Vuelo de Maduro: “La excusa es que el avión es de Cubana de Aviación”
Publicado el 9/20/13 • en Contrainjerencia
Con estas palabras se refirió este viernes el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, a la prohibición que hiciera Estados Unidos al avión donde se desplaza el presidente de la República a China, a sobrevolar el espacio aéreo estadounidense.
¿Qué le dijeron al presidente Evo Morales hace más de un mes? Le prohibieron el sobrevuelo de su avión ya en el espacio aéreo europeo, con cualquier excusa. La excusa en este momento es que el avión es de Cubana de Aviación, pero ese mismo avión tuvo los mismos permisos hace cuatro meses (…) La excusa en realidad es que le tienen miedo a los pueblos de la Alianza Bolivariana, le tienen miedo a los pueblos de nuestra América”.
La prohibición “es una falta grave, pero además nos están condicionando el vuelo. Nosotros estamos haciendo el vuelo en un avión seguro… de Cubana de Aviación”, comentó Maduro el jueves.
“Estos vuelos lejanos, aprendimos del (fallecido presidente) el comandante (Hugo) Chávez, hacerlo en vuelos del Alba, en vuelos de Cubana de Aviación”, destacó, sin dar detalles o aclarar si el uso de un avión de la aerolínea cubana sería la causa de la medida en su contra.
Eva Golinger: "EEUU no puede secuestrar a la ONU, y esto es lo que están haciendo"
Hay que tomar una decisión: o las Naciones Unidas mantiene Nueva York como su sede y deja entrar a los jefes de Estado y delegaciones, o se convierte en un lugar controlado por EE.UU., "y entonces hay que cambiarle la sede, porque no puede ser que un sitio de reunión de la comunidad internacional sea controlado por un solo país".Por: Actualidad RT | Viernes, 20/09/2013 12:41 AM
Abogada y escritora, Eva Golinger
Credito: noticiaaldia.com
"Lo hacen para crear obstáculos, para provocar una reacción por parte del Gobierno venezolano", opinó la escritora.
Sin embargo, destacó, si la sede principal de las Naciones Unidas está en Nueva York, "Washington está obligado a siempre dejar entrar a las delegaciones internacionales".
"EE.UU. no puede secuestrar a la ONU, y esto es justamente lo que están haciendo cuando intentan obstaculizar los viajes de los presidentes o prohíben la entrada de sus delegaciones", declaró.
Asimismo, comentó las declaraciones del presidente boliviano Evo Morales, quien llamó a los países latinoamericanos a reaccionar ante este incidente.
Según la periodista, "es posible organizar una denuncia contundente sobre esta clase de abusos".
Explicó que EE.UU. está siempre buscando alguna manera de dificultar la presencia de los jefes de Estado, que además son los que vienen a denunciar los abusos del Gobierno de EE.UU. en América Latina y en el mundo, "que son voces de protestas, son voces que no se callan ante la intimidación y las presiones de EE.UU."
"Entonces, es importante que vengan todos los jefes de Estado y las delegaciones de los países del ALBA, de América Latina a Naciones Unidas, a la Asamblea General para que denuncien en voz colectiva estos abusos que ellos están sufriendo", expresó la analista.
Según ella, hay que tomar una decisión: o las Naciones Unidas mantiene Nueva York como su sede y deja entrar a los jefes de Estado y delegaciones, o se convierte en un lugar controlado por EE.UU., "y entonces hay que cambiarle la sede, porque no puede ser que un sitio de reunión de la comunidad internacional sea controlado por un solo país".
"Eso ya es el colmo del unilateralismo de EE.UU. en el mundo", concluyó Golinger.
Según informó este viernes el canciller venezolano Elías Jaua, EE.UU. prohibió el vuelo del avión presidencial de Venezuela por el espacio aéreo de Puerto Rico en un trayecto hacia China, acción que el canciller calificó como "una agresión".
Además, el propio mandatario venezolano denunció que las autoridades estadounidenses han negado el visado a varios funcionarios de su país que pretendían asistir al foro de cooperación América del Sur-África en Nueva York.
Puerto Rico: Condenan insolencia de EEUU hacia Maduro
Publicado el 9/20/13 • en Contrainjerencia
Julio Muriente.
Tres organizaciones de izquierda boricuas condenaron hoy la
negativa de Estados Unidos a que el avión del presidente venezolano,
Nicolás Maduro, sobrevuele mañana el espacio aéreo puertorriqueño en
viaje hacia la República Popular China.
La decisión, dada a conocer la víspera por el canciller venezolano,
Elías Jaua, recibió la condena por separado del Movimiento
Independentista Nacional Hostosiano (MINH), el Partido Comunista de
Puerto Rico (PCPR) y el Movimiento Unión Soberanista (MUS).El copresidente del MINH, Julio Muriente, calificó la acción de violación al derecho internacional vigente en materia de transportación aérea.
Además, dijo, constituye un atentado contra la soberanía nacional de Venezuela en el afán de Washington de hacer daño al gobierno bolivariano que encabeza Maduro.
“Esa decisión arbitraria es una muestra elocuente de la condición colonial que sufre Puerto Rico, cuyo territorio y espacio aéreo son una vez más sometidos al control imperial estadounidense”, expresó Muriente al recalcar la solidaridad del MINH al gobierno venezolano ante esta nueva afrenta.
Mientras, el portavoz y miembro de la Comisión Política del PCPR, Alberto Torres, afirmó que con esta acción Estados Unidos demuestra nuevamente “su intolerancia a la convivencia pacífica de los pueblos del mundo”.
“Los imperialistas, en su prepotencia, a la vez que pretenden agredir al mandatario venezolano con esta insólita decisión, mancillan la dignidad de los puertorriqueños al colocarnos en su indeseable línea de discordia con los pueblos latinoamericanos y caribeños”, dijo Torres a Prensa Latina .
Advirtió que ninguna acción que tome Washington en contra del pueblo bolivariano de Venezuela, su presidente Nicolás Maduro, ni ningún pueblo hermano conseguirá alejar a Puerto Rico de su realidad como nación de América Latina y el Caribe.
“Cada vez más nuestro pueblo camina hacia la plena comprensión de que Estados Unidos en nada contribuye a nuestro país, a no ser el saqueo de su economía al convertirnos en su principal mercado de consumo”, agregó. La presidenta del MUS, María de Lourdes Guzmán, consideró “vergonzoso que el gobierno de Estados Unidos, en ejercicio abusivo de su poder imperialista, entorpezca el vuelo del presidente de una nación, lo que a su vez pone al desnudo la humillante condición colonial que sufrimos los puertorriqueños, y que nos impide hasta ser dueños de nuestro cielo”.
Guzmán afirmó que esta situación desenmascara la mano siniestra del gobierno estadounidense en ocasión reciente en que varias naciones europeas impidieran al presidente de Bolivia, Evo Morales, sobrevolar su espacio aéreo de retorno a su país.
Consideró que la acción de Washington contra el presidente Maduro es un inaceptable acto de prepotencia.
Debido a su dominio colonial sobre Puerto Rico, Estados Unidos controla sus fronteras y el espacio aéreo, entre otras instancias.
Cuba: "Incidente con Maduro ofende a toda la América Latina"
Publicado: 20 sep 2013 | 20:51 GMT
Última actualización: 21 sep 2013 | 1:37 GMT- RT
El incidente provocado por EE.UU. al no permitir al
avión presidencial de Venezuela sobrevolar su territorio ofende a toda
la América Latina, dijo el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.
"Es un acto injustificable, arbitrario, inamistoso, que ofende a toda la América Latina y el Caribe", dijo Rodríguez.
Según sus palabras, se trata de una violación de la Convención de la ONU de Misiones Especiales y a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas.
Rodríguez recordó que es el segundo acto que se produce en pocos meses. "Estas conductas son inaceptables, dañan la situación internacional", indicó el canciller, citado por el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
"El Gobierno de EE.UU. tiene obligaciones jurídicas bajo el Derecho Internacional, incluso en su condición de sede de las Naciones Unidas en cuanto a la garantía de los sobrevuelos, aterrizajes y seguridad de las aeronaves de los jefes de Estado que asisten a la ONU", afirma Rodríguez. Según sus palabras, la CELAC continúa sus consultas en esta materia y tratará el tema en la Asamblea General de la ONU la próxima semana.
Según el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, las autoridades estadounidenses han negado el visado a varios funcionarios de Venezuela que pretendían asistir al foro de cooperación América del Sur-África en Nueva York. El canciller venezolano, Elías Jaua, informó que las autoridades estadounidenses también prohibieron el vuelo del avión presidencial de Venezuela por el espacio aéreo de Puerto Rico para un trayecto hacia China, acción que calificó como "una agresión".
Según sus palabras, se trata de una violación de la Convención de la ONU de Misiones Especiales y a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas.
Rodríguez recordó que es el segundo acto que se produce en pocos meses. "Estas conductas son inaceptables, dañan la situación internacional", indicó el canciller, citado por el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
"El Gobierno de EE.UU. tiene obligaciones jurídicas bajo el Derecho Internacional, incluso en su condición de sede de las Naciones Unidas en cuanto a la garantía de los sobrevuelos, aterrizajes y seguridad de las aeronaves de los jefes de Estado que asisten a la ONU", afirma Rodríguez. Según sus palabras, la CELAC continúa sus consultas en esta materia y tratará el tema en la Asamblea General de la ONU la próxima semana.
Según el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, las autoridades estadounidenses han negado el visado a varios funcionarios de Venezuela que pretendían asistir al foro de cooperación América del Sur-África en Nueva York. El canciller venezolano, Elías Jaua, informó que las autoridades estadounidenses también prohibieron el vuelo del avión presidencial de Venezuela por el espacio aéreo de Puerto Rico para un trayecto hacia China, acción que calificó como "una agresión".
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/
El avion de Maduro: “Una metedura de pata más de EEUU” (Dave Lindorff)
Publicado el 9/20/13 • en Contrainjerencia
Dave Lindorff en RT.
No cabe la menor duda de que lo sucedido tiene relación con la oferta
de asilo al excontratista de la CIA, aseguró Lindorff, quien recordó la
cancelación de planes por parte del presidente de EE.UU., Barack Obama,
de reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el suceso ocurrido
con el avión del mandatario boliviano, Evo Morales, que también ofreció
asilo a Snowden.
A su juicio, “es un comportamiento propio de jardín de infancia” por parte de un país que “siempre pregona la importancia de la ley internacional”.
A su juicio, “es un comportamiento propio de jardín de infancia” por parte de un país que “siempre pregona la importancia de la ley internacional”.
“Permite a dictadores y líderes militares
que han matado a su propia gente en América Latina pasar unas vacaciones
en EE.UU.” pero impide que un mandatario latinoamericano elegido
democráticamente sobrevuele ese espacio aéreo, afirmó a RT el periodista
y fundador del portal This Can’t Be Happening (‘Esto no puede estar
sucediendo’).
Según Lindorff, es vergonzoso que el
principal socio petrolero latinoamericano de EE.UU. reciba este trato.
En su opinión, los puertorriqueños probablemente se sienten ofendidos
por este gesto.
“Es solo un ejemplo más de la increíble
torpeza del Gobierno de EE.UU.”, agregó el periodista estadounidense,
quien más adelante aseguró que siente auténtica vergüenza al ver al
Gobierno de su país comportándose de esta manera tan caprichosa.
Horas después de que el canciller
venezolano, Elías Jaua, diera a conocer lo sucedido con el avión
presidencial, EE.UU. autorizó a la aeronave sobrevolar su espacio aéreo.
En respuesta a la medida estadounidense, el
presidente boliviano, Evo Morales, afirmó que “ denunciará al Gobierno
de Obama por crímenes de lesa humanidad”.
DANIEL PAZ & RUDY
Siete de cada diez estadounidenses piensan que el gobierno beneficia a los bancos y las grandes empresas
Por: Zero Hedge | Viernes, 20/09/2013 05:06 PM
Credito: Getty Images
Traducción por Ivana Cardinale
20 de septiembre de 2013.- El 72% de los pobres y el 71% de la clase media de Estados Unidos cree que las políticas del gobierno (fiscal y monetaria) ha hecho poco a nada para ayudarlos. Por supuesto, el tema será evitado por los académicos porque "la gente no lo entiende".
Pero cuando el 69% de todos los estadounidenses, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew, dice que grandes bancos e instituciones financieras han sido los más beneficiados de las políticas del gobierno luego de la recesión. A pesar de un creciente mercado de valores, la explosión de precios de la vivienda, y las bajas tasas estimulando todo tipo de exuberancia de préstamos de alto riesgo para automóviles, ha habido pocos cambios en estas percepciones desde julio 2010.
El público ve claros ganadores y perdedores como resultado de las políticas económicas del gobierno de Estados Unidos luego de la recesión que comenzó en 2008.
En la opinión del público, los beneficiarios de estas políticas son los grandes bancos, instituciones financieras, grandes corporaciones y la gente rica.
Considerables mayorías expresan que las políticas del gobierno han ayudado a los tres sectores al menos con una buena cantidad - 69% dice que apoyaron a los grandes bancos y las instituciones financieras, el 67% a las grandes empresas y el 59% a la gente rica.
Aproximadamente siete de cada diez estadounidenses dicen que las políticas gubernamentales han hecho poco o nada para ayudar a los pobres (72%), la clase media (71%) y pequeñas empresas (67%).
La creencia de que el sistema económico de Estados Unidos no es más seguro hoy de lo que era antes de la crisis financiera es ampliamente compartida en todos los grupos demográficos.
20 de septiembre de 2013.- El 72% de los pobres y el 71% de la clase media de Estados Unidos cree que las políticas del gobierno (fiscal y monetaria) ha hecho poco a nada para ayudarlos. Por supuesto, el tema será evitado por los académicos porque "la gente no lo entiende".
Pero cuando el 69% de todos los estadounidenses, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew, dice que grandes bancos e instituciones financieras han sido los más beneficiados de las políticas del gobierno luego de la recesión. A pesar de un creciente mercado de valores, la explosión de precios de la vivienda, y las bajas tasas estimulando todo tipo de exuberancia de préstamos de alto riesgo para automóviles, ha habido pocos cambios en estas percepciones desde julio 2010.
El público ve claros ganadores y perdedores como resultado de las políticas económicas del gobierno de Estados Unidos luego de la recesión que comenzó en 2008.
En la opinión del público, los beneficiarios de estas políticas son los grandes bancos, instituciones financieras, grandes corporaciones y la gente rica.
Considerables mayorías expresan que las políticas del gobierno han ayudado a los tres sectores al menos con una buena cantidad - 69% dice que apoyaron a los grandes bancos y las instituciones financieras, el 67% a las grandes empresas y el 59% a la gente rica.
Aproximadamente siete de cada diez estadounidenses dicen que las políticas gubernamentales han hecho poco o nada para ayudar a los pobres (72%), la clase media (71%) y pequeñas empresas (67%).
La creencia de que el sistema económico de Estados Unidos no es más seguro hoy de lo que era antes de la crisis financiera es ampliamente compartida en todos los grupos demográficos.
¡Basta de guerras en Oriente Medio!: el pueblo estadounidense y su oposición al ataque militar contra Siria
Publicado el 20 de septiembre de 2013
Amy Goodman
La paz continúa siendo una posibilidad remota en Siria, mientras la guerra civil en el país se intensifica. De momento se ha impedido la terrible eventualidad de un ataque estadounidense, evitando así un empeoramiento catastrófico de la crisis en Siria. La población estadounidense ha salido a defender la paz y, por una vez, los políticos escucharon. Ciudadanos estadounidenses de todo el espectro político se opusieron a un ataque militar de Estados Unidos. Los miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, recibieron una avalancha de llamadas telefónicas y correos electrónicos en los que se los instaba a votar en contra de autorizar un ataque militar.
Los medios atribuyen al Presidente ruso, Vladimir Putin, el mérito de haberle lanzado un salvavidas al Presidente Barack Obama, que le permitió recurrir a la vía diplomática para postergar el ataque que había planeado. Sin embargo, si no hubiera sido por la oposición de la población estadounidense a un ataque militar, Obama no hubiera necesitado ni hubiera considerado una solución alternativa a la guerra.
El 4 de septiembre pasado, durante la declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, activistas opositores a la guerra del grupo Code Pink se sentaron detrás de él y permanecieron en silencio con las manos alzadas pintadas de rojo, para simbolizar el derramamiento de sangre. Kerry afirmó: “Me acuerdo de Irak. El Secretario Hagel y yo éramos senadores en ese momento y tuvimos que votar. De modo que ambos hacemos especial hincapié en que nunca más se solicite a un miembro del Congreso que vote sobre la base de información incorrecta. Y es por eso que nuestro equipo de inteligencia se tomó su tiempo, y es por eso que el Presidente se tomó el tiempo de verificar los hechos del caso y de desclasificar una cantidad de información sin precedentes para revisar bien las pruebas y presentar los hechos a la población estadounidense y, especialmente, al Congreso”.
Días antes, Kerry utilizó el verbo “saber” alrededor de 30 veces durante su discurso de apoyo a la guerra contra Siria: “Hay cosas que sabemos y de las que podemos hablar públicamente. Entonces, ¿qué sabemos realmente como para poder hablar? Bueno, sabemos que el régimen de Assad tiene el mayor programa de armas nucleares de todo Oriente Medio. Sabemos que el régimen ha utilizado esas armas muchas veces este año. Y que las ha utilizado a pequeña escala y las ha utilizado contra su propia población, no muy lejos de donde ocurrió el ataque del miércoles. Sabemos que el régimen tenía como objetivo específico quitarle a la oposición el control de los barrios periféricos de Damasco y estaba decepcionado por no haberlo podido lograr. Sabemos que tres días antes del ataque el personal de armas químicas del régimen sirio estuvo en el lugar haciendo preparativos. De modo que ahora que sabemos lo que sabemos, la pregunta que todos debemos hacernos es qué haremos al respecto”, afirmó Kerry. Su discurso se parece mucho a una declaración que realizó Donald Rumsfeld durante una conferencia de prensa antes de la guerra de Irak, cuando sostuvo: “Hay cosas que sabemos con certeza. Es decir, hay cosas que sabemos que sabemos. Existen incertidumbres conocidas. Es decir, hay cosas que sabemos que no sabemos. Pero también hay muchas incertidumbres desconocidas, hay cosas que no sabemos que desconocemos”.
Como dijo Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Tras doce años de guerra en Afganistán e Irak, miles de muertos, decenas de miles de mutilados y billones de dólares gastados, la población estadounidense no aceptará el discurso ensayado de un funcionario público como motivo suficiente para ir a la guerra. Los ciudadanos del Reino Unido también se expresaron y presionaron al Parlamento de su país para que votara en contra de un ataque militar. Tras la votación, Edward Miliband, líder del Partido Laborista y presidente del bloque de la oposición en la Cámara de los Comunes, declaró: “Creo firmemente en la necesidad de una respuesta severa al uso de armas químicas, pero también creo en respetar la voluntad de la Cámara de los Comunes. Esta noche queda claro que, al no haberse aprobado la moción en la Cámara, me queda claro que el Parlamento británico que refleja la opinión del pueblo británico, se opone a un ataque militar británico. Entiendo el mensaje y el Gobierno debería actuar en consecuencia”.
Consideremos, por un instante, los hechos: el régimen de Bahsar al-Assad está siendo acusado de haber perpetrado un ataque atroz con armas químicas el 21 de agosto en la localidad de Ghouta, en las afueras de Damasco. Llamativamente, un equipo de inspectores de armas químicas de las Naciones Unidas había viajado a Damasco justo tres días antes del ataque. Su misión era la de investigar las acusaciones de ataques anteriores con armas químicas en las localidades de Khan al-Assal, Sheikh Maqsood y Saraqeb. El Secretario General de la ONU, Ban ki-Moon, ordenó finalmente al equipo que investigara el ataque en Ghouta y, tras largas negociaciones con el Gobierno de Assad, se permitió a los inspectores de armas a realizar su trabajo.
En su informe de 40 páginas, los inspectores explican que hay “pruebas claras y contundentes de que se utilizaron misiles tierra-tierra que contenían el agente nervioso gas sarín”. El informe no indica quién lanzó los misiles, pero los inspectores pudieron examinar los restos de varios de los cohetes utilizados. El equipo, encabezado por el especialista en armas químicas sueco Ake Sellstrom, realizó una labor rápida y rigurosa en circunstancias muy difíciles (fueron atacados por un francotirador cuando se dirigían a Ghouta).
En Ghouta se cometió un crimen de guerra. Kerry afirma “saber” que fue Assad. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, replicó: “Tenemos información suficiente para creer que fue una provocación”, lo que da a entender que los rebeldes sirios perpetraron el ataque para lograr que Estados Unidos interviniera en su lucha contra el régimen de Assad.
Se han logrado muchos avances gracias a los acontecimientos de esta semana. Siria aceptó colocar su arsenal de armas químicas bajo control internacional. Irán, que apoya firmemente al régimen de Assad, tiene un nuevo presidente, Hassad Rouhani, que viajará a Nueva York la semana próxima para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se prevé que pronuncie su discurso el mismo día que el Presidente Obama. Lo que es más importante, es probable que Rouhani y Obama mantengan un encuentro cara a cara, en lo que sería la primera reunión entre presidentes de Estados Unidos e Irán desde 1979.
La terrible tragedia que azota Siria y la persistente oposición de la población estadounidense a un ataque militar contra ese país podrían dar lugar a una paz más amplia en Oriente Medio.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2013 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Amy Goodman
La paz continúa siendo una posibilidad remota en Siria, mientras la guerra civil en el país se intensifica. De momento se ha impedido la terrible eventualidad de un ataque estadounidense, evitando así un empeoramiento catastrófico de la crisis en Siria. La población estadounidense ha salido a defender la paz y, por una vez, los políticos escucharon. Ciudadanos estadounidenses de todo el espectro político se opusieron a un ataque militar de Estados Unidos. Los miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, recibieron una avalancha de llamadas telefónicas y correos electrónicos en los que se los instaba a votar en contra de autorizar un ataque militar.
Los medios atribuyen al Presidente ruso, Vladimir Putin, el mérito de haberle lanzado un salvavidas al Presidente Barack Obama, que le permitió recurrir a la vía diplomática para postergar el ataque que había planeado. Sin embargo, si no hubiera sido por la oposición de la población estadounidense a un ataque militar, Obama no hubiera necesitado ni hubiera considerado una solución alternativa a la guerra.
El 4 de septiembre pasado, durante la declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, activistas opositores a la guerra del grupo Code Pink se sentaron detrás de él y permanecieron en silencio con las manos alzadas pintadas de rojo, para simbolizar el derramamiento de sangre. Kerry afirmó: “Me acuerdo de Irak. El Secretario Hagel y yo éramos senadores en ese momento y tuvimos que votar. De modo que ambos hacemos especial hincapié en que nunca más se solicite a un miembro del Congreso que vote sobre la base de información incorrecta. Y es por eso que nuestro equipo de inteligencia se tomó su tiempo, y es por eso que el Presidente se tomó el tiempo de verificar los hechos del caso y de desclasificar una cantidad de información sin precedentes para revisar bien las pruebas y presentar los hechos a la población estadounidense y, especialmente, al Congreso”.
Días antes, Kerry utilizó el verbo “saber” alrededor de 30 veces durante su discurso de apoyo a la guerra contra Siria: “Hay cosas que sabemos y de las que podemos hablar públicamente. Entonces, ¿qué sabemos realmente como para poder hablar? Bueno, sabemos que el régimen de Assad tiene el mayor programa de armas nucleares de todo Oriente Medio. Sabemos que el régimen ha utilizado esas armas muchas veces este año. Y que las ha utilizado a pequeña escala y las ha utilizado contra su propia población, no muy lejos de donde ocurrió el ataque del miércoles. Sabemos que el régimen tenía como objetivo específico quitarle a la oposición el control de los barrios periféricos de Damasco y estaba decepcionado por no haberlo podido lograr. Sabemos que tres días antes del ataque el personal de armas químicas del régimen sirio estuvo en el lugar haciendo preparativos. De modo que ahora que sabemos lo que sabemos, la pregunta que todos debemos hacernos es qué haremos al respecto”, afirmó Kerry. Su discurso se parece mucho a una declaración que realizó Donald Rumsfeld durante una conferencia de prensa antes de la guerra de Irak, cuando sostuvo: “Hay cosas que sabemos con certeza. Es decir, hay cosas que sabemos que sabemos. Existen incertidumbres conocidas. Es decir, hay cosas que sabemos que no sabemos. Pero también hay muchas incertidumbres desconocidas, hay cosas que no sabemos que desconocemos”.
Como dijo Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Tras doce años de guerra en Afganistán e Irak, miles de muertos, decenas de miles de mutilados y billones de dólares gastados, la población estadounidense no aceptará el discurso ensayado de un funcionario público como motivo suficiente para ir a la guerra. Los ciudadanos del Reino Unido también se expresaron y presionaron al Parlamento de su país para que votara en contra de un ataque militar. Tras la votación, Edward Miliband, líder del Partido Laborista y presidente del bloque de la oposición en la Cámara de los Comunes, declaró: “Creo firmemente en la necesidad de una respuesta severa al uso de armas químicas, pero también creo en respetar la voluntad de la Cámara de los Comunes. Esta noche queda claro que, al no haberse aprobado la moción en la Cámara, me queda claro que el Parlamento británico que refleja la opinión del pueblo británico, se opone a un ataque militar británico. Entiendo el mensaje y el Gobierno debería actuar en consecuencia”.
Consideremos, por un instante, los hechos: el régimen de Bahsar al-Assad está siendo acusado de haber perpetrado un ataque atroz con armas químicas el 21 de agosto en la localidad de Ghouta, en las afueras de Damasco. Llamativamente, un equipo de inspectores de armas químicas de las Naciones Unidas había viajado a Damasco justo tres días antes del ataque. Su misión era la de investigar las acusaciones de ataques anteriores con armas químicas en las localidades de Khan al-Assal, Sheikh Maqsood y Saraqeb. El Secretario General de la ONU, Ban ki-Moon, ordenó finalmente al equipo que investigara el ataque en Ghouta y, tras largas negociaciones con el Gobierno de Assad, se permitió a los inspectores de armas a realizar su trabajo.
En su informe de 40 páginas, los inspectores explican que hay “pruebas claras y contundentes de que se utilizaron misiles tierra-tierra que contenían el agente nervioso gas sarín”. El informe no indica quién lanzó los misiles, pero los inspectores pudieron examinar los restos de varios de los cohetes utilizados. El equipo, encabezado por el especialista en armas químicas sueco Ake Sellstrom, realizó una labor rápida y rigurosa en circunstancias muy difíciles (fueron atacados por un francotirador cuando se dirigían a Ghouta).
