La
presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela,
Delcy Rodríguez, advirtió este lunes que la derecha venezolana está
solicitando armamento a Estados Unidos (EE.UU.) para entrar en un
conflicto interno.
"Sabemos
que la oposición venezolana está solicitando a EE.UU. no solo
intervención militar, sino armas para el conflicto interno", aseguró
durante una rueda de prensa internacional que ofreció en la Casa
Amarilla ubicada en Caracas.
La
diplomática afirmó que el pueblo venezolano está aislando a la
oposición por su irresponsabilidad y por su compromiso con "intereses
anti venezolanos, contra el orden institucional".
Asimismo,
recordó que pese a las intenciones violentas de la oposición, el
Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los llama
constantemente al diálogo político.
"La
Comisión de la Verdad tiene una representación de tres diputados de la
oposición para que se incorporen a la comisión. Hasta ahora no lo han
hecho", lamentó Rodríguez, aunque adelantó que en los próximos días se
conocerá cómo la comisión está teniendo acercamiento con varios
representantes de la oposición.
Sobre
la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública,
Rodríguez ratificó que la ANC atenderá todos los casos de violencia,
terror y crímenes de odio político sin distingo.
"Seguirá
actuando regida por la imparcialidad, cuyo único fin es la paz, la
justicia y la tranquilidad, con miras a un gran proceso de estabilidad
nacional", sostuvo.
Delcy Rodríguez: La oposición no puede deslindarse de la intervención de Venezuela “porque llevan años pidiéndola”
“La oposición no puede deslindarse de la intervención de Venezuela porque llevan años pidiéndola y ejecutando violencia para justificarla”, indicó Rodríguez en su cuenta en Twitter @Drodriguezven.
Lamentó que ante las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de una posible intervención militar en el país la oposición haga silencio y no haya rechazado categóricamente la amenaza.
La posición de la oposición demuestra su talante apátrida.
“Silencio cómplice de oposición frente a la más grave amenaza que haya proferido gobierno de EEUU ratifica q son apátridas y antinacionales”, agregó.
Rodríguez recordó que el 30 de julio, día de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, los más de 8 millones de venezolanos que participaron en la jornada ratificaron que quieren paz e independencia.
“El pueblo envió un mensaje muy claro a la derecha el 30J: queremos paz e independencia. No a la guerra! Es la hora de la unión de Venezuela!”, finalizó.
T/CO
F/Archivo CO
Confiscan a Lilian Tintori 200 millones de bolívares que llevaba en su coche
La mujer del opositor venezolano Leopoldo López
asegura que el dinero que transportaba iba destinado a pagar gastos
médicos de su "abuelita, que tiene cien años"
Agentes de la policía científica registran las cajas con dineros de la opositora Lilian Tintori (derecha)- AGENCIAS
La policía venezolana ha confiscado varias cajas de madera llenas de dinero a Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, según ha informado este miércoles el fiscal general del país, Tarek William Saab.
Según las autoridades, Tintori llevaba en su coche, que está inscrito a nombre de un familiar, 200 millones de bolívares en
fajos perfectamente colocados en varias cajas de madera completamente
llenas. La opositora al Gobierno de Nicolás Maduro ha reconocido el
decomiso y que el coche es el que ella conduce habitualmente, y se ha
defendido alegando que el dinero no está destinado a "algo ilegal".
La esposa de López, que ha sido recibida en
España por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios líderes
de partidos de la oposición, hace meses, ha explicado en su cuenta de
Twitter que el dinero hallado en su coche está destinado a pagar "gastos familiares urgentes" de su "abuelita que tiene cien años y está hospitalizada desde hace días".
La noche del martes, el fiscal general de
Venezuela, Tarek Saab, anunció el hallazgo por parte de la policía
científica (CICPC) de esos 200 millones de bolívares en efectivo
dentro de un vehículo. Tras esto, Tintori aseguró que le dijo "de
frente" a los "CICPC la verdad: El carro es mío y el dinero destinado a
estos gastos familiares urgentes".
Este
dinero es para pagar los gastos de mi abuelita que tiene 100 años y
está hospitalizada desde hace días. Ella no tiene seguro.
En ese sentido, denunció que están "orquestando" un montaje en su contra, "tratando
de mostrar que hacemos algo ilegal. No tienen moral, por eso nadie les
cree". "Como siempre, dimos la cara, con la verdad. No tengo nada que
esconder", agregó, al tiempo que pidió a quienes la persiguen a ella y
sus familiares "que respeten el dolor familiar".
Según reveló ayer Saab en el canal estatal VTV, el CICPC le informó de que los billetes estaban distribuidos en "cuatro cajas de madera" dentro de un vehículo interceptado por la policía científica en el sector Los Palos Grandes del este de Caracas.
El fiscal explicó que un fiscal encargado de
"delitos comunes" ha sido designado para el caso, del que dijo no poder
ofrecer más detalles cuando el presentador de la cadena estatal le
preguntó si el dinero podría estar destinado a la financiación de algún
"grupo".
"En tal sentido por ser esto un presunto
delito que implica por supuesto vinculación con las propias
legislaciones penales vigentes, el Ministerio Público procederá a
investigar este hallazgo y todas sus implicaciones", afirmó Saab.
¿Cuánto dinero son 200 millones de bolívares?
El cambio del bolívar venezolano no es tarea
fácil. Tanto es así que existen tres tipo de cambio de divisas. Por un
lado, está el cambio estipulado por el Banco Central de Venezuela, con
el que esos 200 millones de bolívares equivaldrían a unos 20 millones de
dólares, es decir, casi 17 millones de euros. Sin embargo, este
tipo de cambio no es nada común porque no se ajusta a la realidad.
Venezuela cuenta con otro tipo de cambio, también oficial, llamado Dicom, con el que la cantidad confiscada a Tintori ascendería a alrededor de 61.000 dólares, unos 51.000 euros. No obstante, en el país existe otro tipo de cambio extraoficial e ilegal, pero muy común. El cambio se establece en la web dolartoday.com, y se mueve por diferentes factores económicos. Según este portal, la cantidad requisada equivaldría a unos 11.500 dólares (9.500 euros).
Para hacerse una idea más ajustada a la
realidad, el salario mínimo actual en Venezuela es de 97.531 bolívares
al mes, después de la última subida, el mes pasado. Eso serían 1.170.372
bolívares anuales, por lo que el dinero decomisado a la opositora
equivaldrían a unos 170 años de salario mínimo.
Lilian Tintori ¿Cuánto dinero le han confiscado a Tintori?
La policía le ha requisado 200 millones de bolívares
en efectivo que llevaba en su coche, en cuatro cajas llenas. ¿A cuánto
dinero equivale esa cantidad?
Agentes de la policía científica registran las cajas con dineros de la opositora Lilian Tintori (derecha)- AGENCIAS
Desde que se ha
conocido que la policía venezolana ha confiscado a la opositora Lilian
Tinori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, cuatro cajas llenas de dinero por valor de 200 millones de bolívares, las redes se han llenado de confusión. ¿Cuánto dinero se le ha confiscado realmente?
El cambio de divisas no es una tarea fácil
en Venezuela, donde la inflación de los últimos años, unida a la
drástica caída del precio del petróleo han devaluado el bolívar, la
moneda nacional, hasta cifras irrisorias. De hecho, la moneda virtual
del videojuego World of Warcraft ya vale más que el bolívar.
¿17 millones de euros?
Según el tipo de cambio del Banco Central de
Venezuela, que toma como referencia cualquier portal de conversión de
divisas online, un dolar estadounidense valdría 10.0228 bolívares. Por
lo tanto, esos 200 millones de bolívares confiscados equivaldrían a unos
20 millones de dólares, es decir, casi 17 millones de euros.
