, de un típico barrio de la zona oeste capitalina, como era el de Flores (...) Orletti muestra a las claras que el terrorismo de Estado en la Argentina de 1976 pudo moverse con naturalidad también en espacios de normalidad –y no de excepción– que no debió enfatizar el secreto sino que actuó a la vista de quien quiera ver y escuchar; que se adaptó para funcionar en un espacio donde antes había un hogar y un taller, y que a su término, aquel hogar y aquel taller regresaron, se acondicionaron y hasta aprovecharon las mejoras efectuadas por los ocupantes anteriores.”
Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.
Por el secuestro y la desaparición de Galañena Hernández y Cejas Arias ya fueron condenados en Argentina el general retirado Rodolfo Cabanillas, quien se desempeñó como jefe de la División de la SIDE “Operaciones Tácticas 18” (que correspondía a Orletti) y los represores Raúl Guglielminetti, Eduardo Alfredo Ruffo y Honorio Carlos Martínez Ruiz.
No es la primera vez que se encuentran víctimas que pasaron por Orletti, en barriles. En 1976 fueron hallados siete recipientes de este mismo tipo en el canal de San Fernando que contenían cadáveres y cemento. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de San Fernando y pudieron ser identificados tiempo después. En 1989 se supo que uno de ellos era Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.
Los tres tambores encontrados en junio, hace menos de dos meses, también se hallaron en un predio de San Fernando, en donde se estaban realizando trabajos de movimiento de tierra para, aparentemente, construir viviendas y donde antes había una tosquera. Estaban numerados y rellenos de concreto. Allí se mantuvieron los restos de Galañena Hernández hasta que el grupo de niños que cazaba vio los huesos. El fiscal Luis Angelini ordenó que la Superintendencia de la Policía Científica realice una búsqueda intensiva para determinar si hay más barriles en el predio y también que se analicen los encontrados con el fin de determinar si estuvieron en ese sitio durante 36 años o fueron recientemente depositados allí.
Rafecas había señalado en su resolución, al hacer alusión a los barriles hallados en 1976: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”.
El caso lo condujo el fiscal de San Isidro Luis Angelini, a cargo del área ejecutiva de investigaciones criminales de San Fernando. El funcionario judicial dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Según confirmaron a Página/12 fuentes judiciales, la pericia realizada por ese organismo –cuyos integrantes no quisieron ayer hacer declaraciones– indicó que el cuerpo era con el 99,99 por ciento de probabilidades del diplomático cubano. El expediente pasará ahora al juzgado de Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, donde fue visto por última vez Galañena Hernández. Será la Justicia Federal la encargada de certificar la identificación.
Galañena Hernández fue secuestrado junto a Jesús Cejas Arias el 9 de agosto de 1976, en el barrio de Belgrano. Acababan de salir de la embajada cubana, donde trabajaban. Cuatro días después, el 13 de agosto, La Opinión publicó que “la embajada cubana en Buenos Aires está trabajando en estrecho contacto con el gobierno argentino en la búsqueda de dos miembros de la representación, acerca de quienes se presume que habrían sido secuestrados. Los dos hombres, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, integrantes ambos del personal administrativo de la embajada cubana, no han sido vistos desde que salieron de la embajada el lunes”. El 17 de agosto, en el mismo diario, se informó que “La agencia de noticias Associated Press recibió ayer un sobre, por correo simple y con estampilla argentina, conteniendo las credenciales de los empleados administrativos de la embajada de Cuba, cuyo texto en letra manuscrita y despareja dice: ‘Nosotros (Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena) ambos cubanos nos dirigimos a usted para que por este medio comunicar que hemos desertado de la embajada para gozar de la libertad del mundo occidental’, la nota no lleva firma al pie ni ninguna otra aclaración. La Cancillería argentina certificó la autenticidad de la credenciales”. De esta forma la dictadura argentina montó un operativo para hacer creer que los dos hombres habían abandonado el régimen cubano y no tener que dar explicaciones por la desaparición de dos diplomáticos.
Pero Cejas Arias y Galañena Hernández estaban cautivos en Automotores Orletti, el centro clandestino que fue en Buenos Aires sede del Plan Cóndor, es decir, de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Según una investigación del periodista norteamericano John Dinges, el agente de la CIA Michael Townley y el cubano-estadounidense Guillermo Novo Sampoll habrían viajado a la Argentina para interrogar a Cejas Arias y Galañena Hernández. “Ellos cooperaron en la tortura y el asesinato de los dos diplomáticos cubanos”, habría declarado ante la jueza María Servini de Cubría el represor Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, la policía secreta pinochetista. Townley fue el autor del asesinato en 1976 en Washington de Orlado Letelier, canciller de Salvador Allende,
“El inmueble donde funcionó Automotores Orletti –describió el juez Rafecas cuando procesó a los represores que actuaron en ese centro clandestino– era uno más de una larga hilera de casas bajas, en una típica calle, de un típico barrio de la zona oeste capitalina, como era el de Flores (...) Orletti muestra a las claras que el terrorismo de Estado en la Argentina de 1976 pudo moverse con naturalidad también en espacios de normalidad –y no de excepción– que no debió enfatizar el secreto sino que actuó a la vista de quien quiera ver y escuchar; que se adaptó para funcionar en un espacio donde antes había un hogar y un taller, y que a su término, aquel hogar y aquel taller regresaron, se acondicionaron y hasta aprovecharon las mejoras efectuadas por los ocupantes anteriores.”
Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.
Por el secuestro y la desaparición de Galañena Hernández y Cejas Arias ya fueron condenados en Argentina el general retirado Rodolfo Cabanillas, quien se desempeñó como jefe de la División de la SIDE “Operaciones Tácticas 18” (que correspondía a Orletti) y los represores Raúl Guglielminetti, Eduardo Alfredo Ruffo y Honorio Carlos Martínez Ruiz.
No es la primera vez que se encuentran víctimas que pasaron por Orletti, en barriles. En 1976 fueron hallados siete recipientes de este mismo tipo en el canal de San Fernando que contenían cadáveres y cemento. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de San Fernando y pudieron ser identificados tiempo después. En 1989 se supo que uno de ellos era Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.
Los tres tambores encontrados en junio, hace menos de dos meses, también se hallaron en un predio de San Fernando, en donde se estaban realizando trabajos de movimiento de tierra para, aparentemente, construir viviendas y donde antes había una tosquera. Estaban numerados y rellenos de concreto. Allí se mantuvieron los restos de Galañena Hernández hasta que el grupo de niños que cazaba vio los huesos. El fiscal Luis Angelini ordenó que la Superintendencia de la Policía Científica realice una búsqueda intensiva para determinar si hay más barriles en el predio y también que se analicen los encontrados con el fin de determinar si estuvieron en ese sitio durante 36 años o fueron recientemente depositados allí.
Rafecas había señalado en su resolución, al hacer alusión a los barriles hallados en 1976: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”.
La batalla de Cuba contra el Plan Cóndor
Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y Jesus Cejas Arias dos cubanos desaparecidos
En las profundidades de la desembocadura del Tigre, uno de los afluentes del río de la Plata, siguen sumergidos cientos de bloques de cemento con restos de osamentas humanas...
La batalla de Cuba contra el Plan Cóndor
Las secretas gestiones por encontrar y repatriar a dos cubanos asesinados en Argentina
Luis Narváez
La Nación (Chile)
Dos diplomáticos cubanos fueron secuestrados y hechos desaparecer por un organismo represivo argentino, en Buenos Aires. Pero hoy se sabe que organizaciones anticastristas acudieron a las policías políticas de Chile y Argentina para cometer crímenes. Y son las mismas organizaciones que colaboraron en el atentado contra Orlando Letelier.
El 20 de septiembre de 1976 culminó una de las operaciones terroristas más insolentes que recuerde la historia de EEUU, sólo superada por el atentado a las Torres Gemelas de 2001. Ese día, una bomba activada por control remoto hizo estallar el vehículo que trasladaba al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronney Moffit. Ambos murieron despedazados y envueltos en llamas.
Las secretas gestiones por encontrar y repatriar a dos cubanos asesinados en Argentina
Luis Narváez
La Nación (Chile)
Dos diplomáticos cubanos fueron secuestrados y hechos desaparecer por un organismo represivo argentino, en Buenos Aires. Pero hoy se sabe que organizaciones anticastristas acudieron a las policías políticas de Chile y Argentina para cometer crímenes. Y son las mismas organizaciones que colaboraron en el atentado contra Orlando Letelier.
El 20 de septiembre de 1976 culminó una de las operaciones terroristas más insolentes que recuerde la historia de EEUU, sólo superada por el atentado a las Torres Gemelas de 2001. Ese día, una bomba activada por control remoto hizo estallar el vehículo que trasladaba al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronney Moffit. Ambos murieron despedazados y envueltos en llamas.
El atentado, en el corazón de
un barrio que alberga varias embajadas en Washington D.C., fue
planificado por la DINA. Pero los hombres de los servicios de seguridad
de Pinochet no estuvieron solos. Desde la dirección del organismo
represivo, Manuel Contreras transmitió a su segundo hombre, Pedro
Espinoza, el encargo para que el agente estadounidense, Michael Townley,
organizara y ejecutara el ataque. El agente encontró el apoyo decidido
del Movimiento Nacionalista Cubano, un grupo de anticastristas radicados
en Miami y dispuestos a todo. Fue así como se orquestó y terminó la
sangrienta misión.
Pero hoy se sabe que la colaboración de la DINA
con la organización terrorista cubana fue mucho más íntima y también
comprometió a todos los organismos de seguridad de las dictaduras
sudamericanas (Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil)
que conformaron el Plan Cóndor, una concertación para eliminar a todos
los grupos opositores a los regímenes que en ese entonces asolaban el
cono sur.
Y estos organismos también estuvieron encima de quienes
eran sospechosos de colaborar desde otros países. Fue así como la vida
de los funcionarios de la Embajada de Cuba en Argentina, Crescencio
Nicomedes Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, fue también tomada por
el Plan Cóndor y -recién hoy se está conociendo- sirvió como prueba de
confianza para que los nacionalistas cubanos colaboraran decididamente
con la DINA, al punto de que fueron ellos quienes apretaron el botón del
dispositivo electrónico que hizo estallar el auto del ex canciller
Letelier, en las cercanías del Sheridan Circle, la plaza del barrio
diplomático de la capital de EEUU.
Fuentes allegadas al gobierno
cubano, consultadas por LND, reconocen que la situación de Galañena y
Cejas se mantuvo en silencio durante 30 años, pese a existir testimonio
sobre la suerte que corrieron y, además, por estar reconocidos como
víctimas de la represión. No fue fácil para Cuba reconocer que estos
funcionarios eran agentes de inteligencia y el canal de mayor confianza
de Fidel Castro con la Junta Coordinadora Revolucionaria.
El SIDE y la CORU
El SIDE y la CORU
Eran años en que todo tenía siglas. También una época en que o eras
amigo de Estados Unidos o enemigo. En un contexto de represión máxima
contra partidos y movimientos políticos de izquierda, las organizaciones
de resistencia armada sudamericanas intentaban conectarse para
colaborar mutuamente en la lucha por la recuperación de la democracia.
Fue así como la Junta Coordinadora Revolucionaria se levantó como el
único ente que aparecía como alternativa para oponerse a las dictaduras.
La organización estaba compuesta por el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) en Chile (había otro grupo del mismo nombre en
Uruguay); el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en Argentina; el
Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros, en Uruguay, y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN), de Bolivia.
En Buenos Aires, los movimientos militaristas que se levantaron contra la viuda de Perón, Isabelita, se tomaron el poder tras la renuncia de la mujer. Fue la llegada de Rafael Videla y el inicio de la llamada "guerra sucia". Las detenciones ilegales, secuestros violaciones de mujeres y salvajes torturas permitieron obtener los primeros datos de la entidad izquierdista. Pero hubo otro actor que sería decisivo: la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU). Según un informe desclasificado del FBI de 1978, la CORU era "una organización terrorista anticastrista que aglutina a cinco grupos anticastristas, que se unieron en la República Dominicana el 11 de junio de 1976, bajo la dirección del doctor Orlando Bosch" (ver recuadro).
Las oleadas de detenciones no demoraron y fue así como, en julio de 1976, por ejemplo, fue detenido (posteriormente enviado a Chile y hecho desaparecer) en Buenos Aires Patricio Biedma Schadewaldt, de nacionalidad argentina, un reconocido líder del MIR y el último nexo que tuvo este movimiento con la Junta Coordinadora Revolucionaria.
Un mes después, un comando del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino, con apoyo de la CORU, implementa un dispositivo para cazar a quienes actuaban como nexo entre los movimientos izquierdistas sudamericanos y Cuba.
Los seguimientos y escuchas telefónicas apuntaban a un joven funcionario consular y su chofer. El 9 de agosto de 1976, a las 17 horas, en una calle que bordeaba el parque de Barrancas de Belgrano y cuando se desplazaban a pie para tomar un colectivo, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández (26 años) y Jesús Cejas Arias (22) fueron interceptados por hombres de civil fuertemente armados, que se desplazaban en vehículos Ford Falcon y una ambulancia, tras lo cual fueron llevados a un centro de detención de la Superintendencia de Seguridad Federal.
Orden de Santiago
El 22 de diciembre de 1999, la jueza argentina María Servini de Cubría llegó hasta el penal de Punta Peuco, al norte de Santiago, en compañía del juez chileno Joaquín Billard. La magistrada había sido quien investigó y condenó en ese país (Argentina) a los responsables del doble asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cutberth, y una de sus misiones en nuestro país era interrogar a Manuel Contreras, entonces preso en dicha cárcel.
Dentro de su largo testimonio, el "Mamo" Contreras declaró que Michael Townley había viajado a Argentina, junto al terrorista cubano Guillermo Novo Sampoll, para interrogar a dos diplomáticos de esa misma nacionalidad que habían sido detenidos en ese país. ¿Cuál era el objetivo de esa misión? ¿Cuál era el interés para la DINA?
Textualmente, el ahora condenado Contreras declar: "Quiero dejar constancia de una actuación realizada en el mes de agosto de 1976 por Michael Townley en conjunto con el jefe del Movimiento Nacionalista Cubano, Guillermo Novo, que llegó a Chile y junto a Townley viajaron a la Argentina el 11 de agosto de 1976, y en dicho país cooperaron a la tortura y asesinato de dos diplomáticos cubanos (...). Townley volvió el día 12 de agosto de 1976 junto a Guillermo Novo y los dos cubanos fueron encontrados con los pies encementados en la desembocadura del río Luján en Buenos Aires".
La abogada Fabiola Letelier, hermana del asesinado ex canciller, dijo a este medio que "la colaboración entre los cubanos nacionalistas y la dictadura se produce desde el momento mismo del golpe, porque los cubanos, que eran anticastristas, lo que querían era tener un acuerdo con la junta militar para tener refugio en Chile. Paz, Suárez, Bosch y los hermanos Novo Sampoll vinieron a Chile invitados por la DINA. La relación de estos cubanos con la DINA era estrecha y eso está probado en el juicio".
Los periodistas Saul Landau y John Dinges, en su libro "Asesinato en Washington", publicado en 1981, dan cuenta de la detención de los cubanos en Argentina y sostienen que Townley, especialista de la DINA en asuntos cubanos, habría llegado a Buenos Aires en el momento culminante de los interrogatorios del SIDE y torturó a los cubanos utilizando sus conocimientos comunes con los argentinos, ganando para la DINA nuevas informaciones acerca de las operaciones de los cubanos.
Los investigadores apuntaron el especial interés en la misión, tanto para la DINA como para el mismo agente estadounidense, debido a que en esos días su pareja, la escritora chilena Mariana Callejas, había sido sometida a una cirugía y era sabido el apego que Townley tenía hacia ella. Pese a todo, coinciden en que el 11 de agosto voló a Buenas Aires, regresando 24 horas más tarde.
Un mes y medio después, con la ayuda de cubanos miembros de la CORU, Townley concretaba el crimen de Orlando Letelier en la capital de Estados Unidos.
Desde ese momento, e incluso hasta hoy, los anticastristas han reivindicado para sí el secuestro de Galañena y Cejas, llegando incluso a confirmar que tuvieron participación directa en el hecho y que contaron con la colaboración de los agentes del SIDE argentino.
Orlando Bosch, líder de la CORU, declaró posteriormente que "nuestros aliados se hubieron de comprometer y así lo realizaron, en el secuestro de dos miembros de la embajada cubana en Buenos Aires y que no han aparecido más".
En el libro "Cuba en guerra", del periodista (anticastrista) Enrique Encinosa, se destaca que "la operación más audaz fue el secuestro y la ejecución, el 9 de agosto de 1976, de Jesús Arias Cejas y Crescencio Galamena, dos diplomáticos castristas radicados en Buenos Aires" (sic).
La evidencia sobre el conocimiento y colaboración de cubanos anticastristas con organismos que integraban el Plan Cóndor parece ser evidente y es lo que hoy concita el interés del gobierno cubano, empeñado en que las autoridades argentinas logren determinar el paradero de los agentes diplomáticos cubanos. Sin embargo, los contactos con el ejecutivo trasandino han sido más bien informales, ya que en rigor los encargados de buscar los antecedentes actúan bajo la denominación de "investigación humanitaria privada", la que cuenta con el apoyo del gobierno de Cuba.
Sobre la actual condición de los cubanos involucrados en el secuestro, Mario Galañena, hermano mayor de Crescencio, dijo al periódico digital cubano "Escambray": "Eso es un dolor que no se quita, que no puede quitarse, es una cosa grabada en el corazón de uno. Cada vez que tú despiertas, lo que haces es acordarte del peligro que esa gente representa para la humanidad. Los terroristas no pueden estar sueltos".
Fabiola Letelier insiste en que "había un acuerdo, un contacto permanente de los anticastristas y la junta militar chilena. Todo eso y lo que fue la Operación Cóndor se descubrió por documentos que aparecieron, en este caso, acerca de una reunión coordinadora del crimen en Chile".
Mientras, en las profundidades de la desembocadura del Tigre, uno de los afluentes del río de la Plata, siguen sumergidos cientos de bloques de cemento con restos de osamentas humanas, así como tambores metálicos con cuerpos en su interior y que fueron rellenados con concreto para que se mantuvieran bajo las aguas. Los organismos forenses vinculados al trabajo de exhumación e identificación de víctimas de la "guerra sucia" trabajan lentamente.
En Pinar del Río, provincia de donde provienen los cubanos, las familias de Galañena y Cejas aún esperan, como muchas en los países donde existe esta realidad, poder saber con certeza lo ocurrido. Lo mismo que espera Fidel Castro.//LND
El terrorismo anticastrista
Orlando Bosch y Luis Posada Carriles son los principales líderes de la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), fundada en 1976, en Santo Domingo, República Dominicana.
Su acto más sangriento fue el del 6 de octubre de 1976. Ese día una bomba hizo estallar un vuelo de Cubana de Aviación que transportaba a la selección nacional juvenil de esgrima de Cuba, que regresaba desde Venezuela (fueron dos bombas las que estallaron en el vuelo CU-455, muriendo asesinados sus 73 pasajeros).
Tras las investigaciones realizadas se estableció que los autores materiales del atentado fueron Posada Carriles y Bosch. Ambos fueron encarcelados en Venezuela. Pero el primero logró fugarse, en 1985, y el segundo obtuvo su libertad en 1988.
Ambos se refugiaron en Miami, EEUU, y pese a que desde la década de 1976 se sumaron los hechos de violencia en los que estaban involucrados, entre éstos el crimen de Letelier y Moffitt, en 1990 obtuvieron el indulto por parte de George Bush padre, quien en 1976 era director de la CIA.
Actualmente Posada Carriles está sometido a un juicio, pero no por estos hechos sino por delitos de inmigración.
Cindy Sheehan envía mensaje a Obama para liberación de los Cinco
2 Agosto 2012
Cubadebate
La pacifista estadounidense Cindy Sheehan
envió un mensaje al presidente Barack Obama en el cual exige la total
liberación de cinco cubanos antiterroristas condenados en Estados Unidos
hace 11 años.
De esa manera la activista social norteamericana se unió a la campaña
internacional en solidaridad con los conocidos como los Cinco Héroes,
apresados en Florida en 1998 por monitorear e impedir acciones de grupos
terroristas contra Cuba.
Sheehan es una pacifista de reconocido prestigio mundial cuyo hijo
Casey Sheehan, soldado del Ejército de Estados Unidos, murió en el 2004
en la guerra del Pentágono contra Irak, recordó el Comité Internacional
por la Libertad de los Cinco Cubanos.
Me dirijo a usted sobre el caso de los Cinco Cubanos. Los Cinco son
antiterroristas de Cuba que vinieron a Estados Unidos para supervisar
las actividades de los terroristas reales, explica Sheehan en su misiva
para Obama.
Apelo a usted por la libertad de los Cinco basada en el hecho de que
usted ha dicho y mostrado al mundo, que Estados Unidos puede actuar de
forma preventiva para proteger nuestra seguridad, agrega el texto.
“Me gustaría creer que usted extendería al pueblo y al gobierno
cubano el mismo derecho de proteger a sus ciudadanos contra los actos de
terrorismo”, subraya.
Su régimen ha violado vigorosamente la soberanía de varios países en
la búsqueda de supuestamente mantener a América segura. El Gobierno
cubano y los Cinco héroes hicieron mucho menos, apunta la también
escritora.
Sheehan recordó a Obama que Estados Unidos ha entrenado y albergado
terroristas reales como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, mientras
que el sistema de injusticia de este país ha condenado a los Cinco
cubanos en una parodia de la justicia a condenas inhumanas, acentuó.
Organizaciones sociales de solidaridad con Cuba radicadas en Miami,
Florida, calificaron como un rotundo éxito la II Conferencia de 2012
para exigir la libertad de los cinco antiterroristas cubanos condenados
injustamente en Estados Unidos.
Más de 80 personas se reunieron a mediados de julio en el Hotel
Embassy Suites, de Miami, para demostrar su compromiso con las nobles
causas de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y René González, grupo conocido internacionalmente como los
Cinco Héroes.
Los oradores fueron Max Lesnik, director de Radio Miami y dirigente
de la Alianza Martiana, y Andrés Gómez, coordinador de la Brigada
Antonio Maceo y director de la revista Areitodigital, indicaron los
grupos solidarios en un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina.
En un juicio amañado en la ciudad de Miami, los Cinco Héroes fueron
sentenciados a largas condenas de cárcel, que incluyeron cadenas
perpetuas y sentencias de 19 y 15 años.
Personalidades internacionales, asociaciones civiles y representantes
gubernamentales los han defendido y recuerdan que solo controlaban la
actividad de grupos extremistas tratando de anticiparse a sus acciones y
reuniendo pruebas sobre posibles ataques contra Cuba.
(Tomado de Prensa Latina)
Movimientos sociales de toda España pretenden ocupar el Congreso el 25 de septiembre
Posted by edit on 15 julio, 2012 primavera valenciana
El
25S se llegará al Congreso de forma masiva desde todas partes de
España, con el fin de rodearlo y permanecer allí de forma indefinida,
con la ambición de disolver las cortes y abrir un proceso constituyente
para la redacción de una nueva constitución, dicen “de un estado
democrático”.
El movimiento es de momento completamente
anónimo, y en las redes difunden: “Esta puede ser la próxima y
definitiva movilización ciudadana a partir de la cual se inicie el
proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se
sienten las bases para una verdadera democracia”.
En esos términos
tan ambiciosos se están difundiendo las primeras convocatorias de esta
nueva propuesta, que irá creciendo a lo largo del verano, contando con
numerosas fuerzas sociales, desde movimientos, funcionarios,
trabajadores, desempleados, o incluso desde dentro del Congreso, de las
fuerzas de izquierda, quienes se irán pronunciando estos días, o los
propios funcionarios internos, que ya se manifestaron recientemente
El movimiento ya ha sido bautizado como “La Marea Destituyente” o “Movimiento de Autodefensa Popular”.
A continuación, reproducimos el manifiesto.
Nosotras,
persona comunes hartas de sufrir las consecuencias de una crisis que no
hemos creado, nos unimos para redactar este manifiesto e invitamos a
toda la ciudanìa del Estado a unirse a las reivindicaciones que
reclamamos en él. Consideramos que la situación ha traspasado todos los
límites tolerables y que somos víctimas de un ataque sin precedentes
que, utilizando la crisis como pretexto, está arruinando nuestras vidas,
y cuyos culpables son quienes se han configurado como una oligarquía
intocable, con la complicidad de todas las fuerzas políticas
representadas en el parlamento, manipulando todos los poderes del Estado
para mantener sus privilegios y enriquecimiento desmedido e ilícito. Ya
no hay manera de ocultar que vivimos un gigantesco fraude social, con
gobiernos que sistemáticamente nos mienten, haciendo exactamente lo
contrario a sus compromisos electorales, y que no hay justicia alguna en
los tribunales para los banqueros, políticos y empresarios culpables de
la situación. Sólo vemos cómo esta casta implanta políticas que
destruyen nuestros derechos y vidas, y cómo somos víctimas de una
represión injustificable cuando demandamos un cambio en la situación.
Creemos que el problema es de tal envergadura que su solución ya no pasa
por los habituales mecanismos del sistema político, establecidos por
esa casta para hacer de nosotras, las personas, lo que les parece, por
lo que, en consecuencia exigimos:
La dimisión del gobierno en
pleno, por engañar al país de modo inconcebible y llevarnos al desastre,
así como la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de
elecciones generales
Que esas elecciones generales sean para
convocar una Asamblea constituyente, a fin de redactar una nueva
Constitución, con la participación de todas las fuerzas políticas del
país, pues no reconocemos validez alguna a la actual Constitución,
redactada por una camarilla a espaldas del pueblo, y que consagró la
dominación de los herederos del franquismo y quienes pactaron con ellos.
Ha de ser el pueblo quién determine el modelo de Estado en el que
quiere vivir, cosa que no sucede con el actual, que nos fue dado por esa
camarilla y que responde exclusivamente a sus intereses.
Una
auditoría de la deuda pública de España, con una moratoria del pago de
la deuda hasta haber delimitado claramente las partidas que no han de
ser pagadas por la nación, pues han servido a intereses privados que
utilizaron al país para sus propios fines y no los del conjunto de la
ciudadanìa española. Igualmente, exigimos el procesamiento de todas
aquellas personas que se demuestren sospechosos de tales maniobras, y
que respondan con sus bienes en caso de resultar condenados.
La
reforma de la ley electoral, a fin de represente verdaderamente la
voluntad del pueblo soberano, cosa que no sucede de ninguna manera con
la actual.
La derogación inmediata de todas las reformas llevadas a
cabo por el Partido Popular, pues no sólo son un desastre para el país,
sino que han sido impuestas a traición de la voluntad democrática del
pueblo.
Una reforma fiscal justa, que haga pagar más a quienes más
tienen. Igualmente, exigimos la derogación de la amnistía fiscal
decretada por el gobierno, cuya injusticia es una verdadera burla a los
contribuyentes honrados
La abolición de todos los privilegios de
quienes ejercen responsabilidades políticas, y la implantación de
mecanismos de control férreo del desempeño de sus funciones.
La
paralización inmediata de todos los desahucios, y la puesta en alquiler a
precios baratos de las viviendas en propiedad de los bancos y cajas que
ha sido ayudados con fondos públicos
El reparto del trabajo
existente entre todas, pues es una enorme falacia que haya que trabajar
más, falacia sustentada en la avaricia de los grandes intereses y
contraria a los de la gente común.
Por todo lo expuesto convocamos
a la ciudadanía el día 25 de Septiembre de 2012 a manifestarse de forma
indefinida en las puertas del Congreso hasta conseguir la dimisión del
Gobierno y la apertura de un Proceso Constituyente, haciendo de éste, el
llamamiento de unión de todas las luchas por una Sociedad más justa.
España | Rubén G. Herrera – Tercera Información | 15-07-2012 |
España:
25S “Ocupa el Congreso”, la mesa está servida
Javier Parra
Las alarmas han saltado tras la convocatoria el próximo 25 de
Septiembre de la iniciativa “Ocupa el Congreso”, un llamamiento a la
ciudadanía a rodear el Congreso de manera pacífica y no abandonarlo
hasta la dimisión del gobierno, el inicio de un proceso “destituyente”
para dar paso a un Proceso Constituyente.
La confusión ocasionada por la ausencia de siglas y de convocantes
claros está siendo importante, mucho más cuando esa confusión es
promovida por elementos cercanos a la cúpula del PSOE, acusando a la
convocatoria de estar promovida por la extrema derecha, cuando la
realidad es que está partiendo desde los más diversos foros que están
debatiendo la cuestión “constituyente” de manera abierta. Basta con una
simple búsqueda en internet para comprobarlo.
Podríamos decir que la convocatoria del 25 de Septiembre es una
convocatoria similiar a la del 15M del año 2011, aunque con un objetivo
más definido: destituir al poder establecido. Nadie está hablando de
golpes de estado, violencia, etc… aunque sí del empoderamiento pacífico
del pueblo frente al poder constituido.
¿Hay elementos de extrema derecha que están participando la
convocatoria? Es posible. Aunque también los hay de extrema izquierda. Y
de centro, y de esos que llaman “apolitizados”, y anarquistas,
comunistas, socialistas, republicanos. Posiblemente hasta
“trevijanistas”. Al igual que los había en mayo de 2011 en la Puerta del
Sol.
Se puede cerrar los ojos ante la convocatoria, pero eso sólo se
traduciría en ceder un espacio vital a esos posibles elementos
“derechistas”. Otra opción sería participar en la convocatoria y en lo
que de ella se desprenda, aprovechando además las convocatorias obreras
previstas para mediados de septiembre. La realidad es que sólo será útil
el 25S si es ahí donde mayoritariamente la clase obrera destituye –
formal o simbólicamente – a “la casta” gobernante y se constituye como
poder del pueblo- también formal o simbólicamente -, dando al proceso
constituyente un caracter “de clase”.
La mesa está servida y todo el mundo está invitado a sentarse. La
cita será el próximo 25 de Septiembre. Toca elegir: tomar la iniciativa o
recibir el primer (y quizá definitivo) golpe.
Chile: Lo libertario en el escenario político nacional
Los días 18 y 19 de mayo se realizó en la ciudad de Valparaíso el VI Congreso Nacional del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL) “Libertad a Pedro Quezada”, que culminó con una masiva marcha en las calles de la Avenida Pedro Montt con ocasión del mensaje presidencial del 21 de Mayo.
La importante presencia de militantes del FEL
da cuenta del crecimiento de esta organización, nacida hace nueve años
en ese mismo puerto, a partir de la confluencia de compañeros y
compañeras de distintas ciudades del país, que vieron la necesidad de
organizarse más allá de sus espacios locales, en un proyecto con
perspectiva nacional que sirviera como un espacio de reflexión
militante, con el objetivo de generar una posición política que diera
respuestas a los diversos escenarios de la política universitaria y
nacional.
Bastante agua ha pasado bajo el puente
desde esos días, lo que se demuestra no sólo en la masividad de la
presencia del FEL en la referida marcha o en la nutrida militancia con
la que cuenta desde Arica a Valdivia,
sino por sobre todo en que los emblemas libertarios se vislumbran no
sólo en las universidades, institutos profesionales o liceos del país,
sino que en afiches, murales, lienzos de organizaciones sindicales o en
los emblemas de agrupaciones culturales.
La experiencia política que ha logrado
acumular el FEL desde esos años ha logrado transformase en un
robustecimiento orgánico, que es apreciable en la nutrida militancia con
la que cuenta la organización, desplegándose orgánicamente desde Arica a
Valdivia. Por otro lado, a nivel de consignas, el discurso libertario
ha logrado ganar espacios dentro del campo popular. A través de una
novedosa estética, lo libertario se ha logrado visibilizar en diversas
huelgas sindicales, movilizaciones estudiantiles, agrupaciones barriales
y masivos grupos muralistas a lo largo de todo el país. Desde la
plataforma universitaria, el FEL ha logrado irradiar a diversos
referentes populares el ideario libertario, transformándose este en un
aporte relevante y dinámico para la izquierda involucrada en la lucha
por la educación pública.
Podríamos afirmar que uno de los logros
más relevantes del FEL es rescatar y reposicionar dentro del debate de
la izquierda, importantes bases políticas y orgánicas que habían estado
invisibilizadas por la hegemonía liberal al interior de la política
chilena. Conceptos como la importancia orgánica de las bases a la hora
de tomar decisiones y controlar las dirigencias en las organizaciones
sociales, la independencia de clase a la hora de definir objetivos
políticos o la acción directa como método válido para alcanzar
reivindicaciones sociales, son actualmente parte de la praxis cotidiana
de diversas organizaciones políticas y sociales a lo largo de todo el
territorio nacional. En otras palabras, lo libertario logró superar el
escenario contracultural para posicionarse como una alternativa política
real y masiva.
En el caso particular del Frente de
Estudiantes Libertarios, podemos apreciar su maduración tanto en su
crecimiento cuantitativo, siendo una de las orgánicas estudiantiles de
izquierda que más ha crecido en los últimos años; como en el sentido
cualitativo, en tanto existe una mayor claridad proyectual, estratégica,
táctica y reivindicativa, que ha logrado tener resonancia en las
movedizas coyunturas políticas por las que atraviesa actualmente el
movimiento popular. Un ejemplo claro de esto, es el trabajo que se ha
estado realizando en torno a la construcción de un Proyecto Público de
Educación, el cual ha ido tomando cuerpo en todos los lugares en donde
nuestra organización tiene presencia.
En relación al trabajo político y social
del FEL, podemos apreciar que la inserción misma de los estudiantes
libertarios se ha ido diversificando con el paso de los años. De ser una
organización con implantación exclusiva, o al menos mayoritaria, en los
sectores universitarios tradicionales, se ha ido pasando paulatinamente
a una presencia diversificada en todos los ámbitos de la educación
chilena, desde colegios y liceos a universidades privadas, institutos
profesionales, y la educación técnica en general.
Pero lo libertario, si bien actualmente
se ve con mucha más fuerza en el ámbito estudiantil, también ha ido
permeando a otros sectores sociales: No es casualidad que dentro del
lento renacer de un sindicalismo anti-burocrático, sean las prácticas
libertarias las que estén socavando de a poco el control que los
dirigentes clásicos mantienen sobre las organizaciones de trabajadores.
Casos emblemáticos de esto son sindicatos como el Sintec y la Unión Portuaria del Bío-Bío.
Con todo, lo más prometedor no es sólo
el repunte de lo libertario en cada sector particular, sino que las
potencialidades que esto posee para el rearme político que en su
conjunto va experimentando el campo popular en los últimos años. En
palabras simples, esto tiene que ver con las alternativas de ir forjando
la unidad de distintos sectores sociales, que identifican, luchan y se
movilizan por sus intereses, mientras van creando desde sus discusiones y
espacios un programa de lucha que permita la convergencia política del
movimiento popular.
Y aquí cobran importancia elementos como
las ayudas y contactos entre estudiantes y sindicatos en huelga, los
sectores educacionales técnicos y sus perspectivas de lucha tanto
estudiantil como sindical, la reivindicación de la educación como un
derecho social, y por ende transversal. En este sentido, los movimientos
sociales que logren posicionarse buscando la unidad, se irán
convirtiendo, en tanto conductores del conflicto social, en objetivos
relevantes para el repunte represivo del Gobierno y del bloque en el poder en general.
Ejemplos de esto tenemos varios. Los casos de Pedro Quezada en la V Región,
así como las advertencias hechas desde las páginas de “El Mercurio” por
parte de la Ministra del Trabajo, a la Unión Portuaria, por su
situación de combatividad, con respecto a otras organizaciones
sindicales, son para tener en cuenta. En este sentido, la llamada “Ley Hinzpeter” no es más que la respuesta represiva al crecimiento del movimiento popular.
Para finalizar, cabe decir que este
“despertar” del movimiento popular aún no alcanza para lograr posicionar
un proyecto popular y anticapitalista de sociedad que permita golpear
con fuerza el actual modelo neoliberal. Es necesario seguir avanzando en
la maduración orgánica y política de “los que luchan”, y será en este
proceso en donde el FEL y los libertarios seguirán aportando al
robustecimiento de una alternativa real y posible de transformación
social.
