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CHILE: LOS ALUMNOS SECUNDARIOS TOMARON LA SEDE DEL GOBERNANTE PARTIDO ULTRADERECHISTA UDI
Vuelve la protesta de los estudiantes chilenos
La toma de la dependencia del partido fue la
antesala de una movilización pautada para hoy. Secundarios y
universitarios critican la reforma tributaria calificándola de “injusta y
mentirosa”, según palabras de la dirigente Camila Vallejo.
El mes de agosto no será uno más para los estudiantes: ya empezaron a movilizarse el sábado pasado.
Imagen: EFE
Por Christian PalmaPágina 12
Desde Santiago
Agosto no será un mes más para los estudiantes chilenos. Ya fue sentenciado por ellos como el más radical del año y la amenaza comenzó a hacerse realidad ayer, cuando un grupo de pingüinos (secundarios) tomaron la sede del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) –el más derechista del espectro político chileno–, en la antesala de la primera movilización nacional convocada para hoy por secundarios y a la cual adhirieron los universitarios.
Esto a pesar de que en el Congreso se discute (entre gritos y críticas cruzadas) una reforma tributaria que generaría unos mil millones de dólares por año para la educación, cifra que no convence a la oposición y menos al movimiento estudiantil. Los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se atribuyeron la toma de las dependencias del partido de ultraderecha. Su vocera, Eloísa González, explicó que “pudo haber sido la UDI, el partido socialista o incluso el partido comunista, porque son todos responsables de la crisis en la educación actual”, dejando claro que los jóvenes no están para casarse con ninguna colectividad. Agregó que la marcha –que aún no cuenta con permiso de la Intendencia Metropolitana– busca “reivindicar y recalcar las demandas de los secundarios que han sido dejadas de lado y exigir una real voluntad política de cambiar el sistema, de que nos escuchen y respondan a nuestras propuestas”.
Una de las soluciones al problema planteada por el oficialismo la dio a conocer el presidente Sebastián Piñera en abril de este año, llamada “la gran reforma educacional”, que sería completamente financiada con los recursos extra que se obtendrían a partir de la reforma tributaria. El proyecto, que se discute esta semana en el Parlamento, “no tiene efectos distributivos y no contribuye a reducir la brecha entre los que tienen más y los que no”, dice el jefe de bancada del Partido por la Democracia, Jaime Quintana.
Ante las críticas y con la idea de agilizar su tramitación, el gobierno chileno reemplazó el proyecto por una nueva iniciativa, “más simplificada”, en palabras del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien explicó que se trata de una propuesta que recauda lo mismo que la anterior en términos netos, subrayando que se mantiene el nivel actual de impuestos para los que más ganan.
Pese a las modificaciones, diputados de la oposición anunciaron una posible abstención y calificaron en público a la reforma tributaria como de “ajuste moderado”, mientras que en privado hablan de “mamarracho”. “Nos resulta absolutamente insatisfactoria”, señaló, por ejemplo, el presidente del partido socialista, Marcelo Schilling.
Desde el movimiento social, Camila Vallejo –la cara estudiantil más visible del conflicto en 2011– aseguró que “este ajuste tributario es injusto y mentiroso. Genera la ilusión de que nuestro país no tiene las riquezas suficientes para ofrecerle a sus ciudadanos más derechos sociales, cuando bien sabemos que Chile es un país que cuenta con múltiples recursos naturales, pero que actualmente se encuentran en manos de un puñado de codiciosos que poco y nada contribuyen al desarrollo de nuestro país”.
Los líderes universitarios de la Universidad de Chile y Católica, Gabriel Boric y Noam Titelman, comparten la opinión de la dirigente. “Se trata de un proyecto que es totalmente regresivo, no le alcanza para reforma tributaria, es meramente un reajuste que va en la dirección contraria y profundiza la inaceptable segregación educativa del país”, comentó Boric. Titelman agregó que “corresponde a un pequeño ajuste que de ninguna manera es suficiente para cubrir una reforma de verdad”.
Agosto no será un mes más para los estudiantes chilenos. Ya fue sentenciado por ellos como el más radical del año y la amenaza comenzó a hacerse realidad ayer, cuando un grupo de pingüinos (secundarios) tomaron la sede del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) –el más derechista del espectro político chileno–, en la antesala de la primera movilización nacional convocada para hoy por secundarios y a la cual adhirieron los universitarios.
Esto a pesar de que en el Congreso se discute (entre gritos y críticas cruzadas) una reforma tributaria que generaría unos mil millones de dólares por año para la educación, cifra que no convence a la oposición y menos al movimiento estudiantil. Los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se atribuyeron la toma de las dependencias del partido de ultraderecha. Su vocera, Eloísa González, explicó que “pudo haber sido la UDI, el partido socialista o incluso el partido comunista, porque son todos responsables de la crisis en la educación actual”, dejando claro que los jóvenes no están para casarse con ninguna colectividad. Agregó que la marcha –que aún no cuenta con permiso de la Intendencia Metropolitana– busca “reivindicar y recalcar las demandas de los secundarios que han sido dejadas de lado y exigir una real voluntad política de cambiar el sistema, de que nos escuchen y respondan a nuestras propuestas”.
Una de las soluciones al problema planteada por el oficialismo la dio a conocer el presidente Sebastián Piñera en abril de este año, llamada “la gran reforma educacional”, que sería completamente financiada con los recursos extra que se obtendrían a partir de la reforma tributaria. El proyecto, que se discute esta semana en el Parlamento, “no tiene efectos distributivos y no contribuye a reducir la brecha entre los que tienen más y los que no”, dice el jefe de bancada del Partido por la Democracia, Jaime Quintana.
Ante las críticas y con la idea de agilizar su tramitación, el gobierno chileno reemplazó el proyecto por una nueva iniciativa, “más simplificada”, en palabras del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien explicó que se trata de una propuesta que recauda lo mismo que la anterior en términos netos, subrayando que se mantiene el nivel actual de impuestos para los que más ganan.
Pese a las modificaciones, diputados de la oposición anunciaron una posible abstención y calificaron en público a la reforma tributaria como de “ajuste moderado”, mientras que en privado hablan de “mamarracho”. “Nos resulta absolutamente insatisfactoria”, señaló, por ejemplo, el presidente del partido socialista, Marcelo Schilling.
Desde el movimiento social, Camila Vallejo –la cara estudiantil más visible del conflicto en 2011– aseguró que “este ajuste tributario es injusto y mentiroso. Genera la ilusión de que nuestro país no tiene las riquezas suficientes para ofrecerle a sus ciudadanos más derechos sociales, cuando bien sabemos que Chile es un país que cuenta con múltiples recursos naturales, pero que actualmente se encuentran en manos de un puñado de codiciosos que poco y nada contribuyen al desarrollo de nuestro país”.
Los líderes universitarios de la Universidad de Chile y Católica, Gabriel Boric y Noam Titelman, comparten la opinión de la dirigente. “Se trata de un proyecto que es totalmente regresivo, no le alcanza para reforma tributaria, es meramente un reajuste que va en la dirección contraria y profundiza la inaceptable segregación educativa del país”, comentó Boric. Titelman agregó que “corresponde a un pequeño ajuste que de ninguna manera es suficiente para cubrir una reforma de verdad”.
Gabriel no pudo dar su discurso
El discurso de la marcha que no fue. Por Gabriel Boric
Discurso del Presidente de la FECh, Gabriel Boric, preparado
para la marcha convocada por los estudiantes secundarios este 8 de
Agosto, que fue reprimida sin provocación antes de siquiera comenzar.
Hoy marchamos. Se dijo que esta marcha muestra que no
tenemos voluntad de diálogo. Que esta marcha es ilegal. Que no tiene
ningún sentido. Mentira: esta marcha es justa y necesaria.
Esta es la marcha de los secundarios que luchan por
recuperar sus colegios de manos de empresarios inescrupulosos y
municipios sin interés en y recursos para educarlos bien. Es la marcha
de la incertidumbre de los estudiantes de las universidades de mala
calidad que este gobierno promueve. De los estudiantes de la Universidad del Mar,
a quienes el Ministro mintió diciéndoles que no había lucro. Esta es la
marcha de la angustia de las familias que no saben como pagar la
educación de sus hijos. De los estudiantes que han sido expulsados de
colegios y universidades por organizarse. De los estudiantes de
instituciones técnicas dejados a su suerte ante el mercado. Esta es la
marcha de los chilenos que sabemos que educar no es “invertir en capital
humano” sino formar ciudadanos.
Hace unas semanas se nos dijo “no hay lucro en las
universidades y si es que lo hubiese el ministerio no tiene nada que
hacer”. ¿Qué pasó? Estalló el caso de la Universidad del Mar y de
repente descubrimos que el Ministerio tenía todas las atribuciones para
hacer auditorias y fiscalizar. Después dijimos “entonces sigamos,
fiscalicemos a las otras universidades” y se nos dijo, “no, es que no
existen acusaciones”. Luego sale este documento, de parte de una
Comisión Investigadora del Parlamento, en el cual se explicitan las
instituciones que están lucrando y cómo lo hacen. ¿Cuál es la respuesta
del ministro? Niega el informe. Al igual que el Parlamento. Al igual que
el Presidente. Ante los siguientes cuestionamientos, le echa la culpa a
la Constitución, cosa de alejar lo más posible de sus competencias la
responsabilidad de acabar con toda esta estafa.
Hoy, más encima, osa acusarnos de no tener voluntad
de diálogo ¡cuando es él quien no se ha pronunciado ni manifestado
disposición de diálogo ante el pliego de propuestas que estudiantes
secundarios y universitarios entregamos al Gobierno y el Parlamento!
Pero no hay tartamudeo ni vuelta de carnero del
Ministro que pueda borrar lo que él mismo afirmó públicamente el año
pasado, cuando reconoció que no hay institución educativa que lucre que
pueda entregar una buena educación. A menos que ahora se contradiga, sus
palabras de entonces y su silencio de ahora demuestran una sola cosa:
negligencia. Y aún más, indolencia ante la frustración de miles de
jóvenes a los que se les prometió un futuro mejor mientras se les
arrancaba todo el producto de su esfuerzo de sus bolsillos y los de sus
familias. Que los empresarios utilicen todo tipo de artimañas para
aumentar sus ganancias no es novedad. Pero sí lo es que la autoridad
pública encargada de evitar que ello ocurra, en la que descansa la
responsabilidad de orientar el desarrollo de la educación a la
satisfacción del bien común, no haga nada al respecto y con soberbia se
cruce de brazos.
Es su negligencia, señor Ministro, lo que nos tiene
en la calle. Es su soberbia, lo que está terminando de botar a pedazos
las ya deslegitimadas y antidemocráticas instituciones. Es su
indolencia, su disimulada sordera, lo que nos obliga a gritar más
fuerte. La violencia está en sus acciones, no en las nuestras. Son
ustedes los que generan rabia e indignación, los responsables de la
creciente convulsión social, de la decadencia de nuestra democracia.
Contra viento y marea, vamos adquiriendo más fuerza
en cada paso que damos. Hoy con los estudiantes secundarios somos un
solo puño para derribar la educación de mercado. El acuerdo programático
que se le entregó al gobierno en la pasada marcha del 28 de Junio no
sólo es reflejo de la coordinación a la hora de convocar
manifestaciones, sino una demostración de la claridad política que
tenemos como movimiento.
De ese modo, hemos podido frenar los avances que el
Gobierno quería pasar mientras nosotros nos reorganizábamos. El proyecto
de Superintendencia que legitima el lucro o la rebaja a la tasa de
interés del CAE no son solución para nadie. La única respuesta a los
problemas que vive la educación en Chile hoy es un sistema público,
gratuito y de calidad.
La historia se escribe de momentos de estabilidad y
calma, donde todo pensamiento y verdad parece estático, y momentos de
crisis y refundación, donde los marcos de las posibilidades se expanden y
las definiciones que ahí se tomen, marcan el rumbo de la sociedad por
los años venideros. El remezón de nuestra movilización durante estos dos
años recién comienza a decantar.
No vamos a descansar hasta acabar con el legado de la
dictadura. El miedo a partir del cual se forjó y consolidó la
transición, es el mismo miedo con que hoy el poder busca silenciarnos y
mantener las cosas tal cual están. Nuestro movimiento pretende enfrentar
los cimientos de la herencia pinochetista: por eso nos enfrentamos al
lucro y a un estado que niega nuestros derechos, tan reales como el
miedo que también, paso a paso, comenzamos a enfrentar. De nosotros
depende.
Gabriel Boric
8 de agosto de 2012
Comunicado Público CONFECH – 21 de Julio de 2012
Hemos decidido seguir movilizados. Realizaremos
actividades a lo largo del país el 4 de Agosto, nos plegaremos a la
movilización impulsada por los estudiantes secundarios el día 8 de
Agosto, e intensificaremos nuestra acción si continuamos sin obtener
respuesta. Chile no puede seguir esperando.Con preocupación constatamos que la discusión pública sobre cómo resolver los problemas de nuestra educación se ha entrampado.
Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte. Nos hemos movilizado para producir un inédito debate nacional y hemos hecho propuestas serias y globales. La última de ellas, tras la movilización del 28 de junio, con cinco ejes de reforma: el fortalecimiento de la educación pública, la prohibición efectiva del lucro, la democratización del conjunto del sistema, la regulación para su calidad y la garantización del bienestar para todos sus estudiantes. Todas ellas, inspiradas en la convicción de que la educación es un derecho universal, que como tal debe ser garantizado por el Estado.
De parte del Gobierno, en cambio, no hemos visto la misma actitud. Han elegido hacer oídos sordos, planteando tímidas aspirinas que en lugar de hacerse cargo del problema central -la reducción de la educación a un bien de consumo-, lo eluden. Quizá el caso más emblemático sea el de su propuesta de Superintendencia, tan insuficiente e incapaz de cumplir con los objetivos declarados, que fue amplia y transversalmente rechazada.
Esta actitud, de imperturbable elusión del debate y arrogante negación de los problemas apuntados por los estudiantes y la ciudadanía, le hace mal a las familias y al país.
El reciente rechazo del informe sobre el lucro en la educación superior, por la acción del oficialismo y la omisión de muchos parlamentarios autodenominados de oposición, agudiza este conflicto. No sólo porque ahonda la crisis de legitimidad de las instituciones, sino sobre todo porque demuestra la colusión entre políticos y empresarios de la educación para ocultar un delito -el lucro- y lo mantienen impune, sin plantear cómo resolver la estafa de la que son objeto cientos de miles de jóvenes y sus familias, a costa de sus recursos y los del Estado.
Suponemos que no es necesario recordar que el mismo Ministro señalaba públicamente el año pasado que “hay personas que lucran de manera indirecta, arrendando terrenos”, reconociendo incluso que “las universidades que lucran nunca serán buenas universidades”.
Se puede creer que es mejor un sistema donde la educación sea un negocio. Pero en democracia, el camino a seguir es aquel que señala la mayoría. No sigamos tapándonos los ojos. El llamado ha sido claro. Educación pública y gratuita como pilar del sistema. No más lucro con nuestra educación. Fin a la segregación y al copago. Desmunicipalización con participación comunitaria y responsabilidad del Estado, educación intercultural reconociendo la diversidad de pueblos que habitan nuestra nación.
El Gobierno, el Ministro y el Parlamento deben ser claros con el país, así como lo estamos siendo nosotros cuando le hablamos con transparencia y de cara a la ciudadanía: están por solucionar los problemas a través del diálogo o están por echar la basura debajo de la alfombra como lo hicieron con la discusión del sueldo mínimo, la ley de pesca, la ley Hinzpeter, la nula respuesta a nuestros compañeros estafados por el crédito CORFO y, recientemente, con el rechazo del informe sobre el Lucro en la Educación.
Hemos decidido seguir movilizados. Realizaremos actividades a lo largo del país el 4 de Agosto, recordando a Manuel Gutiérrez y profundizando nuestra organización. Nos plegaremos a la movilización impulsada por los estudiantes secundarios el día 8 de Agosto, e intensificaremos nuestra acción si continuamos sin obtener respuesta. Chile no puede seguir esperando.
Confederación de Estudiantes de las Universidades Chilenas
CONFECH
CONFECH
5 exigencias para avanzar hacia un nuevo sistema educacional – Infografía
23 julio, 2012
Compartimos infografía resumen del documento “5 exigencias fundamentales para un nuevo sistema educacional“,
elaborado por los estudiantes agrupados en la Confederación de
Estudiantes de Chile (CONFECH), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES) y la Coordinación Nacional de Estudiantes Secundarios
(CONES).Son cinco propuestas concretas para avanzar hacia un Nuevo Sistema Nacional de Educación, basado en la concepción de la educación como un derecho social universal en todos sus niveles, que tenga como pilar la Educación Pública gratuita, democrática y de excelencia, y esté orientado a la erradicación de las desigualdades de clase, género y etnia, a la construcción de ciudadanía y la generación de un desarrollo integral y sostenible para el país.
(Click en la imagen para ver a tamaño completo)
Último discurso de Salvador Allende en Radio Magallanes
"Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radio Portales y radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares; el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros...
Ante estos hechos, sólo me cabe decirles a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente.
Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la Ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen de la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les señalara el general Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando por mano ajena reconquistar el poder, para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.
Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la Patria, a los profesionales patriotas, a los que desde hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista les da a unos pocos.
Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos. Porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de custodiar los bienes del Estado... La historia los juzgará.
Seguramente radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa; me seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno, que fue leal a la lealtad del pueblo. El pueblo debe defenderse pero no sacrificarse; el pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede entregarse.
Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile!
¡Viva el pueblo!
¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano; tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral, que castigará la felonía, la cobardía y la traición."
Resurrección
El gobierno del PP, Partido Podrido de corrupción, ordena la detención de los responsables de las acciones en los supermercados
por Kaos. Andalucía
Miércoles, 08 de Agosto de 2012 13:57
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado hoy que
la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de detener a los
responsables de los asaltos a dos supermercados en los que participó el
alcalde de Marinelada (IU), Juan Manuel Sánchez Gordillo...
Agencias"Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", ha destacado en declaraciones a Efe Fernández Díaz, que ha añadido que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".
El titular de Interior ha criticado duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y ha avanzado que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que a su vez inste a la Fiscalía a investigar lo ocurrido por si los hechos fueran constitutivos de delito
Ayer, militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entraron en un Mercadona de Écija (Sevilla) y se llevaron nueve carros de la compra llenos de alimentos para un comedor social de Sevilla.
Y es que, desde luego, expropiar unos kilos de alimentos de un supermercado es de los mayores y más preocupantes problemas que afectan ahora mismo a la ciudadanía. Igualmente, tanta velocidad en la respuesta estatal queda plenamente justificada, habida cuenta de la inmensa cuantía del robo cometido, que supera, y por mucho, a otros robos menores tales como los asaltos de los políticos del PP a las cajas de ahorro, la trama Gürtel, los ERE, o los más de 100.000 millones en recortes al pueblo para dárselos en forma de rescate a los bancos. Cosas menores sin importancia que para nada pueden ser comparadas con sustraer un paquete de garbanzos de un supermercado para donarlo a los empobrecidos.
Pero que no se preocupen los afectados, que el gobierno ya buscará la manera de que puedan blanquear el dinero robado a través de una amnistía fiscal en la que el gobierno ejercerá de delincuente legalizado a modo de blanqueador de dinero negro. Ah no, que ni han robado dinero, ni son grades empresarios vinculados a la CEOE que defraudan decenas de miles de millones de euros por año. Ah, pues, entonces, como tampoco son alcaldes, concejales o cargos internos del PP, igual les aplican ley antiterrorista o algo similar.
Morajela, roba a lo grande que te sale gratis. Así que, siguiendo la lógica que impone el propio gobierno, el próximo asalto a un Mercadona no debería ser de 400 personas para sacar 20 carros, deberá ser de 4000 personas y vaciar el supermercado entero, con las cajas incluídas. Igual así el gobierno se siente identificado con la acción y demora su respuesta hasta que, como han estado buscado con el caso bankia, los delitos hubieran prescrito.
Estado de derecho, justicia democrática, y todo eso, que lo vienen llamando.
Por su lado, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha llamado al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, "franquista de tomo y lomo" tras ordenar la detención de los autores de los asaltos de los supermercados en los que participó el propio Sánchez Gordillo, quien ha asegurado que estará "orgulloso de entrar en la cárcel por este motivo, una y mil veces".
En declaraciones a Europa Press, Sánchez Gordillo ha lamentado, tras conocer esa orden de detención, que "haya vuelto el franquismo y el terrorismo estatal a España con la llegada del PP" y asegura no entender "por qué no se detiene a Botín y a otros banqueros que roban miles de millones, o muchos gerifaltes de los partidos que han robado a manos llenas".
"Si quiere buscar chorizos, tiene muchos donde elegir, y no tengo que ser yo, que solo he hecho una acción pacífica, donde se cogieron alimentos cuya cuantía económica ha sido ridícula y no llega ni a hurto", asevera Sánchez Gordillo, quien precisa que no llegó a pisar el establecimiento comercial, sino que se ocupó de desarrollar la maniobra de distracción que permitiera la entrada de miembros del SAT.
Por ello, considera esa orden de detención un "despropósito", ya que "se detiene a la paloma mensajera, cuando se debería detener a otra mucha gente" y asevera que se trata de "terrorismo estatal, ha vuelto el franquismo".
"Para qué me quieren detener", se pregunta Sánchez Gordillo, quien asegura que no se va a esconder y que está "localizado" en Marinaleda y asevera que el ministro "es un franquista de tomo y lomo, y aunque diga que es un demócrata de toda la vida, por su actitud y por lo que hace es un franquista y un fascista".
Asimismo, considera que "debe ser el juez el que diga si hay indicios de delito o no" y anima al Gobierno a "buscar entre la alta delincuencia entre los banqueros que practican la usura, a ellos sí hay que practicarle una orden de detención".
El diputado, que ha agradecido la defensa de sus compañeros de IU, asegura que no tiene miedo ni conciencia de haber cometido ningún delito, sino una acción "activa no violenta, sin mayor trascendencia", por lo que asegura que seguirá actuando "de la misma manera".
"No me van a frenar, estaré orgulloso de ir a cárcel cuantas veces sea necesario por este tema, cuantas más veces me detengan más rebelde voy a ser y más rabia me va a dar", asevera Sánchez Gordillo, quien demanda el establecimiento de una renta básica para familias sin ingresos, pues "hay familias que no pueden vivir denunciando la crisis, que unos pagan y otros no".
"MÁS BARBARIDAD SON LOS ERE"
"Estamos señalando al rostro de la crisis, que tiene rostro humano y carné de identidad; son los trabajadores medios que ahora se ven sin nada por lo que ha provocado el PP y Zapatero, pues no se puede dar más dinero a los bancos entre lo que ambos han dado", asevera.Lamenta que el Gobierno "no quiere oír la voz de la disidencia" y aplica "una dinámica represora franquista y estúpida" y ha criticado la "mala actitud" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que le replicó que "más barbaridad supone el caso de los ERE, o hacer un pacto con el PP y cambiar la Constitución en una noche, o aplicar los recortes, eso si es una barbaridad que ha dejado al Estatuto de Autonomía en papel mojado".