En Ghouta se cometió un crimen de guerra. Kerry afirma “saber” que fue Assad. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, replicó: “Tenemos información suficiente para creer que fue una provocación”, lo que da a entender que los rebeldes sirios perpetraron el ataque para lograr que Estados Unidos interviniera en su lucha contra el régimen de Assad.
Se han logrado muchos avances gracias a los acontecimientos de esta semana. Siria aceptó colocar su arsenal de armas químicas bajo control internacional. Irán, que apoya firmemente al régimen de Assad, tiene un nuevo presidente, Hassad Rouhani, que viajará a Nueva York la semana próxima para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se prevé que pronuncie su discurso el mismo día que el Presidente Obama. Lo que es más importante, es probable que Rouhani y Obama mantengan un encuentro cara a cara, en lo que sería la primera reunión entre presidentes de Estados Unidos e Irán desde 1979.
La terrible tragedia que azota Siria y la persistente oposición de la población estadounidense a un ataque militar contra ese país podrían dar lugar a una paz más amplia en Oriente Medio.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2013 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
“Sin guerra, el presidente de EE.UU. no es emperador” (Analista)
Publicado el 9/20/13 • en Contrainjerencia
La política exterior de Estados Unidos ha pasado por varias etapas
en su historia, desde cuando actuaba como “un país que solo con su
imagen debería influir en otras naciones” hasta la fase en que surgió la
idea del “fundamentalismo democrático”, es decir, la de “eliminar
tiranos” y “divulgar la democracia por fuerza”, explica Borís
Mezhúyev.De esta manera el pueblo estadounidense “se ha acostumbrado a
que todos sus presidentes deben desatar alguna guerra, porque sin guerra
el presidente no es emperador. Ha aparecido una
mentalidad imperialista, como en la antigua Roma”, señala el politólogo.
“Aunque el pueblo no quiere guerrear, el prestigio del
presidente-emperador está cada vez más relacionado con la guerra, aunque
esta no termine con mucho éxito”. Este fenómeno es evidente también en
el marco del debate público sobre la posible intervención militar en
Siria por parte de EE.UU.
En este sentido, aunque durante muchos años Washington ha sido líder de la formación de la opinión pública, “actualmente la propaganda empieza a fallar”.John McCain responde a Putin en lugar de Obama
El mensaje del senador republicano John McCain publicado en el periódico ruso ‘Pravda’ días después del artículo del presidente Vladímir Putin en ‘The New York Times’ demuestra que “Obama no tuvo nada que rebatirle a Putin, por eso otros políticos tuvieron que contestar por él”, considera Mezhúyev.
Entre la élite política no hubo mejor candidato para esta tarea que McCain, una “encarnación de la rusofobia estadounidense”. El objetivo de su mensaje era “disminuir el prestigio de Rusia tras su iniciativa” para solucionar el conflicto en Siria de manera pacífica, estrategia que “seguirá usándose en el futuro”, advierte el experto.
Mezhúyev califica esa táctica de “detestable”. Al escribir que “los rusos merecen un mejor presidente”, McCain en realidad insulta a la nación rusa, ya que habla de un presidente elegido por la mayoría, y esa elección debería ser respetada, concluye el politólogo.
En este sentido, aunque durante muchos años Washington ha sido líder de la formación de la opinión pública, “actualmente la propaganda empieza a fallar”.John McCain responde a Putin en lugar de Obama
El mensaje del senador republicano John McCain publicado en el periódico ruso ‘Pravda’ días después del artículo del presidente Vladímir Putin en ‘The New York Times’ demuestra que “Obama no tuvo nada que rebatirle a Putin, por eso otros políticos tuvieron que contestar por él”, considera Mezhúyev.
Entre la élite política no hubo mejor candidato para esta tarea que McCain, una “encarnación de la rusofobia estadounidense”. El objetivo de su mensaje era “disminuir el prestigio de Rusia tras su iniciativa” para solucionar el conflicto en Siria de manera pacífica, estrategia que “seguirá usándose en el futuro”, advierte el experto.
Mezhúyev califica esa táctica de “detestable”. Al escribir que “los rusos merecen un mejor presidente”, McCain en realidad insulta a la nación rusa, ya que habla de un presidente elegido por la mayoría, y esa elección debería ser respetada, concluye el politólogo.
Obama habrá dirigido “el gobierno más anti-inmigrante en la historia”
Publicado el 9/20/13 • en Contrainjerencia
Obama respondió públicamente esta semana diciendo que no tiene la autoridad para tomar las medidas-que los grupos pro-inmigrantes reclaman, reporta allgonew.com.
Obama apareció en Telemundo, una cadena en español, afirmando que “no es una opción” para congelar las deportaciones, que se estiman en más de 1.000 por día, porque hacerlo “sería ignorar la ley de una manera que sería muy difícil defender legalmente “.
Líderes de la reforma de inmigración rechazó completamente las declaraciones de Obama.
“A menos que el presidente cambie el curso de las deportaciones, se arriesga a cimentar su legado como Con la reforma migratoria estancado en el Congreso, defensores de los inmigrantes han pedido al presidente Barack Obama que use sus poderes ejecutivos para congelar las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales que no hayan cometido un delito en los Estados Unidos. Obama respondió públicamente esta semana diciendo que no tiene la autoridad para tomar las medidas-que los grupos pro-inmigrantes sólo más malestar.
Obama apareció en Telemundo, una cadena en español, afirmando que “no es una opción“ para congelar las deportaciones, que se estima en más de 1.000 por día, porque hacerlo “sería ignorar la ley de una manera que sería muy difícil defender legalmente “.
Líderes de la reforma de inmigración rechazó completamente las declaraciones de Obama.
“A menos que el curso altera presidente, se arriesga a cimentar su legado como haber presidido el gobierno más anti-inmigrante en la historia“, Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros Organizador, dijo a The Washington Post., Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros Organizador, dijo a The Washington Post.
CRISIS POLÍTICA EN ESTADOS UNIDOS
La Cámara exige el fin de la reforma sanitaria para extender el presupuesto
La medida aprobada con los votos de la mayoría republicana sitúa a EE UU al borde del cierre de los servicios públicos y la suspensión de pagos
El líder de la mayoría republicana Eric Cantor abandona la Cámara de Representantes. / J. Scott Applewhite (AP)
Estados Unidos se encuentra de nuevo ante el abismo de la
paralización de sus servicios públicos y de la suspensión de pagos
debido a la decisión del Partido Republicano de condicionar la extensión
de los presupuestos a la eliminación de los fondos para financiar la
reforma sanitaria de Barack Obama. La medida, considerada como un chantaje inaceptable por la Casa Blanca
y criticada por algunos republicanos moderados, confirma el peso
insólito de la extrema derecha en el Congreso norteamericano y deja al
país en estado de grave incertidumbre política.
La Cámara de Representantes, controlada por la oposición, aprobó este viernes por 230 votos contra 189 una ley que permitiría que el Gobierno siga disponiendo de dinero para pagar a sus empleados a partir del 1 de octubre –cuando termina el actual plazo presupuestario- únicamente a cambio de que se clausure el sistema sanitario nacido de la reforma. Por esta vía tan extravagante, el Partido Republicano pretende acabar con una reforma que fue aprobada en su día por ambas cámaras del Congreso, firmada por el presidente y ratificada por el Tribunal Supremo.
Desde su nacimiento, esa reforma ha sido la mayor obsesión de la derecha norteamericana. Tanto, que la Cámara de Representantes había votado ya 42 veces por su abolición. Pero nunca hasta ahora se había llegado al extremo de amenazar con la completa paralización del país si el Gobierno, como sin duda hará, decide seguir adelante con la reforma.
La Casa Blanca ha advertido que Obama no está dispuesto a volver a negociar la reforma sanitaria, y que vetará la ley aprobada ayer si ésta llega a su despacho. Probablemente, eso no ocurrirá, puesto que se da por descontado que el Senado, donde el Partido Demócrata es mayoritario, se pronunciará en contra. Pero, en todo caso, eso conducirá a EE UU a un punto muerto en el que, a partir del 1 de octubre, tendrá que cerrar sus oficinas públicas y suspender la actividad habitual de los servicios del Estado. El Gobierno necesita estas extensiones periódicas porque al proyecto de presupuestos que Obama envió hace seis meses ni siquiera se le ha permitido cumplir su tramitación en el Congreso.
Como, además, el Partido Republicano ha advertido que hará exactamente lo mismo para la inminente extensión del techo de deuda, es decir que condicionará también esa autorización a la suspensión de la reforma sanitaria, EE UU se vería obligado también a una suspensión de pagos a mediados del mes próximo.
Esta situación ha sido creada, esencialmente, por la incapacidad del presidente de la Cámara de Representantes y máxima autoridad republicana en el Congreso, John Boehner, de poner disciplina en sus filas. Después de varias semanas de tira y afloja, Boehner ha acabado sucumbiendo a la presión del Tea Party y ha aceptado una votación que siembra la anarquía en el Capitolio. El senador republicano John McCain ha calificado el movimiento de sus compañeros de partido de “irracional”, y otros dirigentes centristas han alertado del peligro que representa que los extremistas tomen el mando de la oposición conservadora. Pero, cuando Boehner anunció este viernes el resultado de la votación en la Cámara, se escucharon vítores con una energía desconocida desde hace tiempo.
Ninguna causa como el rechazo a la reforma sanitaria es capaz de unificar tanto a las huestes del Tea Party, que ahora, cuando se aproximan nuevas elecciones legislativas, cobran renovado vigor e importancia para el Partido Republicano. Al mismo tiempo, el año próximo entran en vigor los apartados de la reforma sanitaria que más beneficiarán a los ciudadanos, los que permitirán el seguro prácticamente universal, por lo que esta es la última oportunidad de derribar esa ley antes de que la opinión pública la respalde plenamente.
Desde el punto de vista político, se trata de una apuesta muy arriesgada, ya que refuerza la imagen radical y aventurera que provocó la derrota de los dos últimos candidatos presidenciales republicanos. Pero, a corto plazo, esta crisis contribuye a debilitar la imagen de Obama y hace aún más complicado la gestión de su segundo mandato.
Obama no tiene salida sencilla en la mano. Negociar bajo las condiciones impuestas por la Cámara de Representantes significaría claudicar casi en el único punto de su agenda política en la que ha sido exitoso y firme. Mantenerse en su posición podría causar un grave daño a la economía de EE UU y del resto del mundo.
Si, unos días después de que la Reserva Federal certificara que la recuperación no es aún suficientemente sólida, el país es sometido al cierre de los servicios públicos y a la suspensión de su deuda, el frenazo al crecimiento, y tal vez la recesión, será inevitable. En unas circunstancias internacionales también deficientes, eso podría acarrear problemas añadidos para la economía mundial.
Cabe la esperanza de que, como ha ocurrido otras veces que EE UU ha estado al borde del precipicio, una negociación de última hora impida el descalabro. Pero la diferencia es que, esta vez, el margen para una negociación se ve mucho más estrecho por mediar un asunto de tanto sensibilidad como la reforma sanitaria.
Como se ve, Mujica habla el mismo idioma que Obama
Obama acusa a los republicanos que votaron
en contra de la ley de salud, de centrarse en la política y “tener a
todo el país de rehén”
El presidente de EE.UU., Barack Obama respondió furioso este
viernes a las batallas del presupuesto en el Congreso que amenazan con
un cierre parcial del gobierno, acusando a los republicanos que votaron
en contra de la ley de salud, de centrarse en la política y “tener a
todo el país de rehén”.
Encerrado en un punto muerto con los legisladores sobre el gasto y el endeudamiento, a menos de dos semanas del inicio del nuevo ejercicio presupuestario, el presidente arremetió contra los republicanos diciéndoles que dejen de centrarse en dejar sin fondos su ley de salud, aprueben un presupuesto y eleven el límite de endeudamiento del país para evitar que por primera vez se caiga en una suspensión de pagos de la deuda de la nación.
“No somos una república bananera. Este no es un país moroso”, dijo Obama ante los trabajadores de una planta de producción de automóviles en Missouri. “Nosotros no estamos de nuestra cuenta. Somos el fundamento de la inversión del mundo. El mundo entero mira hacia nosotros para asegurarse de que la economía mundial esté estable. Nosotros no podemos dejar de pagar nuestras cuentas. Incluso la amenaza de que algo así suceda, es el colmo de la irresponsabilidad”.
El Congreso se enfrenta a dos plazos financieros en las próximas semanas. Los fondos del gobierno se acaban a finales de septiembre y el gobierno llegará al límite de su autorización para pedir préstamos, unas semanas después.
APORREA.ORG / The Washington Post
Mujica dando una mano. Igual ya está todo entregado
El presidente Jose Mujica dijo que le diría a su par
estadounidense Barack Obama que no se puede pretender cosechar amigos
“cuando a uno lo andan espiando”.
Mujica que viajará en los proximos días a Nueva York, para participar en la Asamblea de Naciones Unidas, sostuvo en declaraciones a radio Monte Carlo que “a Obama no le voy a decir nada porque no tengo conversación”, pero que si hablara con él le diría que “no se puede pretender cosechar amigos a uno lo andan espiando”.
“Espero que no pierdan el tiempo en andar espiando al Uruguay”porque es “tirar la plata”.
“Con la evolución de las comunicaciones inalámbrica que existe hoy, hay que suponer que todo se escucha y lo que no se escucha es porque no se quiere escuchar”, agregó Mujica
Mujica, viajará a Nueva York en la madrugada del domingo 22 de setiembre, para participar en el 68.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ya que están deberían hacer causa común con Argentina y Brasil. Raro es que no la hagan.
CIERRAN LA CARCEL DE CAMPO DE MAYO PARA LOS PRESOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El final de una prisión para privilegiados
El Servicio Penitenciario Federal vació la unidad penal que funcionaba en Campo de Mayo y trasladó a los represores a la cárcel de Marcos Paz. Evaluaron que había “riesgo grave e inminente” de evasiones y “condiciones deficitarias de seguridad”.
Por Diego Martínez - Página 12
A fines de julio, cuando los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich, familiares y amigos de represores presos por delitos de lesa humanidad cuestionaron la decisión y lamentaron en las redes sociales las previsibles consecuencias que el episodio acarrearía a sus seres queridos. Ayer una decisión del Ministerio de Justicia les dio la razón: el Servicio Penitenciario Federal vació la (ex) Unidad Penal Nº 34 que funcionaba en el interior de Campo de Mayo y trasladó a la cárcel de Marcos Paz a los militares condenados que se alojaban en ese confortable edificio. El motivo: “riesgo grave e inminente” de evasiones, “favorecido por condiciones deficitarias de seguridad”, explicó mediante un comunicado. “Esa prisión vuelve a ser una prisión militar. Las personas que estaban allí darán cumplimiento a sus condenas en cárceles comunes”, dijo Alejandro Marambio, director del SPF.
Construido originalmente como cárcel militar de la mayor guarnición del Ejército en el país, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad en alojamiento vip de decenas de militares retirados, acusados de torturas y asesinatos, que eran atendidos allí por subordinados obligados a acatar sus órdenes. A los cuestionamiento formulados originalmente por organismos de derechos humanos se sumó a mediados de 2006 la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien reclamó sin suerte a distintos jueces que sacaran de esa unidad a los procesados a disposición de la Justicia.
En diciembre de 2007, cuando el represor de la ESMA Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex de Prefectura, la difusión de fotos del torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul hizo que unos pocos jueces se replantearan la concesión automática de privilegios, aunque Campo de Mayo siguió siendo un destino aceptado. Garré firmó entonces un convenio con el Ministerio de Justicia y transformó la cárcel que solo pisaban militares en Unidad 34 o Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, bajo la órbita del Servicio Penitenciario: los gendarmes que hacían guardias fueron reemplazados por penitenciarios.
En octubre de 2008, a partir del traslado del dictador Jorge Videla a Campo de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que allí había funcionado uno de los cuatro centros clandestinos que hubo en esa guarnición y que había indicios sobre posibles partos de mujeres cautivas que permanecen desaparecidas. “Es inaceptable la idea de que Campo de Mayo sea una cárcel común, más allá de la custodia a cargo del Servicio Penitenciario”, declaró entonces Luciano Hazán, abogado de Abuelas y actual titular del Programa Verdad y Justicia. Pero nada cambió.
En abril de 2009 fue un director del propio SPF quien advirtió que Campo de Mayo “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Julián Corres, torturador y jefe de guardias de La Escuelita de Bahía Blanca, se había escapado de la delegación local de la Policía Federal y pretendía que lo trasladaran con Videla & cía. Fue el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del SPF, quien evaluó que el “nivel de seguridad no sería el apropiado” para portadores de semejantes prontuarios. Dos camaristas bahienses minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del Laucha Corres.
La fuga de Olivera y De Marchi logró lo que no pudieron los organismos: que los represores alojados en Campo de Mayo fueran sacados para siempre de un espacio que es sinónimo de Ejército Argentino. La lista incluye a condenados por su actuación en Corrientes (Horacio Losito), Chaco (Jorge Carnero Sabol y Luis Patetta), Bahía Blanca (Norberto Condal y Jorge Masson), Buenos Aires (Alfredo Feito y Enrique Del Pino) e incluso Campo de Mayo (César Fragni, Raúl Harsich o Raúl Martín).
“Los 25 responsables de delitos de lesa humanidad encarcelados en un espacio para 50 pasarán a ser ‘presos comunes’ y a recibir el trato de respeto por sus derechos, pero que corresponde a su status”, indicó el SPF en un comunicado. En una nota al Tribunal Oral Federal Nº 5, a cargo del juicio de la ESMA, el SPF explicó que ordenó el traslado “debido a que no es posible dotar a la estructura edilicia de Campo de Mayo (U34) de las condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria”. El edificio “presenta falencias funcionales, las que constituyen un factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa”, explicó Marambio. Agregó que el Departamento de Inteligencia Penitenciaria elaboró “varias hipótesis sobre el desarrollo de dichos eventos” y destacó la “dificultad” de custodiar un centro penitenciario “asentado dentro de un importante complejo del Ejército, motivo principal del déficit de seguridad”. Otro motivo se relaciona con los achaques de los represores. “La composición etaria de dicha población penal requiere de una permanente asistencia en materia de salud”, por lo que hay que cubrir esa situación “principalmente a través de los hospitales militares”, traslados que fueron prohibidos a fines de julio, tras la fuga de De Marchi y Olivera.
Es verdad –y muy loable por cierto- que el presidente dona buena parte de su salario (no me consta que haga lo mismo su señora), pero aún en ese caso, la mayoría de los uruguayos quisieran tener al menos una parte de los ingresos con los que se quedan la pareja presidencial. De buena gana la mayoría de los uruguayos quisieran ganar lo que gana el presidente y su esposa juntos, aunque los obligaran a donar lo que donan. Sobre todo los más de 800 mil uruguayos que ganan menos de 14 mil pesos, o los más de 100 mil jubilados uruguayos que ganan menos de $7.800.
Sin embargo, el presidente uruguayo parece ser que se auto adjudicó una misión diferente. El considera, al parecer, que tiene que hablar de otras cosas más generales y de índole más filosófica; aunque no se siente en la obligación de aportar ni una mísera idea para cambiar esas cosas.
Pongo un ejemplo; el presidente Rafael Correa habló cierta vez en la ONU sobre los problemas de la contaminación ambiental; habló largamente sobre ello, puso al descubierto quienes son los mayores culpables de la contaminación mundial, y brindó ideas y soluciones reales que su país podía aportar para disminuir la contaminación. Ese discurso prácticamente no fue difundido por ninguna cadena mundial. El presidente Mujica habló sobre esos mismos temas, con frases rimbombantes y floridas, no ubicó el problema en donde debía ubicarlo ni aportó una sola idea sobre como empezar a solucionarlo. Su discurso ha sido difundido como “el mejor discurso de la historia”.
En un encuentro con políticos y empresarios españoles en su gira por Madrid y ante un importante grupo de inversores, el presidente uruguayo dijo que los uruguayos "no nos caracterizamos por matarnos en el laburo". "Somos medio atorrantes, no nos gusta tanto trabajar”. Afirmación que obviamente puede ser verdadera en algunos casos, pero que es absolutamente falsa para la mayoría de los casos, pero que ni es simpática ni aporta nada bueno al conocimiento o a la idea que en el mundo tengan sobre los uruguayos. Más bien todo lo contrario.
Hay uruguayos muy laburadores y hay de los que son medio atorrantes, sin duda, pero a mí no me gusta (y sospecho que a muchos uruguayos tampoco) que me incluyan en la generalización de vagos y atorrantes. En particular porque hace ya muchísimos años que trabajo más de 10 o 12 horas para sobrevivir.
Nos ha criticado cientos de veces por ser consumistas, y ahora de no ser solidarios. De acuerdo con el mandatario, las personas en Uruguay ya no son solidarias, salvo "en algunos pueblitos del interior" y entre algunos círculos de gente que tiene "muy poco", mientras que los adinerados e intelectuales no son solidarios."Nunca vimos la voluntad de señores intelectuales que tienen buenos ingresos y cobran al contado, ni para aportar un peso, y menos para levantar un balde de mezcla", indicó.
Sin embargo, días después de que dijera eso, llegaban a pueblitos del interior afectados por el temporal, toneladas de ropa donadas por montevideanos. El uruguayo sin duda es solidario, claro que lo es, tal vez menos que antes, puede ser, pero la pregunta es: ¿corresponde que el presidente de la república acuse a su pueblo de insolidario? Y en su tradicional incoherencia, días atrás había agradecido a los obreros de la construcción por su solidaridad en la construcción de viviendas para el plan juntos.
Como se ve, en esa misma sentencia acusa en particular a los intelectuales. Una definición al alcance de cualquiera en Wikipedia, dice que “Intelectual es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública”. Desde este punto de vista, se puede decir que Mujica es un intelectual, y que lo ha sido la mayor parte de su vida. Dedicado a la actividad política desde muy jovencito (militante del Partido Nacional y secretario de Erro), con un interregno en el que se dedicó a guerrillero y después a preso de la dictadura, volvió a dedicarse a la actividad política desde hace 20 años. No es un obrero, digamos, por lo cual no se entiende demasiado por qué habla con esa ajenidad de los intelectuales.
- “La vida ha sido extraordinariamente generosa conmigo. Me ha dado un sinfín de satisfacciones más allá de lo que nunca me hubiera atrevido a soñar. Casi todas son inmerecidas. Pero ninguna más que la de hoy: encontrarme ahora aquí, en el corazón de la democracia uruguaya, rodeado de cientos de cabezas pensantes. ¡Cabezas pensantes! A diestra y siniestra”. (*).
Claro, por ese entonces buscaba el voto de los intelectuales, y ahora ya está donde quería estar.
Ya la había emprendido hace bien poquito contra un grupo particular de empleados públicos, los docentes, diciendo que “por cuatro libros más que leyeron no, son más que cualquier analfabeto que camina por la calle”.
Cuando critica a los empleados públicos, y los agrede diciendo que son “trabajadores con coronita”, ¿por qué habla como si fueran algo ajeno a él? ¿por qué no dice “nosotros los empleados públicos”? ¿no se considera un empleado público? Pues debería, porque es un empleado público, contratado por cinco años por nosotros, y cobrando el salario que le pagamos nosotros, todos los uruguayos.
En medio de su incoherencia característica, ahora felicitó a todo el personal del Hospital Maciel y valoró el esfuerzo realizado por todos los funcionarios de la salud, tal vez olvidando que eran empleados públicos, además de vagos y atorrantes.
Hay mucha gente sin duda que critica a los empleados públicos (es una crítica facilonga y que arranca aplausos inmediatamente), y tal vez algunos de ellos sean empleados de la actividad privada, y tal vez en muchos casos tengan razón en la crítica.
Pero ¿es aceptable que lo haga el presidente Mujica? ¿es aceptable que lo haga alguien que desde hace al menos 20 años vive de un salario del estado? ¿es aceptable que lo haga quien desde hace 20 años es empleado público ganando los máximos salarios que se pagan en el estado? Porque Mujica es un empleado del estado desde el año 94, como ministro, como diputado, como senador y ahora como presidente.
¿Qué hizo Mujica en estos 20 años que los uruguayos le hemos pagado el salario, para cambiar lo que tanto critica? Yo tengo una respuesta provisoria: nada, absolutamente nada.
Publicado por
José Luis Perera
El Servicio de Paz y Justicia expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo”, ante la situación judicial que enfrentan siente militantes por los disturbios ocurridos el 15 de febrero en la Suprema Corte de Justicia.
El organismo asegura que los acusados “expresaron su disconformidad por el desplazamiento de la jueza Mariana Mota de las causas de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente, destinándola a la órbita civil. Esta medida fue considerada discriminatoria y sancionatoria por más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, quienes expresaron su respaldo a la magistrada”.
“Las posteriores sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que en la práctica buscan consagrar la impunidad, fueron condenadas por muchos organismos internacionales. Esto muestra el grave deterioro que en materia de respeto y defensa de los derechos humanos sufre hoy nuestro país ante la pasividad del sistema político•, señala el comunicado difundido este jueves.
Para el organismo, la acusación fiscal es desproporcionada con la protesta y “conforma un elemento más que refuerza la escalada de violencia institucional en la que vienen incurriendo determinados actores estatales en perjuicio de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y condenando y estigmatizando a ciertos grupos sociales (como son los pobres y los jóvenes)”.
“La criminalización de la protesta social forma parte de los métodos más totalitarios y represivos a los que apelan los Estados para negar la justicia a quienes la reclaman. Una Justicia verdaderamente independiente y garantista de los derechos de la ciudadanía, debería condenar esas prácticas en vez de avalarlas”, afirmaron.
En conversación con Montevideo Portal, la integrante de SERPAJ, Madelón Aguerre, señaló que no se trata de una actitud aislada de un fiscal, señalando que una situación de impunidad genera violencia.
Aguerre señaló también que es “delicado” que de un centenar de personas que se manifestaron en la SCJ, se “eligió cierto perfil” y llamó a no personalizar el tema y centrarse en cuál es la actitud del Estado.
Por su parte, Familiares de Detenidos Desaparecidos, se expresaron en el mismo sentido, señalando que es “absolutamente inaceptable que en el mismo país donde el Estado violó los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ante lo cual continúa dolorosamente omiso, seamos hoy testigos de nuevos avasallamientos ante el irreductible derecho democrático de manifestarse”.
“¿Es acaso admisible que quienes reclaman legítimamente al Estado que el mismo asuma proactiva y efectivamente su responsabilidad, además de no ser escuchados reciban como respuesta un insólito castigo?”, cuestiona el comunicado calificando la situación como una “insultante e indigna contradicción, mediante la cual se diluye cada vez más el sentido de justicia por el cual todos los ciudadanos debemos velar”.