¡Arriba los que luchan!
Por Felipe Ramírez
Secretario General de la Fech. Militante del Frente de Estudiantes Libertarios.
El Ciudadano Nº126
Chile: Pueblo Mapuche endurece sus acciones y reclama abusos en contra de su niñez
FOTO: Pablo Ruiz
En el centro de las críticas se
encuentra la llamada Cumbre de Seguridad -para abordar la problemática
que tiene en Estado con el pueblo Mapuche-, que se organizó la semana
que termina en el Palacio de La Moneda. El Gobierno ha hecho un énfasis
que excluye la mirada de las comunidades.
La postura de La Moneda ha sido
fortalecer el envío de tropas y el endurecimiento de las medidas
represivas en la zona de La Araucanía, en busca de proteger a los
predios de las tomas que organizan los mapuche en protesta para
recuperar las tierras que históricamente les fueron arrebatadas por el
Estado chileno, sin avanzar en alternativas que permitan llegar a un
entendimiento.
Diversos organismos de protección de los
derechos humanos, así como representantes estudiantiles, han
manifestado que ya es hora de finalizar con la represión de que ha sido y
sigue siendo objeto el pueblo Mapuche.
Eloísa González, vocera de la Aces
(Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), declaró a Radio
Universidad de Chile que desde su sector conocen lo que es la violencia
por parte del Estado “ya sea por medio de la persecución política o la
violencia policial” y agregó que consideran que se ha notado de manera
especial en la violencia que se ha ejercido en contra del pueblo
Mapuche.
En el mismo sentido, Carlos Muñoz Reyes,
vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ), planteó que la
llamada Cumbre de Seguridad sigue en el camino de lo que otros
organismos han denunciado en múltiples espacios, que es el de la
criminalización de la protesta social, y en este caso enfatiza en
perseguir a quienes hacen legítimas reivindicaciones de territorio que
hace el pueblo Mapuche.
El vocero de la ROIJ manifestó que la
principal preocupación es que se ha agredido a menores de edad que
resultan heridos por perdigones que ha disparado la policía uniformada y
le dijo a Radio Universidad de Chile que “el Estado está demostrando un
total desconocimiento del rol de garante de Derechos de los niños y
niñas”, lo cual es un mandato de las mismas Naciones Unidas, protocolo
que fue adherido por Chile desde 1990.
Desde la Comisión Ética Contra la
Tortura (CECT), su presidenta Juana Aguilera, expresó que hay un
permanente incumplimiento de este país a una serie de acuerdos y que
impiden el desarrollo humano.
Aguilera explicitó que “Chile tiene
compromisos internacionales con una serie de convenios y convenciones,
especialmente la Convención Contra la Tortura, la Convención con los
Derechos de la Infancia, los Derechos de los Pueblos Originarios. No
puede ser que actúe de esta manera. El concierto internacional nos está
mirando, no puede ser que entremos al desarrollo si tenemos este tipo de
política salvajista”, dijo la activista.
Desde el viernes se vienen realizando
nuevas marchas y manifestaciones, que se han visto en Ahumanda con
Alameda, en Maipú, y en la Plaza de la Constitución (detrás del palacio
de La Moneda), del mismo modo se han realizado nuevas protestas por la
liberación de los presos políticos mapuche en el sur, desde donde se
escuchan voces que endurecerán las acciones si es que el Gobierno no
cede en el camino del entendimiento.
Del mismo modo continúa la toma de la Unicef por parte de representantes de la Alianza Territorial Mapuche en Santiago.
CBH
Twitter: @Cesar_inBH
El Ciudadano
Consejero mapuche acusa de cobarde a General Bezmalinovic, de Carabineros
FOTO: General Iván Bezmalinovic // Tomada de Radio Bío Bío.
El consejero regional de La Araucanía,
Hilario Huirilef respondió a los dichos del General de Carabineros Iván
Bezmalinovic, quien habría declarado que “los niños son escudos
humanos”. Esa es una “afirmación propia de dictadores”, según el
consejero, por lo que además calificó al uniformado como un cobarde.
Bezmalinovic asegura que los comuneros
usan a los menores como escudos y justifica de esa manera que los niños
terminen heridos con balines disparados por sus subalternos, imágenes
que han sido ampliamente conocidas.
Hurilef dice que esta es una forma en
que el Gobierno ha tratado de esconder su política represiva. Y dijo que
es lo mismo que hizo en Aysén y que deben dar explicaciones por la
brutalidad con que ha actuado la policía.
También hizo referencia a la cumbre de
seguridad que fue encabezada por el propio Presidente Piñera, motivo por
el cual lo hace directamente responsable de la manera violenta con que
actúan los uniformados en La Araucanía.
TOMA DE UNICEF POR LA NIÑEZ MAPUCHE
Estos hechos ocurren en medio de una
serie de acciones que se han iniciado para llamar la atención en torno a
los abusos estatalen en contra de la niñez y adolescencia mapuche.
El jueves 26 por la noche se inició una
toma, en las dependencias de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia). Ocho personas, cinco hombres, dos mujeres y una menor,
para exigir que se respete a los menores de edad en las acciones
policiales.
El organizsmo declaró que no pediría el
desalojo y que conformarán un equipo que haga veeduría para que se
proteja a los y las menores.
INDH PONE RECURSO EN CONTRA DE CARABINEROS
Por su parte, Lorena Fríes, directora
del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), puso un recurso de
protección en contra de Prefectura de Malleco de Carabineros, ante la
Corte de Apelaciones de Temuco.
Según se informó, con esta acción legal,
se persigue que se aclare cómo es que niños, niñas y adolescentes
mapuche terminan heridos/as con perdigones disparados por los
carabineros, como ocurrió cuando se desalojó el Hospital de Collipulli
el 23 de julio recién pasado, luego de una ocupación de terrenos del
Fundo La Romana, por comuneros de Temucuicui.
Fríes, además, manifestó que lamenta las
declaraciones de las autoridades que dicen que se usa a los niños y
niñas como escudos humanos en los enfrentamientos con carabineros.
En esa fecha, según la denuncia de que
hace eco la directora del INDH, un grupo de detenidos mapuche fueron
llevados a dicho establecimiento de salud, para constatar lesiones, y un
grupo de familiares y amigos fueron al lugar para asegurarse del estado
de salud de sus cercanos, donde carabineros habría repelido disparando
en contra del grupo e hiriendo al menos a cuatro niños con balines de
goma.
Ya en mayo de este año la Corte de
Temuco había dado una orden a la Policía de Investigaciones para que no
vuelva a amenazar con armas a menores de edad mapuche, producto de otras
denuncias.
Por César Baeza Hidalgo
Twitter: @Cesar_inBH
El Ciudadano
Chile: Lof Rofwe Wekeche Ñi Aukinko retomará ocupación de predios usurpados
por Lof Rofwe Wekeche Ñi Aukinko / País Mapuche
Viernes, 27 de Julio de 2012 14:55
Comunicado Lof Rofwe Wekeche Ñi Aukinko.
En el marco de la violencia ejercida
por la policia militarizada del Estado de Chile en las Comunidades que
hoy han levantado demandas por ejercer los derechos ancestrales por el
territorio el lof Mapuche Rofue Wekecheñi Aukinko, del territorio Makewe
venimos a exponer lo siguiente:
Ante los hechos graves acaecidos en
diversos lof del territorio wallmapu, violencia extrema e innecesaria
que brutalmente se ha ejercido contra nuestra gente, politicas de Estado
lideradas por el Ministro del Interior Hinzpeter no nos queda mas que
pronunciarnos y emplazar al Gobierno a que de respuestas concretas a las
demandas territoriales del pueblo Mapuche, hemos sido pacientes en
querer mantener el clima de dialogo en busca de encontrar la mejor
solución a nuestras legitimas y ancestrales demandas, pero ante las
políticas represivas y las migajas que el Estado hoy ha entregado son
medidas asistencialistas que solo demuestran la incapacidad del estado
de reconocer nuestros derecho sobre el territorio por resguardar
intereses económicos de grupos minoritarios como forestales,
latifundistas y transnacionales en los cuales un grupo no menor de
autoridades políticas de la región y del país tienen altos intereses
patrimoniales.
¿Que es lo que viene para nuestra gente
después de esta reunión de seguridad que el Estado ha mediatizado en un
supuesto interés de dar solución para este “conflicto” que ellos
vinieron a imponer desde que violentamente intervinieron nuestro
Wallmapu?
¿Acaso no ha dejado claro el gobierno en
sus medios de comunicación que avala una política paramilitar fascista
de intervención en el territorio por parte del latifundio y así lo han
manifestado autoridades regionales en declaraciones públicas?
Queda claro que en su política represiva
el Estado no busca reconocer el fondo de esta problemática sino mas
bien generar situaciones de violencia y mediaticamente deslegitimar las
justas demandas del pueblo mapuche, y amedrentar los distintos
territorios que hoy han levantado la bandera de lucha en contra de
intervenciones que vienen a destruir nuestro territorio.
Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad
a los Lof en resistencia de Wallmapu que han sido agredidos por el
estado mediante sus fuerzas policiales,.
Por todo esto y cansados de lo mismo es
que declaramos nuestro repudio a las políticas fascistas, racistas y
terroristas en contra de nuestra Nación, el proceso que hemos iniciado
por la defensa y liberación de nuestro territorio y sus recursos
naturales no dará pie atrás, y continuaremos sin dejarnos amedrentar, la
lucha continua y decimos una vez a este Estado y personajes racistas
que hoy lideran el circo llamado Gobierno, que aun estamos aquí, que no
dejaremos de defender el territorio y no descansaremos hasta liberarlo
de la destrucción capitalista, y que no escatimaremos en esfuerzos por
defender lo que ancestralmente se nos encomendado proteger nuestra ñuke
Mapu y se retoman las movilizaciones hasta que el gobierno responda en
forma clara a nuestras demandas y que se hará ocupación de los cinco
predios que Rofwe Wekeche Ñi Aukinko ha reclamado ante el Gobierno.
Amulepe taiñ weichan!!!
Marichiwew
Marichiwew
Lof Rofwe Wekeche Ñi Aukinko, Territorio Makewe.
Comunidad Autónoma Temucuicui ejerce control territorial a través de proceso de recuperación productiva de tierras
Jul 18, 2012
Comunicado Publico
La Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, de la comuna de
Ercilla mediante la presente exponemos ante las comunidades mapuche,
opinión pública local, nacional e internacional lo siguiente.
1. La Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, desde hace muchos años viene trabajando fuertemente por la
reivindicación del territorio ancestral, defensa, promoción y los
Derechos Políticos, culturales que le asisten al Pueblo Nación Mapuche, históricamente negado y vulnerado por el Estado Chileno.
2. Por esta razón, el día miércoles 11 de julio de 2012, la
comunidad ha ingresado a los predios hoy en mano de los particulares:
SEIT, Martín RUF, parte de los predios de René Urban (Nilontraru) y Luis
Valenzuela para hacer efectivo el ejercicio de control territorial
sobre estas tierras. Esta movilización de recuperación de las
tierras usurpadas, se enmarca dentro del proceso de restitución de
nuestro ancestral territorio que es reivindicada por nuestra comunidad
3. El control territorial desarrollado por nuestra comunidad, es a
través de una recuperación productiva, realizando actividades
culturales y trabajos de carácter productivo estableciendo variados
tipos de cultivos al interior de los predios mencionados anteriormente.
4. Hoy día la comunidad vive un momento histórico dentro del proceso de lucha por su tierra, puesto que durante más de 100 años estos predios han sido ocupados por particulares, quienes se enriquecieron y dejaron en la más absoluta pobreza a nuestras familias, pero hoy
nuevamente estas tierras serán controladas por medio del trabajo
productivo desarrollado desde hoy en adelante por nuestra comunidad.
5. Hacemos un categórico llamado al Estado Chileno, que a través
de las autoridades de turno, cumplan con los compromisos asumidos con
nuestra comunidad dando solución a las legítimas demandas que
históricamente han sido planteada por nuestra gente.
Libertad al prisionero político mapuche Camilo Tori Quiñinao (CDP- ANGOL)
Comunidad mapuche Autónoma Temucuicui. Wallmapuche miércoles 18 de julio de 2012
Comunidad Autónoma Temucuicui ejerce control territorial a través de proceso de recuperación productiva de tierras
Lejos de la imagen de violencia propiciada por el estado chileno y
difundida con amplia cobertura por los medios de comunicación para
referirse a las demandas territoriales Mapuche, la Comunidad Autónoma
Temucuicui ha ejercido el control territorial a través de un proceso de
recuperación productiva de tierras en un predio que actualmente se
encuentra en manos de particulares.
Según explica el werken Jorge Huenchullan, “estas tierras siempre
fueron habitadas por Mapuche”, pero luego de la invasión militar del
estado chileno a través de la llamada “pacificación de la Araucanía”,
este predio fue entregado a colonos despojando por la fuerza a los
Mapuche que habitaban allí y “confinándolos a vivir en comunidad”.
Vania Queipul, hija del lonko de la comunidad, indicó que con este
proceso de recuperación productiva “no le hacemos daño a nadie, sólo es
una manera de poder surgir como Mapuche” aludiendo a que la comunidad se
encuentra en una situación de pobreza a causa de la escasez de tierras
cultivables y al daño que han generado los monocultivos forestales.
El werken Luis Tori, en tanto, señaló que “los particulares desde
hace 100 años sobrexplotaron esta tierra” y que por esto el propósito es
“volver a nuestra cultura, seguir luchando por lo que siempre ha sido
nuestro” y que el uso de la tierra “tenga una producción en el sentido
de nuestra identidad”.
Rodrigo Huenchullan en tanto, afirmó que es un “momento histórico”
para los Mapuche, ya que Temucuicui “ha sido una comunidad que ha venido
largos años trabajando fuertemente por la recuperación del territorio
ancestral” y por tanto, se ha ejercido el control territorial en este
predio haciéndolo productivo para “el bien estar de nuestra gente”.
Finalmente, los integrantes de la Comunidad Autónoma Temucuicui
instaron al estado a hacerse cargo de la demanda territorial para que
pueda concretarse el traspaso del predio a la comunidad e hicieron un
llamado a las comunidades Mapuche a ejercer el control territorial y
mantener las demandas sobre predios que hoy están en manos de
particulares y empresas forestales.
ADKIMVN Comunicaciones
Nueva política del gobierno deja en estado grave a Lonko de Comunidad Francisco Quereban
Jul 31, 2012
La comunidad Mapuche Francisco Quereban del lof paillanao comunica a la opinión publica lo siguiente.
Durante el día 29 de julio a las 07:00 horas la comunidad
Francisco Quereban junto al apoyo de las comunidades vecinas, cansado
del dialogo estéril por mas de 12 años con el gobierno por lograr
mejores caminos decidió manifestarse de forma pacifica en el By Pass en
la comuna de padre las casas.
Debido a esto 10 de nuestros vecinos fueron detenidos a quienes se le
derivo a Vilcún y no se les constato lesiones y uno de nuestros lonko
Felicindo Huaiquinao Huaiquimil de 68 años resulto gravemente herido por
fuerza especiales de carabineros producto del accionar del carro lanza
agua y hoy se encuentra en estado critico en el hospital Hernan Henrique
de Temuco.
Nuestra comunidad por años a sido una comunidad que a privilegiado el
dialogo y el acuerdo con el gobierno, no obstante a los hechos ocurrido
el día 29 de julio entiende que nuestra situación a partir del día de
hoy es distinta.
La comunidad Francisco Quereban hace responsable de esta situación a carabineros de chile y a las autoridades políticas de la región que
han sido incapaces de dar solución a nuestras demandas, experimentando
en nuestra comunidad su nueva política y su nuevo aparataje militar de
represión.
Nuestra comunidad en todo momento a acompañado y acompañara a la
familia de Felicindo Huaiquinao Huaiquimil, y en los próximos días
recurriremos a instancias judiciales.
Nuestra comunidad rechaza y no acepta la intervención y el
aprovechamiento de ningún sector político ya sea de la alianza o la
concertación ya que ninguno de ellos durante su periodo de gobierno a tenido voluntad o capacidad para dar solución a nuestras demandas.
Organizaciones sociales que solidarizan con la causa mapuche y llama a estar atento a lo que ocurra en el Wallmapu.
Como comunidad mapuche entendemos que la solución a nuestras
demandas pasan por soluciones de fondo que implican cambios
constitucionales y restitución de derechos políticos y territoriales al
pueblo mapuche.
Werken territorio paillanao, comunidad Francisco Quereban. Mario Nawel Peralta.
Amulepe Taiñ Weichan.
Werkén de comunidad Loloco: Mientras más “pacos”(policía) haya en la zona, más rebeldía habrá en zona Mapuche
Jul 26, 2012
La cumbre de seguridad realizada en el Palacio de La
Moneda ha suscitado una serie de reacciones por parte de los dirigentes
de las comunidades mapuche en los principales puntos de conflicto en la
región de La Araucanía.
Al respecto se refirió Hugo Melinao, werkén de la comunidad Loloco,
quien calificó la situación como preocupante y asegura que el Gobierno
se ha ensañado con las comunidades mapuche.
En este sentido advirtió que la rebeldía aumentará en la zona en la medida que crezca la presencia policial.
Mientras, en la comuna de Ercilla el fundo La Romana fue nuevamente
ocupado por miembros de la Comunidad Tradicional de Temucuicui. Su
werkén, Mijael Carbone Queipul, señaló que el terrotorio ancestral les
pertenece y por ello se tiene en el legítimo derecho de realizar esta
ocupación con faenas productivas.
Agregó que, en el eventual caso que Carabineros ingrese al lugar para
desalojarlos tal como ocurrió el pasado lunes, ellos esperarán
tranquilamente y sin reaccionar con violencia, argumentando que están en
su tierra.
Rodrigo Culipán, werkén de la comunidad de Ranquilco, también se
refirió a los resultados de la cumbre. Aseguró que se trate el tema de
la seguridad en desmedro de las deudas que el Estado tendría con el
pueblo mapuche.
Las comunidades indicaron que la Concertación no dio solución al tema
reivindicatorio de tierras y que tampoco ha podido solucionar el actual
Gobierno.
Fuente: Radio Bio Bio
Chile: O seguir dominado por el “peso de la noche” o atreverse a cambiar las reglas
Lunes, 30 de Julio de 2012 10:57
Rafael Luis Gumucio Rivas- Clarín
El
“peso de la noche” portaliano, una frase genial del ministro Diego
Portales para caracterizar a nuestra plutocracia, aún, en 2012, sigue
tan vigente como lo era en el siglo XIX.
Llevamos
22 años regidos por una Constitución autoritaria, que pretendió ser
reencauchada, en sentido democrático, por un Presidente socialista y su
Gabinete, sin embargo en ella aún prevalece el espíritu reaccionario de
Vásquez Mella, Donoso y Cortés, Osvaldo Lira, Jaime Guzmán, Francisco
Franco y Augusto Pinochet – para sólo citar a algunos -. Tenemos otros
22 años de régimen electoral binominal, un empate que mantiene el
poder estático de la colusión Concertación-Alianza. En Chile, la última
Constituyente se llevó a cabo en 1826, las demás Constituciones han
sido impuestas por personajes autoritarios – Portales, en 1933; Arturo
Alessandri, en 1935; Augusto Pinochet, en 1980 -. Los dos plebiscitos
(1925 y 1980) fueron fraudulentos.
El
modelo chileno actual consiste en una alternancia en el poder entre la
Concertación y la Coalición por el Cambio. En lo central, ambos
conglomerados implementan las mismas políticas públicas, sólo cambia el
decorado, la impronta y los personajes – antes el eje DC-PS, (más el
PPD y PR, que han jugado un papel secundario), englobados en la
trilogía Gutenberg Martínez, Camilo Escalona y Guido Girardi -. A partir
de 2010 ocupan el escenario el Presidente Sebastián Piñera, Pablo
Longueira, Andrés Allamand, la todopoderosa UDI y, en un papel
secundario, Renovación Nacional. De triunfar cualquiera de los
candidatos de la colusión Concertación-Alianza, sólo podemos esperar
cambios cosméticos gatopardistas y no una profunda renovación de las
reglas del modelo, hoy en crisis de representación.
Si
el clivaje fundamental es la persistencia del “peso de la noche” o el
cambio de las reglas del sistema político, no hay donde perderse: el
primer paso consiste en la construcción de una nueva Constitución, en
este caso, por primera vez en nuestra historia, redactada y pensada por
el único detentor del poder soberano, la ciudadanía.
Si la alternativa es cambiar las reglas, habrá que considerar varios
aspectos: 1) terminar con la monarquía presidencial, buscando un
equilibrio de poderes, balances y contrabalances; 2) equiparar la
representación a la participación directa de los ciudadanos – iniciativa
popular de ley, plebiscitos y revocación de mandatos -; 3) devolver la
soberanía al pueblo, terminando con el binominal e instalando un sistema
proporcional competitivo; 4) terminar con el centralismo y construir un
Estado federal, en el cual intendentes y consejeros regionales sean
elegidos por sufragio universal; 5) hacer de Chile un país consagrado a
la promoción de los derechos humanos y civiles – derechos reproductivos
de la mujer, matrimonio igualitario, integración constitucional de los
pueblos originarios, derogación de todas las leyes liberticidas y
represivas, entre otras -; 6) educación y salud pública gratuita y de
calidad garantizadas por la Constitución, y que todo ciudadano pueda
querellarse contra el Estado de oficio, cuando considere que se le
conculcan estos derechos; 7) la igualdad de oportunidades constituirá
la médula y el alma de la nueva Carta Magna; se considerará un atropello
a los derechos humanos la pobreza, y será un mandato fundamental de la
sociedad y del gobierno, ponerle fin al más corto plazo; 8) se
promoverá la equidad en las cargas públicas, eliminando toda forma de
elusión y evasión fiscal, instaurando el principio de que las grandes
empresas deberán pagar impuestos por sus utilidades y no por las
retiradas, así como el establecimiento de un IVA diferenciado y
especiales beneficios para las pequeñas y medianas empresas que
contraten más trabajadores; 9) Hacer efectivas la responsabilidad
política, ampliando la acusación constitucional a los alcaldes, jefes de
servicio y, sobre todo, a los superintendentes; ningún funcionario
podrá ocupar cargos en instituciones particulares que hayan sido
fiscalizadas por él; 10) nuestra política exterior estará orientada
hacia la unidad de los países del continente latinoamericano,
preferencialmente; nuestra cancillería deberá romper relaciones,
automáticamente, con cualquier país donde se haya instaurado un gobierno
en forma antidemocrática.
Rafael Luis Gumucio Rivas
EL PUEBLO DEL CHACO ECHÓ DE SU TIERRA A BASE MILITAR YANQUI
EL IMPERIO CON EL COMANDO SUR FUERON EXPULSADOS DEL CHACO
Para extender y consolidar el dominio militar, económico y político en nuestra América Latina y el Caribe, el imperio con el Comando Sur, la CIA, USAID y sus ONGs en la vanguardia, decidió instalar una nueva base militar junto al aeropuerto de Resistencia en Argentina, pero el pueblo del Chaco se movilizó multitudinariamente para repudiar el intento del gobernador Jorge Capitanich, de permitir la instalación de una base militar en sus tierras que con absoluto servilismo cipayo dijera: “Defiendo una alianza estratégica con Estados Unidos y estoy dispuesto a luchar por esa idea”.
El pueblo chaqueño con sus movilizaciones y la Asamblea Popular prendieron las alertas y obtuvieron la solidaridad expresada por millares de argentinos que enviaron mensajes de protesta y reivindicación que, al final, fueron el fundamento socio-político para que el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, de manera contundente, ordenara el fin de la “misión humanitaria”, socorrido pretexto que pretende justificar la penetración imperial en esta parte del mundo.
El gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, es un personaje controvertido por sus posiciones proestadounidenses confirmadas por el periodista argentino Walter Goobar quien afirmó que en 2007, cuando era candidato a gobernador, Capitanich se reunió con el embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, y le expresó que él “no compartía el sentimiento antinorteamericano de la población argentina”, según revelaron en 2011 cables de Wikileaks.
La inauguración estaba prevista para fines de mayo. Pero encontró el rechazo abierto de la población chaqueña, que protagonizó dos marchas multitudinarias. Los manifestantes entonaron consignas de rechazo al acuerdo del gobierno provincial con el Comando Sur que invirtió más de tres millones de dólares en construcciones de esa base de “ayuda humanitaria “que suponía la instalación de una base militar encubierta, con capacidad para espiar los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión, y sus vecinos, realizar acciones de infiltración, relevamiento, influencia y control sobre las fuerzas armadas y la población civil”.
La experiencia de los pueblos latinoamericanos y del Caribe demuestra que Estados Unidos en su rol imperial, jamás da nada por nada. Las inversiones, los regalos de armas o vehículos obsoletos, es decir juguetes para militares y policías, los cursos e invitaciones a los aparatos represivos de nuestros países, son cobrados con creces ya sea mediante obediencia servil de militares y policías beneficiarios o ya con la perpetración de golpes de Estado e imposición de dictaduras neofascistas crueles y sanguinarias, o también con la obediencia de gobiernos civiles “democráticos” y constitucionales, todos prestos a defender los intereses geopolíticos y estratégicos del imperio, inclusive a costa de los intereses nacionales.
La famosa “ayuda humanitaria” es en realidad la fachada tras la cual se esconden objetivos imperiales. La experta en geopolítica y miembro del Centro de Militares por la Democracia (Cemida) Elsa Bruzzone afirma que la de Chaco iba a ser una base militar encubierta. “Las bases descubiertas operan a la luz del día –dice–. Las encubiertas se esconden detrás de estos centros de ayuda humanitaria o en instalaciones cercanas a algún aeropuerto”, explica. “Edifican una construcción que parece civil, pero que la pueden transformar en militar cuando sea necesario porque tienen una pista que permite el aterrizaje de aviones de gran porte.” Según estudios del Cemida, en el aeropuerto de Resistencia pueden aterrizar aviones militares con cargas pesadas, como los C-130 Hércules, C-17 Globemaster III y C-5 Galaxy.
Más aún: esas bases encubiertas se convierten en cenáculo de conspiraciones contra gobiernos calificados de “indeseables” por Washington y en verdaderos centros de espionaje comandados por la CIA y sus agentes. Desde esas bases se corrompe a políticos, dirigentes sindicales y sociales deleznables y civiles a los que convierte en agentes criollos y crean verdaderos sistemas de penetración y de estudio de los problemas del país y sus necesidades económicas, políticas y sociales y aspiraciones militares para lo que cuentan con la “inocente” colaboración de oficiales de alta graduación.
Una base de “ayuda humanitaria” tiene equipos sofisticados de espionaje electrónico y de última tecnología que permite acciones de infiltración y de cooperación en “el mantenimiento de la paz y el orden” no sólo en el país anfitrión sino en países vecinos. Recuérdese que la Base de Manta ubicada en el Ecuador sirvió como eje sustancial para intervenir en la ejecución de los planes Colombia y Patriota y para dirigir las operaciones militares de bombardeo del escondido campamento de las FARC en territorio ecuatoriano de Angostura, en el que fueron masacrados el jefe guerrillero Raúl Reyes y 26 de sus acompañantes.
Para imponer bases militares en un país, Estados Unidos encuentra socios y colaboradores. En el caso de la base del Chaco, “curiosamente, los grandes medios nacionales que en su momento despellejaron a Capitanich por sus desaveniencias con su ex mujer, la ex ministra de Salud provincial, Sandra Mendoza, guardaron un llamativo silencio frente al sigiloso desembarco del Comando Sur. Las grandes empresas de comunicación social son socias de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) creada ploro la CIA para defender intereses estadounidenses y otros socios de la penetración imperial son los empresarios, financistas y banqueros y los políticos de las derechas económicas, sociales y políticas que pululan por el subcontinente.
Lo que no contaron los cipayos de toda laya, es con la reacción de las organizaciones sociales, culturales y políticas en la provincia del Chaco que fue de innegable significación y “hubo también mucha repercusión en los países de la Unasur y en el resto de los países del continente. Además, pendía sobre Capitanich un pedido de juicio político por parte de la Legislatura provincial, ya que ningún gobernador puede firmar un convenio con el Comando Sur.
Pese a que Jorge Capitanich es un aliado de Cristina Kirchner, la presidenta, la Cancillería y el Ministerio de Defensa no estaban dispuestos a permitir que el Comando Sur ingresara a la Argentina mediante una argucia legal facilitada por el complaciente gobernador chaqueño. El convenio bilateral al que recurrieron Capitanich y el Pentágono para justificar su presencia en el Chaco se llama “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”. Fue impulsado por el Comando Sur y la embajada estadounidense y aprobado por el Ministerio del Interior, “como un aporte a los programas sociales del gobierno”. Sin embargo, la disposición de Capitanich para complacer los intereses estratégicos de Estados Unidos estaba en curso de colisión con las posiciones de Argentina dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), bloques regionales que excluyen a Estados Unidos.
Para abortar el desembarco del Pentágono en el Chaco, el gobierno nacional presidido por Cristina Fernández, vetó el ingreso del equipo tecnológico, las computadoras, los radares y el sistema operativo para el funcionamiento de la base estadounidense y ahora se discute la devolución de los 3 millones de dólares que el Comando Sur donó para las instalaciones.
Reprendido por el gobierno nacional, Capitanich tuvo que dar un giro de 180 grados. Aclaró que las instalaciones en el aeropuerto de Resistencia servirán de sede permanente a la Defensa Civil. Ese mismo día envió a la Legislatura un proyecto para derogar la Ley 2014 de Defensa Civil y sancionar la de Protección Civil Provincial, lo que implicaría prohibir cualquier colaboración con el Comando Sur de Estados Unidos, como así también la instalación de fuerzas extranjeras en la provincia.
Capitanich explicó que la Ley 2014 fue sancionada en un gobierno de facto y cuenta con términos de carácter castrenses que no se relacionan con la realidad objetiva que implica la articulación con un sistema de prevención de catástrofes.
A pesar de que en el caso chaqueño al Comando Sur le salió el tiro por la culata, es evidente que existe una estrategia silenciosa que trabaja en una política de disciplinamiento del continente: el 5 de abril pasado, se inauguró en Concón, Chile, un centro de entrenamiento para las fuerzas de paz de la ONU que fue construido con más de 500 mil dólares aportados por el Comando Sur. El Pentágono también firmó un acuerdo con el gobierno uruguayo para que los SEAL estadounidenses –la misma fuerza que perpetró el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán–, ingresen armados al país a entrenar a los Fusileros de la Armada y a establecer su “cabeza de playa” para ir incursionando territorio adentro.
Según la mexicana Ana Esther Ceceña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México –Unam– y directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, “hay una serie de rutas no tan visibles y que suponen una intervención más silenciosa y que se encamina a apoyar a grupos de oposición internos o a introducir recursos para montar escenarios que no obedecen a las lógicas internas de los países”.
A.E. Ceceña sostiene que Estados Unidos modificó su estrategia: “Ahora el estilo de intervención es distinto. Las bases militares son presentadas como centros de ayuda humanitaria, de atención a emergencias o de entrenamiento, y permiten una interacción constante con las fuerzas locales, mezclan personal policíaco y militar. Esto se asemeja mucho a una especie de Escuela de las Américas desagregada”, remata Ceceña, según comentaba el analista Walter Goobar.
Como siempre, Estados Unidos, para el desarrollo de sus planes de penetración y de neocolonización utiliza variadas agencias del gobierno ya sean militares, civiles, de espionaje como la CIA y diplomáticas. En argentina, para el asunto del Chaco, los representantes diplomáticos y militares estadounidenses habían suscrito los acuerdos con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, sin embargo, la cancillería y el ministerio de Defensa argentinos suspendieron todos los acuerdos firmados entre las partes que, en principio, permitían la instalación de una base fundamentado en un proyecto que había sido presentado públicamente como un centro de ayuda humanitaria para hacer frente a catástrofes naturales o epidemias. “El sitio elegido para su emplazamiento fue el aeropuerto de Resistencia, capital de la provincia. En su predio se construyeron dos edificios, financiados por el Comando Sur, que depende del ministerio de Defensa de Estados Unidos. Washington tenía previsto inaugurar la base a finales de mayo, no obstante, fue testigo del rechazo de los chaqueños que se opusieron a la instalación de la base militar, pues según ellos, su principal objetivo era controlar los recursos naturales estratégicos de la zona. La misma idea incitó al gobierno de Cristina Fernández a adoptar una postura firme que acabó con los sueños del Comando Sur, con mucha pena para Capitanich que se empavonaba, como buen cipayo, al informar que “recibió a una delegación encabezada por el ministro consejero de la embajada estadounidense, Jefferson Brown, quien dijo que el centro constituye uno de los proyectos más importantes que el gobierno norteamericano tiene con Argentina.
“Por su parte, las organizaciones sindicales y civiles chaqueñas lanzaron una advertencia hace ya 4 años sobre los riesgos de la presencia del Comando Sur en la zona, recalcando que los mecanismos de ayuda humanitaria podrían y deberían articularse con los Cascos Blancos, la Organización Panamericana de la Salud, Unicef o la Cruz Roja.
El Comando Sur de Estados Unidos o USSOUTHCOM (United States Southern Command en inglés) es uno de los diez comandos perteneciente a los Estados Unidos desplegados en el mundo que abarca el área relativa al sur del continente americano, América Central y el Caribe. Dicho comando se halla ubicado en la ciudad de Miami, Florida”, señalaba Francisco Olaso, en la revista Proceso de México.
Añadía que “el proyecto había sido presentado públicamente como un centro de ayuda humanitaria para hacer frente a catástrofes naturales o epidemias. El sitio elegido para su emplazamiento fue el aeropuerto de Resistencia, capital de la provincia. La inauguración estaba prevista para fines de mayo, pero encontró el rechazo abierto de la población chaqueña, que suponía la instalación de una base militar encubierta, con el objetivo primordial de controlar recursos naturales estratégicos.
Olaso informó que el diario Tiempo Argentino consultó sobre la decisión del gobierno a Gabriel Fuks, titular de Cascos Blancos de la Cancillería, según una nota que publicó el pasado 27 de mayo. “El principio consiste en evitar, bajo el paraguas de las urgencias humanitarias, la injerencia de potencias militares extranjeras”, sostuvo Fuks. “Con la imagen humanitaria muchas veces se enmascaran políticas de intervención”. “No es algo nuevo. Se suele usar lo humanitario, como Caballo de Troya, para establecer otra relación”, denunciaba Fuks
Previamente, el gobierno nacional había vetado el ingreso del equipo tecnológico, las computadoras, los radares y el sistema operativo para el funcionamiento de la base en Chaco. Hoy se discute la devolución de los 3 millones de dólares que el Comando Sur donó para las instalaciones.
Agua
“En los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, Estados Unidos incrementó las presiones sobre los gobiernos argentinos para que permitieran la instalación de una base descubierta en la provincia argentina de Misiones”, dice Elsa Bruzzone. “El lugar elegido era San Ignacio, que es uno de los puntos más importantes de carga y descarga del Acuífero Guaraní. Ésta es la cuarta reserva de agua subterránea del mundo, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”.
Licenciada en historia, miembro del prestigioso Centro de Militares por la Democracia (Cemida), Bruzzone es autora del libro Las guerras del agua (2008). “Entonces los estadunidenses agitaban el fantasma de la presencia de células terroristas en la zona de la Triple Frontera –prosigue–, cuando todos los informes elaborados por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el terrorismo en el mundo lo desmienten cada año”.
Explica: “Como no lograron ese objetivo, reflotaron un convenio firmado en 2006 entre ambos gobiernos, para intentar entrar por la puerta de servicio.” Con el pretexto de ejecutar el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”.
Los yanquis no descansan en sus planes de penetración en la República Argentina considerada territorio de elevada importancia estratégica que permitirá el control de la Triple Frontera, de la Antártida, del Atlántico Sur, Cono Sur y, naturalmente de Brasil. Para esos objetivos geopolíticos ya en marzo de 2008, “se llevó adelante en Resistencia una jornada de capacitación para el personal de Defensa Civil de la provincia. Fue impartida por consultores designados por la embajada de Estados Unidos. Se tocaron temas relacionados con la organización y el funcionamiento de un centro de emergencias.