Sin embargo, este tipo de cambio no es nada
real y las autoridades económicas venezolanas son conscientes de ello.
El mercado negro de divisas es más que común en Venezuela, donde la
escasez de papel moneda obliga a los bancos y cajeros a limitar la
disponibilidad de efectivo cada día. Este mercado fija su tipo de cambio
diariamente en la web dolartoday.com, a quien el gobierno acusa de ser parte importante de la "guerra económica" que libra el país bolivariano.
¿9.000 euros?
Esta web utiliza tres 3 referencias para
calcular el valor paralelo del dinero venezolano: el cambio fronterizo
con la ciudad de Cúcuta (Colombia), determinado en función a la oferta y
la demanda de bolívares en esta ciudad. El segundo valor lo detemina la
Liquidez monetaria (M2) del Banco Central del país. Por último, aplican
el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2), que entró en
vigor en 2014. Según este portal, el dinero decomisado a Tintori
equivaldría hoy a 11.323,28 dólares, es decir, 9.515,36 euros
¿51.000 euros?
Para luchar contra este mercado
paralelo, el Gobierno de Venezuela ha puesto en marcha otros tipos de
cambio oficial. El último entró en vigor en mayo: el Dicom
(Tipo de Cambio de Divisas Complementarias). Es la séptima plataforma
para el sistema cambiario en el país que pone en funcionamiento desde
2003, cuando Hugo Chávez creó la Comisión de Administración de Divisas
(Cadivi) para hacer frente a las fluctuaciones del valor del bolívar
debido a la especulación y otros factores como el propio mercado negro.
Según este índice, que se basa en la subasta de divisas, un dólar
estadounidense serían 3.250 bolívares, por lo que los 200 millones de
Tintori valdrían unos 61.000 dólares, es decir, alrededor de 51.000 euros.
¿65.000 euros?
También podría utilizarse un índice
internacional para aplicar un tipo de cambio basado en el precio de un
determinado producto. Serviría el conocido índice Big Mac, creado por la prestigiosa revista británica The Economist.
Este índice utiliza como referencia el precio de la hamburguesa de
McDonald's para comparar el poder adquisitivo en distintos países donde
se vende este producto. En Venezuela, esta hamburguesa cuesta 10.950
bolívares, 4,06 dólares o 3,55 euros, según la tabla de esta revista
para 2017. Con estos datos, a Tintori le han confiscado unos 58.874 dólares o 64.840 euros.
Y... ¿en años de trabajo?
Otro valor que se ha estado
utilizando como referencia en las redes para hacerse una idea de cuánto
dinero llevaba la opositora en su coche ha sido el salario mínimo. Sin
embargo, los números eran muy diferentes dependiendo de quién los
pusiera sobre la mesa.
Si se tiene en cuenta que el salario mínimo en Venezuela es
de 250.531 bolívares al mes, después de que Nicolás Maduro lo aumentara
un 50% (la tercera subida del año), cada trabajador a jornada completa
ganaría 3.006.372 al año (12 meses). Es decir, que Lilian Tintori
llevaba en los fajos colocados en esas cuatro cajas confiscadas algo más
de 66 años de salario mínimo.
No obstante, hay que tener en cuenta que los trabajadores venezolanos sólo reciben en efectivo 97.531 bolívares al mes.
Los 153.000 bolívares restantes se perciben en bonos para productos de
alimentación. Si se tiene en cuenta este detalle, ya que el dinero de
Tintori no eran bonos de comida precisamente, el sueldo mínimo anual de
un venezolano serían 1.170.372 bolívares, por lo que el dinero
decomisado a la opositora equivaldrían a unos 170 años de salario mínimo.
Tintori ha reconocido que llevaba esa
cantidad en el coche, pero ha denunciado una campaña contra ella, ya
que, según dice, ese dinero era para afrontar un gasto "urgente". En
concreto, los gastos médicos de su "abuelita, que tiene más de cien
años".
ARGENTINA
30 de agosto de 2017
“El Gobierno es responsable y no da información”
Osvaldo Bayer remarca que “estamos en una democracia y debemos demostrarlo: no puede haber más desaparecidos”. Portando la imagen de Santiago, dijo: “Es vergonzoso que haya medios en contra de la campaña para que aparezca con vida”. Por Revista Cítrica | Foto: Nico Cardello.
Conoció la palabra desaparecido antes de que se convirtiera en un estigma para nuestra historia. Osvaldo Bayer fue uno de los primeros en convertir ese adjetivo en sustantivo: en darle un valor semántico a la tragedia. Lo hizo cuando escribió sobre la muerte de Joaquín Penina, el primer desaparecido de la Argentina: un obrero anarquista fusilado durante la dictadura de José Félix Uriburu.
Entre la desaparición de Penina -el primero de nuestra historia- y la de Santiago Maldonado -el último- pasaron 87 años. En todo ese tiempo, casi su edad, Bayer forjó su destino de imprescindible: fue siempre coherente con sus ideas, fustigó a los verdugos y descubrió a los héroes olvidados. “Estamos en una democracia y debemos demostrarlo: no puede haber más desaparecidos. Santiago debe aparecer con vida. Sino vamos a demostrar que no hemos avanzado un sólo paso”, dice ahora Osvaldo, sentado en una silla de El Tugurio, su casa en Belgrano, mientras merienda un té con galletitas de vainilla y chocolate. “Debemos hacer todo lo posible, como se hizo en la década del 30, para que aparezca este nuevo luchador. Este luchador simple, llano y realmente lleno de espíritu de justicia”, agrega.
El Maestro ya no da entrevistas. Pero cuando habla, cuando suelta toda su historia de lucha, se para en el mismo lugar de siempre.
“Han desaparecido a Santiago Maldonado. Todo el mundo lo sabe, menos el Gobierno, que es responsable y no da información -remarca Bayer-. Exigimos que se informen ya los pasos que se dieron para encontrar a este joven luchador. El Gobierno tiene que decir día a día qué ha hecho y por qué no ha descubierto absolutamente nada todavía. Teniendo tanta policía, teniendo tantas oficinas de información...queremos saber dónde está. Todos los días queremos un parte donde se diga qué pasos se han dado. Y qué es lo que se espera, y qué es lo que se va hacer. Para demostrar realmente que somos un país con seguridad”.
Bayer, el principal promotor para desmonumentar a Julio Argentino Roca, sabe como casi nadie lo que sufrieron los pueblos originarios en los últimos dos siglos. Por eso entiende cuando Facundo Jones Huala habla de una segunda Conquista del Desierto. Por eso pide que el Estado, de una buena vez por todas, deje de castigar a los mismos de siempre. “No sólo importa la búsqueda de este joven sino también qué se hace para proteger al pueblo mapuche. Porque en realidad nada se hace por este pueblo, que es perseguido en forma totalitaria desde siempre. Todas estas cosas hay que hacerlas ya mismo, para demostrar que somos un país auténticamente democrático y plural”, dice.
