Foto: Reuters/ Jim Urquhart.
El Programa 1033 se puso en marcha en 1990 para ayudar a los agentes en las investigaciones sobre drogas, pero en 1997 se amplió para incluir todas las operaciones locales de aplicación de la ley, incluida la lucha contra el terrorismo. Desde entonces, según el Gobierno, se han transferido equipos militares por más de 5.000 millones de dólares.
¿Por qué se recortó el programa?
El programa fue significativamente limitado en 2015 tras la reacción de los ciudadanos a las imágenes de la Policía fuertemente militarizada durante las protestas y la violencia de Ferguson, desatada después de que Michael Brown, un joven afroamericano de 18 años, fuera asesinado a balazos por un policía.La orden ejecutiva del Gobierno de Obama bloqueó para los departamentos de Policía el suministro de vehículos blindados, armas de gran calibre, lanzagranadas y otros equipos pesados utilizados en la guerra. El entonces presidente argumentó que el despliegue de ese equipo daba la imagen de que la Policía era una “fuerza de ocupación”, profundizando la división entre los agentes y la sociedad.
Por otro lado, a pesar de las afirmaciones de que el programa federal estaba destinado a suministrar equipo militar “excedente”, un informe de 2014 del Senado encontró que más de un tercio del material entregado nunca había sido utilizado por las Fuerzas Armadas de EE.UU.
El programa fue también criticado por su falta de transparencia y por alentar a la Policía a utilizar técnicas paramilitares pesadas durante tareas cotidianas, así como por afectar desproporcionadamente a las comunidades pobres y a la población negra, aumentando las disparidades raciales.
¿Por qué quieren restaurarlo?
En un documento preparado por la Casa Blanca al que ha tenido acceso ‘USA Today’, la Administración Trump se apoya en dos artículos publicados este mes en ‘American Economic Journal’, que concluyeron que la distribución de armas y equipos militares a la Policía civil tenía “efectos generalmente positivos”, como la reducción de la delincuencia en la calle.El Gobierno de Trump también señala que vehículos blindados y otros equipos militares fueron utilizados para proteger a los oficiales que mataron a los autores del tiroteo en masa en San Bernardino, California, en 2015, y que un casco de estilo militar salvó la vida de un oficial en la masacre en la discoteca Pulse de Orlando, Florida, en 2016.
Finalmente, el documento de la Casa Blanca sostiene que la decisión de Trump de restaurar completamente el programa “representa un cambio de política para asegurar que los oficiales tengan las herramientas que necesitan para reducir el crimen y mantener a sus comunidades seguras”, además de “enviar el mensaje de que nos preocupamos más por la seguridad pública que por la apariencia de un equipo“.
(Tomado de Rusia Today)
Procesan a carabineros en retiro por secuestros calificados y homicidio cometidos en La Granja
Publicado el 27 Agosto 2017
Escrito por El Clarín de Chile
La
ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela
Cifuentes dictó autos de procesamientos en contra de miembros en retiro
de carabineros en investigaciones por 2 secuestros calificados y un
homicidio calificado ocurridos entre el 3 al 7 de octubre de 1973 en la
comuna de la Granja.
En
la resolución (causa rol N° 10-2011) la ministra Cifuentes encausó a
Héctor Fernando Osses Yáñez y a Aquiles Bustamante Oliva, en calidad de
autores, del delito de secuestro calificado de Víctor Fernando Ramírez
Ortiz, a partir del día 7 de octubre de 1973, en la población San
Gregorio de la comuna de La Granja.
De
acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la
ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:
1°
Que el día 7 de octubre de 1973, en horas de la mañana, Víctor Fernando
Ramírez Ortiz, apodado "el cara de forro", fue detenido, sin derecho,
en el inmueble de calle 7 Oriente N° 8.424 de la población San Gregorio
de la comuna de La Granja, en el contexto de un allanamiento masivo
efectuado en la referida población, por funcionarios del Ejército y de
Carabineros de Chile.
2°
Que, acto seguido, Ramírez Ortiz fue trasladado a una cancha de fútbol,
situada en las inmediaciones de la Subcomisaría de Carabineros de La
Granja, lugar en que se le mantuvo detenido, junto a otros pobladores.
3°
Que, más tarde, Víctor Ramírez Ortiz fue segregado y trasladado a la
referida unidad policial, que, en esa época, se encontraba a cargo del
Capitán Héctor Fernando Osses Yáñez y del Teniente Aquiles Bustamante
Oliva, sitio en que se le mantuvo encerrado, sin derecho.
4°
Que, en lugar de ser puesto a disposición del tribunal competente, el
detenido fue ejecutado, falleciendo el día 8 de octubre de 1973, en
horas de la madrugada, a causa de cinco heridas, producidas por el paso
de proyectiles balísticos, en las zonas toráxica y abdominal.
5°
Que, el día 27 de octubre de 1973, el cuerpo de la víctima fue
encontrado en la ribera del río Mapocho, bajo el puente Purísima.
En
tanto, en causa rol N° 173-2011, la ministra Cifuentes procesó
a Héctor Fernando Osses Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva, en calidad de
autores del delito de homicidio calificado de Juan Humberto Francisco
Hernández Guajardo, cometido el día 3 de octubre de 1973.
De
acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la
ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:
1°
Que el día 3 de octubre de 1973, alrededor de las 15:30 horas, Juan
Humberto Francisco Hernández Guajardo fue detenido en su domicilio,
ubicado en pasaje Gabriela Mistral (ex 51 Sur) N° 1.882 de la población
La Bandera, por funcionarios de carabineros de dotación de la
Subcomisaría de La Granja, a raíz de la denuncia efectuada en su contra
por su cónyuge Teresa Mercedes Peredo Contreras, por el delito de
lesiones.
2°
Que, acto seguido, Hernández Guajardo fue trasladado a la referida
unidad policial, que, en esa época, se encontraba a cargo del Capitán
Héctor Fernando Osses Yáñez y del Teniente Aquiles Bustamante Oliva.
3°
Que, en horas de la noche, en lugar de ser puesto a disposición de la
autoridad judicial competente, el detenido Juan Hernández Guajardo fue
sacado del recinto policial y ejecutado en avenida Vicuña Mackenna de la
comuna de La Florida, falleciendo por la lesión provocada por el
impacto de un proyectil balístico en el abdomen, que causó un
hemoperitoneo y perforación de las asas intestinales.
4°
Que la víctima recibió, además, impactos de proyectil balístico en la
región lumbar izquierda y en las extremidades inferiores, con fractura
del fémur derecho.
Finalmente,
la ministra en visita sometió a procesamiento en causa rol N°204-2011 a
Héctor Fernando Osses Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva, en calidad de
autores del delito de secuestro calificado en contra de Víctor Segundo
Benítez Ortega, el día 7 de octubre de 1973, en la comuna de La Granja.
De
acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la
ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:
1°
Que el día 7 de octubre de 1973, en horas de la mañana, Víctor Segundo
Benítez Ortega fue detenido, sin derecho, en su domicilio, ubicado en
calle 1 Sur N° 0462 de la población San Gregorio de la comuna de La
Granja, en el marco de un allanamiento masivo realizado en la citada
población por funcionarios del Ejército, de Carabineros y de la Policía
de Investigaciones, junto al padre y a un hermano de su conviviente
Filomena del Carmen Fernández Pino.
2°
Que, acto seguido, los tres individuos fueron trasladados a una cancha
de fútbol, situada en las inmediaciones de la Subcomisaría de
Carabineros de La Granja, lugar en que se les mantuvo detenidos, junto a
otros pobladores.
3°
Que, más tarde, el padre y el hermano de Filomena Fernández Pino fueron
liberados, en tanto que Víctor Segundo Benítez Ortega fue segregado y
trasladado a la referida unidad policial, que, en esa época, se
encontraba a cargo del Capitán Héctor Fernando Osses Yáñez y del
Teniente Aquiles Bustamante Oliva, lugar en que se le mantuvo encerrado,
sin derecho.
4°
Que, en horas de la noche, el detenido Benítez Ortega fue sacado del
recinto policial y ejecutado en el sector de La Florida, falleciendo a
causa de las lesiones provocadas por el impacto de cuatro proyectiles
balísticos.
5°
Que, de los cuatro proyectiles, dos ingresaron por la región lumbar
izquierda, desgarraron el hígado y perforaron el estómago y, los
restantes, impactaron en la región retro auricular izquierda y en la
región parietal izquierda, ingresaron a la bóveda craneana y lesionaron
gravemente la estructura encefálica a nivel del tronco cerebral.
La ofensiva por encontrar a los culpables del asesinato del Edecán de Salvador Allende
Martín Espinoza |Martes 22 de agosto 2017 12:21 hrs.
El
hijo del Edecán junto con el abogado Eduardo Contreras, lideran una
iniciativa inédita: que la justicia chilena tipifique como un crimen de
lesa humanidad un asesinato ocurrido antes del 11 de septiembre. De esa
forma podrán levantar la prescripción y reabrir el caso para encontrar a
los verdaderos responsables del asesinato del Edecán Naval Arturo
Araya.
Las
murallas del balcón de la calle Fidel Oteíza, de numeración 1953,
recogieron cinco de los seis tiros disparados aquella medianoche de
fines de julio de 1973. El sexto proyectil, uno calibre 22 Long Rifle,
lo recibió el pecho del Edecán Naval de Salvador Allende, Arturo Araya
Peeters, en lo que sería un punto más del tejido que tendría como
desenlace el Golpe de Estado del 11 de septiembre.
Las balas provenían del fusil semiautomático de un francotirador cuya identidad aún no se esclarece.
Cerca de 20 miembros de Patria y Libertad fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval. Todos quedaron libres de condena, menos Guillermo Claverie quien, luego de pasar algunos meses prófugo, fue condenado a 3 años y un día para luego ser indultado “por servicios prestados a la patria”.
En una entrevista al diario La Nación, Claverie juró su inocencia y aseguró que fue obligado a confesar tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea. El involucrado admitió haber estado afuera del balcón de Araya en Providencia esa noche, pero aseguró no haber apretado el gatillo que lanzó la bala que habría dado con el marino.
Falsas culpas
Fue una entrevista que dio Jorge Ehlers en 2001, cuando aspiraba a presidir el Comité Olímpico de Chile, la que reavivó las intenciones de la familia Araya de darle un nuevo empujón a la búsqueda de la verdad en el caso. En ella Ehlers, oficial de la Marina que habría sido el nexo entre la Armada y Patria y Libertad, al ser consultado sobre sus vínculos con el caso del Edecán, señalaba que “mis cosas son personales, no tienen que importarle a nadie. Esto me parece una porquería”. Tres años después declaró en una entrevista que “estamos nuevamente volviendo al pasado y rememorando un desgraciado caso que en su oportunidad fue debidamente aclarado”.
Enrique Araya, hijo del Edecán, no logró encontrarle la razón. Para él, el capítulo no estaba cerrado. Mal que mal nadie había pagado con cárcel y las culpas no estaban en absoluto esclarecidas. Ante la posibilidad de la reapertura del caso, Ehlers migró a Alemania en 2003 acusando “motivos personales”, dejando su cargo en la Federación Atlética, que debía asumir hasta 2005.
Claverie figuraba como el único responsable y, a medida en que iba recabando más información, Enrique Araya iba reafirmando su tesis de que Claverie había sido utilizado. “Yo conversé muchas veces con él. De acuerdo a lo que me dijo tengo claro de que él no tiene culpa. Él fue utilizado por Jorge Ehlers. Hay una cosa del juicio de Claverie que es clave: todos los testigos de ese minuto concuerdan con que Claverie disparó cuatro balas. Los peritajes de la época encontraron los cuatro impactos de bala en la casa, las cuatro vainillas, pero en la casa habían cinco disparos, más el que mató mi papá. Son seis disparos. La autopsia dice que la bala vino desde arriba, y Claverie disparó desde 5 metros abajo. Todo eso me indica que el homicidio fue planificado y que su objetivo era llevar al país al Golpe Militar”.
El Edecán Araya esa noche respondió. Con una ametralladora alcanzó a disparar ocho tiros, ninguno con dirección hacia abajo, todos hacia el frente.
Una vez muerto Araya, el capitán de Carabineros Germán Esquivel, otro de los supuestos involucrados, fue el primero en llegar a la casa de Providencia. Fue a preguntar qué le había pasado y en qué condiciones se encontraba el Edecán. Lo primero que hizo fue dar instrucciones de detener al que fuera ante el deceso. Se presume que Esquivel estuvo directamente vinculado con el encubrimiento y distracción en torno al caso. “Si analizas el expediente y ves todo lo que hizo Esquivel te queda claro que lo pretendía era distraer a la gente, que el público pensara que habían sido otras personas. Se le echó la culpa hasta al gobierno, a Allende, cuando eso es mentira”, señala Enrique Araya.