El embajador Wayne visitó la provincia el 13 de agosto de 2008, para presidir junto al gobernador “la ceremonia de cierre de un programa civil de capacitación para la prevención, mitigación y superación de desastres naturales”, según informó la página web de la embajada estadunidense en Argentina”. Capitanich fue el anfitrión perfecto para esa visita y para recibir pomposamente a una “delegación de legisladores estadunidenses que visitó Chaco en septiembre de 2010, según refleja Chacoonline, portal del gobierno de la provincia.
En diciembre de 2011, el gobernador recibió al coronel Edwin Passmore, máximo representante del Comando Sur en Argentina. Los antecedentes de Passmore no reflejan vínculo alguno con la ayuda humanitaria. Participó en la invasión a Afganistán, fue asesor de inteligencia en Irak y terminó expulsado de Venezuela en 2008 por actividades de espionaje.
La hoja de servicios del coronel estadounidense encargado de la supuesta “ayuda humanitaria” no son precisamente los de un buen samaritano sino los de un experto en operaciones encubiertas de inteligencia que actuó en Afganistán y fue expulsado de Venezuela por espionaje.
“El gobernador Capitanich no ha desmentido haber recibido al coronel Edwin Passmore, responsable directo de la instalación por parte de la IV Flota del Comando Sur del ejército estadounidense, del Centro Anticatástrofes y Ayuda Humanitaria que ha generado esta controversia. Entre los antecedentes del coronel Passmore, figura haber cumplido “tareas humanitarias” en la invasión de Afganistán y haber actuado como asesor de Inteligencia del ministro de Defensa de Kuwait durante la invasión a Irak.
Desde el año 2005, Passmore ocupó el cargo de agregado militar en la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, de donde fue expulsado por el gobierno del Presidente Hugo Chávez, por ejecutar actividades de espionaje en el año 2008.
Passmore no es el único funcionario declarado persona no grata en el continente que terminó recalando en Buenos Aires. Ocurre que luego de varias expulsiones de personal militar y de la DEA de Bolivia, Venezuela y Ecuador por injerencia en los asuntos internos y actividades de espionaje, muchos de esos funcionarios han sido reasignados en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, que ya no cuenta con espacio físico para tantos militares y agentes antidrogas.
Las andanzas venezolanas de Passmore continuaron en Buenos Aires: en marzo de 2009 la ministra de Defensa Nilda Garré ordenó desalojar a militares de los Estados Unidos del Edificio Libertador (Sede del Ejército Argentino). El Grupo Militar de los Estados Unidos en la Argentina ocupaba desde el año 1960, oficinas del piso 13 en el Edificio Libertador. Además cuenta con otras delegaciones en el Edificio Libertad de la Armada y en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. A cargo de este Grupo Militar estaba el Coronel Edwin W. Passmore.
Passmore fue también el protagonista –detrás de bambalinas–, del caso de contrabando protagonizado en Ezeiza en febrero de 2011 por un C-17 Globemaster de la fuerza aérea estadounidense. El Globemaster con licencia 77.187 aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. Los funcionarios de Aduana encontraron en la bodega del avión pesadas cajas traídas desde la base del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de Fort Bragg en Carolina del Norte, que contenían armamento, municiones, equipos de visión nocturna y otros artículos empleados para un curso de entrenamiento del Grupo Federal de Operaciones Especiales con instructores estadounidense.
Sin embargo, la revisión reveló que había alrededor de un tercio de la carga que no aparecía en el manifiesto de embarque. La requisa del material no declarado dispuesta por el gobierno nacional incluyó un bulto repleto de drogas y estupefacientes.
El coronel Edwin Passmore tuvo activa participación durante el incidente en el que se hallaron dos pen drives rotulados “Secreto”, una llave I2 de software para información; un disco rígido también marcado como “Secreto”. Códigos de comunicaciones encriptadas y un gracioso folleto traducido a quince idiomas, con el texto: “Soy un soldado de los Estados Unidos. Por favor, informe a mi embajada que he sido arrestado.”
Sin embargo, la especialidad de Edwin Passsmore parece ser los cursos de capacitación ya que son excelentes sitios para reclutar agentes locales. La capacitación de funcionarios e integrantes de los municipios del interior del Chaco la brinda un consultor salvadoreño contratado por el Comando Sur.
Passmore era, además, el encargado de recibir, en el aeropuerto de Buenos Aires, el avión militar estadunidense que “intentó ingresar un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes”, según informó el diario Página 12 el 13 de febrero pasado. El material supuestamente se usaría en una jornada de capacitación a la Policía Federal. ¿Acaso esos equipos de guerra y represión serían utilizados en “ayuda humanitaria? Fue retenido durante meses por el gobierno argentino, lo que generó un incidente diplomático.
Los agregados militares y de la defensa, coroneles Edwin Passmore y Mark Alcott, trataron de conseguir un arreglo amigable. “¡No hagamos un escándalo de esto, somos socios, debemos confiar entre nosotros!”, sugirió Passmore.
Finalmente, las autoridades argentinas, con el propósito de evitar una escalada del conflicto, permitieron que el Boeing estadounidense abandonara el país con la “parte legal de la carga” y sus instructores.
La entonces embajadora estadounidense, Vilma Martínez, admitió que el reclamo de los funcionarios aduaneros tenía base y más tarde declaró que sentía vergüenza por el comportamiento del personal militar estadounidense.
La donación del “centro de ayuda humanitaria” despertó grandes sospechas entre la población de la provincia. El Comando Sur no es precisamente una organización solidaria sin fines de lucro. Como unidad militar, dependiente del Ministerio de Defensa estadunidense, enfoca su acción en el continente latinoamericano, con excepción de México. Por otra parte, existen numerosas organizaciones civiles, argentinas e internacionales, que se orientan hacia la acción social y humanitaria, y que en caso de necesidad podrían cooperar en este tipo de tareas.
El pasado 2 de abril, día en que se conmemoraron 30 años de la guerra de las Malvinas, y el 25 de mayo último, día en que Argentina festeja su primer gobierno patrio, Resistencia fue escenario de dos marchas multitudinarias. Los manifestantes transitaron los 10 kilómetros que separan la Casa de Gobierno del Aeropuerto. Cantaban consignas de rechazo al acuerdo del gobierno provincial con el Comando Sur de Estados Unidos.
“No se trataba de una base militar, aunque los fondos para la construcción salieron del fondo de asistencia humanitaria del Comando Sur”, dijo el 27 de mayo Alfredo Forti, secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, al periódico Tiempo Argentino. “Aunque el convenio no preveía presencia militar, podría haber dejado una puerta abierta para un tipo de capacitación”, señaló.
“Dentro de los nuevos conceptos ‘flexibles’ del Pentágono sobre bases militares, hay un borde difuso en las actividades militares y civiles, lo que maximiza la confusión de la opinión pública”, escribió el politólogo Carlos Pereyra Mele, profesor de la Universidad de la Patagonia, en un texto difundido el pasado 27 de marzo por Argenpress.
En el caso de estas bases se presenta un “componente humanitario visible al público, estructurado sobre actividades que la sociedad visualiza como ‘justas’ y en su beneficio, de modo tal que pueda justificarse una interacción bilateral”, según explican Bruzzone y José Luis García en su artículo: El Comando Sur en el Chaco, publicado el 28 de marzo también por Argenpress.
“Pero hay, además, un componente no visible que se encuadra en los objetivos estratégicos afines a los intereses de Estados Unidos y muchas veces contrapuestos a los del país asistido, conducidos por un comando militar”, agrega.
Es posible que al principio la base militar encubierta opere sin personal militar. Pero una estructura de este tipo puede transformarse rápidamente en una instalación castrense formidable y muy difícil de eliminar.
La instalación subrepticia de una base militar con un fin inicial distinto al declarado, más que una excepción constituye la base del manual de procedimientos estadounidenses; tal es el caso de las bases de Comalapa, Aruba y Curazao, por ejemplo, que se clasificaban como FOL, es decir para lucha antidrogas, y luego fueron redefinidas como CSL (de Cooperación). Hay abundante evidencia de que en estas instalaciones de los Estados Unidos y en otras de mucho menor perfil se realizan en los hechos, operaciones militares encubiertas de la más diversa índole y que cumplen múltiples funciones estratégicas; entre ellas apoyar ataques militares contra organizaciones rebeldes locales que estorben los intereses de los Estados Unidos y sus aliados, y guerra de Inteligencia de señales electrónicas y de comunicaciones que permite detectar la posición de los blancos, identificarlos e implementar el ataque con bombas inteligentes.
Es habitual que Estados Unidos encubra actividades de inteligencia con campañas de vacunación. El antecedente más reciente se remonta al rastreo y asesinato de Osama bin Laden en Pakistán en mayo de 2011: como parte de esa operación se organizó una campaña de vacunación que permitió revelar la zona donde residía Bin Laden e incluso conocer en detalle la cantidad de ocupantes mayores y menores en cada casa.
Las instalaciones estadounidenses cumplen además misiones de vigilancia y espionaje de los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión y sus vecinos, y fundamentalmente sirven para ejercer un férreo control sobre las Fuerzas Armadas y poblaciones locales.
Cuando ha sido alcanzada cierta aceptación social y un nivel de organización aceptable –según explica el citado artículo de Bruzzone y García–, la base puede convertirse en un Centro de Seguridad Cooperativa (CSL), que coordina la lucha contra las drogas, con poca o nula presencia permanente de los estadounidenses; pero ante una supuesta “amenaza”, por parte de un “enemigo común”, el centro puede pasar a ser Base de Operaciones Principales (MOB), con fuerzas operativas permanentes; o bien Base de Operaciones de Avanzada (FOB), que además incluye fuerzas para operaciones especiales.
Estados Unidos suele aprovechar estas bases para realizar operaciones militares encubiertas. Adicionalmente se monitorea y controla satelitalmente toda la región.
Francisco Olaso manifestaba que la asesora del Ministerio de Defensa en el artículo de Bruzzone y García, habría sostenido que el ejército argentino ya no es el de la dictadura; no está formado en la hipótesis del enemigo interno. Hace unos años la fuerza elaboró el proyecto Ejército Argentino en el horizonte 2025, que en parte fue tomado por el ministerio de Defensa.
“Argentina tiene como hipótesis de conflicto susceptibles de transformarse en hipótesis de guerra la defensa de sus recursos naturales.” dice Bruzzone. Pone como ejemplos el Acuífero Guaraní, los minerales e hidrocarburos. “Lo que ha quedado perfectamente explicitado es que la agresión va a venir de un enemigo extraregional, extracontinental, que está fuera de la Unasur y la Celac”, sostiene. “No se les nombra, pero sabemos ciertamente que se están refiriendo a Estados Unidos y a la OTAN.”, sostuvieron.
Como se dijo anteriormente a Estados Unidos le preocupa el liderazgo de Brasil en el subcontinente. La frustrada base en Chaco hubiera contribuido al cerrojo que ya sufre el gigante sudamericano. El país está rodeado por más de 20 bases de Estados Unidos, instaladas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
Una vez más, para Bruzzone lo que está en juego es el control de recursos naturales estratégicos. “La Amazonia, que es el mayor pulmón del planeta, tiene el 25% de las reservas mundiales de agua dulce, la mayor fuente de biodiversidad, y no olvidemos que el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo están elaborados en base a plantas de los bosques y las selvas”, sostiene
Entre los minerales estratégicos cita el neobio, el titanio o el tugsteno, que se utiliza en la tecnología aeroespacial y en la industria militar. Hay también grandes riquezas hidrocarburíferas. “Estados Unidos ha utilizado la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia para sembrar de bases toda la frontera amazónica”, dice la asesora.
La base inaugurada el 5 de abril de 2012 en Concón, Chile, es un centro de entrenamiento para las fuerzas de paz de la ONU. Fue construida con 500 mil dólares aportados por el Comando Sur. Apunta, según la analista, a la estrategia de control y militarización del Océano Pacífico que desarrolla Estados Unidos.
La estrategia incluye a México, Colombia, Perú, Chile, y también a Corea del Sur y los Tigres asiáticos. “El objetivo final es cercar a China, país que ellos perciben como el gran oponente en este siglo XXI, el enemigo que tiene visos de ser la gran potencia hegemónica”, dice Elsa Bruzzone. “Se toma posición enmascarada en el paraguas de la ONU –advierte –. Detrás de las misiones de Naciones Unidas desembarcan los soldados de la OTAN, los marines estadounidenses, no precisamente para preservar la paz sino para hacer pie y quedarse.” (Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=
Por su parte, el periodista Fernando Pino Solanas testigo presencial de las manifestaciones antiyanquis en el Chaco decía: “El 25 de mayo pasado tuve la gratísima sorpresa de participar de una extraordinaria y emocionante caravana de ciudadanos y de jóvenes de toda condición que salió del centro de la plaza central de Resistencia (Chaco) hacia el aeropuerto. Esa caravana fue lanzada por decenas de organizaciones políticas y sociales para repudiar y exigir el cierre de la base militar que el Comando Sur del Pentágono; es decir, de las fuerzas armadas norteamericanas, ha instalado en el aeropuerto de Resistencia con la idea de que es una brigada de ayuda humanitaria, curioso caso donde la ayuda pasa por el Comando Sur del ejército norteamericano, el mismo ejercito que ha producido el genocidio de Irak con más de un millón de muertos, y otro tanto en Afganistán.”
Los pueblos de nuestra América Latina y del Caribe paulatinamente comprenden que fueron alienados y manipulados por el poder mediático imperial y nacionales, y en esta nueva etapa descubren que los Estados Unidos y sus militares, sus espías de la CIA y de la DEA son sus verdaderos enemigos.
En el caso argentino, mientras se recordaba la guerra de las Malvinas y se luchaba por la recuperación y el fin del colonialismo británico, Estadios Unidos enviaba el submarino atómico Talent para que llegue el 14 de junio a Malvinas, el día del armisticio de la guerra de Malvinas. Mandan para celebrar ese día un submarino atómico.
Es el ejército que tiene la mayor base de la OTAN en el hemisferio sur, con una escuadrilla de aviones de alta perfomance y una fragata misilistica que amenaza la Argentina, sostenía Pino Solanas.
En el Ecuador fue el pueblo movilizado el que exigió la expulsión de la base aérea de Manta (FOL, por sus siglas en inglés) y esa misma movilización exigió que en la Constitución de la República conste un artículo que prohíbe de manera terminante que nunca, bajo ningún pretexto se permitirá la instalación de una base militar o la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional.
En Argentina el pueblo del Chaco en movilizaciones exigió la expulsión de la famosa base y el Comando Sur sufre las consecuencias de la prepotencia imperial y la misma Casa Blanca comienza a percibir el creciente rechazo a todo lo que huela siquiera a presencia yanqui armada.
Los ejemplos de Ecuador y Argentina podrían ser emulados por los pueblos del resto de nuestra América Latina y del Caribe que se constituyen en territorios de paz, libres de armas de destrucción masiva: nucleares y químico-bacteriológicas que son portadas por aviones, barcos de guerra y submarinos de la IV Flota que surcan nuestros mares.
TRIBUNAL DIGNIDAD, SOBERANÍA Y PAZ CONTRA LA GUERRA COMITÉ INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA PARA AMÉRICA LATINA -CISPAL-
Correo electrónico: tribunalpazecuador@yahoo.comDe Revista Siempre (Ecuador)
Nacional - PAROS
Sindicatos muestran su fuerza al inicio del mes más conflictivo
Los gremios de Salud Pública y de la educación comenzaron agosto con paros y ocupaciones en reclamo de más presupuesto para la Rendición de Cuentas
+ - 02.08.2012, 06:00 hs
- ACTUALIZADO 06:49
Texto: El Observador
El primer día de agosto ilustró la lucha que darán
los sindicatos en el mes donde los trabajadores se juegan la parada más
importante del año, cuando los públicos piden recursos en el marco de la
Rendición de Cuentas y los privados negocian en el Consejo de Salarios.
La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) continúa en
huelga y ayer ocupó el centro de salud de la Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE) en el Cerro. Ayer también hubo paro de
funcionarios públicos, que continúan hoy junto a la medida de profesores
que no darán clases en los liceos de Montevideo.
Además de la huelga que sigue, todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de ASSE no trabajaran hoy en el marco de un cronograma de diez días de paros impulsado por el sindicato de funcionarios estatales (COFE) para reclamar más recursos en la Rendición de Cuentas. La misma medida se repitió ayer en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en la Corte Electoral. Mañana pararán los empleados del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Turismo y Deportes.
El sindicato de profesores de Montevideo (ADES) también realizará un paro hoy en toda la capital que dejará sin clase a 76 mil estudiantes. Los docentes piden incrementos salariales, mejoras edilicias y creación de cargos administrativos en los centros educativos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo descartó incrementar la partida ya asignada de US$ 20 en la Rendición de Cuentas.
La salud y la educación son los sectores que recibieron más recursos en los últimos siete años y también en esta rendición de cuentas. Además, son los lugares donde la izquierda le dio participación a los gremios en la conducción política.
Otros paros
Los controladores aéreos afectaron el martes los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En tanto, los funcionarios del correo también están en conflicto y limitan los repartos de cartas con peso superior a 250 gramos.
Mientras el gobierno advierte que las medidas son impulsadas por grupos radicales alineados detrás de los sindicatos, la cúpula del PIT-CNT señala que la instancia de Rendición de Cuentas es el momento para reclamar.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, considera que la “inflación de anuncios” sobre medidas sindicales y las ocupaciones son llevadas adelante por grupos de trabajadores “francamente minoritarios”. El jerarca advirtió que esas facciones “utilizan” la ocupación y la huelga de forma “permanente”.
El coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo, dijo a El Observador que la Rendición de Cuentas es “el momento” para que los trabajadores realicen sus reclamos pero siguió la línea planteada por Brenta en cuanto a diferir con los modos de protesta utilizados por los gremios de la enseñanza y Salud Pública.
“Cada gremio tiene su características. Los gremios más fuertes apuestan a las grandes movilizaciones. Está claro que eso no vende mucho y lo digo con total propiedad”, afirmó. “Lo que importa para el gremio es el número que convocan. Otros piensan que lo que importa son las declaraciones más rimbombantes. Son distintas estrategias y en eso no nos tenemos que meter”, agregó.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT recibió el miércoles los informes con los reclamos de los trabajadores estatales. Además en el marco de ese encuentro también fue informada la situación de los exempleados de Pluna y de los empleados del correo, que están en conflicto hace 25 días.
El dirigente del PIT-CNT, Edgardo Doyenart, defendió las medidas de los trabajadores. Sostuvo que “cada medida de lucha tiene un contenido” y señaló que “se aplican en función del momento”. “Es lógico porque los trabajadores públicos tienen que negociar que haya una propuesta para mejorar”, afirmó.
Además de la huelga que sigue, todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de ASSE no trabajaran hoy en el marco de un cronograma de diez días de paros impulsado por el sindicato de funcionarios estatales (COFE) para reclamar más recursos en la Rendición de Cuentas. La misma medida se repitió ayer en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en la Corte Electoral. Mañana pararán los empleados del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Turismo y Deportes.
El sindicato de profesores de Montevideo (ADES) también realizará un paro hoy en toda la capital que dejará sin clase a 76 mil estudiantes. Los docentes piden incrementos salariales, mejoras edilicias y creación de cargos administrativos en los centros educativos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo descartó incrementar la partida ya asignada de US$ 20 en la Rendición de Cuentas.
La salud y la educación son los sectores que recibieron más recursos en los últimos siete años y también en esta rendición de cuentas. Además, son los lugares donde la izquierda le dio participación a los gremios en la conducción política.
Otros paros
Los controladores aéreos afectaron el martes los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En tanto, los funcionarios del correo también están en conflicto y limitan los repartos de cartas con peso superior a 250 gramos.
Mientras el gobierno advierte que las medidas son impulsadas por grupos radicales alineados detrás de los sindicatos, la cúpula del PIT-CNT señala que la instancia de Rendición de Cuentas es el momento para reclamar.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, considera que la “inflación de anuncios” sobre medidas sindicales y las ocupaciones son llevadas adelante por grupos de trabajadores “francamente minoritarios”. El jerarca advirtió que esas facciones “utilizan” la ocupación y la huelga de forma “permanente”.
El coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo, dijo a El Observador que la Rendición de Cuentas es “el momento” para que los trabajadores realicen sus reclamos pero siguió la línea planteada por Brenta en cuanto a diferir con los modos de protesta utilizados por los gremios de la enseñanza y Salud Pública.
“Cada gremio tiene su características. Los gremios más fuertes apuestan a las grandes movilizaciones. Está claro que eso no vende mucho y lo digo con total propiedad”, afirmó. “Lo que importa para el gremio es el número que convocan. Otros piensan que lo que importa son las declaraciones más rimbombantes. Son distintas estrategias y en eso no nos tenemos que meter”, agregó.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT recibió el miércoles los informes con los reclamos de los trabajadores estatales. Además en el marco de ese encuentro también fue informada la situación de los exempleados de Pluna y de los empleados del correo, que están en conflicto hace 25 días.
El dirigente del PIT-CNT, Edgardo Doyenart, defendió las medidas de los trabajadores. Sostuvo que “cada medida de lucha tiene un contenido” y señaló que “se aplican en función del momento”. “Es lógico porque los trabajadores públicos tienen que negociar que haya una propuesta para mejorar”, afirmó.
Nacional - SINDICATOS
Estatales inician 10 días de medidas
Desde este martes los funcionarios del Estado realizarán paros en reclamo por la Rendición de Cuentas. También se movilizan los controladores aéreos y salud pública
Los funcionarios del Estado (COFE) inician este
martes 10 días de paros en reclamo de más recursos en la Rendición de
Cuentas. Cada gremio decidirá si ocupa las oficinas y si hace piquetes
callejeros.
A su vez, el jueves 2 de agosto el PIT-CNT realizará un paro parcial
de 9 a 13 horas, con movilización y el 14 de agosto se llevará a cabo un
paro parcial en Montevideo que será de 24 horas en el interior.
Controladores afectan vuelos
También este martes, los controladores aéreos en conflicto con el Ministerio de Defensa retomarán las medidas de paro y espaciarán los despegues en intervalos de 10 minutos.
Además suspenderán los despegues de esta jornada entre las 10 y las
12 y entre las 20 y las 22 horas; el jueves 2 de agosto entre las 13 y
las 15 y entre las 18 y las 20 horas; y el sábado 4 de agosto entre las 5
y 7 y de 15 a 17 horas.
También decidieron cancelar los vuelos fuera de la ruta de plan de vuelo y los vuelos locales.
Funcionarios de Salud ocupan policlínica
El gremio de funcionarios de la salud pública comenzará este
miércoles 1º de agosto una huelga. Los sindicalistas ocuparán la
policlínica del Cerro, y otros centros de salud. Este martes realizarán
el cronograma de las restantes ocupaciones.
El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, reconoció que los
reclamos “son de recibo”, pero algunos “son imposibles de llevar
adelante” como el de la cantidad de enfermeros que piden.
Nacional - HUELGA EN LA SALUD
Desalojaron la policlínica ocupada en el Cerro
Gremio de funcionarios cree insuficiente el planteo del MSP para desactivar la huelga y mañana presentarán una contrapropuesta
El Ministerio de Trabajo no esperó a que la
Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) terminara formalmente
la ocupación en la policlínica del Cerro. A eso de las 17.15 horas
instó a los manifestantes a desalojar el local, y 15 minutos después
llegó la Policía para hacer efectivo el desalojo.
En tanto, la comisión directiva de la FFSP analizó esta mañana la
propuesta que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y ASSE presentaron
ayer para que el gremio desactive la huelga en la salud.
La propuesta oficial contiene ocho puntos, prevé unos $ 350 millones de pesos anuales y se concentra en aspectos salariales. De los dos reclamos fundamentales de la FFSP, solo contempla uno: la instalación de más seguridad en las policlínicas barriales, donde los funcionarios viven situaciones de violencia frecuentes. En el documento ni se menciona la incorporación de más personal en el prestador de salud estatal, que es la principal reivindicación.
Por eso la Federación considera “absolutamente insuficiente” el planteo del gobierno y la huelga se mantiene. Esta tarde ocuparon la policlínica del Cerro y la semana que viene se continuará con un centro de salud del interior.
En tanto, mañana presentarán una contrapropuesta al MSP. Pablo Cabrera, secretario general de la FFSP, dijo a El Observador que sugerirán al ministerio ahorrar el dinero que se gasta en la contratación de empresas privadas para cubrir distintos servicios en los centros de salud, y destinarlo a contratar más funcionarios.
Ahorrar para contratar
Según cálculos del gremio, ASSE gasta $ 500 millones anuales en la contratación de empresas de seguridad, limpieza, alimentación, transporte y otros servicios. Si esas tareas las asumiera el Estado, se ahorrarían unos $ 200 millones con los que se podría contratar a cerca de 1.000 funcionarios no médicos de los 2.500 que se necesitan.
Cabrera aclaró que los auxiliares de enfermería y licenciados representan cerca del 50% de las faltantes, pero que también se precisan auxiliares de limpieza, técnicos de distintas ramas y funcionarios administrativos.
En los últimos días las autoridades del MSP dijeron que el pedido de la FFSP de generar 2.500 cargos en la salud no es de recibo porque no hay tanta gente para contratar. En contraposición a eso, Cabrera aseguró que las escuelas de enfermería privadas “más allá de lo que se dice, han generado personas capacitadas en forma importante”.El dirigente alegó que recibe llamados diarios de enfermeros interesados en trabajar.
“El problema es que hay muchas trabas burocráticas en los llamados. Por ley, cuando se hace un concurso, debe agotarse la lista antes de hacer otro llamado. A veces pasan dos años de un concurso y la gente, que consiguió otro trabajo, se demora semanas en ir a firmar que ya no está interesada”, explicó Cabrera.
En ese sentido, el gremio considera que se debe modificar la norma de ingreso al Estado. “Es necesario aceitar más la estructura para tener movilidad”, alegó el sindicalista.
La propuesta oficial contiene ocho puntos, prevé unos $ 350 millones de pesos anuales y se concentra en aspectos salariales. De los dos reclamos fundamentales de la FFSP, solo contempla uno: la instalación de más seguridad en las policlínicas barriales, donde los funcionarios viven situaciones de violencia frecuentes. En el documento ni se menciona la incorporación de más personal en el prestador de salud estatal, que es la principal reivindicación.
Por eso la Federación considera “absolutamente insuficiente” el planteo del gobierno y la huelga se mantiene. Esta tarde ocuparon la policlínica del Cerro y la semana que viene se continuará con un centro de salud del interior.
En tanto, mañana presentarán una contrapropuesta al MSP. Pablo Cabrera, secretario general de la FFSP, dijo a El Observador que sugerirán al ministerio ahorrar el dinero que se gasta en la contratación de empresas privadas para cubrir distintos servicios en los centros de salud, y destinarlo a contratar más funcionarios.
Ahorrar para contratar
Según cálculos del gremio, ASSE gasta $ 500 millones anuales en la contratación de empresas de seguridad, limpieza, alimentación, transporte y otros servicios. Si esas tareas las asumiera el Estado, se ahorrarían unos $ 200 millones con los que se podría contratar a cerca de 1.000 funcionarios no médicos de los 2.500 que se necesitan.
Cabrera aclaró que los auxiliares de enfermería y licenciados representan cerca del 50% de las faltantes, pero que también se precisan auxiliares de limpieza, técnicos de distintas ramas y funcionarios administrativos.
En los últimos días las autoridades del MSP dijeron que el pedido de la FFSP de generar 2.500 cargos en la salud no es de recibo porque no hay tanta gente para contratar. En contraposición a eso, Cabrera aseguró que las escuelas de enfermería privadas “más allá de lo que se dice, han generado personas capacitadas en forma importante”.El dirigente alegó que recibe llamados diarios de enfermeros interesados en trabajar.
“El problema es que hay muchas trabas burocráticas en los llamados. Por ley, cuando se hace un concurso, debe agotarse la lista antes de hacer otro llamado. A veces pasan dos años de un concurso y la gente, que consiguió otro trabajo, se demora semanas en ir a firmar que ya no está interesada”, explicó Cabrera.
En ese sentido, el gremio considera que se debe modificar la norma de ingreso al Estado. “Es necesario aceitar más la estructura para tener movilidad”, alegó el sindicalista.
Acuerdo contempla al PCU y a COFE
El oficialismo atenderá demandas de la Enseñanza
Curiosamente, el aumento del empleo pondrá a disposición de la enseñanza
más recursos en esta Rendición de Cuentas, según el acuerdo alcanzado
por los sectores del Frente Amplio en las últimas horas.
Las diferencias presupuestales con ANEP y la Universidad, que habían
provocado una división en el seno del oficialismo debido a que el
Partido Comunista se negaba a votar la Rendición hasta que se
contemplaran los reclamos de los órganos educativos, quedaron zanjadas
ayer tras el acuerdo alcanzado para votar una transposición de rubros
por $ 60 millones, informó a El País el diputado Doreen Ibarra
(Fidel-FA).
Así, $ 40 millones de ese total se destinarán a la Universidad, otros $
15 millones irán a algunos programas de ANEP aún no determinados, y $ 5
millones serán para la Corte Electoral a fin de que realice tareas para
la inscripción cívica de jóvenes, especialmente en el área
metropolitana, indicó Ibarra.
Los recursos se obtendrán gracias a un proyecto de ley que será enviado
aparte al Parlamento trasponiendo los rubros con los fines señalados.
Ibarra explicó que esto se podrá hacer gracias a la disminución del
desempleo, lo que provoca que el fondo de empleo juvenil cuente con
recursos no utilizados.
Otro punto de acuerdo fue con relación al artículo 136, que establece
una tasa para los titulares de los servicios de radiodifusión y
televisión. El 50% de esta tasa, aún no determinada, se destinará para
la educación en general. Después se verá su distribución. Esta propuesta
fue elaborada por Ibarra y otros sectores frenteamplistas.
COFE. Asimismo, en el paquete de acuerdo alcanzado por los sectores del
Frente Amplio habrá ajustes en los artículos 6, 7 y 8, resistidos por
COFE debido a que considera que forman parte de la discusión sobre el
estatuto del funcionario público, que ellos quieren discutir con el
gobierno pero fuera de la Rendición de Cuentas.
Lo que se acordó en el Frente Amplio es que las normas contenidas en
esos artículos serán de aplicación recién cuando se analice el estatuto
referido.
La Rendición se comenzará a votar hoy en la comisión y desde el martes 14 en el plenario de Diputados.
El País Digital
La FFSP en respuesta a la propuesta presentada por las autoridades de Salud Pública hace las siguientes consideraciones sobre la base que se trata de un sector muy sensible para la sociedad, que requiere contar con las condiciones necesarias entre el personal trabajador, para brindar prestaciones de calidad en virtud de la profundización de la Reforma de la Salud en tanto y en cuanto se torna imperiosa la construcción de un nuevo modelo de atención.
jueves, 2 de agosto de 2012
C.S. del Cerro ocupado
C.S. del Cerro ocupado
La FFSP en respuesta a la propuesta presentada por las autoridades de Salud Pública hace las siguientes consideraciones sobre la base que se trata de un sector muy sensible para la sociedad, que requiere contar con las condiciones necesarias entre el personal trabajador, para brindar prestaciones de calidad en virtud de la profundización de la Reforma de la Salud en tanto y en cuanto se torna imperiosa la construcción de un nuevo modelo de atención.
1º de Agosto – Día del Trabajador de la Enseñanza Detenido-Desaparecido
MTSS afirma que libertad sindical no es aplicable para los estatales
Reclamo. Sindicato presentó una acción
judicial por "discriminación sindical". Asesora jurídica del Ministerio
dice que ley de fueros no es aplicable. Suprema Corte rebatió criterio
esgrimido
PABLO MELGAR
El Ministerio de Trabajo sostuvo que la ley de libertad sindical no es
aplicable a los funcionarios del Estado. La Suprema Corte de Justicia
hizo lugar a un recurso de casación, presentado por los sindicatos, en
el que confirmó que están incluidos.
La directora de la División Jurídica del Ministerio de Trabajo (MTSS),
Sara Payssé Rossi, consignó en un escrito judicial que la ley de
libertad sindical (N° 17. 940, aprobada el 2 enero de 2006) no
es aplicable a los funcionarios del Estado.
La funcionaria respondió de esa manera una acción judicial por
discriminación sindical que presentó el sindicato del MTSS ante el
traslado a otro ministerio, sin motivos aparentes, de dos de sus
principales dirigentes sindicales.
La principal abogada del MTSS sostiene en el texto que en la ley de
libertad sindical "no se incluye ni refiere a los funcionarios públicos
como actores ni al Estado como demandado". La abogada también señala que
con los funcionarios no existe "un vínculo laboral sino una relación
funcional, de carácter estatutario".
Payssé aseguró que la aplicación de la ley de libertad sindical a los
funcionarios públicos sería una "aplicación desmesurada del derecho
laboral frente a una rama autónoma e independiente como es el Derecho
Administrativo".
La batalla legal comenzó en 2011 cuando se venció el contrato de más de
100 profesionales del MTSS. Tras un duro conflicto el organismo resolvió
su recontratación. Dentro de esa nómina estaban Iris Fregossi y su
suplente en la directiva del sindicato del MTSS (Afmit), Sebastián
Comesaña.
Cuando volvieron a sus puestos laborales las autoridades administrativas
les anunciaron que pasarían a desempeñarse en el Ministerio de Vivienda
(Mvotma) mediante un pase en comisión.
Dentro de la argumentación que presentó el sindicato se encuentran
copias de las cartas que desde la Secretaría General del MTSS se
remitieron a varios organismos del Estado ofreciendo la posibilidad de
concretar un pase en comisión para ambos dirigentes.
Fregossi, una joven abogada que afirma ser votante del Partido Nacional,
acaba de resultar electa para integrar la Dirección de la Confederación
de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
Para los sindicalistas del MTSS y de COFE se trata de un claro acto de
persecución sindical y en consecuencia se dispusieron a realizar las
acciones legales en el marco de la ley 17.940, de libertad sindical,
aprobada el 2 de enero de 2006, según dijeron a El País.
En primera instancia se presentaron ante el Juzgado Letrado de Trabajo
de 4° turno que declinó competencia. En consecuencia envió la denuncia
sindical al Tribunal de Apelaciones de Trabajo (TAT) de 3er turno que
definió que quien tenía competencia era el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (TCA) en el entendido que se trataba de un intento de
cambiar un acto administrativo, por lo que también declinó.
Ante ese escenario los dirigentes del sindicato del MTSS resolvieron
interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia
(SCJ). Al respecto, el máximo organismo del Poder Judicial, por mayoría
de sus integrantes, el 20 de julio hizo lugar al pedido sindical y
habilita el inicio del trámite de la acción de amparo ante la sede del
TCA.
La defensa de los trabajadores, a cargo del abogado Bruno Sande, estima
que la resolución del Tribunal se conocerá en unos 30 días. La jueza
deberá convocar a las partes en los próximos cinco días, luego tiene
tres días para dictar sentencia. La segunda instancia tiene cinco días
para dar el fallo definitivo. Los trabajadores interpretan que la
decisión de la SCJ implica que la ley de libertad sindical es aplicable a
los funcionarios del Estado.
Sande mencionó que algunos informes de la División Jurídica del MTSS
sostienen que la ley de libertad sindical se aplica a los funcionarios
públicos. Sin embargo, en el caso de Fregossi mantuvieron una posición
distinta.
La batería de argumentos que presentó la defensa de Fregossi se basa en
que el MTSS no pudo aportar "ninguna razón valedera para concretar el
traslado de la funcionaria".
La secretaría de Estado, por su parte, indicó que la obligatoriedad de
trabajar seis horas para los funcionarios determinó que no se precisaran
tantos abogados. "Dicen que hay excedencia de personal en esa área
cuando están dando audiencias para dentro de dos meses mientras que en
la sede hay que esperar una hora para ser atendido", dijo Sande.
