CHILE
A pesar de “tormentas” y “huracanes” movimiento mapuche no deja de crecer
Por
primera vez se da a conocer la existencia de un plan de operación en
sus inicios, cuyo nombre en este caso “Huracán”, pacto para criminalizar
causas mapuche. Otro plan parecido se supo post gobierno de Ricardo
Lagos cuyo nombre fue de “Paciencia”, con un periodo de fines del 2002
al 2005, existiendo oros gatillados desde el sector privado.
En este contexto, en medio de un nuevo plan de represión, se repiten montajes y prácticas que violan derechos humanos, impulsado por sectores empresariales y también de gobierno.
A continuación, se comparte artículo de Pablo Salinas publicado recientemente en El Indagador,
haciendo un recorrido por la relación de causas mapuche, la
criminalización, los gobiernos y el interés del saqueo transnacional.
Por Pablo Salinas
El 23 de junio pasado, en ceremonia en La Moneda, Bachelet pide perdón al pueblo mapuche.
El asunto alcanza cierta resonancia porque viene a ser la primera vez,
la primera vez en al menos el último siglo de vida republicana, que un
presidente en ejercicio declara algo similar ante el país, ante las
cámaras. La máxima autoridad del gobierno de Chile reconoce los “errores
y horrores” cometidos en el pasado contra el pueblo mapuche. Al
discurso muchos no pueden sino asignarle innegable importancia, incluso
cierta trascendencia. A otros, más bien, no hace más que evocarnos
poderosamente al lloroso Aylwin presentando el informe Rettig.
Esta vez no hay lágrimas –pese a que la materia convoca también un
sinfín de torturas y muertes-, pero sí similar actitud constreñida y
palabras plausibles, criteriosas, biensonantes.
A los pocos días, el 27 de junio, Bachelet se reune en la misma Moneda con el presidente Macri,
quien cruza la cordillera en visita relámpago para entrevistarse con su
colega chilena. Se informa que ambos firmarán acuerdos de cooperación
bilateral. Ciertamente. Y de cooperación bilateral también en el tema mapuche: pocas horas después del encuentro, el lonko Facundo Jones Huala es
detenido en Argentina. A menos de un año de haber sido puesto en
libertad, Jones Huala vuelve a ser detenido y encarcelado. El pedido de
extradición interpuesto por la justicia chilena en su contra, declarado nulo en septiembre del 2016 por un tribunal de Esquel, curiosa e injustificadamente vuelve a ser reactivado.
La justicia chilena persigue al lonko
nacido en Bariloche porque lo acusa de haber participado en el incendio
del fundo Pisu Pisue, en las cercanías de Osorno. La misma causa por la
que la joven machi Millaray Huichalaf fue condenada por un tribunal de
Valdivia como encubridora en 2014. Es condenada a dos meses de pena
remitida, tras haber pasado otros cuatro en prisión preventiva. De todos
los inculpados, ella termina siendo la única condenada y encarcelada.
Pese a lo feble de las pruebas en su contra y del evidente
hostigamiento, una vez recuperada su libertad, evita hablar de su experiencia en la cárcel porque rehuye cualquier asomo a victimización.
Prefiere hablar del futuro. Y de los logros de su comunidad. Como el de
haber frenado un proyecto hidroeléctrico que amenazaba con destruir
tierra sagrada. Y, sobre todo, del cambio en el patrón cultural, de un recuperado sentimiento de orgullo por ser y vivir como mapuche. Y
esto es lo que, pese a los discursos y a los anuncios de planes de
apoyo y reconocimiento, el gobierno, tanto chileno como argentino, no
pretenden sino combatir.
Millaray Huichalaf tiene 26 años,
Facundo Jones Huala, 31. Se trata de líderes jóvenes, a ambos lados de
los Andes, pujantes, con un grado de madurez en sus convicciones que
impresiona. La machi Millaray logró levantar a más de 30 comunidades
locales contra un millonario proyecto energético de capitales noruegos.
La principal razón del rechazo: la represa contemplaba la inundación de
un centro ceremonial de gran importancia en la cosmovisión mapuche. Caso
similar al que se genera 12 mil kilómetros al norte, en el otro extremo
del continente americano, en Standing Rock, la gran reserva siux, donde tribus nativas se oponen al paso de un oleoducto bajo el sagrado río Misuri. Casos similares se empiezan a replicar, a una escala que va mucho más allá de los márgenes de nuestro cono sur.
Las órdenes provienen desde lo más alto de la cúpula y no son otras más
que sofocar su avance sin dilación y con todo el peso de la mano
represora. El sistema simplemente no puede tolerar que se pongan en
entredicho, e incluso que lleguen a colapsar, proyectos paradigmáticos
del modelo por razones como algunas hectáreas de bosque nativo o un
simple cementerio indígena.
Y ante esto, ni Bachelet ni Macri son
otra cosa más que meros operadores, subordinados que deben limitarse a
acatar y hacer cumplir.
12 de octubre: Siguen las resistencias a los invasores
Para
los territorios ancestrales en el continente de América, conocido
también como “Abya Yala”, el 12 de octubre representa el día del
desembarco de la invasión bélica proveniente del imperio español, acción
seguida por imperios “vecinos”, tales como el Portugués, el Británico,
el Francés, entre otros, bajo la venia y distribución otorgada por la
iglesia dominante en Europa. Años más tarde, sectores políticos y
religiosos de la época en España discutirán si los que ellos
denominaban “indios descubiertos”, tenían o no alma, mientras se
ejecutaban masacres genocidas a diversos pueblos a lo largo de todo el
continente, con millones de asesinatos, cuyo eje principal de ambición
era el saqueo de minerales, principalmente el oro.
En el sur del continente un Pueblo
Nación, seguramente ya con la información previa del historial
sanguinario en territorios de más al norte y motivado por una
cosmovisión vinculada a las fuerzas de la tierra, el Mapuche asume el
weichan, la defensa, la resistencia, a pesar del avance progresivo del
ejército español causando el desplazamiento fronterizo del territorio
ancestral hasta situarse en el río Bio Bio por el lado de Ngulumapu
(Chile) y al sur de lo que hoy se conoce como Buenos Aires en Puelmapu
(argentina).
Importante señalar que mientras se
generó este enfrentamiento directo entre ambas fuerzas por la zona
centro sur, más al sur, la corona española a partir de 1553 invadió e
instaló en el lado del Pacífico un estado inquisitivo en el archipiélago
de Chiloé (Chilwe Mapu), desde donde se gestaron diversos actos de
rebeldía williche y la constitución de tratados con el invasor.
Se estiman en unos 29 tratados
sostenidos entre la corona española y el Pueblo Nación Mapuche a través
de los denominados parlamentos en 300 años, que posibilitaron una paz
en varios ciclos. Incluso, posteriormente, el estado chileno en 1825
con Ramón Freire suscribió el tratado de Tapihue reconociendo autonomía
jurisdiccional al Pueblo Mapuche, sin embargo fueron los estados
coloniales de Chile y Argentina hasta finales del siglo 19, a través de
una invasión bélica que generó el despojo y saqueo, existiendo en el
presente múltiples conflictos y diversos actos de resistencia, mientras
continúa una avalancha de proyectos relacionados al extractivismo.
Hoy, las invasiones están relacionados a
empresas y transnacionales, como también a estados y gobiernos
corruptos y racistas, herederos de esos imperios invasores, no tan solo
en América (Abya Yala), sino también en África.
A pesar de las carabelas de la muerte, las resistencias siguen, como también el levantamiento de múltiples propuestas de vida.
12 de octubre: comunicado público familia y comunidad Machi Francisca Linconao
“Se
aproxima el término del emblemático juicio Luchisinger Mackay y
nuevamente denunciamos a los fiscales principalmente al fiscal Alberto
Chiffelle quien ha sido el ejecutor de este montaje, ya es conocida la
trayectoria racista de este funcionario “público”, denunciamos al estado
y poder judicial por mantener a este nefasto personaje en este cargo,
pues en tribunales de la región sigue una y otra vez perdiendo juicios,
pero se mantiene inamovible en su cargo lo que demuestra que no
importando su desempeño seguirá apoyado por la política racista de este
gobierno”.
Compartimos a continuación el comunicado íntegro emitido por familia y comunidad Machi Francisca Linconao:
COMUNICADO PÚBLICO FAMILIA COMUNIDAD MACHI FRANCISCA LINCONAO
MOVILIZACIONES 12 OCTUBRE 2017 ULTIMA ETAPA DEL JUICIO
Mari Mari pu lamuen ka pu peñi ,
saludo a todas las hermanas y hermanos mapuche y amigos que han apoyado
esta lucha por justicia y libertad para la machi Francisca Linconao y
todos los Prisioneros Políticos Mapuche que al día de hoy se encuentran
en las distintas cárceles del territorio de Wall Mapu, víctimas de la
persecución de los estados de chileno y argentino.
Cuando el mundo occidental celebra la
llegada de los colonizadores a Aby ayala, en nuestro territorio este
proceso no ha terminado, las persecuciones hacia el pueblo mapuche día a
día se hacen más evidente y graves , queremos declarar:
KIÑE- Aun sigue el injusto
procesamiento judicial de la machi Francisca y 10 hermanos mapuche más
por el caso Luchsinger Mackay, lo que hemos denunciado mucha veces
que es un montaje más, en donde se ha tratado nuevamente de terroristas
a nuestras autoridades ancestrales y hermanos, pretendiendo ensuciar y
rebajar nuestra cultura mapuche, inculpando injustamente sin pruebas,
esto ha quedado muy claro en más de un mes de juicio, en donde se ha
evidenciado la utilización bajo apremios ilegítimos de un hermano
mapuche como es José Peralino Huinca para inculpar a los imputados.