Por encima de la cabeza de Bayer, en uno de los tantos estantes atiborrados de libros, se lee un cartel que se diferencia de todo lo demás. Parece un resultado de un partido de fútbol, pero no. En ese cartelito, blanco sobre negro, se lee: Cutral Có 2 - Gendarmería 0. Es un recuerdo de las puebladas que se gestaron en esa ciudad petrolera de Neuquén en los noventa, cuando las políticas económicas del menemismo desangraban el país. Esa fuerza de seguridad, aquella vez, también disparaba para el mismo lado: “La Gendarmería, que ha sido creada para defender nuestro territorio y las libertades dentro del país, tiene que defender la tierra y a sus habitantes. No puede suceder que desaparezca una persona y no se diga qué ha pasado”, se lamenta Bayer. Y agrega: “Encima hay medios (diarios, locutores, escritores) que están en contra de esta campaña para que Santiago aparezca con vida. Sinceramente es vergonzoso. Que no se luche por un hombre desaparecido. Hombres como Lanata, o el diario La Nación, que han difundido ideas penosas. No puede justificarse su desaparición. Tiene que aparecer, es nuestro deber que aparezca”.
30 de agosto de 2017
El rol de los medios autogestivos y de la organización gremial en la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado
En estos tiempos en los que padecemos los embates del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, las y los trabajadorxs de prensa tenemos muchos desafíos. Nos toca resistir la sangría de despidos y la precarización. Los empresarios están envalentonados. No hay grieta entre ellos a la hora de explotarnos cada vez más. Sostenemos una batalla cotidiana en defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales. Cuando decimos que “sin trabajo no hay libertad de expresión” estamos haciendo una defensa no sólo de nuestra situación material: estamos honrando el oficio periodístico y el rol social de la comunicación. Y son momentos donde se necesita un periodismo al servicio del pueblo, no al servicio de la represión. Reproducimos Comunicado del Colectivo de Trabajadorxs de Prensa (CTP)
La desaparición forzada de Santiago Maldonado es una muestra brutal de hasta qué punto los medios de comunicación pueden generar impunidad. Estamos asqueados de las operaciones propaladas por el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y desperdigadas por los jerarcas de los medios monopólicos. No se cansan de mentir y tirar pistas falsas. Buscan criminalizar la lucha del pueblo mapuche, desvirtuando los reclamos y su lucha por el territorio, contra el saqueo y el extractivismo. Están queriendo darle cobertura a esta nueva Campaña del Desierto que sólo beneficia a terratenientes y magnates megamillonarios como Benetton y Lewis, que cuentan con los servicios del gobierno de Mauricio Macri y de los gobernadores provinciales. Los escribas y operadores del oficialismo pretenden tapar el sol con la mano, intentando desvincular a la Gendarmería y a las autoridades del terrorismo de Estado que se vive en Cushamen, Chubut. Llamamos a todos los compañeros y compañeras a desconfiar de todas las versiones policiales y oficiales.
Tenemos que seguir generando consciencia: los trabajadores de prensa no somos el medio donde trabajamos. Destacamos los valientes gestos de rebeldía que han tomado trabajadores de noticiero de Canal 13 y del diario Clarín, tomándose fotografías en reclamo de la Aparición con vida de Santiago Maldonado. Es el reclamo de todo el SiPreBA: el pasado 22 de agosto, marchamos a la Plaza de Mayo, con una bandera con esa consigna.
Como trabajadorxs de prensa organizados en las empresas periodísticas tenemos que hacer una reflexión: en estos momentos de escalada represiva el rol de los medios autogestivos, comunitarios, alternativos y populares se hace vital. La tarea que vienen desarrollando los compañeros/as de Cítrica, La Vaca y Tiempo Argentino, por citar algunos ejemplos emblemáticos, ha permitido desenmascarar las mentiras de la ministra Bullrich y puntualizar sobre la responsabilidad de la Gendarmería en la represión contra el pueblo mapuche.
No es casualidad que el equipo periodístico de Cítrica haya padecido aprietes por parte de gendarmes que les impidieron circular libremente para hacer su trabajo. Son tiempos de represión y de agresiones contra la prensa, como en Pepsico y en las marchas del movimiento de mujeres, donde la policía se ensaña contra todo aquel que saque fotos. Buscan impunidad, como quedó claro en el vergonzoso Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en manifestaciones públicas, ese ilegal libelo con el que Bullrich dio vía libre para la represión y para cercenar la tarea de la prensa, buscando encerrarnos en un “corralito” o zona determinada.
Saludamos los gestos de rebeldía que comienzan a aparecer en los grandes medios, siguiendo la gran lección que dio la Asamblea de trabajadores de La Nación cuando repudió el editorial progenocida que publicó el diario ni bien asumió Macri.
Y volvemos a reivindicar la tarea que realizan medios comunitarios, como lo venimos haciendo desde que nos constituimos como agrupación, en el año 2008.
Trabajadores de prensa de los medios empresariales y trabajadores de los medios autogestivos tenemos que estar unidos y agruparnos en un mismo Sindicato, tal como votó la última asamblea del SiPreBA y como viene sucediendo con los compañeros/as de Tiempo, Infonews y El Argentino Zona Norte, que llegaron a la autogestión en el marco de la lucha contra el vaciamiento del grupo Veintitrés. Sabemos que siempre que luchamos contra las patronales contamos con el aporte fundamental de los medios alternativos que nos dan voz, permitiéndonos romper con el cerrojo mediático al cual -paradójicamente- estamos sometidos.
Este es el momento de militar fuertemente para que estos lazos se profundicen, para generar la fuerza colectiva que nos permita defender eficazmente a todas las trabajadoras y trabajadores de prensa. Es la mejor manera de construir una comunicación que no sea mercancía, sino una herramienta para alcanzar una sociedad más justa.
¡Aparición con vida de Santiago Maldonado!
¡Renuncia ya de la ministra de seguridad Patricia Bullrich!
Fotos: @sipreba y @delegadosclarin
URUGUAY
Acá mando yo
Andrés Martínez / Foto: RebelArte
En estos últimos días se habló mucho sobre la esencialidad. Luego de que esta fuera aplicada por parte del poder ejecutivo para los servicios de salud, y fuera impugnada por los trabajadores, el Pit-Cnt resolvió hacer un paro contra esta medida que limita el derecho de huelga de los trabajadores.
En 1968 Uruguay se encontraba en una profunda crisis económica, donde la inflación descargaba todo su peso sobre los sectores populares que venían movilizándose para intentar frenar las medidas económicas y políticas que los sometían a la miseria y a una creciente represión. Ya en junio de ese año el gobierno recurrió a las medidas prontas de seguridad puesto que consideraba a esas movilizaciones como parte de un intento desestabilizador. Una de las apuestas del gobierno en ese momento era la refinanciación de la deuda externa, que estaba siendo negociada por el presidente del Banco Central, Enrique Iglesias, y para la que era fundamental dar señales claras a Washington de que el ejecutivo estaba en condiciones de controlar económica, pero sobre todo, políticamente el país.
En diciembre de ese año y en el marco de la política de congelación de precios y salarios (que sólo congelo a los últimos), el gobierno de Pacheco Areco promulgó la ley 13.720 que creaba la comisión de productividad, precios e ingresos (Coprin). El artículo cuarto de dicha ley establecía que la Coprin "podrá indicar que los servicios esenciales, deberán ser mantenidos por turnos de emergencia, cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga o el "lock out" en su caso." De esa ley quedan vigentes, además del mencionado artículo, otros dos de los once originales firmados por Pacheco Areco, Espinola, Francese y Peirano Facio. Si bien dicha ley fue parte del marco legal que utilizó el pachecato para someter las voluntades populares, también lo fueron la militarización de los puestos de trabajo, así como la represión, la tortura y la muerte a los militantes.
Esencialidad post dictadura
Luego de culminada la dictadura cívico-militar la esencialidad volvió a sobrevolar conflictos laborales y fue aplicada en varias ocasiones. El primer gobierno de Julio María Sanguinetti la aplicó en siete oportunidades: a la Dirección General de Seguridad Social, a la Administración Nacional de Estiba ( en dos momentos), en Aduanas, ANCAP y CUTCSA. También se aplicó durante la huelga de los trabajadores de la Asociación Española, dónde el gobierno convocó a una votación secreta1 de los trabajadores, con el objetivo de levantar la ocupación y la huelga2.