El Ministerio también esgrime como argumento la baja calificación de la
funcionaria. Para el abogado eso no está demostrado ya que las
calificaciones se hacen mediante un sistema subjetivo a cargo de los
jerarcas de la repartición.
"No actuaron con sentido común, si tiene otros cien funcionarios en el
mismo nivel no pueden afectar a la presidenta del sindicato. ¿Eso es lo
que le dirían a una empresa en la Dirección de Trabajo (Dinatra)?,
señaló Sande a El País.
Para el secretario general de COFE, José Lorenzo López, la postura del
MTSS y la decisión de la Suprema Corte afectan en términos políticos al
MTSS.
"Que la Jurídica del MTSS argumente en contra de la aplicación de la ley
de libertad sindical para los funcionarios públicos y que la Suprema
Corte de Justicia diga otra cosa deja políticamente muy mal parado a
todo el ministerio", afirmó.
El País Digital
Nacional
Nacional
"Ley no distingue entre los públicos y los privados"
Laboralista afirma que tiene cobertura de la Constitución
El abogado laboralista Nelson Larrañaga Zeni, autor de varios libros
sobre el tema y consultor de las cámaras empresariales, sostuvo que la
libertad sindical es un "derecho fundamental" que está consagrado en la
Constitución de la República y que forma parte de distintos convenios de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"El convenio 87 de OIT establece libertad sindical en general y la
protección de los trabajadores sin distinguir la calidad de funcionario
público o privado", mencionó el experto.
La única limitación que surge en ese convenio es para los militares y policías.
En Uruguay se aplica un convenio de OIT que hace una diferenciación
jurídica entre públicos y privados y que tiene que ver "únicamente" con
la negociación colectiva. "Por eso hay una ley de negociación colectiva
para privados y otra para públicos, pero la libertad sindical comprende
a todos los trabajadores sin hacer distingos", dijo Larrañaga.
El experto afirmó a El País que la libertad sindical se encuentra
comprendida por el artículo de la Constitución de la República. Allí se
consagran todas las libertades en el "sentido amplio".
A texto expreso en el primer artículo de la ley de libertad sindical se
señala que es "absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a
menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su
empleo o con el acceso al mismo". Al respecto, Larrañaga insistió en que
se trata de una definición "genérica" sobre los trabajadores que no
hace diferencias entre privados y públicos.
En ese sentido, el planteo de la jefa de jurídica del MTSS afirma que la
justicia laboral tendría dificultades a la hora de atender casos
específicos de funcionarios del Estado que tienen un estatuto en
particular.
"¿Cómo puede la justicia laboral, con los procedimientos y términos del
proceso laboral, tramitar, evaluar y resolver las contiendas entre el
Estado y sus funcionarios. ¿Cómo puede valorar la actuación funcional y
el cumplimiento de los cometidos estatales? ¿Cómo puede conocer los
estatutos especiales de ciertos funcionarios (policías, diplomáticos,
magistrados, militares) y resolver abstrayéndose de los principios del
derecho del trabajo?", se pregunta.
El País Digital
Julio Castro – A TREINTA Y CINCO AÑOS DE SU ASESINATO
MOVIMIENTO DE EDUCADORES POR LA PAZ
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA URUGUAYA
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA URUGUAYA
Julio Castro
A TREINTA Y CINCO AÑOS DE SU ASESINATO
INVITACIÓN:
Lectura de textos pedagógicos a cargo de estudiantes de magisterio.
Lectura de textos periodísticos a cargo de comunicadores.
SALA DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA URUGUAYA VIERNES 3 DE AGOSTO Hora 18:30
San José 1330 Esq. Ejido
SEGUIMOS
RECUPERÁNDOLO
A TREINTA Y CINCO AÑOS DE SU ASESINATO
INVITACIÓN:
Lectura de textos pedagógicos a cargo de estudiantes de magisterio.
Lectura de textos periodísticos a cargo de comunicadores.
SALA DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA URUGUAYA VIERNES 3 DE AGOSTO Hora 18:30
San José 1330 Esq. Ejido
SEGUIMOS
RECUPERÁNDOLO
Dossier del Blog El Muerto
sobre la crisis en Uruguay en el 2002 (enteramente basado en materiales de La Diaria)
A LOS DIEZ AÑOS DE LA CRISIS DEL 2002 EN URUGUAY: NO DEJEMOS QUE SE VUELVA A REPETIR
2.8.12
Diez años después
Columna de opinión.
1.
Es difícil entender cómo fue que después de la crisis argentina de 2001
la uruguaya pudo ser sorprendente para alguien al año siguiente. Muchas
veces sólo vemos lo que estamos dispuestos a ver, y es probable que en
este caso hayan prevalecido nociones muy arraigadas sobre la
singularidad de nuestro país y su presunta capacidad milagrosa de quedar
al margen (o por encima) de lo latinoamericano. Diez años después,
muchos parecen convencidos de que la turbulencia económica internacional
no puede afectarnos, y deberíamos preguntarnos cuánto de aquel candor
persiste.
2. Cuando las papas quemaron, la sustitución de Alberto Bensión por Alejandro Atchugarry en el Ministerio de Economía hizo caer el velo que había disfrazado a la política económica de ciencia exacta durante décadas; una presunta ciencia exacta basada, además, en la premisa de que la economía marcha mejor cuanto mayor sea la distancia entre ella y el Estado. Todos los ministros de Economía son políticos, pero Atchugarry fue el primero en mucho tiempo que no lo escondió. Asumió que su tarea incluía la administración de relaciones de poder entre actores sociales, y en ese sentido la izquierda ganó en el terreno ideológico antes de hacerlo en las urnas. Sin embargo, dentro del Frente Amplio no había consenso sobre la conveniencia de ocupar todo el terreno conquistado; hubo un relativo repliegue, porque muchos y muy importantes líderes frenteamplistas piensan que aquella neta politización de la economía fue un recurso necesario ante la emergencia, pero que no sería provechoso mantenerla en un período de “normalidad”. En este terreno se ubica, hasta hoy, gran parte de las diferencias de enfoque dentro del oficialismo.
3. Está claro que la crisis dio el último empujón a muchos ciudadanos que aún confiaban en los partidos llamados tradicionales, o que por lo menos seguían convencidos de que un gobierno frenteamplista podía ser mucho peor que cualquier combinación de colorados y blancos. Esa gente sintió que habíamos tocado fondo y que valía la pena correr el riesgo de un cambio histórico, pero muchos otros nunca llegaron a la misma conclusión. La falsa alarma sobre hordas saqueadoras que bajaban del Cerro fue para ellos verosímil porque funcionó como metáfora de la subversión que podía traer un triunfo electoral del Frente Amplio. El triunfo se produjo y no hubo nada por el estilo, pero la imagen temida sigue presente y, sin tener en cuenta los datos duros del proceso social reciente, una parte de la sociedad sigue convencida de que los planchas y los menores infractores pastabaseros aparecieron y nos toman la casa porque gobierna la izquierda. Es obvio que la crisis dejó una “herencia maldita” y que “las hordas” no van a desaparecer por arte de magia ni a palos, pero mientras medio país se niegue a reconocerlo, va a ser difícil reconstruir el tejido social.
4. El país estuvo en 2002 ante una encrucijada semejante, en cierto sentido, a la que había enfrentado de 1984 a 1989, cuando se gestaron el acuerdo del Club Naval, la Ley de Caducidad y el intento fallido de anularla mediante un referéndum. En aquel período, como hace diez años, hubo sectores (tanto en la izquierda como en la derecha y entre ambas) que consideraron necesario y viable lograr una salida que implicara mayores avances de sus posiciones, incluso mediante rupturas de la continuidad institucional, pero quedaron en minoría. En una y otra ocasión, ¿fue la voluntad amortiguadora de los partidos la que influyó para que no hubiera un conflicto social más acentuado, o fueron características de la sociedad uruguaya las que –para bien y para mal– dieron la mayoría a determinadas orientaciones partidarias? ¿Y de qué modo influyó la salida de la dictadura, al reforzar un “sentido común” muy moderado y prudente, para que en 2002 predominara la idea de que la mejor salida de la crisis –o la única viable– también pasaba por un camino “a la uruguaya”, resignado y gradualista? En ambas salidas hubo culpables emblemáticos a la vista y otros menos expuestos, que siguen impunes. En ambas querríamos que el “nunca más” fuera definitivo, con cimiento en un profundo aprendizaje social, pero nos acecha la duda de que quizá no hayamos hecho lo suficiente. En ambas “lo político prevaleció sobre lo jurídico”, y eso a la larga determina que el Estado uruguayo, llamado al orden por organismos internacionales, deba llevar a cabo medidas de reparación a los directamente perjudicados. Pero hay grandes daños irreversibles que afectan nuestra identidad y nuestro estado de ánimo. Entre las causas de la tan mentada sensación de inseguridad hay algunas que nunca tuvieron minutos en la sección policial de los informativos.
2. Cuando las papas quemaron, la sustitución de Alberto Bensión por Alejandro Atchugarry en el Ministerio de Economía hizo caer el velo que había disfrazado a la política económica de ciencia exacta durante décadas; una presunta ciencia exacta basada, además, en la premisa de que la economía marcha mejor cuanto mayor sea la distancia entre ella y el Estado. Todos los ministros de Economía son políticos, pero Atchugarry fue el primero en mucho tiempo que no lo escondió. Asumió que su tarea incluía la administración de relaciones de poder entre actores sociales, y en ese sentido la izquierda ganó en el terreno ideológico antes de hacerlo en las urnas. Sin embargo, dentro del Frente Amplio no había consenso sobre la conveniencia de ocupar todo el terreno conquistado; hubo un relativo repliegue, porque muchos y muy importantes líderes frenteamplistas piensan que aquella neta politización de la economía fue un recurso necesario ante la emergencia, pero que no sería provechoso mantenerla en un período de “normalidad”. En este terreno se ubica, hasta hoy, gran parte de las diferencias de enfoque dentro del oficialismo.
3. Está claro que la crisis dio el último empujón a muchos ciudadanos que aún confiaban en los partidos llamados tradicionales, o que por lo menos seguían convencidos de que un gobierno frenteamplista podía ser mucho peor que cualquier combinación de colorados y blancos. Esa gente sintió que habíamos tocado fondo y que valía la pena correr el riesgo de un cambio histórico, pero muchos otros nunca llegaron a la misma conclusión. La falsa alarma sobre hordas saqueadoras que bajaban del Cerro fue para ellos verosímil porque funcionó como metáfora de la subversión que podía traer un triunfo electoral del Frente Amplio. El triunfo se produjo y no hubo nada por el estilo, pero la imagen temida sigue presente y, sin tener en cuenta los datos duros del proceso social reciente, una parte de la sociedad sigue convencida de que los planchas y los menores infractores pastabaseros aparecieron y nos toman la casa porque gobierna la izquierda. Es obvio que la crisis dejó una “herencia maldita” y que “las hordas” no van a desaparecer por arte de magia ni a palos, pero mientras medio país se niegue a reconocerlo, va a ser difícil reconstruir el tejido social.
4. El país estuvo en 2002 ante una encrucijada semejante, en cierto sentido, a la que había enfrentado de 1984 a 1989, cuando se gestaron el acuerdo del Club Naval, la Ley de Caducidad y el intento fallido de anularla mediante un referéndum. En aquel período, como hace diez años, hubo sectores (tanto en la izquierda como en la derecha y entre ambas) que consideraron necesario y viable lograr una salida que implicara mayores avances de sus posiciones, incluso mediante rupturas de la continuidad institucional, pero quedaron en minoría. En una y otra ocasión, ¿fue la voluntad amortiguadora de los partidos la que influyó para que no hubiera un conflicto social más acentuado, o fueron características de la sociedad uruguaya las que –para bien y para mal– dieron la mayoría a determinadas orientaciones partidarias? ¿Y de qué modo influyó la salida de la dictadura, al reforzar un “sentido común” muy moderado y prudente, para que en 2002 predominara la idea de que la mejor salida de la crisis –o la única viable– también pasaba por un camino “a la uruguaya”, resignado y gradualista? En ambas salidas hubo culpables emblemáticos a la vista y otros menos expuestos, que siguen impunes. En ambas querríamos que el “nunca más” fuera definitivo, con cimiento en un profundo aprendizaje social, pero nos acecha la duda de que quizá no hayamos hecho lo suficiente. En ambas “lo político prevaleció sobre lo jurídico”, y eso a la larga determina que el Estado uruguayo, llamado al orden por organismos internacionales, deba llevar a cabo medidas de reparación a los directamente perjudicados. Pero hay grandes daños irreversibles que afectan nuestra identidad y nuestro estado de ánimo. Entre las causas de la tan mentada sensación de inseguridad hay algunas que nunca tuvieron minutos en la sección policial de los informativos.
Marcelo Pereira
. Marcha de la Concertación para el Crecimiento. Abril de 2002. Foto: Sandro Pereyra
Parece que fue hoy
Actores políticos y sociales evalúan la crisis de 2002.
Pasó una década y las cosas se pueden mirar desde otra perspectiva. El PIT-CNT considera que la alianza de aquellos días con otros actores en la Concertación para el Crecimiento es un antecedente del triunfo electoral de la izquierda en 2004. En cambio, otros actores como la FUCVAM o Jorge Zabalza hacen hincapié en los errores estratégicos que se cometieron en esos años. Por otra parte, referentes del Partido Colorado destacan la lealtad institucional del FA y de sindicatos como AEBU en los momentos más complejos de la mayor crisis político-económica de nuestra historia reciente.
Jorge
Batlle fue el primer presidente de Uruguay electo con el apoyo conjunto
del Partido Colorado (PC) y del Partido Nacional (PN). La reforma
constitucional de 1996 que habilita el balotaje o segunda vuelta se
impone en todas sus dimensiones en las elecciones de 1999. Se inaugura
el sistema de candidaturas únicas a la presidencia y la fórmula del
Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez- Rodolfo Nin Novoa, resulta la más
votada en la primera vuelta al obtener 40,1%. Los candidatos colorados
Batlle-Luis Hierro López consiguen 32,8%, los nacionalistas Luis Alberto
Lacalle-Sergio Abreu, 22,3% y el Nuevo Espacio (NE), con Rafael
Michelini-Pablo Mieres, 4,6%.
Como el FA no alcanza 50%, el balotaje de noviembre enfrenta a Vázquez y Batlle. El PN llama a sus votantes a sumar tras la candidatura colorada. Batlle es electo presidente con 54,13% de los votos, mientras que Vázquez obtiene 45,87%.
El Parlamento, resultado de la primera vuelta, queda conformado por 12 senadores del EP-FA, diez del PC y siete del PN; en Diputados, el EP-FA obtiene 40 bancas, el PC 33, el PN 22 y el NE cuatro. Los partidos tradicionales tienen mayoría parlamentaria (17 senadores y 55 diputados).
Batlle, de 72 años, asume el 1º de marzo de 2000 y en su discurso ante la Asamblea General advierte que “el año que corre” será difícil, “comenzando a mejorar en el segundo y afirmándose dicha tendencia hacia fines de año”. Promete “un gobierno de unidad”, que surge “del acuerdo entre partidos”, y plantea extender esta política “a todos los sectores de la sociedad”.
El 8 de febrero Batlle y Lacalle, en su condición de presidente del Directorio blanco, habían acordado la participación en el gobierno y negociaron la distribución de cargos. En ese directorio, el entonces líder de Nueva Fuerza Nacional, Jorge Larrañaga, votó contra el nombramiento de ministros blancos, para no “mimetizar” al PN con el PC (La República, 09/02/2000). Será el único sector del PN que no integra el gabinete.
Como el FA no alcanza 50%, el balotaje de noviembre enfrenta a Vázquez y Batlle. El PN llama a sus votantes a sumar tras la candidatura colorada. Batlle es electo presidente con 54,13% de los votos, mientras que Vázquez obtiene 45,87%.
El Parlamento, resultado de la primera vuelta, queda conformado por 12 senadores del EP-FA, diez del PC y siete del PN; en Diputados, el EP-FA obtiene 40 bancas, el PC 33, el PN 22 y el NE cuatro. Los partidos tradicionales tienen mayoría parlamentaria (17 senadores y 55 diputados).
Batlle, de 72 años, asume el 1º de marzo de 2000 y en su discurso ante la Asamblea General advierte que “el año que corre” será difícil, “comenzando a mejorar en el segundo y afirmándose dicha tendencia hacia fines de año”. Promete “un gobierno de unidad”, que surge “del acuerdo entre partidos”, y plantea extender esta política “a todos los sectores de la sociedad”.
El 8 de febrero Batlle y Lacalle, en su condición de presidente del Directorio blanco, habían acordado la participación en el gobierno y negociaron la distribución de cargos. En ese directorio, el entonces líder de Nueva Fuerza Nacional, Jorge Larrañaga, votó contra el nombramiento de ministros blancos, para no “mimetizar” al PN con el PC (La República, 09/02/2000). Será el único sector del PN que no integra el gabinete.
El entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling, y el inspector
Luis Pereira Saldías, en el acto del Día de la Policía. Diciembre de
2001. Foto: Fernando Morán
En el Ministerio de Defensa Nacional fue designado Luis Brezzo (Foro Batllista); en cancillería, Didier Opertti (Foro Batllista); en Economía y Finanzas, Alberto Bensión (lista 15); en Interior, Guillermo Stirling (Foro Batllista); en Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres (lista 15); en Salud Pública, Horacio Fernández (lista 15); en Turismo, Alfonso Varela (lista 15); y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux (Foro Batllista). En Ganadería, Agricultura y Pesca asume Gonzalo González, de extracción blanca independiente, pero designado directamente por Batlle. Por el PN asumen Álvaro Alonso (Desafío Nacional) en Trabajo y Seguridad Social, Sergio Abreu (Movimiento Nacional de Rocha) en Industria, Energía y Minería y los herreristas Carlos Cat en Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Antonio Mercader en Educación y Cultura. Poco después, se crea el Ministerio de Deporte, a cargo de Jaime Trobo (Herrerismo).
La coalición de gobierno dura hasta el 27 de octubre de 2002. Tras los sucesos de julio-agosto, el directorio del PN vota por mayoría una moción de Larrañaga para retirarse del gabinete. A partir de noviembre de 2002, el gobierno queda conformado sólo por colorados. Asumen en Trabajo Santiago Pérez del Castillo, en Industria Pedro Bordaberry, en Educación Leonardo Guzmán, además itinerante en Turismo y Deporte (ministerios ya fusionados), y en Vivienda Saúl Irureta.
En el EP-FA la fuerza más votada en 1999 había sido el Partido Socialista (PS), seguido por Asamblea Uruguay (AU), Movimiento de Participación Popular (MPP), Vertiente Artiguista (VA), Alianza Progresista (AP) y Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Las horas de crisis
El
24 de enero de 2002 el PIT-CNT organiza una marcha a Punta del Este y
propone 30 medidas urgentes para “evitar caer en una situación similar a
la de Argentina”, según dijo Juan Castillo (http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/8/castillo-reivindica-la-concertacion-para-el-crecim/ ).
El 14 de enero la Mesa Política del FA había decidido acompañar la movilización y los reclamos de la central. Esa Mesa Política recibe un informe del economista Carlos Viera que advierte que Uruguay va en la misma dirección que Argentina y la Corriente de Izquierda (CI) -grupo sin representación parlamentaria, orientado por Helios Sarthou y Jorge Zabalza- plantea un pedido de renuncia de Bensión, pero se pospone la resolución.
Finalmente, como el gobierno prohíbe el ingreso de la marcha a la península, el PIT-CNT hace el acto en Maldonado. El EP-FA también apoya los reclamos de la Concertación para el Desarrollo, una iniciativa del PIT-CNT en conjunto con gremiales rurales, pequeños productores y otros sectores, organiza un acto en el Obelisco en abril.
Tras el feriado bancario decretado a fines de julio, el presidente del FA, Tabaré Vázquez, dice en su habitual audición radial por CX 36 Centenario que se estaban viviendo “momentos extremadamente difíciles” y que él ya había dicho que “nos iba a pasar lo que le pasaba a Argentina si no se tomaban a tiempo determinadas medidas”. Para Vázquez: “Ya no estamos en el Titanic, ni en los botes, estamos en el agua”. Propone como salida “remar juntos” entre organizaciones políticas, sociales y empresariales para formar un “gran diálogo nacional sin exclusión”.
El gobierno impulsa la rápida aprobación de una ley para resolver la crisis. El Parlamento se reúne el fin de semana del 3 y 4 de agosto para sancionarla y se buscan los más amplios apoyos. Un préstamo de Estados Unidos que podía darle una inyección de liquidez al sistema está en juego en la aprobación de esa ley. El FA discute qué hacer. En primera instancia, la bancada resuelve no votar con el aval de la Mesa Política. Ésta resuelve que el EP-FA “no acompañe con sus votos ninguna propuesta que debilite a la banca oficial y la coloque en inferioridad de condiciones”, declara a los organismos del FA en “sesión permanente”, llama a los frenteamplistas a “nuclearse en sus organizaciones y comités de base”, reclama el derecho de los ciudadanos a manifestarse “pacíficamente” y se insta a no “propagar el clima de alarma entre la población”.
El 14 de enero la Mesa Política del FA había decidido acompañar la movilización y los reclamos de la central. Esa Mesa Política recibe un informe del economista Carlos Viera que advierte que Uruguay va en la misma dirección que Argentina y la Corriente de Izquierda (CI) -grupo sin representación parlamentaria, orientado por Helios Sarthou y Jorge Zabalza- plantea un pedido de renuncia de Bensión, pero se pospone la resolución.
Finalmente, como el gobierno prohíbe el ingreso de la marcha a la península, el PIT-CNT hace el acto en Maldonado. El EP-FA también apoya los reclamos de la Concertación para el Desarrollo, una iniciativa del PIT-CNT en conjunto con gremiales rurales, pequeños productores y otros sectores, organiza un acto en el Obelisco en abril.
Tras el feriado bancario decretado a fines de julio, el presidente del FA, Tabaré Vázquez, dice en su habitual audición radial por CX 36 Centenario que se estaban viviendo “momentos extremadamente difíciles” y que él ya había dicho que “nos iba a pasar lo que le pasaba a Argentina si no se tomaban a tiempo determinadas medidas”. Para Vázquez: “Ya no estamos en el Titanic, ni en los botes, estamos en el agua”. Propone como salida “remar juntos” entre organizaciones políticas, sociales y empresariales para formar un “gran diálogo nacional sin exclusión”.
El gobierno impulsa la rápida aprobación de una ley para resolver la crisis. El Parlamento se reúne el fin de semana del 3 y 4 de agosto para sancionarla y se buscan los más amplios apoyos. Un préstamo de Estados Unidos que podía darle una inyección de liquidez al sistema está en juego en la aprobación de esa ley. El FA discute qué hacer. En primera instancia, la bancada resuelve no votar con el aval de la Mesa Política. Ésta resuelve que el EP-FA “no acompañe con sus votos ninguna propuesta que debilite a la banca oficial y la coloque en inferioridad de condiciones”, declara a los organismos del FA en “sesión permanente”, llama a los frenteamplistas a “nuclearse en sus organizaciones y comités de base”, reclama el derecho de los ciudadanos a manifestarse “pacíficamente” y se insta a no “propagar el clima de alarma entre la población”.
Una interna por izquierda
Pero
en el FA el debate interno se hace público y notorio. AU y la VA
plantean que hay que acompañar el proyecto de Fortalecimiento del
Sistema Bancario. Los demás sectores se oponen. A pesar de que los
legisladores que quieren votar la ley acatan la resolución del FA
defienden la salida propuesta por el gobierno en algunos medios de
comunicación.
Vázquez admite que “hubo actitudes o conductas de compañeros” que distorsionaron la naturaleza de la resolución de la Mesa Política y agrega que “no estamos dispuestos a tolerar actitudes que sean atentatorias contra la unidad y la diversidad del FA”. “La presidencia del Frente Amplio no tiene la vocación absolutista de Luis XIV pero tampoco tiene vocación de director de comparsa”, concluye.
El Plenario Nacional del FA del 18 de agosto convoca a manifestarse pacíficamente en rechazo al modelo económico, “ampliar la base social” que lo rechaza, para impulsar un programa de reconstrucción nacional, consolidar una “nueva mayoría” para cambiar el país y “militar activamente en acciones de solidaridad” con los sectores más carenciados de la población. En setiembre, el EP-FA impulsa la creación de una comisión investigadora del sistema financiero en Diputados y por esa fuerza política se integran los legisladores Raúl Sendic (26M), Silvana Charlone y José Bayardi (VA). El diputado Víctor Rossi (AP) presenta documentos y denuncia irregularidades ocurridas en el sistema financiero previo al feriado bancario y sus colegas de todos los partidos votan por unanimidad crear la comisión.
El 9 de noviembre el plenario del FA se reúne para discutir estrategias. Se descarta la posibilidad de analizar un juicio político a Batlle. El senador Reinaldo Gargano (PS) quería impulsarlo si la comisión investigadora hallaba responsabilidades del presidente. Sin embargo, varios legisladores le quitan importancia a la propuesta, como el senador José Mujica, que declara que la iniciativa sería “más un gesto político que otra cosa” y cree que el PN no se va a anotar “en esa carrera”. El senador Enrique Rubio (VA) va más allá y dice que sería un planteo “precipitado” y que las propuestas “que rozan lo institucional son muy delicadas”. Para el diputado Brum Canet (AU) el juicio político “no está propuesto en ningún ámbito de la coalición de izquierda” y esa lectura debería atribuirse a quienes quieren “que asuma la presidencia Luis Hierro López” (La República, 09/11/02).
Previamente, los sectores habían discutido diferentes alternativas. La propuesta de impulsar un “gobierno de salvación nacional” y el adelantamiento de las elecciones nacionales de 2004 se planteó en las internas del PS, MPP, PCU, Partido por la Victoria del Pueblo y 26M. Sin embargo, no se encontraron fórmulas institucionales que no implicaran forzar el marco legal y constitucional. La CI fue el único sector que desde agosto propuso la renuncia de Batlle y el llamado a elecciones anticipadas.
Por su parte, AU propone “acompañar al gobierno” para salir de la crisis en la línea argumental que se había sostenido para apoyar la ley del sistema financiero. En setiembre, en una entrevista con La República, Astori responde a quienes creen que Batlle no llega a 2004: “Tengo por qué confiar en que se llega [...] también hay que ayudar. Creo que el Frente ha tenido, más allá de las discrepancias, una buena conducta política en estos tiempos de crisis. Vázquez utiliza siempre la formulación -y yo estoy de acuerdo- lealtad institucional”.
En octubre, ocurren dos hechos que impactan en el FA y en la definición de las perspectivas estratégicas: la retirada nacionalista del gabinete y el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En diciembre, el Nuevo Espacio se integra al EP-FA formando Nueva Mayoría: Vázquez y Rafael Michelini firman el acuerdo en un acto público. “El país como nación está en un laberinto y la salida no es refugiarse en el pasado, sino asumir compromisos con el presente y el futuro”, dijo Vázquez ese día.
Vázquez admite que “hubo actitudes o conductas de compañeros” que distorsionaron la naturaleza de la resolución de la Mesa Política y agrega que “no estamos dispuestos a tolerar actitudes que sean atentatorias contra la unidad y la diversidad del FA”. “La presidencia del Frente Amplio no tiene la vocación absolutista de Luis XIV pero tampoco tiene vocación de director de comparsa”, concluye.
El Plenario Nacional del FA del 18 de agosto convoca a manifestarse pacíficamente en rechazo al modelo económico, “ampliar la base social” que lo rechaza, para impulsar un programa de reconstrucción nacional, consolidar una “nueva mayoría” para cambiar el país y “militar activamente en acciones de solidaridad” con los sectores más carenciados de la población. En setiembre, el EP-FA impulsa la creación de una comisión investigadora del sistema financiero en Diputados y por esa fuerza política se integran los legisladores Raúl Sendic (26M), Silvana Charlone y José Bayardi (VA). El diputado Víctor Rossi (AP) presenta documentos y denuncia irregularidades ocurridas en el sistema financiero previo al feriado bancario y sus colegas de todos los partidos votan por unanimidad crear la comisión.
El 9 de noviembre el plenario del FA se reúne para discutir estrategias. Se descarta la posibilidad de analizar un juicio político a Batlle. El senador Reinaldo Gargano (PS) quería impulsarlo si la comisión investigadora hallaba responsabilidades del presidente. Sin embargo, varios legisladores le quitan importancia a la propuesta, como el senador José Mujica, que declara que la iniciativa sería “más un gesto político que otra cosa” y cree que el PN no se va a anotar “en esa carrera”. El senador Enrique Rubio (VA) va más allá y dice que sería un planteo “precipitado” y que las propuestas “que rozan lo institucional son muy delicadas”. Para el diputado Brum Canet (AU) el juicio político “no está propuesto en ningún ámbito de la coalición de izquierda” y esa lectura debería atribuirse a quienes quieren “que asuma la presidencia Luis Hierro López” (La República, 09/11/02).
Previamente, los sectores habían discutido diferentes alternativas. La propuesta de impulsar un “gobierno de salvación nacional” y el adelantamiento de las elecciones nacionales de 2004 se planteó en las internas del PS, MPP, PCU, Partido por la Victoria del Pueblo y 26M. Sin embargo, no se encontraron fórmulas institucionales que no implicaran forzar el marco legal y constitucional. La CI fue el único sector que desde agosto propuso la renuncia de Batlle y el llamado a elecciones anticipadas.
Por su parte, AU propone “acompañar al gobierno” para salir de la crisis en la línea argumental que se había sostenido para apoyar la ley del sistema financiero. En setiembre, en una entrevista con La República, Astori responde a quienes creen que Batlle no llega a 2004: “Tengo por qué confiar en que se llega [...] también hay que ayudar. Creo que el Frente ha tenido, más allá de las discrepancias, una buena conducta política en estos tiempos de crisis. Vázquez utiliza siempre la formulación -y yo estoy de acuerdo- lealtad institucional”.
En octubre, ocurren dos hechos que impactan en el FA y en la definición de las perspectivas estratégicas: la retirada nacionalista del gabinete y el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En diciembre, el Nuevo Espacio se integra al EP-FA formando Nueva Mayoría: Vázquez y Rafael Michelini firman el acuerdo en un acto público. “El país como nación está en un laberinto y la salida no es refugiarse en el pasado, sino asumir compromisos con el presente y el futuro”, dijo Vázquez ese día.
En la base
Las tres
organizaciones sociales más importantes del país, el PIT-CNT, la
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)
y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), no
están en el mejor momento de sus relaciones históricas.
El PIT-CNT apuesta a la concreción de una alianza de sectores sociales. Así, a fines de 2001 comienzan negociaciones casi secretas con dirigentes de las gremiales rurales y algunas cámaras empresariales menores. De allí surge la Concertación para el Crecimiento, que tiene su mayor expresión en un acto masivo el 16 abril de 2002 en el Obelisco: se llamó Jornada Cívica Nacional.
Entre los reclamos, figuran la desdolarización de la economía, reducción de las tasas de interés, suspensión de las ejecuciones a los productores rurales, reactivación del mercado interno, rebaja del IVA, estímulo a la inversión e incremento de la inversión pública. Sin embargo, no recibió el apoyo de FUCVAM, cuyo secretario general en ese momento, Gustavo González, dijo a la diaria que en ese período “estuvimos solos a la cabeza” de iniciativas como la de “oponerse a privatizar el puerto y el ferrocarril”. “Nos pronunciamos en contra” del acto en el Obelisco.
Una diferencia de encare fue la actitud de FUCVAM cuando organiza una marcha a Punta del Este en enero de 2003, similar a la convocada por el PIT-CNT el año anterior. González explica que “tuvimos 165 detenidos porque quisimos entrar” a la península. FUCVAM proponía “un gran frente social” por detrás de un programa de reivindicaciones “de los sectores populares” para “romper la crisis” y la consigna era “que Batlle se tenía que ir”, pero “quedamos solos”, agrega. “Hicimos un gran acto frente al edificio Libertad [entonces la casa de gobierno] donde le llevamos a Batlle un avión gigante y un pasaporte para que se fuera como lo estaban haciendo tantos uruguayos por culpa de la crisis”, cuenta González.
“Nunca tuvimos una relación ríspida” con el PIT-CNT, pero “teníamos diferencias”. González dice: “Defendíamos la independencia de las organizaciones y la movilización, porque meterle Valium a las organizaciones sociales es hacer crecer a la derecha y a su ideología”. A pesar de esa posición “radical”, en ese momento “estaban representadas en la dirección nacional” todos los sectores del FA, pero “no seguimos a ninguno”, dijo el cooperativista.
Uno de los principales reclamos de FUCVAM era recuperar 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, aportados por “todos los trabajadores”, que estaban “desaparecidos”. González cuenta que en una reunión con el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, en la propia sede de la federación, para tratar la situación de varias cooperativas, se le preguntó si sabía dónde estaba ese dinero y éste respondió sin dar más explicaciones: “Esa plata se la tragó el agujero negro”.
A principios de 2003, las organizaciones sociales acompañadas por el FA fortalecen la recolección de firmas para convocar un plebiscito contra la asociación de ANCAP con capitales privados, se suman a la iniciativa del Foro Social Mundial y hacen una marcha contra la inminente invasión de Estados Unidos a Irak. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), en tanto, viene de una convención bastante convulsionada en 2001 y la nueva mesa asume en febrero de 2002: la integran Manuel Flores, Leandro Grille, Gabriel Bonfrisco y Luis Lagaxio.
Por esos días se prepara una movilización en defensa del Hospital de Clínicas, pero en la noche del 2 de agosto la dirección de la FEUU discute qué hacer ante eventuales medidas prontas de seguridad y hasta se plantean planes de “autodefensa”. La mayoría de esos militantes universitarios -casi todos “hijos” de las ocupaciones de Secundaria de 1996- no consideraban viable tal extremo, aunque lo cierto es que a esa hora de la noche dos helicópteros todavía sobrevolaban Montevideo.
El PIT-CNT apuesta a la concreción de una alianza de sectores sociales. Así, a fines de 2001 comienzan negociaciones casi secretas con dirigentes de las gremiales rurales y algunas cámaras empresariales menores. De allí surge la Concertación para el Crecimiento, que tiene su mayor expresión en un acto masivo el 16 abril de 2002 en el Obelisco: se llamó Jornada Cívica Nacional.
Entre los reclamos, figuran la desdolarización de la economía, reducción de las tasas de interés, suspensión de las ejecuciones a los productores rurales, reactivación del mercado interno, rebaja del IVA, estímulo a la inversión e incremento de la inversión pública. Sin embargo, no recibió el apoyo de FUCVAM, cuyo secretario general en ese momento, Gustavo González, dijo a la diaria que en ese período “estuvimos solos a la cabeza” de iniciativas como la de “oponerse a privatizar el puerto y el ferrocarril”. “Nos pronunciamos en contra” del acto en el Obelisco.
Una diferencia de encare fue la actitud de FUCVAM cuando organiza una marcha a Punta del Este en enero de 2003, similar a la convocada por el PIT-CNT el año anterior. González explica que “tuvimos 165 detenidos porque quisimos entrar” a la península. FUCVAM proponía “un gran frente social” por detrás de un programa de reivindicaciones “de los sectores populares” para “romper la crisis” y la consigna era “que Batlle se tenía que ir”, pero “quedamos solos”, agrega. “Hicimos un gran acto frente al edificio Libertad [entonces la casa de gobierno] donde le llevamos a Batlle un avión gigante y un pasaporte para que se fuera como lo estaban haciendo tantos uruguayos por culpa de la crisis”, cuenta González.
“Nunca tuvimos una relación ríspida” con el PIT-CNT, pero “teníamos diferencias”. González dice: “Defendíamos la independencia de las organizaciones y la movilización, porque meterle Valium a las organizaciones sociales es hacer crecer a la derecha y a su ideología”. A pesar de esa posición “radical”, en ese momento “estaban representadas en la dirección nacional” todos los sectores del FA, pero “no seguimos a ninguno”, dijo el cooperativista.
