EEUU usa fuerzas especiales en América Latina
por DAVID BROOKS
"El informe destaca que, como en casi todo rubro, el gobierno de Barack Obama ha favorecido el empleo de Fuerzas de Operaciones Especiales en sus políticas de seguridad, y que serán cada vez más empleadas en América Latina para capacitación y organizar ejércitos. Tales misiones cumplen funciones que van más allá de la mera provisión de entrenamiento. Ellas permiten que las unidades de Fuerzas Especiales se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales claves en países donde algún día podrían operar, indica el informe. Agrega que también permiten que el personal estadounidense reúna información confidencial sobre sus países anfitriones."Publicado el 9/19/13 • en Contrainjerencia
El informe publicado hoy por tres centros de investigación y análisis –Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Centro para políticas Internacionales (CIP) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) que mantienen un banco de datos conjunto sobre programas de asistencia estadounidense a América Latina– registra que aunque el nivel de asistencia estadounidense se ha reducido a uno de los más bajos en una década, lo preocupante es un mayor énfasis en relaciones militares menos transparentes y la sordera ante el creciente coro a favor de repensar las políticas prohibicionistas sobre las drogas por todo el hemisferio.
En gran medida, lo que viene ocurriendo no se refleja en los grandes presupuestos, sino que bien encubierto por un velo de misterio, deslucidos informes ante el Congreso y el público, y una migración del manejo de programas el Departamento de Estado hacia el Departamento de Defensa, subraya el informe, Hora de escuchar: tendencias en asistencia de seguridad de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.
Más aún, el informe indica que a lo largo de los últimos años Estados Unidos ha ampliado su participación directa en operaciones antidrogas en el hemisferio occidental, sobre todo en América Central.
El informe destaca que, como en casi todo rubro, el gobierno de Barack Obama ha favorecido el empleo de Fuerzas de Operaciones Especiales en sus políticas de seguridad, y que serán cada vez más empleadas en América Latina para capacitación y organizar ejércitos. Tales misiones cumplen funciones que van más allá de la mera provisión de entrenamiento. Ellas permiten que las unidades de Fuerzas Especiales se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales claves en países donde algún día podrían operar, indica el informe. Agrega que también permiten que el personal estadounidense reúna información confidencial sobre sus países anfitriones.
También hay programas para establecer más unidades militares y policiales especializadas y otras fuerzas de élite que son capacitadas y operan con la supervisión de Estados Unidos y se vuelven un mecanismo de bajo costo para mantener la presencia e influencia de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, sostiene el informe.
Además hay otros equipos, como las Unidades de Investigación Confidencial o SIU, grupos ultrasecretos de agentes élite de la región bajo supervisión de la DEA y la CIA, operando en varios países, incluyendo recientemente México. De hecho, la DEA cuenta con más oficiales en México que en cualquiera de sus otros puestos en el extranjero.
El informe también destaca el papel cada vez más amplio de Colombia en la capacitación y asistencia, así como la exportación de su modelo, a otros países latinoamericanos en el contexto de la lucha antinarcóticos, incluido México, donde Colombia ha participado en la capacitación de miles de policías mexicanos.
Fracasos de la guerra contra las drogas
A la vez, indica que a más de 40 años de la declaración de la guerra contra las drogas, con sus fracasos empíricos (desde 2000, por ejemplo, Washington ha gastado aproximadamente 12 mil 500 millones de dólares en América Latina en programas antinarcóticos con resultados mínimos), prominentes voces tanto de la sociedad civil como gobernantes a favor de replantear la estrategia antinarcóticos y considerar alternativas están ganando cada vez más impulso en la región, algo que Washington continúa ignorando. “Tenemos un pedido primordial para nuestro gobierno: es hora de escuchar… de escuchar la invocación a nuevas políticas sobre drogas para nosotros y para la región”, subraya el documento.
El informe también incluye datos por región y países de la asistencia militar y policial estadounidense a América Latina y el Caribe desde 1996 a la programada para 2014. México recibió 44.8 millones en 2006, cifra que se multiplicó más de 10 veces para alcanzar 508 millones en 2010, 166 millones en 2012, 154 en 2013 y 127 millones en 2014.
El informe también aborda el asunto de derechos humanos, y ofrece una serie de recomendaciones. Puede consultar el informe.
LA JORNADA
Evo estatiza el 70 % de las minas: “Volverán al pueblo boliviano”
Publicado el 9/19/13 • en Contrainjerencia
Según anunció el presidente Evo Morales, el decreto limitará a solo un 30 % las concesiones mineras privadas, ascendentes a las dos mil 454.
“Hay como siete mil concesiones privadas y del Estado, y tal vez de carácter colectivo. De estas, 2 mil 454 son totalmente privadas. Vamos a recuperar el 70 %, volverán al pueblo boliviano”, afirmó.
La legislación busca recuperar también propiedades inactivas e improductivas y abolir preceptos de la legislación anterior, en la cual las concesiones cobraban carácter de bien inmueble, lo que permitía que fueran hereditarias e hipotecables.
“(Era) prácticamente regalar la Patria, entregar los recursos naturales mediante las llamadas concesiones; que sean dueños eternamente”, dijo el Mandatario, quien aclaró que el Gobierno no ofrecerá indemnización a los afectados, aunque afirmó que se respetará a empresarios que hayan garantizado las normas y la inversión.
También fue promulgada la Ley 400 de Control de Armas, con la intención de ponerle coto al tráfico ilícito de las mismas en Bolivia.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, explicó que la Ley establece un nuevo tipo penal que es el tráfico ilícito de armas, el cual incluirá penas de hasta 30 años de cárcel según quien lo efectúe, y destacó que en casos de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía se aplicará la máxima de las condenas.
Nuestro derecho a la rebelión
por Pascual Serrano
Lunes, 16 de Septiembre de 2013 03:57
Esas dos mentes brillantes y valientes que son Julio Anguita y Juan
Carlos Monedero protagonizan una conversación de un centenar de páginas
recogida por la editorial Icaria bajo el título A la izquierda de lo
posible.
Hay una parte que me ha parecido de
gran interés. Es cuando Anguita plantea que los actuales gobernantes se
están situando fuera de la ley en la medida en están ignorando o
desmantelando derechos como el del trabajo, la vivienda, la salud, la
educación, una pensión digna, la alimentación, puesto que están
conculcando la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Constitución Española o la Carta Social Europea ratificada por España en
1985.
Es un enfoque interesante porque ya no necesitamos hablar en nombre del marxismo ni siquiera de la izquierda. Basta con desempolvar esas legislaciones que tienen un predicamento y aprobación universal y, a continuación, mostrar que los gobernantes están vulnerando el Estado de Derecho, están en la ilegalidad. De modo que nosotros estamos dentro y reivindicando la ley, y el gobierno fuera y vulnerándola.
Es un enfoque interesante porque ya no necesitamos hablar en nombre del marxismo ni siquiera de la izquierda. Basta con desempolvar esas legislaciones que tienen un predicamento y aprobación universal y, a continuación, mostrar que los gobernantes están vulnerando el Estado de Derecho, están en la ilegalidad. De modo que nosotros estamos dentro y reivindicando la ley, y el gobierno fuera y vulnerándola.
La segunda deducción es
que en la tradición de los históricos movimientos de liberación
aplaudidos por toda la sociedad, e incluso del cristianismo, se
encuentra el derecho a la rebeldía ante un gobierno despótico que no
respeta la legalidad. La declaración de independencia de los Estados
Unidos del 4 de julio de 1776 plantea el derecho a luchar para que haya
un gobierno justo, incluso deponer al que hay si no cumple (Preámbulo:
“Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida
invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al
pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar
ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y
su felicidad”). Igualmente la Declaración de Derechos Humanos de 1789,
en su artículo 2, establece que la finalidad de toda asociación política
es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del
hombre, y que uno de tales derechos es la resistencia a la opresión. Por
su parte, la Constitución de 1793, elemento clave del racionalismo
ilustrado francés, plantea el derecho a la insurrección (Artículo 35:
“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es,
para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los
derechos y el más indispensable de los deberes”).
John Locke, considerado padre del liberalismo moderno, establece que la autoridad del Estado se sostiene en los principios de legalidad y respeto de los derechos humanos. Esa autoridad deja de ser legítima si deja de asegurar los derechos naturales. En su Tratado sobre el gobierno civil (1690), defiende el derecho a la rebelión señalando que si el pueblo es sometido a la miseria y padece las injusticias del poder arbitrario, entonces “maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulta pesadísima”.
Estas ideas tienen su origen en los teólogos cristianos. El dominico Francisco de Vitoria reconoce la licitud de robar cuando el hambre hace peligrar la vida humana o negarse a pagar un tributo en caso de que fuera injusto (Relecciones teológicas). El jesuita Juan de Mariana razonó acerca del derecho a la insubordinación (Del Rey y de la Institución real 1598-1599). El padre Francisco Suárez (Discurso de leyes, 1612) reconocía la posibilidad de desobedecer y derrocar a quien detenta la autoridad cuando, ejerciendo el mando, incumple y vulnera sus funciones.
John Locke, considerado padre del liberalismo moderno, establece que la autoridad del Estado se sostiene en los principios de legalidad y respeto de los derechos humanos. Esa autoridad deja de ser legítima si deja de asegurar los derechos naturales. En su Tratado sobre el gobierno civil (1690), defiende el derecho a la rebelión señalando que si el pueblo es sometido a la miseria y padece las injusticias del poder arbitrario, entonces “maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulta pesadísima”.
Estas ideas tienen su origen en los teólogos cristianos. El dominico Francisco de Vitoria reconoce la licitud de robar cuando el hambre hace peligrar la vida humana o negarse a pagar un tributo en caso de que fuera injusto (Relecciones teológicas). El jesuita Juan de Mariana razonó acerca del derecho a la insubordinación (Del Rey y de la Institución real 1598-1599). El padre Francisco Suárez (Discurso de leyes, 1612) reconocía la posibilidad de desobedecer y derrocar a quien detenta la autoridad cuando, ejerciendo el mando, incumple y vulnera sus funciones.
Pues bien. Hoy nos están
arrebatando nuestras viviendas (desahucios), nuestra educación
(disminución de profesorados, tasas y fin de las becas), nuestra sanidad
(disminución de personal, cierres de hospitales y servicios de
urgencias), nuestros derechos sociales (liquidación de la ley de
dependencia), nuestras libertades públicas (represión de las
manifestaciones, sistemas de vigilancia), nuestros derechos laborales
(seis millones de parados, congelaciones y disminuciones salariales,
facilidades para los despidos, precariedad laboral).
No hace falta ser Lenin
ni Rosa Luxemburgo para llamar a la rebelión. Los inspiradores de la
Ilustración, los que redactaron la Declaración Universal de Derechos
Humanos, los sacerdotes del siglo XVI y los filósofos liberales hoy
estarían sumándose al levantamiento. Al otro lado están los miserables
que se escandalizan cuando nos atrevemos a expropiar dos carritos de
supermercados. Es hora de que cada uno decida en qué bando se sitúa.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es “La comunicación jibarizada. Cómo la tecnología ha cambiado nuestras mentes” .
Entrevista a la jueza Mariana Mota
"Es horrible criminalizar algo que no causó daño"
"Es horrible criminalizar algo que no causó daño"
"Es horrible criminalizar algo que no causó daño"
¿Qué opina de los pedidos de procesamiento por la protesta en contra de su traslado a la órbita civil?
La verdad lo veo como algo muy lamentable y muy triste.
Yo no leí el pedido del fiscal, pero obviamente estuve todo el tiempo
adentro de la Corte y la figura de atentado, por lo que vi, no se
configuró porque no hubo impedimento para que se desarrollara el
juramento. Es horrible que se criminalice algo que no generó resultado
lesivo para nadie.
Las personas acusadas por el fiscal sostienen que es una causa política. ¿Coincide con esa visión?
No puedo opinar públicamente sobre eso. Me reservo mi
opinión. Si lo que ocurrió puede considerarse como un delito de
atentado, capaz que cambió el Código (Penal); yo no lo interpreto así.
Me parece lastimoso que se haga tanta historia por un episodio que si
bien fue algo fuera de lo normal, no hubo ninguna persona lesionada.
Los indagados aducen que buena parte del problema se generó por el accionar policial. ¿Qué opina?
Yo estuve adentro y no sé si hubo incidentes afuera,
aunque si los hubo eso no hubiera obstaculizado que se hiciera el
juramento. Cuando llegó la Policía hacía rato que estábamos todos
esperando no sé qué, pero no había ninguna razón para no hacer el
juramento. Adentro de la sala de juramentos no hubo ningún incidente con
la Policía.
La policía cerrando las puertas de un acto público en la SCJ
Fascismo descarnado y descarado
De "El Observador" que no cesa de atizar el fuego de la hoguera de la Inquisición:
Aunque los ministros de la SCJ denunciaron a los activistas por violencia privada, el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de los siete implicados por otro delito: atentado. Zubía solicitó prisión por atentado agravado para cuatro de ellos: Zabalza, Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia), Patricia Borda y Álvaro Jaume. En la vista fiscal, a la que accedió El Observador, los llama “instigadores”.
Zubía expresa en la requisitoria fiscal que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (...) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento, con motivaciones ostensibles y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Tanto Zabalza como Leites fueron tupamaros y estuvieron en prisión durante la dictadura.
De "El Observador" que no cesa de atizar el fuego de la hoguera de la Inquisición:
Aunque los ministros de la SCJ denunciaron a los activistas por violencia privada, el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de los siete implicados por otro delito: atentado. Zubía solicitó prisión por atentado agravado para cuatro de ellos: Zabalza, Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia), Patricia Borda y Álvaro Jaume. En la vista fiscal, a la que accedió El Observador, los llama “instigadores”.
Zubía expresa en la requisitoria fiscal que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (...) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento, con motivaciones ostensibles y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Tanto Zabalza como Leites fueron tupamaros y estuvieron en prisión durante la dictadura.
Comentario del Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Los
cobijadores de los criminales de lesa humanidad, es decir los miembros
de la Suprema Corte, consideraron "violencia privada" el que hubieran
ciudadanos que solidarizaran con la Jueza Mota, víctima del atropello de
estos elementos. Estos "demócratas" entienden como "violencia privada"
el que haya gente que no está de acuerdo con sus resoluciones. Como se
ve todo un ejemplo de democracia y "equidad" de parte de quienes
supuestamente son los más altos "dignatarios" para interpretar leyes e
impartir justicia. Una aberración sin límites. Más viniendo de quienes
han otorgado inmunidad e impunidad a la banda mafiosa que ocupó el
país, asesinó, secuestró, desapareció, torturó, detuvo a millares de
ciudadanos ilegalmente, robo bebés y encima saqueó para beneficio
personal tanto a las personas como al estado. Para la SCJ esto no ha
sido violencia,pero sí lo consideran el aplaudir a la Jueza Mota por su
dignidad ante tanto cerdo fascista. Les molestó que su víctima del
crimen institucional recibiera muestras de simpatía popular. "Violencia"
han dicho...que farsantes!. Qué se vaya la Corte!
Zubía
es un caso extremo de fascismo congénito. Más cuando su padre y otros
familiares han formado parte de la mafia saqueadora y genocida. Su
"tesis", o su "Mein Kampf" es: que no se trata de los hechos en sí sobre
los cuales pide prisión, sino -aplicando una creatividad digna de
Goebbels- sostiene que en realidad lo que han hecho (que normalmente es
sobre lo que se juzga) "no se sitúan como acciones aisladas, motivadas
por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo
aliento con motivaciones
ostensibles..." En otras palabras les quiere cobrar a estos luchadores
populares cuentas a cargo del pasado y por adelantado en función del
futuro. Entra la duda sobre como este fiscafacho ha sido aprobado en sus
estudios jurídicos. Su basamento acusatorio en sin duda calcado de los
procesos nazis que se sostenían en la presunción sin prueba alguna,
motivadas esas presunciones en lo "conceptual" (es decir en como piensa)
el acusado, encima "de largo aliento" lo que implica condenar a alguien
por sus conceptos/ideas y sin prueba alguna sostener que estos son de
larga data. Es decir que la gente de izquierda que ha sido consecuente
con sus ideas debe de ser condenada precisamente por ser esta
convicción, de "largo aliento", sin detenerse a las consideraciones
concretas de los hechos. Es, ni más ni menos, que un "juicio"
ideológico, por tener y haber tenido ideas, y no una acusación concreta
sobre hechos, ni más ni menos que un juicio político, y por lo tanto una
clara y descarada violación de los derechos fundamentales del
ciudadano, violación de la Constitución Nacional y más que nada
violación de la carta fundamental de las Naciones Unidas sobre los
derechos humanos. Es decir una colección de violaciones en unas pocas
palabras empleadas que no son más que la esencia del pensamiento
fascista. Encima le atribuye a los acusados (a futuro) la
intencionalidad de seguir "cometiendo delitos" porque tienen esos
"conceptos". En cualquier lugar (menos claro con los acusados de
Guantánamo) este Fiscal sería sacado de su cargo de manera inmediata.
Para continuar: "y, en consecuencia, los
métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales,
sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados
concretos”. Habla de "métodos operativos" en clara presunción de una
"operación" , métodos que encima "no responden a factores
circunstanciales" es decir que va cubriendo los supuestos con otros
supuestos y aún cuando no pueda probar (no le interesa ni se ocupa de
probar nada sino que su "acusación" es un libelo salido de la
"literatura" de las "Fuerzas Conjuntas") ninguna "operación", la da por
supuesta en base a lo "conceptual" (lo ideológico) de los acusados. Con
lo cual no hay forma alguna de siquiera debatir o cuestionar. Es un
fallo, una condena, por lo que piensan y han pensado los acusados y peor
aún por el delito de haber pensado de una manera (por ejemplo estar
contra la dictadura y los asesinatos o secuestros y desapariciones) y
seguir pensando igual, lo cual constituye para este ejemplar salido de
las negras páginas de la criminal dictadura, una prueba terminante de la
intencionalidad aunque no haya ningún hecho concreto que acredite
delito. Para finalizar sentenciando:
"sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados
concretos”. Es decir que sin una sola prueba y basándose en las ideas
que tenían y tienen los acusados monta una supuesta operación, "de largo
aliento" sostiene, "operación" que utiliza "mecánicas probadas", para
el logro de "determinados resultados concretos" todo este palabrerío
final viene al caso como "sostén" de todo lo anterior, "resultados
concretos" y de allí al "resultado concreto" que fué el aplaudir a la
Jueza Mariana Mota. Si toda esta exposición del pensamiento fascista
"puro y duro" no implicase - como por desgracia lo es - un alerta para
todo el movimiento popular daría para incluír esta pieza "argumental" en
un compendio de la estupidez. Cuando Mujica llamó a la SCJ a echar a la
Jueza Mota abrió la Caja de Pandora que estaba tapada por la cruz
gamada. El movimiento popular volverá a pagar el precio de la
irresponsabilidad de las cúpulas y los dirigentes autoconsiderados
Mesías. Que nos sirva de lección, otra más.
