por Agencias / La Haine
21/05/2019
Márquez criticó la legalidad de la captura de Santrich y asegura que el Estado ha estafado a las Farc
El
ex-comandante de las Farc, Iván Márquez, se pronunció este lunes frente
a lo sucedido con Jesús Santrich durante los últimos días.
Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace varios meses, envió un comunicado a los guerrilleros que se encuentran en las zonas de reincorporación en el que aseguró que “fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo confiados en la buena fe de la contraparte”.
“Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas era la única garantía de los acuerdos. La única realidad es que nos pusieron conejo”.
Sin embargo, Márquez llamó a los excombatientes a seguir luchando por la paz.
“Que la paz de Colombia siga siendo nuestro estandarte. Vamos a seguir luchando por ella. Debemos continuar la lucha. Colombia necesita un nuevo gobierno verdaderamente democrático que cumpla la palabra empeñada y haga realidad el más elevado de todos los derechos”, dice la carta.
El exguerrillero aprovechó la oportunidad para lanzarle varias pullas al hoy senador Álvaro Uribe.
“Presidente Duque (…) usted sabe muy bien que su jefe político Álvaro Uribe Vélez es un mafioso dueño de una huella imborrable. Recuerde a Pablo Escobar regocijándose con su actual jefe político a quien calificó como ese “bendito muchacho”, que siendo director de la Aeronáutica Civil le autorizó la operación de las pistas del Yarí de donde salieron cargamentos de cocaína que inundaron las calles de EEUU”.
Sobre lo ocurrido con Santrich, Márquez cuestionó la legalidad de su captura minutos después de haber recobrado la libertad el pasado viernes y aseguró que fue “drogado”.
“Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente –como ocurrió con Santrich- puede ser legal. Esa “legalización” de captura fue una ilegalidad, un abuso de autoridad”, indicó.
Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace varios meses, envió un comunicado a los guerrilleros que se encuentran en las zonas de reincorporación en el que aseguró que “fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo confiados en la buena fe de la contraparte”.
“Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas era la única garantía de los acuerdos. La única realidad es que nos pusieron conejo”.
Sin embargo, Márquez llamó a los excombatientes a seguir luchando por la paz.
“Que la paz de Colombia siga siendo nuestro estandarte. Vamos a seguir luchando por ella. Debemos continuar la lucha. Colombia necesita un nuevo gobierno verdaderamente democrático que cumpla la palabra empeñada y haga realidad el más elevado de todos los derechos”, dice la carta.
El exguerrillero aprovechó la oportunidad para lanzarle varias pullas al hoy senador Álvaro Uribe.
“Presidente Duque (…) usted sabe muy bien que su jefe político Álvaro Uribe Vélez es un mafioso dueño de una huella imborrable. Recuerde a Pablo Escobar regocijándose con su actual jefe político a quien calificó como ese “bendito muchacho”, que siendo director de la Aeronáutica Civil le autorizó la operación de las pistas del Yarí de donde salieron cargamentos de cocaína que inundaron las calles de EEUU”.
Sobre lo ocurrido con Santrich, Márquez cuestionó la legalidad de su captura minutos después de haber recobrado la libertad el pasado viernes y aseguró que fue “drogado”.
“Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente –como ocurrió con Santrich- puede ser legal. Esa “legalización” de captura fue una ilegalidad, un abuso de autoridad”, indicó.
A los guerrilleros en los ETCR y a todos los colombianos
por Ivan Marquez
LA HAINE -
21/05/2019
Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte
Es
hora de levantar la voz contra la mezquindad humana del sistema
encabezado por del uribismo y la embajada de los Estados Unidos contra
el sueño de paz de millones de almas que buscaban poner fin a más de
medio siglo de confrontación armada.
Qué porquería de Fiscalía tenemos los colombianos que para liberar, recapturar y después practicar una legalización de captura a un invidente, tenga que doparlo hasta causarle inconsciencia y un paro respiratorio.
Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente -como ocurrió con Santrich- puede ser legal. Esa “legalización de captura” fue una ilegalidad, un abuso de autoridad. Deben responder el ex Fiscal General y hasta los médicos que se prestaron para esa infamia rastrera.
Presidente Duque, no le vuelva la espalda a la Constitución, no traicione su juramento. No dinamite la independencia de los poderes con ese odio sordo que solo busca hacer trizas y dejar sin efecto el Acuerdo de Paz de La Habana. No se rasgue las vestiduras proyectándose como un presidente impoluto frente al narcotráfico, porque usted sabe muy bien que su jefe político Álvaro Uribe Vélez es un mafioso dueño de una huella imborrable. Recuerde a Pablo Escobar Gaviria regocijándose con su actual jefe político a quien calificó como “ese bendito muchacho”, que siendo director de la Aeronáutica Civil le autorizó la operación de las pistas del Yarí de donde salieron cargamentos de cocaína que inundaron las calles de Estados Unidos.
Por ese solo gesto delictivo, Uribe puede ser calificado para la posteridad como el precursor del narcotráfico en Colombia. No ignore que en esa decisión está la génesis de la desgracia que envolvió a todo el país.
Tampoco finja un dolor que no existe por las víctimas del conflicto cuando su jefe tiene las manos manchadas con la sangre derramada por el paramilitarismo. Memoria Histórica afirma que el paramilitarismo asesinó en Colombia a más de 100 mil colombianos, crímenes que continúan en el fondo oscuro de la impunidad. Que responda Uribe por los falsos positivos que hoy quieren reactivar como lo denuncia con acierto el New York Times. Que responda por el desplazamiento forzoso de la población campesina y el despojo violento de 8 millones de hectáreas de tierra. Que Uribe y Marta Lucía Ramirez digan la verdad sobre los muertos de la Comuna 13 de Medellín y de las fosas donde los escondieron. Qué bueno sería para Colombia que los terceros involucrados en el conflicto, no militares, también digan la verdad.
Presidente, frene esa Campaña mediática sucia con la que usted y su facción política quieren demoler el sentimiento más hermoso que palpita en el corazón de los colombianos, que es el de la paz.
Compañeros de los ETCR: en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor Central de las FARC,comandantes de frentes y columnas, impactados por la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, les reiteramos autocríticamente, que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo.
Que la paz de Colombia siga siendo nuestro estandarte. Vamos a seguir luchando por ella. Debemos continuar la lucha. Colombia necesita un nuevo Gobierno, verdaderamente democrático que cumpla la palabra empeñada y haga realidad el más elevado de todos los derechos.
Llamamos a todos los colombianos a movilizarse en defensa de la paz. La minga de todos por la paz es el camino.
Iván Márquez
Qué porquería de Fiscalía tenemos los colombianos que para liberar, recapturar y después practicar una legalización de captura a un invidente, tenga que doparlo hasta causarle inconsciencia y un paro respiratorio.
Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente -como ocurrió con Santrich- puede ser legal. Esa “legalización de captura” fue una ilegalidad, un abuso de autoridad. Deben responder el ex Fiscal General y hasta los médicos que se prestaron para esa infamia rastrera.
Presidente Duque, no le vuelva la espalda a la Constitución, no traicione su juramento. No dinamite la independencia de los poderes con ese odio sordo que solo busca hacer trizas y dejar sin efecto el Acuerdo de Paz de La Habana. No se rasgue las vestiduras proyectándose como un presidente impoluto frente al narcotráfico, porque usted sabe muy bien que su jefe político Álvaro Uribe Vélez es un mafioso dueño de una huella imborrable. Recuerde a Pablo Escobar Gaviria regocijándose con su actual jefe político a quien calificó como “ese bendito muchacho”, que siendo director de la Aeronáutica Civil le autorizó la operación de las pistas del Yarí de donde salieron cargamentos de cocaína que inundaron las calles de Estados Unidos.
Por ese solo gesto delictivo, Uribe puede ser calificado para la posteridad como el precursor del narcotráfico en Colombia. No ignore que en esa decisión está la génesis de la desgracia que envolvió a todo el país.
Tampoco finja un dolor que no existe por las víctimas del conflicto cuando su jefe tiene las manos manchadas con la sangre derramada por el paramilitarismo. Memoria Histórica afirma que el paramilitarismo asesinó en Colombia a más de 100 mil colombianos, crímenes que continúan en el fondo oscuro de la impunidad. Que responda Uribe por los falsos positivos que hoy quieren reactivar como lo denuncia con acierto el New York Times. Que responda por el desplazamiento forzoso de la población campesina y el despojo violento de 8 millones de hectáreas de tierra. Que Uribe y Marta Lucía Ramirez digan la verdad sobre los muertos de la Comuna 13 de Medellín y de las fosas donde los escondieron. Qué bueno sería para Colombia que los terceros involucrados en el conflicto, no militares, también digan la verdad.
Presidente, frene esa Campaña mediática sucia con la que usted y su facción política quieren demoler el sentimiento más hermoso que palpita en el corazón de los colombianos, que es el de la paz.
Compañeros de los ETCR: en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor Central de las FARC,comandantes de frentes y columnas, impactados por la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, les reiteramos autocríticamente, que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo.
Que la paz de Colombia siga siendo nuestro estandarte. Vamos a seguir luchando por ella. Debemos continuar la lucha. Colombia necesita un nuevo Gobierno, verdaderamente democrático que cumpla la palabra empeñada y haga realidad el más elevado de todos los derechos.
Llamamos a todos los colombianos a movilizarse en defensa de la paz. La minga de todos por la paz es el camino.
Iván Márquez
"Iván Márquez" no ocupará su curul en el senado el próximo 20 de julio
25 Abr 2018 - 12:06 AM - El Espectador com.
La captura de “Jesús Santrich” ha desencadenado en el momento más crítico de los acuerdos de paz firmados en La Habana. Tanto así, que el asesor político de la FARC, “Iván Márquez”, aseguró en una entrevista para el noticiero CM& que, de no producirse la liberación de su camarada, no ocupará su curul en el Senado.
“¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación del acuerdo de La Habana (…) y que me vayan a decir que yo soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas, necesitamos respeto, prefiero dejar esa joda allá”, fueron las declaraciones del exguerrillero. (Lea también: Las advertencias de Duque y Vargas Lleras a 'El Paisa' e 'Iván Márquez')
El exnegociador de la guerrilla en los diálogos de paz manifestó que si la crisis del proceso continúa permanecerá en la vereda Miravalle, San Vicente del Caguán, donde se encuentra actualmente. “Yo me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario hasta cuando vea que realmente hay garantías, que esto va en serio, y si no decirles que no molesten, déjennos trabajar simplemente”.
Añadió que “es muy duro lo que estoy diciendo porque esto equivale a que fracasó el proceso de paz en Colombia”. (Le puede interesar: Farc dicen que captura de Santrich pone en riesgo el proceso de paz)
Por otro lado, “Márquez” afirmó que “El Paisa” no está pensando en regresar a la milicia, sino que sigue a la espera de que se produzca la pronta liberación de su camarada “Santrich”, pedido en extradición por los Estados Unidos por presuntos cargos de narcotráfico y quien actualmente se encuentra en la cárcel La Picota con un delicado estado de salud.
“Me gustaría seguir viendo a ‘El Paisa’ en esta situación y no en otras, no en la confrontación, porque él no está pensando en guerra, en disidencia. Él está pensando en que suelten a ‘Santrich’ y que se vengan con recursos para financiar los proyectos productivos porque esos no han llegado todavía, puro bla, bla, bla y nada”.
Y, en ese mismo sentido, insistió en la inocencia del excombatiente. “No sé a quién se le puede ocurrir, tiene que ser una mente enferma, que ‘Santrich’ esté involucrado en narcotráfico, no. Que tenía dispuestas 10 toneladas de cocaína ¿dónde? ¿Cómo? Que nos digan en qué parte. Que tenía una flota de aviones, ¿y dónde está la flota de aviones?”. (Noticia relacionada: “Nunca he pensado en someterme a una corte yanqui”: 'Jesús Santrich')
“Márquez” finalizó retomando el propósito de la negociación y dejación de armas por parte del grupo subversivo e hizo un llamado al Gobierno Nacional para salir de la delicada situación por la que atraviesan los acuerdos. “Realmente muchas cosas tienen que cambiar aquí. Nosotros quisiéramos de corazón que esto cambiara y que se nos permitiera incursionar en la política (…) Tal vez ahora valemos huevo porque no tenemos las armas, pero nuestro sueño fue hacer dejación de armas para participar en política”, añadió.
Según lo acordado en La Habana, la FARC tiene derecho a cinco curules en el Senado y cinco más en la Cámara de Representantes.
“¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación del acuerdo de La Habana (…) y que me vayan a decir que yo soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas, necesitamos respeto, prefiero dejar esa joda allá”, fueron las declaraciones del exguerrillero. (Lea también: Las advertencias de Duque y Vargas Lleras a 'El Paisa' e 'Iván Márquez')
El exnegociador de la guerrilla en los diálogos de paz manifestó que si la crisis del proceso continúa permanecerá en la vereda Miravalle, San Vicente del Caguán, donde se encuentra actualmente. “Yo me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario hasta cuando vea que realmente hay garantías, que esto va en serio, y si no decirles que no molesten, déjennos trabajar simplemente”.
Añadió que “es muy duro lo que estoy diciendo porque esto equivale a que fracasó el proceso de paz en Colombia”. (Le puede interesar: Farc dicen que captura de Santrich pone en riesgo el proceso de paz)
Por otro lado, “Márquez” afirmó que “El Paisa” no está pensando en regresar a la milicia, sino que sigue a la espera de que se produzca la pronta liberación de su camarada “Santrich”, pedido en extradición por los Estados Unidos por presuntos cargos de narcotráfico y quien actualmente se encuentra en la cárcel La Picota con un delicado estado de salud.
“Me gustaría seguir viendo a ‘El Paisa’ en esta situación y no en otras, no en la confrontación, porque él no está pensando en guerra, en disidencia. Él está pensando en que suelten a ‘Santrich’ y que se vengan con recursos para financiar los proyectos productivos porque esos no han llegado todavía, puro bla, bla, bla y nada”.
Y, en ese mismo sentido, insistió en la inocencia del excombatiente. “No sé a quién se le puede ocurrir, tiene que ser una mente enferma, que ‘Santrich’ esté involucrado en narcotráfico, no. Que tenía dispuestas 10 toneladas de cocaína ¿dónde? ¿Cómo? Que nos digan en qué parte. Que tenía una flota de aviones, ¿y dónde está la flota de aviones?”. (Noticia relacionada: “Nunca he pensado en someterme a una corte yanqui”: 'Jesús Santrich')
“Márquez” finalizó retomando el propósito de la negociación y dejación de armas por parte del grupo subversivo e hizo un llamado al Gobierno Nacional para salir de la delicada situación por la que atraviesan los acuerdos. “Realmente muchas cosas tienen que cambiar aquí. Nosotros quisiéramos de corazón que esto cambiara y que se nos permitiera incursionar en la política (…) Tal vez ahora valemos huevo porque no tenemos las armas, pero nuestro sueño fue hacer dejación de armas para participar en política”, añadió.
Según lo acordado en La Habana, la FARC tiene derecho a cinco curules en el Senado y cinco más en la Cámara de Representantes.
Factor disuasivo: por qué el Pentágono sabe que no ganaría una guerra en Venezuela
©
Sputnik / José Negrón Valera
19:07 16.05.2019(actualizada a las 10:38 17.05.2019) SPUTNIK NEWS
©
Sputnik / José Negrón Valera
Más allá de las grandilocuencias, fuera de los reflectores y las cámaras de televisión, existe una realidad que bien saben en Washington. Para conquistar un territorio hay que pisar el suelo, hay que controlar a su población, someter a la resistencia. Cualquier otro argumento son acrobacias discursivas para potenciales votantes, espejismos para legisladores y falsas promesas para la moldeable opinión pública.
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Sputnik / José Negrón Valera
Cadetes de la Academia Militar Bolivariana, participando de las maniobras
Ojalá lo entiendan, y la sola fuerza de los hechos les haga desistir de tomar una decisión que solo serviría para extender sobre Latinoamérica una nueva era de oscuridad.
Almagro criticó mediación de Noruega en Venezuela y defendió la intervención militar
“Esto
no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es cómo se sale de
una dictadura”, afirmó el secretario general de la OEA.
21.05.2019 14:36 - MONTEVIDEO PORTAL
El secretario general de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó la
mediación de Noruega en Venezuela. Entrevistado por Infobae, el
ex canciller uruguayo afirmó que le "llamó la atención" la intervención
de Noruega "porque esto es una dictadura y se trata de cómo se sale de
una dictadura, no de cómo se media en un conflicto".
Para Almagro, a pesar de que "todo esfuerzo tiene que ser reconocido", "ese acercamiento de Noruega al tema es un acercamiento equivocado". "Esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es cómo se sale de una dictadura y cómo se devuelven las garantías fundamentales a la gente, cómo se detienen los crímenes de lesa humanidad, cómo se detienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cómo se resuelve la variable de la crisis humanitaria, y realmente ese acercamiento está equivocado", manifestó.
El jerarca rechazó que el país nórdico todavía reconozca a Maduro, "lo cual no ayuda, porque hay que llevar la negociación con Maduro diciendo 'usted no es un presidente legítimo, usted tiene que dejar el poder, usted tiene que cesar la usurpación'. Esa es la respuesta que se necesita para llegar a una solución al tema", aseguró.