Uno de los principales reclamos de FUCVAM era recuperar 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, aportados por “todos los trabajadores”, que estaban “desaparecidos”. González cuenta que en una reunión con el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, en la propia sede de la federación, para tratar la situación de varias cooperativas, se le preguntó si sabía dónde estaba ese dinero y éste respondió sin dar más explicaciones: “Esa plata se la tragó el agujero negro”.
A principios de 2003, las organizaciones sociales acompañadas por el FA fortalecen la recolección de firmas para convocar un plebiscito contra la asociación de ANCAP con capitales privados, se suman a la iniciativa del Foro Social Mundial y hacen una marcha contra la inminente invasión de Estados Unidos a Irak. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), en tanto, viene de una convención bastante convulsionada en 2001 y la nueva mesa asume en febrero de 2002: la integran Manuel Flores, Leandro Grille, Gabriel Bonfrisco y Luis Lagaxio.
Por esos días se prepara una movilización en defensa del Hospital de Clínicas, pero en la noche del 2 de agosto la dirección de la FEUU discute qué hacer ante eventuales medidas prontas de seguridad y hasta se plantean planes de “autodefensa”. La mayoría de esos militantes universitarios -casi todos “hijos” de las ocupaciones de Secundaria de 1996- no consideraban viable tal extremo, aunque lo cierto es que a esa hora de la noche dos helicópteros todavía sobrevolaban Montevideo.
Lucas Silva Luis Rómboli
La Justicia y el Ejecutivo
El fiscal
Enrique Möller estaba de turno el 2 de agosto. Asegura que le tocó un
momento difícil por “el clima” que se había generado. “Hubo muchos
detenidos, en el juzgado no había descanso. Llegaban sin parte policial,
sólo con la identificación. Fueron procesados apenas 15, 16 o 18
personas”, recordó.
Möller no tuvo contacto con Inteligencia
policial y nunca accedió a elementos para concluir que se trató de algo
organizado. “Hubo un caso que se investigó muy a fondo en el ámbito
judicial: un vendedor ambulante de ómnibus que empezó a vocear ese tema.
Algo hubo, pero desde el punto de vista judicial no logramos dar con
eso: no pudimos decir que la organización sale de acá”, agregó.
Diez
años después, el ex ministro del Interior Guillermo Stirling evalúa que
existió un “déficit muy grande” de la Inteligencia policial y militar y
niega que se hayan evaluado medidas prontas de seguridad: “Lo que
pedimos en aquel momento, e impactó, fueron dos helicópteros a la Fuerza
Aérea para ver si efectivamente venían esas famosas columnas. Nos
tranquilizó bastante que nos dijeran que no se veía absolutamente nada”.
El dirigente colorado tampoco tiene certezas respecto de la
“teoría de las hordas”. “Tremendamente misterioso fue eso. No te puedo
decir que haya sido una cuestión espontánea. No te puedo negar que fue
un pequeño grupo el que lo organizó. Sí te puedo decir que no se sabe
absolutamente nada si era de derecha o de izquierda. No había ni hubo
ningún elemento. Dejaron mucho que desear los servicios de Inteligencia
policial y militar”, insistió.
Stirling asegura que por esas
horas se reunió con Liber Seregni y que el contacto con la oposición era
permanente. “En el Frente Amplio [FA] la posición fue el apoyo
institucional”, concluye.
Zabalza: “Estaba por empezar a incendiarse la pradera y vinieron todos los bomberos”
-¿Los saqueos fueron una movida de actores de la derecha?
-En general, cuando hay cuestiones sociales de por medio me niego a responsabilizar siempre a la derecha. Ese tipo de justificaciones eluden el problema real. Quizá, en algún caso puntual, como el de Lecocq y Aparicio Saravia, hubo cosas raras, pero en otros no creo que hayan actuado grupos de derecha. Hubo explosiones de gente, aumento del desempleo, incremento de los desalojos, explosión de los asentamientos, infantilización de la pobreza. La gente reacciona y enseguida se dice que fue una conspiración de la Policía. Por favor.-¿Dónde estaba el 2 de agosto?
-Acá, en Santa Catalina, frente a la carnicería. El dólar pasó de 14 a 35 pesos y no podía comprar carne. La preocupación nuestra era cómo salir a cazar vacas. Había una olla popular que les daba de comer a 700 personas todos los días un ensopado. Y esa gente estaba muy caliente. En los asentamientos, cuando había alguna movilización, contra las razias, por ejemplo, hubo intervención de la izquierda radical, del MLN [Movimiento de Liberación Nacional] o del MPP [Movimiento de Participación Popular]. Si cuadros de la derecha se meten a provocar, eso no deslegitima a toda la gente que estaba en la calle. Había un hambre desesperante y si un agente policial encubierto va a un lugar a decir “vamos a saquear supermercados” y se le suman 100 o 150 personas, como pasó en San Martín y Yatay, el tipo pone el dedo en la matadura; es el detonante, pero antes hay una situación social.-¿Cuál era su posición por esos días?
-Yo creía en dos cosas: en lo económico, a los bancos fundidos no había que salvarlos, y en el plano político había que voltear a Jorge Batlle. ¿Por qué no lo vas a voltear a Jorge Batlle? Pero se impuso la concepción de la democracia formal: esperar a las elecciones. El aparato del Frente Amplio terminó ganando, terminó teniendo razón.-¿Teniendo razón o ganando?
-Ganando; desde el punto de vista electoral tuvo la razón, fue una estrategia correcta. No fue una estrategia correcta para los intereses populares. La crisis de 2002 marca el momento en el cual los sectores dirigentes del FA, encabezados por Danilo Astori, empiezan su asociación con el gran capital. A partir de ahí Danilo se gana la confianza de los organismos financieros y las corporaciones. Ese juego político, que incluye el salvataje a la banca, arrastró a toda la izquierda hacia un modelo neoliberal con políticas sociales.-¿Qué sectores de la izquierda eran partidarios de precipitar la caída de Batlle?
-Sólo la Corriente de Izquierda. El Partido Comunista dudó. En el FA predominó la línea de lo menos malo, o sea, un anticipo de lo que vendría después. Había un clima de efervescencia, pero el FA operó para amortiguarla y canalizarla sólo para el plano electoral. Y lo logró. Encarrilló la indignación, como la que viven hoy los españoles, hacia las elecciones de 2004. Ahí cosechó el fruto de su capacidad para controlar a la gente. Estaba por empezar a incendiarse la pradera y vinieron todos los bomberos. Los partidos de la derecha y la derecha del FA. Y lo lograron apagar.-¿Los tomó por sorpresa el FA?
-Para nada. Veníamos de los ensayos de ese neoliberalismo con políticas sociales de las intendencias de Vázquez y, sobre todo, las de Arana. La sorpresa es más por el lado del discurso del MLN y el MPP, por la discusión que veníamos teniendo desde que salimos de la cárcel en 1985 hasta 1994 o 1995, porque con matices, todos los voceros veníamos diciendo lo mismo: José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Julio Marenales y yo. Ellos, paulatinamente, se fueron plegando a las posturas más a la derecha del FA: la historia del menos malo, estar en los lugares de decisión y, con esa lógica, fueron arrastrados hasta las posturas de hoy. Que tienen apoyo popular, eso no lo niego.
Nicolás Melgar, Yéssica Alonso, Ismael Samandú, Diego Domínguez y Nicolás Scarón, integrantes de Quijote FM Foto: Sandro Pereyra
Frecuencia modulada
En 2002 el Ministerio de Defensa acusó a Quijote FM de instigar a los saqueos y ordenó su allanamiento.
Entre los grupos “radicales” a los que el gobierno de la época
responsabilizaba de organizar los saqueos, se encontraban algunas radios
comunitarias que no tenían habilitación para funcionar. El sábado 3 de
agosto, a partir de una denuncia del Ministerio de Defensa Nacional
(MDN) -del que dependía la Unidad Reguladora de Servicios de
Comunicación (Ursec)-, fue allanada por personal militar Quijote FM en
el barrio Sayago.
A diez
años de ese episodio, varios integrantes de la extinta radio que hoy
desembocó en dos nuevas emisoras recibieron a la diaria y hablaron de lo
ocurrido en esos días. Nicolás Melgar, Yéssica Alonso, Ismael Samandú,
Diego Domínguez y Nicolás Scarón no eran conscientes entonces de lo que
estaban viviendo y recuerdan el episodio con cierta cuota de humor. Esa
noche habían ido a buscar a la radio algunos equipos porque ya tenían el
dato del inminente allanamiento, además de señales como la presencia de
camionetas de la Ursec y del Ejército en las inmediaciones.
El viernes 2 de agosto ya habían recibido llamadas de vecinos que los alertaban sobre la cercanía de un vehículo de la Ursec, que fue desalentada por medio de la denuncia al aire de la situación. Pero al otro día no hubo forma de evitar el operativo. Melgar comenta que en la mañana había tenido una volanteada en una feria barrial y que cuando volvía a la radio vio pasar decenas de patrulleros y algunos móviles de la Ursec. Tras avisar a sus compañeros, llegaron al lugar y se encontraron con policías que se estaban llevando todo.
Para Alonso la escena por momentos fue “dantesca”, debido a que muchos de los efectivos eran de la seccional policial de la zona y habituales oyentes de la radio, que incluso participaban en espacios destinados a la audiencia. Samandú cuenta que en la emisora -de propiedad cooperativa- bromeaban con que había un dueño, “el señor Gómez”. Los policías reclamaban contactarse con el ficticio Gómez.
Más allá de las anécdotas jocosas, el allanamiento -transmitido en vivo por Quijote FM y retransmitido por CX 36- fue vivido por los integrantes de la radio con gran tensión. Domínguez lo comparó con lo que pasa en el libro La fuga, de Eleuterio Fernández Huidobro, por la “sensación de irrealidad” que generaba lo que estaba pasando. El cuadro se completaba con el corte de la calle de la radio de esquina a esquina y la presencia de más de 200 vecinos en la puerta que se acercaron a ver lo que ocurría. Cuando Alonso llegó al estudio los oficiales se estaban llevando una tele con radio; la había prestado un vecino, por lo que pidió que la dejaran. Le respondieron que tenían orden de incautar todo lo que usaban para transmitir. “Con ese criterio me tienen que cortar la lengua”, retrucó. “El loco”, señala Alonso, “me palmeó la espalda y me dijo que todavía no tenían injerencia sobre la persona humana, pero sólo por ahora”.
Para los comunicadores la verdadera causa del operativo fue que la radio se había ubicado en un lugar de referencia para cierto sector de la sociedad. Recuerdan que algunos de sus columnistas eran Samuel Blixen, María Urruzola y el entonces cónsul de Cuba, Osvaldo Burgos, quienes de distinta forma los alertaron sobre la situación y les ofrecieron salidas. Burgos puso a disposición un helicóptero en el techo de la radio “por si tenían que escapar” y Blixen les recomendó que “si tenían pasaporte se fueran”.
Quijote fue la primera emisora comunitaria en transmitir 24 horas de corrido y en acercarse a muchas radios comerciales en calidad de la señal y profesionalización del trabajo. Otro aspecto destacado por los entrevistados fue la conformación de una cooperativa de trabajo. Todos sostienen que la radio había empezado a molestar, y que sin querer y sin saberlo, se habían situado en un lugar destacado. Ejemplo de ello es que los abogados que los asesoraban eran Gonzalo Fernández y Juan Fagúndez, a los que habían accedido por medio de Guillermo Chifflet, a quien llamaron en el momento del allanamiento y dan las gracias de que el episodio no haya sido de mayor violencia.
De pronto se encontraron con que su emprendimiento barrial estaba en boca de políticos y de medios de comunicación masivos y mencionan la cobertura de Zona urbana, de Canal 10. “Pasaron nuestro spot de los saqueos e inmediatamente Nacho Álvarez dijo: ‘Nada más para agregar, ¿no?’”, recordó Scarón. También conservan cosas positivas, como el caso de una mujer que dijo haberse ido caminando desde el Cerrito de la Victoria el día del allanamiento para entregarse a la Policía, porque como oyente se sentía parte de la emisora.
El episodio les habría servido a estos comunicadores para comprobar que “la Justicia depende de los climas políticos” y citan una frase que les dijo Fagúndez: “Si van a declarar mañana, se comen tres años, si van el mes que viene los meten adentro tres meses, y si van el año que viene les piden perdón”.
Pese a estar al tanto de algunos rumores de personas que estaban organizando saqueos y de haber participado en movilizaciones de protesta con cortes de calle incluidos, los ex integrantes de Quijote FM niegan haberlos instigado y sostienen que fueron impulsores de ollas populares y movimientos asociativos y cooperativos en la zona, que tuvieron diferentes destinos hasta el presente.
El viernes 2 de agosto ya habían recibido llamadas de vecinos que los alertaban sobre la cercanía de un vehículo de la Ursec, que fue desalentada por medio de la denuncia al aire de la situación. Pero al otro día no hubo forma de evitar el operativo. Melgar comenta que en la mañana había tenido una volanteada en una feria barrial y que cuando volvía a la radio vio pasar decenas de patrulleros y algunos móviles de la Ursec. Tras avisar a sus compañeros, llegaron al lugar y se encontraron con policías que se estaban llevando todo.
Para Alonso la escena por momentos fue “dantesca”, debido a que muchos de los efectivos eran de la seccional policial de la zona y habituales oyentes de la radio, que incluso participaban en espacios destinados a la audiencia. Samandú cuenta que en la emisora -de propiedad cooperativa- bromeaban con que había un dueño, “el señor Gómez”. Los policías reclamaban contactarse con el ficticio Gómez.
Más allá de las anécdotas jocosas, el allanamiento -transmitido en vivo por Quijote FM y retransmitido por CX 36- fue vivido por los integrantes de la radio con gran tensión. Domínguez lo comparó con lo que pasa en el libro La fuga, de Eleuterio Fernández Huidobro, por la “sensación de irrealidad” que generaba lo que estaba pasando. El cuadro se completaba con el corte de la calle de la radio de esquina a esquina y la presencia de más de 200 vecinos en la puerta que se acercaron a ver lo que ocurría. Cuando Alonso llegó al estudio los oficiales se estaban llevando una tele con radio; la había prestado un vecino, por lo que pidió que la dejaran. Le respondieron que tenían orden de incautar todo lo que usaban para transmitir. “Con ese criterio me tienen que cortar la lengua”, retrucó. “El loco”, señala Alonso, “me palmeó la espalda y me dijo que todavía no tenían injerencia sobre la persona humana, pero sólo por ahora”.
El trasfondo
Los ex integrantes de Quijote FM fueron acusados de instigación a la violencia y las pruebas en su contra fueron un spot elaborado a partir de los saqueos en Argentina de fines de 2001 que decía: “Si el hambre es ley, los saqueos son la Justicia”. De acuerdo a lo narrado, el spot fue quitado del aire días antes del allanamiento. Además, un oyente había leído al aire que la ley no pena ese tipo de actos si se actúa bajo la causal de necesidad, por lo que llamó a saquear comercios con niños y a llevarse solamente alimentos. “Inmediatamente despedimos al señor, pero no podíamos coartar ese espacio que era de la audiencia”, señaló Scarón.Para los comunicadores la verdadera causa del operativo fue que la radio se había ubicado en un lugar de referencia para cierto sector de la sociedad. Recuerdan que algunos de sus columnistas eran Samuel Blixen, María Urruzola y el entonces cónsul de Cuba, Osvaldo Burgos, quienes de distinta forma los alertaron sobre la situación y les ofrecieron salidas. Burgos puso a disposición un helicóptero en el techo de la radio “por si tenían que escapar” y Blixen les recomendó que “si tenían pasaporte se fueran”.
Quijote fue la primera emisora comunitaria en transmitir 24 horas de corrido y en acercarse a muchas radios comerciales en calidad de la señal y profesionalización del trabajo. Otro aspecto destacado por los entrevistados fue la conformación de una cooperativa de trabajo. Todos sostienen que la radio había empezado a molestar, y que sin querer y sin saberlo, se habían situado en un lugar destacado. Ejemplo de ello es que los abogados que los asesoraban eran Gonzalo Fernández y Juan Fagúndez, a los que habían accedido por medio de Guillermo Chifflet, a quien llamaron en el momento del allanamiento y dan las gracias de que el episodio no haya sido de mayor violencia.
De pronto se encontraron con que su emprendimiento barrial estaba en boca de políticos y de medios de comunicación masivos y mencionan la cobertura de Zona urbana, de Canal 10. “Pasaron nuestro spot de los saqueos e inmediatamente Nacho Álvarez dijo: ‘Nada más para agregar, ¿no?’”, recordó Scarón. También conservan cosas positivas, como el caso de una mujer que dijo haberse ido caminando desde el Cerrito de la Victoria el día del allanamiento para entregarse a la Policía, porque como oyente se sentía parte de la emisora.
El episodio les habría servido a estos comunicadores para comprobar que “la Justicia depende de los climas políticos” y citan una frase que les dijo Fagúndez: “Si van a declarar mañana, se comen tres años, si van el mes que viene los meten adentro tres meses, y si van el año que viene les piden perdón”.
Pese a estar al tanto de algunos rumores de personas que estaban organizando saqueos y de haber participado en movilizaciones de protesta con cortes de calle incluidos, los ex integrantes de Quijote FM niegan haberlos instigado y sostienen que fueron impulsores de ollas populares y movimientos asociativos y cooperativos en la zona, que tuvieron diferentes destinos hasta el presente.
Facundo Franco
Al fin de cuentas
Llegó al Parlamento proyecto de reparación a ex ahorristas del Montevideo.
En
la oficina de la escribana Alicia Barbani, una de las representantes de
los clientes del Banco Montevideo (BM), se acumulan pilas de cientos de
documentos vinculados a la crisis de 2002 y a la estafa de la que
fueron objeto. “Y en mi casa hay más”, comenta. Barbani acababa de
despedir a familiares de demandantes fallecidos, que buscaban asesorarse
sobre cómo iniciar la sucesión, cuando recibió a la diaria.
El 18 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado su sentencia sobre “la responsabilidad internacional de Uruguay por haber incurrido” en la violación de “las debidas garantías en los procedimientos ante el Banco Central [del Uruguay (BCU)]” con relación al artículo 31 de la ley 17.613, promulgada en diciembre de 2002, que facultó al BCU a otorgar a los ahorristas de los ex bancos Montevideo y Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin consentimiento, los mismos derechos que a los demás titulares de cuentas de esas firmas.
Invocando esta disposición fue que 1.476 personas reclamaron su dinero, pero sólo se consideró la situación de 22. Esto determinó que los marginados de la solución iniciaran el periplo que los llevaría hacia la Corte IDH, el 17 de octubre de 2003, cuando Barbani y María del Huerto Breccia presentaron, en nombre de un grupo de clientes del BM, una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue aceptada tres años después, el 27 de octubre de 2006. Pasaron otros tres años y el 16 de diciembre de 2009 la CIDH envió un informe con recomendaciones al Estado y fijó un plazo de dos meses para que adoptara medidas en consecuencia, las cuales nunca se concretaron. Por tanto, el 16 de marzo de 2010 la CIDH elevó el caso a la Corte IDH, que un año después dio la razón a 539 ahorristas, ordenando al Estado “resarcir los daños de manera integral”, lo cual incluye compromiso de no repetición y compensaciones pecuniarias.
La Corte no se pronunció acerca de si las víctimas cumplen los requisitos para acceder a los derechos estipulados en el artículo 31, pero concluyó que el Estado no les otorgó las garantías necesarias ante las demandas. Para establecer lo primero, la Corte IDH fijó “un plazo de seis meses [a partir de la fecha de notificación]”, para que el Estado cree un organismo para atender “las nuevas peticiones” que le lleguen.
Con fecha 29 de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó al Parlamento un proyecto de ley de artículo único que da “autorización” al Poder Ejecutivo para conformar el mencionado organismo con una integración de tres miembros. También pone plazo de 30 días para que las 539 personas amparadas por el fallo hagan efectivas sus peticiones.
Para Barbani “no es necesario” este trámite parlamentario ya que la propia Corte IDH habilita al Ejecutivo para generar dicho ámbito más allá de cualquier acción legislativa, “además de que el Estado ya está fuera de plazo”. Al respecto, el director general del MEF, Pedro Apezteguía, defendió el pedido de “autorización” en que hay “cosa juzgada” porque los ahorristas ya habían recurrido en 2003 al artículo 31 y este nuevo escenario requiere “una nueva definición” legislativa.
El jerarca consideró que el Estado “está dentro de los plazos” porque los seis meses se cumplieron en mayo, cuando el MEF dio entrada al proyecto de ley en cuestión. Esto se produjo el 5 de junio y entró en comisión de Constitución y Legislación del Senado el 26 de ese mes, pero todavía no está en la agenda de temas a considerar ni fue analizado por la bancada oficialista.
Al ser consultada por la diaria, Barbani estimó que la deuda para con las 539 personas es de unos 30.000.000 de dólares, pero enseguida aclaró que “esto va más allá del dinero”. “Estos señores Peirano dicen que no hubo nadie engañado [con relación al envío de los depósitos a bancos en las islas Caimán]. ¿Una persona con 6.000 dólares va a depositar en Caimán? No tienen vergüenza. Por todas las personas que han fallecido y se han suicidado se tienen que callar la boca”, afirmó. “[El canciller Luis] Almagro y [el ministro de Economía Fernando] Lorenzo nos aseguraron que van a cumplir. ¿Pero cuándo? ¿Cuando no existamos más? Yo ya pasé por el Parlamento, por todo ese proceso y por más. ¿Hay derecho a que transcurran diez años y nada?”, cuestionó y precisó que más de 170 de los 539 demandantes ya fallecieron.
El 18 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado su sentencia sobre “la responsabilidad internacional de Uruguay por haber incurrido” en la violación de “las debidas garantías en los procedimientos ante el Banco Central [del Uruguay (BCU)]” con relación al artículo 31 de la ley 17.613, promulgada en diciembre de 2002, que facultó al BCU a otorgar a los ahorristas de los ex bancos Montevideo y Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin consentimiento, los mismos derechos que a los demás titulares de cuentas de esas firmas.
Invocando esta disposición fue que 1.476 personas reclamaron su dinero, pero sólo se consideró la situación de 22. Esto determinó que los marginados de la solución iniciaran el periplo que los llevaría hacia la Corte IDH, el 17 de octubre de 2003, cuando Barbani y María del Huerto Breccia presentaron, en nombre de un grupo de clientes del BM, una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue aceptada tres años después, el 27 de octubre de 2006. Pasaron otros tres años y el 16 de diciembre de 2009 la CIDH envió un informe con recomendaciones al Estado y fijó un plazo de dos meses para que adoptara medidas en consecuencia, las cuales nunca se concretaron. Por tanto, el 16 de marzo de 2010 la CIDH elevó el caso a la Corte IDH, que un año después dio la razón a 539 ahorristas, ordenando al Estado “resarcir los daños de manera integral”, lo cual incluye compromiso de no repetición y compensaciones pecuniarias.
La Corte no se pronunció acerca de si las víctimas cumplen los requisitos para acceder a los derechos estipulados en el artículo 31, pero concluyó que el Estado no les otorgó las garantías necesarias ante las demandas. Para establecer lo primero, la Corte IDH fijó “un plazo de seis meses [a partir de la fecha de notificación]”, para que el Estado cree un organismo para atender “las nuevas peticiones” que le lleguen.
Con fecha 29 de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó al Parlamento un proyecto de ley de artículo único que da “autorización” al Poder Ejecutivo para conformar el mencionado organismo con una integración de tres miembros. También pone plazo de 30 días para que las 539 personas amparadas por el fallo hagan efectivas sus peticiones.
Para Barbani “no es necesario” este trámite parlamentario ya que la propia Corte IDH habilita al Ejecutivo para generar dicho ámbito más allá de cualquier acción legislativa, “además de que el Estado ya está fuera de plazo”. Al respecto, el director general del MEF, Pedro Apezteguía, defendió el pedido de “autorización” en que hay “cosa juzgada” porque los ahorristas ya habían recurrido en 2003 al artículo 31 y este nuevo escenario requiere “una nueva definición” legislativa.
El jerarca consideró que el Estado “está dentro de los plazos” porque los seis meses se cumplieron en mayo, cuando el MEF dio entrada al proyecto de ley en cuestión. Esto se produjo el 5 de junio y entró en comisión de Constitución y Legislación del Senado el 26 de ese mes, pero todavía no está en la agenda de temas a considerar ni fue analizado por la bancada oficialista.
Al ser consultada por la diaria, Barbani estimó que la deuda para con las 539 personas es de unos 30.000.000 de dólares, pero enseguida aclaró que “esto va más allá del dinero”. “Estos señores Peirano dicen que no hubo nadie engañado [con relación al envío de los depósitos a bancos en las islas Caimán]. ¿Una persona con 6.000 dólares va a depositar en Caimán? No tienen vergüenza. Por todas las personas que han fallecido y se han suicidado se tienen que callar la boca”, afirmó. “[El canciller Luis] Almagro y [el ministro de Economía Fernando] Lorenzo nos aseguraron que van a cumplir. ¿Pero cuándo? ¿Cuando no existamos más? Yo ya pasé por el Parlamento, por todo ese proceso y por más. ¿Hay derecho a que transcurran diez años y nada?”, cuestionó y precisó que más de 170 de los 539 demandantes ya fallecieron.
Las ollas populares
Una peli de zombis
La sociedad ante la crisis.
Podemos recordar al viernes 2 de agosto de 2002 como el día de las
hordas de saqueadores que nunca existieron. Pero reducirlo todo a un día
sería ignorar lo que desembocó en ese episodio y cómo siguió pesando en
nuestra sociedad.
Desde
hacía algunos días había un feriado bancario y el miércoles 31 de julio
se registró un saqueo en un supermercado de San Martín y Yatay, cuando
cerca de 40 personas, sin que mediara otra frase que “tenemos hambre”,
se llevaron en bolsas varios productos del local, cuyo dueño no se
resistió. Al otro día algunos medios de comunicación informaron sobre la
existencia de cerca de 30 saqueos en la capital, aunque otros dijeron
que solamente hubo cuatro confirmados y que el resto fueron
aglomeraciones de personas frente a los comercios. El viernes 2 de
agosto -previo a la votación de la ley de rescate financiero que se votó
ese fin de semana en sesión extraordinaria del Parlamento-, hacia la
tarde, los medios de comunicación comenzaron a hacer referencia a una
horda de gente que “bajaba” desde el Cerro y venía saqueando todo lo que
encontraba a su paso.
El Ministerio del Interior previó “operativos de saturación” para ese día en barrios “marginales”, de acuerdo a lo que dijo Nelsi Bobadilla, jefe de Policía de la época. La propia Policía era la que pedía a los comerciantes que cerraran sus negocios ante la inminente llegada de las hordas, que también vendrían desde La Paz y por la ruta 8; algunos medios llegaron a hablar de gente que venía en camiones masturbándose mientras saqueaba todo a su paso. Varios comerciantes obedecieron a la Policía y los medios y cerraron; otros no lo hicieron; muchos siguieron atendiendo detrás de las rejas. La propia Intendencia de Montevideo (IM) desalojó sus locales y lo mismo hicieron varias instituciones educativas. Quienes estaban en zonas comerciales después de las 17.00 recuerdan que de pronto Montevideo parecía una ciudad fantasma y que se hablaba de la posibilidad de que el gobierno aplicara las Medidas Prontas de Seguridad.
Pero las hordas nunca llegaron y desde el gobierno se dijo que el dato había llegado por medio de varias denuncias realizadas desde teléfonos públicos.
Pero, más allá de lo virtual, el hecho generó acciones concretas. Bolón habla de un “toque de queda” autoimpuesto por la gente, que habría conseguido “limpiar la calle de cualquier veleidad protestona” ante la votación de la ley en el Palacio Legislativo.
Por otra parte, Bolón sostiene que la parálisis también favoreció al Frente Amplio: “Por un lado, jugó con la derecha [con el Partido Colorado y el Partido Nacional], en nombre de las políticas de Estado, de la gobernabilidad, de los superiores intereses de la Patria, del sentido de la responsabilidad y del orden; por otro lado, ganó con la izquierda [con el Frente Amplio, FA], en nombre del cambio. Entonces, en nombre del cambio anhelado e inminente, el FA aceptó el salvataje de los bancos vaciados; el encierro recetado para esquivar las hordas también benefició a las autoridades del FA, que no encontraron mayor oposición en sus filas”.
El decano de la Facultad de Humanidades (Udelar), Álvaro Rico, observa que durante este episodio la democracia “capitalizó los miedos de la sociedad bajo la dictadura en los miedos a ‘repetir la historia’” y que “independientemente de los contextos históricos y sujetos concretos, el mecanismo funciona como tal hasta el presente: alternativas binarias, disyuntivas yo-el otro, únicos sujetos portadores de la racionalidad. Nosotros también sabemos para qué lado operan y quiénes operan esas alternativas de opción única: orden-subversión, sociedad honesta-sociedad criminal y un largo etcétera”.
Además, García sostiene que en las zonas aludidas el rumor fue tomado como un chiste por algunos y agrega que las construcciones de “zonas rojas” venían desde mucho tiempo atrás. Pero, en su opinión, la idea “quedó flotando” y gran parte de la población creyó que el episodio de las hordas era posible. El periodista Raúl Zibechi cree que la mayoría de los medios reaccionó con foco en lo económico y en lo político, y con temor de que hubiera algo que rompiera la normalidad. “Hubo una criminalización de la protesta o una actitud de precaución -racismo o clasismo- hacia los más pobres, que no tenían canales institucionales para expresarse”, sostiene.
“A estos problemas estructurales se les sumó un diagnóstico coyuntural espantoso del gobierno. El primer error es que creyeron que la devaluación del real en Brasil iba a ser transitoria y que la inflación se la iba a comer para luego volver al mismo nivel de competitividad. El segundo fue pensar que Argentina aguantaba y que había que acompañarla. Devaluar en 1999 -que era año electoral- podía tener un costo político para el gobierno uruguayo, pero nunca le encontré una explicación a por qué una vez que ganaron las elecciones no devaluaron el 1º de marzo de 2000; empezaron a ampliar la banda y a hacer cosas sin ningún efecto. Pensaron que una crisis que estaba afectando los segmentos productivos, distributivos y laborales se resolvía con ajuste fiscal, con menos gasto y más impuestos. Toda la experiencia mostraba que en la crisis hay que hacer medidas anticíclicas y no procíclicas. La crisis no venía de una mala gestión de Batlle sino del modelo concentrador y excluyente de Lacalle y Sanguinetti, y él lo terminó ahondando porque tomó las peores medidas para enfrentarla”, dice Olesker.
El trabajador social Gerardo Sarachu era integrante del equipo social del Centro Comunal Zonal (CCZ) 9, que engloba la zona comprendida entre el arroyo Carrasco y el arroyo Toledo. La población de la zona aumentaba desde los años 90 como parte del movimiento de expulsión desde el centro a la periferia. En esos años, dice Sarachu, se vivió una alta precarización del trabajo, que muchas veces desembocó en la informalidad o el desempleo. Todas las fuentes consultadas destacaron el surgimiento de varios tipos de emprendimientos asociativos para combatir la agudización de la crisis, como cooperativas de trabajo, ollas populares, comedores, merenderos y redes de trueque.
La alimentación ocupó un lugar muy importante entre las demandas sociales; fue en esos días que circuló la noticia de que niños del barrio Conciliación habían comido pasto durante un fin de semana porque sus padres no tenían otra cosa para darles. Si bien desde el gobierno se atribuyeron los saqueos a grupos de izquierda y desde la izquierda se acusó a la derecha, el diario La República tituló el 1º de agosto “Saqueos de los hambrientos”.
García recuerda el “antecedente simbólico” de las ollas populares a la salida de la dictadura. “Lo que hace esa solución es sacar la alimentación del ámbito del hogar hacia lo público: voy porque no tengo el más mínimo recurso. Las organizaciones barriales decían: ojalá que nosotros no tuviéramos que existir”. Indica como un momento importante aquel en que la gente volvió a poder cocinar en su casa y comenta que en 2002 resurgió eso, debido a que mucha gente no tenía para comer y tuvo que concurrir a los comedores y exponerse públicamente; García dice recordar a personas que iban a comedores de otros barrios para no sufrir la humillación de ser vistas por sus vecinos.
Esto ocurrió sobre todo en una categoría a la que muchos llamaron “nuevos pobres”, en referencia a la clase media que se vio desplazada, que son los que más fácil se recuperaron pero a su vez encontraron dificultades al momento de encontrar estrategias para sortear la crisis. Sobre este punto Olesker opina que la decisión -implícita o explícita- que se tomó fue que los trabajadores pagaran el costo de la crisis.
Además, en la semana de los saqueos se produjo una disparada en los precios de varios artículos. Según el economista y sociólogo Pablo Guerra, en ese momento se dejaron de usar las tarjetas de crédito y se generaron reacciones típicas de la psicología de masas en momentos como ése, con tendencia al acopio. “El comerciante trataba de sacar la mayor ganancia y la familia trataba de acumular por miedo a que más tarde no hubiera alimentos. Eso llevó a la disparada y a la modalidad de vender estrictamente al contado”, dice.
Sarachu rememora cómo en esos años, a determinada hora, la usina departamental de residuos de la calle Felipe Cardozo se llenaba de gente que comenzaba a revisar la basura. Al principio se reprimía, pero luego se llegó a un acuerdo -que continúa hasta hoy- en el que la IM cede parte del terreno a clasificadores, lo que a su vez desencadenó la fundación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos.
Según García, la relación con el mundo del trabajo depende de cada zona, debido a que hay territorios que tienen una gran tradición obrera y de lucha y otros que no. En algunos casos el retorno de las fábricas permitió que muchas familias salieran de ese tipo de situaciones pero otras no. La educadora recordó que el trabajo es el que nos organiza el tiempo de vida y nos hace salir a la calle, y que la pérdida de ese aspecto generó depresiones tanto en niños como en adultos.
Esos casos fueron definidos como el “núcleo duro de la pobreza”, que para Guerra es difícil de combatir porque va ligado a la marginalidad, por lo que no es únicamente pobreza material. Para el ministro Olesker la pobreza estructural viene de los 90 y de la dictadura, y acumula generaciones de pobreza que dejan de considerar positivo el valor de la educación y del trabajo para salir de ésta.
Varios de los consultados estuvieron de acuerdo en que un factor determinante para evitar el estallido social fue la existencia del FA como una alternativa política real, así como a su actitud frente a la crisis. Algunos señalaron que ésta es una clara diferencia con el clima de “que se vayan todos” que se vivía en Argentina. Esto se suma a la presencia de organizaciones sociales y cooperativas que asumieron un rol protagónico en materia de contención de la crisis en ciertos sectores de la población, una tradición instalada desde hacía años en la sociedad uruguaya.
El Ministerio del Interior previó “operativos de saturación” para ese día en barrios “marginales”, de acuerdo a lo que dijo Nelsi Bobadilla, jefe de Policía de la época. La propia Policía era la que pedía a los comerciantes que cerraran sus negocios ante la inminente llegada de las hordas, que también vendrían desde La Paz y por la ruta 8; algunos medios llegaron a hablar de gente que venía en camiones masturbándose mientras saqueaba todo a su paso. Varios comerciantes obedecieron a la Policía y los medios y cerraron; otros no lo hicieron; muchos siguieron atendiendo detrás de las rejas. La propia Intendencia de Montevideo (IM) desalojó sus locales y lo mismo hicieron varias instituciones educativas. Quienes estaban en zonas comerciales después de las 17.00 recuerdan que de pronto Montevideo parecía una ciudad fantasma y que se hablaba de la posibilidad de que el gobierno aplicara las Medidas Prontas de Seguridad.
Pero las hordas nunca llegaron y desde el gobierno se dijo que el dato había llegado por medio de varias denuncias realizadas desde teléfonos públicos.