El Edecán Constitucionalista
Enrique Araya insiste en que el atentado contra su padre tuvo razones políticas que pretendían seguir construyendo un clima de inestabilidad que le diera razones a las Fuerzas Armadas para propiciar un Golpe.
El Edecán Araya era un personaje carismático en la Armada. Era querido como pocos y dueño de una figuración incluso mayor que la del Comandante en Jefe. Cada tres semanas le tocaba estar de servicio y acompañar al Presidente Allende a todas sus actividades. Esa noche de invierno en Providencia venía llegando de una actividad en conmemoración del asalto al cuartel Moncada, en la embajada de Cuba. Arturo Araya no manifestó nunca, ni siquiera en su intimidad, una convicción política que lo ubicara cerca de la izquierda. Su discurso era, antes que todo, de lealtad y subordinación. Allende era su jefe y, en ese escenario, él obedecía con responsable rectitud.
“Mi papá era constitucionalista. Él pensaba que lo que estaba pasando era un problema político y que políticamente debía buscársele una solución. Mucha gente en la Marina era igual. Él siempre pensó que era una tontera perder el cariño que le tenía la gente a las FF.AA. Sabía que un Golpe iba a generar una ruptura entre el pueblo y las FF.AA. y así fue. Él no lo habría apoyado, porque tenía una amistad con el Presidente Allende”, dice su hijo. “Al morir él se provoca la reacción del alto mando de la Armada. Hubo un grupito que sí sabía, que sí había planificado el atentado del Comandante Araya, y después de la muerte de mi papá aprobaron el alzamiento de la marina. La finalidad era que la Armada diera el paso”, concluye.
Un crimen de lesa humanidad
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en 1998, se entiende por crimen de lesa humanidad una serie de actos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Dentro de estos se encuentran el asesinato, la tortura, violación, desaparición, esclavitud, y más. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que quiere decir que no se extingue la persecución de los culpables en razón del transcurso del tiempo.
En Chile los delitos ejecutados previos al 11 de septiembre de 1973 no entran dentro de esta categoría, por lo que actualmente el Poder Judicial no tiene la facultad de reabrir el caso. Esa es la lucha de Eduardo Contreras, el abogado que lleva la causa de Araya. Para Contreras la Fiscalía Naval arregló el caso: “Entonces fue un crimen totalmente impune. Esto genera un hecho jurídico muy grave. Como no se da en el contexto de una represión masiva, por razones políticas, religiosas o ideológicas, que es la característica de los delitos de lesa humanidad, el delito de Araya no es considerado un delito de lesa humanidad, porque ocurrió en un contexto democrático, donde no había represión. Como no es delito de lesa humanidad, prescribió. Yo estoy discutiendo eso. Estoy tratando de intentarlo con el Juez Carroza, tratando de encontrar una conexión entre la sedición golpista y el Golpe, para decir que hay un hilo conductor que hace que también se le aplique leyes de lesa humanidad”.
Mario Carroza tiene la responsabilidad ahora. Araya hijo y Contreras presentaron una querella para reabrir el caso sosteniendo que hay aspectos que no han sido investigados. “Tal vez la intervención de la Marina, oficiales que en ese minuto hubiesen estado involucrados en ese tema y que esto hubiese sido un detonante para algo. Esas son las cosas que en un momento dado no se investigaron, porque lo que se investigó es solamente el asesinato del Edecán Araya, pero no que esto tuviera consecuencias políticas”, comenta Carroza.
El magistrado es sincero: no sabe dónde lo llevará la investigación que está realizando. Eduardo Contreras, por otro lado, está convencido de que tiene la razón. Esto no significa que tenga la misma convicción de que los tribunales chilenos reafirmarán su teoría: “Si yo te induzco a ti a cometer un homicidio, y este se comete, yo debo ser condenado porque soy autor inductor. Los que matan a Araya y Schneider lo están haciendo en la perspectiva de un Golpe de Estado. Y si se le castiga como se ha castigado a los de Punta Peuco, también deberían castigar a los que instigaron con sus actos, porque hay una línea de unidad conductual técnico-jurídica entre los que inducen a hacer algo. Esto se hizo para crear una situación de caos, para inducir al Golpe”.
Los plazos de la investigación no están definidos y pueden pasar algunos años antes de que se sepan noticias al respecto. La extensión en el tiempo parece no desalentar a Enrique Araya. Lleva 16 años dándole vueltas al caso y está convencido de querer dar con la verdad. Eduardo Contreras subraya continuamente la importancia que tendría este caso como antecedente para casos futuros. Si un crimen ejecutado antes del 11 de septiembre logra ser declarado como de lesa humanidad se podría abrir una ventana de justicia para una serie de otros casos ocurridos previos al atentado en La Moneda. Si la justicia chilena falla en su contra, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy la pelota están en la cancha de Carroza.
Las balas provenían del fusil semiautomático de un francotirador cuya identidad aún no se esclarece.
Cerca de 20 miembros de Patria y Libertad fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval. Todos quedaron libres de condena, menos Guillermo Claverie quien, luego de pasar algunos meses prófugo, fue condenado a 3 años y un día para luego ser indultado “por servicios prestados a la patria”.
En una entrevista al diario La Nación, Claverie juró su inocencia y aseguró que fue obligado a confesar tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea. El involucrado admitió haber estado afuera del balcón de Araya en Providencia esa noche, pero aseguró no haber apretado el gatillo que lanzó la bala que habría dado con el marino.
Falsas culpas
Fue una entrevista que dio Jorge Ehlers en 2001, cuando aspiraba a presidir el Comité Olímpico de Chile, la que reavivó las intenciones de la familia Araya de darle un nuevo empujón a la búsqueda de la verdad en el caso. En ella Ehlers, oficial de la Marina que habría sido el nexo entre la Armada y Patria y Libertad, al ser consultado sobre sus vínculos con el caso del Edecán, señalaba que “mis cosas son personales, no tienen que importarle a nadie. Esto me parece una porquería”. Tres años después declaró en una entrevista que “estamos nuevamente volviendo al pasado y rememorando un desgraciado caso que en su oportunidad fue debidamente aclarado”.
Enrique Araya, hijo del Edecán, no logró encontrarle la razón. Para él, el capítulo no estaba cerrado. Mal que mal nadie había pagado con cárcel y las culpas no estaban en absoluto esclarecidas. Ante la posibilidad de la reapertura del caso, Ehlers migró a Alemania en 2003 acusando “motivos personales”, dejando su cargo en la Federación Atlética, que debía asumir hasta 2005.
Claverie figuraba como el único responsable y, a medida en que iba recabando más información, Enrique Araya iba reafirmando su tesis de que Claverie había sido utilizado. “Yo conversé muchas veces con él. De acuerdo a lo que me dijo tengo claro de que él no tiene culpa. Él fue utilizado por Jorge Ehlers. Hay una cosa del juicio de Claverie que es clave: todos los testigos de ese minuto concuerdan con que Claverie disparó cuatro balas. Los peritajes de la época encontraron los cuatro impactos de bala en la casa, las cuatro vainillas, pero en la casa habían cinco disparos, más el que mató mi papá. Son seis disparos. La autopsia dice que la bala vino desde arriba, y Claverie disparó desde 5 metros abajo. Todo eso me indica que el homicidio fue planificado y que su objetivo era llevar al país al Golpe Militar”.
El Edecán Araya esa noche respondió. Con una ametralladora alcanzó a disparar ocho tiros, ninguno con dirección hacia abajo, todos hacia el frente.
Una vez muerto Araya, el capitán de Carabineros Germán Esquivel, otro de los supuestos involucrados, fue el primero en llegar a la casa de Providencia. Fue a preguntar qué le había pasado y en qué condiciones se encontraba el Edecán. Lo primero que hizo fue dar instrucciones de detener al que fuera ante el deceso. Se presume que Esquivel estuvo directamente vinculado con el encubrimiento y distracción en torno al caso. “Si analizas el expediente y ves todo lo que hizo Esquivel te queda claro que lo pretendía era distraer a la gente, que el público pensara que habían sido otras personas. Se le echó la culpa hasta al gobierno, a Allende, cuando eso es mentira”, señala Enrique Araya.
El Edecán Constitucionalista
Enrique Araya insiste en que el atentado contra su padre tuvo razones políticas que pretendían seguir construyendo un clima de inestabilidad que le diera razones a las Fuerzas Armadas para propiciar un Golpe.
El Edecán Araya era un personaje carismático en la Armada. Era querido como pocos y dueño de una figuración incluso mayor que la del Comandante en Jefe. Cada tres semanas le tocaba estar de servicio y acompañar al Presidente Allende a todas sus actividades. Esa noche de invierno en Providencia venía llegando de una actividad en conmemoración del asalto al cuartel Moncada, en la embajada de Cuba. Arturo Araya no manifestó nunca, ni siquiera en su intimidad, una convicción política que lo ubicara cerca de la izquierda. Su discurso era, antes que todo, de lealtad y subordinación. Allende era su jefe y, en ese escenario, él obedecía con responsable rectitud.
“Mi papá era constitucionalista. Él pensaba que lo que estaba pasando era un problema político y que políticamente debía buscársele una solución. Mucha gente en la Marina era igual. Él siempre pensó que era una tontera perder el cariño que le tenía la gente a las FF.AA. Sabía que un Golpe iba a generar una ruptura entre el pueblo y las FF.AA. y así fue. Él no lo habría apoyado, porque tenía una amistad con el Presidente Allende”, dice su hijo. “Al morir él se provoca la reacción del alto mando de la Armada. Hubo un grupito que sí sabía, que sí había planificado el atentado del Comandante Araya, y después de la muerte de mi papá aprobaron el alzamiento de la marina. La finalidad era que la Armada diera el paso”, concluye.
Un crimen de lesa humanidad
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en 1998, se entiende por crimen de lesa humanidad una serie de actos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Dentro de estos se encuentran el asesinato, la tortura, violación, desaparición, esclavitud, y más. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que quiere decir que no se extingue la persecución de los culpables en razón del transcurso del tiempo.
En Chile los delitos ejecutados previos al 11 de septiembre de 1973 no entran dentro de esta categoría, por lo que actualmente el Poder Judicial no tiene la facultad de reabrir el caso. Esa es la lucha de Eduardo Contreras, el abogado que lleva la causa de Araya. Para Contreras la Fiscalía Naval arregló el caso: “Entonces fue un crimen totalmente impune. Esto genera un hecho jurídico muy grave. Como no se da en el contexto de una represión masiva, por razones políticas, religiosas o ideológicas, que es la característica de los delitos de lesa humanidad, el delito de Araya no es considerado un delito de lesa humanidad, porque ocurrió en un contexto democrático, donde no había represión. Como no es delito de lesa humanidad, prescribió. Yo estoy discutiendo eso. Estoy tratando de intentarlo con el Juez Carroza, tratando de encontrar una conexión entre la sedición golpista y el Golpe, para decir que hay un hilo conductor que hace que también se le aplique leyes de lesa humanidad”.
Mario Carroza tiene la responsabilidad ahora. Araya hijo y Contreras presentaron una querella para reabrir el caso sosteniendo que hay aspectos que no han sido investigados. “Tal vez la intervención de la Marina, oficiales que en ese minuto hubiesen estado involucrados en ese tema y que esto hubiese sido un detonante para algo. Esas son las cosas que en un momento dado no se investigaron, porque lo que se investigó es solamente el asesinato del Edecán Araya, pero no que esto tuviera consecuencias políticas”, comenta Carroza.
El magistrado es sincero: no sabe dónde lo llevará la investigación que está realizando. Eduardo Contreras, por otro lado, está convencido de que tiene la razón. Esto no significa que tenga la misma convicción de que los tribunales chilenos reafirmarán su teoría: “Si yo te induzco a ti a cometer un homicidio, y este se comete, yo debo ser condenado porque soy autor inductor. Los que matan a Araya y Schneider lo están haciendo en la perspectiva de un Golpe de Estado. Y si se le castiga como se ha castigado a los de Punta Peuco, también deberían castigar a los que instigaron con sus actos, porque hay una línea de unidad conductual técnico-jurídica entre los que inducen a hacer algo. Esto se hizo para crear una situación de caos, para inducir al Golpe”.