Veamos, además, de qué manera el PP lucha contra el robo y contra quienes son sospechosos de quebrantar las leyes (lista de políticos del PP imputados por corrupción que se presentaron, con el apoyo del partido, a las pasadas elecciones municipales y autonómicas de Mayo de 2011):
1- Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
2- Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
4- José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
11- Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta
12- Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta
18- Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas)
20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
22- Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
24- Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios
25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid
29- Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
30- Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra
35- José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
38- Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
39- Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
40- Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación
41- Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
42- Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
43- Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas
44- Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
49- Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental
55- Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias
56- Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena
57- Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos
58- José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas
60- Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación
61- Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
62- Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
63- Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
64- Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico
70- Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación
72- José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación
74- Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación
75- Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación
76- Maria Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho
77- Pedro Angel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias
78- Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación
79- Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico
80- José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos
81- María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”
83- Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística
86- Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”
89- José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación
90- Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación
98- José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo
99- Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos
100- Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación
101- Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación
106- María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho
107- Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”
109- Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación
112- Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación
114- Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
115- Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental
122- Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación
123- Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación
124- Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación
125- César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental
La policía inicia las detenciones por los asaltos a supermercados en Andalucía
Interior ordena detener a los participantes en el acto, pero prefiere no arrestar a Sánchez Gordillo, sino entregarle una citación. Gallardón ordena a la fiscalía del Estado que investigue. Detenidos dos jornaleros en Córdoba y Málaga e identficados cuatro más
Sánchez Gordillo se dirige megáfono en mano a los jornaleros concentrados en la finca Las Turquillas. / JULIÁN ROJAS
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz,
ha anunciado hoy que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de
detener a los responsables de los asaltos a dos supermercados en los que
participó el diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda
(Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de la localidad gaditana de Espera, Pedro Romero (IU), y el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero.
Tras horas a la espera de la detención, finalmente, Interior informaba
de que no se iba a proceder al arresto sino que, como era aforado, se le
entregaría a Sánchez Gordillo una citación para que prestase
declaración. Desde el ministerio se señalaba que, con respecto al resto
de los implicados en los hechos, habría que identificarlos y después ver
si se procedía a la detención. Eso sí, el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha ordenado a la fiscalía que investigue los asaltos a
las grandes superficies y a sus autores. Los arrestos ya han comenzado.
Los dos primeros jornaleros han sido detenidos esta noche en
Hornachuelos (Córdoba) y Málaga y ya se ha identificado a otros cuatro.
Fernández Díaz ha calificado la acción de "intolerable" en declaración a EL PAÍS. "Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", ha añadido en declaraciones a Efe el ministro, quien ha añadido que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".
El titular de Interior ha criticado duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y ha avanzado que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que "comunique a la Fiscalía General del Estado que actúe como proceda a Derecho en relación con estas actuaciones y con quienes están incitando a realizarlas". El ministro de Justicia ha acatado la recomendación de su compañero de Gobierno.
Llamazares ha considerado "hipócrita" y de "histeria" que se califique el asalto "simbólico" como delito. Los dos centenares de jornaleros se llevaron 13 carros de comida y dos trabajadores de uno de los supermercados denunciaron agresiones. Llamazares ha rechazado que estos hechos tengan "trascendencia penal" e insistido en que fue un "acto simbólico" y reivindicativo.
En esta línea, el eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha considerado hoy, en declaraciones a Europa Press, una “metedura de pata veraniega” la decisión del ministro. Meyer ha afirmado no compartir el asalto al supermercado, pero ha indicado que, dadas las circunstancias en que se produjo la acción, “cualquier juez procedería de una manera muy equilibrada”. En cualquier caso, el dirigente izquierdista ha señalado que, en otros países, se ha demostrado que acciones “vanguardistas” como ésta, “no sólo no sirven, sino que pueden convertirse en obstáculo”.
Por su parte, el portavoz de Interior de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, ha instado al ministro a que ponga los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, en lugar de “ordenar la detención de la gente sin más ni más”. Sixto ha reconocido que asaltar supermercados “no va a arreglar las cosas” y ha asegurado que no forma parte de la “estrategia” de IU. Sin embargo, ha defendido que se puede “comprender perfectamente” el “acto testimonial” organizado para poner en evidencia “la situación de drama que se está viviendo en muchísimas familias en este país”.
Todo lo contrario ha opinado la portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, quien ha afirmado, en la misma línea que el ministro, que la actuación puede ser un delito y que si todo el mundo hiciese lo mismo "ésto sería la ley de la selva".
Lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. "Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. En un Estado democrático y de Derecho hay otros medios para conseguir alimentos", ha advertido. El "hurto famélico", aquel que lleva a cabo directamente la persona que "tiene hambre", como por ejemplo "llevarse unas galletas", se puede absolver; sin embargo, "este señor no es el que pasa hambre".
Fernández Díaz ha calificado la acción de "intolerable" en declaración a EL PAÍS. "Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", ha añadido en declaraciones a Efe el ministro, quien ha añadido que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".
El titular de Interior ha criticado duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y ha avanzado que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que "comunique a la Fiscalía General del Estado que actúe como proceda a Derecho en relación con estas actuaciones y con quienes están incitando a realizarlas". El ministro de Justicia ha acatado la recomendación de su compañero de Gobierno.
Llamazares ha considerado "hipócrita" y de "histeria" que se califique el asalto "simbólico" como delito. Los dos centenares de jornaleros se llevaron 13 carros de comida y dos trabajadores de uno de los supermercados denunciaron agresiones. Llamazares ha rechazado que estos hechos tengan "trascendencia penal" e insistido en que fue un "acto simbólico" y reivindicativo.
En esta línea, el eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha considerado hoy, en declaraciones a Europa Press, una “metedura de pata veraniega” la decisión del ministro. Meyer ha afirmado no compartir el asalto al supermercado, pero ha indicado que, dadas las circunstancias en que se produjo la acción, “cualquier juez procedería de una manera muy equilibrada”. En cualquier caso, el dirigente izquierdista ha señalado que, en otros países, se ha demostrado que acciones “vanguardistas” como ésta, “no sólo no sirven, sino que pueden convertirse en obstáculo”.
Por su parte, el portavoz de Interior de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, ha instado al ministro a que ponga los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, en lugar de “ordenar la detención de la gente sin más ni más”. Sixto ha reconocido que asaltar supermercados “no va a arreglar las cosas” y ha asegurado que no forma parte de la “estrategia” de IU. Sin embargo, ha defendido que se puede “comprender perfectamente” el “acto testimonial” organizado para poner en evidencia “la situación de drama que se está viviendo en muchísimas familias en este país”.
Todo lo contrario ha opinado la portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, quien ha afirmado, en la misma línea que el ministro, que la actuación puede ser un delito y que si todo el mundo hiciese lo mismo "ésto sería la ley de la selva".
Lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. "Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. En un Estado democrático y de Derecho hay otros medios para conseguir alimentos", ha advertido. El "hurto famélico", aquel que lleva a cabo directamente la persona que "tiene hambre", como por ejemplo "llevarse unas galletas", se puede absolver; sin embargo, "este señor no es el que pasa hambre".
Mercadona instiga la detención de los 'expropiadores' de hipermercados
"Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", dice el ministro Jorge Fernández Díaz. La Unión Progresista de Fiscales dice que la actuación de Gordillo es delito.
PÚBLICO / AGENCIAS Madrid 08/08/2012 13:48 Actualizado: 08/08/2012 14:33
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció este
miércoles que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de detener a
"los responsables" de la expropiación alimentaria
a dos supermercados Mercadona en los que participó el alcalde de
Marinelada (IU) y parlamentario, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Sin
embargo, un portavoz del ministerio del Interior, no pudo precisar a Público si entre esos responsables a los que se ha ordenado detener se encuentra el propio Gordillo.
La orden de la detención de los 'expropiadores' parte de una denuncia presentada por Mercadona, uno de los supermercados afectados, ya que la intención del ministerio no era la de actuar de oficio, según precisaron las fuentes citadas.
"Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", declaró Fernández Díaz. El ministro quiso dejar claro que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".
Fernández Díaz también criticó duramente el apoyo de Gaspar Llamazares a estos hechos y avanzó que ha trasalado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que a su vez inste a la Fiscalía a investigar lo ocurrido por si los hechos fueran constitutivos de delito.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz señaló que lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. "Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. Existen otros métodos en un Estado democrático y de Derecho para conseguir alimentos".
En este sentido, Moretó explicó que "se puede hacer una petición formal" desde las ONG o el Banco de Alimentos dirigida a los supermercados para que éstos donen los alimentos. La portavoz insistió en que si el Banco de Alimentos quiere recibir unos productos de "manera formal". "Uno no puede hacer lo que le parezca", concluyó Morató.
Para terminar, Morató calificó de "demagogia" la actitud de Gordillo. Además, explicó que el "hurto famélico", aquel que lleva a cabo directamente la persona que "tiene hambre, por ejemplo el llevarse unas galletas", se puede absolver, sin embargo, "este señor no es el que pasa hambre" dijo en referencia a Gordillo. "Si todo el mundo toma el ejemplo, España se convertiría en anarquía absoluta", terminó.
Gordillo había anunciado este miércoles nuevas acciones de este tipo.
La orden de la detención de los 'expropiadores' parte de una denuncia presentada por Mercadona, uno de los supermercados afectados, ya que la intención del ministerio no era la de actuar de oficio, según precisaron las fuentes citadas.
"Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", declaró Fernández Díaz. El ministro quiso dejar claro que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".
Fernández Díaz también criticó duramente el apoyo de Gaspar Llamazares a estos hechos y avanzó que ha trasalado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que a su vez inste a la Fiscalía a investigar lo ocurrido por si los hechos fueran constitutivos de delito.
Los fiscales ven a Gordillo culpable
Precisamente, la portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, terció este miércoles en la polémica. Para Morató la actuación de Juan Manuel Sánchez Gordillo puede ser un delito y empléo los mismos argumentos que el ministro: "Si todo el mundo hiciera lo mismo, esto sería el fin de la convivencia pacífica. Es decir, se llevaría cabo la ley de la selva".En declaraciones a Europa Press, la portavoz señaló que lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. "Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. Existen otros métodos en un Estado democrático y de Derecho para conseguir alimentos".
En este sentido, Moretó explicó que "se puede hacer una petición formal" desde las ONG o el Banco de Alimentos dirigida a los supermercados para que éstos donen los alimentos. La portavoz insistió en que si el Banco de Alimentos quiere recibir unos productos de "manera formal". "Uno no puede hacer lo que le parezca", concluyó Morató.
Para terminar, Morató calificó de "demagogia" la actitud de Gordillo. Además, explicó que el "hurto famélico", aquel que lleva a cabo directamente la persona que "tiene hambre, por ejemplo el llevarse unas galletas", se puede absolver, sin embargo, "este señor no es el que pasa hambre" dijo en referencia a Gordillo. "Si todo el mundo toma el ejemplo, España se convertiría en anarquía absoluta", terminó.
Gordillo había anunciado este miércoles nuevas acciones de este tipo.
Sánchez Gordillo llama "franquista de tomo y lomo" a Fernández Díaz
"Estaré orgulloso de entrar en la cárcel una y mil veces por este motivo", señala sobre la entrada a hipermercados
EP Sevilla 08/08/2012 14:52 Actualizado: 08/08/2012 15:09 Público
El diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda, Juan
Manuel Sánchez Gordillo, ha llamado al ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, "franquista de tomo y lomo" tras ordenar la detención
de los autores de los asaltos de los supermercados en los que participó
el propio Sánchez Gordillo, quien ha asegurado que estará "orgulloso de entrar en la cárcel por este motivo, una y mil veces".
Sánchez Gordillo ha lamentado, tras conocer esa orden de detención, que "haya vuelto el franquismo y el terrorismo estatal a España con la llegada del PP" y asegura no entender "por qué no se detiene a Botín y a otros banqueros que roban miles de millones, o muchos gerifaltes de los partidos que han robado a manos llenas".
"Si quiere buscar chorizos, tiene muchos donde elegir, y no tengo que ser yo, que solo he hecho una acción pacífica, donde se cogieron alimentos cuya cuantía económica ha sido ridícula y no llega ni a hurto", asevera Sánchez Gordillo, quien precisa que no llegó a pisar el establecimiento comercial, sino que se ocupó de desarrollar la maniobra de distracción que permitiera la entrada de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Por ello, considera esa orden de detención un "despropósito", ya que "se detiene a la paloma mensajera, cuando se debería detener a otra mucha gente" y asevera que se trata de "terrorismo estatal, ha vuelto el franquismo".
"Para qué me quieren detener", se pregunta Sánchez Gordillo, quien asegura que no se va a esconder y que está "localizado" en Marinaleda y asevera que el ministro "es un franquista de tomo y lomo, y aunque diga que es un demócrata de toda la vida, por su actitud y por lo que hace es un franquista y un fascista".
Asimismo, considera que "debe ser el juez el que diga si hay indicios de delito o no" y anima al Gobierno a "buscar entre la alta delincuencia entre los banqueros que practican la usura, a ellos sí hay que practicarle una orden de detención".
El diputado, que ha agradecido la defensa de sus compañeros de IU, asegura que no tiene miedo ni conciencia de haber cometido ningún delito, sino una acción "activa no violenta, sin mayor trascendencia", por lo que asegura que seguirá actuando "de la misma manera".
"No me van a frenar, estaré orgulloso de ir a cárcel cuantas veces sea necesario por este tema, cuantas más veces me detengan más rebelde voy a ser y más rabia me va a dar", asevera Sánchez Gordillo, quien demanda el establecimiento de una renta básica para familias sin ingresos, pues "hay familias que no pueden vivir denunciando la crisis, que unos pagan y otros no".
"Estamos señalando al rostro de la crisis, que tiene rostro humano y carné de identidad; son los trabajadores medios que ahora se ven sin nada por lo que ha provocado el PP y Zapatero, pues no se puede dar más dinero a los bancos entre lo que ambos han dado", asevera.
Lamenta que el Gobierno "no quiere oír la voz de la disidencia" y aplica "una dinámica represora franquista y estúpida" y ha criticado la "mala actitud" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que le replicó que "más barbaridad supone el caso de los ERE, o hacer un pacto con el PP y cambiar la Constitución en una noche, o aplicar los recortes, eso si es una barbaridad que ha dejado al Estatuto de Autonomía en papel mojado".
Sánchez Gordillo ha lamentado, tras conocer esa orden de detención, que "haya vuelto el franquismo y el terrorismo estatal a España con la llegada del PP" y asegura no entender "por qué no se detiene a Botín y a otros banqueros que roban miles de millones, o muchos gerifaltes de los partidos que han robado a manos llenas".
"Si quiere buscar chorizos, tiene muchos donde elegir, y no tengo que ser yo, que solo he hecho una acción pacífica, donde se cogieron alimentos cuya cuantía económica ha sido ridícula y no llega ni a hurto", asevera Sánchez Gordillo, quien precisa que no llegó a pisar el establecimiento comercial, sino que se ocupó de desarrollar la maniobra de distracción que permitiera la entrada de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Por ello, considera esa orden de detención un "despropósito", ya que "se detiene a la paloma mensajera, cuando se debería detener a otra mucha gente" y asevera que se trata de "terrorismo estatal, ha vuelto el franquismo".
"Para qué me quieren detener", se pregunta Sánchez Gordillo, quien asegura que no se va a esconder y que está "localizado" en Marinaleda y asevera que el ministro "es un franquista de tomo y lomo, y aunque diga que es un demócrata de toda la vida, por su actitud y por lo que hace es un franquista y un fascista".
Asimismo, considera que "debe ser el juez el que diga si hay indicios de delito o no" y anima al Gobierno a "buscar entre la alta delincuencia entre los banqueros que practican la usura, a ellos sí hay que practicarle una orden de detención".
El diputado, que ha agradecido la defensa de sus compañeros de IU, asegura que no tiene miedo ni conciencia de haber cometido ningún delito, sino una acción "activa no violenta, sin mayor trascendencia", por lo que asegura que seguirá actuando "de la misma manera".
"No me van a frenar, estaré orgulloso de ir a cárcel cuantas veces sea necesario por este tema, cuantas más veces me detengan más rebelde voy a ser y más rabia me va a dar", asevera Sánchez Gordillo, quien demanda el establecimiento de una renta básica para familias sin ingresos, pues "hay familias que no pueden vivir denunciando la crisis, que unos pagan y otros no".
"Estamos señalando al rostro de la crisis, que tiene rostro humano y carné de identidad; son los trabajadores medios que ahora se ven sin nada por lo que ha provocado el PP y Zapatero, pues no se puede dar más dinero a los bancos entre lo que ambos han dado", asevera.
Lamenta que el Gobierno "no quiere oír la voz de la disidencia" y aplica "una dinámica represora franquista y estúpida" y ha criticado la "mala actitud" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que le replicó que "más barbaridad supone el caso de los ERE, o hacer un pacto con el PP y cambiar la Constitución en una noche, o aplicar los recortes, eso si es una barbaridad que ha dejado al Estatuto de Autonomía en papel mojado".
Sánchez Gordillo anuncia nuevas acciones en supermercados
El alcalde de Marinaleda y parlamentario de IULV-CA por Sevilla asegura que "la expropiación alimentaria es necesaria para que haya familias que puedan comer"
EUROPA PRESS Madrid 08/08/2012 10:38 Actualizado: 08/08/2012 14:52 - Público
El diputado de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (d). EFE/Manuel Rodriguez
El parlamentario de IULV-CA por Sevilla y líder nacional del
CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha asegurado que "la expropiación
alimentaria" en dos supermercados en la que participó junto a miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) , --donde cargaron carros con alimentos y artículos de primera necesidad para entregarlos a bancos de alimentos de la zona--,
fue una acción "necesaria" y que probablemente volverá a repetirse
"porque alguien tiene que hacer algo para que haya familias que puedan
comer todos los días".
Así se ha pronunciado Sánchez Gordillo, en declaraciones a Canal Sur Radio, quien también ha querido responder al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que a través de su Twitter consideraba "una barbaridad" que el diputado asaltara supermercados. El parlamentario de IULV-CA ha dicho que "más deleznable" desde el punto de vista político es el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma de la Constitución.
El también alcalde de Marinaleda (Sevilla), que no cree que haya represalias por parte de IULV-CA, "sino más bien lo contrario", ha insistido en que se trataba de una medida "necesaria" para dar "un toque de atención" a lo que realmente está pasando en Andalucía, "donde el 35% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un millón doscientos cincuenta mil parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros parados y sin cobrar ningún tipo de percepción".
En esta línea, Sánchez Gordillo ha dicho que los alimentos que se sustrajeron de los supermercados tienen "muy poco coste" y que se han repartido a bancos de alimentos, unas organizaciones, que, según ha explicado, atraviesan una situación "muy complicada" porque los ayuntamientos y la Cruz Roja ya no puede mandarles alimentos "porque se les han agotado". "El Estado tiene que intervenir para que la gente coma todos los días", ha añadido.
El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, ha calificado este miércoles de "barbaridad" la acción de los sondicalistas.
Hernando ha dejado claro que desde el PSOE se rechaza "cualquier vulneración de la ley, sea de quien sea". Añade que "lo que ayer hizo algún dirigente político, que además es diputado, nos parece una barbaridad".
"El polvorín de la desigualdad está encendido y alguien le puede meter mecha, en cualquier momento, por cualquier circunstancia", ha afirmado Sánchez Gordillo, quien ha insistido en que acciones de este tipo, incluyendo ocupaciones de bancos y tierras, seguirán realizándose por parte del SAT, "para llamar la atención sobre que hace falta que la crisis no la paguen siempre los mismos".
Así se ha pronunciado Sánchez Gordillo, en declaraciones a Canal Sur Radio, quien también ha querido responder al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que a través de su Twitter consideraba "una barbaridad" que el diputado asaltara supermercados. El parlamentario de IULV-CA ha dicho que "más deleznable" desde el punto de vista político es el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma de la Constitución.
El también alcalde de Marinaleda (Sevilla), que no cree que haya represalias por parte de IULV-CA, "sino más bien lo contrario", ha insistido en que se trataba de una medida "necesaria" para dar "un toque de atención" a lo que realmente está pasando en Andalucía, "donde el 35% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un millón doscientos cincuenta mil parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros parados y sin cobrar ningún tipo de percepción".
En esta línea, Sánchez Gordillo ha dicho que los alimentos que se sustrajeron de los supermercados tienen "muy poco coste" y que se han repartido a bancos de alimentos, unas organizaciones, que, según ha explicado, atraviesan una situación "muy complicada" porque los ayuntamientos y la Cruz Roja ya no puede mandarles alimentos "porque se les han agotado". "El Estado tiene que intervenir para que la gente coma todos los días", ha añadido.
Apoyo desde IU y rechazo en el PSOE
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha defendido este miércoles Sánchez Gordillo y ha manifestado que el Código Penal "justifica" este tipo de acciones "en situaciones dramáticas".
Llamazares asegura que el Código Penal "justifica" este tipo de accionesEn
la entrevista que ha concedido a ABC Punto Radio, Llamazares ha
matizado que la acción fue un acto "simbólico" que se hizo "a las
claras, con la cara al descubierto y no en beneficio propio", sino para
personas que tienen dificultades económicas.
También ha
precisado que la decisión de llevar a cabo esta acción no partió de IU,
sino del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que la reacción que ha
generado es, a su entender, "exagerada" y que serán los tribunales
quienes decidan o no si ha sido un acto "afortunado o desafortunado".El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, ha calificado este miércoles de "barbaridad" la acción de los sondicalistas.
Hernando ha dejado claro que desde el PSOE se rechaza "cualquier vulneración de la ley, sea de quien sea". Añade que "lo que ayer hizo algún dirigente político, que además es diputado, nos parece una barbaridad".
"El polvorín de la desigualdad está encendido"
Sánchez Gordillo propone una ley de Renta Básica que cubra las necesidades básicas de las familias
Tras
defender la necesidad de que en España se apruebe una ley de Renta
Básica para que las familias sin recursos cobren "al menos 500 o 600
euros al mes", el líder nacional del CUT-BAI ha considerado que el Estado no tendría que permitir que haya familias que se han quedado sin empleo y vivienda.
Además, se ha mostrado convencido de que las familias van a empezar a
movilizarse porque "si sus hijos pasan hambre, pueden hacer cualquier
cosa"."El polvorín de la desigualdad está encendido y alguien le puede meter mecha, en cualquier momento, por cualquier circunstancia", ha afirmado Sánchez Gordillo, quien ha insistido en que acciones de este tipo, incluyendo ocupaciones de bancos y tierras, seguirán realizándose por parte del SAT, "para llamar la atención sobre que hace falta que la crisis no la paguen siempre los mismos".
Sánchez Gordillo: “No voy a huir. Aquí estoy”
El dirigente jornalero afirma que el 'caso ERE' es "mas deleznable" que los asaltos a tiendas
Diego Valderas dice que no "comparte las formas" del diputado de IU
El diputado de IUL y alcalde de Marinaleda
(Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, dirige a los jornaleros desde
el exterior del establecimiento asaltado el martes. / EFE
El parlamentario de IU por Sevilla, quien ayer llevó a centenares de jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a robar en dos supermercados
de Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz), ha asegurado esta
mañana que esta acción volverá a repetirse. "Alguien tiene que hacer
algo para que haya familias que puedan comer todos los días", ha
afirmado Sánchez Gordillo,
pese a que ninguna organización había reclamado los bienes sustraídos y
las ONG mantienen abastecidos los bancos de alimentos sin necesidad de
robarlos.
Gordillo se encuentra en la finca Las Turquillas, en Osuna (Sevilla), perteneciente a la Yeguada Militar de Écija, ocupada por el SAT desde hace 16 días para reclamar al Ejército la cesión de tierras a los agricultores que estén pasando hambre. Ante la decisión del ministro del Interior de dar orden a la Policía y a la Guardia Civil de que detengan a los autores del asalto a los supermercados, Gordillo afirmó: "Aquí estoy. No voy a huir".
