Trump libera dos mil 800 documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy
La publicación de unos 2.800 documentos hasta ahora clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy, tuvo lugar este jueves bajo el autorizo del presidente de EEUU, Donald Trump. Sin embargo, el mandatario retuvo algunos tras recibir presiones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El presidente de Estados Unidos ha ordenado a su equipo revisar los documentos retenidos o censurados a lo largo de los próximos seis meses, con la idea de volver a pronunciarse sobre el asunto, y quizá publicar alguno más, en abril de 2018, según adelantaron altos funcionarios estadounidenses.
“Hoy ordeno que el velo finalmente se levante” sobre
el último tramo de documentos relativos al asesinato de Kennedy que el
gobierno estadounidense mantiene confidenciales, indicó Trump en un
memorando presidencial.
Los archivos liberados sobre el asesinato de John F. Kennedy
El mandatario aseguró que “el pueblo estadounidense espera y merece el mayor acceso posible” a los archivos sobre ese hito histórico,
pero que, de los 3.100 documentos que poseen los Archivos Nacionales,
“alguna información debe seguir censurada” por el momento debido
a cuestiones de seguridad nacional.
“No tengo otra opción, hoy, que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad de nuestra nación”, afirmó Trump.
Una de las funcionarias que
hablaron con los periodistas confirmó que “la gran mayoría de las
solicitudes” de que Trump mantuviera censurados ciertos documentos
“provinieron del FBI y la CIA”.
A esas agencias les preocupaba que
los archivos expongan “la identidad de individuos implicados y su papel
como informantes de una investigación de seguridad o inteligencia”,
quienes aún pueden seguir vivos hoy, apuntó otro alto funcionario.
“A menudo, también hay datos sensibles relacionados con la identificación de actividades que se llevaron a cabo con el apoyo de organizaciones extranjeras aliadas”, añadió esa fuente.
Entre esas actividades podrían
estar los acuerdos de inteligencia que EE.UU. tenía en 1963 con el
gobierno de México, según aseguró este miércoles a la agencia EFE el
juez federal John R. Tunheim, que entre 1994 y 1998 revisó todos los
documentos oficiales de la Casa Blanca sobre el asesinato de Kennedy.
Esos acuerdos habrían permitido a Washington, según informes de prensa, vigilar las embajadas en la capital mexicana de Cuba y la Unión Soviética, visitadas por el presunto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, seis semanas antes del asesinato.
Los Archivos Nacionales prevén
publicar hoy en su página web las versiones digitales de los documentos
desclasificados, en cumplimiento de una ley estadounidense de 1992.
Trump ha exigido a cada agencia federal que revise cada uno de los tramos censurados “a lo largo de los próximos 180 días”,
hasta el 26 de abril de 2018, cuando ordenará “la publicación de
cualquier información que las agencias no puedan demostrar” que debe
seguir clasificada bajo los parámetros establecidos en la ley de 1992.
Consulte los documentos aquí:
https://www.archives.gov/resea
(Con información de EFE)
Archivos desclasificados develan planes de EEUU para asesinar a Fidel Castro
Archivos del homicidio del expresidente estadounidense John F. Kennedy publicados ayer, que continúan este viernes bajo escrutinio, develan memorandos sobre intentos de asesinar al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Varias organizaciones periodísticas que desde este jueves indagan en los dos mil 891 documentos desclasificados por los Archivos Nacionales difundieron las menciones a la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en complots para provocar la muerte del dirigente cubano.
“Los planes involucraban una serie de esquemas extraños y, en al menos una instancia, comprendían algún contacto con elementos del crimen organizado. Entre los medios considerados estaban el veneno, las píldoras de botulismo y el uso de grupos cubanos del exilio“, indicó un reporte de 1975.
Según el texto, la CIA estuvo envuelta en planes de homicidio contra Fidel Castro en fechas tan tempranas como 1959 o 1960, que comenzaron a gestarse al mismo tiempo que los preparativos para la fallida invasión mercenaria por Playa Girón, ocurrida en abril de 1961.
Otro documento de 1975, sobre la participación de la CIA en esquemas de homicidio a líderes extranjeros, señaló que el fiscal general Robert Kennedy, hermano del expresidente norteamericano, conocía sobre un complot para buscar a un pistolero que disparara contra Fidel Castro.
A decir del material, el fiscal general comunicó al Buró Federal de Investigación (FBI) que la entidad de inteligencia contrató a un intermediario para acercarse al mafioso Sam Giancana con la propuesta de pagar 150 mil dólares con el fin de encontrar a alguien para cometer el asesinato.
En esa misma línea, un memorando del FBI de 1964 describe una reunión en Florida en la que se acordó desembolsar 100 mil dólares por el asesinato de Fidel, 20 mil por el de su hermano Raúl Castro, e igual suma por el del guerrillero cubano-argentino Ernesto “Che” Guevara.
Uno de los materiales hizo alusión a un proyecto de la CIA que estableció un sistema de recompensas financieras para los cubanos por “matar o entregar vivos a comunistas conocidos”.
Quienes presentaran una prueba de muerte “concluyente” y una tarjeta de membresía revolucionaria o partidista de la persona fallecida obtendrían hasta 100 mil dólares si se trataba de un funcionario del gobierno y 57 mil 500 en casos de ser “jefes de departamentos”.
Dos de los planes relatados pretendían aprovecharse del interés del Comandante en Jefe de la nación caribeña en el buceo.
En uno de los casos, que ya se reveló en documentos desclasificados en otras ocasiones, la agencia pretendió utilizar la relación establecida entre el líder cubano y el abogado William Donovan para que este le regalara un traje de buceo contaminado con hongos causantes de una enfermedad cutánea y con el bacilo de la tuberculosis.
Donovan sin embargo, no siguió las indicaciones de la CIA, sino que se presentó con “un traje de buceo sin contaminar como un gesto de amistad”.
Otros intentos mencionados en esos textos incluyen hace explotar una concha marina en las áreas donde Fidel Castro buceaba o inyectarle veneno mediante un bolígrafo con una aguja hipodérmica.
De acuerdo con medios cubanos, los servicios de la Seguridad del Estado de la isla contabilizaron un total de 638 tentativas de asesinato contra el líder revolucionario, fallecido el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años.
CATALUNYA
Directo Catalunya | Sáenz de Santamaría asumirá las funciones de Puigdemont y Junqueras
Sigue al minuto toda la actualidad del día
relacionada con Catalunya, la declaración de independencia y la
aplicación del 155 de la Constitución.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras. - EFE
Tras la aprobación, ayer, de la declaración unilateral de independencia (DUI) en el Parlament, del desarrollo del artículo 155 de la Constitución en el Senado y la posterior convocatoria de elecciones por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, llegan las primeras consecuencias. Público te cuenta, minuto a minuto, toda la actualidad de Catalunya.
(Actualiza aquí esta información)
El Gobierno suprime parte del entramado soberanista de Catalunya y la comisión de investigación del 1-O
El Gobierno ha suprimido parte del
entramado soberanista del Govern, como el Consejo asesor para la
Transición Nacional, así como las delegaciones diplomáticas catalanas.
Además, ha anulado la comisión sobre violación de derechos fundamentales
durante el referéndum del 1 de octubre que se iba a crear para vigilar
el trabajo del Poder Judicial en la investigación de los más de un
centenar de procesos abiertos por las cargas policiales y agresiones
ocurridas aquella jornada.
Miles de personas llenan la plaza de Colón para defender la unidad de España
Miles de personas se han concentrado hoy
en la plaza de Colón de Madrid, ataviados con numerosas banderas de
España, para defender la unidad de España y la Constitución. La
Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) ha convocado el
acto, al que han acudido, entre otros, el vicesecretario del PP Pablo
Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
En la plaza, cuyas calles aledañas están
cortadas y que muestra un ambiente festivo con la música de Melendi y
Raphael, han podido verse banderas de apoyo a la Guardia Civil y
carteles con el lema 'Puigdemont a prisión', entre otros.
El comisario Ferrán López sustituirá a Trapero en la jefatura de los Mossos
El Comisario Superior de Coordinación
Territorial de los Mossos d'Esquadra, Ferrán López, sustituirá a Josep
Lluis Trapero al frente del cuerpo después de que el Gobierno haya
cesado al hasta ahora mayor, investigado por sedición como supuesto
responsable de la inacción del cuerpo el 1-O.
Fuentes cercanas al gobierno han indicado a
Efe que se ha tomado esta decisión al considerar que lo lógico es
aplicar la normativa de la policía autonómica para el nombramiento de
este tipo de cargos. Además, han añadido, que con ello se mantiene el
espíritu de colaboración con Cataluña y la lealtad con la comunidad
autónoma y su policía.
Sánchez asegura que en el 21-D ganarán "los que no van contra nadie"
El secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, ha vaticinado que la convocatoria electoral para el 21 de
diciembre en Catalunya será un escenario en el que quienes ganarán serán
"los que no van contra nadie y están a favor de la convivencia entre catalanes", entre ellos el PSOE.
Así lo ha puesto de manifiesto en su
intervención durante la apertura del XI Congreso Regional del PSOE
castellano-manchego donde Emiliano García-Page revalidará su liderazgo,
escenario donde ha lamentado que el Estado de Derecho "esté siendo
violentado en Catalunya por los que están ahora en una órbita secesionista".
En su opinión, "nadie ha hecho más contra el autogobierno de Catalunya que el secesionismo", que está "traicionando el catalanismo que nunca renunció a España y que logró el mayor nivel de autogobierno más amplio y ambicioso de la historia".
Los partidos catalanes tienen tres semanas para organizar coaliciones electorales y listas de partidos
Los partidos que quieran concurrir a las elecciones autonómicas catalanas del próximo 21 de diciembre van a tener tres semanas para organizar las listas, decidir si se coaligan y elegir candidatos,
según los plazos que marca la ley electoral general (LOREG), la que
regirá en estos comicios como en todos los que celebra Catalunya, única
comunidad que no tiene ley electoral propia.