EPU-El pueblo mapuche sigue perseguido,
una vez más se ha invocado la ley antiterrorista 18.314, caso Luchsinger
Mackay, caso Iglesia y la denominada operación Huracán, actuales
procesos en donde se aplica esta ley, sin atender a las anteriores
recomendaciones y condenas que se le han aplicado al estado chileno y
las nuevas recomendaciones que organismos internacionales como ONU y
otros han emitido los últimos días y que exigen la no aplicación de esta
ley hacia el pueblo mapuche.
KULA-Se aproxima el término del
emblemático juicio Luchisinger Mackay y nuevamente denunciamos a los
fiscales principalmente al fiscal Alberto Chiffelle quien ha sido el
ejecutor de este montaje, ya es conocida la trayectoria racista de este
funcionario “público”, denunciamos al estado y poder judicial por
mantener a este nefasto personaje en este cargo, pues en tribunales de
la región sigue una y otra vez perdiendo juicios, pero se mantiene
inamovible en su cargo lo que demuestra que no importando su desempeño
seguirá apoyado por la política racista de este gobierno.
MELI-Denunciamos a los medios de
comunicación masivos pertenecientes a corporaciones que se suman día a
día a una campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche sembrando
en la opinión pública la idea del mapuche violento o mapuche terrorista.
KECHU-Hacemos un llamado a la
participación activa para defender a nuestros hermanos mapuche que
seguramente seguirán siendo criminalizados, es fundamental el apoyo en
las calles, marchas y otras manifestaciones de descontento uniéndonos en
esta lucha tanto en gulu mapu como en puel mapu.
BASTA DE APLICAR LA LEY ANTITERRORISTA AL PUEBLO MAPUCHE!!!
BASTA DE PERSECUSIÓN A LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!!!
JUSTICIA Y LIBERTAD PARA EL PUEBLO MAPUCHE Y LOS DEFENSORES DE LA ÑUKE MAPU!!!
PEWAYU KA FENTXEN MAÑUN!!
Marcha de la Resistencia en Buenos Aires: comunidades exigen emergencia territorial y fin de la represión
Con representantes de distintos pueblos
indígenas este 12 de octubre se realizó la Marcha de la Resistencia.
Luego de un acto en el que se pidió por la aparición con vida de
Santiago Maldonado y la libertad de los presos políticos indígenas -como
Facundo Jones Huala y Agustín Santillán- cientos de personas realizaron
el tradicional recorrido por el centro de Buenos Aires. Las distintas
organizaciones y comunidades presentes también exigieron la prórroga de
la ley de emergencia territorial (26160). Un grupo de hermanos y
hermanas permanecen encadenados al Congreso de la Nación, mientras se
sostiene el acampe en la plaza de los dos Congresos hasta que sea
prorrogada la ley.
Llamado a la unidad: Estado de movilización de pescadores y comunidades Lafkenche en la Provincia de Arauco
Este
jueves pescadores se movilizaron por sus derechos dirigiendo una
caravana que colmó la ruta p – 160 en dirección a Concepción para
visibilizar su movimiento y sus demandas. Asimismo han sostenido
diversas conversaciones y acuerdos con diversos sectores del LafkenMapu
en lo que se denomina Provincia de Arauco.
Sindicatos de pescadores se han reunido
con comunidades Lafkenche en la Provincia de Arauco y en conjunto han
emitido un comunicado público emitido desde Tirúa y publicado en Aukin Lavquen y al final un despacho de radio:
Tirua, miércoles 11 de Octubre del 2017
Pescadores Artesanales, comunidades
mapuche, pobladores y Organizaciones sociales de la comuna de Tirúa,
saludamos a nuestros hermanos pescadores y sus familias de las diversas
localidades costeras del Lavkenmapu, en especial a los pescadores de
Lebu. Declaramos nuestro apoyo, en la lucha, por la defensa del mar;
parte fundamental e indisoluble de nuestro territorio. La gran
industria, propiedad del empresariado, nacional y transnacional,
pretenden perpetuar el saqueo de los recursos, por medio de leyes
discutidas desde las mismas cúpulas, alojadas en el parlamento. Hoy
exigimos con firmeza y unidad, que el gobierno cumpla con los derechos
internaciones que declaran a la Reineta como una especie migratoria y
detenga su actual política de beneficios para la gran Industria pesquera
(extractivista).
El día de hoy hemos dado un paso
trascendental, para asumir en conjunto nuestro presente y futuro, al
calor de la unidad y la lucha continuaremos trabajando para
sobreponernos a las políticas de los gobiernos de turno, que
sistemáticamente han entregado el mar, a la pesca industrial. Frente a
esta realidad, hemos asumido la tarea de trabajar en conjunto, por la
defensa y el control, de nuestro Territorio.
También hacemos un llamado a los
pescadores artesanales en general a tomar posición y no dejarse
manipular por dirigentes corruptos que en conjunto con la pesquera Frio
Sur (ligada a la Democracia Cristiana), han demonizado a los pescadores
de Lebu, catalogándolos como “depredadores”, sin decir una palabra sobre
la pesquera en cuestión que captura la Reineta por intermedio de la
pesca de Arrastre, sabiendo el daño que genera en los ecosistema
marinos.
Nuestros compromisos son los siguientes:
1.- Establecemos nuestro compromiso para
encontrar los modos de trabajo en alianza y unidad entre pescadores
artesanales de la provincia de Arauco y Mapuche Lavkenche para la
defensa de nuestro mar, su conservación y la soberanía alimentaria de
nuestros pueblos.
2.- Nos oponemos a las modificaciones
que se le quieren realizar a la Ley Nº 20.249, que crea el espacio
costero marino de los Pueblos originarios, más conocida como la ley
lavkenche, exigiendo a su vez al gobierno que cumpla con lo establecido
en la misma, es decir la entrega de los espacios costeros a las
comunidades mapuche, entregando las 12 millas de Mar Territorial.
3.- Exigimos que la Jibia sea
considerada en su totalidad para los pescadores artesanales, utilizando
línea de mano para su captura, permitiendo la conservación y
reproducción de la especie.
Movilización pescadores artesanales de Lebu
Por su parte, se construye una cuña
radial que explica el contexto y situación que lleva a los pescadores
artesanales de Lebu a movilizarse, exponiéndose en esta pieza sonora,
sus principales demandas.
Encuentro de comunidades y organizaciones por la defensa de la Nuke Lafken Mapu. Valdivia 20 octubre
Muleiñ Ingkayafiel Taiñ Ñuke Lafken Tati
Encuentro de comunidades y organizaciones por la defensa de la Nuke Lafken Mapu:
Situación actual y perspectivas de la Ley Lafkenche y derechos de uso y acceso al mar y los bienes comunes
Campus Miraflores, Universidad Austral de Chile
Valdivia 20 de octubre de 2017
MAYOR INFORMACIÓN: escriba a radiodelmar@radiodelmar.cl
Empresas pesqueras y acuícolas, mineras, de
energía y forestal, junto a las patronales Sociedad de Fomento Fabril
(Sofofa), la Confederación de la Producción y el Comercio (CMPC), y
Salmón Chile A.G., se encuentran en un activo lobby para oponerse y
debilitar la Ley N° 20.249 (Ley Lafkenche).
El artículo 10 de esta normativa ordena dar
prioridad a la tramitación de una solicitud de Espacio Costero Marino
de los Pueblos Originarios (ECMPO), por sobre cualquier otro derecho en
el borde costero, por lo cual las demás solicitudes de afectación,
acceso y uso de estas zonas, tales como concesiones de acuicultura,
marítimas y áreas de manejo de recursos bentónicos (Amerbs), entre
otras, quedan suspendidas hasta que la Conadi emita un informe de uso
consuetudinario por parte de la comunidades. Además, la ley establece
que si se acredita el uso, se deberá dar prioridad a la solicitud del
pueblo originario.
La Ley Lafkenche es un instrumento jurídico
que reconoce derechos territoriales colectivos específicos para los
pueblos originarios sobre sus territorios, medio ambiente y los recursos
naturales que allí disponen, en base al uso consuetudinario que han
ejercido ancestralmente, lo que incluye manifestaciones religiosas,
recreativas, medicinales, así como actividades extractivas y pesqueras
de carácter colectivo y comunitario.
Esta legislación nacional que reconoce la
libre determinación de las comunidades costeras de pueblos originarios
en el destino y manejo de estos ECMPOs, está amparada por el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones
Unidas, herramienta jurídica de rango constitucional la que fue
ratificada el 2008 por el Estado Chileno, siendo por lo tanto ley de la
República.
La Ley Lafkenche y el Convenio 169 de la
OIT están unidas. Esto, a pesar que la normativa del Estado es vulnerada
por las interpretaciones de los gobiernos de turno. Sin embargo, al ser
parte de este convenio internacional ratificado por el Estado chileno,
esto se encuentra bajo la mirada y supervisión internacional.
La ley Lafkenche ha sufrido diversas
modificaciones e interpretaciones aplicadas sin procesos de consulta
previa, ni participación de las comunidades de pueblos originarios, (tal
como lo obliga el Convenio 169/ OIT), las cuales se han constituido en
una serie de obstáculos al momento de solicitar y gestionar un ECMPO,
afectando directamente los intereses, procesos y derechos territoriales
de los pueblos costeros originarios.
A la fecha se han destinado nueve espacios
costeros marinos para pueblos originarios por un total de 40.892
hectáreas. Sin embargo, existen otras cincuenta solicitudes de ECMPO,
ubicados entre las regiones del Bío Bío y de Aysén, que se encuentran en
trámite
Esto contrasta con el rápido otorgamiento
hace algunos años de parte del Estado chileno, de más de 300 áreas de
manejo. Pero también existe una gran diferencia con las cientos de
solicitudes de zonas para criar salmones que se han otorgado a empresas y
particulares y otras tantas que están en tramitación.