El diputado andaluz no participó directamente en el asalto a un supermercado de Mercadona en Écija, sino que permaneció fuera dirigiendo la operación megáfono en mano. "Hice una maniobra de distracción. La policía me siguió a mí, entraron y sacaron los carros con la comida", ha explicado a este periódico. Sánchez Gordillo ha lanzado duras palabras contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que ha acusado de actuar "como en el franquismo, deteniendo al cabecilla". "Esto es fascismo de tomo y lomo", ha subrayado. El también alcalde de Marinaleda recordó que es diputado andaluz y por lo tanto está aforado, por lo que si lo detienen deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que tome cartas en el asunto. "Si hay un delito ya se verá", dijo.
Gordillo ha afirmado que "los carritos del Mercadona no se lo han llevado", sino la comida y que esta la han entregado en barrios de Sevilla y a Corrala Utopía, una comunidad de vecinos formada por 36 familias que, tras perder sus viviendas, ocuparon un inmueble en la capital andaluza.
El presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, calificó ayer en su Twitter de "barbaridad" la acción de este miembro de IU, partido con el que gobierna el PSOE, pese al dirigente jornalero, quien ha defendido el pacto de su formación con el PP en Extremadura pero votó en contra de la coalición de izquierdas en Andalucía.
Sobre las palabras de Griñán, Sánchez Gordillo ha dicho que "más deleznable" que el robo es el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma de la Constitución.
El también alcalde de Marinaleda (Sevilla) y dirigente del SAT, que no cree que haya represalias por parte de IU, "sino más bien lo contrario", ha insistido en que se trataba de una medida "necesaria" para dar "un toque de atención" a lo que realmente está pasando en Andalucía, "donde el 35% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un 1,25 millones de parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros desempleados y sin cobrar ningún tipo de percepción".
Tras defender la necesidad de que en España se apruebe una ley de Renta Básica para que las familias sin recursos cobren "al menos 500 o 600 euros al mes", el líder nacional del CUT-BAI ha considerado que el Estado no tendría que permitir que haya familias que se han quedado sin empleo y vivienda. Además, se ha mostrado convencido de que las familias van a empezar a movilizarse porque "si sus hijos pasan hambre, pueden hacer cualquier cosa".
"El polvorín de la desigualdad está encendido y alguien le puede meter mecha, en cualquier momento, por cualquier circunstancia", ha afirmado Sánchez Gordillo, quien ha insistido en que acciones de este tipo, incluyendo ocupaciones de bancos y tierras, seguirán realizándose por parte del SAT, "para llamar la atención sobre que hace falta que la crisis no la paguen siempre los mismos".
El vicepresidente de la Junta y coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha dicho esta mañana en una concurrida rueda de prensa que "no comparte las formas" de su compañaero de escaño. Ha dejado claro que el asalto a los supermercados "es una iniciativa de un sindicato, no de Izquierda Unida" y ha descartado abrir expediente al "señor Sánchez Gordillo". "Ha sido una acción simbólica que ha abierto un gran debate en la sociedad sobre la riqueza y la pobreza", ha dicho Valderas.
Con cierta ironía, el vicepresidente andaluz ha recordado que el SAT, un sindicato muy minoritario en Andalucía entroncado con el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) implantado en la sierra sur de la provincia de Sevilla, "todos los veranos hace su campaña de actividades". Valderas ha mantenido esta mañana una conversación sobre la actuación de Sánchez Gordillo con la consejera de la Presidencia, la socialista Susana Díaz, de la que no ha trascendido nada. También un directivo de Mercadona ha telefoneado a Valderas.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha calificado de "acto delictivo" el "asalto". Se trata de una "cuestión judicial" ha dicho tras manifestar que no entiende que haya "una tolerancia a ese tipo de delitos porque lo cometa una persona que tiene una responsabilidad pública". "Cuando una persona ostenta un cargo público está obligada a una cierta ejemplaridad y en este caso ha ocurrido justamente lo contrario", ha añadido.
Gordillo se encuentra en la finca Las Turquillas, en Osuna (Sevilla), perteneciente a la Yeguada Militar de Écija, ocupada por el SAT desde hace 16 días para reclamar al Ejército la cesión de tierras a los agricultores que estén pasando hambre. Ante la decisión del ministro del Interior de dar orden a la Policía y a la Guardia Civil de que detengan a los autores del asalto a los supermercados, Gordillo afirmó: "Aquí estoy. No voy a huir".
El diputado andaluz no participó directamente en el asalto a un supermercado de Mercadona en Écija, sino que permaneció fuera dirigiendo la operación megáfono en mano. "Hice una maniobra de distracción. La policía me siguió a mí, entraron y sacaron los carros con la comida", ha explicado a este periódico. Sánchez Gordillo ha lanzado duras palabras contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que ha acusado de actuar "como en el franquismo, deteniendo al cabecilla". "Esto es fascismo de tomo y lomo", ha subrayado. El también alcalde de Marinaleda recordó que es diputado andaluz y por lo tanto está aforado, por lo que si lo detienen deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que tome cartas en el asunto. "Si hay un delito ya se verá", dijo.
Gordillo ha afirmado que "los carritos del Mercadona no se lo han llevado", sino la comida y que esta la han entregado en barrios de Sevilla y a Corrala Utopía, una comunidad de vecinos formada por 36 familias que, tras perder sus viviendas, ocuparon un inmueble en la capital andaluza.
El presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, calificó ayer en su Twitter de "barbaridad" la acción de este miembro de IU, partido con el que gobierna el PSOE, pese al dirigente jornalero, quien ha defendido el pacto de su formación con el PP en Extremadura pero votó en contra de la coalición de izquierdas en Andalucía.
Sobre las palabras de Griñán, Sánchez Gordillo ha dicho que "más deleznable" que el robo es el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma de la Constitución.
El también alcalde de Marinaleda (Sevilla) y dirigente del SAT, que no cree que haya represalias por parte de IU, "sino más bien lo contrario", ha insistido en que se trataba de una medida "necesaria" para dar "un toque de atención" a lo que realmente está pasando en Andalucía, "donde el 35% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un 1,25 millones de parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros desempleados y sin cobrar ningún tipo de percepción".
Tras defender la necesidad de que en España se apruebe una ley de Renta Básica para que las familias sin recursos cobren "al menos 500 o 600 euros al mes", el líder nacional del CUT-BAI ha considerado que el Estado no tendría que permitir que haya familias que se han quedado sin empleo y vivienda. Además, se ha mostrado convencido de que las familias van a empezar a movilizarse porque "si sus hijos pasan hambre, pueden hacer cualquier cosa".
"El polvorín de la desigualdad está encendido y alguien le puede meter mecha, en cualquier momento, por cualquier circunstancia", ha afirmado Sánchez Gordillo, quien ha insistido en que acciones de este tipo, incluyendo ocupaciones de bancos y tierras, seguirán realizándose por parte del SAT, "para llamar la atención sobre que hace falta que la crisis no la paguen siempre los mismos".
El vicepresidente de la Junta y coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha dicho esta mañana en una concurrida rueda de prensa que "no comparte las formas" de su compañaero de escaño. Ha dejado claro que el asalto a los supermercados "es una iniciativa de un sindicato, no de Izquierda Unida" y ha descartado abrir expediente al "señor Sánchez Gordillo". "Ha sido una acción simbólica que ha abierto un gran debate en la sociedad sobre la riqueza y la pobreza", ha dicho Valderas.
Con cierta ironía, el vicepresidente andaluz ha recordado que el SAT, un sindicato muy minoritario en Andalucía entroncado con el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) implantado en la sierra sur de la provincia de Sevilla, "todos los veranos hace su campaña de actividades". Valderas ha mantenido esta mañana una conversación sobre la actuación de Sánchez Gordillo con la consejera de la Presidencia, la socialista Susana Díaz, de la que no ha trascendido nada. También un directivo de Mercadona ha telefoneado a Valderas.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha calificado de "acto delictivo" el "asalto". Se trata de una "cuestión judicial" ha dicho tras manifestar que no entiende que haya "una tolerancia a ese tipo de delitos porque lo cometa una persona que tiene una responsabilidad pública". "Cuando una persona ostenta un cargo público está obligada a una cierta ejemplaridad y en este caso ha ocurrido justamente lo contrario", ha añadido.
Interior ordena detener a los jornaleros que asaltaron los supermercados
Una asociación de fiscales asegura que la acción liderada por un diputado de IU es delito
El diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, esta mañana. / EFE
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz,
ha anunciado hoy que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de
detener a los responsables de los asaltos a dos supermercados en los que
participó el diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda
(Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de la localidad gaditana de Espera, Pedro Romero (IU), y el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero.
Fernández Díaz ha calificado la acción de "intolerable" en declaración a EL PAÍS. "Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", ha añadido en declaraciones a Efe el ministro, quien ha añadido que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".
El titular de Interior ha criticado duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y ha avanzado que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que "comunique a la Fiscalía General del Estado que actúe como proceda a Derecho en relación con estas actuaciones y con quienes están incitando a realizarlas".
Llamazares ha considerado "hipócrita" y de "histeria" que se califique el asalto "simbólico" como delito. Los dos centenares de jornaleros se llevaron 13 carros de comida y dos trabajadores de uno de los supermercados denunciaron agresiones. Llamazares ha rechazado que estos hechos tengan "trascendencia penal" e insistido en que fue un "acto simbólico" y reivindicativo.
Todo lo contrario ha opinado la portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, quien ha afirmado, en la misma línea que el ministro, que la actuación puede ser un delito y que si todo el mundo hiciese lo mismo "ésto sería la ley de la selva".
Lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. "Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. En un Estado democrático y de Derecho hay otros medios para conseguir alimentos", ha advertido. El "hurto famélico", aquel que lleva a cabo directamente la persona que "tiene hambre", como por ejemplo "llevarse unas galletas", se puede absolver; sin embargo, "este señor no es el que pasa hambre".
Fernández Díaz ha calificado la acción de "intolerable" en declaración a EL PAÍS. "Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", ha añadido en declaraciones a Efe el ministro, quien ha añadido que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".
El titular de Interior ha criticado duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y ha avanzado que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que "comunique a la Fiscalía General del Estado que actúe como proceda a Derecho en relación con estas actuaciones y con quienes están incitando a realizarlas".
Llamazares ha considerado "hipócrita" y de "histeria" que se califique el asalto "simbólico" como delito. Los dos centenares de jornaleros se llevaron 13 carros de comida y dos trabajadores de uno de los supermercados denunciaron agresiones. Llamazares ha rechazado que estos hechos tengan "trascendencia penal" e insistido en que fue un "acto simbólico" y reivindicativo.
Todo lo contrario ha opinado la portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, quien ha afirmado, en la misma línea que el ministro, que la actuación puede ser un delito y que si todo el mundo hiciese lo mismo "ésto sería la ley de la selva".
Lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. "Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. En un Estado democrático y de Derecho hay otros medios para conseguir alimentos", ha advertido. El "hurto famélico", aquel que lleva a cabo directamente la persona que "tiene hambre", como por ejemplo "llevarse unas galletas", se puede absolver; sin embargo, "este señor no es el que pasa hambre".
SINDICATOS CRISIS
Sánchez Gordillo dice que vuelve el franquismo y que el Gobierno quiere "asustar"
El diputado de IULV-CA y alcalde de
Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (d), este martes en
el exterior de uno de los supermercados en los que entraron
sindicalistas para llevarse alimentos. / EFE
En declaraciones a Efe, Sánchez Gordillo ha reiterado que no cometió
ningún delito porque no pisó el supermercado y se limitó a realizar
"maniobras de distracción" para que otros sindicalistas pudieran
llevarse alimentos básicos del supermercado por una cuantía que no es
hurto y que han entregado en Sevilla y pueblos de Cádiz.
Tras calificar como "terrorismo de Estado" y de "violencia estatal inadmisible" la orden de detención, el parlamentario y alcalde de Marinaleda (Sevilla) ha subrayado que le tendrán que detener muchas veces porque piensa realizar numerosas acciones "desde la no violencia activa" para que se atienda a los 6 millones de parados y a los 12 millones de pobres que hay en España.
Sánchez Gordillo ha preguntado por qué no se detiene al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, porque tiene "miles de millones" en paraísos fiscales, a los corruptos del PP y del PSOE o a los dirigentes políticos que dan dinero a los bancos en detrimento de los fondos para los pobres.
"Ir a la cárcel por lo que he hecho es un honor", ha apuntado el diputado de IU, quien ha agregado que sólo lamenta el "disgusto" que se llevaría su familia.
El parlamentario ha hecho estas declaraciones en la finca militar Las Turquesillas, de Osuna (Sevilla), que el SAT ocupó hace 16 días y de donde el Juzgado le ha ordenado que salgan hoy.
Pasadas las dos de la tarde se mantenían en la finca un centenar de jornaleros a la espera de que ser desalojados por fuerzas antidisturbios.
Tras calificar como "terrorismo de Estado" y de "violencia estatal inadmisible" la orden de detención, el parlamentario y alcalde de Marinaleda (Sevilla) ha subrayado que le tendrán que detener muchas veces porque piensa realizar numerosas acciones "desde la no violencia activa" para que se atienda a los 6 millones de parados y a los 12 millones de pobres que hay en España.
Sánchez Gordillo ha preguntado por qué no se detiene al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, porque tiene "miles de millones" en paraísos fiscales, a los corruptos del PP y del PSOE o a los dirigentes políticos que dan dinero a los bancos en detrimento de los fondos para los pobres.
"Ir a la cárcel por lo que he hecho es un honor", ha apuntado el diputado de IU, quien ha agregado que sólo lamenta el "disgusto" que se llevaría su familia.
El parlamentario ha hecho estas declaraciones en la finca militar Las Turquesillas, de Osuna (Sevilla), que el SAT ocupó hace 16 días y de donde el Juzgado le ha ordenado que salgan hoy.
Pasadas las dos de la tarde se mantenían en la finca un centenar de jornaleros a la espera de que ser desalojados por fuerzas antidisturbios.
Puntadas sin hilo
Arturo González
Ante el hambre no hay leyes
08 ago 2012 Público
400 jornaleros andaluces asaltaron ayer dos supermercados de Mercadona y Carrefour en Écija y Arcos de la Frontera. Llenaron 30 carros con alimentos de primera necesidad, alentados megáfono en mano por el presidente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, diputado de IU por Sevilla y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien afirma que hay que expropiar a los expropiadores, aclarando que el destino final de los alimentos eran ONGs que repartían comidas.
La más primitiva ortodoxia legal diría que estos actos constituyen hurtos, adobados con amenazas y lesiones. Pero ¿hay leyes ante el hambre, no anula tal calificación la eximente de estado de necesidad?, ¿o no es una necesidad comer? El presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE nacional, José Antonio Griñán, ha renegado con dureza de la actitud de Sánchez Gordillo, pero no ha puesto el hambre como primerísimo objetivo de la actividad política de la Junta.
Estamos ante un auténtico brote verde de violencia. ¿El hambre justifica la violencia? Quito las interrogaciones. Entretanto el Gobierno está de vacaciones o sumido en estériles y teóricos alegatos económicos. Pero ni el hambre ni la vergüenza esperan. Ni, por supuesto, la desesperación. Un 26% de españoles vive en el umbral de la pobreza, y las diferencias de renta se han incrementado un 10% durante el último año. ¿Será capaz el Gobierno de eliminar definitivamente el día 15 el subsidio de 300 euros a los españoles en paro que no reciben prestación alguna? Las leyes comienzan a ser olvidados recuerdos. ¿Es legítimo un Gobierno que permite el hambre como norma con una renta per capita tan alta como tiene España?
Punto de Fisión
David Torres
Salvemos a los ricos
08 ago 2012
En España los millonarios son una especie en
peligro de extinción, por eso los políticos los miman como si fueran sus
propios hijos, sus propios padres o sus propios huevos, da igual, lo
que cuenta es el cariño. “Una sociedad que no cuide de sus ciudadanos
más ricos no merece salvarse” dice un asesor económico del gobierno.
“Son un tesoro, salen en las páginas de alta costura, se codean con
Paquirrín y promocionan regatas. Nosotros legislamos para que las
grandes fortunas sean cada vez más grandes, enormes a ser posible,
nuestro objetivo es que todo el P.I.B. del país quede en manos de once o
doce familias. De hecho, casi lo hemos conseguido”.
Aunque la economía del país va como el culo, estos
días hemos logrado nada menos que la medalla de bronce de la riqueza.
“Podemos estar orgullosos” dice, con lágrimas en los ojos, un portavoz
del ministerio de Economía “de que en estos tiempos tan duros, con cinco
millones de parados y el salario medio más bajo de Europa, tengamos a
un plusmarquista mundial como Amancio Ortega, que se ha proclamado la
tercera fortuna mundial modalidad manga ancha. Ha ganado más de once mil
millones de dólares en este año de mierda. Un millonario es tan valioso
como un lince ibérico. Sea sincero, ¿usted se preocuparía más por
treinta millones de cojos o por Usain Bolt? ¿Por cuarenta millones de
gorriones o por un ornitorrinco? Podían aprender de él todos esos flojos
que siempre se están quejando, coño”.
Es verdad. Mientras los hospitales devienen
rápidamente en enfermerías y los alumnos españoles ya compran orejas de
burro en lugar de libros de texto, este hombre ha equilibrado él solo la
balanza de gastos gracias a ese sano principio estadístico según el
cual si uno gana once mil millones de dólares mientras el resto de sus
compatriotas husmea en la basura, entonces la cosa va viento en popa. El
portavoz del ministerio se ha apresurado a matizar que este éxito sin
precedentes de la economía española no es un triunfo personal del PP;
que no hubiera sido posible sin ocho años continuos de ayudas a los
bancos, barra libre para las SICAV, paraísos fiscales y tributaciones de
chiste para los millonarios.
“Nunca lo hubiéramos conseguido sin Zapatero, Solbes,
Leire Pajín y todas las demás lumbreras del anterior gobierno. El
socialismo ha entendido al fin que, para acabar con la pobreza, lo mejor
es exterminar a los pobres hasta que no quede ni uno. Andrea Fabra
resumió nuestro programa en dos palabras y un taco. Yo no voy a
repetirlas porque no tengo tantos estudios. La idea es conseguir que, en
vez de una sociedad de cuarenta millones de mendigos, España sea una
selección de once o doce millonarios al estilo de un buen equipo de
fútbol. Claro que hay que contar con el chófer, unos cuantos jardineros,
media docena de camareros de los de antes y esa gentuza que nos hace
los recados. Estamos trabajando en ello”.
Pensamiento crítico
Vicenç Navarro
El coste social del primer rescate “blando”
07 ago 2012
Según tal presupuesto, los ingresos conseguidos a base de un aumento de impuestos y recortes de gasto público serían de 13.118 millones de euros para este año 2012, 38.956 millones en 2013 y 50.075 millones en 2014. Para alcanzar estas cifras se subirá el IVA, consiguiéndose, según el documento, 2.300 millones de euros este año, 10.134 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. El resto, hasta alcanzar los 102.000 millones de euros, se conseguirá principalmente a base de recortes de gasto público incluyendo gasto público social. En sanidad y en educación públicas, por ejemplo, se recortarán 15.000 millones de euros (procedentes en su gran mayoría de la Comunidades Autónomas, que reciben recortes proporcionalmente más elevados que el Estado central). Se recortarán también las pensiones (aunque ello no se cita) pues el presupuesto requiere un recorte sustancial (exigido por Bruselas) de las cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social, tanto en 2013 como en 2014 (medida que se exige por parte de la Comisión Europea, asumiendo –erróneamente- que ello facilitará la creación de empleo), sin indicar como se rellenaría el agujero en los fondos de la Seguridad Social como consecuencia de tales recortes (el documento habla que el Estado absorberá el coste de las pensiones no contributivas sin aclarar, sin embargo, su coste y su ahorro definitivo).
Todas estas medidas se proyectan realizar con el objetivo de reducir el déficit público a un 4,5% en 2013 y (¡por fin!) a un 2,8% en 2014. Para llegar a este escenario se asume que el PIB español –según el documento- bajará un 0,5% en 2013, y crecerá un 1,2% en 2014 “debido a las reformas estructurales emprendidas”, de las cuales las más importantes son las reformas laborales (que han tenido como consecuencia la destrucción de empleo y la bajada de salarios). Estas cifras, por cierto, no concuerdan con las cifras más realistas de evolución económica del país producidas por el FMI, por la OCDE, y por la propia Comisión Europea que todas ellas predicen una caída del PIB mucho más acentuada.
El ataque a la España Social
Ahora bien, independientemente de la credibilidad de tales cifras, hay dos hechos que son muy preocupantes. Uno es que tales recortes significan un ataque frontal al Estado del Bienestar español. Ni que decir tiene que el documento intenta ocultar este hecho, refiriéndose a los recortes de gasto que se les exigirá a las CCAA, sin aclarar que son precisamente las CCAA las que gestionan los fondos públicos del Estado del Bienestar. Tales fondos representan la mayoría del gasto público autonómico. El imposible que el gobierno Rajoy no sea consciente de que estos recortes, en el país que tiene un gasto en su Estado del Bienestar más bajo de la UE-15, significarán la desaparición del Estado del Bienestar universal transformándolo en un estado asistencial para las personas menesterosas. Este es, por cierto, el objetivo explicitado en las declaraciones del Sr. Draghi, presidente del Banco Central Europeo, al Wall Street Journal, al afirmar que el Estado del Bienestar universal no es viable actualmente (24.02.12). El ataque a la Europa Social que está llevando a cabo la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) –con estos recortes- tendrá su máxima expresión en España.
Pero la otra gran preocupación es que estos recortes no conseguirán lo que en teoría intentan conseguir. Es decir, no alcanzarán la reducción del déficit a la que aspiran, ni lograrán la famosa “confianza de los mercados”, ni estimularán la economía. Veamos lo primero: la reducción del déficit. Es más que probable que con estos recortes el déficit público se mantenga al nivel en el que está. La razón para ello es fácil de ver. El limitado conocimiento de cómo se generan los ingresos y los gastos en el Estado y como tales recortes de gasto público afectará a estos ingresos explica el error de tal supuesto, el cual tiene una visión excesivamente mecanicista de cómo se establece el déficit público. Se asume, que si el gasto es, por ejemplo, 15 euros, y los ingresos sólo 10 euros, el déficit es de 5 euros. Se supone entonces que para reducir el déficit hay que reducir el gasto en 5 euros. Parece lógico, pero no es real, puesto que cada variable en esta definición afecta a las otras variables, no de una manera mecánica, sino en un modo interactivo. Es decir, si el Estado recorta 5 euros, ello puede implicar que el Estado deje de ingresar 10, pues la actividad económica disminuirá, y con ello los ingresos al Estado bajarán. Así, los recortes en sanidad significan una destrucción de empleo en el sector sanitario, con la consiguiente disminución de la demanda originada por estos trabajadores de la sanidad pública que ahora estarán en el paro. Y los recortes sanitarios tienen también como consecuencia que el Estado compra menos material sanitario, disminuyendo así la demanda de tales productos.
En consecuencia, habrá un bajón de la demanda y de la actividad económica, y con ello una disminución de ingresos al Estado. Volviendo a nuestro ejemplo, el recorte de 5 euros también disminuye los ingresos al Estado, que pasan a ser menos de los 10 euros que habían considerado erróneamente que se mantendrían constantes. La realidad es que ya no serán 10 euros, sino menos, con lo cual el déficit público puede mantenerse tal como está o incluso aumentar.