Los plazos de la investigación no están definidos y pueden pasar algunos años antes de que se sepan noticias al respecto. La extensión en el tiempo parece no desalentar a Enrique Araya. Lleva 16 años dándole vueltas al caso y está convencido de querer dar con la verdad. Eduardo Contreras subraya continuamente la importancia que tendría este caso como antecedente para casos futuros. Si un crimen ejecutado antes del 11 de septiembre logra ser declarado como de lesa humanidad se podría abrir una ventana de justicia para una serie de otros casos ocurridos previos al atentado en La Moneda. Si la justicia chilena falla en su contra, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy la pelota están en la cancha de Carroza.
lunes, 28 de agosto de 2017
Durante el primer semestre del 2017, las AFP aumentaron sus utilidades en un 26,8% y tuvieron ganancias DIARIAS por más de $1.129 millones
CIUS: Primer encuentro de organizaciones sindicales dispuestas a reconstruir y levantar la fuerza de la clase trabajadora
Como
Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, CIUS, queremos convocar a
los sindicatos de la Región Metropolitana al “Primer encuentro de
organizaciones sindicales dispuestas a reconstruir y levantar la fuerza
de la clase trabajadora”, el miércoles 19 de julio, a las 16:00 horas,
en la calle Corte Suprema 184, Santiago.
Se
trata de un llamado a retomar la historia de nuestra clase, mediante su
participación en la creación de una nueva Central de los Trabajadores
de Chile, constituida por sindicatos clasistas e independientes de los
gobiernos de turno y los partidos políticos.
Desde
nuestra fundación en 2015, en el CIUS hemos creído en la fuerza y la
unidad de los trabajadores como elemento principal en la construcción de
lo que llamamos una nueva sociedad, que se construirá desde la fuerza
avasalladora de los obreros y sus hermanos de clase.
El único requisito que consideramos irrenunciable es la defensa irrestricta de nuestros derechos.
No
hemos puesto condiciones previas para el proceso de unidad en la
acción, solo sentir un amor profundo por la clase y expresar la
disposición a no traicionarla.
Nuestro
principal compromiso es no volver a repetir los errores que llevaron a
la crisis al movimiento sindical. La vergonzosa situación de la Central
Unitaria (CUT) deja claro que se ha construido una estructura basada en
datos falsos para el solo objetivo de disfrutar de cargos de poder y de
las prebendas que entrega el sistema a quienes no lo combaten.
Es
hora de sacar del camino a los que han destruido la organización de los
trabajadores. Es hora de iniciar la construcción de un instrumento de
clase, con elección universal de sus dirigentes, con cotizaciones
mensuales, pero -por sobre todo- que sea enemigo declarado de la
corrupción, que rechace acuerdos a puertas cerradas o soluciones parche
que no respondan a las verdaderas demandas de los trabajadores.
En esta pelea no hay más enemigo que el capital.
No
aspiramos a otra cosa que la unidad. Pero no la vemos como un concepto
vacío de contenido, sino como un elemento vital para adquirir la fuerza
que nos permita exigir, en las calles, en cada lugar de trabajo, en
todos los espacios donde el modelo impide el paso.
Esto lo logramos organizados, conscientes de que el desafío es grande pero alcanzable. Ese es el objetivo del CIUS.
QUE VIVAN LOS TRABAJADORES
Inscripciones se reciben al correo cius.chile@gmail.com.
Federación Trabajadores De Chile Clotario Blest
Es hora que Construyamos el Partido de las y los Trabajadores, nuestra propia representación político social
La
casta política y la élite empresarial están profundamente
desprestigiadas. Las instituciones están deslegitimadas, la Nueva
Mayoría no cuenta con la confianza del grueso de la gente, un intento
desesperado para recuperar la iniciativa y la simpatía de las mayorías
es lo que explica la presentación desde el gobierno cuando está de
salida y ya no hay posibilidad de aprobación y sin urgencia
parlamentaria de su proyecto de reforma previsional. Como ocurrió antes
con los fuegos de artificio del “proceso constituyente”, al tiempo que
se aseguraba que no habría una Asamblea Constituyente. El 40% de
abstención electoral y las dificultades de los grandes aparatos
políticos – a los que no les faltan los recursos – para cumplir con la
ley de refichaje que ellos mismos aprobaron en el Congreso nos hablan de
una desafección profunda de la gente.
El
pueblo chileno está cansado de un modelo de capitalismo salvaje, que ha
mercantilizado los derechos básicos a la salud, la educación, la
previsión y la vivienda, mientras concentra la riqueza. Está indignado
con la corrupción rampante de las élites empresariales, políticas, en
las fuerzas armadas y en carabineros.
Desde
2006 con el levantamiento de los estudiantes secundarios conocido como
la “revolución pingüina”, se han sucedido movimientos sociales de
carácter regional y nacional cada vez más amplios, entre los hitos hay
que mencionar especialmente la rebelión estudiantil de 2011 y sobretodo
el movimiento NO + AFP en que tras un conjunto de sindicatos, los
trabajadores se han coordinado en toda la geografía del país, levantando
coordinadoras para la lucha por terminar con las AFP, conquistar la
Seguridad Social, y pensiones suficientes. Hasta ahora, a diferencia de
lo que ocurrió con los movimientos estudiantiles, NO + AFP no ha podido
ser cooptado, ni ha estado abierto a negociar “avances” limitados, que
suelen terminar en retrocesos, como ocurrió recientemente con la Reforma
Laboral.
¡Chile despertó!
Ese
fue un grito que de manera espontánea se coreó en la Alameda en
Santiago en la primera marcha multitudinaria por el fin del sistema de
AFP el 24 de julio de 2016. Esa marcha efectuada en más de 40 ciudades,
fue la primera movilización masiva a escala nacional convocada por un
movimiento de trabajadores desde el fin de la dictadura cívico-militar.
La coordinadora nacional de Trabajadores NO + AFP
Las
marchas han sido importantes, han elevado la autoestima del pueblo,
nutrieron la convicción que es posible cambiar las cosas y mejorar la
vida. Pero no basta con marchar, eso está claro, especialmente al
comprobar que a pesar de millones de personas movilizadas por el fin de
las AFP, políticos y autoridades se hacen los sordos.
Con
todas las instituciones desprestigiadas, incluidos lamentablemente los
sindicatos y especialmente la CUT tras elecciones fraudulentas y
bochornosas, en cambio el movimiento NO + AFP aparece como el que tiene
más confianza de la gente, y especialmente entre los jóvenes.
Además
el movimiento NO + AFP no se ha limitado a marchar, ha diseñado su
propia Propuesta de Pensiones, de acuerdo con los principios de la
Seguridad Social, robusta técnicamente, y ha organizado sindicatos y
activistas prácticamente en todo el país, ha ensayado movilizaciones
distintas como el Paro y la Protesta Nacional del 10 de diciembre de
2016, y las campañas de desobediencia civil del cambio al fondo E en las
AFP, y del abandono de las AFP Cuprum y Provida, han tenido un gran
impacto. Un millón trescientas mil personas se cambiaron de fondo en los
doce meses que terminaron en enero de 2017. Son tácticas innovadoras
para golpear al gran capital.
El
movimiento NO + AFP es la demostración de la emergencia de una
situación política y social nueva, que el movimiento estudiantil ya
anunciaba años antes.
La
emergencia del movimiento de mujeres feminista, también masivo NI UNA
MENOS, como respuesta indignada a la discriminación, brutales crímenes y
femicidios, muestra la entrada en la arena del conflicto social, tras
sus propias demandas, de la mitad más postergada y abusada de la
sociedad capitalista y patriarcal. Este movimiento feminista se ha
sumado a las movilizaciones del movimiento NO + AFP, lo que de por sí es
un dato tremendamente significativo.
La
persistencia de las luchas del pueblo mapuche por la recuperación de la
tierra y el territorio, a pesar de la criminalización, la dura
represión y la militarización de la Araucanía, son una muestra de la
renacida voluntad de resistencia a los abusos en el país.
Pero
queda pendiente el paso de lo social a lo político, a la disputa por el
poder, para transformar la sociedad. Ese Chile que despertó todavía no
tiene su representación en el campo político.
Por una política honesta hecha por la gente trabajadora y la juventud.
No
podemos limitarnos a reproducir las viejas prácticas elitistas, de
decisiones entre cuatro paredes, o cocinadas en acuerdos en la cocina.
Si de verdad queremos cambiar las cosas, con transformaciones sociales
basadas en criterios de justicia social y solidaridad, esto solo será
posible con la activa participación de millones. Los técnicos no deben
reemplazar a las mayorías, los necesitamos para que pongan sus
conocimientos al servicio se las decisiones que tomen las organizaciones
de trabajadores. Ese debería ser el orden, no a la inversa.
El polo de izquierda.
La
candidatura de Alberto Mayol agrupó en todo el país un polo de
Izquierda, levantó un programa de transformaciones con un horizonte
socialista y democrático radical. En torno a la campaña de Mayol se
concitaron voluntades de gente que dentro y fuera del Frente Amplio
quiere un cambio social de verdad. Las maniobras incalificables desde la
mesa del Frente Amplio, para impedir que el ex candidato presidencial
fuera candidato parlamentario con acusaciones falsas que no resistieron
un día, y de las que finalmente tuvieron que desdecirse los dirigentes
cupulares que las hicieron, han servido para mostrar que este sector
sigue presente y ganando voluntades. La principal tarea política que
tenemos frente a nosotros los que participamos en este esfuerzo es darle
continuidad al polo de izquierda, profundizar su programa y enraizarnos
en la realidad social en todas las regiones del país. Ese polo de
izquierda puede ser la base para construir un nuevo partido del pueblo
trabajador, con actividad político social real, mucho más allá de un
simple aparato electoral instrumental.
Construyamos un Partido de las y los Trabajadores
Es
necesaria una nueva representación y organización política social de la
clase trabajadora, y otros sectores populares, capaz de disputar el
poder, el gobierno y el congreso a las élites. Una nueva fuerza con
vocación convocante y unitaria que desde las demandas más sentidas por
el pueblo, en el respecto de su diversidad, sea capaz de jugar el papel
central en un frente contra el capitalista salvaje en Chile realmente
amplio, sobre la base de la solidaridad, la justicia social y la
propiedad social.
Ahora
se reúnen las condiciones para superar la fragmentación extrema de la
izquierda chilena, en miles de grupitos y colectivos político–sociales.
Un proceso de unidad para construir una fuerza, con respeto a la
diversidad, con formas federativas y con mecanismos transparentes y
democráticos de decisión. Un partido al servicio del cambio social, con
estrategias de movilización, programas y liderazgos honestos.
La
conclusión para nosotros es clara, es hora que Construyamos una fuerza
de Trabajadores, nuestra propia representación político social, con una
perspectiva socialista honesta y genuina.
Un
partido de las y los trabajadores que haga sentir nuestra fuerza
organizada como pueblo trabajador por nuestros propios anhelos e
intereses. Para que nunca más volvamos a poner la lucha y los
sacrificios, para dejar luego el poder ingenuamente en manos de otros.
A través de una carta dfemandó ser integrado a Mesa Nacional del conglomerado
Frente Amplio: Mayol crea “Movimiento Democrático Popular” junto a fuerzas que apoyan su candidatura
El ex precandidato presidencial y actual candidato por el distrito 10, Alberto Mayol, anunció la creación de “Movimiento Democrático Popular (MDP)”, conformado por la Izquierda Cristiana, el Socialismo Allendista y Ukamau, organizaciones que apoyaron su campaña presidencial en las primarias, y de paso, solicitó el ingreso a la mesa nacional del Frente Amplio.
El correo, dado a conocer por La Tercera, señala que”como es de público conocimiento, hoy existen tres fuerzas en el Frente Amplio que no gozan de reconocimiento formal de vuestra mesa. Se trata de los partidos y movimientos Izquierda Cristiana, Socialismo Allendista y Ukamau. Estos movimientos y partidos han ayudado a construir el Frente Amplio, pero no han gozado de los plenos derechos que ostentan las fuerzas políticas hoy integradas a la mesa”.
“Al estar estas fuerzas hoy unidas en una misma orgánica (MDP), se hace más evidente e incontrarrestable el hecho de satisfacer los requerimientos”, expresa el documento, el que agrega que: “Volvemos a reconocer nuestro vínculo con el Frente Amplio, a pesar de las exclusiones y de los escasísimos espacios formales, electorales y simbólicos que se nos han otorgado”.
El Movimiento Democrático Popular será presidido por la dirigente social de Ukamau y actual candidata a diputada por el distrito 8, Doris González, mientras que Mayol será el coordinador de su comisión política.
“Estos grupos reconocen un vínculo con el programa de Gobierno y el proyecto de país que se ofreció en las primarias presidenciales del Frente Amplio desde la candidatura de Alberto Mayol”, cierra la declaración.
El Ciudadano
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
30 de Agosto: Día Internacional del Detenido Desaparecido
Invitamos y agradecemos difusión
“Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy” en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido
Los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Mariana Mota y Wilder Tayler, junto a representantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos participarán del evento: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”, que se realizará este miércoles 30 de agosto en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Este miércoles 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. En Uruguay la consigna es: Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy.