Desde el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay se alertó sobre “la necesidad de terminar con la práctica judicial de citar a declarar en sede policial o legitimar la indagatoria policial”, considerando que “contraviene la salvaguarda de la inmediatez judicial, correlato imprescindible del respeto al debido proceso legal y la garantía de que exista una defensa en forma”.
Además señala la “informalidad” con que se realizaron las citaciones al juzgado, debido a que algunos fueron interceptados en la calle y advierte sobre una “tendencia policial/judicial a la criminalización de la protesta”.
“La actual coyuntura de agravamiento de la judicialización y criminalización de la protesta (y de la pobreza) muestra la irresponsabilidad con la que se adjudica dolor y cárcel para ciertos grupos sociales. Los pedidos de procesamiento por la protesta en el edificio de la Suprema Corte de Justicia forman parte del avance y endurecimiento de medidas de carácter punitivo de control del espacio público y criminalización de problemas sociales, como respuesta simbólica al clamor de mano dura. Los desbordes punitivos que se están viviendo a nivel normativo y de prácticas institucionales en nada contribuyen a construir un país vivible para todos”, concluye el comunicado de IELSUR.
También la central sindical expresó su rechazo a lo ocurrido, considerándolo una forma de “judicializar las movilizaciones populares” y defendiendo la legitimidad de la protesta: nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la convicción de que de no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicara a las organizaciones de la sociedad”.
Montevideo Portal
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó en una declaración que el procesamiento de militantes sociales solicitado por Zubía “es una forma de judicializar las movilizaciones populares”. En una declaración emitida ayer, la central de trabajadores agrega: “Siempre hemos respetado a la Justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas; en este caso, nosotros tenemos la convicción de que, de no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicará a las organizaciones de la sociedad”. Edgardo Oyenart, uno de los dirigentes del PIT-CNT que participaron en la movilización en la SCJ e ingresaron al lugar para hablar con el jefe del operativo policial para “evitar una masacre”, agregó que “procesar a personas por participar en una manifestación es un disparate”. El dirigente expresó que el 15 de febrero fue testigo de que “no hubo ninguna agresión, no se rompió nada” y que tuvo que participar en un cordón humano para “proteger” a personas ancianas del atropello policial. “Me parece que los genes del fiscal Zubía pueden más que su responsabilidad profesional e institucional”, concluyó Oyenart, en referencia a los lazos familiares del representante del Ministerio Público con militares.
El equipo de
antropólogos encabezado por José María López Mazz comenzará la semana
que viene los trabajos en el predio del Batallón 13 en busca de los
restos de María Claudia García de Gelman. Se trabajará con un georradar y
no se descarta que haya habido enterramientos debajo de construcciones.
El martes próximo, el antropólogo José María López Mazz ingresará al predio del Batallón 13 de Avenida de las Instrucciones junto a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. Allí se buscarán los restos de María Claudia García de Gelman a partir de testimonios que se incorporaron al expediente que tiene en sus manos el juez Pedro Salazar.
López Mazz dijo a Montevideo Portal que se comenzará por tareas de desmalezamiento y que al principio ingresará parte de su equipo, que aún trabaja en el Batallón 14. El inicio de los trabajos se retrasó por las lluvias de esta semana y el profesional espera ver en qué condiciones encuentra el terreno. Para la búsqueda se utilizará un georradar.
En el expediente judicial se hace referencia a la posibilidad de que se hayan realizado enterramientos debajo de construcción del predio militar, según dijeron a Montevideo Portal fuentes vinculadas al caso. Al respecto, López Mazz evitó hacer comentarios al respecto.
María Claudia García de Gelman fue detenida en su casa del barrio de Almagro en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 junto a su esposo, Marcelo Gelaman. Estaba embarazada de siete meses. Fue recluida en Orletti, en Floresta. Nunca se supo por qué la trajeron a Montevideo después que mataron a su marido. Estuvo en Bulevar Artigas y Palmar y fue asesinada en Base Valparaíso, cerca del zoológico de Villa Dolores, según el archivo de la Comisión para la Paz.
Se buscaron sus restos en el Batallón 13 pero luego se orientó la búsqueda al 14. Ahora, no se descarta que se pueda encontrar su cuerpo enterrado den Avenida de las Instrucciones.
Montevideo Portal
La Cámara de Representantes, controlada por la oposición, aprobó este viernes por 230 votos contra 189 una ley que permitiría que el Gobierno siga disponiendo de dinero para pagar a sus empleados a partir del 1 de octubre –cuando termina el actual plazo presupuestario- únicamente a cambio de que se clausure el sistema sanitario nacido de la reforma. Por esta vía tan extravagante, el Partido Republicano pretende acabar con una reforma que fue aprobada en su día por ambas cámaras del Congreso, firmada por el presidente y ratificada por el Tribunal Supremo.
Desde su nacimiento, esa reforma ha sido la mayor obsesión de la derecha norteamericana. Tanto, que la Cámara de Representantes había votado ya 42 veces por su abolición. Pero nunca hasta ahora se había llegado al extremo de amenazar con la completa paralización del país si el Gobierno, como sin duda hará, decide seguir adelante con la reforma.
La Casa Blanca ha advertido que Obama no está dispuesto a volver a negociar la reforma sanitaria, y que vetará la ley aprobada ayer si ésta llega a su despacho. Probablemente, eso no ocurrirá, puesto que se da por descontado que el Senado, donde el Partido Demócrata es mayoritario, se pronunciará en contra. Pero, en todo caso, eso conducirá a EE UU a un punto muerto en el que, a partir del 1 de octubre, tendrá que cerrar sus oficinas públicas y suspender la actividad habitual de los servicios del Estado. El Gobierno necesita estas extensiones periódicas porque al proyecto de presupuestos que Obama envió hace seis meses ni siquiera se le ha permitido cumplir su tramitación en el Congreso.
Como, además, el Partido Republicano ha advertido que hará exactamente lo mismo para la inminente extensión del techo de deuda, es decir que condicionará también esa autorización a la suspensión de la reforma sanitaria, EE UU se vería obligado también a una suspensión de pagos a mediados del mes próximo.
Esta situación ha sido creada, esencialmente, por la incapacidad del presidente de la Cámara de Representantes y máxima autoridad republicana en el Congreso, John Boehner, de poner disciplina en sus filas. Después de varias semanas de tira y afloja, Boehner ha acabado sucumbiendo a la presión del Tea Party y ha aceptado una votación que siembra la anarquía en el Capitolio. El senador republicano John McCain ha calificado el movimiento de sus compañeros de partido de “irracional”, y otros dirigentes centristas han alertado del peligro que representa que los extremistas tomen el mando de la oposición conservadora. Pero, cuando Boehner anunció este viernes el resultado de la votación en la Cámara, se escucharon vítores con una energía desconocida desde hace tiempo.
Ninguna causa como el rechazo a la reforma sanitaria es capaz de unificar tanto a las huestes del Tea Party, que ahora, cuando se aproximan nuevas elecciones legislativas, cobran renovado vigor e importancia para el Partido Republicano. Al mismo tiempo, el año próximo entran en vigor los apartados de la reforma sanitaria que más beneficiarán a los ciudadanos, los que permitirán el seguro prácticamente universal, por lo que esta es la última oportunidad de derribar esa ley antes de que la opinión pública la respalde plenamente.
Desde el punto de vista político, se trata de una apuesta muy arriesgada, ya que refuerza la imagen radical y aventurera que provocó la derrota de los dos últimos candidatos presidenciales republicanos. Pero, a corto plazo, esta crisis contribuye a debilitar la imagen de Obama y hace aún más complicado la gestión de su segundo mandato.
Obama no tiene salida sencilla en la mano. Negociar bajo las condiciones impuestas por la Cámara de Representantes significaría claudicar casi en el único punto de su agenda política en la que ha sido exitoso y firme. Mantenerse en su posición podría causar un grave daño a la economía de EE UU y del resto del mundo.
Si, unos días después de que la Reserva Federal certificara que la recuperación no es aún suficientemente sólida, el país es sometido al cierre de los servicios públicos y a la suspensión de su deuda, el frenazo al crecimiento, y tal vez la recesión, será inevitable. En unas circunstancias internacionales también deficientes, eso podría acarrear problemas añadidos para la economía mundial.
Cabe la esperanza de que, como ha ocurrido otras veces que EE UU ha estado al borde del precipicio, una negociación de última hora impida el descalabro. Pero la diferencia es que, esta vez, el margen para una negociación se ve mucho más estrecho por mediar un asunto de tanto sensibilidad como la reforma sanitaria.
Como se ve, Mujica habla el mismo idioma que Obama
Obama acusa a los republicanos que votaron
en contra de la ley de salud, de centrarse en la política y “tener a
todo el país de rehén”
Obama: “No somos una república bananera. Este no es un país moroso”
Publicado el 9/21/13 • en Contrainjerencia
Encerrado en un punto muerto con los legisladores sobre el gasto y el endeudamiento, a menos de dos semanas del inicio del nuevo ejercicio presupuestario, el presidente arremetió contra los republicanos diciéndoles que dejen de centrarse en dejar sin fondos su ley de salud, aprueben un presupuesto y eleven el límite de endeudamiento del país para evitar que por primera vez se caiga en una suspensión de pagos de la deuda de la nación.
“No somos una república bananera. Este no es un país moroso”, dijo Obama ante los trabajadores de una planta de producción de automóviles en Missouri. “Nosotros no estamos de nuestra cuenta. Somos el fundamento de la inversión del mundo. El mundo entero mira hacia nosotros para asegurarse de que la economía mundial esté estable. Nosotros no podemos dejar de pagar nuestras cuentas. Incluso la amenaza de que algo así suceda, es el colmo de la irresponsabilidad”.
El Congreso se enfrenta a dos plazos financieros en las próximas semanas. Los fondos del gobierno se acaban a finales de septiembre y el gobierno llegará al límite de su autorización para pedir préstamos, unas semanas después.
APORREA.ORG / The Washington Post
Mujica dando una mano. Igual ya está todo entregado
Mujica a Obama: No pierdan tiempo espiando a Uruguay
Publicado el 9/20/13 • en Contrainjerencia
Mujica que viajará en los proximos días a Nueva York, para participar en la Asamblea de Naciones Unidas, sostuvo en declaraciones a radio Monte Carlo que “a Obama no le voy a decir nada porque no tengo conversación”, pero que si hablara con él le diría que “no se puede pretender cosechar amigos a uno lo andan espiando”.
“Espero que no pierdan el tiempo en andar espiando al Uruguay”porque es “tirar la plata”.
“Con la evolución de las comunicaciones inalámbrica que existe hoy, hay que suponer que todo se escucha y lo que no se escucha es porque no se quiere escuchar”, agregó Mujica
Mujica, viajará a Nueva York en la madrugada del domingo 22 de setiembre, para participar en el 68.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ya que están deberían hacer causa común con Argentina y Brasil. Raro es que no la hagan.
El Frente responde a espionaje de EE.UU.
En el programa del Frente Amplio se
incluyó la denuncia de un tratado militar firmado en 1953 con Estados
Unidos, como una respuesta por el espionaje que hizo ese país a América
Latina.
El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) discrepa con la
mayoría del Frente Amplio -que quiere renegociar el convenio bilateral- y
opina que no se debe volver a negociar un tratado de asistencia
militar.
Por el tratado de 1953, el gobierno de Estados Unidos entrena, capacita y adoctrina a militares uruguayos. Según quedó registrado en el programa de la coalición, "el convenio es obsoleto, pero la diferencia radica en que sí es necesario un nuevo acuerdo o no y nosotros decimos que no es conveniente porque Estados Unidos ha demostrado mecanismos de espionaje y formas de agresión a países de América", dijo a El País el Pablo Anzalone, delegado del PVP en la Comisión de Programa.
"Desde nuestro punto de vista después de estas acciones de espionaje no es conveniente hacer un convenio bilateral con Estados Unidos en el plano militar. Con esto lo que queremos es dar una señal de que este país no está dispuesto a aceptar espionaje de otras potencias y en particular una tan poderosa como Estados Unidos que tiene tanta influencia y ha sido responsable de tantas guerras", dijo Anzalone.
En relación a la educación, los comunistas consideran que el programa es "general" y no incluye propuestas concretas. "Se habla de mejorar el presupuesto de la enseñanza, de darle más recursos, pero en ningún momento se dice cuánto más. Lo que queremos es fijar una cifra", dijo a El País un dirigente comunista.
Pese a que el Partido Comunista "comparte el 85%" del documento acordado por la Comisión de Programa, según las fuentes, buscará introducir modificaciones en materia de derechos humanos, seguridad social, desarrollo productivo, política exterior, salud y políticas sociales, señalaron.
Por el tratado de 1953, el gobierno de Estados Unidos entrena, capacita y adoctrina a militares uruguayos. Según quedó registrado en el programa de la coalición, "el convenio es obsoleto, pero la diferencia radica en que sí es necesario un nuevo acuerdo o no y nosotros decimos que no es conveniente porque Estados Unidos ha demostrado mecanismos de espionaje y formas de agresión a países de América", dijo a El País el Pablo Anzalone, delegado del PVP en la Comisión de Programa.
"Desde nuestro punto de vista después de estas acciones de espionaje no es conveniente hacer un convenio bilateral con Estados Unidos en el plano militar. Con esto lo que queremos es dar una señal de que este país no está dispuesto a aceptar espionaje de otras potencias y en particular una tan poderosa como Estados Unidos que tiene tanta influencia y ha sido responsable de tantas guerras", dijo Anzalone.
Comunistas.
El Partido Comunista intentará introducir cambios en el programa del Frente Amplio en el próximo congreso de la coalición, fijado para el 23 y 24 de noviembre. Fuentes comunistas dijeron que en el tema económico se insistirá con medidas que aseguren "un giro hacia la izquierda" y promuevan una mayor carga tributaria a los sectores con más poder adquisitivo.En relación a la educación, los comunistas consideran que el programa es "general" y no incluye propuestas concretas. "Se habla de mejorar el presupuesto de la enseñanza, de darle más recursos, pero en ningún momento se dice cuánto más. Lo que queremos es fijar una cifra", dijo a El País un dirigente comunista.
Pese a que el Partido Comunista "comparte el 85%" del documento acordado por la Comisión de Programa, según las fuentes, buscará introducir modificaciones en materia de derechos humanos, seguridad social, desarrollo productivo, política exterior, salud y políticas sociales, señalaron.
COMUNICADO DE AMBAS CANCILLERÍAS
Argentina y Brasil planean acciones conjuntas contra espionaje de EE.UU.
Los gobiernos de Argentina y Brasil
acordaron hoy en Buenos Aires realizar acciones conjuntas para enfrentar
el espionaje de Estados Unidos en la región, informó la Cancillería
argentina en un comunicado.
Buenos AiresAFPjue sep 19 2013 18:18 El País uy
El tema del espionaje de la Agencia Nacional
de Seguridad de Estados Unidos fue parte de la agenda de la reunión que
mantuvieron los cancilleres argentino Héctor Timerman y su nuevo colega
brasileño, Luiz Alberto Figueiredo Machado.
"Los cancilleres plantearon la necesidad de coordinar posiciones y realizar acciones conjuntas frente a las actividades de espionaje de los Estados Unidos en la región", indica la nota de prensa.
Señala además la necesidad de "avanzar en el desarrollo de herramientas de ciberdefensa, que protejan las comunicaciones y el almacenamiento de información estratégica".
Tras recientes revelaciones de la prensa brasileña de que EEUU había espiado sus conversaciones, la presidenta Dilma Rousseff decidió aplazar la visita de Estado prevista para el 23 de setiembre a Washington.
El tema también había estado presente en el encuentro que mantuvieron la semana pasada los ministros de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, y de Brasil, Celso Amorim, donde se acordó formar una comisión bilateral para abordar los temas de ciberdefensa.
Esta es la primera visita a Buenos Aires de Figueiredo Machado, quien asumió el 28 de agosto tras la renuncia de Antonio Patriota.
Timerman y Figueiredo Machado decidieron también "dar un impulso renovado a acciones con miras al desarrollo de las zonas fronterizas" y con ese objetivo se reunirá el mes próximo la Comisión de Desarrollo Fronterizo, anticipa la nota.
"Los cancilleres plantearon la necesidad de coordinar posiciones y realizar acciones conjuntas frente a las actividades de espionaje de los Estados Unidos en la región", indica la nota de prensa.
Señala además la necesidad de "avanzar en el desarrollo de herramientas de ciberdefensa, que protejan las comunicaciones y el almacenamiento de información estratégica".
Tras recientes revelaciones de la prensa brasileña de que EEUU había espiado sus conversaciones, la presidenta Dilma Rousseff decidió aplazar la visita de Estado prevista para el 23 de setiembre a Washington.
El tema también había estado presente en el encuentro que mantuvieron la semana pasada los ministros de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, y de Brasil, Celso Amorim, donde se acordó formar una comisión bilateral para abordar los temas de ciberdefensa.
Esta es la primera visita a Buenos Aires de Figueiredo Machado, quien asumió el 28 de agosto tras la renuncia de Antonio Patriota.
Timerman y Figueiredo Machado decidieron también "dar un impulso renovado a acciones con miras al desarrollo de las zonas fronterizas" y con ese objetivo se reunirá el mes próximo la Comisión de Desarrollo Fronterizo, anticipa la nota.
Haciéndole el juego a la derecha, que se burla
El Frente Amplio cuestiona a EE.UU. mientras el gobierno estrecha vínculos
FA: Del "yanquis go home" al bienvenidos
Los gobiernos del Frente Amplio se han
empeñado en fortalecer los vínculos con Estados Unidos, una rara avis en
la tónica asumida por la izquierda en la región. El "yanquis go home"
es historia, aunque algunos en el FA aún lo reivindican.
Sectores del FA siguen viendo a Estados Unidos como el enemigo mientras el gobierno cultiva el vínculo.AFP
Daniel Isgleas El País uy
El factor "Estados Unidos", muy sensible para
la izquierda, pone de manifiesto la distancia entre el discurso político
y las acciones de gobierno. El presidente Mujica, a horas de partir
hacia ese país, nutre su agenda de contactos con la administración Obama
que incluyen al vicepresidente Joseph Biden. Mientras, el Frente Amplio
aprueba un programa que promete denunciar todos los acuerdos con la
potencia norteamericana.
Durante la administración del expresidente Jorge Batlle las relaciones bilaterales se apoyaron en los vínculos personales cosechados por el exmandatario. Ese conocimiento directo con funcionarios de Washington fue el que permitió un millonario préstamo que evitó el desplome en la crisis de 2002.
Cuando asumió Tabaré Váz-quez, al contrario de lo esperado por el FA en honor a su tradicional postura antiimperialista, el gobierno mostró una actitud más que amistosa, coronada con la visita al país del expresidente George Bush en medio de la ira de los radicales.
Vázquez incluso fue promotor de la firma bilateral de un Tratado de Libre Comercio (TLC), resistido con éxito desde la trinchera ideológica por el FA. Vázquez también admitió que pensó en pedir ayuda a Bush en momentos de fuerte tensión con Argentina por la instalación de Botnia (actual UPM), lo que valió duras críticas de toda la izquierda.
Con José Mujica en el gobierno esa dualidad de la fuerza política se mantiene. Mientras el gobierno fortalece sus relaciones con Estados Unidos algunos sectores del Frente Amplio lo siguen viendo como el "enemigo" de Latinoamérica.
Además, las gestiones de Vázquez y Mujica muestran un vínculo con Norteamérica que difiere radicalmente de la postura del resto de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Cristina Fernández en Argentina. Incluso, más recientemente la mandataria brasileña Dilma Rousseff mostró su malestar con la administración de Barack Obama por presunto espionaje, un episodio sobre el que Mujica bromeó.
La sintonía de Mujica con el gobierno de Obama, esta vez puramente institucional y en nada consecuencia de relaciones personales, se ha visto reforzada por la decisión de destinar a Montevideo a la embajadora Julissa Reynoso, una diplomática que parece a la medida del estilo Mujica.
Reynoso, de origen latino -nacida en República Dominicana y criada en el Bronx neoyorquino- desde mayo de 2012 cuando presentó credenciales se adaptó a la cultura uruguaya y contribuyó a acercar a ambos gobiernos. Incluso se ha ganado la simpatía de sectores políticos y culturales vinculados a la izquierda.
La forma de ser y actuar de Reynoso no solo se asemeja a la de Mujica, sino que al mismo tiempo dista bastante de la de David Nelson, Frank Baxter o Martin Silverstein, algunos de sus antecesores en el cargo.
Luego de esa instancia, las agencias internacionales recogieron los resultados del diálogo. Obama dijo haber quedado "encantado" con la charla de más de una hora con Mujica, quien a su vez subrayó la "finura de pensamiento" del presidente estadounidense.
En el próximo encuentro presidencial, según la embajadora Reynoso seguramente se tratarán la cooperación de defensa a través de las Misiones de Paz y temas comerciales como el acceso al mercado agropecuario.
Precisamente, otra señal muy bien vista por Uruguay en las relaciones bilaterales ha sido la decisión del departamento de Agricultura estadounidense (USDA) de habilitar el mercado de cítricos para la producción uruguaya; actualmente se prepara la primera exportación para el mes de octubre.
Recientemente, Mujica recibió en la Torre Ejecutiva a la subsecretaria de los Estados Unidos para la Democracia y Asuntos Globales, María Otero.
Tras el paréntesis de la administración Mujica, Vázquez reiteró ahora sus coincidencias con Estados Unidos. Viajó a mediados de este año a Washington y defendió la necesidad de que los países de América Latina avancen en acuerdos con Estados Unidos, dejando de lado la "retórica" y "superando estereotipos anacrónicos", algo en lo que coincidió con expresiones recientes de Obama sobre la región. Durante su visita a México, Obama expresó que hay que superar estereotipos anacrónicos.
Y para que no quedaran dudas de su enfoque, Vázquez expresó: "En realidad, América Latina no solo no es enemiga de Estados Unidos; además puede ser -de hecho lo es- una contraparte responsable y fecunda para este país. No solo Estados Unidos es una oportunidad para Latinoamérica, Latinoamérica es una oportunidad para Estados Unidos", dijo al hablar el 31 de mayo en un panel del Latin American Studies Association (LASA) donde se analizaron las relaciones de ese país con América Latina.
Además de las marchas contra la visita de Bush y la actitud de ministros que señalaron que participarían del agasajo bajo protesta, en 2006, el canciller Gargano fue el más ferviente opositor a la firma de un TLC con Estados Unidos, al punto tal que amenazó con renunciar y provocar una crisis en el Frente Amplio. "El tren, algunas veces, pasa una sola vez", advirtió Vázquez.
Pese a la sintonía institucional, en el programa de gobierno del Frente Amplio para el período 2015-2019 aún se reflejan los resquemores con Estados Unidos. En un documento que apoya la mayoría de los sectores frenteamplistas se plantea hacer caer todos los acuerdos suscritos en las últimas décadas Estados Unidos.
Incluso hay quienes quieren ir más allá. Desde las bases se cuestiona el hecho de que el borrador de programa incluya una sola vez la expresión "antiimperialista".
Ese tradicional discurso radical contra el imperialismo encarnado en Estados Unidos aún resuena en sectores del oficialismo. El diputado Luis Puig (PVP) afirmó a El País que "la actitud imperialista de Estados Unidos no ha cambiado", sino que "se ha incentivado. Eso de invadir, bombardear, asesinar poblaciones civiles y generar, por métodos tradicionales y por los TLC, la subordinación del mundo a Estados Unidos, me parece que está lejos de superarse. Hay que ubicarse en esa realidad".
El legislador recordó que cuando en la interna frenteamplista se discutió sobre la conveniencia o no de firmar un TLC con Estados Unidos "se nos decía que estábamos ideologizados, pero no es malo para la izquierda tener ideología. Si un día renunciamos a la ideología habremos roto nuestra razón de ser. Un TLC con Estados Unidos sería supeditarse a la acción imperialista, un profundo error", insistió.
Aunque Puig aclaró que su posición no supone cortar las relaciones comerciales con Estados Unidos. "Lo que decimos es no a la supeditación a los dictámenes políticos, económicos y militares", remarcó.
El FA muestra sintonía con gobiernos como Venezuela, Bolivia o Ecuador, y es partidario de orientar la política exterior hacia el ALBA (Alianza Bolivariana) pero desde el gobierno cuida el vínculo con EE.UU.
Además el presidente se reunirá con el principal del BID, Luis Alberto Moreno, y con el economista Enrique Iglesias, titular de la Secretaría General Iberoamericana.
Mujica destacó a La República que el vicepresidente Biden "tuvo la iniciativa de solicitar una reunión y debemos tener el espíritu gentil y escuchar". "Sé que es un gran especialista en política exterior, un hombre muy especial que solía ir a trabajar en ferrocarril", comentó.
El presidente tendrá entrevistas con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon, y con un grupo de empresarios porque "hay temas económicos relevantes como el de la carne de cordero que queremos llevar a Estados Unidos" y la de seguir teniendo una visibilidad con posibles inversores, declaró en la misma ocasión.
También se reunirá con autoridades de una empresa china que viajarán a Estados Unidos porque están interesados en poner una planta de acumuladores modernos".
Vós la metistes echando a la Jueza Mota por razones políticas, las tuyas
Mujica: discrepar no significa acatar
Mujica dedicó su audición radial de M-24 de este
viernes a analizar dos temas: la separación de poderes en un Estado de
derecho, y la carrera armamentística.
El mandatario remarcó que la separación de Poderes que existe en nuestro país es un principio fundamental. “La Justicia, para bien, mal o regular, está separada e independiente de los otros Poderes del Estado”.
En ese marco, rechazó que la política “se cuele” en los juzgados, porque le hace mal a la Justicia y envenena la convivencia”.
Recordó que el Ejecutivo en más de una vez tuvo fallos “adversos”, y “los tuvo que acatar porque”.
Añadió que si bien se puede discrepar con la Justicia, “siguiendo el orden de derecho y constitucional, discrepar no significa no acatar”.
“Los actores políticos no deberíamos procurar mezclar a la Justicia con nuestras vicisitudes y crispaciones de carácter político. Los hombres estamos expuestos a caer en estos errores”, advirtió Mujica.
Las afirmaciones del mandatario se produjeron en momentos en los cuales la jueza Gabriela Merialdo decidió tomarse un plazo de 45 días para pronunciarse sobre el pedido de procesamiento con prisión de varios activistas sociales por manifestar dentro de la Suprema Corte de Justicia.
El fiscal Gustavo Zubía había solicitado el procesamiento con prisión de siete manifestantes, entre ellos Jorge Zabalza, Irma Leites y Aníbal Varela.
Los indagados pidieron el archivo del caso y alegaron que es una “causa política”.