"Sobre la base de que Maduro es todavía un presidente legítimo, no van a resolver ni la crisis humanitaria, ni la crisis migratoria, ni las violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino que al contrario, se van a reforzar", sentenció.
Almagro tampoco descartó la intervención militar en el país bolivariano si es necesario para sacar a Maduro del poder. "En la responsabilidad de proteger, el punto fundamental es que no se descarta el uso de la fuerza", señaló, aunque dijo que este debe ser "el último paso".
"Hay negociaciones, gestiones, buenos oficios, sanciones, presiones varias que se pueden ejercer sobre la dictadura, pero tendría que haber estado en un esquema en el cual se tendrían que ir dando resultados. Si uno lo ve cómo han sido los procesos hasta ahora, en los que se ha buscado una negociación con Maduro, muchas veces después de vencido algún plazo que se le ha puesto, en vez de ir para adelante con fuerza, con una determinación, con un proceso incremental en el cual haya medidas adicionales que implican una presión mayor sobre el régimen, se vuelve a una declaración que es más tibia, o que no tiene muchos efectos", argumentó.
Para Almagro, a pesar de que "todo esfuerzo tiene que ser reconocido", "ese acercamiento de Noruega al tema es un acercamiento equivocado". "Esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es cómo se sale de una dictadura y cómo se devuelven las garantías fundamentales a la gente, cómo se detienen los crímenes de lesa humanidad, cómo se detienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cómo se resuelve la variable de la crisis humanitaria, y realmente ese acercamiento está equivocado", manifestó.
El jerarca rechazó que el país nórdico todavía reconozca a Maduro, "lo cual no ayuda, porque hay que llevar la negociación con Maduro diciendo 'usted no es un presidente legítimo, usted tiene que dejar el poder, usted tiene que cesar la usurpación'. Esa es la respuesta que se necesita para llegar a una solución al tema", aseguró.
"Sobre la base de que Maduro es todavía un presidente legítimo, no van a resolver ni la crisis humanitaria, ni la crisis migratoria, ni las violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino que al contrario, se van a reforzar", sentenció.
Almagro tampoco descartó la intervención militar en el país bolivariano si es necesario para sacar a Maduro del poder. "En la responsabilidad de proteger, el punto fundamental es que no se descarta el uso de la fuerza", señaló, aunque dijo que este debe ser "el último paso".
"Hay negociaciones, gestiones, buenos oficios, sanciones, presiones varias que se pueden ejercer sobre la dictadura, pero tendría que haber estado en un esquema en el cual se tendrían que ir dando resultados. Si uno lo ve cómo han sido los procesos hasta ahora, en los que se ha buscado una negociación con Maduro, muchas veces después de vencido algún plazo que se le ha puesto, en vez de ir para adelante con fuerza, con una determinación, con un proceso incremental en el cual haya medidas adicionales que implican una presión mayor sobre el régimen, se vuelve a una declaración que es más tibia, o que no tiene muchos efectos", argumentó.
Guaidó ordena a su enviado en EE.UU. reunirse con el Pentágono para "establecer relación directa"
Publicado: 12 may 2019 04:11 GMT | Última actualización: 13 may 2019 09:38 GMT - RT
Por su parte, el jefe del Comando Sur de del
Departamento de Defensa de EE.UU. afirmó este jueves que cuando fuera
invitado por Juan Guaidó, hablarían sobre su "apoyo" a aquellos líderes
del Ejército venezolano "que tomen la decisión correcta".
El
diputado opositor venezolano Juan Guaidó declaró este sábado que
instruyó a su enviado en EE.UU., Carlos Vecchio, para que se reúna "de
inmediato" con el Comando Sur del Departamento de Defensa de EE.UU. para
establecer cooperación.
"Nos hemos comunicado con nuestros aliados de Brasil, pero también de EE.UU.", afirmó el autoproclamado 'presidente encargado' durante una concentración de sus seguidores en Caracas, añadiendo que los opositores reciben "con alegría la comunicación" con las autoridades estadounidenses.
"Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de
inmediato [...] con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relación directa [...] en materia de cooperación", declaró Guaidó en ese contexto.
Además, prestó su atención a otros presuntos aliados de los opositores venezolanos y señaló que recibieron "con alegría la comunicación de la diplomacia y Cancillería china", en la que "dicen que se aproxima una solución [de la situación en el país] a través del Grupo de Contacto".
Al mismo tiempo, desde la Administración estadounidense han comunicado en diversas ocasiones su disposición a intervenir militarmente en Venezuela. Este mismo jueves, el jefe del Comando Sur, Craig Faller, afirmaba a través de Twitter que cuando fuera invitado por "Juan Guaidó y el Gobierno legítimo de Venezuela", hablarían sobre su "apoyo" a aquellos líderes del Ejército venezolano "que tomen la decisión correcta".
En el texto se afirma que algunos gobiernos "han decidido emitir opiniones no solicitadas en relación con la administración de justicia en Venezuela [...] y la consecuente privación de libertad de ciudadanos abiertamente incursos en la asonada en contra del orden constitucional".
"Nos hemos comunicado con nuestros aliados de Brasil, pero también de EE.UU.", afirmó el autoproclamado 'presidente encargado' durante una concentración de sus seguidores en Caracas, añadiendo que los opositores reciben "con alegría la comunicación" con las autoridades estadounidenses.
Además, prestó su atención a otros presuntos aliados de los opositores venezolanos y señaló que recibieron "con alegría la comunicación de la diplomacia y Cancillería china", en la que "dicen que se aproxima una solución [de la situación en el país] a través del Grupo de Contacto".
Guaidó "aceptaría" una intervención militar de EE.UU.
Este viernes Juan Guaidó afirmó que está abierto a aceptar una intervención estadounidense en su país. "Si los norteamericanos propusieran una intervención militar ahora, probablemente lo aceptaría", dijo Guaidó al diario italiano La Stampa.Al mismo tiempo, desde la Administración estadounidense han comunicado en diversas ocasiones su disposición a intervenir militarmente en Venezuela. Este mismo jueves, el jefe del Comando Sur, Craig Faller, afirmaba a través de Twitter que cuando fuera invitado por "Juan Guaidó y el Gobierno legítimo de Venezuela", hablarían sobre su "apoyo" a aquellos líderes del Ejército venezolano "que tomen la decisión correcta".
Reacción de Caracas
Por su parte, el Gobierno venezolano aseveró a través de un comunicado que Washington "promueve, organiza y financia" una campaña para "producir un cambio de Gobierno por la fuerza".En el texto se afirma que algunos gobiernos "han decidido emitir opiniones no solicitadas en relación con la administración de justicia en Venezuela [...] y la consecuente privación de libertad de ciudadanos abiertamente incursos en la asonada en contra del orden constitucional".
Rusia se opone a la acción militar
En cuanto a la posibilidad de una intervención militar en este país suramericano, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recordó este lunes tras su reunión con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que Moscú se opone categóricamente a cualquier acción militar en cualquier lugar que infrinja el derecho internacional. "El uso de la fuerza solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, o puede aplicarse en respuesta a una agresión contra un Estado soberano. Nada de eso, ninguna de esas opciones, se observa en Venezuela", precisó Lavrov.Enviado de Guaidó en EE.UU. pide reunión con el Comando Sur "para restaurar la democracia" en Venezuela
Publicado: 13 may 2019 19:57 GMT | Última actualización: 13 may 2019 21:22 GMT - RT
Previamente, el jefe del comando
estadounidense, Craig S. Faller, había afirmado le gustaría hablar de su
apoyo a los militares venezolanos que "restauren el orden
constitucional".
El representante del diputado Juan Guaidó
en EE.UU., Carlos Vecchio, publicó en su cuenta de Twitter una carta
dirigida al jefe del Comando Sur, Craig S. Faller, en la que le solicita
una reunión "para avanzar en la planificación estratégica y operativa" con la finalidad de "detener el sufrimiento del pueblo y restaurar la democracia".
Vecchio confirma en el documento su disposición "para comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida por su comando".
Al respecto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, calificó este lunes la petición como un "adefesio" de "uno de los golpistas que se alberga en Washington" que pide "la intervención militar de Venezuela" para "crear zozobra y desestabilización" y "coordinar acciones para bloqueo financiero, económico y comercial" con "un grupo de golpistas".
El político opositor, prófugo de la Justicia venezolana, fue designado por Guaidó como "embajador de Venezuela en EE.UU.", a pesar de que el país suramericano rompió relaciones diplomáticas con Washington en enero pasado, tras su reconocimiento del diputado como "presidente encargado".
Vecchio ha liderado las acciones de presión de un grupo de opositores que se han mantenido a las afueras de la Embajada de Venezuela en EE.UU., con el propósito de forzar la salida de varios activistas estadounidenses que han decidido permanecer allí desde marzo pasado para resguardarla. Hasta ahora, les han cortado la energía eléctrica, el suministro de agua y les han impedido el ingreso de alimentos y medicinas.
En su discurso, el parlamentario hizo referencia al tuit de Faller, quien expresó que cuando Guaidó "y el Gobierno legítimo" lo invitaran, hablaría sobre su apoyo "a los líderes" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero y que restauren el orden constitucional", una semana después del fallido golpe de Estado que sacó de su arresto domiciliario al dirigente opositor Leopoldo López y donde participó un grupo de militares y policías insurrectos.
Al
respecto, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que lo afirmado
por el jefe del Comando Sur era una "confesión" de la participación de
EE.UU. en el "golpe de Estado fascista en Venezuela". "El intervencionismo militarista de Washington en su máxima expresión", agregó.
Faller anteriormente había expresado durante
una conferencia regional de seguridad en Tegucigalpa, capital de
Honduras: "Todos somos testigos de la lucha venezolana, la lucha entre
un líder legítimo y uno criminal e ilegítimo", al referirse a Guaidó
y al presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado en respuesta, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pidió no subestimar a la FANB y catalogó esta afirmación como parte del "chantaje, la manipulación y la intimidación" de los "agentes imperiales y sus títeres", con referencia a los reiterados llamados, por parte de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, para que los militares venezolanos desconozcan a Maduro y "ayuden a la transición".
El Gobierno venezolano, tras un acuerdo con la Cruz Roja Internacional, recibió un primer cargamento de insumos médicos. Además, China, Cuba, Rusia y organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han enviado unas 1.000 toneladas de insumos al país suramericano.
El pasado 7 de febrero, Faller manifestó ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense que ese país consideraba entre las "amenazas" para la región a Rusia, China, Irán y a "sus aliados autoritarios" en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Vecchio confirma en el documento su disposición "para comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida por su comando".
Al respecto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, calificó este lunes la petición como un "adefesio" de "uno de los golpistas que se alberga en Washington" que pide "la intervención militar de Venezuela" para "crear zozobra y desestabilización" y "coordinar acciones para bloqueo financiero, económico y comercial" con "un grupo de golpistas".
El político opositor, prófugo de la Justicia venezolana, fue designado por Guaidó como "embajador de Venezuela en EE.UU.", a pesar de que el país suramericano rompió relaciones diplomáticas con Washington en enero pasado, tras su reconocimiento del diputado como "presidente encargado".
Vecchio ha liderado las acciones de presión de un grupo de opositores que se han mantenido a las afueras de la Embajada de Venezuela en EE.UU., con el propósito de forzar la salida de varios activistas estadounidenses que han decidido permanecer allí desde marzo pasado para resguardarla. Hasta ahora, les han cortado la energía eléctrica, el suministro de agua y les han impedido el ingreso de alimentos y medicinas.
Petición de Guaidó
El pasado sábado, en un acto público con sus seguidores, el diputado anunció que había "instruido a su embajador" para que se reuniera con el Comando Sur, con el objetivo de "establecer una relación directa" y "atender la emergencia humanitaria compleja".En su discurso, el parlamentario hizo referencia al tuit de Faller, quien expresó que cuando Guaidó "y el Gobierno legítimo" lo invitaran, hablaría sobre su apoyo "a los líderes" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero y que restauren el orden constitucional", una semana después del fallido golpe de Estado que sacó de su arresto domiciliario al dirigente opositor Leopoldo López y donde participó un grupo de militares y policías insurrectos.
En un comunicado en respuesta, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pidió no subestimar a la FANB y catalogó esta afirmación como parte del "chantaje, la manipulación y la intimidación" de los "agentes imperiales y sus títeres", con referencia a los reiterados llamados, por parte de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, para que los militares venezolanos desconozcan a Maduro y "ayuden a la transición".
Otras acciones del Comando Sur
Días antes, el Comando Sur dio a conocer que el buque hospital 'USNS Comfort', perteneciente a la Armada estadounidense, saldrá el próximo junio de la base Naval Norfolk con destino al Caribe, Centroamérica y Suramérica para "ayudar a aliviar la presión" generada por la llegada de "migrantes venezolanos que escapan de la crisis", según el comunicado.El Gobierno venezolano, tras un acuerdo con la Cruz Roja Internacional, recibió un primer cargamento de insumos médicos. Además, China, Cuba, Rusia y organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han enviado unas 1.000 toneladas de insumos al país suramericano.
El pasado 7 de febrero, Faller manifestó ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense que ese país consideraba entre las "amenazas" para la región a Rusia, China, Irán y a "sus aliados autoritarios" en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La enésima teoría del 'Washington Post' para explicar el fracaso del golpe de Estado en Venezuela
por Peter Bolton
LA HAINE - 21/05/2019
El "Cártel de los soles"'
Cuando
van a cumplirse cuatro meses desde el intento de golpe de Estado en
Venezuela, los analistas de los medios de comunicación occidentales en
manos de corporaciones se estrujan la cabeza para explicar por qué los
planes de Washington para derribar al gobierno de Nicolás Maduro no han
llegado a materializarse. Es evidente que ni siquiera se han planteado
las razones reales de dicho fracaso. Va más allá de sus posibilidades
mentales considerar la persistente popularidad de los programas del
fallecido Hugo Chávez y los recelos pertinaces de grandes sectores de la
población –o el profundo rechazo que provoca en la inmensa mayoría de
los venezolanos (y de los latinoamericanos) la posibilidad de una
intervención militar de EEUU en su país.
En vez de eso, tanto los marionetistas de Washington que diseñaron el
golpe de Estado como sus títeres de los medios mayoritarios han estado
pergeñando excusas cada vez más disparatadas para explicar el
estrepitoso fracaso del intento de golpe de Guaidó. La teoría más
utilizada ha sido la de que el régimen de Maduro se “sostiene” gracias
al apoyo de Rusia, China y Cuba. Esta versión se ha expuesto de maneras
cada vez más extravagantes, como la reciente afirmación de Mike Pompeo
de que Maduro había estado a punto de abandonar el país antes de que
Rusia le convenciera de lo contrario.
Ahora, el editorialista del Washington Post, notorio belicista y perturbado fabricante de conspiraciones Jackson Diehl ha elaborado la más reciente teoría para explicar el fracaso del golpe: el llamado “Cártel de los soles”. Según Diehl, esta organización clandestina está formada por “algunos de los más altos cargos del régimen de Maduro”. Según sus palabras, “la organización envía cientos de toneladas de cocaína colombiana desde aeropuertos venezolanos hasta América Central y El Caribe para su posterior distribución en EEUU y Europa”. Además, acusa al gobierno de Maduro de cometer desfalcos en las cuentas utilizadas para importar alimentos y medicinas, así como de “corrupción en la compraventa de divisas”. Según este señor, “el gobierno de Maduro no sería tanto un gobierno –y menos un gobierno socialista– como una banda criminal” y afirma que “el dinero que obtiene de sus actividades delictivas le sirve de soporte para sobrevivir a las sanciones de EEUU”.
Las únicas fuentes que proporciona para justificar dichas afirmaciones son un artículo de Associated Press de septiembre de 2018, que informa de una acusación no comprobada efectuada por un miembro de escaso rango del Departamento del Tesoro de EEUU; un artículo de enero de 2019 del Wall Street Journal, en el que informa de otra denuncia igualmente sin demostrar del mismo departamento; y un vínculo a uno de los propios artículos del Washington Post publicado en 2015. Dejando a un lado la auto-cita, las acusaciones del Departamento del Tesoro a duras penas pueden considerarse pruebas fidedignas. Se trata, al fin y al cabo, de una rama del gobierno de EEUU, una institución que ha intentado desestabilizar al gobierno chavista desde que tomó el poder. Además, la Administración Trump, ante la que responde en la actualidad, ha sido el principal promotor del intento de golpe de Estado y no oculta que detrás de sus intenciones están los intereses económicos de las grandes corporaciones estadounidenses (1).
Larissa Costas va aun más lejos al plantear que la idea del cártel dirigido por el gobierno venezolano podría ser un montaje de principio a fin. En febrero de 2017, afirmaba en un artículo (2) que:
Pero hoy día, cuatro años después desde que se lanzara esa acusación, ni la DEA ni el DdJ han acusado formalmente a ninguno de los supuestos implicados ni, por supuesto, ningún tribunal les ha considerado culpables. Sin embargo, los grandes medios de comunicación siguen repitiendo las acusaciones como si fueran incuestionables. En mayo de 2018, por ejemplo, Insight Crime publicó un artículo titulado “El narcotráfico en el régimen de Venezuela: El Cártel de los soles”3, en el que afirmaba estar en posesión de “documentos que implicaban a altos cargos del gobierno venezolano, del pasado y del presente, en el tráfico de cocaína”. Pero en lugar de ofrecer al lector esta supuesta montaña de pruebas, los autores se limitaban a citar a un funcionario anónimo del Departamento de Justicia como fuente de la información.