Un punto clave en este cálculo es conocer como los recortes de gasto público afectarán negativamente la actividad económica y, con ello, los ingresos al Estado. Técnicos de la OCDE han hecho tales cálculos para España. Por cada descenso del crecimiento económico del PIB de un 1%, los ingresos al Estado debido a la bajada de Impuestos de Sociedades disminuyen un 1,38% y los ingresos debidos a los impuestos del IRPF (sección Rentas del Trabajo) se reducen un 1,48%, lo cual es un porcentaje importante. Pues bien, la OCDE calcula que el PIB decaerá un 3,8% en 2012 y un 4% en 2013 (mucho más realista que la calculada por el gobierno Rajoy), con lo cual la bajada de ingresos al Estado será considerable, impidiendo conseguir las metas que el gobierno Rajoy ha asumido. De estos datos también se deriva que es mucho más importante para reducir el déficit estimular el crecimiento económico que recortar gasto público. Vemos así, pues, que los recortes, que indudablemente, tendrán un impacto en reducir el crecimiento económico, tendrán también un impacto negativo en la recaudación de ingresos al Estado.
¿Recuperando la confianza de los mercados?
Tampoco es probable que estas medidas de gran austeridad de gasto público con recortes recuperen la confianza de los mercados. En realidad, lo opuesto es lo que está ocurriendo. A cada propuesta del gobierno de recortar gasto público ha habido un aumento de la prima de riesgo de la deuda española lo cual tiene una lógica pues tales mercados están preocupados principalmente por el escaso crecimiento o crecimiento negativo de la economía española y son conscientes de que estos recortes afectarán negativamente el crecimiento económico. Incluso las famosas agencias de evaluación de la deuda pública (Standard & Poor’s, Moody’s y otras), meros instrumentos de la gran banca, han hecho referencia a esta realidad: es la falta de crecimiento de la economía (que se reconoce por las propias agencias, debida, en parte, a los grandes recortes) la que crea desconfianza en tales mercados respecto a la capacidad del Estado de poder pagar sus deudas.
¿Qué es lo que debería hacerse?
Ni que decir tiene que la integración de España en el euro limita en gran manera lo que el Estado español pueda hacer. El gobierno ha perdido gran capacidad de decisión, resultado de las políticas dictadas por la Troika, políticas todas ellas imbuidas del dogma neoliberal que beneficia a ciertos sectores europeos y nacionales que explica su existencia y persistencia.
Ahora bien hay que diferencia entre los conceptos “limitar” o “condicionar” y determinar. El gobierno español tiene espacio para llevar a cabo políticas alternativas a las que se están tomando. Pero para considerar tales alternativas, hay que ser consciente que de todas alternativas posibles, la peor, es la que está siguiendo el gobierno Rajoy, y que consiste en condenar a España a continuar en la situación actual que es intolerable por sus enormes costes sociales, humanos y económicos.
Otra alternativa sería, sin abandonar el intento de reducir el déficit, intentar hacerlo mediantes medidas de estímulo del crecimiento económico y creación de empleo, resolviendo el drama humano y social que es también el mayor problema económico que tiene España: el desempleo. Y puede hacerse, si hay voluntad política (ver Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón). Hay que entender que España no es un país pobre. Su PIB per cápita es el 94% tal promedio de la UE-15. Su gasto público per cápita es, sin embargo, solo el 72% del promedio de la UE-15. Si fuera 94%, el estado ingresaría 66.000 millones de euros al año más de los que ingresa. Tales recursos existen en España pero el Estado (sea el central, el autonómico o el municipal) no los recoge. Y ahí está el quid de la cuestión. Y no los recoge porque los partidos gobernantes no han querido y continúan sin querer enfrentarse con aquellos poderes fácticos y con las clases más pudientes que tienen un enorme poder (incluyendo poder mediático y político además de económico en el país).
Si el Estado recuperara el impuesto del patrimonio el Estado conseguiría 2.100 millones de euros más; si eliminara las reducciones de impuestos de sucesiones ocurridos en los últimos quince años podría añadir 2.552 millones anuales más a las arcas del Estado; si eliminara también la reducción de impuestos de las empresas que facturan más de 150.000 millones al año (y que representan solo el 0.12% de todas las empresas) se conseguirían 5.300 millones más al año; si erradicara el fraude fiscal de las grandes fortunas, y de aquellas grandes empresas, 44.000 millones de euros más al año; si eliminara las ayudas a la Iglesia para impartir docencia de religión en las escuelas públicas (582 millones de euros) o el equipamiento militar en helicópteros Tigre y otro medios (1.500 millones) y así un largo, largo, etcétera.
Como mostramos Juan Torres, Alberto Garzón y yo en el libro citado anteriormente, por cada recorte de gasto público (que daña el bienestar de las clases populares) podrían haberse tomado otras medidas que hubieran conseguido incluso más ingresos al Estado y que ni siquiera fueron considerados porque implicaban un enfrentamiento con poderes fácticos y con las clases pudientes no desearon.
Políticas alternativas
Un tanto igual estamos viendo ahora en los recortes que se están imponiendo. Una vez más, el gobierno Rajoy está intentando recortar el déficit primordialmente mediante recortes del gasto público siguiendo las instrucciones de Bruselas, y que incluyen reducciones de las presentaciones de desempleo, recorte de los sueldos de empleados públicos, y recortes de gasto y personal de los servicios públicos. Los técnicos de Hacienda, Gestha (que han tenido gran certeza en sus cálculos y proyecciones, ganando una merecida credibilidad) han estimado que con las medidas propuestas por el gobierno Rajoy, el Estado recogerá entre 20.000 y 22.000 millones de euros anuales (incluyendo la subida del IVA que gravará el consumo).
Gestha calcula que tal cantidad podría haberse conseguido mediante otras medidas que no habían afectado a las clases populares y sí en cambio a los grupos fácticos y rentas superiores, tales como un nuevo impuesto de Riqueza (que sustituiría el impuesto sobre el patrimonio que desaparecerá este año), un crecimiento de un 5% adicional en el impuesto de sociedades para las empresas con beneficios por encima de un millón de euros al año, y un impuesto a las transacciones financieras. Ni que decir tiene que estas alternativas ni siquiera han sido consideradas.
El Estado (tanto central, como autonómico, como local) debería recoger los 66.000 millones de euros que el país tiene pero que el Estado no recoge y con ello crear empleo, como medida de estimular la demanda y el crecimiento económico. En contra de lo que se aduce, España tiene una enorme pobreza de empleo en sus servicios públicos. Solo un adulto de cada diez trabaja en sanidad, educación, servicios de dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, y otros. En Suecia es uno de cada cuatro. Si este porcentaje se alcanzara en España, habría cinco millones nuevos de puestos de trabajo, número que coincide con el número de desempleados. Con tal medida pues se eliminaría el desempleo.
Y, en contra también de la sabiduría convencional, esta inversión podría financiarse. Si España tuviera los mismos ingresos al Estado que tiene Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año, con lo cual podrían financiarse tales inversiones sociales y físicas que estimularían la economía y eliminarían el déficit. El hecho de que este planteamiento se considere “radical” o “utópico” (algunos lo han llamado demagógico) habla mucho del dominio asfixiante que el neoliberalismo tiene en la cultura hegemónica mediática y política del país. Así de claro.
Con la fortuna del dueño de Zara comen 8,8 millones de familias
El presupuesto para alimentación de los hogares es de 350 euros de media al mes (4.300 euros anuales), mientras que el patrimonio de Amancio Ortega se estima en 38.000 millones de euros.
P.G. MADRID 07/08/2012 18:22 Actualizado: 07/08/2012 22:02 Público
Con la fortuna de Amancio Ortega, el dueño de Inditex (la multinacional textil española que opera bajo las enseñas Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, o Stradivarius, entre otras), podrían comer cerca de nueve millones de familias españolas.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total de las familias españolas alcanza, de media, los 29.782 euros, según la última Encuesta de Consumo Familar, referida al año 2010. Un 14,4% de esta cantidad, unos 4.300 euros, se destina a alimentación y bebidas (sin incluir las comidas que se puedan hacer fuera del hogar). Esto supone que el presupuesto mensual de una familia para la compra supera ligeramente los 350 euros mensuales de media.
Según los últimos cálculos de la agencia Bloomberg, el patrimonio del dueño de Zara estaría valorado en 38.000 millones de euros. Esto le coloca como la tercera fortuna del planeta, por adelantando al magnate estadounidense Warren Buffet (que hasta ahora el tercer rico del mundo), y por detras del mexicano Carlos Slim, el primero, y el nortamericano Bill Gates, el segundo.
Así, esos 38.000 millones de la fortuna de Amancio Ortega cubren el gasto en alimentación y bebidas de 8,8 millones de familias españolas. Son la mitad de las familias españolas, segun los cálculos del INE (concretamete, cifra en 17,45 millones el número de hogares en España).
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total de las familias españolas alcanza, de media, los 29.782 euros, según la última Encuesta de Consumo Familar, referida al año 2010. Un 14,4% de esta cantidad, unos 4.300 euros, se destina a alimentación y bebidas (sin incluir las comidas que se puedan hacer fuera del hogar). Esto supone que el presupuesto mensual de una familia para la compra supera ligeramente los 350 euros mensuales de media.
La mayor parte del gasto de las familias se lo lleva la vivienda
No es la mayor partida de gasto de los hogares: la vivienda y su mantenimiento (fundamentalmente, los alquileres y las facturas de la luz, del gas o del agua)
se lleva, según el INE, el 30% del presupuesto anual de la familia.
Otro 12,4% lo consume el depósito del coche y el transporte público.Según los últimos cálculos de la agencia Bloomberg, el patrimonio del dueño de Zara estaría valorado en 38.000 millones de euros. Esto le coloca como la tercera fortuna del planeta, por adelantando al magnate estadounidense Warren Buffet (que hasta ahora el tercer rico del mundo), y por detras del mexicano Carlos Slim, el primero, y el nortamericano Bill Gates, el segundo.
Así, esos 38.000 millones de la fortuna de Amancio Ortega cubren el gasto en alimentación y bebidas de 8,8 millones de familias españolas. Son la mitad de las familias españolas, segun los cálculos del INE (concretamete, cifra en 17,45 millones el número de hogares en España).
Llamazares defiende a Gordillo y afirma que el Código Penal justifica esas acciones "en situaciones dramáticas"
por Kaos. Laboral y economía
Miércoles, 08 de Agosto de 2012 12:34
Dice que fue un acto simbólico, ve "exagerada" la reacción y cree
que será la Justicia la que decida si la protesta fue o no afortunada.
Agencias
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha defendido este miércoles al alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado autonómico de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, después de que ayer participara en el asalto a un supermercado andaluz para dar productos a un banco de alimentos y ha manifestado que el Código Penal "justifica" este tipo de acciones "en situaciones dramáticas".
En declaraciones a ABC Punto Radio, recogidas por Europa Press, Llamazares ha manifestado que esto fue un acto "simbólico" que se hizo "a las claras, con la cara al descubierto y no en beneficio propio", sino para personas que tienen dificultades económicas.
Al ser preguntado por si él haría lo mismo que Sánchez Gordillo ha manifestado que no lo sabía y que todo "depende de la situación". "Creo que nadie sabía de la situación actual hace tan solo unos años o meses y sin embargo estamos viendo ahora cosas que nos sorprenden, nos duelen y nos indignan. Por lo tanto, si fuera para una situación dramática para personas que están en una situación de necesidad incluso el Código Penal lo justifica", ha aclarado.
Asimismo, Llamazares ha dicho que lo que le "escandaliza" de este asunto es que haya "más de un millón de familias que no tienen ni un euro para vivir, que haya cada vez más pobreza", destacando que durante el período de crisis económica el índice de pobreza ha subido "casi" tres puntos y que una parte de esa subida, la "más importante", la están sufriendo los niños.
"Este acto intenta poner en evidencia que eso ha llegado ya a un límite en el cual hay familias en Andalucía y en el resto del Estado que reducen su número de comidas durante el día", ha señalado.
Además, Llamazares ha manifestado en este sentido que "en estos momentos la situación social debe llevar a una respuesta", añadiendo que "sería preocupante que terminase en acciones de carácter individual que tuvieran un contexto violento" y es por eso, que según su opinión, las acciones llevadas a cabo deberían ser reacciones de carácter social y que actuar de forma contraria supondría una "degradación aún mayor del sistema político democrático".
Finalmente, Llamazares ha concluido diciendo que este acto "simbólico" pone en "evidencia" por un lado, "que estamos en una situación muy difícil, que hay gente que lo está pasando muy mal, incluso pasando hambre, y por otra parte, hay grandes focos de riqueza que no han responsabilizado para nada de la salida de la crisis".
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha defendido este miércoles al alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado autonómico de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, después de que ayer participara en el asalto a un supermercado andaluz para dar productos a un banco de alimentos y ha manifestado que el Código Penal "justifica" este tipo de acciones "en situaciones dramáticas".
En declaraciones a ABC Punto Radio, recogidas por Europa Press, Llamazares ha manifestado que esto fue un acto "simbólico" que se hizo "a las claras, con la cara al descubierto y no en beneficio propio", sino para personas que tienen dificultades económicas.
Al ser preguntado por si él haría lo mismo que Sánchez Gordillo ha manifestado que no lo sabía y que todo "depende de la situación". "Creo que nadie sabía de la situación actual hace tan solo unos años o meses y sin embargo estamos viendo ahora cosas que nos sorprenden, nos duelen y nos indignan. Por lo tanto, si fuera para una situación dramática para personas que están en una situación de necesidad incluso el Código Penal lo justifica", ha aclarado.
ES UNA PROTESTA DEL SAT, NO DE IU
También ha precisado que la decisión de llevar a cabo esta acción no partió de IU, sino del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que la reacción que ha generado es, a su entender, "exagerada" y que serán los tribunales quienes decidan o no si ha sido un acto "afortunado o desafortunado".Asimismo, Llamazares ha dicho que lo que le "escandaliza" de este asunto es que haya "más de un millón de familias que no tienen ni un euro para vivir, que haya cada vez más pobreza", destacando que durante el período de crisis económica el índice de pobreza ha subido "casi" tres puntos y que una parte de esa subida, la "más importante", la están sufriendo los niños.
"Este acto intenta poner en evidencia que eso ha llegado ya a un límite en el cual hay familias en Andalucía y en el resto del Estado que reducen su número de comidas durante el día", ha señalado.
Además, Llamazares ha manifestado en este sentido que "en estos momentos la situación social debe llevar a una respuesta", añadiendo que "sería preocupante que terminase en acciones de carácter individual que tuvieran un contexto violento" y es por eso, que según su opinión, las acciones llevadas a cabo deberían ser reacciones de carácter social y que actuar de forma contraria supondría una "degradación aún mayor del sistema político democrático".
REACCIÓN CIUDADANA
En esta senda, el diputado de IU ha añadido que es "necesario" que se produzca una reacción ciudadana en "defensa" de derechos conquistados y de los servicios públicos, ya que esa reacción ciudadana supondría un fortalecimiento de una política "comprometida" con la ciudadanía y "no una política al servicio de unos pocos", ha aseverado.Finalmente, Llamazares ha concluido diciendo que este acto "simbólico" pone en "evidencia" por un lado, "que estamos en una situación muy difícil, que hay gente que lo está pasando muy mal, incluso pasando hambre, y por otra parte, hay grandes focos de riqueza que no han responsabilizado para nada de la salida de la crisis".
Rescatar a las personas, esa es la prioridad
por SAT
Miércoles, 08 de Agosto de 2012 13:30
Da vergüenza ajena como algunos jerifaltes bien alimentados
vociferan en defensa de los intereses de una gran empresa como Mercadona
que tiene innumerables denuncias por acoso laboral. Griñán, mejor estás
calladito...
| Se rescata a los bancos que han dejado ya a más de 300.000 familias sin un hogar mediante desahucios inhumanos que se producen todos los días; se deja en paro a un millón y medio de andaluces y andaluzas, muchos de los cuales no reciben ninguna prestación; se nos sube el IVA al mismo tiempo que Rajoy aprueba una amnistía fiscal para los defraudadores; se les regala decenas de miles de millones de euros de dinero público, dinero de todos y de todas, a los bancos y siguen sin dar créditos a PYME's, autónomos y particulares; se recortan derechos y prestaciones sociales como si fueran los culpables de la crisis; se les quita la paga extra de navidad a los empleados y empleadas públicos para darle a Bankia 23.465 millones de euros, el rescate bancario más caro de la historia del Estado español... y a algunos editorialistas y comentaristas les parece algo normal y lógico. Sin embargo, entregar alimentos de primera necesidad a familias que no tienen nada que llevarse a la boca les parece una tremenda barbaridad. Así se ha manifestado en el twitter el presidente Griñán que no tuvo ningún reparo en recortar salarios y derechos a los trabajadores de la Junta de Andalucía y que cuando fue Ministro de Trabajo con Felipe González aplicó una reforma laboral regresiva y conservadora que legalizaba la precariedad y que motivó una huelga general. |
| Da vergüenza ajena como algunos jerifaltes bien alimentados vociferan en defensa de los intereses de una gran empresa como Mercadona que tiene innumerables denuncias por acoso laboral. Griñán, mejor estás calladito. Rescatar a las personas, esa debe ser la prioridad en estos tiempos de crisis. Evitar que las familias pierdan sus casas, darles vivienda de inmediato a quienes la hayan perdido; evitar que se pierdan más empleos, prohibir de inmediato los despidos y los cierres de empresas e impulsar planes públicos de empleo; dejar de regalar dinero a los bancos, exigir la devolución inmediata de todos los fondos públicos entregados y nacionalizar la banca; bajar el IVA, subir los impuestos a los más ricos, perseguir el fraude fiscal... y por supuesto, entregar gratuitamente alimentos de primera necesidad a aquellas personas que no tienen nada. Y esto, Sr. Griñán, no es ninguna barbaridad. Barbaridad es lo que usted hace. Barbarie es este sistema capitalista que usted tanto defiende. |
PP aconseja a Gordillo que, en vez de "robar" alimentos, baje el sueldo a su jefe de policía, "que cobra más que Rajoy"
por Kaos. Andalucía
Miércoles, 08 de Agosto de 2012 11:49
Un buen pepero
Lo mejor de todo es que en Marinaleda.... no hay jefe de policía.
Estilo PP 100%. Desde luego, Rafael Merino ha acreditado de sobra sus
méritos para ser Diputado del partido de los recortes, la infamia, la
mentira y el fraude democrático/electoral...
Agencias
El diputado del PP Rafael Merino, miembro de la dirección del Grupo Popular en el Congreso, ha aconsejado a Juan Manuel Sánchez Gordillo, el diputado autonómico de IU que este pasado martes protagonizó asaltos a supermercados para repartir comida en comedores sociales, que empiece por rebajar el sueldo a su jefe de Policía Municipal, que según sus datos "cobra más que el presidente del Gobierno de la Nación".
Sánchez Gordillo, que además de ser un diputado crítico de IU es alcalde de Marinaleda, ha liderado una serie de acciones en supermercados de Sevilla con la pretensión de llevarse comida sin pagar con idea de repartirla entre los necesitados.
Merino entiende que, si quiere ayudar a los necesitados, el dirigente de IU debería comprar la comida con el dinero que lograría bajando el sueldo al jefe de la Policía Local de Marinaleda, que según sus datos cobra más que Mariano Rajoy.
"El Jefe de la Policia Local de Sánchez Gordillo tiene mas sueldo que el Presidente del Gobierno --ha escrito Merino en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press--. Que se lo baje y compre comida, y no la robe".
Sin más comentarios....
El diputado del PP Rafael Merino, miembro de la dirección del Grupo Popular en el Congreso, ha aconsejado a Juan Manuel Sánchez Gordillo, el diputado autonómico de IU que este pasado martes protagonizó asaltos a supermercados para repartir comida en comedores sociales, que empiece por rebajar el sueldo a su jefe de Policía Municipal, que según sus datos "cobra más que el presidente del Gobierno de la Nación".
Sánchez Gordillo, que además de ser un diputado crítico de IU es alcalde de Marinaleda, ha liderado una serie de acciones en supermercados de Sevilla con la pretensión de llevarse comida sin pagar con idea de repartirla entre los necesitados.
Merino entiende que, si quiere ayudar a los necesitados, el dirigente de IU debería comprar la comida con el dinero que lograría bajando el sueldo al jefe de la Policía Local de Marinaleda, que según sus datos cobra más que Mariano Rajoy.
"El Jefe de la Policia Local de Sánchez Gordillo tiene mas sueldo que el Presidente del Gobierno --ha escrito Merino en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press--. Que se lo baje y compre comida, y no la robe".
Sin más comentarios....
Inicio de las Marchas Obreras Andaluzas. 1ª fase: Jódar-Jaén el 16 de agosto
por SAT-Jaén
Martes, 07 de Agosto de 2012 19:45
Estas marchas se encuadran en el calendario de movilizaciones que el
SAT está llevando a cabo desde julio. El objetivo de todas estas
acciones es conseguir que se cumplan una serie de reivindicaciones a
corto y largo plazo. El día 18 a las 12:30H recibimiento y manifestación
en Jaén.
LA DIGNIDAD OBRERA RECORRÁ ESTE MES LAS CARRETERAS ANDALUZAS
MARCHAS POR TODA ANDALUCÍA
El pasado 3 de agosto, reunida la Asamblea Nacional del SAT en la finca ocupada de Las Turquillas (Osuna), se aprobaba llevar
a cabo una serie de marchas a nivel provincial, las cuales serían
iniciadas en Jaén, desde el municipio de Jódar hasta la capital, el día
16 de agosto. Posteriormente le seguirán marchas en las provincias de Córdoba, Málaga y Cádiz.Estas marchas se encuadran en el calendario de movilizaciones que el SAT está llevando a cabo desde julio. Ya se han llevado a cabo la ocupación simbólica de más de 30 Ayuntamientos y oficinas de empleo el pasado 26 de julio; la ocupación de la finca Las Turquillas, reclamando que la tierra sea para quien la trabaja; más de 50 manifestaciones y concentraciones en municipios de toda Andalucía y la expropiación de productos de primera necesidad de dos grandes superficies comerciales de Écija y Arcos de la Frontera que han sido cedidos a bancos de alimentos.
El objetivo de todas estas acciones es conseguir que se cumplan una serie de reivindicaciones, primero, a corto plazo, para paliar la dramática situación que sufren miles de familias trabajadoras andaluzas y segundo a largo plazo, para conseguir que Andalucía salga de la crisis sin seguir las recetas capitalistas que, está visto y comprobado, solo están creando más miseria y más paro para la mayoría de la población.
Por otro lado, la intención de las marchas es conectar las luchas que a día de hoy se están dando en el medio rural y en las ciudades andaluzas para crear un amplio frente de lucha que esté lo suficientemente coordinado como para llevar a cabo una Huelga General, que por ejemplo, ya ha sido convocada por la mayoría sindical vasca y mas de un centenar de asociaciones sociales para el 26 de septiembre.
Algunas de estas reivindicaciones que se plantean desde el SAT son:
- NO PAGO DE LA DEUDA. La mayor deuda existente, es privada, de los bancos en su mayoría. Los distintos gobiernos, del PSOE, del PP, andaluz o español, plegados al capitalismo están socializando las pérdidas privadas a través de recortes. La deuda de los bancos que la paguen los bancos.
- LA DEROGACIÓN DE TODOS LOS RECORTES
- LA PROHIBICIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y LOS DESPIDOS
- REPARTO DE LA RIQUEZA: la nacionalización de la banca y los sectores estratégicos
- REPARTO DEL TRABAJO: semana laboral de 35 horas y jubilación a los 60 años.
- ELEVACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO A 1000 EUROS.
- PLANES PÚBLICOS DE EMPLEO que garanticen, como mínimo, dos meses de trabajo a todos los parados/as.
- UNA SANIDAD Y UNA EDUCACIÓN PÚBLICAS Y DE CALIDAD.
- LA VIVIENDA COMO DERECHO Y NO COMO MERCANCIA.
11. Que la duración del subsidio agrario y la renta agraria sea de 10 meses para los menores de 52 años y de 12 meses para los mayores de esa edad.