Las elecciones autonómicas se celebrarán el primer día que según los plazos de la ley es posible, el 21 de diciembre, exactamente 54 días después de que se publique este sábado el decreto de convocatoria.
El delegado de la Generalitat en Madrid estudia denunciar su cese porque "no hay ningún argumento"
El delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, ha explicado este sábado que estudia denunciar ante la justicia su cese este viernes por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
"En algún momento u otro alguna denuncia
se podrá producir porque yo me considero lesionado en mis derechos", ha
explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Mascarell
ha explicado que "no hay ningún argumento" que le pueda
convencer de que alguien le pueda echar de su trabajo y ha asegurado que
solo lo pueden hacer las personas que le nombraron para el cargo -el
presidente del Govern, Carles Puigdemont-.
El presidente de Murcia pide que los instigadores del 1-O sean juzgados "ya"
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este sábado que los instigadores del referéndum catalán "deben ser juzgados y condenados", para lo que "no hay tiempo que perder, hay que actuar ya" contra esa "chapuza ilegal".
En un comunicado, señala que con la
convocatoria de comicios autonómicos en Catalunya "por fin todos los
catalanes van a poder votar en libertad y en unas elecciones que serán
completamente legales", pues "solo así se puede restablecer el orden
democrático en Cataluña".
Egibar cree que en el "diseño de Estado" de PP y PSOE se contempla ilegalizar formaciones políticas catalanas
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba
Egibar, ha afirmado que no le cabe duda de que en el "diseño de
Estado", y en nombre de la "democracia y la libertad", se contempla que "determinada formación política" de Catalunya sea "ilegalizada", invocando la Ley de Partidos. "Esa es la democracia y la profundización democrática que nos ofrecen PP y PSOE", ha añadido.
En declaraciones a Radio Euskadi, el
también presidente del GBB del PNV se ha referido a la situación que se
vive en Catalunya y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Cuestionado por la propuesta de EH Bildu
de que la Cámara vasca reconozca la República catalana, Egibar ha
indicado que "ya nos hemos manifestado al respecto en distintas
resoluciones del Parlamento vasco".
Tras afirmar que el PNV "siempre" ha
"respetado y acompañado las decisiones de las instituciones legítimas de
Catalunya", el dirigente jeltzale ha indicado que cualquier decisión que se adopte irá "en esa dirección".
Todo el poder para la vicepresidenta
En el decreto de cese de Puigdemont
publicado en el BOE, se especifica en su artículo 3, que "el Presidente
del Gobierno de la Nación asume las funciones y competencias que
corresponden al Presidente de la Generalitat de Catalunya, previstas en
el Estatuto de Autonomía, en la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la
presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y en las demás
disposiciones autonómicas que resulten de aplicación".
Sin embargo, no será Rajoy quien asuma las funciones de Puigdemont. El presidente ha decidido delegar en su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, tal
y como se detalla en el artículo 7: "De conformidad con lo establecido
en el artículo 20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el
Presidente del Gobierno de la Nación delega las funciones que se le
atribuyen el artículo 3 de este Real Decreto en la Vicepresidenta del
Gobierno y Ministra para las Administraciones Territoriales". Con
ello, asume también el control del Centro de Estudios de Opinión, la
Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Genelatitat
de Catalunya (EADOP),el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información (CTTI) y el Centro de la Seguridad de la Información de
Catalunya (CESICAT), entre otras entidades.
Será ella, por tanto, quien se
otorgará todo el poder en Catalunya hasta la celebración de las
elecciones, el 21-D, ya que, además, a ella también le corresponde, ya
como vicepresidenta, asumir las funciones de quien hasta hoy era su
homólogo en la Generalitat, Oriol Junqueras.
El BOE publica los ceses de Puigdemont, Junqueras, los consellers y los altos cargos de los Mossos d'Esquadra
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado de madrugada los
decretos aprobados ayer por el Consejo de Ministros extraordinario que
Rajoy convocó para desarrollar las medidas previstas en el acuerdo que
desarrolla el artículo 155 de la Constitución. Es decir, el cese de Puigdemont, Junqueras, los consellers, otros cargos de la Generalitat como el director general de los Mossos, Pere Soler,
el trasvase de competencias desde las consellerías a los ministerios,
el cierre de embajadas y otros organismos de la Generalitat y la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre (21-D).
El Gobierno ha eludido incluir en
estos reales decretos la frase habitual en estos casos en la que se
agradece a los destituidos los "servicios prestados".
Del mismo modo, ha eludido dicha expresión en el decreto que, pese a que no se prevía ayer aunque fuera una probabilidad, se produce el cese del Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep LLuis Trapero, por parte del ministro Juan Ignacio Zoido.
Puigdemont no ha cometido delito de rebelión, según el redactor del mismo
El Código Penal de 1995
establece, en su artículo 472 que "son reos del delito de rebelión los
que se alzaren violenta y públicamente" para derogar la Constitución
(1º) o declarar la independencia de una parte del territorio nacional
(5º).
En base a ello, hay quien baraja la
posibilidad de que Puigdemont, su Govern y hasta los diputados del
Parlament que ayer votaron la DUI -aunque se hizo mediante la fórmula
del voto secreto- podrían haber incurrido en dicho delito.
Sin embargo, el propio redactor de dicho delito considera que "no hay encaje penal" para ello. El exparlamentario Diego López Garrido (exportavoz
del grupo socialista en el Congreso, aunque sus inicios en política
fueron como independiente en la coalición de IU) así lo ha considerado
en unas declaraciones a la Cadena Ser en las que explica cómo se redactó el llamado en su día nuevo Código Penal de la democracia. que fue aprobado con el acuerdo del PSOE, IU y los nacionalistas vascos y catalanes.
"Quise dejar claro que el tipo penal de la rebelión es cuando se alza violenta y públicamente",
matizó Garrido. Por ello, considera "no es solamente declarar la
independencia", como ayer hizo el Parlament de Catalunya, sino que tiene
que hacerse de forma "violenta". Por ello, el artífice de este artículo
no cree que ni Puigdemont ni el resto de su Govern o los diputados
hayan cometido este delito.
Medio centenar de procesos judiciales
Tras haber fracasado la opción política, tanto por parte del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, como de su homólogo en el Gobierno central, Mariano Rajoy,
llega el turno de la Justicia: El Constitucional y el Supremo abordan
la Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación del 155; la
Audiencia Nacional (AN), el delito de sedición; el Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de Catalunya, las normas aprobadas para el 1-O y la
independencia; y los juzgados investigan las agresiones policiales del
referéndum del 1 de octubre. Aquí lo cuenta todo Julia Pérez.
Catalunya: El rey avala la aplicación del artículo 155
"España tiene que hacer frente a un inaceptable
intento de secesión en una parte de su territorio nacional y lo
resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro
del respeto a nuestra Constitución", asegura el monarca durante la
entrega de los premios Princesa de Asturias.
El rey durante su discurso en la entrega de los premios Princesa de Asturias. | EFE
El rey Felipe VI ha
avalado este viernes la aplicación del artículo 155 de la Constitución
en Catalunya , que implica la suspensión de su autonomía, al asegurar
durante la entrega de los premios Princesa de Asturias que Catalunya "es y será una parte esencial" de España. En
presencia de del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y de las tres
máximas autoridades de la UE, el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la
Eurocámara, Antonio Tajani, que han recogido el Premio a la Concordia
concedido a la UE, Felipe VI ha dicho: "España tiene que hacer frente a
un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio
nacional y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones
democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a
los valores y principios de la democracia parlamentaria".
Felipe VI ha reafirmado la fortaleza del Estado
ante el desafío independentista durante su discurso en la ceremonia de
entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada en el Teatro
Campoamor de Oviedo.
"Ningún proyecto de futuro se puede construir
basándose en romper la convivencia democrática. Ningún proyecto de
progreso y libertad se sustenta en la desafección, ni en la división,
siempre dolorosa y desgarradora de la sociedad, de las familias y de los
amigos. Y ningún proyecto puede conducir al aislamiento o al
empobrecimiento de un pueblo", ha advertido el Rey ante el plan
independentista.
La intervención del jefe del Estado ha sido la primera desde el mensaje extraordinario que dirigió a los españoles el pasado 3 de octubre,
dos días después de la votación ilegal, y llega en víspera de que el
Gobierno apruebe la aplicación del artículo 155 para poner freno al
proyecto de ruptura en Catalunya.
Lejos de que el desafío independentista desgaje el
país, el rey ha garantizado que la España del siglo XXI, "de la que
Catalunya es y será una parte esencial", debe basarse "en una suma leal y
solidaria de esfuerzos, de sentimientos, de afectos y de proyectos".
Una suma, ha proseguido, que "siga alimentando
nuestra vocación universal, nuestro legítimo orgullo de pertenecer a la
gran realidad democrática que es Europa".
Don Felipe ha entablado un paralelismo entre el proyecto europeo y el de una España "cimentada en el deseo sincero de convivencia
y de entendimiento, en el respeto de las normas y de las reglas de la
democracia, en reconocer con grandeza y generosidad los errores del
pasado para no caer de nuevo en ellos".
Apelando a lo que fue la Transición, el Rey ha
subrayado que la democracia se cimentó en una España en la que todos los
ciudadanos, al margen de su procedencia o ideología, tuviesen "la
oportunidad de encontrar su lugar en paz y libertad, sin temores, ni miedos a la imposición, ni la arbitrariedad, alejados del rencor y las fracturas".
Una España "abierta y solidaria" en la que "pudieran
reconocerse todos y cada uno de los españoles" y en la que los pueblos
que la integran "viesen protegidas, reconocidas y respetadas sus
lenguas, sus culturas, sus tradiciones y sus instituciones".
Incidiendo en el actual momento que vive el país,
don Felipe ha exhortado a tener siempre presentes estos ideales, "como
los que estuvieron en la razón de ser de la UE".
