ASESINATO DEL POETA
Caso Neruda: La pista química
La revista mexicana Proceso publicó en su edición del 17 de septiembre de 2016 el reportaje "Caso Neruda: La pista química", de su corresponsal en Chile Francisco Marín, en que se reproduce una conversación telefónica sostenida -en 1991- entre el ex químico de la DINA Eugenio Berríos y el coronel de Ejército Manuel Pérez Santillán, alias Tata, en que –aparentemente- aludirían al asesinato de Pablo Neruda.
“Esto es una historia antigua que data de 1973, cuando yo le entregué algo al coronel Aro, que estaba en la misma oficina que el general Baeza. Luego un avión voló y uno se quedó abajo. Voy a vender el guión: es de película”, señaló Berríos.
Lo dicho allí por Berríos calza perfectamente con lo que le sucedió a Neruda –premio Nobel de Literatura en 1971– en sus horas finales. El escritor murió en la clínica Santa María, de Santiago, el 23 de septiembre de 1973, pocas horas antes de que un avión DC-8 de Mexicana de Aviación –en el que el poeta saldría rumbo al exilio– despegara desde el Aeropuerto de Santiago rumbo a México.
Resulta sugestivo que dicha frase haya sido vertida por Berríos, principal perpetrador de los numerosos “asesinatos químicos” de la dictadura militar del golpista Augusto Pinochet (1973-1990).
Según expuso la recientemente fallecida agente de la Dina Mariana Callejas en entrevista con El Mercurio (publicada el 16 de julio de 1995), una vez escuchó a Berríos comentar que “no había mejor manera de liberarse de un indeseable que con una gota de estafilococo dorado”.
En mayo de 2015, el tanatólogo de la Universidad de Murcia Aurelio Luna encontró en los restos óseos del autor de Canto General trazas de dicha bacteria.
Acá reproducimos reportaje en comento, tal como fue publicado en septiembre de 2016 en Proceso.
Caso Neruda: La pista química
La hipótesis de que el poeta Pablo Neruda fue asesinado ha cobrado fuerza en el último lustro. La pieza más reciente la aporta un telefonema de 1991, en el que un bioquímico y esbirro de Augusto Pinochet insinúa que él entregó la bacteria mortal que supuestamente se le inoculó al Premio Nobel de Literatura en 1973, después del golpe militar contra Salvador Allende. En exclusiva, Proceso presenta el expediente en el que se analiza esta línea de investigación.VALPARAÍSO.- Oficialmente, el poeta chileno Pablo Neruda murió de cáncer de próstata en septiembre de 1973. Sin embargo, desde hace años se han multiplicado los indicios de que fue envenenado. La última pista la acaba de aportar la grabación de una llamada telefónica:
“Me metí en tremendo lío por ser más papista que el Papa. Esto es una historia antigua que data de 1973, cuando yo le entregué algo al coronel Aro, que estaba en la misma oficina que el general Baeza. Luego un avión voló y uno se quedó abajo. Voy a vender el guion: es de película.”
Esta enigmática revelación fue vertida en 1991 por el hoy extinto bioquímico Eugenio Berríos Sagredo –quien trabajaba para la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina)– en medio de una conversación telefónica con el coronel de Ejército Manuel Pérez Santillán, alias Tata.
Este audio –junto con numerosas conversaciones grabadas por Berríos– fue entregado por la viuda de éste (la bailarina Gladys Schmeisser) a la juez Olga Pérez, que entre 1999 y 2003 sustanció el proceso Rol 7.981, caso Berríos.
El telefonema fue recientemente conocido por el juez del caso Neruda, Mario Carroza, quien lo integró a una carpeta ultrarreservada, pero que Proceso da a conocer en exclusiva en el marco del cuadragésimo tercer aniversario de la muerte del poeta, que se conmemora este viernes 23.
Lo señalado allí por Berríos calza perfectamente con lo que le sucedió a Neruda –premio Nobel de Literatura en 1971– en sus horas finales. El escritor murió en la clínica Santa María, de Santiago, el 23 de septiembre de 1973, pocas horas antes de que un avión DC-8 de Mexicana de Aviación –en el que el poeta saldría rumbo al exilio– despegara desde el Aeropuerto de Santiago rumbo a México.
Resulta sugestivo que dicha frase haya sido vertida por Berríos, principal perpetrador de los numerosos “asesinatos químicos” de la dictadura militar del golpista Augusto Pinochet (1973-1990).
Según expuso la recientemente fallecida agente de la Dina Mariana Callejas en entrevista con El Mercurio (publicada el 16 de julio de 1995), una vez escuchó a Berríos comentar que “no había mejor manera de liberarse de un indeseable que con una gota de estafilococo dorado”.
Eugenio Berríos
El ADN de ese microorganismo está siendo analizado, desde febrero pasado, en el Centro de ADN Antiguo de la Universidad de McMaster (Ontario, Canadá) con el fin de determinar si éste fue o no deliberadamente inoculado a Neruda en la clínica Santa María.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, en un informe de marzo de 2014, determinó que “de los hechos acreditados en el expediente resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda”.
Allí se mencionó que “de haber existido la intervención de terceros, ésta habría consistido en la inoculación, mediante una inyección en el abdomen del poeta”, tal como denunció Manuel Araya Osorio, asistente del poeta desde noviembre de 1972 hasta su muerte.
En este informe se destaca que, al momento de morir, Neruda “era el personaje más relevante de la intelectualidad chilena”. Había sido senador, amigo y cercanísimo colaborador del presidente Salvador Allende –defenestrado y muerto durante el golpe militar de septiembre de 1973–. El análisis añade que, si bien “la dictadura siempre logró impedir que se formara un gobierno en el exilio, (…) Neruda era el candidato ideal” para encabezarlo.
Los mencionados
En el citado audio, Berríos menciona al “coronel Aro” y al “general Baeza”. El primero es Jorge Aro Confalonieri (fallecido), quien efectivamente fue ayudante del general de Ejército Ernesto Baeza cuando éste dirigió la Policía de Investigaciones (PDI).Baeza es reconocido –tanto por pinochetistas como por partidarios de Allende– como uno de los mayores promotores del golpe militar. Al inicio del gobierno de Allende (1970-73), fue jefe de la Misión Militar de Chile en Washington (1970-71), lo que le permitió acercarse a las esferas de inteligencia de Estados Unidos.