Dijo que la política en el sentido importante del término, sigue “empantanada”, y no puede arreglar conflictos que aparecen en la escena de la humanidad.
El mandatario entiende que no debe extrañar que la política “no pueda suturar problemas graves y eso desemboca en la guerra”.
“Los hombres seguimos metidos en la prehistoria, no podemos sacarnos el flagelo de la guerra”, lamentó.
Comentó que si se suman todos presupuestos militares del mundo, “resulta que la humanidad gasta 2 millones de dólares por minuto”.
“Todos sabemos la importancia de la medicina por el progreso de la vida, y es un proceso de investigación que avanza, pero es un quinto de lo que se hace para la investigación militar. Esto está a cargo de las grandes potencias, nosotros no somos ni arte ni parte, estamos ausentes en esta carrera, pero soportamos las consecuencias”, comentó.
Mujica dijo que tal vez es muy difícil inventar una fuerza peor que el “nacionalismo chovinista de las grandes potencias”.
El nacionalismo, que es una fuerza positiva, defensiva, creadora y de formación para las naciones pequeñas y débiles, se convierte en una “pesadilla opresora cuando los brazos son fuertes de las grandes economías centrales, de los Estados que intentan marcar el paso del mundo”, comentó el mandatario.
“No podemos comulgar con los aprestos de intervención con el pretexto de un mundo mejor, porque la experiencia indica lo contrario”, confesó Mujica.
La jueza Gabriela Merialdo utilizará el plazo de 45 días del que dispone para tomar una resolución sobre las acusaciones que pesan sobre la líder de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, el ex tupamaro Jorge Zabalza, el dirigente de ADEOM Aníbal Varela y la dirigente de ADES Patricia Borda, entre otros participantes de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, en oportunidad de la ceremonia de traslado de la jueza Mariana Mota.
El ex tupamaro Jorge Zabalza informó que su defensa, representada por el abogado Juan Fagúndez, se basó en que con la acusación "se está judicializando la protesta social, hay una intencionalidad política de la vista fiscal de desalentar la lucha por los Derechos Humanos".
Los abogados atribuyen al fiscal Gustavo Zubía esta "intención política" en el pedido de procesamiento. Para Irma Leites "es un tema absolutamente político que tiene que ver con la impunidad y con luchadores sociales".
Esta mañana, el presidente José Mujica se refirió tangencialmente al tema en su audición radial de M24. Recordó que en nuestro país está "completamente separada la Justicia del Poder Ejecutivo".
Recordó que el Ejecutivo tuvo fallos adversos más de una vez y los tuvo que acatar porque, si bien se puede discrepar con la Justicia, siguiendo el orden de derecho y constitucional, "discrepar no significa no acatar".
Además, recordó que "no es bueno que la política se cuele dentro de los juzgados porque le hace mal a la justicia y en alguna medida se termina envenenando la convivencia".
"Por eso, buena cosa fuera que los actores políticos no procuremos mezclar a la justicia en nuestras vicisitudes y crispaciones de carácter político". "Esta es una vieja lesión pero naturalmente como tantas cosas los hombres siempre estamos expuestos a caer en viejos errores que no podemos superar", recordó.
En el resto de su audición, Mujica habló de otros temas, como la globalización (que "no es cuento ni tampoco es bonito") y las paradojas de la humanidad, que "gasta dos millones de dólares por minuto de presupuesto militar". "Si pudiéramos reducir a gastar uno, cuántas cosas se podrían hacer. Pero el mundo que vivimos no funcionan estas cosas", concluyó.
Montevideo Portal
No NOS gusta. Destacamos el NOS, porque ese hablar en plural de Mujica -cuando le conviene- es para dar la impresión de un movimiento colectivo. Mujica que cuando ha estado apretado por los conflictos internos que el mismo genera con su inoperancia y política errática ha dicho LA GENTE ME VOTÓ A MÍ, de repente se pone plural y habla de no NOS gusta. Que diga si a él, específicamente a él, le gusta o no le gusta "colar la política adentro de los juzgados". Que lo diga! Porque si en este proceso hay alguien que ha COLADO LA POLITICA ADENTRO DE LOS JUZGADOS ESE ES JOSÉ MUJICA CORDANO PRESIDENTE URUGUAYO HASTA 2014. No puede hacerse el desentendido de que fué el mismo quien "COLO" LA POLÍTICA EN LOS JUZGADOS EXIGIÉNDOLE A LA SUPREMA CORTE EL QUE ECHARAN A LA JUEZA MOTA. El comenzó este proceso que está muy lejos de haber terminado dado que el fascismo ha pasado al ataque aprovechando la oportunidad y la gente ya está cansada de los atropellos (y de los insultos presidenciales) y comienza a hacer resistencia. En el caso específico llegará a niveles internacionales tanto a instancias de los DDHH como a nivel de base en los colectivos uruguayos y de los defensores de los DDHH, en lo que promete ser una confrontación de larga duración contra la mentira, la hipocresía y el cinismo de los representantes políticos del estado.
Mujica "colo" la política en los juzgados cuando públicamente prometió liberar a los criminales de lesa humanidad YA CONDENADOS POR LA JUSTICIA DESPUES DE HABER PASADO POR LOS JUZGADOS CON TODAS LAS GARANTÍAS QUE SUS VÍCTIMAS NO TUVIERON. Llamó de "viejitos" a esa banda asesina que con todas las comodidades de su cárcel de lujo sigue agitando entre sus pares y abiertamente tanto por lo que han hecho en el pasado como sobre lo que proponen de futuro. Fué Mujica,quién violando las decisiones del Congreso de su propio Partido, el Frente Amplio, el que hizo esa promesa. Fué Mujica quién con esa promesa provocó a casi el 50% de los electores que votaron la rosada, fué Mujica el que provocó y denigró a los familiares de los desaparecidos y asesinados, fué Mujica el que "colò" su política en los juzgados y se dispuso ignorar y violar las decisiones judiciales. Fué Mujica quién ha ido a visitar a condenados por crímenes de lesa humanidad. Y en cada uno de esos casos ha pisoteado a la Justicia, a los Jueces y fiscales, y ha "colado" su política y sus intereses políticos. Mujica no tiene ninguna autoridad moral para ahora venir a pretender dictar cátedra cuando el que primero ha "colado" su política ha sido el mismo utilizando su mandato presidencial.
Lo mismo se verificó cuando públicamente pide a la SCJ que se eche a Mota hecho inédito en la historia nacional, ante la complacencia de toda la derecha y el silencio macabro del Frente Amplio que había resuelto en su Congreso llevar adelante lo que la Jueza Mota estaba haciendo y Mujica pretende deshacer.
Por lo demás las posturas tanto de la SCJ declarando la IMPUNIDAD DE LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD es absolutamente política y así se lo entiende tanto nacional como internacionalmente dado que los crímenes de lesa humanidad en tanto crímenes por parte del estado son de índole política. La SCJ - en alto grado - ha "colado" la política en los juzgados. Su política , la de la derecha, la de la complacencia con los crímenes de lesa humanidad. Qué es una política y sino que Mujica se lo vaya a preguntar a los gobernantes de Israel o de Alemania para poner algunos ejemplos de gente que el conoce. O que lo vaya a preguntar en Argentina. Las posturas del Fiscal Zubía hijo de golpista y torturador, son políticas en alto grado y él mismo las introduce en la Justicia.
Esta aseveración de Mujica es de un cinismo sin igual. Se burla de la gente, de las víctimas y de sus familiares y lo hace empleando la DEMAGOGIA BARATA, burlandose así de la jurisprudencia internacional en la materia y -aún más- de los tratados que el mismo Uruguay ha suscrito. Ya debieron pedir disculpas por la colección de inmundicias contra la familia Gelman. Ya vendrán nuevos casos. Ni hacemos una mención final al Frente Amplio porque su silencio dice todo. Están atrás de la repugnante política de Mujica sobre los DDHH. Ya veremos porque como Mujica, al igual que con su guerra antisindical, hace un problema de prestigio personal a las consecuencias por él desatadas cuando exigió el que echaran a la Jueza Mota, esta confrontación no tendrá un final inmediato. Sin duda que el fascismo pretende condenar a los militantes sociales tomados como rehenes para "ejemplarizar" y amedrentar a quienes protestan pero como la historia reciente del Uruguay lo demuestra estos infames ataques por parte del poder no hacen más que generar una reacción de respuesta impulsada por gente del pueblo que da un paso al frente y no se deja prepotear.
Alberto Vidal
Alberto Cabrera
Durante la administración del expresidente Jorge Batlle las relaciones bilaterales se apoyaron en los vínculos personales cosechados por el exmandatario. Ese conocimiento directo con funcionarios de Washington fue el que permitió un millonario préstamo que evitó el desplome en la crisis de 2002.
Cuando asumió Tabaré Váz-quez, al contrario de lo esperado por el FA en honor a su tradicional postura antiimperialista, el gobierno mostró una actitud más que amistosa, coronada con la visita al país del expresidente George Bush en medio de la ira de los radicales.
Vázquez incluso fue promotor de la firma bilateral de un Tratado de Libre Comercio (TLC), resistido con éxito desde la trinchera ideológica por el FA. Vázquez también admitió que pensó en pedir ayuda a Bush en momentos de fuerte tensión con Argentina por la instalación de Botnia (actual UPM), lo que valió duras críticas de toda la izquierda.
Con José Mujica en el gobierno esa dualidad de la fuerza política se mantiene. Mientras el gobierno fortalece sus relaciones con Estados Unidos algunos sectores del Frente Amplio lo siguen viendo como el "enemigo" de Latinoamérica.
Además, las gestiones de Vázquez y Mujica muestran un vínculo con Norteamérica que difiere radicalmente de la postura del resto de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Cristina Fernández en Argentina. Incluso, más recientemente la mandataria brasileña Dilma Rousseff mostró su malestar con la administración de Barack Obama por presunto espionaje, un episodio sobre el que Mujica bromeó.
La sintonía de Mujica con el gobierno de Obama, esta vez puramente institucional y en nada consecuencia de relaciones personales, se ha visto reforzada por la decisión de destinar a Montevideo a la embajadora Julissa Reynoso, una diplomática que parece a la medida del estilo Mujica.
Reynoso, de origen latino -nacida en República Dominicana y criada en el Bronx neoyorquino- desde mayo de 2012 cuando presentó credenciales se adaptó a la cultura uruguaya y contribuyó a acercar a ambos gobiernos. Incluso se ha ganado la simpatía de sectores políticos y culturales vinculados a la izquierda.
La forma de ser y actuar de Reynoso no solo se asemeja a la de Mujica, sino que al mismo tiempo dista bastante de la de David Nelson, Frank Baxter o Martin Silverstein, algunos de sus antecesores en el cargo.
Mano a mano.
El prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa anunció en julio, tras un viaje a Estados Unidos, que Mujica se reunirá con Obama en noviembre en Washington. Ambos mandatarios se conocieron a mediados de 2012 en Cartagena de Indias (Colombia) durante una cumbre presidencial de las Américas. El contacto se produjo en una cena a instancias del mandatario estadounidense que escogió personalmente a quien invitó a su mesa. Además de Mujica estuvieron los presidentes Juan Manuel Santos (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Dilma Rousseff (Brasil).Luego de esa instancia, las agencias internacionales recogieron los resultados del diálogo. Obama dijo haber quedado "encantado" con la charla de más de una hora con Mujica, quien a su vez subrayó la "finura de pensamiento" del presidente estadounidense.
En el próximo encuentro presidencial, según la embajadora Reynoso seguramente se tratarán la cooperación de defensa a través de las Misiones de Paz y temas comerciales como el acceso al mercado agropecuario.
Precisamente, otra señal muy bien vista por Uruguay en las relaciones bilaterales ha sido la decisión del departamento de Agricultura estadounidense (USDA) de habilitar el mercado de cítricos para la producción uruguaya; actualmente se prepara la primera exportación para el mes de octubre.
Recientemente, Mujica recibió en la Torre Ejecutiva a la subsecretaria de los Estados Unidos para la Democracia y Asuntos Globales, María Otero.
Tras el paréntesis de la administración Mujica, Vázquez reiteró ahora sus coincidencias con Estados Unidos. Viajó a mediados de este año a Washington y defendió la necesidad de que los países de América Latina avancen en acuerdos con Estados Unidos, dejando de lado la "retórica" y "superando estereotipos anacrónicos", algo en lo que coincidió con expresiones recientes de Obama sobre la región. Durante su visita a México, Obama expresó que hay que superar estereotipos anacrónicos.
Y para que no quedaran dudas de su enfoque, Vázquez expresó: "En realidad, América Latina no solo no es enemiga de Estados Unidos; además puede ser -de hecho lo es- una contraparte responsable y fecunda para este país. No solo Estados Unidos es una oportunidad para Latinoamérica, Latinoamérica es una oportunidad para Estados Unidos", dijo al hablar el 31 de mayo en un panel del Latin American Studies Association (LASA) donde se analizaron las relaciones de ese país con América Latina.
La otra cara.
Sin embargo, esa ambición manifestada por los gobiernos de izquierda de estrechar lazos con Estados Unidos no tiene su correlato por parte de algunos sectores del Frente Amplio, que mantiene un discurso con reminiscencias setentistas.Además de las marchas contra la visita de Bush y la actitud de ministros que señalaron que participarían del agasajo bajo protesta, en 2006, el canciller Gargano fue el más ferviente opositor a la firma de un TLC con Estados Unidos, al punto tal que amenazó con renunciar y provocar una crisis en el Frente Amplio. "El tren, algunas veces, pasa una sola vez", advirtió Vázquez.
Pese a la sintonía institucional, en el programa de gobierno del Frente Amplio para el período 2015-2019 aún se reflejan los resquemores con Estados Unidos. En un documento que apoya la mayoría de los sectores frenteamplistas se plantea hacer caer todos los acuerdos suscritos en las últimas décadas Estados Unidos.
Incluso hay quienes quieren ir más allá. Desde las bases se cuestiona el hecho de que el borrador de programa incluya una sola vez la expresión "antiimperialista".
Ese tradicional discurso radical contra el imperialismo encarnado en Estados Unidos aún resuena en sectores del oficialismo. El diputado Luis Puig (PVP) afirmó a El País que "la actitud imperialista de Estados Unidos no ha cambiado", sino que "se ha incentivado. Eso de invadir, bombardear, asesinar poblaciones civiles y generar, por métodos tradicionales y por los TLC, la subordinación del mundo a Estados Unidos, me parece que está lejos de superarse. Hay que ubicarse en esa realidad".
El legislador recordó que cuando en la interna frenteamplista se discutió sobre la conveniencia o no de firmar un TLC con Estados Unidos "se nos decía que estábamos ideologizados, pero no es malo para la izquierda tener ideología. Si un día renunciamos a la ideología habremos roto nuestra razón de ser. Un TLC con Estados Unidos sería supeditarse a la acción imperialista, un profundo error", insistió.
Aunque Puig aclaró que su posición no supone cortar las relaciones comerciales con Estados Unidos. "Lo que decimos es no a la supeditación a los dictámenes políticos, económicos y militares", remarcó.
El FA muestra sintonía con gobiernos como Venezuela, Bolivia o Ecuador, y es partidario de orientar la política exterior hacia el ALBA (Alianza Bolivariana) pero desde el gobierno cuida el vínculo con EE.UU.
Reuniones con el vicepresidente Joe Biden, George Soros, Enrique Iglesias y Ban ki-moon
La agenda oficial de la visita del presidente José Mujica a Estados Unidos, adonde partirá en las primeras horas del domingo para participar del 68° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), incluye encuentros con el vicepresidente Joe Biden y con el empresario George Soros. Mujica confirmó a La República el encuentro con Biden y ratificó además las reuniones bilaterales con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; Guatemala, Otto Pérez Molina; y Perú, Ollanta Humala, a los que se sumará un encuentro con el gobernador de Nueva York, Andrew Mark Cuomo.Además el presidente se reunirá con el principal del BID, Luis Alberto Moreno, y con el economista Enrique Iglesias, titular de la Secretaría General Iberoamericana.
Mujica destacó a La República que el vicepresidente Biden "tuvo la iniciativa de solicitar una reunión y debemos tener el espíritu gentil y escuchar". "Sé que es un gran especialista en política exterior, un hombre muy especial que solía ir a trabajar en ferrocarril", comentó.
El presidente tendrá entrevistas con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon, y con un grupo de empresarios porque "hay temas económicos relevantes como el de la carne de cordero que queremos llevar a Estados Unidos" y la de seguir teniendo una visibilidad con posibles inversores, declaró en la misma ocasión.
También se reunirá con autoridades de una empresa china que viajarán a Estados Unidos porque están interesados en poner una planta de acumuladores modernos".
Vós la metistes echando a la Jueza Mota por razones políticas, las tuyas
Mujica: “Que la política no se cuele en los juzgados porque envenena la convivencia”
Sábado 21 de septiembre de 2013 | 00:15 La República uy
Mujica: discrepar no significa acatarEl mandatario remarcó que la separación de Poderes que existe en nuestro país es un principio fundamental. “La Justicia, para bien, mal o regular, está separada e independiente de los otros Poderes del Estado”.
En ese marco, rechazó que la política “se cuele” en los juzgados, porque le hace mal a la Justicia y envenena la convivencia”.
Recordó que el Ejecutivo en más de una vez tuvo fallos “adversos”, y “los tuvo que acatar porque”.
Añadió que si bien se puede discrepar con la Justicia, “siguiendo el orden de derecho y constitucional, discrepar no significa no acatar”.
“Los actores políticos no deberíamos procurar mezclar a la Justicia con nuestras vicisitudes y crispaciones de carácter político. Los hombres estamos expuestos a caer en estos errores”, advirtió Mujica.
Las afirmaciones del mandatario se produjeron en momentos en los cuales la jueza Gabriela Merialdo decidió tomarse un plazo de 45 días para pronunciarse sobre el pedido de procesamiento con prisión de varios activistas sociales por manifestar dentro de la Suprema Corte de Justicia.
El fiscal Gustavo Zubía había solicitado el procesamiento con prisión de siete manifestantes, entre ellos Jorge Zabalza, Irma Leites y Aníbal Varela.
Los indagados pidieron el archivo del caso y alegaron que es una “causa política”.
Los hombres seguimos metidos en la prehistoria
En otro orden, Mujica se refirió a los peligros de la carrera armamentística. En el marco del conflicto en Siria y la intención de los Estados Unidos de intervenir.Dijo que la política en el sentido importante del término, sigue “empantanada”, y no puede arreglar conflictos que aparecen en la escena de la humanidad.
El mandatario entiende que no debe extrañar que la política “no pueda suturar problemas graves y eso desemboca en la guerra”.
“Los hombres seguimos metidos en la prehistoria, no podemos sacarnos el flagelo de la guerra”, lamentó.
Comentó que si se suman todos presupuestos militares del mundo, “resulta que la humanidad gasta 2 millones de dólares por minuto”.
“Todos sabemos la importancia de la medicina por el progreso de la vida, y es un proceso de investigación que avanza, pero es un quinto de lo que se hace para la investigación militar. Esto está a cargo de las grandes potencias, nosotros no somos ni arte ni parte, estamos ausentes en esta carrera, pero soportamos las consecuencias”, comentó.
Mujica dijo que tal vez es muy difícil inventar una fuerza peor que el “nacionalismo chovinista de las grandes potencias”.
El nacionalismo, que es una fuerza positiva, defensiva, creadora y de formación para las naciones pequeñas y débiles, se convierte en una “pesadilla opresora cuando los brazos son fuertes de las grandes economías centrales, de los Estados que intentan marcar el paso del mundo”, comentó el mandatario.
“No podemos comulgar con los aprestos de intervención con el pretexto de un mundo mejor, porque la experiencia indica lo contrario”, confesó Mujica.
Mujica sobre separación de poderes
Yo tengo el poder
20.09.2013 10:36
"No es bueno que la política se cuele dentro de los juzgados porque le hace mal a la justicia", dijo José Mujica, tras la polémica por los pedidos de procesamientos en la ocupación a la SCJ. Llamó a los actores políticos a "no mezclar la justicia en nuestras vicisitudes y crispaciones de carácter político".
La jueza Gabriela Merialdo utilizará el plazo de 45 días del que dispone para tomar una resolución sobre las acusaciones que pesan sobre la líder de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, el ex tupamaro Jorge Zabalza, el dirigente de ADEOM Aníbal Varela y la dirigente de ADES Patricia Borda, entre otros participantes de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, en oportunidad de la ceremonia de traslado de la jueza Mariana Mota.
El ex tupamaro Jorge Zabalza informó que su defensa, representada por el abogado Juan Fagúndez, se basó en que con la acusación "se está judicializando la protesta social, hay una intencionalidad política de la vista fiscal de desalentar la lucha por los Derechos Humanos".
Los abogados atribuyen al fiscal Gustavo Zubía esta "intención política" en el pedido de procesamiento. Para Irma Leites "es un tema absolutamente político que tiene que ver con la impunidad y con luchadores sociales".
Esta mañana, el presidente José Mujica se refirió tangencialmente al tema en su audición radial de M24. Recordó que en nuestro país está "completamente separada la Justicia del Poder Ejecutivo".
Recordó que el Ejecutivo tuvo fallos adversos más de una vez y los tuvo que acatar porque, si bien se puede discrepar con la Justicia, siguiendo el orden de derecho y constitucional, "discrepar no significa no acatar".
Además, recordó que "no es bueno que la política se cuele dentro de los juzgados porque le hace mal a la justicia y en alguna medida se termina envenenando la convivencia".
"Por eso, buena cosa fuera que los actores políticos no procuremos mezclar a la justicia en nuestras vicisitudes y crispaciones de carácter político". "Esta es una vieja lesión pero naturalmente como tantas cosas los hombres siempre estamos expuestos a caer en viejos errores que no podemos superar", recordó.
En el resto de su audición, Mujica habló de otros temas, como la globalización (que "no es cuento ni tampoco es bonito") y las paradojas de la humanidad, que "gasta dos millones de dólares por minuto de presupuesto militar". "Si pudiéramos reducir a gastar uno, cuántas cosas se podrían hacer. Pero el mundo que vivimos no funcionan estas cosas", concluyó.
Montevideo Portal
Cínico!, demagogo barato!
No hay otra forma de calificar tremenda provocación de quién se cree y se siente respaldado por el aparato represivo y encima pretende darse el lujo de reírse de los perseguidos.No NOS gusta. Destacamos el NOS, porque ese hablar en plural de Mujica -cuando le conviene- es para dar la impresión de un movimiento colectivo. Mujica que cuando ha estado apretado por los conflictos internos que el mismo genera con su inoperancia y política errática ha dicho LA GENTE ME VOTÓ A MÍ, de repente se pone plural y habla de no NOS gusta. Que diga si a él, específicamente a él, le gusta o no le gusta "colar la política adentro de los juzgados". Que lo diga! Porque si en este proceso hay alguien que ha COLADO LA POLITICA ADENTRO DE LOS JUZGADOS ESE ES JOSÉ MUJICA CORDANO PRESIDENTE URUGUAYO HASTA 2014. No puede hacerse el desentendido de que fué el mismo quien "COLO" LA POLÍTICA EN LOS JUZGADOS EXIGIÉNDOLE A LA SUPREMA CORTE EL QUE ECHARAN A LA JUEZA MOTA. El comenzó este proceso que está muy lejos de haber terminado dado que el fascismo ha pasado al ataque aprovechando la oportunidad y la gente ya está cansada de los atropellos (y de los insultos presidenciales) y comienza a hacer resistencia. En el caso específico llegará a niveles internacionales tanto a instancias de los DDHH como a nivel de base en los colectivos uruguayos y de los defensores de los DDHH, en lo que promete ser una confrontación de larga duración contra la mentira, la hipocresía y el cinismo de los representantes políticos del estado.
Mujica "colo" la política en los juzgados cuando públicamente prometió liberar a los criminales de lesa humanidad YA CONDENADOS POR LA JUSTICIA DESPUES DE HABER PASADO POR LOS JUZGADOS CON TODAS LAS GARANTÍAS QUE SUS VÍCTIMAS NO TUVIERON. Llamó de "viejitos" a esa banda asesina que con todas las comodidades de su cárcel de lujo sigue agitando entre sus pares y abiertamente tanto por lo que han hecho en el pasado como sobre lo que proponen de futuro. Fué Mujica,quién violando las decisiones del Congreso de su propio Partido, el Frente Amplio, el que hizo esa promesa. Fué Mujica quién con esa promesa provocó a casi el 50% de los electores que votaron la rosada, fué Mujica el que provocó y denigró a los familiares de los desaparecidos y asesinados, fué Mujica el que "colò" su política en los juzgados y se dispuso ignorar y violar las decisiones judiciales. Fué Mujica quién ha ido a visitar a condenados por crímenes de lesa humanidad. Y en cada uno de esos casos ha pisoteado a la Justicia, a los Jueces y fiscales, y ha "colado" su política y sus intereses políticos. Mujica no tiene ninguna autoridad moral para ahora venir a pretender dictar cátedra cuando el que primero ha "colado" su política ha sido el mismo utilizando su mandato presidencial.
Lo mismo se verificó cuando públicamente pide a la SCJ que se eche a Mota hecho inédito en la historia nacional, ante la complacencia de toda la derecha y el silencio macabro del Frente Amplio que había resuelto en su Congreso llevar adelante lo que la Jueza Mota estaba haciendo y Mujica pretende deshacer.
Por lo demás las posturas tanto de la SCJ declarando la IMPUNIDAD DE LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD es absolutamente política y así se lo entiende tanto nacional como internacionalmente dado que los crímenes de lesa humanidad en tanto crímenes por parte del estado son de índole política. La SCJ - en alto grado - ha "colado" la política en los juzgados. Su política , la de la derecha, la de la complacencia con los crímenes de lesa humanidad. Qué es una política y sino que Mujica se lo vaya a preguntar a los gobernantes de Israel o de Alemania para poner algunos ejemplos de gente que el conoce. O que lo vaya a preguntar en Argentina. Las posturas del Fiscal Zubía hijo de golpista y torturador, son políticas en alto grado y él mismo las introduce en la Justicia.
Esta aseveración de Mujica es de un cinismo sin igual. Se burla de la gente, de las víctimas y de sus familiares y lo hace empleando la DEMAGOGIA BARATA, burlandose así de la jurisprudencia internacional en la materia y -aún más- de los tratados que el mismo Uruguay ha suscrito. Ya debieron pedir disculpas por la colección de inmundicias contra la familia Gelman. Ya vendrán nuevos casos. Ni hacemos una mención final al Frente Amplio porque su silencio dice todo. Están atrás de la repugnante política de Mujica sobre los DDHH. Ya veremos porque como Mujica, al igual que con su guerra antisindical, hace un problema de prestigio personal a las consecuencias por él desatadas cuando exigió el que echaran a la Jueza Mota, esta confrontación no tendrá un final inmediato. Sin duda que el fascismo pretende condenar a los militantes sociales tomados como rehenes para "ejemplarizar" y amedrentar a quienes protestan pero como la historia reciente del Uruguay lo demuestra estos infames ataques por parte del poder no hacen más que generar una reacción de respuesta impulsada por gente del pueblo que da un paso al frente y no se deja prepotear.
