ARGENTINA
La destrucción del buen vivir
“Prisión,
tortura y desapariciones: ejercicios indebidos de los instrumentos del
Estado”, se titula la nota que en septiembre el filósofo chileno Alex
Ibarra Peña publicó en Le Monde Diplomatique Chile, y que esta semana
reprodujo la revista internacional Correo del Alba como un aporte a la
discusión de la situación gravísima que atraviesan los pueblos
originarios de la región, en resonancia con el 12 de octubre. Todo lo
que vivimos en este estado de situación enloquecido no permite pasar en
limpio cosas que es necesario asociar, conectar, cotejar, para entender
que estamos frente a un dispositivo que tiene a la Argentina como un
laboratorio mundial que mide hasta dónde puede llegar de lejos un
gobierno directo de los Ceos, o si es preferible que esa gobernanza que
vienen planificando hace décadas se siga llevando adelante con políticos
permeables a la corrupción. En eso andan en España, por ejemplo. Otra
vez el PSOE dio la pauta de que si la política es eso, si el socialismo
es eso, mejor seguir manejándolos a cuerda desde Berlín. Pero América
latina es otra cosa. Es un continente que vuelve a ser visto por el
poder global como un descubrimiento, y ahora los pueblos originarios son
la metáfora de un revival atroz: para esos ojos despersonalizados y
desterritorializados, indios somos todos y todas, incluso los que apoyan
y consienten los atropellos contra los pueblos originarios. Su suerte
será la nuestra.
También se dirime si ya se puede dar por muerta a la política como instrumento de cambio real, más específicamente como una herramienta a través de la cual las mayorías populares políticamente articuladas pueden ser la plataforma de gobiernos que vuelvan a aspirar a la mitad de la torta. Esa fue la experiencia de la década pasada, aunque duró un soplido histórico que tuvo sus líderes y perdió a algunos de ellos, que tuvo avances dispares y sus respectivas contradicciones, sin contar con que lo que se ganó fue el poder político, pero nunca el poder fáctico, ni siquiera el del Estado. Eran Poderes Ejecutivos haciendo fuerza contra aparatos corporativos políticos, judiciales y legislativos, más el tanque del “periodismo de guerra”.
Hoy vivimos la reacción. Es de dimensiones apabullantes, lo cual en algún sentido nos habla de la potencia de lo que debe ser sofocado. El clima que se respira tiene todos los condimentos de acción psicológica y control social que nunca imaginamos funcionando juntos, porque nunca el poder estuvo tan concentrado y dispuso de tantas baterías de confusión, desinformación, estupidización, alienación, espionaje, y todo eso, puesto a disposición de los bajos instintos de nuestras sociedades, convertidas de pronto en posibles participantes entretenidos de un circo romano, envilecidas por los porristas mediáticos, envalentonadas por un poder político que habla como una novicia y actúa como un barra brava.
Paralelamente al desmantelamiento de la soberanía económica y de la destrucción planificada de los aparatos productivos de nuestros países, los compromisos impagables que están contrayendo este y otros gobiernos latinoamericanos se deberán pagar no sólo con el padecimiento de los pueblos ajustados a límites insoportables, sino con nuestros recursos naturales. Ese es, del proyecto global, la parte del saqueo que nos toca. Otra vez. Más que nunca. Por ese costado entran a escena los pueblos originarios, y las persecuciones, las represiones, los crímenes que se están cometiendo contra diversas etnias al mismo tiempo, ahora.
Honduras, Guatemala, México, El Salvador, Perú, Colombia, Chile, Argentina son escenarios de un mismo ataque que tiene por objeto sacarse de encima, como ya lo hicieron los tatarabuelos de la elite que ahora se combina con buitres y banqueros de otro origen, a los habitantes ancestrales desde la Patagonia hasta la Amazonía, y de allí para arriba hasta México.
Una línea invisible recorre la Argentina desde Jujuy, donde Milagro Sala, coya, permanece detenida, y la Pu lof Cushamen, mapuche, donde por azar la Gendarmería no cazó a un mapuche sino a un pibe de 25 de Mayo llamado Santiago Maldonado. Si hubieran cazado a un mapuche, como ya lo hicieron antes, uno se permite dudar que la reacción de escándalo generalizada que perforó el cerco mediático a pesar de que siguen mintiendo cada día, hubiera tenido tal volumen. La pregunta no es si ellos, que todo lo avasallan, que todo lo venden y que no respetan ni la vida ni la libertad, son racistas, sino hasta qué grado lo somos todavía quienes preguntamos diariamente dónde está Santiago Maldonado. O dicho de otro modo, hasta qué punto compartimos la visión empática y solidaria de ese pibe al que no fue el azar, sino sus ideas, las que lo pusieron a mano de hombres armados el 1 de agosto.
El filósofo Alex Ibarra Peña, del Colectivo de Pensamiento Crítico “Palabra Encapuchada”, dice en esa nota sobre los métodos violentos y prejurídicos que el Estado chileno lleva adelante contra el pueblo mapuche: “Para ningún chileno estas graves faltas a los derechos humanos son un misterio; si no fuéramos un país tan clasista y racista, tendríamos que ser miles los ciudadanos movilizados en contra del Estado. Ya sabemos que la transición fue una farsa y que la dictadura de Pinochet no fue superada por funcionarios que traicionaron el voto popular, de ahí la desconfianza que le tenemos al poder. La cuestión política más radical hoy no se juega en las urnas que habilitan y autorizan al poder del Estado, sino que se juega en los territorios que reclaman su autodeterminación”.
Detalla luego que en Chile los mapuches ofrecieron el ejemplo de una organización y de un tipo de resistencia de largo aliento al despojo. Miraron hacia ellos otras organizaciones sociales que se fueron fortaleciendo ante la falta de representación. Sólo muy abajo se mira y se saluda lo de muy abajo: ni siquiera la intelectualidad chilena, dice Ibarra Peña, ha tomado sus reclamos. Y hoy, esas formas de organización son el frontón contra el que apunta el capitalismo corporativo.
Lo que resulta sorprendente, nauseoso, es que incluso sin coincidir con el reclamo mapuche haya nuevos y amplios sectores que naturalicen la violación de los derechos humanos de esas poblaciones y otros sectores ideológicos, como si la reacción conservadora fuera tan profunda que nos estuviera devolviendo a la pregunta de si son o no son seres humanos: más de cinco siglos atrás.
Dice Ibarra Peña: “En esto hay un piso humano básico, por muy diferentes que sean nuestras concepciones políticas. Nuestra conciencia está manchada cuando no somos capaces de oponernos a la violación del derecho a la vida digna. Lo terrible de la globalización del capitalismo salvaje está en que el individuo queda encapsulado en una pérdida de compasión con la víctima. Esto es una anomalía del sentido de lo humano”.
Esa anomalía encaja con la ambición sin límites de la producción a gran escala y el capital concentrado, que no sólo pretende para sí los territorios, sino el derecho de vida o muerte sobre quienes habitan en ellos. Quieren terminar, en términos éticos, con el paradigma del buen vivir, que en la cosmovisión originaria está enlazado al respeto de los equilibrios naturales. Y son los pueblos originarios los que en lo simbólico y en lo real son los defensores de esos valores que confluyen en ser uno mismo con su paisaje. Para esos pueblos, el territorio es su “domicilio existencial”.
¿Y mientras tanto? Dice Ibarra Peña: “Hay que decirlo, hemos sido engañados por la clase política, pero hemos sido más irresponsables al caer en el escepticismo o en el relativismo político, ambas cuestiones son consecuencias del mismo engaño”. Nos queda la política, que en estos tiempos salvajes sólo puede adquirir la forma de la lucha.
También se dirime si ya se puede dar por muerta a la política como instrumento de cambio real, más específicamente como una herramienta a través de la cual las mayorías populares políticamente articuladas pueden ser la plataforma de gobiernos que vuelvan a aspirar a la mitad de la torta. Esa fue la experiencia de la década pasada, aunque duró un soplido histórico que tuvo sus líderes y perdió a algunos de ellos, que tuvo avances dispares y sus respectivas contradicciones, sin contar con que lo que se ganó fue el poder político, pero nunca el poder fáctico, ni siquiera el del Estado. Eran Poderes Ejecutivos haciendo fuerza contra aparatos corporativos políticos, judiciales y legislativos, más el tanque del “periodismo de guerra”.
Hoy vivimos la reacción. Es de dimensiones apabullantes, lo cual en algún sentido nos habla de la potencia de lo que debe ser sofocado. El clima que se respira tiene todos los condimentos de acción psicológica y control social que nunca imaginamos funcionando juntos, porque nunca el poder estuvo tan concentrado y dispuso de tantas baterías de confusión, desinformación, estupidización, alienación, espionaje, y todo eso, puesto a disposición de los bajos instintos de nuestras sociedades, convertidas de pronto en posibles participantes entretenidos de un circo romano, envilecidas por los porristas mediáticos, envalentonadas por un poder político que habla como una novicia y actúa como un barra brava.
Paralelamente al desmantelamiento de la soberanía económica y de la destrucción planificada de los aparatos productivos de nuestros países, los compromisos impagables que están contrayendo este y otros gobiernos latinoamericanos se deberán pagar no sólo con el padecimiento de los pueblos ajustados a límites insoportables, sino con nuestros recursos naturales. Ese es, del proyecto global, la parte del saqueo que nos toca. Otra vez. Más que nunca. Por ese costado entran a escena los pueblos originarios, y las persecuciones, las represiones, los crímenes que se están cometiendo contra diversas etnias al mismo tiempo, ahora.
Honduras, Guatemala, México, El Salvador, Perú, Colombia, Chile, Argentina son escenarios de un mismo ataque que tiene por objeto sacarse de encima, como ya lo hicieron los tatarabuelos de la elite que ahora se combina con buitres y banqueros de otro origen, a los habitantes ancestrales desde la Patagonia hasta la Amazonía, y de allí para arriba hasta México.
Una línea invisible recorre la Argentina desde Jujuy, donde Milagro Sala, coya, permanece detenida, y la Pu lof Cushamen, mapuche, donde por azar la Gendarmería no cazó a un mapuche sino a un pibe de 25 de Mayo llamado Santiago Maldonado. Si hubieran cazado a un mapuche, como ya lo hicieron antes, uno se permite dudar que la reacción de escándalo generalizada que perforó el cerco mediático a pesar de que siguen mintiendo cada día, hubiera tenido tal volumen. La pregunta no es si ellos, que todo lo avasallan, que todo lo venden y que no respetan ni la vida ni la libertad, son racistas, sino hasta qué grado lo somos todavía quienes preguntamos diariamente dónde está Santiago Maldonado. O dicho de otro modo, hasta qué punto compartimos la visión empática y solidaria de ese pibe al que no fue el azar, sino sus ideas, las que lo pusieron a mano de hombres armados el 1 de agosto.
El filósofo Alex Ibarra Peña, del Colectivo de Pensamiento Crítico “Palabra Encapuchada”, dice en esa nota sobre los métodos violentos y prejurídicos que el Estado chileno lleva adelante contra el pueblo mapuche: “Para ningún chileno estas graves faltas a los derechos humanos son un misterio; si no fuéramos un país tan clasista y racista, tendríamos que ser miles los ciudadanos movilizados en contra del Estado. Ya sabemos que la transición fue una farsa y que la dictadura de Pinochet no fue superada por funcionarios que traicionaron el voto popular, de ahí la desconfianza que le tenemos al poder. La cuestión política más radical hoy no se juega en las urnas que habilitan y autorizan al poder del Estado, sino que se juega en los territorios que reclaman su autodeterminación”.
Detalla luego que en Chile los mapuches ofrecieron el ejemplo de una organización y de un tipo de resistencia de largo aliento al despojo. Miraron hacia ellos otras organizaciones sociales que se fueron fortaleciendo ante la falta de representación. Sólo muy abajo se mira y se saluda lo de muy abajo: ni siquiera la intelectualidad chilena, dice Ibarra Peña, ha tomado sus reclamos. Y hoy, esas formas de organización son el frontón contra el que apunta el capitalismo corporativo.
Lo que resulta sorprendente, nauseoso, es que incluso sin coincidir con el reclamo mapuche haya nuevos y amplios sectores que naturalicen la violación de los derechos humanos de esas poblaciones y otros sectores ideológicos, como si la reacción conservadora fuera tan profunda que nos estuviera devolviendo a la pregunta de si son o no son seres humanos: más de cinco siglos atrás.
Dice Ibarra Peña: “En esto hay un piso humano básico, por muy diferentes que sean nuestras concepciones políticas. Nuestra conciencia está manchada cuando no somos capaces de oponernos a la violación del derecho a la vida digna. Lo terrible de la globalización del capitalismo salvaje está en que el individuo queda encapsulado en una pérdida de compasión con la víctima. Esto es una anomalía del sentido de lo humano”.
Esa anomalía encaja con la ambición sin límites de la producción a gran escala y el capital concentrado, que no sólo pretende para sí los territorios, sino el derecho de vida o muerte sobre quienes habitan en ellos. Quieren terminar, en términos éticos, con el paradigma del buen vivir, que en la cosmovisión originaria está enlazado al respeto de los equilibrios naturales. Y son los pueblos originarios los que en lo simbólico y en lo real son los defensores de esos valores que confluyen en ser uno mismo con su paisaje. Para esos pueblos, el territorio es su “domicilio existencial”.
¿Y mientras tanto? Dice Ibarra Peña: “Hay que decirlo, hemos sido engañados por la clase política, pero hemos sido más irresponsables al caer en el escepticismo o en el relativismo político, ambas cuestiones son consecuencias del mismo engaño”. Nos queda la política, que en estos tiempos salvajes sólo puede adquirir la forma de la lucha.
“Macri intenta forjar un régimen autoritario siguiendo el modelo de Santos o Peña Nieto”
26 septiembre, 2017 Marcha
Por Mario Hernandez
Entrevista al economista de izquierda Claudio Katz, quien repasa el caso de Santiago Maldonado y el impacto al gobierno de Macri.
-Me gustaría que compartas con nosotros cuál es tu análisis sobre el caso Maldonado.
-Creo que el caso Maldonado ha sido el tema dominante de las PASO y es un retrato acabado del gobierno de Macri. En primer lugar porque ilustra la intención represiva del gobierno ya que la desaparición de Santiago se consumó luego del desalojo de una ruta y se ensañaron con un simpatizante de la causa de los mapuches y después, en los últimos 50 días emitieron una cantidad de mensajes de intimidación con allanamiento de locales políticos, provocaciones, infiltrados, cacería de manifestantes, actas fraguadas, detenciones sin pruebas.
Yo creo que el gobierno quiere asustar, evitar una marcha aún más masiva por la aparición de Santiago e incluso instalar el fantasma de un enemigo interno mezclando todo, mapuches, ISIS, ETA, RAM, cualquier cosa. Lo cual demuestra que Macri no es una dictadura, pero intenta forjar un régimen autoritario de represión siguiendo el modelo de Santos en Colombia o de Peña Nieto en México.
Argentina no se parecía a Venezuela durante el kirchnerismo pero pretende asemejarse a México con Macri, por eso salen a flote tantas analogías con los pretextos que usaba la dictadura, el gobierno difunde una historia oficial de excesos con un gendarme que se le fue la mano, o despliega la teoría de los dos demonios: la RAM y la Gendarmería. Creo que el gobierno nos está mostrando cómo actúa al servicio de los capitalistas más retrógrados porque desalojó la ruta para expropiar tierras de los pueblos originarios porque en noviembre vence la Ley que impide el desalojo de las comunidades y en Diputados acaban de rechazar la prórroga de esa Ley. Por eso es muy interesante que el gobierno acuse a los mapuches de querer fundar otro país cuando la Patagonia ya es otro país al servicio de las empresas extranjeras. Con Benetton de hecho funciona un Estado, con la Gendarmería al servicio de las empresas y el amigo del presidente, Lewis, se adjudicó la entrada a un lago e impide la libre circulación por tierras públicas.