En dicho marco, este miércoles a las 19.00 horas se realizará una charla en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, 18 de Julio y Tristán Narvaja, con la participación de los integrantes de la INDDHH Mariana Mota y Wilder Tayler, y representantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
También habrá una parte artística en la cual actuarán: Grupo de Danza “La Forestal” y Milongas Extremas.
Convocan: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Coordinadora de Apoyo.
Detenidos Desaparecidos
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, iniciativa que pretende establecer “una fecha que recuerde a las víctimas que fueron detenidas en forma ilegal durante la dictadura”.Tal declaración es un aporte a los esfuerzos para promover la “memoria colectiva” y efectivizar la “reparación integral de las víctimas y sus familiares”.
La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República ha asegurado que las personas detenidas desaparecidas en Uruguay, dentro del período comprendido entre los años 1968-1985, es de 192 ciudadanos.
En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fueron hallados en el Batallón de Infantería Nº13, los restos del escribano Fernando Miranda, quien había estado reportado en la lista de detenidos desaparecidos.
También en 2006, pero en una chacra de Pando, aparecieron los restos de Ubagesner Chávez Sosa.
Mientras que los restos del maestro Julio Castro y del comerciante Ricardo Blanco Valiente, fueron encontrados ambos en el Batallón 14, pero en los años 2011 y 2012 respectivamente, durante la administración de José Mujica.
Pensar desde el agua
Carlos Santos
En los últimos días en Uruguay se ha avanzado en la aprobación y discusión de nuevos marcos legales para el uso de los recursos hídricos: el Poder Ejecutivo promulgó el Plan Nacional de Aguas al tiempo que el Parlamento dio media sanción a una serie de modificaciones en la Ley de Riego. Zur aprovechó este pretexto para dialogar con integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida acerca de las implicaciones de estas normativas en las luchas sociales por el agua.
En
el año 2002, en medio de una de las crisis económicas y sociales más
graves del país, el estado uruguayo firmó una Carta Intención con el
Fondo Monetario Internacional en la que comprometía la privatización de
servicios públicos, entre ellos el de agua potable y el saneamiento.
Eso generó un proceso organizativo que confluyó en la creación de una Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) donde confluyeron organizaciones sociales de todo el país, incluyendo al sindicato de la empresa estatal de aguas, grupos de vecinos afectados por la privatización, así como organizaciones ambientalistas o de corte territorial.
La CNDAV recolectó firmas para plebiscitar una reforma constitucional que incluyera el derecho humano al agua y al saneamiento y la obligatoriedad de su gestión pública en la carta magna del país. Este plebiscito fue acompañado por el 64% de la ciudadanía el 31 de octubre de 2004, en el mismo acto eleccionario en que el Frente Amplio llegaba al gobierno.
Desde ese momento la CNDAV ha continuado su trabajo de seguimiento en el cumplimiento del derecho humano al agua en el país.
¿A casi trece años del plebiscito de 2004, cuáles son los principales desafíos que tiene hoy la lucha por el agua como un bien común en Uruguay?
Nicolás Ferreira: Tenemos desafíos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico científico y el más importante que es el desafío de las condiciones subjetivas. Tenemos una ingeniería jurídica que no puede parar el avance del capital en contra de los derechos, en este caso el derecho humano al agua y al saneamiento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en iniciativas como la promoción de las plantas de celulosa, el agronegocio, las modificaciones a la ley de riego, con la afectación de los subsidios cruzados de OSE (1).
Tanto la CNDAV como el sindicato siempre hemos sido muy claros: en la división de suelos no existe una categoría de “suelos para cosecha de agua”. Aquí los territorios están gestionados para la ganancia del capital, para las commodities. El estado no gestiona los territorios. Divide arbitrariamente pero no gestiona, no existe una gestión de cuencas. Basta un ejemplo: OSE no está dividida en su organización interna por cuencas. No hay una concepción del territorio a nivel de cuencas. Tenemos una mentalidad urbana, la gran mayoría vivimos en urbes -más pequeñas o más grandes- y esa es la lógica que nos gobierna. Cuando pensamos en el agua nos cuenta pensarla más allá de las tuberías, más allá de las canillas, más allá de la ciudad. La mayoría de la gente le echa la culpa a OSE porque es la encargada de brindar agua potable y saneamiento. Y la sociedad tiene razón: confía y reclama ante el organismo responsable.
Pero la respuesta del pensamiento es mucho más compleja a la hora de entender como son los procesos de producción de agua en los territorios. Para nosotros es importante que existan áreas exclusivas para la producción del agua, que el agua se gestione por cuencas, y que haya un ordenamiento territorial, de la producción, que no dependa exclusivamente de la ganancia ni de la distancia del puerto, sino que dependa de la cuenca y de la capacidad que tenga para producir determinados alimentos, con determinada carga y de eso estamos muy lejos como sociedad, muy lejos como movimientos sociales, como sindicato y mucho más lejos como estado.
Nos preocupa mucho, pero nosotros entendemos que el primer camino es empezar a pensar desde el agua.
Estos elementos que introducís son novedosos: áreas de exclusión para la producción del agua, ordenamiento territorial, pero lo que planteás de la gestión por cuencas hidrográficas, hace 13 años que se aprobó una reforma constitucional que dice exactamente eso. ¿Por qué sigue siendo un problema eso entonces?
Nicolás Ferreira: Sería interesante que el estado responda eso. El artículo 47 de la Constitución es muy claro. La Ley Nacional de Aguas de 2009 también. Pero OSE no cambió su ordenamiento interno, sigue teniendo 19 reparticiones departamentales. Pero además de eso hay 7 ministerios interviniendo en cuestiones relativas al agua, más las intendencias departamentales, más la URSEA [Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua] entonces ¿cómo pensamos al estado? Porque lo que dice el artículo 47 de la Constitución es que el ordenamiento territorial debe ser otro. Tenemos que empezar a pensar al revés, en un ordenamiento territorial basado en el agua, tenemos que pensar desde el agua y desde allí ordenar todo lo demás. Eso conlleva a pensar por cuencas. Es complejo porque aún nos cuesta entenderlo. Si nos dicen “arriba” pensamos bidimensionalmente en el norte y no en que se trata del sitio más alto de una cuenca. Pero parece que eso no importara. Lo único que preocupa es que los análisis que se hacen al agua potabilizada estén dentro de los estándares y nada más.
Carlos Sosa: En cuanto a los desafíos, hay que analizarlo desde el gobierno y desde el estado. La otra vez alguien mencionó que algunos espacios del estado quedan vacíos y no se asume la responsabilidad de llevar adelante la gestión que corresponde. Eso hay que leerlo a la luz de una puja de intereses: los intereses de ciertos sectores del país que son más proclives a beneficiarse con un manejo político y territorial antes que con un manejo integral por cuencas. Está el caso de Laguna del Cisne, por ejemplo [en el departamento de Canelones] donde se registró una importante contaminación del agua a partir del uso agrícola de la zona, principalmente el cultivo de soja transgénica. Ahí perdimos calidad de agua y para haberlo evitado se debería haber tomado una decisión que iba a implicar perder plata (por ejemplo, prohibiendo cultivos en determinada área de la zona). Entonces, pensar desde el agua, desde el territorio, implica también romper con un paradigma que existe -de gobierno, de estado, de política, de defensa de intereses que no son los populares-. Acá lo que ha predominado es la defensa de la tasa de ganancia, y todo lo que vaya en su detrimento no existe, no es considerado en la ecuación y queda afuera. Hoy cambiar la cabeza para tener una visión desde el agua no se corresponde con la realidad de esos intereses. Por lo tanto el fracking, las plantas de celulosa, el monocultivo forestal, el monocultivo de soja no entran dentro de un marco que busque pensar el agua como un bien común.
Nancy Espasandín: El desafío más grande de la población es la movilización. No hay ninguna posibilidad de frenar estos procesos de devastación de nuestros suelos y de nuestras aguas, estos procesos de saqueo, si no es a través de la movilización de los pobladores, de la gente propia de los lugares.
Por ejemplo, las Comisiones de Cuenca se han instalado en aquellos lugares donde emergieron graves problemas sanitarios vinculados con la contaminación, desde la Cuenca del Río Santa Lucía -en respuesta a los problemas en el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana en 2013-, la Comisión de Laguna del Sauce por los problemas en el sistema de Maldonado, y la Laguna del Cisne en el Departamento de Canelones. En este caso, si bien no se logró nuestro objetivo -que era expropiar terrenos en el entorno de la Laguna para que se priorizara la función ecosistémica de producción y depuración del agua- si se comenzó a aplicar un plan de cambio de los actividades productivas -se cambió el destino de 400 hectáreas que estaban plantadas con soja- y en pocos meses se ha podido observar una mejora de las condiciones ambientales de la Laguna. ¿Por qué no es posible generalizar este tipo de propuestas? ¿No sé podría instrumentar algo así en toda la cuenca del Río Santa Lucía o a todas las cuencas críticas del país? Evidentemente porque habría que afectar intereses muy grandes. Hay actores que por su poder económico y político logran que sus intereses se mantengan intactos o que se les transfieran recursos directos cuando éstos son afectados (mediante juicios, etcétera).
En la lógica de tener una mirada restrospectiva desde el 31 de octubre de 2004, fecha en la que se aprobó el plebiscito del agua -que consagró en la Constitución el Derecho Humano al agua y al saneamiento y su gestión en manos públicas- ¿cómo evalúan ustedes estos espacios de participación que preveía la reforma constitucional, como las comisiones de cuenca? La pregunta es, ¿hasta dónde no han legitimado o facilitado la participación de actores privados -empresariales- en pie de igualdad con las organizaciones sociales y el estado para definir pautas de gestión del agua?
Carmen Sosa: Si, es algo diría casi que natural en estos procesos, en los que tratamos de meter en un sistema capitalista tan agresivo como este un cambio social tan revolucionario como pretendía la reforma constitucional. Nosotros siempre decimos que militamos por el agua, pero no específicamente por el agua sino porque queremos cambiar este modelo de sociedad y el agua es una de las tantas formas de alcanzar ese objetivo mayor. Tenemos claro que dentro de este modelo capitalista no existen los parches, tenemos que promover cambios totales. En el propio 2003 ya teníamos elementos para saber cómo iba a ser el proceso de implementación de la Reforma Constitucional. ¿En que momento de la campaña de recolección de firmas se consiguió la firma de Tabaré Vázquez? El día antes de entregar las firmas en el parlamento, cuando ya era el candidato a la presidencia por el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ya sabía que si llegaba a la presidencia iba a ir en contra del plebiscito. El modelo, su orientación general ya estaba definida. Ya se sabía que ir de lleno con el cumplimiento de la reforma constitucional iba a traer problemas. Ya se había definido la continuidad de las empresas multinacionales, la compra de las acciones a las privatizadoras y no su expropiación.
Con respecto a las comisiones de cuenca, creo que en algunos lugares se han dado procesos que han sido de utilidad para los vecinos. Las movilizaciones se orientaron a reclamar la instalación de las comisiones, porque eran mecanismos que existían en la constitución y en la ley. Formalmente, cuando se reclamó la instalación de una comisión de cuenca, nadie les pido decir que se trataba de un disparate.
Por otro lado y apuntando a la autocrítica, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que sean herramientas que sirvan a los intereses populares.
Carlos Sosa: Nosotros muchas veces hemos discutido el tema de la institucionalidad, del peligro que lo institucional capture lo social. A la herramienta de las comisiones de cuenca le veo más virtudes que defectos. Todas las demás formas de participación previstas en lo público ni siquiera son profundamente democráticas. En estos casos se trata de organizaciones profundamente abiertas donde los vecinos que quieren participar van y participan.
Nancy Espasandín: Habría que decir que el peligro de la institucionalidad tiene que ver con la cooptación: en la medida en que vos no alientes la participación y los vecinos se cansen de que no se apliquen las medidas que reclaman esa participación va a disminuir. Otras veces la gente siente que alcanzó un objetivo y desiste de participar, porque muchas veces no es sencillo acompañar procesos donde la mayoría de quienes están representados en esos espacios son autoridades. Por cada diez autoridades hablan dos vecinos y eso no promueve ni facilita la participación de la población directamente involucrada. Sólo con la movilización y la organización esas comisiones de cuenca pueden cumplir un rol.
Carlos Sosa: Pero por otro lado hay que tener en cuenta que en esas comisiones se discuten cosas que no se discuten en ningún otro lado. En la comisión de cuenca de Santa Lucía, por ejemplo, se dio la situación de que se le reclamaba a algunos tamberos de la zona que estaban contaminando un bien de uso común, por la propiedad privada, el derecho del individuo como productor a usar los recursos como le parezca está absolutamente naturalizado. Esa discusión, la visualización de que hay cuestiones que son de la comunidad, de todos, sólo sucede en esos espacios: la discusión sobre la imposibilidad de vulnerar un derecho de todos por un interés particular.