"Por eso Europa, la Unión Europa, forma parte del ser de esa España
y transciende a los Estados con respeto a todas nuestras identidades y
sensibilidades. Una Unión que dé respuesta a la modernidad, que
indudablemente avanza hacia una mayor integración y convergencia. Ése es
el signo de nuestros tiempos, del mundo en que vivimos", ha sostenido.
En la gala de los Premios que más carga política ha
tenido de los últimos años, Felipe VI ha remarcado que "los españoles
no olvida, ni olvidarán", que la UE ha sido siempre una referente en el
origen y la consolidación de la democracia.
Dirigiéndose a Juncker, Tajani y Tusk, a los que ha
agradecido su presencia en el Teatro que simboliza el compromiso, el
apoyo y la solidaridad de la instituciones europeas con el sistema
constitucional español, les ha dicho que "pueden estar seguros" de que
la UE encontrará en España "un país esencial de apoyo y lealtad ante los
nuevos desafíos que juntos" se han de afrontar.
Un camino que debe recorrerse "acompañados de la razón, la palabra y el respeto a las reglas de convivencia"
y de los tres principios europeos "indisociables", como son la
democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho, ha
destacado el Monarca.
Ha admitido que en los tiempos "duros y difíciles"
que se atraviesan, es necesario "más que nunca" reivindicar los
principios democráticos en los que se sustenta la convivencia.
"Son tiempos para la responsabilidad. Nuestros
ciudadanos lo merecen. Unos ciudadanos que desean convivir y progresar
en paz y que diariamente ofrecen un ejemplo de sacrificio, entrega y
compromiso con su país", ha concluido.
Además de Rajoy, a la ceremonia han asistido a la
ceremonia varios ministros, el presidente de Asturias, Javier Fernández,
y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, mientras que el secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha ausentado.
Felipe VI ha dedicado la primera parte de su
discurso a hablar de los Premios Princesa de Asturias y a reconocer, uno
a uno, la trayectoria de los galardonados, de los que ha dicho sentirse
"profundamente orgullosos".
No obstante, ha dedicado sus primeras palabras a
expresar su solidaridad con Galicia, Asturias, Castilla y León y también
Portugal después de los incendios sufridos en los últimos días.
El PSOE pide poner ya fin a esta "etapa de deslealtad" y aplicar el 155
Apoya una actuación “limitada y breve”, y dice que el
Estado no puede ceder ante la “inadmisible amenaza” de Puigdemont de
proclamar la independencia
El
secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante la rueda
de prensa que ha ofrecido hoy en la sede de Ferraz. / EFE
Con toda contundencia, el
secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, instó al Gobierno
a poner fin lo antes posible a lo que considera una “etapa de
deslealtad” de los dirigentes de Catalunya, para responder desde el ámbito constitucional y democrático a través del artículo 155 de la Carta Magna.
Para Ábalos, urge ya acabar con esta “serie agónica” que está viviendo el país y con el “desgates y desasosiego que está generando” porque, en su opinión, ni es bueno para las expectativas del país ni para la convivencia de sus ciudadanos.
En este sentido, indico que el Gobierno debe tomar la
iniciativa para recuperar la legalidad y la normalidad democrática, “y
reestablecer el autogobierno en Catalunya, absolutamente despreciado por sus dirigentes”, afirmó.
Ábalos respaldó la aplicación del artículo 155,
pero no quiso adelantar la posición definitiva del PSOE. “Cuando
conozcamos las medidas del Gobierno, ya diremos si nuestro respaldo es
absoluto o relativo”, dijo.
Lo que sí especificó el dirigente socialista es que
el PSOE quiere una aplicación del artículo 155 que obedezca al único
propósito de reestablecer el cumplimiento de la legalidad, y que vuelva la normalidad democrática. Además, pidió que sea un aplicación lo más breve posible.
En cuanto al comunicado de Carles Puigdemont, el
secretario de Organización del PSOE indicó que, una vez más, el
presidente de la Generalitat no ha contestado a lo que se le requería, y
añadió que no podían admitir la advertencia hecha, de que si se
aplicara el 155 convocaría un pleno para declarar la independencia. En
este sentido, afirmó tajantemente que la democracia y el Estado de Derecho “no pueden ceder ante esta inadmisible amenaza”, afirmó.
Ábalos calificó de “tramposa” la oferta de diálogo de
Puigdemont porque sólo pretende negociar la secesión de Catalunya. “Ese
marco no lo podemos aceptar. Ni vamos a negociar la independencia de Catalunya, ni asumiremos una negociación bilateral con un supuesto mini-Estado”.
En este sentido, lamentó que se cierren a dos vías de diálogo
tan importantes como son el modelo territorial y la reforma
constitucional, “que es donde se puede negociar y acordar el modelo de
convivencia de todos los españoles”, dijo.
CHILE
Organizaciones piden a fuerzas políticas de Chile y Uruguay no avanzar en TLC entre ambos países
Luego
de las presiones del presidente Tabaré Vázquez al Frente Amplio
Uruguayo, donde un grupo importante de sus fuerzas políticas se oponen
al TLC con Chile, este viernes la coalición oficialista oriental se
reunirá para analizar el tema. Al respecto, la plataforma Chile Mejor
sin TLC afirmó que práctica de negociaciones secretas y sin fundamentos
técnicos debe detenerse.
Paulina
Acevedo, del Observatorio Ciudadano y la Plataforma Chile Mejor sin
TLC, comentó que “este acuerdo está lejos de tener como foco la unión y
bienestar de los pueblos. Se trata de un acuerdo comercial de última
generación que contiene normas y mecanismos de solución de controversias
que limitan ámbitos derechos esenciales de las personas". Acevedo
agregó que “este TLC supedita la protección del medio ambiente y los
derechos laborales a las reglas del mercado y la acción impropia de las
empresas trasnacionales, sin respetar además el derecho a la consulta
indígena que debe habilitarse durante la tramitación legislativa de este
tipo de acuerdo".
Por
su parte, Esteban Silva, de Fundación Constituyente XXI y también
miembro de Chile Mejor sin TLC, afirmó que el tratado entre Chile y
Uruguay “no tuvo ni ha tenido diálogo ni consulta previa informada ni
participación de las organizaciones sociales y de las y los trabajadores
de ambos países, a pesar de que se trata de dos gobiernos que se
califican de progresistas”.
Las
organizaciones deploraron además, que se use el capítulo de Género y
Comercio como un argumento para validar el tratado, pues el texto de
conocimiento público, no contiene nada vinculante, como sí lo tiene el
capítulo de Inversiones. Por ello, calificaron el capítulo de Género
como “una utilización de esta justa demanda de nuestras sociedades para
blanquear los aspectos más cuestionables del Tratado”.
Desde
la plataforma Chile Mejor sin TLC se hizo, un llamado a los
parlamentarios de Chile y Uruguay a no ratificar este TLC y exigir como
requisito previo, primero, la realización de estudios independientes
efectuados en conjunto por instituciones de Chile y Uruguay sobre su
impactos y alcances. Y, segundo, la participación activa de las
organizaciones sociales y de trabajadores de ambos países en el debate
previo sobre los estudios de impacto del TLC ante ambos parlamentos.
En
tal sentido insistieron en la idea de Moratoria, es decir, que el
Parlamento chileno no vote más tratados de Libre Comercio mientras no se
realicen los estudios de evaluación de los implementados hasta el
momento.
Vocera de machi Linconao: “Hay persecución y racismo del Estado contra los mapuches”
Gonzalo Castillo |Jueves 26 de octubre 2017 16:48 hrs.
Ingrid
Conejeros, werkén de la machi Francisca Linconao, acusó racismo y
persecución política del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche, y
que la herramienta jurídica a través de la cual genera estigmatización
hacia los comuneros es la Ley Antiterrorista, en una suerte de “guerra
de baja intensidad”, denunció la vocera de la autoridad ancestral.
El
caso Luchsinger Mackay sigue generando reacciones tanto entre los
familiares del matrimonio fallecido como entre los cercanos a los once
imputados, quienes fueron absueltos este jueves luego de pasar 19 meses
en prisión preventiva.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Ingrid Conejeros, vocera de la machi Francisca Linconao, valoró el trabajo realizado por los abogados defensores de los once imputados en este caso, labor que calificó como “muy potente”, y que vino a sustentar la convicción que la machi Linconao siempre expresó respecto de su inocencia.
Además, la vocera de la machi Linconao manifestó su alegría por el fallo dictado por el Tribunal de Garantía de Temuco y reiteró que todo el proceso judicial fue producto de un montaje en contra de los comuneros acusados del asesinato del matrimonio, ocurrido el 4 de enero de 2013.
“La defensa hizo un trabajo muy potente, la defensa de todos los imputados, para establecer lo que nosotros siempre hemos dicho: que esto fue un montaje, que no había pruebas para imputar a ninguno para involucrar a ninguna de las personas que estaban siendo imputados, así que lo tomamos con bastante alegría y sentimos que se hizo justicia”.
Ingrid Conejeros sostuvo que el juicio en el caso Luchsinger-Mackay, así como otros procesos judiciales abiertos en contra de comuneros mapuches, es parte de una “persecución” de parte del Estado, y que más aún, hace uso de la Ley Antiterrorista, “una ley que viola las garantías legítimas de las personas y de los procesos y que castiga a las personas antes de ir a juicio”, aseguró la werkén.
“El tema aquí es una persecución política que, a través de la Ley Antiterrorista, logra castigar a estas personas que son dirigentes, que son autoridades ancestrales, y que están llevando -lo que es muy importante- procesos de protección hacia la tierra, hacia la naturaleza y procesos de restitución territorial en el caso de los dirigentes mapuche”.
La vocera de la machi Francisca Linconao aseguró que lo que se está viviendo en La Araucanía es una “guerra de baja intensidad” entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y que en la base de toda esta confrontación está el racismo que se ejerce hacia las comunidades.
“Nosotros decimos que es una guerra de baja intensidad, porque es un Estado que está queriendo criminalizar a un pueblo atacándolo con armas, aquí hay que hablar que hay una inversión gigantesca del Estado de Chile en armas, para aplacar este supuesto terrorismo, entonces hay contingente policial en las comunidades, las comunidades están militarizadas, hay niños que han recibido balas directas de los agentes de la policía”.
