Uruguay: ALEGATO PÚBLICO DE UN TESTIGO por Jorge Zabalza // EE.UU.: Psicólogos responsables de creación de programa de tortura llegan a histórico acuerdo // Uruguay: Botón de muestra (sobre documentos espionaje militar) // ¿Qué esconde la nueva estrategia de Trump para Afganistán?

Uruguay: ALEGATO PÚBLICO DE UN TESTIGO

por Jorge Zabalza

Publicado en Voces

De organizaciones clandestinas.
En su libro sobre Fernández Huidobro, María Urruzola se refiere al asesinato de Ronald Scarzella el 23 de abril de 1993. Este destacado dirigente del sindicato de base Juan Benzo y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) fue, al mismo tiempo, miembro del Comité Central del MLN (T) y de la dirección del Zonal 4 de Montevideo. Junto con Raúl Sendic y otras compañeras y compañeros organizaron el ‘Movimiento por la Tierra’. Radicado más tarde en La Paloma hacía fletes con un camión. Un día, gente con acento portugués lo contrató para un viaje y lo citaron en la rotonda Castillos. Allí fue que lo encontraron luego, asesinado con un tiro en la nuca, de rodillas, con las manos atadas atrás con alambre y encapuchado. Las características de su muerte hacen recordar a métodos usualmente empleados por el comando caza tupamaros en Uruguay y la Triple A en Argentina.

En esos días, en Rocha, la jueza era la doctora Mariana Mota. En declaraciones hechas el 16 de febrero de 2013 a ‘Caras y Caretas’, Mota consideró que el asesinato de Scarzella había sido el primer caso de violación a los derechos humanos en que le tocó actuar. Posteriormente, cuando Mariana ya no estaba en Rocha, el expediente fue archivado y se cerró la investigación policial. El crimen continúa impune.

María Urrruzola también hace referencia al protagónico rol de Fernández Huidobro en la convocatoria de la concentración en el Hospital Filtro del 24 de agosto de 1994, a un año y poco del asesinato de Scarzella. A través de las ondas de CX 44 Radio Panamericana, Huidobro y José Mujica asumieron un serio compromiso con el pedido de asilo político para los vascos en huelga de hambre y con la multitud que, con ese motivo, se concentró en Jacinto Vera. La salvaje represión policial que siguió dejó muchos heridos graves y los asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal. Policías uniformados y sin uniforme mataron a Fernando con tres escopetazos disparados a quemarropa y a Roberto lo apuñalaron cuando regresaba a su casa esa noche.

Ni la administración judicial ni el parlamento fueron capaces de definir las responsabilidades penales y políticas del caso, que alcanzaban hasta el entonces presidente Luis Alberto Lacalle, pues fue él quien promulgó el decreto de extradición de los tres ciudadanos vascos en huelga de hambre, a cambio de los patrulleros y las ambulancias donados por España en cumplimiento del tratado de cooperación. En la ‘Masacre de Jacinto Vera’ se descontroló totalmente la violencia policial y, por consiguiente, hubo un ejercicio ilegítimo de la fuerza institucional contra una manifestación pacífica, fue un episodio tardío del terrorismo de Estado…. y continúa impune. Los gobiernos y el poder judicial no han querido que se conozca la verdad ni investigar responsabilidades por la intervención criminal de la policía en 1994.

En el libro de Urruzola hay también referencias al no menos oscuro asesinato de Eugenio Berríos, cuyo cadáver fuera descubierto en la playa de El Pinar en abril de 1995 luego de haber sido secuestrado en 1992. Berríos estaba arrodillado y atado por los brazos, con dos disparos en la cabeza. La justicia chilena determinó que uno lo disparó un oficial chileno y el otro un colega suyo de nacionalidad uruguaya. Pese a la existencia comprobada de un pacto de silencio e impunidad, el poder judicial de Chile logró investigar y condenar a oficiales uruguayos y chilenos. En cambio, en Uruguay, los expedientes del ‘caso Berríos’ fueron archivados, tanto por la policía como por el poder judicial, encubridores de hecho de los culpables del homicidio. La impunidad del pasado se traduce en impunidad del presente, por lo menos, en el Uruguay.

Fernández Huidobro, Mujica y otros ex-tupamaros sostuvieron públicamente que el procesamiento en Chile de los culpables uruguayos de la muerte de Berríos lesionaba la soberanía nacional del Uruguay. Cuando ocuparon la presidencia de la república y los ministerios de defensa y del interior, estos excompañeros de Scarzella, Morroni y Facal tomaron en sus manos las riendas de los servicios de inteligencia e información, pero carecieron -y carecen- del coraje político de reiniciar la investigación y procesar a los culpables del asesinato de Rony y de la masacre del barrio Jacinto Vera.

Aunque verifican que operaban formas clandestinas de terrorismo estatal durante la primera década de democracia tutelada, los hechos relatados por Urruzola no atrajeron la mirada de nadie. La existencia de esos grupos sería confirmada por los archivos encontrados en casa del coronel Elmar Castiglioni y dados a conocer en Brecha por Samuel Blixen.

Las evidencias revelan que en los subterráneos de la ‘democracia restaurada’ medraba el mismo siniestro poder que gobernaba en la dictadura. La infiltración y el espionaje realizados por los servicios desvirtuaban el pretendido carácter ‘primaveral’ del sistema político y que, dada la impunidad ambiente y el tejido de complicidades políticas que la sustenta, es posible que todavía hoy, en 2017, se mantenga en actividad alguna de esas formas organizativas clandestinas -el ‘comando Barneix’ por ejemplo- a la espera de condiciones que les permitan volver a infundir terror, castigar y desalentar a quienes catalogan como enemigos.

Cabe destacar que este fenómeno, un derivado de la impunidad, es una cuestión definitoria de la vida política en el Uruguay. Interpela al poder judicial para que investigue de oficio, para que revele sus conexiones políticas y procese a quienes deba procesar. Para que defienda la república de la cual es parte sustancial y cuyo Estado de Derecho dice proteger. Sin embargo, la magistratura parece estar atada de pies y manos por poderes fácticos para que no meta la nariz en estas cuestiones.

De anestesia e hiperestesia.
En cambio, esos mismos ‘actores’ políticos - ¿en qué clase de teatro actúan? – y los gerentes de fiscalías y juzgados, reaccionaron con presteza y agilidad frente a los testimonios recogidos en el capítulo 8 del libro de Urruzola. Sensibilidad anestesiada para ciertos casos, sensibilidad hiperestesiada hacia los otros.

Una semana antes del lanzamiento del libro, sin haber podido leerlo, muy sensibles operadores partidarios y cierta prensa color amarillento ya estaban peleando por la carroña. Hurgaron en los contenedores intentando requechar alguna primicia que los catapultara a la fama. El barullo extrajudicial alcanzó decibeles suficientes para que el trabajo periodístico de Urruzola fuera judicializado.

De las dos líneas de testimonios del libro ¿porqué se colocó el foco en las ‘tupabandas’ de 1998 y se evitó hacer el más mínimo comentario sobre los homicidios de Scarzella, Morroni y Facal? No está mal desempolvar expedientes con delitos contra la propiedad cometidos veinte años atrás y, por consiguiente, ya prescriptos, pero ¿porqué no demostrar a la opinión pública que el poder judicial repudia los crímenes presumiblemente cometidos por quienes se esconden en las fuerzas armadas y policiales? Hasta ahora se ha omitido descubrir la verdad sobre los asesinatos de Scarzella, Morroni y Facal.