Nancy Espasandín: Hay algo que tenemos que pensar en relación a esto. Si tu vas a una comisión de cuenca, la mayor parte de las personas que están allí están trabajando, o sea son miembros del estado. Por lo tanto reciben dinero por estar allí. Por eso las reuniones son -en su mayoría- en horarios de oficina en días de semana. Por eso, uno de nuestros primeros planteos en el caso de la comisión de Laguna del Cisne fue que las reuniones fueran después de las seis de la tarde porque sino los vecinos no podían participar. Hay otra cosa que es interesante: se hacen comisiones de trabajo, por ejemplo una de monitoreo, la cual le interesa a muchos vecinos. Pero ¿como hace una persona para sostener una participación en una sub-comisión así? Hay que tener movilidad propia hasta la laguna, hay que tener tiempo. Se definió la figura de un guardaparque pero ni siquiera se le asignó un vehículo, se mueve con su moto personal, por toda el área. Eso es contradictorio. Está lejos de ser una panacea, es apenas una herramienta que se puede usar cuando existen procesos de autoorganización.
Nicolás Ferreira: Si realmente fuera importante para el estado la participación para la gestión del agua por cuencas, el día de la comisión de cuenca tendría que ser algo así como un feriado pago, donde la gente pudiera participar masivamente sin pensar en el costo de dejar otras actividades. Una suerte de cabildo abierto. Y no lo es. O sea, se nos dice “todos podemos participar”, pero ordenadamente, de esta forma, en este horario…Pero hay otro tema que tiene que ver con cómo las organizaciones sociales, los sindicatos, entendemos las comisiones de cuenca. Hay muchas personas y colectivos que entienden estos espacios como una herramienta para una transformación mayor. Pero hay otras que ven estos espacios como un fin en sí mismos, entonces cuando logran su cometido se retraen. Lo que planteaba la reforma constitucional era la participación en la planificación, la gestión y control de los recursos hídricos. No hay participación, no hay planificación, gestión ni control.
¿Y como puede leerse en este contexto la reciente promulgación del Plan Nacional de Aguas?
Nicolás Ferreira: El Plan Nacional de Aguas justifica la actual matriz productiva, el saqueo de los recursos y la reprimarización de la economía. Lo que hace es decir “sabemos que existe todo esto, lo ordenamos y lo presentamos”. Estuvieron seis años para implementar un Plan Nacional de Aguas y en seis meses lo sacaron sin que se procesara ninguna discusión masiva del Plan. Por ejemplo, nosotros como sindicato propusimos la creación de un Ministerio de Hidrología (que se podría llamar ministerio de cuencas o ministerio del agua) donde todas las competencias jurídicas del agua, los suelos y el territorio confluyeran allí, donde la gestión sea por cuencas y la OSE esté incluida.
Lo que refleja la calidad del agua hoy en día es el nivel de organización y conciencia colectiva que tenemos como sociedad. El estado que tiene el agua es el estado que tiene la sociedad uruguaya, refleja nuestro estado de conciencia.
Carmen Sosa: Las comisiones de cuenca han servido mucho para una gran cantidad de organizaciones que han comenzado a nuclearse en torno a estos temas. Pero también nos ha servido desde la Comisión Nacional para tomar contacto con procesos locales. En ese sentido estamos mucho mejor que hace cinco años. Cuando comenzaron a verse los problemas concretos del agua la gente se empezó a organizar, a interiorizarse y a llamarnos para integrarse a las comisiones de cuenca. La gente está viendo los problemas que nosotros veníamos anunciando, sirvió como herramienta para aglutinar procesos sociales. Y sirvió también para transparentar cómo los gobiernos progresistas no han cumplido con el mandato popular que está detrás de la aprobación de la reforma constitucional de 2004. No es menor, se desconoce sistemáticamente una reforma constitucional que salió de la gente.
Nicolás Ferreira: Y un detalle de implantación. Hoy las comisiones están llenas de funcionarios de instituciones públicas y privadas que van a cobrar su sueldo. Y las comisiones están a favor de proyectos institucionales. Si el estado realmente quisiera promover la participación los técnicos estarían al servicio de la sociedad organizada. Y aquí es al revés, la sociedad organizada está en servicio de lo que definan las instituciones.
Carlos Sosa: O por lo menos que existan las condiciones para generar el diálogo necesario entre los técnicos y el pueblo, pero el problema es que ese diálogo tampoco existe.
Nancy Espasandín: Y cuando existe lo usan mal. Por ejemplo, algunos sectores del gobierno nos invitaron a discutir sobre la ley de riego y el Plan Nacional de Aguas. Les dimos todos nuestros argumentos acerca de la manera en que están relacionadas ambas políticas, de los impactos que alguna de estas políticas iba a generar y no se tuvo en cuenta absolutamente nada de lo que planteamos.
¿Cómo ven ustedes entonces el vínculo entre el Plan Nacional de Aguas y la Ley de Riego? ¿Son medidas de política que van en sentido opuesto o son complementarias?
Nicolás Ferreira: Hay una ingeniería jurídica que está a favor del saqueo. Se quiere justificar que se tienen en cuenta cuestiones ambientales, cuestiones de derechos, de participación y eso es lo que se recoge en el Plan Nacional de Aguas. Pero lo que hay en la realidad es zonas francas, tratados de inversión, el decreto antipiquetes y la Ley de Riego. El Plan Nacional de Aguas no dice nada y justifica todo. La Ley de Riego potencia el modelo actual y lo que va a generar es más exclusión social, más contaminación, mayor acaparamiento de tierras y acaparamiento de aguas. Es la vuelta de tuerca del modelo, un cierre a favor del capital. Toda esta normativa del agua no está pensada desde la lógica del agua, está pensada desde una lógica de mega acaparamiento.
Carmen Sosa: El Plan Nacional de Aguas está construido sobre la base de que la situación actual del territorio está bien. No hace ninguna mención a los problemas que tenemos de contaminación. Todo lo que se propone hacer es como si partiéramos de cero. Y lo otro que observamos -por nuestro conocimiento de la realidad latinoamericana y por los contactos con organizaciones de países hermanos- es que este Plan Nacional de Aguas es muy similar al de Chile.
Carlos Sosa: También nosotros tenemos un problema que se nos presenta cuando alguien nos pregunta si el agua es o no es potable. Nosotros siempre aclaramos que no es un problema que se pueda resolver tecnológicamente.
Carmen Sosa: OSE tiene la clara responsabilidad de potabilizar el agua, eso está clarísimo. Es más, en su carta orgánica tiene la responsabilidad de cuidar las fuentes de agua. Pero OSE va a las comisiones de cuenca como un usuario más. Pero la discusión no puede estar enfocada en si el agua es potable o no. La discusión debe ir al problema real. Aunque OSE asegure la potabilidad del agua, el problema lo seguimos teniendo igual: la degradación de los territorios que producen el agua. OSE resuelve tecnológicamente una parte del problema, pero la matriz de su origen sigue sin modificarse. No es un problema técnico, es un problema político, de cómo se usa la fuente de agua si con prioridad al uso humano o con prioridad al enriquecimiento de agronegocio o la industria. Hoy la potabilidad se puede resolver, pero si seguimos deteriorando la fuente de producción del agua no sabemos que podrá pasar en un futuro cercano.
Además de quién se hace cargo de pagar esa tecnología de potabilización…
Nancy Espasandín: Lo paga el estado con recursos de toda la sociedad y ahora tenemos la nueva “tasa ambiental” introducida por el ministerio de Economía en la factura del agua potable (2). Contaminan unos pocos y el costo de esa contaminación lo pagamos todos.
En la entrevista:
Nicolás Ferreira, Carlos Sosa y Carmen Sosa son integrantes de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). Nancy Espasandín es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.
Notas:
(1) La política de subsidios cruzados de OSE le permite al ente subsidiar las zonas deficitarias en términos de recaudación con los beneficios que se pueden lograr en las zonas superavitarias (que en términos de circunscripciones departamentales en Uruguay se corresponden con los departamentos más poblados: Montevideo, Canelones y Maldonado). La afectación a la que refiere Ferreira tiene que ver con la manera en que se saldó la re-estatización de los servicios públicos del departamento de Maldonado, que habían sido privatizados en el año 1998. En 2005 luego de la aprobación del plebiscito que incluyó el derecho humano al agua en la constitución y consagró su gestión estatal, el gobierno del Frente Amplio (en el año 2005) creó una Unidad de Gestión Descentralizada entre OSE y la Intendencia de Maldonado que re-estatizó los servicios pero sin que volvieran a ser parte de la gestión de OSE, sino que se han mantenido bajo esta forma pública mixta entre gobierno nacional y departamental, quitando la posibilidad de sostener los subsidios cruzados con los recursos generados en una de las tres zonas superavitarias del país.
(2) Se refiere a una tasa que se agregó a la tarifa del agua potable con el objetivo de cubrir los costos de la potabilización. Es un impuesto a la contaminación que pagan quienes son afectados directamente por esa contaminación.
Eso generó un proceso organizativo que confluyó en la creación de una Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) donde confluyeron organizaciones sociales de todo el país, incluyendo al sindicato de la empresa estatal de aguas, grupos de vecinos afectados por la privatización, así como organizaciones ambientalistas o de corte territorial.
La CNDAV recolectó firmas para plebiscitar una reforma constitucional que incluyera el derecho humano al agua y al saneamiento y la obligatoriedad de su gestión pública en la carta magna del país. Este plebiscito fue acompañado por el 64% de la ciudadanía el 31 de octubre de 2004, en el mismo acto eleccionario en que el Frente Amplio llegaba al gobierno.
Desde ese momento la CNDAV ha continuado su trabajo de seguimiento en el cumplimiento del derecho humano al agua en el país.
¿A casi trece años del plebiscito de 2004, cuáles son los principales desafíos que tiene hoy la lucha por el agua como un bien común en Uruguay?
Nicolás Ferreira: Tenemos desafíos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico científico y el más importante que es el desafío de las condiciones subjetivas. Tenemos una ingeniería jurídica que no puede parar el avance del capital en contra de los derechos, en este caso el derecho humano al agua y al saneamiento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en iniciativas como la promoción de las plantas de celulosa, el agronegocio, las modificaciones a la ley de riego, con la afectación de los subsidios cruzados de OSE (1).
Tanto la CNDAV como el sindicato siempre hemos sido muy claros: en la división de suelos no existe una categoría de “suelos para cosecha de agua”. Aquí los territorios están gestionados para la ganancia del capital, para las commodities. El estado no gestiona los territorios. Divide arbitrariamente pero no gestiona, no existe una gestión de cuencas. Basta un ejemplo: OSE no está dividida en su organización interna por cuencas. No hay una concepción del territorio a nivel de cuencas. Tenemos una mentalidad urbana, la gran mayoría vivimos en urbes -más pequeñas o más grandes- y esa es la lógica que nos gobierna. Cuando pensamos en el agua nos cuenta pensarla más allá de las tuberías, más allá de las canillas, más allá de la ciudad. La mayoría de la gente le echa la culpa a OSE porque es la encargada de brindar agua potable y saneamiento. Y la sociedad tiene razón: confía y reclama ante el organismo responsable.
Pero la respuesta del pensamiento es mucho más compleja a la hora de entender como son los procesos de producción de agua en los territorios. Para nosotros es importante que existan áreas exclusivas para la producción del agua, que el agua se gestione por cuencas, y que haya un ordenamiento territorial, de la producción, que no dependa exclusivamente de la ganancia ni de la distancia del puerto, sino que dependa de la cuenca y de la capacidad que tenga para producir determinados alimentos, con determinada carga y de eso estamos muy lejos como sociedad, muy lejos como movimientos sociales, como sindicato y mucho más lejos como estado.
Nos preocupa mucho, pero nosotros entendemos que el primer camino es empezar a pensar desde el agua.
Estos elementos que introducís son novedosos: áreas de exclusión para la producción del agua, ordenamiento territorial, pero lo que planteás de la gestión por cuencas hidrográficas, hace 13 años que se aprobó una reforma constitucional que dice exactamente eso. ¿Por qué sigue siendo un problema eso entonces?