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
La prensa de la derecha atiza la hoguera con
entusiasmo. La SCJ y Mujica se creen que marcan su autoridad. Los militares "siempre listos" se ríen a carcajadas. La prensa titula, por ejemplo: "siete radicales al banquillo", "los acusados de atentado", "los acusados por la asonada"," Los siete acusados por la ocupación de la SCJ","presionan a la Justicia", "Declararon indagados por ataque a la SCJ", "Sin decisión por ocupación de SCJ","Declararon indagados por disturbios en SCJ","ATAQUE A LA SCJ","Nacional - ASONADA","ATAQUE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA". Todos estos títulares y rúbricas los encontrará a continuación en la información "objetiva" de la derecha que está creando el clima, o "abriendo la puerta" en versión Mujica. Véase la "objetividad" informativa: aplausos a la Jueza Mota en una ceremonia pública en un local abierto al público como por arte de magia y unos cuantos pesos se transforma en: "atentado", "asonada", "ocupación", "ataque", "disturbios", etc. Esto es fascismo en marcha triunfal.
entusiasmo. La SCJ y Mujica se creen que marcan su autoridad. Los militares "siempre listos" se ríen a carcajadas. La prensa titula, por ejemplo: "siete radicales al banquillo", "los acusados de atentado", "los acusados por la asonada"," Los siete acusados por la ocupación de la SCJ","presionan a la Justicia", "Declararon indagados por ataque a la SCJ", "Sin decisión por ocupación de SCJ","Declararon indagados por disturbios en SCJ","ATAQUE A LA SCJ","Nacional - ASONADA","ATAQUE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA". Todos estos títulares y rúbricas los encontrará a continuación en la información "objetiva" de la derecha que está creando el clima, o "abriendo la puerta" en versión Mujica. Véase la "objetividad" informativa: aplausos a la Jueza Mota en una ceremonia pública en un local abierto al público como por arte de magia y unos cuantos pesos se transforma en: "atentado", "asonada", "ocupación", "ataque", "disturbios", etc. Esto es fascismo en marcha triunfal.
Nacional - CASO MOTA
Siete radicales al banquillo
Los acusados de atentado contra la SCJ declaran hoy ante la Justicia
+ Nicolás Delgado @nicodelgado13 - 19.09.2013, 05:00 hs
Texto: El Observador
El 15 de febrero de este año, cuando junto a un centenar de activistas ocuparon la sede de la SCJ para protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, muchos de ellos llegaron por separado. Pero ayer se mostraron unidos en ideas y propósitos.
Aunque los ministros de la SCJ denunciaron a los activistas por violencia privada, el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de los siete implicados por otro delito: atentado. Zubía solicitó prisión por atentado agravado para cuatro de ellos: Zabalza, Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia), Patricia Borda y Álvaro Jaume. En la vista fiscal, a la que accedió El Observador, los llama “instigadores”.
Para los restantes tres, Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y Aníbal Varela, dirigente de Adeom, solicitó procesamiento sin prisión, porque “actuaron por impulso de la muchedumbre en tumulto” y por lo tanto fueron cómplices del atentado.
Zubía expresa en la requisitoria fiscal que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (...) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento, con motivaciones ostensibles y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Tanto Zabalza como Leites fueron tupamaros y estuvieron en prisión durante la dictadura.
El fiscal considera que la protesta buscó “impedir el acto” de juramento de Mota y otros 14 jueces. Para ello, se basa, fundamentalmente, en videos y en la declaración del vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, testigo del enfrentamiento de los activistas con la Policía. “Estaban en la posición extrema de que no solo no iban a abandonar el lugar, sino que iban a impedir el juramento”, declaró Oxandabarat ante la jueza Gabriela Merialdo.
El fiscal destaca que de las declaraciones de los ministros de la SCJ surge que los “altercados, gritos, insultos e incidentes con efectivos policiales impidieron el desarrollo de la ceremonia”. Y agrega que el procedimiento policial se desarrolló “en forma muy profesional”.
Del nunca más al otra vez
En la conferencia de prensa de ayer realizada en la sede de Adeom, el fantasma de la dictadura no demoró en aletear. El dirigente del sindicato de los municipales dijo que “estamos en una situación que no es democrática”.
El comunicado conjunto expresa que “la actitud del fiscal pone en evidencia que aún persisten en la sociedad uruguaya prácticas propias del terrorismo de Estado que en el pasado azotó al país”. En este sentido, Leites advirtió que “silenciar el pasado y amedrentar el presente es parte de lo mismo”.
El gobierno y el fiscal fueron los blancos preferidos por el grupo de los siete. Zabalza, por ejemplo, advirtió que “hay un clima de impunidad que viene del Poder Ejecutivo, de perdón y olvido”. Su abogado defensor, Juan Fagundes, dijo que “esto es una causa política, no es una causa judicial” y que, por ello, se defenderá “políticamente”.
En este sentido, los acusados, que declararán hoy a la hora 13.30, convocaron a la población a concentrarse en el juzgado de Misiones. Adeom, Crysol, Plenaria y Ades también se sumaron a la convocatoria. Leites, informó ayer su abogado Gustavo Salle, pedirá suspender la audiencia y solicitará un careo entre Oxandabarat y otro funcionario del Poder Judicial.
“Esto es parte de una estrategia del Poder Ejecutivo. Esperamos de parte del Poder Judicial un límite a esta estrategia”, expresó Fagundes. El abogado advierte que el fiscal no pidió el procesamiento de tres indagados: Gustavo Signorelle (sindicalista del Poder Judicial) y los fotógrafos de prensa Santiago Mazzarovich y Iván Franco. “Dejó a la prensa y al Poder Judicial afuera. Esto revela una intencionalidad política”, dijo Fagundes.
El abogado advirtió que el fiscal “recortó frases de la realidad”. “Un fiscal no puede mentir, eso sí puede ser un delito”, expresó.
“Los hechos de naturaleza social jamás pueden ser
considerados un delito, a menos que agarren de un pescuezo a un
ministro”, dijo el abogado.
ACUSADOS por ASONADA A LA CORTE COMPARECEN HOY ya habrá marcha
Fagúndez: fue vocero de la SCJ que "provocó la entrada masiva de gente"
Al igual que Gustavo Salle, el abogado
Juan Fagúndez, que defiende a tres de los imputados por la asonada en la
Suprema Corte durante el juramento de Mariana Mota como jueza civil,
responsabilizó al vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl
Oxandabarat, por la entrada masiva de gente al edificio público.
jue sep 19 2013 10:37 El País uy
El abogado Juan Fagúndez dijo que el vocero de
la Suprema Corte, Raúl “Oxandabarat se olvida de una cosa muy
importante" cuando declara ante el juez que le consta que los siete
acusados por la ocupación tenían la intención de evitar el juramento de
los jueces que tendría lugar ese día, entre los que estaba el de la
magistrada Mariana Mota.
Olvida que " la entrada masiva de la gente la provocó él, cuando empezó a cerrar las puertas de un edificio público, eso no lo declaró”, enfatizó en declaraciones a radio Sarandí, el abogado de Jorge Zabalza, y Diego y Álvaro Jaume.
“Esta es una causa de naturaleza política, porque lo que mis patrocinados consideran es que acá lo que se está persiguiendo es un acto de protesta, no un acto con intencionalidad de impedir otro acto”, explicó.
Fagúndez afirmó que el parte del fiscal dice que el acto se demoró tres horas, a su entender por el “infeliz” operativo policial, en el que los efectivos ingresaron a “empujar y dar palo a la gente que estaba ahí”.
“Cuando digo que esto es una causa de naturaleza política, lo baso en que hecho que después se utiliza para adecuarlo a una figura penal, que no se puede adecuar, por tecnicismos técnicos, es que se está juzgando sobre una protesta”, agregó.
“Lo que él (el fiscal Gustavo Zubía) pinta con derecho penal no tiene nada de derecho penal”, sostuvo y agregó: “Para mí se empujó este tipo penal dentro de estos hechos”.
“Los hechos de naturaleza social jamás pueden ser considerados un delito, a menos que agarren de un pescuezo a un ministro”, dijo el abogado.
“Esa figura en el modo que está redactada requiere una proximidad con el funcionario, en la que el que quiere impedir haga algo sobre el funcionario, es un delito porque hay una coacción sobre el funcionario, hay una especie de pérdida de libertad del funcionario de ejercer su función”, explicó.
“Nadie tenía intención de entrar a impedir la ceremonia”, afirmó el abogado.
Sobre los insultos que denunciaron los ministros de la Suprema Corte Fagúndez dijo que se trató de una protesta: “Si hay falta de educación, y bueno hay falta de educación, de ahí a cometer el delito planificado y desarrollado en la obtención del fin de impedir la ceremonia, me parece que bueno, fue una protesta con insultos, gritos, cantos, aplausos, fue una protesta que demoró un acto muy protocolar”.
En el mismo sentido el abogado de Irma Leites, Gustavo Salle, comentó a El País que Oxandabarat no buscó dialogar y negociar con los manifestantes y que "intentó cerrar las puertas de la Suprema Corte de Justicia, un edificio público y de libre acceso y especialmente cuando se va a realizar un acto público".
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocan a manifestarse frente al juzgado de la calle Misiones casi 25 de Mayo, por lo que habrá importantes alteraciones en el tránsito en esa zona de la Ciudad Vieja. Esta mañana el sindicato de UTU anunció que parará desde las 13.30 horas para participar en la marcha.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".
El extupamaro dijo sentirse orgulloso y no tener miedo a ser procesado con prisión por los incidentes en la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mota.
El exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, para quien el fiscal Gustavo Zubía, pidió el procesamiento con prisión dice que la Suprema Corte de Justicia y el representante del Ministerio Público pregonan el terrorismo de Estado.
La Suprema Corte de Justicia y el fiscal Zubía mantienen en ellos un espíritu del terrorismo de Estado y obran en consecuencia”, dijo Zabalza a Subrayado.
El exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional dijo sentirse orgulloso por el pedido de procesamiento y aseguró que no renunciará a sus principios. “Me procesará. No me importa. Tengo 70 años, estuve 15 años preso y 11 años aislado en un pozo”, remarcó Zabalza.
Tras siete meses de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota de un Juzgado penal a uno civil, el fiscal Zubía, solicitó el procesamiento con prisión de Zabalza, de Irma Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, del exfutbolista Diego Jaume y de la militante Patricia Borda.
Asimismo pidió el procesamiento sin prisión para el dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y para Álvaro y Eduardo Jaume, padre y hermano del exfutbolista.
El cordón policial me quiso tirar por la escalera para abajo y simplemente me negué. No me gusta que me maltraten”, indicó Zabalza. El extupamaro sostiene que no hay foto o video donde se lo muestre alterado, y que todo es "mentira", un "invento".
Está acusado por el delito de atentado con agravantes. El artículo 171 del Código Penal indica, que quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público, pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio, incurre en un delito.
La pena es de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Se ve agravada si la ejercen más de 3 personas o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial. En este caso fue contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, señala el diario El Observador.
La jueza Gabriela Merialdo convocó a los acusados a realizar sus descargos este jueves; luego considerará si da lugar o no al pedido de la Fiscalía.
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Metropolis FM 19.09.2013
Pedido de procesamiento a Leites y Zabalza no tiene fundamentos según abogado -
El abogado de la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el ex Tupamaro Jorge Zabalza; Juan Fagúndez, dijo en Pisando Fuerte que el pedido de procesamiento hacia las siete personas, no tiene fundamentos
El penalista considera que la gente fue a manifestar en un edificio público, por lo cual no se les puede acusar por “atentado agravado”, ya que “no entraron a los prepos” ni agredieron a ningún funcionario público.
Bajo el lema “Tocan a uno y tocan a todos”, se realizó una movilización en la puerta del juzgado penal de Misiones, tras la comparecencia ante la jueza Gabriela Merialdo, los siete citados por disturbios en la sede de la Suprema Corte de Justicia, tras las solicitudes de procesamiento que realizó el fiscal penal Gustavo Zubía, entre los que se encuentran la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el ex tupamaro Jorge Zabalza, así como también están llamados a comparecer el ex futbolista Álvaro Jaume, la docente Patricia Borda, el dirigente de Adeom Aníbal Varela, y los activistas Eduardo y Diego Jaume. Para los tres últimos, Zubía solicitó un procesamiento sin prisión.
“Hay un clima en la cual se arremete contra las organizaciones sociales, que hace que un fiscal se ensañe con determinadas personas, de 140 o 150 que había ese día” dijo Zabalza en conferencia de prensa.
“El poder Ejecutivo es responsable directo” agregó, ya que la vista fiscal cuenta con el logo del Ministerio de Educación y Cultura, del que depende la Fiscalía.
Organizaciones sociales y docentes, convocaron a la población a movilizarse en la puerta de la sede penal, ante la indignación por los pedidos de procesamiento ya que lo consideraron inaceptable, así como fue visto como la “criminalización de uno de los principales derechos humanos, la libertad de expresión”, según la convocatoria de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo. -
Zubía, un fiscal impune que miente descaradamente
La Policía colocó vallas de seguridad en la entrada
del juzgado de la calle Misiones, donde a las 13:30 horas declararán los
siete acusados del atentado contra la Suprema Corte de Justicia.
Según constató El Observador en el lugar, se impedirá el paso desde la esquina con 25 de Mayo, y unos metros después de la entrada de la sede judicial.
Los acusados ya alertaron cuál será su actitud de ahora en más: “No nos van a amedrentar, no nos vamos a detener en la lucha”, dijo el extupamaro Jorge Zabalza.
El 15 de febrero de este año, cuando junto a un centenar de activistas ocuparon la sede de la SCJ para protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, muchos de ellos llegaron por separado. Pero ayer se mostraron unidos en ideas y propósitos.
Aunque los ministros de la SCJ denunciaron a los activistas por violencia privada, el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de los siete implicados por otro delito: atentado. Zubía solicitó prisión por atentado agravado para cuatro de ellos: Zabalza, Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia), Patricia Borda y Álvaro Jaume. En la vista fiscal, a la que accedió El Observador, los llama “instigadores”.
Para los restantes tres, Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y Aníbal Varela, dirigente de Adeom, solicitó procesamiento sin prisión, porque “actuaron por impulso de la muchedumbre en tumulto” y por lo tanto fueron cómplices del atentado.
Zubía expresa en la requisitoria fiscal que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (...) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento, con motivaciones ostensibles y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Tanto Zabalza como Leites fueron tupamaros y estuvieron en prisión durante la dictadura.
El fiscal considera que la protesta buscó “impedir el acto” de juramento de Mota y otros 14 jueces. Para ello, se basa, fundamentalmente, en videos y en la declaración del vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, testigo del enfrentamiento de los activistas con la Policía. “Estaban en la posición extrema de que no solo no iban a abandonar el lugar, sino que iban a impedir el juramento”, declaró Oxandabarat ante la jueza Gabriela Merialdo.
El fiscal destaca que de las declaraciones de los ministros de la SCJ surge que los “altercados, gritos, insultos e incidentes con efectivos policiales impidieron el desarrollo de la ceremonia”. Y agrega que el procedimiento policial se desarrolló “en forma muy profesional”.
---------- Mensaje reenviado ----------
De: ASAMBLEA del CALLEJON <asambleadelcallejon@adinet.
Fecha: 19 de septiembre de 2013 12:06
Asunto: Hoy jueves 19 de setiembre 13.30 hs calle misiones y 25 de mayo 3- varias vecinas y vecinos amenazados con ser procesados injustamente
Para: ASAMBLEA del CALLEJON <asambleadelcallejon@adinet.
jueves 19 de setiembre 13.30 hs calle misiones y 25 de mayo - varias vecinas y vecinos amenazados con ser procesados injustamente
Queriendo salvar la cabeza, a veces rifamos todo.
La indiferencia colectiva por miedo es una de las formas de suicidio popular.
El fiscal Zubía quiere procesarnos
Este jueves 19 el Instituto de Colonización entrega al compañero Ney Thedy el predio y los animales que le adjudicaron. Es el fruto de su porfiada lucha, de su voluntad de no dejarse avasallar por el poder político y del apoyo de un montón de gente que no se dejó amilanar con las reiteradas maniobras y rechazos. Es también el momento de recordar a Helios Sarthou y el amor a la justicia social que caracterizó toda su trayectoria.
A las dos de la mañana partíamos con Veronika hacia Bella Unión, en un ómnibus lleno de compañeros y compañeras. La idea era dar un abrazo a don Ney y sus hijos, así como pasar una jornada de camaradería en el sindicato UTAA, pero el hombre propone y el Fiscal Gustavo Zubía dispone. El tipo pidió el procesamiento con prisión de Patricia Borda, Irma Leites, Eduardo Jaume, Diego Jaume, Álvaro Jaume, Aníbal Varela y Jorge Zabalza.
La Doctora Merialdo, jueza de la causa iniciada por mandato de la Suprema Corte de In-justicia, fijó la audiencia para las 14 horas de ese mismo jueves 19. No nos queda más remedio que pedir disculpas a la familia Thedy y al sindicato UTAA, pero no podremos estar presente en el momento que se concrete una de los poquísimos momentos gratos de la época.
Abrazos fraternos para todas y todos
Veronika Engler
Jorge Zabalza
17 de septiembre de 2013
Olvida que " la entrada masiva de la gente la provocó él, cuando empezó a cerrar las puertas de un edificio público, eso no lo declaró”, enfatizó en declaraciones a radio Sarandí, el abogado de Jorge Zabalza, y Diego y Álvaro Jaume.
“Esta es una causa de naturaleza política, porque lo que mis patrocinados consideran es que acá lo que se está persiguiendo es un acto de protesta, no un acto con intencionalidad de impedir otro acto”, explicó.
Fagúndez afirmó que el parte del fiscal dice que el acto se demoró tres horas, a su entender por el “infeliz” operativo policial, en el que los efectivos ingresaron a “empujar y dar palo a la gente que estaba ahí”.
“Cuando digo que esto es una causa de naturaleza política, lo baso en que hecho que después se utiliza para adecuarlo a una figura penal, que no se puede adecuar, por tecnicismos técnicos, es que se está juzgando sobre una protesta”, agregó.
“Lo que él (el fiscal Gustavo Zubía) pinta con derecho penal no tiene nada de derecho penal”, sostuvo y agregó: “Para mí se empujó este tipo penal dentro de estos hechos”.
“Los hechos de naturaleza social jamás pueden ser considerados un delito, a menos que agarren de un pescuezo a un ministro”, dijo el abogado.
“Esa figura en el modo que está redactada requiere una proximidad con el funcionario, en la que el que quiere impedir haga algo sobre el funcionario, es un delito porque hay una coacción sobre el funcionario, hay una especie de pérdida de libertad del funcionario de ejercer su función”, explicó.
“Nadie tenía intención de entrar a impedir la ceremonia”, afirmó el abogado.
Sobre los insultos que denunciaron los ministros de la Suprema Corte Fagúndez dijo que se trató de una protesta: “Si hay falta de educación, y bueno hay falta de educación, de ahí a cometer el delito planificado y desarrollado en la obtención del fin de impedir la ceremonia, me parece que bueno, fue una protesta con insultos, gritos, cantos, aplausos, fue una protesta que demoró un acto muy protocolar”.
En el mismo sentido el abogado de Irma Leites, Gustavo Salle, comentó a El País que Oxandabarat no buscó dialogar y negociar con los manifestantes y que "intentó cerrar las puertas de la Suprema Corte de Justicia, un edificio público y de libre acceso y especialmente cuando se va a realizar un acto público".
Protesta en la SCJ
La jueza Gabriela Merialdo citó a los implicados para hoy jueves a las 13.30 para realizar las audiencias ratificatorias, aunque se estima que la magistrada diferirá la resolución para los próximos días.Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocan a manifestarse frente al juzgado de la calle Misiones casi 25 de Mayo, por lo que habrá importantes alteraciones en el tránsito en esa zona de la Ciudad Vieja. Esta mañana el sindicato de UTU anunció que parará desde las 13.30 horas para participar en la marcha.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".
Dossier del Blog El Muerto
Zabalza acusó a SCJ y fiscal Zubía de "terrorismo de Estado"
http://youtu.be/zU5-5xbfDpMEl extupamaro dijo sentirse orgulloso y no tener miedo a ser procesado con prisión por los incidentes en la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mota.
El exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, para quien el fiscal Gustavo Zubía, pidió el procesamiento con prisión dice que la Suprema Corte de Justicia y el representante del Ministerio Público pregonan el terrorismo de Estado.