Durante el gobierno de Lacalle fueron ocho las veces que se decretó la esencialidad: en Aduanas (dos veces), CUTCSA, ANCAP (dos veces), Estiba, Correo y Compañía del gas. Entre 1995 y 2000, el segundo gobierno de Sanguinetti consideró esencial los servicios de la UCM y del MGAP. Por su parte, Jorge Batlle dictaminó la esencialidad de los servicios prestados por los Controladores Aéreos, por el Hospital Pereira Rossell y la Unidad Coronaria Móvil, por los Ministerios de Ganadería y Salud Pública, sumando en su período cinco esencialidades.
Asimismo, durante el primer mandato de Tabaré Vázquez en la presidencia de la República se recurrió a la esencialidad en tres ocasiones: sobre los servicios regulados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a los controladores aéreos en dos momentos. En el segundo gobierno frenteamplista, José Mujica declaró esenciales los servicios de la IMM, ASSE (tres veces) y de recolección, transporte y procesamiento de residuos hospitalarios, totalizando cinco casos.
En el actual gobierno de Tabaré Vázquez fueron decretadas las esencialidades de CEPRILI, CMD1 y DIEDD del SIRPA, la educación pública, servicios de cocina del Pereira Rossell, INUMET, la distribución del combustible y de ASSE, lo que contabiliza seis decretos de esencialidad en menos de tres años de ejercicios.
Haciendo una simple cuenta podemos ver que en los últimos 20 años de gobiernos blancos y colorados se recurrió a la esencialidad en 21 ocasiones, mientras que en los primeros 12 años y medio de gobiernos frenteamplistas fueron 14 las huelgas esencializadas.
Sobre estos números resulta llamativo cómo este mecanismo ha sido utilizado casi en la misma proporción tanto por los gobiernos neoliberales de los noventa como por los progresistas de los dos mil. El Frente Amplio ha hecho bandera de la negociación colectiva y de la reinstalación de los consejos de salarios, pero parece estar decidido a romper aquellas huelgas que evidencian las limitaciones del accionar gubernamental. Numerosas son las quejas por la ausencia o debilidad de la negociación colectiva en el ámbito público, lo que en muchos casos deriva en agudización de conflictos. En ellos, los salarios, las condiciones de trabajo y la ampliación y consolidación de derechos a los trabajadores no parecen ser considerados tan esenciales para el gobierno.
Este instrumento, junto con el decreto del gobierno de Mujica -que reguló las ocupaciones de lugares de trabajo- y el reciente decreto "anti piquetes" firmado por Vázquez, tiene lugar en un escenario que no presenta ni el auge económico de la década anterior ni la fresca esperanza por la llegada al gobierno por parte del Frente Amplio. Esto da cuenta de la deliberada intención del gobierno de dar algunas señales claras: a los trabajadores se los trata de aleccionar mediante la amenaza de que si se lucha por mejorar sus condiciones se corre el riesgo de sanciones o de perder el empleo; a los empresarios se les dice que se van a respetar las normas y garantizar las condiciones para la reproducción de su capital. Nada nuevo en la historia de la lucha de clases, pero sí llamativo para un gobierno que pregona la ampliación de derechos para las grandes mayorías.
¿Qué es esencial?
Otro de los aspectos a mencionar es que en los últimos decretos se cita al comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como fundamento para su aplicación, ya que la normativa nacional no define en absoluto qué es un servicio esencial. Este comité entiende que "Para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población", y aclara que "El principio sobre prohibición de huelgas en los «servicios esenciales» podría quedar desvirtuado si se tratara de declarar ilegal una huelga en una o varias empresas que no prestaran un «servicio esencial» en el sentido estricto del término, es decir, los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población " 3.
Luego enumera, en base a casos presentados y analizados por dicho comité, aquellos servicios que pueden ser considerados esenciales y cuáles no. Entre éstos últimos aparecen explícitamente mencionados: la generación, transporte y distribución de combustibles, los transportes metropolitanos, correos, puertos, servicios del petróleo, el servicio de recolección de basuras y el sector de educación. Para estos en particular detalla que "Las posibles consecuencias a largo plazo de las huelgas en el sector de la enseñanza no justifican su prohibición" y "Se consideró que el servicio de recolección de basuras puede convertirse en esencial si la huelga que repercute en este servicio dura más de un cierto período o adquiere tal dimensión que puede correr peligro la salud o la vida de la población."
La carencia de definición legal de los servicios esenciales en nuestra normativa ha provocado voces que pregonan por su regulación para evitar los denunciados abusos por parte de los gobiernos. Esta idea desconoce que la esencialidad es y fue concebida como arma para romper huelgas, y exacerba la confianza en una legalidad que pocas veces es benévola con los sectores populares
No es necesario regular para que los trabajadores garanticen la vida, la salud o la seguridad de nuestra sociedad, lo hacen de hecho todos los días, con o sin huelga. Tal vez sea preciso confiar más en ellos, en sus luchas, sus fuerzas y proyectos para desarrollar los cambios esenciales que nuestra sociedad requiere.
1 Amparado en el Art. 5 de la Let 13.720
2 Documento AFAE
CONFLICTIVIDAD SINDICAL
Controladores aéreos se declararon en conflicto y tomarán medidas
Según informaron desde el sindicato, los usuarios no se verán afectados por las medidas que se aplicarán.
mar ago 29 2017 15:42 El Paìs uy
La Asociación de Controladores de Tránsito
Aéreo del Uruguay (Actau) se declaró hoy en conflicto y resolvió tomar
medidas que no afectarán a los usuarios.
En un comunicado publicado este mediodía, el
sindicato explicó que se encontraba en pre-conflicto con el Ministerio
de Defensa y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura
Aeronáutica (Dinacia) desde el 17 de mayo, debido a que estos
incumplieron el convenio colectivo al que se llegó en octubre del año
pasado, luego del anterior conflicto.
Si no puede ver el documento, haga click aquí.
Los trabajadores denunciaron que realizaron
"reiterados llamados a la Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo) para
intentar laudar las diferencias", pero "nunca concurrieron autoridades
con capacidad de resolución, por lo que fueron instancias
desperdiciadas".
Señalaron también que se han generado instancias bipartitas tanto con Defensa como con la Dinacia, pero estas fueron "suspendidas unilateralmente", lo que generó un "gran malestar" en el sindicato.
Señalaron también que se han generado instancias bipartitas tanto con Defensa como con la Dinacia, pero estas fueron "suspendidas unilateralmente", lo que generó un "gran malestar" en el sindicato.
TRAS CIERRE
Sherwin: el sindicato plantea una cooperativa
Tras el anuncio del cierre de la planta
industrial de Sherwin-Williams, el sindicato impulsa un proyecto
cooperativo para producir enduidos, pinturas al agua y protectores. Para
llevarlo a cabo los trabajadores realizaron un planteo a la empresa con
el fin de que les concedan la maquinaría que hay en la fábrica.
30 ago 2017 - El Paìs uy
Hoy al mediodía se reunirán las partes en el
Ministerio de Trabajo (MTSS ) para responder a esta cuestión. No
obstante, el dirigente sindical Juan Bocca contó a El País que
la empresa tenía intensión de llevar la maquinaría a sus fábricas de
Argentina y Brasil.