Al igual que ocurre con el Departamento del Tesoro, resulta difícil creer al Departamento de Justicia cuando las sucesivas administraciones en Washington han estado intentando socavar los gobiernos chavistas a partir de la primera elección de Hugo Chávez en 1998. Desde la implicación de la CIA y la Administración Bush en el intento de golpe de Estado de 2002 y en el paro petrolero de PDVSA de 2002-2003 hasta el actual intento de golpe y las sanciones económicas, Washington ha utilizado todo tipo de métodos para intentar un cambio de régimen, primero de manera encubierta y luego con absoluto descaro.
Pero las cosas van más lejos. De hecho, parece que estas dudosas acusaciones de tráfico de drogas son parte fundamental del intento de cambio de régimen. Y eso se debe a que se utilizan como justificante de las sanciones promulgadas por Washington para debilitar al régimen al enviar señales poco disimuladas al capital internacional para que abandone Venezuela. En segundo lugar, las sanciones y acusaciones se usan a su vez para debilitar al régimen y estimular las deserciones hacia el bando opositor respaldado por EEUU No hay mejor caso para ilustrar esta realidad que el del general venezolano retirado Hugo Carvajal.
En julio de 2014, cuando Carvajal fue puesto en libertad en Aruba, Reuters informaba de que él había negado categóricamente los cargos de EEUU que le acusaban de comercio ilegal y apoyo a las guerrillas izquierdistas de Colombia. Pero en febrero de 2019, a escasas semanas del intento de golpe de Estado, Carvajal dio un giro de 180 grados y acusó a Maduro y a su círculo más íntimo de participar en el narcotráfico. Esto ocurrió justo después de que Trump amenazara abiertamente a los militares leales a Maduro con “tener todas las de perder”, al mismo tiempo que Guaidó ofrecía amnistía a quienes se pasaran a su bando. Parece que Carvajal reaccionó ante esta mezcla de amenaza e incentiva del palo y la zanahoria que EEUU había puesto en marcha como parte de su arsenal para el cambio de régimen. La cuestionable validez de sus afirmaciones queda demostrada por su repetición del mantra utilizado con frecuencia por Washington en el sentido de que los oficiales de Maduro están cortejando al grupo “militante” libanés Hezbolá.
Esta afirmación ha sido enérgicamente desenmascarada por Richard Vaz, que señala que los medios mayoritarios como la CNN que trasmiten estas acusaciones utilizan exclusivamente la fuente del Departamento del Tesoro o, peor aún, de personajes como [el senador republicano] Marco Rubio. Vaz señala también lo absurdo de sostener que Tarek el Aissami (actual vicepresidente venezolano para el área económica) es el mediador de algún tipo de alianza chií trasatlántica liderada por Irán, cuando el propio Aissami ni siquiera es musulmán, sino hijo de inmigrantes drusos libaneses, nacido en Venezuela, donde ha pasado toda su vida.
Si estuviéramos en una situación normal, no sería necesario ir más lejos para desacreditar la afirmación de Diehl. Pero América Latina no es un lugar normal y las relaciones de EEUU con la región no constituyen una relación normal. Además de la escasez de pruebas que sostengan su afirmación, está la cuestión del doble rasero que subyace bajo la superficie. No cabe duda de que Diehl pretende que la supuesta implicación del gobierno de Maduro en actividades delictivas justifica las acciones intervencionistas de Washington y sus representantes sobre el terreno. Pero si observamos detenidamente el pasado y presente de la región, se constata la existencia de un montón de flagrantes narcoestados que Washington no solo ha ignorado sino que ha financiado y armado hasta los dientes. No es casualidad que dos de ellos sean aliados incondicionales y otro lo fuera hasta hace bien poco. Me refiero, claro está, a Colombia, Honduras y México.
Para nadie es un secreto que Colombia ha sido un narcoestado durante la primera década de este siglo [y muy probablemente sigue siéndolo]. Incluso algunos documentos de inteligencia desclasificados de EEUU denuncian los estrechos lazos del expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico. Un informe desclasificado de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), por ejemplo, describe a Uribe como “amigo íntimo” de Pablo Escobar y la “colaboración con el cártel de Medellín a altos niveles del gobierno”. Otro informe de inteligencia datado en 1993 y desclasificado en 2018 afirma que un senador colombiano declaró a funcionarios de la embajada de EEUU en Bogotá que el cártel de Escobar había financiado la campaña electoral de Uribe para el senado colombiano. A pesar de tener en sus manos dicha información, Washington financió con generosidad al gobierno de Uribe mediante el Plan Colombia para organizar las llamadas campañas “antidroga”, que sirvieron para tapar ofensivas brutales contra activistas defensores de los derechos laborales e indígenas y para desplazar a comunidades campesinas.
El nivel de implicación de los cárteles de la droga colombianos en el Estado fue desenmascarado más claramente por el “escándalo de la para-política”, por el que 32 congresistas colombianos y 5 gobernadores fueron condenados por su complicidad con grupos paramilitares de extrema derecha. Estos grupos, por cierto, han sido los principales protagonistas del narcotráfico colombiano.
El recientemente concluido juicio contra Joaquín Guzmán, alias “El Chapo” ha desvelado una historia parecida en México. Alex Cifuentes, narcotraficante que testificó contra el Chapo en dicho tribunal afirmó que el expresidente mexicano Peña Nieto recibió un soborno de Guzmán por valor de 100 millones de dólares. La periodista de investigación mexicana Anabel Hernández hace tiempo que sostenía esa complicidad del Estado mexicano con los grupos de narcotráfico, complicidad que se extiende hasta los estamentos más altos, incluyendo la presidencia, algo que aparentemente confirma el testimonio de Cifuentes. Al igual que ha ocurrido con Colombia, EEUU no solo ha hecho la vista gorda ante esta situación, sino que ha financiado generosamente al gobierno mexicano para que desarrolle “campañas antidroga” mediante la Iniciativa Mérida. Y, de nuevo, estas campañas proporcionaban una tapadera para brutales violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Por último, vamos a fijarnos en Honduras, el ejemplo más contemporáneo y, en muchas formas, más flagrante de narcoestado aliado de EEUU. Desde que EEUU orquestó un golpe contra el gobierno democrático de Manuel Zelaya en 2009, hay signos cada vez más claros de que Honduras ha degenerado hasta convertirse en un narcoestado con todas las de la ley. En enero del año pasado, por ejemplo, salió a la luz que un jefe nacional de policía facilitó personalmente una entrega de cocaína por valor de 20 millones de dólares en 2013. En noviembre de 2018, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, fue arrestado en Miami acusado de tráfico de drogas. Cuando este artículo entraba en imprenta, salió a la luz el testimonio que ofreció a la DEA en el que presuntamente admitía tener relaciones con diversos narcotraficantes conocidos así como aceptar sobornos. Incluso según la publicación antes mencionada Insight Crime, “El conocimiento pormenorizado de las actividades de algunos de los más prominentes barones de la droga hondureños hace que cada vez sea más difícil para el presidente Juan Orlando Hernández negar estar en conocimiento de estos actos”.
El propio presidente ya se ha enfrentado con anterioridad a acusaciones de estar involucrado en el tráfico de drogas a través del excapitán del ejército Santos Rodríguez Orellana. Al igual que ocurre con Colombia y México, Washington no solo no ha aplicado ninguna sanción punitiva a Honduras por estos motivos, sino que ha contribuido generosamente a financiar sus fuerzas de seguridad a pesar de su historial brutal de violaciones de los derechos humanos.
Es preciso observar que los tres países recién mencionados han sido estrechos aliados de EEUU durante las últimas décadas, y que tanto Colombia como Honduras continúan siéndolo, mientras que México comienza a alejarse tras la elección del presidente progresista Manuel López Obrador. No es ninguna coincidencia. Mientras un país sirva a los intereses geoestratégicos y económicos de EEUU, este no solo pasará por alto su realidad de narcoestado sino que colaborará con él y será cómplice en sus violaciones de los derechos humanos. Pero Jackson Diehl no escribirá sobre nada de esto. Porque como obediente portavoz de la Doctrina Monroe, debe promulgar fielmente la indignación selectiva que sostiene todo su montaje de propaganda justificativa. Dado el historial de Washington en toda la región, que Venezuela sea realmente un narcoestado o no lo sea deja de tener importancia. Más bien se trata de credibilidad. Y cuando se trata de imparcialidad en su tratamiento de los estados latinoamericanos, Washington carece de la más mínima.
Notas:
(1) https://www.rt.com/usa/449982- john-bolton-oil-venezuela/
(2) https://larissacostas. wordpress.com/2017/02/18/las- fake-news-del-departamento- del-tesoro/
(3) https://www.insightcrime.org/ investigations/drug- trafficking-venezuelan-regime- cartel-of-the-sun/
Counterpunch. Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo. Extractado por La Haine.
Ahora, el editorialista del Washington Post, notorio belicista y perturbado fabricante de conspiraciones Jackson Diehl ha elaborado la más reciente teoría para explicar el fracaso del golpe: el llamado “Cártel de los soles”. Según Diehl, esta organización clandestina está formada por “algunos de los más altos cargos del régimen de Maduro”. Según sus palabras, “la organización envía cientos de toneladas de cocaína colombiana desde aeropuertos venezolanos hasta América Central y El Caribe para su posterior distribución en EEUU y Europa”. Además, acusa al gobierno de Maduro de cometer desfalcos en las cuentas utilizadas para importar alimentos y medicinas, así como de “corrupción en la compraventa de divisas”. Según este señor, “el gobierno de Maduro no sería tanto un gobierno –y menos un gobierno socialista– como una banda criminal” y afirma que “el dinero que obtiene de sus actividades delictivas le sirve de soporte para sobrevivir a las sanciones de EEUU”.
Las únicas fuentes que proporciona para justificar dichas afirmaciones son un artículo de Associated Press de septiembre de 2018, que informa de una acusación no comprobada efectuada por un miembro de escaso rango del Departamento del Tesoro de EEUU; un artículo de enero de 2019 del Wall Street Journal, en el que informa de otra denuncia igualmente sin demostrar del mismo departamento; y un vínculo a uno de los propios artículos del Washington Post publicado en 2015. Dejando a un lado la auto-cita, las acusaciones del Departamento del Tesoro a duras penas pueden considerarse pruebas fidedignas. Se trata, al fin y al cabo, de una rama del gobierno de EEUU, una institución que ha intentado desestabilizar al gobierno chavista desde que tomó el poder. Además, la Administración Trump, ante la que responde en la actualidad, ha sido el principal promotor del intento de golpe de Estado y no oculta que detrás de sus intenciones están los intereses económicos de las grandes corporaciones estadounidenses (1).
Larissa Costas va aun más lejos al plantear que la idea del cártel dirigido por el gobierno venezolano podría ser un montaje de principio a fin. En febrero de 2017, afirmaba en un artículo (2) que:
“Aunque abunda información en los medios de comunicación, al Cártel de los Soles no se le ha incautado ni un sólo gramo de drogas, ni ha aparecido ningún distintivo de la organización en ningún decomiso, ni se le ha atribuido ni una sola muerte. Existen dos opciones: o es el más inofensivo de los cárteles o sencillamente no existe”.Esta última posibilidad parece confirmarse porque las distintas investigaciones acometidas por Washington sobre miembros del gobierno de Maduro no han dado pie a acusaciones reales o incluso a conclusiones claras. En enero de 2015, por ejemplo, el Departamento de Justicia (DdJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) lanzaron una investigación conjunta sobre el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros cargos principales del gobierno venezolano. Pronto empezaron a circular las noticias que se hacían eco de estas acusaciones, incluso la de que Cabello era el “capo” del “Cártel de los soles”. (Nótese el uso que hacen aquí de un término de la mafia que parece sacado de las películas de El Padrino).
Pero hoy día, cuatro años después desde que se lanzara esa acusación, ni la DEA ni el DdJ han acusado formalmente a ninguno de los supuestos implicados ni, por supuesto, ningún tribunal les ha considerado culpables. Sin embargo, los grandes medios de comunicación siguen repitiendo las acusaciones como si fueran incuestionables. En mayo de 2018, por ejemplo, Insight Crime publicó un artículo titulado “El narcotráfico en el régimen de Venezuela: El Cártel de los soles”3, en el que afirmaba estar en posesión de “documentos que implicaban a altos cargos del gobierno venezolano, del pasado y del presente, en el tráfico de cocaína”. Pero en lugar de ofrecer al lector esta supuesta montaña de pruebas, los autores se limitaban a citar a un funcionario anónimo del Departamento de Justicia como fuente de la información.
Al igual que ocurre con el Departamento del Tesoro, resulta difícil creer al Departamento de Justicia cuando las sucesivas administraciones en Washington han estado intentando socavar los gobiernos chavistas a partir de la primera elección de Hugo Chávez en 1998. Desde la implicación de la CIA y la Administración Bush en el intento de golpe de Estado de 2002 y en el paro petrolero de PDVSA de 2002-2003 hasta el actual intento de golpe y las sanciones económicas, Washington ha utilizado todo tipo de métodos para intentar un cambio de régimen, primero de manera encubierta y luego con absoluto descaro.
Pero las cosas van más lejos. De hecho, parece que estas dudosas acusaciones de tráfico de drogas son parte fundamental del intento de cambio de régimen. Y eso se debe a que se utilizan como justificante de las sanciones promulgadas por Washington para debilitar al régimen al enviar señales poco disimuladas al capital internacional para que abandone Venezuela. En segundo lugar, las sanciones y acusaciones se usan a su vez para debilitar al régimen y estimular las deserciones hacia el bando opositor respaldado por EEUU No hay mejor caso para ilustrar esta realidad que el del general venezolano retirado Hugo Carvajal.
En julio de 2014, cuando Carvajal fue puesto en libertad en Aruba, Reuters informaba de que él había negado categóricamente los cargos de EEUU que le acusaban de comercio ilegal y apoyo a las guerrillas izquierdistas de Colombia. Pero en febrero de 2019, a escasas semanas del intento de golpe de Estado, Carvajal dio un giro de 180 grados y acusó a Maduro y a su círculo más íntimo de participar en el narcotráfico. Esto ocurrió justo después de que Trump amenazara abiertamente a los militares leales a Maduro con “tener todas las de perder”, al mismo tiempo que Guaidó ofrecía amnistía a quienes se pasaran a su bando. Parece que Carvajal reaccionó ante esta mezcla de amenaza e incentiva del palo y la zanahoria que EEUU había puesto en marcha como parte de su arsenal para el cambio de régimen. La cuestionable validez de sus afirmaciones queda demostrada por su repetición del mantra utilizado con frecuencia por Washington en el sentido de que los oficiales de Maduro están cortejando al grupo “militante” libanés Hezbolá.
Esta afirmación ha sido enérgicamente desenmascarada por Richard Vaz, que señala que los medios mayoritarios como la CNN que trasmiten estas acusaciones utilizan exclusivamente la fuente del Departamento del Tesoro o, peor aún, de personajes como [el senador republicano] Marco Rubio. Vaz señala también lo absurdo de sostener que Tarek el Aissami (actual vicepresidente venezolano para el área económica) es el mediador de algún tipo de alianza chií trasatlántica liderada por Irán, cuando el propio Aissami ni siquiera es musulmán, sino hijo de inmigrantes drusos libaneses, nacido en Venezuela, donde ha pasado toda su vida.
Si estuviéramos en una situación normal, no sería necesario ir más lejos para desacreditar la afirmación de Diehl. Pero América Latina no es un lugar normal y las relaciones de EEUU con la región no constituyen una relación normal. Además de la escasez de pruebas que sostengan su afirmación, está la cuestión del doble rasero que subyace bajo la superficie. No cabe duda de que Diehl pretende que la supuesta implicación del gobierno de Maduro en actividades delictivas justifica las acciones intervencionistas de Washington y sus representantes sobre el terreno. Pero si observamos detenidamente el pasado y presente de la región, se constata la existencia de un montón de flagrantes narcoestados que Washington no solo ha ignorado sino que ha financiado y armado hasta los dientes. No es casualidad que dos de ellos sean aliados incondicionales y otro lo fuera hasta hace bien poco. Me refiero, claro está, a Colombia, Honduras y México.
Para nadie es un secreto que Colombia ha sido un narcoestado durante la primera década de este siglo [y muy probablemente sigue siéndolo]. Incluso algunos documentos de inteligencia desclasificados de EEUU denuncian los estrechos lazos del expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico. Un informe desclasificado de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), por ejemplo, describe a Uribe como “amigo íntimo” de Pablo Escobar y la “colaboración con el cártel de Medellín a altos niveles del gobierno”. Otro informe de inteligencia datado en 1993 y desclasificado en 2018 afirma que un senador colombiano declaró a funcionarios de la embajada de EEUU en Bogotá que el cártel de Escobar había financiado la campaña electoral de Uribe para el senado colombiano. A pesar de tener en sus manos dicha información, Washington financió con generosidad al gobierno de Uribe mediante el Plan Colombia para organizar las llamadas campañas “antidroga”, que sirvieron para tapar ofensivas brutales contra activistas defensores de los derechos laborales e indígenas y para desplazar a comunidades campesinas.
El nivel de implicación de los cárteles de la droga colombianos en el Estado fue desenmascarado más claramente por el “escándalo de la para-política”, por el que 32 congresistas colombianos y 5 gobernadores fueron condenados por su complicidad con grupos paramilitares de extrema derecha. Estos grupos, por cierto, han sido los principales protagonistas del narcotráfico colombiano.