Sin embargo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso denunciado por el poeta Juan Gelman, obliga a los poderes republicanos a ser diligentes -y aún muy diligentes- para descubrir la verdad y castigar los criminales del terrorismo de Estado. Quiere decir que tanto el ejecutivo como la suprema corte acataron dicha sentencia, pero no la cumplen cabalmente, apenas hacen como si la cumplieran. Esta es la actitud promovida por la política de Olvidar y Perdonar los crímenes cometidos por el Estado entre 1968 y 1985. El poder judicial demuestra que está dispuesto a judicializar los temas que generan repercusiones escandalosas en la opinión pública y a archivar con pasividad las causas que pueden rozar las actividades del terrorismo de Estado, sean anteriores o posteriores a 1985[1].

De la tortura

En declaraciones a la prensa, el general retirado Raúl Mermot reconoció haber presenciado como sus colegas sometían detenidos políticos a ‘apremios físicos’ para que, una vez cansados por el tratamiento, confesaran sus culpas y las de sus compañeros. Aunque el inculpado lo niegue, su declaración describe los ‘plantones’ habituales en comisarías y cuarteles. Los detenidos debían pasar días y semanas de pie frente a una pared, con los brazos y las piernas abiertas, blancos de golpes de cachiporra y de manoseos lascivos. Mermot debió ser inculpado por tortura o, por lo menos, cómo cómplice de ella.

Los administradores de la ley penal aceptaron el juicio de valor de Mermot e incorporaron al acervo de la jurisprudencia nacional la diferencia entre apremios físicos (tortura blanda, aceptable por la opinión pública) y tortura propiamente dicha (submarino, palo, violación, etc). ¡Una brutal innovación en la tipificación del acto de torturar! Podrán esgrimirse muchos fundamentos jurídicos, pero es aberrante desde un punto de vista ético y moral. El poder judicial uruguayo ha aceptado que, en determinadas circunstancias, sea totalmente lícito y necesario que se torture para obtener información de los torturados. Esta aceptación se ha vuelto lugar común en todo el discurso políticamente correcto. Es la última victoria ideológica de los estrategas del Club Naval.

Como es muy viejo y muy sabido, con el consentimiento de la ‘justicia militar’ -otro contrasentido del idioma- en junio de 1973 once tupamaras prisioneras en Punta Rieles fueron trasladadas a varios cuarteles del ejército; fue un ensayo para el posterior traslado en setiembre de dicho año de nueve tupamaros desde el Penal de Libertad a otros cuarteles. Mujeres y hombres fueron sometidos por igual a un régimen de aislamiento, ellas hasta setiembre de 1976, ellos fueron retornados al Penal en abril de 1984, pero continuaron individualmente aislados hasta setiembre de ese mismo año.

Esencialmente, el régimen consistía en la privación de estímulos sensoriales y afectivos -nada trabajo en artesanías, lectura y estudio, nada de ejercicio físico, prohibición de hablar entre sí, visitas familiares bajo marcación individual de oficiales o guardias-, medidas restrictivas cuya finalidad nada oculta era enloquecer a las y los ‘rehenes’. Fuimos una especie de astronautas en tierra -o bajo ella- durante once años.

Como he relatado públicamente en reiteradas ocasiones, mi experiencia personal, compartida con Raúl Sendic (padre) y Julio Marenales, comprendió además la reclusión en el aljibe de Durazno (unos meses) y en los calabozos semisubterráneos de Paso de los Toros (más de cinco años), en condiciones físicas insalubres. Los tres debimos hacer frente a periódicas agresiones de oficiales, así como a plantones y golpes durante los traslados a otras unidades del ejército. Entre traslado y traslado las familias ignoraban nuestro destino y si nos podían visitar, medida que generaba en madres, padres e hijas el temor a que hubiéramos sido forzados a desaparecer.

No cabe en este escrito extenderse nuevamente sobre la alimentación, el trato médico y etcétera. En especial ellas están enumeradas en la denuncia judicial que, hecha con la asesoría letrada del Dr. Juan Fagúndez, fue radicada en el Juzgado Letrado de la ciudad de San José. El juzgado recogió testimonios de varios de los ‘rehenes’, pero no hubo más citaciones cuando llegó el momento de indagar a las decenas de oficiales militares implicados. De hecho, informalmente, el expediente ha sido archivado.

El régimen de aislamiento fue una especie de ‘apremios sicológicos permanentes’ con momentos de alta violencia. Tortura, en una palabra. Los torturadores fueron los oficiales responsables por las condiciones de reclusión de los ‘rehenes’: todos los comandantes, mayores y jefes de los S-2 de las unidades militares donde estuvimos recluidos. Uno no fue un torturado, está siendo torturado actualmente. La tortura no termina nunca, permanece en las pesadillas, en las conductas, en las formas traumáticas de relaciones personales, de pareja o familiares. Nadie deja jamás de ser torturado: las influencias de la tortura permanecen en el modo de pensar. El torturado tiene sentimientos que lo diferencian -para peor- de quienes nunca han sufrido la tortura.

Tampoco nadie puede dejar de ser torturador, lo aprendió a hacer, lo hizo y sigue siendo capaz de hacerlo. Lo hace en la vida familiar como testimonian los hijos de genocidas organizados para defender los derechos humanos en la Argentina (en Uruguay no lo hacen porque tienen miedo a los impunes).

Si son arrojadas a la papelera las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad -es mi experiencia personal, reitero- se tiene derecho a pensar que el testimonio del torturado no tiene ningún valor para los procesos judiciales. Es inútil testimoniar. Uno se siente totalmente desestimulado. Inducido a creer que el testimonio del torturado no sirve para despertar una respuesta judicial. Sin embargo, la tortura se renueva y se repotencia al ser citado para declarar por un administrador de las leyes penales, integrante de la institución que es una muralla que no deja pasar la verdad y la justicia.

De la pérdida de autoridad moral.

Si el autor de crímenes violentos es población marginal y excluida y no está vinculado al poder político, se le aplica a rajatabla la ley penal y debe esperar la sentencia final encerrado durante años en lamentables condiciones. En cambio, se perdona a los autores de asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones y torturas que integran el poder armado. Aunque hay casos excepcionales, cumplen sus condenas en cárceles VIP o en prisión domiciliaria y reciben el perdón de sus víctimas transformadas en gobernantes.

Los tres poderes republicanos tienen muchas contemplaciones -demasiadas por supuesto- hacia los culpables del terrorismo de Estado, pero, en cambio, son implacables a hora de juzgar y condenar la delincuencia de origen social que, en última instancia, agravian la humanidad en muchísima menor medida que la barbarie del plan Cóndor. Mano dura con los pobres, mano blanda con los militares. Al violar el principio de igualdad ante la ley, el poder judicial está caminando en puntas de pie por el filo de la navaja, deja de distinguir lo justo de lo injusto. Archiva los principios éticos y morales cada vez que archiva un expediente de delito de lesa humanidad.

El poder judicial no hace justicia con mayúscula, sino que simplemente aplica la ley, la administra sin importarle el trato inhumano a los presos del sistema carcelario y, en particular, al de las cárceles donde están recluidos menores de edad; ni las sentencias absurdas para el sentido común, como  la que permitió que un padre decidiera qué debía hacer una mujer embarazada con su propio cuerpo; o la que entregó a los abuelos paternos los dos hijos de una mujer asesinada delante de ellos por el padre-policía, o las que desalojan el Parque Guaraní, la Quinta, Verdisol y, en lo más crudo del invierno, arrojan a la calle las familias peruanas y sus 23 niños en la Ciudad Vieja. La sensibilidad clasista del poder judicial es la misma del Hamlet Reyes, que renunció a la presidencia de la suprema corte para ser presidente del consejo de estado designado por los mandos militares del golpe. No tienen pudor ni ética ni moral.