Nicolás Ferreira: Sería interesante que el estado responda eso. El artículo 47 de la Constitución es muy claro. La Ley Nacional de Aguas de 2009 también. Pero OSE no cambió su ordenamiento interno, sigue teniendo 19 reparticiones departamentales. Pero además de eso hay 7 ministerios interviniendo en cuestiones relativas al agua, más las intendencias departamentales, más la URSEA [Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua] entonces ¿cómo pensamos al estado? Porque lo que dice el artículo 47 de la Constitución es que el ordenamiento territorial debe ser otro. Tenemos que empezar a pensar al revés, en un ordenamiento territorial basado en el agua, tenemos que pensar desde el agua y desde allí ordenar todo lo demás. Eso conlleva a pensar por cuencas. Es complejo porque aún nos cuesta entenderlo. Si nos dicen “arriba” pensamos bidimensionalmente en el norte y no en que se trata del sitio más alto de una cuenca. Pero parece que eso no importara. Lo único que preocupa es que los análisis que se hacen al agua potabilizada estén dentro de los estándares y nada más.
Carlos Sosa: En cuanto a los desafíos, hay que analizarlo desde el gobierno y desde el estado. La otra vez alguien mencionó que algunos espacios del estado quedan vacíos y no se asume la responsabilidad de llevar adelante la gestión que corresponde. Eso hay que leerlo a la luz de una puja de intereses: los intereses de ciertos sectores del país que son más proclives a beneficiarse con un manejo político y territorial antes que con un manejo integral por cuencas. Está el caso de Laguna del Cisne, por ejemplo [en el departamento de Canelones] donde se registró una importante contaminación del agua a partir del uso agrícola de la zona, principalmente el cultivo de soja transgénica. Ahí perdimos calidad de agua y para haberlo evitado se debería haber tomado una decisión que iba a implicar perder plata (por ejemplo, prohibiendo cultivos en determinada área de la zona). Entonces, pensar desde el agua, desde el territorio, implica también romper con un paradigma que existe -de gobierno, de estado, de política, de defensa de intereses que no son los populares-. Acá lo que ha predominado es la defensa de la tasa de ganancia, y todo lo que vaya en su detrimento no existe, no es considerado en la ecuación y queda afuera. Hoy cambiar la cabeza para tener una visión desde el agua no se corresponde con la realidad de esos intereses. Por lo tanto el fracking, las plantas de celulosa, el monocultivo forestal, el monocultivo de soja no entran dentro de un marco que busque pensar el agua como un bien común.
Nancy Espasandín: El desafío más grande de la población es la movilización. No hay ninguna posibilidad de frenar estos procesos de devastación de nuestros suelos y de nuestras aguas, estos procesos de saqueo, si no es a través de la movilización de los pobladores, de la gente propia de los lugares.
Por ejemplo, las Comisiones de Cuenca se han instalado en aquellos lugares donde emergieron graves problemas sanitarios vinculados con la contaminación, desde la Cuenca del Río Santa Lucía -en respuesta a los problemas en el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana en 2013-, la Comisión de Laguna del Sauce por los problemas en el sistema de Maldonado, y la Laguna del Cisne en el Departamento de Canelones. En este caso, si bien no se logró nuestro objetivo -que era expropiar terrenos en el entorno de la Laguna para que se priorizara la función ecosistémica de producción y depuración del agua- si se comenzó a aplicar un plan de cambio de los actividades productivas -se cambió el destino de 400 hectáreas que estaban plantadas con soja- y en pocos meses se ha podido observar una mejora de las condiciones ambientales de la Laguna. ¿Por qué no es posible generalizar este tipo de propuestas? ¿No sé podría instrumentar algo así en toda la cuenca del Río Santa Lucía o a todas las cuencas críticas del país? Evidentemente porque habría que afectar intereses muy grandes. Hay actores que por su poder económico y político logran que sus intereses se mantengan intactos o que se les transfieran recursos directos cuando éstos son afectados (mediante juicios, etcétera).
En la lógica de tener una mirada restrospectiva desde el 31 de octubre de 2004, fecha en la que se aprobó el plebiscito del agua -que consagró en la Constitución el Derecho Humano al agua y al saneamiento y su gestión en manos públicas- ¿cómo evalúan ustedes estos espacios de participación que preveía la reforma constitucional, como las comisiones de cuenca? La pregunta es, ¿hasta dónde no han legitimado o facilitado la participación de actores privados -empresariales- en pie de igualdad con las organizaciones sociales y el estado para definir pautas de gestión del agua?
Carmen Sosa: Si, es algo diría casi que natural en estos procesos, en los que tratamos de meter en un sistema capitalista tan agresivo como este un cambio social tan revolucionario como pretendía la reforma constitucional. Nosotros siempre decimos que militamos por el agua, pero no específicamente por el agua sino porque queremos cambiar este modelo de sociedad y el agua es una de las tantas formas de alcanzar ese objetivo mayor. Tenemos claro que dentro de este modelo capitalista no existen los parches, tenemos que promover cambios totales. En el propio 2003 ya teníamos elementos para saber cómo iba a ser el proceso de implementación de la Reforma Constitucional. ¿En que momento de la campaña de recolección de firmas se consiguió la firma de Tabaré Vázquez? El día antes de entregar las firmas en el parlamento, cuando ya era el candidato a la presidencia por el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ya sabía que si llegaba a la presidencia iba a ir en contra del plebiscito. El modelo, su orientación general ya estaba definida. Ya se sabía que ir de lleno con el cumplimiento de la reforma constitucional iba a traer problemas. Ya se había definido la continuidad de las empresas multinacionales, la compra de las acciones a las privatizadoras y no su expropiación.
Con respecto a las comisiones de cuenca, creo que en algunos lugares se han dado procesos que han sido de utilidad para los vecinos. Las movilizaciones se orientaron a reclamar la instalación de las comisiones, porque eran mecanismos que existían en la constitución y en la ley. Formalmente, cuando se reclamó la instalación de una comisión de cuenca, nadie les pido decir que se trataba de un disparate.
Por otro lado y apuntando a la autocrítica, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que sean herramientas que sirvan a los intereses populares.
Carlos Sosa: Nosotros muchas veces hemos discutido el tema de la institucionalidad, del peligro que lo institucional capture lo social. A la herramienta de las comisiones de cuenca le veo más virtudes que defectos. Todas las demás formas de participación previstas en lo público ni siquiera son profundamente democráticas. En estos casos se trata de organizaciones profundamente abiertas donde los vecinos que quieren participar van y participan.
Nancy Espasandín: Habría que decir que el peligro de la institucionalidad tiene que ver con la cooptación: en la medida en que vos no alientes la participación y los vecinos se cansen de que no se apliquen las medidas que reclaman esa participación va a disminuir. Otras veces la gente siente que alcanzó un objetivo y desiste de participar, porque muchas veces no es sencillo acompañar procesos donde la mayoría de quienes están representados en esos espacios son autoridades. Por cada diez autoridades hablan dos vecinos y eso no promueve ni facilita la participación de la población directamente involucrada. Sólo con la movilización y la organización esas comisiones de cuenca pueden cumplir un rol.
Carlos Sosa: Pero por otro lado hay que tener en cuenta que en esas comisiones se discuten cosas que no se discuten en ningún otro lado. En la comisión de cuenca de Santa Lucía, por ejemplo, se dio la situación de que se le reclamaba a algunos tamberos de la zona que estaban contaminando un bien de uso común, por la propiedad privada, el derecho del individuo como productor a usar los recursos como le parezca está absolutamente naturalizado. Esa discusión, la visualización de que hay cuestiones que son de la comunidad, de todos, sólo sucede en esos espacios: la discusión sobre la imposibilidad de vulnerar un derecho de todos por un interés particular.
Nancy Espasandín: Hay algo que tenemos que pensar en relación a esto. Si tu vas a una comisión de cuenca, la mayor parte de las personas que están allí están trabajando, o sea son miembros del estado. Por lo tanto reciben dinero por estar allí. Por eso las reuniones son -en su mayoría- en horarios de oficina en días de semana. Por eso, uno de nuestros primeros planteos en el caso de la comisión de Laguna del Cisne fue que las reuniones fueran después de las seis de la tarde porque sino los vecinos no podían participar. Hay otra cosa que es interesante: se hacen comisiones de trabajo, por ejemplo una de monitoreo, la cual le interesa a muchos vecinos. Pero ¿como hace una persona para sostener una participación en una sub-comisión así? Hay que tener movilidad propia hasta la laguna, hay que tener tiempo. Se definió la figura de un guardaparque pero ni siquiera se le asignó un vehículo, se mueve con su moto personal, por toda el área. Eso es contradictorio. Está lejos de ser una panacea, es apenas una herramienta que se puede usar cuando existen procesos de autoorganización.
Nicolás Ferreira: Si realmente fuera importante para el estado la participación para la gestión del agua por cuencas, el día de la comisión de cuenca tendría que ser algo así como un feriado pago, donde la gente pudiera participar masivamente sin pensar en el costo de dejar otras actividades. Una suerte de cabildo abierto. Y no lo es. O sea, se nos dice “todos podemos participar”, pero ordenadamente, de esta forma, en este horario…Pero hay otro tema que tiene que ver con cómo las organizaciones sociales, los sindicatos, entendemos las comisiones de cuenca. Hay muchas personas y colectivos que entienden estos espacios como una herramienta para una transformación mayor. Pero hay otras que ven estos espacios como un fin en sí mismos, entonces cuando logran su cometido se retraen. Lo que planteaba la reforma constitucional era la participación en la planificación, la gestión y control de los recursos hídricos. No hay participación, no hay planificación, gestión ni control.
¿Y como puede leerse en este contexto la reciente promulgación del Plan Nacional de Aguas?
Nicolás Ferreira: El Plan Nacional de Aguas justifica la actual matriz productiva, el saqueo de los recursos y la reprimarización de la economía. Lo que hace es decir “sabemos que existe todo esto, lo ordenamos y lo presentamos”. Estuvieron seis años para implementar un Plan Nacional de Aguas y en seis meses lo sacaron sin que se procesara ninguna discusión masiva del Plan. Por ejemplo, nosotros como sindicato propusimos la creación de un Ministerio de Hidrología (que se podría llamar ministerio de cuencas o ministerio del agua) donde todas las competencias jurídicas del agua, los suelos y el territorio confluyeran allí, donde la gestión sea por cuencas y la OSE esté incluida.
Lo que refleja la calidad del agua hoy en día es el nivel de organización y conciencia colectiva que tenemos como sociedad. El estado que tiene el agua es el estado que tiene la sociedad uruguaya, refleja nuestro estado de conciencia.
Carmen Sosa: Las comisiones de cuenca han servido mucho para una gran cantidad de organizaciones que han comenzado a nuclearse en torno a estos temas. Pero también nos ha servido desde la Comisión Nacional para tomar contacto con procesos locales. En ese sentido estamos mucho mejor que hace cinco años. Cuando comenzaron a verse los problemas concretos del agua la gente se empezó a organizar, a interiorizarse y a llamarnos para integrarse a las comisiones de cuenca. La gente está viendo los problemas que nosotros veníamos anunciando, sirvió como herramienta para aglutinar procesos sociales. Y sirvió también para transparentar cómo los gobiernos progresistas no han cumplido con el mandato popular que está detrás de la aprobación de la reforma constitucional de 2004. No es menor, se desconoce sistemáticamente una reforma constitucional que salió de la gente.
Nicolás Ferreira: Y un detalle de implantación. Hoy las comisiones están llenas de funcionarios de instituciones públicas y privadas que van a cobrar su sueldo. Y las comisiones están a favor de proyectos institucionales. Si el estado realmente quisiera promover la participación los técnicos estarían al servicio de la sociedad organizada. Y aquí es al revés, la sociedad organizada está en servicio de lo que definan las instituciones.
Carlos Sosa: O por lo menos que existan las condiciones para generar el diálogo necesario entre los técnicos y el pueblo, pero el problema es que ese diálogo tampoco existe.
Nancy Espasandín: Y cuando existe lo usan mal. Por ejemplo, algunos sectores del gobierno nos invitaron a discutir sobre la ley de riego y el Plan Nacional de Aguas. Les dimos todos nuestros argumentos acerca de la manera en que están relacionadas ambas políticas, de los impactos que alguna de estas políticas iba a generar y no se tuvo en cuenta absolutamente nada de lo que planteamos.
¿Cómo ven ustedes entonces el vínculo entre el Plan Nacional de Aguas y la Ley de Riego? ¿Son medidas de política que van en sentido opuesto o son complementarias?
Nicolás Ferreira: Hay una ingeniería jurídica que está a favor del saqueo. Se quiere justificar que se tienen en cuenta cuestiones ambientales, cuestiones de derechos, de participación y eso es lo que se recoge en el Plan Nacional de Aguas. Pero lo que hay en la realidad es zonas francas, tratados de inversión, el decreto antipiquetes y la Ley de Riego. El Plan Nacional de Aguas no dice nada y justifica todo. La Ley de Riego potencia el modelo actual y lo que va a generar es más exclusión social, más contaminación, mayor acaparamiento de tierras y acaparamiento de aguas. Es la vuelta de tuerca del modelo, un cierre a favor del capital. Toda esta normativa del agua no está pensada desde la lógica del agua, está pensada desde una lógica de mega acaparamiento.