Los pueblos originarios han utilizado el
borde costero de lo que hoy se conoce como Chile, desde hace más de
10.000 años. A pesar de ello, son un actor al cual se le excluye y no se
le ha considerado a la hora de tomar decisiones sobre los territorios y
recursos.
A la histórica usurpación de nuestra
tierra, ahora se suma la apropiación de la Ñuke Laken Mapu, nuestro Mar,
mediante las corruptas privatizaciones pesqueras y del borde costero,
la comercialización de cuotas de pesca y derechos de acceso y uso en los
mercados, y entrega de concesiones para las actividades de acuicultura,
minería, forestal y energía.
Sectores del Estado y la casta
política-funcionaria-empresari
A través de una agresiva campaña
comunicacional y de lobby sobre el gobierno, el parlamento y
ministerios, el empresariado extractivista-exportador, con el apoyo del
Estado y altos funcionarios públicos, abogados y algunas Ongs
internacionales pro-industria, buscan bloquear la aplicación de la Ley
Lafkenche, dividir a las comunidades, y eliminar, o debilitar partes de
su articulado, con el fin de neutralizar las solicitudes de EMCPOs.
La Ley Lafkenche obliga a la sociedad
chilena a tener que pensar de manera integral y respetuosa la relación
con nuestra Ñuke Lafken, en el contexto de la recuperación territorial,
autodeterminación y la construcción de una sociedad de derechos
políticos, culturales y sociales.
Cada solicitud de un ECMPO es justificada
en función de su conservación y uso responsable de su biodiversidad y
recursos; del fortalecimiento cultural y espiritual; del aporte a las
actividades educativas, recreativas, de turismo, de medicina ancestral;
del conocimiento de los recursos marinos y la conectividad de las áreas
del Wallmapu. También se reconoce como una oportunidad de colaboración
respetuosa, creativa y sustentable con diversos usuarios e intereses
existentes
La existencia de los pueblos originarios no
está vinculada a la expansión territorial y productiva de las empresas
extractivistas –exportadoras, sino con la vinculación directa y activa a
sus derechos de acceso y uso territorial. Por ello nos encontramos en
un activo proceso de recuperación y protección ambiental y de derechos
políticos y sociales en vastos territorios costeros, para enfrentar la
imposición de excluyentes y destructivos mega proyectos de inversión que
buscan controlar nuestra agua, territorio, biodiversidad y recursos,
así como eliminar nuestras identidades, costumbres y espiritualidad.
Es por esto necesario reunirnos, conversar,
revisar propuestas, aprender de las luchas de todas las comunidades y
establecer estrategias para defender nuestro derecho al mar y sus
recursos.
Es en este contexto es que se plantea el
Encuentro de comunidades y organizaciones para revisar la situación
actual y perspectivas de la Ley Lafkenche y buscar formas de defender y
recuperar nuestros derechos de acceso y uso del mar y los bienes
comunes.
Esta actividad se realizará en el Campus
Miraflores de la Universidad Austral de Valdivia el viernes 20 de
octubre de 2017 desde las 9 am.
Del "Día de la raza" al "Día de la resistencia indígena": la conmemoración del 12 de octubre en América Latina
Para muchos países de América Latina el 12 de octubre representa el inicio de un proceso de violenta imposición cultural, política y militar, que incluye el exterminio de millones de personas en nombre de la civilización y de la religión católica.
Del “Día de la raza” al “Día de la resistencia indígena”: la conmemoración del 12 de octubre en América Latina.
El 12 de octubre se celebra España, bajo el nombre Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad, pero también en América, aunque en el continente americano en los últimos años se ha modificado su denominación. En muchos lugares no se concibe como un hecho a celebrar si no todo lo contrario debido a que el 12 de octubre representa el inicio de un proceso de violenta imposición cultural, política y militar, que incluye el exterminio de millones de personas en nombre de la civilización y de la religión católica.
Al día de hoy los pueblos originarios continúan su resistencia en defensa de sus tierras y de la preservación de sus sistemas ecológicos y culturales, defendiendo la vida, reforzando los lazos de solidaridad y de apoyo mutuo, frente a las coacciones, mentiras, abusos y crímenes de los colonizadores.
“Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia”, Eduardo Galeano.
Nuevas denominaciones en Latinoamérica
En algunos países de Latinoamérica se ha cambiado la denominación del Día de la Raza y la celebración del “descubrimiento de América” para recordar que el territorio americano ya existía y estaba habitado antes de la llegada de los colonizadores.En Bolivia por ejemplo el presidente Evo Morales declaró en 2011 el 12 de octubre Día de la Descolonización, para celebrar la recuperación de la autodeterminación de los pueblos que fueron invadidos por extranjeros y despojados de su autogobierno.
En Venezuela desde 1921 se celebró el Día de la Raza pero en el año 2002, a solicitud de las organizaciones indígenas, el gobierno de Hugo Chávez lo transformó en el Día de la Resistencia Indígena, que todavía se celebra en la actualidad, como un homenaje a las comunidades que sobrevivieron a la conquista española.
En Ecuador se celebra el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad cada 12 de octubre, establecido por Decreto Ejecutivo desde 2011 para revindicar los derechos de los pueblos que conviven en este país sudamericano.
En Argentina, el 12 de octubre de 1917, por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, se instauró el Día de la Raza para celebrar la identidad hispanoamericana, pero ante el reclamo y el repudio de las comunidades aborígenes ante la celebración de un hecho que había provocado la muerte de millones de indígenas en 2010 se estableció por decreto el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
En Chile la fecha se conoce popularmente como ‘Día de la raza’, sin embargo su denominación oficial, tras llamarse ‘Aniversario del Descubrimiento de América’, en el 2000, es ‘Día del Encuentro de Dos Mundos’ en alusión al lema oficial de las celebraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. En el país trasandino la comunidad mapuche realiza en coincidencia con el “Día de la raza”, el día de la resistencia mapuche.
Uruguay desde 2014 se declara el 12 de octubre “Día de la diversidad cultural”. “La denominación actual del 12 de octubre como ‘Día de la Raza’ surge de una visión europea de la historia en atención al contingente español colonizador”, argumenta el texto del proyecto de ley para el cambio de denominación.
“A todas luces dicho nombre no concuerda con el sentimiento predominante en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, conformados hoy por un verdadero crisol de razas que, por otra parte, tuvieron participaciones absolutamente diferentes en el proceso de la conquista y guardan hoy en su memoria significaciones muchas veces contradictorias respecto de aquellos hechos históricos”, agrega el documento.
CATALUNYA
Pensamiento crítico
por Vicenç Navarro
Los problemas y errores del independentismo catalán
Por Vicenç Navarro Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Catalunya está viviendo la mayor crisis social, política, y pronto veremos la económica, que haya existido en la época democrática. He mostrado con detalle en otro artículo las dimensiones de la gran crisis social en Catalunya, la mayor en este siglo y finales del anterior (“El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social” Público, 30 de Junio 2017). Y a esta crisis social se le ha añadido la enorme crisis política en la que las instituciones de la Generalitat eran intervenidas por el Estado central, con la posibilidad (que tiene elevada probabilidad) de que se reduzcan todavía más las capacidades de decisión y gestión de las instituciones públicas de Catalunya por parte del Gobierno catalán. Por otra parte, el temor de que las grandes tensiones políticas que están ocurriendo en Catalunya afecten a las grandes empresas basadas en Catalunya ha determinado una huida masiva de muchas empresas, desplazándose a otras partes de España, creándose con ello la crisis económica.
Ni que decir tiene que la mayor responsabilidad de lo que ocurre en Catalunya se debe a las políticas desarrolladas, aplicadas e impuestas por el Estado central español, gobernado por el Partido Popular liderado por el Sr. Mariano Rajoy. Ahora bien, sin implicar una igualdad de responsabilidades o equidistancia de razones, el hecho es que el gobierno de Junts Pel Sí, es también, responsable de cada una de estas crisis, hecho que, aun cuando se acentúa (e incluso se exagera) en los medios basados en Madrid, se ignora en gran número de los medios basados en Barcelona, controlados (los públicos), y altamente influenciados (los privados debido a generosas subvenciones públicas) por el gobierno independentista de la Generalitat de Catalunya. Puesto que ya he analizado críticamente el Estado central y el gobierno Rajoy en otros artículos (ver “La necesaria movilización de las fuerzas democráticas frente a los herederos del franquismo” Público, 28 de Septiembre 2017), intento ahora centrarme en el comportamiento del gobierno Junts Pel Sí, mostrando que tiene su parte de responsabilidad en las enormes crisis que cito al inicio del artículo.
No me voy a extender en la crisis social, pues creo ya haber demostrado que las políticas de claro corte neoliberal (como la reforma laboral, que ha incrementado el desempleo y la precariedad y disminuido los salarios y la protección social) y los enormes recortes del gasto público social y las privatizaciones en los servicios públicos del Estado del Bienestar catalán realizadas por los gobiernos de Convergencia (con Unió Democrática hasta el año 2015 y con ERC después), han jugado un papel esencial en el gran deterioro de la calidad de vida y bienestar social de las clases populares en Catalunya. Estas políticas neoliberales fueron aprobadas en las Cortes Españolas (junto con el PP, otro partido neoliberal), por el partido Convergència (ahora llamado PDeCAT que ha gobernado Catalunya por la mayoría del periodo democrático).