Bocca sabe que este plan es "complejo" de efectuar
porque requieren de maquinaría, materiales y dinero para la inversión,
pero están trabajando y estudiando la legislación laboral para que se
realice. En este punto, remarcó que es esencial definir cuántos de los
trabajadores se sumarían finalmente al proyecto.
Otro de los tema a tratar en el encuentro de hoy es la
reubicación de dos exempleados de "avanzada edad" (53 y 56 años). El
sindicato pide que se los incorpore al staff de alguna de las sucursales de venta de la empresa, aseguró Bocca.
En la instancia anterior, se definió que la empresa se
hará cargo del pago del mes íntegro de trabajo, pese a que trabajaron 18
días. Luego, el 1° de setiembre ingresarán a seguro de paro hasta el 15
—fecha oficial del cierre de la empresa—, que pasarán a seguro de
desempleo.
La suspensión de la operativa de Sherwin-Williams se
comunicó a los empleados el 18 de agosto, momento en que se pidió el
desalojo de los 57 empleados que tenía la fábrica. Desde ese momento,
los extrabajadores acampan frente a la empresa.
Mirtha Guianze durante la presentación del informe anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Foto: Federico Gutiérrez
Hay bebés en hogares del INAU a los que “nadie puede atender” porque los funcionarios “no dan abasto”, según la INDDHH
“Con respecto al adulto que comete delitos, estamos actualmente
en pleno auge de las políticas de mano dura y con un énfasis en la
alarma pública. Pero hay que pensar que el Estado no ha tenido como
política invertir en medidas que sean sustitutivas de eso. Tal vez lo
que se gasta en tener 11.000 personas presas se podría gastar en un
sistema de justicia restaurativa. ¿Cómo insertamos a una persona en la
sociedad si lo que hacemos es encerrarla en un lugar y tenerla en
condiciones infames?”, señaló ayer Mirtha Guianze, una de las directoras
de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH), al cierre de la presentación del Informe Anual del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en Uruguay.
El artículo 83 de la ley de creación del INDDHH (18.446), de 2008, le asigna las funciones del MNP, que habilitan a realizar visitas no anunciadas de monitoreo en lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, con el fin de hacer entrevistas y tener acceso a toda la información relacionada, para luego publicar informes y hacer propuestas relativas a la legislación competente. Guianze señaló que empezaron con el MNP en noviembre de 2013, ya que en ese momento era “urgente”, porque “había graves violaciones a los derechos humanos en los establecimientos de adolescentes”, observadas tanto por organizaciones civiles como por organismos internacionales. La jerarca del INDDHH subrayó que pudieron empezar gracias a un convenio con UNICEF, que les proporcionó profesionales y técnicos que los acompañaron en las visitas; si no, “hubiera sido difícil” con los “escasos recursos” que tenían al principio.
Guianze dijo que en el sistema de responsabilidad penal juvenil fue donde constataron avances en relación a lo que encontraron en 2013 y 2014. No obstante, subrayó que la situación aún no es aceptable. En aquel momento fijaron como prioridad al centro Desafío (donde hay adolescentes de 13 a 15 años), el Centro de Internación de Adolescentes Femenino y el Hogar Ser de la Colonia Berro, donde había “situaciones más graves”. “Logramos revertir por lo menos la impunidad del castigo. No sabemos hasta qué punto sigue habiendo castigos, pero antes, de parte de las autoridades, estaba casi naturalizado que la cero fuga se basaba en las palizas y en determinadas situaciones que eran verdaderas torturas”, aseguró Guianze.
Entre los “nudos críticos” del sistema penal juvenil más destacados que se revelaron luego del monitoreo, está la falta de un centro especializado para alojar a las adolescentes de forma transitoria antes de su traslado ante el juez. Guianze señaló que, de acuerdo a la ley, los niños y adolescentes no pueden quedar en comisarías antes de su instancia con el juez, pero para los varones sí existe un centro de ingreso para ese fin. Además, el informe señala que “tampoco se advierte una priorización de medidas no privativas de libertad para las adolescentes embarazadas o que tienen niños pequeños a su cuidado”. La jerarca indicó que eso se debe en parte al sistema judicial, ya que a veces los jueces “no sienten que se les brinden garantías para dejar a una persona en reclusión domiciliaria”. No obstante, Guianze señaló que por lo menos en la actualidad se diferencian los lugares donde están las jóvenes embarazadas o con niños, ya que antes estaban todas juntas.
También comprobaron que muchos jóvenes de 18 años o más permanecen en centros para menores de 18 años, con la justificación de que ya habían ingresado al centro y habían tenido un “proceso positivo”. “También se justifica [por parte de las autoridades y equipos técnicos] la preferencia por la permanencia de estos jóvenes en esos centros, en aras de evitar una mayor vulneración de derechos, que sufrirían si fueran trasladados”. Los equipos de monitoreo han podido constatar que “los centros especialmente diseñados para jóvenes mayores de 18 años presentan mayores niveles de encierro y condiciones generales de cumplimiento de la medida más desfavorables”, indica el informe. Para Guianze, esto produce una “distorsión en el sistema”, ya que cuando un joven es detenido, primero lo mandan a cumplir la causa pendiente de mayores y después vuelve a la de menores.
Se precisan niños para amanecer
Un cuarto grande, con una ventana y diez camas rosadas. Es lo que muestra la foto del dormitorio de niñas de un hogar en convenio con el INAU, a la que Guianze se refirió para hablar del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. “A pesar de que está ordenadito, limpio y con las camas pintadas, tiene una estructura asilar. Esto no es lo que debería tener un niño”, subrayó la jerarca. De todos modos, reconoció que el INAU “está haciendo grandes esfuerzos para cambiar” esa situación y para que el sistema de Acogimiento Familiar “avance”. No obstante, señaló que la situación es difícil, y agregó: “Cualquier psiquiatra infantil puede explicar la necesidad de un niño de tener a alguien que le sostenga la mirada y que sea un referente. Hemos encontrado hogares donde hay bebés en cunas a los que nadie puede atender porque los funcionarios no dan abasto”, aseguró.
Además, Guianze dijo que a veces los niños que viven en hogares están “absolutamente aislados” y, además, son estigmatizados como “niños del INAU”, incluso en la atención médica y en la enseñanza. A su juicio, eso se debe a un prejuicio de la comunidad, que debería aceptar a los niños “diferentes, que no tienen un padre y una madre”.
“Con respecto a los niños, hay una idea de protegerlos metiéndolos en el Consejo de Niño, el INAU o lo que fuera, y tal vez no hay una valorización de la familia o no se buscan alternativas. A veces hay un prejuicio porque la madre consume sustancias, tiene VIH positivo o problemas psiquiátricos, pero apoyando a esas familias se podrían conseguir mejores condiciones que poniendo al niño en un asilo”, concluyó Guianze.
El artículo 83 de la ley de creación del INDDHH (18.446), de 2008, le asigna las funciones del MNP, que habilitan a realizar visitas no anunciadas de monitoreo en lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, con el fin de hacer entrevistas y tener acceso a toda la información relacionada, para luego publicar informes y hacer propuestas relativas a la legislación competente. Guianze señaló que empezaron con el MNP en noviembre de 2013, ya que en ese momento era “urgente”, porque “había graves violaciones a los derechos humanos en los establecimientos de adolescentes”, observadas tanto por organizaciones civiles como por organismos internacionales. La jerarca del INDDHH subrayó que pudieron empezar gracias a un convenio con UNICEF, que les proporcionó profesionales y técnicos que los acompañaron en las visitas; si no, “hubiera sido difícil” con los “escasos recursos” que tenían al principio.