La Suprema Corte de Justicia y el fiscal Zubía mantienen en ellos un espíritu del terrorismo de Estado y obran en consecuencia”, dijo Zabalza a Subrayado.
El exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional dijo sentirse orgulloso por el pedido de procesamiento y aseguró que no renunciará a sus principios. “Me procesará. No me importa. Tengo 70 años, estuve 15 años preso y 11 años aislado en un pozo”, remarcó Zabalza.
Tras siete meses de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota de un Juzgado penal a uno civil, el fiscal Zubía, solicitó el procesamiento con prisión de Zabalza, de Irma Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, del exfutbolista Diego Jaume y de la militante Patricia Borda.
Asimismo pidió el procesamiento sin prisión para el dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y para Álvaro y Eduardo Jaume, padre y hermano del exfutbolista.
El cordón policial me quiso tirar por la escalera para abajo y simplemente me negué. No me gusta que me maltraten”, indicó Zabalza. El extupamaro sostiene que no hay foto o video donde se lo muestre alterado, y que todo es "mentira", un "invento".
Está acusado por el delito de atentado con agravantes. El artículo 171 del Código Penal indica, que quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público, pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio, incurre en un delito.
La pena es de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Se ve agravada si la ejercen más de 3 personas o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial. En este caso fue contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, señala el diario El Observador.
La jueza Gabriela Merialdo convocó a los acusados a realizar sus descargos este jueves; luego considerará si da lugar o no al pedido de la Fiscalía.
. Metropolis FM 19.09.2013
Pedido de procesamiento a Leites y Zabalza no tiene fundamentos según abogado -
El abogado de la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el ex Tupamaro Jorge Zabalza; Juan Fagúndez, dijo en Pisando Fuerte que el pedido de procesamiento hacia las siete personas, no tiene fundamentos
El penalista considera que la gente fue a manifestar en un edificio público, por lo cual no se les puede acusar por “atentado agravado”, ya que “no entraron a los prepos” ni agredieron a ningún funcionario público.
Bajo el lema “Tocan a uno y tocan a todos”, se realizó una movilización en la puerta del juzgado penal de Misiones, tras la comparecencia ante la jueza Gabriela Merialdo, los siete citados por disturbios en la sede de la Suprema Corte de Justicia, tras las solicitudes de procesamiento que realizó el fiscal penal Gustavo Zubía, entre los que se encuentran la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el ex tupamaro Jorge Zabalza, así como también están llamados a comparecer el ex futbolista Álvaro Jaume, la docente Patricia Borda, el dirigente de Adeom Aníbal Varela, y los activistas Eduardo y Diego Jaume. Para los tres últimos, Zubía solicitó un procesamiento sin prisión.
“Hay un clima en la cual se arremete contra las organizaciones sociales, que hace que un fiscal se ensañe con determinadas personas, de 140 o 150 que había ese día” dijo Zabalza en conferencia de prensa.
“El poder Ejecutivo es responsable directo” agregó, ya que la vista fiscal cuenta con el logo del Ministerio de Educación y Cultura, del que depende la Fiscalía.
Organizaciones sociales y docentes, convocaron a la población a movilizarse en la puerta de la sede penal, ante la indignación por los pedidos de procesamiento ya que lo consideraron inaceptable, así como fue visto como la “criminalización de uno de los principales derechos humanos, la libertad de expresión”, según la convocatoria de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo. -
Zubía, un fiscal impune que miente descaradamente
El fiscal destaca que de las declaraciones de los ministros de la SCJ surge que los “altercados, gritos, insultos e incidentes con efectivos policiales impidieron el desarrollo de la ceremonia”. Y agrega que el procedimiento policial se desarrolló “en forma muy profesional”. Dicho por el Fiscal Zubía, el de la familia de los militares golpistas
Brutales mentiras sobre algo que está filmado y en fotos. Zubía dice lo que se le antoja (o le que le mandan decir los que están agazapados para dar el nuevo zarpazo) porque el "valiente" Fiscal cuenta con la más total IMPUNIDAD para mentir. Impunidad dada por la SCJ y por el Presidente Mujica. Dice que la solidaridad con la Jueza Mota "impidió la ceremonia" lo que como todos saben es una burda mentira ya que la "ceremonia" se realizó y echaron a Mota y esta tuvo que firmar y los verdugos amparadores de los criminales de lesa humanidad hasta le dieron la mano. Todo está documentado y filmado. Al Fiscal Zubía "representante de la Justicia" no le importa nada. Miente y la prensa se lo reproduce como una verdad aunque esa misma prensa -entonces- publicara las fotos y videos de la ceremonia que según Zubía fué "impedida". Están envalentonados porque Mujica los apoya y el Frente Amplio no dice una palabra. Esto es una tremenda corrupción que ha carcomido y carcome a la burocracia frentista del color, sector, espacio y grupo que sea. Todos son responsables de..."que se le abra la puerta a Hitler" como dijera el "faro luminoso" Mujica.La Policía espera con vallas a los acusados por la asonada
“No nos van a amedrentar, no nos vamos a detener en la lucha”, dijo el extupamaro Jorge Zabalza
+ - 19.09.2013, 12:08 hs
- ACTUALIZADO 12:18
Texto: El Observador
Según constató El Observador en el lugar, se impedirá el paso desde la esquina con 25 de Mayo, y unos metros después de la entrada de la sede judicial.
Los acusados ya alertaron cuál será su actitud de ahora en más: “No nos van a amedrentar, no nos vamos a detener en la lucha”, dijo el extupamaro Jorge Zabalza.
El 15 de febrero de este año, cuando junto a un centenar de activistas ocuparon la sede de la SCJ para protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, muchos de ellos llegaron por separado. Pero ayer se mostraron unidos en ideas y propósitos.
Aunque los ministros de la SCJ denunciaron a los activistas por violencia privada, el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de los siete implicados por otro delito: atentado. Zubía solicitó prisión por atentado agravado para cuatro de ellos: Zabalza, Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia), Patricia Borda y Álvaro Jaume. En la vista fiscal, a la que accedió El Observador, los llama “instigadores”.
Para los restantes tres, Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y Aníbal Varela, dirigente de Adeom, solicitó procesamiento sin prisión, porque “actuaron por impulso de la muchedumbre en tumulto” y por lo tanto fueron cómplices del atentado.
Zubía expresa en la requisitoria fiscal que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (...) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento, con motivaciones ostensibles y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Tanto Zabalza como Leites fueron tupamaros y estuvieron en prisión durante la dictadura.
El fiscal considera que la protesta buscó “impedir el acto” de juramento de Mota y otros 14 jueces. Para ello, se basa, fundamentalmente, en videos y en la declaración del vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, testigo del enfrentamiento de los activistas con la Policía. “Estaban en la posición extrema de que no solo no iban a abandonar el lugar, sino que iban a impedir el juramento”, declaró Oxandabarat ante la jueza Gabriela Merialdo.
El fiscal destaca que de las declaraciones de los ministros de la SCJ surge que los “altercados, gritos, insultos e incidentes con efectivos policiales impidieron el desarrollo de la ceremonia”. Y agrega que el procedimiento policial se desarrolló “en forma muy profesional”.
---------- Mensaje reenviado ----------
De: ASAMBLEA del CALLEJON <asambleadelcallejon@adinet.
Fecha: 19 de septiembre de 2013 12:06
Asunto: Hoy jueves 19 de setiembre 13.30 hs calle misiones y 25 de mayo 3- varias vecinas y vecinos amenazados con ser procesados injustamente
Para: ASAMBLEA del CALLEJON <asambleadelcallejon@adinet.
jueves 19 de setiembre 13.30 hs calle misiones y 25 de mayo - varias vecinas y vecinos amenazados con ser procesados injustamente
Queriendo salvar la cabeza, a veces rifamos todo.
La indiferencia colectiva por miedo es una de las formas de suicidio popular.
El fiscal Zubía quiere procesarnos
Este jueves 19 el Instituto de Colonización entrega al compañero Ney Thedy el predio y los animales que le adjudicaron. Es el fruto de su porfiada lucha, de su voluntad de no dejarse avasallar por el poder político y del apoyo de un montón de gente que no se dejó amilanar con las reiteradas maniobras y rechazos. Es también el momento de recordar a Helios Sarthou y el amor a la justicia social que caracterizó toda su trayectoria.
A las dos de la mañana partíamos con Veronika hacia Bella Unión, en un ómnibus lleno de compañeros y compañeras. La idea era dar un abrazo a don Ney y sus hijos, así como pasar una jornada de camaradería en el sindicato UTAA, pero el hombre propone y el Fiscal Gustavo Zubía dispone. El tipo pidió el procesamiento con prisión de Patricia Borda, Irma Leites, Eduardo Jaume, Diego Jaume, Álvaro Jaume, Aníbal Varela y Jorge Zabalza.
La Doctora Merialdo, jueza de la causa iniciada por mandato de la Suprema Corte de In-justicia, fijó la audiencia para las 14 horas de ese mismo jueves 19. No nos queda más remedio que pedir disculpas a la familia Thedy y al sindicato UTAA, pero no podremos estar presente en el momento que se concrete una de los poquísimos momentos gratos de la época.
Abrazos fraternos para todas y todos
Veronika Engler
Jorge Zabalza
17 de septiembre de 2013
Docentes de UTU paran en apoyo a los siete detenidos por los incidentes en la SCJ
No darán clases de tarde y posiblemente tampoco de noche
+ - 19.09.2013, 14:50 hs
- ACTUALIZADO 16:24
Texto: El Observador
Según dijo a El Observador el vocero de Afutu, Ruben Figueroa, los funcionarios paran para apoyar a los implicados, entre ellos a Álvaro Jaume, quien forma parte del sindicato. Por este motivo, no habrá clases de Utu en el turno de la tarde, y si la audiencia se extiende, tampoco se dictarán los cursos de la noche. “Nos vamos a reintegrar si esta instancia se termina, si los compañeros están hasta las diez de la noche paralizaremos hasta el nocturno. En ese caso se estaría perdiendo todo el turno de la tarde y el turno de la noche. Pero el turno de la tarde se pierde seguro”, explicó.
“Vamos a acompañar a nuestros compañeros. Como sindicato no podemos estar ajenos y menos en una instancia donde estos siete mencionados por la prensa no tienen el mismo tratamiento que los delincuentes primarios, que les dan solo las iniciales. Se los nombran con nombre y apellido”, agregó Figueroa. Asimismo, el dirigente manifestó que no considera que las medidas pedidas por la fiscal sean las apropiadas, puesto que los implicados “defendían los derechos humanos”, al apoyar a la jueza Mariana Mota.“Eso no es un delito capital como para que procesen a nadie”, aseveró.
Por su parte, la pérdida de clases no es preocupación para el sindicato, ya que según manifestó Figueroa, esta semana se está dando “bastante irregularidad” en la asistencia. Además, “el Codicen ya postergó dos semanas la finalización de los cursos para recuperar las clases”.
A su vez, el secretario general de Afutu Mario Siragusa expresó a El Observador que se hace un paro general en Montevideo “para apoyar a Álvaro Jaume”, integrante del sindicato.
Los docentes de Ades también se unieron a la concentración frente al juzgado desde las 13 horas, aunque, según informó el presidente del sindicato, Julio Moreira, “se asegura e funcionamiento normal de las clases” en secundaria. De todos modos, el gremio afirmó que evaluará la posibilidad de tomar medidas en caso de que se efectúen los procesamientos que pidió la fiscal.
En febrero de este año, cientos de activistas ocuparon la sede de la SCJ para reclamar por el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil. El fiscal Zubía pidió procesamiento con prisión para Jorge Zabalza, Irma Leites, Patricia Borda y Álvaro Jaume por atentado agravado. En tanto, solicitó procesamiento sin prisión para Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y Aníbal Varela (dirigente de Adeom).
Los 7 activistas para los que se pidió procesamiento declaran hoy a las 13.30 hs
Indagados ven pedido fiscal como "político"; presionan a la Justicia
Los siete acusados por la ocupación de la
SCJ en apoyo a la jueza Mota comparecerán hoy ante la Justicia. Los
implicados sostienen que es una causa "política" y denuncian que el
fiscal Gustavo Zubía actuó acatando criterios del gobierno.
Los acusados por el fiscal Zubía deberán presentarse hoy ante la jueza Merialdo. Foto: Julio Barcelos
Pablo Melendrez El País uy
"Esto es una causa política, no es una causa
judicial. El que quiera transformar esto en un tema judicial es un
mentiroso, un tramposo y tiene una intencionalidad absoluta que sí puede
ser un delito".
Con esa frase resumió la situación el abogado Juan Fagúndez, defensor del exguerrillero Jorge Zabalza y de Álvaro y Diego Jaume, tres de los siete acusados por la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del pasado 15 de febrero en rechazo al traslado de la magistrada Mariana Mota (que tramitaba la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura) de una sede penal a un juzgado civil.
El lunes, el fiscal Gustavo Zubía pidió los procesamientos con prisión de Zabalza, Álvaro Jaume, la líder de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites y la activista y docente Patricia Borda por el delito de "atentado agravado". Y sin prisión solicitó imputar a los hermanos Diego y Eduardo Jaume y al secretario general del gremio de funcionarios municipales (Adeom), Aníbal Varela (ver aparte).
La jueza Gabriela Merialdo citó a los implicados para hoy jueves a las 13.30 para realizar las audiencias ratificatorias, aunque se estima que la magistrada diferirá la resolución para los próximos días.
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocan a manifestarse frente al juzgado de la calle Misiones casi 25 de Mayo, por lo que habrá importantes alteraciones en el tránsito en esa zona de la Ciudad Vieja.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".
La central sindical señaló que "gran parte de la sociedad uruguaya entendió injustificado el traslado de la jueza Mota" y por esa razón sostuvo que "sería deseable que la jueza Gabriela Merialdo desestime el pedido de procesamiento por parte del fiscal".
El abogado adelantó que si la jueza Merialdo finalmente dicta los procesamientos, los implicados llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Si el Poder Judicial no ampara a estas personas frente a este ataque del Ejecutivo, van a tener que agotarse otras instancia más a nivel internacional", señaló el penalista.
Fagúndez acusó a Zubía de manipular las pruebas para llegar a un dictamen acusatorio. "Un fiscal no puede mentir, ocultar o tergiversar los hechos para que le encuadre una acusación. Eso sí puede ser delito y será otra de las etapas de la estrategia de defensa", expresó el abogado en una conferencia de prensa realizada ayer por la tarde en la sede de Adeom.
Por otro lado, Fagúndez dijo que en su momento la SCJ denunció otros delitos específicos en relación a los cuales el fiscal Zubía no se pronunció, cosa que "puede ser otro problema", porque puede dar lugar a una denuncia de simulación de delito o calumnias, advirtió.
Consultado sobre si el hecho de que la denuncia haya sido formulada por la SCJ puede implicar una presión para la jueza Merialdo, Fagúndez respondió: "La Suprema Corte es la que determina el destino de todos los jueces de este país y en algunos casos se necesita la venia del Parlamento. Para bajar de categoría a los jueces no se necesita la venia del Parlamento. ¿Contesté la pregunta?".
Zabalza, por su parte, sostuvo que el Poder Ejecutivo propició "un clima de impunidad" y fue en ese marco que el fiscal Zubía "que tiene una visión propia del terrorismo de Estado" se encontró "en libertad para ensañarse con aquellos que siguen defendiendo la verdad y la Justicia".
Leites relacionó el pedido del fiscal Zubía con las recientes acciones de la Policía infiltrando agentes en la movilización del 14 de agosto y realizando detenciones preventivas en la marcha del 24 de agosto.
Y Varela, en el mismo sentido, sostuvo que el caso evidencia que "cada luchador social barrial o sindical va a ser remitido si protesta o grita alguna cosa que no le guste a los mandamás de este país".
Salle comentó a El País que el pedido se basa en que la requisitoria del fiscal relata que Oxandabarat buscó dialogar y negociar con los manifestantes, pero un testigo (que está dispuesto a ir a un careo) asegura que el portavoz oficial del Poder Judicial "no habló sino que intentó cerrar las puertas de la Suprema Corte de Justicia, un edificio público y de libre acceso y especialmente cuando se va a realizar un acto público".
El dictamen del fiscal Gustavo Zubía señala que "del cúmulo probatorio" surge "claramente" que Irma Leites, Jorge Zabalza, Patricia Borda y Álvaro Jaume Bockino "actuaron claramente en calidad de instigadores" e incluso tuvieron "participación material en la ejecución". En tal sentido, Zubía menciona "manifestaciones y acciones públicas" de Leites y Zabalza "tendientes a cuestionar o impedir lisa y llanamente el acto". En el caso de Borda señala sus "permanentes manifestaciones a viva voz" y en relación a Jaume Bockino el fiscal menciona que "procuraba exteriorizar su `bronca digna`". Por eso, Zubía pidió que Leites, Zabalza, Borda y Jaume Bockino sean procesados "con medidas privativas de libertad" por el delito de "atentado agravado", que prevé una pena de entre tres meses y tres años de prisión.
2. Sin prisión por el "impulso"
El fiscal Zubía pidió que otros tres indagados (Diego y Eduardo Jaume y Aníbal Varela) sean procesados sin prisión porque entiende que su accionar fue "a partir del impulso multitudinario y de los instigadores". Específicamente el fiscal aclara que no pide la responsabilidad de los fotógrafos Iván Franco y Santiago Mazzarovich ni del dirigente del sindicato de Funcionarios Judiciales Gustavo Signorelle, que también estaban siendo indagados en el marco de la causa.
3. Los videos, un elemento clave
"De la observación de los numerosos videos que lucen en autos y que se separaron con referencia a las personas indagadas, se pueden observar en varios casos diferentes conductas materiales así como expresiones de intenciones impidentes en referencia a la ceremonia de traslado de la Dra. Mariana Mota que poseen notoria trascendencia penal", dice el dictamen de Zubía.
4. Acción policial "ponderada"
Al analizar el proceder de la Policía, el representante del Ministerio Público y Fiscal sostiene que "debe resaltarse la ponderada acción policial, que pese a las provocaciones reiteradas de los manifestantes allí presentes se mantuvo dentro de los límites más acotados".
5. No detener evitó más problemas
Zubía señala que en la sede de la Suprema Corte de Justicia, además de los manifestantes contra el traslado de la jueza Mota, había familiares de otros jueces que también eran trasladados o ascendidos. Por eso, destacó el criterio de la jueza Gabriela Merialdo de no realizar detenciones en el momento, lo que permitió un operativo policial "sin tener que lamentar otras consecuencias".
"Al hacer un recuento histórico de esta manifestación política, Ramonet recordó la temprana vinculación entre fascismo y prensa: así por ejemplo, el dictador italiano Benito Mussolini -creador de esta vertiente ideológica- utilizaba su periódico para movilizar masas y crear masas antiprogresistas, precisó.
Más tarde, los nazis en Alemania -con Adolph Hitler, gran admirador de Mussolini- desarrollaron un sistema mediático, donde destacó la propaganda con un ministro como Joseph Goebbels que utilizaba a los medios para manipular a las masas.
Sobre ese punto, el catedrático español recordó que ya desde sus orígenes "la comunicación y la manipulación de la misma constituyó una de las especialidades del fascismo"."
La transmutación del fascismo: la matriz mediática
Por Jorge Hernández Álvarez*
Caracas (PL) El fascismo posee varias facetas y muta acorde con las épocas hacia nuevas formas de dominación como la referente a los medios de comunicación masivos, presentes en los más recientes intentos de desestabilización promovidos por la derecha contra gobiernos progresistas en América Latina.