En 1972 fue nombrado comandante en jefe del Comando de Infraestructura del Ejército en Santiago y, ese mismo año, fue ascendido a general de división.
La mañana del 11 de septiembre de 1973, día de la asonada, Baeza conversó dos veces con el presidente Allende, a quien conminó a rendirse. Allende se negó.
Ese mismo día fue nombrado director general de la PDI y conservó sus responsabilidades en el Ejército. Como tal, se encargó de dar a conocer la versión oficial de la muerte de Allende, en una conferencia de prensa realizada el 20 de septiembre de 1973.
Científico perverso
Apenas ingresó –en 1967– a la Licenciatura en Bioquímica, en la Universidad de Concepción, Eugenio Berríos puso de manifiesto su fanatismo de derecha y su carácter extremista.Según informó el periodista Jorge Molina en su libro Crimen imperfecto. La historia del químico de la DINA Eugenio Berríos, en 1969 fue sorprendido intentando hacer explotar la Facultad de Química y Farmacia, luego de ser reprobado en Química Orgánica. Fue expulsado.
En 1970 se trasladó a la Universidad de Chile –sede Santiago–, en la que continuó sus estudios. Además, se volvió militante del ultraderechista Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), fundado a los pocos días de que Allende ganara la elección presidencial de septiembre de 1970. En las filas de esa organización conoció al terrorista estadunidense Michael Townley.
Según Molina, Patria y Libertad planificó el asesinato de Allende en un proyecto dirigido por Townley, y en el que supuestamente participó Berríos.
El reportero recoge en su libro el testimonio de una persona –a la que no identifica– que asegura que, la noche del 11 al 12 de septiembre de 1973, Berríos hirió y asesinó a balazos a numerosas personas en las calles de Santiago.
Durante la dictadura, abunda, el bioquímico mantuvo una gran cercanía con el criminal de guerra nazi y experto constructor de armas químicas y biológicas Walter Rauff, quien fue jefe de la Gestapo en el norte de Italia durante la ocupación nazi y creó los “camiones de la muerte” o “cámaras de gas móviles”.
“Quizás la amistad de Rauff –que se mudó a Chile en 1958– con Berríos pudo haber tenido un horizonte común: las armas químicas (y) los servicios que ambos prestaron a la Dina abren insospechadas conexiones del servicio represivo con la red Odessa (una trama de nazis en América del Sur)”, afirma Molina en su investigación. “No es descartable que la fórmula del gas sarín (un compuesto organofosforado que penetra en el sistema nervioso y produce la muerte por asfixia en pocos minutos) pudo haber llegado a manos de Berríos y la Dina a través del exoficial hitleriano”.
La liga con Colonia Dignidad
El vínculo entre Rauff (“consejero secreto ad honorem de la Dina”, según el cazanazis Simon Wiesenthal) y Berríos evidencia la estrecha relación que mantuvieron la Dina y Pinochet con Colonia Dignidad, un enclave de inmigrantes alemanes creado en 1961 en una hacienda de la Región del Maule, cuyo líder y fundador fue el criminal nazi y pederasta Paul Schäfer.En Colonia Dignidad se fabricaron armas químicas y convencionales; y fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas decenas de personas durante la dictadura pinochetista.
El reportero Carlos Basso expuso –en El paso de Walter Rauff y otros científicos nazis por Colonia Dignidad– numerosos asesinatos perpetrados con sustancias químicas en Colonia Dignidad, antes y después del inicio de la dictadura. El primero de ellos fue el de la joven Ursula Schmidtke, “fallecida en los años sesenta, la cual, según Ingrid Szurgelies (excolona que consiguió fugarse) fue muerta porque en la Colonia pensaban que era una joven a la ‘que le gustaba mirar a los chicos (y eso) no fue bien visto por Schäfer’”, se lee en la obra de Basso.
En julio de 1974 fue asesinado el agente de la Dina Miguel Becerra por querer huir de Dignidad con su hijo homónimo. Se le aplicó un químico basado en organofosforados, semejante al gas sarín.
Espíritu obtuso
En 1975 Mariana Callejas y su esposo, Michael Townley, formaron la Brigada Quetrupillán. Ésta funcionó en una casa-cuartel que la Dina adquirió a dicho matrimonio en la calle Vía Naranja 4925, comuna de Vitacura (Santiago).Allí se puso en marcha el Proyecto Andrea, de la Dina: producir armas químicas y bacteriológicas con las que se cometerían asesinatos de opositores al régimen. Para concretar este plan, Townley convocó a Berríos –alias Hermes– y al bioquímico Francisco Oyarzun Sjoberg.
Berríos y Oyarzun se concentraron en fabricar gas sarín.
La primera partida de gas sarín producida en Quetrupillán fue probada la Semana Santa de 1976 por Townley –que la aplicó directamente, con spray, al rostro de detenidos– en un crimen que fue presenciado por el jefe de la Dina, Manuel Contreras.
También de Quetrupillán, por ejemplo, salió el gas tóxico introducido en un frasco de perfume Chanel N° 5 que Townley llevó a Washington en un avión (de Lan Chile) con la intención de matar al excanciller de Allende, Orlando Letelier.
Finalmente, Letelier fue ultimado por anticastristas cubanos, contactados por Townley, con una bomba instalada en su auto el 21 de septiembre de 1976.
Dos años antes –el 30 de septiembre de 1974– la Dina había matado en Buenos Aires al excomandante en jefe del Ejército y vicepresidente de Chile Carlos Prats González, con una bomba instalada y activada por Townley, quien actuó acompañado por su cónyuge.
Llamativamente, en el tercer piso de la casa-cuartel Quetrupillán –vocablo mapuche que significa “espíritu obtuso o mocho”– funcionaba un taller literario dirigido por Callejas, al que asistían escritores que muy pronto constituirían la médula de “la nueva narrativa chilena”, como Carlos Franz, Gonzalo Contreras y Carlos Iturra.
En 1978, Townley fue extraditado a Estados Unidos, donde se le condenó y encarceló por el homicidio de Letelier.