Ingrid Conejeros dijo que cada uno de los imputados que fue absuelto en este caso, analizará los pasos a seguir, sin descartar que se pueda demandar al Estado de Chile en tribunales internacionales, y recordó que en el caso de la machi Linconao, ella en 2014 ya ganó una demanda en contra del Estado, la cual no ha sido hecha efectiva por la administración.
Cabe recordar que el único condenado por este caso es el machi Celestino Córdova, quien cumple 18 años de cárcel, y que actualmente se encuentra internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a la espera de un tratamiento que le deberá realizar otro machi, por un período de dos semanas.
Su abogado, Jorge Guzmán, señaló que se revisará el fallo íntegro cuando sea publicado el próximo 14 de noviembre para proyectar posibles recursos de apelación. No obstante, el jurista recordó que la Fiscalía de Valdivia ya está llevando a cabo una investigación para determinar los hechos sobre los cuales se funda la condena en contra de su representado.
“Si bien, Celestino Córdova es el único condenado por el crimen Luchsinger Mackay, siempre se ha alegado su inocencia. En consecuencia, siempre que exista la posibilidad de revisar los antecedentes para verificar si existe alguna posibilidad respecto de su caso, se va a hacer. De hecho también, durante el transcurso de este año se inició una investigación por parte de la fiscalía regional de Valdivia, a efectos de poder nuevamente verificar qué pasó con la bala que habría tenido Celestino Córdova, quien aduce que no se produjo en este crimen, sino que fue en otro contexto, en un lugar distinto”.
Finalmente, se está a la espera que el próximo 14 de noviembre se entregue el fallo íntegro de este proceso, el cual ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y otros expertos, quienes han cuestionado los casi 20 meses de prisión preventiva que debieron pasar los imputados, e incluso el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, señaló que el problema en este caso es que se partió “de la base que había que condenar”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Ingrid Conejeros, vocera de la machi Francisca Linconao, valoró el trabajo realizado por los abogados defensores de los once imputados en este caso, labor que calificó como “muy potente”, y que vino a sustentar la convicción que la machi Linconao siempre expresó respecto de su inocencia.
Además, la vocera de la machi Linconao manifestó su alegría por el fallo dictado por el Tribunal de Garantía de Temuco y reiteró que todo el proceso judicial fue producto de un montaje en contra de los comuneros acusados del asesinato del matrimonio, ocurrido el 4 de enero de 2013.
“La defensa hizo un trabajo muy potente, la defensa de todos los imputados, para establecer lo que nosotros siempre hemos dicho: que esto fue un montaje, que no había pruebas para imputar a ninguno para involucrar a ninguna de las personas que estaban siendo imputados, así que lo tomamos con bastante alegría y sentimos que se hizo justicia”.
Ingrid Conejeros sostuvo que el juicio en el caso Luchsinger-Mackay, así como otros procesos judiciales abiertos en contra de comuneros mapuches, es parte de una “persecución” de parte del Estado, y que más aún, hace uso de la Ley Antiterrorista, “una ley que viola las garantías legítimas de las personas y de los procesos y que castiga a las personas antes de ir a juicio”, aseguró la werkén.
“El tema aquí es una persecución política que, a través de la Ley Antiterrorista, logra castigar a estas personas que son dirigentes, que son autoridades ancestrales, y que están llevando -lo que es muy importante- procesos de protección hacia la tierra, hacia la naturaleza y procesos de restitución territorial en el caso de los dirigentes mapuche”.
La vocera de la machi Francisca Linconao aseguró que lo que se está viviendo en La Araucanía es una “guerra de baja intensidad” entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y que en la base de toda esta confrontación está el racismo que se ejerce hacia las comunidades.
“Nosotros decimos que es una guerra de baja intensidad, porque es un Estado que está queriendo criminalizar a un pueblo atacándolo con armas, aquí hay que hablar que hay una inversión gigantesca del Estado de Chile en armas, para aplacar este supuesto terrorismo, entonces hay contingente policial en las comunidades, las comunidades están militarizadas, hay niños que han recibido balas directas de los agentes de la policía”.
Ingrid Conejeros dijo que cada uno de los imputados que fue absuelto en este caso, analizará los pasos a seguir, sin descartar que se pueda demandar al Estado de Chile en tribunales internacionales, y recordó que en el caso de la machi Linconao, ella en 2014 ya ganó una demanda en contra del Estado, la cual no ha sido hecha efectiva por la administración.
Cabe recordar que el único condenado por este caso es el machi Celestino Córdova, quien cumple 18 años de cárcel, y que actualmente se encuentra internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a la espera de un tratamiento que le deberá realizar otro machi, por un período de dos semanas.
Su abogado, Jorge Guzmán, señaló que se revisará el fallo íntegro cuando sea publicado el próximo 14 de noviembre para proyectar posibles recursos de apelación. No obstante, el jurista recordó que la Fiscalía de Valdivia ya está llevando a cabo una investigación para determinar los hechos sobre los cuales se funda la condena en contra de su representado.
“Si bien, Celestino Córdova es el único condenado por el crimen Luchsinger Mackay, siempre se ha alegado su inocencia. En consecuencia, siempre que exista la posibilidad de revisar los antecedentes para verificar si existe alguna posibilidad respecto de su caso, se va a hacer. De hecho también, durante el transcurso de este año se inició una investigación por parte de la fiscalía regional de Valdivia, a efectos de poder nuevamente verificar qué pasó con la bala que habría tenido Celestino Córdova, quien aduce que no se produjo en este crimen, sino que fue en otro contexto, en un lugar distinto”.
Finalmente, se está a la espera que el próximo 14 de noviembre se entregue el fallo íntegro de este proceso, el cual ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y otros expertos, quienes han cuestionado los casi 20 meses de prisión preventiva que debieron pasar los imputados, e incluso el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, señaló que el problema en este caso es que se partió “de la base que había que condenar”.
Aucán Huilcamán: ”Mahmud Aleuy debe tomar sus maletas e irse”
P. Campos y P. López |Jueves 19 de octubre 2017 8:07 hrs.
Una
vez conocida la resolución de la Corte Suprema, el Vocero de Todas las
Tierras se refirió a la situación de tensión entre el estado chileno y
el pueblo mapuche.
En
conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Aucán Huilcamán,
vocero de Todas las Tierras, se refirió a la resolución judicial que
deja en libertad a los ocho comuneros encarcelados por la denominada
“Operación Huracán”.
Para el werkén, la aceptación unánime del recurso de amparo presentado por las defensas viene a confirmar que “todo fue un montaje político con el manual de la era de la dictadura militar”. En sus palabras, “lo que llama la atención es que ocurra en un gobierno que se dice democrático, pero que use las mismas prácticas que la dictadura de Pinochet para contraatacar las pretensiones mapuches”.
Huilcamán asegura que como pueblo mapuche están seguros de que el gobierno actual busca “ensuciar” la causa para “mantener una relación de colonialismo forzosa en La Araucanía”.
Sin embargo, el que una y otra vez se conozcan casos de mapuches absueltos luego de largos y bullados procesos judiciales es una prueba más de que hoy el subsecretario Mahmud Aleuy tendría que asumir la responsabilidad política: “(Aleuy) permitió y autorizó las operaciones. El subsecretario debe tomar sus maletas e irse, porque le hace un daño al país y a los mapuche. Está criminalizando a un pueblo”.
Desde el mundo mapuche comparten la sospecha de que la “Operación Huracán”, en particular, fue un recurso para dejar “tranquilos a los camioneros” de la zona. Además, se usó como una forma de encubrir lo que sería la “absolución de los comuneros imputados por el caso Luchsinger Mackay”.
Para el werkén no hay evidencias que justifiquen su detención, y esta era una manera de compensar. “El Ministro se dio cuenta hace meses que no tenía evidencias suficientes para inculparlos. En los próximos días tendremos una nueva victoria, ahí hasta la presidenta debiera pedir perdón por cometer un daño muy grave de invocar deliberadamente la Ley Antiterrorista.
El perdón que pidió el 23 de junio pasado fue vacío. Ahora debe pedir perdón a quienes ha tenido encarcelados por más de un año sin ninguna prueba sólida que lo justifique”.
La reunión entre Aleuy y Bullrich
En la conversación, Aucán Huilcamán tuvo tiempo para cuestionar la reunión que en Buenos Aires sostuvieron el subsecretario del Interior chileno y la ministra de Seguridad de la Nación de Argentina: “Fue con un fin propagandístico, para ensuciar la causa; en segundo lugar, el aviso de cierre de frontera es completamente ilegal para los dos países: el Convenio 169 establece que los estados deben propiciar la colaboración mutua para el fortalecimiento de la cultura. Cerrar los pasos es ir en contra la normativa. Si lo hacen, denunciaremos e impediremos internacionalmente que este tupo de acciones ilegales sucedan entre Chile y Argentina”.
Así, aseguró que con las acciones actuales y de las últimas décadas, lo único que el Estado chileno busca es omitir su histórica responsabilidad por el “genocidio” cometido por la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”: “Lo único que hacen es dilatar un conflicto y aumentar las presiones que hoy son irreversibles. Hoy hay un despertar de los mapuches y en unos años más nuestra rebelión va a ser clara, nos estamos preparando para un acto de rebeldía contra el Estado chileno”.
Para el werkén, la aceptación unánime del recurso de amparo presentado por las defensas viene a confirmar que “todo fue un montaje político con el manual de la era de la dictadura militar”. En sus palabras, “lo que llama la atención es que ocurra en un gobierno que se dice democrático, pero que use las mismas prácticas que la dictadura de Pinochet para contraatacar las pretensiones mapuches”.
Huilcamán asegura que como pueblo mapuche están seguros de que el gobierno actual busca “ensuciar” la causa para “mantener una relación de colonialismo forzosa en La Araucanía”.