Guianze dijo que en el sistema de responsabilidad penal juvenil fue donde constataron avances en relación a lo que encontraron en 2013 y 2014. No obstante, subrayó que la situación aún no es aceptable. En aquel momento fijaron como prioridad al centro Desafío (donde hay adolescentes de 13 a 15 años), el Centro de Internación de Adolescentes Femenino y el Hogar Ser de la Colonia Berro, donde había “situaciones más graves”. “Logramos revertir por lo menos la impunidad del castigo. No sabemos hasta qué punto sigue habiendo castigos, pero antes, de parte de las autoridades, estaba casi naturalizado que la cero fuga se basaba en las palizas y en determinadas situaciones que eran verdaderas torturas”, aseguró Guianze.
Entre los “nudos críticos” del sistema penal juvenil más destacados que se revelaron luego del monitoreo, está la falta de un centro especializado para alojar a las adolescentes de forma transitoria antes de su traslado ante el juez. Guianze señaló que, de acuerdo a la ley, los niños y adolescentes no pueden quedar en comisarías antes de su instancia con el juez, pero para los varones sí existe un centro de ingreso para ese fin. Además, el informe señala que “tampoco se advierte una priorización de medidas no privativas de libertad para las adolescentes embarazadas o que tienen niños pequeños a su cuidado”. La jerarca indicó que eso se debe en parte al sistema judicial, ya que a veces los jueces “no sienten que se les brinden garantías para dejar a una persona en reclusión domiciliaria”. No obstante, Guianze señaló que por lo menos en la actualidad se diferencian los lugares donde están las jóvenes embarazadas o con niños, ya que antes estaban todas juntas.
También comprobaron que muchos jóvenes de 18 años o más permanecen en centros para menores de 18 años, con la justificación de que ya habían ingresado al centro y habían tenido un “proceso positivo”. “También se justifica [por parte de las autoridades y equipos técnicos] la preferencia por la permanencia de estos jóvenes en esos centros, en aras de evitar una mayor vulneración de derechos, que sufrirían si fueran trasladados”. Los equipos de monitoreo han podido constatar que “los centros especialmente diseñados para jóvenes mayores de 18 años presentan mayores niveles de encierro y condiciones generales de cumplimiento de la medida más desfavorables”, indica el informe. Para Guianze, esto produce una “distorsión en el sistema”, ya que cuando un joven es detenido, primero lo mandan a cumplir la causa pendiente de mayores y después vuelve a la de menores.
Se precisan niños para amanecer
Un cuarto grande, con una ventana y diez camas rosadas. Es lo que muestra la foto del dormitorio de niñas de un hogar en convenio con el INAU, a la que Guianze se refirió para hablar del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. “A pesar de que está ordenadito, limpio y con las camas pintadas, tiene una estructura asilar. Esto no es lo que debería tener un niño”, subrayó la jerarca. De todos modos, reconoció que el INAU “está haciendo grandes esfuerzos para cambiar” esa situación y para que el sistema de Acogimiento Familiar “avance”. No obstante, señaló que la situación es difícil, y agregó: “Cualquier psiquiatra infantil puede explicar la necesidad de un niño de tener a alguien que le sostenga la mirada y que sea un referente. Hemos encontrado hogares donde hay bebés en cunas a los que nadie puede atender porque los funcionarios no dan abasto”, aseguró.
Además, Guianze dijo que a veces los niños que viven en hogares están “absolutamente aislados” y, además, son estigmatizados como “niños del INAU”, incluso en la atención médica y en la enseñanza. A su juicio, eso se debe a un prejuicio de la comunidad, que debería aceptar a los niños “diferentes, que no tienen un padre y una madre”.
“Con respecto a los niños, hay una idea de protegerlos metiéndolos en el Consejo de Niño, el INAU o lo que fuera, y tal vez no hay una valorización de la familia o no se buscan alternativas. A veces hay un prejuicio porque la madre consume sustancias, tiene VIH positivo o problemas psiquiátricos, pero apoyando a esas familias se podrían conseguir mejores condiciones que poniendo al niño en un asilo”, concluyó Guianze.
Sorpresa, oficial
El equipo del MNP visitó dos veces la Seccional 19ª de Montevideo, sin aviso previo, en 2016. Señalaron “una buena disposición por parte de todos los funcionarios policiales” y luego concluyeron que “no hay un equipo de mantenimiento adecuado de las instalaciones de la Seccional ni un servicio de limpieza apropiado”, que “no se constatan cursos de capacitación permanentes y de calidad para los funcionarios policiales para cumplir en forma con su función” y que “los registros existentes son muy básicos, insuficientes, y no garantizan en forma las intervenciones de la Seccional”, entre otros puntos. El informe concluye que todas esas observaciones “resultan significativas en pos de prevenir situaciones de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y constituyen factores de riesgo que deberían considerarse y corregirse por las autoridades competentes del Ministerio del Interior, a fin de garantizar aun más los derechos de los habitantes del Estado uruguayo”.Día Internacional del Detenido Desaparecido: Buscan restos de desaparecidos en el Batallón 1
“Trabajamos para nunca más dictadura, nunca más desaparecidos”, dijo a LA REPÚBLICA el integrante de Madres y Familiares de Desaparecidos, Javier Tassino en el marco del día Internacional del Detenido Desaparecido donde se llevará a cabo un evento en el que se hablará de “impunidad” además de la responsabilidad del “Estado, ayer y hoy”. “Pasados 20 años de la dictadura” no se hizo nada recordó Tassino, quien recordó que se está trabajando con el gobierno hace solo 12 o 13 años.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, estableciendo una fecha para recordar a las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, además de promover la memoria y continuar con la búsqueda de verdad y justicia. Ante esto, en la presente jornada (desde las 19:00 horas en la Biblioteca Nacional) se realizará un evento en el que participarán integrantes del INDDHH, Mariana Mota y Wilder Tayler, además de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Este es un día muy importante, no solo para nosotros los familiares, sino para el país”, dijo a LA REPÚBLICA Javier Tassino. “Ante tanta falta de justicia, no solamente es bueno recordar sino que al mismo tiempo trabajar para no suceda más, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Eso es lo que hacemos acá, tratamos de trabajar para nunca más dictadura, nunca más desaparecidos”, expresó.
Según contó, Familiares está avanzando “pasito a pasito” en la búsqueda por la verdad, pero recuerda un pobre papel de gobiernos pasados: “Si terminada la dictadura se hubiera hecho algo todo era más fácil y pasados 20 años no se hizo nada. Recién se está trabajando hace 12 o 13 años. Se avanzaron en algunos aspectos, y hay que seguir”.
Actualmente la organización está trabajando en la búsqueda de los restos de desparecidos en algunos establecimientos como el Batallón 1, en la ruta 34. Allí “se habían interrumpido las excavaciones pero se empezó a trabajar nuevamente después de dos años en los que nos dieron mil vueltas y se habían interrumpido”.
Además, debido a la campaña que Familiares realizó donde le solicitaba información a la ciudadanía, “el pueblo se animó tras años de no decir nada” y están dando información para analizar nuevos lugares para continuar con excavaciones. A su vez Tassino informó que se está trabajando con la mayoría de los archivos del ejército, de aviación y marina, además del Archivo Berruti que la exministra encontró, pero la tarea es difícil ya que para su análisis “se necesita gente, medios, tecnología”. De todas formas poco a poco se avanza, partiendo desde la memoria, de la cual tiramos para saber la verdad que al mismo tiempo nos va arrimando a la justicia”, sentenció el Familiar de Desaparecidos.