Por esa época, el laboratorio de Vía Naranja fue trasladado al Complejo Químico del Ejército en Talagante (al sur de Santiago), del que se hizo cargo el coronel Gerardo Huber, a la postre asesinado.
En un informe enviado en 2006 por Manuel Contreras al juez Claudio Pavez –que investigaba la ejecución en 1992 de Huber–, afirmó que Berríos produjo en dicho recinto una variedad de cocaína denominada “coca rusa”, que se caracteriza por ser inodora e indetectable para los perros de las policías antinarcóticos.
Contreras aseveró que la producción de droga fue ordenada por el propio Pinochet. En el libro La delgada línea blanca (2000), de los periodistas Juan Gasparini y Rodrigo de Castro, se detallan vínculos del Ejército y de Pinochet con la producción y el tráfico de drogas.
Berríos fue despedido del Complejo de Talagante a mediados de los años ochenta: Se hizo insostenible su alcoholismo y adicción a las drogas. A partir de ahí se dedicó a traficar cocaína, faena en la que aprovechó sus vínculos con altas esferas políticas y militares.
Manuel Contreras
El fin, a manos de sus “amigos”
Berríos fue asesinado a finales de 1992. Su cadáver apareció en abril de 1995 en la playa El Pinar, cercana a Montevideo, con heridas de bala en el cráneo.
Había sido trasladado a Uruguay por la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), en una operación de “control de bajas” activada en octubre de 1991, después de que el juez que sustanciaba el caso Letelier, Adolfo Bañados, lo citara a declarar en esta causa.
En esta operación, acorde con investigaciones periodísticas, participaron escoltas de Pinochet (que entonces era comandante en jefe del Ejército) y agentes de inteligencia uruguayos.
Según señaló la periodista Mónica González en su reportaje Todas las muertes conducen a Berríos (Ciper, diciembre de 2009), “no eran los autores del crimen de Letelier lo que Pinochet y sus custodios del BIE temían que revelara el químico. Bañados ya tenía ese cuadro claro. Eran otras muertes que, en ese momento y recién iniciada la recuperación de la democracia, permanecían ocultas y podían detonar problemas mayores”.
El Tata, quien junto a Berríos asesinó con sarín (en julio de 1976) al diplomático español Carmelo Soria, se encuentra, desde 2015, cumpliendo una condena de cinco años por su complicidad en el secuestro y asesinato de Berríos.
Francisco Marín Proceso
"Certificado de muerte no refleja la realidad del fallecimiento", aseguran
Especialistas confirman que Neruda no murió de cáncer y desechan versión oficial por 44 años
El ministro Mario Carroza es la cabeza de la investigación que se ha volcado a establecer las causas de la muerte del poeta Pablo Neruda, muerto a 12 días de perpetrado el Golpe Militar, en septiembre de 1973. Es que a 44 años de su muerte había fundadas sospechas de que las causas de su muerte pudieran ser distintas de las que hasta hoy se observan en los diversos libros de historia: que Neruda habría muerto de cáncer a la próstata.
El caso se revisa a semanas de que se confirmara que la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva tampoco fue por causas naturales, sino que fue el resultado de la acción de terceros, en la Clínica Santa María, en donde se atendía.
Aurelio Luna forma parte del segundo comité de expertos nacionales e internacionales que ha revisado el caso. El catedrático español sostuvo que el certificado oficial de muerte de Neruda, que apuntaba al cáncer de próstata como causa de muerte, contiene información que no se corresponde con las verdaderas causas de muerte del Premio Nobel. No se puede asegurar hoy, sin embargo, cuál es dicha causa: “El certificado de muerte no refleja la realidad del fallecimiento”, aseguró Luna.
El Ciudadano
A quién le importa Frei
Publicado el 03 Septiembre 2017
Escrito por Pablo Portales - EL CLARÌN DE CHILE
“Magnicidio:
la historia del crimen de mi padre”, así acaba titulándose el largo y
solitario recorrido de Carmen Frei, junto a su esposo, Eugenio Ortega,
fallecido avanzado el camino, y el abogado Álvaro Varela. La obra de la
hija hace de antesala al inicio del juicio, como resultado de las
investigaciones del juez Alejandro Madrid durante 17 años, contra tres
autores, un cómplice y dos encubridores, del crimen al ex presidente de
la República, Eduardo Frei Montalva, que podría quedar para sentencia en
siete meses, marzo de 2018.
El dictador y los médicos
La
inteligencia del Ejército de Chile intervino, con la atenta mirada del
dictador Augusto Pinochet, para que Eduardo Frei Montalva, hospitalizado
para ser operado de hernia al hiato, terminara sin vida, hace más de 35
años, en enero de 1982.
Médicos
de la Universidad Católica se apersonaron de inmediato tras la muerte.
En secreto, sin autorización familiar, lo colgaron de una escalera y
vaciaron sus órganos. Veinte años después, el juez dio con la ficha,
caratulada N.N, correspondiente a Frei Montalva en dependencias de la
clínica de la Universidad, y también encontró la misma escalera usada el
día de su deceso.
El
Ejército y la Universidad Católica, dos instituciones centenarias
envueltas en la participación de un crimen de Estado, según antecedentes
recogidos por la instrucción judicial. Un magnicidio.
El ejército
El
“Nunca más” del Ejército (2005) ha quedado en nada. Los mandos de la
última década se han sumado al “pacto de silencio” que juraron decenas
de generales, a comienzo de la transición, a no colaborar con jueces que
investigan causas contra crímenes cometidos durante los 12 años de
dictadura.
El
Ejército y su “indiferencia moral”, como la definió una editorial de El
Mostrador, no es coherente con una democracia que se funda en los
derechos humanos y por lo tanto su actitud desafía a las instituciones
democráticas: el gobierno, el parlamento y los tribunales.
El
Ejército se resiste a la investigación repitiendo una y otra vez: no
hay antecedentes, se quemaron, invariable respuesta ante oficios
provenientes del parlamento o preguntas del juez instructor, no obstante
que el juez Madrid ha verificado que el Ejército tenía carpetas sobre
Frei y que esa información había sido digitalizada.
Los gobiernos
Desde
hace 10 años, la presidenta Michelle Bachelet y el presidente
Sebastián Piñera con voz firme y solemne comprometieron su palabra en
empeñarse por aclarar la verdad sobre la muerte del ex presidente Frei
Montalva.