Contame el final
Para la doctora en Letras Alma Bolón, aquel día los medios de comunicación construyeron una “realidad virtual”. La docente analiza el hecho de que se anunciara que “las hordas venían desde el Cerro a saquear la ciudad”, lo que implica que ese barrio (y otras zonas) no eran parte de la ciudad. “Actuaron totalitariamente, imponiendo unánimemente una realidad sin fisuras: nosotros, los honestos, estábamos amenazados. Esto no es muy diferente de lo que hacen hoy”, sostiene. La palabra “horda” es una expresión que refiere a una entidad colectiva y por fuera de la civilización, por lo que el rumor supuso un sujeto “invasor bárbaro, primitivo y criminal”, según Bolón.Pero, más allá de lo virtual, el hecho generó acciones concretas. Bolón habla de un “toque de queda” autoimpuesto por la gente, que habría conseguido “limpiar la calle de cualquier veleidad protestona” ante la votación de la ley en el Palacio Legislativo.
Por otra parte, Bolón sostiene que la parálisis también favoreció al Frente Amplio: “Por un lado, jugó con la derecha [con el Partido Colorado y el Partido Nacional], en nombre de las políticas de Estado, de la gobernabilidad, de los superiores intereses de la Patria, del sentido de la responsabilidad y del orden; por otro lado, ganó con la izquierda [con el Frente Amplio, FA], en nombre del cambio. Entonces, en nombre del cambio anhelado e inminente, el FA aceptó el salvataje de los bancos vaciados; el encierro recetado para esquivar las hordas también benefició a las autoridades del FA, que no encontraron mayor oposición en sus filas”.
El decano de la Facultad de Humanidades (Udelar), Álvaro Rico, observa que durante este episodio la democracia “capitalizó los miedos de la sociedad bajo la dictadura en los miedos a ‘repetir la historia’” y que “independientemente de los contextos históricos y sujetos concretos, el mecanismo funciona como tal hasta el presente: alternativas binarias, disyuntivas yo-el otro, únicos sujetos portadores de la racionalidad. Nosotros también sabemos para qué lado operan y quiénes operan esas alternativas de opción única: orden-subversión, sociedad honesta-sociedad criminal y un largo etcétera”.
Va por barrios
La psicóloga social y educadora Alicia García, quien en 2002 trabajaba en proyectos en el Cerro y otras zonas, recuerda que “la gente que vivía en esos barrios no entendía nada porque ellos no estaban en esa situación y tenían información que les permitió sobrevivir mejor”. Destaca la importancia de las redes de información con las que cada persona cuenta, y recuerda que a ella le bastó con llamar a un conocido en el Cerro para saber que no había ninguna horda.Además, García sostiene que en las zonas aludidas el rumor fue tomado como un chiste por algunos y agrega que las construcciones de “zonas rojas” venían desde mucho tiempo atrás. Pero, en su opinión, la idea “quedó flotando” y gran parte de la población creyó que el episodio de las hordas era posible. El periodista Raúl Zibechi cree que la mayoría de los medios reaccionó con foco en lo económico y en lo político, y con temor de que hubiera algo que rompiera la normalidad. “Hubo una criminalización de la protesta o una actitud de precaución -racismo o clasismo- hacia los más pobres, que no tenían canales institucionales para expresarse”, sostiene.
La base está
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker -quien como economista era director del Instituto Cuesta-Duarte, del PIT-CNT-, indicó que es conveniente hablar de “crisis 1999-2002”, que tendría inicios en la década de 1990. Olesker cree que la crisis era inevitable: “Es resultado del modelo de crecimiento de los años 90, que por su carácter concentrador y excluyente generó que el mercado interno se deprimiera”. El ministro indicó que los ingresos y la inversión no crecían pero sí lo hacía el consumo y el movimiento empresarial, porque el sistema se sustentó en el crédito y en el endeudamiento. El punto de partida de la crisis no habría sido el sistema financiero sino aspectos de la producción, “con fuertes componentes distributivos y laborales”, lo que incidió sobre el sistema financiero.“A estos problemas estructurales se les sumó un diagnóstico coyuntural espantoso del gobierno. El primer error es que creyeron que la devaluación del real en Brasil iba a ser transitoria y que la inflación se la iba a comer para luego volver al mismo nivel de competitividad. El segundo fue pensar que Argentina aguantaba y que había que acompañarla. Devaluar en 1999 -que era año electoral- podía tener un costo político para el gobierno uruguayo, pero nunca le encontré una explicación a por qué una vez que ganaron las elecciones no devaluaron el 1º de marzo de 2000; empezaron a ampliar la banda y a hacer cosas sin ningún efecto. Pensaron que una crisis que estaba afectando los segmentos productivos, distributivos y laborales se resolvía con ajuste fiscal, con menos gasto y más impuestos. Toda la experiencia mostraba que en la crisis hay que hacer medidas anticíclicas y no procíclicas. La crisis no venía de una mala gestión de Batlle sino del modelo concentrador y excluyente de Lacalle y Sanguinetti, y él lo terminó ahondando porque tomó las peores medidas para enfrentarla”, dice Olesker.
Responsables
El
2 de octubre de 2003 se presentan los cuatro informes de la comisión
investigadora parlamentaria sobre el sistema financiero, uno por cada
partido con representación parlamentaria. El Partido Colorado
responsabiliza de la crisis a las medidas adoptadas en Argentina, el
retiro de depósitos de la plaza uruguaya y las maniobras delictivas de
Rohm y los Peirano. El Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)
plantea que el gobierno asistió a instituciones con patrimonio negativo
que habían sido vaciadas y que eso era de conocimiento de las
autoridades. También recomienda el levantamiento del secreto bancario
“de las cuentas de quienes tomaron las decisiones”. Se presenta una
lista de 22 personas con responsabilidad, entre ellas el presidente
Jorge Batlle, el ministro de Economía, Alberto Bensión, los ex
directores del Banco Central del Uruguay (BCU), el ex superintendente,
el nuevo directorio del BCU y el superintendente, los ex directores de
la Corporación Nacional para el Desarrollo y los ex directores del Banco
de Crédito.
Al final, se aprueba una moción única votada por
legisladores del EP-FA, el Partido Nacional y el Partido Independiente
que declara a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas
“políticamente responsables de los errores cometidos en la estrategia
frente a la crisis del sistema financiero”, propone enviar los
antecedentes a la Justicia y hace una serie de recomendaciones para
efectivizar los controles en el sistema. El presidente Batlle no aparece
como responsable.
El sociólogo Marcos Supervielle
considera conveniente distinguir entre crisis económica, política (“no
la hubo”) y sociocultural, más allá de que las tres están ligadas. “Más
que una crisis social fue una crisis societal, en cuanto al sistema de
sociedad que teníamos: la gente encontró que su vida cotidiana empeoraba
y no podía mejorar, también desde el punto de vista colectivo”,
explicó. Supervielle destacó dos respuestas sociales contradictorias.
Por un lado, la emigración masiva generada porque no se veía más la
uruguaya como sociedad viable. Por otro, el renacimiento de la
solidaridad mediante una enorme cantidad de expresiones autónomas del
sistema político y económico. En el plano político el que recogió esto
fue el FA, porque era el único que hablaba de solidaridad”, opina.
“Estas
circunstancias son propicias para movimientos revolucionarios, pero la
palabra ‘revolución’ ha desaparecido de nuestro vocabulario porque en
nuestra memoria colectiva no se asocia tanto a una gesta heroica como a
la violencia, a muertes, a desaparición, con justicia o sin justicia. Lo
revolucionario no era una alternativa”, sostiene Supervielle.
Cable a tierra
Francisco Fleitas, actual alcalde del Municipio F -que corresponde a la zona de Piedras Blancas y Manga- , era un militante barrial en 2002 y recuerda que en los años 90 la zona sufrió la desaparición de muchas fábricas, que en tanto exportadoras fueron afectadas por los estímulos a la importación. En el momento de aceleración de la crisis, según recuerda, la IM habría sido la única institución de gobierno que buscó paliar la situación: “En 2002 se tuvo que dejar de podar las calles para hacer políticas sociales”.El trabajador social Gerardo Sarachu era integrante del equipo social del Centro Comunal Zonal (CCZ) 9, que engloba la zona comprendida entre el arroyo Carrasco y el arroyo Toledo. La población de la zona aumentaba desde los años 90 como parte del movimiento de expulsión desde el centro a la periferia. En esos años, dice Sarachu, se vivió una alta precarización del trabajo, que muchas veces desembocó en la informalidad o el desempleo. Todas las fuentes consultadas destacaron el surgimiento de varios tipos de emprendimientos asociativos para combatir la agudización de la crisis, como cooperativas de trabajo, ollas populares, comedores, merenderos y redes de trueque.
Las demandas
Cristina Fynn, actual vicepresidenta de la Agencia Nacional de Vivienda e integrante del área social del CCZ 9 en 2002, recuerda consultas de personas que le decían no saber qué hacer. La descentralización, cree, fue un resorte muy importante para evitar impactos mayores. También Sarachu recuerda que muchos concurrían a los espacios de consulta del CCZ únicamente para que los escucharan. Sobre el vínculo con el gobierno nacional de entonces, Fynn señala que era “inexistente”.La alimentación ocupó un lugar muy importante entre las demandas sociales; fue en esos días que circuló la noticia de que niños del barrio Conciliación habían comido pasto durante un fin de semana porque sus padres no tenían otra cosa para darles. Si bien desde el gobierno se atribuyeron los saqueos a grupos de izquierda y desde la izquierda se acusó a la derecha, el diario La República tituló el 1º de agosto “Saqueos de los hambrientos”.
García recuerda el “antecedente simbólico” de las ollas populares a la salida de la dictadura. “Lo que hace esa solución es sacar la alimentación del ámbito del hogar hacia lo público: voy porque no tengo el más mínimo recurso. Las organizaciones barriales decían: ojalá que nosotros no tuviéramos que existir”. Indica como un momento importante aquel en que la gente volvió a poder cocinar en su casa y comenta que en 2002 resurgió eso, debido a que mucha gente no tenía para comer y tuvo que concurrir a los comedores y exponerse públicamente; García dice recordar a personas que iban a comedores de otros barrios para no sufrir la humillación de ser vistas por sus vecinos.
Esto ocurrió sobre todo en una categoría a la que muchos llamaron “nuevos pobres”, en referencia a la clase media que se vio desplazada, que son los que más fácil se recuperaron pero a su vez encontraron dificultades al momento de encontrar estrategias para sortear la crisis. Sobre este punto Olesker opina que la decisión -implícita o explícita- que se tomó fue que los trabajadores pagaran el costo de la crisis.
Además, en la semana de los saqueos se produjo una disparada en los precios de varios artículos. Según el economista y sociólogo Pablo Guerra, en ese momento se dejaron de usar las tarjetas de crédito y se generaron reacciones típicas de la psicología de masas en momentos como ése, con tendencia al acopio. “El comerciante trataba de sacar la mayor ganancia y la familia trataba de acumular por miedo a que más tarde no hubiera alimentos. Eso llevó a la disparada y a la modalidad de vender estrictamente al contado”, dice.
El mundo del trabajo
Olesker señala como principal factor de incidencia en la precarización e informalización del salario y el poder adquisitivo de la clase trabajadora a la desinstitucionalización de las relaciones laborales, producto de la supresión de los Consejos de Salarios; esto llevó a que los salarios se regularan por cada caso particular y no por rubro. Por su parte, Fleitas comenta: “Yo trabajaba en un lugar donde ganaba 6.000 pesos y empezaron a contratar gente por la mitad, y si nos despedían a nosotros hacían una inversión”. Trae a colación las estrategias de ahorro de gran parte de la sociedad, que iban desde la realización de tareas domésticas para las que antes contrataban a personas del barrio e incluso comenzaron a caminar y andar en bicicleta para ahorrar el dinero del boleto.Sarachu rememora cómo en esos años, a determinada hora, la usina departamental de residuos de la calle Felipe Cardozo se llenaba de gente que comenzaba a revisar la basura. Al principio se reprimía, pero luego se llegó a un acuerdo -que continúa hasta hoy- en el que la IM cede parte del terreno a clasificadores, lo que a su vez desencadenó la fundación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos.
Según García, la relación con el mundo del trabajo depende de cada zona, debido a que hay territorios que tienen una gran tradición obrera y de lucha y otros que no. En algunos casos el retorno de las fábricas permitió que muchas familias salieran de ese tipo de situaciones pero otras no. La educadora recordó que el trabajo es el que nos organiza el tiempo de vida y nos hace salir a la calle, y que la pérdida de ese aspecto generó depresiones tanto en niños como en adultos.
Esos casos fueron definidos como el “núcleo duro de la pobreza”, que para Guerra es difícil de combatir porque va ligado a la marginalidad, por lo que no es únicamente pobreza material. Para el ministro Olesker la pobreza estructural viene de los 90 y de la dictadura, y acumula generaciones de pobreza que dejan de considerar positivo el valor de la educación y del trabajo para salir de ésta.
Para adentro
Sarachu indicó que el impacto de la crisis en la sociedad uruguaya se vivió más bien hacia dentro de las familias y no tanto como un estallido social. Puso como ejemplo el caso de consumo de drogas destructivas como la pasta base -que llega por esos años- y el aumento de los casos de violencia doméstica. Según Olesker, también se produjo una ruptura en la convivencia social, principalmente debido a que los barrios dejaron de estar habitados por desiguales y lo obvio dejó de serlo en materia de convivencia ciudadana.Varios de los consultados estuvieron de acuerdo en que un factor determinante para evitar el estallido social fue la existencia del FA como una alternativa política real, así como a su actitud frente a la crisis. Algunos señalaron que ésta es una clara diferencia con el clima de “que se vayan todos” que se vivía en Argentina. Esto se suma a la presencia de organizaciones sociales y cooperativas que asumieron un rol protagónico en materia de contención de la crisis en ciertos sectores de la población, una tradición instalada desde hacía años en la sociedad uruguaya.
Facundo Franco
Los entonces presidentes de Uruguay y Brasil, Jorge Batlle y Fernando
Henrique Cardoso, durante la visita del segundo a nuestro país. Agosto
de 2002
Con parentescos
Las crisis en los países de la región: puntos de contacto y distancias.
En 1999 llegó la crisis que impulsó la devaluación en Brasil, en 2001 estallaba en Argentina la que llevó al default y al corralito, y en 2002 Uruguay se sumaba a un fenómeno que se extendía en cascada. Los procesos sociales y políticos que se desataron entonces tuvieron sus distancias y sus cercanías.
En 1999 se desmoronó el Plan Real, la política económica elaborada cuando Fernando Henrique Cardoso fue ministro de Economía de Brasil. “Además de la recesión que causó en Brasil, hubo una fuerte depreciación de la moneda. Eso tuvo un doble efecto sobre las economías de Uruguay y Argentina: al mismo tiempo que Brasil pasó a comprar menos de esos países, aumentó sus exportaciones hacia la región, lo que causó el deterioro de sus cuentas externas y un fuerte impacto recesivo sobre sus economías”, resumió Nilson Araújo de Souza, doctor en Economía brasileño y docente de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila).
Señaló que esto ocurría en un contexto internacional en el cual Estados Unidos había sufrido un año antes una recesión económica que repercutió en América Latina. “Los países más afectados fueron los que más lejos habían ido en la implementación del programa neoliberal del Consenso de Washington: cuanto más habían abierto sus economías a la entrada de productos y capitales extranjeros, más vulnerables habían quedado ante las crisis nacidas en las economías centrales”, agregó.
Por su parte, Gustavo Arce, coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República (Udelar), señaló que esta crisis también tuvo raíces en Tailandia, “con la primera gran devaluación en 1987, y después pasó por Estados Unidos, y también hubo una gran crisis de la deuda en Rusia, antes de llegar al sur”. Señaló que “la velocidad de la propagación” de la crisis se debió a que “el mercado financiero y monetario se universalizó y se globalizó”.
Los presidentes de 2002
Eran
tiempos de Fernando Henrique Cardoso en el gobierno de Brasil, Luis
González Macchi en Paraguay y Ricardo Lagos en Chile. En Venezuela, Hugo
Chávez ya era presidente, aunque en abril de ese año sufrió un golpe de
Estado que lo apartó del poder por dos días. En Argentina, después de
la caída del gobierno del radical Fernando de la Rúa, pasaron varios
dirigentes justicialistas por la Casa Rosada: Adolfo Rodríguez Saá
(23/12/2001-1/1/2002), Eduardo Camaño (1/1/2002-2/1/2002), Eduardo
Duhalde (2/1/2002- 25/5/2003). En Perú gobernaba Alejandro Toledo, en
Ecuador Gustavo Noboa, y en Bolivia Jorge Quiroga Ramírez fue sucedido
por Gonzalo Sánchez de Lozada. En Colombia llegó al poder Álvaro Uribe
al terminar la presidencia de Andrés Pastrana, y en Estados Unidos
George W Bush ocupaba la Casa Blanca.
Recambio
Una similitud entre las crisis de Uruguay y Brasil se encuentra en que no generaron inestabilidad política y en que el descontento social se canalizó mediante la oposición, con el Partido de los Trabajadores brasileño (PT) y el Frente Amplio uruguayo, que triunfaron en las siguientes elecciones, señaló el sociólogo y doctor en Política Comparada Latinoamericana Miguel Serna, coordinador del programa de Estudios Internacionales del Departamento de Sociología de la Udelar. Añadió que, en cambio, en Argentina ese descontento se canalizó en movimientos sociales, en “que se vayan todos”.Tanto en Uruguay como en Brasil había partidos que estaban en la oposición desde hacía largo tiempo, en un proceso de acumulación de fuerzas, pero que tuvieron “la canalización del descontento como último empujón para llegar al gobierno”, añadió Serna. Explicó que en los dos casos se trata de partidos críticos con las reformas económicas de la década de 1990 y que capitalizaron el fracaso de éstas, mientras que los partidos que implementaron las reformas –el Partido Colorado uruguayo o el Partido de la Social Democracia Brasileña– sufrieron el castigo de los votantes.
Por su parte, Araújo señaló que este voto castigo se repitió en varios países de América Latina. “Comenzó con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998”, dijo. “La implementación de los programas neoliberales en la región, además de causar estancamiento económico –y, por consiguiente, el aumento del desempleo–, generó una fuerte concentración de la renta y de la riqueza, y agravó los problemas sociales”, dijo el economista. A su vez, Arce recordó que una de las primeras medidas del primer gobierno del PT fue el programa “Hambre Cero”, de Lula da Silva, para los más perjudicados por la situación económica.
“Durante el gobierno de Cardoso, que en realidad empieza cuando él asume el Ministerio de Economía, en 1993, la economía brasileña creció a un ritmo menor que en el de la década de 1980, la tasa de desempleo llegó a niveles inéditos, la renta se concentró como nunca y, para peor, la inflación, que había sido contenida con el Plan Real, regresó al final del gobierno”, resumió Araújo. “Sectores medios vieron empeorar sus condiciones de vida”, dijo, y por eso muchos de los que en 1994 “habían apostado a un intelectual resolvieron apostar a un obrero metalúrgico en 2002”.
Distintos efectos
La crisis no fue igual para toda la región. “Chile no sintió demasiado sus efectos. Paraguay no fue tan afectado por su situación histórica y geopolítica en la región: los países que estaban más relacionados entre sí eran Argentina, Brasil y Uruguay” y esto potenció el contagio, dijo Arce. Paraguay no tenía una banca con el mismo peso que la de Argentina o Brasil, y no devaluó, agregó.Los tres académicos consultados por la diaria coincidieron en que los cambios políticos que llegaron después de la crisis a Argentina no fueron tan estructurados como en Brasil y Uruguay, con la llegada de un nuevo partido al gobierno. Serna señaló que en Argentina “entraron en crisis de legitimidad las instituciones públicas con el default, la crisis del Banco Central, la falta de credibilidad del sistema financiero”. El país “salió de esos años con costos institucionales altos, con el recuerdo de la salida rápida de los radicales de Raúl Alfonsín y con otro gobierno de la Unión Cívica Radical que terminó en forma abrupta [ver recuadro], con la imagen del presidente Fernando de la Rúa saliendo en helicóptero de la Casa Rosada”, añadió.
Por la sede del gobierno argentino pasaron tres presidentes después de la salida de De la Rúa, y el voto en blanco alcanzó el 40% en las elecciones de 2003, en las que fue electo un peronista, Néstor Kirchner, recordó Serna. “Hubo un voto bronca, del ‘que se vayan todos’, que nadie capitalizó”, dijo. “En ese procesamiento de la crisis algunos sectores del peronismo perdieron y otros tomaron la oportunidad, pero no era tan claro quién ganaba y quién perdía”, agregó.
El efecto de la crisis en otros países de la región es objeto de investigación reciente, dijo Serna. Señaló que en algunos casos conducen a cambios drásticos o llevan al surgimiento de nuevos partidos, como en Venezuela o Ecuador, mientras que en otros se mantienen los sistemas de partidos que ya existían, como en Paraguay, Colombia, Perú o México, donde la crisis de 1994 no condujo a un cambio de modelo. También están los casos en que las crisis pueden desencadenar procesos que ya se gestaban, como en Uruguay o Brasil.
Final abierto
Acerca de la posibilidad de prevenir crisis como las de hace una década, Serna opinó que es difícil. “Cuando uno sigue los diagnósticos, ve que las crisis, la volatilidad de los mercados, son parte de nuestra historia”. Consultado acerca de la actual coyuntura económica en Europa, y las posibles repercusiones negativas en la región, consideró que “ahora la crisis está tocando más fuertemente a los países centrales, en esto se parece más a la crisis del 30, que generó oportunidades a las economías periféricas”.Lo que tienen en común las crisis que vivieron varios países a finales de la década de 1990 o comienzos de la de 2000, señaló el académico, es que pusieron en cuestión el Consenso de Washington, “que dominó la agenda de los años 80 y 90, y que en Uruguay se reflejó en las privatizaciones, el control del gasto público, de la inflación”. A la salida de la crisis “empiezan a aparecer modelos que tienen que ver con lo que algunos han llamado el ‘post Consenso de Washington’, giros en organismos regionales, acuerdo en que las líneas del Consenso de Washington habían fracasado”.
Este cambio incluye la incorporación de una agenda social por parte de los gobiernos, lo que sintoniza con los giros a la izquierda en varios países de América Latina, dijo Serna. Señaló que el que emerge “es un modelo híbrido entre Estado y mercado, sin privatizaciones pero no tan estatista como el que existió antes, con un mayor foco en los derechos y la actividad social como horizonte, pero también como desafío, porque parece más fácil lograr el crecimiento económico que solucionar los problemas sociales”.
Araújo señaló que la región ya enfrentó una crisis, la que comenzó en Estados Unidos en 2007. “La enfrentaron mejor aquellos países cuyos gobiernos habían intentado crear mecanismos de defensa”, sobre todo medidas de “reapropiación de las riquezas naturales, en particular los hidrocarburos, de protección de la industria local, de reconstitución de los mecanismos de acción estatal (reestatización, aumento de la inversión y del financiamiento públicos), de fortalecimiento del mercado interno”. Señaló que esas medidas son las que permiten defenderse de una crisis que no terminó.
Cecilia Pérez Marina González
Preparativos para la Marcha a Punta del Este
Divisa tradicional
“Moneda extranjera sigue siendo preferida por ahorristas uruguayos” debido a “idiosincrasia”
En febrero de 2002, y a causa del desplome de su sistema financiero,
Uruguay perdió el grado inversor, que empezó a recuperar en abril y
terminó el martes, con la reasignación de esa nota por la calificadora
Standard and Poor’s primero y Moody’s después. En la década transcurrida
el país debió pagar intereses más altos por su deuda pública hasta
fortalecerse nuevamente y, como ocurre ahora, ser considerado otra vez
por los inversionistas una plaza relativamente consistente y segura para
comprar su pasivo. Para analizar las mejoras logradas desde entonces
por el sistema financiero local y sus debilidades, la diaria consultó a
los economistas Gustavo Licandro y Gabriela Mordecki.
Para
el ex ministro de Economía, entre las “principales diferencias” que el
sistema presenta hoy, se destacan sus “niveles de solvencia mucho más
elevados” y “de liquidez”. Acerca de la solvencia: “Hay aplicación de
normas propias más exigentes de las casas matrices de los bancos” que
operan en plaza, y también “las que aplica el Banco Central [BCU], más
exigente [con los bancos] en el manejo de las carteras”. Sobre la
liquidez, Licandro explicó que “hoy el nivel aproximado ronda entre 40% y
50% de los pasivos, es decir que de cada 100 dólares o pesos colocados
en depósitos, los bancos tienen carteras de crédito de 50 a 60”. Los
elevados costos de gestión que generan excedentes tan altos llevan a los
bancos a colocar éstos “en el BCU o el exterior”. “Solvencia y liquidez
son preocupaciones centrales de un banquero y una autoridad monetaria, y
eso está sensiblemente mejor”.
En cambio, al analizar las monedas se ve vulnerabilidad. “Aunque crecieron los pasivos y créditos en moneda nacional, sigue siendo una plaza muy dolarizada”. Considerando que desde 2004 “las tasas de interés en pesos son altas”, siéndolo con “un escenario de alta liquidez internacional” y verificándose que “la dolarización no bajó demasiado”, resulta claro que “una característica de la plaza es que la moneda extranjera sigue siendo preferida por los ahorristas uruguayos”. Otro factor de debilidad “no menor” consiste en que “la mayor parte de los depósitos está colocada a muy corto plazo, 70% aproximadamente, a menos de 30 días, y gran parte está depositada a la vista, cuando hasta 2002 era mucho más alta la colocación a 90 y 120 días”. “Es una característica de larguísimo plazo que no mejoró demasiado y que va de la mano con la liquidez”, ya que “con tantos depósitos a tan corto plazo, es obvio que los bancos quieran tener alta liquidez para responder rápidamente en caso de corridas”. En este punto convergen debilidad y fortaleza, en virtud de que “la solvencia alta permite que las carteras tengan un valor de defensa mucho más alto que en 2002-2003, cuando se destrozaron y los bancos debieron ser sostenidos por sus casas matrices, los que las tenían, y los otros desaparecieron”.
El anuncio de ayer fue el cierre de las negociaciones entre los accionistas del Comercial y el Estado, al que habían demandado internacionalmente. El acuerdo crea un fideicomiso compuesto en parte por 70 millones de dólares de aquel embargo, mientras que el resto será entregado a los ex accionistas. Las partes, reza el comunicado, esperan que “la disponibilidad de fondos para transar los juicios pendientes” con los acreedores privados termine con “todas las disputas resultantes de las liquidaciones”.
Mordecki, por su lado, enfatizó la relación entre Uruguay y Brasil, el gran socio comercial y respaldo político del país en el frente externo: “La economía de Brasil se globalizó mucho, tiene un mercado de capitales muy grande, y con ello una volatilidad también muy grande, que captamos también nosotros. Se trata de un riesgo nuevo con el que tenemos que aprender a lidiar”. Asimismo, Uruguay “avanzó en menor dependencia de las exportaciones de bienes, y en ese sentido somos algo menos vulnerables. Pero en otros sectores, como el turismo, somos tanto o más que en aquel momento, y es difícil que dejemos de serlo porque Argentina es nuestro mejor cliente y seguirá siéndolo, entonces seguirá afectando; y también a la construcción”. Matizó al respecto: “Con Argentina tenemos menos dependencia por diferencias de política económica, sobre todo, monetaria, que es más similar [la de Uruguay] a la de Brasil, y aquí nos tornamos más sensibles a Brasil. Los inversores nos ven como una prolongación de Brasil: si aumentan [allí] la demanda de bonos o el dólar, acá aumentan también. Esto funciona en cuanto a formación de expectativas y es un elemento nuevo que antes teníamos vinculado a Argentina”.
Ernesto AlazrakEn cambio, al analizar las monedas se ve vulnerabilidad. “Aunque crecieron los pasivos y créditos en moneda nacional, sigue siendo una plaza muy dolarizada”. Considerando que desde 2004 “las tasas de interés en pesos son altas”, siéndolo con “un escenario de alta liquidez internacional” y verificándose que “la dolarización no bajó demasiado”, resulta claro que “una característica de la plaza es que la moneda extranjera sigue siendo preferida por los ahorristas uruguayos”. Otro factor de debilidad “no menor” consiste en que “la mayor parte de los depósitos está colocada a muy corto plazo, 70% aproximadamente, a menos de 30 días, y gran parte está depositada a la vista, cuando hasta 2002 era mucho más alta la colocación a 90 y 120 días”. “Es una característica de larguísimo plazo que no mejoró demasiado y que va de la mano con la liquidez”, ya que “con tantos depósitos a tan corto plazo, es obvio que los bancos quieran tener alta liquidez para responder rápidamente en caso de corridas”. En este punto convergen debilidad y fortaleza, en virtud de que “la solvencia alta permite que las carteras tengan un valor de defensa mucho más alto que en 2002-2003, cuando se destrozaron y los bancos debieron ser sostenidos por sus casas matrices, los que las tenían, y los otros desaparecieron”.
Salto con red
Por su parte, la directora del Área de Coyuntura del Instituto de Economía caracterizó que, tras la crisis, en el ámbito institucional “se actuó generando redes de seguridad para que otra eventual caída tenga contención”. El sistema financiero “fue objeto de corrección, en los controles primero, con pautas exigentes, creando organismos específicos y un seguro de depósitos. Ahora, los controles [del BCU] son prácticamente diarios”. Al mismo tiempo, se hizo “limpieza de carteras, lo que implicó una reducción de los créditos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que a veces genera un freno a la expansión del crédito a las empresas”. En segundo término, Mordecki mencionó “el tipo de cambio” que “a la salida de la crisis” fue modificado “de fijo a flexible”, un “avance” reflejado en “la reacción del tipo de cambio”, cuando Brasil varía. “La reacción es inmediata, junto con los precios: si en Brasil sube, acá sube, a diferencia de 1999, cuando devaluó Brasil y acá nos quedamos atrapados” en valores muy lejanos. “Así hay un ajuste rápido en el movimiento de monedas”.Ayer y hoy
El gobierno anunció conjuntamente con Chemical Overseas Holdings, Crédit Suisse y Dresdner Lateinamerika (accionistas del ex Banco Comercial) el fin de los pleitos vinculados a la liquidación en 2002 de esa entidad. En 2011 habían sido condenados siete jerarcas por desvío de fondos de los ahorristas, a raíz de una denuncia presentada por el BCU hace diez años de vaciamiento y quiebra fraudulenta por 779.000.000 de dólares. En paralelo, se trabó un embargo civil de 100 millones sobre los bienes del Comercial, a pedido de clientes argentinos. Dicho embargo fue levantado a fines de 2011, al entender un tribunal de Apelaciones que los socios extranjeros no eran responsables de la maniobra.El anuncio de ayer fue el cierre de las negociaciones entre los accionistas del Comercial y el Estado, al que habían demandado internacionalmente. El acuerdo crea un fideicomiso compuesto en parte por 70 millones de dólares de aquel embargo, mientras que el resto será entregado a los ex accionistas. Las partes, reza el comunicado, esperan que “la disponibilidad de fondos para transar los juicios pendientes” con los acreedores privados termine con “todas las disputas resultantes de las liquidaciones”.
Otro aspecto en el que “se avanzó”
desde aquel colapso es “la desdolarización de la economía”, que no
obstante representa “un debe, porque todavía es muy elevado el
porcentaje de depósitos en dólares, un tema asociado a la
idiosincrasia”, coincidió con Licandro. Asociado a ello, la académica
observó que “la economía uruguaya es relativamente poco bancarizada y
que haya acceso a líneas bancarias es fundamental, sobre todo para las
medianas y pequeñas empresas”. “Los bancos no tienen suficientes
instrumentos en pesos para atraer ahorristas, falta fomentar el ahorro
para que el crédito gire. El gobierno puede promoverlo, lo que implica
encontrar instrumentos idóneos”.
Luego destacó el tema de la
“deuda pública”, para la que “ahora hay un manejo profesional, con una
oficina encargada de su gestión que el país no tenía antes. Es decir que
ahora hay previsión: se sale a los mercados sólo cuando es necesario y
conveniente, y esto operó una reducción del pasivo respecto del PIB y
dio condiciones para recuperar el grado inversor: es un punto muy a
favor de la economía, otra fortaleza para enfrentar eventuales crisis”.
En igual sentido, “la deuda se pesificó mucho, casi 50%, y somos menos
vulnerables a fluctuaciones del tipo de cambio”, además de que emergió
“un sistema con menor exposición a los depósitos de argentinos”.
Por
otro lado, y si bien no remite estrictamente al sistema financiero,
destacó el “importante cambio” registrado desde la crisis “en lo
productivo, en cómo Uruguay se posiciona frente al mundo. Es un país con
una economía más globalizada, abierta, relacionada con los mercados
extrarregión, y cae la importancia de la región, ya que el Mercosur era
55% del mercado del país en 1998 y ahora es entre 25% y 30%”. Sin
embargo, “el cambio es costoso, porque muchas empresas se funden y
sobreviven las que se insertan exitosamente en el mundo. Por lo tanto,
hubo aprendizaje de las empresas y ésa es una fortaleza”.
En perspectiva
la diaria pidió a los expertos que aportaran sus puntos de vista respecto del futuro a mediano plazo. Licandro citó en primer lugar la “necesidad de aumentar el nivel de bancarización” de la economía y la sociedad. “Pero el gran tema es elegir los instrumentos”, apuntó, y aclaró: “Tengo claro que no es vía decreto, ni generando distorsiones por medio de los plásticos [tarjetas de crédito] con la supuesta rebaja del IVA, que no es tal, sino que se trata de un subsidio” estatal. “Rebajar algún punto del IVA por algún medio de pago, y no por otro, beneficia a determinados usuarios y emisores, los de esos instrumentos”, reflexionó.Mordecki, por su lado, enfatizó la relación entre Uruguay y Brasil, el gran socio comercial y respaldo político del país en el frente externo: “La economía de Brasil se globalizó mucho, tiene un mercado de capitales muy grande, y con ello una volatilidad también muy grande, que captamos también nosotros. Se trata de un riesgo nuevo con el que tenemos que aprender a lidiar”. Asimismo, Uruguay “avanzó en menor dependencia de las exportaciones de bienes, y en ese sentido somos algo menos vulnerables. Pero en otros sectores, como el turismo, somos tanto o más que en aquel momento, y es difícil que dejemos de serlo porque Argentina es nuestro mejor cliente y seguirá siéndolo, entonces seguirá afectando; y también a la construcción”. Matizó al respecto: “Con Argentina tenemos menos dependencia por diferencias de política económica, sobre todo, monetaria, que es más similar [la de Uruguay] a la de Brasil, y aquí nos tornamos más sensibles a Brasil. Los inversores nos ven como una prolongación de Brasil: si aumentan [allí] la demanda de bonos o el dólar, acá aumentan también. Esto funciona en cuanto a formación de expectativas y es un elemento nuevo que antes teníamos vinculado a Argentina”.
Se nace, no se hace
Respuesta del sistema educativo ante el surgimiento de nuevas culturas juveniles.
El
2002 también mostró impactos en el sistema educativo formal y en los
jóvenes. El libro ¿Educar ya fue?, del educador y comunicador Gabriel
Kaplún, recoge testimonios de una investigación de 2004, que habla del
surgimiento de nuevas culturas juveniles entre las que se destaca la
oposición entre “chetos y planchas”.
La cultura o fenómeno plancha surge en esos años como una expresión de clase, aunque no en términos de conciencia de clase. En este sentido la expresión “plancha se nace, no se hace” marca fuertemente esa concepción. La sobreactuación, maneras de vestir y de moverse que muestran una conexión de clase con la delincuencia. Los planchas muestran en su discurso y en sus productos culturales –como la cumbia villera– un orgullo de no respetar la propiedad privada, de matar, del consumo de ciertas sustancias, que no necesariamente se concreta en acciones. Según explicó Kaplún esto generó un segundo fenómeno de imitación en sectores medios, que pasó por la vestimenta y los gestos pero no necesariamente las actividades y menos aún por la clase social.
El fenómeno surge a partir de la desesperanza –de ascenso social y de permanencia, porque no hay trabajo– y la desesperación a la que se llegó en 2002. Una posibilidad ante la desesperación es la de hacer del estigma un emblema (discursos como “aguanten los planchas” o “soy plancha y qué” lo refuerzan). El educador recuerda la definición recabada a partir de los testimonios recogidos en la investigación que indicaba que “un plancha es un terraja con orgullo”. La alusión terraja hacía referencia a dos posibles cosas: como sustantivo, a un pobre con mal gusto, y como adjetivo, al mal gusto de los pobres, siempre en tono despectivo, según explicó.