Cómo dice el twitter de Jorge Díaz “Actuar éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función pública. Quienes no lo hacen deberían ser alejados de la misma”. Sin embargo, no existe agravio mayor a la ética que hacerse el tonto con los crímenes de lesa humanidad. Quienes consienten la impunidad desde sus cargos judiciales debieran ser despedidos de inmediato. No hay dudas de ninguna especie. ¿No le parece señor fiscal de corte? ¿Qué catadura moral tienen estos magistrados que desalojan menesterosos sin el menor sentido de la justicia social o que tuercen la ley que legaliza el aborto para forzar a una mujer a parir el hijo que no quiere? ¿La única preocupación de jueces y fiscales es mantenerse trepados en su escalón de la pirámide?  Lo cierto es que está dejando de ser necesario el servicio de las fuerzas armadas dedicado a convertir las víctimas de la tortura en jurídicamente culpables. En definitiva, los jueces y fiscales civiles están sustituyendo con ventaja la ‘justicia militar’.

Del derecho a decir lo que se piensa.
La insensibilidad y la desigualdad que caracterizan esas actuaciones del poder judicial hacen que uno se pregunte a quienes sirve su modo de aplicar las leyes. ¿Cómo quieren que se les tenga confianza y respeto a jueces y fiscales que no respetan el sentir popular expresado cada 20 de mayo? ¿el sentir de la mitad del electorado que respaldó la anulación de la ley de impunidad? ¿con qué autoridad moral se atreven a condenar a nadie? Al fin y al cabo, la naturaleza real de la administración judicial es disimular el ejercicio descarnado del poder político por el aparato policíaco militar. La misma naturaleza que caracteriza a la república democrática sea cual fuere el partido político que la gobierne. El Estado de Derecho encubre la dictadura real de las grandes corporaciones financieras e industriales (Chomsky dixit y Mujica asintió con la cabeza).

Lamentablemente no queda más remedio que refrescar viejos conceptos marxistas. En 1932, Aldous Huxley decía que “Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre”. ¿No será ésa la verdad sobre el Uruguay actual? ¿No somos esclavos que besan el látigo de los mentirosos y demagogos de todo pelo y laya? ¿no estamos besando a los judas que nos entregan atados de pies y manos a los grandes capitales transnacionales?

Tal vez el único valor que tenga mi vida, sustentado en la memoria de mis muertos -de Ricardo y de los demás hermanos y hermanas- haya estado en la negativa a besar el látigo, donde sea, en el submarino, en el calabozo o ante los administradores de las leyes penales. No me siento con ánimo de atestiguar ante un poder judicial que lleva treinta años protegiendo a los culpables del terrorismo de Estado. Lo siento completamente contrario a los intereses populares.

¿Testigo de qué puedo ser? ¿de hacer público el pensamiento de un colectivo? ¿de seguir pensando que la revolución socialista será la gigantesca expropiación a los expropiadores, a ese 1% dueño de todo? Por supuesto, apenas compartidas por unos pocos en la actualidad, estas perspectivas son rechazadas por los gerentes de fiscalías y juzgados, que han sido designados con anuencia de los poderes fácticos para desalentar y frenar los procesos de crecimiento político de la conciencia.  

Quisiera colaborar con un poder que judicial que actúe en función de la justicia y no para evitarla. Que me imponga su autoridad en virtud de sus valores éticos y morales. Tendré que aguantarme vivo hasta que una insurrección instale alguna forma de justicia popular que sienta en las entrañas la necesidad de condenar los crímenes de lesa humanidad y que compartan la idea de expropiar a los expropiadores. Una justicia que se alegre cuando se alguien se adelante al gran día y aplique la ley popular por su cuenta, con inteligencia, habilidad, sin necesidad de violencias inútiles.

Es totalmente legítimo auto atribuirse el derecho a no reconocer un poder judicial que protege los crímenes más aberrantes de la humanidad y correr el riesgo de ser perseguido, pero “si non navigare ¿para qué vivere?”, paráfrasis del lema de Carlos Quijano hecha por Líber De Lucía en un periódico que imprimía clandestinamente en el penal de Punta Carretas.

Saluda atentamente

Jorge Zabalza

RECUADRO

Con mucha cortesía fui citado por la Sra. Actuaria Camejo para concurrir, en calidad de testigo, al Juzgado Penal N° 14 el día 23 de agosto del corriente año.  Me van a hacer algunas preguntas en el marco del Expediente N° 106-2604/2017, que tiene que ver con testimonios sobre hechos ocurridos en 1998 que podrían involucrar al Movimiento de Liberación Nacional.

En realidad, no pertenezco a dicho Movimiento desde 1995, pero seguiré sintiéndome Tupamaro hasta esa muerte que vengo esquivando con ayuda de muchísima gente. Al no ser miembro en 1998, mal puedo atestiguar sobre acontecimientos que ocurrieron en ese año. Puedo aportar, por supuesto, algunas reflexiones generales al respecto y que son públicas desde hace varios años.

Me he sentido -y me siento- ética y moralmente obligado a compartir esas reflexiones que involucran modos de pensar y de sentir compartidos por los tupamaros al salir de las cárceles en marzo de 1985. Esas ideas revolucionarias y las emociones que despertaban permitieron nuclear alrededor de tres mil militantes en la reorganización del MLN (T) y, posteriormente, participar en la creación del Movimiento de Participación Popular, como polo ideológico revolucionario para detener el corrimiento del Frente Amplio hacia el centro social y político. Existe, pues, un compromiso reciente, con las y los tupamaros que protagonizaron la historia actual (ya alejados de las filas del MLN), con el discurso que se sostuvo luego de la reorganización y que formalmente fue compartido hasta 1994 por la dirección del MLN, como consta en documentos de las Convenciones Nacionales del MLN, artículos de ‘Mate Amargo y declaraciones públicas de sus dirigentes.

El compromiso contraído desde marzo de1985 dio origen a una cantidad de propósitos concretos que están en conocimiento de los servicios de inteligencias por dos motivos: 1) desde el mismo día que salimos en libertad fuimos sometidos a espionaje e infiltración, comprobados por la documentación hecha pública por el tupamaro y periodista Samuel Blixen. Cabe destacar que en los archivos confiscados a Castiglioni faltan una serie de hechos cruciales: los posteriores a la toma del cuartel de La Tablada y los que tienen que ver con la Masacre de Jacinto Vera. Fueron fundamentales para que algunos dirigentes fueran rompiendo con su anterior compromiso revolucionario; 2) porque en última instancia, con todo el derecho del mundo, se puede inferir que esos propósitos comunes fueron puestos en conocimiento de aquellos oficiales militares de los servicios de inteligencia con los que notorios ex tupamaros han mantenido los contactos políticos, amistad y negociaciones que tuvieron comienzo en 1972 en el Batallón N° 1 de Infantería, más conocido como Batallón Florida. Si esas informaciones obran en conocimiento de los servicios de infiltración y espionaje ¿por qué, entonces, se deberían mantener en secreto?

El vínculo emocional que me hermana a las y los tupamaros que siguen estando desaparecidos, a las y los dieron la vida en combate o murieron asesinados o en tortura o las y los que fueron violados, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de prisión, me compele a compartir y mantener vivas aquel modo de pensar que, como también es de público conocimiento, no ha sido mantenido y, hoy día, tanto el MLN como el MPP son instrumentos para que el gobierno, por detrás del escenario público, de las corporaciones financieras e industriales especialmente de capital transnacional. El debate -hoy judicializado- que reabrió el libro escrito por María Urruzola y la convocatoria a un juzgado penal, son apenas oportunidades para no dejar que sustituyan la historia con olvido, perdón y un ‘cuentito de hadas’.