"No cejaremos un instante en aclarar las circunstancias de su muerte (…)” , decía Bachelet. “Como
Presidente de Chile yo hago mío este deber de colaborar para que la
muerte del presidente Frei Montalva sea de una vez por todas esclarecida
(…)”, declaraba Piñera.
Sus
prometedores esfuerzos quedaron ahí. No se sabe si hubo gestiones o si
éstas no tuvieron resultados y optaron por dejarlo. Ni ella el 2010 ni
él en el 2014 dieron cuenta de gestión alguna y ahora, la presidenta
consigna lo que ya se sabe: “la justicia está llegando a quienes
asesinaron al Presidente Frei Montalva”.
Los
gobiernos democráticos de centroizquierda y de derecha han dado señales
de impotencia ante un Ejército que conserva bien atado sus lazos con su
lado oscuro, el del crimen sistemático contra dirigentes opositores a
la dictadura de Pinochet, sean socialistas o comunistas o como Frei,
fundador de la Falange Nacional y de la Democracia Cristiana, su máximo
líder durante 36 años.
La DC
La
Democracia Cristiana, “el partido de Frei” reaccionó mal ante la
iniciativa de Carmen Frei de comenzar a indagar en la idea de descubrir
“Quién mató a Frei”. Muchos dirigentes se sintieron incómodos, si no
molestos, de su osadía y algunos hasta intentaron sancionarla en su
propio partido. Obsesionados en el poder no estaban dispuestos a tolerar
dar pasos que pudieran irritar a poderes fácticos como el Ejército.
La
DC demoró 15 años en recapacitar, cuando un consejo directivo se
dispuso a escuchar a Carmen Frei, a interesarse por lo que había hecho
para descubrir el magnicidio. Luego, en marzo de 2016, se sumó a la
querella contra los responsables del crimen. El partido había evitado
involucrarse en acciones que abrieran paso hacia un esclarecimiento del
crimen de su fundador.
Contenta
y cómoda en el poder frente al temor a la reacción militar, la
dirigencia de la DC se inclinó a seguir el llamado del ex ministro de
Defensa del primer gobierno de la Concertación, Patricio Rojas, cuando,
en 2006, en forma airada planteó que dejaran en paz a Frei en su tumba.
Casi todos callaron. Rojas es concuñado del doctor de sanidad del
Ejército, Patricio Silva Garín acusado por el juez Madrid como uno de
los autores del homicidio de Frei.
La justicia tiene su hora
La
presentación del libro de Carmen Frei, como preludio del juicio y
sentencia, en unos meses más, sobre la causa del crimen de Estado contra
Frei Montalva, es un nuevo hito en el trayecto recorrido por decenas de
miles de familias chilenas que han dado testimonio de que la búsqueda
de la verdad y la justicia se sobreponen al “peso de la noche”, que
mantiene “esa tendencia casi general de la masa al reposo (como)
garantía de la tranquilidad pública”.
Carmen Frei: “Uno no espera la traición de personas tan cercanas y de tanta confianza”
Patricio López |Viernes 8 de septiembre 2017 14:11 hrs.
En
conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ex senadora de
la Democracia Cristiana, Carmen Frei, se refirió a su libro
“Magnicidio, la historia del crimen de mi padre”, recientemente
presentado, y ahondó en lo difícil que ha sido esclarecer el asesinato
del ex presidente.
entrevista Carmen Frei
Durante
décadas las causas de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva
se relacionaban a la complicación de una cirugía a la que él concurrió
por voluntad propia, sin que hubiera un requerimiento médico ni una
urgencia de salud.
Esta verdad empezó
muy lentamente a desmoronarse y tuvo un hito cuando en el año 2000, en
el hemiciclo del Senado, Carmen Frei planteó por primera vez de forma
pública que a su padre lo mataron. Hoy esto es una verdad judicial e
histórica: Eduardo Frei Montalva fue asesinado por la dictadura y todo
indica que por orden directa de Augusto Pinochet.
¿Cómo fue el tránsito y la lucha por imponer esta verdad?
Ha
sido un proceso duro. Con mi marido siempre, desde el momento en que mi
papá estaba en la clínica, vimos cosas raras. Tengo el testimonio de
algunas personas amigas mías que me fueron a ver los últimos días de mi
padre y una me contaba que ella se impresionó porque yo le dije “a mi
papá lo mataron”.
Yo entiendo que fue
muy duro para muchos de mi familia creer lo que realmente pasó. Cuando
hay malas noticias las personas tratan de olvidar o pensar que las cosas
no son así, es como una defensa del ser humano.
Con
mi marido trabajamos harto y esperamos tener esas dudas más que
fundamentadas, para iniciar este proceso que comenzó el año 2000 en el
Senado, y después del cual pudimos traer los restos del químico de la
Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Eugenio Berríos a Chile e
iniciar un proceso judicial. Al principio fue muy difícil, ya que no
contábamos con pruebas que ameritaran un juicio.
Con
la muerte de Berríos, que está estrechamente involucrado con la
producción de toxinas y elementos con los que envenenaron a mi padre,
iniciamos el proceso. Ahí el juez Alejandro Madrid comenzó una
investigación muy acuciosa. Completó más de 50 volúmenes donde cada uno
tiene más de 500 páginas con miles de personas a las cuales investigó,
hizo allanamientos muy precisos por ejemplo en la casa de los padres de
Berríos, donde el químico tenía sus cosas. Encontró documentación
relativa a la muerte de mi papá. Cosas muy impresionantes: un libro de
química en el que están los productos y las dosis que se usaron, en las
hojas están las anotaciones de Berríos.
En
el libro queda claro que este era un crimen difícil de esclarecer
porque fue preparado con mucho tiempo, el modo fue muy sofisticado y la
sucesión de acciones que se realizaron para borrar toda evidencia hacían
muy difícil reconstruir las piezas. Su padre se operó con un círculo de
mucha confianza, hablemos de esa traición.
Sí, algunos están procesados como autores y cómplices.
Usted
menciona al doctor Patricio Silva Garín, al chofer del ex presidente,
Luis Becerra, y a Patricio Rojas, que fue ex ministro de su padre y del
ex presidente Patricio Aylwin.