Concluyendo Tassino reafirmó que el trabajo no es cuestión exclusiva de la organización o de únicamente encontrar desaparecidos, “tiene que ver con la verdad necesaria para el país, buscamos conocer lo que ha pasado, que ha sido trágico pero que a su vez ha sido heroico porque hubo un pueblo que resistió a la dictadura”.
192 desaparecidos
En 2015 la Secretaría de Derechos Humanos confirmó que hay 192 desaparecidos en dictadura. “Es ese número el que hay entre acá y Argentina, el número que hoy se maneja”, dijo Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Posteriormente, también entre Uruguay y Argentina, según expresó Tassino, se han encontrado 12. En nuestro país cuatro cuerpos además del cráneo de un desaparecido, mientras que los restantes en la vecina orilla, encontrados en “tanques, algunos ríos”, entre otros lugares. Además en Argentina hay varios restos encontrados que no están identificados, de los cuales algunos podría ser uruguayo.
De Héctor Spinelli
-Al igual que el agua, el aire y la luz del sol, la tierra no tiene dueño. Nuestros pueblos originarios nos han enseñado que eso es así. Ellos dicen:”El hombre no es el dueño de la tierra. La tierra es la dueña del hombre”. La tierra es un bien social. Ni el Estado ni los privados tienen derecho a apropiarse de ella, había dicho el Flaco Rodriguez Belletti.
Un día, agarró y se murió. A sus 90 años, buena parte de la tierra oriental está en manos de extranjeros. Había arrancado junto al Bebe Sendic en el 87, vivio diez años en el norte, con los peludos, hizo cinco marchas a Montevideo y fue el alma del Movimiento por la tierra.
En el penal de Libertad tuvo un problema pulmonar y puso en la puerta un cartel que decía TUBERCULOSO. Casi ningún uniformado se le acercaba.
Lo conocí con Anibal Sampayo. Hablamos a través de una reja.El Flaco barría la planchada. ¿Y como andás, Flaco?, le preguntó Anibal.
Ya los ves, dijo, POR LA TIERRA Y CON SENDIC.
Y siguió barriendo.
Enviado por Nestor Durante
Alejandra Scampini, Milton Romani y Berta Sanseverino durante el seminario “Empresas transnacionales y derechos humanos”, ayer, en el edificio anexo al Palacio Legislativo. Foto: Federico Gutiérrez
Romani: banca internacional habilita a que se “lave olímpicamente” el dinero del narcotráfico
El vínculo entre las empresas transnacionales (ET) y los
derechos humanos fue el tema central del seminario organizado ayer por
la Escuela de Gobierno del Parlamento. La actividad se produjo en el
marco de una discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), impulsada por Ecuador, sobre
la posibilidad de elaborar un tratado vinculante que obligue a las ET a
respetar los derechos humanos en todas partes del mundo. Ya hubo dos
sesiones del Consejo sobre este tema, y para la tercera, que tendrá
lugar en octubre, está previsto que Ecuador presente las líneas
centrales de un acuerdo multilateral en la materia.
Las primeras intervenciones en el seminario apuntaron a la necesidad de un tratado de estas características. Carlos Correa, de la Universidad de Buenos Aires, hizo hincapié en el “enorme déficit del derecho internacional” en esta materia. Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, se focalizó en la “asimetría normativa” que existe entre las normas que protegen las ganancias de las ET, por un lado, y el derecho internacional de los derechos humanos, por el otro. Las primeras incluyen acuerdos de libre comercio, tratados de protección de inversiones, disposiciones multilaterales y contratos con los estados. Se trata de un “derecho fuerte, coercitivo”, que se aplica por medio de los tribunales de arbitraje, señaló González. Del otro lado, la sociedad civil y los gobiernos de los estados sólo cuentan con legislaciones internas “muy debilitadas” por la normativa que favorece a las ET y con compromisos que no son vinculantes. “Es un derecho frágil, declarativo; no tiene consecuencias la violación de los derechos humanos por parte de las ET”, afirmó la activista.
Para apoyar el tratado se conformó una alianza de organizaciones de la sociedad civil, que participan y opinan en las sesiones del Consejo de Naciones Unidas. El ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani, destacó que la negociación de este tratado da cuenta de un “momento histórico” y sostuvo que “descarta” que Uruguay apoyará esta iniciativa, “por la sencilla razón de que es la lucha del más chico contra el más grande”.
En el seminario también se mencionó la necesidad de construir un “relato contrahegemónico” al dominante que concibe a las ET como factores de desarrollo y no como “fuertes violadoras de los derechos humanos”, manifestó González. En el mismo sentido, Alejandra Scampini, representante de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, llamó a cuestionar la retórica del “sector privado como la llave del desarrollo”, que le quita al Estado el rol de garantizar los servicios públicos. Scampini alertó sobre el “retroceso” actual en materia de derechos y sobre la persecución a los activistas que denuncian las violaciones a los derechos humanos que cometen las corporaciones. “Las democracias y los estados pierden fuerza, y del otro lado, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial siguen reforzando el poder de las corporaciones”, cuestionó.
Estamos verdes
En la actividad hubo abordajes específicos. Por ejemplo, el de Romani, que se focalizó en los impactos que ha tenido en la política pública de regulación del cannabis la decisión de los bancos de no trabajar con cuentas asociadas a este mercado. Sostuvo que se trata de un caso “demostrativo de la asimetría y discrecionalidad” del vínculo entre ET y derechos humanos, y calificó la medida de los bancos de “absurda” desde el punto de vista de los acuerdos y las convenciones internacionales. Le propuso a la banca internacional que “reflexione un poquito más sobre esta tontería” que perjudica las políticas de regulación del cannabis mientras “sus políticas de riesgo habilitan a que el dinero del narcotráfico se lave olímpicamente en la banca nacional”, en una actitud “deliberadamente ambigua”.
Romani aseguró que los bancos no tienen “ninguna responsabilidad social”. Recordó que en 2008 hubo una crisis financiera mundial y “hemos visto muy pocas acciones contra los banqueros”. “Regular los mercados es una necesidad democrática de las sociedades. Hay que poner freno a la sed de ganancia de las corporaciones”, sentenció.
Las primeras intervenciones en el seminario apuntaron a la necesidad de un tratado de estas características. Carlos Correa, de la Universidad de Buenos Aires, hizo hincapié en el “enorme déficit del derecho internacional” en esta materia. Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, se focalizó en la “asimetría normativa” que existe entre las normas que protegen las ganancias de las ET, por un lado, y el derecho internacional de los derechos humanos, por el otro. Las primeras incluyen acuerdos de libre comercio, tratados de protección de inversiones, disposiciones multilaterales y contratos con los estados. Se trata de un “derecho fuerte, coercitivo”, que se aplica por medio de los tribunales de arbitraje, señaló González. Del otro lado, la sociedad civil y los gobiernos de los estados sólo cuentan con legislaciones internas “muy debilitadas” por la normativa que favorece a las ET y con compromisos que no son vinculantes. “Es un derecho frágil, declarativo; no tiene consecuencias la violación de los derechos humanos por parte de las ET”, afirmó la activista.
Para apoyar el tratado se conformó una alianza de organizaciones de la sociedad civil, que participan y opinan en las sesiones del Consejo de Naciones Unidas. El ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani, destacó que la negociación de este tratado da cuenta de un “momento histórico” y sostuvo que “descarta” que Uruguay apoyará esta iniciativa, “por la sencilla razón de que es la lucha del más chico contra el más grande”.