Alberto Vidal
Alberto Cabrera
La Jueza Mota SIEMPRE tuvo razón en este asunto, Mujica la hizo echar
La juez argentina afirma que es "deber de todos los Estados" castigar a los criminales franquistas
Considera una"evidencia histórica" que los sublevados del 36 "aplicaron un plan sistemático para destruir y eliminar a sus adversarios". Reclama su competencia como lo hizo España contra Pinochet
ANDRÉS MUÑIZ Madrid 19/09/2013 14:44 Actualizado: 19/09/2013 16:44 Público
La juez María Servini
Noticias relacionadas
-
Argentina dicta orden de detención internacional contra cuatro torturadores del franquismo
-
La ONU visita España para investigar las "desapariciones forzadas" del franquismo
-
Más víctimas de robo del bebés se unen a la querella argentina contra el franquismo
-
Los querellantes contra el franquismo regresan a Argentina el 20 de noviembre
-
El Gobierno que cierra las fosas del franquismo dice luchar ahora contra las desapariciones forzadas
"Es tal el agravio a la conciencia de la humanidad, que el castigo de los responsables es un deber de todos los Estados,
como agentes que son de la comunidad internacional, con independencia
del lugar de comisión de los hechos". Es uno de los principales
argumentos de la juez argentina María Servini para aceptar la
investigación de los crímenes del franquismo y ordenar la detención de
cuatro agentes denunciados como torturadores de detenidos en la época de
Franco en España.
En el extenso auto, de más de 200 folios, la juez Servini destaca que informes aportados a la causa, y la propia "evidencia histórica", destacan que los sublevados en 1936 mediante un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional, se convirtieron "de facto" en gobierno de un nuevo régimen político, desde el cual"organizaron y comenzaron a aplicar un plan sistemático concebido para destruir y eliminar a sus adversarios, incluidos los opositores políticos y todos aquellos que legítimamente respaldaron la legalidad del régimen constitucional hasta entonces vigente, lo que ocasionó víctimas también entre sus familiares"
Añade la juez que, para realizar dicho plan, se ejecutaron y produjeron, entre 1936 y mucho después, "actos y omisiones que comportaron la violación masiva y flagrante de derechos humanos y libertades básicas de miles de personas".
Afirma que de manera sistemática, los insurrectos y los nuevos dirigentes políticos, "o quienes actuaban con su connivencia, su tolerancia o su permisividad ejerciendo funciones estatales", planificaron y/o llevaron a cabo: detenciones ilegale y arbitrarias; torturas; juicios sumarísimos sin garantías; ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales, "con o sin proceso judicial previo"; castigos colectivos; violaciones de domicilios, saqueos y confiscaciones de bienes; y desapariciones forzadas.
Por estos hechos, constitutivos de delitos de homicidio; privación ilegal de libertad agravada por torturas; y sustracción de menores; afirma la magistrada que no se está llevando en España una "investigación eficaz".
La juez Servini señala que es aplicable al caso el principio de jurisdicción universal, fundado en la necesidad de que "crímenes particularmente horrendos, practicados de manera sistemática o generalizada, puedan quedar impunes por aplicación de un riguroso criterio territorialista".
Expone la instructora, citando al especialista Hugo Adrián Relva, que la práctica de las naciones demuestra que un genocidio perpetrado en el territorio de un Estado difícilmente puede ser objeto de un proceso judicial en el mismo Estado. La juez recuerda, como ejemplo de esa teoría, el genocidio armenio realizado por las autoridades turcas; o las masacres de Camboya, Vietnam, Guatemala, El Salvador o Sierra Leona.
Recuerda además el propio ejemplo español al respecto, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó al Reino Unido la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, "aplicando la jurisdicción universal que la Ley Orgánica del Poder Judicial español establece, sober la base de una acusación fundada en genocidio, tortura y terrorismo".
La juez concluye su exposición indicando que Argentina es competente y tiene jurisdicción para juzgar los hechos denunciados en la querella que dió origen al caso contra los crímenes del franquismo.
En el extenso auto, de más de 200 folios, la juez Servini destaca que informes aportados a la causa, y la propia "evidencia histórica", destacan que los sublevados en 1936 mediante un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional, se convirtieron "de facto" en gobierno de un nuevo régimen político, desde el cual"organizaron y comenzaron a aplicar un plan sistemático concebido para destruir y eliminar a sus adversarios, incluidos los opositores políticos y todos aquellos que legítimamente respaldaron la legalidad del régimen constitucional hasta entonces vigente, lo que ocasionó víctimas también entre sus familiares"
Añade la juez que, para realizar dicho plan, se ejecutaron y produjeron, entre 1936 y mucho después, "actos y omisiones que comportaron la violación masiva y flagrante de derechos humanos y libertades básicas de miles de personas".
Afirma que de manera sistemática, los insurrectos y los nuevos dirigentes políticos, "o quienes actuaban con su connivencia, su tolerancia o su permisividad ejerciendo funciones estatales", planificaron y/o llevaron a cabo: detenciones ilegale y arbitrarias; torturas; juicios sumarísimos sin garantías; ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales, "con o sin proceso judicial previo"; castigos colectivos; violaciones de domicilios, saqueos y confiscaciones de bienes; y desapariciones forzadas.
Por estos hechos, constitutivos de delitos de homicidio; privación ilegal de libertad agravada por torturas; y sustracción de menores; afirma la magistrada que no se está llevando en España una "investigación eficaz".
La juez Servini señala que es aplicable al caso el principio de jurisdicción universal, fundado en la necesidad de que "crímenes particularmente horrendos, practicados de manera sistemática o generalizada, puedan quedar impunes por aplicación de un riguroso criterio territorialista".
Expone la instructora, citando al especialista Hugo Adrián Relva, que la práctica de las naciones demuestra que un genocidio perpetrado en el territorio de un Estado difícilmente puede ser objeto de un proceso judicial en el mismo Estado. La juez recuerda, como ejemplo de esa teoría, el genocidio armenio realizado por las autoridades turcas; o las masacres de Camboya, Vietnam, Guatemala, El Salvador o Sierra Leona.
Recuerda además el propio ejemplo español al respecto, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó al Reino Unido la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, "aplicando la jurisdicción universal que la Ley Orgánica del Poder Judicial español establece, sober la base de una acusación fundada en genocidio, tortura y terrorismo".
La juez concluye su exposición indicando que Argentina es competente y tiene jurisdicción para juzgar los hechos denunciados en la querella que dió origen al caso contra los crímenes del franquismo.
Otro ejemplo que viene de Argentina, aunque no les guste
CIERRAN LA CARCEL DE CAMPO DE MAYO PARA LOS PRESOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El final de una prisión para privilegiados
Los condenados por delitos de lesa humanidad que
estaban en Campo de Mayo fueron llevados a Marcos Paz, donde hay otros
represores presos.
El Servicio Penitenciario Federal vació la unidad penal que funcionaba en Campo de Mayo y trasladó a los represores a la cárcel de Marcos Paz. Evaluaron que había “riesgo grave e inminente” de evasiones y “condiciones deficitarias de seguridad”.
Por Diego Martínez - Página 12
A fines de julio, cuando los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich, familiares y amigos de represores presos por delitos de lesa humanidad cuestionaron la decisión y lamentaron en las redes sociales las previsibles consecuencias que el episodio acarrearía a sus seres queridos. Ayer una decisión del Ministerio de Justicia les dio la razón: el Servicio Penitenciario Federal vació la (ex) Unidad Penal Nº 34 que funcionaba en el interior de Campo de Mayo y trasladó a la cárcel de Marcos Paz a los militares condenados que se alojaban en ese confortable edificio. El motivo: “riesgo grave e inminente” de evasiones, “favorecido por condiciones deficitarias de seguridad”, explicó mediante un comunicado. “Esa prisión vuelve a ser una prisión militar. Las personas que estaban allí darán cumplimiento a sus condenas en cárceles comunes”, dijo Alejandro Marambio, director del SPF.
Construido originalmente como cárcel militar de la mayor guarnición del Ejército en el país, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad en alojamiento vip de decenas de militares retirados, acusados de torturas y asesinatos, que eran atendidos allí por subordinados obligados a acatar sus órdenes. A los cuestionamiento formulados originalmente por organismos de derechos humanos se sumó a mediados de 2006 la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien reclamó sin suerte a distintos jueces que sacaran de esa unidad a los procesados a disposición de la Justicia.
En diciembre de 2007, cuando el represor de la ESMA Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex de Prefectura, la difusión de fotos del torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul hizo que unos pocos jueces se replantearan la concesión automática de privilegios, aunque Campo de Mayo siguió siendo un destino aceptado. Garré firmó entonces un convenio con el Ministerio de Justicia y transformó la cárcel que solo pisaban militares en Unidad 34 o Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, bajo la órbita del Servicio Penitenciario: los gendarmes que hacían guardias fueron reemplazados por penitenciarios.
En octubre de 2008, a partir del traslado del dictador Jorge Videla a Campo de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que allí había funcionado uno de los cuatro centros clandestinos que hubo en esa guarnición y que había indicios sobre posibles partos de mujeres cautivas que permanecen desaparecidas. “Es inaceptable la idea de que Campo de Mayo sea una cárcel común, más allá de la custodia a cargo del Servicio Penitenciario”, declaró entonces Luciano Hazán, abogado de Abuelas y actual titular del Programa Verdad y Justicia. Pero nada cambió.
En abril de 2009 fue un director del propio SPF quien advirtió que Campo de Mayo “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Julián Corres, torturador y jefe de guardias de La Escuelita de Bahía Blanca, se había escapado de la delegación local de la Policía Federal y pretendía que lo trasladaran con Videla & cía. Fue el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del SPF, quien evaluó que el “nivel de seguridad no sería el apropiado” para portadores de semejantes prontuarios. Dos camaristas bahienses minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del Laucha Corres.
La fuga de Olivera y De Marchi logró lo que no pudieron los organismos: que los represores alojados en Campo de Mayo fueran sacados para siempre de un espacio que es sinónimo de Ejército Argentino. La lista incluye a condenados por su actuación en Corrientes (Horacio Losito), Chaco (Jorge Carnero Sabol y Luis Patetta), Bahía Blanca (Norberto Condal y Jorge Masson), Buenos Aires (Alfredo Feito y Enrique Del Pino) e incluso Campo de Mayo (César Fragni, Raúl Harsich o Raúl Martín).
“Los 25 responsables de delitos de lesa humanidad encarcelados en un espacio para 50 pasarán a ser ‘presos comunes’ y a recibir el trato de respeto por sus derechos, pero que corresponde a su status”, indicó el SPF en un comunicado. En una nota al Tribunal Oral Federal Nº 5, a cargo del juicio de la ESMA, el SPF explicó que ordenó el traslado “debido a que no es posible dotar a la estructura edilicia de Campo de Mayo (U34) de las condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria”. El edificio “presenta falencias funcionales, las que constituyen un factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa”, explicó Marambio. Agregó que el Departamento de Inteligencia Penitenciaria elaboró “varias hipótesis sobre el desarrollo de dichos eventos” y destacó la “dificultad” de custodiar un centro penitenciario “asentado dentro de un importante complejo del Ejército, motivo principal del déficit de seguridad”. Otro motivo se relaciona con los achaques de los represores. “La composición etaria de dicha población penal requiere de una permanente asistencia en materia de salud”, por lo que hay que cubrir esa situación “principalmente a través de los hospitales militares”, traslados que fueron prohibidos a fines de julio, tras la fuga de De Marchi y Olivera.
viernes, 20 de septiembre de 2013
EL PRESIDENTE MÁS HABLADOR DEL MUNDO
por José Luis Perera
Como es archisabido, José “Pepe” Mujica es conocido
internacionalmente como “el presidente más pobre del mundo”, cuestión de muy
dudosa veracidad, desde luego, y que es desmentida por el propio Mujica.
Para los estándares uruguayos, alguien que gana alrededor
de U$S 13.500 mil mensuales y que está casado con otra persona que gana una
cifra similar mensualmente, no es considerado pobre, sino todo lo contrario.
Menos aún si en su patrimonio se cuentan tres inmuebles por valor de más de U$S
200.000, dos vehículos (fuscas), tres tractores, etc...
Es verdad –y muy loable por cierto- que el presidente dona buena parte de su salario (no me consta que haga lo mismo su señora), pero aún en ese caso, la mayoría de los uruguayos quisieran tener al menos una parte de los ingresos con los que se quedan la pareja presidencial. De buena gana la mayoría de los uruguayos quisieran ganar lo que gana el presidente y su esposa juntos, aunque los obligaran a donar lo que donan. Sobre todo los más de 800 mil uruguayos que ganan menos de 14 mil pesos, o los más de 100 mil jubilados uruguayos que ganan menos de $7.800.
¿DE QUÉ HABLA UN PRESIDENTE?
Uno tiene la percepción de que los presidentes, acá y en
todas partes del mundo, hablan de los problemas del país y de los problemas que
afectan a su gente, así como de los problemas de carácter internacional que
tienen que ver con las relaciones entre los países. Pero también uno tiene la
percepción –yo al menos la tengo- de que los presidentes también aportan
posibles soluciones, o sus ideas o las de sus gobiernos para solucionar dichos
problemas, o de los intentos que hacen para solucionar esos problemas.
Sin embargo, el presidente uruguayo parece ser que se auto adjudicó una misión diferente. El considera, al parecer, que tiene que hablar de otras cosas más generales y de índole más filosófica; aunque no se siente en la obligación de aportar ni una mísera idea para cambiar esas cosas.
Pongo un ejemplo; el presidente Rafael Correa habló cierta vez en la ONU sobre los problemas de la contaminación ambiental; habló largamente sobre ello, puso al descubierto quienes son los mayores culpables de la contaminación mundial, y brindó ideas y soluciones reales que su país podía aportar para disminuir la contaminación. Ese discurso prácticamente no fue difundido por ninguna cadena mundial. El presidente Mujica habló sobre esos mismos temas, con frases rimbombantes y floridas, no ubicó el problema en donde debía ubicarlo ni aportó una sola idea sobre como empezar a solucionarlo. Su discurso ha sido difundido como “el mejor discurso de la historia”.
SOBRE LOS URUGUAYOS
Pero el presidente gusta también hablar de los uruguayos.
No de sus problemas concretos, problemas para cuya resolución los uruguayos lo
votaron a él. No, al presidente le gusta hablar sobre la forma de ser de los
uruguayos, sobre sus gustos, sus actitudes o su moral, cuestiones para los
cuales obviamente no lo votamos ni le pagamos el salario, porque además no son
problemas sobre los cuales el pueda hacer algo.
En un encuentro con políticos y empresarios españoles en su gira por Madrid y ante un importante grupo de inversores, el presidente uruguayo dijo que los uruguayos "no nos caracterizamos por matarnos en el laburo". "Somos medio atorrantes, no nos gusta tanto trabajar”. Afirmación que obviamente puede ser verdadera en algunos casos, pero que es absolutamente falsa para la mayoría de los casos, pero que ni es simpática ni aporta nada bueno al conocimiento o a la idea que en el mundo tengan sobre los uruguayos. Más bien todo lo contrario.
Hay uruguayos muy laburadores y hay de los que son medio atorrantes, sin duda, pero a mí no me gusta (y sospecho que a muchos uruguayos tampoco) que me incluyan en la generalización de vagos y atorrantes. En particular porque hace ya muchísimos años que trabajo más de 10 o 12 horas para sobrevivir.
Nos ha criticado cientos de veces por ser consumistas, y ahora de no ser solidarios. De acuerdo con el mandatario, las personas en Uruguay ya no son solidarias, salvo "en algunos pueblitos del interior" y entre algunos círculos de gente que tiene "muy poco", mientras que los adinerados e intelectuales no son solidarios."Nunca vimos la voluntad de señores intelectuales que tienen buenos ingresos y cobran al contado, ni para aportar un peso, y menos para levantar un balde de mezcla", indicó.
Sin embargo, días después de que dijera eso, llegaban a pueblitos del interior afectados por el temporal, toneladas de ropa donadas por montevideanos. El uruguayo sin duda es solidario, claro que lo es, tal vez menos que antes, puede ser, pero la pregunta es: ¿corresponde que el presidente de la república acuse a su pueblo de insolidario? Y en su tradicional incoherencia, días atrás había agradecido a los obreros de la construcción por su solidaridad en la construcción de viviendas para el plan juntos.
Como se ve, en esa misma sentencia acusa en particular a los intelectuales. Una definición al alcance de cualquiera en Wikipedia, dice que “Intelectual es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública”. Desde este punto de vista, se puede decir que Mujica es un intelectual, y que lo ha sido la mayor parte de su vida. Dedicado a la actividad política desde muy jovencito (militante del Partido Nacional y secretario de Erro), con un interregno en el que se dedicó a guerrillero y después a preso de la dictadura, volvió a dedicarse a la actividad política desde hace 20 años. No es un obrero, digamos, por lo cual no se entiende demasiado por qué habla con esa ajenidad de los intelectuales.
Pero además, es sumamente extraño (o no tanto), puesto que
en la campaña electoral del 2009 se deshacía en elogios hacia la
intelectualidad diciendo cosas como estas:
- “La vida ha sido extraordinariamente generosa conmigo. Me ha dado un sinfín de satisfacciones más allá de lo que nunca me hubiera atrevido a soñar. Casi todas son inmerecidas. Pero ninguna más que la de hoy: encontrarme ahora aquí, en el corazón de la democracia uruguaya, rodeado de cientos de cabezas pensantes. ¡Cabezas pensantes! A diestra y siniestra”. (*).
Claro, por ese entonces buscaba el voto de los intelectuales, y ahora ya está donde quería estar.
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
También la emprende contra los empleados públicos, a
quienes los acusa de ser “trabajadores con coronita”. La “coronita” parecería
ser la seguridad en el trabajo, y su propuesta es quitarles esa seguridad, para
que su trabajo sea tan inestable como el de los trabajadores de la actividad
privada (eso además los haría disfrutar de la “aventura de la vida”, cosa que
se estarían perdiendo). También dice de todos nosotros que queremos ser
empleados públicos.
Ya la había emprendido hace bien poquito contra un grupo particular de empleados públicos, los docentes, diciendo que “por cuatro libros más que leyeron no, son más que cualquier analfabeto que camina por la calle”.
Cuando critica a los empleados públicos, y los agrede diciendo que son “trabajadores con coronita”, ¿por qué habla como si fueran algo ajeno a él? ¿por qué no dice “nosotros los empleados públicos”? ¿no se considera un empleado público? Pues debería, porque es un empleado público, contratado por cinco años por nosotros, y cobrando el salario que le pagamos nosotros, todos los uruguayos.
En medio de su incoherencia característica, ahora felicitó a todo el personal del Hospital Maciel y valoró el esfuerzo realizado por todos los funcionarios de la salud, tal vez olvidando que eran empleados públicos, además de vagos y atorrantes.
Hay mucha gente sin duda que critica a los empleados públicos (es una crítica facilonga y que arranca aplausos inmediatamente), y tal vez algunos de ellos sean empleados de la actividad privada, y tal vez en muchos casos tengan razón en la crítica.
Pero ¿es aceptable que lo haga el presidente Mujica? ¿es aceptable que lo haga alguien que desde hace al menos 20 años vive de un salario del estado? ¿es aceptable que lo haga quien desde hace 20 años es empleado público ganando los máximos salarios que se pagan en el estado? Porque Mujica es un empleado del estado desde el año 94, como ministro, como diputado, como senador y ahora como presidente.
¿Qué hizo Mujica en estos 20 años que los uruguayos le hemos pagado el salario, para cambiar lo que tanto critica? Yo tengo una respuesta provisoria: nada, absolutamente nada.
(*) Palabras de José "Pepe" Mujica en el encuentro
con los intelectuales, el miércoles 29 de abril de 2009, en el Salón de los
Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay.
Versión en Video: http://www.
Los gráficos de Gabriel Carbajales
Advierten criminalización de la protesta
Estado de malestar
20.09.2013 15:49
El Servicio de Paz y Justicia, expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” ante el pedido de procesamiento con prisión por los incidentes en la SCJ. La integrante de SERPAJ, Madelón Aguerre dijo a Montevideo Portal que no se trata de un hecho aislado y llamó a “no personalizar” el caso. Ielsur, el Pit-Cnt y Familiares se expresaron en el mismo sentido.
El Servicio de Paz y Justicia expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo”, ante la situación judicial que enfrentan siente militantes por los disturbios ocurridos el 15 de febrero en la Suprema Corte de Justicia.
El organismo asegura que los acusados “expresaron su disconformidad por el desplazamiento de la jueza Mariana Mota de las causas de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente, destinándola a la órbita civil. Esta medida fue considerada discriminatoria y sancionatoria por más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, quienes expresaron su respaldo a la magistrada”.
“Las posteriores sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que en la práctica buscan consagrar la impunidad, fueron condenadas por muchos organismos internacionales. Esto muestra el grave deterioro que en materia de respeto y defensa de los derechos humanos sufre hoy nuestro país ante la pasividad del sistema político•, señala el comunicado difundido este jueves.
Para el organismo, la acusación fiscal es desproporcionada con la protesta y “conforma un elemento más que refuerza la escalada de violencia institucional en la que vienen incurriendo determinados actores estatales en perjuicio de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y condenando y estigmatizando a ciertos grupos sociales (como son los pobres y los jóvenes)”.
“La criminalización de la protesta social forma parte de los métodos más totalitarios y represivos a los que apelan los Estados para negar la justicia a quienes la reclaman. Una Justicia verdaderamente independiente y garantista de los derechos de la ciudadanía, debería condenar esas prácticas en vez de avalarlas”, afirmaron.
En conversación con Montevideo Portal, la integrante de SERPAJ, Madelón Aguerre, señaló que no se trata de una actitud aislada de un fiscal, señalando que una situación de impunidad genera violencia.
Aguerre señaló también que es “delicado” que de un centenar de personas que se manifestaron en la SCJ, se “eligió cierto perfil” y llamó a no personalizar el tema y centrarse en cuál es la actitud del Estado.
Por su parte, Familiares de Detenidos Desaparecidos, se expresaron en el mismo sentido, señalando que es “absolutamente inaceptable que en el mismo país donde el Estado violó los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ante lo cual continúa dolorosamente omiso, seamos hoy testigos de nuevos avasallamientos ante el irreductible derecho democrático de manifestarse”.
“¿Es acaso admisible que quienes reclaman legítimamente al Estado que el mismo asuma proactiva y efectivamente su responsabilidad, además de no ser escuchados reciban como respuesta un insólito castigo?”, cuestiona el comunicado calificando la situación como una “insultante e indigna contradicción, mediante la cual se diluye cada vez más el sentido de justicia por el cual todos los ciudadanos debemos velar”.
Desde el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay se alertó sobre “la necesidad de terminar con la práctica judicial de citar a declarar en sede policial o legitimar la indagatoria policial”, considerando que “contraviene la salvaguarda de la inmediatez judicial, correlato imprescindible del respeto al debido proceso legal y la garantía de que exista una defensa en forma”.
Además señala la “informalidad” con que se realizaron las citaciones al juzgado, debido a que algunos fueron interceptados en la calle y advierte sobre una “tendencia policial/judicial a la criminalización de la protesta”.
“La actual coyuntura de agravamiento de la judicialización y criminalización de la protesta (y de la pobreza) muestra la irresponsabilidad con la que se adjudica dolor y cárcel para ciertos grupos sociales. Los pedidos de procesamiento por la protesta en el edificio de la Suprema Corte de Justicia forman parte del avance y endurecimiento de medidas de carácter punitivo de control del espacio público y criminalización de problemas sociales, como respuesta simbólica al clamor de mano dura. Los desbordes punitivos que se están viviendo a nivel normativo y de prácticas institucionales en nada contribuyen a construir un país vivible para todos”, concluye el comunicado de IELSUR.
También la central sindical expresó su rechazo a lo ocurrido, considerándolo una forma de “judicializar las movilizaciones populares” y defendiendo la legitimidad de la protesta: nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la convicción de que de no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicara a las organizaciones de la sociedad”.
Montevideo Portal
EL MUNDO AL REVES!!!
Montevideo, Uruguay. 19/Setiembre/2013. Policías filman y fotografían para fichar a los manifestantes que se concentraban en la puerta del Juzgado de Misiones.
Violencia es que dos policías armados -fíjense en los pantalones- te
filmen y fotografíen por participar de una concentración durante horas.
Violencia es que amparados por las vallas del Poder Judicial y por la
impunidad del abuso cometido desde estructuras estatales la policía
además provoque y salude socarronamente.
Violencia es que el Ministro del Interior se haga el tonto y diga que
no infiltran las movilizaciones, para decir después que lo que hacen es
filtrar “observadores”. Violencia es escuchar mentir a Bonomi -también
amparado desde el poder del estado-.
Violencia es sentir que cualquiera que se organice o se manifieste
por fuera de las estructuras-tradicionales-”
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó en una declaración que el procesamiento de militantes sociales solicitado por Zubía “es una forma de judicializar las movilizaciones populares”. En una declaración emitida ayer, la central de trabajadores agrega: “Siempre hemos respetado a la Justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas; en este caso, nosotros tenemos la convicción de que, de no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicará a las organizaciones de la sociedad”. Edgardo Oyenart, uno de los dirigentes del PIT-CNT que participaron en la movilización en la SCJ e ingresaron al lugar para hablar con el jefe del operativo policial para “evitar una masacre”, agregó que “procesar a personas por participar en una manifestación es un disparate”. El dirigente expresó que el 15 de febrero fue testigo de que “no hubo ninguna agresión, no se rompió nada” y que tuvo que participar en un cordón humano para “proteger” a personas ancianas del atropello policial. “Me parece que los genes del fiscal Zubía pueden más que su responsabilidad profesional e institucional”, concluyó Oyenart, en referencia a los lazos familiares del representante del Ministerio Público con militares.
Álvaro Jaume, Irma Leites, Aníbal Varela y Jorge Zabalza, ayer, cuando llegaban al juzgado. Foto: Pablo Vignali
Derechos en juego
Ayer declararon las siete personas cuyo procesamiento solicitó el fiscal Zubía por la protesta de febrero en la SCJ.