Comentó que se podía observar una oposición entre chetos y planchas como dos polos de conflicto, lo que en un sentido quebró con la imagen del país de las medianías en donde todos somos clase media, indicó. “Se pone a la vista la desigualdad, se rompe lo de la no ostentación de la riqueza, debido a que en los chetos se visualizaba la ostentación de los ricos”, dijo. Kaplún agregó que estos aspectos no se incorporan a los diálogos que ofrecía el sistema educativo.
No se ve ninguna potencialidad en esos jóvenes, lo cual también es comprensible por el sentimiento y la expresión autodestructiva de ellos. Sobre este punto Kaplún recuerda a una docente de UTU que estableció un diálogo con sus alumnos que la terminó desesperando a ella, porque concluye que los jóvenes van rumbo a la cárcel o a la muerte casi a conciencia, y la lleva a cuestionarse qué es lo que está haciendo ahí enseñándoles cocina
La cultura o fenómeno plancha surge en esos años como una expresión de clase, aunque no en términos de conciencia de clase. En este sentido la expresión “plancha se nace, no se hace” marca fuertemente esa concepción. La sobreactuación, maneras de vestir y de moverse que muestran una conexión de clase con la delincuencia. Los planchas muestran en su discurso y en sus productos culturales –como la cumbia villera– un orgullo de no respetar la propiedad privada, de matar, del consumo de ciertas sustancias, que no necesariamente se concreta en acciones. Según explicó Kaplún esto generó un segundo fenómeno de imitación en sectores medios, que pasó por la vestimenta y los gestos pero no necesariamente las actividades y menos aún por la clase social.
El fenómeno surge a partir de la desesperanza –de ascenso social y de permanencia, porque no hay trabajo– y la desesperación a la que se llegó en 2002. Una posibilidad ante la desesperación es la de hacer del estigma un emblema (discursos como “aguanten los planchas” o “soy plancha y qué” lo refuerzan). El educador recuerda la definición recabada a partir de los testimonios recogidos en la investigación que indicaba que “un plancha es un terraja con orgullo”. La alusión terraja hacía referencia a dos posibles cosas: como sustantivo, a un pobre con mal gusto, y como adjetivo, al mal gusto de los pobres, siempre en tono despectivo, según explicó.
Comentó que se podía observar una oposición entre chetos y planchas como dos polos de conflicto, lo que en un sentido quebró con la imagen del país de las medianías en donde todos somos clase media, indicó. “Se pone a la vista la desigualdad, se rompe lo de la no ostentación de la riqueza, debido a que en los chetos se visualizaba la ostentación de los ricos”, dijo. Kaplún agregó que estos aspectos no se incorporan a los diálogos que ofrecía el sistema educativo.
Sistema en tensión
“La educación media –liceo y UTU– es la que más vacía de sentido queda, pese a que ya lo venía perdiendo. El liceo sirve sólo para ir a la universidad, y para algunos sectores esto no tiene ningún sentido”, agregó. De acuerdo a lo que cuenta, todo esto se hace muy difícil de entender para los docentes. “La reacción de muchos es: o los cambio y les saco eso que traen, o no son educables; una cosa muy dicotómica y terrible”, opinó. “Hay que educar a estos bárbaros” pareció ser la respuesta, basada en lo tradicional del modelo educativo de Sarmiento y Varela.No se ve ninguna potencialidad en esos jóvenes, lo cual también es comprensible por el sentimiento y la expresión autodestructiva de ellos. Sobre este punto Kaplún recuerda a una docente de UTU que estableció un diálogo con sus alumnos que la terminó desesperando a ella, porque concluye que los jóvenes van rumbo a la cárcel o a la muerte casi a conciencia, y la lleva a cuestionarse qué es lo que está haciendo ahí enseñándoles cocina
Tres artículos publicados por CRYSOL
sábado, 28 de julio de 2012
La operación Cóndor y el Estado paralelo
J. Patrice McSherry, Ph.D. (*)
Me siento muy honrada de estar aquí con tantos colegas y amigos distinguidos y ante una audiencia tan destacada. Quiero expresar mi reconocimiento a Jair Krische del Movimiento por la Justicia y los Derechos Humanos de Brasil, y la congresista Luiza Erundina de Sousa, Coordinadora de la Comisión Parlamentaria para la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Confío
en que este proceso en curso para descrubrir la verdad acerca de la
Operación Cóndor contribuya a la lucha por la verdad y la justicia,
tanto en Brasil como en otras partes, incluido mi propio país, y a
impedir la repetición de otras operaciones de este tipo en el futuro.
En
mi exposición de hoy, voy a presentar algunas evidencias y conceptos de
mi libro, especialmente evidencias sobre el rol de los EEUU en la
Operación Cóndor y mi concepto del Estado paralelo.
La
Operación Cóndor se ajustó completamente dentro de la doctrina y
estrategia contrainsurgente como un programa de “caza y muerte”. Como
sabemos, los agentes operativos de Cóndor llevaron a cabo encubiertas
detenciones-desapariciones de disidentes exiliados a través de las
fronteras, entregaron a estos a otros países, y los sometieron a tortura
y ejecución extrajudicial.
Los
escuadrones de Cóndor también asesinaron o intentaron asesinar a
dirigentes clave de la oposición política que estaban exiliados en
América Latina, Europa y los Estados Unidos. La Operación Cóndor
funcionaba en tres niveles: compartiendo entre sí información de
inteligencia y coordinando la vigilancia política de disidentes
seleccionados; acciones encubiertas, usualmente operaciones
transfronterizas de caza y muerte y otras formas de guerra ofensiva no
convencional; y, de manera más secreta, una capacidad para realizar
asesinatos que se denominó “fase III”.
Como
parte de la fase III, se formaron equipos especiales de asesinos
provenientes de los países miembros para viajar por el mundo con el
propósito de eliminar a los “enemigos subversivos”, es decir, dirigentes
políticos que pudiesen organizar y dirigir movimientos a favor de la
democracia en contra de los regimenes militares. Uno de esos asesinatos
de Cóndor fue dirigido contra Orlando Letelier, ex Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile y crítico prominente del régimen de
Pinochet, y Ronni Moffitt, su colega estadounidense, que fueron
asesinados con una bomba colocada en su auto, en Washington, en 1976.
Otros
blancos de ataque incluyeron a Carlos Prats, general constitucionalista
chileno, y su esposa, Sofía Cuthbert, que fueron asesinados en Buenos
Aires (1974), y dos parlamentarios uruguayos que eran opositores del
régimen militar uruguayo, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, que
fueron desaparecidos, torturados y muertos en Buenos Aires (1976).
En
general, la Operación Cóndor se debe entender en el contexto del
sistema de hegemonía, o dominación, configurado por Washington en la era
posterior a la Segunda Guerra Mundial, esto es, un sistema diseñado
para preservar las estructuras existentes de poder y riqueza en la
región e impedir que se les desafiara.
Washington
volcó enormes recursos en el sistema interamericano de defensa, del
cual Cóndor fue una parte totalmente secreta, para movilizar y unificar a
las fuerzas militares, con el propósito de impedir que dirigentes
izquierdistas se hicieran del poder y controlar y destruir los
movimientos de izquierda y populares en América Latina.
Después
de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, luego de la revolución
cubana en 1959, surgieron nuevos movimientos progresistas y
nacionalistas en América Latina y en el mundo, que exigían justicia
social, control de los recursos nacionales, la nacionalización de las
empresas extranjeras, mayor participación política, reforma agraria, el
fin de la represión, educación gratuita e igualdad para los oprimidos,
es decir, esencialmente, exigiendo derechos nuevos y la reestructuración
del poder político y económico.
Muchos
trabajadores, campesinos, religiosos, estudiantes y maestros se sumaron
a las organizaciones que exigían el cambio social. También surgieron
varios movimientos guerrilleros. En la medida en que dirigentes de
izquierda y nacionalistas ganaron elecciones en toda América Latina en
los 60s y principios de los 70s y nuevos movimientos revolucionarios y
progresistas ganaron fuerza, los estrategistas estadounidenses temieron
el desarrollo de una amenaza inspirada por el comunismo contra los
intereses económicos y políticos de los Estados Unidos en el hemisferio.
Las élites locales temieron igualmente que estaba en riesgo su
tradicional dominación política y su riqueza.
A
partir de los 40s y especialmente después de la revolución cubana,
funcionarios estadounidenses reorganizaron el sistema interamericano de
defensa para combatir a las fuerzas de la revolución y el cambio social,
ampliando la presencia militar estadounidense en la región,
incorporando socios latinoamericanos al interior de una densa matriz de
instituciones hemisféricas de seguridad y lanzando esfuerzos
contrainsurgentes. El documento NSC-141 (1952) enunció la política
estadounidense para el continente americano:
Para
América Latina [sic] buscamos en primer lugar y primordialmente el
desarrollo ordenado político y económico que haga que las naciones de
América Latina se resistan al crecimiento interno del comunismo y la
guerra política soviética…En segundo lugar, buscamos la solidaridad
hemisférica para apoyar nuestra política mundial y la cooperación de las
naciones latinoamericanas para salvaguardar el hemisferio mediante
medidas de defense individuales y colectivas contra la agresión externa y
la subversión interna. (1)
Existe
mucha evidencia de que la Operación Cóndor funcionó dentro del sistema
interamericano de defensa y seguridad. Washington había comenzado a
exhortar la colaboración entre las fuerzas militares del continente
americano después de la Segunda Guerra Mundial mediante organizaciones
tales como la Escuela del Ejército de los Estados Unidos en el Caribe
(USACARIB), creada en 1946 y después denominada Escuela de las Américas
(SOA), y acuerdos tales como el Pacto de Río de 1947, que proclamó el
concepto de defensa hemisférica.
Otras
instituciones que integraron a los ejércitos del continente incluyeron a
la Junta Interamericana de Defensa y las conferencias de los ejércitos
de América. Las conferencias fueron iniciadas por comandantes
estadounidenses en 1960 para fusionar a las fuerzas militares de la
región en el combate de la Guerra Fría contra la subversión y la
revolución.
El
segundo de los artículos que forman parte de la Carta de la Conferencia
de los Ejércitos Americanos declaraba que la misión de los ejércitos
era “proteger al continente de las acciones agresivas del Movimiento
Comunista Internacional,” un movimiento que instigaba la subversión
interna.
En
la planificación, el intercambio de inteligencia y la formulación de
estrategias de la Conferencia se hacía énfasis, de manera abrumadora, en
la amenaza subversiva.
Según
una historia militar de las Conferencias de 1985, las primeras
reuniones en el decenio de 1960s se centraron en la generación de una
doctrina continental para combatir “la agresión comunista;” el
intercambio de inteligencia acerca de los grupos subversivos; el
establecimiento de un Comité interamericano permanente de inteligencia,
situado en la zona del Canal de Panamá; el establecimiento de escuelas
de inteligencia en cada país; la configuración de un sistema codificado
de telecomunicaciones entre los ejércitos; y programas de capacitación
para todos los ejércitos en estrategias de contrasubversión,
contrarevolución y seguridad interna.
La Operación Cóndor, organizada posteriormente, fue obviamente un producto de estos programas y estructuras transnacionales.
La
revolución cubana de 1959 había aumentado la sensación de amenaza entre
los sectores conservadores en toda la región, llevándolos a una
coordinación más profunda. De manera más importante, se redefinió la
misión primaria de las fuerzas armadas latinoamericanas: de la defensa
nacional a la seguridad interna. Se transformó totalmente el pensum de
la SOA en 1961 para poner énfasis en la amenaza planteada por los
“enemigos internos”.
Los
manuales de adiestramiento de los militares de los EEUU de la CIA, que
fueron desclasificados a medianos del decenio de 1990, brindaron
evidencias documentadas de que los instructores enseñaban métodos de
tortura, tales como la utilización de la descarga eléctrica; el uso de
drogas e hipnosis para inducir la regresión psicológica; la utilización
secuencial de la deprivación sensorial, el dolor y otros medios en los
interrogatorios; los métodos de asesinato; y amenazas contra los
miembros de la familia y el secuestro de ellos para desmoronar la
resistencia del prisionero.
Personal
estadounidense y francés reorganizaron y adiestraron a las fuerzas
militares de América Latina para emprender operaciones contrainsurgentes
agresivas dentro de sus propias sociedades. El aparato de seguridad de
los Estados Unidos de manera dramática reorientó, reconfiguró, amplió y
movilizó el sistema hemisférico existente para voltear a las fuerzas
militares hacia adentro.
El
régimen continental de contrainsurgencia sirvió como vehículo para
unificar las fuerzas militares, policiales y de inteligencia y ampliar
la influencia de los Estados Unidos en la región. Las doctrinas
nacionales de seguridad que los Estados Unidos y otros países
promovieron, incluidos Brasil y Argentina, incorporaron las ideas de
“seguridad y desarrollo” con feroz anticomunismo y bajo el concepto de
que “el fin justifica los medios”. Esto es, se requerían métodos
ilegales y despiadada represión para combatir al “enemigo interno”.
La
doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría también legitimó un
rol político central para las fuerzas armadas, en su condición de
actores anticomunistas clave. Si bien algunos sectores militares se
resistieron a la influencia estadounidense, con el tiempo las
instituciones armadas de toda la región adoptaron la misión
contrainsurgente, cada cual con sus propias variaciones, y participaron
en la integración más profunda de las fuerzas militares.
En
los 60s, 70s y principios de los 80s, las fuerzas armadas apoyadas por
los Estados Unidos llevaron a cabo golpes en toda América Latina,
procediendo a aniquilar las fuerzas de izquierda y extirpar sus ideas.
Si bien las formas de represión fueron distintas de un país a otro, los
grupos contrainsurgentes tenían objetivos comunes clave: la eliminación
de los “enemigos internos” reales o potenciales y la reorganización de
sus Estados y sociedades para consolidar el poder militar.
Es
esencial darse cuenta de que Washington temía a los dirigentes
izquierdistas electos tanto, si no es que más, como a las guerrillas
revolucionarias en la región, como se demostró con los complots contra
Goulart y Allende, entre otros.
En
1973 o principios de 1974, antes de que el aparato de Cóndor adquiriera
su nombre de código y su estructura formal, los grupos
contrainsurgentes crearon el prototipo de Cóndor, un sistema coordinado
para desaparecer, torturar y trasladar ilícitamente a los exiliados a
través de las fronteras. En febrero de 1974, tuvo lugar una reunión en
Buenos Aires para planificar una colaboración más profunda de las
fuerzas policiales de cinco Estados de América del Sur.
Entre
1973 y 1974 dieron inicio las desapariciones transfronterizas y las
transferencias forzadas y extralegales de exiliados (“entregas”) a cargo
de escuadrones multinacionales de Cóndor, con base en un acuerdo no
escrito que permitía a los militares asociados perseguir a individuos
que habían huído a los países vecinos.
Un
informe secreto de la CIA, National Intelligence Daily de 23 de junio
de 1976, declaraba: “A principios de 1974, funcionarios de seguridad de
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos
Aires para organizar acciones coordinadas en contra de objectivos
subversivos [5 LINEAS TACHADAS] Desde entonces [3 LINEAS TACHADAS] los
argentinos han conducido operativos antisubversivos conjuntos con los
chilenos y los uruguayos.” Ésta era la esencia de Cóndor, si bien aún
sin nombre.
El
coronel chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, fue un organizador
clave de Cóndor. Convocó en 1975 a una reunión de fundación para
institucionalizar el prototipo de Cóndor. En el año 2000, la CIA
reconoció que Contreras había sido un “bien” (“asset”) pagado por la CIA
entre 1974 y 1977, el período durante el cual la red de Cóndor
planificaba y realizaba asesinatos en Europa, América Latina y los
Estados Unidos.
Funcionarios
de la CIA habían ayudado a colocar las bases para Cóndor a principios
de los 70s, al organizar reuniones de funcionarios militares y de
policía de América Latina, de derecha y torturadores de escuadrones de
la muerte, como Sergio Fleury de Brasil. Las fuerzas estadounidenses les
alentaron a coordinar sus operaciones contrasubversivas y a compartir
técnicas represivas con sus contrapartes.
El
jefe de la estación de la CIA en Chile, ayudó a organizar la DINA en
1973-1974 y pidió específicamente a sus contactos militares brasileños
que adiestraran a los agentes operativos de la DINA en tácticas “no
convencionales”. Brasileños dieron capacitación a los funcionarios de la
DINA sobre técnicas de tortura y, a su vez, funcionarios de la DINA
colaboraron con derechistas argentines, tanto civiles como militares,
para asesinar al general chileno constitucionalista Carlos Prats y a su
esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en 1974, tal como mencioné
anteriormente. Pinochet temía la influencia de Prats en su condición de
opositor a la dictadura chilena.
Se
trató de un asesinato temprano cometido por el prototipo de Cóndor aún
sin nombre. Hay otros ejemplos de secuestros y “desapariciones” en 1973,
que tienen el sello de la colaboración de Cóndor.
En
1974, un escuadrón uruguayo para realizar secuestros y desapariciones
se trasladó a Buenos Aires y trabajó con sus contrapartes argentinas y
chilenas para capturar, torturar, interrogar y transferir ilícitamente a
exilados a sus países de origen (muchos de los cuales tenían condición
de protegidos políticos con las Naciones Unidas).
Unidades
seleccionadas de la marina uruguaya empezaron a coordinar acciones
represivas secretas con personal de la infame Escuela de Mecánica de la
Marina Argentina (ESMA) en 1974 y una delegación de la ESMA viajó ese
año al Uruguay para adiestrar a los oficiales en técnicas de tortura
como parte de los cursos de contrainsurgencia.
En
uno de los casos, el ciudadano uruguayo Antonio Viana fue secuestrado
en su casa en Buenos Aires por una escuadra conjunta argentina-uruguaya,
llevado a la sede de la policía federal y torturado por oficiales
uruguayos que él reconoció. Viana supo después que eran de la Policía
Federal Argentina y de las agencias OCOA y DNII del Uruguay. A mediodía
fue llevado a la sede de la Policía Federal Argentina, La
Superintendencia de Seguridad Federal, en donde continuaron
torturándolo, tanto física como psicológicamente (2).
Viana
testificó que sus torturadores e interrogadores en la Superintendencia
incluían a los policías argentinos Miguel Angel Iñiguiz and Alberto
Villar y a los tristamente conocidos uruguayos Carlos Calcagno, José
Gavazzo, Campos Hermida, Silveira y Castiglioni. Viana fue enviado de
vuelta para el Uruguay, en donde permaneció “desaparecido” por años.
Cóndor,
que fue “oficialmente” institucionalizado en noviembre de 1975, llegó a
llenar una función esencial para el régimen interamericano de
contrainsurgencia. Mientras que las fuerzas militares llevaban a cabo la
represión masiva dentro de sus propios países, el sistema transnacional
de Cóndor silenció a los individuos y grupos que habían escapado de las
dictaduras y les impidió organizarse políticamente o influenciar la
opinión pública.
La
misión anticomunista, de la cual Cóndor era parte, trituró en última
instancia tanto a los movimientos e individuos radicales como a los
demócratas. Cóndor no fue solamente una iniciativa latinoamericana (o
chilena), ni tampoco fue un simple instrumento de Washington.
Cóndor
fue un componente secreto del regimen continental de contrainsurgencia.
Las fuerzas estadounidenses también colaboraron para hacer avanzar a
los oficiales de línea dura alineados con los objetivos de los Estados
Unidos al interior de las estructuras militares de la región, a fin de
promover al sector contrainsurgente de las fuerzas armadas por encima de
los sectores constitucionalistas.
El rol de Estados Unidos en la Operación Cóndor
Cóndor
no surgió de la nada en los 70s o menos en respuesta a la formación de
coaliciones revolucionarias tales como la Junta Coordinadora
Revolucionaria en 1974: las semillas de Cóndor se plantaron mucho antes,
en los programas de capacitación al interior del sistema militar
interamericano. Cóndor fue un elemento totalmente secreto del régimen
contrainsurgente en el continente americano y documentos desclasificados
dejan en evidencia que funcionarios en Washington de alto nivel estaban
bien informados de Cóndor y brindaban colaboración, compartían
información de inteligencia y daban apoyo político.
Como
se hizo notar previamente, los militares de Washington y América Latina
tenían temor de los dirigentes izquierdistas electos tanto como de los
movimientos guerrilleros. La democracia no se podía tolerar si se hacían
del poder los izquierdistas o los nacionalistas.
Ese
temor a los líderes electos queda bien ilustrado mediante los
documentos desclasificados que detallan las discusiones entre Richard
Nixon y el dictador militar brasileño Emilio Garrastazu Médici, en
diciembre de 1974. (3) Los dos líderes de mentalidad similar hicieron
planes para socavar o derrocar a los líderes izquierdistas y
progresistas en todo el hemisferio mediante operaciones encubiertas que
esconderían la mano de los Estados Unidos.
Nixon
le dijo a Médici que “habían muchas cosas que Brasil en su condición de
país sudamericano podría hacer que los Estados Unidos no podrían” – se
implicaba que Brasil podía actuar en representación de los Estados
Unidos—para socavar a los dirigentes izquierdistas de Chile, Bolivia,
Uruguay, Cuba y Perú, todos los cuales ellos analizaron.
Médici
propuso que Brasil y los Estados Unidos colaboraran para detener la
“tendencia de la expansión marxista e izquierdista” y Nixon se
comprometió a “dar asistencia a Brasil en todo lo que fuera posible y
cuando fuese factible”, específicamente con fondos y recursos para
socavar el gobierno izquierdista de Salvador Allende en Chile.
Médici
informó a Nixon que Brasil colaboraba con oficiales chilenos para
derrocar a Allende (esto se dio dos años antes del golpe de 1973) y
Nixon respondió que era “muy importante que Brasil y los Estados Unidos
colaboraran estrechamente en esta esfera” de manera de que pudieran
“prevenir nuevos Allendes y Castros y tratar en donde fuese posible de
revertir estas tendencias” . (4)
Ambos
acordaron establecer un canal secreto para las comunicaciones (para
impedir que personas no autorizadas leyeran explosivos intercambios de
extremo secreto y evitar dejar huellas con documentos) y Nixon manifestó
que nombraría a Henry Kissinger como su enlace.
Estos
documentos, que fueron liberados en agosto de 2009, proporcionan nuevas
evidencias sobre las maneras en que dirigentes anticomunistas poderosos
conspiraban para sabotear a gobiernos progresistas electos que
promovían el cambio social en la región.
De
manera importante, un preocupado general brasileño le dijo a su
contacto en la CIA que pensaba que “Es obvio que los Estados Unidos
desea que Brasil ‘realice el trabajo sucio’” (5) expresando de esa
manera las reservas internas acerca del rol de Brasil en vías de
expansión para subvertir a los gobiernos vecinos como un agente en favor
de Washington. Pese a esas ocasionales reservas, no obstante, los
militares brasileños desempeñaron una función importante como actor
contrarrevolucionario en la región.
Formas de cooperación de esa naturaleza sentaron las bases para la Operación Cóndor.
Las
fuerzas militares y de inteligencia de los Estados Unidos estaban bien
informadas de las operaciones de Cóndor y los Estados Unidos
desempeñaron una función encubierta clave para modernizar y extender el
aparato de Cóndor.
Una
fuente militar argentina dijo en 1976 a su contacto en la Embajada de
los Estados Unidos que la CIA había estado profundamente involucrada en
el establecimiento de vínculos por computadora entre las unidades de
inteligencia y operativas de los seis Estados de Cóndor.
Un
ex agente de Cóndor de Bolivia manifestó a un periodista a principios
de los 90 que un sistema avanzado de comunicaciones había sido instalado
en el Ministerio del Interior en La Paz, junto con un sistema de télex
interconectado con los otros cinco países de Cóndor. Indicó que la CIA
había hecho una máquina especial para codificar y descodificar mensajes
especialmente para el sistema de Cóndor.
Muchos
documentos desclasificados de los Estados Unidos se referían a Cóndor
con lenguaje favorable. Un informe de 1976 de la Agencia de Inteligencia
de Defensa (DIA) destacaba que una unidad de asesinatos de Cóndor
estaba “estructurada de manera muy similar a un equipo estadounidense de
Fuerzas Especiales” y, como algo común, describía las “operaciones
conjuntas de contrainsurgencia” para “eliminar actividades marxistas
terroristas” (6)
Cables militares y de la CIA y Pentágono informaban acerca de las operaciones secretas de Cóndor, incluidas las desapariciones forzadas en Buenos Aires en 1976 de docenas de miembros del Partido de la Victoria del Pueblo del Uruguay, indicando con ello las estrechas relaciones con las unidades clave de caza y muerte de Cóndor. (7)
Las agencias de seguridad de los Estados Unidos proporcionaron a los militares cooperación en inteligencia, incluidas listas de sospechosos. Documentos desclasificados demuestran que el personal estadounidense estaba directamente involucrado en algunas operaciones de Cóndor en materia de secuestro-desaparición y “entregas”.
La Comisión Rettig de Chile se enteró, por ejemplo, que la captura del militante chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón en Paraguay fue un esfuerzo cooperativo entre los servicios de inteligencia argentines, personal de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y la policía paraguaya.
Cables militares y de la CIA y Pentágono informaban acerca de las operaciones secretas de Cóndor, incluidas las desapariciones forzadas en Buenos Aires en 1976 de docenas de miembros del Partido de la Victoria del Pueblo del Uruguay, indicando con ello las estrechas relaciones con las unidades clave de caza y muerte de Cóndor. (7)
Las agencias de seguridad de los Estados Unidos proporcionaron a los militares cooperación en inteligencia, incluidas listas de sospechosos. Documentos desclasificados demuestran que el personal estadounidense estaba directamente involucrado en algunas operaciones de Cóndor en materia de secuestro-desaparición y “entregas”.
La Comisión Rettig de Chile se enteró, por ejemplo, que la captura del militante chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón en Paraguay fue un esfuerzo cooperativo entre los servicios de inteligencia argentines, personal de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y la policía paraguaya.
Tal
vez la evidencia más contundente del involucramiento de Washington en
Cóndor es que los EEUU facilitaron las comunicaciones de Cóndor en todo
el continente americano. En 2001 durante mis investigaciones de los
documentos desclasificados del EEUU encontré un cable de 1978 que decía
que los EEUU pusieron a la disposición del aparato de la Operación
Cóndor su red interamericana de comunicaciones.
Los oficiales de Cóndor tenían una base secreta de comunicaciones en la sede militar de los EEUU en la zona del Canal de Panamá. En esos años existían ahí una gran estación de la CIA, la sede del Comando Sur, el centro de las Fuerzas Especiales y la Escuela de las Américas. La base siempre fue un nexo para las operaciones encubiertas y una plataforma para intervención estadounidense en América Latina.
Los oficiales de Cóndor usaron dicho sistema, “codificado dentro de la red de comunicaciones de EEUU”, para coordinar información de inteligencia en toda América Latina. Ésta es una prueba clave del rol encubierto de los EEUU en Cóndor, en su condición de patrocinador secreto: estaba involucrado directamente en el ámbito operativo de funcionamiento.
Esta red sofisticada permitió que los oficiales de Cóndor pudieran comunicarse con sus centros operativos y vigilar los movimientos de personas en áreas grandes de Sudamérica. Según Robert White, ex embajador en Paraguay (y autor de la cable), este tipo de sistema de comunicaciones fue establecido para el uso de los militares aliados, para que personal de los EEUU pudiera monitorear sus comunicaciones y avisar a sus superiores sobre las operaciones planificadas.
En otras palabras, las fuerzas de los EEUU tenían conocimiento completo sobre las operaciones de Cóndor coordinadas en la red estadounidense. Aunque no sabemos quien autorizó esta operación, ella demuestra que Washington consideró que Cóndor fue una operación negra que sirvió a los intereses de los EEUU.
Los oficiales de Cóndor tenían una base secreta de comunicaciones en la sede militar de los EEUU en la zona del Canal de Panamá. En esos años existían ahí una gran estación de la CIA, la sede del Comando Sur, el centro de las Fuerzas Especiales y la Escuela de las Américas. La base siempre fue un nexo para las operaciones encubiertas y una plataforma para intervención estadounidense en América Latina.
Los oficiales de Cóndor usaron dicho sistema, “codificado dentro de la red de comunicaciones de EEUU”, para coordinar información de inteligencia en toda América Latina. Ésta es una prueba clave del rol encubierto de los EEUU en Cóndor, en su condición de patrocinador secreto: estaba involucrado directamente en el ámbito operativo de funcionamiento.
Esta red sofisticada permitió que los oficiales de Cóndor pudieran comunicarse con sus centros operativos y vigilar los movimientos de personas en áreas grandes de Sudamérica. Según Robert White, ex embajador en Paraguay (y autor de la cable), este tipo de sistema de comunicaciones fue establecido para el uso de los militares aliados, para que personal de los EEUU pudiera monitorear sus comunicaciones y avisar a sus superiores sobre las operaciones planificadas.
En otras palabras, las fuerzas de los EEUU tenían conocimiento completo sobre las operaciones de Cóndor coordinadas en la red estadounidense. Aunque no sabemos quien autorizó esta operación, ella demuestra que Washington consideró que Cóndor fue una operación negra que sirvió a los intereses de los EEUU.
Conclusiones
Es
clave analizar Cóndor como parte de lo que he nombrado el Estado
paralelo, que fue un componente fundamental en la doctrina y práctica de
contrainsurgencia. Parte del modelo de contrainsurgencia fue la
creación de fuerzas paralelas—las fuerzas parapoliciales y
paramilitares, que están ancladas en el Estado y son dirigidas por éste,
pero secretamente–y una vasta infrastructura paralela, en las sombras,
que incluye prisiones clandestinas, flotillas de vehículos sin
identificación y aparatos aéreos sin registro, cementarios secretos y
sistemas protegidos de comunicación.
En
América Latina, el Estado paralelo aumentó las capacidades letales de
las dictaduras, al tiempo que permitían a éstas retener la apariencia de
legalidad. Las fuerzas paraestatales incluían grupos clandestinos,
organizaciones secretas de inteligencia, fuerzas de tareas y redes de
informantes civiles que actuaban de manera encubierta a favor del
Estado. Fue un sistema para garantizar la impunidad.
El
aparato del Estado paralelo era el lado invisible del Estado militar,
pero estrechamente ligado a la cara visible, si bien de manera secreta.
Escuadrones de la muerte paraestatales llevaron a cabo, de manera
encubierta, las desapariciones, los actos de tortura, los asesinatos y
las ejecuciones extrajudiciales, en su condición de apéndice del Estado
visible y bajó sus órdenes, a la vez que proporcionaban a los gobiernos
militares la capacidad de negar su participación.
El Estado paralelo fue un instrumento para lograr de manera secreta lo que no se podía conseguir de manera legal o política. Fue creado para poner en práctica políticas que violaban todas las leyes y normas y para sortear cualquier límite impuesto al poder coercitivo del Estado.
El Estado paralelo fue un instrumento para lograr de manera secreta lo que no se podía conseguir de manera legal o política. Fue creado para poner en práctica políticas que violaban todas las leyes y normas y para sortear cualquier límite impuesto al poder coercitivo del Estado.
¿Por
qué apoyó Washington a las dictaduras militares de la era de las
dictaduras militares y presto sustento a la Operación Cóndor? Resulta
obvio que funcionarios de alto nivel en los Estados Unidos encargados de
tomar decisiones consideraban esas políticas como favorable a los
intereses estadounidenses.
La promoción de fuerzas de derecha y de guerras contrainsurgentes en el mundo en desarrollo era más que un proyecto antisoviético de la Guerra Fría. Washington actuaba para retener y hacer avanzar la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina y en todas partes y consideraba que las fuerzas anticomunistas eran los aliados de mayor confianza para preservar los intereses políticos, económicos y estratégicos de los Estados Unidos.
La promoción de fuerzas de derecha y de guerras contrainsurgentes en el mundo en desarrollo era más que un proyecto antisoviético de la Guerra Fría. Washington actuaba para retener y hacer avanzar la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina y en todas partes y consideraba que las fuerzas anticomunistas eran los aliados de mayor confianza para preservar los intereses políticos, económicos y estratégicos de los Estados Unidos.
Washington
aprobó las operaciones encubiertas y las campañas de contrainsurgencia
particularmente en países en donde el poder parecía pasar de estar
concentrado en las élites pro capitalistas y pro fuerzas de los Estados
Unidos a sectores sociales nacionalistas o izquierdistas con interés en
la reestructuración política y del poder económico.
En
la medida en que tales dirigentes ganaban elecciones en toda América
Latina en los 60s y 70s y surgían nuevos movimientos revolucionarios y
progresistas, los estrategas estadounidenses temieron que el informal
imperio estadounidense en el continente americano fuese amenazado. Las
élites locales temieron de manera similar la amenaza a su dominación
tradicional. La política de los Estados Unidos sirvió, en la mayoría de
los casos, para fortalecer a las élites tradicionales y las fuerzas
militares y de seguridad, mientras se diezmaban a los individuos y los
movimientos sociales izquierdistas y progresistas.
La
guerra contrainsurgente fue el medio para desmovilizar a los
movimientos izquierdistas y nacionalistas, aterrorizar a las sociedades y
mantener bajo control las zonas de interés de los Estados Unidos.
Cóndor
fue una operación negra dentro del esfuerzo contrainsurgente y tuvo un
protector y benefactor poderoso. Sin lugar a dudas, hay mucha más
información acerca de Cóndor en los archivos del Gobierno de los Estados
Unidos.
Sería
muy importante que la Comisión solicitara a Washington que
desclasifique los documentos sobre Cóndor en el Brasil, con el propósito
de encontrar nuevas informaciones.
(*) Ponencia en el “Seminario Internacional Operação Condor”, Brasilia, Brasil, 4 y 5 de julio, 2012.
(1)
Ver Brian Loveman, For La Patria: Politics and the Armed Forces in
Latin America (Wilmington, DE: Scholarly Resources, Inc., 1999), 151.
(2)
Comunicaciones de Antonio Viana a la autora, 17 y 18, 2006, y
materiales enviadas por Viana , incluyendo “Aide Mémoire” 12 de agosto,
1981; United Nations, “Communication No. 110/1981,” UN Doc. CCPR/C/OP/2
at 148 (1990); “Memorandum” por Raúl Benitez Caches, DNII, on Viana,
n.d. (but 1974); Policia Federal de Argentina, “Exposición de: Antonio
Viana Acosta;” y Swedish Ministry of Foreign Affairs, “Aide Memoire,”
July 7, 1993. Ve también: A Todos Ellos: Informe de Madres y Familiares
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Montevideo: Madres y Familiaries,
2004), 383-86; Walter Pernias, “Una dupla de terror,” Brecha (Uruguay),
July 1, 2006; and “¿Un tercer muerto en Boiso Lanza?” La República (Uruguay), May 16, 2006.
(3)
See National Security Archive, “Brazil Conspired with U.S. to Overthrow
Allende,” National Security Archive Electronic Briefing Book No. 282,
Posted - August 16, 2009, at
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB282/index.htm
(4) “Memorandum for the President’s File,” de Henry Kissinger, December 9, 1971, p. 5. See also Predatory States, 53-58.
(5)
Secret CIA Memorandum, “Alleged Commitments Made by President Richard
M. Nixon to Brazilian President Emilio Garrastazu Médici,” n.d. on
document.
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viernes, 27 de julio de 2012
"Escribo y lloro"
Mirta Macedo (1939-2012)
Brecha. 28 7 12. Por Roxalba Oxandabarat
Mirta Macedo falleció el martes. Había nacido en Minas, en 1939, fue militante y funcionaria de la Unión de Juventudes Comunistas primero y luego del Partido Comunista, antes y durante la dictadura militar, estuvo presa desde 1976 hasta 1981.
Una
más entre decenas de mujeres que sufrieron prisión bajo la dictadura,
su nombre saltó a la atención pública cuando, en noviembre del año
pasado, ella y otras ex presas políticas denunciaron las torturas y
abusos sexuales padecidos durante su tiempo de prisión.