Me parece que el caso Maldonado está demostrando el total servilismo de la justicia al poder. Lo que hizo el juez Otranto es un escándalo, ya no tiene justificativo, dejó pasar los días claves de la investigación sin investigar nada, permitió que la Gendarmería se auto investigue, convalidó la adulteración de la documentación, el lavado de camionetas, inventó rastrillajes. Su última hipótesis que afirma que Santiago se ahogó es completamente ridícula.
Y junto con la justicia estamos viendo nuevamente cómo actúan los medios hegemónicos sembrando pistas falsas. Ellos son los verdaderos artífices de la distracción culpabilizando a las víctimas, tomando la información que le brindan los servicios de inteligencia, difundiéndola para que después los jueces actúen sobre esa base y además han lanzado hasta una caza de brujas contra los maestros que difundieron el caso Maldonado.
En esta campaña me parece que sobresalen ex progresistas como Jorge Lanata o Alfredo Leuco que se dedican a hacer un verdadero periodismo de Gendarmería. Me parece que lo interesante de este caso y de lo que estamos viendo son ciertas analogías con lo que pasó con la AMIA. Hay muchos puntos en común del encubrimiento del gobierno de lo hecho por la Gendarmería y el encubrimiento que hizo Menem del atentado de la AMIA. Es la misma inacción, el mismo desvío de pruebas, Otranto reprodujo exactamente lo que hizo Galeano. Macri actúa como Menem, Bullrich como Corach, los servicios de inteligencia plantan evidencia con gente parecida a Telleldín, el rol que tuvo la Policía bonaerense en la época de la AMIA es lo mismo que hace Nocetti en el caso de Santiago, la complicidad de los medios es la misma, Clarín repite a Clarín, la tesis del gendarme loco es el mismo artificio que se utilizó antes para borrar pruebas de la conexión local.
La mayoría social no está dispuesta a que haya nuevamente un desaparecido
Hay muchos puntos en común en cuanto a la continuidad de un gobierno apoyado en la justicia y en los medios de comunicación para encubrir un acto de este tipo. Creo que la diferencia, y esto sí es importante, es la reacción popular. En la época de la AMIA tardaron años las víctimas en denunciar a los cómplices y ahora la familia de Maldonado ha hecho la denuncia inmediata del encubrimiento oficial. En ese momento las marchas masivas tardaron mucho en empezar, ahora irrumpieron de entrada y también hay un cambio con las tecnologías porque los videos, las fotos y los celulares obstruyen el encubrimiento oficial.
Estamos en medio de un caso clave. Yo creo que el gobierno está muy enredado porque le están fallando todas las coartadas y las últimas mentiras son muy poco creíbles. El gobierno abusó de pistas ridículas y hasta a los periodistas más oficialistas ya les cuesta repetir las tonterías. Hay que ver cuál es la próxima maniobra. Yo creo que hasta en un momento de locura pueden intentar plantar un cuerpo en la zona de los mapuches, pero sería tan macabro como inverosímil. A lo que apuesta el gobierno es a que pase el tiempo y con eso poder hacer un cambio de la carátula y convertir la desaparición forzada en un homicidio. Pero para eso necesita un gendarme que sea un perejil, necesita que haya una condena manejable para alguna víctima y eso es muy complicado porque Gendarmería no quiere entregar a ningún gendarme porque tiene miedo de que después el entregado denuncie para arriba.
Estamos en medio de una situación muy complicada, hay niveles de desaprobación muy altos a la actitud oficial y por eso pasaron de ningunear el caso a mostrarse hiperactivos. Apostando ahora a ensuciar la investigación pero están complicados porque están divididos. Creo que hay un ala Bullrich-Otranto que quiere cubrir a toda costa a la Gendarmería pero hay otra, la de Garavano quizás, que prefiere culpar a algún gendarme porque sabe que se está metiendo en una causa que a la larga puede afectar al propio Macri. No te olvides que una causa judicial por encubrimiento en una desaparición forzosa es una causa imprescriptible con pena de prisión perpetua.
El caso es complicado para el gobierno, se ha instalado con fuerza en la sociedad, domina la agenda oficial, está en los medios de comunicación y ahí hay otra diferencia con el menemismo; en la época de Menem hubo indulto, impunidad en el caso AMIA, ahora en cambio hubo una marcha masiva que le puso un límite muy fuerte al gobierno, que le impuso una derrota, la misma del 2×1 y por eso creo que el tema Maldonado va a seguir porque ha tocado una fibra muy sensible de la sociedad, que sacude a varias generaciones, que es un límite que la mayoría social no está dispuesta a traspasar, es un hecho que remueve la conciencia de todo el país porque nadie está dispuesto a que haya nuevamente un desaparecido.
Entonces hay una gran sensibilidad frente al tema, que al mismo tiempo es retroalimentada con el impacto internacional del caso y como ya ocurrió en México con Ayotzinapa, la familia pide una investigación internacional y creo que estos temas, investigación, búsqueda de la verdad, renuncia de Bullrich, desplazamiento de Otranto, van a ser temas que van a seguir, que se van a introducir en la campaña electoral. Ahora no se trata solo de parar el ajuste sino también de frenar la represión y de la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Hoy, a las 7 de la mañana, fuerzas del CEOP irrumpieron en el inmueble donde se encontraba detenida Milagro Sala, y a la fuerza la trasladaron al penal de mujeres de Alto Comedero. La orden la dispuso el juez Pablo Pullen Llermanos. “Esto es un secuestro. Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones que dispuso la revocatoria de la detención domiciliaria, Pullen Llermanos perdió jurisdicción sobre el expediente vinculado a la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresaron los abogados de la diputada del Parlasur. El juez, además, en un acto absolutamente ilegal, dispuso en la resolución diferir la notificación a los abogados de la diputada del Parlasur. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) convocó una conferencia de prensa a las 12.30hs en su sede de la Ciudad de Buenos Aires (Piedras 547) a fin de denunciar la situación. Por Comité por la Libertad a Milagro Sala.
Hoy, a una semana de las elecciones, en día no hábil, el juez Pablo Pullen Llermanos dispuso por la fuerza trasladar a Milagro Sala al penal de mujeres. En su resolución dispuso “diferir la notificación a los letrados defensores a los fines de evitar que la imputada tome conocimiento anticipado de lo dispuesto” violando así el legítimo derecho a la defensa. Tampoco pudieron acceder los abogados a la fundamentación, puesto que no hay personal en el juzgado en pleno fin de semana largo.
Por otra parte, este viernes, la Cámara de Apelaciones de Jujuy concedió a la defensa de Milagro Sala el recurso a través del cual recurrió la decisión de los jueces Néstor Hugo Paoloni, Gloria María Mercedes Portal de Albisetti y Emilio Carlos Cattan de revocar la prisión domciliaria. “A partir de ese momento el juez Pullen Llermanos perdió jurisdicción alguna sobre la prisión domiciliaria. Lo que han hecho es un secuestro, la orden es de una ilegalidad absoluta y nos recuerda a lo sucedido en las peores épocas de nuestra historia”, expresó Elizabeth Gómez Alcorta.
El traslado se realizó a las 7 de la mañana, cuando fuerzas del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales, acompañados por autos sin patente, irrumpieron en el domicilio de la dirigente social y por la fuerza, en pijama y descalza dispusieron el traslado al Penal.
Ante ésta situación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) convocó una conferencia de prensa a las 12.30hs en su sede de la Ciudad de Buenos Aires (Piedras 547) a fin de denunciar la situación de la referenta social, quien fue trasladada al penal de Alto Comedero sin notificación a sus abogados, por efectivos encapuchados y en un automóvil sin patente.
La abogada de Sala y el CELS advirtieron sobre el propósito de Macri y Morales
"Quieren a Milagro muerta"
Elizabeth Gómez Alcorta detalló cómo la dirigente social fue llevada violentamente de nuevo al penal de Alto Comedero. Además, dio cuenta de la ilegalidad del procedimiento y por ello lo calificó como un secuestro. Responsabilizó al Presidente y al gobernador de Jujuy por lo que pueda ocurrirle a Sala.
Entrevista al economista de izquierda Claudio Katz, quien repasa el caso de Santiago Maldonado y el impacto al gobierno de Macri.
-Me gustaría que compartas con nosotros cuál es tu análisis sobre el caso Maldonado.
-Creo que el caso Maldonado ha sido el tema dominante de las PASO y es un retrato acabado del gobierno de Macri. En primer lugar porque ilustra la intención represiva del gobierno ya que la desaparición de Santiago se consumó luego del desalojo de una ruta y se ensañaron con un simpatizante de la causa de los mapuches y después, en los últimos 50 días emitieron una cantidad de mensajes de intimidación con allanamiento de locales políticos, provocaciones, infiltrados, cacería de manifestantes, actas fraguadas, detenciones sin pruebas.
Yo creo que el gobierno quiere asustar, evitar una marcha aún más masiva por la aparición de Santiago e incluso instalar el fantasma de un enemigo interno mezclando todo, mapuches, ISIS, ETA, RAM, cualquier cosa. Lo cual demuestra que Macri no es una dictadura, pero intenta forjar un régimen autoritario de represión siguiendo el modelo de Santos en Colombia o de Peña Nieto en México.
Argentina no se parecía a Venezuela durante el kirchnerismo pero pretende asemejarse a México con Macri, por eso salen a flote tantas analogías con los pretextos que usaba la dictadura, el gobierno difunde una historia oficial de excesos con un gendarme que se le fue la mano, o despliega la teoría de los dos demonios: la RAM y la Gendarmería. Creo que el gobierno nos está mostrando cómo actúa al servicio de los capitalistas más retrógrados porque desalojó la ruta para expropiar tierras de los pueblos originarios porque en noviembre vence la Ley que impide el desalojo de las comunidades y en Diputados acaban de rechazar la prórroga de esa Ley. Por eso es muy interesante que el gobierno acuse a los mapuches de querer fundar otro país cuando la Patagonia ya es otro país al servicio de las empresas extranjeras. Con Benetton de hecho funciona un Estado, con la Gendarmería al servicio de las empresas y el amigo del presidente, Lewis, se adjudicó la entrada a un lago e impide la libre circulación por tierras públicas.
Me parece que el caso Maldonado está demostrando el total servilismo de la justicia al poder. Lo que hizo el juez Otranto es un escándalo, ya no tiene justificativo, dejó pasar los días claves de la investigación sin investigar nada, permitió que la Gendarmería se auto investigue, convalidó la adulteración de la documentación, el lavado de camionetas, inventó rastrillajes. Su última hipótesis que afirma que Santiago se ahogó es completamente ridícula.
Y junto con la justicia estamos viendo nuevamente cómo actúan los medios hegemónicos sembrando pistas falsas. Ellos son los verdaderos artífices de la distracción culpabilizando a las víctimas, tomando la información que le brindan los servicios de inteligencia, difundiéndola para que después los jueces actúen sobre esa base y además han lanzado hasta una caza de brujas contra los maestros que difundieron el caso Maldonado.
En esta campaña me parece que sobresalen ex progresistas como Jorge Lanata o Alfredo Leuco que se dedican a hacer un verdadero periodismo de Gendarmería. Me parece que lo interesante de este caso y de lo que estamos viendo son ciertas analogías con lo que pasó con la AMIA. Hay muchos puntos en común del encubrimiento del gobierno de lo hecho por la Gendarmería y el encubrimiento que hizo Menem del atentado de la AMIA. Es la misma inacción, el mismo desvío de pruebas, Otranto reprodujo exactamente lo que hizo Galeano. Macri actúa como Menem, Bullrich como Corach, los servicios de inteligencia plantan evidencia con gente parecida a Telleldín, el rol que tuvo la Policía bonaerense en la época de la AMIA es lo mismo que hace Nocetti en el caso de Santiago, la complicidad de los medios es la misma, Clarín repite a Clarín, la tesis del gendarme loco es el mismo artificio que se utilizó antes para borrar pruebas de la conexión local.
La mayoría social no está dispuesta a que haya nuevamente un desaparecido
Hay muchos puntos en común en cuanto a la continuidad de un gobierno apoyado en la justicia y en los medios de comunicación para encubrir un acto de este tipo. Creo que la diferencia, y esto sí es importante, es la reacción popular. En la época de la AMIA tardaron años las víctimas en denunciar a los cómplices y ahora la familia de Maldonado ha hecho la denuncia inmediata del encubrimiento oficial. En ese momento las marchas masivas tardaron mucho en empezar, ahora irrumpieron de entrada y también hay un cambio con las tecnologías porque los videos, las fotos y los celulares obstruyen el encubrimiento oficial.
Estamos en medio de un caso clave. Yo creo que el gobierno está muy enredado porque le están fallando todas las coartadas y las últimas mentiras son muy poco creíbles. El gobierno abusó de pistas ridículas y hasta a los periodistas más oficialistas ya les cuesta repetir las tonterías. Hay que ver cuál es la próxima maniobra. Yo creo que hasta en un momento de locura pueden intentar plantar un cuerpo en la zona de los mapuches, pero sería tan macabro como inverosímil. A lo que apuesta el gobierno es a que pase el tiempo y con eso poder hacer un cambio de la carátula y convertir la desaparición forzada en un homicidio. Pero para eso necesita un gendarme que sea un perejil, necesita que haya una condena manejable para alguna víctima y eso es muy complicado porque Gendarmería no quiere entregar a ningún gendarme porque tiene miedo de que después el entregado denuncie para arriba.
Estamos en medio de una situación muy complicada, hay niveles de desaprobación muy altos a la actitud oficial y por eso pasaron de ningunear el caso a mostrarse hiperactivos. Apostando ahora a ensuciar la investigación pero están complicados porque están divididos. Creo que hay un ala Bullrich-Otranto que quiere cubrir a toda costa a la Gendarmería pero hay otra, la de Garavano quizás, que prefiere culpar a algún gendarme porque sabe que se está metiendo en una causa que a la larga puede afectar al propio Macri. No te olvides que una causa judicial por encubrimiento en una desaparición forzosa es una causa imprescriptible con pena de prisión perpetua.
El caso es complicado para el gobierno, se ha instalado con fuerza en la sociedad, domina la agenda oficial, está en los medios de comunicación y ahí hay otra diferencia con el menemismo; en la época de Menem hubo indulto, impunidad en el caso AMIA, ahora en cambio hubo una marcha masiva que le puso un límite muy fuerte al gobierno, que le impuso una derrota, la misma del 2×1 y por eso creo que el tema Maldonado va a seguir porque ha tocado una fibra muy sensible de la sociedad, que sacude a varias generaciones, que es un límite que la mayoría social no está dispuesta a traspasar, es un hecho que remueve la conciencia de todo el país porque nadie está dispuesto a que haya nuevamente un desaparecido.
Entonces hay una gran sensibilidad frente al tema, que al mismo tiempo es retroalimentada con el impacto internacional del caso y como ya ocurrió en México con Ayotzinapa, la familia pide una investigación internacional y creo que estos temas, investigación, búsqueda de la verdad, renuncia de Bullrich, desplazamiento de Otranto, van a ser temas que van a seguir, que se van a introducir en la campaña electoral. Ahora no se trata solo de parar el ajuste sino también de frenar la represión y de la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
14 de octubre de 2017
“Milagro Sala está secuestrada”
Hoy, a las 7 de la mañana, fuerzas del CEOP irrumpieron en el inmueble donde se encontraba detenida Milagro Sala, y a la fuerza la trasladaron al penal de mujeres de Alto Comedero. La orden la dispuso el juez Pablo Pullen Llermanos. “Esto es un secuestro. Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones que dispuso la revocatoria de la detención domiciliaria, Pullen Llermanos perdió jurisdicción sobre el expediente vinculado a la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresaron los abogados de la diputada del Parlasur. El juez, además, en un acto absolutamente ilegal, dispuso en la resolución diferir la notificación a los abogados de la diputada del Parlasur. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) convocó una conferencia de prensa a las 12.30hs en su sede de la Ciudad de Buenos Aires (Piedras 547) a fin de denunciar la situación. Por Comité por la Libertad a Milagro Sala.