Ayer
de tarde, y durante más de cuatro horas, la jueza penal de 9º Turno,
Gabriela Merialdo, les tomó declaraciones a la integrante de Plenaria
Memoria y Justicia Irma Leites, al ex dirigente del Movimiento de
Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) Jorge Zabalza, al activista de la
Asamblea Nacional Permanente (ANP) por la Defensa de la Tierra y los
Bienes Naturales Álvaro Jaume, a la militante de la Federación Nacional
de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Patricia Borda, al
secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales
de Montevideo Aníbal Varela y a los integrantes de la ANP Diego Jaume y
Eduardo Jaume.
Como
se sabe, el fiscal Gustavo Zubía solicitó esta semana el procesamiento
con privación de libertad por el delito de atentado especialmente
agravado de los cuatro primeros y el procesamiento sin prisión por el
delito de complicidad de los tres últimos, por el caso que se investiga
de la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 15 de
febrero, convocada por varias organizaciones sociales y defensoras de
los derechos humanos en rechazo del traslado del ámbito penal al civil
de la jueza Mariana Mota.
La magistrada estaba a cargo de medio centenar de expedientes de casos sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y apeló la decisión ante la SCJ -que obviamente negó el pedido-, y ahora su situación se analiza en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Pero volvamos al caso del pedido de procesamiento de los militantes sociales. Ahora Merialdo se tomará un plazo de hasta 45 días para decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público o si archiva definitivamente el caso. Según los abogados defensores, hay una tercera opción, que es continuar con la investigación, pero se trata de un procedimiento “inusual” en la Justicia uruguaya.
Usando la sede judicial como lugar de operaciones y protegiéndose detrás de la custodia y del vallado, un fotógrafo y un camarógrafo, uniformados con chalecos de la Policía, se dedicaron a registrar a los manifestantes durante toda la tarde y a esbozar una sonrisa cuando recibían algún grito de protesta o cuando les sacaban fotos a ellos desde el otro lado.
Dos de las pruebas sobre las que se basó el pedido de Zubía fueron un video de la manifestación en la SCJ, proporcionadas por los tres canales privados de televisión a la Policía, y otro con filmaciones realizadas por la propia institución. Pero las imágenes de la televisión estaban editadas por la Policía, por lo que los abogados defensores solicitaron a la jueza acceder y visualizar el material audiovisual en bruto. Merialdo accedió, y luego de que la Policía llevara los videos completos que tenía en su poder, se procedió a observarlos en la audiencia. Una fuente de la Policía informó a la diaria que el Departamento de Operaciones Especiales pidió las imágenes a todos los canales de televisión abierta, que Televisión Nacional Uruguay no accedió a proporcionarlos y que luego las imágenes en bruto fueron editadas por Policía Técnica.
Juan Fagúndez, abogado de Jorge Zabalza, de Álvaro Jaume y de uno de sus hijos, explicó que el alegato que presentó se basó en que “el delito por el que se pide el procesamiento no se adecua a lo que pasó”. “Lo que hubo fue una protesta y no se puede comparar una protesta con un delito. Pero el fiscal interpreta las pruebas en un sentido, que hubo instigación para impedir el acto [de asunción de Mota como jueza civil] y nosotros decimos que hubo una protesta social que lo que hizo fue demorar ese acto durante tres horas”, afirmó.
Los primeros en salir del juzgado fueron Zabalza, Varela y los tres Jaume; media hora después lo hicieron Borda y Leites.
Zabalza contó que el día de la manifestación en la SCJ, no pretendió “interrumpir ningún acto”. Según dijo, estaba vestido “de chinelas y bermuda”, y cuando se cerraron las puertas del Palacio Piria algunos quisieron entrar “para presenciarlo, no para interrumpirlo”, y entonces él le preguntó al vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, si podía ingresar al acto, y éste le respondió que sí.
Una estrategia de defensa diferente fue la que tomó Ignacio Durán, abogado defensor de Borda. Durán dijo que después de observar los videos “se puede apreciar que ella fue pacíficamente a la manifestación, porque tiene vínculos familiares con la doctora Mota y concurrió a expresarle su solidaridad”. Para Durán, el dictamen del fiscal “es apresurado, no está fundado y le falta solidez”, y dijo que solicitó que la jueza citara a declarar a cinco testigos, entre los que se encuentran un fotógrafo y un docente compañero de Borda, quienes estuvieron en la manifestación, y la propia jueza Mariana Mota. Durán explicó que si bien no cree que Zubía “cambie el dictamen”, la jueza Merialdo “tiene la potestad de archivar el expediente y el caso puede concluir en esa posibilidad”.
Leites dijo que su alegato se basó en que éste es “un juicio político”, y que solicitó que el proceso fuera “oral y público”, pero que la jueza “no lo consideró”. Agregó que “se eligieron siete personas para estigmatizarlas y acusarlas de lo que pasó, porque no hay una conducta diferencial de esos siete con respecto a todos los demás que estuvieron en la manifestación”. Finalmente, Leites expresó que en el fallo de Merialdo “se juega mucho del futuro”, y que en la declaración realizó “un alegato a favor del derecho a la protesta” y pidió a la jueza “amparo contra la prepotencia de la Policía con sus abusos y seguimientos”.
Cuestión de genes
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó en una declaración que el procesamiento de militantes sociales solicitado por Zubía “es una forma de judicializar las movilizaciones populares”. En una declaración emitida ayer, la central de trabajadores agrega: “Siempre hemos respetado a la Justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas; en este caso, nosotros tenemos la convicción de que, de no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicará a las organizaciones de la sociedad”. Edgardo Oyenart, uno de los dirigentes del PIT-CNT que participaron en la movilización en la SCJ e ingresaron al lugar para hablar con el jefe del operativo policial para “evitar una masacre”, agregó que “procesar a personas por participar en una manifestación es un disparate”. El dirigente expresó que el 15 de febrero fue testigo de que “no hubo ninguna agresión, no se rompió nada” y que tuvo que participar en un cordón humano para “proteger” a personas ancianas del atropello policial. “Me parece que los genes del fiscal Zubía pueden más que su responsabilidad profesional e institucional”, concluyó Oyenart, en referencia a los lazos familiares del representante del Ministerio Público con militares.La magistrada estaba a cargo de medio centenar de expedientes de casos sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y apeló la decisión ante la SCJ -que obviamente negó el pedido-, y ahora su situación se analiza en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Pero volvamos al caso del pedido de procesamiento de los militantes sociales. Ahora Merialdo se tomará un plazo de hasta 45 días para decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público o si archiva definitivamente el caso. Según los abogados defensores, hay una tercera opción, que es continuar con la investigación, pero se trata de un procedimiento “inusual” en la Justicia uruguaya.
Sacale una foto
Los siete indagados ingresaron al edificio del Poder Judicial, en la calle Misiones 1469. Entraron todos juntos y alentados por los cánticos de cerca de un centenar de manifestantes que se apostaron detrás del vallado protegido por unos 20 efectivos policiales. Durante la larga audiencia se fue sumando más gente, convocada por varias organizaciones sociales y sindicales.Usando la sede judicial como lugar de operaciones y protegiéndose detrás de la custodia y del vallado, un fotógrafo y un camarógrafo, uniformados con chalecos de la Policía, se dedicaron a registrar a los manifestantes durante toda la tarde y a esbozar una sonrisa cuando recibían algún grito de protesta o cuando les sacaban fotos a ellos desde el otro lado.
Dos de las pruebas sobre las que se basó el pedido de Zubía fueron un video de la manifestación en la SCJ, proporcionadas por los tres canales privados de televisión a la Policía, y otro con filmaciones realizadas por la propia institución. Pero las imágenes de la televisión estaban editadas por la Policía, por lo que los abogados defensores solicitaron a la jueza acceder y visualizar el material audiovisual en bruto. Merialdo accedió, y luego de que la Policía llevara los videos completos que tenía en su poder, se procedió a observarlos en la audiencia. Una fuente de la Policía informó a la diaria que el Departamento de Operaciones Especiales pidió las imágenes a todos los canales de televisión abierta, que Televisión Nacional Uruguay no accedió a proporcionarlos y que luego las imágenes en bruto fueron editadas por Policía Técnica.
Juan Fagúndez, abogado de Jorge Zabalza, de Álvaro Jaume y de uno de sus hijos, explicó que el alegato que presentó se basó en que “el delito por el que se pide el procesamiento no se adecua a lo que pasó”. “Lo que hubo fue una protesta y no se puede comparar una protesta con un delito. Pero el fiscal interpreta las pruebas en un sentido, que hubo instigación para impedir el acto [de asunción de Mota como jueza civil] y nosotros decimos que hubo una protesta social que lo que hizo fue demorar ese acto durante tres horas”, afirmó.
Los primeros en salir del juzgado fueron Zabalza, Varela y los tres Jaume; media hora después lo hicieron Borda y Leites.
Todo preso es político
Zabalza expresó que “éste es un caso penal que se sale de lo habitual y entonces hay que seguir esperando”. El ex referente del MLN opinó que “la acusación del fiscal es política” y que pretende “escarmentar a los que luchan por verdad y justicia, a los que quieren juicio y castigo para los criminales de Estado, y por eso se utiliza a siete compañeros como vehículo para desalentar la lucha”.Zabalza contó que el día de la manifestación en la SCJ, no pretendió “interrumpir ningún acto”. Según dijo, estaba vestido “de chinelas y bermuda”, y cuando se cerraron las puertas del Palacio Piria algunos quisieron entrar “para presenciarlo, no para interrumpirlo”, y entonces él le preguntó al vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, si podía ingresar al acto, y éste le respondió que sí.
Una estrategia de defensa diferente fue la que tomó Ignacio Durán, abogado defensor de Borda. Durán dijo que después de observar los videos “se puede apreciar que ella fue pacíficamente a la manifestación, porque tiene vínculos familiares con la doctora Mota y concurrió a expresarle su solidaridad”. Para Durán, el dictamen del fiscal “es apresurado, no está fundado y le falta solidez”, y dijo que solicitó que la jueza citara a declarar a cinco testigos, entre los que se encuentran un fotógrafo y un docente compañero de Borda, quienes estuvieron en la manifestación, y la propia jueza Mariana Mota. Durán explicó que si bien no cree que Zubía “cambie el dictamen”, la jueza Merialdo “tiene la potestad de archivar el expediente y el caso puede concluir en esa posibilidad”.
Leites dijo que su alegato se basó en que éste es “un juicio político”, y que solicitó que el proceso fuera “oral y público”, pero que la jueza “no lo consideró”. Agregó que “se eligieron siete personas para estigmatizarlas y acusarlas de lo que pasó, porque no hay una conducta diferencial de esos siete con respecto a todos los demás que estuvieron en la manifestación”. Finalmente, Leites expresó que en el fallo de Merialdo “se juega mucho del futuro”, y que en la declaración realizó “un alegato a favor del derecho a la protesta” y pidió a la jueza “amparo contra la prepotencia de la Policía con sus abusos y seguimientos”.
Luis Rómboli- La Diaria
ESTA
ES UNA DE LAS RAZONES QUE ESTÁ EN EL FONDO DE TODO ESTE PROCESO. Y es
una razón bien política por cierto. Trata de la política del terrorismo
de estado.
Comienza búsqueda en Batallón 13
En algún lugar
20.09.2013 20:04
El martes próximo, el antropólogo José María López Mazz ingresará al predio del Batallón 13 de Avenida de las Instrucciones junto a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. Allí se buscarán los restos de María Claudia García de Gelman a partir de testimonios que se incorporaron al expediente que tiene en sus manos el juez Pedro Salazar.
López Mazz dijo a Montevideo Portal que se comenzará por tareas de desmalezamiento y que al principio ingresará parte de su equipo, que aún trabaja en el Batallón 14. El inicio de los trabajos se retrasó por las lluvias de esta semana y el profesional espera ver en qué condiciones encuentra el terreno. Para la búsqueda se utilizará un georradar.
En el expediente judicial se hace referencia a la posibilidad de que se hayan realizado enterramientos debajo de construcción del predio militar, según dijeron a Montevideo Portal fuentes vinculadas al caso. Al respecto, López Mazz evitó hacer comentarios al respecto.
María Claudia García de Gelman fue detenida en su casa del barrio de Almagro en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 junto a su esposo, Marcelo Gelaman. Estaba embarazada de siete meses. Fue recluida en Orletti, en Floresta. Nunca se supo por qué la trajeron a Montevideo después que mataron a su marido. Estuvo en Bulevar Artigas y Palmar y fue asesinada en Base Valparaíso, cerca del zoológico de Villa Dolores, según el archivo de la Comisión para la Paz.
Se buscaron sus restos en el Batallón 13 pero luego se orientó la búsqueda al 14. Ahora, no se descarta que se pueda encontrar su cuerpo enterrado den Avenida de las Instrucciones.
Montevideo Portal
El Fiscal falsificador que trabaja por encargo
El fiscal Gustavo Zubía negó que la causa contra los dirigentes que manifestaron en la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero se haya politizado y lamentó “profundamente” que se continúe con “las prácticas medievales de atacar al mensajero y no al mensaje”.
Zubía afirmó a canal 10 que en los próximos días se convocará a la sede a otras personas que participaron en los hechos que hasta ahora no habían podido ser identificadas, negando así que se haya elegido a unos pocos entre los manifestantes, sino que se convocó a los que pudieron ser identificados.
Sobre ese punto, el fiscal explicó que cuando ocurrieron los hechos la jueza Gabriela Merialdo decidió no realizar detenciones en ese momento para no incrementar la violencia en el lugar, pero ya fueron identificadas otras personas a partir de fotografías que son parte del expediente.
“Uno observa que los contenidos racionales son pocos y las actitudes meramente violentas están a la luz de todos nosotros (.) parecería que estamos en la Alemania de 1938”, añadió en declaraciones a Subrayado.
Zubía dijo que el actual clima en torno al caso, denota “el clima que imperó el 15 de febrero” . “Cuando la violencia está en la calle el Estado de derecho retrocede”, afirmó y añadió que contra los elementos de prueba que él tiene “la política no tiene nada que hacer”.
En conversación con Montevideo Portal el abogado de Irma Leites, Gustavo Salle, insistió en que Zubía realizó una selección ideológica de los participantes en la manifestación, señalando que en su argumentación hace referencia a los “antecedentes de militancia” de quienes pidió el procesamiento.
Además, sostiene que en el lugar había otras personas públicas fácilmente reconocibles que no fueron tratadas de la misma manera, además de decenas de militantes que reconocieron haber participado de la manifestación. En ese sentido, señaló que las 300 personas que participaron de la concentración en la SCJ no tuvieron una actitud diferente a Leites.
La jueza Gabriela Merialdo tiene 45 días para determinar si accede o no al pedido fiscal, que se pronunció a favor de un procesamiento con prisión de siete dirigentes sociales, entre ellos Irma Leites y Jorge Zabalza.
Montevideo Portal
El Fiscal Zubía dice UNA verdad
Una Verdad - “Uno observa que los contenidos racionales son pocos y las actitudes meramente violentas están a la luz de todos nosotros (.) parecería que estamos en la Alemania de 1938”, añadió en declaraciones a Subrayado.
polémica por TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA MOTA
Zubía negó intencionalidad política en citaciones por asonada en la SCJ
El fiscal, que se encuentra en el ojo de
la tormenta, informó además que pedirá nuevas citaciones en el caso que
analiza la ocupación de la Suprema Corte de Justicia en el pasado mes de
febrero, en rechazo al traslado de la jueza Mota de la órbita penal a
la civil. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, dijo por su parte
que lo ocurrido ese día fue que "patearon la puerta al vecino clamando
justicia".
Temas
vie sep 20 2013 20:12 El País uy
El fiscal Gustavo Zubía anunció que pedirá
nuevas citaciones por los hechos sucedidos en la Suprema Corte de
Justicia durante el acto de traslado de la jueza Mariana Mota y rechazó
las acusaciones de intencionalidad política o personal hacia las
personas que solicitó procesar por atentado especialmente agravado.
En declaraciones a Subrayado Zubía expresó: “Lamento profundamente que nuevamente sigamos con las mismas prácticas medioevales de no atacar el mensaje sino al mensajero”.
“A mí me han agraviado en los dichos de las últimas horas. Agraviaron a personas de mi familia fallecidas, parecería que estamos en Alemania en 1938 donde el tema era qué sangre tenía una persona para que tuviera o no determinados derechos”, comparó el fiscal.
Criticó a aquellos abogados que calificaron sus dictámenes de “forma absolutamente desdorosa, impropia sin el más mínimo estilo que tienen los abogados”.
Para Zubía el clima que imperó el 15 de febrero en la Suprema Corte de Justicia cuando trasladaron a Mota “ameritó la solicitud de responsabilidades penales y es absolutamente falso que se hayan elegido sobre personas”.
“Se llevó a cabo el procedimiento sobre personas que fueron identificadas cuando los hechos a partir de filmaciones, fotografías y otros elementos de juicio”, manifestó y añadió que hay personas que fueron fotografías que no pudieron ser identificadas. “En los próximos días se van a poder realizar por vías separadas las identificaciones de otras personas”, indicó.
“Esto no está dentro de los institutos de la democracia. La protesta, sí. El patearle la puerta al vecino para buscar lo que usted cree que es Justicia, no”, concluyó Ruibal Pino.
En declaraciones a Subrayado Zubía expresó: “Lamento profundamente que nuevamente sigamos con las mismas prácticas medioevales de no atacar el mensaje sino al mensajero”.
“A mí me han agraviado en los dichos de las últimas horas. Agraviaron a personas de mi familia fallecidas, parecería que estamos en Alemania en 1938 donde el tema era qué sangre tenía una persona para que tuviera o no determinados derechos”, comparó el fiscal.
Criticó a aquellos abogados que calificaron sus dictámenes de “forma absolutamente desdorosa, impropia sin el más mínimo estilo que tienen los abogados”.
Para Zubía el clima que imperó el 15 de febrero en la Suprema Corte de Justicia cuando trasladaron a Mota “ameritó la solicitud de responsabilidades penales y es absolutamente falso que se hayan elegido sobre personas”.
“Se llevó a cabo el procedimiento sobre personas que fueron identificadas cuando los hechos a partir de filmaciones, fotografías y otros elementos de juicio”, manifestó y añadió que hay personas que fueron fotografías que no pudieron ser identificadas. “En los próximos días se van a poder realizar por vías separadas las identificaciones de otras personas”, indicó.
Ruibal Pino.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, opinó en declaraciones a Canal 7 de Maldonado reproducidas por Subrayado, que cualquiera puede protestar en una democracia pacíficamente contra cualquier decisión judicial o de cualquier poder del Estado; “pero no puede, clamando justicia, patearle la puerta al vecino. Esto es lo que se hizo”.“Esto no está dentro de los institutos de la democracia. La protesta, sí. El patearle la puerta al vecino para buscar lo que usted cree que es Justicia, no”, concluyó Ruibal Pino.
No le creen ni los fascistas. Caradura!
Zubía niega politización de causa
Causa común
20.09.2013 20:13
El fiscal Gustavo Zubía negó las acusaciones de politización de su trabajo y señaló que en los próximos días se convocará a declarar a personas que antes no habían podido ser identificadas. El abogado Gustavo Salle dijo a Montevideo Portal que Zubía alude a la trayectoria de los militantes en la vista fiscal.
El fiscal Gustavo Zubía negó que la causa contra los dirigentes que manifestaron en la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero se haya politizado y lamentó “profundamente” que se continúe con “las prácticas medievales de atacar al mensajero y no al mensaje”.
Zubía afirmó a canal 10 que en los próximos días se convocará a la sede a otras personas que participaron en los hechos que hasta ahora no habían podido ser identificadas, negando así que se haya elegido a unos pocos entre los manifestantes, sino que se convocó a los que pudieron ser identificados.
Sobre ese punto, el fiscal explicó que cuando ocurrieron los hechos la jueza Gabriela Merialdo decidió no realizar detenciones en ese momento para no incrementar la violencia en el lugar, pero ya fueron identificadas otras personas a partir de fotografías que son parte del expediente.
“Uno observa que los contenidos racionales son pocos y las actitudes meramente violentas están a la luz de todos nosotros (.) parecería que estamos en la Alemania de 1938”, añadió en declaraciones a Subrayado.
Zubía dijo que el actual clima en torno al caso, denota “el clima que imperó el 15 de febrero” . “Cuando la violencia está en la calle el Estado de derecho retrocede”, afirmó y añadió que contra los elementos de prueba que él tiene “la política no tiene nada que hacer”.
En conversación con Montevideo Portal el abogado de Irma Leites, Gustavo Salle, insistió en que Zubía realizó una selección ideológica de los participantes en la manifestación, señalando que en su argumentación hace referencia a los “antecedentes de militancia” de quienes pidió el procesamiento.
Además, sostiene que en el lugar había otras personas públicas fácilmente reconocibles que no fueron tratadas de la misma manera, además de decenas de militantes que reconocieron haber participado de la manifestación. En ese sentido, señaló que las 300 personas que participaron de la concentración en la SCJ no tuvieron una actitud diferente a Leites.
La jueza Gabriela Merialdo tiene 45 días para determinar si accede o no al pedido fiscal, que se pronunció a favor de un procesamiento con prisión de siete dirigentes sociales, entre ellos Irma Leites y Jorge Zabalza.
Montevideo Portal
El Fiscal Zubía dice UNA verdad
Una Verdad - “Uno observa que los contenidos racionales son pocos y las actitudes meramente violentas están a la luz de todos nosotros (.) parecería que estamos en la Alemania de 1938”, añadió en declaraciones a Subrayado.
Efectivamente. Es cierto, una gran verdad dicha por el
Fiscal, una al fin!. Es precisamente lo que el movimiento popular viene
sosteniendo, es la situación sobre la cual las organizaciones defensoras
de los DD.HH. están alertando, y es - por desgracia - la triste
realidad que viven millares de uruguayos no bien se les ocurre hacer uso
de sus inalienables derechos garantizados en la Constitución y por si
faltaran basamentos, en la Declaración de los Derechos Humanos de las
Nacionaes Unidas. Muy cierto lo que dice el Fiscal:"parecería que
estamos en la Alemania de 1938”. Así es y hacia allí se está yendo si no hay
orientales valientes que ya hoy mismo le hacen frente al avance del
fascismo amparado, hoy en Uruguay como ayer en Alemania en 1938 en
el aparato del estado, los cuerpos policiales y militares, los políticos
corruptos o mudos, los instigadores a sueldo en la prensa y demas
medios, y, naturalmente, tal cual sucedió en 1938 en Alemania y en
adelante, el concurso febril de Fiscales, Jueces y Suprema Corte que
competían en cual dictaba mayor cantidad y más duras penas contra los trabajadores
sindicalizados que hacían huelgas, los manifestantes demócratas, la gente de izquierda y de
ahi en más los religiosos disidentes, los liberales críticos, los
periodistas no vendidos al mejor postor y todos los ciudadanos decentes.
Para ver estos ejemplos el Fiscal no hubiera necesitado trasladarse al tiempo de la Alemania de 1938, le hubiera alcanzado con Uruguay desde 1967 en adelante, dado que las características fueron las mismas y los resultados para
el pueblo sufriente fueron similares, salvando las dimensiones. En Uruguay de 1967 en adelante así como en Alemania de 1938 en adelante, las cosas se fueron desarrollando tal cual lo vienen haciendo en Uruguay en la actualidad. Los trabajadores reclaman un salario digno y son estigmatizados, acusados de cuasi terrorismo y de tomarse de rehenes sea a todos los montevideanos, sea a los alumnos escolares o aún a los enfermos mentales, el esquema es el mismo. Así tambien lo hicieron en 1938 como bien lo expresa el Fiscal. Como también sacaron blindados a la calle, escopetas y dispararon munición letal contra quienes protestaban, o les infiltraban las marchas hoy con encapuchados ayer con camisas pardas, o les cerraban las radios como La Kandela, asaltaban comunidades como La Solidaria, levantaban en la calle a jovenes sin ningún fundamento ni orden judicial alguna, los maltrataban, y amenazaban con torturas y violaciones.
Todo eso se vió en Alemania en 1938. Viéndose también paralelos similares en el tratamiento a los Jueces que no sentenciaban como el poder del estado lo exigía en función de sus interreses, se los purgaba y demonizaba y sí por acaso a algunos demócratas y liberales alemanes de aquél entonces se les ocurría homenajear a esos valientes jueces, por ejemplo aplaudiéndolos, estos automáticamente eran catalogados como terroristas, vándalos, ocupantes, promotores de asonadas y de andar asustando a los apacibles miembros de alguna Corte de Justicia. Eso sucedió. En 1938. Y sucede hoy, aquí, en el 2013. Detenciones ilegales, cuasi secuestro de jóvenes, grupos de choques y comandos especiales contra las manifestaciones sean éstas por gabinetes higiénicos en un Liceo o de vecinos contra el depredador puerto maderero en La Paloma. Mucha razón lleva el Fiscal Zubía al decir que se viene viviendo este proceso. Proceso que no es nuevo en Uruguay. Los Zubías militares protagonizaron uno similar al de Alemania de 1938, salvando las obvias dimensiones, lo cual no es ningún consuelo para las víctimas.
En Alemania en 1938 las fuerzas represivas anunciaban con afiches las ejecuciones. En el Uruguay de la dictadura todavía el Estado no ha respondido sobre la suerte qué han corrido centenares de ciudadanos que fueron detenidos por las fuerzas represivas del Estado, No se sabe nada, ni que sucedió con ellos, ni donde están, si vivos o muertos, no se sabe quienes los detuvieron ni como se llamaban los mandos, no se conoce quién o quienes dieron las órdenes, y más tarde decidieron sobre su suerte, se desconoce - en caso de haber sido asesinados - que pasó con sus restos, adonde están enterrados o si fueron quemados como en Chile o arrojados al mar como en Argentina, o dinamitados sus cuerpos como tambien sucedió en Argentina, en suma: no se sabe nada.Esa es una diferencia con la Alemania de 1938. Los nazis uruguayos del periodo del terrorismo de estado han profundizado las técnicas macabras de la tortura. Ya no se trata solamente de torturar a un prisionero y después fusilarlo luego de parodias de juicios sumarios con Fiscales y Jueces vestidos con negras batas y sedientos de sangre que les aseguraba ascensos, ahora se trata de ejercer una tortura masiva sobre toda la sociedad, comenzando por la familia y círculos cercanos de la víctima y prolongar esa tortura por decenios, sosteniéndola como la bandera del terror por secula seculorum.