Sin embargo, el que una y otra vez se conozcan casos de mapuches absueltos luego de largos y bullados procesos judiciales es una prueba más de que hoy el subsecretario Mahmud Aleuy tendría que asumir la responsabilidad política: “(Aleuy) permitió y autorizó las operaciones. El subsecretario debe tomar sus maletas e irse, porque le hace un daño al país y a los mapuche. Está criminalizando a un pueblo”.
Desde el mundo mapuche comparten la sospecha de que la “Operación Huracán”, en particular, fue un recurso para dejar “tranquilos a los camioneros” de la zona. Además, se usó como una forma de encubrir lo que sería la “absolución de los comuneros imputados por el caso Luchsinger Mackay”.
Para el werkén no hay evidencias que justifiquen su detención, y esta era una manera de compensar. “El Ministro se dio cuenta hace meses que no tenía evidencias suficientes para inculparlos. En los próximos días tendremos una nueva victoria, ahí hasta la presidenta debiera pedir perdón por cometer un daño muy grave de invocar deliberadamente la Ley Antiterrorista.
El perdón que pidió el 23 de junio pasado fue vacío. Ahora debe pedir perdón a quienes ha tenido encarcelados por más de un año sin ninguna prueba sólida que lo justifique”.
La reunión entre Aleuy y Bullrich
En la conversación, Aucán Huilcamán tuvo tiempo para cuestionar la reunión que en Buenos Aires sostuvieron el subsecretario del Interior chileno y la ministra de Seguridad de la Nación de Argentina: “Fue con un fin propagandístico, para ensuciar la causa; en segundo lugar, el aviso de cierre de frontera es completamente ilegal para los dos países: el Convenio 169 establece que los estados deben propiciar la colaboración mutua para el fortalecimiento de la cultura. Cerrar los pasos es ir en contra la normativa. Si lo hacen, denunciaremos e impediremos internacionalmente que este tupo de acciones ilegales sucedan entre Chile y Argentina”.
Así, aseguró que con las acciones actuales y de las últimas décadas, lo único que el Estado chileno busca es omitir su histórica responsabilidad por el “genocidio” cometido por la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”: “Lo único que hacen es dilatar un conflicto y aumentar las presiones que hoy son irreversibles. Hoy hay un despertar de los mapuches y en unos años más nuestra rebelión va a ser clara, nos estamos preparando para un acto de rebeldía contra el Estado chileno”.
Carla Amtmann: ”Estamos ante la amenaza que la segunda vuelta sea sumamente derechizada”
Gonzalo Castillo |Lunes 23 de octubre 2017 21:14 hrs.
La
dirigenta de Nueva Democracia y candidata a diputada, Carla Amtmann, se
sumó a las voces que al interior del Frente Amplio exigen que el
referente tome una decisión respecto de eventuales apoyos con miras a la
segunda vuelta presidencial, y así evitar que el balotaje sea capturado
por ideas y planteamientos de derecha, relegando los postulados del
progresismo.
En
conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la integrante de
la Mesa Ejecutiva de Nueva Democracia, partido miembro del Frente
Amplio, y candidata a diputada por Valdivia, Carla Amtmann, se refirió a
los desafíos y proyecciones del referente político de cara a las
elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.
En este sentido, Carla Amtmann tuvo palabras para la presentación del Programa de Gobierno de la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, este fin de semana, el que calificó como “necesario para el país” y “sumamente responsable” con los problemas que aquejan a la sociedad, como es el fin de las AFP y la garantización de los derechos sociales.
Además, la dirigenta de Nueva Democracia planteó cuáles son las proyecciones sobre la cantidad de parlamentarios que aspiran conseguir en las próximas elecciones para renovar parte del Congreso y así consolidarse como una tercera fuerza política en nuestro país.
¿Tienen alguna proyección sobre la cantidad de votos que podrían conseguir tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria?
Lo que nosotros nos basamos es en la disposición de los ciudadanos, en cómo se está moviendo la opinión pública, y ahí nosotros seguimos creyendo y sostenemos que Beatriz Sánchez tiene todas las condiciones para ser la que enfrente a Sebastián Piñera en segunda vuelta, pero obviamente el mejor estudio y la mejor encuesta es el 19 de noviembre, así que estamos hoy día trabajando para que ese día sea beneficioso para el Frente Amplio y para los resultados que nos hemos propuesto.
Y cuál sería el umbral tanto de votos para Beatriz Sánchez como de escaños en el Parlamento con el que quedarían conformes
Por una parte, es importante por sobre todo que logremos una bancada parlamentaria contundente y ahí la proyección es entre 10 y 20 parlamentarios, con un promedio de 15, creo que es algo que muestra, en términos concretos, de que una nueva fuerza en Chile ha surgido, y que por lo tanto el escenario político ya no es el mismo que teníamos anteriormente. Ahora, en términos presidenciales, obviamente el objetivo más relevante es ser la segunda mayoría para ser nosotros quienes enfrentemos a Sebastián Piñera en segunda vuelta.
Cómo valoras el Programa de Gobierno presentado este fin de semana por Beatriz Sánchez, así como las críticas desde Chile Vamos y la Nueva Mayoría
El Programa que ha levantado el Frente Amplio es necesario para el país. Por muchos años nos han dicho que es imposible lograr mayores niveles de igualdad y de justicia social, y lo que nosotros estamos diciendo, con elementos concretos y sumamente responsables, es que sí es posible. Lo que pasa es que hoy en día con la estructura tributaria, con la forma en que se distribuyen los gastos, como también la forma en que se distribuye la propiedad y la riqueza en nuestro país, obviamente que los recursos no están disponibles para mayores niveles de políticas públicas, pero nosotros lo que estamos planteando no solamente un gasto distinto, una inversión distinta, sino que una recaudación y una distribución distinta, y yo te lo digo con toda la responsabilidad, yo además soy economista y estoy convencida con datos de causa de que ,efectivamente, el programa que se ha presentado es un programa responsable, y por lo tanto cualquier crítica más que nada responde a estas campañas del terror en donde cuando uno dice igualdad y justicia social, te dicen que es imposible y lo que nosotros respondemos es que no, que sí se puede y que vamos a trabajar por eso.
La segunda vuelta ha sido un tema de debate al interior del Frente Amplio, pese a que desde la Mesa Ejecutiva del referente han sido enfáticos en señalar que no se referirán a este punto antes de la elección del 19 de noviembre
Yo he sido sumamente clara en esto, y creo que es necesario reiterarlo: es fundamental el debate público dentro del Frente Amplio sobre los desafíos de la segunda vuelta, y eso no significa, como algunos lo han querido retratar, que discutir hoy día sobre la segunda vuelta implique que nosotros estemos renunciando a la posibilidad de ser quienes ganemos la primera. Al contrario, quienes tenemos la posibilidad y la proyección de ganar y pasar a segunda vuelta, tenemos que estar preocupados desde ya de cómo seguimos levantando las banderas de nuestro programa. Hoy día estamos ante una amenaza clara, que la segunda vuelta sea sumamente derechizada, en donde el debate público se lo tomen los temas, las preocupaciones y los énfasis de los candidatos de derecha. Ahí nosotros no tenemos que perdernos, y yo insisto creo que es necesario que debatamos, lo cual es totalmente distinto a negociar, a pensar en co-gobiernos o a pensar en tender puentes en donde estemos hoy día transando elementos del Frente Amplio, al contrario, lo que estoy diciendo es que es un llamado a debatir, y ahí me parece lamentable que un momento desde la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio se diga que no se va a hablar más de segunda vuelta, y que a renglón seguido salgan dos o tres dirigentes nacionales hablando de segunda vuelta. Entonces, en vez de estar entre nosotros diciendo que no podemos hablar y después volviendo a hablar, yo creo que hay que ser sumamente responsables, de cara a la ciudadanía y decir este debate es responsable, es serio y lo tenemos que dar quienes creemos que podamos ser nosotros los que enfrentemos a Sebastián Piñera. Y ahí, por lo tanto, es que debatamos y lo hagamos públicamente y sin ningún temor.
Justamente, desde Izquierda Autónoma han planteado que se debe aprovechar que, a partir de las críticas que desde la Nueva Mayoría se han hecho al programa de gobierno del Frente Amplio, tomar definitivamente una postura respecto de la segunda vuelta
Nosotros tenemos una responsabilidad no con el Frente Amplio, sino que con los chilenos y chilenas, y esa responsabilidad significa buscar impulsar un proceso de cambios para conquistar el programa que nos hemos propuesto. Discutir sobre terminar con las AFP, instalar el debate sobre una nueva Constitución por asamblea constituyente o el cambio al Código de Aguas, requiere de una disposición para girar el debate político presidencial hacia esas temáticas. Yo estoy absolutamente preocupada porque hoy día, lamentablemente, el debate presidencial lo está ganando la derecha y lo estamos dejando. Ellos han instalado los problemas de delincuencia, ellos han instalado el problema del crecimiento y nos hemos olvidado que las temáticas más relevantes para la ciudadanía están en términos de la redistribución de recursos y derechos sociales, entonces cuál es nuestra responsabilidad: debatir, proyectarnos para cómo hoy día, y después en la segunda vuelta logramos responsablemente, que la agenda y los temas que estén debatiendo los candidatos presidenciales, sean efectivamente los que la ciudadanía necesita, y ahí yo creo que hoy día restarnos de ese debate daña mucho más a la alternativa del Frente Amplio y en función de eso fortalecer también la candidatura de Beatriz Sánchez.
Finalmente, también desde Izquierda Autónoma criticaron los eventuales contactos que habrían tenido Nueva Democracia con personeros de la Nueva Mayoría.
Esas son caricaturas totalmente falsas. Hoy día yo no creo, y además no tengo ninguna información de que haya alguien del Frente Amplio teniendo algún de negociación, además no son ni los tiempos ni las formas en torno a las cuales nosotros nos hemos comprometido. Así que cualquier tipo de caricatura que exista al respecto, es totalmente falsa y fuera de lugar. Hoy día aquí nadie está preocupado por negociaciones y lo que estamos preocupados es cómo logramos convencer a los ciudadanos y ciudadanas que hoy día tenemos una alternativa, y la oportunidad de avanzar en los cambios que necesitamos.