Hoy, a una semana de las elecciones, en día no hábil, el juez Pablo Pullen Llermanos dispuso por la fuerza trasladar a Milagro Sala al penal de mujeres. En su resolución dispuso “diferir la notificación a los letrados defensores a los fines de evitar que la imputada tome conocimiento anticipado de lo dispuesto” violando así el legítimo derecho a la defensa. Tampoco pudieron acceder los abogados a la fundamentación, puesto que no hay personal en el juzgado en pleno fin de semana largo.
Por otra parte, este viernes, la Cámara de Apelaciones de Jujuy concedió a la defensa de Milagro Sala el recurso a través del cual recurrió la decisión de los jueces Néstor Hugo Paoloni, Gloria María Mercedes Portal de Albisetti y Emilio Carlos Cattan de revocar la prisión domciliaria. “A partir de ese momento el juez Pullen Llermanos perdió jurisdicción alguna sobre la prisión domiciliaria. Lo que han hecho es un secuestro, la orden es de una ilegalidad absoluta y nos recuerda a lo sucedido en las peores épocas de nuestra historia”, expresó Elizabeth Gómez Alcorta.
El traslado se realizó a las 7 de la mañana, cuando fuerzas del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales, acompañados por autos sin patente, irrumpieron en el domicilio de la dirigente social y por la fuerza, en pijama y descalza dispusieron el traslado al Penal.
Ante ésta situación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) convocó una conferencia de prensa a las 12.30hs en su sede de la Ciudad de Buenos Aires (Piedras 547) a fin de denunciar la situación de la referenta social, quien fue trasladada al penal de Alto Comedero sin notificación a sus abogados, por efectivos encapuchados y en un automóvil sin patente.
La abogada de Sala y el CELS advirtieron sobre el propósito de Macri y Morales
"Quieren a Milagro muerta"
Elizabeth Gómez Alcorta detalló cómo la dirigente social fue llevada violentamente de nuevo al penal de Alto Comedero. Además, dio cuenta de la ilegalidad del procedimiento y por ello lo calificó como un secuestro. Responsabilizó al Presidente y al gobernador de Jujuy por lo que pueda ocurrirle a Sala.
14 de octubre de 2017 · PÀGINA 12
Imagen: Télam
Elizabeth
Gómez Alcorta, la abogada de Milagro Sala, afirmó que el objetivo de
Mauricio Macri y Gerardo Morales es que la dirigente social muera e hizo
responsable al Presidente y el gobernador de Jujuy por lo que pueda
ocurrir a partir de su traslado al penal de Alto Comedero. Gómez
Alcorta dio una conferencia de prensa en la que brindó detalles del
procedimiento en el cual las fuerzas de seguridad jujeña sacaron a Sala
de la casa de La Ciénaga y contó que la diputada del Parlasur tiene
marcas en su cuerpo producto de la violencia que en su contra ejerció la
policía jujeña. La acompañó el titular del CELS, Horacio Verbitsky, y
también estuvieron presentes miembros de organismos de derechos humanos,
legisladores y dirigentes políticos.
“Estamos
ante un hecho gravísimo”, remarcó Verbitsky y en la misma línea que
Gómez Alcorta señaló la ilegalidad de la orden del juez Pablo Pullen
Llermanos. “Desconoce la institucionalidad nacional e internacional que
rodea el caso de la líder de la organización barrial Túpac Amaru”,
añadió el presidente del CELS, quien precisó que “Milagro fue golpeada y
está lastimada” y que también fue golpeado su esposo Raúl Noro.
“El Estado nacional no puede desentenderse porque tiene la responsabilidad ante la comunidad de las naciones”, dijo el titular del CELS, Horacio Verbitsky y también le apuntó a la Corte Suprema por demorar la resolución de las causas sobre Sala que tiene en su poder.
Gómez Alcorta, una de las abogadas de Sala, precisó ante los medios el modo violento en que fue llevada de nuevo a la misma cárcel donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que corren riesgo su vida y su integridad física. El traslado se produjo esta mañana a eso de las siete de la mañana. Fuerzas especiales jujeñas ingresaron a la casa de La Ciénaga y se llevaron esposada, descalza y en pijama a la diputada del Parlasur.
El traslado se realizó sin notificar antes a sus abogados, a quienes en un principio tampoco dejaron ingresar al penal de Alto Comedero. Cuando finalmente pudieron entrar a la cárcel, constataron que las agresiones a las que Sala fue sometida dejaron marcas en su cuerpo. “Tiene magullones en los hombros y moretones en los brazos por la violencia ejercida por la policía de Jujuy”, reveló Gómez Alcorta.
La abogada precisó los motivos de la ilegalidad del procedimiento ordenado por Pullen Llermanos y afirmó que “lo que busca esta resolución del juez y su ideólogo, el contador Morales, es que Milagro esté muerta”. “Estamos sumamente preocupados”, agregó e hizo “responsables en primer lugar a Mauricio Macri, y luego al contador Morales y al juez” por lo que pueda pasarle a Sala. “No solo que la quieren acallar, ponerla de rodillas y silenciarla, sino también muerta”, insistió.
Gómez Alcorta contó que el fundamento de Pullen Llermanos para llevar a Sala de vuelta a la cárcel fue que hay informes del cuerpo médico del Poder Judicial, no presentados por la defensa, que le atribuyen un cuadro “psicopatológico con un trastorno depresivo mayo” y “tendencia suicida”. “Fue un atropello, algo fuera de los límites de la legalidad”, afirmó la abogada sobre el traslado, quien dijo además que el informe invocado por el juez “no avala que se la lleven a un lugar donde corre peligro su vida” y no dudó en definir lo actuado por Pullen Llermanos como “un acto de tiranía”, dado que “se abusó del poder político por fuera de la legalidad”.
“Es de una gran perversidad porque invoca la medida cautelar para incumplirla”, sumó Verbitsky acerca de la resolución del magistrado que hace alusión al llamado de la CIDH a cuidar la salud de sala y remató: “Es absolutamente perverso y responde a la odiosidad del contador Morales y el juez Pullen Llermanos.”
La conferencia de prensa se realizó en el CELS. E presentes, entre otros, miembros del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), la legisladora porteña Paula Penacca, la candidata a legisladora Victoria Montenegro, Eduardo Jozami y Myriam Bregman.
Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del CELS, precisó que “con Amnistía Internacional y Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) hicimos las presentaciones ante la CIDH para que saliera de la cárcel”, algo que se cumplió “en un lugar inadecuado para el cambio”. En ese sentido, contó que en la casa usada para arresto domiciliario “se pusieron alambres de púa y montaron un retén de gendarmería, era inimaginable que llegaran a esto”.
En ese sentido, ratificó que se presentarán ante la CIDH, en la reunión que ese organismo tendrá en Montevideo a partir del 23 de octubre. “Iremos con Amnistía y Andhes a Uruguay, para entonces esperamos que esté libre, o al menos en el lugar donde se hallaba detenida hasta las 7 de la mañana de hoy”. No descartó que Francisco Eguiguren, titular de la CIDH, “disponga posibles medidas”, entre ellas “ir a la Corte Interamericana”.
Eguiguren habló también de esa posibilidad tras enterarse del traslado de Sala al penal de Alto Comedero. “Es un retroceso”, analizó la medida y la calificó como “muy grave”, además de manifestarse “muy preocupado” por la persecución a la dirigente social.
Respecto de la posibilidad de que se llegue ante el tribunal interamericano, Kletzel enfatizó que dependerá de cómo esté la situación al momento de producirse la reunión en Montevideo. “Si la situación vuelve al estado de ayer, la situación era una. Si no hay cambios, la CIDH verá si va con una medida provisional a la Corte”.
Además, explicó el conflicto que se produce al estar en trámite ante la Cámara de Casación de Jujuy la detención o no de Sala en la casa que ocupaba hasta hoy. “El trámite está en Casación y el contralor del arresto era el juez”, dijo en relación a la apelación por el fallo que privó de este status de detención a la líder de la Túpac Amaru a fines de septiembre. “Inventaron una causal para disponer de Milagro cuando falta el fallo de Casación”. Lo cual llevó a mostrar “el nivel de analfabetismo político” del magistrado, que “no tiene límite”.
En sintonía, Verbitsky opinó que “este fallo se estudiará en la Facultad de Derecho, por lo aberrante”. “La mandan a la cárcel y la aíslan”, denunció Gómez Alcorta. “Esto pasa un sábado, comienzo de fin de semana largo, víspera del Día de la Madre, con una mujer que tiene alta vulnerabilidad”. El titular del CELS completó afirmando que el juez “elude los informes médicos que dicen que no se puede hacer lo que hizo, pone en riesgo a Milagro”, y que, en todo caso, si ella se negaba a hacerse estudios “la tendría que haber enviado al hospital”. Cerró con el deseo de que “la próxima conferencia de prensa sea con Milagro libre”.
Ayer por la tarde, trabajadores y trabajadoras de diversos gremios movilizaron al Ministerio de Trabajo de la Nación bajo la consigna “No a la reforma laboral. Abajo el pacto Macri-CGT”. Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA, dialogó con ANRed y afirmó que “si hay una reforma, se va a afectar la vida de nuestras familias y de toda la sociedad”. Entrevista y fotogalería: Matías M. para ANRed.
La movilización -convocada por el SUTNA, Unión Ferroviaria Oeste, Sitraic, Ademys, AGD UBA, Suteba Ensenada y Suteba La Matanza y a la que adhirieron varios sindicatos, como Sipreba, Cicop y ATE Sur- partió de la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Bartolomé Mitre y Callao hasta la sede ubicada en Leandro N. Alem, en el bajo porteño.
La consigna que unificaba la marcha aludía por un lado al rechazo a la reforma laboral y por otro al pacto entre el gobierno nacional y la CGT. Para ahondar, conversamos con Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA.
“La reforma a nivel regional ya se metió en Brasil. Eso inmediatamente genera una situación de alerta para nuestro país. Hay convenios colectivos que se están modificando, como petroleros y lácteos. Es algo a nivel completo: se trata de atacar el nivel jubilatorio, tratando de subir la edad; los convenios colectivos; los niveles de producción; así como la educación pública y la salud. Por lo tanto es un tema que nos atañe a todos”, aseveró. Para Crespo la fuente laboral no es, en sus palabras, a cualquier costo: “si hay una reforma en todos los conceptos, se va a afectar la vida de nuestras familias y de toda la sociedad. Acá hay que defender los puestos de trabajo porque el dinero que ganamos en las fábricas, con el trabajo duro que tenemos en cada una de ellas, es el que alimenta a la economía del país”.
Asimismo se refirió al papel del empresariado y señaló que “sienten que llegó su momento. Están tratando de lograr hacer retroceder al movimiento obrero y tratar de reducir los costos, como ellos dicen, para tener una mayor competitividad a costa de la espalda, el trabajo y de esfuerzos muy grandes de los trabajadores. Eso no se puede permitir. Hay claramente una complicidad y un ataque a las estructuras sindicales, para intimidar a quien se ponga en contra de esto”.
Si bien en los últimos días se escuchó en reiteradas oportunidades hablar de “tregua” entre la CGT y el gobierno encabezado por Mauricio Macri, según el dirigente del SUTNA no se puede hablar en estos términos porque “en las treguas se trata precisamente de que ambas partes hacen un alto al fuego y acá se lo está dejando avanzar al gobierno. Lo que estamos viendo es un acuerdo con los dirigentes de la CGT para meter este ajuste”.
La respuesta, afirmó Crespo, está en “los gremios que nos consideramos en defensa de los trabajadores y, consecuentes a lo que decimos, estamos empezando a generar acciones. Así como le tocó a otras generaciones vivir momentos de grandes presiones para hacer retroceder al movimiento obrero, en estos momentos -frente a lo que intenta hacer este gobierno, con complicidad de los partidos de posición patronal- hay que salir a ganar los cuerpos de delegados, las seccionales, los sindicatos nacionales, incluso las centrales sindicales, para poner a la cabeza a quienes realmente van a defendernos de este ataque, que son los propios trabajadores”, finalizó.
Puja redistributiva
La candidatura a diputada nacional en la Ciudad de nuestra compañera, María del Carmen Verdú, fue sin duda uno de los hechos destacados de nuestra campaña, a partir de la visibilidad y repercusión que sus intervenciones le dieron al espacio.
La decisión de intervenir como representante de una construcción colectiva de luchadores y luchadoras populares estuvo en ese sentido directamente ligada a su capacidad de ser la vocera más sagaz en la lucha y movilización contra el régimen represivo estatal. Así, la desaparición forzada de Santiago Maldonado la encontró al frente del reclamo por su aparición con vida señalando permanentemente la responsabilidad del estado, y encabezando las manifestaciones junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. También fue fundamental su ardua labor para lograr liberar a las y los detenidos por la represión y razia policía en Plaza de Mayo del 1 de septiembre pasado.
Como ella misma señaló, su candidatura no era otra cosa que llevar a un nuevo terreno la pelea que damos cotidianamente contra el Estado y las patronales. Y por eso, por ejemplo, impulsamos un proyecto de ley para derogar la ley 23.960 que faculta a la policía para la detenciones arbitrarias y promovimos una campaña popular de apoyo colocando en la agenda pública un tema absolutamente silenciado como que las fuerzas de seguridad matan un pibe o piba cada 25 horas.
La campaña en CABA deja un saldo sumamente positivo que ahora intentaremos coronar con un/a diputado/a de izquierda por el distrito. Vamos por eso.
Entrevista a nuestro compañero Hernán “Vasco” Izurieta, candidato a diputado nacional bonaerense por Poder Popular en las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
¿Qué balance hacés de la campaña de Poder Popular hacia las PASO y de cara a las generales de octubre?
Nuestro balance es más que positivo. Desde el surgimiento de Poder Popular (PP) como herramienta unitaria de confluencia de distintas organizaciones compañeras de la izquierda anticapitalista, los pasos que fuimos dando marcan una tendencia sostenida de consolidación y crecimiento.
El acuerdo alcanzado con el FIT y la decisión de incluir candidatos de PP en sus listas, con nuestra compañera María del Carmen Verdú a la cabeza, ha potenciado ese desarrollo. Mientras fracasaron con sus iniciativas distintas variantes de izquierda popular, que sellaron acuerdos de última hora con variantes de la centroizquierda clásica; u otras fuerzas compañeras que apostaron a una integración en etapas al dispositivo de alianzas del PJ, lo hecho desde PP permitió fortalecer una referencia de izquierda como lo es el FIT, que sostuvo su implantación y que ahora nos plantea la enorme tarea de hacer crecer en su llegada a sectores más amplios del pueblo trabajador. Ése es nuestro desafío.
¿Por qué hay que votar a Poder Popular en las listas del FIT?
En estos días se está planteando con insistencia que el único “voto útil” para enfrentar al ajuste macrista es el apoyo a Unidad Ciudadana. Es lógico que de ese espacio se impulse ese planteo para traccionar base electoral disconforme con el gobierno macrista y sus políticas antipopulares; pero la realidad es que las distintas variantes de oposición de los partidos tradicionales han actuado casi como un semi-oficialismo, al acompañar las leyes del ajuste de Cambiemos en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría propia. Similar rol jugaron los gobernadores del PJ.
