En la ciudad de Santa Clara preside Raúl homenaje al Che y sus compañeros
por Yunier Javier Sifonte Díaz
Licenciado de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Periodista en esa institución académic
El
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido
Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
a su llegada a la Plaza Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa
Clara, para asistir al acto político-cultural por el aniversario 50 de
la caída en combate del Che en Bolivia, y el aniversario 20 del regreso
junto a su Destacamento de Refuerzo, en la Plaza Ernesto Che Guevara.
Villa Clara, el 8 de octubre de 2017. Foto: Arelys María Echeverría/
ACN.
En las palabras centrales del acto, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Vicepresidente cubano, resaltó el valor de realizar un acto como este en la ciudad que acoge los restos del Guerrillero Heroico y convocó a perpetuar uno de los más bellos legados de la historia de la Revolución Cubana. “Hoy el Che es un referente moral para muchas personas en el planeta, pero sobre todo para los más jóvenes”, aseguró.
El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó las cualidades del Che como teórico, político, economista, intelectual y guerrillero. Esas cualidades, según dijo, junto a sus valores personales acumulados en la lucha lo convierten en un “ejemplo excepcional para afrontar la vida”.
“Muchos descubren, reconocen y hacen suyo el paradigma del Che como revolucionario”, aseguró Díaz-Canel en un momento de su intervención, para enseguida agregar que resulta imprescindible alejar su legado de las “consignas vacías, como una gran repetición de palabras, porque al Che hay que asumirlo por convicción”.
En otro momento de su intervención, Díaz-Canel enumeró los principales males que afronta el planeta y llamó a revertirlos para garantizar la supervivencia de la especie humana. Igualmente, reiteró la solidaridad del pueblo cubano con la República Bolivariana de Venezuela, así como la postura de la Isla contra las acusaciones infundadas sobre supuestos ataques acústicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Del mismo modo, confirmó la decisión de los cubanos de mantener su independencia y el ritmo decidido por los habitantes del país en la actualización del modelo económico, político y social de la nación. “Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía y no aceptará presiones de nadie para modificar el rumbo de nuestro proyecto social”, reiteró.
Para Leyanis Águila Gatorno, estudiante de noveno grado de la Escuela Secundaria Básica Fe del Valle, de Santa Clara, el Che está en cada uno de los derechos garantizados por Cuba a todos sus ciudadanos, especialmente en los relacionados con los niños y los jóvenes. También resaltó el compromiso de las nuevas generaciones con el ejemplo del Guerrillero Heroico. “Los momentos históricos no serán los mismos, —aseguró— pero sí las motivaciones para seguir luchando”
Igualmente, para Sara Mary Vega Fortún, alumna de doce grado en el Instituto Preuniversitario Osvaldo Herrera, también de esta ciudad, la figura de Ernesto Guevara simboliza “inspiración, reto y compromiso”. Asimismo, también valoró como fundamental el trabajo de los más jóvenes para mantener la continuidad del pensamiento y el actuar del Che.
En una jornada que inició con el tradicional cambio de flores en el Mausoleo que guarda los restos del Che y de sus compañeros de guerrilla, llevado a cabo esta vez por el General de Ejército Raúl Castro y otros asistentes a la conmemoración, 50 niños de primer grado recibieron de manos de la presidencia, familiares y profesores la pañoleta azul que los convierte en miembros de la Organización de Pioneros José Martí. A su vez, una ofrenda floral a nombre de los cubanos fue colocada en la base de la escultura del Che que preside la plaza.
Agrupaciones como Danza del Alma, la Banda Provincial de Concierto, la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, así como alumnos de las escuelas de arte, estuvieron presentes también en el homenaje e interpretaron obras que forman parte ya del patrimonio musical e histórico del país.