En este sentido, Carla Amtmann tuvo palabras para la presentación del Programa de Gobierno de la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, este fin de semana, el que calificó como “necesario para el país” y “sumamente responsable” con los problemas que aquejan a la sociedad, como es el fin de las AFP y la garantización de los derechos sociales.
Además, la dirigenta de Nueva Democracia planteó cuáles son las proyecciones sobre la cantidad de parlamentarios que aspiran conseguir en las próximas elecciones para renovar parte del Congreso y así consolidarse como una tercera fuerza política en nuestro país.
¿Tienen alguna proyección sobre la cantidad de votos que podrían conseguir tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria?
Lo que nosotros nos basamos es en la disposición de los ciudadanos, en cómo se está moviendo la opinión pública, y ahí nosotros seguimos creyendo y sostenemos que Beatriz Sánchez tiene todas las condiciones para ser la que enfrente a Sebastián Piñera en segunda vuelta, pero obviamente el mejor estudio y la mejor encuesta es el 19 de noviembre, así que estamos hoy día trabajando para que ese día sea beneficioso para el Frente Amplio y para los resultados que nos hemos propuesto.
Y cuál sería el umbral tanto de votos para Beatriz Sánchez como de escaños en el Parlamento con el que quedarían conformes
Por una parte, es importante por sobre todo que logremos una bancada parlamentaria contundente y ahí la proyección es entre 10 y 20 parlamentarios, con un promedio de 15, creo que es algo que muestra, en términos concretos, de que una nueva fuerza en Chile ha surgido, y que por lo tanto el escenario político ya no es el mismo que teníamos anteriormente. Ahora, en términos presidenciales, obviamente el objetivo más relevante es ser la segunda mayoría para ser nosotros quienes enfrentemos a Sebastián Piñera en segunda vuelta.
Cómo valoras el Programa de Gobierno presentado este fin de semana por Beatriz Sánchez, así como las críticas desde Chile Vamos y la Nueva Mayoría
El Programa que ha levantado el Frente Amplio es necesario para el país. Por muchos años nos han dicho que es imposible lograr mayores niveles de igualdad y de justicia social, y lo que nosotros estamos diciendo, con elementos concretos y sumamente responsables, es que sí es posible. Lo que pasa es que hoy en día con la estructura tributaria, con la forma en que se distribuyen los gastos, como también la forma en que se distribuye la propiedad y la riqueza en nuestro país, obviamente que los recursos no están disponibles para mayores niveles de políticas públicas, pero nosotros lo que estamos planteando no solamente un gasto distinto, una inversión distinta, sino que una recaudación y una distribución distinta, y yo te lo digo con toda la responsabilidad, yo además soy economista y estoy convencida con datos de causa de que ,efectivamente, el programa que se ha presentado es un programa responsable, y por lo tanto cualquier crítica más que nada responde a estas campañas del terror en donde cuando uno dice igualdad y justicia social, te dicen que es imposible y lo que nosotros respondemos es que no, que sí se puede y que vamos a trabajar por eso.
La segunda vuelta ha sido un tema de debate al interior del Frente Amplio, pese a que desde la Mesa Ejecutiva del referente han sido enfáticos en señalar que no se referirán a este punto antes de la elección del 19 de noviembre
Yo he sido sumamente clara en esto, y creo que es necesario reiterarlo: es fundamental el debate público dentro del Frente Amplio sobre los desafíos de la segunda vuelta, y eso no significa, como algunos lo han querido retratar, que discutir hoy día sobre la segunda vuelta implique que nosotros estemos renunciando a la posibilidad de ser quienes ganemos la primera. Al contrario, quienes tenemos la posibilidad y la proyección de ganar y pasar a segunda vuelta, tenemos que estar preocupados desde ya de cómo seguimos levantando las banderas de nuestro programa. Hoy día estamos ante una amenaza clara, que la segunda vuelta sea sumamente derechizada, en donde el debate público se lo tomen los temas, las preocupaciones y los énfasis de los candidatos de derecha. Ahí nosotros no tenemos que perdernos, y yo insisto creo que es necesario que debatamos, lo cual es totalmente distinto a negociar, a pensar en co-gobiernos o a pensar en tender puentes en donde estemos hoy día transando elementos del Frente Amplio, al contrario, lo que estoy diciendo es que es un llamado a debatir, y ahí me parece lamentable que un momento desde la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio se diga que no se va a hablar más de segunda vuelta, y que a renglón seguido salgan dos o tres dirigentes nacionales hablando de segunda vuelta. Entonces, en vez de estar entre nosotros diciendo que no podemos hablar y después volviendo a hablar, yo creo que hay que ser sumamente responsables, de cara a la ciudadanía y decir este debate es responsable, es serio y lo tenemos que dar quienes creemos que podamos ser nosotros los que enfrentemos a Sebastián Piñera. Y ahí, por lo tanto, es que debatamos y lo hagamos públicamente y sin ningún temor.
Justamente, desde Izquierda Autónoma han planteado que se debe aprovechar que, a partir de las críticas que desde la Nueva Mayoría se han hecho al programa de gobierno del Frente Amplio, tomar definitivamente una postura respecto de la segunda vuelta
Nosotros tenemos una responsabilidad no con el Frente Amplio, sino que con los chilenos y chilenas, y esa responsabilidad significa buscar impulsar un proceso de cambios para conquistar el programa que nos hemos propuesto. Discutir sobre terminar con las AFP, instalar el debate sobre una nueva Constitución por asamblea constituyente o el cambio al Código de Aguas, requiere de una disposición para girar el debate político presidencial hacia esas temáticas. Yo estoy absolutamente preocupada porque hoy día, lamentablemente, el debate presidencial lo está ganando la derecha y lo estamos dejando. Ellos han instalado los problemas de delincuencia, ellos han instalado el problema del crecimiento y nos hemos olvidado que las temáticas más relevantes para la ciudadanía están en términos de la redistribución de recursos y derechos sociales, entonces cuál es nuestra responsabilidad: debatir, proyectarnos para cómo hoy día, y después en la segunda vuelta logramos responsablemente, que la agenda y los temas que estén debatiendo los candidatos presidenciales, sean efectivamente los que la ciudadanía necesita, y ahí yo creo que hoy día restarnos de ese debate daña mucho más a la alternativa del Frente Amplio y en función de eso fortalecer también la candidatura de Beatriz Sánchez.
Finalmente, también desde Izquierda Autónoma criticaron los eventuales contactos que habrían tenido Nueva Democracia con personeros de la Nueva Mayoría.
Esas son caricaturas totalmente falsas. Hoy día yo no creo, y además no tengo ninguna información de que haya alguien del Frente Amplio teniendo algún de negociación, además no son ni los tiempos ni las formas en torno a las cuales nosotros nos hemos comprometido. Así que cualquier tipo de caricatura que exista al respecto, es totalmente falsa y fuera de lugar. Hoy día aquí nadie está preocupado por negociaciones y lo que estamos preocupados es cómo logramos convencer a los ciudadanos y ciudadanas que hoy día tenemos una alternativa, y la oportunidad de avanzar en los cambios que necesitamos.
URUGUAY
Demasiado
“Estuvieron 11 años presos. Mi madre en Punta de Rieles y mi
padre en el Penal de Libertad. Mi madre estaba embarazada de mi hermano
cuando cayó presa; a él lo criaron mis hermanos. Yo nací en 1989, en
democracia. No lo viví directamente pero sí vivo las secuelas que dejó
en mi familia. La dictadura también nos afectó a los hijos”. Historias
como esta rompían con la locura de 18 de Julio a las cinco de la tarde
en la plaza Libertad. El grupo Denunciantes de Causas Penales de
Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado
convocó a una movilización con el lema “La justicia, cuando tarda, no es
justicia”.
“Supongo que querés saber cuál es mi causa”, comenzó diciendo Liliana Pertuy, una de los 40 adolescentes de entre 13 y 18 años que estuvieron presos y fueron torturados en un cuartel del departamento de Treinta y Tres. La integrante del colectivo de denunciantes contó que fueron 20 de los 40 que presentaron la denuncia y señaló que después de que se presentó un recurso de inconstitucionalidad, “todo quedó quieto”. “Nos dicen que no los encuentran, que no saben dónde viven. ¿Cómo me vas a decir eso en un país de tres millones de personas?”, preguntó. La ex presa política se refirió a las demoras en el avance de estas causas penales y expresó que “queda mucho por hacer” y que, si bien “con el Frente Amplio algo ha cambiado, ha sido muy poco”.
“Esta ley de impunidad lo que ha hecho es dividir en categorías y ha privilegiado a lo peor de la sociedad”, dijo. Y agregó: “Esta impunidad dividió a los ciudadanos; los que han cometido los delitos más aberrantes, más espantosos, robos, secuestros de bebés, violaciones, asesinatos, torturas, saqueos, esos están amparados”.
Pertuy hizo referencia a la reciente declaración de la Suprema Corte de Justicia en la que se considera inconstitucional la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad para un caso de torturas en Tacuarembó y expresó que es “una burrada típica de la Edad de Piedra, de cavernícolas”. “Es retroceder, ir para atrás; a mí me llaman desde afuera,de otros países, diciendo que no pueden entender”, agregó Pertuy. Además, al reflexionar acerca de quienes tomaron esta decisión, dijo que “ellos han sido uruguayos, han vivido en este país, se habrán enterado de las aberraciones que pasaron durante los 11 años de dictadura y conocen la historia; [esta declaración] no es explicable mediante la lógica“. “Están defendiendo la desigualdad ante la ley”, dijo, y agregó que el colectivo de denunciantes quiere “llamar la atención sobre esto; Uruguay es un país con una larga tradición democrática”.