Es la razón por la cual la interpretación internacionalmente aceptada y refrendada en la Convención Internacional de las Naciones Unidos sobre la Desaparición Forzada de personas, Convención ratificada por Uruguay, que interpreta que el delito de la desaparición de personas se renueva cada día en tanto esta persona no ha aparecido ni se han aportado pruebas fehacientes sobre lo que ha sucedido con ella. De lo que surje - en consecuencia- que el delito de la desaparición de los cientos de uruguayos deviene - hoy mismo - en un nuevo delito con punto de partida en el hoy y, por consiguiente, no prescribió ni prescribe y por más que hubiesen Supremas Cortes amparadoras de los criminales de lesa humanidad nunca podrán decretar el que han prescripto en tanto se renuevan diariamente como se ha explicado. Como en el Uruguay de hoy esto no es así, y además de violarse convenciones internacionales refrendadas por Uruguay se violenta la praxis internacional en la materia amparando de esa manera al terrorismo de estado y protegiendo a los criminales de lesa humanidad otorgándoles inmunidad e impunidad.
Resulta pues una contradicción el constatar que el fascismo el Uruguay está a la ofensiva y se viene manifestando con mayor agresividad, estimulado desde los órganos del estado y desde la supuestamente impoluta Suprema Corte la qué estimula el fascismo en tanto cobijadora de los criminales de lesa humanidad mundialmente condenados, y en lugar de apuntar sus baterías para juzgar los crímenes de ese fascismo , el de hoy qué es el mismo qué el de ayer, ni siquiera reciclado, en lugar de eso, el Fiscal Zubía apunta contra militantes populares los más de ellos víctimas sobrevivientes de los métodos de ese fascismo, tal cual bien lo describió Jorge Zabalza cuando relató que el padre del Fiscal Zubía, el General Zubía lo torturó personalmente y lo encerró junto con otros ocho rehenes en pozos y aljibes en condiciones inhumanas similares a la de los campos de exterminio, sin las cámaras porque habían manifestado la intención de enloquecer a los prisioneros. Es paradojal que quién toma al nazismo como referencia, como lo hace el Fiscal Zubía, sea quién "selecciona" a siete rehenes de entre una multitud cuya acción de "corte terrorista" fue aplaudir en un acto público.
Paradójica es, también, la interpretación que da el Fiscal para motivar esa elección basada no en hechos concretos porque no los hubo, sino en el pasado,trayectoria y opiniones políticas o sociales de los siete, con el agravante de usar esto como motivación de peligrosidad y de "atentado" así como usarla a cuenta de eventuales futuros hechos, aún no sucedidos, pero que según el Fiscal Zubía están en la cabeza de los siete, dados sus "antecedentes". Aún así se atreve a afirmar que su selección de víctimas no es politica. Dadas las dimensiones que va tomando esta tremenda violación de los derechos humanos que ya ha rebotado en el exterior y está poniendo en marcha muchas alarmas, ahora el Fiscal pretende "mejorarlo" agregándole - a último momento - nuevas víctimas de este atropello de corte fascista sea 1938, 1973 o 2013 y ya está prometiendo un nuevo cargamento de culpables del tremendo delito de haber aplaudido.
De todas maneras quedan sin fundamentarse las razones de no haber levantado acusación contra los dos periodistas que fueron indagados y contra el dirigente del Sindicato de los Judiciales, en lo que ha sido una clara eleccion política midiendo friamente las consecuencias y repercusiones. En esto se han equivocado. Han subestimado - a Dios gracias - las reservas morales y democráticas del pueblo uruguayo olvidándose que casi el 50% votó la rosada para enjuiciar a los criminales de lesa humanidad que la Suprema Corte absolvió sin siquiera juzgarlos, así, al barrer, a todos, en un borrón y cuenta nueva masivo. Han subestimado la sensibilidad internacional ante este tipo de crímenes y ante los atropellos de Supremas Cortes que le abren las puertas al fascismo y al golpismo, como ha sido en Honduras y en Paraguay.
Han subestimado la comprensión de la gente acerca de que la Jueza Mota representaba en el ámbito judicial la dignidad de todo un pueblo, Han subestimado - al echarla por pedido de Mujica - y por lo tanto no han sabido como reaccionar ante la enorme solidaridad desplegada. El Fiscal considera que aplaudir es "sabotear" una ceremonia del estado, pero cuando elije a siete de entre cientos, se "olvida" de todos los otros que aplaudían y de apludidores como Eduardo Galeno y Daniel Viglietti que estaban hasta con carteles alusivos a la Suprema Corte fotos que han salido en todos los medios. Se los olvida, y al resto también. Elije el Fiscal a siete referentes sociales que son críticos al gobierno, y después intenta decir que no son rehenes.
Como todos los rehenes, son siempre un mensaje al resto, "si ustedes protestan les va a pasar como a estos". Práctica de Alemania 1938 por cierto. En suma, el Fiscal Zubía no es capaz ni siquiera de fundamentar sus actos que han sido cometidos en el ambiente de la impunidad, la suya también, y por eso nunca creyó que precisamente estos ataques a los derechos democráticos son los que generan, han generado en el pasado y generarán en adelante, reacciones populares, solidaridad, resistencia, repudio a los vendidos, repudio a los cómplices de los criminales de lesa humanidad. Autores de los crímenes, a no olvidarlo,que siguen renovándose día a día por más que el responsable de la expulsión de la Jueza Mota, Mujica, diga que esto se termina cuando nos muramos todos. El Fiscal Zubía es un ejemplo claro de que Mujica solo dice estupideces. Ahí está este Fiscal prosiguiendo con la labor familiar de perseguir al pueblo, y ahi están y estarán también los hijos, nietos y bisnietos de los desaparecidos para marcar a fuego a los asesinos y a sus cómplices y encubridores.
Para ver estos ejemplos el Fiscal no hubiera necesitado trasladarse al tiempo de la Alemania de 1938, le hubiera alcanzado con Uruguay desde 1967 en adelante, dado que las características fueron las mismas y los resultados para
el pueblo sufriente fueron similares, salvando las dimensiones. En Uruguay de 1967 en adelante así como en Alemania de 1938 en adelante, las cosas se fueron desarrollando tal cual lo vienen haciendo en Uruguay en la actualidad. Los trabajadores reclaman un salario digno y son estigmatizados, acusados de cuasi terrorismo y de tomarse de rehenes sea a todos los montevideanos, sea a los alumnos escolares o aún a los enfermos mentales, el esquema es el mismo. Así tambien lo hicieron en 1938 como bien lo expresa el Fiscal. Como también sacaron blindados a la calle, escopetas y dispararon munición letal contra quienes protestaban, o les infiltraban las marchas hoy con encapuchados ayer con camisas pardas, o les cerraban las radios como La Kandela, asaltaban comunidades como La Solidaria, levantaban en la calle a jovenes sin ningún fundamento ni orden judicial alguna, los maltrataban, y amenazaban con torturas y violaciones.
Todo eso se vió en Alemania en 1938. Viéndose también paralelos similares en el tratamiento a los Jueces que no sentenciaban como el poder del estado lo exigía en función de sus interreses, se los purgaba y demonizaba y sí por acaso a algunos demócratas y liberales alemanes de aquél entonces se les ocurría homenajear a esos valientes jueces, por ejemplo aplaudiéndolos, estos automáticamente eran catalogados como terroristas, vándalos, ocupantes, promotores de asonadas y de andar asustando a los apacibles miembros de alguna Corte de Justicia. Eso sucedió. En 1938. Y sucede hoy, aquí, en el 2013. Detenciones ilegales, cuasi secuestro de jóvenes, grupos de choques y comandos especiales contra las manifestaciones sean éstas por gabinetes higiénicos en un Liceo o de vecinos contra el depredador puerto maderero en La Paloma. Mucha razón lleva el Fiscal Zubía al decir que se viene viviendo este proceso. Proceso que no es nuevo en Uruguay. Los Zubías militares protagonizaron uno similar al de Alemania de 1938, salvando las obvias dimensiones, lo cual no es ningún consuelo para las víctimas.
En Alemania en 1938 las fuerzas represivas anunciaban con afiches las ejecuciones. En el Uruguay de la dictadura todavía el Estado no ha respondido sobre la suerte qué han corrido centenares de ciudadanos que fueron detenidos por las fuerzas represivas del Estado, No se sabe nada, ni que sucedió con ellos, ni donde están, si vivos o muertos, no se sabe quienes los detuvieron ni como se llamaban los mandos, no se conoce quién o quienes dieron las órdenes, y más tarde decidieron sobre su suerte, se desconoce - en caso de haber sido asesinados - que pasó con sus restos, adonde están enterrados o si fueron quemados como en Chile o arrojados al mar como en Argentina, o dinamitados sus cuerpos como tambien sucedió en Argentina, en suma: no se sabe nada.Esa es una diferencia con la Alemania de 1938. Los nazis uruguayos del periodo del terrorismo de estado han profundizado las técnicas macabras de la tortura. Ya no se trata solamente de torturar a un prisionero y después fusilarlo luego de parodias de juicios sumarios con Fiscales y Jueces vestidos con negras batas y sedientos de sangre que les aseguraba ascensos, ahora se trata de ejercer una tortura masiva sobre toda la sociedad, comenzando por la familia y círculos cercanos de la víctima y prolongar esa tortura por decenios, sosteniéndola como la bandera del terror por secula seculorum.
Es la razón por la cual la interpretación internacionalmente aceptada y refrendada en la Convención Internacional de las Naciones Unidos sobre la Desaparición Forzada de personas, Convención ratificada por Uruguay, que interpreta que el delito de la desaparición de personas se renueva cada día en tanto esta persona no ha aparecido ni se han aportado pruebas fehacientes sobre lo que ha sucedido con ella. De lo que surje - en consecuencia- que el delito de la desaparición de los cientos de uruguayos deviene - hoy mismo - en un nuevo delito con punto de partida en el hoy y, por consiguiente, no prescribió ni prescribe y por más que hubiesen Supremas Cortes amparadoras de los criminales de lesa humanidad nunca podrán decretar el que han prescripto en tanto se renuevan diariamente como se ha explicado. Como en el Uruguay de hoy esto no es así, y además de violarse convenciones internacionales refrendadas por Uruguay se violenta la praxis internacional en la materia amparando de esa manera al terrorismo de estado y protegiendo a los criminales de lesa humanidad otorgándoles inmunidad e impunidad.
Resulta pues una contradicción el constatar que el fascismo el Uruguay está a la ofensiva y se viene manifestando con mayor agresividad, estimulado desde los órganos del estado y desde la supuestamente impoluta Suprema Corte la qué estimula el fascismo en tanto cobijadora de los criminales de lesa humanidad mundialmente condenados, y en lugar de apuntar sus baterías para juzgar los crímenes de ese fascismo , el de hoy qué es el mismo qué el de ayer, ni siquiera reciclado, en lugar de eso, el Fiscal Zubía apunta contra militantes populares los más de ellos víctimas sobrevivientes de los métodos de ese fascismo, tal cual bien lo describió Jorge Zabalza cuando relató que el padre del Fiscal Zubía, el General Zubía lo torturó personalmente y lo encerró junto con otros ocho rehenes en pozos y aljibes en condiciones inhumanas similares a la de los campos de exterminio, sin las cámaras porque habían manifestado la intención de enloquecer a los prisioneros. Es paradojal que quién toma al nazismo como referencia, como lo hace el Fiscal Zubía, sea quién "selecciona" a siete rehenes de entre una multitud cuya acción de "corte terrorista" fue aplaudir en un acto público.
Paradójica es, también, la interpretación que da el Fiscal para motivar esa elección basada no en hechos concretos porque no los hubo, sino en el pasado,trayectoria y opiniones políticas o sociales de los siete, con el agravante de usar esto como motivación de peligrosidad y de "atentado" así como usarla a cuenta de eventuales futuros hechos, aún no sucedidos, pero que según el Fiscal Zubía están en la cabeza de los siete, dados sus "antecedentes". Aún así se atreve a afirmar que su selección de víctimas no es politica. Dadas las dimensiones que va tomando esta tremenda violación de los derechos humanos que ya ha rebotado en el exterior y está poniendo en marcha muchas alarmas, ahora el Fiscal pretende "mejorarlo" agregándole - a último momento - nuevas víctimas de este atropello de corte fascista sea 1938, 1973 o 2013 y ya está prometiendo un nuevo cargamento de culpables del tremendo delito de haber aplaudido.
De todas maneras quedan sin fundamentarse las razones de no haber levantado acusación contra los dos periodistas que fueron indagados y contra el dirigente del Sindicato de los Judiciales, en lo que ha sido una clara eleccion política midiendo friamente las consecuencias y repercusiones. En esto se han equivocado. Han subestimado - a Dios gracias - las reservas morales y democráticas del pueblo uruguayo olvidándose que casi el 50% votó la rosada para enjuiciar a los criminales de lesa humanidad que la Suprema Corte absolvió sin siquiera juzgarlos, así, al barrer, a todos, en un borrón y cuenta nueva masivo. Han subestimado la sensibilidad internacional ante este tipo de crímenes y ante los atropellos de Supremas Cortes que le abren las puertas al fascismo y al golpismo, como ha sido en Honduras y en Paraguay.
Han subestimado la comprensión de la gente acerca de que la Jueza Mota representaba en el ámbito judicial la dignidad de todo un pueblo, Han subestimado - al echarla por pedido de Mujica - y por lo tanto no han sabido como reaccionar ante la enorme solidaridad desplegada. El Fiscal considera que aplaudir es "sabotear" una ceremonia del estado, pero cuando elije a siete de entre cientos, se "olvida" de todos los otros que aplaudían y de apludidores como Eduardo Galeno y Daniel Viglietti que estaban hasta con carteles alusivos a la Suprema Corte fotos que han salido en todos los medios. Se los olvida, y al resto también. Elije el Fiscal a siete referentes sociales que son críticos al gobierno, y después intenta decir que no son rehenes.
Como todos los rehenes, son siempre un mensaje al resto, "si ustedes protestan les va a pasar como a estos". Práctica de Alemania 1938 por cierto. En suma, el Fiscal Zubía no es capaz ni siquiera de fundamentar sus actos que han sido cometidos en el ambiente de la impunidad, la suya también, y por eso nunca creyó que precisamente estos ataques a los derechos democráticos son los que generan, han generado en el pasado y generarán en adelante, reacciones populares, solidaridad, resistencia, repudio a los vendidos, repudio a los cómplices de los criminales de lesa humanidad. Autores de los crímenes, a no olvidarlo,que siguen renovándose día a día por más que el responsable de la expulsión de la Jueza Mota, Mujica, diga que esto se termina cuando nos muramos todos. El Fiscal Zubía es un ejemplo claro de que Mujica solo dice estupideces. Ahí está este Fiscal prosiguiendo con la labor familiar de perseguir al pueblo, y ahi están y estarán también los hijos, nietos y bisnietos de los desaparecidos para marcar a fuego a los asesinos y a sus cómplices y encubridores.
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Los
cobijadores de los secuestradores se hacen los secuestrados. A otros
que no les cree nadie. Dicen haber sentido "miedo" si nadie ni los miró,
por asco nomás.
Los miembros de la Corporación dieron testimonio por escrito
Ministros de SCJ "secuestrados" y con miedo por su "integridad"
Al declarar por escrito ante la jueza
penal Gabriela Merialdo, los ministros de la SCJ dijeron que durante la
ocupación de la sede de la Corporación del pasado 15 febrero se
sintieron "secuestrados" y que también "temieron por su integridad".
Participaron más de 300 personas, pero el fiscal Zubía acusa de delito solamente a siete. Darwin Borrelli
El País uy
"La pregunta es clara: ¿qué hubiera pasado si
alguno de nosotros salía por algún motivo? El hecho objetivo es que
estuvimos sin poder salir de la sala de acuerdos por tres horas", dijo a
El País uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en
relación a los incidentes del pasado 15 de febrero en ocasión del
traslado de la jueza Mariana Mota y que motivaron que el fiscal Gustavo
Zubía pidiera siete procesamientos.
El fiscal solicitó que el extupamaro Jorge Zabalza, la líder de la organización Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el expreso político Álvaro Jaume y la docente Patricia Borda sean procesados con "medidas privativas de libertad" al considerar que incurrieron en el delito de "atentado agravado" en calidad de "instigadores".
Zubía también pidió los enjuiciamientos sin prisión de los hermanos Eduardo y Diego Jaume (exfutbolistas e hijo de Álvaro Jaume) y del secretario general de Adeom, Aníbal Varela.
Los incidentes tuvieron lugar en ocasión del juramento de Mota como jueza civil, cargo al que fue trasladada desde una sede penal en la que tenía a su cargo más de 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La manifestación en la SCJ, en la que participaron más de 200 personas, generó que el acto protocolar debiera retrasarse durante tres horas.
En ese lapso, los cinco ministros de SCJ (Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux, Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar) permanecieron en la sala de acuerdos sin abandonar ese recinto en ningún momento.
Los miembros de la Corporación, denunciantes del caso que motivó los pedidos de procesamiento del fiscal Zubía, declararon por exhorto ante la jueza Gabriela Merialdo, que tiene a su cargo el caso.
El abogado Gustavo Salle, defensor de Leites, dijo a El País que en sus informes los magistrados dijeron que estuvieron "privados de libertad". Incluso, indicaron que se sintieron "secuestrados" en sus despachos, según indicó el abogado.
Otra fuente vinculada al caso dijo que los magistrados sostuvieron que "se sintieron privados de su libertad y que temieron por su integridad".
Según Salle, la declaración de los ministros de la SCJ es "incompatible" con la posición del fiscal de "seleccionar" a siete de los manifestantes para pedir sus procesamientos.
"Los testificantes no seleccionaron y se refirieron claramente a un delito de muchedumbre sin individualización. No distinguen a nadie y se refieren al grupo", agregó.
Por ese motivo, a juicio de Salle, Zubía no puede imputar el delito de "atentado agravado" sino que debería acusar por "sedición", en cuyo caso la imputación tendría que abarcar a más participantes.
En el mismo sentido, el abogado Ignacio Durán, defensor de Borda, dijo a El País que las declaraciones de los ministros de la SCJ "se contradicen" con el dictamen del fiscal.
"Ningún ministro habla de Zabalza, de Leites ni Borda. Se refieren siempre a las multitudes, y que los denunciantes no identifiquen a personas que son públicas da la pauta que la imputación es un capricho del fiscal", dijo Durán.
De la Fuente, en base a la lectura que hizo del expediente, indicó a El País que Iraola declaró que "en ningún momento" Mota incidió en los manifestantes, al tiempo que Fernández fue "más ambiguo" al responder sobre el punto.
"Esto no tuvo ninguna repercusión porque la jueza Mota no fue citada como indagada, porque eso realmente hubiera sido el colmo de los colmos", sostuvo la abogada.
El fiscal Zubía, por su parte, negó que se haya indagado la actuación de la jueza Mota, sino que en verdad las preguntas a Fernández e Iraola se generaron porque hubo al menos un indagado que dijo que si la magistrada se los hubiera pedido, los manifestantes se hubieran retirado del lugar.
"Yo estuve allí y, por lo tanto, me siento parte de quienes expresaron su apoyo a la jueza Mota", dijo Puig a El País.
"Si el fiscal Zubía entiende que tiene que convocarme con mucho gusto le voy a plantear a la Cámara de Diputados que me retire los fueros, pues realmente esto me parece un intento de amedrentar y un intento porque la gente no rechace posiciones de la Suprema Corte de Justicia que son una vergüenza nacional e internacional", añadió el legislador. "Lo del fiscal es arbitrario", remarcó.
El miércoles, en un comunicado, el Pit-Cnt (una de las organizaciones que convocó a la movilización en apoyo a Mota) rechazó los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía, al considerar que "es una forma de judicializar las movilizaciones populares". Por esa razón, la central sindical señaló que "lo deseable" es que la jueza Merialdo no haga lugar a los requerimientos.
El mandatario hizo ese comentario luego de que en los últimas días se generara gran polémica por los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Gustavo Zubía contra siete personas que generaron incidentes en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero en rechazo del traslado de la jueza Mariana Mota.
"Los actores políticos no tenemos que mezclar a la Justicia en nuestras vicisitudes de carácter político", consideró Mujica.
Tanto los acusados por el fiscal como sus abogados, señalaron que se trata de una acusación "política" y por ese motivo están realizando su defensa en base a criterios filosóficos y políticos y no estrictamente con sustento en posiciones jurídicas.
"El Poder Ejecutivo ha tenido fallos adversos más de una vez y como tal se ha tenido que acatar", dijo Mujica.
El presidente agregó que "es conocido que discrepar no significa que se pueda no acatar". En los últimos meses, el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio han tenido duros cruces con el Poder Judicial, en especial con la SCJ, por los fallos contrarios al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y a la ley que amplió la prescripción de los crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985).
El exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza (histórico líder del MLN y quien compartió 13 años de prisión junto a Mujica) es uno de los acusados por el fiscal Zubía, y expresó que el representante del Ministerio Público "es una especie de sobreviviente de la dictadura que se está tomando revancha".
Zabalza dijo que está "orgulloso de ser blanco" de Zubía, y recordó que el padre y el tío del fiscal fueron militares que participaron del golpe de Estado. "Se está tomando la revancha por los objetivos que su padre y su tío no pudieron alcanzar", afirmó.
El fiscal solicitó que el extupamaro Jorge Zabalza, la líder de la organización Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el expreso político Álvaro Jaume y la docente Patricia Borda sean procesados con "medidas privativas de libertad" al considerar que incurrieron en el delito de "atentado agravado" en calidad de "instigadores".
Zubía también pidió los enjuiciamientos sin prisión de los hermanos Eduardo y Diego Jaume (exfutbolistas e hijo de Álvaro Jaume) y del secretario general de Adeom, Aníbal Varela.
Los incidentes tuvieron lugar en ocasión del juramento de Mota como jueza civil, cargo al que fue trasladada desde una sede penal en la que tenía a su cargo más de 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La manifestación en la SCJ, en la que participaron más de 200 personas, generó que el acto protocolar debiera retrasarse durante tres horas.
En ese lapso, los cinco ministros de SCJ (Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux, Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar) permanecieron en la sala de acuerdos sin abandonar ese recinto en ningún momento.
Los miembros de la Corporación, denunciantes del caso que motivó los pedidos de procesamiento del fiscal Zubía, declararon por exhorto ante la jueza Gabriela Merialdo, que tiene a su cargo el caso.
El abogado Gustavo Salle, defensor de Leites, dijo a El País que en sus informes los magistrados dijeron que estuvieron "privados de libertad". Incluso, indicaron que se sintieron "secuestrados" en sus despachos, según indicó el abogado.
Otra fuente vinculada al caso dijo que los magistrados sostuvieron que "se sintieron privados de su libertad y que temieron por su integridad".
Según Salle, la declaración de los ministros de la SCJ es "incompatible" con la posición del fiscal de "seleccionar" a siete de los manifestantes para pedir sus procesamientos.
"Los testificantes no seleccionaron y se refirieron claramente a un delito de muchedumbre sin individualización. No distinguen a nadie y se refieren al grupo", agregó.
Por ese motivo, a juicio de Salle, Zubía no puede imputar el delito de "atentado agravado" sino que debería acusar por "sedición", en cuyo caso la imputación tendría que abarcar a más participantes.
En el mismo sentido, el abogado Ignacio Durán, defensor de Borda, dijo a El País que las declaraciones de los ministros de la SCJ "se contradicen" con el dictamen del fiscal.
"Ningún ministro habla de Zabalza, de Leites ni Borda. Se refieren siempre a las multitudes, y que los denunciantes no identifiquen a personas que son públicas da la pauta que la imputación es un capricho del fiscal", dijo Durán.
Mota.
La abogada María de la Fuente, defensora de Varela, dijo que en los interrogatorios al exjefe de Policía Diego Fernández y al excoordinador de la dependencia, Miguel Iraola, se les preguntó si la jueza Mota había "instigado o alentado a los manifestantes".De la Fuente, en base a la lectura que hizo del expediente, indicó a El País que Iraola declaró que "en ningún momento" Mota incidió en los manifestantes, al tiempo que Fernández fue "más ambiguo" al responder sobre el punto.
"Esto no tuvo ninguna repercusión porque la jueza Mota no fue citada como indagada, porque eso realmente hubiera sido el colmo de los colmos", sostuvo la abogada.
El fiscal Zubía, por su parte, negó que se haya indagado la actuación de la jueza Mota, sino que en verdad las preguntas a Fernández e Iraola se generaron porque hubo al menos un indagado que dijo que si la magistrada se los hubiera pedido, los manifestantes se hubieran retirado del lugar.
Sin fueros.
Por su parte, el diputado Luis Puig (PVP), quien estuvo presente en la ocupación de la SCJ en apoyo a la jueza Mota, expresó que rechaza "categóricamente" los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía."Yo estuve allí y, por lo tanto, me siento parte de quienes expresaron su apoyo a la jueza Mota", dijo Puig a El País.
"Si el fiscal Zubía entiende que tiene que convocarme con mucho gusto le voy a plantear a la Cámara de Diputados que me retire los fueros, pues realmente esto me parece un intento de amedrentar y un intento porque la gente no rechace posiciones de la Suprema Corte de Justicia que son una vergüenza nacional e internacional", añadió el legislador. "Lo del fiscal es arbitrario", remarcó.
El miércoles, en un comunicado, el Pit-Cnt (una de las organizaciones que convocó a la movilización en apoyo a Mota) rechazó los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía, al considerar que "es una forma de judicializar las movilizaciones populares". Por esa razón, la central sindical señaló que "lo deseable" es que la jueza Merialdo no haga lugar a los requerimientos.
CRITICARON PEDIDO POR EXCESIVO
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), emblemática institución defensora de los derechos humanos, expresó ayer en un comunicado "su profunda preocupación y absoluto rechazo" ante los pedidos de procesamiento de los manifestantes que el 15 de febrero ocuparon la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en ocasión del traslado de la jueza Mariana Mota. Serpaj cuestionó la "desproporción" de la acusación del fiscal Gustavo Zubía contra los implicados y advirtió que es "un elemento más que refuerza la escalada de violencia institucional en la que vienen incurriendo determinados actores estatales en perjuicio de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y condenando y estigmatizando a ciertos grupos sociales (como son los pobres y los jóvenes)", señaló la organización."No nos gusta que la política se cuele en los juzgados"
"No nos gusta que la política se cuele adentro de los juzgados, porque le hace mal a la Justicia y en alguna medida se termina envenenado", dijo ayer el presidente José Mujica en su audición radial.El mandatario hizo ese comentario luego de que en los últimas días se generara gran polémica por los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Gustavo Zubía contra siete personas que generaron incidentes en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero en rechazo del traslado de la jueza Mariana Mota.
"Los actores políticos no tenemos que mezclar a la Justicia en nuestras vicisitudes de carácter político", consideró Mujica.
Tanto los acusados por el fiscal como sus abogados, señalaron que se trata de una acusación "política" y por ese motivo están realizando su defensa en base a criterios filosóficos y políticos y no estrictamente con sustento en posiciones jurídicas.