Sí,
además de dos médicos de la clínica de la Universidad Católica y un
agente de los servicios de Pinochet, que era el que lideraba el grupo e
incluso le pagaba a los que vigilaban a mi padre. También está el doctor
Valdivia que estaba a cargo de la Clínica Santa María el día que murió
mi padre. Seguramente fue él quien posibilitó la autopsia en la misma
pieza, cosa que es absolutamente irregular, hay que mencionar que
después le extrajeron todos sus órganos.
Ha
costado mucho comprobar todo esto porque fue muy cuidadoso la forma en
la que se tramó y por qué. En los escritos de Berríos se ve cómo los
productos que utilizaron con mi padre se potenciaban, pero al mismo
tiempo se iban eliminando. Ha sido un proceso muy difícil, pero tenemos
la certeza jurídica, pues el juez ha procesado. Ahora hay que cerrar la
investigación y dolorosamente admitir que mi padre fue asesinado. Al
principio no quería fuera así, pero creo que tengo que admitirlo no solo
por él, sino por todos los casos de desaparecidos, torturados y
detenidos que todavía no se investigan. Es bueno para todos conocer la
verdad y lograr justicia, porque o sino estas heridas no se cerrarán.
Las familias que hemos sufrido no podemos simplemente dar vuelta la
página porque el dolor se hereda, yo lo veo en mis nietos.
Su padre además de ser asesinado fue traicionado, ¿qué le provoca esto?
Eso
es lo más doloroso. Uno puede esperar traiciones de otros, pero no de
personas tan cercanas y de tanta confianza, gente que mi padre quería y
respetaba. Por eso algunos todavía no quieren creer lo que pasó, piensan
que es imposible.
¿Es una verdad incómoda para la Democracia Cristiana?
Yo
creo que fue muy incómodo, por eso no quisieron verlo. Son personas del
corazón de la Democracia Cristiana, entonces es difícil. Ellos decían
que yo estaba viendo fantasmas, que estaba media loca, me trataron
incluso de pasar al tribunal de disciplina del partido. Cuando me
invitaron en el año 2015 a contar lo que yo había vivido y visto, les
dije muy claramente que ninguno de los dirigentes asumió lo que pasó. A
mí me enorgullece que ellos hablen de mi padre, pero cuando vino algo
tan importante como su muerte no supieron asumirlo.
El
jueves, cuando publicamos el libro valoré que Carolina Goic fuera muy
explícita en decir públicamente que ella sentía lo que había pasado y
que ahora yo no iba a estar sola, porque todos estaban pidiendo
justicia.
En el libro queda
acreditado que durante todo el tiempo que ex presidente Frei estuvo en
la clínica Santa María, tanto para la primera intervención como para las
complicaciones de esa intervención, que ahora sabemos que responden a
un envenenamiento con gas mostaza y con talio, el cuerpo médico rendía
informes directamente al general Pinochet. Él estuvo al tanto de todo,
por lo que es evidente que este asesinato no se pudo haber producido sin
su instrucción directa.
Sí,
hay que recordar que muchos de los médicos que trabajaban en la Clínica
Santa María eran de la Dina y de la Central Nacional de Informaciones
(CNI), instituciones que cambiaron el nombre, pero en las que trabajaron
las mismas personas. Además, eran médicos del ejército. El doctor Silva
Garín hasta su edad de 79 años fue parte importante del equipo médico
del Hospital Militar. Es un hombre de mucha confianza, él instaló el
hospital en el Estadio Nacional cuando estaban todos los presos, donde
decidía a quien se le seguía torturando.
Nosotros
supimos esto mucho después, por eso que la traición duele. Pasaron
tantos años en los que ellos sabían todo lo que pasó: que a mi papá lo
vaciaron. Hay que recordar que Silva Garín también está involucrado en
la muerte de José Tohá. Yo no digo ni invento nada, está todo escrito.
Después
de la primera operación de mi papá, cuando comenzó a agravarse, ellos
culparon a otro doctor diciendo que se había generado una “operación
sucia”. Al doctor Silva Garín lo entrevistaron varias veces y hubo mucha
contradicción en sus declaraciones.
Uno
de los temas que se discute bastante es el rol de la Democracia
Cristiana antes, durante y después del Golpe de Estado. En el libro se
establece que parte del partido también fue golpeado por la dictadura
¿Qué reflexión tiene usted sobre el tránsito que sufrió el partido?
Muchos
se creyeron el “milagro económico de los Chicago Boys”, que tanto mal
le hizo a nuestro país. Resultados que estamos viendo hoy, por ejemplo,
en las presiones. Hubo gente que creyó que ese modelo era exitoso, yo me
acuerdo en los años 80 de una reunión en la que al terminar mi papá
hizo la crítica y algunos me dijeron a la salida “pucha que pena que don
Eduardo se esté quedando en el pasado cuando este modelo funciona”. No
sé qué nos pasó, algunas personas están arrepentidas, pero en ese
momento se equivocaron y para muchos no es conveniente reconocer
errores. Felizmente las cosas se han ido aclarando y ahora esperamos que
se crea la verdad y sobretodo que logremos justicia.
Si
yo puedo hablar y escribir tengo la obligación de hacerlo no solo por
mi padre, sino por todos los crímenes que están sin conocerse. No es
posible que todavía existan familias que no sepan que pasó con los
suyos; niños que les robaron a sus padres. La gente no pude decir
“olvidemos”. Yo no miro hacia el pasado, hago esto para que los jóvenes
sepan lo pasó y sean parte de nuestra historia.
Eduardo Frei Montalva, 6 de julio de 1973: “Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles”
(Acta
de la reunión que tuvo la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril
con el Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, levantada ese mismo
día por el abogado Rafael Rivera Sanhueza, entonces secretario de la
directiva de esa sociedad)
Hoy
viernes 6 de julio de 1973, día frío de invierno, al anochecer, la
directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, concurrió a entrevistarse
con el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había
accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta, a las 18:30
horas.
Integraban
el grupo Raúl Sahli Natermann, en su calidad de presidente subrogante,
ya que el titular, Orlando Sáenz Rojas, se encontraba en el extranjero;
Eugenio Ipinza Poblete, segundo vicepresidente; Sergio López Vásquez,
tesorero; Fernando Aguero Garcés, gerente general, y Rafael Rivera
Sanhueza, asesor jurídico.