12. Que las personas que estén en paro y tengan la vivienda hipotecada sólo paguen una cuota acorde con sus ingresos
13. Que los pequeños empresarios/as autónomos/a, agricultores/as, se les facilite préstamos a bajo interés y bonificación de los seguros sociales para que puedan reactivar su economía, y puedan crear puestos de trabajo.
14. QUE TODAS LAS TIERRAS PÚBLICAS SEAN CEDIDAS A COOPERATIVAS DE TRABAJADORES/AS.
15. Que los TRABAJADORES/AS QUE SE ENCUENTREN EN DESEMPLEO Y HAYAN AGOTADO PRESTACIONES o no tengan derecho a ella, se les facilite una RENTA BÁSICA.
16. ETC.
SI ESTÁS DE ACUERDO CON ESTAS REIVINDICACIONES
APOYA LAS MARCHAS OBRERAS, DIFÚNDELAS Y MOVILIZATE EN TU CENTRO DE
TRABAJO, EN TU BARRIO, EN TU PUEBLO O DONDE TE SEA POSIBLE.
EL DÍA 16, A LAS 9:00 H INICIO DE LA MARCHA EN JÓDAR
EL DÍA 18 A LAS 12:30H, RECIBIMIENTO Y MANIFESTACIÓN FRENTE AL I.E.S. JABALCUZ
(POLIGONO DEL VALLE, JAÉN)
"Capitalismo en serio": las masacres sociales (1)
El Gobierno lanza la ley para el despido colectivo de personal laboral fijo
por Lara Graña
Miércoles, 08 de Agosto de 2012 11:59
El Gobierno central ultima el Real Decreto que permitirá a todas las
administraciones públicas llevar a cabo despidos colectivos de personal
laboral fijo.
Prensa
El Ministerio de Empleo ya ha elaborado un proyecto de ley que persigue la «regulamentación» de las extinciones masivas de contratos, y uno de los capítulos está dedicado íntegramente a adelgazar el gasto de personal de los entes públicos. El director general de Empleo, Javier Thibault, remitió el 27 de julio a los sindicatos el borrador de Real Decreto al que se someterá la administración central, autonómica, local y los entes instrumentales.
Faro de Vigo, periódico que pertenece al mismo grupo editorial Prensa Ibérica que La Opinión de Málaga, ha tenido acceso a la documentación remitida por el Ministerio a las centrales sindicales bajo el epígrafe «proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada». Se trata de dos expedientes distintos que detallan qué cambios legales harán para permitir la extinciones de relaciones laborales, y bajo qué supuestos se podrán ejecutar de forma inminente.
Aviso por carta
Las centrales recibieron por carta el borrador, y ayer finalizó el plazo de consultas para realizar «observaciones» sobre el mismo. La reforma laboral había incluido ya la posibilidad de despedir empleados públicos por causas económicas u organizativas, pero lo que hace ahora el Ejecutivo es elaborar el Real Decreto que le da forma.
«Se remite una nueva versión del proyecto de Real Decreto», indicó en su misiva Javier Thibault. «Se ruega que las observaciones que puedan formularse se centren en el Título III –continúa– que contempla la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas, que no se incluía en el borrador» del 23 de mayo de este año, dice textualmente. «Nos han dado seis días para estudiar esta barbaridad, un ataque en la línea de flotación de los derechos de los trabajadores», atacó una fuente sindical de CSIF, que pidió el anonimato.
¿Para quién es?
Los despidos masivos se ejecutarán por «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción», y se aplicará en base a un baremo que el Gobierno explica en el capítulo dos de la nueva disposición. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados, ésta quiera prescindir de 10 de ellos. También podrá echar mano del expediente laboral colectivo cuando el despido afecte al «10% del número de trabajadores» de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades menores que dependan de éstos. Las administraciones que tengan más de 300 empleados públicos también podrán acogerse a este programa de despidos colectivos cuando quieran prescindir de al menos 30 trabajadores. Es la primera vez que se regula esta posibilidad, habilitada tanto por la modificación del Estatuto del Trabajador como por la Reforma Laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Causas de despido
La principal causa que establece el borrador de Real Decreto es económica. «A efectos de las causas del despido del personal laboral en las administraciones públicas», dice el texto, «se entenderá que concurren cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes». El déficit presupuestario –que se produce cuando el gasto supera a los ingresos– afecta a prácticamente todas las administraciones públicas. Si se produce el caso de que un ente público tiene superávit, podrán presentar ERE colectivos en otros supuestos. Por ejemplo, cuando las subvenciones que perciben (consejerías, ayuntamientos o fundaciones, por ejemplo) hayan disminuido al menos un 10% respecto al año anterior.
También será posible aprobar un ERE cuando las autonomías justifiquen haber percibido un 10% menos de transferencias de capital del Estado. Asimismo, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración de referencia (estatal, local o autonómica) hayan disminuido otro 10% podrán llevar a cabo despidos colectivos.
Con y sin oposición
A la hora de elaborar el ERE bastará con que la administración que ejecute los despidos presente una «memoria explicativa de las causas económicas», así como los presupuestos de los dos últimos años y la relación de los puestos de trabajo que tiene en el momento en que presenta el expediente. Los trabajadores públicos fijos –no funcionarios de carrera– que aprobaron una oposición tendrán prioridad para quedarse, pero no están exentos de entrar en el ERE. Si el ente público considera que este requisito no es determinante podrá obviarlo, como consta en el artículo 41 del proyecto de Real Decreto.
En todo caso, la Secretaría de Estado se reserva la competencia para decidir si aquéllos que hayan aprobado un proceso selectivo tienen esta prioridad, como refrenda el proyecto.
El Ministerio de Empleo ya ha elaborado un proyecto de ley que persigue la «regulamentación» de las extinciones masivas de contratos, y uno de los capítulos está dedicado íntegramente a adelgazar el gasto de personal de los entes públicos. El director general de Empleo, Javier Thibault, remitió el 27 de julio a los sindicatos el borrador de Real Decreto al que se someterá la administración central, autonómica, local y los entes instrumentales.
Faro de Vigo, periódico que pertenece al mismo grupo editorial Prensa Ibérica que La Opinión de Málaga, ha tenido acceso a la documentación remitida por el Ministerio a las centrales sindicales bajo el epígrafe «proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada». Se trata de dos expedientes distintos que detallan qué cambios legales harán para permitir la extinciones de relaciones laborales, y bajo qué supuestos se podrán ejecutar de forma inminente.
Aviso por carta
Las centrales recibieron por carta el borrador, y ayer finalizó el plazo de consultas para realizar «observaciones» sobre el mismo. La reforma laboral había incluido ya la posibilidad de despedir empleados públicos por causas económicas u organizativas, pero lo que hace ahora el Ejecutivo es elaborar el Real Decreto que le da forma.
«Se remite una nueva versión del proyecto de Real Decreto», indicó en su misiva Javier Thibault. «Se ruega que las observaciones que puedan formularse se centren en el Título III –continúa– que contempla la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas, que no se incluía en el borrador» del 23 de mayo de este año, dice textualmente. «Nos han dado seis días para estudiar esta barbaridad, un ataque en la línea de flotación de los derechos de los trabajadores», atacó una fuente sindical de CSIF, que pidió el anonimato.
¿Para quién es?
Los despidos masivos se ejecutarán por «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción», y se aplicará en base a un baremo que el Gobierno explica en el capítulo dos de la nueva disposición. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados, ésta quiera prescindir de 10 de ellos. También podrá echar mano del expediente laboral colectivo cuando el despido afecte al «10% del número de trabajadores» de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades menores que dependan de éstos. Las administraciones que tengan más de 300 empleados públicos también podrán acogerse a este programa de despidos colectivos cuando quieran prescindir de al menos 30 trabajadores. Es la primera vez que se regula esta posibilidad, habilitada tanto por la modificación del Estatuto del Trabajador como por la Reforma Laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Causas de despido
La principal causa que establece el borrador de Real Decreto es económica. «A efectos de las causas del despido del personal laboral en las administraciones públicas», dice el texto, «se entenderá que concurren cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes». El déficit presupuestario –que se produce cuando el gasto supera a los ingresos– afecta a prácticamente todas las administraciones públicas. Si se produce el caso de que un ente público tiene superávit, podrán presentar ERE colectivos en otros supuestos. Por ejemplo, cuando las subvenciones que perciben (consejerías, ayuntamientos o fundaciones, por ejemplo) hayan disminuido al menos un 10% respecto al año anterior.
También será posible aprobar un ERE cuando las autonomías justifiquen haber percibido un 10% menos de transferencias de capital del Estado. Asimismo, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración de referencia (estatal, local o autonómica) hayan disminuido otro 10% podrán llevar a cabo despidos colectivos.
Con y sin oposición
A la hora de elaborar el ERE bastará con que la administración que ejecute los despidos presente una «memoria explicativa de las causas económicas», así como los presupuestos de los dos últimos años y la relación de los puestos de trabajo que tiene en el momento en que presenta el expediente. Los trabajadores públicos fijos –no funcionarios de carrera– que aprobaron una oposición tendrán prioridad para quedarse, pero no están exentos de entrar en el ERE. Si el ente público considera que este requisito no es determinante podrá obviarlo, como consta en el artículo 41 del proyecto de Real Decreto.
En todo caso, la Secretaría de Estado se reserva la competencia para decidir si aquéllos que hayan aprobado un proceso selectivo tienen esta prioridad, como refrenda el proyecto.
"Capitalismo en serio": las masacres sociales (2)
Grecia se comprometió a reducir el sector público en 150.000 funcionarios hasta 2015
por Kaos. Que la crisis la paguen los ricos
Miércoles, 08 de Agosto de 2012 02:38
Grecia tendrá que ahorrar 4.000 millones de euros más para 2013 y
2014, informó ayer el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras para que la
UE y el FMI desbloqueen nueva ayuda vital para evitarle la bancarrota
al país.
Grecia tendrá que ahorrar 4.000
millones de euros más para 2013 y 2014, informó ayer el ministro de
Finanzas, Yannis Sturnaras para que la UE y el FMI desbloqueen nueva
ayuda vital para evitarle la bancarrota al país.
Este ahorro forma parte del paquete total de reducción de gastos públicos de 11.500 millones de euros reclamados por los acreedores, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para los próximos dos años, y que debe ser adoptado por el gobierno para septiembre.
“Los 11.500 millones de euros es una cantidad importante. Todavía no lo hemos logrado, tenemos que encontrar todavía entre 3.500 millones de euros y 4.000 millones”, dijo Sturnaras, al término de una reunión con el presidente de la República Carolos Papulias.
El ministro dijo que las negociaciones prosiguen con los expertos de la troika, UE-BCE-FMI, que concluyó el domingo una primera ronda de discusiones con los responsables griegos sobre estas nuevas medidas.
Los expertos de la troika, que deben regresar a Atenas a principios de septiembre, indicaron el domingo que se han producido “avances” en las negociaciones con los responsables griegos y que el gobierno se ha comprometido a ampliar los objetivos del plan de ajuste presupuestario dictado por la troika.
Según los acreedores, estas medidas son una condición previa para el desbloqueo en septiembre de un nuevo tramo de 31.500 millones de euros del segundo préstamo de de la UE y el FMI de 130.000 millones de euros concedido al país en febrero.
Las negociaciones con la troika seguirán “hasta finales de agosto”, dijo Sturnaras, quien no excluyó el envío al paro parcial de 15.000 funcionarnois para finales de 2012.
Grecia se comprometió a reducir el sector público en 150.000 funcionarios para 2015, según el segundo plan de rescate adoptado por la UE-FMI.
Estas nuevas medidas que se suman a las que el país ha venido adoptando en los últimos dos años, que incluyen nuevos recortes salariales y de las pensiones, ya han provocado la indignación de los sindicatos y del principal partido de la oposición de izquierda radical Syriza.
El poderoso sindicato privado (GSEE) calificó recientemente el plan de la troika de “placebo que ha agravado la recesión y el desempleo con consecuencias dramáticas para la sociedad”.
Este ahorro forma parte del paquete total de reducción de gastos públicos de 11.500 millones de euros reclamados por los acreedores, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para los próximos dos años, y que debe ser adoptado por el gobierno para septiembre.
“Los 11.500 millones de euros es una cantidad importante. Todavía no lo hemos logrado, tenemos que encontrar todavía entre 3.500 millones de euros y 4.000 millones”, dijo Sturnaras, al término de una reunión con el presidente de la República Carolos Papulias.
El ministro dijo que las negociaciones prosiguen con los expertos de la troika, UE-BCE-FMI, que concluyó el domingo una primera ronda de discusiones con los responsables griegos sobre estas nuevas medidas.
Los expertos de la troika, que deben regresar a Atenas a principios de septiembre, indicaron el domingo que se han producido “avances” en las negociaciones con los responsables griegos y que el gobierno se ha comprometido a ampliar los objetivos del plan de ajuste presupuestario dictado por la troika.
Según los acreedores, estas medidas son una condición previa para el desbloqueo en septiembre de un nuevo tramo de 31.500 millones de euros del segundo préstamo de de la UE y el FMI de 130.000 millones de euros concedido al país en febrero.
Las negociaciones con la troika seguirán “hasta finales de agosto”, dijo Sturnaras, quien no excluyó el envío al paro parcial de 15.000 funcionarnois para finales de 2012.
Grecia se comprometió a reducir el sector público en 150.000 funcionarios para 2015, según el segundo plan de rescate adoptado por la UE-FMI.
Estas nuevas medidas que se suman a las que el país ha venido adoptando en los últimos dos años, que incluyen nuevos recortes salariales y de las pensiones, ya han provocado la indignación de los sindicatos y del principal partido de la oposición de izquierda radical Syriza.
El poderoso sindicato privado (GSEE) calificó recientemente el plan de la troika de “placebo que ha agravado la recesión y el desempleo con consecuencias dramáticas para la sociedad”.
"Capitalismo en serio": las masacres sociales (3)
Francia: La firma PSA Peugeot Citroen despedirá ocho mil obrerxs en los próximos años
por Kaos. Laboral y economía
Miércoles, 08 de Agosto de 2012 02:20
La firma PSA Peugeot Citroen, cuyas ventas de autos a nivel europeo
bajaron de 16 millones, en 2007, a 13 millones, este año, con una
pérdida de 819 millones de euros, decidió despedir a ocho mil obreros en
los próximos años.
Los consorcios empresariales franceses
responden a la contracción económica con medidas para rebajar costos a
través de la reducción de la mano de obra, lo cual tiene hoy un impacto
negativo en el mercado laboral.
Un reportaje sobre las consecuencias de
la crisis en la Unión Europea en las grandes corporaciones galas pone en
evidencia la estrategia destinada a sacrificar puestos de trabajo para
mantener los niveles de ganancia.
El texto, publicado en el diario Le
Figaro, expone el caso emblemático de la firma PSA Peugeot Citroen,
cuyas ventas de autos a nivel europeo bajaron de 16 millones en 2007 a
13 millones este año, con una pérdida, según los directivos, de 819
millones de euros en el primer semestre de 2012.
Para enfrentar esta coyuntura, el
consorcio decidió despedir a ocho mil obreros en los próximos años y
cerrar la fábrica de Aulnay, una medida que causó gran rechazo en los
medios sindicales, políticos y gubernamentales del país.
La baja en la producción de autos
impacta en uno de sus proveedores de materia prima, como lo es la
industria siderúrgica, y con ese pretexto los propietarios de la acería
AcerlorMittal apagaron en 2011 los altos hornos de su planta de Florange
y amenazan con cerrar otros sitios.
Miles de empleados están en vilo porque
temen que la medida, anunciada como temporal, sea en realidad un
proyecto para una clausura definitiva.
La situación se repite en otros
sectores, como el transporte aéreo, la avicultura, la telefonía y la
farmacéutica, en los cuales la tónica es la reducción de gastos para
mantener los niveles de ganancias.
El artículo revela, sin embargo, que
esta estrategia empresarial tiene a la larga un resultado negativo para
la economía porque, ante la precariedad laboral, las familias optan por
reducir sus gastos, sobre todo en productos no prioritarios.
Según el texto, en febrero de este año
el consumo de los hogares franceses cayó en 2,6 por ciento y en los tres
meses siguientes apenas tuvo una mínima evolución de 0,5 puntos.
Dicho fenómeno fue citado recientemente
por el Observatorio Francés de Coyuntura Económica en un informe en el
que aseguró que las medidas de ajuste, de manera particular el despido
de empleados, repercuten negativamente en el crecimiento y crean un
efecto de círculo vicioso.
"Capitalismo en serio": las masacres sociales (4)
La catástrofe alimentaria: un crimen del capitalismo
por Lutte Ouvrière
Miércoles, 08 de Agosto de 2012 12:45
Los especuladores no son unos desconocidos. Una decena de sociedades
riquísimas controlarían el 85% de los intercambios mundiales de bienes
alimentarios
En un mes, los precios mundiales del trigo acaban
de aumentar un 50% y los de maíz un 45%, nueva catástrofe en un mundo
donde más de mil millones de personas pasan hambre. Tanto más
indignante cuanto que la producción mundial de cereales nunca ha sido
tan elevada. Alcanza este año 2.400 millones de toneladas, 500 millones
más que hace diez años, es decir un aumento dos veces más rápido que la
población mundial.
Pero basta que las previsiones de futuras cosechas de
maíz, que deberían batir records, sean revisadas ligeramente a la baja,
debido a la sequía en los EE.UU., para que los precios se disparen. Una
gran parte de la producción es negociada en los mercados bajo la forma
de contratos a fecha fija. Estos representan un compromiso de venta de
una determinada cantidad a aquel que posee el contrato, en una fecha
establecida. Así, si los especuladores anticipan una baja de la
producción en relación a las expectativas previstas, éstos se lanzan
sobre los contratos correspondientes cuyos precios se van a disparar. Y
la subida de los precios estipulados provocará también la subida
instantánea de los precios del producto aun cuando no exista ninguna
penuria alimentaria real.
Los especuladores no son unos desconocidos. Una
decena de sociedades riquísimas controlarían el 85% de los intercambios
mundiales de bienes alimentarios: por ejemplo Monsanto, líder del maíz y de los alimentos para el ganado, o Cargill (25% del trigo comercializado en el mundo), o también Louis Dreyfus
(31% de comercio del arroz). Para ellas, esta situación es un estupendo
negocio. Sin embargo, es un drama para la población, como la del Sahel,
donde 18 millones de personas sufren ya hambre. Las ultimas semanas, la
especulación internacional ha tenido consecuencias directas sobre los
mercados de las ciudades de las región, como Niamey o N´Djamena, donde
los precios de los cereales han aumentado ya un 30% y más.
Hace dos siglos, Fourier denunciaba la sociedad capitalista que se establecía, donde “la pobreza nace de la misma abundancia”.
Esto sigue siendo desgraciadamente verdad, y a una escala todavía
mayor. Fourier deducía de ello la necesidad de cambiar radicalmente la
sociedad. Hoy es aún más urgente.
Serge Fauveau
Traducción de F.P.
Pedro Páez, economista: “Desde la imposición de las políticas neoliberales han habido 267 crisis financieras”
Economista ecuatoriano a cargo
de impulsar el Banco del Sur y el Sucre, moneda única para la región,
llama a superar las viejas instituciones financieras como el FMI, el
Banco Mundial y el BID. También da cuenta de los intereses tras los
planes de ajuste en los países europeos, de las inimaginables cifras con
que los Estados vienen salvando a la banca desde la crisis del 2008 y
apuesta por la integración regional.
Pedro Páez viene de
vuelta. Ecuatoriano de nacimiento terminó su PhD en Economía de la
Universidad de Texas en Austin y es profesor visitante en universidades
en Estados Unidos y en Francia. Miembro de la Comisión de Expertos de
las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera, presidida por el Nobel
de Economía, Joseph Stiglitz, fue convocado para integrar el Grupo de
expertos de París en Regulación Financiera para el G20. Si su
generación de economistas aprendió de memoria el rosario neoliberal y se
dedicaron a aplicarlo en sus países de origen, Páez optó por otros
rumbos.
Alejado de los lugares comunes del
estímulo de la competitividad vía mejorar las condiciones para la
inversión extranjera de sus pares criollos, Páez fue Ministro
Coordinador de la Política Económica y Viceministro de Economía y
Finanzas del gobierno del presidente Rafael Correa. Hoy está abocado a
impulsar el Banco del Sur y la unidad monetaria del continente a partir
de la nueva moneda regional, el Sucre.
Un argumento recurrente en Chile
dado por los economistas neoliberales es que no es viable invertir en
industrializar ¿es válido eso?
- Esa es la versión histórica del libre
comercio propagada por los británicos. Recordemos que la lucha de los
sectores modernizantes en Europa era un libre comercio libre de
monopolios y de la usura de los bancos. En los siglos XVI a XVIII se
tendió a superar eso para el florecimiento de las fuerzas productivas y
fue trastocándose la versión británica del libre comercio, para la que
los intereses comerciales son una carrera de todos abaratando los
costos, lo que repercute en el abaratamiento de la fuerza de trabajo y
la degradación de la naturaleza.
¿Cómo se ha insertado América Latina en ese contexto?
- Su inserción en el mercado mundial
desde la Conquista ha sido desde la imposición por la violencia de qué
es lo que podemos producir y qué es lo que no podemos producir. Desde
entonces todos los proyectos nacionales han sido saboteados por esta
coalición de fuerzas internas y externas que pretenden un proceso de
apertura en detrimento de la construcción de capacidades productivas
nacionales. El proceso de desindustrialización que ha sufrido Chile es
paradigmático.
EL ROSARIO DE LA COMPETITIVIDAD
En Chile nos han metido mucho el concepto de ‘competitividad’. Es como el rosario de los economistas.
- Sin duda, esa es la Biblia. Los
libros de economía están fundamentados en ese dogma sin tomar en cuenta
las condiciones estructurales de la generación de ingresos. Los
ejemplos de desarrollo más exitosos del propio capitalismo han estado
ligados a generación de ingresos endógenas. Por ejemplo, las políticas
de altos salarios en Estados Unidos con niveles sectoriales de
protección efectiva a los trabajadores, permitieron sostener un buen
desarrollo de las fuerzas productivas. Uno puede encontrar estadísticas
de mejoras en ese país en los promedios anuales de los salarios desde
1820 hasta 1970. En Alemania todos los periodos que han estado ligados a
un crecimiento rápido se ligan con momentos de aumentos importantes de
los salarios. El caso de los años dorados de la postguerra, tanto en el
norte como en el sur del mundo, estuvo ligado el aumento del consumo de
las masas. La historia de la economía moderna está llena de este tipo de
ejemplos que han sido silenciados por el discurso neoliberal. Los
mismos textos de economía lo invisibilizan en beneficio de esta visión
de libre comercio que plantea la competitividad como una carrera que
degrada las condiciones de vida de la gente bajando sus salarios y las
protecciones ambientales.
¿Qué efectos tenemos hoy de la aplicación de esas políticas?
- Estamos hoy en una crisis mundial de
sobreproducción que se viene dando hace 40 años y la respuesta que se
está dando es asfixiar mercados. Cualquier empresario sabe que no se
puede hacer negocios sin mercados. Es imposible que todo el mundo
pretenda sobre la base de la ‘competitividad’ arrebatar la porción de
mercado del vecino. Si todo el mundo está reduciendo costos, no va a
haber ingresos suficientes para comprar toda la producción.
LA CRISIS COMO FICCIÓN POLÍTICA
¿Qué te parecen las medidas de austeridad, como le llaman ahora, promovidas por la Unión Europea en Grecia?