Murió
después de una dolorosa enfermedad. Enfermedad que no fue tratada a
tiempo, dice a Brecha Charna Furman, amiga y compañera desde la
militancia en el Partido Comunista, compañera también –de Mirta y de su
hermana Selva– “en la cana y después”, enfermedad en fin sobre la cual
quizá hubo errores u omisiones médicas, y también hasta un proceso de
negación por parte de la misma Mirta. Pero que se desató, está segura
Furman, a partir de la angustia de ese doloroso duelo con la memoria que
siempre llevó a cabo Mirta, y que llegó al paroxismo desde el trabajo
con sus compañeras en torno a esa denuncia.
Mirta
era dura, era rebelde, era peleadora, lo que le hacía las cosas aun más
difíciles en el penal, recuerda Charna. Así, terminaba demasiado a
menudo en el calabozo.
En
el penal obligaban a las mujeres a hacer caminería, muchachas frágiles y
maltratadas manejando pesados pilones, y Mirta, con su aorta de
plástico, castigada a cada rato por no acompasarse al ritmo requerido.
“No
sólo el penal, el trabajo, hasta penas de amor y traición que llegaban
desde afuera golpearon duramente a Mirta. Pensábamos que con ese corazón
tan frágil no resistiría. Y sin embargo, fue ese corazón el que
resistió hasta el final”, dice Furman.
La
mujer con la aorta de plástico tuvo, o sacó de sus convicciones y sus
ganas de vivir, fuerzas para las tareas de resistencia contra la
dictadura, para sobrevivir a la tortura, las violaciones y la cárcel, y
también para recomenzar su vida, en todos los sentidos, después de
recuperar la libertad en 1981.
Volvió
a las aulas con cuarenta años, se recibió de asistente social, tuvo un
hijo, escribió libros. Un día, una noche, todos los días, en 1999;
Tiempos de ida, tiempos de vuelta, en 2002; Atando los tiempos:
reflexiones sobre las estrategias de sobrevivencia en el penal de Punta
de Rieles, 1976-1981, en 2005; De la prisión a la libertad: reflexiones
sobre los efectos sociales de la prisión, en 2008.
Tres
libros de largo nombre –publicados por Orbe– y mucho más largo trabajo
de reflexión, de enfrentar los fantasmas que acosaban la memoria,
tratando de comprender para seguir.
“Escribo
y lloro”, le confiaba a su amiga. Volver a mirar de frente todo aquello
que ella y otras y otros habían vivido, que en su caso, como en el de
otras mujeres, incluía también la humillación y la repugnancia del abuso
sexual. Ella y casi treinta ex presas políticas más presentaron esa
denuncia (véase Brecha 4-XI-11) sobre tortura y violencia sexual contra
decenas de militares, policías, médicos y enfermeras.
“En
el grupo (Denuncia) somos 28 mujeres y aparecieron dos casos de
violación; y hay otra compañera que tiene testigos de que la violaron
pero ella no lo recuerda. Es horrible, es la forma que encontró para
poder sobrevivir”, contaba Mirta durante las peripecias del trámite.
Ella
eligió recordar, aplicar su temperamento guerrero para apuntalar su
búsqueda de verdad y justicia, aunque implicara poner frente a la mirada
del público ese oscuro tramo donde lo íntimo queda expuesto a la vez
que lo político.
Mirta
fue una de las mujeres que contó lo que había vivido frente a las
cámaras de Canal 12, en el programa Esta boca es mía, conducido por
Victoria Rodríguez. ¿Cuántos momentos de angustia, de duda, de
resurrección de viejos espantos costó ese salir afuera para hacer
evidente lo que se sabía había pasado, pero muchos negaban o lo
difuminaban en un vago recuerdo oscuro?
La
lectura –en la Sala de Redacción de la Licenciatura de Ciencias de la
Comunicación de la Udelar– del testimonio de Mirta sobre las torturas,
manoseos, humillaciones y violaciones padecidas es absolutamente
insoportable. La sola lectura. Ciérrese la imaginación para bloquear
esas imágenes horrendas.
Mirta
hizo lo contrario; hurgó en ello, lo meditó, lo escribió, lo expuso
como intuyendo que los demonios encerrados, aplastados, siguen siendo
demonios. Al declarar así, “en vivo y en directo”, Mirta y sus
compañeras dieron rostro, presencia, voz, carnalidad, a esas cosas que
no se quieren saber.
Fatídicas,
la persiguieron hasta el final: cuando ya estaba grave, su historia
repicaba por Internet. Para su amiga de tantos años ese ejercicio
torturante de hurgar en el pasado está ligado a la aparición de la
enfermedad. El dolor, ya se sabe, enferma. Y también mata. Aunque,
milagrosamente, el coraje y la luz humana siempre sobreviven.
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Una red contra el Cóndor
Brecha 29 7 12. Por SAMUEL BLIXEN
Parlamentarios,
jueces, abogados y periodistas acordaron en Brasilia la instalación de
un tribunal y un foro permanente de coordinación que impulse la
investigación y el castigo de los crímenes de la Operación Cóndor.
La necesidad de incrementar las acciones contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado en todo el continente, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil empeñadas en la búsqueda de la verdad y acompañar los avances democráticos que procuran la reconciliación sin renunciar a la justicia impulsó a los participantes del Seminario Internacional Operación Cóndor a proponer la creación de un Foro Permanente sobre Justicia y Derechos Humanos y la instalación de un “Tribunal Russell para Sudamérica”.
El
seminario tuvo lugar en Brasilia, entre el 4 y el 6 de julio, convocado
por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil
y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos-Brasil. Contó con la
presencia de parlamentarios, magistrados, académicos, abogados y
periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay y
Uruguay.
Entre
otros, participaron el juez federal argentino Daniel Rafecas, los
diputados Remo Gerardo Carlotto, de Argentina, Luis Puig, de Uruguay, y
Hugo Gutiérrez Gálvez, de Chile; el médico, profesor y escritor Alfredo
Boccia Paz y el maestro Martín Almada, ambos paraguayos; los periodistas
Luiz Cláudio Cunha, de Brasil, y Mónica González, de Chile; la
profesora Patrice McSherry, de la Long Island University, de Nueva York;
y el director del Archivo de Seguridad Nacional de la George Washington
University, Carlos Osorio.
El
encuentro, coordinado por la diputada Luiza Erundina, presidenta de la
Comisión Parlamentaria de Memoria, Verdad y Justicia, y el abogado Jair
Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos,
permitió confrontar los distintos procesos nacionales respecto del
terrorismo de Estado implementado por la Operación Cóndor, la
coordinación represiva de las dictaduras de América del Sur durante las
décadas del 70 y del 80.
Las
distintas exposiciones revelaron los diferentes “ritmos” de las
estructuras judiciales para castigar los delitos contra la humanidad, en
función de la vigencia de normas legales que facilitan la impunidad, o
la remoción de las mismas.
En
Chile, tras la prisión del dictador Augusto Pinochet en Londres a raíz
de una orden del juez español Baltasar Garzón, la justicia superó
debilidades intrínsecas, según el diputado Hugo Gutiérrez, de destacada
participación como abogado de familiares en la querella por el desafuero
de Pinochet.
El
juez Rafecas, responsable de la investigación judicial sobre el plan
Cóndor, detalló los criterios que se aplican en Argentina, en especial
la definición del testimonio como elemento de prueba y el papel
desempeñado por los “juicios de la verdad” en la compilación de
elementos que facilitan los fallos contra los violadores de los derechos
humanos. El abogado paraguayo Alfredo Boccia refirió la casi nula
acción judicial contra los delitos revelados en el “archivo del terror”,
descubierto por Martín Almada, salvo las prisiones decretadas contra
los funcionarios policiales y militares en el momento del
descubrimiento, que provocó una gran conmoción social.
El
diputado uruguayo Luis Puig detalló las luces y sombras de la
desactivación de la ley de caducidad y las dificultades que enfrentan
algunos magistrados para aplicar en los procesos judiciales los
principios de imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada. La
diputada Luiza Erundina fustigó la falsa contradicción entre
reconciliación y justicia, una oposición que emerge en Brasil, quizás el
país de la región más atrasado en el combate a la impunidad de los
crímenes de la dictadura militar, a medida que avanza el reclamo de
verdad que, dijo, “incomoda, y por ello debe tornarse en un arma para
desarticular la cultura de violencia que existe en nuestra sociedad”.
Erundina
se refirió a la vigencia de la ley de amnistía como una “ley manca, un
producto de la estrategia política de la dictadura”, que debe eliminarse
porque confiere impunidad a los militares responsables de los delitos.
Por su parte, tanto Patrice McSherry como Carlos
Osorio destacaron la importancia de descubrir los archivos de las
dictaduras y señalaron la necesidad de exigir la desclasificación de
documentos; el ocultamiento de dichos archivos, en opinión de varios de
los participantes, constituye un problema, particularmente en Uruguay y
Brasil, donde las autoridades militares han reiterado su destrucción o
inexistencia, una afirmación que ciertos episodios han revelado que es
falsa.
El
análisis de situación en los diferentes países permitió concluir que
“existen avances democráticos en la búsqueda de la verdad sobre la trama
trasnacional de dictaduras cívico militares fundada en la doctrina de
seguridad nacional”, pero que “la conciencia de la impunidad de estos
crímenes es un generador de la delincuencia y de la corrupción
sistémica”.
Los
participantes coincidieron en que “se requiere una nueva interpretación
de los instrumentos jurídicos que todas las dictaduras impusieron a los
ordenamientos jurídicos nacionales, como autoamnistía y prescripción”, y
se comprometieron, por tanto, a “enfrentar a cualquier ley, ordenanza o
reglamento que pueda reducir, cancelar o restringir la protección de
los derechos humanos”.
En
un documento titulado “Carta de Brasilia”, firmado por todos los
participantes pero en especial por los legisladores presentes, el
Seminario Internacional se comprometió a “propugnar que los estados, en
nuestras constituciones, permitan la investigación y la sanción de los
crímenes contra la humanidad, como ya se ha establecido en la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así los agentes del
Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los derechos
humanos, sean enjuiciados y castigados con penas proporcionales a sus
crímenes”.
El
documento enfatiza: “Creemos que ha llegado el momento para que los
países afectados por la Operación Cóndor, en sus diferentes dimensiones,
pongan a la disposición todos los archivos del Estado que conduzcan a
la aclaración de los crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Esta
actitud permitiría cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre los casos de Araguaia (Brasil) y Gelman
(Argentina y Uruguay)”. Al respecto, el seminario asumió el compromiso
de “iniciar desde ahora la recopilación de todos los archivos y
documentos relacionados con la Operación Cóndor que están en manos de
organismos oficiales, universidades, fundaciones privadas, periodistas e
historiadores, para que se conviertan en una contribución activa y de
uso masivo de la verdad y de la justicia”.
La
“carta de Brasilia” introduce dos iniciativas innovadoras: la creación
de un Foro Permanente sobre Justicia y Derechos Humanos, que buscará “la
integración de nuestros parlamentos, con la participación fundamental
de la sociedad civil”; y la instalación de una corte civil sudamericana
al estilo del Tribunal Russell.
El
objetivo del foro es “compartir y llevar, por la comprensión fraterna,
hacia las legislaciones nacionales más retrasadas, los progresos
institucionales ya alcanzados en el carácter supranacional de las
convenciones y de los tratados internacionales a que nuestros estados se
hayan sumado, asumiendo una jerarquía equivalente a la medida en que
estas normas reciban el derecho de las personas y de los pueblos, y
permitan la convivencia entre nuestras naciones”.
El
seminario (que a su finalización aprobó también una moción de condena
al “golpe blanco, como destello de un nefasto espíritu civil de la
Operación Cóndor”, que destituyó a Fernando Lugo en Paraguay) resolvió
iniciar los contactos para la coordinación tanto de las estructuras
parlamentarias como de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de
poner en marcha la recopilación de documentación que permitirá la
instalación del foro y del tribunal.
La A del abecedario.-
La
haraganería ha sido una de las palancas del progreso humano.Parece
contradictorio,pero fué de haragán que el hombre inventó la rueda,el
carro,el automóvil,el lavarropas y todo la parafernalia que llena los
supermercados.
Bueno,como
yo soy un gran haragán hace tiempo que no gasto esfuerzos ni
desperdicio atención en chácharas interminables sobre teoría,estrategias
y tácticas porque no se avanza sin dar el primer paso fundamental e
imprescindible.Me estoy refiriendo a un cambio revolucionario que dé
vuelta la tortilla para que el mundo no siga siendo de unos pocos.Se
trata de correlación de fuerzas como en cualquier lucha.En el caso
particular del Uruguay ha quedado claro cual es el camino elejido por el
pueblo que se conformó y bajó los brazos entrando en el juego de la
"democracia representativa". Es difícil predecir los fenómenos
sociales,económicos y políticos que puede producir los coletazos de la
crisis artificial y manipulada del sistema en éste paisito tan
particular.-
Por
ahora no existe ninguna posibilidad de encarar la concrección de la A
del abecedario que es torcer el brazo armado de la oligarquía
terrateniente dueña del país y del imperio como se concretó en Cuba hace
1/2 siglo a partir de los 13 sobrevivientes del GRAMMA en un año y 1/2.
Desde que me conozco (73) aquí estamos conversando. Del fallido intento
de los '60 no queda nada. El sábado nos reuniremos 800 sobrevivientes a
comer la buseca de Ibiray y hay 600.000 desparramados por el mundo.No
hay más fé ni esperanza,se dejo de creer en la NECESIDAD de un cambio a
pesar que ahora la situación es PEOR y más dramática.Estoy convencido
QUE SE PUEDE,pero no hay gente.
Me
aterra vivir en un mundo sin esperanza,porque no hay esperanza en el
corazón de la gente.Me aterra proyectarme a un futuro anunciado por la
tendencia en permanente aumento del deterioro. Vivo en un barrio
periférico de Rocha y como todos pasamos por el mismo
puente,permanentemente me cruzo con neo-indigentes que no existían en la
Rocha de mi juventud.Hay,desde que me conozco, 3 "industrias" en el
pueblo:La Comisaría,el Cuartel y la Intendencia;no se planta nada,todo
viene de Montevideo.-
Ya estoy poniendo las cosas en la mochila con la que me voy a ir al Brasil,que será igual;pero no hace frío.-
Fecha: 30 de julio de 2012 23:17
¡¡¡ Vivan las compañeras !!!
Informamos que el día, viernes 27 de julio de 2012,
falleció la Compañera
Mary Placeres Fierro
en la ciudad de Cardona, Soriano.
Mary "Cuca" Placeres permaneció recluida desde 1972 a 1976
durante el período del Terrorismo de Estado.
El colectivo de Crysol rinde homenaje a esta auténtica protagonista de la lucha del pueblo uruguayo
y hace llegar sus sinceras condolencias a sus familiares,
¡¡ Hasta siempre, Cuca !!
From: crysol2003@yahoo.com.ar
Date: Thu, 2 Aug 2012 12:45:02 -0700
Subject: (Crysol) ¡¡¡ Vivan las Compañeras !!!
Date: Thu, 2 Aug 2012 12:45:02 -0700
Subject: (Crysol) ¡¡¡ Vivan las Compañeras !!!
¡¡¡ Vivan las compañeras !!!
Informamos que el día de hoy, jueves 02 de agosto de 2012,
falleció la Compañera
Iris Mabel Galeano Raciope
en la ciudad de Concordia, Entre Rios, Argentina. a los 67 años de edad.
Mabel Galeano permaneció recluida
en el EMR Nº 1 femenino de Paso de los Toros
durante el período del Terrorismo de Estado.
El colectivo de Crysol rinde homenaje a esta auténtica protagonista de la lucha del pueblo uruguayo
y hace llegar sus sinceras condolencias a sus familiares,
¡¡ Hasta siempre, Mabel !!
MARCHA DEL EJIDO TILA EN LA CD DE MÉXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Posted by POZOL COLECTIVO
TRASMISIONES EN VIVO DE LA MARCHA POR:
Miércoles 1 de agosto. PC- Tras arribar el día de ayer en caravana a
la capital del país, los ejidatarios de la comunidad indígena Ch`ol del
norte de Chiapas realizarán hoy miércoles una marcha mitin en el
distrito Federal a partir de las 10 de la mañana. La movilización
partirá del Monumento a la Revolución Hacia la Suprema Corte de Justicia
de la Nación con el propósito de exigir se respete su derecho a la
tierra como pueblos originarios que son y no se les despoje de 130
hectáreas por parte del municipio y gobierno del estado.
Aquí la convocatoria:
Miercoles 1 de agosto.
- 9 de la mañana. Nos concentraremos en el monumento a la Revolucion simbolo de la memoria de lucha de los Pueblos de Mexico para que la Tierra sea de quien la trabaje. De Tierra, Libertad Justicia y Ley. En esos mismos momentos en nuestro territorio ch’ol del pueblo de Tila se estarán concentrando los ejidatarios y ejidatarias porque también marcharan.
- 10 de la mañana. Ciudad de Mexico. Partiremos en marcha hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ahi realizar mitin para decir nuestra palabra de exigencia por el respeto a nuestra tierra y territorio, como campesinos ejidatarios y como indígenas ch’oles.
- 10 de la mañana. Ejido Tila. En la misma hora que en Mexico nuestros compañeros y compañeras familias de ejidatarios y ejidatarias realizaran también marcha y mitin en el poblado de Tila porque muchos son los que quieren ir en la caravana pero por nuestra condicion economica no es posible porque somos cientos de familias, osea miles de hombres, mujeres, ancianos y niños. Por eso la fuerza de nuestro Pueblo indígena ch’ol se estará manifestando en Tila y en la distancia estaremos juntos elevando nuestra exigencia desde Tila hasta las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Noticias desde Bolivia
miércoles, 1 de agosto de 2012
EVO entregará más de 11 mil títulos ejecutoriales de tierras
 |
Regiones
El documento otorga el derecho de propiedad del predio a los campesinos y le da valor jurídico para cuestiones de trámite y créditos.
SUCRE - Cambio
En ocasión de la celebración del Día de la Revolución Agraria Comunitaria, programada para este jueves, el presidente Evo Morales entregará 11.500 certificados de emisión de títulos ejecutoriales para todo el departamento de Chuquisaca.
El director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan José Torres, informó que luego de la extensión de informes se procederá a la entrega de los certificados previa verificación de la acreditación de interés legal de los beneficiarios.
“El propósito es entregar la mayor cantidad de títulos ejecutoriales a los compañeros chuquisaqueños; aún estamos en plena organización, de tal manera que a partir del 2 de agosto cuenten con sus respectivos documentos que les garanticen su derecho sobre la tierra”, señaló.
Torres indicó que el personal del INRA está en pleno proceso de la extensión de informes y certificados de emisión de títulos ejecutoriales, aunque dijo que lo más probable es que será difícil de entregar a los 11.500 beneficiarios, por cuestión de tiempo.
“El beneficiario se favorece con la seguridad jurídica sobre su predio, y el título ejecutoriado garantiza que es el dueño de su tierra y está inscrito en Derechos Reales; asimismo, está la declaración de herencia que cada propietario deja a sus herederos cuando fallece para accedan a la tierra”, argumentó.
La entrega se realizará en un acto especial a llevarse a cabo la tarde de este jueves en el estadio Patria, durante la concentración que está convocando la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch).
Nunca más “indio”
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, Pedro Vela, vestido de tarabuqueño, con montera y poncho tradicional yampara, señaló que acabó el término despectivo de ‘Día del Indio’ con la jornada de la Revolución Comunitaria
“Nosotros, como Asamblea Departamental de Chuquisaca, como venimos de las organizaciones sociales, estamos listos para celebrar este gran encuentro nacional que contará con la participación de los tres sectores nacionales del país”, remarcó.
Urquizu anuncia llegada de 14 mil campesinos
El gobernador del departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizu, anticipó que más de 14 mil campesinas y campesinos se concentrarán en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sucre: avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, El Abra, Cementerio Municipal y Lajastambo, desde donde realizarán una marcha hasta el estadio Patria.
“Las provincias y municipios de Chuquisaca están confirmando su participación en Sucre, ese día será una jornada histórica e importante para el pueblo boliviano”, manifestó.
La primera autoridad de Chuquisaca informó que habrá una masiva asistencia de los trabajadores campesinos, porque se trata de un día de celebración.
“Para recibir a las hermanas y hermanos, las comisiones de hospedaje están trabajando, estamos definiendo todos los detalles para dar todas las comodidades que se requieren”, aseveró.
Coca Cola y McDonalds se van de Bolivia
¡Qué envidia!
Después de 14 años de presencia en el país sudamericano, y a pesar de haber intentado todas las campañas imaginables, la cadena gringa se vio obligada a cerrar los ocho restoranes que mantenía abiertos en las tres principales ciudades del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.
Se trata del segundo país latinoamericano –también Cuba- que no tendrá McDonald´s y el primer país en el mundo donde la empresa cierra por tener sus números en rojo durante más de una década.
El impacto para los creativos y jefes de marketing, que no acaban de superar su frustración, ha sido de tal fuerza que grabaron un documental titulado ‘¿Por qué quebró McDonald´s en Bolivia?’, donde intentan explicar de algún modo las razones que llevaron a los bolivianos a seguir prefiriendo las ricas empanadas a las frías hamburguesas.
Rechazo cultural
El documental incluye reportajes a cocineros, sociólogos, nutricionistas, educadores, historiadores y más, donde hay una coincidencia general: el rechazo no es a las hamburguesas ni a su gusto, el rechazo está en la mentalidad de los bolivianos. Todo indica que el concepto ‘fast-food’ es, literalmente, la antítesis de la concepción que un boliviano tiene de cómo debe prepararse una comida.
En Bolivia, aun se conserva el concepto de la cultura gastronómica tradicional, en donde el rito de la comida empieza desde decidir que se va a comer, ir al mercado a comprar los ingredientes, convivir mientras se preparan los alimentos, la forma en que se presentan y la manera en que se sirven. La comida para ser buena requiere, además de gusto, esmero e higiene, y sazón que se adquiere con mucho tiempo de preparación. Así es como valúa un consumidor la calidad de lo que se lleva al estómago.
La primera quiebra de McDonald´s en el mundo representó un trauma para los yankees y significa un golpe al capitalismo mercantilista comercial. La comida rápida, “no es para esta gente”, concluyeron los gabachos. A temblar Coca-Cola.
aditel
Coca Cola expulsada
El canciller boliviano anunció el fin de la Coca Cola en Bolivia a partir del 21 de diciembre de 2012, día en que muchos celebraran el fin del calendario maya.
En una decision admirable, Coca Cola será expulsada de Bolivia a partir del próximo 21 de diciembre de 2012. De acuerdo con el ministro de Exteriores boliviano, David Choquehuanca, esta determinación estará en sintonía con el “fin” del calendario maya, y será parte de los festejos para celebrar el fin del capitalismo y el comienzo de “la cultura de la vida”. La fiesta se llevara a cabo el día del solsticio de verano (en el hemisferio sur) en la Isla del Sol, ubicada en el lago Titicaca.
“El 21 de diciembre de 2012 es el fin de egoísmo, de la división. El 21 diciembre tiene que ser el fin de la Coca Cola, y el comienzo del mocochinche (refresco de durazno)”, dijo Choquehuanca en un acto junto al mandatario Evo Morales. ”Los planetas se alinean después de 26.000 años [...] es el fin del capitalismo y el comienzo del comunitarismo” agregó.
Que así sea.
Cómo miles de criminales de guerra nazis trabajaron para el gobierno de los Estados Unidos
La familia Bush y la Alemania nazi
por
Webster G. Tarpley, Anton Chatkin
El
Ministerio de Guerra de los Estados Unidos incorporó en el pasado,
expertos en guerra biológica y en armas de destrucción masiva nazis,
quiénes tuvieron la oportunidad de ensayar y probar su "especialidad"
sobre los millones de civiles cuando estuvieron bajo las ordenes de
Hitler.
Socios
| noviembre de 2002
El Ministerio de Guerra de los Estados Unidos
incorporó en el pasado expertos en guerra biológica y en armas de
destrucción masiva nazis, quiénes tuvieron la oportunidad de ensayar y
probar su «especialidad» sobre los millones de civiles cuando estuvieron
bajo las ordenes de Hitler o adherían a sus tesis durante la Segunda
Guerra Mundial.
Durante medio siglo, estos nazis aceptaron de trabajar en el más
grande secreto en Fort Bragg (Estados Unidos), en la NASA, en el
complejo militaro-industrial, en el lobby del armamento y en la CIA.
Fueron ellos los que desarrollaron los conceptos de "Guerra contra el
Terrorismo" y la "Lucha contra los Estados Irresponsables". Desde 1981
George Bush padre dirigió en persona todas la operaciones secretas de la
CIA, bajo el nombre de código "Contra-terrorismo".
En 1942, Allen Dulles, abogado y amigo intimo de la familia Bush,
recibió la misión de impedir a la prensa que cite o mencione el nombre
de la familia Bush después que se constatara oficialmente que "grandes
partes del imperio Prescott-Bush operaron para la Alemania nazi durante
la segunda conflicto mundial, contribuyendo de esta manera al esfuerzo
de guerra nazi [1].
Un año después, fue nombrado a la dirección de la OSS (Servicio
Secreto predecesor de la CIA). Un encuentro tuvo lugar en Suiza con el
adjunto de Himmler, Karl Wolf [2].
Juntos elaboraron un proyecto para hacer pasar los nazis a los Estados Unidos.
El primer proyecto de la CIA fue el Displaced Persons Act, una
campaña de emigración que hizo entrar medio millón de europeos en los
Estados Unidos entre 1948 y 1952. Entre estos emigrantes se encontraban
10,000 criminales de guerra nazis [3].
Oficiales superiores de la Cruz de Hierro húngara, la Legión búlgara,
de la Organización de nacionalistas Ucranianos de Stephan Bandera, de
la Legión lituaniana y la Brigada ruso blanca. La mayoría de estas
facciones creó divisiones de Waffen-SS que salvajemente masacraron a
comunistas, judíos y otros ciudadanos [4].
El húngaro Laszlo Pasztor representaba en Berlín al gobierno fascista
de Hungría de Ferenc Szalas durante la segunda guerra mundial. En 1972,
George Bush padre, era en esa entonces presidente del Concejo Nacional
de los Republicanos, él nombró a Pasztor al cargo de presidente del
Concejo Republicano de Nacionalidades. [5]
Pasztor abre las puertas a los criminales nazis de Europa del Este.
Por ejemplo a Nicolás Nazarenko, oficial de las Waffen-SS en Rumania y
especialista en "interrogatorios" a los prisioneros políticos. [6]
- Asesinatos en casa
- En menos de dos meses, cuatro crímenes conmovieron a las familias de Fort Bragg, la base principal de las Fuerzas Especiales estadounidenses que invadieron Afganistán para derrocar a los talibanes y capturar a Osama bin Laden. Tres efectivos que regresaron de la guerra recientemente mataron a sus esposas. El cuarto asesinato lo protagonizó otro efectivo del mismo cuartel, aunque no estuvo en la guerra pero recibió el mismo entrenamiento que el resto. Después de Vietnam, ahora se habla del trauma post-Afganistán. Texto revista Domingo.
Abre la puerta también a Radi Slavoff, quién fue portavoz de Iván
Docheff, fundador de la Legión búlgara. O a Florian Galdau, capellán de
la Guardia de Hierro rumana, que se vanagloriaba de haber ayudado a
entrar a los Estados Unidos miles de criminales de guerra rumanos.
Walter Melianovich por su lado representa a la Asociación
Americano-Bielorusa, que canta las hazañas de los verdugos de la Unidad
Waffen-SS de rusos blancos [7].
Este pequeño club de adeptos fue en 1988 el alma de la campaña electoral de George Bush padre para las presidenciales.
Slavoff es presidente de los "Búlgaros para Bush", Galdau de los
"Rumanos para Bush" y Melianovich de los "Ucranianos para Bush"... [8]
Proyecto Paperclip: guerra biológica y de destrucción masiva
Dulles y sus amigos del Ministerio de Guerra desarrollaron y pusieron
a punto un segundo programa "top-secret": el proyecto "Overcast",
rebautizado más tarde proyecto "Paperclip". El objetivo era buscar y
reclutar para la industria de guerra norteamericana, los científicos
nazis, los especialistas en aeronáutica, en guerra biológica y química,
en investigación nuclear y tratamiento del uranio.
Un documento con fecha del 2 de junio 1953 señala que en esa época,
al menos 820 nazis ingresaron a los Estados Unidos vía la Operación
"Paperclip". Entre ellos, el general-mayor nazi Walter Emil Schreiber.
Este hombre experimentó sobre los prisioneros el gas-gangrena, el virus
del tifus, ciertas drogas, el agua helada, las cámaras de baja presión.
El general-mayor Schreiber fue asignado a la Escuela de Medicina de la
Fuerza Aérea en Texas. El general mayor Kurt Blome, otro especialista en
guerra biológica que experimentó con la vacuna de la peste fue
contratado por el Departamento de Química del Ejército de los Estados
Unidos. [9]
Werner Von Braun ingeniero que trabajó para Hitler fue enviado a Fort
Bliss en Texas. Von Braun junto con Walter Dornberger fueron
contratados por el abogado de la familia Bush, Allen Dulles, para que
trabajaran en la industria bélica norteamericana, así como a muchos
otros miles de criminales nazis. Dornberger trabajó en Bell Aircraft
(Bell Textron), Von Braun fue nombrado director de la Marshall Space
Flight y de la NASA.
Von Braun elaboró durante la segunda guerra mundial en Peenemunde el
proyecto de los cohetes V2 alemán, el cual estaba dirigido por el
general Walter Dornberger. Se estima que la fabricación de dichos
cohetes como sus instalaciones fue responsable de la muerte de 20,000
prisioneros de los campos de concentración de Dora y de Nordhaussen. El
ejército norteamericano hizo transportar a los Estados Unidos varias
toneladas de las V2, los documentos técnicos y los 1,200 especialistas
alemanes en la materia al final de la Segunda Guerra Mundial [10].
Los Estados Unidos utilizarán esta experiencia adquirida en armas biológicas contra la Grecia, en la guerra de Corea y en la Guerra del Vietnam.
El club de amigos de George Bush padre fue y es muy activo en dichas
cuestiones y objetivos. Pasztor, Nazarenko y Melianovich hacen parte
del lobby estadounidense del armamento "Coalición para la Paz por la
Fuerza" del Concejo de Seguridad Norteamericano (ASC). La ASC es una
iniciativa militaro-industrial lanzada principalmente por la Aircraft
Industries Association, Standard Oil, Honeywell, US Stell y la United
Fruit, todas estas grandes multinacionales norteamericanas. La ASC era
partidaria abiertamente para "una ofensiva nuclear sorpresa contra la
Unión Soviética" durante la Guerra Fría. Después del 11 de septiembre,
este lobby ha alcanzado al fin su objetivo: la Cámara y el Senado de los
Estados Unidos aprueban hacer uso del arma atómica en primer lugar y
antes que nadie y esto de manera unilateral como política oficial del
Gobierno. [11]
Operación Sunshine : especialistas de la guerra contra el terrorismo
La obra maestra y clave de Allen Dulles fue la Operación Sunshine.
Reinhard Gehlen era jefe de la red de espionaje alemán en Unión Soviética (Fremde Heere Ost),
o sea el más alto oficial del espionaje nazi de Hitler. Trabajaba en el
"Frente del Este". Gehlen obtenía sus informaciones interrogando
ferozmente a los prisioneros de guerra. Tortura, malos tratos y
asesinatos ordenados por Gehlen costaron la vida a 4 millones de
prisioneros de guerra soviéticos [12].
Gehlen propuso a los norteamericanos una alianza contra el comunismo y
les remitió una lista de los agentes nazis. El 22 de agosto 1945, el
avión personal del general Smith los lleva a los Estados Unidos.
Durante diez años, la CIA gastó al menos 200 millones de dólares y pagó a 4,000 agentes clandestinos, para que las redes de Gehlen sigan funcionando a tiempo completo y a favor de los Estados Unidos [13].
El nazi SS Sturmbannfuhrer Alois Brunner era un experto en
deportación de "terroristas": comunistas, dirigentes sindicales y
judíos. Fue el arquitecto en persona de los ghettos y los convoyes hacia
los campos de concentración. Se le considera directamente responsable
de la muerte de 128,500 personas [14].
La CIA hace trabajar a todos estos expertos de la "lucha contra el
terrorismo" en sus locales de Fort Bragg. Es allí que George Bush padre
dirigió (¿¿dirige??) él mismo y en persona todas las operaciones
secretas de la CIA, bajo el nombre de código "Contra-terrorismo" [15].
Durante medio siglo. Estos nazis trabajaron en el más grande secreto
en Fort Bragg, en la NASA, en el complejo militaro-industrial, el lobby
del armamento y en la CIA.
Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1989, gritaron victoria por primera vez.
Han gritado victoria una segunda vez después del 11 de septiembre 2001, porque es en estos momentos y debido a la situación y contexto de temor que sus amigos Bush, Cheney y Rumsfeld
han decidido de hacer la "guerra preventiva" de la "ofensiva nuclear"
de la "represión al terrorismo interior" la esencia de la política
oficial de los Estados Unidos de Norteamérica.
Webster G. Tarpley
Anton Chatkin
Este artículo es un resumen del libro: Bush: The unauthorized biography (Bush la no autorizada biografíade), de Webster G. Tarpley y Anton Chatkin.
Anton Chatkin
Este artículo es un resumen del libro: Bush: The unauthorized biography (Bush la no autorizada biografíade), de Webster G. Tarpley y Anton Chatkin.
[1] Carla Binion, Nazis and Bush family history, Online Journal, 21.12.00
[2] Andreas von Bülow, In Namen des Staates. Piper Verlag, 2002, blz. 377
[3] Christopher Simpson, Blowback: America’s recruitment of nazis and its effects on the Cold War. Collier Books, 1989, pp. 201-202, 215-216
[4] Russ Bellant, Old Nazis, the New Right and the Reagan Administration. Political Research Associates, 1989, pp. 10-11. Ook op www.skepticfiles.org
[5] John Loftus, Mark Aarons. The Secret War Against the Jews. St Martin’s Press, 1997
[6] Christopher Simpson, o.c., pp. 273-274
[7] Russ Bellant, o.c., pp. 10-17
[8] Carla Binion, Nazis and the Republican Party, Online Journal, 28.01.00
[9] Covert Action, Special: nazis, the Vatican, and CIA, 25/’86., pp. 23-26
[10] Simpson, o.c., pp. 27-31. Robert Sherill, www.texas.observer.org
[11] Russ Bellant, o.c., Part II, p. 4
[12] Simpson, o.c., p. 44
[13] Simpson, o.c., p. 53
[14] Simpson, o.c., p. 248
[15] Simpson, George Bush Takes Charge. Covert Action Quarterly, nr. 58.
[2] Andreas von Bülow, In Namen des Staates. Piper Verlag, 2002, blz. 377
[3] Christopher Simpson, Blowback: America’s recruitment of nazis and its effects on the Cold War. Collier Books, 1989, pp. 201-202, 215-216
[4] Russ Bellant, Old Nazis, the New Right and the Reagan Administration. Political Research Associates, 1989, pp. 10-11. Ook op www.skepticfiles.org
[5] John Loftus, Mark Aarons. The Secret War Against the Jews. St Martin’s Press, 1997
[6] Christopher Simpson, o.c., pp. 273-274
[7] Russ Bellant, o.c., pp. 10-17
[8] Carla Binion, Nazis and the Republican Party, Online Journal, 28.01.00
[9] Covert Action, Special: nazis, the Vatican, and CIA, 25/’86., pp. 23-26
[10] Simpson, o.c., pp. 27-31. Robert Sherill, www.texas.observer.org
[11] Russ Bellant, o.c., Part II, p. 4
[12] Simpson, o.c., p. 44
[13] Simpson, o.c., p. 53
[14] Simpson, o.c., p. 248
[15] Simpson, George Bush Takes Charge. Covert Action Quarterly, nr. 58.