Frei
se demoró en recibirnos. Hubo que esperarlo en el salón de la
presidencia alrededor de 45 minutos. Al ingresar, se excusó, expresando
que había sostenido una reunión de emergencia con los senadores de
oposición ante la grave situación que aquejaba al país.
Los
representantes de Fomento Fabril le manifestaron su inquietud por el
giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del “tanquetazo” del
viernes 29 de junio último (alzamiento frustrado del Regimiento
Blindados Nº 2, comandado por el teniente coronel Souper), que había
originado una toma masiva de industrias.
Se
le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se
adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una
cruenta dictadura marxista, a la cubana.
Frei
oyó en silencio, cabizbajo. Se le veía abrumado. Se paró de su sillón,
abrió una caja de plata y ofreció cigarros ‘Partagas’ a los asistentes.
Luego se sentó arrellanándose, y en forma pausada y solemne dijo que
agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba
con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a
la Unidad Popular, ya que la situación era tan crítica que los había
sobrepasado.
Claramente
agregó, casi textualmente: ‘Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni
ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con
fusiles’, de manera que en vez de ir al Congreso debíamos ir a los
regimientos. ‘Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que
comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas’,
ojalá hoy mismo.
Acto
seguido contó que un alto oficial de Ejército le había confidenciado
que tanto él como su familia corrían serio peligro en el barrio alto, al
cual le había respondido que él y su familia eran 12 personas y que en
el barrio alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su
situación era en el fondo irrelevante, agregándole que él, como
senador, había sido elegido por el pueblo para legislar, deber que
estaba cumpliendo. ‘Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberían
saber lo que tienen que hacer para salvar al país’.
Nos
despedimos, sorprendidos por lo que oyéramos de labios de Frei. Nos
llamó la atención su claridad y su decisión, ajenas a su natural
dubitativo y cauteloso.
Siguiendo
el consejo de Frei, nos dirigimos a pie por la calle Morandé en
dirección al Ministerio de Defensa. Serían alrededor de las 20 horas o
más. Las puertas del ministerio estaban entornadas. Consultamos a la
guardia si estaban algunos de los tres comandantes en jefe,
manifestándole que deseábamos ser recibidos por alguno de ellos. Tras
las consultas de rigor se nos informó que sólo se encontraba en su
despacho el Jefe del Estado Mayor de las FF.AA., vicealmirante don
Patricio Carvajal. Sin embargo éste, al conocer el motivo de nuestra
visita, por intermedio de su ayudante mandó a decirnos que nada teníamos
que plantearle, que no nos recibiría y que tuviéramos la bondad de
retirarnos.
Angustiados frente a tal acogida, nos alejamos con menores esperanzas que las que abrigábamos antes de esta frustrada visita.
(Nota
de José Piñera. Transcribo la carta que he recibido del Sr. Rafael
Rivera Sanhueza junto con el manuscrito original de esta Acta. He pedido
y recibido confirmación escrita de los señores Agüero, Ipinza y Sahli
en cuanto a que esta Acta es fiel reflejo de lo sucedido en esa
reunión).
*Fuente: José Piñera
Chile redescubre la historia del golpe de Augusto Pinochet
La conversación entre Nixon y Kissinger fue registrada por un sistema secreto de grabación que utilizaba el presidente y que su secretaria luego transcribía, creando un conjunto de documentos conocidos como “TELCONS”.
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense CIA “creó las mejores condiciones posibles” para acabar con el gobierno democrático de izquierda. “En el período de Eisenhower hubiéramos sido héroes” pero “en lo que se refiere a la gente, déjeme decir que no le van a comprar esta mierda a los liberales en esta ocasión”, comentan.
La transcripción de esta conversación forma parte de los documentos desclasificados por orden del presidente Bill Clinton cuando Pinochet fue detenido en Londres en 1998 por orden del juez español Baltasar Garzón, por su presunta implicación en delitos de genocidio, terrorismo internacional, y desaparición forzosa de personas durante su dictadura (1973-1990).
Secretos de Estado
Hasta marzo del próximo año, los chilenos pueden descubrir su historia sabida pero hasta ahora poco documentada, en la exposición “Secretos de Estado”, dirigida por el historiador estadounidense Peter Kornbluh, especializado en esta época negra de Chile, que se presenta en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos.“Esta exposición prueba documentalmente” lo que se sabía pero que no se había podido demostrar, dice a la AFP el director del Museo, Francisco Estevez. Los documentos están “ahí para probar que lo que se dice es cierto”, agrega antes de precisar que en “materia de memoria, el gran enemigo es el negacionismo”.
Para muchos visitantes, en particular los más jóvenes, es una época que empieza a ser conocida. Muchos documentos están todavía con borrones para ocultar información comprometedora. Pero el cruce de informes de miles de archivos desclasificados ha permitido rellenar los huecos que ha dejado la tinta negra.
La exposición abarca desde la asunción de Allende hasta el referéndum convocado por el propio Pinochet el 5 de octubre de 1988 para sabor si los chilenos querían que continuase en el poder. Nunca imaginó que ganaría el “No” y por ello intentó perpetrar un segundo golpe, que en esta ocasión no iba a contar con el apoyo de Estados Unidos. Ante la oposición generalizada, se rindió al veredicto popular y en 1990 cedió el poder al gobierno de la Concertación elegido en las urnas.
La exposición también repasa el papel que jugó el diario El Mercurio, que recibió dinero de la CÍA para obrar en contra del gobierno de Allende y a favor del golpe de Estado o los múltiples pasaportes que utilizó Pinochet y que le permitieron abrir cuentas en bancos estadounidenses para ocultar el botín que había ido amasando a lo largo de sus 15 años de dictadura.
Acoso temprano
Tras la victoria de Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, Nixon y Kissinger pusieron en marcha una serie de operaciones encubiertas diseñadas para bloquear la asunción de Allende y cuando fallaron, para desestabilizar su gobierno.Antes de que Allende entrara en La Moneda, “Nixon ya había dado instrucciones explícitas de llevar a cabo un cambio de régimen preventivo y generar las condiciones para que se produjera un golpe militar”, en una operación con el nombre de FUBELT y que condujo al asesinato del entonces comandante del ejército René Schneider.