Las barbaridades filo fascistas de Miguel Ángel Pichetto, titular todos estos años de la bancada peronista en el Senado, no son nuevas, sólo que ahora se permite exponer sin medias tintas cuál es su pensamiento político y qué intereses defiende desde siempre.
En contraste con esa oposición que no termina siéndolo, necesitamos que los trabajadores y trabajadoras que protagonizamos las luchas contra el ajuste forjemos una alternativa política propia.
Hacia octubre, desde PP nos proponemos desarrollar una voz que exprese los intereses de las y los trabajadores en el Congreso nacional, legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes, por eso llamamos a votar al FIT en todo el país para enfrentar con más fuerzas el ajustazo del gobierno de los CEO´s.
Para nosotros y nosotras ése es el único “voto útil” que tiene sentido.
Ramón Espinar
Secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado
¿Qué ha pasado estos días?
(1) En el Parlament: Puigdemont se presentó tras el referéndum del 1-O en el Parlament de Catalunya –un referéndum sin validez jurídica pero que tuvo lugar ante el fracaso del Gobierno en su intento de evitarlo – con toda solemnidad. En su discurso, de todas las opciones que manejaba, Puigdemont apostó por la que más escenarios de diálogo podía abrir: una solución “a la eslovena”, esto es, dio por válido el referéndum y también dio por declarada la independencia de Catalunya a través de los resultados de ese mismo referéndum. Pero, al mismo tiempo, solicitó al Parlament su suspensión hasta encontrar una vía pactada con el Estado.
Se trata de un gesto abocado al fracaso político porque el Gobierno no puede asumir la premisa de la validez del referéndum y el marco jurídico del Procés, pero también de un gesto por el diálogo que debe ser tenido en cuenta. Por el camino, ha concitado un amplio consenso internacional y en las filas de los partidos catalanes (PSC y En Comú Podem especialmente) sobre la necesidad de la mediación y el diálogo para dar una salida a la situación en Catalunya.
(2) En el Gobierno: Mariano Rajoy recibió la declaración de Puigdemont con un plan y habiendo anticipado varios escenarios a través del diálogo fluido que mantiene con PSOE y Ciudadanos. Toda una novedad tras el fracaso de la improvisación y la política de hechos consumados al que nos tenía acostumbrados en los últimos meses. Tras un acuerdo con el PSOE, ha puesto en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución de forma soft. El Gobierno se dispone así a tratar de resolver una crisis sin precedentes en Catalunya suspendiendo el autogobierno democráticamente escogido por los catalanes. Esto, en un momento en el cual millones de personas están pidiendo el reconocimiento de la soberanía del pueblo catalán.
Rajoy ha decidido orillar la posibilidad del diálogo mientras que, hasta la fecha, ha fracasado también en sus intentos de frenar las demandas de las instituciones y buena parte de la ciudadanía catalana. No le ha servido la vía represiva que únicamente ha provocado un aumento de los catalanes sensibles a la demanda del derecho a decidir. Tampoco le ha servido la defensa numantina e inmovilista del status quo, que sigue mostrando un agotamiento endémico.
(3) En el PSOE: finalmente, Pedro Sánchez tiene un acuerdo con el Gobierno de España. Este acuerdo consiste en un cierre de filas con los grandes poderes oligárquicos expresado en el apoyo a la suspensión de la autonomía catalana. Este apoyo lo ha intercambiado por la apertura de una comisión para estudiar una reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. El cierre de filas, recordémoslo, fue ordenado por el Rey en su discurso del pasado martes tres de octubre.
Sánchez aspira de esta manera a jugar el papel de “hombre de Estado” siguiendo la línea de las últimas décadas en el PSOE: ante todas las situaciones críticas que se han producido, acordar con el PP grandes acuerdos, además de obedecer a la disciplina impuesta por Felipe VI. En términos políticos supone un planteamiento idéntico al de la reforma exprés del artículo 135 en 2011: ante la duda y la ausencia de proyecto propio, adhesión con matices leves a los planteamientos y al proyecto del PP.
Sánchez retoma así la línea política que siempre mantuvieron aquellos dirigentes a quienes venció en las primarias prometiendo una ruptura y un nuevo PSOE. Segunda oportunidad para cambiar el rumbo y segunda oportunidad perdida, segunda decepción para los centenares de miles de militantes y votantes del PSOE.
(4) En Ciudadanos: Rivera ha protagonizado un giro discursivo en las últimas semanas. Ha pasado de ocupar el papel de la derecha moderada y ubicarse en el centro político entre PP y PSOE a situarse en la posición más extrema del arco parlamentario en lo que tiene que ver con Catalunya. Con dos resultados, uno cierto y otro incierto: nadie ha contado con él para aplicar la suspensión de la autonomía catalana o abrir una comisión en el Congreso, pero tendrá que apoyar ambas medidas porque se ha convertido en un apéndice del PP; y ha calculado que Inés Arrimadas puede tener un papel importante que ejercer en unas hipotéticas elecciones en Catalunya y aspirar a formar gobierno con una mayoría alternativa. Probablemente exigirán la aplicación del 155 para una convocatoria electoral. Es una apuesta. Nada más.
(5) En Podemos: el campo político del cambio lleva semanas clamando por el diálogo entre el Gobierno y el Govern. Es una apuesta arriesgada porque otorga la iniciativa a dos actores políticos y nos sitúa simplemente como mediadores, pero no como agentes en la resolución del conflicto. Es una posición decente y comprometida que hemos defendido en compañía de decenas de miles de personas que han salido a las calles con banderas blancas en un conflicto identitario – una situación inédita en la Historia contemporánea-. Pero exigirá un paso más: el campo político del cambio tiene la responsabilidad de extender el impulso constituyente que vive Catalunya al conjunto de España definiendo una hoja de ruta para la refundación de nuestro país.
Lo contrario supone la cronificación de un conflicto que no van a resolver quienes lo han generado, aunque deben dialogar para que la escalada de tensión amaine. Los conflictos políticos no se solucionan con un punto medio entre dos partes, sino con propuestas superadoras. Y España no solo tiene una crisis de Estado definida por la crisis territorial; la crisis es también social, económica y política.
¿Qué consecuencias tiene este escenario?
En el corto plazo: la acción del Gobierno, ahora respaldado por PSOE y Ciudadanos, va a generar más tensión aún en Catalunya. Lejos de resolver nada, un conflicto que arranca pidiendo el reconocimiento de la soberanía de un pueblo no se va a resolver disolviendo su autogobierno. España no se puede imponer. Las comunidades políticas del siglo XXI se basan en la voluntad de ser, en un horizonte compartido. La tarea es construir el horizonte común y conectar lo que se ha desconectado. Retirarle a Catalunya la autonomía que Suárez y el Rey tuvieron que restaurar tras 40 años de dictadura es volver a una situación autoritaria y, en términos de gestión del conflicto, inútil y torpe.
En el medio plazo: la ausencia total de diálogo entre actores y la insistencia de la España imperial en abrirse paso a sangre y fuego solo puede derivar en un empeoramiento del conflicto. Es de suponer que Rajoy es más torpe que perverso pero, sea por inquina o por ineptitud, cabalga hacia una “ulsterización” de Catalunya. Ante el desprecio de la posibilidad de recoger una salida “a la escocesa” a través de un referéndum pactado, solo cabe una escalada que no va a traer nada bueno para nadie.
En el largo plazo: Mariano Rajoy no es el mejor estadista del mundo, pero es un magnífico tacticista. Lo que ha pactado con Pedro Sánchez se va a escenificar como el mejor de sus sueños: Cánovas y Sagasta repartiéndose la alternancia en el gobierno y las posiciones simbólicas. El joven impulso reformista y el conservadurismo maduro. En realidad, ha convertido a Pedro Sánchez en un muñeco de trapo: a cambio de una comisión parlamentaria – que ya veremos dónde va, si es que va a algún lado- ha iniciado el camino de la restauración. Hagamos algunos cambios en la constitución formal – el texto constitucional del 78 -, pero mantengamos intacta la constitución material y el dominio del bloque de poder que gobierna este país desde hace cuatro décadas. Ajustemos los significantes para no alterar, en absoluto, los contenidos y el significado de la palabra España.
Hay tres disputas abiertas, las tres heridas por las que sangra España en el arranque del siglo XXI: la crisis territorial en que se discute si España sigue siendo un Estado unitario – que lo es aunque delegue competencias a las autonomías – o camina hacia un Estado plurinacional y se federaliza o confederaliza; las crisis social y económica en que se discute si somos capaces de construir un modelo productivo que garantice el Estado de Bienestar y los derechos sociales para la mayoría o si seguimos descendiendo la pendiente de la precarización de la vida para empobrecernos definitivamente y se asienta la sociedad más desigual de nuestra historia reciente; y la crisis de representación en que discutimos si democracia son los parlamentos y sus procedimientos, los gobiernos y sus decretos, o democracia son procesos populares y de participación, si es lo constituído o lo constituyente. La tensión es entre la vuelta del pasado o la apuesta por el futuro: entre la restauración del orden tras años de revolución ciudadana o la puesta al día de nuestras instituciones para construir un país que no deje a nadie atrás.
Reconozco el desconcierto: tras las primarias en que Pedro Sánchez derrotó al aparato tradicional del PSOE muchos en Podemos, su núcleo dirigente desde luego, alteramos sustancialmente nuestros análisis de la realidad política española: asumimos que se abría la posibilidad de encontrar en un PSOE nuevo un aliado para impulsar las transformaciones que nuestro país necesita para avanzar en un sentido progresista.
El pacto Rajoy-Sánchez es un duro golpe para las aspiraciones progresistas de este país, pero solo cambia lo superficial. Los procesos sociales son mucho más que los dirigentes políticos. No se va a producir un cierre restaurador en España sin medio país. Los sectores progresistas de nuestro país constituyen una mayoría social y electoral que anhelan algo más que el “más de lo mismo”. Este país de países, España, vive atravesado por una revolución de su cultura política que sacudió las plazas en mayo de 2011. Es responsabilidad de los dirigentes políticos del cambio construir un horizonte de transformación que supere el estado actual de cosas. Estamos en ello.
Estos días dejan, a pesar del aparente estado de pesimismo, una certeza: España tiene futuro; Rajoy, no.
La voladura del Régimen del 78Como no todo iba a ser llanto y rechinar de dientes, la crisis en Catalunya puede acabar logrando lo que parecía imposible: abrir los candados de la reforma constitucional, cerrada con más llaves que el sepulcro del Cid. En ese compromiso parece haber embarcado el PSOE al PP, y si finalmente es posible inaugurar un tiempo nuevo y se permite, como decía Jefferson, que los vivos y no los muertos sean los dueños del presente, la democracia española debería erigir un monumento al independentismo por los servicios prestados.
Llega tarde, quizás demasiado, pero la voladura controlada del llamado Régimen del 78 era una necesidad inaplazable. Es imposible disimilar por más tiempo los fétidos olores que se desprenden de una Constitución difunta que ya ni el formol es capaz de disimular. Se hizo vieja por falta de uso y ha terminado siendo el fortín de los privilegios de algunos y el papel mojado de los derechos del resto. Es lógico desconfiar de la voluntad real de algunos de acometer la catarsis, aunque una vez abierto el melón será difícil impedir que cada cual exija su porción del postre.
Por alguna extraña razón, modificar la Constitución se había convertido en una misión imposible, salvo para emprender esa vergonzosa reforma exprés en la que se anteponía el pago de la deuda al bienestar de la población. Todos los textos constitucionales del mundo podían cambiar menos la Biblia española, que parecía haber sido dictada por el Espíritu Santo al oído de siete señores, sus ponentes, y por eso nadie quería cometer el sacrilegio de alterar una sola coma del texto sagrado de la dichosa paloma. Cierto es que su blindaje desanima bastante. Modificar una palabra de su corpus principal no sólo requiere una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado sino que exige disolver las Cámaras para que las nuevas Cortes lo refrenden en idéntica proporción. De ahí que no sólo sea preciso el consenso sino hacer coincidir los cambios con el final de la legislatura por la resistencia natural de sus señorías a hacerse el haraquiri antes de tiempo.
La reforma se plantea inicialmente sobre el modelo territorial a la búsqueda de un traje de fiesta para permitir que Catalunya acuda al baile siempre que prometa regresar a casa antes de medianoche, pero forzosamente tendrá que complacer no sólo a los territorios sino también a los ciudadanos. Todo lo que no sea un verdadero proceso constituyente sonará a broma pesada. Ha de representar el fin de esas ficciones tan monas que aseguran a los parados de larga duración el derecho al trabajo y a los que viven debajo de un puente disponer de una vivienda digna. De nada vale tener un derecho que no puede ser reclamado ante los tribunales.
El objetivo inicial, por tanto, es renovar el Título VIII y acabar con ese café para todos que llevamos cuarenta años bebiendo y nos ha puesto como motos. Se verá entonces hasta dónde se está dispuesto a llegar en la descentralización y en el reconocimiento de un Estado que no puede ocultar por más tiempo una plurinacionalidad que, lejos de debilitarle, le robustece. ¿Que será imposible que el PP y la derecha en general suban a bordo en esa travesía? A veces recorriendo la frontera de lo posible se termina por poner un pie en lo improbable.
No ha de ser la única meta. Como se ha dicho aquí alguna vez, se ha de conceder a las nuevas generaciones su inalienable derecho a gobernarse, y ese es el que reclaman quienes nacieron después de 1978 y sólo han oído hablar de Fraga a Pablo Iglesias. En sus manos ha de estar, de entrada, elegir la forma del Estado, un debate que aterroriza a la monarquía mucho más que la secesión catalana.
Es legítimo dudar de que estemos ante una voluntad sincera de cambiar las cosas y que todo sea una simple maniobra de distracción. La mentira tendría las patas muy cortas. Sería el suicidio de un país que ya no se reconoce, al que hay que dar una salida y que está dispuesto a agarrar su futuro aunque sea por el cuello. De ahí el optimismo.
URUGUAY
Movilización de las cooperativas de transporte, ayer, en la
explanada de la Intendencia de Montevideo. Foto: Andrés Cuenca
“El Estado nacional no puede desentenderse porque tiene la responsabilidad ante la comunidad de las naciones”, dijo el titular del CELS, Horacio Verbitsky y también le apuntó a la Corte Suprema por demorar la resolución de las causas sobre Sala que tiene en su poder.
Gómez Alcorta, una de las abogadas de Sala, precisó ante los medios el modo violento en que fue llevada de nuevo a la misma cárcel donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que corren riesgo su vida y su integridad física. El traslado se produjo esta mañana a eso de las siete de la mañana. Fuerzas especiales jujeñas ingresaron a la casa de La Ciénaga y se llevaron esposada, descalza y en pijama a la diputada del Parlasur.
El traslado se realizó sin notificar antes a sus abogados, a quienes en un principio tampoco dejaron ingresar al penal de Alto Comedero. Cuando finalmente pudieron entrar a la cárcel, constataron que las agresiones a las que Sala fue sometida dejaron marcas en su cuerpo. “Tiene magullones en los hombros y moretones en los brazos por la violencia ejercida por la policía de Jujuy”, reveló Gómez Alcorta.
La abogada precisó los motivos de la ilegalidad del procedimiento ordenado por Pullen Llermanos y afirmó que “lo que busca esta resolución del juez y su ideólogo, el contador Morales, es que Milagro esté muerta”. “Estamos sumamente preocupados”, agregó e hizo “responsables en primer lugar a Mauricio Macri, y luego al contador Morales y al juez” por lo que pueda pasarle a Sala. “No solo que la quieren acallar, ponerla de rodillas y silenciarla, sino también muerta”, insistió.