[1] Cabe preguntarse por qué motivo a ningún fiscal se le ocurrió investigar de cual rubro presupuestal salieron el salario y la jubilación del reconocido espía Luis Becerra Aldama, que actuó hasta hace poco en filas de la FOEB y del Frente Amplio.

 

EE.UU.: Psicólogos responsables de creación de programa de tortura llegan a histórico acuerdo

18 Ago. 2017

Los psicólogos que ayudaron a diseñar el programa de interrogatorio aplicado durante el gobierno de George W. Bush llegaron a un acuerdo en el marco de una demanda sin precedentes. Los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen fueron demandados por la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) en representación de dos ex prisioneros de la CIA que fueron torturados y de la familia de un hombre que murió luego de ser torturado en una prisión secreta de la CIA. Las partes llegaron a un acuerdo, que no divulgaron, antes de que el caso se sometiera a juicio. El abogado de la ACLU, Dror Ladin, dijo: “Este resultado demuestra que torturar tiene consecuencias y que los sobrevivientes pueden hacer, y harán, que los responsables de las torturas rindan cuentas”.

"Implementaron un brutal programa"

EE.UU.: Acuerdo entre torturados y psicólogos de la CIA

Ago 18, 2017 | LA REPÙBLICA UY

Dos psicólogos que colaboraron en la creación del plan de tortura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo histórico con sus víctimas a pocas semanas del comienzo del juicio, informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Por primera vez en un caso que involucra a la CIA, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles anuncia un acuerdo en la demanda contra los dos psicólogos que diseñaron e implementaron el brutal programa de la agencia”, publicó ACLU.
La ACLU presentó una demanda federal contra los psicólogos contratados por la CIA, James Mitchel y John Bruce Jessen, en nombre de tres víctimas de la CIA, Suleiman Abdullah Salim, Mohamed Ahmed Ben Soud y la familia de Gul Rahman, quien murió congelado en una prisión secreta de la agencia de inteligencia estadounidense.
La ACLU no reveló los detalles de los términos del acuerdo, pero el grupo de defensa lo consideró como una victoria. “Esta es una victoria histórica para nuestros clientes y las reglas de la ley”, dijo el abogado de la ACLU, Dror Ladin y agregó “este resultado demuestra que hay consecuencias para la tortura y que los sobrevivientes pueden responsabilizar a los responsables de la tortura, y es una clara advertencia para cualquiera que piense que puede torturar con impunidad”.
Mitchel y Jessen idearon los métodos y ayudaron a convencer a la CIA para que torturara a los prisioneros, cobrando 81 millones de dólares en el proceso, según la propia admisión de los psicólogos y un informe del Comité Especial sobre Inteligencia del Senado de los Estados Unidos.
Los métodos de tortura utilizados en Salim, Ben Soud y Rahman incluyeron clavarlos en las paredes, rellenarlos en cajas de ataúdes, exponerlos a temperaturas extremas, no darles de comer, diversos tipos de tortura de agua y encadenarlos en posiciones de estrés diseñadas para infligir dolor y mantenerlos despiertos durante días, según documentos judiciales archivados en el caso.
Rahman, un refugiado afgano que vivió en Pakistán con su esposa y cuatro hijas, murió como resultado de la tortura de la CIA, según observó una autopsia y una revisión interna de la misma agencia. Rahman sufrió hipotermia después de haber sido obligado a sentarse en el piso de cemento sin pantalones, sumado a la deshidratación, la falta de comida y la inmovilidad debido a estar encadenado, dice el informe.
El cuerpo de Rahman nunca fue devuelto a su familia para ser enterrado. Salim, un pescador de Tanzania, fue mantenido durante cinco años por el ejército estadounidense antes de ser liberado con una carta en la que reconoció que no representaba ninguna amenaza para los Estados Unidos.
Ben Soud, un refugiado de Libia, fue capturado en Pakistán y enviado a dos cárceles secretas de la CIA, donde fue torturado durante más de dos años.

URUGUAY

Angelina de los Santos y Mariana Contreras

11 Agosto, 2017 20 minutos Destacados, Edición 1655,

Botón de muestra

La liberación de una parte del archivo del espionaje militar en democracia trajo adhesiones y enojos. Y evidenció una tensión acumulada en cuanto a las opiniones sobre cómo se manejan estos documentos. Más allá –o más acá– de la forma en la que Brecha eligió publicar los documentos, quedaron latentes los diferentes criterios del gobierno en cuanto al acceso a la información reservada y la opacidad que prima sobre los archivos del pasado reciente.