Carmen Sosa: El Plan Nacional de Aguas está construido sobre la base de que la situación actual del territorio está bien. No hace ninguna mención a los problemas que tenemos de contaminación. Todo lo que se propone hacer es como si partiéramos de cero. Y lo otro que observamos -por nuestro conocimiento de la realidad latinoamericana y por los contactos con organizaciones de países hermanos- es que este Plan Nacional de Aguas es muy similar al de Chile.
Carlos Sosa: También nosotros tenemos un problema que se nos presenta cuando alguien nos pregunta si el agua es o no es potable. Nosotros siempre aclaramos que no es un problema que se pueda resolver tecnológicamente.
Carmen Sosa: OSE tiene la clara responsabilidad de potabilizar el agua, eso está clarísimo. Es más, en su carta orgánica tiene la responsabilidad de cuidar las fuentes de agua. Pero OSE va a las comisiones de cuenca como un usuario más. Pero la discusión no puede estar enfocada en si el agua es potable o no. La discusión debe ir al problema real. Aunque OSE asegure la potabilidad del agua, el problema lo seguimos teniendo igual: la degradación de los territorios que producen el agua. OSE resuelve tecnológicamente una parte del problema, pero la matriz de su origen sigue sin modificarse. No es un problema técnico, es un problema político, de cómo se usa la fuente de agua si con prioridad al uso humano o con prioridad al enriquecimiento de agronegocio o la industria. Hoy la potabilidad se puede resolver, pero si seguimos deteriorando la fuente de producción del agua no sabemos que podrá pasar en un futuro cercano.
Además de quién se hace cargo de pagar esa tecnología de potabilización…
Nancy Espasandín: Lo paga el estado con recursos de toda la sociedad y ahora tenemos la nueva “tasa ambiental” introducida por el ministerio de Economía en la factura del agua potable (2). Contaminan unos pocos y el costo de esa contaminación lo pagamos todos.
En la entrevista:
Nicolás Ferreira, Carlos Sosa y Carmen Sosa son integrantes de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). Nancy Espasandín es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.
Notas:
(1) La política de subsidios cruzados de OSE le permite al ente subsidiar las zonas deficitarias en términos de recaudación con los beneficios que se pueden lograr en las zonas superavitarias (que en términos de circunscripciones departamentales en Uruguay se corresponden con los departamentos más poblados: Montevideo, Canelones y Maldonado). La afectación a la que refiere Ferreira tiene que ver con la manera en que se saldó la re-estatización de los servicios públicos del departamento de Maldonado, que habían sido privatizados en el año 1998. En 2005 luego de la aprobación del plebiscito que incluyó el derecho humano al agua en la constitución y consagró su gestión estatal, el gobierno del Frente Amplio (en el año 2005) creó una Unidad de Gestión Descentralizada entre OSE y la Intendencia de Maldonado que re-estatizó los servicios pero sin que volvieran a ser parte de la gestión de OSE, sino que se han mantenido bajo esta forma pública mixta entre gobierno nacional y departamental, quitando la posibilidad de sostener los subsidios cruzados con los recursos generados en una de las tres zonas superavitarias del país.
(2) Se refiere a una tasa que se agregó a la tarifa del agua potable con el objetivo de cubrir los costos de la potabilización. Es un impuesto a la contaminación que pagan quienes son afectados directamente por esa contaminación.
Foto de LA DIARIA
De Voces: Al rescate de Guillermo Chifflet
Al rescate de Guillermo Chifflet
Siempre fui contrario a votar con los pies.
Esa frase tan breve como auténtica fue expresada por el ex diputado Guillermo Chifflet refiriéndose a “retirarse de la sala para no pronunciarse ni a favor ni en contra de un asunto”.
Si el martes 16 de mayo no hubiera estado frente al televisor mirando el informativo, no estaría en esto que he llamado, porque así lo considero, “rescate de Guillermo Chifflet”.
Esa tardecita-noche entre otras noticias, se destacó el homenaje realizado a las Fuerzas Armadas regresadas de Haití. Con la presencia de un equipo de oficiales ubicados en las barras, distintos parlamentarios hicieron uso de la palabra.
Luego de escuchar a la senadora Mónica Xavier (correligionaria de Chifflet) nació en mí la necesidad de escribir lo que pensaba y sentía y quería expresar. ¿Para qué más?, me pregunté. Y apagué el televisor.
Me resultaba más productivo buscar información para esta columna. Comencé llamando a mis mejores fuentes: esposa, Julia Amoretti e hija: Michele.
Me une a la actriz Julia Amoretti una hermosa amistad y un entrañable afecto. Fue ella quien me dio la oportunidad de conocer a Chifflet, el hombre con el que se casó en 1968.
EL NIÑO
Se crió en el Cerro, barrio obrero que siempre adoró y la escuela número 29, Checoslovaquia, lo tuvo entre su alumnado.
Mi querido amigo Iván Kmaid siempre repetía una frase: “Son muchos los señalados y pocos los elegidos. Chifflet fue un elegido que con solo siete años, sí, leyeron bien, ¡siete! comenzó a militar en un Comité de niños por la República Española. A pocas cuadras de su casa estaba el Centro Carlos Marx, donde vio por primera vez a don Emilio Frugoni. Fue el comienzo de su acercamiento al Partido Socialista.
El hombre contrario a votar con los pies contaba a su mujer y a sus hijas que durante la dictadura de Terra vio entrar a su casa un grupo de soldados. Se llevaron preso su padre cercano al Partido Nacional. El padre, contaba el, nunca intentó influir en sus ideas políticas y le decía que cuando fuera mayor de edad tendría la oportunidad de optar por lo que el considerada correcto. Con seguridad consideró lo “correcto” a los siete años cuando comenzó a militar en un comité de niños por la República Española.
EL JOVEN
-En los primeros años de su juventud fue redactor del semanario El Sol del Partido Socialista que fundó Emilio Frugoni, luego de renunciar a su banca de diputado por una división de la izquierda, que fue la que dio origen al nacimiento del Partido Comunista Uruguayo.
-Fue co-director del diario Época y fundador de los semanarios “Marcha” (donde trabajó de forma muy cercana a Don Carlos Quijano, Alfaro y Galeano) y “Brecha”.
María Esther Gillio que también integraba el equipo de Marcha, dijo sobre Chifflet: “Era la persona más importante después de Quijano. Respetuoso, honrado, poseía un alto nivel de profesionalismo en cada información que manejaba. Una persona imprescindible para cualquier publicación que manejara”.
EL MILITANTE
En el año 1971, participó de la Fundación del Frente Amplio. Dos años después, el 27 de junio de 1973 una vez ocurrido el golpe de estado y encaramada en el poder una prolongada dictadura militar pasó a integrar, como tantos otros, la nómina de proscriptos y fue en ese tiempo, cuando no era aconsejable aparecer o mostrarse en ningún lugar, digamos “muy público”, fue creativo publicitario de las agencias Mac Cann Erickson, Publicitas, Ferrero y Ricagni e Ímpetu Publicidad. Fue secretario de la Fundación Mario Benedetti.
De 1994 a 2004 fue electo diputado por del Frente Amplio ocupando su lugar en la bancada del Partido Socialista. Integró, entre otras, la Comisión de Derechos Humanos.
EL RENUNCIANTE. EL HOMBRE
La primera discrepancia seria con el Frente, es decir discrepancia con el gobierno encabezado por su correligionario Tabaré Vázquez fue motivada por la posición contraria de Chifflet a la Operación Unitas.
El semanario Brecha, en aquella ocasión dijo: “El único que votó en contra, permaneciendo en la sala sin levantar la mano, fue el Diputado Guillermo Chifflet.
Chifflet sostuvo que “no había argumentos que justificaran un cambio de la posición histórica de la Fuerza, que no tenía sentido votar primero y discutir después la política militar, y que hacerlo, dañaría al EP-FA y también la credibilidad del sistema político”. En aquella ocasión fueron siete (seis de ellos del interior) los que se retiraron de sala antes de la votación.
Dos meses más tarde, diciembre de 2005 se produjo la última discrepancia con respecto al envío de tropas a Haití, lo que motivó su renuncia.
“No puedo votar esto que va en contra de las convicciones más hondas de mi conciencia. Para cumplir con mis compañeros, renuncio a la Cámara. Renuncio. Quiero respetar la voluntad de la mayoría, pero también estar tranquilo con mi conciencia”. Como diputado, fueron las últimas palabras de Guillermo Chifflet. Era el 1º. de diciembre 2005.
El que pocos minutos después pasaría a ser ex diputado, supuso, y así lo expresó entonces, que el envío de más tropas a Haití no resolvería los problemas de ese país. “¿Esa es la paz?”, se preguntó el legislador en aquella sesión parlamentaria.
A pesar de la duda de la bancada, el FA levantó unánimemente la mano. Y Chifflet se fue. Se fue con su conciencia limpia y en paz. Con el honor y la dignidad, como su frente, en alto. No fue su actitud nacida en ese momento, no. Lo supo y lo incorporó desde el hogar, militando a los 7 años en el comité de niños del Cerro por la República Española; prosiguió construyéndolo en su incorporación al Partido Socialista y en su carrera como legislador, como hombre, como padre, como abuelo. En setiembre cumplirá 91 años y en diciembre junto a Julia, compañera de la vida, celebrará las bodas de oro.
Reitero lo expresado en el comienzo: si el martes 16 de mayo no hubiera visto el informativo, otro habría sido el tema de hoy. O no. No sé. Estoy pensando en voz alta. Lo que sí tengo muy claro es que ese informativo fue el disparador para este rescate.
Como sociedad estamos transitando un tiempo complicado, difícil. Más allá de lo que puedan hacer las autoridades, somos nosotros los responsables de nuestros hijos desde los más pequeños a los más grandes. Somos responsables de las personas mayores. Día a día tenemos conocimiento de nuevos femicidios, violaciones, sicariatos y luchamos como podemos contra el flagelo de las drogas. Entonces poder ir al rescate de hombres como Guillermo Chifflet, vale la pena. Y es importante. Me siento más tranquila. Encaré al olvido. Y salí airosa. Y todos tenemos el deber de ir al rescate de los valores que se nos escurren de la conciencia un poco más cada día.
“Guillermo Chifflet, el combate de la pluma” es un libro escrito por Jorge Chagas y Gustavo Trullen. En el mismo hay un pensamiento de Eduardo Galeano con el que cerramos la columna de hoy.
“El se entregó al Partido Socialista en cuerpo en alma y
sombrero y siempre siguiendo el recto camino, el que
conduce a la libertad de conciencia y no al deber de la
obediencia. Pagó un alto precio. A la hora de elegir entre
su banca de diputado y su libertad de conciencia, renunció a
la banca y a todo lo demás.
Parecía que esta actitud iba a condenarlo a la soledad, pero
aquellos días tristes no hicieron más que demostrar cuanta razón
tenía alguien que dijo:
“En días así se descubre cuales son los amigos de las cuatro Estaciones”.
Y es así nomás.
El flaco no camina solo.
Su ejemplo tampoco
Información obtenida en Brecha, La Diaria, y Voces digitales.
ENVIADO POR NESTOR DURANTE
El hombre que siempre estuvo
Siempre su interpretación de la vida política giró en la órbita de los “principios” y de su intransigencia. Pero, en realidad, es la irreverencia lo que lo hace ser Guillermo Chifflet. Ayer, 15 de setiembre (2016), cumplió 90 años.
Foto: Alejandro Arigón
Siempre estuvo. Durante la dictadura recorría las
casas de los socialistas tejiendo con paciencia un partido disperso.
Simplemente hacía lo mismo que hizo desde los 11 años. Se había
integrado al comité de niños en apoyo a la guerra de España y desde
entonces no paró. Una foto lo recuerda, botija y sonriente, en algún
acto en el Cerro, al lado de Emilio Frugoni.por Fernando López D'alesandro
Periodista, antes que nada, plasmaba sus inconformidades y sus irreverencias en El Sol, en Marcha y, más adelante, en Época y aquí en Brecha. Sus artículos convocaban a todos los que entendemos que el conformismo es el paso previo a la abdicación.
Fue edil en una bancada histórica del socialismo uruguayo, junto con Hugo Pratto, Eduardo Jaurena y Gualberto Damonte. Pagaba entradas y boletos porque le daba vergüenza usar la medalla de edil y porque no correspondía.
Cuando la izquierda nacional y tercerista se instaló en el Uruguay y en el socialismo, Chifflet acompañó de manera casi natural el nuevo tiempo. Convocó con otros a la unidad del movimiento obrero y de las izquierdas.