Gómez Alcorta contó que el fundamento de Pullen Llermanos para llevar a Sala de vuelta a la cárcel fue que hay informes del cuerpo médico del Poder Judicial, no presentados por la defensa, que le atribuyen un cuadro “psicopatológico con un trastorno depresivo mayo” y “tendencia suicida”. “Fue un atropello, algo fuera de los límites de la legalidad”, afirmó la abogada sobre el traslado, quien dijo además que el informe invocado por el juez “no avala que se la lleven a un lugar donde corre peligro su vida” y no dudó en definir lo actuado por Pullen Llermanos como “un acto de tiranía”, dado que “se abusó del poder político por fuera de la legalidad”.
“Es de una gran perversidad porque invoca la medida cautelar para incumplirla”, sumó Verbitsky acerca de la resolución del magistrado que hace alusión al llamado de la CIDH a cuidar la salud de sala y remató: “Es absolutamente perverso y responde a la odiosidad del contador Morales y el juez Pullen Llermanos.”
La conferencia de prensa se realizó en el CELS. E presentes, entre otros, miembros del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), la legisladora porteña Paula Penacca, la candidata a legisladora Victoria Montenegro, Eduardo Jozami y Myriam Bregman.
Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del CELS, precisó que “con Amnistía Internacional y Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) hicimos las presentaciones ante la CIDH para que saliera de la cárcel”, algo que se cumplió “en un lugar inadecuado para el cambio”. En ese sentido, contó que en la casa usada para arresto domiciliario “se pusieron alambres de púa y montaron un retén de gendarmería, era inimaginable que llegaran a esto”.
En ese sentido, ratificó que se presentarán ante la CIDH, en la reunión que ese organismo tendrá en Montevideo a partir del 23 de octubre. “Iremos con Amnistía y Andhes a Uruguay, para entonces esperamos que esté libre, o al menos en el lugar donde se hallaba detenida hasta las 7 de la mañana de hoy”. No descartó que Francisco Eguiguren, titular de la CIDH, “disponga posibles medidas”, entre ellas “ir a la Corte Interamericana”.
Eguiguren habló también de esa posibilidad tras enterarse del traslado de Sala al penal de Alto Comedero. “Es un retroceso”, analizó la medida y la calificó como “muy grave”, además de manifestarse “muy preocupado” por la persecución a la dirigente social.
Respecto de la posibilidad de que se llegue ante el tribunal interamericano, Kletzel enfatizó que dependerá de cómo esté la situación al momento de producirse la reunión en Montevideo. “Si la situación vuelve al estado de ayer, la situación era una. Si no hay cambios, la CIDH verá si va con una medida provisional a la Corte”.
Además, explicó el conflicto que se produce al estar en trámite ante la Cámara de Casación de Jujuy la detención o no de Sala en la casa que ocupaba hasta hoy. “El trámite está en Casación y el contralor del arresto era el juez”, dijo en relación a la apelación por el fallo que privó de este status de detención a la líder de la Túpac Amaru a fines de septiembre. “Inventaron una causal para disponer de Milagro cuando falta el fallo de Casación”. Lo cual llevó a mostrar “el nivel de analfabetismo político” del magistrado, que “no tiene límite”.
En sintonía, Verbitsky opinó que “este fallo se estudiará en la Facultad de Derecho, por lo aberrante”. “La mandan a la cárcel y la aíslan”, denunció Gómez Alcorta. “Esto pasa un sábado, comienzo de fin de semana largo, víspera del Día de la Madre, con una mujer que tiene alta vulnerabilidad”. El titular del CELS completó afirmando que el juez “elude los informes médicos que dicen que no se puede hacer lo que hizo, pone en riesgo a Milagro”, y que, en todo caso, si ella se negaba a hacerse estudios “la tendría que haber enviado al hospital”. Cerró con el deseo de que “la próxima conferencia de prensa sea con Milagro libre”.
13 de octubre de 2017
“La reforma laboral nos atañe a todos”
Ayer por la tarde, trabajadores y trabajadoras de diversos gremios movilizaron al Ministerio de Trabajo de la Nación bajo la consigna “No a la reforma laboral. Abajo el pacto Macri-CGT”. Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA, dialogó con ANRed y afirmó que “si hay una reforma, se va a afectar la vida de nuestras familias y de toda la sociedad”. Entrevista y fotogalería: Matías M. para ANRed.
La movilización -convocada por el SUTNA, Unión Ferroviaria Oeste, Sitraic, Ademys, AGD UBA, Suteba Ensenada y Suteba La Matanza y a la que adhirieron varios sindicatos, como Sipreba, Cicop y ATE Sur- partió de la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Bartolomé Mitre y Callao hasta la sede ubicada en Leandro N. Alem, en el bajo porteño.
La consigna que unificaba la marcha aludía por un lado al rechazo a la reforma laboral y por otro al pacto entre el gobierno nacional y la CGT. Para ahondar, conversamos con Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA.
“La reforma a nivel regional ya se metió en Brasil. Eso inmediatamente genera una situación de alerta para nuestro país. Hay convenios colectivos que se están modificando, como petroleros y lácteos. Es algo a nivel completo: se trata de atacar el nivel jubilatorio, tratando de subir la edad; los convenios colectivos; los niveles de producción; así como la educación pública y la salud. Por lo tanto es un tema que nos atañe a todos”, aseveró. Para Crespo la fuente laboral no es, en sus palabras, a cualquier costo: “si hay una reforma en todos los conceptos, se va a afectar la vida de nuestras familias y de toda la sociedad. Acá hay que defender los puestos de trabajo porque el dinero que ganamos en las fábricas, con el trabajo duro que tenemos en cada una de ellas, es el que alimenta a la economía del país”.
Asimismo se refirió al papel del empresariado y señaló que “sienten que llegó su momento. Están tratando de lograr hacer retroceder al movimiento obrero y tratar de reducir los costos, como ellos dicen, para tener una mayor competitividad a costa de la espalda, el trabajo y de esfuerzos muy grandes de los trabajadores. Eso no se puede permitir. Hay claramente una complicidad y un ataque a las estructuras sindicales, para intimidar a quien se ponga en contra de esto”.
Si bien en los últimos días se escuchó en reiteradas oportunidades hablar de “tregua” entre la CGT y el gobierno encabezado por Mauricio Macri, según el dirigente del SUTNA no se puede hablar en estos términos porque “en las treguas se trata precisamente de que ambas partes hacen un alto al fuego y acá se lo está dejando avanzar al gobierno. Lo que estamos viendo es un acuerdo con los dirigentes de la CGT para meter este ajuste”.
La respuesta, afirmó Crespo, está en “los gremios que nos consideramos en defensa de los trabajadores y, consecuentes a lo que decimos, estamos empezando a generar acciones. Así como le tocó a otras generaciones vivir momentos de grandes presiones para hacer retroceder al movimiento obrero, en estos momentos -frente a lo que intenta hacer este gobierno, con complicidad de los partidos de posición patronal- hay que salir a ganar los cuerpos de delegados, las seccionales, los sindicatos nacionales, incluso las centrales sindicales, para poner a la cabeza a quienes realmente van a defendernos de este ataque, que son los propios trabajadores”, finalizó.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
La lucha de clases no produce sorpresas
El gobierno de Macri vino a
implantar un ataque a la clase obrera y a todos los asalariados. Aquí se
destacan sus principales objetivos en el marco de la reforma laboral
que propugna.
1) la Ley de Contrato de Trabajo
2) la Ley de Empleo
3) la Ley de Asociaciones Gremiales
4) la de Convenios Colectivos
5) la Ley de Riesgos del Trabajo
6) la ley del trabajador autónomo
7) la ley de asociaciones de empleadores
8) la ley general que contemple el marco de las nuevas tecnologías.
A esto hay que sumarle: El proyecto de
aumento de la edad jubilatoria, la eliminación de la gratuidad en
remedios y prestaciones del PAMI, el proyecto de prestación básica
universal para todas las obras sociales las que se intenta unificar en
una sola y bajar así los “gastos” de empresas y Estado, y otras medidas
tendientes a bajar la masa salarial nacional.
Para poder implementar estos objetivos
se necesitan tener en cuenta y evaluar algunos temas fundamentales:
lucha de clases en el plano internacional, lucha de clases en el plano
nacional, crisis política y económica estructural en ambos planos.
En el plano internacional, y a modo de
ejemplo, las reformas propuestas o en ejecución producen huelgas de una
magnitud insospechada en Francia y en Bélgica. En países como Alemania,
una de las locomotoras del mundo, la actual administración, que hasta
ahora parecía inquebrantable, ha recibido un duro revés. Países como
Italia, España, el propio EEUU y tantos otros, deambulan con medidas que
son la verdadera expresión de un sistema capitalista productor de
“anarquía”. El apriete a los pueblos, ya consumado o por consumar,
produce una calidad diferente en la lucha de clases.
Que 25 regiones de Europa corran peligro
para la burguesía de que produzcan hechos de la magnitud de Cataluña
implica que las reformas laborales que tratan de implementar encuentran
huecos políticos producto de una falta de centralización política del
sector más poderoso de la clase dominante incapacitándolo para dominar
en un solo puño el escenario internacional.
La imposibilidad de centralización
política hace que haya varios centros de decisión política en donde
prevalece el debate que aparece como “si es que la economía se abre o se
cierra al mundo”. En realidad lo que se está ocultando es el verdadero
debate: ¿Están dispuestos los pueblos del mundo a seguir viviendo como
hasta ahora?
La lucha de clases en nuestro país no
está fuera de ese contexto planetario, los puntos aludidos con los que
se ataca a la clase trabajadora y que, de hecho, algunos se vienen
implementando, requiere en el tiempo de un caudal político de cierta
magnitud entre el pueblo que acompañe esas iniciativas. No es el caso de
nuestro país, pues esos puntos que el propio gobierno reconoce no poder
aprobar en el congreso sino por “consenso” como en Vaca Muerta, dan
muestra de ello. Veremos…
Pero lo cierto es que esta reforma
laboral propuesta y reafirmada por estos días en la reunión de IDEA, va
acompañada de una andanada de medidas económicas que nuestro pueblo ya
conoce y sabe cómo terminan. Inflación relativamente contenida por
apriete, especulación financiera al viejo estilo, fuga de capitales,
incremento del endeudamiento, gasto público exorbitante tomando en
cuenta que en el año 2018 el mismo crecerá por los compromisos
adquiridos con la usura internacional. El festival de Lebac, de fondos
de inversión, burbujas en la construcción, etc. dan un panorama
desolador para la vida cotidiana de nuestro pueblo, no así para los más
de mil asistentes al encuentro de IDEA en donde primó un aire de
revanchismo contra el pueblo trabajador.
La lucha de clases no produce sorpresas
La reforma laboral y el resto de medidas
mencionadas irá encontrando resistencia y oposición y ese malestar no
se limitará a solo esos puntos. Nuestra sociedad está reclamando algo
más que trasciende lo puramente económico. Las causas que provocan
nuevas y más profundas explosiones sociales no han desaparecido. Por el
contrario la “olla a presión” acumula más de ello, pero los
revolucionarios estamos trabajando en el plano eminentemente político y
práctico para que ese odio contenido se encamine a una nueva calidad de
la lucha en camino hacia la disputa por el poder.
La clase dominante supo retroceder en el
2001, tuvo como respuesta el populismo y contuvo al pueblo con el
engaño durante un período posterior complejo de nuestra historia. La
oligarquía financiera sostuvo esa salida, no le hizo asco. Son los
mismos monopolios que ayer en IDEA reafirmaron su condición de clase
decidida a sostener el sistema Capitalista por sobre todas las cosas.
Las grietas de la que tanto hablan son intereses en pugna entre la clase
dominante, lo otro a lo que le temen que es la verdadera grieta que no
mencionan es lucha de clases. Sobre esa realidad deberemos luchar y
frenar todas las embestidas concentradas en estos puntos que utilizan
como punta de lanza para sostener la explotación y opresión a nuestro
pueblo. Más tarde o más temprano este gobierno se enfrentará a una
realidad histórica reafirmada una y otra vez por nuestra historia. No
pasarán ni pasearán sus banderas de triunfo. Perseveraremos una y otra
vez en las variantes políticas que entorpezcan y frenen las distintas
variantes que emplearon y emplean para la continuidad de este sistema,
al tiempo que avancemos a la conquista del poder en manos de la clase
obrera y el pueblo.Puja redistributiva
Calentando motores: ¿Alrededor de qué cifras oscilarán las negociaciones salariales?
Sábado 14 de octubre de 2017, por *
El
presidente Macri pretende aumentos del 10%, aunque los empresarios
aseguran que podrían alcanzar el 15%. ATE estima una inflación del 20%,
pero asegura que un incremento de ese porcentaje no incluye la pérdida
de poder adquisitivo.
El ministro de Modernización Andrés Ibarra anticipó en relación a las
paritarias 2018 que “a medida que se va cumpliendo con la baja de la
inflación, los números van a tener que estar muy por debajo de los años
anteriores”. Así lo expresó en radio Mitre al cabo de su participación
en la Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones, organizada por la
ONU, que se desarrolla en Buenos Aires.
Para mayor precisión, días atrás el diario Clarín reveló que el presidente Macri pretende que la oferta oficial oscile entre el 9 y 11 por ciento. ¿Por qué intentará imponer el gobierno un porcentaje por debajo de la inflación 2018 prevista en el 15,7%?
La respuesta se encuentra en el objetivo proyectado por el Banco Central. Su presidente, Federico Sturzenegger, aseveró durante septiembre en un coloquio que “la meta inflacionaria del año que viene es del 10 por ciento, en más o menos uno o dos puntos”.
No obstante, reconoció que los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado, que mes a mes informan al Banco Central, pronostican un índice cercano al 15,5%, más parecido al diseñado por el Ejecutivo en el Presupuesto.
La experiencia indica que las estimaciones oficiales son más una fantasía que un acierto. A lo sumo una expresión de deseo desde la cual las patronales anclan sus posiciones de fuerza en las negociaciones con los trabajadores. Este año, por ejemplo, el Central y el Gobierno preveían una inflación del 17% que ya se cumplió y terminará siendo cercana al 24%.
Para 2018, Cambiemos dice que el costo de vida estará en el 15,7%, pero hasta el FMI le descree. El organismo internacional prevé un alza del 17,2% y sindicatos como ATE en el 20%.
Su secretario General, Hugo `Cachorro´ Godoy, rechazó los planes del Ejecutivo y aseguró en declaraciones a DyN que los trabajadores del Estado perdieron “14 puntos del poder adquisitivo en 2016 y no menos en 2017”. Asimismo, advirtió que en el caso de las paritarias del sector, los funcionarios “tratarán de desdoblar el aumento de salario con un porcentaje para el sueldo básico y otro para la bonificación de presentismo”.
Temprano, Godoy ya mostró los dientes de cara a la paritaria: “No se va a poder hablar de una actitud uniforme del sindicalismo. Así como ellos tienen a UPCN, otros vamos a seguir firmes tratando de quebrar la lógica que quiere imponer el Gobierno“.
La hoja de ruta oficial cuenta con el consentimiento de la dirección empresarial. El representativo presidente del Coloquio de IDEA y CEO de Dow Argentina, Gastón Remy, mintió al aseverar que “en 2017 hubo paritarias que estuvieron encima de la inflación y se pudieron compensar pérdidas salariales anteriores”. Y con ánimo de inocencia, dejó entrever que "a partir de 2018 los números van a ser más ajustados con las pautas oficiales, en torno al 15 por ciento, siempre dependiendo de cada sector”.