Ilustración: Alex Gerontakis

Eran las 14.59 del jueves 27 de julio cuando Brecha liberó en su web algo más de 14 mil páginas que confirmaban, definitivamente, el espionaje ilegal y sistemático que la inteligencia militar llevó adelante sobre personas y organizaciones en democracia.
Desde octubre de 2016 el semanario había estado revelando a sus lectores detalles de todo el andamiaje burocrático montado por los militares, su operativa, sus objetivos a espiar (sindicatos, partidos, medios de prensa –Brecha entre ellos–, organizaciones sociales y religiosas, etcétera), que terminaron convenciendo a algunos diputados de crear una comisión investigadora para comprobar la existencia del espionaje en democracia y eventualmente determinar responsabilidades y su posible derivación a la justicia penal. Hallados en 2006 por la entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti, los documentos fueron ignorados durante diez años por todo el espectro político.
Apenas publicados, comenzaron las reacciones. Primero fue en las redes sociales: algunos celebraron la iniciativa, otros, entre ellos varios integrantes del equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la Presidencia, cuestionaron por qué no se tacharon los nombres de militantes que quedaban expuestos en detalles de su vida íntima sin relevancia para el resto de las personas; otros alertaron sobre la “carne podrida” que podría contener la publicación. “Repudiable”, “inmoral”, dijeron algunos. Hubo también quienes exigieron conocer cómo Brecha accedió al material. En los medios, pocos consignaron la noticia, algunos comenzaron a hacer pública información proveniente del archivo, otros abordaron algunas aristas del asunto a través de columnas de opinión. El silencio del Estado, del gobierno y de la clase política toda resultó ensordecedor.
UN GATO Y UNA EXPLOSIÓN. Si para algunos la revelación de datos personales es un hecho que anula cualquier aporte de conocimiento que los archivos pudiesen hacer, para otros lo fundamental de su difusión es que se confirma la existencia de un organismo de inteligencia funcionando en democracia y en dictadura, al margen de cualquier control e institucionalidad, pero amparado en una especie de blindaje protector impenetrable. Otros encuentran la oportunidad de señalar la ausencia de una institucionalidad que cuide y unifique los criterios de acceso a los archivos, considerados hasta ahora “opacos” y “discrecionales” a pesar del marco regulatorio existente que debería garantizarlo (véase recuadro “Árido”). En ese marco, para los entrevistados (abogados, integrantes de organizaciones, familiares, historiadores, políticos) lo de Brecha aparece como la punta de un iceberg, y lo que subyace es la existencia de una tensión de larga data en torno a una (no) política del patrimonio documental nacional, y el debate pendiente sobre la custodia y acceso a los archivos que lo conforman, principalmente los referidos al pasado reciente.
“La advertencia de que los archivos están, que contienen la información y que el Estado debería procesarlos de alguna manera para ofrecerlos al público, es un reclamo de la sociedad que no tiene un año, tiene diez. Llega un momento en que las cosas explotan, lo hizo a través de Brecha, pero podría haber explotado por cualquier lado”, dijo Isabel Wschebor, ex directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. “El mérito es el de tirar el gato arriba de la mesa –opinó, por su parte, el historiador Carlos Demasi–. De los archivos no se hablaba, después decían que no existían, cuando existieron dijeron ‘ah sí, pero no dicen nada importante’, y aparecen los documentos y ¡caramba!, parece que sí decían cosas importantes, pero nadie agarraba el toro por las guampas.”
Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, considera que estos archivos cobran una “gran relevancia” en las causas judiciales por el “secretismo” que los rodea: la “política (del Estado) hacia las Fuerzas Armadas las abroqueló totalmente en el silencio, entonces vos ves que no hay fisuras, que desde 1985 hasta hoy no hay cómo llegar a tener información si no es por medio de archivos. (…) Son archivos de los militares, responden a sus propios objetivos; eso genera una situación compleja porque tienen información pero no son la verdad, no tienen por qué ser la verdad, y el que aborde esa página tiene que ir con toda esa precaución”, advirtió.
EN TODAS PARTES. El debate sobre qué hacer con los archivos generados durante períodos represivos y de terrorismo de Estado no es exclusivo de Uruguay. Desde los archivos de la guerra en Argelia, pasando por los de la Stasi, hasta los de la guerra civil española “están demostrado que el principal problema de los gobiernos es que, habiendo pactado una transición política ‘en paz’ y de no explicitación de cuáles fueron las responsabilidades del Estado en esta materia, la publicitación de las formas en las que se investigaba a las personas se vuelve en contra de la forma en que estos estados decidieron pactar para salir de sus dictaduras”, opinó Wschebor, en referencia a las prácticas de inteligencia que el Estado no revisó al retornar a la democracia y que durante al menos 30 años siguieron adelante sin que las autoridades legítimas se enteraran. “Cambiar la lógica de la administración lleva tiempo, porque el régimen de terrorismo de Estado y su actuación ilegítima fueron impuestos por temor y terror, pero también con muchísimas complicidades que hasta el día de hoy se mantienen, como se mantiene el pacto de silencio mafioso entre los torturadores”, señaló por su parte Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado por Tabaré Vázquez al inicio del actual gobierno y que funciona en la órbita de la Presidencia.
En escenarios así, propiciar la discusión queda en manos de las organizaciones sociales, que a su vez presionan para obligar la desclasificación de archivos y lograr que su acceso –con suerte– no esté restringido a los académicos. “Los archivos dejan visible el espionaje en democracia y la operativa de militares infiltrados para continuarlo hasta el día de hoy. Eso nos compete a todos. No es de académicos ni de investigadores. A 40 años de la dictadura y con hechos así no podemos seguir pensando que lo principal es restringir, sino todo lo contrario”, sostuvo Zaffaroni.
EN BUSCA DE UN MARCO. El marco regulatorio creado a partir de la llegada del progresismo al gobierno permitió avances pero mantuvo opacidades y, sobre todo, no logró soluciones completas. El Archivo General de la Nación (Agn) tiene 120 quilómetros lineales de documentos judiciales, la mayoría de ellos sin catálogo ni descriptores, contó a Brecha el historiador Nicolás Duffau. “Vas tanteando a ciegas”, advirtió. Vania Markarian, responsable del área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad de la República, advirtió que “siguen existiendo grandes carencias en las condiciones de preservación y acceso a los múltiples archivos oficiales sobre el período de la dictadura que se han detectado en la última década”, y aseguró que hay diferentes criterios de tratamiento y acceso establecidos para los archivos ubicados en la cancillería y los ministerios de Defensa e Interior.¹ En conversación con el semanario, Markarian reclamó una institucionalidad que elimine la opacidad y la discrecionalidad en el acceso y que homogeneice criterios: “Ahora aparecieron los archivos del Fusna (Fusileros Navales). La primera decisión es decir: está en este lugar, el volumen es este, las fechas extremas parecen ser estas y el procedimiento va a ser este, que sigue estos lineamientos. ¿Quién está entrando? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es el destino? ¿Quién garantiza el acceso? Yo no tengo idea, no sé si alguien la tiene. Mi preocupación es formal en el sentido más político de la palabra”.
“He visto que se habla mucho del Agn y nadie analiza que es una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo. Si éste define que el archivo será visto por tres o cuatro personas que designa el propio Ejecutivo, el Agn no puede tener una política distinta”, dijo Wschebor. Sucede que ni siquiera los propios ministerios tienen claro quién clasifica como reservados los documentos y quién puede desclasificarlos. Prueba de ello es la respuesta dada a Brecha por Martín Fabregat, asesor en comunicación del Ministerio de Defensa, en la que aseguró que una vez que los archivos pasan al Agn ya “no dependen ni funcional ni operativamente” de esa cartera. Sin embargo, la ley de acceso a la información pública establece que el organismo que generó el archivo es el que toma esas decisiones.
Frente a las reservas declaradas por el Ejecutivo aparecen las soluciones parciales. Por ejemplo, la mencionada ley habilita a dar información a las personas directamente implicadas. “Entonces se abren sistemas de clasificación exclusivos para las personas que están implicadas. Soluciones parciales para una definición que está por encima de todo el mundo en la escala jerárquica y administrativa. Esa es la discusión que hay que dar: cómo se generan condiciones para que el Ejecutivo entienda que si abrimos los archivos no va a pasar nada. No va a ser un escándalo público”, opinó Wsche-
bor. A su vez, el gobierno tiene a su disposición la Unidad de Acceso a la Información Pública (Uaip), que se encarga de asesorarlo en estos temas, sin embargo, Mariana Gatti, miembro de la institución, aseguró a Brecha que no han recibido ninguna denuncia ni consulta sobre el tema.
El asunto no es sencillo. Como casi todo alrededor de los archivos, tampoco aquí parece existir consenso. En una columna publicada la semana pasada en La Diaria,² Carla Larrobla, integrante del equipo de historiadores que investigó sobre detenidos desaparecidos, recordó un seminario realizado a fines de 2016 que no logró cumplir su objetivo de consensuar criterios que “permitieran elaborar un protocolo nacional de acceso a la información”, debido a “las dificultades que representa este asunto y las múltiples posiciones que existen al respecto”.
Antes, en 2008, a raíz del hallazgo de los archivos del espionaje por la ministra Berrutti, se comenzaron gestiones para crear un “Archivo nacional de la memoria”, recordó Edison Lanza, entonces integrante de la organización Cainfo y hoy relator especial para la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los aspectos a regular, explicó Lanza, estaba “que quienes perpetraron el espionaje y la actividad ilegal no mantengan la custodia de esos archivos y que pasen a otras agencias del Estado, que fuera un archivo destinado a conocer lo sucedido, que contribuyera a recuperar la memoria, y con los fines de reparación, de justicia y otros fines”. También se regularía su acceso, “siempre bajo el principio de máxima divulgación y de que las excepciones sólo puedan ser establecidas por una ley, porque hablamos de regular un derecho fundamental como es el derecho a la información y a la verdad, y proteger algunos bienes, como los datos sensibles de las personas”. Pero faltó voluntad política y sobraron discrepancias de criterio. “Algunos estimaban que primero debía ser objeto de un tamizado por los historiadores, que era temprano para liberarlo así nomás, todo el mundo hacía acuerdo en que la justicia debía acceder, luego se puso a disposición del Agn para que víctimas y familiares pudieran acceder, ahí se hizo un buen trabajo”. Finalmente el Ejecutivo elaboró otro proyecto que se aprobó en 2008 (ley 18.435), que “en materia de acceso remite a la ley de acceso a la información”, por lo que para Lanza “resultó en casi lo mismo que mantener el problema latente, porque no estableció las reglas para el acceso público, que es lo que ahora se discute nueve años después”. Según afirma Markarian, parte del fracaso se debió a la resistencia de historiadores y archivólogos, que se oponían a que se separaran del archivo de información e inteligencia policial los años vinculados al terrorismo de Estado con el fin de alojarlos en esta nueva dependencia: “Se advertía así acerca de los peligros de establecer cortes tajantes y hacer de las discusiones contemporáneas, atravesadas por pasiones políticas y dolores acuciantes, la forma central de definir qué hacer con documentación perteneciente a archivos históricos de gran valor en la larga duración”.³
PARA QUÉ SIRVE UN ARCHIVO. Dice Demasi que sobre los archivos pesa cierta “sacralización” equivocada, como si alcanzara con entrar a uno y elegir la carpeta correcta para encontrar allí el documento que dirá quién mató a Julio Castro o quién es el responsable de la desaparición de una persona. No funciona así. La lógica indica –sostiene el historiador– que el archivo debe ser manejado como una globalidad. De esa manera, “más que saber si fulanito tiene una amante, lo que encontrás es la lógica de la observación, qué cosas están mirando, la subjetividad que construye el archivo sobre el que lee los documentos, cuál es el tipo de visión de la sociedad que intenta dar, y a partir de ahí empezás a ver qué te dice el archivo”. Wschebor rea-firma el concepto. En sus palabras, en el archivo de espionaje en democracia “puede verse la carátula, la figura del ‘manipulador’, hay uno que brinda la información, otro que la manipula, hace el informe, están los datos administrativos, cuánta plata le pasan, los datos del nivel de conflicto que genera esto… hay una cantidad de datos de contexto que son relevantes. No es sólo el documento. Eso te permite recabar una cantidad de datos para valorar el contenido de lo que éstos dicen”. Explicar esto, dice, forma parte de la función social del historiador.
“Hay una forma más fácil de entenderlo: cuando se inventó la fotografía el público tendía a pensar que lo que quedaba registrado en la imagen era una representación fiel de la realidad. De a poco fuimos viendo que las fotografías no registraban el movimiento de las personas, que la persona que tomó la fotografía había elegido un cuadro, se había corrido de cierto lugar porque capaz no quería que algo saliera en la foto para que la imagen quedara más linda. Fuimos entendiendo que las imágenes no son el reflejo de la realidad. Con el documento escrito pasa lo mismo. También es cierto que es un testimonio: allí había unos edificios que quedaron registrados, hay una cantidad de cosas que son datos, pero tenemos que problematizarlos, hacernos preguntas, qué es lo que se ve y lo que no se ve en ese documento. Qué es lo que se puede confirmar si lo cruzamos con otra fuente que viene de otro contexto de producción. Hay un montón de cosas a analizar cuando nos enfrentamos al documento. No creo que eso sea sólo un tema de los historiadores. Capaz que a través de las imágenes es más fácil de entender, pero también hay que volver a los textos y considerar que en ese sentido todas las fuentes operan de la misma manera.”
“No es el debate fundamental”, contesta Vania Markarian, ante la pregunta de si debe censurarse información que guarda un documento antes de hacerlo público. Dependerá –argumenta– del tenor de la información y el uso que vaya a dársele, de cuándo y entre quiénes se decida. “En esas decisiones entran procesos de consulta y negociación entre sectores involucrados, que están cercanos a los lugares donde se hace política de estos asuntos: grupos de familiares, grupos políticos. Hay que generar algún tipo de consenso. No creo que haya una forma”, afirma, e introduce otro tema al debate: “Me parece que muchas veces ha sido la forma de dilatar” los procesos de apertura.
Si existe un inventario y una reserva de desclasificación a los 15 años, dice Wschebor, aludiendo al archivo de espionaje en democracia, “hay que estar abiertos a manipular lo menos posible la documentación que uno va a desclasificar. En 17 años de trabajar estos temas lo que he visto es que cuando se entra en el tema de si se tacha o no, en general se termina como corporativizando todo, y esa es una forma de dilatar la resolución política de abrir los archivos”. Primero está la discusión sobre si tachar o no, después qué nombres tachar y cuáles no, después empiezan las polémicas porque quienes tachan ven la documentación íntegra y los que quedaron por fuera no la ven. En este contexto de discusión/dilación, la historiadora propone basarse en lo que dictan las leyes: para lo que refiere a las violaciones de derechos humanos el Estado no puede opinar, tiene que brindar la información. Eso en la ley de acceso a la información es inopinable. Un artículo de esa ley establece que la información reservada deberá ser liberada a los 15 años. Y la ley de protección de datos personales no corre porque establece que la información debe ser obtenida legítimamente (véase recuadro “Árido”).
Los casi tres millones de documentos del espionaje en democracia continúan en reserva. En igual situación está el archivo hallado en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, que se encuentra a disposición de la justicia en presumario, y seguramente exista más documentación todavía no localizada. Habrá que ver si el gobierno se desmarca de los intereses militares y tiene el coraje de intimar a quienes fueron y son parte de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa Nacional, y si procede con criterios comunes y traslúcidos para el acceso a los documentos de inteligencia, o si seguirá perpetuando los privilegios y las arbitrariedades. Pendiente está también la respuesta sobre si el espionaje es cosa del pasado o si ese sistema ilegal –y paralelo– de poder sigue funcionando. Cualquiera sea el caso, hay que encararlo.