Participantes del I Encuentro Internacional Antifascista, convocado en Caracas a 40 años del Golpe de Estado en Chile, pusieron al descubierto que en este proceso de transmutación experimentado por el fascismo desde su creación en las primeras décadas del siglo XX, una de sus caras más relevantes en la actualidad deriva de su matriz mediática.
De acuerdo con el periodista y catedrático español Ignacio Ramonet, el rol de los medios de comunicación en los golpes de Estado ejecutados en Latinoamérica, evidencian la manipulación como una de las especialidades del fascismo, así como la fascinación por el control de los medios.
Al hacer un recuento histórico de esta manifestación política, Ramonet recordó la temprana vinculación entre fascismo y prensa: así por ejemplo, el dictador italiano Benito Mussolini -creador de esta vertiente ideológica- utilizaba su periódico para movilizar masas y crear masas antiprogresistas, precisó.
Más tarde, los nazis en Alemania -con Adolph Hitler, gran admirador de Mussolini- desarrollaron un sistema mediático, donde destacó la propaganda con un ministro como Joseph Goebbels que utilizaba a los medios para manipular a las masas.
Sobre ese punto, el catedrático español recordó que ya desde sus orígenes "la comunicación y la manipulación de la misma constituyó una de las especialidades del fascismo".
No obstante, a diferencia de Europa donde -según Ramonet- los medios eran impulsados históricamente por el Estado, en América Latina por tradición estadounidense estos se desarrollaron a partir de iniciativas y capital privado.
Por ello, ese carácter privado será característico de la guerra mediática a la que asistimos desde hace 40 años, que comenzó con el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende y no ha terminado, dijo el periodista.
Como demostración más reciente de sus argumentos citó la campaña mediática que contribuyó en 2009 al derrocamiento del mandatario hondureño, Manuel Zelaya, o el caso de Paraguay y el golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo, en 2012.
En todo este período la prensa devino expresión de las oligarquías que ya dominaban estos países, con todos sus recursos como la tierra, el comercio, la banca y hasta el mismo poder, explicó el catedrático al recordar la posesión de los medios de comunicación de masas por tales clases como elemento de propaganda de sus propias ambiciones.
De ahí que veamos -especificó- una América Latina donde los medios de grupos de comunicación privados se jactan de haber hecho y deshecho gobiernos, puesto y depuesto presidentes, y que forman parte del poder tradicional, de las oligarquías y burguesías que se consideran dueñas naturales del país.
Así, pareciera normal que la burguesía gobierne porque el país bajo esta visión les pertenece, y por eso cuando la mayoría pobre y explotada accede democráticamente o llega por cualquier circunstancia al poder y aspira a la redistribución de la riqueza mal repartida para reparar la deuda social, entonces este tipo de reparto no se acepta.
Desde ese momento se pone en marcha el mecanismo del golpe: en América Latina ningún gobierno con voluntad de cambio social -excepto Cuba desde 1959- consiguió mantenerse en el poder antes del triunfo del presidente Hugo Chávez en Venezuela, explicó Ramonet, al denotar la significación de la Revolución Cubana y Bolivariana para el despertar del continente.
Por su parte, el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, manifestó que el fascismo ha tenido muchas caras: a principios del siglo XX era un fascismo expansionista que invadía, en la década de 1960 y 1970 era un fascismo golpista-militarista, acotó.
Hoy no tiene ni el rostro del invasor ni el rostro de la dictadura militar, hoy tiene otro rostro: que además de la conspiración económica, financiera, incluye la mediática: Es fascismo pero bajo nuevas formas, detalló.
Conocedora de la cara mediática del fascismo, la excanciller hondureña, Patricia Rodas, expresó que esta vertiente política "se transforma en expresiones específicas que se trasladan de ultramar hacia nuestro continente con la intención de aplastar todos los procesos de transición y transformación democrática en curso".
Para tal fin, el fascismo entonces comienza a mutar y a buscar nuevos mecanismos de dominación y de extravío mental que se correspondan a esas nuevas formas de manifestación social que van apareciendo, aseveró en declaraciones a Prensa Latina.
En ese sentido, la exministra de Relaciones Exteriores del derrocado Gobierno de Zelaya hizo notar también la evolución de los métodos del fascismo desde los clásicos golpes militares hacia otras vías desestabilizadoras en la actualidad como la guerra económica y sobre todo en la esfera mediática.
Tal estrategia es explicable si se entiende que con la llegada de nuevos tiempos y transformaciones sociales las armas de agresión fascistas evolucionan y se transforman cuando evolucionan y se transforman los sectores que pretenden agredir, precisó.
De ese modo, cuando vimos la bajada de las dictaduras militares ello no quiso decir que desapareciese la represión y los mecanismos de persecución, sino que esta se transformó en otras formas como la manipulación mediática, denunció.
Es así que comenzamos a recibir noticias y realidades deformadas y se empezó a inyectar prejuicios a ciudadanos de una misma sociedad que padecemos los mismos males y se profundizó en la estigmatización de lo que es diferente o de propuestas novedosas, agregó.
Incluso la política de difamación, mentira y engaño se convierte en una cultura del odio, todo eso a través de los medios de comunicación con sus respectivos mecanismos de formación de conciencia para mantener bajo su dominio del terror a sectores importantes de la población, expresó Rodas.
Añadió que la estrategia del terrorismo mediático pretende la división y desintegración social mediante el odio: "con ello se aspira a destruir ese tejido que fundamentó los Estados Nación y la necesidad de integrarnos no sólo como sociedad sino con el otro, y de reconocernos en las luchas de un continente y de nuestros próceres".
No obstante, frente a ese mal actualmente se lucha por la integración de nuestras patrias latinoamericanas, para lograr una forma de asociación continental que no sea excluyente y permita la eliminación del prejuicio y del temor como base fundadora de las grandes contradicciones que amenazan el siglo XXI, afirmó.
Al respecto, consideró vital la solidaridad continental entre los pueblos pues sólo así se podrá enfrentar con éxito al fascismo en cualquier lado que este se encuentre, acotó.
*Corresponsal de Prensa Latina en Venezuela
Con esa frase resumió la situación el abogado Juan Fagúndez, defensor del exguerrillero Jorge Zabalza y de Álvaro y Diego Jaume, tres de los siete acusados por la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del pasado 15 de febrero en rechazo al traslado de la magistrada Mariana Mota (que tramitaba la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura) de una sede penal a un juzgado civil.
El lunes, el fiscal Gustavo Zubía pidió los procesamientos con prisión de Zabalza, Álvaro Jaume, la líder de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites y la activista y docente Patricia Borda por el delito de "atentado agravado". Y sin prisión solicitó imputar a los hermanos Diego y Eduardo Jaume y al secretario general del gremio de funcionarios municipales (Adeom), Aníbal Varela (ver aparte).
La jueza Gabriela Merialdo citó a los implicados para hoy jueves a las 13.30 para realizar las audiencias ratificatorias, aunque se estima que la magistrada diferirá la resolución para los próximos días.
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocan a manifestarse frente al juzgado de la calle Misiones casi 25 de Mayo, por lo que habrá importantes alteraciones en el tránsito en esa zona de la Ciudad Vieja.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".
La central sindical señaló que "gran parte de la sociedad uruguaya entendió injustificado el traslado de la jueza Mota" y por esa razón sostuvo que "sería deseable que la jueza Gabriela Merialdo desestime el pedido de procesamiento por parte del fiscal".
ESTRATEGIA.
Fagúndez, defensor de Zabalza y de Álvaro y Diego Jaume, dijo que es "absurdo" identificar a siete personas (de las más de 300 que estuvieron presentes en la ocupación de la sede de la SCJ) en base a filmaciones "editadas".El abogado adelantó que si la jueza Merialdo finalmente dicta los procesamientos, los implicados llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Si el Poder Judicial no ampara a estas personas frente a este ataque del Ejecutivo, van a tener que agotarse otras instancia más a nivel internacional", señaló el penalista.
Fagúndez acusó a Zubía de manipular las pruebas para llegar a un dictamen acusatorio. "Un fiscal no puede mentir, ocultar o tergiversar los hechos para que le encuadre una acusación. Eso sí puede ser delito y será otra de las etapas de la estrategia de defensa", expresó el abogado en una conferencia de prensa realizada ayer por la tarde en la sede de Adeom.
Por otro lado, Fagúndez dijo que en su momento la SCJ denunció otros delitos específicos en relación a los cuales el fiscal Zubía no se pronunció, cosa que "puede ser otro problema", porque puede dar lugar a una denuncia de simulación de delito o calumnias, advirtió.
Consultado sobre si el hecho de que la denuncia haya sido formulada por la SCJ puede implicar una presión para la jueza Merialdo, Fagúndez respondió: "La Suprema Corte es la que determina el destino de todos los jueces de este país y en algunos casos se necesita la venia del Parlamento. Para bajar de categoría a los jueces no se necesita la venia del Parlamento. ¿Contesté la pregunta?".
Zabalza, por su parte, sostuvo que el Poder Ejecutivo propició "un clima de impunidad" y fue en ese marco que el fiscal Zubía "que tiene una visión propia del terrorismo de Estado" se encontró "en libertad para ensañarse con aquellos que siguen defendiendo la verdad y la Justicia".
Leites relacionó el pedido del fiscal Zubía con las recientes acciones de la Policía infiltrando agentes en la movilización del 14 de agosto y realizando detenciones preventivas en la marcha del 24 de agosto.
Y Varela, en el mismo sentido, sostuvo que el caso evidencia que "cada luchador social barrial o sindical va a ser remitido si protesta o grita alguna cosa que no le guste a los mandamás de este país".
CAREO.
Por otro lado, el abogado de Leites, Gustavo Salle, pidió ayer la suspensión de la audiencia en relación a su representada y la citación del vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat.Salle comentó a El País que el pedido se basa en que la requisitoria del fiscal relata que Oxandabarat buscó dialogar y negociar con los manifestantes, pero un testigo (que está dispuesto a ir a un careo) asegura que el portavoz oficial del Poder Judicial "no habló sino que intentó cerrar las puertas de la Suprema Corte de Justicia, un edificio público y de libre acceso y especialmente cuando se va a realizar un acto público".
La vista del fiscal Zubía
1. Prisión para los "instigadores"El dictamen del fiscal Gustavo Zubía señala que "del cúmulo probatorio" surge "claramente" que Irma Leites, Jorge Zabalza, Patricia Borda y Álvaro Jaume Bockino "actuaron claramente en calidad de instigadores" e incluso tuvieron "participación material en la ejecución". En tal sentido, Zubía menciona "manifestaciones y acciones públicas" de Leites y Zabalza "tendientes a cuestionar o impedir lisa y llanamente el acto". En el caso de Borda señala sus "permanentes manifestaciones a viva voz" y en relación a Jaume Bockino el fiscal menciona que "procuraba exteriorizar su `bronca digna`". Por eso, Zubía pidió que Leites, Zabalza, Borda y Jaume Bockino sean procesados "con medidas privativas de libertad" por el delito de "atentado agravado", que prevé una pena de entre tres meses y tres años de prisión.
2. Sin prisión por el "impulso"
El fiscal Zubía pidió que otros tres indagados (Diego y Eduardo Jaume y Aníbal Varela) sean procesados sin prisión porque entiende que su accionar fue "a partir del impulso multitudinario y de los instigadores". Específicamente el fiscal aclara que no pide la responsabilidad de los fotógrafos Iván Franco y Santiago Mazzarovich ni del dirigente del sindicato de Funcionarios Judiciales Gustavo Signorelle, que también estaban siendo indagados en el marco de la causa.
3. Los videos, un elemento clave
"De la observación de los numerosos videos que lucen en autos y que se separaron con referencia a las personas indagadas, se pueden observar en varios casos diferentes conductas materiales así como expresiones de intenciones impidentes en referencia a la ceremonia de traslado de la Dra. Mariana Mota que poseen notoria trascendencia penal", dice el dictamen de Zubía.
4. Acción policial "ponderada"
Al analizar el proceder de la Policía, el representante del Ministerio Público y Fiscal sostiene que "debe resaltarse la ponderada acción policial, que pese a las provocaciones reiteradas de los manifestantes allí presentes se mantuvo dentro de los límites más acotados".
5. No detener evitó más problemas
Zubía señala que en la sede de la Suprema Corte de Justicia, además de los manifestantes contra el traslado de la jueza Mota, había familiares de otros jueces que también eran trasladados o ascendidos. Por eso, destacó el criterio de la jueza Gabriela Merialdo de no realizar detenciones en el momento, lo que permitió un operativo policial "sin tener que lamentar otras consecuencias".
"Al hacer un recuento histórico de esta manifestación política, Ramonet recordó la temprana vinculación entre fascismo y prensa: así por ejemplo, el dictador italiano Benito Mussolini -creador de esta vertiente ideológica- utilizaba su periódico para movilizar masas y crear masas antiprogresistas, precisó.
Más tarde, los nazis en Alemania -con Adolph Hitler, gran admirador de Mussolini- desarrollaron un sistema mediático, donde destacó la propaganda con un ministro como Joseph Goebbels que utilizaba a los medios para manipular a las masas.
Sobre ese punto, el catedrático español recordó que ya desde sus orígenes "la comunicación y la manipulación de la misma constituyó una de las especialidades del fascismo"."
La transmutación del fascismo: la matriz mediática
Por Jorge Hernández Álvarez*
Caracas (PL) El fascismo posee varias facetas y muta acorde con las épocas hacia nuevas formas de dominación como la referente a los medios de comunicación masivos, presentes en los más recientes intentos de desestabilización promovidos por la derecha contra gobiernos progresistas en América Latina.
Participantes del I Encuentro Internacional Antifascista, convocado en Caracas a 40 años del Golpe de Estado en Chile, pusieron al descubierto que en este proceso de transmutación experimentado por el fascismo desde su creación en las primeras décadas del siglo XX, una de sus caras más relevantes en la actualidad deriva de su matriz mediática.
De acuerdo con el periodista y catedrático español Ignacio Ramonet, el rol de los medios de comunicación en los golpes de Estado ejecutados en Latinoamérica, evidencian la manipulación como una de las especialidades del fascismo, así como la fascinación por el control de los medios.
Al hacer un recuento histórico de esta manifestación política, Ramonet recordó la temprana vinculación entre fascismo y prensa: así por ejemplo, el dictador italiano Benito Mussolini -creador de esta vertiente ideológica- utilizaba su periódico para movilizar masas y crear masas antiprogresistas, precisó.
Más tarde, los nazis en Alemania -con Adolph Hitler, gran admirador de Mussolini- desarrollaron un sistema mediático, donde destacó la propaganda con un ministro como Joseph Goebbels que utilizaba a los medios para manipular a las masas.
Sobre ese punto, el catedrático español recordó que ya desde sus orígenes "la comunicación y la manipulación de la misma constituyó una de las especialidades del fascismo".
No obstante, a diferencia de Europa donde -según Ramonet- los medios eran impulsados históricamente por el Estado, en América Latina por tradición estadounidense estos se desarrollaron a partir de iniciativas y capital privado.
Por ello, ese carácter privado será característico de la guerra mediática a la que asistimos desde hace 40 años, que comenzó con el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende y no ha terminado, dijo el periodista.
Como demostración más reciente de sus argumentos citó la campaña mediática que contribuyó en 2009 al derrocamiento del mandatario hondureño, Manuel Zelaya, o el caso de Paraguay y el golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo, en 2012.
En todo este período la prensa devino expresión de las oligarquías que ya dominaban estos países, con todos sus recursos como la tierra, el comercio, la banca y hasta el mismo poder, explicó el catedrático al recordar la posesión de los medios de comunicación de masas por tales clases como elemento de propaganda de sus propias ambiciones.
De ahí que veamos -especificó- una América Latina donde los medios de grupos de comunicación privados se jactan de haber hecho y deshecho gobiernos, puesto y depuesto presidentes, y que forman parte del poder tradicional, de las oligarquías y burguesías que se consideran dueñas naturales del país.
Así, pareciera normal que la burguesía gobierne porque el país bajo esta visión les pertenece, y por eso cuando la mayoría pobre y explotada accede democráticamente o llega por cualquier circunstancia al poder y aspira a la redistribución de la riqueza mal repartida para reparar la deuda social, entonces este tipo de reparto no se acepta.
Desde ese momento se pone en marcha el mecanismo del golpe: en América Latina ningún gobierno con voluntad de cambio social -excepto Cuba desde 1959- consiguió mantenerse en el poder antes del triunfo del presidente Hugo Chávez en Venezuela, explicó Ramonet, al denotar la significación de la Revolución Cubana y Bolivariana para el despertar del continente.
Por su parte, el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, manifestó que el fascismo ha tenido muchas caras: a principios del siglo XX era un fascismo expansionista que invadía, en la década de 1960 y 1970 era un fascismo golpista-militarista, acotó.
Hoy no tiene ni el rostro del invasor ni el rostro de la dictadura militar, hoy tiene otro rostro: que además de la conspiración económica, financiera, incluye la mediática: Es fascismo pero bajo nuevas formas, detalló.
Conocedora de la cara mediática del fascismo, la excanciller hondureña, Patricia Rodas, expresó que esta vertiente política "se transforma en expresiones específicas que se trasladan de ultramar hacia nuestro continente con la intención de aplastar todos los procesos de transición y transformación democrática en curso".
Para tal fin, el fascismo entonces comienza a mutar y a buscar nuevos mecanismos de dominación y de extravío mental que se correspondan a esas nuevas formas de manifestación social que van apareciendo, aseveró en declaraciones a Prensa Latina.
En ese sentido, la exministra de Relaciones Exteriores del derrocado Gobierno de Zelaya hizo notar también la evolución de los métodos del fascismo desde los clásicos golpes militares hacia otras vías desestabilizadoras en la actualidad como la guerra económica y sobre todo en la esfera mediática.
Tal estrategia es explicable si se entiende que con la llegada de nuevos tiempos y transformaciones sociales las armas de agresión fascistas evolucionan y se transforman cuando evolucionan y se transforman los sectores que pretenden agredir, precisó.
De ese modo, cuando vimos la bajada de las dictaduras militares ello no quiso decir que desapareciese la represión y los mecanismos de persecución, sino que esta se transformó en otras formas como la manipulación mediática, denunció.
Es así que comenzamos a recibir noticias y realidades deformadas y se empezó a inyectar prejuicios a ciudadanos de una misma sociedad que padecemos los mismos males y se profundizó en la estigmatización de lo que es diferente o de propuestas novedosas, agregó.
Incluso la política de difamación, mentira y engaño se convierte en una cultura del odio, todo eso a través de los medios de comunicación con sus respectivos mecanismos de formación de conciencia para mantener bajo su dominio del terror a sectores importantes de la población, expresó Rodas.
Añadió que la estrategia del terrorismo mediático pretende la división y desintegración social mediante el odio: "con ello se aspira a destruir ese tejido que fundamentó los Estados Nación y la necesidad de integrarnos no sólo como sociedad sino con el otro, y de reconocernos en las luchas de un continente y de nuestros próceres".
No obstante, frente a ese mal actualmente se lucha por la integración de nuestras patrias latinoamericanas, para lograr una forma de asociación continental que no sea excluyente y permita la eliminación del prejuicio y del temor como base fundadora de las grandes contradicciones que amenazan el siglo XXI, afirmó.
Al respecto, consideró vital la solidaridad continental entre los pueblos pues sólo así se podrá enfrentar con éxito al fascismo en cualquier lado que este se encuentre, acotó.
*Corresponsal de Prensa Latina en Venezuela
Llegaron al juzgado los acusados por la asonada; la Policía los esperó con vallas
La jueza Gabriela Merialdo rechazó el pedido de la defensa de Irma Leites de suspender la audiencia
+ - 19.09.2013, 12:08 hs
- ACTUALIZADO 14:36
Texto: El Observador
Según constató El Observador en el lugar, se impide el paso desde la esquina con 25 de Mayo, y unos metros después de la entrada de la sede judicial.