- Es parte de este fundamentalismo de
mercado que no tiene gran sustento lógico ni histórico. Si el problema
es la tremenda sobreproducción que hay, es imposible que se resuelva
cortando el gasto público, reduciendo los salarios, la capacidad de
otros países de comprar, achicando los mercados. Creo que este tipo de
alternativas tienen un trasfondo político muy fuerte y están ligados a
un proceso de concentración y centralización de capitales. La
consecuencia de esto, requiere doblegar a los pueblos a situaciones de
miseria. El sálvese quien pueda y el hombre como lobo del hombre son el
objetivo final de este tipo de políticas.
En la crisis económica que se arrastra desde 2008 los Estados terminaron salvando a la banca…
- La experiencia chilena fue una de las
primeras. El primer salvataje masivo que dio el Estado chileno a los
bancos a principios de los ’80 contradice la ideología de Milton
Friedman y los Chicago Boys, que bendicen la pureza del mercado y exigen
que el Estado se retraiga de participar en el proceso económico. En
Chile hubo una inyección masiva de recursos fruto de una incompetencia e
inoperancia de los banqueros y de los grandes monopolios que se
beneficiaron del proceso de concentración masivo de la riqueza producido
durante los primeros años de Pinochet. Y en otros ámbitos es mentira
que el Estado se haya retraído porque en Chile ha estado participando
directamente en la represión, en la destrucción de las instituciones, en
el cambio de las leyes, en la domesticación de la población, en el
proceso de redistribución regresiva del ingreso y en generar privilegios
para las trasnacionales y los monopolios locales, con los
correspondientes salvatajes cuando esto hace crisis.
¿Y el establishment económico no se ha enterado de esto?
- En el caso de América Latina estos
episodios se han dado con regularidad. Los propios investigadores del
FMI tienen un estudio que dan cuenta que desde la imposición de las
políticas neoliberales han habido 267 crisis financieras en el mundo
antes de la explosión de Lehman Brothers. No pueden decir que las crisis
sean una especie de ocurrencia rara, sino que al contrario es una
regularidad, es un mecanismo para cambiar la correlación de fuerzas, de
domesticar a la economía local.
En el caso de las crisis de los años 90
en América y la de los tigres asiáticos, el salvataje de los Estados
dados a los bancos para pasar la borrachera luego de la orgía que
tuvieron concentrando propiedades, está en alrededor de un 25% del PIB
repartido en 2 ó 3 años. En 2008, en Estados Unidos son 16 billones, o
sea 16 millones de millones de dólares, entregado a un puñado de bancos.
Tampoco son públicas las cifras de rescate a la banca norteamericana.
- Una primera auditoría a la Reserva
Federal norteamericano, pedida por el senador Bernie Sanders y publicada
hace un año atrás, calcula en $16.000.000.000.000 de dólares el monto
del rescate, claro que ha sido sepultada por la academia y los medios de
comunicación. Otro cálculo, hecho por la Universidad de Kansas City,
Missouri, han computado recientemente hasta 29 billones de dólares, lo
cual significaría que Estados Unidos ha entregado el 200% del PIB del
país a la banca. El monto de los recursos es gigantesco. Es el
equivalente al ingreso anual del 97% de la población mundial. Son
recursos que han sido traspasados con un clic de la computadora.
La cifra deja mudo…
- O sea, estamos hablando de una
transformación estructural no sólo en el funcionamiento de la economía,
del valor, sino que también del poder. 200% del PIB entregados a los
bancos que crearon la crisis y nada ha cambiado en términos
estructurales. Para tener una idea de lo que estamos hablando, cuando
hablamos de millones y millones de dólares, si tuviéramos que
físicamente contar los billetes de un dólar cada segundo, necesitaríamos
32 millones de años para poder contar sólo 1 de esos billones. Es algo
absolutamente que está fuera de proporciones.
Con esa plata demás que los bancos quedaron bien parados.
- Un test de estrés financiero hecho por
la Reserva Federal hace poco acusa que de los 19 bancos en Estados
Unidos, 4 están por caer. ¡Con toda la inyección de recursos entregada,
aún 4 de los más grandes bancos de Estados Unidos siguen en problemas!
Bancos como el Citygroup fallan esta prueba, la que también está
manipulada porque no toman en cuenta los derivados financieros que son
el verdadero cáncer de la actual economía. De los bancos que
supuestamente estaban bien, menos de un mes después nos enteramos que el
JP Morgan Chase, el más grande del mundo, reconoce que están perdiendo
plata. Los medios financieros también saben que el Banco HSBC también
esté en problemas. Si los bancos tienen una insolvencia estructural.
¿Y esa plata de dónde la sacaron los Estados o sólo firmaron el cheque sin respaldo en la economía real?
- Cuesta aceptar el hecho de que pueda
generarse dinero, medios de pago y capacidad de compra real así. Resulta
que es lo hacen a través de un click de la computadora, manejo
contable. Estamos hablando de un proceso que algunos analistas
norteamericanos llaman la creación de un ambiente criminogénico, un
ambiente que genera sistemáticamente crimen en las altas esferas del
poder y de la economía.
Entonces ¿están inflados los papeles financieros por sobre la economía real?
- Exactamente. Los datos que disponemos,
pese a que no hay estadísticas oficiales al respecto, señalan que el
PIB mundial están en alrededor de 63 billones de dólares, las deudas
están en 212 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de deudas
que representan más de 3 veces el PIB mundial. Claro que si incluimos la
economía ficticia de los derivados financieros, la relación es de 1500
a 63, o sea, más de veinte y pico veces el PIB mundial. O sea, el
volumen de deudas creadas en las altas esferas de las finanzas ha
perdido todo tipo de proporción y de correlación respecto del
funcionamiento de la economía real y se han convertido en una
hipertrofia parasitaria imposible de ser resuelto según las reglas
actuales.
Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano
Este jueves hay paro general parcial convocado por el PIT-CNT
08.08.2012
MONTEVIDEO (Uypress) – El primer paro general parcial de este año será el jueves entre las 9 y las 13 horas, de acuerdo a la convocatoria lanzada por la central de trabajadores. El acto central tendrá tres oradores: Pablo Cabrera (COFE), Óscar Andrade (SUNCA) e Ismael Fuentes (FUECYS).
El paro general parcial que había sido convocado en principio para el jueves 2 de agosto y se suspendió por los anuncios de mal tiempo, se realizará, de acuerdo a lo previsto, el jueves 9 de agosto entre las 9 y las 13 horas.La concentración comenzará a las 10 de la mañana en la plaza Cagancha y desde allí se marchará hasta 18 de Julio y Andes, donde estará el estrado. Los trabajadores municipales, nucleados en ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales) se plegarán a la marcha desde la explanada de la Intendencia, en 18 de Julio y Ejido.
Los oradores, según información publicada por La Diaria, serán Pablo Cabrera, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE); Óscar Andrade, del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), e Ismael Fuentes, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS).
Según Montevideo Portal, el dirigente Ismael Fuentes adelantó que su intervención se centrará “en los salarios bajos. Estamos hablando de más de 600.000 trabajadores que ganan menos de $10.000 líquidos. Esos salarios deben seguir creciendo sustancialmente y no pueden haber recortes como plantea la Cámara de Comercio. También vamos a hablar sobre las condiciones de trabajo y la violencia doméstica. Sobre este tema, destacar que aumentaron la cantidad de denuncias y es bueno porque se sabe más de lo que se sabía. El apoyo a la libertad del aborto y una serie de leyes laborales que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo, como por ejemplo un fondo de garantía cuando las empresas cierran y una ley que penalice las muertes por inseguridad en el trabajo. El centro de nuestro discurso lo vamos a ubicar en la necesidad de desarrollar el país con más capacitación, educación e inversión publica y privada”.
La mayoría de los sindicatos cumplirán con el paro en el horario establecido, pero algunos sectores, como Primaria y Secundaria, pararán durante todo el día.
Los trabajadores del transporte, nucleados en la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) adhieren al paro pero los servicios no se verán afectados.
s.p.
Paro general parcial por Rendición de Cuentas y negociación colectiva
Movilización. Habrá ómnibus y paran escuelas y liceos de Montevideo
El primer paro general parcial del año del Pit-Cnt tendrá lugar mañana y dejará sin clases a los alumnos de escuelas y liceos de Montevideo. El transporte colectivo no detendrá los servicios. Habrá marcha por 18 y acto en la Plaza Independencia.
Con la consigna de "más trabajo, más salario, más desarrollo productivo con mayor distribución de la riqueza", el Pit-Cnt se plantea para mañana jueves el primer paro general parcial del año. La medida comenzará a las 9 horas y culminará a las 13, aunque algunos sindicatos la extenderán hasta el final del día. Está previsto que desde las 10 horas se concrete una marcha que irá desde la calle Ejido hasta la Plaza Independencia. Allí se desarrollarán cuatro discursos a cargo de algunos de los dirigentes de sindicatos que ya se están movilizando.
Los oradores centrales serán Pablo Cabrera del sindicato de Salud Pública (FFSP), Jorge Bermúdez de la Salud Privada (FUS), Óscar Andrade de la construcción (Sunca) e Ismael Fuentes del comercio (Fuecys).
Los dos sindicatos de la salud se encuentran en pie de guerra. Los públicos se encuentran al borde de confirmar la huelga general y los privados están negociando en el consejo de salarios del sector.
En tanto, la construcción está viviendo serios problemas en relación a los problemas financieros que atraviesan los principales inversionistas del sector por efecto de la crisis europea y la limitación a la salida de dólares de Argentina.
Por lo general, en los paros parciales la enseñanza adhiere pero no hace paro en el entendido que es "impracticable" cortar los horarios de clase, señaló un dirigente del sector. Sin embargo, en esta ocasión está resuelto que en Montevideo no habrá clases en Primaria y Secundaria.
En el interior habrá movilizaciones puntuales. UTU para en todo el país. La Rendición de Cuentas que se discute en el Parlamento hizo cambiar la tradición en la enseñanza, por eso es que el paro será de 24 horas en Primaria y Secundaria de la capital y en las escuelas de UTU de todo el país.
El sindicato de la enseñanza privada (Sintep) se suma al paro y a las movilizaciones de la central. Al respecto, el gremio resolvió que cada núcleo sindical de base está facultado para ampliar la afectación del paro. Recomiendan a los padres consultar a los docentes.
El sindicato del transporte (UNOT) resolvió adherirse a la medida pero no detener los servicios, según explicó el dirigente Oilcar Camaño. En ese caso, la norma no escrita del sindicalismo es que el transporte colectivo no debe para cuando se planifican marchas o movilizaciones masivas.
Estaba previsto que el paro que se cumplirá mañana se realizara el 2 de agosto. En ese momento el dirigente Juan Castillo aprovecharía para pronunciar su último discurso como dirigente sindical, ya que dos días después renunciaría a la coordinación del Pit-Cnt y asumiría una de las tres vicepresidencias del Frente Amplio.
Sin embargo, los pronósticos meteorológicos consultados por los dirigentes de la central indicaban que el día 2 habría viento y lluvia, por lo que resolvieron posponer el paro, las movilizaciones y la despedida de Castillo.
El sindicato del Correo consultó otro pronóstico y mantuvo su movilización frente a la Torre Ejecutiva para el día 2 al mediodía. Fue un día despejado hasta las 16.30.
La despedida de Castillo tendrá lugar el próximo viernes en el local central del Pit-Cnt. Mediante un comunicado, el secretariado ejecutivo informó que se realizará un brindis para "desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de lucha".
Castillo estuvo 17 años en el máximo organismo del Pit-Cnt, cinco de ellos en la coordinación. Se anuncia que hará uso de la palabra el dirigente Fernando Pereira, integrante de la corriente Articulación, enfrentada a la de los comunistas que integra Castillo.
CARTAS. El secretariado ejecutivo del Pit-Cnt resolvió ayer enviar una carta al Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo (MTSS) en el que solicitará que se "cuide" la relación con los trabajadores del Estado.
Las máximas autoridades de la central también enviarán por escrito sus quejas al Ministerio de Educación (MEC) por el episodio que involucró al director de la Biblioteca Nacional y el sindicato del organismo.
El País Digital
Un sabio pensamiento…
08
ago
Movilizacion FUS julio 2012
http://youtu.be/xz-hLJC_p4EMañana es el turno de…
08
ago
Prioridad oficial
En el Uruguay, solo uno de cada cien trabajadores rurales sabe que tiene derecho a salario vacacional
El MTSS presentó a la Unidad de Empleo Rural, que reunirá a los diversos organismos relacionados con la temática. El ministro Eduardo Brenta, resaltó que solo el 1%, de los 175 mil trabajadores rurales que hay en el país, sabe que tiene derecho al salario vacacional y que el 50% está enterado que debe percibir aguinaldo. Esta situación amerita un esfuerzo coordinado por parte del Estado, dijo.
Martes 07 de agosto de 2012 | 9:16 La República
EsquiladoresSegún un informe presentado en la ocasión, por la Dirección de Evaluación y Monitoreo del ministerio, actualmente hay 175 mil trabajadores rurales de los cuales el 50% son agricultores calificados del área forestal, agro y pesca; el 33% peones agropecuarios, forestales y de la pesca, y el resto lo componen operarios de diversos rubros.
El 52% trabajan como asalariados privados, (mozos de labranza, criadores de ganado y cocineros y el 28% lo hace por cuenta propia como criadores de ganado, agricultores, trabajadores de huertas y viveros.
Otro aspecto que se menciona es el bajo nivel educativo de estos trabajadores: 56,5% tiene 6 años o menos de escolaridad y el 24,1% cursó educación primaria.
El 55% vive y trabaja en el medio rural, el 6% lo hace en Montevideo y el 28% vive en ciudades de más de 5 mil habitantes.
Se observa un incremento en el uso de la tecnología (con respecto a estudios anteriores), ya que el 82% utiliza un celular, el 26% declaró usar alguna PC y el 23 % dijo haber ingresado en Internet en el último mes, mayormente la población joven.
Otros datos que arroja el estudio es que el 65% de los trabajadores rurales tiene cobertura de salud privada y casi el 67% aporta a la seguridad social, siendo los patrones los que más aportan (88%)) y los asalariados el 74%.
En cuanto al nivel salarial, el informe expresa que la remuneración de estos operarios es de $58,4 la hora, con lo cual se ubican en las ramas que perciben menores ingresos. No obstante se observa una importante variación con respecto al 2011 del 18%, debido a las distintas medidas impulsadas por el Gobierno.
Consejo de Salarios priorizará los bajos salarios
El Ministro Eduardo Brenta, expresó que la próxima ronda del Consejo de Salarios priorizará a los trabajadores con salarios más bajos, entre los cuales se incluyen los rurales. Asimismo, reconoció una gran heterogeneidad dentro del sector en cuanto a salarios y capacitación lo cual hace imprescindible mejorar las condiciones generales de estos trabajadores para continuar con el crecimiento experimentado en los últimos años.La unidad que se presenta en la jornada, coordinará los esfuerzos de las diversas instituciones y organizaciones relacionados con la temática. “Nos sentimos en deuda con estos trabajadores a pesar de los avances de los últimos años”, dijo y agregó: “solo un 1% sabe que tiene derecho al salario vacacional y el 50% que tiene derecho al aguinaldo”.
Por su parte, el director nacional de Empleo, Eduardo Pereyra explicó que el desafío de esta unidad, es mejorar el desempeño y la efectividad de las distintas políticas que se aplican, para obtener el máximo nivel de integralidad.
Reconoció que el trabajador rural tiene un bajo nivel de sindicalización, y que es un sector donde existe gran informalidad, factores muy importantes para el ministerio y las demás organizaciones interesadas en mejorar revertir estos índices.
Fernando Casanova, coordinador técnico de la OIT, destacó la conformación de esta unidad como un gran paso que da el país hacia la innovación y el cuidado de los derechos de todos sus ciudadanos. En este sentido, recordó que Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio de trabajadores domésticos. PRESIDENCIA
Dossier del Blog El Muerto
miércoles, 8 de agosto de 2012
Trabajadores esquilados
Un tercio de los trabajadores rurales está en negro
El Ministerio de Trabajo lanzó la Unidad de Empleo Rural para supervisar las condiciones laborales en el sector
De los 175.000 trabajadores rurales identificados en Uruguay, un tercio está en negro y su salario es de $ 58 la hora. La mitad no sabe que tiene derecho al aguinaldo, y sólo 1% conoce la existencia del salario vacacional. Los datos forman parte de un informe presentado este martes por la Dirección de Evaluación Monitoreo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), divulgado en ocasión del lanzamiento de la Unidad de Empleo Rural. La nueva oficina intentará supervisar las condiciones laborales en el sector, y acompañar el impulso que el gobierno pretende darle al trabajador rural en la próxima ronda de Consejos de Salarios.
Del universo de trabajadores en el medio rural, 50% son agricultores calificados del área forestal, agro y pesca; 33% son peones agropecuarios y de la pesca; y el resto pertenecen a diversos rubros.
Según los datos oficiales, 65% de los trabajadores tiene cobertura de salud privada y casi 67% aporta a la seguridad social, siendo los patrones los que más aportan (88%) y los asalariados 74%.
El nivel salarial de los operarios se situó en $ 58,4 por hora, en promedio, lo cual representa una de las ramas que perciben menores, destacaron las autoridades al presentar los datos en Torre Ejecutiva. De todos modos, agregaron las autoridades, la variación salarial en lo que va de 2012, con respecto a 2011, fue de 18%.
El nivel educativo de los trabajadores rurales aparece también como un punto negativo de los datos difundidos por el gobierno este martes. Se indica que 56,5% terminó la escuela o la dejó por el camino, y 24,1% llegó a cursar educación primaria.
Finalmente el estudio muestra un incremento en el uso de aparatos tecnológicos por parte de los trabajadores del sector. El 82% utiliza celular, 26% declaró haber utilizado alguna vez una computadora, y 23% admitió haber ingresado a Internet en el último mes.
“Nos sentimos en deuda con estos trabajadores, a pesar de los avances de los últimos años”, dijo el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
Miercoles 8 de Agosto, 2012 En el Uruguay, solo uno de cada cien trabajadores rurales sabe que tiene derecho a salario vacacional
El MTSS presentó a la Unidad de Empleo Rural, que reunirá a los diversos organismos relacionados con la temática. El ministro Eduardo Brenta, resaltó que solo el 1%, de los 175 mil trabajadores rurales que hay en el país, sabe que tiene derecho al salario vacacional y que el 50% está enterado que debe percibir aguinaldo. Esta situación amerita un esfuerzo coordinado por parte del Estado, dijo.
Esquiladores
En la sala de prensa de la Torre Ejecutiva, se presentó en la tarde del martes 7 la Unidad de Empleo Rural, en la que participarán los distintos organismos involucrados en la temática, como INEFOP y BPS entre otros. Su función será supervisar las condiciones laborales del trabajador rural.
El 52% trabajan como asalariados privados, (mozos de labranza, criadores de ganado y cocineros y el 28% lo hace por cuenta propia como criadores de ganado, agricultores, trabajadores de huertas y viveros.
Otro aspecto que se menciona es el bajo nivel educativo de estos trabajadores: 56,5% tiene 6 años o menos de escolaridad y el 24,1% cursó educación primaria.
El 55% vive y trabaja en el medio rural, el 6% lo hace en Montevideo y el 28% vive en ciudades de más de 5 mil habitantes.
Se observa un incremento en el uso de la tecnología (con respecto a estudios anteriores), ya que el 82% utiliza un celular, el 26% declaró usar alguna PC y el 23 % dijo haber ingresado en Internet en el último mes, mayormente la población joven.
Otros datos que arroja el estudio es que el 65% de los trabajadores rurales tiene cobertura de salud privada y casi el 67% aporta a la seguridad social, siendo los patrones los que más aportan (88%)) y los asalariados el 74%.
En cuanto al nivel salarial, el informe expresa que la remuneración de estos operarios es de $58,4 la hora, con lo cual se ubican en las ramas que perciben menores ingresos. No obstante se observa una importante variación con respecto al 2011 del 18%, debido a las distintas medidas impulsadas por el Gobierno.
Y cuántos trabajadores rurales habrá en Uruguay que sepan que tienen el Derecho a la Tierra ?
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Dossier del Blog El Muerto
miércoles, 8 de agosto de 2012
40 testimonios denuncias torturas en el FUSNA
SE PRESENTARON 40 TESTIMONIOS
Denuncian torturas en el Fusna durante dictadura
La Justicia recibió una nueva denuncia por “torturas” en centros de detención de la dictadura uruguaya, esta vez, en la sede del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna). Más de 40 testimonios de ex presos políticos narran los “tratos degradantes” perpetrados en el centro.
Crysol, una organización de ex presos políticos uruguayos,
presentó la pasada semana una nueva denuncia penal por “torturas” y “tratos
degradantes” perpetrados en la sede del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna),
entre 1972 y 1985, donde narra con detalle los tormentos sufridos por los ex
presos políticos, hombres y mujeres, en dicho centro de detención.
La denuncia, patrocinada por los abogados Pablo Chargoñia y
Florencia Retamosa, recopila más de 40 testimonios de ex presos políticos sobre
los tratos “inhumanos y degradantes” y “torturas” perpetrados en el Fusna,
dependiente de la Armada
nacional.
En este sentido, el escrito recoge el cúmulo de información
recopilada sobre los tratos degradantes perpetrados en la base naval, incluido,
los testimonios de ex presos políticos y los propios militares, por la Justicia uruguaya, en el
marco de la indagatoria penal por el traslado clandestino de ex presos
políticos en 1978, y el relato del ex marino Jorge Tróccoli (prófugo de la Justicia uruguaya).
Asimismo, se ofrece la declaración del ex marino Daniel Rey Piuma, cuyo
testimonio permitió desentrañar los hechos ilícitos cometidos en dependencias
de la Armada.
La denuncia presentada por los ex presos políticos reclama
la calificación de los ilícitos cometidos por el personal militar como
“crímenes de lesa humanidad” y, por ende, imprescriptibles y de juzgamiento
obligatorio para los Estados. La indagatoria será tramitada por el juez Penal de
21º Turno, Daniel Ohanian, y la fiscal Raquel González.
Tratos crueles
La denuncia realiza un pormenorizado detalle de la
estructura jerárquica del Fusna y las actividades represivas desarrolladas en
la base naval, la cual fue caracterizada en el expediente penal por el traslado
clandestino de presos políticos en 1978 (donde fueron juzgados el ex dictador
Gregorio “Goyo” Álvarez y el capitán de navío –r- Juan Carlos Larcebeau) y por
el testimonio de los algunos militares.
La indagatoria penal tramitada por el juez Luis Charles y la
fiscal Mirtha Guianze permitió desentrañar los nexos entre la Armada uruguaya y la Armada argentina, en el
marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor, así como los operativos
contra los grupos “subversivos” impulsados por los servicios S-2 (“inteligencia
militar”) de la Armada. La
investigación permitió confirmar la existencia de “la computadora”, un
detallado organigrama de fichaje de grupos subversivos y sus integrantes,
conformado por detenidos “colaboradores”, y agentes del S-2 y del propio Fusna.
Asimismo, la denuncia narra los tormentos físicos y
psicológicos a los cuales eran sometidos los ex presos políticos y sus actuales
efectos. “Las secuelas en el cuerpo y en la psiquis fueron inevitables. Las
crisis emocionales se sucedieron, varias secuestradas debieron requerir
atención médica y una de ellas intentó suicidarse”. “Las víctimas
sobrevivientes hoy detectan enfermedades prematuras”, y muchas “compañeras
murieron aún jóvenes”, señala el escrito.
Los hechos narrados “constituyen prueba de una práctica
sistemática y planificada de persecución y tormento a opositores políticos
ejercida por agentes estatales en ejercicio de funciones abusivas e ilegítimas
que caracterizó el período de la actuación ilegítima del Estado y del
terrorismo de Estado”, lo cual implica una “violación planificada de derechos
humanos”.