1. “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo”, en Contemporánea, año 7, volumen 7, 2016.
2. “¿Buenas prácticas?”, en La Diaria, 5-VIII-17.
3. “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo”, en Contemporánea, año 7, volumen 7, 2016.

La normativa vigente y la legislación venidera

Árido

Hay tres leyes que regulan el manejo de la información –pública y privada–, y una cuarta a estudio del Parlamento.
La primera es la que creó el Sistema Nacional de Archivos (ley 18.220), del Archivo General de la Nación (Agn), aprobada en 2007 y reglamentada en 2012. Esta ley establece cómo debe ser la conservación y organización del patrimonio documental del país, y delega a las leyes de protección de datos personales y del acceso a la información pública cómo se debe manejar y solicitar la información; que son las otras dos leyes en cuestión.
La segunda ley es la 18.331, de derecho de acceso a la información pública, aprobada en enero de 2008 y reglamentada en 2010. En su artículo 9 establece que el organismo que genere u obtenga la información será el encargado de clasificarla; y que en caso de que se indique como reservada, deberá fundamentar dicha resolución. A su vez, el artículo 11 estipula que la información clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter por un período de 15 años, y que podrá ser “desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación”. Sin embargo, el artículo 12 aclara la “inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos”, es decir que no se podrá invocar ninguna de las reservas “cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.
La tercera ley en cuestión se aprobó en agosto de 2008 y se reglamentó un año después. Refiere a la protección de datos personales y acción de hábeas data (ley 18.331).
Por otro lado, la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia tiene a estudio un proyecto de ley para establecer una política nacional de inteligencia del Estado y “facilitar la toma de decisiones al más alto nivel del gobierno nacional”. El proyecto, que crearía un “Sistema nacional de inteligencia” (Sni), pretende ser una ley marco para que los ministerios de Economía y Finanzas, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional “se relacionen entre sí, cooperen e intercambien información a fin de producir inteligencia estratégica”, según se lee en el texto del proyecto. La encargada de supervisar y controlar al Sni sería una comisión bicameral que crearía la Asamblea General. También habría una “Secretaría de inteligencia estratégica de Estado”, que funcionaría como órgano desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo, con un director elegido por éste, que asesoraría y procesaría la información recabada para el gobierno. La secretaría también sería la encargada de “proponer normas y procedimientos estandarizados comunes” para el manejo de la información de todos los órganos del Sni. En otras palabras, los ministerios deberán ajustar la forma de “recolección y tratamiento de la información” según lo previsto en la ley de acceso a la información pública. Al igual que esa ley, este proyecto estipula la inoponibilidad de su acceso en casos de violaciones a los derechos humanos.
Brecha consultó a Macarena Gelman (familiar de desaparecidos, diputada del Frente Amplio, miembro del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia dependiente de la Presidencia) sobre la aplicación de las tres leyes: “Como persona que necesitó determinada información por las causas judiciales puedo decir que a lo largo de los años ha sido muy difícil poder acceder a ella. No ha habido un trabajo sistemático para facilitar la información, a pesar de que tenemos la ley de acceso. El mayor problema de los archivos es la falta de ordenamiento, como para que el que precise pueda hacer una búsqueda y pueda verificar que la información está o no está”.
Felipe Michelini, coordinador del grupo, afirmó que “hubo políticas de impunidad, previa, durante y posteriormente” a la dictadura, y que “la existencia de documentos que mostraban la existencia de esas conductas contrarias a los derechos humanos respondió a una política de impunidad”.
Pablo Chargoñia, abogado especialista en derechos humanos, aseguró a Brecha que “si queremos ‘prevenir o evitar’, como dice la ley, hay que iluminar. Eso es mucho más trascendente que si en algún caso la información pudo afectar la vida privada de alguien… Se trata, precisamente, de la necesidad de iluminar el aparato militar ilícito”.