El proceso de creación de la Unión Popular (UP) lo encontró en Yugoslavia, estudiando periodismo y viviendo una experiencia en “el otro” socialismo real, del que siempre fue crítico. Su irreverencia ante las burocracias y los burócratas fue constante; el fracaso del golpe contra Gorbachov fue, para él, el triunfo de un sector burocrático sobre otro. “Arriba del tanque estaba Yeltsin de saco y corbata, no un obrero”, nos decía. En 1980 su trabajo sobre Polonia y la crisis provocada por el sindicato Solidaridad para muchos fue un mojón que permitía releer el mundo comunista. Aquellos textos y casetes donde su voz característica explicaba la historia polaca desde Gomulka hasta Wojciech Jaruzelski fueron un aporte esclarecedor que, quizá, marcó un antes y un después en la comprensión de una época para los socialistas uruguayos. La caída del comunismo confirmó esos asertos, en aquel “velorio que no nos incumbe”.
La vuelta de Yugoslavia y el fracaso de la UP, a pesar de todo, lo reafirmaron en sus convicciones, colaborando con las opciones revolucionarias y antimperialistas. Si bien no participó en el Coordinador, la solidaridad con sus compañeros de siempre, especialmente con Raúl Sendic, fue la tónica no sólo en Chifflet sino en parte del socialismo de la segunda mitad de la década del 60. Su arma fue la pluma y la solidaridad.
En la dictadura lo tuvimos “haciendo todo el daño posible”, como confesó en 1984. No le gustó el Pacto del Club Naval y por eso, a pesar de la insistencia de sus compañeros de partido, no aceptó ser candidato a diputado. No alcanzaron las amenazas de sanción, los ruegos, las conversaciones. No fue el candidato en la apertura democrática.
El día que velamos a Sendic, en medio de la tristeza por la pérdida y por la fractura del Frente, nos aseguró a los jóvenes de entonces que se ganaba la Intendencia de Montevideo, “absolutamente”. Así, en 1989 fue electo diputado por primera vez. Tuvo que ser convencido largamente, y aceptó porque entendía que, en la izquierda y en su partido, había que tener determinadas posiciones para poder incidir. Aquella vieja izquierda militante había cambiado, pero todavía no sabíamos cuánto. Chifflet no logró en 1989 que el PS se abriera a la posibilidad de una alianza con el Mpp dentro del FA, lo que aisló al socialismo en la elección de ese año. Así, Tabaré Vázquez fue electo intendente de Montevideo, pero la lista 90 fue ampliamente superada por la 1001.
No vamos a detallar aquí su paso por el Parlamento. Alguna vez alguien deberá encarar esa aventura, en la que no hubo tema o cuestión que no contara con su opinión. Su papel en el área de Derechos Humanos y, principalmente, en la cuestión carcelaria, junto con Gervasio Guillot, hicieron época en un momento en el que pocos atendían una cuestión que ya era crítica.
Sin embargo, había algo en Chifflet que muchos empezábamos a comprender desde otra óptica. ¿Qué era lo que atraía tanto en su forma de hacer política? Siempre la interpretación de la vida política del Flaco giró, para todos, en la órbita de los “principios” y de su intransigencia. Pero, en realidad, es la no sujeción lo que lo hace ser Guillermo Chifflet.
Chifflet recoge la vieja tradición de la izquierda socialista marcada por la irreverencia contra todo poder y contra los manierismos detrás de los que se ocultan formas de dominación, ya sean de clase o burocráticas. Cuando no se paraba a cantar el himno en su juventud, y conocía algún calabozo por iconoclasta, el gesto tenía un profundo sentido contracultural. Fue, para muchos, el maestro de la irreverencia. Y cuando la izquierda cambió, cuando la izquierda se asentó en el poder y, en consecuencia, comenzaron los juegos de la “alta política”, Chifflet siguió su ruta irreverente, pues la burocracia que se atornilló en cientos de butacas sólo podía contar con su natural insolencia. Y eso tuvo un costo.
No hay nada peor para un burócrata o un poderoso que la irreverencia. No brindar solemnidad a la pátina que da la posición es el peor insulto para los mandones, pues la burla a las formas y las maneras es inadmisible. Una anécdota; poco después de su renuncia a la Cámara, estábamos con el Flaco en la puerta del Solís y un señor en silla de ruedas descendía por la rampa: “Ahí va mi carrera política”, nos dijo desde una sonrisa que no dejaba de tener algo de triste.
El tema de Haití fue el detonante de su renuncia, pero las diferencias respecto de la gestión frentista se venían acumulando desde mucho tiempo atrás. Cuando ganó el Frente, Chifflet nos dijo en Salto: “Es Artigas que vuelve”. Al año, la desilusión le había partido el alma. Haití fue lo que no pudo tolerar, y el tiempo, de nuevo, le volvió a dar la razón.
Así, de nuevo en el trillo militante, su irreverencia dura hasta hoy. Su apoyo a Pepe y a Constanza, esas últimas insolencias que le aceptamos, nos muestra al hombre, al revolucionario que fue, es y será. Ayer, 15 de setiembre, cumplió 90 años. Tiempo largo, porque es el hombre que siempre estuvo.
Publicado por el Blog El Muerto el jueves, 22 de abril de 2010
Entrevista a Washington Rodriguez Belletti
Bella Unión: Rodriguez Belletti (sentado, derecha) en tierra ocupada.
Washington “El Flaco” Rodríguez Belletti vivió 10 años con los peludos de Bella Unión, estuvo presente en cinco marchas por la tierra-de las que fue uno de los organizadores- y hoy milita activamente en el Movimiento por la Tierra, fundado por Raúl Sendic en 1987. Fiel a sus ideas, subraya que el latifundio es la consecuencia de un robo, de un despojo que atenta contra la vida. Y afirma:
-Al igual que el agua, el aire y la luz del sol, la tierra no tiene dueño. Nuestros pueblos originarios nos han enseñado que eso es así. Ellos dicen:”El hombre no es el dueño de la tierra. La tierra es la dueña del hombre”. La tierra es un bien social. Ni el Estado ni los privados tienen derecho a apropiarse de ella. Toda apropiación de la tierra atenta contra la naturaleza, porque le impide satisfacer a pleno las necesidades vitales del ser humano. La apropiación de la tierra por unos pocos despoja a millones de personas en todo el mundo. En el socialismo, la organización social del futuro, serán duramente penados quienes se apropien de la tierra, especulen, la comercialicen comprándola y vendiéndola. El que trabaja la tierra tiene derecho a administrarla pero no a poseerla en propiedad ni dejarla en herencia. Sus hijos o nietos adquieren el derecho a administrarla, a condición de que la trabajen.
-Cuando trabajadores de Bella Unión ocuparon primero 36 hectáreas y casi 400 después, los estancieros de la Asociación Rural sacaron a relucir sus títulos de propiedad y exigieron criminalizar a los “infractores”. ¿Tenían razón?
-Esos títulos no acreditan la propiedad de la tierra. Lo que acreditan es el robo legalizado.
-Explicame eso...
-Nadie recibió la tierra de un dios todopoderoso y tampoco la madre naturaleza la entregó a un puñado de elegidos. El primero que se apropió de la tierra la robó. Los charrúas, chanáes, guenoas, bohanes, yaros, arachanes y guaraníes que poblaban estas tierras las recorrían libremente, sin haberse topado nunca con un cerco de piedras o una alambrada demarcatoria de propiedad privada. Durante tanto tiempo que vivieron sobre este suelo a ninguno de ellos se le ocurrió adueñarse de un pedazo de tierra. Pero un día, a hierro y sangre, fuego y muerte, desembarcaron españoles y se adueñaron de este suelo. No sin lucha. El invasor Juan Díaz de Solís cayó acribillado por las flechas charrúas. Durante tres siglos los invasores fueron hostigados porque la libertad era la esencia del indio. El rey de España, sentado en su trono, repartió a manos llenas falsos títulos de propiedad entre sus súbditos. Con el correr del tiempo esos títulos falsos pasaron de mano en mano a cambio de dinero o por herencia. Hoy, la mayoría de esos títulos está depositada en las cajas fuertes de bancos extranjeros, empresas multinacionales y grandes latifundistas que se han apropiado de una enorme parte del país. Y lo siguen haciendo con la complicidad del gobierno progresista. Por ejemplo, las multinacionales están comprando cientos de miles de hectáreas para forestar y producir celulosa. Por eso nuestra prédica está dirigida hacia los trabajadores y el conjunto del pueblo para que no reconozcan la legalidad de esos títulos falsos. Y para que apoyen a los trabajadores que se unen, se organizan y ocupan tierra para recuperarla y trabajar en ella.
-¿Qué formas organizativas deben darse, para trabajar la tierra, los trabajadores que la ocupan?
-El numeral 6 de la declaración de principios del Movimiento por la Tierra, fundado por Raúl Sendic al salir de la cárcel, dice: “La distribución de la tierra debe estar basada en proyectos de trabajo colectivo, comunidades, cooperativas, grupos de autogestión productiva”. O sea que Sendic no pensó nunca trabajar las tierras retomadas con mano de obra asalariada. Sendic dedicó toda su vida a luchar para abolir las clases sociales y terminar con la explotación del hombre por el hombre. Nosotros entendemos que en la lucha contra los grandes terratenientes y contra el latifundio podemos trabajar junto a los pequeños y medianos productores. Pero no perdemos de vista que el pequeño productor quiere llegar a ser mediano y el productor mediano sueña con llegar a ser grande. Todo esto sin salir del sistema de explotación capitalista.
-¿Las formas cooperativas de trabajo contribuyen a hacer desaparecer al capitalismo?
-Pienso que las relaciones de producción, no antagónicas sino solidarias, que se dan dentro de una auténtica cooperativa hacen que esta sea una herramienta formidable para el desarrollo de la conciencia de clase de quienes allí trabajan. Vayamos por partes. Una de las herramientas creadas por los trabajadores para defender sus intereses es el sindicato. En la lucha sindical el trabajador aprende con el conjunto a dar los primeros pasos y toma conciencia del verdadero lugar que ocupa en la producción. Aprende de qué lado está él y de qué lado está el patrón. Aprende que los dos no están del mismo lado, como lo quiere hacer creer el capitalista. Aprende que el trabajador sin el patrón puede producir y que el patrón sin el trabajador no puede producir. Y aprende a diferenciar los papeles de uno y otro en el proceso productivo. Aprende que el patrón es el dueño de la tierra, de las fábricas, de las herramientas, que el patrón es quien organiza la producción y contrata mano de obra asalariada. Aprende que cuando el producto hecho por el trabajador llega al mercado y se vende, el patrón recibe el valor dinero en forma de ganancias. Aprende que el patrón tiene una visión del mundo aceptable, desea que la organización social capitalista, donde los esclavos asalariados engorden a los patrones, sea eterna, que no desaparezca nunca. Por el contrario, el trabajador también aprende que él no es dueño de la tierra, de las fábricas, de las máquinas, de las herramientas. El trabajador es el dueño de su energía, su fuerza de trabajo, que vende a sus patrones. Al trabajador no le está permitido organizar la producción. Y una vez que sale al mercado y se vende el producto que fabricó, sólo recibe una ínfima parte, en sueldo o en salario. Y por último, el trabajador tiene una visión del mundo que rechaza porque la organización social capitalista es la causante de todas sus desgracias. El trabajador aprende a unirse, organizarse y pelear para que algún día pueda cercar, aniquilar, hacer añicos al capitalismo y crear una sociedad más justa y equitativa, el socialismo.
-¿La cooperativa es un paso adelante?
-Sí. En ella la explotación del hombre por el hombre no tiene cabida, las relaciones entre sus miembros no son antagónicas sino fraternales, solidarias. En la cooperativa los trabajadores aprenden también a organizar, planificar y llevar adelante la producción. Antes, cuando eran explotados y vendían su fuerza de trabajo al capitalista, cobraban un salario y no tenían que pensar más. En la cooperativa deben aprender a administrar, comprar los insumos, la materia prima, llevar la contabilidad, organizar la producción, vender, y las mil tareas necesarias para que el emprendimiento sea exitoso. Sobre esto dice un manifiesto de los compañeros de Copograf: “Las cooperativas de producción ofrecen la oportunidad a toda la clase trabajadora de aprender a demostrar en la práctica que la clase trabajadora organizada puede gestionar una empresa sin la necesidad del capitalista”. Pero nos hemos extendido. Volviendo al tema de la tierra se debe subrayar que la tierra no tiene dueño y que los títulos de propiedad que sacan a relucir los latifundistas sólo “legalizan” el robo. Por eso nuestra consigna es: “La tierra no se mendiga. Se gestiona, y si no la dan se toma”.
03/04/2007 22:15 Autor: porlatierra. MporlaTierra@adinet.com.uy. Tema: Artículos de Prensa.
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