“Quienes participaron de esas prácticas lo hacían como parte
de un aparato organizado en el que las tareas se distribuían para que el
conjunto operara conforme al designio de atormentar al detenido”, destaca. “La
situación de reclusión estuvo caracterizada por la aplicación de trato cruel,
inhumano y degradante, que formó parte de un modo de operación habitual. Al
secuestrado se lo torturaba sistemáticamente, tanto en situación de
‘interrogatorio’ como fuera de él”, agrega.
Por tanto, los delitos deben ser calificados como crímenes
de lesa humanidad, “imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y
persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los
derechos humanos y como garantía de no repetición”, expresa el escrito.
“Goyo”
La denuncia detalla diversos elementos recopilados en el
expediente penal por el traslado clandestino de presos políticos en 1978, que
culminó con la condena del ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, entre ellos, el
testimonio del ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio.
“El Fusna tenía una misión muy específica, mediante
investigación propia o datos que se le pasaban, tenía la misión de hacer allanamientos,
detener, investigar e interrogar a personas vinculadas a la sedición”, afirmó
Fernández Maggio ante el juez Penal de 19º. Turno, Luis Charles.
Miercoles 8 de Agosto, 2012
Rubio y Lev: "En el Fusna se torturó salvajemente"
“Barbarie”
“En el Fusna hubo verdaderos destrozos. En el año 1977 se detuvo a decenas de personas que fueron sometidos a brutales torturas. Esto es ampliamente conocido, hay testimonios y documentación”, dijo el senador Enrique Rubio.“Pero eso no sucedió solamente en ese período, sino en otros momentos del proceso dictatorial. Tengo muchos amigos, conocidos e incluso compañeros de la actividad política de aquella época que fueron sometidos a tratamientos que son una verdadera barbarie en el Fusna”, agregó Rubio, que estuvo vinculado a los GAU (Grupos de Acción Unificadora), fue detenido y procesado junto al extinto dirigente, Hector Rodríguez, en el año 73 –en el penal de Punta Carretas– recordó que en 1977 se realizó un operativo militar del Fusna contra el citado grupo político. “Allí se detuvo a muchos militantes de los GAU que estaban en el país y fueron llevados a la sede de los Fusileros Navales donde fueron torturados”. Rubio añadió que en el año 77, el profesor Ricardo Vilaró fue liberado del penal de Punta Carretas y vuelto a detener en el Fusna”, donde, “fue torturado salvajemente”.
El legislador frenteamplista también recordó que en esa unidad hubo un “entrelazamiento operativo con los centros de detención en Argentina, lo que se vincula con varios ciudadanos desaparecidos. Hay testimonios incontrastables en ese sentido por varios testigos que viven en nuestro país y en el exterior”.
Picanas y martillos
Por su parte, el actual diputado suplente de la Alianza Progresista y ex dirigente del Partido Comunista, León Lev, reiteró a LA REPUBLICA su traumática experiencia personal.Lev recordó que durante el pasado gobierno de Julio María Sanguinetti se entrevistó con el entonces subsecretario de Defensa, Nicolas Storace, quien “me informó que 15 días antes de mi detención, el jefe del Servicio de Información de Defensa era el general (Iván) Paulos”.
Lev fue detenido el 12 de marzo de 1979 y torturado en el Fusna. “Esto está escrito y lo voy a volver a decir cuantas veces sea necesario. Fui torturado, colgado, picaneado y también me martillaron la cabeza. Así que (si Coates) no sabe si se torturó, yo le puedo decir que fui torturado en un centro naval, cerca del Comando General de la Armada”.
Lev sostuvo que en la sede del Fusna “también se violaron mujeres. Se hicieron las cosas igual que en el resto de los centros de detención de la dictadura, donde no había ninguna defensa legal”.
Un pasado no tan inmaculado: Los mandos, el Fusna y los vuelos clandestinos
Brecha
Dos de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que el 8 de agosto entregaron sus informes al presidente Tabaré Vázquez sobre las violaciones a los derechos humanos, participaron directamente en ese tipo de acciones. Pero ninguno de ellos fue objeto de sanción alguna en su carrera militar y llegaron sin dificultad a la cúspide.
Según reveló Búsqueda (miércoles 24), el comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, admitió que el 24 de julio de 1976 fue copiloto del vuelo clandestino que trasladó a Montevideo a 24 uruguayos que estaban presos en Orletti, los cuales en su mayoría fueron procesados por la justicia militar uruguaya y recluidos en Libertad y Punta Rieles. Por su parte, el comandante de la Armada, Tabaré Daners, fue identificado por su actuación en el Fusna, entre otros, por el médico Raúl Lombardi, quien brindó su testimonio a BRECHA.
Entrevistado por Emiliano Cotelo en El Espectador, el martes 16, Daners sostuvo: "Lamentablemente ocurrieron circunstancias o hechos que, por supuesto, no son motivo de orgullo, pero también es cierto que eso no respondió a una conducta habitual institucional, sino a la de determinadas personas". En esa entrevista Daners precisa cuál fue su responsabilidad en el Fusna: dice que entre 1975 y 1979 fue jefe de la Unidad de Instrucción -como S 1, la Sección Personal del Estado Mayor, y S 4, Logística del Estado Mayor-, y que entre 1979 y 1980 fue segundo comandante de ese mismo cuerpo.
Admite que en esa repartición se aplicaron torturas en forma sistemática, aunque les llamó "apremios físicos", y dijo que en su informe al presidente Tabaré Vázquez ese reconocimiento se hace de modo implícito, al referirse a los procedimientos e interrogatorios que se efectuaban. También afirmó Daners: "Es doloroso tener que estar removiendo cosas que no son gratas, que en muchos casos evidentemente atañen a ex integrantes de la institución que han cometido hechos que no son justificables; yo no los justifiqué en su momento, no los justifico ahora ni los justificaré nunca".
En otra entrevista, Daners precisó que en el Fusna se desempeñó también como "juez sumariante". En declaraciones formuladas a Subrayado (Canal 10), el domingo 21, el dirigente de la construcción Miguel Guzmán, detenido en esos años en el Fusna como militante de los gau, dijo haber reconocido al actual comandante Daners cuando lo interrogó como juez sumariante y señaló que en esa oportunidad conservaba aún muy claras las marcas de las torturas de las que fue objeto durante su detención en esa dependencia de la Armada.
En estas páginas se reproduce el facsímil de un acta en la cual Daners firma como juez sumariante, así como el testimonio exclusivo que brindó a BRECHA el médico Lombardi, quien estuvo detenido en el Fusna desde junio de 1978 hasta enero de 1979. Una vez procesado por la justicia militar por el delito de asociación para delinquir, fue trasladado al penal de Libertad, donde permaneció recluido hasta agosto de 1984. Lombardi es médico nefrólogo e intensivista, fue vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (smu), integró en dos oportunidades el Tribunal Arbitral del smu y actualmente es miembro de la Comisión de Ética y Colegiación de la VIII Convención Médica.
EL TESTIMONIO DE LOMBARDI "El Fusna fue uno de los organismos represivos más activos de la dictadura militar, particularmente en la segunda mitad de la década del 70. Fue concebido, conformado y entrenado como un cuerpo de elite, emulando a los tristemente famosos parachutistes del ejército francés, que combatieron a los movimientos de liberación de Argelia. Este cuerpo ocupaba uno de los antiguos depósitos de la aduana. Estos edificios de tres pisos sirvieron simultáneamente como centro de torturas e interrogatorios, centro de detención 'legal' para aquellos detenidos a los que se les había levantado la incomunicación, y como cuartel y centro de entrenamiento, con todas las instalaciones castrenses de rigor, incluyendo servicio médico y odontológico.
Las paredes del celdario fueron construidas con bloques que demarcaban pequeñas habitaciones, con escasa iluminación artificial, que quedaba prendida día y noche, y que permanecían cerradas por la clásica puerta con mirilla. Esta estructura se encontraba en el corazón del edificio que alojaba a toda la dotación del cuerpo. En estas celdas permanecían recluidos los detenidos 'legales', que pasaban el día en un 'patio', que era como un gran galpón que ocupaba dos pisos de altura, con algunas aberturas que comunicaban con otras áreas del cuartel.
En el piso intermedio se encontraban las instalaciones donde se interrogaba bajo tortura a los detenidos de ambos sexos. Allí también eran alojados los detenidos incomunicados, algunos en celdas, otros atados a ganchos amurados en las paredes, siempre encapuchados, aun para comer. La capucha sólo se podía levantar en el baño, que tenía una pequeña banderola a través de la cual se oían conversaciones; luego supe que correspondían al patio de recreo. También en ese patio, en el que estuve algunas semanas atado a la pared (¿en prevención de una fuga imposible?), se oían las conversaciones de las compañeras no incomunicadas, matizadas con el ruido de una máquina de coser, conversaciones y ruidos que acortaron las horas de mis días de incomunicación y de silencio.
No era infrecuente oír los gritos de los detenidos mientras eran torturados, como tampoco lo fue posteriormente, estando ya 'legal' y en contacto con mi familia, en alguna visita de niños. Cuando recibíamos a nuestros hijos, a menudo subíamos el volumen de los cantos para evitar que oyeran los gritos de los torturados. El anonimato de los fusileros pretendía ser permanente, no sólo durante los interrogatorios y la tortura, sino también durante el período de reclusión 'legal', ya que el uso de una venda por parte de los presos era obligatoria en presencia de cualquier integrante del cuerpo, aun de enfermeros, médicos y odontólogos.
Todo esto, y bastante más, ocurría en un mismo local, con una estructura básica de columnas y pisos, a la que se agregaban separaciones, a veces precarias y poco aislantes, con múltiples comunicaciones por ventanas y otras aberturas; recuérdese que originariamente estos edificios fueron depósitos aduaneros de mercaderías. Todo lo que allí ocurría era imposible entonces que fuera ignorado por quienes allí se encontraban.
LA FUNCIÓN DEL JUEZ SUMARIANTE
"Una vez terminado el interrogatorio y arrancadas bajo tortura las declaraciones de los detenidos, se labraba un acta -aún tengo en mis oídos el continuo tableteo de las viejas máquinas de escribir de la época preinformática, cercanas al patio de mi 'alojamiento de seguridad'. Firmada el acta y culminada entonces esta etapa, me anuncian: 'Vas a pasar al juez sumariante'. Me dio cierta tranquilidad, ya que suponía que el pasaje a la justicia militar significaría el fin de esta dura y penosa etapa, al tiempo que levantarían mi incomunicación de casi un mes y podría ver a mi familia y ellos, finalmente, saber de mi paradero. Luego de ese anuncio, me trasladan a una pieza cercana, dentro de la cual una voz me pide que me saque la venda. Aparece ante mi vista un oficial, vestido con el mismo y temido uniforme camuflado de los fusileros, que lee el acta, me reinterroga y elabora una nueva acta, de igual contenido, al final de la cual estampa ante mí su firma. Primera y única vez que vi una cara y supe a quién pertenecía.
¿Qué sentido tenía esta figura del 'juez sumariante'? ¿Qué función cumplía? Obviamente, a pesar de su denominación, no formaba parte de la estructura de la llamada 'justicia militar'. En su oportunidad, cuando fui sometido a ella más adelante, pude comprobar que ésta cumplía con todos los formalismos: fiscal, abogado deActas de interrogatorios en el FUSNA. Bajo la firma del juez sumariante Tabaré Danersfensor (de oficio o particular), juez y supremo tribunal militar. Y subrayo, sólo los formalismos. Por lo que este 'juez sumariante' estaba por fuera de ella. Si estaba por fuera, ¿a quién pertenecía? Obviamente a la misma unidad que detenía y torturaba. ¿Dónde actuaba? Obviamente en la misma planta física de la unidad. ¿A quién respondía jerárquicamente? Obviamente al mando de la unidad que detenía y torturaba. ¿Cuál era su función? Sin lugar a dudas, asegurar que las declaraciones arrancadas bajo 'apremios ilegales' se mantuvieran inalterables.
Es imposible, materialmente imposible en el contexto descrito, que cualquier integrante del Fusna (jueces sumariantes, médicos y odontólogos incluidos) ignorara lo que allí ocurría. Íbamos a la consulta odontológica vendados, recibíamos la visita del médico vendados, llegábamos al juez sumariante vendados, y así como nuestros niños podían oír los gritos de los torturados, todos y cada uno de los que habitaban el cuartel del Fusna también los oían.
Uruguay necesita cerrar esta etapa dolorosa de nuestra historia reciente.
Pero hay una sola manera de lograrlo y poder así hacer que nuestros muertos descansen en paz, y que finalmente todos los uruguayos podamos mirarnos a los ojos con serenidad y la conciencia en paz. El sinceramiento por parte de los que saben lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y quiénes fueron los responsables es una condición indispensable para alcanzar la verdad y la justicia. Justicia trunca, por el pronunciamiento democrático, soberano, y a mi juicio equivocado, de la ciudadanía que apoyó el voto amarillo y con ello la ley de nombre largo y de corta vocación de justicia.
Hay algo en lo que los cuatro gobiernos anteriores quedaron en deuda con la sociedad toda y que, finalmente, este gobierno se ha comprometido clara y firmemente a cumplir: la propia ley de caducidad. Fuera de la ley, obviamente nada se puede hacer, pero dentro de la ley, todo lo que ella permite."
EL FUSNA POR DENTRO
DANERS OCUPABA UN DESPACHO DEBAJO DE LA SALA DE TORTURAS
DANERS OCUPABA UN DESPACHO DEBAJO DE LA SALA DE TORTURAS
Una carta de ex presos políticos y una investigación de LA REPÚBLICA
pusieron en evidencia el nivel de conocimiento que el actual comandante en
jefe de la Armada, Tabaré Daners, tuvo del centro de reclusión y torturas
que operó durante la dictadura en el Fusna (Fusileros Navales) dependiente
del Comando General de la Armada.
"La República" consultó a varios ex oficiales de la Armada que revistaron en
el Fusna y que accedieron a reconstruir, en detalle, el edificio donde
funcionó un centro de torturas.
Daners -que mañana será sucedido por el contralmirante Juan Fernández- ocupó distintos despachos en el Fusna durante los años de la dictadura. Como el juez sumariante, el marino tenía su oficina en la planta baja (N° 66), al
lado del local asignado para la recepción de detenidos (Nº 34). En una habitación contigua pero en planta alta, funcionaban las instalaciones destinadas a los "apremios físicos" de los detenidos. Entre 1975 y 1979,
Daners fue jefe de la Unidad de Instrucción -como S 1, la Sección Personal del Estado Mayor, y S 4 (ambas oficinas figuran en el plano con el N° 48) Logística del Estado Mayor-, y entre 1979 y 1980 fue segundo comandante de ese mismo cuerno.
Daners admitió que "lamentablemente ocurrieron circunstancias o hechos que, por supuesto, no son motivo de orgullo, pero también es cierto que eso no respondió a una conducta habitual institucional, sino a la de determinadas personas" y agregó que "yo no los justifiqué en su momento, no los justifico ahora ni los justificaré nunca".
Días pasados, un grupo de 19 militantes del disuelto Grupo de Acción Unificadora (GAU) reclamó al actual comandante de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, "esclarecer los hechos más indignos de nuestra historia y que sabe muy bien". Lo acusaban de conocer los mecanismos de tortura en dependencias de los Fusileros Navales en los años 1977 y 78 y que aún no reconoció públicamente.
Raúl Daguerre, de 52 años de edad, firmante de la carta pública, estuvo detenido en el Fusna, en los años en que el actual comandante Daners revestía en el Fusna.
En diálogo con LA REPÚBLICA, señaló que en ninguno de los dos informes de la Armada "hay un reconocimiento explícito de la tortura aplicada en el Fusna y se sigue hablando solamente de apremios físicos".
Recordó que "un grupo importante de integrantes del GAU estuvo en 1977 detenido en la base de los Fusileros Navales, y el comandante Daners era el responsable directo de la captura nuestra, conoce y tiene más datos de Los que ya dijo".
Daguerre fue detenido en noviembre de (977 y recuerda al actual comandante.
"Daners aparecía como juez sumariante, un eufemismo para designar al torturador que hacía la parte administrativa de los detenidos, por decirlo de alguna manera".
Además, la unidad del Fusna "es lo suficientemente chica en materia de espacio como para que todo lo que ocurría allí adentro se oyera claramente".
"Así como nosotros escuchábamos los cánticos y gritos de la tropa en los entrenamientos, también la tropa escuchaba los gritos nuestros cuando se torturaba. Todo estaba limitado a pocos metros y es imposible que Daners o los médicos, odontólogos o enfermeros que participaban en todo eso, puedan negar lo que allí pasaba".
"La situación que se dio en el Fusna a partir de 1975 o 76 se da en un encuadre de país distinto. La guerrilla urbana estaba derrotada y creo que la Armada uruguaya emuló a la argentina que en aquel momento estaba comandada por Massera y que tenía sus apetitos políticos. Operaron de manera orgánica. Todos recordamos lo que era la figura en aquellos años del comandante Márquez", agregó. "Daners sabe mucho más de lo que ya dijo. Sería bueno también que la Marina abriera las puertas del destacamento de los Fusileros Navales, ubicado allí en la Aduana y la prensa dé cuenta de lo que son esas instalaciones", afirmó.
Pero también Daners fue identificado por su actuación en el Fusna, entre otros, por el médico Raúl Lombardi, según testimonio publicado por Brecha.
Lombardi sostuvo que "el Fusna fue uno de los organismos represivos más activos de la dictadura militar, particularmente en la segunda mitad de la década del 70". "Fue concebido, conformado y entrenado' como un cuerpo de élite, emulando a los tristemente famosos parachutistes del ejército francés, que combatieron a los movimientos de liberación de Argelia".
"Este cuerpo ocupaba uno de los antiguos depósitos de la aduana. Estos edificios de tres pisos sirvieron simultáneamente como centro de torturas e interrogatorios, centro de detención 'legal' para aquellos detenidos a los que se les había levantado la incomunicación, y como cuartel y centro de entrenamiento, con todas las instalaciones castrenses de rigor, incluyendo servicio médico y odontológico".
"Las paredes del celdario fueron construidas con bloques que demarcaban pequeñas habitaciones, con escasa iluminación artificial, que quedaba prendida día y noche, y que permanecían cerradas por la clásica puerta con mirilla. Esta estructura se encontraba en el corazón del edificio que alojaba a toda la dotación del cuerpo. En estas celdas permanecían recluidos los detenidos 'legales', que pasaban el día en un 'patio', que era como un gran galpón que ocupaba dos pisos de altura, con algunas aberturas que comunicaban con otras áreas del cuartel".
"En el piso intermedio se encontraban las instalaciones donde se interrogaba bajo tortura a los detenidos de ambos sexos. Allí también eran alojados los detenidos incomunicados, algunos en celdas, otros atados a ganchos amurados en las paredes, siempre encapuchados, aun para comer. La capucha sólo se podía levantar en el baño, que tenía una pequeña banderola a través de la cual se oían conversaciones; luego supe que correspondían al patio de recreo. También en ese patio, en el que estuve algunas semanas atado á la pared, se oían las conversaciones de las compañeras no incomunicadas, matizadas con el ruido de una máquina de coser, conversaciones y ruidos que acortaron las horas de mis días de incomunicación y de silencio".
"No era infrecuente oír los gritos de los detenidos mientras eran torturados". "Todo esto, y bastante más, ocurría en un mismo local, con una estructura básica de columnas y pisos, a la que se agregaban separaciones, a veces precarias y poco aislantes, con múltiples comunicaciones por ventanas y otras aberturas; recuérdese que originariamente estos edificios fueron depósitos aduaneros de mercaderías. Todo lo que allí ocurría era imposible entonces que fuera ignorado por quienes allí se encontraban".
Más adelante, expuso sobre la función del juez sumariante. Afirmó que "no formaba parte de la estructura de la llamada 'justicia militar'" y que su función era "asegurar que las declaraciones arrancadas bajo 'apremios ilegales' se mantuvieran inalterables". "Es imposible, materialmente imposible en el contexto descrito, que cualquier integrante del Fusna (jueces sumariantes, médicos y odontólogos incluidos) ignorara lo que allí ocurría", afirmó.
Daners -que mañana será sucedido por el contralmirante Juan Fernández- ocupó distintos despachos en el Fusna durante los años de la dictadura. Como el juez sumariante, el marino tenía su oficina en la planta baja (N° 66), al
lado del local asignado para la recepción de detenidos (Nº 34). En una habitación contigua pero en planta alta, funcionaban las instalaciones destinadas a los "apremios físicos" de los detenidos. Entre 1975 y 1979,
Daners fue jefe de la Unidad de Instrucción -como S 1, la Sección Personal del Estado Mayor, y S 4 (ambas oficinas figuran en el plano con el N° 48) Logística del Estado Mayor-, y entre 1979 y 1980 fue segundo comandante de ese mismo cuerno.
Daners admitió que "lamentablemente ocurrieron circunstancias o hechos que, por supuesto, no son motivo de orgullo, pero también es cierto que eso no respondió a una conducta habitual institucional, sino a la de determinadas personas" y agregó que "yo no los justifiqué en su momento, no los justifico ahora ni los justificaré nunca".
Días pasados, un grupo de 19 militantes del disuelto Grupo de Acción Unificadora (GAU) reclamó al actual comandante de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, "esclarecer los hechos más indignos de nuestra historia y que sabe muy bien". Lo acusaban de conocer los mecanismos de tortura en dependencias de los Fusileros Navales en los años 1977 y 78 y que aún no reconoció públicamente.
Raúl Daguerre, de 52 años de edad, firmante de la carta pública, estuvo detenido en el Fusna, en los años en que el actual comandante Daners revestía en el Fusna.
En diálogo con LA REPÚBLICA, señaló que en ninguno de los dos informes de la Armada "hay un reconocimiento explícito de la tortura aplicada en el Fusna y se sigue hablando solamente de apremios físicos".
Recordó que "un grupo importante de integrantes del GAU estuvo en 1977 detenido en la base de los Fusileros Navales, y el comandante Daners era el responsable directo de la captura nuestra, conoce y tiene más datos de Los que ya dijo".
Daguerre fue detenido en noviembre de (977 y recuerda al actual comandante.
"Daners aparecía como juez sumariante, un eufemismo para designar al torturador que hacía la parte administrativa de los detenidos, por decirlo de alguna manera".
Además, la unidad del Fusna "es lo suficientemente chica en materia de espacio como para que todo lo que ocurría allí adentro se oyera claramente".
"Así como nosotros escuchábamos los cánticos y gritos de la tropa en los entrenamientos, también la tropa escuchaba los gritos nuestros cuando se torturaba. Todo estaba limitado a pocos metros y es imposible que Daners o los médicos, odontólogos o enfermeros que participaban en todo eso, puedan negar lo que allí pasaba".
"La situación que se dio en el Fusna a partir de 1975 o 76 se da en un encuadre de país distinto. La guerrilla urbana estaba derrotada y creo que la Armada uruguaya emuló a la argentina que en aquel momento estaba comandada por Massera y que tenía sus apetitos políticos. Operaron de manera orgánica. Todos recordamos lo que era la figura en aquellos años del comandante Márquez", agregó. "Daners sabe mucho más de lo que ya dijo. Sería bueno también que la Marina abriera las puertas del destacamento de los Fusileros Navales, ubicado allí en la Aduana y la prensa dé cuenta de lo que son esas instalaciones", afirmó.
Pero también Daners fue identificado por su actuación en el Fusna, entre otros, por el médico Raúl Lombardi, según testimonio publicado por Brecha.