El recientemente concluido juicio contra Joaquín Guzmán, alias “El Chapo” ha desvelado una historia parecida en México. Alex Cifuentes, narcotraficante que testificó contra el Chapo en dicho tribunal afirmó que el expresidente mexicano Peña Nieto recibió un soborno de Guzmán por valor de 100 millones de dólares. La periodista de investigación mexicana Anabel Hernández hace tiempo que sostenía esa complicidad del Estado mexicano con los grupos de narcotráfico, complicidad que se extiende hasta los estamentos más altos, incluyendo la presidencia, algo que aparentemente confirma el testimonio de Cifuentes. Al igual que ha ocurrido con Colombia, EEUU no solo ha hecho la vista gorda ante esta situación, sino que ha financiado generosamente al gobierno mexicano para que desarrolle “campañas antidroga” mediante la Iniciativa Mérida. Y, de nuevo, estas campañas proporcionaban una tapadera para brutales violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Por último, vamos a fijarnos en Honduras, el ejemplo más contemporáneo y, en muchas formas, más flagrante de narcoestado aliado de EEUU. Desde que EEUU orquestó un golpe contra el gobierno democrático de Manuel Zelaya en 2009, hay signos cada vez más claros de que Honduras ha degenerado hasta convertirse en un narcoestado con todas las de la ley. En enero del año pasado, por ejemplo, salió a la luz que un jefe nacional de policía facilitó personalmente una entrega de cocaína por valor de 20 millones de dólares en 2013. En noviembre de 2018, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, fue arrestado en Miami acusado de tráfico de drogas. Cuando este artículo entraba en imprenta, salió a la luz el testimonio que ofreció a la DEA en el que presuntamente admitía tener relaciones con diversos narcotraficantes conocidos así como aceptar sobornos. Incluso según la publicación antes mencionada Insight Crime, “El conocimiento pormenorizado de las actividades de algunos de los más prominentes barones de la droga hondureños hace que cada vez sea más difícil para el presidente Juan Orlando Hernández negar estar en conocimiento de estos actos”.
El propio presidente ya se ha enfrentado con anterioridad a acusaciones de estar involucrado en el tráfico de drogas a través del excapitán del ejército Santos Rodríguez Orellana. Al igual que ocurre con Colombia y México, Washington no solo no ha aplicado ninguna sanción punitiva a Honduras por estos motivos, sino que ha contribuido generosamente a financiar sus fuerzas de seguridad a pesar de su historial brutal de violaciones de los derechos humanos.
Es preciso observar que los tres países recién mencionados han sido estrechos aliados de EEUU durante las últimas décadas, y que tanto Colombia como Honduras continúan siéndolo, mientras que México comienza a alejarse tras la elección del presidente progresista Manuel López Obrador. No es ninguna coincidencia. Mientras un país sirva a los intereses geoestratégicos y económicos de EEUU, este no solo pasará por alto su realidad de narcoestado sino que colaborará con él y será cómplice en sus violaciones de los derechos humanos. Pero Jackson Diehl no escribirá sobre nada de esto. Porque como obediente portavoz de la Doctrina Monroe, debe promulgar fielmente la indignación selectiva que sostiene todo su montaje de propaganda justificativa. Dado el historial de Washington en toda la región, que Venezuela sea realmente un narcoestado o no lo sea deja de tener importancia. Más bien se trata de credibilidad. Y cuando se trata de imparcialidad en su tratamiento de los estados latinoamericanos, Washington carece de la más mínima.
Notas:
(1) https://www.rt.com/usa/449982-
(2) https://larissacostas.
(3) https://www.insightcrime.org/
Counterpunch. Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo. Extractado por La Haine.
El nuevo concepto de la guerra de EEUU
por Alberto Cruz
LA HAINE - 09/04/2019
Las sanciones económicas como instrumento ante la debilidad militar
El
nuevo concepto de guerra ya no es el que era. La guerra clásica es el
último instrumento y solo en aquellos lugares donde EEUU tiene
superioridad absoluta. Desde hace un tiempo Rusia, sobre todo, y China
están por encima de EEUU en cuanto a calidad de armas. EEUU tiene mucho
de todo, pero obsoleto. Rusia está hoy muy por encima en todos los
aspectos y eso se acaba de constatar, de forma trágica para el
militarismo estadounidense, en unos “juegos de guerra” virtuales en los
que EEUU se involucraba con Rusia y con China y ha perdido en los dos.
Aquí hay dos interpretaciones: o que esos “juegos de guerra” hayan sido reales, es decir, previendo una hipotética guerra con las dos geopotencias que están desplazando a EEUU de su hegemonía mundial, o que haya sido una puesta en escena del Pentágono y los contratistas para lograr un aumento del dinero para gastos militares. Sea como sea, hay dos hechos ciertos: el primero, que EEUU ha tenido que reconocer, muy a su pesar, que las armas supersónicas de Rusia “rompen cualquier defensa” y no hay ninguna posibilidad de atajar un ataque con ellas puesto que las armas estadounidenses actuales son “simplemente ineficaces” (general Howard Thompson); y el segundo, que gracias a los avances de China en inteligencia artificial, “la disputa en el ciberespacio está en disputa”.
Estas dos certezas están detrás de esos “juegos de guerra”, denominados “Guerra Mundial III”, que han tenido lugar este mes de marzo bajo la supervisión de la RAND Corporation (1) y que han tenido como escenario los Balcanes, en el caso de Rusia, y Taiwan en el de China. Es decir, de nuevo EEUU aleja las guerras fuera de sus fronteras aun cuando las nuevas armas de sus “enemigos” (lenguaje recogido en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU) pueden alcanzar muy fácilmente su territorio. Y aún así, pierde. Por qué se elijen estos escenarios no está claro, salvo porque son clásicos y relativamente conocidos para EEUU. Pero el resultado es desalentador y aunque sea una justificación para reforzar el complejo industrial-militar, como así ha sido, sirve para poner de manifiesto el por qué de la obsesión de EEUU con las sanciones. Porque es la única arma que puede esgrimir hoy por hoy con una cierta potencia dado que todavía sigue controlando la economía mundial a través del dólar.
Y eso es algo, la hegemonía del dólar, que también está ahora mismo bajo seria presión y no solamente por estos dos países sino por otros como Irán, India o Venezuela, por mencionar los más activos en la desdolarización de su economía.
Así que como es de esperar ante todo esto el complejo militar-industrial quiere más dinero, y Trump parece que se lo va a dar, y se multiplican las sanciones económicas contra los “enemigos” intentando hacer daño mientras se procura recuperar al menos la paridad militar con ellos. Es una guerra híbrida en la que sanciones y “revoluciones de color” van de la mano para lograr un objetivo que no se puede lograr militarmente. De ahí que la presidencia de Trump haya acelerado la imposición de sanciones, tradicional en todas las administraciones de EEUU.
Durante décadas, en concreto desde 1950 aunque fue tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 cuando se comenzó a generalizar, las sanciones son el medio favorito de EEUU para castigar a las naciones que pretenden ser independientes de su tutela. Desde esa década, son más de 6.000 las impuestas a individuos, empresas y países por “terrorismo, comercio internacional de narcóticos, proliferación de armas de destrucción masiva y amenazas a la seguridad nacional, política exterior y a la economía de EEUU”.
Esta última razón es la que se esgrime contra Rusia y contra China (y ahora Venezuela), mientras que las otras son aducidas en los casos de Irán o Corea del Norte y ese batiburrillo ha sido esgrimido siempre contra Cuba. No interesan aquí las dirigidas a personas o empresas, pero desde 1960 se han impuesto a Cuba, Irán (1984), Irak (1990), Sudán (1997), Afganistán (2000), Serbia (2001), Zimbabwe (2003), Liberia (2004), Siria (2004), Bielorrusia (2006), Congo (2006), Líbano (2007), Corea del Norte (2008), Somalia (2010), Libia (2011), Yemen (2012), Sudán del Sur (2013), Rusia (2014), Donestks y Luganks (2014), República Centroafricana (2015), Venezuela (2015) y Burundi (2015). A Myanmar se impusieron en 2012 y se levantaron en 2016 al lograr el objetivo de cambio de gobierno, lo mismo que con Liberia y antes con Afganistán. En el caso de Irak las sanciones principales se mantuvieron hasta 2015, aunque aún sufre sanciones secundarias como consecuencia de su relación con Irán. En todos los demás casos son sanciones que siguen vigentes y se van incrementando cada vez. Sin ser específicamente sanciones, hay que incluir la guerra por los aranceles que el año pasado desató EEUU contra China.
EEUU ha logrado que la ONU se involucre en algunas de ellas (Irak, Irán, Corea del Norte) pero no en la mayoría, que son unilaterales y, por lo tanto, ilegales según el derecho internacional en tanto que afectan a otros países. De nuevo hay que recordar los casos de Venezuela e Irán, con la presión para que no se compre el petróleo venezolano y no se comercie con el país persa como más significativos ejemplos.
Lo que dice el derecho internacional
No existe ninguna norma que regule el tema de las sanciones, término que no aparece en ninguna instancia del derecho internacional y que sólo se puede encontrar en el artículo 41 de la Carta de la ONU pero con el eufemismo de "medidas" y siempre vinculadas a "preservar la paz y la seguridad internacional". Es en este ámbito donde se asientan las aplicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en los casos de Irak, Irán y Corea del Norte, por ejemplo, pero en ningún otro.
De ahí que según el derecho internacional las sanciones unilaterales (como son la mayoría de los casos reseñados más arriba, y donde hay que incluir las que también impone la Unión Europea -a Rusia, sin ir más lejos-) son ilegítimas e ilegales, especialmente las secundarias y extraterritoriales (como son los casos de Cuba, ya lejano en el tiempo, o más recientemente de Irán y Venezuela; incluso se puede aplicar a la detención de la gerente china de Huawei en Canadá a instancias de EEUU). En estos casos no solo se muestra su ilegalidad, sino que son violatorias de los derechos humanos que con tanto énfasis de dicen defender y afecta, entre otras cuestiones, al Derecho al Desarrrollo reconocido, también, por la ONU.
Si se reconociese el derecho internacional, que no se reconoce de facto por Occidente, se cumpliría la "observación general nº 8" del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, uno de sus organismos legislativos y jurídicos, en la que se establece de forma clara y tajante que "cualquier medida restrictiva de los estados contra los demás estados que traten socavar los derechos económicos y sociales de los civiles será rechazada y cesada".
Las sanciones económicas pueden tomar muchas formas, desde la congelación de activos a las restricciones y prohibiciones comerciales y de capital. El proceso comienza al margen de cualquier instrumento democrático, puesto que depende únicamente del presidente de EEUU que lo inicia emitiendo una Orden Ejecutiva que luego se limita a sancionar el Congreso y el Senado. Apenas hay ocasiones en las que se niega aunque, como acaba de suceder con Corea del Norte, el presidente sí puede vetar las que propongan esas dos cámaras.
En alguno de estos países las sanciones se han impuesto tras significativos reveses militares (Somalia y Líbano, en este tras la derrota de Israel ante Hizbulá), mientras que en otros se han impuesto buscando el cambio de gobierno (Siria, Corea del Norte, Yemen, Bielorrusia o Rusia, por ejemplo), sin lograrlo, aunque sí ha habido algún resultado en Zimbabwe y en Sudán pero sin conseguir el objetivo del todo. Y ahora vemos lo que está ocurriendo con Venezuela.
Doble filo
Pero tras la crisis económica del capitalismo occidental de 2008, que inició el declive de Occidente y de EEUU como potencia económica, las sanciones se han convertido en un arma de doble filo. El factor clave de la efectividad de las sanciones es el tamaño y la capacidad del país que las recibe para hacerlas frente. Y resulta que en bastantes ocasiones estas sanciones se han vuelto contra EEUU y contra Occidente, contra los vasallos occidentales que las respaldan y asumen. Los casos de Irán, China y Rusia son paradigmáticos.
Estos tres países han logrado desarrollar mecanismos que los hacen prácticamente inmunes a esas sanciones. Fueron golpeados al imponerlas, sin duda, pero con el tiempo han ido dando la vuelta a las mismas y logrando el efecto contrario del esperado: los gobiernos se han reforzado más y están creando mayores dificultades a EEUU hasta el punto de dar al traste con su hegemonía mundial. Esto ya no lo discute nadie, ni siquiera los propios vasallos de EEUU (2).
Uno de los efectos no buscados, pero conseguidos, es haber dado un golpe muy serio a la globalización. El Foro Económico Mundial, es decir, el foro de los megarricos más conocido como Foro de Davos ha reconocido en su última reunión (enero de 2019) que “las consecuencias de esta tendencia [en referencia al doble filo de las sanciones] están evolucionando, pero potencialmente incluyen la desglobalización de las empresas”. Es decir, que a medida que las empresas se ven obligadas a pensar si invierten en ciertos mercados [por temor a ser sancionadas, a su vez, por EEUU] se cambian los patrones tradicionales de comercio exterior en línea con las nuevas alineaciones geopolíticas”. Traducido, que cuando existe este temor son muchas las naciones y las empresas que directamente abandonan los patrones y prácticas occidentales y se refugian en las que están impulsando tanto Rusia como, sobre todo, China con su Nueva Ruta de la Seda. El caso reciente de Italia sería el más significativo.
El Foro Económico Mundial lleva ya cuatro años discutiendo sobre las sanciones y lo dice bien claro: “a veces las sanciones pueden hacer que ese comportamiento [de los gobiernos a quienes se pretende derrocar con las sanciones] sea aún más problemático” (3). Y recoge varios ejemplos de cómo terceros países se han beneficiado de esa política de sanciones de EEUU: China en el caso de las impuestas a Rusia; Rusia en el caso de las impuestas a Turquía; Turquía en la paranoia del gas ruso que transita por Ucrania; China y Rusia en las impuestas a Irán…
Se podría pensar que el capitalismo occidental habría extraído alguna conclusión de todo ello, pero no. Las lecciones de Cuba, sometida ya casi desde hace 60 años a sanciones y bloqueos por EEUU, son paradigmáticas. Son dolorosas, sí, pero las sanciones y el bloqueo no han logrado su propósito. Tampoco lo va a lograr ahora Occidente (aunque aquí con la complicidad de China y de Rusia) respecto a Corea del Norte, ni EEUU respecto a China y a Rusia. O Irán.
Hoy la guerra significa mucho más que una lucha militar. Es más, esa lucha militar no es para nada deseada por Occidente, consciente de su inferioridad cualitativa frente a geopotencias como China y Rusia. EEUU va a acelerar su preparación para una guerra clásica, aún sabiendo que podría terminar en un conflicto nuclear, pero consciente de su debilidad está acentuando la presión económica y diplomática sobre estos y otros países que minan cada día que pasa su hegemonía. Ahora asistimos a otros medios de guerra por parte de Occidente y, en concreto, de EEUU: económicos, tecnológicos y encubiertos (guerra híbrida, en definitiva) para lograr su objetivo estratégico que es mantener la hegemonía.
Se intenta obstaculizar el crecimiento de los países respondones (el caso de Huawei es uno de los máximos exponentes) y frustrar o retrasar al menos su ascenso geopolítico. Rusia se puso en el camino de Occidente de forma abierta en 2014 con el Donbás ucraniano y Crimea, China lo ha hecho con su Nueva Ruta de la Seda. Con estos dos países el discurso es el mismo: “guerra”. Trump lo ha dicho de forma abierta con el tema de los aranceles, sin ir más lejos. En ambos casos se pretende conseguir el mismo objetivo estratégico dado que las armas no sirven y por eso se intenta con las sanciones, el nuevo concepto de Occidente para la guerra, híbrida por ahora: pulverizar su economía y reducir su capacidad de competir con EEUU y con Occidente.
Es una guerra de nueva dimensión que, al igual que la simulación de “Guerra Mundial III”, EEUU perderá amargamente.
Notas
(1) https://www.cnas.org/events/ panel-discussion-a-new- american-way-of-war
(2) Alberto Cruz, “La alianza estratégica de China y Rusia destroza la hegemonía occidental”, https://lahaine.org/bT5F
(3) Foro Económico Mundial, 26-febrero-2015 https://www.weforum.org/ agenda/2015/02/how-effective- are-economic-sanctions/
CEPRID
Aquí hay dos interpretaciones: o que esos “juegos de guerra” hayan sido reales, es decir, previendo una hipotética guerra con las dos geopotencias que están desplazando a EEUU de su hegemonía mundial, o que haya sido una puesta en escena del Pentágono y los contratistas para lograr un aumento del dinero para gastos militares. Sea como sea, hay dos hechos ciertos: el primero, que EEUU ha tenido que reconocer, muy a su pesar, que las armas supersónicas de Rusia “rompen cualquier defensa” y no hay ninguna posibilidad de atajar un ataque con ellas puesto que las armas estadounidenses actuales son “simplemente ineficaces” (general Howard Thompson); y el segundo, que gracias a los avances de China en inteligencia artificial, “la disputa en el ciberespacio está en disputa”.