La crisis política: consecuencia del llamado “procés”
En cuanto a la crisis política, causa importante de tal crisis ha sido la estrategia diseñada para alcanzar la independencia “exprés” desarrollado, por Convergència que ha liderado la coalición Junts Pel Sí, en colaboración con el partido ERC y con la ayuda de la CUP, un partido muy minoritario pero con considerable influencia debido a que sin él, Junts Pel Sí no alcanzaría la mayoría en el Parlament. Es importante señalar que tal mayoría parlamentaria debe su estatus de mayoría a una ley electoral inicialmente diseñada en época predemocrática (con el objetivo de discriminar a la clase trabajadora) que, cuando el gobierno Pujol pudo cambiarla, la dejó tal como estaba, favoreciendo a las zonas rurales y pequeños centros urbanos a costa de las grandes ciudades donde vivía tal clase. Como consecuencia de ello, tal mayoría parlamentaria no se corresponde a una mayoría de votos. En realidad, los votos a los partidos independentistas, nunca han sumado una mayoría del electorado en Catalunya.
Tal estrategia, conocida como el “procés” ha incluido varios componentes. Uno de ellos ha sido el calendario de intervenciones en las que alcanzar la secesión era un objetivo inmediato y siempre prioritario, anteponiéndolo a todos los demás (en realdad, la actividad legislativa del Parlamento bajo esta mayoría ha sido muy limitada). El President Puigdemont aseguró que el Parlament aprobaría 45 leyes en los 18 meses de legislatura. En realidad, hasta ahora han visto la luz verde solo 23 (18 este año y 5 el año pasado). En el principio de la legislatura anterior, durante un período parecido fueron aprobadas 47 leyes. (La baja productividad se debe a la importancia otorgada a la función agitacional, en lugar de la legislativa).
Lo que el govern catalán deseaba era centrarse en conseguir la independencia “exprés”. Como parte de este proceso rápido se fue escalando el nivel de intervenciones, bien en la narrativa de su discurso, bien en el argumentario utilizado para justificar sus intervenciones, bien en las acciones tomadas por el govern catalán que produjeron un incremento de la tensión con el Estado central, tensión que tenía el intento de movilizar la opinión popular en apoyo del Govern. En realidad, algunos dirigentes de Junts Pel Sí así lo indicaron en varias ocasiones. Su meta era radicalizar el discurso para conseguir una mayor movilización.
La monopolización del soberanismo por el independentismo
La otra característica de este proceso ha sido monopolizar el significado de soberanismo (el derecho a decidir) con el de independentismo (la secesión de Catalunya del resto de España) haciendo los dos conceptos y términos intercambiables e idénticos. La dicotomía presentada en su estrategia era, pues, el limitar las alternativas posibles a independentismo o a lo que los independentistas llamaban el unionismo, definiendo como tal a todas las opciones que no eran secesionistas. Esta estrategia limitaba enormemente las alternativas, reduciéndolas solo a dos posibles. Una era conseguir la independencia o la otra, la de continuar en el presente estatus quo, dicotomía que favorecía a la primera opción, pues el comportamiento represivo e insensible a la identidad catalana y al no reconocimiento de Cataluña como nación del gobierno Rajoy debilitaba cada vez más el atractivo de la segunda alternativa. En esta estrategia del independentismo, era esencial presentar a toda España como incambiable y hostil a Catalunya. En realidad en esta estrategia independentista el movimiento político social en Cataluña, conocido como En Comú Podem, liderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el movimiento político social en España, Unidos Podemos, eran percibidos como obstáculos para sus fines, pues presentaban una imagen amable y atractiva de España. La elección de En Comú Podem en las dos últimas elecciones legislativas en Cataluña creó gran desazón en los sectores más conservadores y liberales de Junts Pel Sí. En realidad, Convergència (PDeCAT), no votó la moción de censura al gobierno Rajoy presentada por Podemos.
Ambas formaciones políticas –En Comú Podem y Unidos Podemos–, apoyaban el derecho a decidir del pueblo catalán, derecho que incluye el derecho a escoger entre varias alternativas, una de las cuales sería la secesión, aun cuando no era la alternativa preferida por ninguno de estas dos coaliciones. La mayoría de la población catalana es soberanista (es decir, apoya el derecho a decidir) pero no es independentista. Todo independentista es soberanista pero no todo soberanista es independentista. Esta clarificación nunca la hicieron los independentistas, faltando a la verdad cuando indicaron que “el pueblo catalán desea la independencia”, a no ser que se limite el significado catalán, porque los datos muestran que la mayoría del electorado no es independentista.
El mal llamado referéndum como instrumento de movilización
Otra característica del “procés”, relacionada con la anterior (la identificación del referéndum con independentismo), fue la exclusión de las organizaciones no independentistas en la gestión de la campaña del referéndum. En realidad, marginaron la organización del Pacto Nacional, que incluía, además de los partidos soberanistas (independentistas y no independentistas) a las mayores instituciones de la sociedad civil, tales como sindicatos, asociaciones de vecinos, de profesionales, de campesinos, de la pequeña empresa y un largo etcétera. Y la máxima expresión de esta monopolización apareció en la organización de las fiestas de la Diada de este año (cuando la población sale a la calle en una manifestación colectiva en homenaje de aquellos que murieron defendiendo los derechos de Cataluña en el año 1714 en su lucha contra el Monarca Borbón Felipe V), que fue un canto a la independencia, protestando la falta de libertad existente en España, ignorando a su vez la falta de libertad y pluralidad existente en los actos gestionados por el gobierno Junts Pel Sí y en sus medios de información (TV3 y Catalunya Ràdio) abusivamente instrumentalizados por Junts Pel Sí. La Diada, día nacional de Catalunya, fue un canto al SI en la campaña electoral de lo que erróneamente llamaron como referéndum. Ello explica que mucha gente, como yo, que cada año íbamos a celebrar el día nacional de Catalunya en las manifestaciones mutitudinarias, no fuéramos, ofendidos por el carácter tan partidista y sectario del acto. Como consecuencia de ello, el número de participantes este año bajó en comparación con años previos.
La causa movilizadora: del independentismo a la democracia
La carga policial en la mañana del 1 de Octubre cambió la naturaleza y objetivo de la movilización. La carga policial explica que mucha gente que no pensaba participar en el referéndum salió a la calle para votar, mostrando su rechazo a aquel acto y a la actitud claramente represiva y antidemocrática del Estado Central. Y lo que es de especial interés es que este aumento de participación en el referéndum fue más acentuado en los barrios obreros del cinturón rojo de Barcelona que en otras partes de Barcelona y Catalunya. La manifestación pasó de ser un movimiento pro independencia a un movimiento pro democracia, paso que quedó refrendado por lo ocurrido el día 3 de octubre cuando Catalunya (y muy en especial Barcelona) paró. Hubo un paro general organizado y gestionado por la Taula Demòcrata (la Mesa Demócrata), compuesta por las mayores asociaciones de la sociedad civil, desde los sindicatos mayoritarios a las asociaciones de campesinos, asociaciones de vecinos, asociaciones profesionales, de los pequeños empresarios, y un largo etcétera. Fue un paro generalizado en toda Catalunya. Esto cambió la orientación del movimiento, y a pesar del intento del gobierno Junts Pel Sí, y sus instrumentos como Omnium y ANC, la Mesa Demócrata adquirió un protagonismo que molestó a los partidos independentistas que consideraban el cambio como una dilución de su causa.
La clase trabajadora catalana no es independentista
Otro gran error del independentismo fue la falta de atractivo del independentismo entre la clase trabajadora de Cataluña. La evidencia de ello, aunque constantemente negada por los partidos independentistas, es conocida. La clase trabajadora no es independentista en Cataluña, por varias razones. Una es que el movimiento independentista está liderado por una coalición dirigida por el partido del Sr. Mas, es decir, por la derecha catalana, cuyas políticas neoliberales son percibidas, con razón, por la clase trabajadora como dañinas a sus intereses. La proximidad del Presidente Puigdemont con Mas es conocida, y Mas nunca fue popular entre las clases trabajadoras catalanas. Y la otra causa de la falta de apoyo al independentismo por parte de las clases populares es que la mayoría son de procedencia de partes de España y emotivamente se consideran españoles y se oponen a la secesión. La mayoría de la clase trabajadora en Cataluña es de habla castellana. La evidencia en este fenómeno es clara, como por ejemplo muestran los datos provenientes de la Encuesta del CEO (CIS de la Generalitat) de Junio de 2017, donde se puede ver que a más ingresos por hogar más apoyo a la independencia, y a la inversa, mientras menos ingresos haya por hogar menos apoyo a la independencia. Además en Cataluña las personas que se autoconsideran de clase popular (clases de renta media-baja y renta baja) claramente no apoyan la independencia: el 56,15% de las clases populares no apoyan la independencia mientras que solo un 33% sí la apoyan.
Ello explica porque el independentismo nunca ha sido mayoritario y continuará sin serlo, pues la independencia en sí no motiva a la mayoría de la población. Solo en caso de que este proyecto independentista tuviera un contenido fuertemente social, existiría tal posibilidad. Pero tal tema social estaba ausente en el proyecto independentista. Solo vagas generalizaciones, con escasa credibilidad, marcaron el discurso social del independentismo con promesas un tanto hiperbólicas, carentes de credibilidad. Un caso claro era la afirmación hecha por dirigentes de Junts Pel Sí y economistas afines, incluyendo el gurú económico de TV3 (la televisión pública de la Generalitat de Cataluña), el Sr. Xala i Marti, que las pensiones no sufrirían con la Transición a la independencia, lo cual es una obvia falsedad pues en el período de Transitoriedad Jurídica es necesaria la colaboración del Estado español, y de su Seguridad Social, que de no obtenerse se crearía un enorme problema para los pensionistas catalanes. En agosto de 2017, Cataluña tenía 1.704692 pensionistas con una prestación media de 957 euros, financiada en parte por 3.294.418 afiliados. Estas contribuciones no son suficientes creándose un déficit de 4.700 millones de euros (una cifra superior de la citada por los secesionistas). Tal dinero tendría que venir de la propia Generalitat, año tras año, acumulándose una deuda considerable, pues el Estado español, podría no pagar a los pensionistas catalanes. Los problemas de la transición que afectarían a tales pensionistas serían enormes y de varios años (y no solo seis meses, como algunos portavoces del independentismo han profetizado).