Los acusados alertaron cuál será su actitud de ahora en más: “No nos van a amedrentar, no nos vamos a detener en la lucha”, dijo el extupamaro Jorge Zabalza.
El abogado Gustavo Salle, defensor de Irma Leites, una de las siete personas a las que el fiscal Gustavo Zubía pidió procesar por el atentado, solicitó suspender la audiencia pero la jueza Gabriela Merialdo rechazó el planteo, dijeron a El Observador fuentes judiciales.
Zubía pidió prisión tambien para el ex tupamaro Jorge Zabalza, el exfutbolista Diego Jaume y la militante Patricia Borda y procesamiento sin prisión para Álvaro y Eduardo Jaume y para el dirigente de Adeom Aníbal Varela.
Esta tarde la jueza escuchará a los defensores y luego resolverá si los procesa. Tiene la posibilidad de fallar hoy mismo pero seguramente lo haga en las próximas 48 horas o en caso de que considere más complejo el tema, puede resolver poner el expediente "en autos para resolución”. En ese caso tiene 45 días para dictar un fallo.
ATAQUE A LA SCJ
Acusados ya están en el juzgado; hay fuertes medidas de seguridad
La entrada del juzgado de la calle
Misiones está vallada al igual que la Suprema Corte de Justicia.
También hay efectivos de la Guardia Republicana en las calles aledañas.
Foto: Eduardo Barreneche
jue sep 19 2013 14:43 El País uy
Desde esta mañana la entrada al juzgado de la
calle Misiones está vallada al igual que la sede de la Suprema Corte de
Justicia. Hay fuertes medidas de seguridad y presencia de la Guardia
Republicana en ambos puntos de Montevideo. Sobre las 13.40 horas empezaron a llegar los siete acusados del atentado contra la Suprema Corte de Justicia del pasado 15 de febrero para presentar sus descargos. Al grito de "se escucha, se escucha, arriba los que luchan" ingresaron a declarar a las 14:18 horas.
La jueza los escuchará y luego resolverá si los procesa como pidió el fiscal. Si bien puede hacerlo hoy se estima que fallará en los próximos días.
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocaron a manifestarse. Frente al juzgado hay unas 150 personas, entre las que se destacan dirigentes sindicales como Joselo López y Luis Martínez de Ades.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".
COFE también emitió un comunicado en el que aseguran que la "movilización que se realizó en la Suprema Corte de Justicia no hizo más que reflejar el sentir de muchos uruguayos, los cuales se sentían indignados por un acto que atacaba directamente los derechos de quienes exigen conocer la verdad".
Nacional - ASONADA
Forcejeos entre la Policía y los manifestantes en el juzgado
Crónica de un mediodía soleado que empezó tranquilo y terminó caldeado. "Ganamos una", dijo una manifestante cuando la policía retrocedió
Texto: El ObservadorMientras los siete acusados por la asonada en la Suprema Corte de Justicia declaraban en el Juzgado de Misiones, en las afueras hubo incidentes entre la Policía y los manifestantes.
Las cosas estaban calmas afuera, cuando una camioneta del Ministerio del Interior pretendió ingresar cruzando la calle 25 de mayo, precisamente en la esquina en donde concentraban los manifestantes que esperaban a los declarantes en el interior del Juzgado.
La camioneta prendió las sirenas pero no logró que las personas se movieran. En lugar de eso, recibió varios gritos y abucheos.
Un policía bajó y pidió con buenos modales que se corrieran para poder ingresar. El ambiente comenzó a subir temperatura, comenzaron a gritar, y algunos a agitar. “Nos están provocando por gusto”, repetía un señor a la multitud.
Ante la negativa de la muchedumbre, los policías que estaban del otro lado del vallado, intentaron hacer un “salvoconducto” para que la camioneta pase. Empujaron a los manifestantes que respondieron con empujones que ocuparon una línea de más de media cuadra.
Como los manifestantes resistieron la policía retrocedió. El dirigente de COFE, Joselo López, el también dirigente Martín Pereira de la FFSP, fue otro de los que estuvo frente a frente con la Policía.
“Ganamos una”, dijo una de las manifestantes cuando la Policía retrocedió.
La dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, salió del juzgado y habló con la prensa. Dijo que se siente “orgullosa de que se mantenga viva la memoria de la resistencia”. “No fuimos siete, sino toda esta gente y mucha más la que está contra la muralla de impunidad”, agregó. Su hija, que la esperaba afuera le contó el episodio vivido con la Policía. “Están buscando todas las excusas para reprimirnos”, le respondió.
A las doce del mediodía de este jueves los autos todavía circulaban con tranquilidad en la cuadra que va de 25 de mayo a Cerrito sobre la calle Misiones. Apenas dos fotógrafos y un movil de televisión estaban presentes.
Un oficial le comunicó a El Observador que en minutos cerrarían la calle y que preveían que se cerraría tanto para vehículos como para peatones. Un rectángulo de vallas se armó alrededor de la puerta del juzgado dejando solo la vereda de en frente para que peatones, manifestantes y prensa observen la llegada de los siete que participaron de la asonada en la Suprema Corte de Justicia.
Más de 40 oficiales de Policía participaron del operativo, que tuvo desde que empezó hasta que efectivamente hubo disturbios, el rumor en el aire de que “podía armarse lío”.
Los manifestantes se fueron acumulando en la esquina de Misiones y 25 de mayo. Rita, una de ellos, le dijo a El Observador que estaba ahí porque ella quería, por justicia. Dijo no poder creer cómo habían elegido a dedo a las personas que querían procesar, “de entre las cientos de personas que estaban en la Suprema Corte”.
El vallado se hizo sellado y más hermético a medida que más personas fueron llegando. También llegaron las autoridades, el fiscal del caso, Gustavo Zubía, que entró por la apertura del vallado del lado de Cerrito, fue detenido al entrar y tuvo que explicarle al policía de la puerta que él era el fiscal y que lo tenía que dejar pasar.
Por el otro lado, sobre 25 de mayo, las personas que superaron las dos centenas, forzaron que se cierre también esa calle. Los siete radicales fueron recibidos como estrellas, con mensajes de apoyo, abrazos y besos de parte de los presentes.
Una de los ingredientes del operativo que más molestó a los manifestantes, fue que la Policía contó con un camarógrafo y un fotógrafo que permanentemente filmó y fotografió a los que participaron de la concentración. Recibieron todo tipo de insulto, haciendo referencia especialmente a que al filmarlos, están violando sus derechos.
Álvaro Jaume habló con los medios de prensa y dijo que lo que los siete iban a denunciar es que estaban siendo víctimas de una acusación política. Y que desde esa postura mantendrían su defensa.
Por su parte, Zabalza hizo hincapié que lo que les estaba sucediendo era una señal más del “retroceso” que Uruguay está viviendo en materia de Justicia y Derechos Humanos.
Irma Leites se encontró con Patricia Borda y dijo en voz alta: “ella va a ser mi compañera de celda”. Borda respondió un poco asustada: “La verdad que espero que eso no pase”.
La líder de Plenaria, Memoria y Justicia le dijo a El Observador que estaba tranquila, y que la manifestación demostraba que “la memoria está viva”.
“Que se intranquilicen los que hacen este tipo de cosas. La muralla de la impunidad se tiene que inquietar hoy”, estableció. Además dijo no estar nerviosa y que ante el peor escenario, que sería la prisión, señaló que eso significaría “que no se siga avanzando en la verdad y la justicia y que no se trabaje contra la impunidad; que el Poder Judicial sea parte de esa muralla de la impunidad”.
Finalmente, Juan Fagúndez, el abogado defensor de Zabalza y los Jaume, le dijo a El Observador que lo que alegarían sería que lo sucedido es una respuesta de política social, “respondió a una defensa de la sociedad por un hecho político en defensa de causas de derechos humanos”.
Además dijo que “calcula” que la jueza Merialdo “se va a tomar unos días para decidir, aunque puede decidir hoy”.
A las 14:15, los abogados decidieron que era hora de entrar y así se lo indicaron a sus clientes. Cuando los manifestantes vieron que se procedía a hacer esto, comenzaron a aplaudir y a cantar: “¡Represión fascista, gobierno progresista!” y “¡Se escucha, se escucha, arriba los que luchan!”
ATAQUE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Declararon indagados por ataque a la SCJ
La entrada del juzgado de la calle
Misiones está vallada al igual que la Suprema Corte de Justicia. Minutos
después del ingreso de los acusados a la sede se dio un forcejeo entre
manifestantes y la Policía.
jue sep 19 2013 19:21 El País uy
Desde esta mañana la entrada al juzgado de la
calle Misiones está vallada al igual que la sede de la Suprema Corte de
Justicia. Hay fuertes medidas de seguridad y presencia de la Guardia
Republicana en ambos puntos de Montevideo.
Sobre las 13:40 horas comenzaron a llegar los siete acusados del atentado contra la Suprema Corte de Justicia del pasado 15 de febrero para presentar sus descargos.
Al grito de "se escucha, se escucha, arriba los que luchan" ingresaron a declarar a las 14:18 horas. Minutos después y por el pasaje de una camioneta del Ministerio del Interior se dio un forcejeo entre manifestantes y la Policía que duro pocos minutos ya que el vehículo retrocedió.
La jueza escuchará a los acusados y luego resolverá si los procesa como pidió el fiscal. Si bien puede hacerlo hoy se estima que fallará en los próximos días.
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocaron a manifestarse. Frente al juzgado llegó a haber unas 150 personas, entre las que se destacan dirigentes sindicales como Joselo López y Luis Martínez de Ades.
Hacia las 18 horas solo quedaban dentro de las instalaciones Irma Leites y Patricia Borda, dos de los siete indagados. La jueza espera por la revisión de los videos. A esa hora quedaban 80 personas en las cercanías del juzgado.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".
COFE también emitió un comunicado en el que aseguran que la "movilización que se realizó en la Suprema Corte de Justicia no hizo más que reflejar el sentir de muchos uruguayos, los cuales se sentían indignados por un acto que atacaba directamente los derechos de quienes exigen conocer la verdad".
Sobre las 13:40 horas comenzaron a llegar los siete acusados del atentado contra la Suprema Corte de Justicia del pasado 15 de febrero para presentar sus descargos.
Al grito de "se escucha, se escucha, arriba los que luchan" ingresaron a declarar a las 14:18 horas. Minutos después y por el pasaje de una camioneta del Ministerio del Interior se dio un forcejeo entre manifestantes y la Policía que duro pocos minutos ya que el vehículo retrocedió.
La jueza escuchará a los acusados y luego resolverá si los procesa como pidió el fiscal. Si bien puede hacerlo hoy se estima que fallará en los próximos días.
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocaron a manifestarse. Frente al juzgado llegó a haber unas 150 personas, entre las que se destacan dirigentes sindicales como Joselo López y Luis Martínez de Ades.
Hacia las 18 horas solo quedaban dentro de las instalaciones Irma Leites y Patricia Borda, dos de los siete indagados. La jueza espera por la revisión de los videos. A esa hora quedaban 80 personas en las cercanías del juzgado.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".
COFE también emitió un comunicado en el que aseguran que la "movilización que se realizó en la Suprema Corte de Justicia no hizo más que reflejar el sentir de muchos uruguayos, los cuales se sentían indignados por un acto que atacaba directamente los derechos de quienes exigen conocer la verdad".
Ahora, la jueza tiene un plazo de 45 días corridos para resolver si hace lugar o no a los pedidos de procesamiento.
Sin decisión por ocupación de SCJ
En la lucha
19.09.2013 18:52
La jueza Gabriela Merialdo se tomará 45 días más para decidir si hace lugar al pedido de procesamiento contra Irma Leites, Jorge Zabalza y los otros activistas acusados por la ocupación de la Suprema Corte. A la salida del juzgado, Zabalza afirmó que la acusación busca “desalentar la lucha por los Derechos Humanos”.
La jueza Gabriela Merialdo utilizará el plazo de 45 días del que dispone para tomar una resolución sobre las acusaciones que pesan sobre la líder de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, el ex tupamaro Jorge Zabalza, el dirigente de ADEOM Aníbal Varela y la dirigente de ADES Patricia Borda, entre otros participantes de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, en oportunidad de la ceremonia de traslado de la jueza Mariana Mota.
Tras varias horas dentro de la sede judicial, Zabalza explicó que se trató de una instancia en la que los abogados de los acusados presentaron ante la jueza sus alegatos sobre la vista fiscal. En declaraciones recogidas por Radio Sarandí, Zabalza confirmó que Merialdo "comunicó que tiene un plazo de 45 días para estudiar el caso con mayor detenimiento, dado que no son los problemas habituales que llegan a un juzgado penal; esto tiene más connotaciones filosóficas o que hacen a la Filosofía del Derecho".
El ex tupamaro informó que su defensa, representada por el abogado Juan Fagúndez, se basó en que con la acusación "se está judicializando la protesta social, hay una intencionalidad política de la vista fiscal de desalentar la lucha por los Derechos Humanos".
En ese sentido, agregó que el "se ha utilizado a estos siete compañeros como vehículo para escarmentar a los demás", asegurando que "de la misma forma en que nos acusa a nosotros siete podría haber acusado a cualquiera de los 150 que estuvieron ahí, con los mismo argumentos". Según Zabalza, el fiscal se limitó a "elegir" a los siete acusados porque "sino el delito iba a tener que ser sedición, y acusar a 150 personas por sedición conlleva una cuestión política grave".
Consultado sobre lo ocurrido el día de la manifestación, el ex tupamaro sostuvo que los incidentes "surgieron a raíz de la entrada de ocho coraceros armados con escudos, palo y casco, que irrumpieron cuando todavía no habíamos entrado y cerraron la sala en la que se iba a hacer la ceremonia" y añadió que "en esa irrupción golpearon gente".
En el mismo sentido, afirmó que momentos después hubo "otro cordón policial" que "pretendió dividir a los que estábamos ahí". En el marco de esa operación, volvieron a producirse incidentes en los que "a mí me empujan por la escalera para abajo".
"En ningún momento hubo contacto directo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto en ningún momento hubo dolo que implicara la intencionalidad de interrumpir la ceremonia", consideró. Para Zabalza, los ministros decidieron retrasar la ceremonia porque "no les gusta el olor a pueblo, no les gustó que hubiera aplausos y gritos".
La jornada
La audiencia se realizó en los juzgados de la calle Misiones, y allí se concentró un nutrido grupo de la organización Plenaria Memoria y Justicia, bajo el lema "Decimos no. A frenar la impunidad, a rodear a los compañeros. Tocan a uno, tocan a todos".
Consultada por Montevideo Portal antes de ingresar al juzgado, Leites consideró que "es una arremetida más de una represión judicializada en este caso. Un tema absolutamente político que tiene que ver con la impunidad y con luchadores sociales. Gente que no negoció con este gobierno y una persecución, en nuestro caso, desde hace mucho tiempo. Se está cerrando un cerco que de alguna manera se orquesta hace tiempo. Esperemos a ver que responde la Justicia".
"Evidentemente nos enfrentamos a lo que en su momento declaró Ruibal Pino. Eso de ´la muralla de la impunidad´. Tal cual dicen varios abogados, estamos en el último recurso que tenemos como gente común y corriente, que defiende el derecho de protestar. Seguramente tenga repercusiones, ya que si el Poder Judicial no nos defiende y nos acusa, vamos a tener que recurrir a organismos internacionales", señaló Leites en la mañana.
Al momento de ingresar al juzgado, Leites dijo a Montevideo Portal que vive el momento "con mucha tranquilidad, igual que cuando entramos a la Suprema Corte de Justicia, mucha tranquilidad". Su abogado, Gustavo Salle, pidió la suspensión de la instancia judicial, pero fue desestimada.
Sin embargo, el pedido de Salle no fue aceptado por la jueza Gabriela Merialdo no aceptó el pedido y la sesión se realizó de todas maneras. En ese marco, Salle solicitó que la magistrada, el fiscal y todos los implicados observaran el video "en bruto" de lo sucedido el día de los hechos, ya que entiende que las imágenes que habían visto en anteriores citaciones estaban "editadas".
Varias organizaciones dieron su apoyo
La comparecencia motivó que varias organizaciones sociales se concentrarán en los alrededores del juzgado para manifestar su apoyo a los indagados. Entre ellos, se hicieron presente integrantes de la propia Plenaria Memoria y Justicia, de COFE, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos.
Entre los presentes estaba el secretario general de COFE Joselo López, quien dijo a Montevideo Portal que "lo que está pasando nos parece aberrante". Según el dirigente, "todos estamos en la misma y no puede ser que por protestar a la gente se la quiera meter en cana".
Ingreso de vehículo policial provocó empujones
La presencia de varias organizaciones cerca del juzgado no impidió que la jornada se desarrollara en forma tranquila. Sin embargo, el ingreso de un vehículo policial generó, en un momento puntual, algunos empujones, según pudo ver Montevideo Portal.
En efecto, una camioneta policial intentó ingresar al juzgado atravesando la zona en que los manifestantes estaban concentrados. Fue allí cuando se generaron algunos empujones, ya que los activistas pretendían no moverse para permitir el paso del vehículo.
Montevideo Portal
Declararon indagados por disturbios en SCJ
El Espectador 19.09.2013 | 19.49
Los acusados de causar la asonada del pasado mes de febrero, cuando la jueza Mariana Mota juró ante los ministros para pasar del juzgado penal a uno civil, declararon ante la jueza Gabriela Merialdo.
Los acusados de causar la asonada del pasado mes de febrero, cuando la jueza Mariana Mota juró ante los ministros para pasar del juzgado penal a uno civil, declararon ante la jueza Gabriela Merialdo.
Merialdo se tomará los 45 días con los que cuenta para tomar una decisión al respecto de las acusaciones que caen sobre la integrante de la Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites; el exguerillero tupamaro Jorge Zabalza; el integrante de la Asamblea Nacional Permanente por la defensa de la tierra y los bienes naturales Álvaro Jaume; y la profesora Patricia Borda, entre otros.
Luego de varias horas de declaración, Zabalza dijo a Radio Sarandí que fue una instancia en la que los abogados de los imputados presentaron los descargos ante la jueza y el fiscal.
En declaraciones recogidas por Radio Sarandí, Zabalza confirmó que Merialdo "comunicó que tiene un plazo de 45 días para estudiar el caso con mayor detenimiento, dado que no son los problemas habituales que llegan a un juzgado penal; esto tiene más connotaciones filosóficas o que hacen a la Filosofía del Derecho".
Zabalza dijo que su abogado –y de todos los acusados-, Juan Fagúndez, respaldó su defensa en que la acusación “se está judicializando la protesta social, hay una intencionalidad política de la vista fiscal de desalentar la lucha por los Derechos Humanos".
Además, dijo que “se ha utilizado a estos siete compañeros como vehículo para escarmentar a los demás”. Para el extupamaro, el fiscal Gustavo Zubía –quien pidió procesar por el incidente ocurrido el 15 de febrero- se restringió a seleccionar siete acusados, ya que “sino el delito iba a tener que ser sedición, y acusar a 150 personas por sedición conlleva una cuestión política grave".
Sobre lo que sucedió el día de la manifestación, Zabalza dijo que los incidentes "surgieron a raíz de la entrada de ocho coraceros armados con escudos, palo y casco, que irrumpieron cuando todavía no habíamos entrado y cerraron la sala en la que se iba a hacer la ceremonia" y sostuvo que "en esa irrupción golpearon gente"
"En ningún momento hubo contacto directo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto en ningún momento hubo dolo que implicara la intencionalidad de interrumpir la ceremonia", explicó Zabalza.