En el seminario también se mencionó la necesidad de construir un “relato contrahegemónico” al dominante que concibe a las ET como factores de desarrollo y no como “fuertes violadoras de los derechos humanos”, manifestó González. En el mismo sentido, Alejandra Scampini, representante de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, llamó a cuestionar la retórica del “sector privado como la llave del desarrollo”, que le quita al Estado el rol de garantizar los servicios públicos. Scampini alertó sobre el “retroceso” actual en materia de derechos y sobre la persecución a los activistas que denuncian las violaciones a los derechos humanos que cometen las corporaciones. “Las democracias y los estados pierden fuerza, y del otro lado, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial siguen reforzando el poder de las corporaciones”, cuestionó.
Estamos verdes
En la actividad hubo abordajes específicos. Por ejemplo, el de Romani, que se focalizó en los impactos que ha tenido en la política pública de regulación del cannabis la decisión de los bancos de no trabajar con cuentas asociadas a este mercado. Sostuvo que se trata de un caso “demostrativo de la asimetría y discrecionalidad” del vínculo entre ET y derechos humanos, y calificó la medida de los bancos de “absurda” desde el punto de vista de los acuerdos y las convenciones internacionales. Le propuso a la banca internacional que “reflexione un poquito más sobre esta tontería” que perjudica las políticas de regulación del cannabis mientras “sus políticas de riesgo habilitan a que el dinero del narcotráfico se lave olímpicamente en la banca nacional”, en una actitud “deliberadamente ambigua”.
Romani aseguró que los bancos no tienen “ninguna responsabilidad social”. Recordó que en 2008 hubo una crisis financiera mundial y “hemos visto muy pocas acciones contra los banqueros”. “Regular los mercados es una necesidad democrática de las sociedades. Hay que poner freno a la sed de ganancia de las corporaciones”, sentenció.
Fuera de control | Elisa Facet, asesora de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), sostuvo durante la primera mesa de la tarde del seminario que las ET tienen una “gran influencia” en las normas internacionales “por su capacidad de lobby”, pero esa influencia no se condice con la capacidad de los estados para regularlas, porque actualmente no se conciben como sujetos de derecho internacional. Facet aseguró que “no alcanza” con las normas actuales, no vinculantes, que mencionan obligaciones de las empresas –como las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrrollo Económico y la carta de principios de la ONU–, y consideró que es necesario regular el accionar de las empresas e impulsar una visión diferente del derecho internacional público que las incluya como sujetos de obligaciones. Florencia Ualde, asesora de la Dirección General de Secretaría del MIEM, también se refirió a las dificultades para responsabilizar a las ET y a sus empresas subcontratadas por violaciones a los derechos humanos, y aseguró que las ET gozan de un “alto grado de impunidad”. “La protección jurídica muchas veces queda subordinada a relaciones de poder, a recursos económicos que hacen que esas responsabilidades no puedan efectivizarse”, aseguró. Valoró que la negociación de un tratado sobre ET y derechos humanos “es muy importante porque genera herramientas” para que el Estado pueda hacer efectiva la responsabilidad de las empresas. En este sentido, consideró que un instrumento de este tipo podría permitir conocer el origen de los capitales, el destino de las ganancias y los vínculos en las cadenas de valor. Comentó que sería bueno que Uruguay diera una discusión sobre los requisitos que se les piden a las empresas transnacionales para instalarse, porque hoy son “prácticamente nulos”.
MORTANDAD DE ABEJAS
Pérdida de 2.000 colmenas por uso de un agrotóxico
30 ago 2017
LUIS PÉREZ / SALTO - El Paìs uy
Productores apícolas de Paysandú y Salto denunciaron la pérdida de unas 2.000 colmenas en los últimos días como consecuencia de la aplicación de productos agrotóxicos en montes cítricos de la zona. Los damnificados afirman que su uso está prohibido y alegan que la empresa que lleva a cabo esta tarea no realizó la comunicación correspondiente a los vecinos de las chacras, ni a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Los apicultores no recuerdan antecedentes de esta gravedad.
En las últimas horas se constató, por parte de los técnicos de la Dirección General de los Servicios Agrícolas del MGAP, que con la eliminación de las abejas los perjuicios se extienden al sector hortícola, al verse afectada la polinización de variedades de zapallos en plena floración, donde se necesita de este proceso para mejorar la calidad del producto.
El presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, Julio Pintos, acompañado de técnicos del MGAP, ha mantenido reuniones con representantes de la empresa citrícola que ha realizado aplicaciones en sus montes para buscar una alternativa al producto químico utilizado. Este tiene por fin evitar la polinización en la flor del naranjo, para generar una fruta sin semilla, como requiere el mercado de Estados Unidos.
Por otra parte, se están extrayendo muestras de diversas colmenas para determinar fehacientemente cuál fue el producto que afectó la población de abejas.
Los productores de miel que han denunciado el caso señalan que la empresa, con plantaciones de naranjos en Salto y Paysandú, utiliza el producto Lorban, circunstancia que todavía no fue confirmada por las autoridades del MGAP.
"En primera instancia se pensó que esa situación se limitaba a unas 150 colmenas, pero luego se constató una mayor pérdida y ahora podemos hablar de miles", sostuvo.
Los damnificados reclaman una rápida acción del MGAP para impedir que se continúe aplicando el producto que afecta a las colmenas y critican que la empresa no hubiera puesto sobreaviso a los apicultores para evitar el mal causado.
Schneider remarcó que el productor siente bastante impotencia porque "no existe el control suficiente".
Estima que, además de las abejas, "a raíz de esta situación también el ser humano se va a ver afectado".
Productores apícolas de Paysandú y Salto denunciaron la pérdida de unas 2.000 colmenas en los últimos días como consecuencia de la aplicación de productos agrotóxicos en montes cítricos de la zona. Los damnificados afirman que su uso está prohibido y alegan que la empresa que lleva a cabo esta tarea no realizó la comunicación correspondiente a los vecinos de las chacras, ni a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Los apicultores no recuerdan antecedentes de esta gravedad.
En las últimas horas se constató, por parte de los técnicos de la Dirección General de los Servicios Agrícolas del MGAP, que con la eliminación de las abejas los perjuicios se extienden al sector hortícola, al verse afectada la polinización de variedades de zapallos en plena floración, donde se necesita de este proceso para mejorar la calidad del producto.
El presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, Julio Pintos, acompañado de técnicos del MGAP, ha mantenido reuniones con representantes de la empresa citrícola que ha realizado aplicaciones en sus montes para buscar una alternativa al producto químico utilizado. Este tiene por fin evitar la polinización en la flor del naranjo, para generar una fruta sin semilla, como requiere el mercado de Estados Unidos.
Por otra parte, se están extrayendo muestras de diversas colmenas para determinar fehacientemente cuál fue el producto que afectó la población de abejas.
Los productores de miel que han denunciado el caso señalan que la empresa, con plantaciones de naranjos en Salto y Paysandú, utiliza el producto Lorban, circunstancia que todavía no fue confirmada por las autoridades del MGAP.
Mortandad.
El apicultor sanducero Santiago Schneider, uno de los primeros en detectar la mortandad de abejas, dijo a El País que el problema se descubrió hace una semana."En primera instancia se pensó que esa situación se limitaba a unas 150 colmenas, pero luego se constató una mayor pérdida y ahora podemos hablar de miles", sostuvo.
Los damnificados reclaman una rápida acción del MGAP para impedir que se continúe aplicando el producto que afecta a las colmenas y critican que la empresa no hubiera puesto sobreaviso a los apicultores para evitar el mal causado.
Schneider remarcó que el productor siente bastante impotencia porque "no existe el control suficiente".
Estima que, además de las abejas, "a raíz de esta situación también el ser humano se va a ver afectado".