En este aspecto, tales partidos rozaron la irresponsabilidad, pues hicieron promesas claramente irrealizables, como que no habría sacrificios en la transición, el mantenimiento de las pensiones y otras transferencias y servicios públicos. Ahora bien, de todas las exageraciones, las más grandes eran las que asumían que se conseguiría la independencia en seis meses. Es difícil creerse que los que hacían tales declaraciones creyeran lo que decían.
La realidad es que en su campaña a favor de la independencia, Junts Pel Sí ha minimizado los costes de la independencia exprés, llegando a niveles de exageración e hipérbole, que pasaron como verdades en un contexto mediático carente de capacidad crítica. Constantemente enfatizaron el mensaje de que todo –desde las pensiones hasta la sanidad- sería mucho mejor en la Catalunya independiente, y todo ello en contra de la evidencia que señala un periodo largo de escasez que a la ciudadanía no se le ha indicado que ocurriría (y que la huida de las empresas refleja la génesis de la crisis económica que se avecina). La evidencia de tales falsedades es enorme.
A qué nos lleva la situación actual
Es imposible que los dirigentes del movimiento independentista liderado por el gobierno catalán no vieran que este procés llevara a la situación actual que está creando una enorme frustración y dolor. Muchas eran las razones para que tal estrategia no fuera posible. Una era el Estado español, heredero del Estado dictatorial y la fuerza del nacionalismo españolista que había calado (como consecuencia de cuarenta años de dictadura y cuarenta años de democracia supervisada e incompleta) entre grandes sectores de la población Española. La correlación de fuerzas en España ha sido muy desfavorable a las fuerzas independentistas. Al enorme desequilibrio de fuerzas en España se suma la nulidad de apoyos en la Unión Europea. Es más, al considerar España como incambiable el independentismo no relacionó la transformación de Catalunya con la existente transformación que está ocurriendo en España. En realidad su campaña anti España, dificultó que grandes sectores de la población española pudieran hacer suya la lucha por una nueva Cataluña.
Resultado de todo ello es que su estrategia está llevando a Catalunya a una situación donde veremos la pérdida total de la autonomía y pérdida de derechos. En realidad, la torpeza del independentismo ha sido hábilmente utilizada por el Estado español para hacer perder a Cataluña los derechos que había conseguido, facilitando a su vez una enorme involución a lo largo del territorio español, despertando, y envalentonando a la caverna. Y lo que es enormemente frustrante es que era fácilmente predecible ver que tal hecho ocurriría. La única razón que podría explicar el hecho de que, a pesar de la evidencia existente que hacía fácil prever lo que ocurriría, los dirigentes independentistas continuaran insistiendo en ello, era que, en realidad lo que querían era capitalizar electoralmente la enorme movilización en las elecciones que tendrán lugar en Cataluña próximamente.
Otra alternativa hubiera sido posible
Otra alternativa hubiera sido desenfatizar la independencia y enfatizar, en su lugar, la creación de una nueva Catalunya en colaboración con las izquierdas españolas que están intentando cambiar España. La creación de la nueva Catalunya hubiera podido ser el punto de inicio del cambio en España, ayudando al pueblo español a que percibiera que la lucha por el derecho a decidir en Catalunya era también la lucha para transformar España. La estrategia a seguir hubiera sido la democratización de Catalunya y de España, en un proyecto de profunda transformación democrática, poniendo la resolución de la Gran Crisis Social en el centro de las luchas para conseguir la plurinacionalidad. El paro general del 3 de Octubre, liderado por fuerzas que pusieron como objetivo la propuesta democrática, era un indicador de que tal estrategia era posible. El hecho de que no se hiciera así ha hecho un daño irreparable a Cataluña y a España. El hecho de que se haya enfatizado tanto el tema nacional, polarizando la sociedad entre independentistas y defensores de la “unidad nacional”, está debilitando enormemente a las fuerzas progresistas democráticas y muy en particular a las izquierdas, facilitando con ello, la reproducción de las sensibilidades neoliberales que han estado liderando los dos polos en esta polarización.
Catalunya: La CUP pide por carta a Puigdemont que proclame la república catalana
La CUP ha dado por cerrada "la esperanza en la
mediación internacional" si ésta ha tolerado lo que han tachado de
despliegue militar y las cargas policiales. Considera que si el Gobierno
central continúa "aplicando las previsiones del artículo 155 de la
Constitución española que lo hagan con la república ya proclamada".
La cúpula de la CUP, el martes en el Parlament. /EUROPA PRESS
La CUP ha remitido este viernes una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que le exige "la proclamación de la república"
porque consideran que es la única manera para conseguir que la
intervención de actores internacionales se haga con Catalana reconocida
como sujeto político.
"Si pretenden seguir aplicando las
previsiones del artículo 155 de la Constitución española que lo hagan
con la república ya proclamada", continúa el texto, que emplaza a
responder al requerimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
situándose en el ejercicio del derecho de autodeterminación.
"Si pretenden seguir aplicando las
previsiones del artículo 155 de la Constitución española que lo hagan
con la república ya proclamada"
La carta va en la misma línea que la adoptada anoche por la Asamblea Nacional Catalana (ANC)
que, en sesión extraordinaria, acordó pedir al Parlament que "levante"
la suspensión de la declaración de independencia que inicialmente hizo
Puigdemont ante "la negativa del Estado español a cualquier propuesta de
diálogo".
Carles Puigdemont recibió el pasado miércoles un requerimiento en el que el Gobierno le da de plazo hasta el próximo lunes,
día 16, para que confirme si el pasado martes declaró la independencia
de Catalunya en el Parlament y, en tal caso, le urge a "revocar" esa
decisión y a "restaurar el orden constitucional".
¿Qué responder al requerimiento de Rajoy?
Así, la CUP considera que responder al requerimiento de cualquier otro modo supondría "avalar todas y cada una de sus amenazas,
su menosprecio y su represión", y volver a la legalidad constitucional
que, según la formación, una mayoría de catalanes decidió romper.
En la misiva, la CUP ha dado por cerrada "la
esperanza en la mediación internacional" si ésta ha tolerado lo que han
tachado de despliegue militar y las cargas policiales que dejaron a más
de 900 personas heridas por querer votar, según el texto.
"Solo proclamando la república
-añade- seremos capaces de situarnos como un actor dispuesto a tutelar
los derechos civiles y políticos de la población"
"Solo
proclamando la república -añade- seremos capaces de situarnos como un
actor dispuesto a tutelar los derechos civiles y políticos de la
población aún gravemente amenazados" y, en este sentido, la CUP entiende
que únicamente a través del reconocimiento de Cataluña como "sujeto
político" se logrará "la intervención de actores internacionales".
"Permanecer inmóviles a sus amenazas, sus
negaciones y su autoridad, no nos permitirá existir como pueblo, no nos
permitirá gobernar-nos ni avanzar en la consecución de más derechos y
libertades", argumentan, y finaliza que, aunque una eventual república
catalana no cuenta con el apoyo de otros Estados y mercados, sí que contaría con el apoyo de la gente.
Catalunya: Puigdemont se enfrenta de nuevo al control del Parlament presionado por la CUP
La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament tienen
previsto programar el orden del día de la sesión de control al Govern
de los próximos miércoles y jueves, tras seis semanas de inactividad
ordinaria por la hoja de ruta independentista. La CUP decidirá este
sábado si abandona su actividad parlamentaria tras la suspensión de la
declaración de la república catalana.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, frente al Parlament catalán. / Reuters
La Mesa y la Junta de
Portavoces del Parlament se reunirán el lunes por la mañana para
programar el orden del día de un pleno previsto para el miércoles y
jueves, después de seis semanas marcadas por la hoja de ruta independentista en las que no ha habido sesiones de control al Govern ni actividad ordinaria.
Lo han explicado a Europa Press fuentes
parlamentarias, que señalan que es urgente retomar la actividad y
ejercer la función de control al Govern que tiene el Parlament, si bien
admiten que resulta extraño celebrar un pleno "como si nada, después de
todo lo que ha pasado estas semanas".
El pleno se reunió el pasado martes, pero lo hizo de
forma extraordinaria por la comparecencia a petición propia del
presidente Carles Puigdemont, que llevó los resultados del referéndum a
la cámara y asumió que debían traducirse en una declaración de
independencia: ocho segundos después pidió suspender sus efectos para dar margen al diálogo.
La CUP decidirá si abandona la actividad parlamentaria
Esta decisión molestó a la CUP, que este sábado tiene previsto reunir a su Consell Político para decidir si abandona la actividad parlamentaria ordinaria hasta que Puigdemont no reactive la declaración de independencia como medida de protesta.
De aceptarse esta estrategia, se perdería la mayoría independentista en el Parlament y el orden del día del próximo pleno lo fijaría la oposición,
que tendría la mayoría de votos: la agenda de los plenos la establece
la Junta de Portavoces, en la que, a diferencia de en la Mesa, JxSí no
tiene mayoría absoluta y necesita los votos de la CUP.
Además, si la CUP decide no acudir al pleno, JxSí tampoco tendría mayoría para aprobar las leyes y mociones que se tengan que abordar en el plenario del miércoles y el jueves.
Sin plenos desde el 6 y 7 de septiembre
La actividad ordinaria se congeló tras el pleno del 6 y 7 de septiembre,
en el que se aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad
jurídica y se constituyó la Sindicatura Electoral de Catalunya, la
autoridad electoral del referéndum del 1 de octubre.
JxSí y la CUP aprobaron las iniciativas
independentistas pese a que los letrados del Parlament y el Consell de
Garanties Estatutàries (CGE) alertaran de que no podían hacerlo y
advirtieran de que estaban laminando los derechos de la oposición.