Estas dos certezas están detrás de esos “juegos de guerra”, denominados “Guerra Mundial III”, que han tenido lugar este mes de marzo bajo la supervisión de la RAND Corporation (1) y que han tenido como escenario los Balcanes, en el caso de Rusia, y Taiwan en el de China. Es decir, de nuevo EEUU aleja las guerras fuera de sus fronteras aun cuando las nuevas armas de sus “enemigos” (lenguaje recogido en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU) pueden alcanzar muy fácilmente su territorio. Y aún así, pierde. Por qué se elijen estos escenarios no está claro, salvo porque son clásicos y relativamente conocidos para EEUU. Pero el resultado es desalentador y aunque sea una justificación para reforzar el complejo industrial-militar, como así ha sido, sirve para poner de manifiesto el por qué de la obsesión de EEUU con las sanciones. Porque es la única arma que puede esgrimir hoy por hoy con una cierta potencia dado que todavía sigue controlando la economía mundial a través del dólar.
Y eso es algo, la hegemonía del dólar, que también está ahora mismo bajo seria presión y no solamente por estos dos países sino por otros como Irán, India o Venezuela, por mencionar los más activos en la desdolarización de su economía.
Así que como es de esperar ante todo esto el complejo militar-industrial quiere más dinero, y Trump parece que se lo va a dar, y se multiplican las sanciones económicas contra los “enemigos” intentando hacer daño mientras se procura recuperar al menos la paridad militar con ellos. Es una guerra híbrida en la que sanciones y “revoluciones de color” van de la mano para lograr un objetivo que no se puede lograr militarmente. De ahí que la presidencia de Trump haya acelerado la imposición de sanciones, tradicional en todas las administraciones de EEUU.
Durante décadas, en concreto desde 1950 aunque fue tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 cuando se comenzó a generalizar, las sanciones son el medio favorito de EEUU para castigar a las naciones que pretenden ser independientes de su tutela. Desde esa década, son más de 6.000 las impuestas a individuos, empresas y países por “terrorismo, comercio internacional de narcóticos, proliferación de armas de destrucción masiva y amenazas a la seguridad nacional, política exterior y a la economía de EEUU”.
Esta última razón es la que se esgrime contra Rusia y contra China (y ahora Venezuela), mientras que las otras son aducidas en los casos de Irán o Corea del Norte y ese batiburrillo ha sido esgrimido siempre contra Cuba. No interesan aquí las dirigidas a personas o empresas, pero desde 1960 se han impuesto a Cuba, Irán (1984), Irak (1990), Sudán (1997), Afganistán (2000), Serbia (2001), Zimbabwe (2003), Liberia (2004), Siria (2004), Bielorrusia (2006), Congo (2006), Líbano (2007), Corea del Norte (2008), Somalia (2010), Libia (2011), Yemen (2012), Sudán del Sur (2013), Rusia (2014), Donestks y Luganks (2014), República Centroafricana (2015), Venezuela (2015) y Burundi (2015). A Myanmar se impusieron en 2012 y se levantaron en 2016 al lograr el objetivo de cambio de gobierno, lo mismo que con Liberia y antes con Afganistán. En el caso de Irak las sanciones principales se mantuvieron hasta 2015, aunque aún sufre sanciones secundarias como consecuencia de su relación con Irán. En todos los demás casos son sanciones que siguen vigentes y se van incrementando cada vez. Sin ser específicamente sanciones, hay que incluir la guerra por los aranceles que el año pasado desató EEUU contra China.
EEUU ha logrado que la ONU se involucre en algunas de ellas (Irak, Irán, Corea del Norte) pero no en la mayoría, que son unilaterales y, por lo tanto, ilegales según el derecho internacional en tanto que afectan a otros países. De nuevo hay que recordar los casos de Venezuela e Irán, con la presión para que no se compre el petróleo venezolano y no se comercie con el país persa como más significativos ejemplos.
Lo que dice el derecho internacional
No existe ninguna norma que regule el tema de las sanciones, término que no aparece en ninguna instancia del derecho internacional y que sólo se puede encontrar en el artículo 41 de la Carta de la ONU pero con el eufemismo de "medidas" y siempre vinculadas a "preservar la paz y la seguridad internacional". Es en este ámbito donde se asientan las aplicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en los casos de Irak, Irán y Corea del Norte, por ejemplo, pero en ningún otro.
De ahí que según el derecho internacional las sanciones unilaterales (como son la mayoría de los casos reseñados más arriba, y donde hay que incluir las que también impone la Unión Europea -a Rusia, sin ir más lejos-) son ilegítimas e ilegales, especialmente las secundarias y extraterritoriales (como son los casos de Cuba, ya lejano en el tiempo, o más recientemente de Irán y Venezuela; incluso se puede aplicar a la detención de la gerente china de Huawei en Canadá a instancias de EEUU). En estos casos no solo se muestra su ilegalidad, sino que son violatorias de los derechos humanos que con tanto énfasis de dicen defender y afecta, entre otras cuestiones, al Derecho al Desarrrollo reconocido, también, por la ONU.
Si se reconociese el derecho internacional, que no se reconoce de facto por Occidente, se cumpliría la "observación general nº 8" del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, uno de sus organismos legislativos y jurídicos, en la que se establece de forma clara y tajante que "cualquier medida restrictiva de los estados contra los demás estados que traten socavar los derechos económicos y sociales de los civiles será rechazada y cesada".
Las sanciones económicas pueden tomar muchas formas, desde la congelación de activos a las restricciones y prohibiciones comerciales y de capital. El proceso comienza al margen de cualquier instrumento democrático, puesto que depende únicamente del presidente de EEUU que lo inicia emitiendo una Orden Ejecutiva que luego se limita a sancionar el Congreso y el Senado. Apenas hay ocasiones en las que se niega aunque, como acaba de suceder con Corea del Norte, el presidente sí puede vetar las que propongan esas dos cámaras.
En alguno de estos países las sanciones se han impuesto tras significativos reveses militares (Somalia y Líbano, en este tras la derrota de Israel ante Hizbulá), mientras que en otros se han impuesto buscando el cambio de gobierno (Siria, Corea del Norte, Yemen, Bielorrusia o Rusia, por ejemplo), sin lograrlo, aunque sí ha habido algún resultado en Zimbabwe y en Sudán pero sin conseguir el objetivo del todo. Y ahora vemos lo que está ocurriendo con Venezuela.
Doble filo
Pero tras la crisis económica del capitalismo occidental de 2008, que inició el declive de Occidente y de EEUU como potencia económica, las sanciones se han convertido en un arma de doble filo. El factor clave de la efectividad de las sanciones es el tamaño y la capacidad del país que las recibe para hacerlas frente. Y resulta que en bastantes ocasiones estas sanciones se han vuelto contra EEUU y contra Occidente, contra los vasallos occidentales que las respaldan y asumen. Los casos de Irán, China y Rusia son paradigmáticos.
Estos tres países han logrado desarrollar mecanismos que los hacen prácticamente inmunes a esas sanciones. Fueron golpeados al imponerlas, sin duda, pero con el tiempo han ido dando la vuelta a las mismas y logrando el efecto contrario del esperado: los gobiernos se han reforzado más y están creando mayores dificultades a EEUU hasta el punto de dar al traste con su hegemonía mundial. Esto ya no lo discute nadie, ni siquiera los propios vasallos de EEUU (2).
Uno de los efectos no buscados, pero conseguidos, es haber dado un golpe muy serio a la globalización. El Foro Económico Mundial, es decir, el foro de los megarricos más conocido como Foro de Davos ha reconocido en su última reunión (enero de 2019) que “las consecuencias de esta tendencia [en referencia al doble filo de las sanciones] están evolucionando, pero potencialmente incluyen la desglobalización de las empresas”. Es decir, que a medida que las empresas se ven obligadas a pensar si invierten en ciertos mercados [por temor a ser sancionadas, a su vez, por EEUU] se cambian los patrones tradicionales de comercio exterior en línea con las nuevas alineaciones geopolíticas”. Traducido, que cuando existe este temor son muchas las naciones y las empresas que directamente abandonan los patrones y prácticas occidentales y se refugian en las que están impulsando tanto Rusia como, sobre todo, China con su Nueva Ruta de la Seda. El caso reciente de Italia sería el más significativo.
El Foro Económico Mundial lleva ya cuatro años discutiendo sobre las sanciones y lo dice bien claro: “a veces las sanciones pueden hacer que ese comportamiento [de los gobiernos a quienes se pretende derrocar con las sanciones] sea aún más problemático” (3). Y recoge varios ejemplos de cómo terceros países se han beneficiado de esa política de sanciones de EEUU: China en el caso de las impuestas a Rusia; Rusia en el caso de las impuestas a Turquía; Turquía en la paranoia del gas ruso que transita por Ucrania; China y Rusia en las impuestas a Irán…
Se podría pensar que el capitalismo occidental habría extraído alguna conclusión de todo ello, pero no. Las lecciones de Cuba, sometida ya casi desde hace 60 años a sanciones y bloqueos por EEUU, son paradigmáticas. Son dolorosas, sí, pero las sanciones y el bloqueo no han logrado su propósito. Tampoco lo va a lograr ahora Occidente (aunque aquí con la complicidad de China y de Rusia) respecto a Corea del Norte, ni EEUU respecto a China y a Rusia. O Irán.
Hoy la guerra significa mucho más que una lucha militar. Es más, esa lucha militar no es para nada deseada por Occidente, consciente de su inferioridad cualitativa frente a geopotencias como China y Rusia. EEUU va a acelerar su preparación para una guerra clásica, aún sabiendo que podría terminar en un conflicto nuclear, pero consciente de su debilidad está acentuando la presión económica y diplomática sobre estos y otros países que minan cada día que pasa su hegemonía. Ahora asistimos a otros medios de guerra por parte de Occidente y, en concreto, de EEUU: económicos, tecnológicos y encubiertos (guerra híbrida, en definitiva) para lograr su objetivo estratégico que es mantener la hegemonía.
Se intenta obstaculizar el crecimiento de los países respondones (el caso de Huawei es uno de los máximos exponentes) y frustrar o retrasar al menos su ascenso geopolítico. Rusia se puso en el camino de Occidente de forma abierta en 2014 con el Donbás ucraniano y Crimea, China lo ha hecho con su Nueva Ruta de la Seda. Con estos dos países el discurso es el mismo: “guerra”. Trump lo ha dicho de forma abierta con el tema de los aranceles, sin ir más lejos. En ambos casos se pretende conseguir el mismo objetivo estratégico dado que las armas no sirven y por eso se intenta con las sanciones, el nuevo concepto de Occidente para la guerra, híbrida por ahora: pulverizar su economía y reducir su capacidad de competir con EEUU y con Occidente.
Es una guerra de nueva dimensión que, al igual que la simulación de “Guerra Mundial III”, EEUU perderá amargamente.
Notas
(1) https://www.cnas.org/events/
(2) Alberto Cruz, “La alianza estratégica de China y Rusia destroza la hegemonía occidental”, https://lahaine.org/bT5F
(3) Foro Económico Mundial, 26-febrero-2015 https://www.weforum.org/
CEPRID
EEUU: Empresarios americanos critican la política de sanciones de Trump a países como Irán, Rusia, Cuba o Venezuela
Al calor de las guerras comerciales, su poderosa
oficina sancionadora, la OFAC, dependiente del Tesoro, ha reforzado su
presupuesto. Pero las firmas exteriores de EEUU han reaccionado: fichan a
sus empleados para sortear los bloqueos en estos mercados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | EFE
17/05/2019 08:17 - DIEGO HERRANz - PÙBLICO
La Casa Blanca acaba de exigir al resto de países que eviten comerciar con petróleo iraní, so pena de activar los mecanismos sancionadores de EEUU, porque obliga al régimen de Teherán a cortar todo su suministro de crudo. Cuota exportadora cero.
Así llaman a una medida que, en el fondo, pretende debilitar al estado
persa en la lucha hegemónica que mantiene contra Israel y Arabia Saudí
en el convulso Oriente Próximo y que está detrás de la salida unilateral
de Washington del tratado internacional para el control nuclear de Irán.
A pesar de que, desde la república islámica,
se amenace con cortar el Estrecho de Ormuz, la principal vía global de
suministro del oro negro. Las represalias financieras, económicas y
comerciales contra Venezuela tampoco dejan una justificación
clara. Voces de la Administración Trump, como la de su vicepresidente,
Mike Pence, lo hacen aduciendo la nacionalización de empresas
extranjeras que inició Hugo Chávez casi al comienzo de su primera
victoria electoral. También incluyen en su lista de agravios otros datos
económicos, como el galopante déficit fiscal por el constante manejo de
las finanzas públicas del Gobierno de Maduro
y, por supuesto, por el desabastecimiento de productos de primera
necesidad a la sociedad civil -el gran motivo real de la fractura social
del país-, que demandan la urgente prestación de ayuda humanitaria.
Aunque como revela The New York Times, la
caravana de alimentos de procedencia mayoritariamente estadounidense,
fuera atacada y quemada por los correligionarios de Juan Guaidó. En un
contexto en el que EEUU baraja la intervención militar
y en el que comienzan a arreciar críticas internacionales a la gestión
estadounidense. Como la de Josep Borrell, que otorgó a Guaidó el
reconocimiento de España -y labró el del conjunto de Europa- como
presidente encargado, pero al que no le gusta la “política de cowboy” de
Trump.
La lista de tensiones geoestratégicas por las guerras comerciales y las políticas sancionadoras de Trump ha aumentado sin pausa en las últimas semanas. EEUU ha estrechado el cerco contra Cuba,
en donde pretende instaurar de nuevo los preceptos más duros de la Ley
Helms-Burton, vigente desde 1996, aunque prácticamente sin efecto
durante el segundo mandato de Barack Obama, en el que prácticamente
desapareció el bloqueo estadounidense sobre la isla. España se apresta a
iniciar un contencioso diplomático y jurídico -incluso con pretensión
de acudir a los tribunales de arbitraje internacional-, contra
Washington, para tratar de defender el negocio de sus empresas con
intereses en Cuba.
La UE no permitirá que la
Administración norteamericana confisque las propiedades en manos de
firmas extranjeras que pertenecieron a estadounidenses
La
UE ha admitido que hará lo mismo; que no dejará que la Administración
norteamericana confisque las propiedades en manos de firmas extranjeras
que pertenecieron a estadounidenses o compañías del país antes del
triunfo de la revolución cubana, en 1959. Naciones Unidas también se ha
unido a esta reciente cruzada contra el poder sancionador de la Casa
Blanca en el orden internacional. Ha hecho saber a Trump que su política
viola derechos humanos fundamentales.
También desde el sector privado norteamericano le han
leído la cartilla. No entienden el doble rasero a la hora de que se
apliquen las multas económicas cuando se trata de Rusia o China.
Países con los que EEUU se disputa la hegemonía global, que también son
superpotencias nucleares, y hacia los que Trump aplica la doctrina del
palo y la zanahoria. En función del grado de proximidad hacia sus
líderes. En función de si logra ocultar aspectos del informe Mueller que
supuestamente le incriminan por sus vínculos con Vladimir Putin. O de
cómo avance el diálogo comercial con China para suprimir o elevar aún
más los aranceles. Y no corren buenos tiempos para ello, según se
encarga el presidente estadounidense de expresar en su poderoso tweet,
en el que culpa del deterioro negociador a su homólogo chino, Xi
Jinping.
Fuga de profesionales del Tesoro a firmas privadas
Bufetes de abogados, bancos de inversión de Wall
Street y firmas internacionales ya han aireado críticas generalizadas
por la forma de proceder del gabinete de Trump. Hasta el punto de que
arremeten contra lo que denominan, sin tapujos, una agresiva política de
sanciones económicas hacia países a los que Washington ha colgado el
cartel de adversarios en el escenario geopolítica global, porque daña su
proyección exterior, sus cotizaciones bursátiles y sus flujos de
inversión y sus carteras de negocios.
De hecho, estas quejas reiteradas ya han dado lugar a
un fenómeno colateral significativo: una notable lista de empleados de
los departamentos federales a cargo de la imposición de estas sanciones
ha pasado a ejercer en firmas del sector exterior de EEUU, que les han
puesto sobre la mesa suculentos contratos ante su preocupación por
conocer vías alternativas eficaces para saltarse las prohibiciones
impuestas por Washington en los mercados sobre los que ha establecido
sanciones. Las ofertas de cargos directivos dirigidas a adquirir
los servicios de profesionales con experiencia en esta materia se han
propagado por los principales despachos de head hunters del país.
La Administración Trump ha casi duplicado el número
de personas físicas y de compañías que se encuentran bajo la supervisión
sancionadora de EEUU. En países a los que considera adversarios en el
orden geoestratégico, bien por razones políticas o por cuestiones
económico-financieras. O por ambos motivos. En los últimos dos años, varias decenas de directivos del staff encargado de poner en marcha, evaluar y controlar las sanciones de la Casa Blanca,
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en
inglés) y el 10% de su plantilla, han dejado sus puestos de trabajo.
Seducidos por los cantos de sirena salariales del sector privado.
Esta oficina sancionadora, dependiente del Tesoro
americano y dirigida por Sigal Mandelker, ha intensificado su poder para
congelar miles de millones de dólares en activos, para elaborar listas
de individuos -empresarios o inversores particulares- o de compañías
que, supuestamente, han participado en algún tipo de violación punitiva o
atentado contra los intereses económicos de EEUU. Especialmente, en
mercados como Venezuela o Turquía en los últimos meses.