Lombardi sostuvo que "el Fusna fue uno de los organismos represivos más activos de la dictadura militar, particularmente en la segunda mitad de la década del 70". "Fue concebido, conformado y entrenado' como un cuerpo de élite, emulando a los tristemente famosos parachutistes del ejército francés, que combatieron a los movimientos de liberación de Argelia".
"Este cuerpo ocupaba uno de los antiguos depósitos de la aduana. Estos edificios de tres pisos sirvieron simultáneamente como centro de torturas e interrogatorios, centro de detención 'legal' para aquellos detenidos a los que se les había levantado la incomunicación, y como cuartel y centro de entrenamiento, con todas las instalaciones castrenses de rigor, incluyendo servicio médico y odontológico".
"Las paredes del celdario fueron construidas con bloques que demarcaban pequeñas habitaciones, con escasa iluminación artificial, que quedaba prendida día y noche, y que permanecían cerradas por la clásica puerta con mirilla. Esta estructura se encontraba en el corazón del edificio que alojaba a toda la dotación del cuerpo. En estas celdas permanecían recluidos los detenidos 'legales', que pasaban el día en un 'patio', que era como un gran galpón que ocupaba dos pisos de altura, con algunas aberturas que comunicaban con otras áreas del cuartel".
"En el piso intermedio se encontraban las instalaciones donde se interrogaba bajo tortura a los detenidos de ambos sexos. Allí también eran alojados los detenidos incomunicados, algunos en celdas, otros atados a ganchos amurados en las paredes, siempre encapuchados, aun para comer. La capucha sólo se podía levantar en el baño, que tenía una pequeña banderola a través de la cual se oían conversaciones; luego supe que correspondían al patio de recreo. También en ese patio, en el que estuve algunas semanas atado á la pared, se oían las conversaciones de las compañeras no incomunicadas, matizadas con el ruido de una máquina de coser, conversaciones y ruidos que acortaron las horas de mis días de incomunicación y de silencio".
"No era infrecuente oír los gritos de los detenidos mientras eran torturados". "Todo esto, y bastante más, ocurría en un mismo local, con una estructura básica de columnas y pisos, a la que se agregaban separaciones, a veces precarias y poco aislantes, con múltiples comunicaciones por ventanas y otras aberturas; recuérdese que originariamente estos edificios fueron depósitos aduaneros de mercaderías. Todo lo que allí ocurría era imposible entonces que fuera ignorado por quienes allí se encontraban".
Más adelante, expuso sobre la función del juez sumariante. Afirmó que "no formaba parte de la estructura de la llamada 'justicia militar'" y que su función era "asegurar que las declaraciones arrancadas bajo 'apremios ilegales' se mantuvieran inalterables". "Es imposible, materialmente imposible en el contexto descrito, que cualquier integrante del Fusna (jueces sumariantes, médicos y odontólogos incluidos) ignorara lo que allí ocurría", afirmó.
Publicado por El Muerto
Oportunismo (del FA) e impunidad (para Semproni)
Congelan sanción a diputado Semproni
FA quiere evitar pérdida de mayoría parlamentaria
El Frente Amplio retiró del orden del día del Plenario del pasado sábado
5 un informe del Tribunal de Conducta Política de la coalición donde se
sugería una sanción al diputado Víctor Semproni (Espacio 609) por no
haber votado la anulación de la ley de Caducidad en mayo de 2011.
Fuentes de la coalición dijeron a El País que el asunto quedó "congelado", porque se entendió que no se podían arriesgar "las mayorías parlamentarias" por la imposición de una sanción a Semproni.
La coalición de izquierda tiene mayoría parlamentaria en la Cámara Baja por un solo voto (50 contra 49), y tiene en agenda para este año proyectos polémicos como el aborto y la internación compulsiva de adictos a la pasta base.
Semproni dijo a El País que no pidió el retiro del tratamiento del informe del tribunal de conducta política y señaló que "el argumento no es válido" para su caso.
"Cualquiera sea el fallo del tribunal seguiré estando, porque soy un diputado del Frente. Los votos van a seguir estando, por eso no entiendo el argumento", insistió Semproni. Según dijo, está dispuesto a asumir los costos de no haber votado la anulación de la Caducidad.
Fuentes de la coalición dijeron a El País que el asunto quedó "congelado", porque se entendió que no se podían arriesgar "las mayorías parlamentarias" por la imposición de una sanción a Semproni.
La coalición de izquierda tiene mayoría parlamentaria en la Cámara Baja por un solo voto (50 contra 49), y tiene en agenda para este año proyectos polémicos como el aborto y la internación compulsiva de adictos a la pasta base.
Semproni dijo a El País que no pidió el retiro del tratamiento del informe del tribunal de conducta política y señaló que "el argumento no es válido" para su caso.
"Cualquiera sea el fallo del tribunal seguiré estando, porque soy un diputado del Frente. Los votos van a seguir estando, por eso no entiendo el argumento", insistió Semproni. Según dijo, está dispuesto a asumir los costos de no haber votado la anulación de la Caducidad.
El País Digital
From: crysol2003@yahoo.com.ar
Date: Wed, 8 Aug 2012 05:47:53 -0700
Subject: (Crysol) Atención crysoler@s: comunicado informativo
Ley 18033 - El punto de vista de CRYSOL
Luego de una serie de idas y venidas entre el Poder
Ejecutivo, la fuerza Política del Partido de Gobierno y el Poder Legislativo,
fue aprobada en 2006 con votación unánime en ambas cámaras.
Se reconocía de ese modo la postergación durante 21 años de
los derechos reparatorios a ciudadanos víctimas
del Terrorismo de Estado, que no habían sido funcionarios públicos.
CRYSOL no participó por supuesto en la redacción del
articulado de la ley, aunque sí jugó un importante papel en el proceso de
convencer a la fuerza política (FA) y al Gobierno de la necesidad de abordar el
problema.
Para ello se recurrió en aquellos años a entrevistar
personalmente a una multitud de referentes de los poderes Ejecutivo y
Legislativo del flamante Gobierno electo aún antes de que este asumiera sus
funciones, en las postrimerías del 2004.
Tarea difícil por la sencilla razón de que en las prioridades
del Gobierno, no figuraban estos problemas que planteábamos.
Al culminar este proceso, ya avanzado el 2006, Crysol valoró
como un paso muy positivo la nueva ley, que significaba un gran avance respecto
de la 17 449 del gobierno de Batlle, sumamente insuficiente en muchos aspectos.
Sin perjuicio de esto, desde el primer momento resultaron
evidentes los aspectos negativos de la nueva ley. Ellos se referían a las
exclusiones conocidas por todos: liberados antes del9/2/73, compañeros con
ingresos personales superiores a 15 BPC y la renuncia a los derechos
jubilatorios contra el cobro de la PER del artículo11.
A lo largo de estos años fuimos recogiendo las demandas de
los compañeros/as, sobre la necesidad de corregir estos aspectos negativos.
Al respecto, ya en el 2007, en nuestro proyecto de ley de
reparación elaborado junto al Dr. López Goldaracena, señalamos específicamente
todas las enmiendas que consideramos necesarias a la 18033. Estas no fueron
tomadas en cuenta por los legisladores.
Desde aquel entonces, Crysol nunca ha dejado de reclamar la
necesidad de revisar el artículo 11 de dicha ley porque se crearon situaciones
injustas con el mismo.
Este reclamo, junto al accionar de la institución en todos
los temas sobre DDHH, vinculados al Terrorismo de Estado, es parte de la agenda
diaria de Crysol.
Particularmente en el último año, llevamos adelante una
acción intensiva a nivel de todos los estamentos del Gobierno y su Fuerza
Política planteando la revisión del artículo 11. Incluso se le planteó al
presidente en la reunión que tuvimos el 26 de abril del año pasado.
Le damos prioridad a este asunto, entre otras cosas porque
Octubre del 2013 es una fecha límite según disposiciones constitucionales para
que una ley de esta naturaleza sea aprobada, además de eso existen puras y
simples razones biológicas.
Estamos envejeciendo, cada vez somos menos y estamos
realmente hartos de tener aún, a esta altura de nuestra vida tener que seguir
reclamando por nuestros derechos básicos, como ciudadanos y víctimas directas
del terrorismo de Estado.
Intentamos persuadir a los representantes del Gobierno de la
justicia que fundamenta nuestros reclamos. En el correr del presente año hemos
realizado más de 50 entrevistas a todos los niveles con referentes
gubernamentales, políticos, sindicales y ex presos políticos referentes e
influyentes.
En general recogemos un eco favorable a nuestro reclamo, pero
estamos lejos aún de que esto se traduzca en una iniciativa concreta que es
potestad exclusiva del presidente.
Hay compañeros que han recurrido a la vía judicial y están en
todo su derecho. La resolución negativa de la SCJ al recurso presentado no la
evaluamos en cuanto a su constitucionalidad. No compartimos los fundamentos de la SCJ, aunque ella no se
expidió, y lo señaló explícitamente, en cuanto a la justicia del reclamo.
Por nuestra parte, lo lamentamos. Un fallo en sentido
contrario, nos hubiera allanado el camino. Pero tampoco nos desanimó.
Estamos decididos a perseverar en nuestros esfuerzos por
lograr las necesarias modificaciones de la ley, que mejoren su contenido
sustancialmente. El colectivo militante de Crysol está plenamente comprometido
con esta tarea y trabajando sin descanso aunque no haya mucha publicidad al
respecto.
Necesitamos el apoyo de todos y todas. Apoyemos a Crysol. No
es una herramienta perfecta. Apenas es la única que tenemos. La que nos ha
permitido obtener los logros y la que nos permitirá seguir avanzando. Crysol
somos y debemos ser todos. Es el único camino. Para avanzar y seguir avanzando.
Para que se implemente la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y haya
justicia en todos los planos.
La comisión de Crysol que coordina e implementa el trabajo
institucional gestionando la nueva ley es la Comisión de Asuntos Políticos y
DDHH. Se reúne todos los martes de 18.30 a 20.30 horas en la sede social.
Quienes quieran sumarse a colaborar, ya sea expresando sus opiniones y puntos
de vista o participando en las gestiones y tareas, son bienvenidos.
www.crysol.blogspot.comEnviado por Nestor Durante
Jugando a ser SEALs
Sin sentido
Fiscal pidió procesamiento con prisión de tres oficiales del Ejército por la muerte del alférez Carlos Olivera en un entrenamiento militar.
Tres
años después de la muerte de Carlos Rafael Olivera Gómez en un
ejercicio de adiestramiento para fuerzas especiales, el fiscal de Pando,
Pablo Rivas, solicitó el procesamiento con prisión de tres oficiales
del Ejército por el delito de “homicidio culpable” dispuesto en el
artículo 314 del Código Penal.
El 2 de setiembre de 2009, en el marco de un entrenamiento para formar parte de la compañía de comandos del Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, el alférez Carlos Rafael Olivera Gómez, de 25 años, oriundo de Salto y egresado de la Escuela Militar en 2007, participaba en un ejercicio en la piscina de la unidad que consistía en aguantar debajo del agua el mayor tiempo posible cargando un equipaje de 40 kilos.
En este tipo de ejercicios, los instructores retienen a la fuerza bajo el agua a los efectivos que pretenden sacar la cabeza para respirar; en esas circunstancias se produjo el fallecimiento del alférez. El juez de Paz de Toledo, Julvio Garagorry Núñez, estuvo a cargo de las primeras actuaciones en el lugar y solicitó una autopsia que fue llevada a cabo por el doctor Jorge Rizzo en la Clínica Forense de Pando y cuyo dictamen fue que Olivera murió “de asfixia por inmersión”. El expediente derivó al Juzgado de Pando, entonces a cargo de Huberto Álvarez, quien decidió asumir competencia en el caso a pesar de que la Justicia Militar también lo había hecho.
Una vez que trascendió el hecho, el Comando General del Ejército emitió un primer comunicado en el que afirmaba que el militar “se encontraba desarrollando una actividad de instrucción propia de un curso profesional en la piscina de la Escuela Militar, sufrió una descompensación, debiendo ser evacuado de la misma. Mientras era trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas por una unidad de emergencia móvil, falleció previo al arribo al citado nosocomio”. Sin embargo, Olivera falleció en el lugar; ante la polémica que se generó en los medios de comunicación en torno al suceso y sus causas, el Ejército emitió otro comunicado seis días después para desmentir “versiones de prensa” sobre el equipo que portaba el alférez, aclarando que llevaba exclusivamente, “al igual que el resto de los cursantes e instructores, el uniforme operacional (pantalón y casaquilla), aletas, careta y snorkel”.
Rivas heredó el caso
al asumir la fiscalía de Pando en marzo de 2011 con la mayoría de las
instrucciones ya hechas. No obstante, ordenó una reconstrucción y un
relevamiento fotográfico del lugar donde ocurrió la muerte. Explicó a la
diaria que una de las dificultades para la comparecencia de uno de los
militares sobre los que recayó un pedido de procesamiento es que se
encontraba “fuera del país en una misión de paz”. Informó que se trata
de “personas sin antecedentes” que estaban en ese momento en “la
maniobra” y que consideró que la pena sea con prisión por “la alarma
pública” generada por el caso en 2009 y por “el grado de intención”,
entre otras cosas.
La defensa “debería contestar” el petitorio y por eso el expediente está “a la vista” para evacuar dudas, agregó el fiscal. El actual juez actuante, Gerardo Núñez, confirmó que sobre fines de mes comenzará a estudiar el pedido de la fiscalía para expedirse. El Código Penal establece una pena de seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría por este delito.
Por su parte, el diputado canario Esteban Pérez (Movimiento de Participación Popular) dijo a la diaria que en 2009 presentó un pedido de informe y solicitó una entrevista con el ministro Fernández, pero “nunca recibió respuesta”. En el informe presentado el 8 de setiembre de ese año, Pérez preguntó a Fernández “cuál es el proceso de adiestramiento previo” a llegar a esos niveles de exigencia, cómo es el proceso “de capacitación y selección” de los instructores, cuáles son los controles médicos sobre el personal afectado. Además, pidió conocer los nombres del instructor a cargo en el momento de la muerte de Olivera y de las autoridades militares que estaban al tanto del ejercicio, así como basados en qué criterio lo avalaron. En ese entonces Pérez planteó que había que “rever los planes de entrenamiento” porque consideraba que eran los mismos que durante la dictadura, cuando se aplicaban “plantones, horas de frío y maltrato físico” a los militares. El legislador agregó que le consta que la Justicia Militar “archivó el caso”.
El 2 de setiembre de 2009, en el marco de un entrenamiento para formar parte de la compañía de comandos del Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, el alférez Carlos Rafael Olivera Gómez, de 25 años, oriundo de Salto y egresado de la Escuela Militar en 2007, participaba en un ejercicio en la piscina de la unidad que consistía en aguantar debajo del agua el mayor tiempo posible cargando un equipaje de 40 kilos.
En este tipo de ejercicios, los instructores retienen a la fuerza bajo el agua a los efectivos que pretenden sacar la cabeza para respirar; en esas circunstancias se produjo el fallecimiento del alférez. El juez de Paz de Toledo, Julvio Garagorry Núñez, estuvo a cargo de las primeras actuaciones en el lugar y solicitó una autopsia que fue llevada a cabo por el doctor Jorge Rizzo en la Clínica Forense de Pando y cuyo dictamen fue que Olivera murió “de asfixia por inmersión”. El expediente derivó al Juzgado de Pando, entonces a cargo de Huberto Álvarez, quien decidió asumir competencia en el caso a pesar de que la Justicia Militar también lo había hecho.
Una vez que trascendió el hecho, el Comando General del Ejército emitió un primer comunicado en el que afirmaba que el militar “se encontraba desarrollando una actividad de instrucción propia de un curso profesional en la piscina de la Escuela Militar, sufrió una descompensación, debiendo ser evacuado de la misma. Mientras era trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas por una unidad de emergencia móvil, falleció previo al arribo al citado nosocomio”. Sin embargo, Olivera falleció en el lugar; ante la polémica que se generó en los medios de comunicación en torno al suceso y sus causas, el Ejército emitió otro comunicado seis días después para desmentir “versiones de prensa” sobre el equipo que portaba el alférez, aclarando que llevaba exclusivamente, “al igual que el resto de los cursantes e instructores, el uniforme operacional (pantalón y casaquilla), aletas, careta y snorkel”.
Accidente
En declaraciones a Radio Carve, consignadas por el diario El País el 9 de setiembre de 2009, el entonces ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, atribuía la muerte del alférez a un “accidente” y desmentía las versiones sobre los detalles del deceso, respaldándose en los comunicados del Ejército. Fernández relató que Olivera salió al exterior después del ejercicio y se le cayó “una aleta que va hacia el fondo de la pileta”, por lo que “se vuelve a sumergir” y “el seguridad que está ahí parado lo ve que llega al fondo de la pileta y luego lo ve mirando hacia arriba con la boca abierta”. Luego agregó que enseguida “se tiran dos seguridad rápidamente” y todo “duró 10 o 12 segundos”. “La explicación médica es que no inhaló suficiente oxígeno para aguantar la bajada”, concluyó el ministro.La defensa “debería contestar” el petitorio y por eso el expediente está “a la vista” para evacuar dudas, agregó el fiscal. El actual juez actuante, Gerardo Núñez, confirmó que sobre fines de mes comenzará a estudiar el pedido de la fiscalía para expedirse. El Código Penal establece una pena de seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría por este delito.
Repercusiones políticas
El lunes 7 de setiembre de 2009, el presidente Tabaré Vázquez planteó el tema en el Consejo de Ministros e hizo hincapié en la necesidad de eliminar de la formación militar ese tipo de “entrenamientos deshumanizantes”. Vázquez también encomendó al entonces ministro de Defensa Nacional, Gonzalo Fernández, que iniciara una investigación y recomendó la intervención de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.Por su parte, el diputado canario Esteban Pérez (Movimiento de Participación Popular) dijo a la diaria que en 2009 presentó un pedido de informe y solicitó una entrevista con el ministro Fernández, pero “nunca recibió respuesta”. En el informe presentado el 8 de setiembre de ese año, Pérez preguntó a Fernández “cuál es el proceso de adiestramiento previo” a llegar a esos niveles de exigencia, cómo es el proceso “de capacitación y selección” de los instructores, cuáles son los controles médicos sobre el personal afectado. Además, pidió conocer los nombres del instructor a cargo en el momento de la muerte de Olivera y de las autoridades militares que estaban al tanto del ejercicio, así como basados en qué criterio lo avalaron. En ese entonces Pérez planteó que había que “rever los planes de entrenamiento” porque consideraba que eran los mismos que durante la dictadura, cuando se aplicaban “plantones, horas de frío y maltrato físico” a los militares. El legislador agregó que le consta que la Justicia Militar “archivó el caso”.
Luis Rómboli
La Diaria
La Diaria
Último Momento | CONTROLES
Brasil movilizó 10 mil efectivos a fronteras del Mercosur
En declaraciones a BBC Brasil, Celso Amorin, ministro de Defensa brasileño, aseguró que "es una operación de frontera que tiene como objetivo la represión de los delitos".
"El sector de inteligencia del ejército brasileño identificó al menos seis lugares que pueden estar abasteciendo de material a bandas criminales que roban cajeros automáticos", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.
La operación, denominada Ágata 5, cubrirá un área de 4.000 kilómetros. Desde la frontera entre Uruguay y Brasil en el Chuy hasta Acorizal, en la frontera boliviano-brasileña. Tendrá una duración aproximada de 30 días según publicó el diario Correio do Brasil.
Los efectivos de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército fueron desplegados con fuertes equipamientos militares, sorprendiendo a cada habitante de las zonas a que llegaban, que incluyó barcos de guerra, escuadrones de cazas Súper Tucano y F5, un buque hospital y hasta aviones no tripulados de vigilancia.
En total 30 agencias gubernamentales de Brasil participaran en la operación.
Según pudo constatar EL PAÍS hoy comenzaron a realizarse controles en la frontera de Yaguarón del lado brasileño. El Regimiento de Caballería Mecanizado Número 8 con su Brigada Infantería, están realizando la detención de todo tipo de vehículos que transiten por las rutas hacia y desde Uruguay.
Esta es la segunda vez que una operación Agata se realiza en la frontera sur de Brasil; la anterior había sido la Agata 2, en septiembre de 2001.
Las otras operaciones de este tipo se llevaron adelante en las fronteras con Colombia, Perú, Venezuela y las Guayanas. De todas maneras, otras maniobras militares de control en la frontera sur con el foco colocado en el narcotráfico se desarrollaron en los últimos años.
Producción Néstor Araujo- Cerro Largo
El País Digital
Un nieto más
Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 106.
La
organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo anunció ayer que
recuperó al nieto 106, hijo de desaparecidos que había sido dado en
adopción cuando tenía un mes de vida por un coronel retirado que luego
fue su padrino. Pablo Javier Gaona Miranda nació el 13 de abril de 1978 y
fue secuestrado el 14 de mayo de ese mismo año. Luego de comenzar a
dudar sobre su identidad en 2001, en 2008 su madre adoptiva le confirmó
que era hijo de desaparecidos y que no lo habían traído de Misiones como
siempre le habían dicho.
Los padres de Pablo eran el paraguayo Ricardo Gaona Paiva y la cordobesa María Rosa Miranda. Según explicó la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, la última vez que se vio a la pareja fue “el 14 de mayo de 1978 cuando se dirigieron [...] a la casa de los padres de Ricardo para festejar el aniversario de la independencia de Paraguay”. Carlotto dijo también que ahora “Pablo Javier se puede encontrar con sus tíos, primos y una abuela, que tiene 82 años y que siempre lo buscó”.
Los padres de Pablo eran el paraguayo Ricardo Gaona Paiva y la cordobesa María Rosa Miranda. Según explicó la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, la última vez que se vio a la pareja fue “el 14 de mayo de 1978 cuando se dirigieron [...] a la casa de los padres de Ricardo para festejar el aniversario de la independencia de Paraguay”. Carlotto dijo también que ahora “Pablo Javier se puede encontrar con sus tíos, primos y una abuela, que tiene 82 años y que siempre lo buscó”.
El nieto “106”
Abuelas de Plaza de Mayo identifican a Pablo Gaona Miranda
Las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron su identidad a Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto número 106 que conoce ahora su verdadera historia. Nacido el 13 de abril de 1978, fue secuestrado el 15 de mayo de ese mismo año, y entregado por un coronel –que se convirtió en su padrino- a una pareja que lo anotó como propio.
Miércoles 08 de agosto de 2012 | 3:30 La República
Conferencia donde se anunció la noticia / abuelas.org.arLas pruebas del ADN
El pasado 29 de junio, Pablo se presentó en Abuelas y les planteó las dudas que tenía sobre su pasado biológico. El matrimonio que lo crió le había dicho que era adoptado y que los habían llevado desde Misiones a Buenos Aires. Sin embargo Pablo insistió tanto ante la mujer que lo había aceptado, que finalmente le confesó lo que realmente había ocurrido.Contactado por Abuelas, con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se le chequeó su sangre con el Banco Nacional de Datos Genéticos con lo que se llegó al verdadero origen de Pablo.
Es hijo de Ricardo Gaona Paiva, paraguayo militante en la Juventud Peronista y en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Su madre, era María Rosa Miranda, también militante del ERP, cordobesa de origen, pero de quien apenas se conocen datos salvo su apodo de “Silvia” durante la clandestinidad. A Pablo y a sus padres la familia biológica los vio por última vez en un festejo hogareño, pocos días antes que los tres desaparecieran.
Ambos fueron detenidos por los militares y se desconoce en qué centro clandestino estuvieron ni dónde podrían estar sus restos.
La familia biológica de Pablo nunca dejó de buscarlo, así como a sus padres, y tres décadas después conocen la verdad.