La denunciante contó que esta es la primera vez que se coordinan para hacer algo juntos, y que seguramente harán más cosas en el futuro “para ver si se mueven” las causas penales. “Esto es para el futuro, para las generaciones que vienen; yo voy a seguir luchando hasta el último de mis días”, finalizó Pertuy.
La actividad incluyó espectáculos artísticos y contó con la adhesión del PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Crysol, el Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Observatorio Luz Ibarburu.
“Supongo que querés saber cuál es mi causa”, comenzó diciendo Liliana Pertuy, una de los 40 adolescentes de entre 13 y 18 años que estuvieron presos y fueron torturados en un cuartel del departamento de Treinta y Tres. La integrante del colectivo de denunciantes contó que fueron 20 de los 40 que presentaron la denuncia y señaló que después de que se presentó un recurso de inconstitucionalidad, “todo quedó quieto”. “Nos dicen que no los encuentran, que no saben dónde viven. ¿Cómo me vas a decir eso en un país de tres millones de personas?”, preguntó. La ex presa política se refirió a las demoras en el avance de estas causas penales y expresó que “queda mucho por hacer” y que, si bien “con el Frente Amplio algo ha cambiado, ha sido muy poco”.
“Esta ley de impunidad lo que ha hecho es dividir en categorías y ha privilegiado a lo peor de la sociedad”, dijo. Y agregó: “Esta impunidad dividió a los ciudadanos; los que han cometido los delitos más aberrantes, más espantosos, robos, secuestros de bebés, violaciones, asesinatos, torturas, saqueos, esos están amparados”.
Pertuy hizo referencia a la reciente declaración de la Suprema Corte de Justicia en la que se considera inconstitucional la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad para un caso de torturas en Tacuarembó y expresó que es “una burrada típica de la Edad de Piedra, de cavernícolas”. “Es retroceder, ir para atrás; a mí me llaman desde afuera,de otros países, diciendo que no pueden entender”, agregó Pertuy. Además, al reflexionar acerca de quienes tomaron esta decisión, dijo que “ellos han sido uruguayos, han vivido en este país, se habrán enterado de las aberraciones que pasaron durante los 11 años de dictadura y conocen la historia; [esta declaración] no es explicable mediante la lógica“. “Están defendiendo la desigualdad ante la ley”, dijo, y agregó que el colectivo de denunciantes quiere “llamar la atención sobre esto; Uruguay es un país con una larga tradición democrática”.
La denunciante contó que esta es la primera vez que se coordinan para hacer algo juntos, y que seguramente harán más cosas en el futuro “para ver si se mueven” las causas penales. “Esto es para el futuro, para las generaciones que vienen; yo voy a seguir luchando hasta el último de mis días”, finalizó Pertuy.
La actividad incluyó espectáculos artísticos y contó con la adhesión del PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Crysol, el Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Observatorio Luz Ibarburu.
Un futuro que mira al pasado
Carlos Santos / Foto rebelarte.info
La
proyección de futuro que promueve el progresismo uruguayo parece sacada
de una película de ciencia ficción que nos ubica a fines del siglo XIX.
Los consensos sobre esta idea de desarrollo no parecen tan firmes como
lo eran al inicio del ciclo progresista.
‘El tiempo a mi parecer
va de remiendo en remiendo,
es un hilo que corriendo
quiere arrimarse al futuro
donde esperando en un muro
el pasado está riendo’
Fernando Cabrera, Décimas de prueba
La fe ciega en el conocimiento técnico, la celebración de tener yacimientos de petróleo, la privatización del riego y la apuesta a un tipo de industrias que exportan bienes primarios sin valor agregado son algunos de los elementos principales de esta oda al progreso que caracteriza la exposición pública del progresismo uruguayo.
El pasado viernes 20 de octubre, cuando miles de personas marchaban por Montevideo en Defensa de los Bienes Naturales, el Agua y la Tierra convocados por la Asamblea Nacional Permanente el gobierno uruguayo difundía un comunicado en el que anunciaba la confirmación de la existencia de hidrocarburos en el departamento de Paysandú.
Pocas horas después, la empresa transnacional norteamericana responsable del hallazgo emitía un comunicado en el que calificaba de “modesto” al evento que arrojaba el inminente ‘ascenso’ de Uruguay a la categoría de país dependiente pero con el recurso natural más codiciado por el capital financiero.
Las cosas tampoco le han salido de acuerdo a lo esperado al gobierno en relación a la otra gran iniciativa de “desarrollo”: la instalación de una tercera mega planta de celulosa en el Río Negro (centro del país). Días atrás el propio presidente Tabaré Vázquez anunciaba que el Acuerdo de Inversión entre el Estado y la transnacional de origen finalndés UPM estaba prácticamente resuelto (acordado en un “99,9%”). En las últimas horas se conoció un comunicado oficial de la empresa donde se sostiene que la posibilidad de construir una nueva planta de celulosa en Uruguay es un proyecto que se estudiará recién en 2019 si se cumplen algunas demandas que la empresa realiza en términos de infraestructura par sacar su producto del país (vías férreas, carreteras, puertos).
Es que la instalación de estos megaemprendimientos industriales coloca al país en una situación de debilidad frente al poder de empresas que multiplican el producto total del país que es comparable con la situación económica en los primeros años de vida independiente. En ese sentido, la industria de la celulosa ocupa el lugar que a fines del siglo XIX ocupaban los saladeros y la industria del tasajo: o sea, grandes emprendimientos productivos de escala global que comercializan materia prima con muy poco valor agregado y generando escasa mano de obra local.
Esto sin considerar los efectos que estos procesos productivos tienen sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ha sostenido que la situación actual del país en términos de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra sólo es comparable a la que existió en los tiempos de la colonia.
En la reciente marcha de la ANP, la proclama final consignaba la posición del colectivo sobre este proceso: “Se persiste en la profundización de este modelo saqueador y reprimarizador de la economía, planteando como una contradicción fundamental entre medio ambiente y trabajo, como si tal modelo no fuese justamente expulsor de la población trabajadora de los campos, y favorecedor de la concentración de la tierra como muestran los últimos censos agropecuarios con la pérdida de 12000 pequeños y medianos establecimientos productivos, en favor de actividades agrarias como los monocultivos sojeros y eucalipteros, las que menos empleo por hectárea generan. Así, las pasteras instaladas se consagran hoy como los mayores latifundistas del país, superando las 200.000 hás. cada una. En realidad, la verdadera importancia estratégica que el gobierno y el sistema político les adjudican, radica en los valores macroeconómicos que inflan a nivel nacional el PBI y las exportaciones, que se exhiben falsamente como símbolo de un bienestar del pueblo en general, ocultando su carácter de enclaves y las externalidades que socializan pérdidas y privatizan ganancias, para gloria del capitalista y padecimiento del trabajador y del pueblo”.
La reciente discusión parlamentaria sobre la Ley de Riego aportó más elementos de esta visión progresista de la explotación de la tierra y el agua, así como dejó en evidencia el lugar que la narrativa dominante le asigna a las políticas ambientales.
Riégame, contamíname
Las modificaciones a la Ley de Riego propuestas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fueron aprobadas en el parlamento, por unanimidad en el Senado, y con sólo dos votos en contra en Diputados. Recoge así amplios consensos del sistema político uruguayo acerca de las vías para promover la llamada “intensificación sostenible” (término en el que el ministro y empresario arrocero Tabaré Agarre enmarca su propuesta productiva).
En el debate parlamentario sobre las modificaciones Ley de Riego se expuso la visión dominante dentro de la izquierda uruguaya con respecto a la cuestión ambiental.
En un discurso modernizante, los elementos ambientales del debate sirvieron para dejar en claro que la Ley de Riego tendrá impactos pero los mismos serán minimizados por una institucionalidad ambiental (fiscalizadora) que mantendrá a raya las eventuales tentaciones depredadoras del capital.
Esto es altamente contradictorio con el espíritu de una ley que tiene el respaldo explícito no sólo de de la derecha partidaria sino también de las cámaras empresariales asociadas a la producción agrícola.
En particular, uno de los defensores de las modificaciones a la Ley de Riego fue el senador José Mujica, ex presidente de la República, ex Ministro de Ganadería y Pesca y, además, el responsable de que el actual ministro -Aguerre- ocupe ese cargo, donde desde promovió esta nueva normativa para la regulación del riego.
Mujica sostuvo en su defensa de la nueva forma que de ello depende “el precio de la comida de la gente” asumiendo que en el futuro no se podrá producir sin intervención del riego y que el objetivo de esta ley es favorecer el regadío de los alimentos. Nada más alejado de la realidad podemos concluir, con apenas analizar la exposición de motivos del proyecto de Ley, donde Aguerre sostiene que lo que se busca es un “segundo piso” para la producción agrícola uruguaya, en particular la sojera. Desde que se viene procesando la expansión de los cultivos sojeros en el oeste uruguayo está claro que su finalidad no es la de la producción de alimentos para los habitantes de Uruguay sino la producción de una commodity, un bien agrícola que es utilizado como materia prima en otros procesos productivos, en particular en Asia.
La lógica a partir de la cual el progresismo ha defendido las modificaciones a la Ley de Riego consiste en la idea de que es necesario “hacer algo” para aprovechar una cantidad importante de agua que “se va al mar y por lo tanto no está disponible”, en palabras de Mujica durante la sesión del Senado.
Banalizando la cuestión ambiental, Mujica agregó que “todo lo que hace el hombre termina agrediendo en parte al medio ambiente” y que “para respetar bien al medio ambiente y sus equilibrios habría que sacar al principal depredador”, haciendo referencia a que la única manera de atender la cuestión ambiental sería erradicando a las poblaciones humanas del ambiente. Por ello, la conclusión lógica derivada de este razonamiento es que una verdadera “preocupación ambiental” (la única legítima, digamos) es “la lucha es por mitigar y por conservar”.
Es interesante señalar que muchas de las críticas al proyecto de modificaciones a la Ley de Riego vinieron del propio Frente Amplio (de legisladores que finalmente votaron el proyecto). En todos los casos las observaciones tenían que ver con elementos ecológicos de los eventuales impactos que generaría la proliferación de embalses sobre la biodiversidad acuática y terrestre y también sobre la calidad de los recursos hídricos del país (al combinarse estos represamientos con los efectos del aumento de fertilizantes y agrotóxicos en los sistemas ambientales producto de la intensificación productiva).