Fuente: www.canalabierto.com.ar
Para mayor precisión, días atrás el diario Clarín reveló que el presidente Macri pretende que la oferta oficial oscile entre el 9 y 11 por ciento. ¿Por qué intentará imponer el gobierno un porcentaje por debajo de la inflación 2018 prevista en el 15,7%?
La respuesta se encuentra en el objetivo proyectado por el Banco Central. Su presidente, Federico Sturzenegger, aseveró durante septiembre en un coloquio que “la meta inflacionaria del año que viene es del 10 por ciento, en más o menos uno o dos puntos”.
No obstante, reconoció que los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado, que mes a mes informan al Banco Central, pronostican un índice cercano al 15,5%, más parecido al diseñado por el Ejecutivo en el Presupuesto.
La experiencia indica que las estimaciones oficiales son más una fantasía que un acierto. A lo sumo una expresión de deseo desde la cual las patronales anclan sus posiciones de fuerza en las negociaciones con los trabajadores. Este año, por ejemplo, el Central y el Gobierno preveían una inflación del 17% que ya se cumplió y terminará siendo cercana al 24%.
Para 2018, Cambiemos dice que el costo de vida estará en el 15,7%, pero hasta el FMI le descree. El organismo internacional prevé un alza del 17,2% y sindicatos como ATE en el 20%.
Su secretario General, Hugo `Cachorro´ Godoy, rechazó los planes del Ejecutivo y aseguró en declaraciones a DyN que los trabajadores del Estado perdieron “14 puntos del poder adquisitivo en 2016 y no menos en 2017”. Asimismo, advirtió que en el caso de las paritarias del sector, los funcionarios “tratarán de desdoblar el aumento de salario con un porcentaje para el sueldo básico y otro para la bonificación de presentismo”.
Temprano, Godoy ya mostró los dientes de cara a la paritaria: “No se va a poder hablar de una actitud uniforme del sindicalismo. Así como ellos tienen a UPCN, otros vamos a seguir firmes tratando de quebrar la lógica que quiere imponer el Gobierno“.
La hoja de ruta oficial cuenta con el consentimiento de la dirección empresarial. El representativo presidente del Coloquio de IDEA y CEO de Dow Argentina, Gastón Remy, mintió al aseverar que “en 2017 hubo paritarias que estuvieron encima de la inflación y se pudieron compensar pérdidas salariales anteriores”. Y con ánimo de inocencia, dejó entrever que "a partir de 2018 los números van a ser más ajustados con las pautas oficiales, en torno al 15 por ciento, siempre dependiendo de cada sector”.
Fuente: www.canalabierto.com.ar
Tanto estatales como docentes salieron a rechazar esa cifra que trascendió hoy. Aún no hay fecha de convocatoria para el inicio formal de conversaciones con los maestros.
Los docentes y estatales bonaerenses ya salieron a rechazar un
eventual aumento del 10% para todo 2018. Esa posibilidad trascendió hoy
desde el gobierno de María Eugenia Vidal, que llamará a paritarias
después de las elecciones.
El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, fue uno de los primeros en hacer público su rechazo. "Los docentes volvemos a pedir paritarias libres, sin piso ni techo", sostuvo en diálogo con Tiempo. Y agregó: "No vamos a aceptar una pauta salarial a la baja".
El conflicto entre el gobierno provincial y el Frente Gremial Docente -que integran FEB, SUTEBA, SADOP, AMET, UDA y UDOCBA- duró cinco meses este año, incluyó 17 días de paro y cerró, una semana antes del inicio de la campaña electoral hacia las PASO, con un incremento del 27,4% para los maestros. De ese total, el 21,5% está sujeto a la cláusula gatillo atada a la inflación oficial, y será sometido a revisión por última vez en diciembre. El resto corresponde a compensaciones de 2016 y a material didáctico otorgado por la Nación.
Hoy trascendió que el gobierno de Vidal planea ofrecer un 10% de aumento también con cláusula gatillo para todo 2018. Esa cifra está en relación con las pautas macroeconómicas esbozadas en el presupuesto nacional.
El secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi, también rechazó esa cifra. "El 10% no resiste el menor análisis", dijo a este diario y acusó al gobierno de "lanzar globos de ensayo por los medios, sin terminar de hacerse cargo ni mirar de frente a los trabajadores".
El dirigente exigió que el Ejecutivo convoque en tiempo y forma también a los estatales de la ley 10.430; los médicos y los judiciales. Hasta ahora, Vidal sólo dijo que el 1º de noviembre llamarán a los docentes para comenzar a negociar, aunque no dijo nada del resto de los trabajadores estatales.
"A la mesa paritaria vamos a ir con los mismos criterios que los años anteriores, exigiendo un aumento que contenga la recuperación de los años perdidos, un salario mínimo por encima de la línea de pobreza y que el aumento equipare a la proyección inflacionaria. Además, vamos a plantear , sostuvo De Isasi y agregó que insistirán "con el pase a planta permanente de 19 mil trabajadores y el descongelamiento de vacantes”.
El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, fue uno de los primeros en hacer público su rechazo. "Los docentes volvemos a pedir paritarias libres, sin piso ni techo", sostuvo en diálogo con Tiempo. Y agregó: "No vamos a aceptar una pauta salarial a la baja".
El conflicto entre el gobierno provincial y el Frente Gremial Docente -que integran FEB, SUTEBA, SADOP, AMET, UDA y UDOCBA- duró cinco meses este año, incluyó 17 días de paro y cerró, una semana antes del inicio de la campaña electoral hacia las PASO, con un incremento del 27,4% para los maestros. De ese total, el 21,5% está sujeto a la cláusula gatillo atada a la inflación oficial, y será sometido a revisión por última vez en diciembre. El resto corresponde a compensaciones de 2016 y a material didáctico otorgado por la Nación.
Hoy trascendió que el gobierno de Vidal planea ofrecer un 10% de aumento también con cláusula gatillo para todo 2018. Esa cifra está en relación con las pautas macroeconómicas esbozadas en el presupuesto nacional.
El secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi, también rechazó esa cifra. "El 10% no resiste el menor análisis", dijo a este diario y acusó al gobierno de "lanzar globos de ensayo por los medios, sin terminar de hacerse cargo ni mirar de frente a los trabajadores".
El dirigente exigió que el Ejecutivo convoque en tiempo y forma también a los estatales de la ley 10.430; los médicos y los judiciales. Hasta ahora, Vidal sólo dijo que el 1º de noviembre llamarán a los docentes para comenzar a negociar, aunque no dijo nada del resto de los trabajadores estatales.
"A la mesa paritaria vamos a ir con los mismos criterios que los años anteriores, exigiendo un aumento que contenga la recuperación de los años perdidos, un salario mínimo por encima de la línea de pobreza y que el aumento equipare a la proyección inflacionaria. Además, vamos a plantear , sostuvo De Isasi y agregó que insistirán "con el pase a planta permanente de 19 mil trabajadores y el descongelamiento de vacantes”.
Es el dato oficial del Indec. En el año acumula 17,6% y supera las previsiones del gobierno y del Banco Central.
Marcelo Colombres - Jueves 12 de Octubre de 2017
El índice
de precios al consumidor subió 1,9% en septiembre, según el relevamiento
realizado por el Indec. En lo que va del año ese indicador creció 17,6%,
informó el organismo estadístico. De esa manera, las previsiones del gobierno y
del Banco Central para todo el año quedaron desbordadas al cierre del tercer
trimestre.
Según el documento oficial, fueron los bienes y servicios estacionales los que impulsaron el número final hacia arriba. En particular se notaron incrementos sustanciales en el rubro Prendas de vestir y calzado (3,8%), asociado con el cambio de estación; también en Educacion (3,7%), donde el gobierno autorizó un incremento en la cuota de los colegios privados en el ámbito bonaerense; y en Salud (2,4%), con la puesta en vigencia del último tramo de los aumentos para la medicina prepaga.
Los datos corresponden al índice de alcance nacional que puso en marcha el Indec en julio de este año. En el regional, el Gran Buenos Aires fue donde se sintieron con más fuerza los incrementos (2,0%). Para esa zona, la única donde se puede mantener la serie histórica por más de un año luego de los reiterados cambios metodológicos en la encuesta, la variación de precios en los últimos 12 meses fue de 24,2%.
Las cifras demuestran que, lejos de morigerarse, el proceso inflacionario tomó nueva fuerza en los últimos tiempos. El índice de septiembre es el más elevado de los últimos cinco meses y superó incluso los pronósticos de consultoras y centros de estudio privados, muchos de los cuales alimentan con sus datos el llamado IPC-Congreso, que esta semana había anunciado un alza del 1,6%.
La situación pone en tela de juicio la estrategia oficial para combatir la inflación, centrada en la dura política monetaria del presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, que consiste en reducir la masa de dinero circulante mediante la emisión de títulos (Lebacs) que pagan altísimas y muy tentadoras tasas de interés: la de referencia está ubicada actualmente en 26,25%. Esa táctica retrae la actividad económica, ya que retira del mercado fondos que podrían ser destinados a emprendimientos productivos, y alimenta el déficit cuasifiscal, que se estima que podría llegar a dos puntos del PBI a fin de año. A pesar de esos efectos perniciosos y de que la ambiciosa meta de 17% para todo 2017 ya quedó vulnerada por los hechos, no se descarta que el Banco Central insista con esa receta y retoque hacia arriba la tasa en las próximas licitaciones de títulos.
Paralelamente al IPC, se difundieron los otros dos indicadores de precios que elabora el Indec. El de los mayoristas (IPIM) registró una suba de 1,0% en septiembre, como consecuencia de la suba de 1,0% en los productos nacionales y de 0,4% en los productos importados, con una variación interanual de 16,3%. En tanto, el de la construcción (ICC) también subió 1,0%, empujado por un 1,9% en el rubro Materiales y otros más modestos 0,5% en Mano de obra y 0,3% en Gastos generales. En ese sector, estimulado por el gran volumen de obra pública que disparó el gobierno, el aumento de los últimos 12 meses trepó al 32,2%.
Según el documento oficial, fueron los bienes y servicios estacionales los que impulsaron el número final hacia arriba. En particular se notaron incrementos sustanciales en el rubro Prendas de vestir y calzado (3,8%), asociado con el cambio de estación; también en Educacion (3,7%), donde el gobierno autorizó un incremento en la cuota de los colegios privados en el ámbito bonaerense; y en Salud (2,4%), con la puesta en vigencia del último tramo de los aumentos para la medicina prepaga.
Los datos corresponden al índice de alcance nacional que puso en marcha el Indec en julio de este año. En el regional, el Gran Buenos Aires fue donde se sintieron con más fuerza los incrementos (2,0%). Para esa zona, la única donde se puede mantener la serie histórica por más de un año luego de los reiterados cambios metodológicos en la encuesta, la variación de precios en los últimos 12 meses fue de 24,2%.
Las cifras demuestran que, lejos de morigerarse, el proceso inflacionario tomó nueva fuerza en los últimos tiempos. El índice de septiembre es el más elevado de los últimos cinco meses y superó incluso los pronósticos de consultoras y centros de estudio privados, muchos de los cuales alimentan con sus datos el llamado IPC-Congreso, que esta semana había anunciado un alza del 1,6%.
La situación pone en tela de juicio la estrategia oficial para combatir la inflación, centrada en la dura política monetaria del presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, que consiste en reducir la masa de dinero circulante mediante la emisión de títulos (Lebacs) que pagan altísimas y muy tentadoras tasas de interés: la de referencia está ubicada actualmente en 26,25%. Esa táctica retrae la actividad económica, ya que retira del mercado fondos que podrían ser destinados a emprendimientos productivos, y alimenta el déficit cuasifiscal, que se estima que podría llegar a dos puntos del PBI a fin de año. A pesar de esos efectos perniciosos y de que la ambiciosa meta de 17% para todo 2017 ya quedó vulnerada por los hechos, no se descarta que el Banco Central insista con esa receta y retoque hacia arriba la tasa en las próximas licitaciones de títulos.
Paralelamente al IPC, se difundieron los otros dos indicadores de precios que elabora el Indec. El de los mayoristas (IPIM) registró una suba de 1,0% en septiembre, como consecuencia de la suba de 1,0% en los productos nacionales y de 0,4% en los productos importados, con una variación interanual de 16,3%. En tanto, el de la construcción (ICC) también subió 1,0%, empujado por un 1,9% en el rubro Materiales y otros más modestos 0,5% en Mano de obra y 0,3% en Gastos generales. En ese sector, estimulado por el gran volumen de obra pública que disparó el gobierno, el aumento de los últimos 12 meses trepó al 32,2%.
Elecciones 2017 : Entrevistas a María del Carmen Verdú y Hernán Vasco Izurieta
María del Carmen Verdú
– Candidata por Poder Popular en las listas del FIT | Militante del
Frente Único Izquierda Revolucionaria – Hombre Nuevo | Militante de
Correpi.
La campaña en CABA, una tribuna de lucha La candidatura a diputada nacional en la Ciudad de nuestra compañera, María del Carmen Verdú, fue sin duda uno de los hechos destacados de nuestra campaña, a partir de la visibilidad y repercusión que sus intervenciones le dieron al espacio.
La decisión de intervenir como representante de una construcción colectiva de luchadores y luchadoras populares estuvo en ese sentido directamente ligada a su capacidad de ser la vocera más sagaz en la lucha y movilización contra el régimen represivo estatal. Así, la desaparición forzada de Santiago Maldonado la encontró al frente del reclamo por su aparición con vida señalando permanentemente la responsabilidad del estado, y encabezando las manifestaciones junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. También fue fundamental su ardua labor para lograr liberar a las y los detenidos por la represión y razia policía en Plaza de Mayo del 1 de septiembre pasado.
Como ella misma señaló, su candidatura no era otra cosa que llevar a un nuevo terreno la pelea que damos cotidianamente contra el Estado y las patronales. Y por eso, por ejemplo, impulsamos un proyecto de ley para derogar la ley 23.960 que faculta a la policía para la detenciones arbitrarias y promovimos una campaña popular de apoyo colocando en la agenda pública un tema absolutamente silenciado como que las fuerzas de seguridad matan un pibe o piba cada 25 horas.
La campaña en CABA deja un saldo sumamente positivo que ahora intentaremos coronar con un/a diputado/a de izquierda por el distrito. Vamos por eso.
Entrevista a Hernán “Vasco” Izurieta – Candidato
por Poder Popular en las listas del FIT | Militante del Frente Único
Izquierda Revolucionaria – Hombre Nuevo | Militante de ATE desde Abajo.
“Quienes protagonizamos las luchas contra el ajuste tenemos que forjar una alternativa política propia”Entrevista a nuestro compañero Hernán “Vasco” Izurieta, candidato a diputado nacional bonaerense por Poder Popular en las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
¿Qué balance hacés de la campaña de Poder Popular hacia las PASO y de cara a las generales de octubre?
Nuestro balance es más que positivo. Desde el surgimiento de Poder Popular (PP) como herramienta unitaria de confluencia de distintas organizaciones compañeras de la izquierda anticapitalista, los pasos que fuimos dando marcan una tendencia sostenida de consolidación y crecimiento.
El acuerdo alcanzado con el FIT y la decisión de incluir candidatos de PP en sus listas, con nuestra compañera María del Carmen Verdú a la cabeza, ha potenciado ese desarrollo. Mientras fracasaron con sus iniciativas distintas variantes de izquierda popular, que sellaron acuerdos de última hora con variantes de la centroizquierda clásica; u otras fuerzas compañeras que apostaron a una integración en etapas al dispositivo de alianzas del PJ, lo hecho desde PP permitió fortalecer una referencia de izquierda como lo es el FIT, que sostuvo su implantación y que ahora nos plantea la enorme tarea de hacer crecer en su llegada a sectores más amplios del pueblo trabajador. Ése es nuestro desafío.