Finalmente, Zabalza cree que los ministros de la Suprema Corte tomaron la decisión de retrasar la ceremonia ya que "no les gusta el olor a pueblo, no les gustó que hubiera aplausos y gritos".
Paro de Afutu
Por su parte, docentes integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) pararon en la tarde de este jueves y se concentraron en el juzgado de la calle Misiones en apoyo a las personas citadas por los disturbios.
Nelson Jaurena, secretario Afutu, explicó por qué convocaron este paro que comenzó a las 13.30 horas y que incluyó la cancelación de las clases en la noche.
“La decisión nuestra tiene dos vertientes: una que va en el sentido de que hemos visto cómo mediante este tipo de acciones se tiende a criminalizar la protesta de los compañeros y la protesta en general dado que notoriamente ellos simplemente fueron a manifestarse en ese momento. La otra vertiente que tiene nuestra resolución es porque el compañero Álvaro Jaume es afiliado a este sindicato, y en solidaridad con él respondemos de manera práctica solidarizándonos dado que está siendo perseguido en su derecho a manifestarse. Nosotros analizamos que el fenómeno en si más allá de lo que se dictamine es una señal a nivel social bastante peligrosa”.
Consultado por qué no se dictaron clases en la noche, considerando que la declaración de los acusados terminó en la tardecita.
“La solidaridad no solo se declama sino que también se practica. Entendíamos que teníamos que estar allí junto con los compañeros en la concentración afuera esperando pacíficamente que salgan los compañeros y nos den tranquilidad. Teníamos que estar rodeándolos. La decisión de acompañarlos se tomó ayer, no sabíamos hasta qué hora iba a durar”.
MANIFESTANTES
Los procesados son acusados por manifestar dentro de la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota.
El fiscal Gustavo Zubía solicitó el martes los
procesamientos con prisión de siete personas que participaron de la
ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de
febrero, entre ellos el ex tupamaro Jorge Zabalza, la integrante de
Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites; el dirigente de ADEOM, Aníbal
Varela; y la dirigente de ADES, Patricia Borda.
El pedido de la fiscalía surgió a partir de los incidentes originados el pasado 15 de febrero por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil.
Por su parte, la jueza Merialdo comunicó que dispone de un plazo de 45 días para estudiar el caso con mayor detenimiento.
El ex tupamaro, Jorge Zabalza dijo que su abogado defensor, Juan Fagúndez, se basó en que con la acusación “se está judicializando la protesta social, y hay una intencionalidad política de la vista fiscal de desalentar la lucha por los Derechos Humanos”.
“Se ha utilizado a estos siete compañeros como vehículo para escarmentar a los demás. De la misma forma en que nos acusa a nosotros siete podría haber acusado a cualquiera de los 150 que estuvieron ahí, con los mismo argumentos”, dijo Zabalza.
Agregó que el fiscal “se limitó a elegir a los siete acusados, porque sino el delito iba a tener que ser sedición, y acusar a 150 personas por sedición conlleva una cuestión política grave”, sentenció el ex tupamaro.
Por su parte, el abogado Gustavo Salle, representante de Irma Leites, solicitó que “la magistrada, el fiscal y todos los implicados observaran el video en bruto de lo sucedido el día de los hechos, ya que las imágenes que habían visto en anteriores citaciones estaban editadas”.
La audiencia se realizó este jueves en los juzgados de la calle Misiones.
En el lugar se concentró un nutrido grupo de personas integrantes de la organización Plenaria Memoria y Justicia, pero también de ADEOM, ADES, COFE y FFSP, en protesta por el pedido del fiscal Zubía.
Jueza se expedirá en 45 días sobre pedido de procesamiento de Zabalza y Leites
La jueza Gabriela Merialdo, se pronunciará dentro de 45 días sobre el pedido de la fiscalía de procesar con prisión a siete personas, entre ellos Jorge Zabalza e Irma Leites, por manifestar dentro de la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota.
Jueves 19 de septiembre de 2013 | 21:56 La República uy
Los procesados son acusados por manifestar dentro de la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota.El pedido de la fiscalía surgió a partir de los incidentes originados el pasado 15 de febrero por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil.
Declaración
Este jueves los abogados de los acusados presentaron ante la jueza sus alegatos sobre la vista fiscal.Por su parte, la jueza Merialdo comunicó que dispone de un plazo de 45 días para estudiar el caso con mayor detenimiento.
El ex tupamaro, Jorge Zabalza dijo que su abogado defensor, Juan Fagúndez, se basó en que con la acusación “se está judicializando la protesta social, y hay una intencionalidad política de la vista fiscal de desalentar la lucha por los Derechos Humanos”.
“Se ha utilizado a estos siete compañeros como vehículo para escarmentar a los demás. De la misma forma en que nos acusa a nosotros siete podría haber acusado a cualquiera de los 150 que estuvieron ahí, con los mismo argumentos”, dijo Zabalza.
Agregó que el fiscal “se limitó a elegir a los siete acusados, porque sino el delito iba a tener que ser sedición, y acusar a 150 personas por sedición conlleva una cuestión política grave”, sentenció el ex tupamaro.
Por su parte, el abogado Gustavo Salle, representante de Irma Leites, solicitó que “la magistrada, el fiscal y todos los implicados observaran el video en bruto de lo sucedido el día de los hechos, ya que las imágenes que habían visto en anteriores citaciones estaban editadas”.
La audiencia se realizó este jueves en los juzgados de la calle Misiones.
En el lugar se concentró un nutrido grupo de personas integrantes de la organización Plenaria Memoria y Justicia, pero también de ADEOM, ADES, COFE y FFSP, en protesta por el pedido del fiscal Zubía.
En un momento se generaron empujones entre los manifestantes y la Policía.
19.04.2013
El Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía citó a ocho personas a declarar por su participación en los disturbios en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 15 de febrero de este año, cuando la jueza Mariana Mota juró para el traslado de la órbita penal a la civil. Al menos dos de esas citaciones se realizaron sin respetar las normas, reconoció una fuente ministerial.
En el primer caso, tras varias llamadas y mensajes de texto confusos al celular del fotógrafo Santiago Mazzarovich, el lunes, efectivos del DOE se presentaron vestidos de particular en el trabajo del fotógrafo a pedir información sobre él. En el medio, no les dieron información, pero, de todas maneras, el periodista recibió una llamada a su celular en la que una persona, que se identificó como integrante del DOE, lo citaba a declarar “por los conflictos que hubo con lo de la jueza”.
En el segundo caso, el martes, una persona vestida de civil identificó al fotógrafo Iván Franco en plaza Independencia y le dijo que estaba citado a declarar en la Jefatura de Policía por los incidentes en la SCJ, informó ayer La Diaria.
Una fuente del ministerio dijo a El Observador que se trató de “un procedimiento mal hecho, porque debieron notificar de las citaciones por escrito” y que, desde la Dirección Nacional de la Policía, ya se solicitó “corregir” el procedimiento.
Luego de que el DOE reúna la información, los implicados declararán ante la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía.
A la opinión pública de Hijos y Familiares
Asociación ¿Dónde están? París
La convocatoria es para el jueves 19 a las 13:30 y es en reclamo a la
citación a la sede de siete docentes que protestaron el 13 de febrero pasado
contra el traslado de la jueza Mariana Mota frente a la Suprema Corte de
Justicia.
18 septiembre, 2013
El gobierno ‘progresista’ criminaliza la protesta
CON ÁLVARO Y EDUARDO JAUME
La familia Jaume, muy conocida por su militancia en torno a los
derechos humanos y a la cuestión ambiental, está siendo investigada como
consecuencia de la movilización del 15 de febrero –en rechazo al
traslado de la Jueza Mariana Mota.
Tribuna: ¿Qué significó el traslado de la jueza Mota?
Mota llevaba más 50 causas sobre los derechos humanos de una manera implacable en la investigación que contradice claramente la historia de la impunidad de este país, salimos de la dictadura pacto del Club Naval mediante, quedó demostrado que la impunidad quedó sellada en serio, el Frente Amplio tuvo la posibilidad de anular la ley de impunidad en el parlamento y no lo hizo.
Los hechos lo han corroborado en estos 8 años de gobierno… en 2004 grandes sectores no hicieron campaña por la papeleta rosada y votaron forzados la anulación de la ley, evidentemente hay una historia de impunidad, no se aclararon los delitos de terrorismo de estado, los torturadores siguen sueltos muy tranquilos, no se sabe las cosas horrendas que pasaron en aquellos años. La jueza Mota tuvo la virtud de investigar, de ir a fondo. En esta causa cuando yo pase a denunciar, estuve más de 2 horas, es una mujer que te escuchaba, te preguntaba. Yo relaté que me trajeron a mi hijo Eduardo con tres años a la sala de tortura, lo que eso significó para mí. Yo soy uno de los 22 denunciantes de la causa Boiso Lanza junto con compañeros de distintos partidos.
La jueza había procesado por la muerte de Chaves Sosa a uno de milicos por delito de lesa humanidad. Demostraba que no solo investigaba sino que procesaba, se veía clarito que venía a terminar con la impunidad, tuvo la valentía de permitirnos un careo a tres compañeros con cuatro milicos torturadores, la jueza tuvo el coraje de dejar que se realizara ese careo.
Otro dato a tener en cuenta del expediente de Boiso Lanza: faltaban solo 5 casos de los oficiales denunciados, faltaba interrogarlos y el expediente se estaba cerrando en diciembre, ella insiste al Ministerio de defensa, Huidobro empieza a ningunearla diciendo que desconocía el paradero de esos 17 oficiales que faltaban, eso ya es una señal política de que desde el gobierno quieren sacarla, ella dice en un reportaje a Pagina 12 en enero que las causa de derechos humanos en Uruguay venían muy lentas, eso sublevó a Mujica y dijo en declaraciones a la prensa: “cómo no había actuado de oficio la Suprema Corte ante las declaraciones de la jueza”, presionó Mujica, eso en enero, el 15 de febrero nos sacan a la jueza. Solo el que no quiere ver no se da cuenta de la maniobra.
Tribuna:¿Cómo describirías la demostración pacífica que se realizó ese día en solidaridad con la jueza?
Lo que paso en la Suprema Corte, con la indignación por la que estábamos pasando, no rompimos un cuadro, ni un vidrio, no se rompió un florero, con cánticos pacíficos, de apoyo a Mota, pidiendo justicia. El único momento que hay un poco de violencia es cuando los coraceros nos quieren sacar y nosotros dijimos que nos no íbamos a ir de esa manera, manteniendo que nos íbamos a retirar cuando se fueran los coraceros, así fue que los coraceros fueron tirándonos para atrás y le pedimos al oficial a cargo que los retiraran y nosotros nos íbamos, ahí fue que los coraceros se sacaron los cascos y se pusieron los gorros, nosotros no nos podíamos ir de todos modos porque la puerta estaba cerrada. La jueza buscaba donde estaba la violencia y no existió nunca por parte de nosotros. Los empujones fueron de ellos pero nosotros éramos muchos y ellos pocos y no nos íbamos a ir dejando algunos compañeros de un lado y nosotros de otro, pero cuando se retiraron nos fuimos pacíficamente.
Si bien hubo convocatorias de algunos organismos la mayoría de la gente fue autoconvocada y la indignidad interior del conjunto de personas y la bronca en todos lo que teníamos claro que por lo menos la jueza y su fiscal estaban haciendo mella al pacto de silencio y la impunidad, la bronca que significaba removerla, a nadie le quedo duda que detrás de esa destitución estaba el gobierno, además un hecho significativo que lo dijimos en nuestra declaración es que al día siguiente el canciller de la república dijo públicamente que quedaba muy mal visto el país por destituir a una jueza que estaba llevando muy bien las causa de los derechos humanos.
Le agregue en mis declaraciones que demasiado tranquilos estábamos con nuestra historia, acá los poquitos que están presos es en cárcel VIP, y para que no sean extraditados al exterior, son contaditos con los dedos. Agreguemos señales políticas: el único militar en actividad que se puso preso por el caso de Nibia Zabalzagaray, que fue Dalmao, recibió la visita del presidente y Huidobro mando una carta a la jueza de que no podía ser Dalmao el responsable, y esa declaración de los “pobres viejitos”.
Hasta donde era grotesca la situación, que la jueza Mota que está procesando fue trasladada… la bronca y la indignación es muy fuerte, ese día manifestamos esa bronca que produce tanta violencia y dijimos no va más los militantes, no queremos más tibieza con los torturadores, con los pactos, demostramos la dignidad del pueblo.
Tribuna: Se pretende aplicar el Código penal mussoliniano a una movilización popular, nada menos que a una protesta contra la impunidad, buscan criminalizar la protesta, intentando utilizar las figuras de asonada, sedición etc
Ante esa acotación es importante dejar planteado y registrar lo siguiente, que antes de la marcha en defensa de la tierra y los bienes naturales el 10 de mayo, el DOE nos había citado en esa marcha nosotros lo anunciamos e íbamos a citar a todos para acompañar las declaraciones, entonces ellos desactivan las citaciones. Ellos eligen a los que están trabajando en el proceso de lucha como en nuestro caso en la lucha por la tierra, la lucha social está tomando un calibre enorme. Ahí hacen cambio de planes. No solo el código fascista está intacto también todo el aparato de la inteligencia con el que están intentando generar temor como con lo de los gurises.
Quien es el Dr. Gustavo Zubía
“7) Dijo refiriéndose al suscripto que lo mejor que podía pasar es que el intendente "...viniera y se hiciera el vivo, porque ya tengo todo arreglado para mandarlo por desacato para Melo", porque el Fiscal de allá -Gustavo Zubía- estaba "con la chaira ya pronta", configurando un posible delito provocado por la autoridad. Anticipó incluso cómo se daría el desacato del suscripto, al que se le prohibiría la entrada a una sección del departamento del cual es el legítimo Gobernante, a ejecutar actos de gobierno, previéndose la natural oposición del intendente, ante lo cual se le mandaría arrestar, porque -como dijo- "...de última yo ya me resigné", presuponiendo que alguien se la habría de cobrar, por lo cual no lo detendría al actuar contra el suscripto. Dijo también que para ello tendría supuestamente arreglado al Comisario Inspector Sr. Batlle García.”
Los siete compañeros aquí presentes, ante el pedido del fiscal Zubia que nos acusa de cometer un acto de atentado el viernes 15 de febrero del corriente año, en la ceremonia de traslado de la Jueza Mariana Mota, declaramos:
1- El fiscal Zubia responde al Poder Ejecutivo quedando en claro que su intencionalidad expresa la voluntad de dicho poder del Estado de ir intensificando las medidas represivas contra los Derechos Humanos.
2- La vista fiscal revela un particular ensañamiento de tipo político pretendiendo caracterizar de hecho violento lo que simplemente fue la breve demora de un acto político.
Los cánticos o expresiones allí emitidas reflejaban el sentir de quienes no aceptamos la impunidad en este país y reclamamos Verdad y Justicia por los crímenes de Lesa Humanidad.
De ningún modo puede pensarse que los mismos eran motivo para obstaculizar dicha ceremonia que se llevó a cabo tres horas después.
3- La actitud del fiscal pone en evidencia que aún persisten en la sociedad uruguaya prácticas propias del terrorismo de estadote en el pasado asoló al país.
4- Con estos procesamientos se pretende desalentar la lucha contra la impunidad y al mismo tiempo frenar la creciente protesta social ante realidades injustas que hoy nos afectan.
La criminalización de la acción ciudadana demuestra cuán poco se respetan los verdaderos valores de libertad que tanto se proclaman.
Utopia e Luta: uma estaca de Quebracho no meio da enchente Capitalista
---------- Mensaje reenviado ----------
De: jorge pedro Zabalza <zurdatupa@gmail.com>
Fecha: 19 de septiembre de 2013 12:15
Asunto: AGRADECIMIENTO, ARTÍCULOS Y UN PEDIDO: MANDEN FRUTA Y YERBA, YA NO FUMO!
Queremos agradecer la enorme cantidad de llamadas y mensajes de apoyo que hemos recibido con motivo del pedido de procesamiento para siete de los cientos de compañeros que participaron en la concentración de la SCJ, en apoyo y reconocimiento a la Jueza Mariana Mota el día que firmaba su traslado.
A cuarenta años del golpe de estado en Uruguay nos encontramos con un pedido de procesamiento por atentado, expedido por el fiscal Zubía. Estos siete compañeros que fueron escogidos de entre la multitud allí presente, son más que un nombre, representan el derecho a manifestarse a favor de la lucha por la defensa de los DDHH y son convertidos en “chivo expiatorio”, para escarmentar a todos quienes exigen Verdad y Justicia.
Es importante que todos entiendan que no se está apoyando la lucha individual de personas o grupos, apoyamos nuestro derecho a exigir justicia y a expresarnos.
Esta lucha trasciende partidos políticos e ideologías y apunta a algo tan básico y necesario como lo es la lucha por los DDHH, derechos que no poseen bandera ni fronteras.
Hoy estaremos en el juzgado de Misiones y 25 de mayo reafirmando nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente.
Los maestros afiliados a la Federación Uruguaya de
Magisterio (FUM) realizaron un paro este jueves en el marco de la
rendición de cuentas y en reclamo de la propuesta de las autoridades de
extender las clases hasta fines de diciembre. La medida incluyó la
cancelación de las clases de alrededor de 250 escuelas de Canelones,
informó a El Observador la dirigente de la FUM Adriana Espantoso.
"Seguimos buscando la forma de que realmente se aumente el salario votado por diputados, que fue el mínimo. Más allá de las promesas concretas de diputados de nuestro departamento que nos dijeron que había posibiildades de que se abriera la rendición en el Senado, eso hasta ahora no se ha presentado", manifestó la dirigente sindical.
Por su parte, la sindicalista también se quejó de la extensión de clases. "No coincidimos con que esta sea la forma de reponer tiempo pedagógico. El tiempo pedagógico pasa por la responsabilidad que tenemos los docentes de ajustarnos a los días hábiles que tenemos. Lo que hacen es tirar una cortina de humo para la población. Ni siquera las autoridades se creen que uno o dos días pueden cambiar la cosa", agregó Espantoso.
Las escuelas afectadas por la medida se ubican a lo largo de la ruta 5, en la zona de Juanicó, Santoral, Pando, y en toda la costa canaria.
En tanto, los maestros también pararán el 25 de setiembre, en el marco del paro parcial que estableció el PIT CNT.
Dossier del Blog El Muerto
El Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía citó a ocho personas a declarar por su participación en los disturbios en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 15 de febrero de este año, cuando la jueza Mariana Mota juró para el traslado de la órbita penal a la civil. Al menos dos de esas citaciones se realizaron sin respetar las normas, reconoció una fuente ministerial.
En el primer caso, tras varias llamadas y mensajes de texto confusos al celular del fotógrafo Santiago Mazzarovich, el lunes, efectivos del DOE se presentaron vestidos de particular en el trabajo del fotógrafo a pedir información sobre él. En el medio, no les dieron información, pero, de todas maneras, el periodista recibió una llamada a su celular en la que una persona, que se identificó como integrante del DOE, lo citaba a declarar “por los conflictos que hubo con lo de la jueza”.
En el segundo caso, el martes, una persona vestida de civil identificó al fotógrafo Iván Franco en plaza Independencia y le dijo que estaba citado a declarar en la Jefatura de Policía por los incidentes en la SCJ, informó ayer La Diaria.
Una fuente del ministerio dijo a El Observador que se trató de “un procedimiento mal hecho, porque debieron notificar de las citaciones por escrito” y que, desde la Dirección Nacional de la Policía, ya se solicitó “corregir” el procedimiento.
Luego de que el DOE reúna la información, los implicados declararán ante la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía.