Defensa responde sobre espionaje en democracia

La confianza mató al gato

Brecha preguntó al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, si existen mecanismos de detección, control y prevención de inteligencia militar ilícita. El mes pasado, a la salida de su comparecencia ante la comisión parlamentaria investigadora del espionaje en democracia, el ministro aseguró desconocer que haya existido espionaje en democracia y remarcó que su ministerio tiene un “manejo” y “enfoque” del tema que “es de carácter institucional”, según difundió Radio Uruguay.
El ministro también respondió a través de su secretario, Martín Fabregat, quien explicó a Brecha que el procedimiento de detección es “preguntarles a los responsables de cada área” si les consta que haya espionaje en la actualidad, y pedirles “su respuesta por escrito”, lo cual es, a su criterio, suficiente para “representar la institucionalidad”. Respecto de la prevención, explicó que “se actúa dentro del marco democrático, legal, institucional para que eso no suceda”, pero no pudo contestar qué mecanismos específicos se llevan adelante.

27 Julio, 2017 2 minutos Edición 1653

Documentos de espionaje militar en democracia

En aplicación de un criterio de democracia informativa y de transparencia, Brecha pone a disposición la posibilidad de consultar más de 14 mil archivos de inteligencia militar sobre espionaje en democracia, una parte ínfima del “archivo Berrutti”, oculto hasta 2007 cuando fue hallado en la Escuela de Inteligencia del Ejército y actualmente de acceso restringido.
(se respeta el nombre original con el cual fueron obtenidos los documentos)
rollo 149 c Partes de Informaciones del Dpto. III de la D.G.I.D. – marzo 1987 (1 mb)
rollo 149 partes informes Dpto III DGID 1987 (1 mb)
rollo 150 informantes abril mayo 1987 (10 mb)
rollo 152 Dpto III DGID informantes junio 1987 (5 mb)
rollo 153 r partes de informes del Dpto III (ReI) D.G.I.D. desde el Nº 161 al 223 del mes de junio (7 mb)
rollo 154 informantes Dpto III DGID (ReI) Nº 161 al 223 junio 1987 (4 mb)
rollo 154 r documentacion e informes de los informantes Dpto III (ReI) D.G.I.D. en el mes de julio (5 mb)
rollo 155 partes de informes del Dpto III (ReI) D.G.I.D. de julio 1987 desde el 224 al 296 (6 mb)
rollo 779 Informantes ´87 (3 mb)
rollo 783 – informantes febrero de 87 (3 mb)
rollo 854 – informantes de abril a octubre de 1988 (15 mb)
rollo 858 Documentos e informes proporcionados por los informantes DPTO III marzo octubre 1988 (30 mb)
rollo 861 Documentos e informes proporcionados por los informantes DPTO III D.G.I.D. abril mayo (18 mb)
rollo 902 (82 mb)
rollo 1020 DGID informantes DptoIII (44 mb)
rollo 1060 informantes marzo y set 1991 (33 mb)
rollo 1077 DPTO III DGDI (5 mb)
rollo 1178 informes proporcionados por informantes de III D.G.I.D. 2 semestre de 1991 (19 mb)
rollo 1278 informantes durante el año 1993 (18 mb)
rollo 1326 informantes desde marzo a diciembre de 1993 (9 mb)
rollo 1712 Documentos del Archivo B.X.X correspondientes al año 1997 con R.E. 007 al 5.280 (138 mb)
rollo 1713 Documentos del Archivo B.X.X correspondientes al año 1997 con R.E. 5.281 al 14.734 (77 mb)
rollo 1848 Documentos del Archivo B.XX correspondientes al año 1999 (98 mb)

Por qué la nueva estrategia de Trump para Afganistán podría convertirse en "lo peor de ambos mundos"

Publicado: 22 ago 2017 21:26 GMT - RT

La estrategia anunciada por el presidente estadounidense deja a Washington y a sus aliados sin una misión claramente definida, "atrapados en medio de un conflicto cada vez más agudizado", asevera un analista.

Joshua Roberts / Reuters

La nueva estrategia de Donald Trump para Afganistán amenaza con convertirse en "lo peor de ambos mundos", dejando a EE.UU. y sus aliados sin una misión claramente definida, "atrapados en medio de un conflicto cada vez más agudizado", asevera el analista del diario británico 'The Guardian' Simon Tisdall.
Tisdall señala que el discurso de Trump sobre Afganistán "se demoró mucho" mientras los asesores de la Casa Blanca discutían sobre "qué hacer con la guerra de 16 años", pero cuando finalmente llegó, no hubo nuevas ideas o iniciativas. En cambio, el presidente "conservó los principales argumentos de la política de Barack Obama y trató de disfrazarla como algo nuevo", indica.

Los cambios a peor

Sin embargo, dos cosas sí han cambiado, y, según el analista, no a mejor:

• En primer lugar, Trump ha acordado con sus generales aumentar el número de tropas desplegadas, "invirtiendo la reducción" adoptada durante los años de Obama. Aunque no dio números, se estima que la cifra aumente en unos 4.000 soldados, que se sumarán a los cerca de 10.000 militares estadounidenses que se encuentran actualmente en Afganistán.
• El otro cambio es "aún más peligroso": Trump ha comprometido a EE.UU. a emprender "un conflicto abierto sin límites en su alcance o duración", y sin una noción definida de qué sería la victoria. No fijar tales parámetros por adelantado fue el gran error de George W. Bush en Irak, y Obama "tuvo cuidado de no repetirlo", apunta el columnista.

"Una gota en el océano"

En opinión del autor del artículo, la reiterada afirmación de Trump de que EE.UU. "lucharía para ganar" es "engañosa" en el mejor e "imprudente" en el peor de los casos, pues la historia de la guerra en Afganistán "sugiere que nadie 'gana'".
Además, el refuerzo de 4.000 militares es "una gota en el océano", estima el analista, quien explica que la situación de seguridad se ha deteriorado considerablemente en Afganistán, donde las fuerzas gubernamentales controlan menos del 60% del territorio; el número de víctimas civiles bate récords y un promedio de 20 soldados afganos mueren cada mes.