No obstante, los informes que recibió Nixon el día del golpe siguen siendo secretos. La sección censurada sobre Chile “es muy probable que contenga la inteligencia sobre el complot para realizar el golpe de Estado”, aseguran los organizadores de la exposición.
La preocupación de las autoridades estadounidenses era el potencial “propagador” de la vía pacífica de Allende en el resto de América Latina tras el triunfo de la revolución cubana. En Chile, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -creada por Pinochet- llevó a cabo gran parte de la represión brutal que ejerció contra la oposición. Los archivos que documentan las atrocidades han desaparecido.
En el primer mes del golpe perpetró más de 1.600 asesinatos, recuerda Estevez, de los 3.000 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura.
Según le dijo un funcionario chileno al agregado de defensa de Estados Unidos, “hay tres fuentes de poder en Chile: Pinochet, Dios y la DINA”.
Corte Suprema ordena liberar a comuneros detenidos por Operación Huracán
P. Campos y M. Alarcón |Jueves 19 de octubre 2017 6:35 hrs.
La
justicia acogió el recurso de amparo presentado por las defensas de los
ocho imputados. No habría fundamentos para justificar su detención.
El
23 de septiembre pasado, ocho comuneros mapuche eran detenidos y
encarcelados por la policía en lo que se conoció como “Operación
Huracán”.
25 días después, los hombres recibieron la noticia de su liberación, luego de presentar ante la Corte Suprema un recurso de amparo.
Durante la prisión preventiva hubo manifestaciones en Temuco y Concepción, ciudades donde permanecieron privados de libertad Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva.
El problema era la forma en la que se armó la operación policial para apresarlos. Según información de la Fiscalía, el grupo se había coordinado para realizar ataques incendiarios y tráfico de armas a través de aplicaciones de mensajería telefónica como WhatsApp o Telegram, pruebas presentadas ante el juzgado de garantía que decidió mantenerlos en prisión preventiva.
De inmediato, los abogados y voceros de los mapuches rechazaron las pruebas, argumentando que -además- la resolución del juzgado no tomó en cuenta los argumentos de la defensa, dando solo validez a lo señalado por el Ministerio Público.
La Segunda Sala del máximo tribunal, compuesta por los jueces Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama, acogió de forma unánime el recurso de amparo, ordenando la inmediata liberación de los comuneros.
Según indicaron los jueces, el principal problema de la encarcelación fue el no contar con los fundamentos suficientes para justificar la participación de los imputados en los hechos.
La resolución será comunicada oficialmente esta mañana a los penales de Concepción y Temuco para oficializar la liberación de los detenidos.
El “huracán político”
A penas se hizo pública la detención de los ocho comuneros, los ojos se posaron sobre Mahmuh Aleuy, el subsecretario del Interior había estado detrás de la coordinación para activar el protocolo que mediáticamente se denominó “Operación Huracán”.
Días después, en medio de las reacciones a la masiva detención, el funcionario de gobierno partía a Argentina para encontrarse con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación de Mauricio Macri, con quien compartirían información sobre el presunto tráfico de armas entre organizaciones mapuches de ambos sectores.
En Chile, las presiones políticas por la forma en la que se llevó adelante el operativo policial crecían a la par que las defensas presentaban a los medios de comunicación las pruebas para demostrar la debilidad jurídica del caso.
Lo mapuche estaba en todas las portadas nacionales. En paralelo estallaba el escándalo por la prolongada huelga de hambre que mantenían los imputados por el caso Iglesias. Los cuatro mapuches imputados por aquel delito presentaban una crítica condición de salud, por lo que organismos médicos y sectores políticos presionaban al gobierno para acceder a su principal petición: no ser juzgados bajo la Ley Antiterrorista.
La presidenta y Mario Fernández accedieron al cambio, señal que fue leída como una “quitada de piso” al que -hasta entonces- era uno de los pocos cercanos de Michelle Bachelet que quedaban en La Moneda.
De regreso en el país, el Subsecretario evidenció su molestia a tal punto que solicitó sus vacaciones legales para alejarse unos días del escenario político. Tras bambalinas, se especula que la decisión solo retrasaría un distanciamiento final: Aleuy habría renunciado a su cargo, enojado por las diferencias sobre el mundo mapuche, sin embargo, su jefa le habría solicitado no hacer pública esta renuncia, coincidiendo en que alejarse por unos días era la mejor alternativa para ambos.
25 días después, los hombres recibieron la noticia de su liberación, luego de presentar ante la Corte Suprema un recurso de amparo.
Durante la prisión preventiva hubo manifestaciones en Temuco y Concepción, ciudades donde permanecieron privados de libertad Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva.
El problema era la forma en la que se armó la operación policial para apresarlos. Según información de la Fiscalía, el grupo se había coordinado para realizar ataques incendiarios y tráfico de armas a través de aplicaciones de mensajería telefónica como WhatsApp o Telegram, pruebas presentadas ante el juzgado de garantía que decidió mantenerlos en prisión preventiva.
De inmediato, los abogados y voceros de los mapuches rechazaron las pruebas, argumentando que -además- la resolución del juzgado no tomó en cuenta los argumentos de la defensa, dando solo validez a lo señalado por el Ministerio Público.
La Segunda Sala del máximo tribunal, compuesta por los jueces Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama, acogió de forma unánime el recurso de amparo, ordenando la inmediata liberación de los comuneros.
Según indicaron los jueces, el principal problema de la encarcelación fue el no contar con los fundamentos suficientes para justificar la participación de los imputados en los hechos.
La resolución será comunicada oficialmente esta mañana a los penales de Concepción y Temuco para oficializar la liberación de los detenidos.
El “huracán político”
A penas se hizo pública la detención de los ocho comuneros, los ojos se posaron sobre Mahmuh Aleuy, el subsecretario del Interior había estado detrás de la coordinación para activar el protocolo que mediáticamente se denominó “Operación Huracán”.
Días después, en medio de las reacciones a la masiva detención, el funcionario de gobierno partía a Argentina para encontrarse con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación de Mauricio Macri, con quien compartirían información sobre el presunto tráfico de armas entre organizaciones mapuches de ambos sectores.