Las discrepancias entre el bloque independentista y el resto de la Cámara se materializaron en votaciones complejas
con medio hemiciclo vacío y a altas horas de la madrugada --C's, el PSC
y el PP abandonaron la sala tras reclamar a lo largo del día de ambas
jornadas que las leyes de 'desconexión' no llegaran al pleno--.
Desde entonces no ha vuelto a haber más plenos
ordinarios: a los 15 días había uno previsto pero se canceló a petición
de JxSí y la CUP por la excepcionalidad de la situación y por el
contexto de campaña electoral del referéndum del 1 de octubre.
Se estudia que el contenido de ese pleno sea el que acabe nutriendo el orden del día del
próximo cónclave de la semana que viene, con temas como el proyecto de
ley de puertos, dos debates a la totalidad, una proposición de ley sobre
el sector audiovisual y la modificación de la Ley de Educación de
Catalunya (LEC).
El PP pide la comparecencia de Puigdemont
En esta situación el PP catalán ha pedido que el
presidente del Govern, Carles Puigdemont, comparezca en el pleno del
Parlament para dar explicaciones por el traslado de empresas de
Catalunya a otros puntos del Estado debido al proceso independentista.
El secretario general del partido y diputado en el
Parlament, Santi Rodríguez, ha explicado que es urgente que se den
explicaciones "al más alto nivel" del Govern ante la salida de empresas y
que se traten de dar mensajes para frenar esta tendencia.
Además, Rodríguez lamenta que los grupos
independentistas hayan provocado una paralización de la actividad
ordinaria del Parlament en las últimas seis semanas: "La función de control e impulso al Govern no se puede aparcar y debe retomarse la actividad".
ERC reúne su Consell Nacional este sábado para abordar la respuesta a Rajoy
Miembros del partido pedirán explicaciones a los
máximos responsables de la formación republicana por la propuesta de
suspensión de la declaración de independencia de Puigdemont
Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat. /EUROPA PRESS
ERC celebrará este sábado a partir de las 10.30 horas una Consell Nacional extraordinario
para abordar el escenario político que se ha abierto tras la suspensión
el martes de la declaración de independencia y el posterior
requerimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Fuentes republicanas explican que el cónclave se ha convocado con un único punto del orden del día: Análisis de la actualidad política y no se prevé que se someta a votación ningún tema en concreto.
La convocatoria de este consell nacional
extraordinario se propuso en una reunión de la Ejecutiva del partido que
se celebró el miércoles por la noche, donde se abordó la decisión del
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de suspender la
declaración de independencia.
Las mismas fuentes alegan que este consell debe servir para "escuchar" las explicaciones de los máximos responsables del partido
que vivieron de cerca la decisión de Puigdemont, y a la vez para
escuchar la opinión de los consellers nacionales, que tienen preguntas
sobre lo que ocurrió.
Un dirigente independentista explica que "la mayoría"
del partido han entendido la suspensión de la declaración a favor del
diálogo, pero a la vez admite que generó cierta desilusión por considerar que se trataba de una oportunidad histórica.
Otro miembro de la Ejecutiva asegura que entre los
consellers nacionales hay "muchas preguntas" sobre lo ocurrido, y se
busca que la reunión del sábado sirva para dar las explicaciones
oportunas y fijar de nuevo el rumbo del partido.
Intervención de Junqueras
El partido no se ha pronunciado públicamente cómo
debe responder Puigdemont al requerimiento de Rajoy, pero crecen la
voces dentro la formación republicana que abogan por reactivar la declaración de independencia por considerar que Rajoy no quiere negociar.
El presidente del partido, Oriol Junqueras, hará una
intervención pública a las 10.30 horas, y cuando finalice empezará el
debate interno, ya a puerta a cerrada.
Lo que sí tienen claro los republicanos es que la
independencia llegó a declararse en el pleno del martes, y reivindican
que la amenaza de aplicar el artículo 155 de suspensión de la autonomía no puede ser un freno a la aspiraciones soberanistas.
El portavoz del partido, Sergi Sabrià, ha explicado:
"Se declaró la independencia, sí. A la vez se suspendió para dar una
oportunidad al diálogo, sí", y ha criticado al Estado por no querer
dialogar con Catalunya, a su juicio.
Referéndum del 1-O: Alberto Garzón defiende que Izquierda Unida (IU) no puede reconocer los resultados del 1-O
El líder de la formación pide diálogo y condena la
"reacción represora" del Gobierno, al que acusa de no abordar el
problema con "una actitud democrática", de utilizar "la represión y el
autoritarismo" y de vulnerar "derechos fundamentales"
Alberto Garzón, coordinador federal de IU. EFE
El líder de IU,
Alberto Garzón, presenta el sábado ante la Coordinadora Federal de su
partido un informe sobre Catalunya que condena la "reacción represora"
del Gobierno, pide diálogo y defiende que no pueden reconocer los resultados del referéndum del 1 de octubre porque carece de garantías democráticas.
Según confirman fuentes de IU, esa es la posición que defenderá también el domingo en la asamblea de cargos públicos, parlamentarios y alcaldes organizada por Unidos Podemos en Zaragoza para pedir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la apertura de un diálogo que busque una solución política.
El borrador del documento que Garzón someterá el sábado al debate y votación de la Coordinadora Federal de IU
antes de que fije una posición definitiva, acusa al Gobierno del PP de
no abordar el problema con "una actitud democrática", de utilizar "la
represión y el autoritarismo" y de vulnerar "derechos fundamentales".
"La vulneración de los derechos cometida por el Gobierno es gravísima y afecta a todos los ciudadanos"
"La
vulneración de los derechos fundamentales cometida por el Gobierno de
España es gravísima y afecta al conjunto de los ciudadanos y no sólo a
una parte de la población catalana. La actitud del Gobierno es antidemocrática, irresponsable y reaccionaria",
señala uno de los siete puntos del texto. Según el informe que
presentará Garzón, el "conflicto político" histórico que existe en
Cataluña requiere encontrar "una solución política" a través del
diálogo, y la consulta convocada por el Govern de la Generalitat "tampoco resuelve el problema".
Hace hincapié en que el referéndum del 1 de octubre "carece de las garantías democráticas y políticas suficientes", en
que "el proceso no apela a una parte considerable de la sociedad
catalana" y que en la "hoja de ruta" de la Generalitat hay una notable
"falta" de "contenidos sociales y de regeneración democrática".
"En consecuencia, no podemos reconocer los
resultados del 1-O", afirma antes de apuntar como "mejor solución" una
negociación "que contemple un proceso constituyente para construir un modelo de Estado federal", que reconozca que España "es plurinacional" y que la Constitución del 78 "está agotada".
Al igual que defiende Podemos, el documento de Garzón propone entender el 1-O como una "movilización" que puede servir como exigencia del derecho a decidir y como protesta por "las acciones irresponsables" del Gobierno.
En este sentido, el documento recoge la posición de IU en favor de convocar un referéndum efectivo, que facilite la participación masiva de la sociedad catalana, y que implique un debate serio y profundo sobre el modelo de Estado. Y su propuesta es "una República Federal solidaria (...) Por lo tanto, siendo una fuerza federalista reconocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, también del pueblo catalán; defendemos la celebración de un referéndum y nos comprometemos a trabajar para hacerlo posible", proclama.
En este sentido, el documento recoge la posición de IU en favor de convocar un referéndum efectivo, que facilite la participación masiva de la sociedad catalana, y que implique un debate serio y profundo sobre el modelo de Estado. Y su propuesta es "una República Federal solidaria (...) Por lo tanto, siendo una fuerza federalista reconocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, también del pueblo catalán; defendemos la celebración de un referéndum y nos comprometemos a trabajar para hacerlo posible", proclama.
Este es el texto del borrador del documento que analizará la dirección de IU
La situación catalana
Ante la convocatoria para el próximo 1 de octubre de un referéndum para la independencia en Cataluña y ante la reacción represora y autoritaria del Gobierno de España, en Izquierda Unida manifestamos:
1. En Cataluña existe un conflicto político de carácter histórico que requiere una solución política que sólo puede venir a través de la negociación y el diálogo. Además, entre los mecanismos democráticos disponibles debería incorporarse un referéndum pactado que permita a la sociedad catalana decidir sobre su futuro. El 80% de la sociedad catalana ha manifestado su interés en ejercer el derecho a decidir, y esto no puede ignorarse.
2. El Gobierno de España no está abordando este problema político con una actitud democrática. Por el contrario, está utilizando la represión y el autoritarismo. La vulneración de los derechos fundamentales cometida por el Gobierno de España es gravísima y afecta al conjunto de los ciudadanos del Estado y no sólo a una parte de la población catalana. La actitud del Gobierno de España es antidemocrática, irresponsable y reaccionaria.
3. La convocatoria para el 1 de octubre por el Govern de la Generalitat tampoco resuelve el problema, dado que carece de las garantías democráticas y políticas suficientes y además el proceso no apela a una parte considerable de la sociedad catalana. Además, constatamos cómo la hoja de ruta del Govern ha revelado también su falta de contenidos sociales y de regeneración democrática. En consecuencia, no podemos reconocer los resultados del 1-O.
4. Apoyamos la celebración de la asamblea de parlamentarios democráticos de todo el Estado, la cual exige una solución política y denuncia la represión del Gobierno como un retroceso gravísimo en las libertades.
5. Defendemos que la mejor solución al conflicto es una negociación que contemple un proceso constituyente para construir un modelo de Estado federal. Este horizonte constituyente es necesario porque nuestro país es plurinacional y porque la Constitución de 1978 está agotada como consecuencia de la ofensiva neoliberal de los últimos años. Necesitamos un nuevo modelo de convivencia que garantice los derechos humanos, algo imposible bajo el actual marco.