Un marine estadounidense camina cerca de militares del Ejército Nacional Afgano durante un entrenamiento en la provincia de Helmand, Afganistán, el 5 de julio de 2017. / Omar Sobhani / Reuters

En cuanto a la amenaza de Trump de ejercer más presión sobre Pakistán para que acabe con los santuarios terroristas, el experto indica que el mandatario de EE.UU. no ofreció ninguna razón de por qué sus advertencias iban a ser atendidas cuando las de Obama y Bush fueron ignoradas. 
En definitiva, el analista opina que "el giro político" de Trump —quien ha vuelto a comprometerse con una guerra que él mismo había descartado anteriormente como una pérdida de tiempo y recursos— marca una victoria para los "realistas" de la Casa Blanca, como el asesor de Seguridad Nacional, Herbert McMaster, y el secretario de Defensa, James Mattis. 
Sin embargo, el mandatario tendrá dificultades para convencer tanto a sus partidarios en casa como a sus aliados extranjeros de que tiene "una política viable", concluye Tisdall.

¿Qué esconde la nueva estrategia de Trump para Afganistán?

Publicado: 23 ago 2017 11:55 GMT | Última actualización: 23 ago 2017 11:57 GMT - RT

"La Fuerza Aérea de EE.UU. está lista para redirigir a los pilotos y a los aviones adicionales que se requieran para la lucha" afirma un portavoz estadounidense.

Imagen ilustrativa

Reuters Staff / Reuters

La "actualización" de la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Afganistán podría implicar un aumento de los ataques aéreos en el país y ampliar el entrenamiento a la Fuerza Aérea afgana, dijo el general David Goldfein, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en una entrevista con la agencia Reuters.
Sin embargo, Goldfein señaló que el tema se encuentra todavía en fase de estudio y que la plana mayor del Ejército solo ha iniciado el proceso de convertir la nueva estrategia de Trump en acciones.
El general afirmó que es posible que se dediquen más recursos a Afganistán, pero puntualizó que "es muy pronto para decir qué significará esto en términos de aumentos o reducciones".
No obstante, Goldfein confirmó que la Fuerza Aérea de EE.UU. está estudiando la posibilidad de aumentar su poderío aéreo, incluido un mayor apoyo a las fuerzas estadounidenses de Tierra, dentro de la intensificación de la campaña contra la insurgencia talibán prometida por Trump.

"La dirección es bastante clara"

En la misma nota, la secretaria de la Fuerza Aérea, Heather Wilson, destacó que el Ejército afgano ha logrado grandes avances gracias al entrenamiento y al equipamiento estadounidense, pero reconoció que "falta mucho por hacer, honestamente".
Ambos militares declararon que "la dirección es bastante clara" y EE.UU. va a ir a iniciar una gran ofensiva destinada a destruir las redes terroristas en el territorio afgano.
A su vez, el portavoz de la Fuerza Aérea, Edward Thomas, señaló que sus fuerzas en la región podrían ser desplegadas en caso de necesidad, incluyendo aviones de combate, bombarderos y aviones espías.
"Con la planificación detallada que va a seguir el anuncio del presidente, la Fuerza Aérea estará lista para redirigir a los pilotos y los aviones adicionales que se requieran para la lucha", afirmó Thomas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó su nueva estrategia para Afganistán y Asia del Sur en un discurso ante la nación desde la base militar Fort Myer, en Arlington (Virginia, EE.UU).
Durante su alocución, Trump no desveló el número concreto de tropas que serán desplegadas en el país afgano. Sin embargo, altos mandos militares estadounidense apoyan el envío de hasta 4.000 soldados adicionales, que se sumarán a unos 8.400 militares de EE.UU. que ya se encuentran en el terreno.
Además, el mandatario también prometió aumentar la presión sobre Pakistán para que acabe con los santuarios terroristas que se encuentran en su territorio.

Noticias Internacionales Independientes

Bree Newsome: Charlottesville es el capítulo más reciente de la larga historia del terror de los supremacistas blancos en EE.UU.

Breve16 de agosto de 2017

Escuche/Vea/Lea (en inglés)

Bree Newsome desató un debate a nivel nacional en el año 2015 en torno al lugar que los monumentos y los símbolos de la Confederación tienen en la sociedad estadounidense moderna. Esto ocurrió cuando la joven escaló un mástil de más de nueve metros de altura y retiró la bandera confederada izada en el predio de la legislatura de Carolina del Sur. El hecho se produjo luego de que nueve devotos estadounidenses fueran masacrados por un supremacista blanco en una iglesia de Charleston de Carolina del Sur. Mientras la policía le decía a los gritos que bajara, Newsome tomó la bandera confederada y dijo “Ustedes se dirigen a mí con odio... Yo me dirijo a ustedes en el nombre de Dios. Esta bandera se baja hoy”. Las imágenes del hecho se viralizaron y fueron vistas en todo el mundo. Al mes siguiente, los legisladores de ese estado votaron a favor del retiro de la bandera confederada para siempre ante la creciente presión.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Bree Newsome. Newsome es una artista y activista que habla de los renovados esfuerzos en todo EE.UU. de retirar los símbolos de la Confederación, luego de la fatal concentración realizada este fin de semana en Charlottesville, Virginia. Grupos de nacionalistas blancos y de la derecha alternativa se habían reunido allí para protestar contra la decisión de las autoridades de la ciudad de retirar de un parque céntrico una estatua del general confederado Robert E. Lee.

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Aumentan críticas a Trump provenientes de senadores del Partido Republicano y del hijo de Rupert Murdoch

18 Ago. 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta crecientes críticas provenientes de todo el espectro político. El jueves, el senador republicano Bob Corker, de Tennessee, cuestionó abiertamente la estabilidad y competencia de Trump.

El senador Bob Corker declaró: “El presidente todavía no ha podido demostrar la estabilidad ni la competencia plena que debe demostrar para tener éxito”.

El congresista demócrata Steve Cohen, de Tennessee, anunció planes de iniciar procedimientos para el juicio político contra el presidente Trump.
James Murdoch, el hijo de Rupert Murdoch, condenó la reacción de Trump ante los hechos en Charlottesville. Murdoch escribió: “Ni siquiera puedo creer que tenga que escribir esto: la resistencia a los nazis es fundamental; no hay nazis buenos, ni miembros del [Ku Klux] Klan, ni terroristas”. Murdoch, director ejecutivo de 21st Century Fox, también se comprometió a donar un millón de dólares a la Liga Antidifamación.

Trump elogia “hermosas” estatuas confederadas mientras aumentan las protestas

18 Ago. 2017

En Durham, Carolina del Norte, ocho personas ahora recibieron cargos por derribar una estatua confederada. El jueves, en una muestra de solidaridad, más de un centenar de personas se alinearon frente al juzgado local para entregarse simbólicamente junto con los ocho imputados. En otras noticias de Durham, una estatua del general confederado Robert E. Lee erigida en la Universidad de Duke fue vandalizada. Partes del rostro de Lee quedaron desgastadas, incluso su nariz. El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a expresarse en torno a la creciente solicitud de que se retiren las estatuas confederadas de los espacios públicos. Escribió en Twitter: “Es triste ver la historia y la cultura de nuestro gran país siendo destrozadas con el retiro de nuestras hermosas estatuas y monumentos”. Mientras tanto, el jueves en Filadelfia, más de dos mil personas participaron en una marcha para denunciar el racismo y el manejo que el presidente Trump hace de la situación en Charlottesville. Muchos participantes también pidieron la remoción de una estatua del ex comisionado de policía de Filadelfia y del alcalde Frank Rizzo.