"El Poder Ejecutivo ha tenido fallos adversos más de una vez y como tal se ha tenido que acatar", dijo Mujica.
El presidente agregó que "es conocido que discrepar no significa que se pueda no acatar". En los últimos meses, el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio han tenido duros cruces con el Poder Judicial, en especial con la SCJ, por los fallos contrarios al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y a la ley que amplió la prescripción de los crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985).
El exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza (histórico líder del MLN y quien compartió 13 años de prisión junto a Mujica) es uno de los acusados por el fiscal Zubía, y expresó que el representante del Ministerio Público "es una especie de sobreviviente de la dictadura que se está tomando revancha".
Zabalza dijo que está "orgulloso de ser blanco" de Zubía, y recordó que el padre y el tío del fiscal fueron militares que participaron del golpe de Estado. "Se está tomando la revancha por los objetivos que su padre y su tío no pudieron alcanzar", afirmó.
EL NUNCA MAS.......comienza hoy.
por Hugo BruschiHubo un tiempo en que la carrera militar, estaba asociada a la defensa de la soberanía. Por lo menos fue lo que entendió Leandro Gómez y otros heroicos capitanes que sucumbieron junto a él. Con el tiempo esta "noción de Patria" fue perdiendo fuerza, en beneficio de otra más actualizada, la de la defensa de las instituciones. Tiene que haber pesado mucho en las decisiones seguramente, que esos viejos principios pudieran constituirse en serios obstáculos, para las relaciones entre la clase dominante y el capitalismo fuera de fronteras. Tal vez los militares descubrieran que los paises, no solamente pueden ser invadidos con hombres armados, sino que también se puede hacer con dólares. Y como todos sabemos, si Ud. no es dueño de su economía, tampoco será libre. Lo mismo sucede con los paises. De ahí que resultó más prudente hablar de instituciones, no de las bancarias claro está. Hasta la Caja de Jubilaciones estaba permitido. Pero resultó ser que también esta premisa resultaba insuficiente, pues hay circunstancias en la vida económica de los paises, en que se exige un golpe de timón -más conocido como golpe de Estado - para implementar reajustes. Y estos reajustes requieren la participación activa de aquellas fuerzas armadas que fueron creadas para defender la Patria del enemigo. Y entonces nada mejor que introducir en el espíritu combatiente, la doctrina de la Seguridad Nacional. Además esta nueva doctrina, tiene la ventaja que en caso de apremios podemos contar con la ayuda extranjera. Se borran las fronteras territoriales en beneficio de las ideológicas. Si un Amigo está en apuros, lo más sensato es socorrerlo. El enemigo por supuesto no será ni Argentina ni Brasil, por mencionar los paises con quienes tenemos fronteras. Además estos paises no tienen costumbre de invadir a nadie. Y por si esto fuera poco, cabe recordar aquí el informe que 2 alemanes expertos en seguridad y cuestiones militares, redactaron sobre el Uruguay en un supuesto escenario bélico. De esto hace aproximadamente 40 años y ya por entonces afirmaban que un ataque argentino podría ser resistido durante 7 minutos y uno brasilero durante 5.
Por lo que vemos Uruguay es un país que bien se puede invadir por teléfono. "Mirá que vamos para ahí, así que a no joder al pedo". Así que mejor les damos a nuestros uniformados otras tareas más eficientes,como lo son la defensa de la propiedad privada, la de los bancos y la inversión que invade de forma más moderna y civilizada.
Además tenemos los tratados de defensa que nos permite por ejemplo recibir donaciones de predios, como sucedió hace algunas semanas, en donde generosamente los EEUU nos donaron un predio para deportes. Alguien me preguntó si esto sucedió en Arizona y me ví en el deber de informarle que esto sucedió en el barrio motevideano de Santa Catalina. Nos "donaron" un pedazo de territorio uruguayo con la complacencia de nuestro Ministro de Defensa que concurrió emocionado con una pelota en la mano. Este hombre en el pasado integró -creo que por error - un movimiento llamado de Liberación Nacional.
Estas modernas tareas a las que está avocada la defensa de la Patria, exige cuando las circunstancias así lo requieren, el empleo de métodos destinados a frenar el descontento que los reajustes económicos provocan. Y el saldo siempre será negativo para el Pueblo que juraron defender. Y no solamente en materia de poder adquisitivo, sino en muertes y desapariciones, sin contar con otros "daños colaterales" como se suele denominar a la tortura, cárcel, saqueo, violaciones y robos de niños recien nacidos. Por lo general, una vez consumados estos reajustes y aplastados quienes se resistían a ser reajustados, sigue un período de calma y regreso a las tradicionales formas de dominación democrática. Elecciones, militares que regresan a los cuarteles, en un merecido descanso después de haber combatido al enemigo, Pueblo en las calles festejando. Ahora somos libres y podemos gritar lo que se nos venga en gana y hasta insultar al mismo presidente. Estamos en Democracia. Viva la Democracia!!!!
Pero que pasa cuando las víctimas o los familiares de quienes fueron muertos o desaparecidos se largan a las calles a reclamar justicia y saber de sus seres queridos aún escondidos? Qué pasa cuando una Jueza decide investigar donde está esa gente desaparecida y quienes la desaparecieron? Bueno, así no vale y estamos internándonos en terrenos peligrosos. Esto no fue lo que pactamos en el Club Naval, parecen decirnos. Pero se olvidaron que de algo muy importante: los niños secuestrados ahora quieren saber quienes fueron sus padres y donde están. Y también las pocas madres que aún viven, y las esposas y los hermanos y los sobrinos.
La lista es interminable. Y es aquí en donde aparecen en escena los que pactaron a espaldas de su propia gente. Y como la verdad oculta comienza a abrirse paso, apelan a los mismos métodos que empleó la dictadura. Intimidación, fichaje, criminalización de la protesta. Y muchos de ellos seguramente sonreirán cuando la gente la emprende contra el Fiscal Zubía y la SCJ. Logramos tirar la pelota para otro lado, pensarán. Pero por suerte tampoco esta maniobra pasó desapercibida. El fiscal Zubía tuvo la gran oportunidad de confirmarnos su odio y revanchismo sin porvenir. Sus antecedentes así lo acreeditan. Pero los criterios selectivos de los elegidos entre más de 200 personas, tiene un tufillo político que no lograrán disipar con discursos perfumados, ni aún los más connotados "discrepantes". La industria del verso amenaza con quiebra y dentro de muy poco tendrán que llamar a concordato. Esta política represiva destinada a frenar el descontento, no sólo se limita a la tarea de defender la impunidad reinante, sino que se materializa en cualquier reclamo de justicia, que va desde el más democrático reclamo salarial, hasta la tragedia de un desalojo en donde hay niños incluidos. Estamos entrando en un período en donde las libertades se verán seriamente amenazadas. Del Pueblo dependerá que EL NUNCA MAS no pase de ser una frase del montón, más bien destinada a conciliar el sueño....
Les duele a los fascistas: que se jodan!
Nacional - Análisis - Gonzalo Ferreira
Una causa que les da vidriera
Los radicales se ubicaron en la agenda política
+ Gonzalo Ferreira - twitter.com/gonza_ferreira - 20.09.2013, 09:10 hs
- ACTUALIZADO 09:37
Texto:El Observador
Como integrantes de la misma familia ideológica, muchas veces le hacen más daño al Frente Amplio que los rivales blancos y colorados. Pegan por el tema de los derechos humanos, presuntos abusos policiales y critican por izquierda lo que entienden son las falencias de dos administraciones. Y al gobierno le cuesta mucho más responderle a quienes fueron sus compañeros ideológicos y políticos.
Es verdad que entre los radicales no todos piensan igual. Hace algunos años se mostraron muy divididos, al punto que el 1° de mayo de 2010 hubo dos actos diferentes, además del oficial del PIT-CNT. Tras el fracaso electoral un año antes de Asamblea Popular, hubo una fractura. Pero en los últimos meses las diferencias con el gobierno volvieron a unirlos. A la administración de José Mujica le han pegado por varios lados. Hay sindicatos dominados por dirigentes no frenteamplistas como el de los municipales capitalinos (Adeom), los estatales de la administración central (COFE), los profesores de liceo de Montevideo (ADES) y de UTU (Afutu), así como el sindicato de ASSE. Son los que han hecho más ruido y pusieron a Mujica en la incómoda situación de tener que decretarles la esencialidad.
A principio de año los radicales tuvieron como objetivo a la Justicia, tras la declaración de inconstitucionalidad a la ley interpretativa de la Caducidad primero, y luego por el traslado de la jueza penal Mariana Mota.
En las últimas semanas el enemigo fue el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien acusaron de reprimirlos.
Por todo eso, en el gobierno ayer analizaban con preocupación el pedido de procesamiento que el fiscal Gustavo Zubía realizó de siete activistas radicales. Al llevarlos a los juzgados tendrán un escenario y una causa para amplificar sus críticas. Tal vez por eso, Jorge Zabalza dijo a Subrayado que el pedido de procesamiento lo hace sentir “orgulloso”.
Los gráficos de Gabriel Carbajales
SINDICALES
Hay 14 supermercados ocupados en cinco departamentos
Los locales son de varias firmas y
ubicados en Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo y Tacuarembó.
Los trabajadores reclaman un salario mínimo de $ 15.000.
Foto: Ricardo Figueredo
sáb sep 21 2013 13:53 El País uy
Supermercados de la cadena Devoto, Disco,
Tata y El Dorado de cinco departamentos están ocupados desde esta mañana
y hasta las 16 horas. Los trabajadores no permiten el ingreso de los
clientes ni de mercadería.La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) decidió ocupar los locales en el marco de los consejos de salarios y en reclamo de un sueldo mínimo de $ 15.000. Hoy en día apenas supera los $ 10.000.
El presidente de Fuecys, Ismael Fuentes, dijo a El País que también reclaman el Día del Trabajador del Comercio, la instalación de las tripartitas de salud e higiene laboral, capacitación y la antigüedad.
El lunes hay una reunión en la Dirección de Trabajo y, según Fuentes, dependerá de cuál sea el resultado para continuar las medidas sindicales.
En Montevideo, están ocupados los supermercados Devoto de Sayago y el Disco de 8 de octubre y Garibaldi. En Maldonado los supermercados de Piriapolis y Punta del Este mientras que en Canelones los de la ciudad y Pando.
Nacional - IZQUIERDA
FA insiste en cambiar Constitución, pero no sabe con qué contenidos
Quedó fuera del documento programático base de los temas a discusión
+ - 19.09.2013, 05:00 hs
Texto: El Observador
“Lo que hemos dicho a nivel de la discusión programática es la necesidad de la inclusión de un ajuste y una reforma institucional del país que debería, en muchos de los casos, pasar por una reforma constitucional”, dijo a El Observador el secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas. El dirigente indicó que hay un acuerdo general en la izquierda en impulsar cambios a la Constitución, pero advirtió que aún falta definir en qué puntos poner el énfasis.
En el mismo sentido, el diputado José Carlos Mahía (Frente Líber Seregni) admitió que durante la discusión programática estuvo sobre la mesa fomentar una reforma constitucional, pero dijo que todavía no fueron discutidos los contenidos de la misma. “Hay que ser muy cuidadosos en las propuestas y hay que tener mucha seguridad para poder cumplir con todos los compromisos electorales”, dijo Mahía a El Observador.
Uno de los sectores que impulsa con mayor fuerza la reforma constitucional es el MPP. En el documento programático del sector se hace mención a realizar cambios institucionales y señala a texto expreso que “de ser necesario” debe habilitarse “la reforma constitucional correspondiente”.
La diputada de ese sector político y vicepresidenta del FA, Ivonne Pasada, dijo que la idea es establecer un proceso “a largo plazo”.
La comisión
En ese camino hacia la reforma, algunas propuestas, como la del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de proponer un tribunal constitucional paralelo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), generaron sorpresa en el resto de la izquierda.
Aunque la palabra final la tendrá el Congreso Programático de noviembre, los dirigentes de los sectores mayoritarios no pusieron ese instrumento entre las prioridades programáticas. De hecho, la iniciativa fue descartada por la Comisión de Programa del FA, según resolvió en la noche del martes.
La senadora Lucía Topolansky (MPP) afirmó que desconocía la propuesta del PVP. En tanto, Pardiñas y Mahía señalaron que la iniciativa no fue parte de las bases programáticas ni de socialistas ni del Frente Líber Seregni.
Tras seis meses de debate y una última reunión que culminó a la 1.30 de la madrugada del miércoles, la Comisión de Programa del Frente Amplio entregó a la fuerza política el documento base para guiar al próximo gobierno.
Según supo El Observador, pese a los impulsos sectoriales, el documento excluye impulsar una reforma constitucional porque todavía no fueron definidos los puntos a priorizar. Sin embargo, la idea se mantiene y el tema quedó para ser laudado en el Congreso. En estos dos meses los dirigentes pretenden avanzar en los contenidos de la reforma. En el programa de 2009 fue pautado convocar una Asamblea Nacional Constituyente que nunca fue reunida por diferencias entre los sectores. Ahora, con el nuevo programa, hay consenso en realizar modificaciones pero falta profundizar la discusión. “Primero hay que saber qué queremos reformar y después ver cómo lo reformamos”, dijo a El Observador un integrante de la Comisión de Programa.
El martes Topolansky reafirmó que su sector apoya cambios en la Constitución, un punto que también es compartido por socialistas. Pardiñas señaló que en materia judicial es necesario separar la labor técnica de la SCJ y la administrativa, que su grupo pretende derivar a otra área. También dijo que debe haber modificaciones en la forma de organización gubernamental, en relación a los nuevos municipios.
Mayoría se opuso a tribunal paralelo a la SCJ
FA retiró propuesta para reformar el Poder Judicial
El Frente Amplio retiró del programa de
gobierno para el 2014 la propuesta de crear un Tribunal Constitucional
paralelo a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el tema será
debatido en la interna de la coalición.
La Comisión de Programa entregó ayer el texto final del programa. Foto: Leonardo Carreño
Valeria Gil - El País uy
El planteo para reformar el Poder Judicial y
crear un nuevo tribunal con la potestad de declarar la
inconstitucionalidad de las leyes -por fuera de la Suprema Corte- no
fue incluido en el programa del Frente para las próximas elecciones.
El presidente de la Comisión de Programa, Héctor Lescano, dijo ayer tras la ceremonia de entrega del documento de 158 páginas a la presidencia de la coalición, que la propuesta incluida en un borrador no fue contenida en el programa.
"Se comprenderá que a veces son cientos los documentos borradores y estos temas como el del Tribunal Constitucional quedan en todo caso para un debate nacional entre toda la sociedad, para más adelante. Ahora se acordó no promover la creación de ese tribunal que eventualmente pueda tener interpretación de la inconstitucionalidad de las leyes, que sigue siendo competencia de la Suprema Corte de Justicia", explicó Lescano.
La decisión de no promover la creación del tribunal fue adoptada por la mayoría de los sectores del Frente que decidieron no apoyar la propuesta del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
En una reunión de la Comisión de Programa realizada el martes pasado en la sede del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP) fue el único grupo en plantear una solución intermedia para analizar esa posibilidad, pero al final eso no fue incluido por la resistencia de los otros sectores.
Fuentes de la coalición añadieron que el tema será tratado en una próxima reunión con "dirigentes de primer nivel". Allí se definirá una posición final sobre este tema, luego de un año particularmente tenso con la Suprema Corte de Justicia por la declaración de inconstitucionalidad de varias leyes propuestas por el Ejecutivo.
Por otra parte, en materia de Defensa el Frente alcanzó un acuerdo para denunciar todos los tratados firmados con Estados Unidos. La mayoría de los sectores se pronunció a favor de una renegociación de los acuerdos, pero el PVP pidió sustituir el Convenio de Asistencia Militar existente entre ambos países desde 1953.
Asimismo se acordó insistir en el retiro paulatino y total del componente militar de la Minustah en Haití. La salida de las tropas debería realizarse con la asunción del nuevo gobierno haitiano en 2016, indican en el texto del programa al que accedió El País.
A nivel de enseñanza media, se reconoce que se han puesto en práctica acciones orientadas a fomentar la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo, aunque se advierte que "su cobertura es aún insuficiente para revertir los problemas encarados". En ese marco se plantea un aumento de presupuesto para la educación.
En relación a la salud, se admiten "importantes dificultades que limitan el acceso adecuado a dichos servicios" y se promueve el incremento del presupuesto de ASSE, asignando el mismo según cápitas ajustadas por edad y sexo de su población usuaria.
En lo referente a la economía se acordó continuar con la política tributaria relacionando la carga tributaria y de seguridad social con la capacidad de contribución de los distintos sectores sociales y económicos.
"El objetivo es que contribuya más quien tenga más. Se deberá seguir mejorando la equidad, procurando una nivelación entre las tasas efectivas que soportan tanto las rentas de capital como los ingresos del trabajo percibidos por las personas", señalan.
El presidente de la Comisión de Programa, Héctor Lescano, dijo ayer tras la ceremonia de entrega del documento de 158 páginas a la presidencia de la coalición, que la propuesta incluida en un borrador no fue contenida en el programa.
"Se comprenderá que a veces son cientos los documentos borradores y estos temas como el del Tribunal Constitucional quedan en todo caso para un debate nacional entre toda la sociedad, para más adelante. Ahora se acordó no promover la creación de ese tribunal que eventualmente pueda tener interpretación de la inconstitucionalidad de las leyes, que sigue siendo competencia de la Suprema Corte de Justicia", explicó Lescano.
La decisión de no promover la creación del tribunal fue adoptada por la mayoría de los sectores del Frente que decidieron no apoyar la propuesta del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
En una reunión de la Comisión de Programa realizada el martes pasado en la sede del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP) fue el único grupo en plantear una solución intermedia para analizar esa posibilidad, pero al final eso no fue incluido por la resistencia de los otros sectores.
Fuentes de la coalición añadieron que el tema será tratado en una próxima reunión con "dirigentes de primer nivel". Allí se definirá una posición final sobre este tema, luego de un año particularmente tenso con la Suprema Corte de Justicia por la declaración de inconstitucionalidad de varias leyes propuestas por el Ejecutivo.
Por otra parte, en materia de Defensa el Frente alcanzó un acuerdo para denunciar todos los tratados firmados con Estados Unidos. La mayoría de los sectores se pronunció a favor de una renegociación de los acuerdos, pero el PVP pidió sustituir el Convenio de Asistencia Militar existente entre ambos países desde 1953.
Asimismo se acordó insistir en el retiro paulatino y total del componente militar de la Minustah en Haití. La salida de las tropas debería realizarse con la asunción del nuevo gobierno haitiano en 2016, indican en el texto del programa al que accedió El País.
Debate.
El vicepresidente del Frente Amplio y senador Rafael Michelini destacó en conferencia de prensa que en la elaboración del programa participaron más de 700 frenteamplistas y agregó que el mismo será discutido por alrededor de 10.000 personas pertenecientes a sectores y bases. El documento será tratado en el Plenario del sábado y luego en el Congreso del 23 y 24 de noviembre.Contenidos.
En el capítulo de políticas sociales, se anuncia una reestructura de las transferencias monetarias. "Es necesario mejorar la calidad de las prestaciones monetarias que brinda el Estado evitando el solapamiento de las mismas, racionalizando las ventanillas de gestión y simplificando los procesos de selección de las y los beneficiarios, reforzando los cometidos del Ministerio de Desarrollo", señalan.A nivel de enseñanza media, se reconoce que se han puesto en práctica acciones orientadas a fomentar la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo, aunque se advierte que "su cobertura es aún insuficiente para revertir los problemas encarados". En ese marco se plantea un aumento de presupuesto para la educación.
En relación a la salud, se admiten "importantes dificultades que limitan el acceso adecuado a dichos servicios" y se promueve el incremento del presupuesto de ASSE, asignando el mismo según cápitas ajustadas por edad y sexo de su población usuaria.
En lo referente a la economía se acordó continuar con la política tributaria relacionando la carga tributaria y de seguridad social con la capacidad de contribución de los distintos sectores sociales y económicos.
"El objetivo es que contribuya más quien tenga más. Se deberá seguir mejorando la equidad, procurando una nivelación entre las tasas efectivas que soportan tanto las rentas de capital como los ingresos del trabajo percibidos por las personas", señalan.
A TODOS LOS SINDICATOS JORNADA DEL MIÉRCOLES 25/9/2013, PARO GENERAL DE 24 HORAS.
20
sep
"Denunciamos la situación ante el Parlamento pero a nadie le sorprende"
En el Clínicas se inunda la morgue y no hay autopsias
La Unión de Trabajadores del Hospital de
Clínicas denunció ante el Parlamento las precarias condiciones de
infraestructura del nosocomio. "La morgue se inunda y las autopsias no
se hacen", afirmó el dirigente sindical, Hugo Masi.
Los funcionarios denuncian situaciones muy precarias de atención a pacientes. Foto: Julio Barcelos
El País uy
"Planteamos la situación a la comisión de
Hacienda de Senadores, les explicamos a los legisladores lo que está
pasando pero nadie preguntó, nadie se sorprendió. Les importa tres
carajos", dijo Masi a El País.
Según el dirigente sindical, los días de lluvia la morgue se inunda. Masi cumple funciones en Anatomía Patológica, ubicada en el primer y segundo subsuelo del Hospital, donde está la morgue y se hacen las autopsias y los estudios de laboratorio. "Esta semana fue brutal. No es que haya una gotera, se inunda todo, el piso queda lleno de agua. No le pasa nada al muerto, pero es muy difícil trabajar en esas condiciones", sostuvo Masi.
Afirmó que la sala para la autopsias también presenta deficiencias y "hace años" que no se hacen "salvo que sean de extrema urgencia".
"No hay baños para que los compañeros que abren un cuerpo puedan ducharse después de hacerlo. Se hacen las autopsias que son realmente urgentes. Pero en un hospital con 326 camas y varios fallecimientos por día esa práctica debería ser más usual. Sin embargo, hace años que esto sucede. Supongo que las hacen fuera del hospital", sostuvo.
Ante el Parlamento, el sindicato también denunció que el Hospital cuenta con 20 CTI pero el personal capacitado solo alcanza para ocho, lo que lleva a contratar el servicio afuera.
La dirigente sindical Isabel Figari también denunció que hay problemas en la Sala 3 que atiende ataques cerebro-vasculares, ubicada en el segundo piso del Hospital. "En esa sala, que es única en el país y tal vez en la región, se utilizó mucha tecnología en las instalaciones del centro cardiovascular y en el año 2011 se integraron 16 trabajadores entre licenciadas y auxiliares de enfermería, prometiéndose un cuerpo médico que nunca se concretó. Ahora, de los 16 trabajadores que se integraron, faltan 15, algunos por licencias médicas prolongadas, pero la mayoría por renuncias y jubilaciones. Por tanto, ese servicio, que es único en la salud pública, está totalmente desmantelado", afirmó.
Masi también indicó que de las ocho salas de operaciones "solo pueden funcionar tres, a veces cuatro, porque las demás están deshechas".
En comisión, el dirigente Ricardo Colombo fue enfático y dramático: "tenemos trabajadores, muchos trabajadores, que no pueden entrar al comedor del Hospital de Clínicas porque no tienen para comer. Tenemos compañeros, hermanos de clase, que tienen que ir caminando a trabajar porque ganamos $ 12.000 de ingreso. Esto es violencia; esto es violencia contra el trabajador. Nosotros no estamos acá para decir ningún discurso político ni para quedar bien con nadie. Estamos acá por nuestros hermanos. Cobramos $ 12.000 de ingreso. No se puede vivir. ¡Por favor! Les pedimos que traten de hacer algo. Que pare la violencia. Nada más".
Según el dirigente sindical, los días de lluvia la morgue se inunda. Masi cumple funciones en Anatomía Patológica, ubicada en el primer y segundo subsuelo del Hospital, donde está la morgue y se hacen las autopsias y los estudios de laboratorio. "Esta semana fue brutal. No es que haya una gotera, se inunda todo, el piso queda lleno de agua. No le pasa nada al muerto, pero es muy difícil trabajar en esas condiciones", sostuvo Masi.
Afirmó que la sala para la autopsias también presenta deficiencias y "hace años" que no se hacen "salvo que sean de extrema urgencia".
"No hay baños para que los compañeros que abren un cuerpo puedan ducharse después de hacerlo. Se hacen las autopsias que son realmente urgentes. Pero en un hospital con 326 camas y varios fallecimientos por día esa práctica debería ser más usual. Sin embargo, hace años que esto sucede. Supongo que las hacen fuera del hospital", sostuvo.
Ante el Parlamento, el sindicato también denunció que el Hospital cuenta con 20 CTI pero el personal capacitado solo alcanza para ocho, lo que lleva a contratar el servicio afuera.
La dirigente sindical Isabel Figari también denunció que hay problemas en la Sala 3 que atiende ataques cerebro-vasculares, ubicada en el segundo piso del Hospital. "En esa sala, que es única en el país y tal vez en la región, se utilizó mucha tecnología en las instalaciones del centro cardiovascular y en el año 2011 se integraron 16 trabajadores entre licenciadas y auxiliares de enfermería, prometiéndose un cuerpo médico que nunca se concretó. Ahora, de los 16 trabajadores que se integraron, faltan 15, algunos por licencias médicas prolongadas, pero la mayoría por renuncias y jubilaciones. Por tanto, ese servicio, que es único en la salud pública, está totalmente desmantelado", afirmó.
Masi también indicó que de las ocho salas de operaciones "solo pueden funcionar tres, a veces cuatro, porque las demás están deshechas".
SALARIOS.
Los representantes del sindicato afirmaron ante los senadores que "hay compañeros que no tienen ni para comer". Según Masi, más del 60% de los funcionarios percibe un salario de $ 12.000 en la mano. "Es el sueldo de ingreso y así permanecen durante años. En el Hospital hay 600 auxiliares de enfermería y unos 300 licenciados. Nosotros reclamamos un salario mínimo de media canasta familiar (unos $ 24.000)", sostuvo Masi.En comisión, el dirigente Ricardo Colombo fue enfático y dramático: "tenemos trabajadores, muchos trabajadores, que no pueden entrar al comedor del Hospital de Clínicas porque no tienen para comer. Tenemos compañeros, hermanos de clase, que tienen que ir caminando a trabajar porque ganamos $ 12.000 de ingreso. Esto es violencia; esto es violencia contra el trabajador. Nosotros no estamos acá para decir ningún discurso político ni para quedar bien con nadie. Estamos acá por nuestros hermanos. Cobramos $ 12.000 de ingreso. No se puede vivir. ¡Por favor! Les pedimos que traten de hacer algo. Que pare la violencia. Nada más".