Las firmas legales, los bancos y las multinacionales
han hecho saber que ni el tiempo de las sanciones -que se han extendido
en muchos casos sine die-, ni la sofisticación de las exigencias
regulatorias que evitan una multa están contribuyendo a la estabilidad
inversora y bursátil de las empresas con vocación internacional. Es
parte -dicen- de la volatilidad de las plazas financieras mundiales. Más
en concreto, focalizan sus críticas contra Mandelker, de 47 años,
subsecretaria del Tesoro y gran responsable de las Unidad de
Inteligencia Terrorista y Financiera (TFI), adscrita al departamento de
Steven Mnuchin, a la que tildan de desorganizado, indeciso y muy
temperamental y de tener frecuentes encontronazos con su número dos,
Marshall Billingslea, menos partidaria de ampliar las multas a
discreción. La actitud de Mandelker daña la reputación y la imagen en el
exterior de las empresas estadounidenses, aducen fuentes próximas a
este lobby crítico.
De hecho, Mandelker ha tenido que comparecer hace
unas semanas al Congreso. En concreto, a una audiencia en la Cámara de
Representantes. De forma más específica, a una comisión en la que tuvo
que dar testimonio de su trabajo. En ella, dijo que había tenido la
supervisión constante de sus jefes en la TFI y que su carrera
profesional le había obligado en numerosas ocasiones a desplazarse a
escenarios internacionales donde se requería tomar decisiones por “la
seguridad de América”. Y aseguró que la OFAC era “el latido de las sanciones económicas de EEUU”.
Otras voces que rechazan la política sancionadora de la Administración
Trump apuntan, sin embargo, al propio Mnuchin como artífice del
incremento de casos de congelación de activos, de la rapidez en la
aprobación de estos mecanismos punitivos y de su rigor en materia de
supervisión.
Explicaciones en el Congreso americano
Mnuchin, por su parte, dijo comprender la propensión
del sector privado a la contratación de los empleados federales de la
OFAC. “Dado el impacto que la estrategia sancionadora de EEUU está
teniendo sobre sus actividades empresariales, entiendo que quieran hacerse con servicios de expertos para alcanzar modalidades de entendimiento”
en los mercados conflictivos. Entre otras cuestiones, porque resulta
difícil cuantificar los riesgos colaterales de estas prohibiciones sobre
los negocios.
El multimillonario ruso Oleg Deripaska, multado por
la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de
2016 reclama a la Justicia de EEUU 7.500 millones de dólares de
indemnización por las multas que le fueron impuestas y que ahora, con el
informe del fiscal Robert Mueller, que exonera de conspiración con
Rusia al presidente Trump, podrían tener recorrido legal en los
juzgados.
La OFAC nunca ha perdido casos de este tipo, pero si
lo hace “se enfrentaría a nuevas acciones futuras casi con total
seguridad y encontraría obstáculos políticos y legales para que, en lo
sucesivo, siga imponiendo sanciones a economías exteriores y a empresas y
particulares que operan en ellas”, explica Erich Ferrari, dueño de uno
de los bufetes que han manifestado sus quejas en Washington. “Las multas siempre son duras y precisan de un periodo de tiempo prudencial
para que este instrumento sea efectivo y para que el sector privado que
actúen en determinados mercados que pasan a engrosar estas listas
negras de la Casa Blanca puedan poner en marcha sus entramados jurídicos
con un pleno conocimiento de lo que desea realmente el Tesoro porque,
de otra forma, pueden incurrir, sin conocerlo, en algún tipo de
sanción”, enfatiza Ferrari.
La OFAC ha sancionado recientemente a bancos como
BNP Paribas, que ha tenido que sufragar una multa de 9.000 millones de
dólares, o a una compañía de cosmética que usaba material de Corea del
Norte en la elaboración de sus pestañas postizas. O, de forma
individual, a Sarah Runge una directiva de estrategia regulatoria de
Credit Suisse, Jennifer Fowler, que trabajó durante 17 años en Brunswick
Group, o a Heather Epstein, de Barclays, por prácticas atentatorias
contra las normas sancionadoras de EEUU en el exterior. En una línea de
paulatino crecimiento de multas por parte del Tesoro americano.
Irán y Corea del Norte han experimentado las últimas novedades en esta estrategia sancionadora de la Administración Trump
En
cuanto a países, Irán y Corea del Norte han experimentado las últimas
novedades en esta estrategia sancionadora de la Administración Trump.
Respecto a Teherán, el plan de EEUU pasa por presionar con multas
económicas hasta que el régimen de los ayatolás acepte renegociar un
nuevo acuerdo nuclear, tras la decisión de Washington de abandonar de
manera unilateral el tratado pactado en 2015.
Entretanto, el Tesoro estadounidense ha sancionado a
14 entidades y 17 individuos vinculados a la Organización para la
Innovación e Investigación en Defensa iraní (SPND, por sus siglas en
inglés) que, según denuncia de la Administración Trump, trabajan en un
programa de armas de destrucción masiva. “Cualquiera que considere
negociar con la industria de defensa iraní en general, y con SPND en
particular, corre el riesgo de ser aislado profesional, personal y
financieramente”, alertó Mnuchin. Las sanciones consisten en congelar cualquier activo
que posean los afectados en EEUU y en la prohibición a los
estadounidenses de realizar transacciones con quienes “han contribuido,
apoyado o están vinculados a actividades sensibles en la proliferación
nuclear de Irán”. Además de alertar que “otros individuos iraníes que
trabajan para el programa nuclear corren el riesgo de ser sancionados”.
De igual manera, ha impuesto sanciones contra dos compañías navieras chinas
que el Tesoro alega que ayudaron a sortear las sanciones a Corea del
Norte. La OFAC tiene 67 embarcaciones identificadas por transferencias
ilícitas con el régimen de Pyongyang. Aunque sólo horas más tarde,
Trump, en un tweet, decidió levantar las multas,
sólo dos semanas después de reunirse con Kim Jong un en Vietnam. Días
más tarde lo hizo el Tesoro con las navieras chinas. Nadie sabe hasta el
momento, y a ciencia cierta, cuál de los dos criterios prevalece. Si el
del presidente o el del secretario del Tesoro. Pero el sector exterior
americano ve en este ejemplo otro botón de muestra de la incierta
actuación de la diplomacia económica en materia sancionadora.
La Helms-Burton y el castigo colectivo
por Carlos Fazio
LA HAINE -
21/05/2019
La "amenaza" cubana ha causado una histeria y un fanatismo sin par en los planificadores imperiales
EEUU
y Cuba guardan una situación única en las relaciones internacionales.
No existe un caso similar de asedio político-ideológico, económico y
militar tan sostenido de una potencia mundial contra un país pequeño.
Después de que en octubre de 1960 el presidente Dwight Eisenhower impuso
un bloqueo parcial a la isla en respuesta a las nacionalizaciones y
expropiaciones de propiedades de ciudadanos y compañías estadunidenses
por el nuevo gobierno revolucionario –seguido de la ruptura de
relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961−, y tras la derrota
militar de la invasión mercenaria de la Brigada 2506 en Playa Girón en
abril siguiente, el 7 de febrero de 1962 John F. Kennedy emitió una
orden ejecutiva que amplió las restricciones comerciales y profundizó el
cerco.
Durante 58 años y 12 sucesivas administraciones de demócratas y republicanos: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump, la "amenaza" cubana ha causado una histeria y un fanatismo sin par en los planificadores imperiales. Las sanciones comerciales, económicas y financieras contra Cuba –una guerra económica combinada con acciones militares y terroristas, directas y encubiertas− son las más duras del mundo.
Pero a la vez, desde que en 1823 el secretario de Estado, John Quincy Adams, formuló la política de la fruta madura, según la cual, separada de España, por las leyes de la gravedad política −es decir, por la fuerza− la isla debía caer en las manos de EEUU, la necesidad de poseer Cuba es el tema más antiguo de la diplomacia de guerra de Washington.
Ese objetivo se cumplió en 1898, cuando con su política del Gran garrote y su diplomacia de las cañoneras, Theodore Roosevelt (admirado por Hitler), invadió la isla y Cuba se convirtió en una cuasi colonia, permaneciendo en esa situación hasta el triunfo de la revolución en 1959. En marzo de 1960, el subsecretario de Estado, Douglas Dillon, argumentó que el pueblo cubano es responsable del régimen, por lo que EU tenía el derecho legítimo de castigar e infligir sufrimiento a la población por medio del estrangulamiento económico. Eisenhower aprobó las sanciones con la esperanza de que si [el pueblo cubano] pasa hambre, echará a Castro.
Kennedy y sus sucesores adoptaron la fórmula, pero el castigo colectivo a los cubanos se intensificó tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1989. En 1992, con la anuencia de Bill Clinton, el congresista Robert Torricelli se propuso causar estragos en la isla. Y en 1996 Clinton firmó la Ley para la libertad y solidaridad democráticas cubanas, mejor conocida como ley Helms-Burton (por los apellidos de sus promotores, el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton), que codificó y endureció el bloqueo al fortalecer el ilegal alcance extraterritorial de su política de cambio de régimen, dirigida a restaurar su hegemonía en la isla y regresarla a su órbita como país satélite.
Durante 22 años, los gobiernos de Clinton, Bush, Obama y Trump mantuvieron suspendido el más escandaloso de los artículos de la Helms-Burton: el título III, que permite a los antiguos propietarios en la isla y sus herederos que posean la nacionalidad estadunidense, entablar demandas judiciales en tribunales de EU. Pero a partir del 2 de mayo, el título III se puso en vigor y los demandantes también podrán exigir compensaciones a empresas e inversionistas de terceros países cuyos negocios en Cuba utilicen (o trafiquen en) inmuebles nacionalizados y confiscados por el gobierno cubano al amparo de la Constitución de 1940.
La polémica ley busca anular el derecho soberano de Cuba a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales con los términos de compensación que a los efectos se consideren y de conformidad con el derecho internacional. Por su carácter extraterritorial, el engendro legislativo −que no tiene jurisdicción en Cuba− viola los reconocidos principios de que el dominio de una propiedad se establece de acuerdo con las leyes del país donde está localizada, de la libertad de financiamiento e inversión y la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente.
Las medidas coercitivas neocoloniales activadas por Trump y el grupo de forajidos sicópatas que le rodean (Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio) pretenden implantar ahora una guerra económica unilateral, total y permanente a la isla, por lo que buscan desestimular, atemorizar y/o interrumpir las relaciones comerciales de compañías e inversionistas de terceros países con Cuba y someter a Estados soberanos a las disposiciones extraterritoriales de EU.
A pesar de la sumisión de los gobiernos vasallos de Europa (Merkel, Macron, Sánchez, et al.), la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, condenaron la ley y dijeron que acudirían a la Organización Mundial de Comercio para impugnar la decisión de aplicar el título III. Las cancillerías de Canadá y México también rechazaron la ley que viola el derecho internacional y busca perpetuar el castigo colectivo contra la población isleña y destruir por hambre a la revolución cubana.
La Jornada
Durante 58 años y 12 sucesivas administraciones de demócratas y republicanos: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump, la "amenaza" cubana ha causado una histeria y un fanatismo sin par en los planificadores imperiales. Las sanciones comerciales, económicas y financieras contra Cuba –una guerra económica combinada con acciones militares y terroristas, directas y encubiertas− son las más duras del mundo.
Pero a la vez, desde que en 1823 el secretario de Estado, John Quincy Adams, formuló la política de la fruta madura, según la cual, separada de España, por las leyes de la gravedad política −es decir, por la fuerza− la isla debía caer en las manos de EEUU, la necesidad de poseer Cuba es el tema más antiguo de la diplomacia de guerra de Washington.
Ese objetivo se cumplió en 1898, cuando con su política del Gran garrote y su diplomacia de las cañoneras, Theodore Roosevelt (admirado por Hitler), invadió la isla y Cuba se convirtió en una cuasi colonia, permaneciendo en esa situación hasta el triunfo de la revolución en 1959. En marzo de 1960, el subsecretario de Estado, Douglas Dillon, argumentó que el pueblo cubano es responsable del régimen, por lo que EU tenía el derecho legítimo de castigar e infligir sufrimiento a la población por medio del estrangulamiento económico. Eisenhower aprobó las sanciones con la esperanza de que si [el pueblo cubano] pasa hambre, echará a Castro.
Kennedy y sus sucesores adoptaron la fórmula, pero el castigo colectivo a los cubanos se intensificó tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1989. En 1992, con la anuencia de Bill Clinton, el congresista Robert Torricelli se propuso causar estragos en la isla. Y en 1996 Clinton firmó la Ley para la libertad y solidaridad democráticas cubanas, mejor conocida como ley Helms-Burton (por los apellidos de sus promotores, el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton), que codificó y endureció el bloqueo al fortalecer el ilegal alcance extraterritorial de su política de cambio de régimen, dirigida a restaurar su hegemonía en la isla y regresarla a su órbita como país satélite.
Durante 22 años, los gobiernos de Clinton, Bush, Obama y Trump mantuvieron suspendido el más escandaloso de los artículos de la Helms-Burton: el título III, que permite a los antiguos propietarios en la isla y sus herederos que posean la nacionalidad estadunidense, entablar demandas judiciales en tribunales de EU. Pero a partir del 2 de mayo, el título III se puso en vigor y los demandantes también podrán exigir compensaciones a empresas e inversionistas de terceros países cuyos negocios en Cuba utilicen (o trafiquen en) inmuebles nacionalizados y confiscados por el gobierno cubano al amparo de la Constitución de 1940.
La polémica ley busca anular el derecho soberano de Cuba a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales con los términos de compensación que a los efectos se consideren y de conformidad con el derecho internacional. Por su carácter extraterritorial, el engendro legislativo −que no tiene jurisdicción en Cuba− viola los reconocidos principios de que el dominio de una propiedad se establece de acuerdo con las leyes del país donde está localizada, de la libertad de financiamiento e inversión y la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente.
Las medidas coercitivas neocoloniales activadas por Trump y el grupo de forajidos sicópatas que le rodean (Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio) pretenden implantar ahora una guerra económica unilateral, total y permanente a la isla, por lo que buscan desestimular, atemorizar y/o interrumpir las relaciones comerciales de compañías e inversionistas de terceros países con Cuba y someter a Estados soberanos a las disposiciones extraterritoriales de EU.
A pesar de la sumisión de los gobiernos vasallos de Europa (Merkel, Macron, Sánchez, et al.), la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, condenaron la ley y dijeron que acudirían a la Organización Mundial de Comercio para impugnar la decisión de aplicar el título III. Las cancillerías de Canadá y México también rechazaron la ley que viola el derecho internacional y busca perpetuar el castigo colectivo contra la población isleña y destruir por hambre a la revolución cubana.
La Jornada
Estados Unidos vs Cuba y Venezuela: Reacciones e implicaciones
Por:
El pasado viernes 5 de abril el gobierno de los Estados Unidos aplicó
medidas coercitivas a embarcaciones y empresas que trabajan para PDVSA
por “exportar petróleo a Cuba”, según informó su vicepresidente Mike
Pence.
“Estados Unidos sanciona a 34 embarcaciones más que están operando para Pvdsa transportando el crudo a Cuba”, dijo en una rueda de prensa a la vez que resaltaba que Cuba tiene un “sistema de imperio en el hemisferio y por ello se debe generar un cambio político en Venezuela”.
Pence exclamó “¡El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano!”, en medio de aplausos de algunos miembros de la comunidad venezolana que apoyan el golpe contra el presidente Nicolás Maduro y que fueron reunidos en el Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston (Texas).
Allí agregó: “Como ha dejado claro el presidente Trump: todas las opciones están sobre la mesa. Y Nicolás Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de Estados Unidos”.
A su vez Steven Mnuchin, secretario del Departamento del Tesoro, indicaba mediante en un comunicado que “Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis” y que “el Departamento del Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el régimen ilegítimo de Maduro”.
También recalcó que “Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo a cambio de (ayuda para la) represión para mantener a Maduro en el poder”.
De esta manera Washington acusaba a La Habana de beneficiarse del crudo venezolano a cambio de enviar a Caracas asesores políticos, agentes de inteligencia, militares y médicos ampliando su injerencia en ambos países y amenazaba con tomar más medidas. El señalamiento de “injerencia cubana” a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha sido reiterado por voceros del antichavismo al tiempo que desde el gobierno se ha manifestado que dicho discurso es una táctica para dividir al sector militar y estimular un golpe de estado.
El pasado viernes 10 de mayo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a otras dos empresas navieras.
Las navieras sancionadas más recientemente son Monsoon Navigation Corporation y Serenity Maritime Limited.
La primera, con sede en Majuro, Islas Marshall, es la propietaria de la embarcación Ocean Elegance, que entregó crudo desde Venezuela a Cuba desde fines de 2018 hasta marzo de 2019 y la segunda, con sede en Monrovia, Liberia, es dueña del buque Leon Dias, también utilizado entre finales del año pasado y marzo de este año para llevar crudo venezolano a la isla caribeña.
En el comunicado del pasado viernes, la OFAC detalla que, como resultado de la penalización impuesta, “en adelante todos los bienes e intereses propiedad de las empresas sancionadas, y de cualquier otra que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 % o más de las mismas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan “bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC”.
Además, la OFAC amenazó con nuevas medidas punitivas en el sector de defensa y seguridad de Venezuela mientras precisaba que las sanciones son una respuesta directa al “arresto ilegal” de miembros de la Asamblea Nacional (AN) por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en referencia a la detención del primer vicepresidente del Parlamento en desacato, Edgar Zambrano, ocurrido el 8 de mayo.