A la opinión pública de Hijos y Familiares
Montevideo, 18 de setiembre de
2013
A la opinión
pública:
Madres y Familiares de
Uruguayos Detenidos Desaparecidos e Hijos Uruguay expresamos nuestra profunda
preocupación ante las solicitudes de procesamiento de algunos participantes del
acto en apoyo y reconocimiento a la Jueza Dra. Mariana Mota en
ocasión de su intempestivo traslado.
Es para nosotros
absolutamente inaceptable que en el mismo país donde el Estado violó los
derechos fundamentales de sus ciudadanos y ante lo cual continúa dolorosamente
omiso, seamos hoy testigos de nuevos avasallamientos ante el
irreductible derecho democrático de manifestarse.
¿Es acaso admisible que
quienes reclaman legítimamente al Estado que el mismo asuma proactiva y
efectivamente su responsabilidad, además de no ser escuchados reciban como
respuesta un insólito castigo?
No podemos dejar de señalar
esta insultante e indigna contradicción, mediante la cual se diluye cada vez más
el sentido de justicia por el cual todos los ciudadanos debemos
velar.
Hijos
Uruguay
Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos
--
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades)
Montevideo emitió un comunicado donde convoca a concentrarse el próximo jueves
19 a la hora 13:30 horas en el juzgado de Misiones y 25 de mayo “en el marco del
proceso judicial por el acto de solidaridad ante el traslado de la jueza Mariana
Mota, por parte de la Suprema Corte de Justicia el pasado 13 de febrero”.
Ese día están citados a la sede siete docentes, “a los cuales se los pretende procesar con prisión por el delito de ‘Asonada’ al mejor estilo del pachecato y la dictadura”, sostiene la misiva que está firmada por la comisión directiva de Ades.
Según Ades, con este acto se pretende “criminalizar uno de los principales derechos humanos, la libertad de expresión, la justa y vigente lucha por verdad y justicia para esclarecer los crímenes de lesa humanidad amparados por la nefasta ley de impunidad”.
Ese día están citados a la sede siete docentes, “a los cuales se los pretende procesar con prisión por el delito de ‘Asonada’ al mejor estilo del pachecato y la dictadura”, sostiene la misiva que está firmada por la comisión directiva de Ades.
Según Ades, con este acto se pretende “criminalizar uno de los principales derechos humanos, la libertad de expresión, la justa y vigente lucha por verdad y justicia para esclarecer los crímenes de lesa humanidad amparados por la nefasta ley de impunidad”.
18 septiembre, 2013
El gobierno ‘progresista’ criminaliza la protesta
CON ÁLVARO Y EDUARDO JAUME
“A nadie le quedo duda que detrás de la remoción de la jueza Mota estaba el gobierno”
La familia Jaume, muy conocida por su militancia en torno a los
derechos humanos y a la cuestión ambiental, está siendo investigada como
consecuencia de la movilización del 15 de febrero –en rechazo al
traslado de la Jueza Mariana Mota.
Álvaro Jaume es denunciante en el caso Boiso Lanza, una base de la Fuerza Aérea donde se torturó salvajemente a los presos políticos durante la dictadura militar, en una causa que está vinculada también con la muerte de Ubagesner Chávez Sosa, militante comunista asesinado en la tortura. Esta causa la estaba investigando la jueza Mota, lo cual explica la profunda indignación de la familia Jaume ante el traslado de dicha jueza, decisión adoptada por la Suprema Corte bajo la evidente presión tanto de la derecha blanqui-colorada como del gobierno (Mujica y Fernández Huidobro hicieron declaraciones públicas contra ella).
En el reino del revés de la SCJ y del gobierno “progresista”, los denunciantes se convierten en denunciados, las víctimas son acusadas por los jueces de la impunidad, y ante esta clara criminalización de la protesta popular decidimos entrevistar a los Jaume.
Noemí IraolaTribuna: ¿Qué significó el traslado de la jueza Mota?
Mota llevaba más 50 causas sobre los derechos humanos de una manera implacable en la investigación que contradice claramente la historia de la impunidad de este país, salimos de la dictadura pacto del Club Naval mediante, quedó demostrado que la impunidad quedó sellada en serio, el Frente Amplio tuvo la posibilidad de anular la ley de impunidad en el parlamento y no lo hizo.
Los hechos lo han corroborado en estos 8 años de gobierno… en 2004 grandes sectores no hicieron campaña por la papeleta rosada y votaron forzados la anulación de la ley, evidentemente hay una historia de impunidad, no se aclararon los delitos de terrorismo de estado, los torturadores siguen sueltos muy tranquilos, no se sabe las cosas horrendas que pasaron en aquellos años. La jueza Mota tuvo la virtud de investigar, de ir a fondo. En esta causa cuando yo pase a denunciar, estuve más de 2 horas, es una mujer que te escuchaba, te preguntaba. Yo relaté que me trajeron a mi hijo Eduardo con tres años a la sala de tortura, lo que eso significó para mí. Yo soy uno de los 22 denunciantes de la causa Boiso Lanza junto con compañeros de distintos partidos.
La jueza había procesado por la muerte de Chaves Sosa a uno de milicos por delito de lesa humanidad. Demostraba que no solo investigaba sino que procesaba, se veía clarito que venía a terminar con la impunidad, tuvo la valentía de permitirnos un careo a tres compañeros con cuatro milicos torturadores, la jueza tuvo el coraje de dejar que se realizara ese careo.
Otro dato a tener en cuenta del expediente de Boiso Lanza: faltaban solo 5 casos de los oficiales denunciados, faltaba interrogarlos y el expediente se estaba cerrando en diciembre, ella insiste al Ministerio de defensa, Huidobro empieza a ningunearla diciendo que desconocía el paradero de esos 17 oficiales que faltaban, eso ya es una señal política de que desde el gobierno quieren sacarla, ella dice en un reportaje a Pagina 12 en enero que las causa de derechos humanos en Uruguay venían muy lentas, eso sublevó a Mujica y dijo en declaraciones a la prensa: “cómo no había actuado de oficio la Suprema Corte ante las declaraciones de la jueza”, presionó Mujica, eso en enero, el 15 de febrero nos sacan a la jueza. Solo el que no quiere ver no se da cuenta de la maniobra.
Tribuna:¿Cómo describirías la demostración pacífica que se realizó ese día en solidaridad con la jueza?
Lo que paso en la Suprema Corte, con la indignación por la que estábamos pasando, no rompimos un cuadro, ni un vidrio, no se rompió un florero, con cánticos pacíficos, de apoyo a Mota, pidiendo justicia. El único momento que hay un poco de violencia es cuando los coraceros nos quieren sacar y nosotros dijimos que nos no íbamos a ir de esa manera, manteniendo que nos íbamos a retirar cuando se fueran los coraceros, así fue que los coraceros fueron tirándonos para atrás y le pedimos al oficial a cargo que los retiraran y nosotros nos íbamos, ahí fue que los coraceros se sacaron los cascos y se pusieron los gorros, nosotros no nos podíamos ir de todos modos porque la puerta estaba cerrada. La jueza buscaba donde estaba la violencia y no existió nunca por parte de nosotros. Los empujones fueron de ellos pero nosotros éramos muchos y ellos pocos y no nos íbamos a ir dejando algunos compañeros de un lado y nosotros de otro, pero cuando se retiraron nos fuimos pacíficamente.
Si bien hubo convocatorias de algunos organismos la mayoría de la gente fue autoconvocada y la indignidad interior del conjunto de personas y la bronca en todos lo que teníamos claro que por lo menos la jueza y su fiscal estaban haciendo mella al pacto de silencio y la impunidad, la bronca que significaba removerla, a nadie le quedo duda que detrás de esa destitución estaba el gobierno, además un hecho significativo que lo dijimos en nuestra declaración es que al día siguiente el canciller de la república dijo públicamente que quedaba muy mal visto el país por destituir a una jueza que estaba llevando muy bien las causa de los derechos humanos.
Le agregue en mis declaraciones que demasiado tranquilos estábamos con nuestra historia, acá los poquitos que están presos es en cárcel VIP, y para que no sean extraditados al exterior, son contaditos con los dedos. Agreguemos señales políticas: el único militar en actividad que se puso preso por el caso de Nibia Zabalzagaray, que fue Dalmao, recibió la visita del presidente y Huidobro mando una carta a la jueza de que no podía ser Dalmao el responsable, y esa declaración de los “pobres viejitos”.
Hasta donde era grotesca la situación, que la jueza Mota que está procesando fue trasladada… la bronca y la indignación es muy fuerte, ese día manifestamos esa bronca que produce tanta violencia y dijimos no va más los militantes, no queremos más tibieza con los torturadores, con los pactos, demostramos la dignidad del pueblo.
Tribuna: Se pretende aplicar el Código penal mussoliniano a una movilización popular, nada menos que a una protesta contra la impunidad, buscan criminalizar la protesta, intentando utilizar las figuras de asonada, sedición etc
Ante esa acotación es importante dejar planteado y registrar lo siguiente, que antes de la marcha en defensa de la tierra y los bienes naturales el 10 de mayo, el DOE nos había citado en esa marcha nosotros lo anunciamos e íbamos a citar a todos para acompañar las declaraciones, entonces ellos desactivan las citaciones. Ellos eligen a los que están trabajando en el proceso de lucha como en nuestro caso en la lucha por la tierra, la lucha social está tomando un calibre enorme. Ahí hacen cambio de planes. No solo el código fascista está intacto también todo el aparato de la inteligencia con el que están intentando generar temor como con lo de los gurises.
MUY ORGULLOSO
Julio Néstor Sosa Benia
LA POBLACIÓN GENERAL NO SABE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO, Y NI SIQUIERA SABE QUE NO LO SABE. Noam Chomsky
Reenvía:
Julio-Néstor Sosa Benia (Garufa) Barrio de la Mondiola, Montevideo-Uruguay Albayzin, Granada-Andalucía (Estado
Español)
Hijo y sobrino de dos generales golpistas, el Dr. Gustavo Zubía fue
el fiscal que el 12 de agosto de 1998 tuvo a su cargo el “suicidio” de
Villanueva Saravia, junto al juez Ricardo Migues, pese a que ambos habían sido
denunciados y cuestionados por el propio intendente de Cerro Largo dos meses
antes, en el marco del caso de unas grabaciones que también implicaban al juez
Ricardo Siri y al fiscal Walter Cancela.Decía Villanueva
Saravia en su denuncia judicial:
“7) Dijo refiriéndose al suscripto que lo mejor que podía pasar es que el intendente "...viniera y se hiciera el vivo, porque ya tengo todo arreglado para mandarlo por desacato para Melo", porque el Fiscal de allá -Gustavo Zubía- estaba "con la chaira ya pronta", configurando un posible delito provocado por la autoridad. Anticipó incluso cómo se daría el desacato del suscripto, al que se le prohibiría la entrada a una sección del departamento del cual es el legítimo Gobernante, a ejecutar actos de gobierno, previéndose la natural oposición del intendente, ante lo cual se le mandaría arrestar, porque -como dijo- "...de última yo ya me resigné", presuponiendo que alguien se la habría de cobrar, por lo cual no lo detendría al actuar contra el suscripto. Dijo también que para ello tendría supuestamente arreglado al Comisario Inspector Sr. Batlle García.”
EL URUGUAY DE HOY.TANTA LUCHA..............................
Fiscal pide procesamiento de Zabalza e Irma Leites
Miércoles, 18 Septiembre 2013
El fiscal Gustavo Zubía pidió ayer el procesamiento de Jorge Zabalza e Irma Leites por los incidentes generados en la Suprema Corte de Justicia, el pasado 15 de febrero cuando se realizó una manifestación en apoyo a la jueza Mariana Mota.
El dirigente Jorge Zabalza manifestó que se siente “muy orgulloso” de que se pida su procesamiento “por luchar por verdad y justicia” más por “una Suprema Corte de Justicia que está protegiendo a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad”.
Agregó que “el fiscal Zubía fue educado por su padre y su tío, que fueron autores del golpe de Estado y podrían ser procesados por atentado a la Constitución”.
Además, consideró que “hay una revancha” por parte de los jueces “que hicieron carrera en la dictadura”.
Además del procesamiento de Zabalza y Leites, se pidió el procesamiento de otros cinco dirigentes, que también fueron citados por la jueza Gabriela Merialdo para mañana jueves a las siete de la tarde.
quinta-feira, 19 de setembro de 2013 - Utopia e luta (Brasil)
Comunicado de prensa
Montevideo 18 de setiembre 2013
Conferencia en el local de ADEOM
Conferencia en el local de ADEOM
Comunicado de prensa
Los siete compañeros aquí presentes, ante el pedido del fiscal Zubia que nos acusa de cometer un acto de atentado el viernes 15 de febrero del corriente año, en la ceremonia de traslado de la Jueza Mariana Mota, declaramos:
1- El fiscal Zubia responde al Poder Ejecutivo quedando en claro que su intencionalidad expresa la voluntad de dicho poder del Estado de ir intensificando las medidas represivas contra los Derechos Humanos.
2- La vista fiscal revela un particular ensañamiento de tipo político pretendiendo caracterizar de hecho violento lo que simplemente fue la breve demora de un acto político.
Los cánticos o expresiones allí emitidas reflejaban el sentir de quienes no aceptamos la impunidad en este país y reclamamos Verdad y Justicia por los crímenes de Lesa Humanidad.
De ningún modo puede pensarse que los mismos eran motivo para obstaculizar dicha ceremonia que se llevó a cabo tres horas después.
3- La actitud del fiscal pone en evidencia que aún persisten en la sociedad uruguaya prácticas propias del terrorismo de estadote en el pasado asoló al país.
4- Con estos procesamientos se pretende desalentar la lucha contra la impunidad y al mismo tiempo frenar la creciente protesta social ante realidades injustas que hoy nos afectan.
La criminalización de la acción ciudadana demuestra cuán poco se respetan los verdaderos valores de libertad que tanto se proclaman.
Utopia e Luta: uma estaca de Quebracho no meio da enchente Capitalista
---------- Mensaje reenviado ----------
De: jorge pedro Zabalza <zurdatupa@gmail.com>
Fecha: 19 de septiembre de 2013 12:15
Asunto: AGRADECIMIENTO, ARTÍCULOS Y UN PEDIDO: MANDEN FRUTA Y YERBA, YA NO FUMO!
Queremos agradecer la enorme cantidad de llamadas y mensajes de apoyo que hemos recibido con motivo del pedido de procesamiento para siete de los cientos de compañeros que participaron en la concentración de la SCJ, en apoyo y reconocimiento a la Jueza Mariana Mota el día que firmaba su traslado.
A cuarenta años del golpe de estado en Uruguay nos encontramos con un pedido de procesamiento por atentado, expedido por el fiscal Zubía. Estos siete compañeros que fueron escogidos de entre la multitud allí presente, son más que un nombre, representan el derecho a manifestarse a favor de la lucha por la defensa de los DDHH y son convertidos en “chivo expiatorio”, para escarmentar a todos quienes exigen Verdad y Justicia.
Es importante que todos entiendan que no se está apoyando la lucha individual de personas o grupos, apoyamos nuestro derecho a exigir justicia y a expresarnos.
Esta lucha trasciende partidos políticos e ideologías y apunta a algo tan básico y necesario como lo es la lucha por los DDHH, derechos que no poseen bandera ni fronteras.
Hoy estaremos en el juzgado de Misiones y 25 de mayo reafirmando nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente.
Veronika Engler
Jorge ZabalzaNacional - MEDIDA SINDICAL
Sindicato de maestros paró en todo Canelones
Los maestros de la FUM realizaron un paro en el marco del conflicto por la rendición de cuentas y en reclamo de la extensión de clases hasta fines de diciembre
+ - 19.09.2013, 16:48 hs
- ACTUALIZADO 17:16
Texto: El Observador
"Seguimos buscando la forma de que realmente se aumente el salario votado por diputados, que fue el mínimo. Más allá de las promesas concretas de diputados de nuestro departamento que nos dijeron que había posibiildades de que se abriera la rendición en el Senado, eso hasta ahora no se ha presentado", manifestó la dirigente sindical.
Por su parte, la sindicalista también se quejó de la extensión de clases. "No coincidimos con que esta sea la forma de reponer tiempo pedagógico. El tiempo pedagógico pasa por la responsabilidad que tenemos los docentes de ajustarnos a los días hábiles que tenemos. Lo que hacen es tirar una cortina de humo para la población. Ni siquera las autoridades se creen que uno o dos días pueden cambiar la cosa", agregó Espantoso.
Las escuelas afectadas por la medida se ubican a lo largo de la ruta 5, en la zona de Juanicó, Santoral, Pando, y en toda la costa canaria.
En tanto, los maestros también pararán el 25 de setiembre, en el marco del paro parcial que estableció el PIT CNT.
CONVOCATORIA a todos los Sindicatos
19
sep
Valoración
Diputados: casi 46.000 se presentaron a llamado
Casi 46.000 personas se presentaron al llamado para ingresar a trabajar en la Cámara de Diputados.
Según publica hoy el semanario Búsqueda, fueron 45.813 anotados para ocupar 40 cargos.
Es la primera vez desde 1999 que la Cámara baja contratará nuevo personal.
Los salarios que percibirán los nuevos empleados van desde los 23.830 pesos hasta los 33.839 pesos. Sin embargo, a estos sueldos básicos pueden sumarse hasta 5 mil pesos más por diversas partidas y compensaciones especiales.- El Espectador
45813
Un importantísimo ejecutivo de una mundialmente reconocida empresa de información que puntualmente - todas las semanas - me hace llegar un jugoso cheque, hoy me convocó con urgencia para que redacte una nota explicando el fenómeno que se presentaron 45.813 candidatos para ingresar a la Cámara de Diputados para llenar 40 cargos con sueldos que van de 23.830 a 33.839 y pueden morder unos 5 mil más.-
Terrible
responsabilidad. Siento que supera mi humilde capacidad para explicar
una cosa de esas. Uno no es un Danilo, y ni siquiera un Lorenzo.- Me
sorprende mucho la noticia Xque estaba convencido que no sólo ya no
había desempleados ,ni siquiera pobres, y que el gobierno pensaba en
importar algunos bolivianos,sinó el MIDES iba a tener que cerrar.-
La
explicación que encuentro para el fenómeno es el fervor patriótico que
caracteriza a los uruguayos; y no sólo cuando los campeonatos de fútbol.
Es probable que lo que mueve a éstos ciudadanos/as es servir al país
desde el parlamento, aunque + no sea arrimándole un cafecito a los
diputados pa' que no se duerman.-
Los
suelditos no son gran cosa como se vé, y no debe ser la principal
motivación,sinó - tal vez - estar en 1a. fila cuando lleguemos al
1er.mundo en el 2030. (Danilo dixit).-
Corresponde
que sea sincero y confiese que estoy muy atento e interesado en la
campaña que está llevando adelante el Fiscal Zubía tendiente a sanear la
sociedad de algunos alborotadores que conozco bien de mis tiempos de
locuras juveniles que han desoido los agiornamentos pragmáticos de
nuestros líderes esclarecidos, y se niegan a aceptar que se cayó el
muro,que el mundo está globalizado y que el capitalismo se puede
humanizar. Y bueno...que los encanen;la letra con sangre entra. De
cualquier manera,me he comprometido con mi conciencia solidaria
mandarles yerba fresquita desde Curitiba,que la consigo a precio de
costo.-
MAU-MAU (Hoy no le mando la flor al Bebe Xque vá a creer que estoy pa' la joda y el era 1 tipo + o - serio).-
Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma...el imperio yanqui se ha adueñado del cielo en una nueva agresión
Insolente, EEUU prohibe que avión de Maduro volara sobre Puerto Rico
Publicado el 9/19/13 • en Contrainjerencia
El Canciller de Venezuela expresó que espera una rectificación por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Como una “agresión” calificó Jaua estos hechos y explicó que en cualquier caso se evalúan otras rutas para llevar a cabo el viaje del presidente Maduro a China.