¿Por qué hay que votar a Poder Popular en las listas del FIT?
En estos días se está planteando con insistencia que el único “voto útil” para enfrentar al ajuste macrista es el apoyo a Unidad Ciudadana. Es lógico que de ese espacio se impulse ese planteo para traccionar base electoral disconforme con el gobierno macrista y sus políticas antipopulares; pero la realidad es que las distintas variantes de oposición de los partidos tradicionales han actuado casi como un semi-oficialismo, al acompañar las leyes del ajuste de Cambiemos en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría propia. Similar rol jugaron los gobernadores del PJ.
Las barbaridades filo fascistas de Miguel Ángel Pichetto, titular todos estos años de la bancada peronista en el Senado, no son nuevas, sólo que ahora se permite exponer sin medias tintas cuál es su pensamiento político y qué intereses defiende desde siempre.
En contraste con esa oposición que no termina siéndolo, necesitamos que los trabajadores y trabajadoras que protagonizamos las luchas contra el ajuste forjemos una alternativa política propia.
Hacia octubre, desde PP nos proponemos desarrollar una voz que exprese los intereses de las y los trabajadores en el Congreso nacional, legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes, por eso llamamos a votar al FIT en todo el país para enfrentar con más fuerzas el ajustazo del gobierno de los CEO´s.
Para nosotros y nosotras ése es el único “voto útil” que tiene sentido.
—————————————————————————————— ——————————————-
¡Fiscalizá con Poder Popular y el Frente de Izquierda!
Defendamos los votos de las y los trabajadores contra el ajuste y la represión
Mandanos un mail a poderpopular.ci@gmail.com
CATALUNYA
Otras miradas
Apuntes urgentes sobre la situación política en España
¿Qué ha pasado estos días?
(1) En el Parlament: Puigdemont se presentó tras el referéndum del 1-O en el Parlament de Catalunya –un referéndum sin validez jurídica pero que tuvo lugar ante el fracaso del Gobierno en su intento de evitarlo – con toda solemnidad. En su discurso, de todas las opciones que manejaba, Puigdemont apostó por la que más escenarios de diálogo podía abrir: una solución “a la eslovena”, esto es, dio por válido el referéndum y también dio por declarada la independencia de Catalunya a través de los resultados de ese mismo referéndum. Pero, al mismo tiempo, solicitó al Parlament su suspensión hasta encontrar una vía pactada con el Estado.
Se trata de un gesto abocado al fracaso político porque el Gobierno no puede asumir la premisa de la validez del referéndum y el marco jurídico del Procés, pero también de un gesto por el diálogo que debe ser tenido en cuenta. Por el camino, ha concitado un amplio consenso internacional y en las filas de los partidos catalanes (PSC y En Comú Podem especialmente) sobre la necesidad de la mediación y el diálogo para dar una salida a la situación en Catalunya.
(2) En el Gobierno: Mariano Rajoy recibió la declaración de Puigdemont con un plan y habiendo anticipado varios escenarios a través del diálogo fluido que mantiene con PSOE y Ciudadanos. Toda una novedad tras el fracaso de la improvisación y la política de hechos consumados al que nos tenía acostumbrados en los últimos meses. Tras un acuerdo con el PSOE, ha puesto en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución de forma soft. El Gobierno se dispone así a tratar de resolver una crisis sin precedentes en Catalunya suspendiendo el autogobierno democráticamente escogido por los catalanes. Esto, en un momento en el cual millones de personas están pidiendo el reconocimiento de la soberanía del pueblo catalán.
Rajoy ha decidido orillar la posibilidad del diálogo mientras que, hasta la fecha, ha fracasado también en sus intentos de frenar las demandas de las instituciones y buena parte de la ciudadanía catalana. No le ha servido la vía represiva que únicamente ha provocado un aumento de los catalanes sensibles a la demanda del derecho a decidir. Tampoco le ha servido la defensa numantina e inmovilista del status quo, que sigue mostrando un agotamiento endémico.
(3) En el PSOE: finalmente, Pedro Sánchez tiene un acuerdo con el Gobierno de España. Este acuerdo consiste en un cierre de filas con los grandes poderes oligárquicos expresado en el apoyo a la suspensión de la autonomía catalana. Este apoyo lo ha intercambiado por la apertura de una comisión para estudiar una reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. El cierre de filas, recordémoslo, fue ordenado por el Rey en su discurso del pasado martes tres de octubre.
Sánchez aspira de esta manera a jugar el papel de “hombre de Estado” siguiendo la línea de las últimas décadas en el PSOE: ante todas las situaciones críticas que se han producido, acordar con el PP grandes acuerdos, además de obedecer a la disciplina impuesta por Felipe VI. En términos políticos supone un planteamiento idéntico al de la reforma exprés del artículo 135 en 2011: ante la duda y la ausencia de proyecto propio, adhesión con matices leves a los planteamientos y al proyecto del PP.
Sánchez retoma así la línea política que siempre mantuvieron aquellos dirigentes a quienes venció en las primarias prometiendo una ruptura y un nuevo PSOE. Segunda oportunidad para cambiar el rumbo y segunda oportunidad perdida, segunda decepción para los centenares de miles de militantes y votantes del PSOE.
(4) En Ciudadanos: Rivera ha protagonizado un giro discursivo en las últimas semanas. Ha pasado de ocupar el papel de la derecha moderada y ubicarse en el centro político entre PP y PSOE a situarse en la posición más extrema del arco parlamentario en lo que tiene que ver con Catalunya. Con dos resultados, uno cierto y otro incierto: nadie ha contado con él para aplicar la suspensión de la autonomía catalana o abrir una comisión en el Congreso, pero tendrá que apoyar ambas medidas porque se ha convertido en un apéndice del PP; y ha calculado que Inés Arrimadas puede tener un papel importante que ejercer en unas hipotéticas elecciones en Catalunya y aspirar a formar gobierno con una mayoría alternativa. Probablemente exigirán la aplicación del 155 para una convocatoria electoral. Es una apuesta. Nada más.
(5) En Podemos: el campo político del cambio lleva semanas clamando por el diálogo entre el Gobierno y el Govern. Es una apuesta arriesgada porque otorga la iniciativa a dos actores políticos y nos sitúa simplemente como mediadores, pero no como agentes en la resolución del conflicto. Es una posición decente y comprometida que hemos defendido en compañía de decenas de miles de personas que han salido a las calles con banderas blancas en un conflicto identitario – una situación inédita en la Historia contemporánea-. Pero exigirá un paso más: el campo político del cambio tiene la responsabilidad de extender el impulso constituyente que vive Catalunya al conjunto de España definiendo una hoja de ruta para la refundación de nuestro país.
Lo contrario supone la cronificación de un conflicto que no van a resolver quienes lo han generado, aunque deben dialogar para que la escalada de tensión amaine. Los conflictos políticos no se solucionan con un punto medio entre dos partes, sino con propuestas superadoras. Y España no solo tiene una crisis de Estado definida por la crisis territorial; la crisis es también social, económica y política.
¿Qué consecuencias tiene este escenario?
En el corto plazo: la acción del Gobierno, ahora respaldado por PSOE y Ciudadanos, va a generar más tensión aún en Catalunya. Lejos de resolver nada, un conflicto que arranca pidiendo el reconocimiento de la soberanía de un pueblo no se va a resolver disolviendo su autogobierno. España no se puede imponer. Las comunidades políticas del siglo XXI se basan en la voluntad de ser, en un horizonte compartido. La tarea es construir el horizonte común y conectar lo que se ha desconectado. Retirarle a Catalunya la autonomía que Suárez y el Rey tuvieron que restaurar tras 40 años de dictadura es volver a una situación autoritaria y, en términos de gestión del conflicto, inútil y torpe.
En el medio plazo: la ausencia total de diálogo entre actores y la insistencia de la España imperial en abrirse paso a sangre y fuego solo puede derivar en un empeoramiento del conflicto. Es de suponer que Rajoy es más torpe que perverso pero, sea por inquina o por ineptitud, cabalga hacia una “ulsterización” de Catalunya. Ante el desprecio de la posibilidad de recoger una salida “a la escocesa” a través de un referéndum pactado, solo cabe una escalada que no va a traer nada bueno para nadie.
En el largo plazo: Mariano Rajoy no es el mejor estadista del mundo, pero es un magnífico tacticista. Lo que ha pactado con Pedro Sánchez se va a escenificar como el mejor de sus sueños: Cánovas y Sagasta repartiéndose la alternancia en el gobierno y las posiciones simbólicas. El joven impulso reformista y el conservadurismo maduro. En realidad, ha convertido a Pedro Sánchez en un muñeco de trapo: a cambio de una comisión parlamentaria – que ya veremos dónde va, si es que va a algún lado- ha iniciado el camino de la restauración. Hagamos algunos cambios en la constitución formal – el texto constitucional del 78 -, pero mantengamos intacta la constitución material y el dominio del bloque de poder que gobierna este país desde hace cuatro décadas. Ajustemos los significantes para no alterar, en absoluto, los contenidos y el significado de la palabra España.
Hay tres disputas abiertas, las tres heridas por las que sangra España en el arranque del siglo XXI: la crisis territorial en que se discute si España sigue siendo un Estado unitario – que lo es aunque delegue competencias a las autonomías – o camina hacia un Estado plurinacional y se federaliza o confederaliza; las crisis social y económica en que se discute si somos capaces de construir un modelo productivo que garantice el Estado de Bienestar y los derechos sociales para la mayoría o si seguimos descendiendo la pendiente de la precarización de la vida para empobrecernos definitivamente y se asienta la sociedad más desigual de nuestra historia reciente; y la crisis de representación en que discutimos si democracia son los parlamentos y sus procedimientos, los gobiernos y sus decretos, o democracia son procesos populares y de participación, si es lo constituído o lo constituyente. La tensión es entre la vuelta del pasado o la apuesta por el futuro: entre la restauración del orden tras años de revolución ciudadana o la puesta al día de nuestras instituciones para construir un país que no deje a nadie atrás.
Reconozco el desconcierto: tras las primarias en que Pedro Sánchez derrotó al aparato tradicional del PSOE muchos en Podemos, su núcleo dirigente desde luego, alteramos sustancialmente nuestros análisis de la realidad política española: asumimos que se abría la posibilidad de encontrar en un PSOE nuevo un aliado para impulsar las transformaciones que nuestro país necesita para avanzar en un sentido progresista.
El pacto Rajoy-Sánchez es un duro golpe para las aspiraciones progresistas de este país, pero solo cambia lo superficial. Los procesos sociales son mucho más que los dirigentes políticos. No se va a producir un cierre restaurador en España sin medio país. Los sectores progresistas de nuestro país constituyen una mayoría social y electoral que anhelan algo más que el “más de lo mismo”. Este país de países, España, vive atravesado por una revolución de su cultura política que sacudió las plazas en mayo de 2011. Es responsabilidad de los dirigentes políticos del cambio construir un horizonte de transformación que supere el estado actual de cosas. Estamos en ello.
Estos días dejan, a pesar del aparente estado de pesimismo, una certeza: España tiene futuro; Rajoy, no.
La voladura del Régimen del 78Como no todo iba a ser llanto y rechinar de dientes, la crisis en Catalunya puede acabar logrando lo que parecía imposible: abrir los candados de la reforma constitucional, cerrada con más llaves que el sepulcro del Cid. En ese compromiso parece haber embarcado el PSOE al PP, y si finalmente es posible inaugurar un tiempo nuevo y se permite, como decía Jefferson, que los vivos y no los muertos sean los dueños del presente, la democracia española debería erigir un monumento al independentismo por los servicios prestados.
Llega tarde, quizás demasiado, pero la voladura controlada del llamado Régimen del 78 era una necesidad inaplazable. Es imposible disimilar por más tiempo los fétidos olores que se desprenden de una Constitución difunta que ya ni el formol es capaz de disimular. Se hizo vieja por falta de uso y ha terminado siendo el fortín de los privilegios de algunos y el papel mojado de los derechos del resto. Es lógico desconfiar de la voluntad real de algunos de acometer la catarsis, aunque una vez abierto el melón será difícil impedir que cada cual exija su porción del postre.
Por alguna extraña razón, modificar la Constitución se había convertido en una misión imposible, salvo para emprender esa vergonzosa reforma exprés en la que se anteponía el pago de la deuda al bienestar de la población. Todos los textos constitucionales del mundo podían cambiar menos la Biblia española, que parecía haber sido dictada por el Espíritu Santo al oído de siete señores, sus ponentes, y por eso nadie quería cometer el sacrilegio de alterar una sola coma del texto sagrado de la dichosa paloma. Cierto es que su blindaje desanima bastante. Modificar una palabra de su corpus principal no sólo requiere una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado sino que exige disolver las Cámaras para que las nuevas Cortes lo refrenden en idéntica proporción. De ahí que no sólo sea preciso el consenso sino hacer coincidir los cambios con el final de la legislatura por la resistencia natural de sus señorías a hacerse el haraquiri antes de tiempo.
La reforma se plantea inicialmente sobre el modelo territorial a la búsqueda de un traje de fiesta para permitir que Catalunya acuda al baile siempre que prometa regresar a casa antes de medianoche, pero forzosamente tendrá que complacer no sólo a los territorios sino también a los ciudadanos. Todo lo que no sea un verdadero proceso constituyente sonará a broma pesada. Ha de representar el fin de esas ficciones tan monas que aseguran a los parados de larga duración el derecho al trabajo y a los que viven debajo de un puente disponer de una vivienda digna. De nada vale tener un derecho que no puede ser reclamado ante los tribunales.
El objetivo inicial, por tanto, es renovar el Título VIII y acabar con ese café para todos que llevamos cuarenta años bebiendo y nos ha puesto como motos. Se verá entonces hasta dónde se está dispuesto a llegar en la descentralización y en el reconocimiento de un Estado que no puede ocultar por más tiempo una plurinacionalidad que, lejos de debilitarle, le robustece. ¿Que será imposible que el PP y la derecha en general suban a bordo en esa travesía? A veces recorriendo la frontera de lo posible se termina por poner un pie en lo improbable.
No ha de ser la única meta. Como se ha dicho aquí alguna vez, se ha de conceder a las nuevas generaciones su inalienable derecho a gobernarse, y ese es el que reclaman quienes nacieron después de 1978 y sólo han oído hablar de Fraga a Pablo Iglesias. En sus manos ha de estar, de entrada, elegir la forma del Estado, un debate que aterroriza a la monarquía mucho más que la secesión catalana.
Es legítimo dudar de que estemos ante una voluntad sincera de cambiar las cosas y que todo sea una simple maniobra de distracción. La mentira tendría las patas muy cortas. Sería el suicidio de un país que ya no se reconoce, al que hay que dar una salida y que está dispuesto a agarrar su futuro aunque sea por el cuello. De ahí el optimismo.
Juncker no quiere que Catalunya se independice, porque "otras regiones harían lo mismo"
"No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años
esté formada por 90 países, sería imposible", asegura el presidente de
la Comisión Europea.
El presidente de la
Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha advertido de que que si
Catalunya se independizara de España, otras regiones europeas harían lo
mismo, y ha añadido que el Ejecutivo comunitario no actúa como mediador
en esa situación porque se crearía "más caos" en la Unión Europea (UE).
"Si Catalunya se convierte en (un Estado) independiente, otros harían lo mismo.
Eso no me gusta. No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté
formada por 90 países, sería imposible", afirmó el político durante un
diálogo ciudadano con estudiantes en la Universidad de Luxemburgo.