6. Entendemos que el 1-O, dadas las circunstancias, es actualmente una movilización que puede servir como exigencia del derecho a decidir y como protesta por las acciones irresponsables del Gobierno. En IU siempre hemos estado en las movilizaciones a favor del derecho a decidir. En consecuencia, creemos necesario que cada persona decida participar o no según su criterio personal.
7. Continuaremos trabajando con EUiA en las soluciones de este conflicto político. Desde IU consideramos que la convocatoria de un referéndum efectivo, que facilite la participación masiva de la sociedad catalana con posible expresión de las diferentes opciones y que implique un debate serio y profundo sobre el modelo de Estado, es la mejor solución para el ejercicio del derecho a decidir; nuestra propuesta es una República Federal solidaria. Por lo tanto, siendo una fuerza federalista reconocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, también del pueblo catalán; defendemos la celebración de un referéndum y nos comprometemos a trabajar para hacerlo posible.
Ante la convocatoria para el próximo 1 de octubre de un referéndum para la independencia en Cataluña y ante la reacción represora y autoritaria del Gobierno de España, en Izquierda Unida manifestamos:
1. En Cataluña existe un conflicto político de carácter histórico que requiere una solución política que sólo puede venir a través de la negociación y el diálogo. Además, entre los mecanismos democráticos disponibles debería incorporarse un referéndum pactado que permita a la sociedad catalana decidir sobre su futuro. El 80% de la sociedad catalana ha manifestado su interés en ejercer el derecho a decidir, y esto no puede ignorarse.
2. El Gobierno de España no está abordando este problema político con una actitud democrática. Por el contrario, está utilizando la represión y el autoritarismo. La vulneración de los derechos fundamentales cometida por el Gobierno de España es gravísima y afecta al conjunto de los ciudadanos del Estado y no sólo a una parte de la población catalana. La actitud del Gobierno de España es antidemocrática, irresponsable y reaccionaria.
3. La convocatoria para el 1 de octubre por el Govern de la Generalitat tampoco resuelve el problema, dado que carece de las garantías democráticas y políticas suficientes y además el proceso no apela a una parte considerable de la sociedad catalana. Además, constatamos cómo la hoja de ruta del Govern ha revelado también su falta de contenidos sociales y de regeneración democrática. En consecuencia, no podemos reconocer los resultados del 1-O.
4. Apoyamos la celebración de la asamblea de parlamentarios democráticos de todo el Estado, la cual exige una solución política y denuncia la represión del Gobierno como un retroceso gravísimo en las libertades.
5. Defendemos que la mejor solución al conflicto es una negociación que contemple un proceso constituyente para construir un modelo de Estado federal. Este horizonte constituyente es necesario porque nuestro país es plurinacional y porque la Constitución de 1978 está agotada como consecuencia de la ofensiva neoliberal de los últimos años. Necesitamos un nuevo modelo de convivencia que garantice los derechos humanos, algo imposible bajo el actual marco.
6. Entendemos que el 1-O, dadas las circunstancias, es actualmente una movilización que puede servir como exigencia del derecho a decidir y como protesta por las acciones irresponsables del Gobierno. En IU siempre hemos estado en las movilizaciones a favor del derecho a decidir. En consecuencia, creemos necesario que cada persona decida participar o no según su criterio personal.
7. Continuaremos trabajando con EUiA en las soluciones de este conflicto político. Desde IU consideramos que la convocatoria de un referéndum efectivo, que facilite la participación masiva de la sociedad catalana con posible expresión de las diferentes opciones y que implique un debate serio y profundo sobre el modelo de Estado, es la mejor solución para el ejercicio del derecho a decidir; nuestra propuesta es una República Federal solidaria. Por lo tanto, siendo una fuerza federalista reconocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, también del pueblo catalán; defendemos la celebración de un referéndum y nos comprometemos a trabajar para hacerlo posible.
URUGUAY
El sindicato de empleados bancarios propone una serie de medidas
Desde AEBU se denuncia privatizaciones y represión sindical
“La población es la más afectada con la reestructura que piensa hacer el Banco República, los trabajadores hemos decidido hacer en los próximos días una campaña de denuncia, esperando la respuesta del Consejo Central. Seguiremos con el corte de las horas extras y la participación de los cursos de capacitación fuera del horario de trabajo, tal como lo veníamos haciendo desde hace un par de semanas.
Además, se resolvió iniciar algunas medidas en los edificios centrales con el objetivo de no dificultar la atención al público en ninguno de los sectores”, declaró a LA REPÚBLICA Matías Albizu, presidente del Consejo del Sector Financiero de AEBU.
Declaró que el sindicato hará todos los esfuerzos para no afectar, en ningún momento, al público, ya que el mismo es considerado como un “aliado”. Sin embargo, advirtió que la situación dependerá de las decisiones adoptadas por el Banco República.
“Hemos logrado un ámbito tripartito de negociación, lo cual no es menor. Los trabajadores continuaremos apelando a la negociación, porque es la única forma de buscar una salida a este conflicto”, agregó.
Afirmó que realizarán un acto en Colonia y Miguelete el martes de la semana que viene y además serán convocados todos los trabajadores del departamento de Colonia y Soriano. “Estamos trabajando en la implementación de un nuevo acto en la puerta de la Agencia del Mercado Modelo. Recordamos a toda la población que el sindicato tiene previsto el cierre de las dependencias.
Seguimos luchando en defensa de todos los uruguayos, en contra de esta reestructura que demuestra el achique del Banco de la República, que avanza hacia la atención de los usuarios a través de privados. Cabe mencionar que no nos negamos a la complementación de los servicios a través de estas empresas, lo que renegamos es la sustitución del trabajo y de los servicios que brinda el Banco República a través de los corresponsales”.
“Las declaraciones del BROU no se ajustan a la realidad”
Lorena Lavecchia, integrante del Consejo del Sector Financiero de AEBU, declaró a LA REPÚBLICA que el BROU compareció el pasado martes ante la Comision de Legislacion del Trabajo en el Parlamento. “Queremos hacer algunas aclaraciones: hay algunas cuestiones planteadas por parte del directorio del Banco República que no se ajustan con la realidad”.
Afirmó que el BROU no reconoce que existe privatizaciones en determinadas áreas y que las mismas aumentan los costos del Banco República. “Estamos pagando 600 pesos la hora por cada trabajador cuando ellos terminan recibiendo entre 87 y 100 pesos. Sin embargo, el salario de un trabajador en la banca oficial es de 250 la hora. Entonces, hay todo un pico que se están quedando estas empresas que son contratadas por el Banco República”.
Mencionó que el directorio negó el hecho de que el Banco República tiene menos ganancias que los privados. “Está claro que el BROU está dejando mercado hacia los privados, lo que está repercutiendo no solamente en los ingresos de una empresas del estado que se debe distribuir entre todos los uruguayos, sino que también está precarizado el trabajo y eliminado servicios en el Interior y en Montevideo”.
“Además, la ciudadanía se está viendo impulsada a otros canales de atención porque no le atienden las llamadas o los mails. Muchos dicen que el público es responsable del cierre de las agencias y esto es una barbaridad, sin duda es una negativa absurda a lo que es la realidad. Lo que está haciendo el Banco República es expulsando a los clientes hacia los corresponsables”, agregó.
En términos generales, denunció que estas acciones redundan en un aumento en los gastos del banco estatal, por lo que los uruguayos “pagan más por menos servicios” a la vez que los trabajadores están recibiendo menos dinero por las mismas tareas. “Eso para nosotros es muy grave. Estamos alertando a la población. No queremos un conflicto, pretendemos negociar de buena fe. Pero tampoco queremos resoluciones tomadas a puertas cerradas en el Ministerio de Trabajo, donde ni siquiera se nos plantea cuál es la decisión”.
Asimismo, Lavecchia mencionó que la reestructuración está mostrando una pérdida “preocupante” de puestos de trabajo. Según sus palabras, en el 2013 habían 4260 trabajadores, mientras que actualmente existen unos 3700. “La función de trabajo se sigue haciendo, pero la hacen los becarios de “Yo estudio y trabajo”, que ganan 14 mil pesos. Ellos están sustituyendo a todos los porteros”.
“Siguen sin existir fundamentos sobre por qué el banco cierra las sucursales cuando están proliferando instituciones financieras en los mismos lugares. Creemos que el Banco República tiene un rol social y de fomento fundamental. Tenemos la documentación para que los parlamentarios sepan cuál es la realidad que estamos viviendo, no solamente respecto a las privatizaciones y al mal uso de los dineros públicos sino también a la represión sindical que los trabajadores hemos sufrido.
Además, cabe mencionar que el directorio no quiere negociar porque no nos proporciona la información. Por tanto, seguiremos realizando propuestas al directorio. Vamos a negociar de buena fe, no sobre la base de falsas premisas. El Banco República tiene que reconocer que hay privatizaciones, después nos sentamos a negociar cuales ameritan una presupuestación permanente y cuáles no”, agregó.
La represión sindical
Según Albizu, en el último paro general del Pit-Cnt, cuando el sindicato definió el corte de media hora antes del horario habitual, el BROU amenazó a las trabajadores con la aplicación del decreto 401 y a los gerentes de las dependencias con el inicio de una investigación sumaria en caso de que no se informara qué trabajadores habían dejado de realizar la tarea. Sin embargo, mencionó que el banco resolvió no utilizar el decreto ni la investigación ante la decisión firme de los trabajadores de seguir con la medida. Resaltó que el directorio dejó la puerta abierta para realizar dicha amenaza en futuras oportunidades.
“Es fundamental informar, a través de cartelería, al público sobre todo lo que está sucediendo, porque la población es aliada nuestra de la defensa de las empresas del Estado. Sin embargo, el banco retiró el material sindical que estaba a la vista del público. Este hecho es preocupante y no había ocurrido bajo ninguna otra administración. Incluso, en épocas más complicadas se permitió la información en las mostradores como fue, por ejemplo, en los 90. Por tanto, no entendemos este posicionamiento y lo catalogamos de represión sindical”, agregó.