“Hemos recibido la información por parte de autoridades norteamericanas de que se nos ha negado el sobrevuelo sobre espacio aéreo norteamericano”, dijo Jaua esta tarde a los medios de comunicación en la Casa Amarilla, donde se llevó a cabo un encuentro con la Canciller de Sudáfrica.
“Denunciamos esto como una agresión más del imperialismo norteamericano contra el Gobierno de la República Bolivariana”, zanjó.
“Nadie puede negarle el sobrevuelo a un avión que transporta a un Presidente de la República en un viaje de Estado internacional”, expresó el Canciller al tiempo que aseguró que “no hay ningún argumento válido para negar ese sobrevuelo, por tanto lo denunciamos como una agresión”.
Tras garantizar que esta prohibición no va “a impedir que viajemos a la República Popular China”, dejó saber que se encuentran “buscando otras opciones de vuelo, pero nos reservamos las medidas en todos los órdenes que tengamos que tomar si el gobierno de Estados Unidos, sus autoridades aeronáuticas, no rectifican en este nuevo atropello contra la soberanía de Venezuela”.
CARACAS, Venezuela (AP) — El canciller venezolano Elías Jaua afirmó
el jueves que Estados Unidos ha prohibido el sobrevuelo por el espacio
aéreo de Puerto Rico del avión que transportará al presidente del
Nicolás Maduro en un viaje a China, fijado para el viernes.
Maduro tiene previsto partir este viernes hacia China para una visita oficial del 21 al 24 de septiembre.
Jaua dijo a la prensa que las autoridades estadounidenses “nos han negado el sobrevuelo sobre el espacio aéreo norteamericano en el Atlántico”, hecho que calificó como una “agresión”. El canciller formuló sus declaraciones a la salida de un encuentro con la canciller de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Denunciamos esto como una agresión, una agresión más del imperialismo norteamericano contra el gobierno de la República Bolivariana. Nadie puede negarle sobrevuelo a un avión que transporta a un presidente de la República en un viaje de estado internacional”, indicó Jaua al asegurar que “no hay un argumento válido” para negar el sobrevuelo sobre el espacio aéreo de Puerto Rico.
El canciller dijo que los funcionarios venezolanos están evaluando otras opciones de vuelo para viajar a China, aunque expresó que espera que las autoridades estadounidenses “rectifiquen en el error que están cometiendo sus subalternos”.
“Nos reservamos las medidas en todos los órdenes que tengamos que tomar si el gobierno de Estados Unidos, sus autoridades aeronáuticas, no rectifican en este nuevo atropello”, dijo el ministro al precisar que el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Calixto Ortega, está intentando comunicarse con las autoridades del Departamento de Estado para obtener una explicación del hecho.
La AP llamó a la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para obtener una reacción del caso, pero no atendieron los teléfonos.
Maduro tiene previsto partir este viernes hacia China para una visita oficial del 21 al 24 de septiembre.
Jaua dijo a la prensa que las autoridades estadounidenses “nos han negado el sobrevuelo sobre el espacio aéreo norteamericano en el Atlántico”, hecho que calificó como una “agresión”. El canciller formuló sus declaraciones a la salida de un encuentro con la canciller de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Denunciamos esto como una agresión, una agresión más del imperialismo norteamericano contra el gobierno de la República Bolivariana. Nadie puede negarle sobrevuelo a un avión que transporta a un presidente de la República en un viaje de estado internacional”, indicó Jaua al asegurar que “no hay un argumento válido” para negar el sobrevuelo sobre el espacio aéreo de Puerto Rico.
El canciller dijo que los funcionarios venezolanos están evaluando otras opciones de vuelo para viajar a China, aunque expresó que espera que las autoridades estadounidenses “rectifiquen en el error que están cometiendo sus subalternos”.
“Nos reservamos las medidas en todos los órdenes que tengamos que tomar si el gobierno de Estados Unidos, sus autoridades aeronáuticas, no rectifican en este nuevo atropello”, dijo el ministro al precisar que el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Calixto Ortega, está intentando comunicarse con las autoridades del Departamento de Estado para obtener una explicación del hecho.
La AP llamó a la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para obtener una reacción del caso, pero no atendieron los teléfonos.
Maduro se reunirá con el presidente chino, XI Jinping, quien realizó la invitación, entre el 21 y 24 de este mes.
El Gobierno venezolano se ha planteado trazar con la nación asiática una alianza integral, estratégica e histórica en todos los frentes de la coperación a fin de contribuir al desarrollo de una geopolítica mundial, refirió este lunes el jefe de Estado venezolano.
El diputado Saúl Ortega expresó que la relación entre Venezuela y China está establecida en un marco de paz y respeto, además de ser una política soberana.
Entre tanto, el parlamentario Youl Jabour manifestó que con esta visita se profundizarán los acuerdos bilaterales establecidos durante el Gobierno del comandante Hugo Chávez.
Acotó que el país asiático se perfila como una de las economías crecientes más importantes del mundo, por lo que las relaciones con China son de interés para Venezuela.
Agencias
Maduro: “Estados Unidos no nos va a prohibir ir a China”
Publicado el 9/20/13 • en Contrainjerencia
“Nos niegan el permiso de sobrevuelo; el Gobierno de Estados Unidos no nos va a prohibir ir a China, ya he ordenado trazar una ruta alternativa”.
Dijo el presidente Maduro en un acto del PSUV, realizado en el Teatro Principal de Caracas, al rechazar estas acciones contrarias al derecho internacional.
“Nos están condicionando el vuelo. Lo estamos haciendo en un vuelo del ALBA”, señaló el Presidente al explicar que el avión pertenece a la línea Cubana de Aviación.
El jefe de Estado informó además que la agenda internacional incluye su participación en la Asamblea General de la ONU, y adelantó que no permitirá le sea negado el visado a miembros de la delegación venezolana.
“No permitiré que se le niegue la visa a ningún miembro de mi delegación. Si tengo que tomar medidas diplomáticas las tomaré”.
“Uno no puede permitir esto, es por la legalidad internacional; no podemos permitir que el Gobierno de los Estados Unidos le condicione el acceso a Naciones Unidas a ningún jefe de Estado”.
El presidente Maduro informó que para el próximo año se espera la visita a Venezuela del presidente sudafricano Jacob Zuma, esto se lo confirmó la canciller Maite Nkoana Mashabane, con quien se entrevistó hoy en la Casa Amarilla.
“Hoy recibimos a la hermana canciller de Sudáfrica y nos regaló un libro de Nelson Mandela, rendentor del pueblo de Sudáfrica, revolucionario, antiimperialista; el próximo año vamos a recibir al presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma”.
En respuesta a la prohibición de vuelo del avión presidencial de Venezuela
Evo Morales: "Vamos a denunciar al Gobierno de Obama por crímenes de lesa humanidad"
Por: Actualidad RT / TeleSUR / La Radio del Sur / Aporrea.org | Jueves, 19/09/2013 08:37 PM
El presidente de Bolivia, Evo Morales, exige tomar medidas contundente contra agresión de EE.UU contra avión presidencial venezolano
Credito: TeleSUR
"No se puede aceptar que EE.UU. siga con políticas de intimidación y prohibición de vuelos de presidentes", manifestó.
Expresó que con este acto EE.UU. "demuestra su prepotencia de seguir humillando a Gobiernos" y está cometiendo crímenes contra los pueblos.
El líder andino opinó que los presidentes de la ALBA deberían considerar no asistir a la Asamblea de la ONU después de lo que ha hecho EE.UU.
"Si EE.UU. se mete con el presidente Nicolás Maduro, se está metiendo contra todo el pueblo latinoamericano", aseguró.
Según informó este viernes el canciller venezolano Elías Jaua, EE.UU. prohibió el vuelo del avión presidencial de Venezuela por el espacio aéreo de Puerto Rico para un trayecto hacia China, acción que el canciller calificó como “una agresión”.
En julio pasado el avión en el que viajaba el mandatario de Bolivia, Evo Morales, desde Moscú hacia La Paz tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Viena ante la negativa de Italia, Francia, España y Portugal a permitir que empleara su espacio aéreo, debido a la sospecha de que a bordo viajaba el extécnico de la CIA, Edward Snowden, reclamado por EE.UU. por divulgar información secreta.
ALBA y CELAC deben tomar medidas por agresión de EE.UU. contra Venezuela
El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió públicamente a los presidentes que integran los organismo regionales de América Latina, tomar medidas claras contra el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), por violar nuevamente los derechos que tiene todo presidente de sobrevolar espacios aéreos, siendo esta vez el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el agraviado al ser impedido de sobrevolar con su avión presidencial a Puerto Rico.
El mandatario boliviano anunció que solicitará una reunión de emergencia para tratar este caso que consideró como una agresión no solo al presidente de Venezuela sino también a su pueblo y todos los países de latinoamérica y el Caribe.
En este sentido denunció que el Gobierno norteaméricano violó nuevamente cuatro normas internacionales como la Declaracion universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Misiones Especiales y la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Bolivia pide reunión de la Celac por cierre de espacio aéreo de EE UU a Maduro
Publicado el 9/20/13 • en Contrainjerencia
En una rueda de prensa convocada inmediatamente después de conocerse la decisión de EE.UU, Morales también pidió que la Celac se reúna de urgencia y adelantó que en ese encuentro pedirá “el retiro inmediato” de los embajadores estadounidenses en los países que forman parte de ese organismo.
“Pedimos a los presidentes de la Celac una reunión de emergencia para tratar seriamente la soberbia del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó el mandatario.
El SAT anuncia una marcha estatal contra la deuda, los recortes y por la dimisión del Gobierno
El secretario general del sindicato, Diego Cañamero, lo ha dado a conocer tras una asamblea en El Coronil en la que 300 miembros han acordado que se llevará a cabo en otro o primavera.
EFE Sevilla 01/09/2013 18:42 Actualizado: 01/09/2013 19:02 Público
El alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo (i)junto al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero(d) en un imagen de archivo.- EFE
El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT), Diego Cañamero, ha anunciado este domingo la intención de su
organización de realizar una marcha a nivel nacional desde diferentes
puntos para protestar contra el pago de la deuda y los recortes y pedir la dimisión del Gobierno.
Cañamero ha explicado que los 300 miembros del SAT que se han reunido este domingo en una asamblea en la localidad sevillana de El Coronil, han decidido consultar con otras organizaciones, movimientos sociales y miembros del mundo de la cultura y la política la convocatoria de una "columna de marchas" con dicho objetivo.
"No al pago de la deuda, no a los recortes y dimisión del Gobierno", ha resumido Cañamero como motivos para esa movilización, que supondría "una gran acción a nivel de todo el Estado" para la que aún no hay fecha, aunque la intención es celebrarla el próximo otoño o en la primavera de 2014.
"Al ministro le ha traicionado el subconsciente. En vez de buscar a los del SAT que busque a los de su propio partido, que son los que han robado y se han llevado el dinero", ha sentenciado Cañamero, que ha recordado que la empresa no ha presentado ninguna denuncia, por lo que considera que el Gobierno "no se puede inmiscuir".
Ha indicado que el sindicato decidirá en los próximos días "cómo y dónde" reparte ese material, y abordará también otras movilizaciones relacionadas con las peonadas para acceder al subsidio agrario, los convenios o la sanidad.
Cañamero ha explicado que los 300 miembros del SAT que se han reunido este domingo en una asamblea en la localidad sevillana de El Coronil, han decidido consultar con otras organizaciones, movimientos sociales y miembros del mundo de la cultura y la política la convocatoria de una "columna de marchas" con dicho objetivo.
"No al pago de la deuda, no a los recortes y dimisión del Gobierno", ha resumido Cañamero como motivos para esa movilización, que supondría "una gran acción a nivel de todo el Estado" para la que aún no hay fecha, aunque la intención es celebrarla el próximo otoño o en la primavera de 2014.
Expropiación en el Carrefour de Sevilla
El responsable del SAT se ha referido también a la acción10 que los jornaleros realizaron el pasado viernes en un establecimiento de Carrefour en Sevilla para llevarse 10 carros material escolar y ha calificado como "absurdo" que el Ministerio del Interior haya anunciado su intención de detener a los participantes."Al ministro le ha traicionado el subconsciente. En vez de buscar a los del SAT que busque a los de su propio partido, que son los que han robado y se han llevado el dinero", ha sentenciado Cañamero, que ha recordado que la empresa no ha presentado ninguna denuncia, por lo que considera que el Gobierno "no se puede inmiscuir".
Ha indicado que el sindicato decidirá en los próximos días "cómo y dónde" reparte ese material, y abordará también otras movilizaciones relacionadas con las peonadas para acceder al subsidio agrario, los convenios o la sanidad.
Varias marchas de parados pretenden reunir a un millón de personas en Madrid el 22 de marzo
El SAT, Campamentos Dignidad de Extremadura, Frente Cívico y otros colectivos de todo el país organizan "Madrid 22-M, Marchas de la Dignidad"para protestar contra el paro, la precariedad, la deuda y los recortes y piensan acampar en la capital para continuar las movilizaciones
JAIRO VARGAS Madrid 19/09/2013 18:09 Actualizado: 19/09/2013 19:55 Público
Miles de desempleados se manifiestan contra el Gobierno en Madrid en julio de 2012.- EFE
A pesar del optimismo que el Gobierno está mostrando en sus
previsiones económicas, Rajoy tendrá que volver a apelar a esa "mayoría
silenciosa y que no se manifiesta" cuando el próximo mes de marzo "más
de un millón de personas" llegue a Madrid a pie, organizadas en columnas
desde diferentes regiones y nutridas sobre todo de desempleados.
Esa es la intención de colectivos y organizaciones sociales como el SAT, el Frente Cívico, los Campamentos Dignidad de Extramadura y otras plataformas de todo el Estado que, bajo el nombre de "Madrid 22-M, Marchas de la Dignidad", han fijado esta fecha para realizar una gran movilización contra el paro, la precariedad, la deuda y los recortes que está aplicando el Ejecutivo del PP y que dicta la troika.
Así lo han confirmado a Público fuentes de la organización después de que el pasado miércoles se reunieran por segunda vez en Vallecas (Madrid) los representantes de los diferentes colectivos que impulsan y apoyan esta gran protesta unitaria que tiene intención de acampar en la capital para continuar con las protestas.
El SAT ya anunció a primeros de mes una movilización con la que otras plataformas estaban deacuerdo y, en un primer encuentro estatal, se preveía para el 16 de noviembre, pero se materializará finalmente en primavera por varias razones. "Hemos acordado que principios de primavera es una fecha mejor, tanto por el clima y por el tiempo del que disponemos para organizarlo todo", aseguran las fuentes.
El objetivo, apuntan, es una movilización de "más de un millón de personas" entre los integrantes de las marchas y los que reciban en Madrid a las columnas, algo que "requiere mucho trabajo de organización para delimitar el recorrido de las marchas, saber dónde dormir, etc.", explican. "Organizar una movilización como esta es complicado y más aún hacerlo en un solo mes, por lo que el sentido común nos llevó a decidir que fuera el mes de marzo".
La idea, según explican, es que sea "una protesta seria e histórica, más grande que las marchas de mineros que llegaron a Madrid". Al tiempo, recuerdan que "está abierta a todos los colectivos que quieran sumarse". "Queremos acampar en Madrid para continuar con la protesta", afirman, aunque aún no se sabe ni dónde ni por cuánto tiempo, algo que se irá esclareciendo durante los próximos meses.
Noviembre no será un mes de tranquilidad. La asamblea del miércoles acordó realizar una "semana de lucha social descentralizada" desde el 15 hasta el 23 de noviembre que reivindicará, entre otras cosas, la renta básica, el trabajo digno o los derechos sociales; reservando la jornada del 21 para protestar en todas las regiones contra el "pensionazo" que el Gobierno aprobó en el último Consejo de ministros.
De momento han confirmado la partida de columnas desde Extremadura, Andalucía, Valencia y Murcia. También se están cerrando marchas desde Asturias y Aragón y se están manteniendo conversaciones con colectivos de Catalunya. "Se ha designado una comisión encargada de recorrer los diferentes territorios", explica a Público un miembro de la recién designada comisión de comunicación, que en pocos días emitirá una nota en la que ofrecerán más detalles.
Los organizadores pretenden que lleguen a conformarse "entre ocho y diez columnas de manifestantes" que saldrán en diferentes fechas. Por el momento, esta iniciativa cuenta con el apoyo de formaciones como Izquierda Unida de Madrid, Izquierda Anticapitalista y sindicatos minoritarios. Ni UGT ni CCOO han participado en estas conversaciones.
Esa es la intención de colectivos y organizaciones sociales como el SAT, el Frente Cívico, los Campamentos Dignidad de Extramadura y otras plataformas de todo el Estado que, bajo el nombre de "Madrid 22-M, Marchas de la Dignidad", han fijado esta fecha para realizar una gran movilización contra el paro, la precariedad, la deuda y los recortes que está aplicando el Ejecutivo del PP y que dicta la troika.
Así lo han confirmado a Público fuentes de la organización después de que el pasado miércoles se reunieran por segunda vez en Vallecas (Madrid) los representantes de los diferentes colectivos que impulsan y apoyan esta gran protesta unitaria que tiene intención de acampar en la capital para continuar con las protestas.
El SAT ya anunció a primeros de mes una movilización con la que otras plataformas estaban deacuerdo y, en un primer encuentro estatal, se preveía para el 16 de noviembre, pero se materializará finalmente en primavera por varias razones. "Hemos acordado que principios de primavera es una fecha mejor, tanto por el clima y por el tiempo del que disponemos para organizarlo todo", aseguran las fuentes.
El objetivo, apuntan, es una movilización de "más de un millón de personas" entre los integrantes de las marchas y los que reciban en Madrid a las columnas, algo que "requiere mucho trabajo de organización para delimitar el recorrido de las marchas, saber dónde dormir, etc.", explican. "Organizar una movilización como esta es complicado y más aún hacerlo en un solo mes, por lo que el sentido común nos llevó a decidir que fuera el mes de marzo".
La idea, según explican, es que sea "una protesta seria e histórica, más grande que las marchas de mineros que llegaron a Madrid". Al tiempo, recuerdan que "está abierta a todos los colectivos que quieran sumarse". "Queremos acampar en Madrid para continuar con la protesta", afirman, aunque aún no se sabe ni dónde ni por cuánto tiempo, algo que se irá esclareciendo durante los próximos meses.
Noviembre, semana de lucha social descentralizada
El 21 de noviembre habrá protestas regionales contra el "pensionazo"Noviembre no será un mes de tranquilidad. La asamblea del miércoles acordó realizar una "semana de lucha social descentralizada" desde el 15 hasta el 23 de noviembre que reivindicará, entre otras cosas, la renta básica, el trabajo digno o los derechos sociales; reservando la jornada del 21 para protestar en todas las regiones contra el "pensionazo" que el Gobierno aprobó en el último Consejo de ministros.
De momento han confirmado la partida de columnas desde Extremadura, Andalucía, Valencia y Murcia. También se están cerrando marchas desde Asturias y Aragón y se están manteniendo conversaciones con colectivos de Catalunya. "Se ha designado una comisión encargada de recorrer los diferentes territorios", explica a Público un miembro de la recién designada comisión de comunicación, que en pocos días emitirá una nota en la que ofrecerán más detalles.
Los organizadores pretenden que lleguen a conformarse "entre ocho y diez columnas de manifestantes" que saldrán en diferentes fechas. Por el momento, esta iniciativa cuenta con el apoyo de formaciones como Izquierda Unida de Madrid, Izquierda Anticapitalista y sindicatos minoritarios. Ni UGT ni CCOO han participado en estas conversaciones.