Tanto en la fundamentación del voto de estos pseudo-disidentes como en la síntesis postiva del propio Mujica, el rol de los organismos facilitadores ocupó una centralidad que no tuvo ni en la discusión parlamentaria previa ni en los contenidos del propio proyecto. “Confío en los organismos de mi país, no somos tan primitivos” manifestó Mujica, agregando que “tenemos que tener un poco más de confianza en nuestra propia gente”.
Esta idea de la modernización de las instituciones ambientales del país como resguardo tiene un doble movimiento. Por un lado limita “lo ambiental” a lo ecológico, escindiendo lo social que está inherentemente vinculado. Por ende, los impactos sociales y económicos de la apertura de la actividad del riego a la finaciarización quedan excluidos del horizonte de discusión y participación. Por otro lado, como el propio Mujica manifestó durante la sesión del Senado, la intervención de las políticas ambientales está orientada a la mitigación, a la remediación de los efectos nocivos del desarrollo y nunca a evitar tales impactos.
La fe incuestionada en el progreso tecnológico con la finalidad de promover la intensificación productiva no encontrará en las políticas ambientales del progresismo un freno, sino una legitimación. Quizás esta sea la única novedad propia del siglo XXI en una discusión de ideas y un contexto socioeconómico propio del siglo XIX.
va de remiendo en remiendo,
es un hilo que corriendo
quiere arrimarse al futuro
donde esperando en un muro
el pasado está riendo’
Fernando Cabrera, Décimas de prueba
La fe ciega en el conocimiento técnico, la celebración de tener yacimientos de petróleo, la privatización del riego y la apuesta a un tipo de industrias que exportan bienes primarios sin valor agregado son algunos de los elementos principales de esta oda al progreso que caracteriza la exposición pública del progresismo uruguayo.
El pasado viernes 20 de octubre, cuando miles de personas marchaban por Montevideo en Defensa de los Bienes Naturales, el Agua y la Tierra convocados por la Asamblea Nacional Permanente el gobierno uruguayo difundía un comunicado en el que anunciaba la confirmación de la existencia de hidrocarburos en el departamento de Paysandú.
Pocas horas después, la empresa transnacional norteamericana responsable del hallazgo emitía un comunicado en el que calificaba de “modesto” al evento que arrojaba el inminente ‘ascenso’ de Uruguay a la categoría de país dependiente pero con el recurso natural más codiciado por el capital financiero.
Las cosas tampoco le han salido de acuerdo a lo esperado al gobierno en relación a la otra gran iniciativa de “desarrollo”: la instalación de una tercera mega planta de celulosa en el Río Negro (centro del país). Días atrás el propio presidente Tabaré Vázquez anunciaba que el Acuerdo de Inversión entre el Estado y la transnacional de origen finalndés UPM estaba prácticamente resuelto (acordado en un “99,9%”). En las últimas horas se conoció un comunicado oficial de la empresa donde se sostiene que la posibilidad de construir una nueva planta de celulosa en Uruguay es un proyecto que se estudiará recién en 2019 si se cumplen algunas demandas que la empresa realiza en términos de infraestructura par sacar su producto del país (vías férreas, carreteras, puertos).
Es que la instalación de estos megaemprendimientos industriales coloca al país en una situación de debilidad frente al poder de empresas que multiplican el producto total del país que es comparable con la situación económica en los primeros años de vida independiente. En ese sentido, la industria de la celulosa ocupa el lugar que a fines del siglo XIX ocupaban los saladeros y la industria del tasajo: o sea, grandes emprendimientos productivos de escala global que comercializan materia prima con muy poco valor agregado y generando escasa mano de obra local.
Esto sin considerar los efectos que estos procesos productivos tienen sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ha sostenido que la situación actual del país en términos de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra sólo es comparable a la que existió en los tiempos de la colonia.
En la reciente marcha de la ANP, la proclama final consignaba la posición del colectivo sobre este proceso: “Se persiste en la profundización de este modelo saqueador y reprimarizador de la economía, planteando como una contradicción fundamental entre medio ambiente y trabajo, como si tal modelo no fuese justamente expulsor de la población trabajadora de los campos, y favorecedor de la concentración de la tierra como muestran los últimos censos agropecuarios con la pérdida de 12000 pequeños y medianos establecimientos productivos, en favor de actividades agrarias como los monocultivos sojeros y eucalipteros, las que menos empleo por hectárea generan. Así, las pasteras instaladas se consagran hoy como los mayores latifundistas del país, superando las 200.000 hás. cada una. En realidad, la verdadera importancia estratégica que el gobierno y el sistema político les adjudican, radica en los valores macroeconómicos que inflan a nivel nacional el PBI y las exportaciones, que se exhiben falsamente como símbolo de un bienestar del pueblo en general, ocultando su carácter de enclaves y las externalidades que socializan pérdidas y privatizan ganancias, para gloria del capitalista y padecimiento del trabajador y del pueblo”.
La reciente discusión parlamentaria sobre la Ley de Riego aportó más elementos de esta visión progresista de la explotación de la tierra y el agua, así como dejó en evidencia el lugar que la narrativa dominante le asigna a las políticas ambientales.
Riégame, contamíname
Las modificaciones a la Ley de Riego propuestas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fueron aprobadas en el parlamento, por unanimidad en el Senado, y con sólo dos votos en contra en Diputados. Recoge así amplios consensos del sistema político uruguayo acerca de las vías para promover la llamada “intensificación sostenible” (término en el que el ministro y empresario arrocero Tabaré Agarre enmarca su propuesta productiva).
En el debate parlamentario sobre las modificaciones Ley de Riego se expuso la visión dominante dentro de la izquierda uruguaya con respecto a la cuestión ambiental.
En un discurso modernizante, los elementos ambientales del debate sirvieron para dejar en claro que la Ley de Riego tendrá impactos pero los mismos serán minimizados por una institucionalidad ambiental (fiscalizadora) que mantendrá a raya las eventuales tentaciones depredadoras del capital.
Esto es altamente contradictorio con el espíritu de una ley que tiene el respaldo explícito no sólo de de la derecha partidaria sino también de las cámaras empresariales asociadas a la producción agrícola.
En particular, uno de los defensores de las modificaciones a la Ley de Riego fue el senador José Mujica, ex presidente de la República, ex Ministro de Ganadería y Pesca y, además, el responsable de que el actual ministro -Aguerre- ocupe ese cargo, donde desde promovió esta nueva normativa para la regulación del riego.
Mujica sostuvo en su defensa de la nueva forma que de ello depende “el precio de la comida de la gente” asumiendo que en el futuro no se podrá producir sin intervención del riego y que el objetivo de esta ley es favorecer el regadío de los alimentos. Nada más alejado de la realidad podemos concluir, con apenas analizar la exposición de motivos del proyecto de Ley, donde Aguerre sostiene que lo que se busca es un “segundo piso” para la producción agrícola uruguaya, en particular la sojera. Desde que se viene procesando la expansión de los cultivos sojeros en el oeste uruguayo está claro que su finalidad no es la de la producción de alimentos para los habitantes de Uruguay sino la producción de una commodity, un bien agrícola que es utilizado como materia prima en otros procesos productivos, en particular en Asia.
La lógica a partir de la cual el progresismo ha defendido las modificaciones a la Ley de Riego consiste en la idea de que es necesario “hacer algo” para aprovechar una cantidad importante de agua que “se va al mar y por lo tanto no está disponible”, en palabras de Mujica durante la sesión del Senado.
Banalizando la cuestión ambiental, Mujica agregó que “todo lo que hace el hombre termina agrediendo en parte al medio ambiente” y que “para respetar bien al medio ambiente y sus equilibrios habría que sacar al principal depredador”, haciendo referencia a que la única manera de atender la cuestión ambiental sería erradicando a las poblaciones humanas del ambiente. Por ello, la conclusión lógica derivada de este razonamiento es que una verdadera “preocupación ambiental” (la única legítima, digamos) es “la lucha es por mitigar y por conservar”.
Es interesante señalar que muchas de las críticas al proyecto de modificaciones a la Ley de Riego vinieron del propio Frente Amplio (de legisladores que finalmente votaron el proyecto). En todos los casos las observaciones tenían que ver con elementos ecológicos de los eventuales impactos que generaría la proliferación de embalses sobre la biodiversidad acuática y terrestre y también sobre la calidad de los recursos hídricos del país (al combinarse estos represamientos con los efectos del aumento de fertilizantes y agrotóxicos en los sistemas ambientales producto de la intensificación productiva).
Tanto en la fundamentación del voto de estos pseudo-disidentes como en la síntesis postiva del propio Mujica, el rol de los organismos facilitadores ocupó una centralidad que no tuvo ni en la discusión parlamentaria previa ni en los contenidos del propio proyecto. “Confío en los organismos de mi país, no somos tan primitivos” manifestó Mujica, agregando que “tenemos que tener un poco más de confianza en nuestra propia gente”.
Esta idea de la modernización de las instituciones ambientales del país como resguardo tiene un doble movimiento. Por un lado limita “lo ambiental” a lo ecológico, escindiendo lo social que está inherentemente vinculado. Por ende, los impactos sociales y económicos de la apertura de la actividad del riego a la finaciarización quedan excluidos del horizonte de discusión y participación. Por otro lado, como el propio Mujica manifestó durante la sesión del Senado, la intervención de las políticas ambientales está orientada a la mitigación, a la remediación de los efectos nocivos del desarrollo y nunca a evitar tales impactos.
La fe incuestionada en el progreso tecnológico con la finalidad de promover la intensificación productiva no encontrará en las políticas ambientales del progresismo un freno, sino una legitimación. Quizás esta sea la única novedad propia del siglo XXI en una discusión de ideas y un contexto socioeconómico propio del siglo XIX.