En Chile, las presiones políticas por la forma en la que se llevó adelante el operativo policial crecían a la par que las defensas presentaban a los medios de comunicación las pruebas para demostrar la debilidad jurídica del caso.
Lo mapuche estaba en todas las portadas nacionales. En paralelo estallaba el escándalo por la prolongada huelga de hambre que mantenían los imputados por el caso Iglesias. Los cuatro mapuches imputados por aquel delito presentaban una crítica condición de salud, por lo que organismos médicos y sectores políticos presionaban al gobierno para acceder a su principal petición: no ser juzgados bajo la Ley Antiterrorista.
La presidenta y Mario Fernández accedieron al cambio, señal que fue leída como una “quitada de piso” al que -hasta entonces- era uno de los pocos cercanos de Michelle Bachelet que quedaban en La Moneda.
De regreso en el país, el Subsecretario evidenció su molestia a tal punto que solicitó sus vacaciones legales para alejarse unos días del escenario político. Tras bambalinas, se especula que la decisión solo retrasaría un distanciamiento final: Aleuy habría renunciado a su cargo, enojado por las diferencias sobre el mundo mapuche, sin embargo, su jefa le habría solicitado no hacer pública esta renuncia, coincidiendo en que alejarse por unos días era la mejor alternativa para ambos.
URUGUAY
En deuda con la justicia
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sesionó por primera vez en Uruguay. Ayer, mediante un extenso comunicado
de prensa, este organismo agradeció la hospitalidad recibida y
reconoció diversos avances de la sociedad uruguaya en la materia de la
que se ocupa, pero también lamentó que, mientras se realizaban las
sesiones, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “haya emitido una sentencia
en que declara inconstitucional la imprescriptibilidad de crímenes de
lesa humanidad perpetrados en la dictadura, lo cual es contrario a las
obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos y
a los estándares interamericanos”. Le faltó decir que el Estado
uruguayo en su conjunto incumplió, una vez más, la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el “caso Gelman”, dictada el 24
de febrero de 2011 (disponible en internet; ver en especial el párrafo
254).
La cuestión de fondo es si los crímenes del terrorismo de Estado prescribieron (o sea, si se extinguió, pasado determinado plazo, la posibilidad de juzgarlos) o si, por tratarse de delitos de lesa humanidad, no prescriben, según se ha establecido en acuerdos internacionales aceptados por Uruguay. Esto se vincula, a su vez, con discusiones jurídicas acerca del momento en que nuestro país asumió el compromiso de respetar tales acuerdos, y con el significado de ese compromiso en relación con actos anteriores a él. En todo caso, la impresentable situación uruguaya es que, a medida que ha ido cambiando la integración de la SCJ, debido a pases a retiro y nuevas incorporaciones, ese organismo ha tomado a veces una posición y a veces otra (un hecho que debería hacer reflexionar a quienes todavía creen que el derecho es inmutable e inequívoco). La “seguridad jurídica”, tantas veces invocada por causas menos nobles, se les niega a las víctimas de las peores violaciones de la Constitución y las leyes.
Aprovechando esa indefinición y de muchas otras formas, los abogados de las personas acusadas de violaciones de los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado han logrado frenar la mayor parte de los procesos. El jueves de esta semana hubo una movilización en la plaza Cagancha para protestar por el estancamiento de más de 300 trámites judiciales. Por otra parte, sucesivos organismos formados desde el Poder Ejecutivo para avanzar hacia la verdad y la justicia han obtenido resultados magros o erróneos, porque han carecido de los mínimos recursos necesarios para su tarea o porque sus integrantes fueron engañados, entre otros posibles motivos.
En el tiempo transcurrido desde que se cometieron los crímenes, los bebés se volvieron adultos, y los adultos, ancianos; el país ha cambiado mucho, pero la impunidad se mantuvo para la mayoría de los victimarios. Mientras los poderes del Estado flotan, como indiferentes, dentro de una nube gaseosa, la vergüenza no prescribe; la monstruosidad no cesa, y todos somos víctimas, todos familiares. La verdad y la justicia que faltan nos hacen menos libres, menos capaces de construir democracia. Por eso, la voluntad de lograr que nuestro país enderece su rumbo tampoco prescribe.
La cuestión de fondo es si los crímenes del terrorismo de Estado prescribieron (o sea, si se extinguió, pasado determinado plazo, la posibilidad de juzgarlos) o si, por tratarse de delitos de lesa humanidad, no prescriben, según se ha establecido en acuerdos internacionales aceptados por Uruguay. Esto se vincula, a su vez, con discusiones jurídicas acerca del momento en que nuestro país asumió el compromiso de respetar tales acuerdos, y con el significado de ese compromiso en relación con actos anteriores a él. En todo caso, la impresentable situación uruguaya es que, a medida que ha ido cambiando la integración de la SCJ, debido a pases a retiro y nuevas incorporaciones, ese organismo ha tomado a veces una posición y a veces otra (un hecho que debería hacer reflexionar a quienes todavía creen que el derecho es inmutable e inequívoco). La “seguridad jurídica”, tantas veces invocada por causas menos nobles, se les niega a las víctimas de las peores violaciones de la Constitución y las leyes.
Aprovechando esa indefinición y de muchas otras formas, los abogados de las personas acusadas de violaciones de los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado han logrado frenar la mayor parte de los procesos. El jueves de esta semana hubo una movilización en la plaza Cagancha para protestar por el estancamiento de más de 300 trámites judiciales. Por otra parte, sucesivos organismos formados desde el Poder Ejecutivo para avanzar hacia la verdad y la justicia han obtenido resultados magros o erróneos, porque han carecido de los mínimos recursos necesarios para su tarea o porque sus integrantes fueron engañados, entre otros posibles motivos.
En el tiempo transcurrido desde que se cometieron los crímenes, los bebés se volvieron adultos, y los adultos, ancianos; el país ha cambiado mucho, pero la impunidad se mantuvo para la mayoría de los victimarios. Mientras los poderes del Estado flotan, como indiferentes, dentro de una nube gaseosa, la vergüenza no prescribe; la monstruosidad no cesa, y todos somos víctimas, todos familiares. La verdad y la justicia que faltan nos hacen menos libres, menos capaces de construir democracia. Por eso, la voluntad de lograr que nuestro país enderece su rumbo tampoco prescribe.