El jefe del Ejecutivo comunitario también ha explicado que la Unión Europea no piensa intervenir como mediador para
salir de la crisis, a pesar de que así lo hayan solicitado desde la
Generalitat, y ha recalcado que cuando ha asumido ese papel lo ha hecho
"entre Estados miembro".
La UE no hará de mediadora
Además ha señalado que "sólo una parte" ha llamado a
la mediación europea y que ni él ni el presidente del Consejo europeo,
Donald Tusk, podrían hacerlo porque "crearía mucho más caos" en la Unión
Europea.
El exprimer ministro luxemburgués se ha mostrado "preocupado"
por el desafío independentista y por el hecho de que la búsqueda de una
identidad propia lleve a muchos a pensar que esa identidad "es
incompatible" con la de otros.
Juncker también ha revelado que "hace tiempo" que en
sus contactos con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le había
pedido que tomara "iniciativas" para que la situación "no se fuera de control".
El jefe del Ejecutivo comunitario ha hecho estas
declaraciones en alemán y ha bromeado con que elegía este idioma para
que "nadie en Catalunya lo entienda".
En otra charla con espectadores y 'youtubers' el
pasado septiembre, unas declaraciones suyas pronunciadas en francés y en
las que afirmó que sólo respetaría un referéndum avalado por el
Tribunal Constitucional crearon gran polémica por las distintas
interpretaciones que se les dieron.
URUGUAY
ASCOT realizó paro y caravana; reclamó trabajo para los 21 desempleados de Raincoop
En el mediodía de ayer, la Asociación Sindical de
Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT) se reunió en asamblea
general en la explanada de la Intendencia de Montevideo (IM) y luego
emprendió una caravana que pasó por los ministerios de Economía y
Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, por la sede de Presidencia de
la República y finalizó en el Palacio Legislativo. El coordinador del
secretariado de ASCOT, Miguel Marrero, dijo a la diaria que la
medida se tomó para reclamar dos cosas: atención a los 21 trabajadores
de Raincoop desocupados que están sin seguro de paro y discusión de la
reforma de transporte propuesta por la IM.
“Para nosotros es absolutamente fundamental y prioritario que se atienda su situación y que tengan un trabajo real”, dijo Marrero sobre la situación de los desempleados de Raincoop, y agregó que desde el 30 de setiembre tienen el seguro de paro vencido, por lo que están “sin seguro y sin posibilidades reales de trabajo”. Además, señaló que están en desacuerdo con la reforma del transporte planteada por la IM, ya que “implica nada menos que perder 27% de los puestos de trabajo” de su sector. “Entendemos que no somos los trabajadores los culpables de esta crisis y no debemos ser los que la paguen”, explicó. Marrero indicó que han hecho “algunas propuestas en este sentido para tratar de que ingrese dinero al sistema y tratar de fortalecer las economías de las empresas sin que eso lo tengan que pagar los usuarios”.
El representante de la ASCOT señaló que “la asamblea resolvió que si en diez días no hay solución o avances significativos en estos temas vamos a instalar una carpa en la puerta de la IM, y en esa carpa nos vamos a quedar hasta que haya realmente algún tipo de solución”. Adelantó que esperan poder entrevistarse con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el intendente capitalino, Daniel Martínez, y el presidente Tabaré Vázquez.
A pesar del intenso frío yuan pertinaz lluvia, cientos de personas se manifestaron pacíficamente en la noche de este jueves frente a la Embajada de EE.UU. en Uruguay, la que estaba vallada y vigilada por varias cámaras, según publicó la central obrera en su sitio web.
La concentración -convocada por la FEUU, el PIT-CNT y distintas organizaciones sociales- por la Paz desplegó sus banderas y consignas en contra del imperio yanki que “ha sido el principal agresor de los pueblos de América Latina desde hace 200 años”, según lo definió el periodista Gabriel Mazzarovich.
En ese marco, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, valoró a LA REPÚBLICA que pese a las condiciones climáticas, “hacemos una evaluación positiva de la movilización”.
Aberrantes declaraciones
El dirigente también indicó al portal de la central obra que esta movida fue “en respuesta a las aberrantes declaraciones de Donald Trump en la ONU que marcan un camino de agresión, de guerrerismo”.
En este sentido Abdala explicó que “curiosamente las guerras son un negocio multimillonario por la venta de armas primero y luego por la reconstrucción de las zonas que destruyeron”.
El sindicalista remarcó que aquellos que se encontraban frente a la embajada estaban abogando “por la Paz de todos los pueblos del mundo, en particular de América Latina y en solidaridad con la Revolución Cubana y la autodeterminación del pueblo venezolano”.
La lectura de la proclama estuvo a cargo de la dirigente María Eugenia Amarilla, representante del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT y de Claudio Arbesún, secretario de asuntos gremiales de la FEUU.
“Para nosotros es absolutamente fundamental y prioritario que se atienda su situación y que tengan un trabajo real”, dijo Marrero sobre la situación de los desempleados de Raincoop, y agregó que desde el 30 de setiembre tienen el seguro de paro vencido, por lo que están “sin seguro y sin posibilidades reales de trabajo”. Además, señaló que están en desacuerdo con la reforma del transporte planteada por la IM, ya que “implica nada menos que perder 27% de los puestos de trabajo” de su sector. “Entendemos que no somos los trabajadores los culpables de esta crisis y no debemos ser los que la paguen”, explicó. Marrero indicó que han hecho “algunas propuestas en este sentido para tratar de que ingrese dinero al sistema y tratar de fortalecer las economías de las empresas sin que eso lo tengan que pagar los usuarios”.
El representante de la ASCOT señaló que “la asamblea resolvió que si en diez días no hay solución o avances significativos en estos temas vamos a instalar una carpa en la puerta de la IM, y en esa carpa nos vamos a quedar hasta que haya realmente algún tipo de solución”. Adelantó que esperan poder entrevistarse con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el intendente capitalino, Daniel Martínez, y el presidente Tabaré Vázquez.
A pesar del intenso frío yuan pertinaz lluvia, cientos de personas se manifestaron pacíficamente en la noche de este jueves frente a la Embajada de EE.UU. en Uruguay, la que estaba vallada y vigilada por varias cámaras, según publicó la central obrera en su sitio web.
La concentración -convocada por la FEUU, el PIT-CNT y distintas organizaciones sociales- por la Paz desplegó sus banderas y consignas en contra del imperio yanki que “ha sido el principal agresor de los pueblos de América Latina desde hace 200 años”, según lo definió el periodista Gabriel Mazzarovich.
En ese marco, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, valoró a LA REPÚBLICA que pese a las condiciones climáticas, “hacemos una evaluación positiva de la movilización”.
Aberrantes declaraciones
El dirigente también indicó al portal de la central obra que esta movida fue “en respuesta a las aberrantes declaraciones de Donald Trump en la ONU que marcan un camino de agresión, de guerrerismo”.
En este sentido Abdala explicó que “curiosamente las guerras son un negocio multimillonario por la venta de armas primero y luego por la reconstrucción de las zonas que destruyeron”.
El sindicalista remarcó que aquellos que se encontraban frente a la embajada estaban abogando “por la Paz de todos los pueblos del mundo, en particular de América Latina y en solidaridad con la Revolución Cubana y la autodeterminación del pueblo venezolano”.
La lectura de la proclama estuvo a cargo de la dirigente María Eugenia Amarilla, representante del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT y de Claudio Arbesún, secretario de asuntos gremiales de la FEUU.
COMCOSUR MUJER
Uruguay: Informe de Mujeres en el Horno da cuenta de obstáculos para acceder al aborto legal
Julieta Núñez (La Diaria)
La organización sin fines de lucro Ibis Reproductive Health, de Estados Unidos, presentó un informe sobre la línea de asesoramiento para el aborto seguro que ofrece Mujeres en el Horno. Ibis hizo un estudio con usuarias de la línea y constató obstáculos y estigmas que giran en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue despenalizada en Uruguay en 2012. Mariana González Pírez, de Mujeres en el Horno, dijo a la diaria que “muchas de las barreras tienen que ver con un estigma cultural: en dónde ponemos a la mujer que interrumpe un embarazo, o con que a veces pensamos si está bien o no, en lugar de pensar que es una decisión completamente personal”.
“Estudios de investigación han demostrado que, incluso en lugares donde el aborto es legal, las mujeres jóvenes, pobres y las que viven máslejos de los proveedores de servicios de aborto corren mayor riesgo de experimentar barreras para acceder a servicios de aborto seguro, incluyendo retrasos para reconocer un embarazo, dificultades para tomar una decisión, miedo a ser juzgadas por el procedimiento, dificultades para pagar los servicios, dificultades para desplazarse a donde se proveen los servicios y falta de autonomía”, comienza el informe. Las cinco investigadoras hicieron entrevistas en profundidad a seis usuarias que habían interrumpido voluntariamente su embarazo entre dos semanas y seis meses antes de marzo de este año, cuando se efectuó el estudio. Las entrevistadas tenían entre 22 y 38 años, y sólo dos tenían al menos un hijo. La atención médica de las usuarias había tenido lugar en clínicas privadas, mutualistas y centros de salud pública.
La mayoría de las entrevistadas experimentaron retrasos en el proceso de interrupción del embarazo, como consecuencia de distintos temas: “Horarios limitados e inconvenientes ofrecidos por los centros de salud fueron algunas de las razones por las que el acceso a los servicios de aborto tardó más de lo necesario. Para las mujeres que trabajan, puede ser difícil o imposible tomarse un día (a menudo, varios días) o ciertas horas del día”.
También hubo un caso en el que una de las mujeres “se encontró con objetores de conciencia en su clínica, situación que se agravó por el hecho de que los proveedores de aborto con disposición estaban de baja sin un reemplazo”. En estos casos, “les fue útil” la asistencia que les proporcionó la línea de aborto seguro al asesorarlas sobre cómo manejar los retrasos institucionales. Además, según sostiene el estudio, a la mayoría de las mujeres no les fueron de ayuda y representaron un retraso adicional los cinco días de espera obligatorios luego de haber solicitado el aborto. A aquellas que estaban seguras de su decisión incluso les generó molestias; sin embargo, a dos que no estaban decididas les sirvió para reflexionar.
“Todas las mujeres mencionaron haberse enfrentado con al menos una forma de costo social o monetario adicional para poder interrumpir su embarazo legalmente”, explica el informe. Entre ellas, se relata el caso de una mujer que “al obtener un ultrasonido en privado para confirmar el embarazo, según se requiere para poder acceder a un aborto legal, se le obligó a escuchar el latido del corazón fetal”.
La línea de aborto seguro (08008843), que es gratuita, confidencial y atendida por mujeres, da asistencia a aproximadamente 15 o 20 mujeres por semana. La integrante de Mujeres en el Horno dijo que lo que se proponen con la línea es ser “una contraparte en los vacíos que existen en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo”. Son parte de una red internacional de líneas de aborto seguro y reciben “capacitaciones constantes”, describió González Pírez.
COMCOSUR MUJER Nº 534 - 02.10.17
Uruguay: Informe de Mujeres en el Horno da cuenta de obstáculos para acceder al aborto legal
Julieta Núñez (La Diaria)
La organización sin fines de lucro Ibis Reproductive Health, de Estados Unidos, presentó un informe sobre la línea de asesoramiento para el aborto seguro que ofrece Mujeres en el Horno. Ibis hizo un estudio con usuarias de la línea y constató obstáculos y estigmas que giran en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue despenalizada en Uruguay en 2012. Mariana González Pírez, de Mujeres en el Horno, dijo a la diaria que “muchas de las barreras tienen que ver con un estigma cultural: en dónde ponemos a la mujer que interrumpe un embarazo, o con que a veces pensamos si está bien o no, en lugar de pensar que es una decisión completamente personal”.
“Estudios de investigación han demostrado que, incluso en lugares donde el aborto es legal, las mujeres jóvenes, pobres y las que viven máslejos de los proveedores de servicios de aborto corren mayor riesgo de experimentar barreras para acceder a servicios de aborto seguro, incluyendo retrasos para reconocer un embarazo, dificultades para tomar una decisión, miedo a ser juzgadas por el procedimiento, dificultades para pagar los servicios, dificultades para desplazarse a donde se proveen los servicios y falta de autonomía”, comienza el informe. Las cinco investigadoras hicieron entrevistas en profundidad a seis usuarias que habían interrumpido voluntariamente su embarazo entre dos semanas y seis meses antes de marzo de este año, cuando se efectuó el estudio. Las entrevistadas tenían entre 22 y 38 años, y sólo dos tenían al menos un hijo. La atención médica de las usuarias había tenido lugar en clínicas privadas, mutualistas y centros de salud pública.
La mayoría de las entrevistadas experimentaron retrasos en el proceso de interrupción del embarazo, como consecuencia de distintos temas: “Horarios limitados e inconvenientes ofrecidos por los centros de salud fueron algunas de las razones por las que el acceso a los servicios de aborto tardó más de lo necesario. Para las mujeres que trabajan, puede ser difícil o imposible tomarse un día (a menudo, varios días) o ciertas horas del día”.
También hubo un caso en el que una de las mujeres “se encontró con objetores de conciencia en su clínica, situación que se agravó por el hecho de que los proveedores de aborto con disposición estaban de baja sin un reemplazo”. En estos casos, “les fue útil” la asistencia que les proporcionó la línea de aborto seguro al asesorarlas sobre cómo manejar los retrasos institucionales. Además, según sostiene el estudio, a la mayoría de las mujeres no les fueron de ayuda y representaron un retraso adicional los cinco días de espera obligatorios luego de haber solicitado el aborto. A aquellas que estaban seguras de su decisión incluso les generó molestias; sin embargo, a dos que no estaban decididas les sirvió para reflexionar.
“Todas las mujeres mencionaron haberse enfrentado con al menos una forma de costo social o monetario adicional para poder interrumpir su embarazo legalmente”, explica el informe. Entre ellas, se relata el caso de una mujer que “al obtener un ultrasonido en privado para confirmar el embarazo, según se requiere para poder acceder a un aborto legal, se le obligó a escuchar el latido del corazón fetal”.
La línea de aborto seguro (08008843), que es gratuita, confidencial y atendida por mujeres, da asistencia a aproximadamente 15 o 20 mujeres por semana. La integrante de Mujeres en el Horno dijo que lo que se proponen con la línea es ser “una contraparte en los vacíos que existen en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo”. Son parte de una red internacional de líneas de aborto seguro y reciben “capacitaciones constantes”, describió González Pírez.
COMCOSUR MUJER Nº 534 - 02.10.17
Atentaron contra el Memorial del Holocausto judío
“Repudio y dolor ante acciones vandálicas y totalitarias
cometidas contra Memorial del Holocausto. Seguiremos luchando por
convivencia en paz”, tuiteó ayer el alcalde del Municipio B, Carlos
Varela Ubal, junto con la publicación de fotografías de pintadas hechas
sobre el monumento ubicado en la Rambla y Bulevar Artigas en la
madrugada de ayer. Este Memorial recuerda la persecución y aniquilación
sistemática y planificada contra los judíos por parte del régimen nazi,
uno de los holocaustos con más víctimas de la historia. Los textos
pintados con grafitis ponían en duda esta masacre, calificándola de “la
mentira más grande de la historia”, entre otras consignas propias de
grupos neonazis. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, repudió
“todo tipo de acto de xenofobia” mediante su cuenta de Twitter y avisó
que el monumento ya había sido limpiado por personal de la comuna.
“Tolerancia y respeto ante todo siempre”, concluyó en el mensaje. A lo
largo del día de ayer, en las redes, se sucedieron los mensajes de
repudio y condena a estas pintadas y a la xenofobia en general.