Zambrano cursa juicio por haber participado abiertamente en el fracasado golpe de estado que organizó la Administración Trump el pasado 30 de marzo, los logros de la intentona fueron la evasión del líder antichavista Leopoldo López de la medida de casa por cárcel que le otorgó el Estado a partir del diálogo político y el descubrimiento de un militar infiltrado por la CIA en la inteligencia venezolana.
En este sentido Mnunchin, en un intento de ablandamiento al alto mando militar, subrayó a “los servicios militares y de inteligencia de Venezuela, así como a aquellos que los apoyan”, que “su continuo respaldo del régimen ilegítimo de Maduro tendrá graves consecuencias” recordando que las sanciones de Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes, y poniendo como ejemplo el levantamiento de las medidas tomadas contra el exjefe del SEBIN, Christopher Figuera, luego de que éste apoyara el fracasado intento de rebelión militar.
“Estados Unidos sigue dejando en claro que la cancelación de las sanciones está disponible para (…) quienes toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncian contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, o combaten la corrupción en Venezuela”, señaló.
Además de afectar el derecho internacional y la soberanía de ambas naciones intentan fragmentar la alianza entre ambos países caribeños por razones ideológicas, sumando así otro renglón en la lista de bloqueos, sabotajes económicos e intentos de golpe de Estado que aplica Washington contra Venezuela.
Al respecto el canciller venezolano, Jorge Arreaza, manifestó que los embargos antivenezolanos de Estados Unidos violan tanto el derecho internacional como los principios económicos y comerciales que dice defender el propio Gobierno de Trump. Respecto a la cooperación energética con Cuba dijo que “Siempre nosotros haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos con los pueblos hermanos como Cuba y con el pueblo venezolano”
Al ser preguntado sobre las sanciones Arreaza agregó que no puede revelar la estrategia y apuntó que “nosotros somos expertos en guerrilla” y que “aún cuando el poder convencional del capitalismo te ataca, tú tienes que saber responder por las vías no convencionales, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos”.
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel expresó que las medidas son “un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia”. Mientras que el canciller cubano agregó que el “Ataque contra PDVSA y sus buques es un acto de piratería”.
Por su parte Rusia calificó de “ilegales” las referidas sanciones y recalcó su apoyo a estos dos países, que son sus aliados estratégicos, en palabras del viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov. “El objetivo de EE.UU. es] lograr el cambio del rumbo político de dichos Estados en la dirección que necesita”, manifestó el funcionario quien recalcó que Moscú está “alerta” ante las políticas de Washington y hará todo lo posible para ayudar a sus aliados en la región de América Latina.
Ciertamente el fracaso experimentado el 30 de marzo ha enfurecido y descolocado al grupo que hoy dirige la Casa Blanca, las consecuencias de las medidas contra Caracas y La Habana no se harán esperar, comprometen mucho más las economías de ambas naciones y buscan generar miedo e incertidumbre entre las empresas y países que comercian o se relacionan con Venezuela, de la misma manera que actúa la ley Helms-Burton contra Cuba desde 1996, la misma que se pretende ahora fortalecer con las amenazas de activación plena de su Título III.
Los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron el 30 de octubre del año 2000 dicho Convenio, este abrió la posibilidad de que decenas de miles de profesionales cubanos prestaran servicios en Venezuela en sectores claves como la educación y la salud mientras el país suramericano, por su parte, ofreció garantías a Cuba para el suministro de combustible que antes se debía importar de destinos más lejanos y costosos.
Cortocircuitar esta alianza afectaría la Misión Barrio Adentro en la que médicos cubanos han llevado a cabo más de 1.300 millones de consultas a pacientes venezolanos, salvando potencialmente millones de vidas.
De igual manera perjudicaría a más de 60 mil pacientes venezolanos con padecimientos oftalmológicos como los que resultaron beneficiados en el 2017 con intervenciones quirúrgicas para la atención de su afección como parte del programa social Misión Milagro.
En 21 de los 24 estados del país se aplica en la actualidad el novedoso producto médico cubano contra la úlcera del pie diabético, Heberprot-P, que ha mejorado la vida de unos 300 mil pacientes en el mundo.
Las sanciones afectarían a otros sectores como el deporte, la cultura y la educación que también han resultado beneficiados mediante el método educativo “Yo sí puedo” y la Misión Robinson a través de la cual Venezuela fue declarada país libre de analfabetismo.
(Tomado de Misión Verdad)
“Estados Unidos sanciona a 34 embarcaciones más que están operando para Pvdsa transportando el crudo a Cuba”, dijo en una rueda de prensa a la vez que resaltaba que Cuba tiene un “sistema de imperio en el hemisferio y por ello se debe generar un cambio político en Venezuela”.
La “vía cuba” para acelerar la intervención y el golpe
Las sanciones afectarían a 34 buques con los cuales Estados Unidos bloquearía toda transacción y a dos empresas navieras, Ballito Bay Shipping Incorporated, con base en Grecia, y ProPer In Management Incorporated con sede en Liberia, por su vinculación con el barco Despina Andrianna que, según las autoridades estadounidenses, entregó petróleo venezolano a Cuba durante febrero y marzo de 2019.Pence exclamó “¡El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano!”, en medio de aplausos de algunos miembros de la comunidad venezolana que apoyan el golpe contra el presidente Nicolás Maduro y que fueron reunidos en el Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston (Texas).
Allí agregó: “Como ha dejado claro el presidente Trump: todas las opciones están sobre la mesa. Y Nicolás Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de Estados Unidos”.
A su vez Steven Mnuchin, secretario del Departamento del Tesoro, indicaba mediante en un comunicado que “Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis” y que “el Departamento del Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el régimen ilegítimo de Maduro”.
También recalcó que “Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo a cambio de (ayuda para la) represión para mantener a Maduro en el poder”.
De esta manera Washington acusaba a La Habana de beneficiarse del crudo venezolano a cambio de enviar a Caracas asesores políticos, agentes de inteligencia, militares y médicos ampliando su injerencia en ambos países y amenazaba con tomar más medidas. El señalamiento de “injerencia cubana” a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha sido reiterado por voceros del antichavismo al tiempo que desde el gobierno se ha manifestado que dicho discurso es una táctica para dividir al sector militar y estimular un golpe de estado.
Más sanciones en medio del intento de ablandamiento militar
La siguiente semana, el 12 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaba a 4 compañías con sedes en Liberia e Italia y a 9 barcos cargueros de petróleo con banderas de Italia, Malta, Grecia y Panamá.El pasado viernes 10 de mayo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a otras dos empresas navieras.
Las navieras sancionadas más recientemente son Monsoon Navigation Corporation y Serenity Maritime Limited.
La primera, con sede en Majuro, Islas Marshall, es la propietaria de la embarcación Ocean Elegance, que entregó crudo desde Venezuela a Cuba desde fines de 2018 hasta marzo de 2019 y la segunda, con sede en Monrovia, Liberia, es dueña del buque Leon Dias, también utilizado entre finales del año pasado y marzo de este año para llevar crudo venezolano a la isla caribeña.
En el comunicado del pasado viernes, la OFAC detalla que, como resultado de la penalización impuesta, “en adelante todos los bienes e intereses propiedad de las empresas sancionadas, y de cualquier otra que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 % o más de las mismas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan “bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC”.
Además, la OFAC amenazó con nuevas medidas punitivas en el sector de defensa y seguridad de Venezuela mientras precisaba que las sanciones son una respuesta directa al “arresto ilegal” de miembros de la Asamblea Nacional (AN) por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en referencia a la detención del primer vicepresidente del Parlamento en desacato, Edgar Zambrano, ocurrido el 8 de mayo.
Zambrano cursa juicio por haber participado abiertamente en el fracasado golpe de estado que organizó la Administración Trump el pasado 30 de marzo, los logros de la intentona fueron la evasión del líder antichavista Leopoldo López de la medida de casa por cárcel que le otorgó el Estado a partir del diálogo político y el descubrimiento de un militar infiltrado por la CIA en la inteligencia venezolana.
En este sentido Mnunchin, en un intento de ablandamiento al alto mando militar, subrayó a “los servicios militares y de inteligencia de Venezuela, así como a aquellos que los apoyan”, que “su continuo respaldo del régimen ilegítimo de Maduro tendrá graves consecuencias” recordando que las sanciones de Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes, y poniendo como ejemplo el levantamiento de las medidas tomadas contra el exjefe del SEBIN, Christopher Figuera, luego de que éste apoyara el fracasado intento de rebelión militar.
“Estados Unidos sigue dejando en claro que la cancelación de las sanciones está disponible para (…) quienes toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncian contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, o combaten la corrupción en Venezuela”, señaló.
Reacciones e implicaciones
Las medidas suponen la congelación de los activos financieros que las empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben la realización de transacciones financieras con ellas.Además de afectar el derecho internacional y la soberanía de ambas naciones intentan fragmentar la alianza entre ambos países caribeños por razones ideológicas, sumando así otro renglón en la lista de bloqueos, sabotajes económicos e intentos de golpe de Estado que aplica Washington contra Venezuela.
Al respecto el canciller venezolano, Jorge Arreaza, manifestó que los embargos antivenezolanos de Estados Unidos violan tanto el derecho internacional como los principios económicos y comerciales que dice defender el propio Gobierno de Trump. Respecto a la cooperación energética con Cuba dijo que “Siempre nosotros haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos con los pueblos hermanos como Cuba y con el pueblo venezolano”
Al ser preguntado sobre las sanciones Arreaza agregó que no puede revelar la estrategia y apuntó que “nosotros somos expertos en guerrilla” y que “aún cuando el poder convencional del capitalismo te ataca, tú tienes que saber responder por las vías no convencionales, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos”.
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel expresó que las medidas son “un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia”. Mientras que el canciller cubano agregó que el “Ataque contra PDVSA y sus buques es un acto de piratería”.
Por su parte Rusia calificó de “ilegales” las referidas sanciones y recalcó su apoyo a estos dos países, que son sus aliados estratégicos, en palabras del viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov. “El objetivo de EE.UU. es] lograr el cambio del rumbo político de dichos Estados en la dirección que necesita”, manifestó el funcionario quien recalcó que Moscú está “alerta” ante las políticas de Washington y hará todo lo posible para ayudar a sus aliados en la región de América Latina.
Objetivo: Romper la alianza Cuba-Venezuela
Ante la imposibilidad de desalojar al chavismo del poder en Venezuela por la vía del cerco económico, la administración Trump busca afectar más aun la economía cubana para deshacer “la troika”, como denominara Bolton en Miami durante el noviembre pasado al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela-Nicaragua.Ciertamente el fracaso experimentado el 30 de marzo ha enfurecido y descolocado al grupo que hoy dirige la Casa Blanca, las consecuencias de las medidas contra Caracas y La Habana no se harán esperar, comprometen mucho más las economías de ambas naciones y buscan generar miedo e incertidumbre entre las empresas y países que comercian o se relacionan con Venezuela, de la misma manera que actúa la ley Helms-Burton contra Cuba desde 1996, la misma que se pretende ahora fortalecer con las amenazas de activación plena de su Título III.
Los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron el 30 de octubre del año 2000 dicho Convenio, este abrió la posibilidad de que decenas de miles de profesionales cubanos prestaran servicios en Venezuela en sectores claves como la educación y la salud mientras el país suramericano, por su parte, ofreció garantías a Cuba para el suministro de combustible que antes se debía importar de destinos más lejanos y costosos.
Cortocircuitar esta alianza afectaría la Misión Barrio Adentro en la que médicos cubanos han llevado a cabo más de 1.300 millones de consultas a pacientes venezolanos, salvando potencialmente millones de vidas.
De igual manera perjudicaría a más de 60 mil pacientes venezolanos con padecimientos oftalmológicos como los que resultaron beneficiados en el 2017 con intervenciones quirúrgicas para la atención de su afección como parte del programa social Misión Milagro.
En 21 de los 24 estados del país se aplica en la actualidad el novedoso producto médico cubano contra la úlcera del pie diabético, Heberprot-P, que ha mejorado la vida de unos 300 mil pacientes en el mundo.
Las sanciones afectarían a otros sectores como el deporte, la cultura y la educación que también han resultado beneficiados mediante el método educativo “Yo sí puedo” y la Misión Robinson a través de la cual Venezuela fue declarada país libre de analfabetismo.
(Tomado de Misión Verdad)
¿Por qué defender la soberanía de Venezuela?
Por narciso isa conde
KAOS EN LA RED - Publicado en: 15 mayo, 2019
“Hay que suponer que quienes se decidan a invadir –luego de lo
acontecido en Siria, en tanto Rusia no se desentendió de los compromisos
militares derivados del pacto de colaboración bilateral- están
inclinándose por una guerra intensa, provocando daños colosales”
Algo que no necesita demostración es que
el movimiento cívico-militar que encabezó el comandante Chávez
reconquistó la soberanía venezolana anulada por los EEUU.
Es evidente también que esa
superpotencia imperialista está empecinada en aplastar de nuevo esa
conquista, en re-colonizar ese hermano país junto a toda nuestra
América.
En la actualidad la administración Trump
y los principales centros de poder estadounidense no ocultan la
determinación de lograr ese objetivo mediante la invasión y ocupación
del territorio militar venezolano para asaltar sus inmensos y valiosos
recursos naturales (petróleo, gas, oro, tierras raras, agua, tierras
fértiles, biodiversidad…).
Por su parte Juan Guaidó, designado por
Trump presidente de una farsa (presidente que no preside nada)
-expresando los intereses de las extremas derechas venezolanas y de la
gran burguesía criolla- ha favorido la posibilidad de esa invasión sin
importarle sus nefastas consecuencias.
Derrotados sucesivos intentos de
desestabilización sin invasión directa, retoman ese expediente con el
propósito inmediato de derrocar conjuntamente el Gobierno del presidente
Maduro y desmantelar el Estado Soberano, legítimamente conformado en
sucesivos procesos constituyentes y electorales.
LA CONTRAPARTIDA POTENCIAL FRENTE A LA AGRESIÓN ESTADOUNIDENSE.
No cabe en mente sensata que tan
truculenta determinación podría desplegarse sin ser contrarrestada por
las fuerzas que en la actualidad integran la amplia y diversa
resistencia civil y militar que dignamente ha asumido la defensa de la
soberanía de ese país hermano, en su condición de principal conquista
del proceso bolivariano: militares patriotas, pueblo chavistas y fuerzas
solidarias de nuestra América y del mundo.
La perspectivas de una confrontación de
ese nivel y sus nefastas consecuencias nos obligan a pensar que lo que
se propone hacer el Comando Sur del Pentágono, junto a sus socios
fascistoides venezolanos, israelíes, colombianos, brasileños y europeos…
es mucho peor que las intervenciones militares imperialistas ejecutadas
anteriormente en nuestro Continente.
LA ESTRATEGIA IMPERIALISTA DE “CONTROL DEL CAOS”.
Por eso, para responder a la pregunta
con que titulé este articulo, me decido primero por glosar algunas de
los planteamientos y pronósticos sobre la nueva “doctrina militar”
estadounidense, contenidos en uno de los ensayos escrito por el
talentoso intelectual marxista argentino Jorge Beinstein, fallecido
recientemente.Veamos:
“Podríamos sintetizar – precisa el autor
referido- de manera caricatural a la nueva estrategia militar del
Imperio a partir del predominio de diversas formas de “guerra informal”
combinando mercenarios (muchos mercenarios) con escuadrones de la muerte
(tipo JSOC), bombardeos masivos, drones, control mediático global,
asesinatos tecnológicamente sofisticados de dirigentes periféricos. La
guerra se elitiza, se transforma en un conjunto de operaciones mafiosas,
se aleja físicamente de la población norteamericana y su cúpula
dominante empieza a percibirla como un juego virtual dirigido por
gangsters.
“El horizonte objetivo (más allá de los
discursos y convicciones oficiales) de la “nueva estrategia” no es el
establecimiento de sólidos regímenes vasallos, ni la instalación de
ocupaciones militares duraderas controlando territorios de manera
directa, sino más bien desestabilizar, quebrar estructuras sociales,
identidades culturales, degradar o eliminar dirigentes, las experiencias
de Irak y Afganistán (y México) y más recientemente las de Libia y
Siria confirman esta hipótesis.”
“Se trata de la estrategia del caos
periférico, de la transformación de naciones y regiones más amplias en
áreas desintegradas, balcanizadas, con estados-fantasmas, clases
sociales (altas, medias y bajas) profundamente degradadas sin capacidad
de defensa, de resistencia ante los poderes políticos y económicos de
Occidente que podrían así depredar impunemente sus recursos naturales,
mercados y recursos humanos (residuales). “
Este imperialismo tanático del siglo
XXI, se corresponde con tendencias desintegradoras en las sociedades
capitalistas dominantes, en primer lugar la de los Estados Unidos.
En realidad la “estrategia” de
meta-control imperial del caos, sus formas operativas concretas, la
convierten en una maraña de tácticas que tienden a conformar una masa
crecientemente incoherente, prisionera del corto plazo. Lo que
pretende convertirse en la nueva
doctrina militar, en un pensamiento estratégico innovador que responde a
la realidad global actual facilitando la dominación imperialista del
mundo no es otra cosa que una ilusión desesperada generada por la
dinámica de la decadencia. Bajo la apariencia de ofensiva estratégica,
irrumpen los manotazos históricamente defensivos de un sistema cuya
cúpula imperial va perdiendo la capacidad de aprehensión de la totalidad
real, la razón de estado se va convirtiendo en un delirio criminal
extremadamente peligroso dado el gigantismo tecnológico de los Estado
Unidos y sus socios europeo. (La ILUSIÓN DEL METACONTROL DEL CAOS.-La
mutación del sistema de intervención militar de los Estados Unidos.