En términos generales, mencionó que se lograron reivindicaciones de hace muchos años como es el caso de la capacitación, la cual debe ser realizada en horario de trabajo y no como el banco la forzaba a efectuar: fuera del horario de trabajo.
“Tanto el decreto 401 o la aplicación de la esencialidad que se han establecido en algunas empresas del Estado ha sido moneda corriente en los últimos conflictos. Evidentemente es un acto de represión y un intento de evitar cualquier tipo de movilización. No queremos afectar al público, pero nos mantendremos firmes en la defensa de las empresas públicas, de los puestos de trabajo, del banco oficial y en contra del achique y de las privatizaciones”, declaró.
LA “MAYOR NEGOCIACIÓN COLECTIVA” DEL PAÍS
Última ronda salarial con retos
El gobierno de Tabaré Vázquez tendrá la final de estas instancias en un año preelectoral.
domingo, 08 octubre 2017 - El Paìs uy
Gobierno,
sindicatos y cámaras empresariales afilan ya sus lápices para los
convenios laborales que se discutirán el año próximo. En un escenario de
crecimiento económico pero que todavía no se traslada al empleo y
con pronósticos frescos de cómo el avance de la tecnología impactará en
el mercado de trabajo a nivel local, los actores delinean cuáles serán
sus planteos una vez se sienten a la mesa. "El 2018 va a ser el año de
mayor negociación colectiva en la historia del Uruguay", dijo el
ministro de Trabajo, Ernesto Murro, hace unos meses. Detalló que se
"negociarán 173 grupos, subgrupos, capítulos y bandejas de Consejos de
Salarios del sector privado, más el sector público, a lo que se suma la
discusión presupuestaria".
Además,
la de 2018 será una negociación atípica por otro motivo: ocurrirá el
año previo a las elecciones presidenciales. Si bien sus protagonistas
rechazan que esto aporte alguna diferencia al momento de tratar de
acordar, otros alertan que esta peculiaridad pondrá al gobierno en un
brete (ver nota aparte).
Los
primeros grupos comenzarán a negociar ya en el primer trimestre. "El año
va a arrancar temprano", dijo entre risas el director de la Dirección
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo (MTSS), Eduardo Pereyra. El
jerarca —también director general del Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (Inefop)— comentó que, de cara a esta próxima
ronda, se capacitó durante un año a 37 "actores clave" de la
negociación. "No basta solo con tener la voluntad, hay que formar a los
negociadores", dijo acerca de la iniciativa que buscó brindar
herramientas a representantes del Pit-Cnt, el sector empresarial y del
MTSS para lograr consensos más allá de lo monetario. El objetivo es
"ayudar a que los acuerdos y la negociación no giren solo en torno a
los aspectos salariales".
Las
cámaras y los sindicatos coinciden en que los convenios deberían
introducir algunas innovaciones. Pero, si bien entienden que esto es lo
deseable, no todos se muestran confiados en que se logre de forma
generalizada durante la ronda que viene. "Los salarios deberían estar
sin duda relacionados con el tema de la productividad,
independientemente de la rama", planteó el dirigente de la Cámara de
Industrias (CIU), Andrés Fostik. Sin embargo, añadió, la legislación
uruguaya atenta contra esto. "Es imposible hacer productividad por rama,
totalmente inviable, no hay mago que pueda", sostuvo. Para el
empresario esto queda reservado a empresas "muy grandes".
Uno de
los contados sectores que ha incorporado la compensación por
productividad a su convenio es el de la bebida. Se aplica de forma
distinta en cada fábrica —para amoldarse a la realidad de cada empresa— y
se aplica desde 2009. También el sindicato peleó por incluir en los
acuerdos capacitación para los trabajadores. "Nosotros desde el gremio
de la bebida estas cosas las tenemos superadas", dijo el histórico
dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB),
Richard Read. "Hablo en general, no a partir de mirar el ombligo de la
federación", agregó.
Es que
Read tiene varias cosas para decir acerca de cómo están funcionando los
Consejos de Salarios. Cuando en 2005 el primer gobierno del Frente
Amplio los reinstaló —su convocatoria se había suspendido en 1990,
cuando asumió la Presidencia Luis Alberto Lacalle— lograron dar un
"empuje" a salarios que, fruto de la falta de negociación, llegaron a
ese punto "totalmente sumergidos". Durante el mandato de José Mujica la
situación cambió, a juicio de Read: pautas "muy rígidas" generaron un
"achatamiento". Hubo un "control de la economía a partir de fijar
límites al crecimiento del salario" y esa "percepción se convirtió en
un hecho real" en los últimos cuatro años, afirmó.
Por
este motivo, para el dirigente es necesario revisar el contenido de los
Consejos de Salarios. Read critica tanto la "rigidez" del Poder
Ejecutivo por su pauta "a la baja" como que la discusión se ciña a lo
salarial. "El Consejo de Salarios como distribuidor de la riqueza, como
generador de equidad, a esta altura del partido, está en cuestión. Para
mí se agotó".
Desde
la CIU también se cuestiona lo "rígido" de la legislación. "Por suerte y
gracias a todos los santos que andan por ahí la inflación
aparentemente va a estar dentro del rango meta y los trabajadores no han
perdido, sino por el contrario, han ganado salario real en los últimos
años", dijo Fostik. Mientras que por seis meses de 2016 la inflación
estuvo por encima del 10%, en marzo entró por primera vez desde fines de
2010 en el objetivo oficial (de entre 3% y 7%) y el último registro
marcó que llegó a 5,75% en los 12 meses a septiembre. El año pasado las
negociaciones se vieron tensionadas por las presiones inflacionarias y
la firmeza de los sindicatos en su reclamo por incluir correctivos por
inflación que evitaran la pérdida salarial.
"Ahora
que tenemos la inflación baja, ahora que están las cosas más o menos
controladas, llegó el momento de aflojarle las riendas a la ley de
negociación colectiva y quitarle esos tutores tan altos que tiene", dijo
Fostik.
Tres visiones
dirigente de fuecys
Ismael Fuentes
Ya
hay cosas que están planteadas, que obviamente hay que empezar a
discutir. Sobre todo en el marco del futuro del trabajo. Introducir el
tema de la capacitación es fundamental en dos aspectos. Uno, para
calificar gente en función de acceder a los nuevos puestos de trabajo
que van a traer los cambios. Y lo segundo, como un elemento permanente,
porque si no nos estamos permanentemente capacitando los cambios nos van
a ir pasando por arriba. Hace unos días hubo una reunión con la
dirección de la Cámara de Comercio, donde esto fue planteado también a
ellos".
Dirigente de la FOEB
Richard Read
El
Poder Ejecutivo tiene que correrse de las pautas rígidas a la baja o al
congelamiento. Además, no tiene ningún respaldo científico las bandas
que ha puesto. ¿Cómo determina que tal sector es sumergido, dinámico?
¿Cuál es el respaldo científico? No lo tiene. Hay una imposición del
Poder Ejecutivo en la tripartita que hace que el Consejo de Salarios
para muchos gremios que no tienen correlación de fuerzas es ir a padecer
una maratón de discusión que termina siempre en lo mismo, donde el
resultado final no satisface".
Director nacional de Empleo
Eduardo Pereyra
Estuvimos
un año preparando a un grupo de referentes de la negociación colectiva
del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores para que en la
negociación tengamos buenos resultados. Con el apoyo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y financiado por Inefop. La negociación
históricamente rezó sobre los temas de salarios. Si uno quiere trasladar
otros temas tiene que generar capacidades para que eso se dé. Eso es lo
que buscamos, que en la negociación haya una mirada más amplia de todos
los actores, y que eso genere mejores acuerdos".
OPINIÓN DE EXPERTO
Negociación en un "momento absolutamente inoportuno"
Llevar
adelante la próxima negociación colectiva el año previo a las
elecciones que determinarán quién se sentará en el sillón presidencial a
partir de 2020 no fue una jugada acertada del gobierno, según el
director del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, Juan
Manuel Rodríguez.
"Los
tiempos que eligió (el Poder Ejecutivo) van a perjudicar a todas las
partes", indicó el economista, quien agregó que desde el retorno de la
democracia en 1985 no se produce una situación de este tipo.
"La negociación será en un momento absolutamente inoportuno", añadió.
Según
Rodríguez, no es usual que los convenios caigan antes de junio del año
que asume un nuevo gobierno. Esto brinda paz durante la campaña
electoral y también otorga tiempo durante los primeros meses de la
Administración entrante para definir una batería de políticas, entre
otras, la salarial. Esto no podrá suceder en esta oportunidad.
Para
el experto, la combinación de una postura "moderada" del gobierno y la
posibilidad desde la central sindical de que sea la última ronda bajo
una administración frenteamplista generará en el Pit- Cnt una
postura de "ahora o nunca".
Como
las relaciones laborales no son independientes de la política, agregó
Rodríguez, este contexto abre la puerta a un "conflicto muy importante".
Si el Pit-Cnt sigue este camino y tranca fuerte con el gobierno por la
negociación colectiva, "lo puede debilitar tanto que no gane las
elecciones", pronosticó.
Esto
provocará una "paradoja": que sea el movimiento sindical quien se
convierta en un "opositor" del gobierno en plena campaña electoral. Para
el Pit-Cnt, dijo Rodríguez, es una "disyuntiva política enormemente
importante".
¿Y las
cámaras empresariales? "Se van a sentar en la Olímpica a mirar",
graficó. Las patronales estarán relativamente cómodas, mientras que la
relación más espinosa será la del Poder Ejecutivo con los sindicatos.
"La postura de las cámaras" de moderación salarial "la va a defender más
el gobierno que las propias cámaras", indicó Rodríguez.