Jorge Beinstein. Editorial Trinchera, págs. 27, 28, 29, 30 y 31 /Caracas
Venezuela, mayo 2013)
CONSECUENCIAS A EVITAR Y ENFRENTAR.
Imagínense esa estrategia aplicada en
una Venezuela dotada de una fuerza militar regular no tutelada por EEUU,
con conciencia antiimperialista en un gran número de sus integrantes y
dispuesta a defender la soberanía de su país en estrecha relación con un
amplio y combativo bloque popular chavista (todavía más radicalizado) y
un contexto de alianzas militares, económicas y políticas con Rusia,
China Popular y Cuba.
Piensen esa invasión imperialista en un
país cuyo proceso bolivariano ha impactado todo el Continente, ubicado
al lado de Colombia como Estado asociado a la agresión, con sus
características de frágil plataforma militar pro-imperialista, en tanto
ha sido y sigue siendo escenario de insurgencias populares
cívico-militares.
Es evidente, además, la proclividad de
los factores revolucionarios a contribuir desde Colombia y otros países
limítrofes con Venezuela a ampliar la resistencia en el contexto de una
guerra irregular asimétrica y sin fronteras, difícil de derrotar.
Hay que suponer que quienes se decidan a
invadir –luego de lo acontecido en Siria, en tanto Rusia no se
desentendió de los compromisos militares derivados del pacto de
colaboración bilateral- están inclinándose por desatar una guerra
intensa y destructiva, provocando daños colosales a la existencia de ese
país suramericano, con catastróficos impactos, colosales daños
ambientales y de todo tipo, extensivos a Nuestra América.
Defender la soberanía venezolana es defender la soberanía continental.
Impedir la invasión militar en
disposición de enfrentarla y derrotarla es tarea internacionalista de
primer orden y asunto de vida o muerte para los pueblos latino-caribeños
y del mundo.
URUGUAY
Paro parcial y movilización del PIT-CNT en solidaridad con trabajadores del gas
Este miércoles 22 de mayo se realiza el paro parcial del PIT-CNT entre las 9 y 13 horas y una marcha, en solidaridad con los trabajadores de MontevideoGas que fueron despedidos, con los que han sido enviados al seguro de paro y con los empleados que vienen realizando una huelga de hambre.
Foto: Sindicato del Gas
PARO
22 de mayo de 2019, 00:02hs - LR21
La concentración será a la hora 10, en 18 de Julio y Ejido y la marcha se realizará hasta la plaza Independencia.
El PIT-CNT también presentará una misiva al presidente de la República, Tabaré Vázquez, a través de la cual solicitará que el Poder Ejecutivo negocie con Petrobras una salida organizada de la empresa, lo que debe implicar no afectar los puestos de trabajo, ni a los usuarios del servicio de gas.
Dijo que el contexto regional “pauta una realidad compleja y por tanto, la movilización de los trabajadores será la respuesta a los embates contra los trabajadores”.
El dirigente sindical expresó al Portal del PIT-CNT que la multinacional Petrobras “no le interesa mantener los Consejos de Salarios y ha desarrollado una clara actitud avasallante hacia los trabajadores intentando destrozar la organización sindical, amparada por un gobierno fascista que en Brasil está tomando medidas antipopulares, y contra las conquistas que los trabajadores”.
La concentración será a la hora 10, en 18 de Julio y Ejido y la marcha se realizará hasta la plaza Independencia.
El PIT-CNT también presentará una misiva al presidente de la República, Tabaré Vázquez, a través de la cual solicitará que el Poder Ejecutivo negocie con Petrobras una salida organizada de la empresa, lo que debe implicar no afectar los puestos de trabajo, ni a los usuarios del servicio de gas.
El trabajo se defiende luchando
El integrante del Secretariado Ejecutivo y secretario de Prensa, Propaganda y Relacionas Nacionales del PIT-CNT, Gabriel Molina, aseguró que la movilización “no será una más”.Dijo que el contexto regional “pauta una realidad compleja y por tanto, la movilización de los trabajadores será la respuesta a los embates contra los trabajadores”.
El dirigente sindical expresó al Portal del PIT-CNT que la multinacional Petrobras “no le interesa mantener los Consejos de Salarios y ha desarrollado una clara actitud avasallante hacia los trabajadores intentando destrozar la organización sindical, amparada por un gobierno fascista que en Brasil está tomando medidas antipopulares, y contra las conquistas que los trabajadores”.
Movilización
Pit-Cnt convoca a un paro parcial este miércoles en apoyo a los trabajadores de MontevideoGas
La medida será de 9 a 13 y se le entregará una carta el presidente de la República, Tabaré Vázquez.
Este
miércoles se llevará a cabo un paro general parcial en la zona
metropolitana de 9:00 a 13:00, convocado por la Mesa Representativa del
Pit-Cnt en apoyo a la situación que atraviesan los trabajadores de
MontevideoGas.
Además, se realizará una concentración a partir de las 9;00 en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Posteriormente los manifestantes marcharán hacia la Plaza Independencia en donde se realizará el acto principal. Está previsto que en la oratoria participe un representante de la Uaoegas y el dirigente Gabriel Molina en nombre del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.
Por su parte una delegación del movimiento sindical se trasladará hasta la Torre Ejecutiva y le entregará una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez.
En el sitio web de la central sindical, aseguran que en la carta expresarán la necesidad que el gobierno «ejerza la defensa de la soberanía nacional» ante «el embate» de una multinacional como Petrobras.
Raúl es padre. Hace semanas que la empresa Petrobras lo envió al seguro de paro.
Miércoles 22 de mayo
Además, se realizará una concentración a partir de las 9;00 en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Posteriormente los manifestantes marcharán hacia la Plaza Independencia en donde se realizará el acto principal. Está previsto que en la oratoria participe un representante de la Uaoegas y el dirigente Gabriel Molina en nombre del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.
Por su parte una delegación del movimiento sindical se trasladará hasta la Torre Ejecutiva y le entregará una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez.
En el sitio web de la central sindical, aseguran que en la carta expresarán la necesidad que el gobierno «ejerza la defensa de la soberanía nacional» ante «el embate» de una multinacional como Petrobras.
EL DERECHO AL TRABAJO SE DEFIENDE LUCHANDO
18
May
AFUSEC
Raúl es padre. Hace semanas que la empresa Petrobras lo envió al seguro de paro.
Comenzó junto a varios compañeros una huelga de hambre.
Ayer se enteró que va a ser despedido, al igual que una cantidad importante de compañeros.
¿Qué va a pasar mañana?
¿Que le va a decir a sus hijos?
La excusa de la empresa es la reestructura, que los capitales se dieron
cuenta que en otro país los derechos laborales son más flexibles y los
trabajadores más baratos, o que la tecnología es más eficiente y quita
puestos de trabajo.
En los últimos tiempos decenas de trabajadores y trabajadoras han perdido su empleo y las excusas se repiten.
Por ello es que paramos y nos movilizamos, por Raúl, pero también por Andrea y por Javier.
Petrobras es una más de las empresas que buscan que la variable de ajuste sean las y los trabajadores.
En defensa de las fuentes de trabajo, en solidaridad con los
compañeros del gas y los conflictos en diferentes sectores públicos y
privados.
Miércoles 22 de mayo
PARO General Parcial de 9 a 13 hs área metropolitana con Movilización.
Concentramos hora 10 en 18 y Ejido y marchamos hasta la Plaza
Independencia.
Gabriel Molina: “El trabajo se defiende luchando”
La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió un paro general parcial
de 9 a 13 horas para este miércoles 22, en solidaridad con los
trabajadores del gas y con diversos sindicatos que se encuentran
afrontando situaciones de conflicto. La convocatoria incluye una
concentración a partir de las 10 de la mañana en la explanada de la
Intendencia de Montevideo, para luego marchar hacia el estrado ubicado
en la Plaza Independencia.
Según explicó al Portal el integrante del Secretariado Ejecutivo y secretario de Prensa, Propaganda y Relacionas Nacionales del PIT-CNT, Gabriel Molina, la movilización de mañana “no será una más”. El dirigente aseguró que el contexto regional pauta una realidad “compleja” y por tanto, la movilización de los trabajadores será la respuesta a los embates contra los trabajadores. “Tenemos que movilizarnos, tenemos que parar y marchar para demostrar que estamos a la altura de las circunstancias” afirmó.
La Mesa Representativa definió esta paralización en respaldo de la huelga de hambre y el conflicto que sostienen los trabajadores del gas ante los despidos y anuncios de sanciones de la multinacional Petrobras. Desde la perspectiva de la central, el enfrentamiento de Petrobras hacia el sindicato y los trabajadores ha sido una constante para intentar debilitar la organización sindical. Para Molina, está claro que “a la multinacional Petrobrás no le interesa mantener los Consejos de Salario” y ha desarrollado “una clara actitud avasallante y peyorativa hacia los trabajadores intentando destrozar la organización sindical”, bajo la égida y “amparada” por “un gobierno fascista” que en Brasil está tomando medidas “antipopulares” y “contra las conquistas que los trabajadores y las grandes mayorías habían obtenido en los últimos años”, previo a la asunción de Jair Bolsonaro.
Molina -que será uno de los oradores del acto que se desarrollará en la Plaza Independencia en el marco de la movilización de este miércoles- dijo que la solidaridad del movimiento sindical abarca a todos los sindicatos que se encuentran atravesando momentos complejos o directamente en conflicto. “Tenemos trabajadores y trabajadoras que están afrontando situaciones difíciles, hay claramente otros actores privados (además de Petrobras) que están tomando medidas de ajuste contra los trabajadores, promoviendo rebajas salariales, despidos y envíos a seguro de paro en algunas ramas de actividad. Hay que mencionar lo que están atravesando los compañeros de curtiembre o los compañeros del sector del arroz que también están sufriendo la misma realidad. A esto le sumamos la situación que están viviendo nuestros compañeros del Sunca de la empresa Bersur, que cerró y está dejando a cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras sin laburo. Y no debemos olvidar algunas situaciones conflictivas que se vienen dando en el sector público como es el caso de los compañeros del Correo que vienen enfrentando una situación complicada en defensa del correo público y estatal, la problemática que afecta a nuestros compañeros portuarios que están reclamando la defensa del legítimo derecho al trabajo y la regularización laboral y también el reclamo que nuestros compañeros municipales vienen realizando para que los ingresos se efectivicen por concurso en llamados abiertos y no como se vienen dando en algunas intendencias del país” enumeró. Así las cosas, Molina agregó que el movimiento sindical entiende imprescindible movilizarse. “Hoy más que nunca tenemos que apelar a la solidaridad y a la lucha de los trabajadores uruguayos, pero por sobre todas las cosas, que prevalezca la unidad de la clase obrera uruguaya en nuestro querido PIT-CNT”. Cabe recordar que desde la central se ha establecido como consigna para este paro general parcial que “el derecho al trabajo se defiende luchando”.
Contra la impunidad
Consultado sobre la 24ª Marcha del Silencio que convocó multitudes, Molina destacó el hecho que las inclemencias del tiempo no hayan podido torcer la voluntad del pueblo uruguayo de salir a marchar en silencio. “No solamente acá sino en todo el país o en distintas partes del mundo, la gente salió a reclamar que nos digan dónde están”. El dirigente explicó que tanto las declaraciones de José Nino Gavazzo como la votación del Senado de la pasada semana en relación a las venias a los generales “crearon un clima previo” que “marcó” esta Marcha del Silencio. “Fueron cientos de miles de compatriotas que a pesar de la lluvia se pronunciaron acá y también en otras partes del mundo” acotó. En relación a la votación del Senado, dijo que la totalidad de la oposición actuó en bloque por lo que la presencia del senador Pablo Mieres en la marcha fue un acto de “hipocresía” aseguró. “Si hay algo que es hipócrita es justamente eso. Votás contra de la destitución de los militares propuesta por el Poder Ejecutivo y después vas a una movilización en defensa de los DDHH y contra el terrorismo de Estado”
Molina sostuvo que para el movimiento sindical la defensa de la verdad y la justicia son temas van ligados al “nunca más” al terrorismo de Estado. “Hay valores que tienen que prevalecer en una sociedad que se sustente con la verdad y la justicia, donde se esclarezcan los hechos acontecidos en la época de la dictadura y donde los compatriotas honestos puedan saber dónde están sus familiares para ponerle fin a esto, que se conozca la verdad y vayan realmente a la cárcel los que han cometidos delitos de lesa humanidad” concluyó.
Según explicó al Portal el integrante del Secretariado Ejecutivo y secretario de Prensa, Propaganda y Relacionas Nacionales del PIT-CNT, Gabriel Molina, la movilización de mañana “no será una más”. El dirigente aseguró que el contexto regional pauta una realidad “compleja” y por tanto, la movilización de los trabajadores será la respuesta a los embates contra los trabajadores. “Tenemos que movilizarnos, tenemos que parar y marchar para demostrar que estamos a la altura de las circunstancias” afirmó.
La Mesa Representativa definió esta paralización en respaldo de la huelga de hambre y el conflicto que sostienen los trabajadores del gas ante los despidos y anuncios de sanciones de la multinacional Petrobras. Desde la perspectiva de la central, el enfrentamiento de Petrobras hacia el sindicato y los trabajadores ha sido una constante para intentar debilitar la organización sindical. Para Molina, está claro que “a la multinacional Petrobrás no le interesa mantener los Consejos de Salario” y ha desarrollado “una clara actitud avasallante y peyorativa hacia los trabajadores intentando destrozar la organización sindical”, bajo la égida y “amparada” por “un gobierno fascista” que en Brasil está tomando medidas “antipopulares” y “contra las conquistas que los trabajadores y las grandes mayorías habían obtenido en los últimos años”, previo a la asunción de Jair Bolsonaro.
Molina -que será uno de los oradores del acto que se desarrollará en la Plaza Independencia en el marco de la movilización de este miércoles- dijo que la solidaridad del movimiento sindical abarca a todos los sindicatos que se encuentran atravesando momentos complejos o directamente en conflicto. “Tenemos trabajadores y trabajadoras que están afrontando situaciones difíciles, hay claramente otros actores privados (además de Petrobras) que están tomando medidas de ajuste contra los trabajadores, promoviendo rebajas salariales, despidos y envíos a seguro de paro en algunas ramas de actividad. Hay que mencionar lo que están atravesando los compañeros de curtiembre o los compañeros del sector del arroz que también están sufriendo la misma realidad. A esto le sumamos la situación que están viviendo nuestros compañeros del Sunca de la empresa Bersur, que cerró y está dejando a cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras sin laburo. Y no debemos olvidar algunas situaciones conflictivas que se vienen dando en el sector público como es el caso de los compañeros del Correo que vienen enfrentando una situación complicada en defensa del correo público y estatal, la problemática que afecta a nuestros compañeros portuarios que están reclamando la defensa del legítimo derecho al trabajo y la regularización laboral y también el reclamo que nuestros compañeros municipales vienen realizando para que los ingresos se efectivicen por concurso en llamados abiertos y no como se vienen dando en algunas intendencias del país” enumeró. Así las cosas, Molina agregó que el movimiento sindical entiende imprescindible movilizarse. “Hoy más que nunca tenemos que apelar a la solidaridad y a la lucha de los trabajadores uruguayos, pero por sobre todas las cosas, que prevalezca la unidad de la clase obrera uruguaya en nuestro querido PIT-CNT”. Cabe recordar que desde la central se ha establecido como consigna para este paro general parcial que “el derecho al trabajo se defiende luchando”.
Contra la impunidad
Consultado sobre la 24ª Marcha del Silencio que convocó multitudes, Molina destacó el hecho que las inclemencias del tiempo no hayan podido torcer la voluntad del pueblo uruguayo de salir a marchar en silencio. “No solamente acá sino en todo el país o en distintas partes del mundo, la gente salió a reclamar que nos digan dónde están”. El dirigente explicó que tanto las declaraciones de José Nino Gavazzo como la votación del Senado de la pasada semana en relación a las venias a los generales “crearon un clima previo” que “marcó” esta Marcha del Silencio. “Fueron cientos de miles de compatriotas que a pesar de la lluvia se pronunciaron acá y también en otras partes del mundo” acotó. En relación a la votación del Senado, dijo que la totalidad de la oposición actuó en bloque por lo que la presencia del senador Pablo Mieres en la marcha fue un acto de “hipocresía” aseguró. “Si hay algo que es hipócrita es justamente eso. Votás contra de la destitución de los militares propuesta por el Poder Ejecutivo y después vas a una movilización en defensa de los DDHH y contra el terrorismo de Estado”
Molina sostuvo que para el movimiento sindical la defensa de la verdad y la justicia son temas van ligados al “nunca más” al terrorismo de Estado. “Hay valores que tienen que prevalecer en una sociedad que se sustente con la verdad y la justicia, donde se esclarezcan los hechos acontecidos en la época de la dictadura y donde los compatriotas honestos puedan saber dónde están sus familiares para ponerle fin a esto, que se conozca la verdad y vayan realmente a la cárcel los que han cometidos delitos de lesa humanidad” concluyó.