Niños
a recibieron, de manos de los miembros de la presidencia, la pañoleta
que los acredita como miembros de la Organización de Pioneros José
Martí, en el acto político-cultural por el aniversario 50 de la caída en
combate del Che en Bolivia, y el aniversario 20 del regreso junto a su
Destacamento de Refuerzo, en la Plaza Ernesto Che Guevara, de la ciudad
de Santa Clara, el 8 de octubre de 2017. Foto: Arelys María Echeverría/
ACN.
Niños
de la educación primaria, que ingresan a la Organización de Pioneros
José Martí, recibieron su pañoleta en el acto político-cultural por el
aniversario 50 de la caída en combate del Che en Bolivia, y el
aniversario 20 del regreso junto a su Destacamento de Refuerzo, en la
Plaza Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara, el 8 de octubre
de 2017. Foto: Arelys María Echeverría/ ACN.
Acto
político-cultural por el aniversario 50 de la caída en combate del Che
en Bolivia, y el aniversario 20 del regreso junto a su Destacamento de
Refuerzo, en la Plaza Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara,
el 8 de octubre de 2017. Foto: Arelys María Echeverría/ ACN.
El
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido
Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
preside, junto a miembros del Buró Político del Partido, del
Secretariado del Comité Central y vicepresidentes del Consejo de Estado y
de Ministros, dirigentes el Partid, del Estado, de la juventud y de
organizaciones de masas, las FAR, el Minint, entre otros, el acto
político-cultural de homenaje al Guerrillero Heroico, en el aniversario
50 de su caída en combate en Bolivia, y el aniversario 20 del regreso
junto a su Destacamento de Refuerzo, en la Plaza Ernesto Che Guevara, de
la ciudad de Santa Clara, en Villa Clara, el 8 de octubre de 2017. ACN
Foto: Arelys María Echeverría/ ACN.
Antecedieron a este tributo una gala cultural en la noche de ayer y otras actividades desarrolladas en el territorio.
CATALUNYA
Pensamiento crítico
por Vicenç Navarro
El inicio del fin del régimen del 78
Como indiqué en un artículo anterior reciente (La necesaria movilización de las fuerzas democráticas frente a los herederos del franquismo, Público, 28.09.17), ha habido siempre dos visiones de lo que es España. Una ha sido la dominante, que alcanzó su máximo desarrollo durante la dictadura franquista, y que ha continuado durante todo el periodo postdictatorial democrático, como consecuencia del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron sobre el aparato del Estado y sobre la gran mayoría de los medios de información en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, mal definido como modélico. Tal visión es la uninacional, presentando a España como la única nación existente de la península ibérica no portuguesa, y que se encuentra reflejada en un Estado monárquico centrado en la capital del Reino, Madrid (que tiene poco que ver con el Madrid popular), de la cual irradian todas las otras regiones, situación claramente reflejada en su sistema de transporte radial, tomando la capital como punto de llegada y de salida de cualquier vía de trasporte. Tal visión de España ha sido históricamente la característica de las derechas españolas. Ni que decir tiene que han ocurrido cambios importantes en este Estado uninacional que han diluido algo su centralismo. Pero, por lo general, este ha mantenido las principales características del Estado uninacional, en cuyos aparatos continúa reinando la cultura heredada del régimen dictatorial anterior, incluyendo su uninacionalidad.
La otra visión es la plurinacional, que piensa que en España hay varias naciones con distintos idiomas y culturas que deben asociarse voluntariamente y no por la fuerza, con soberanías que puedan compartirse si así lo desean. Esta última visión es la más arraigada en la cultura republicana, promovida históricamente por las izquierdas. Alcanzó su máxima expresión durante la II República, que fue interrumpida por un golpe militar (ayudado por tropas del régimen nazi alemán y del fascista italiano) estimulado por las derechas, realizado por unas tropas que se definieron a sí mismas como las “nacionales”, que dijeron defender la Unidad de España, unidad que, por cierto, nadie estaba cuestionando. Lo que el president Companys de la Generalitat de Catalunya estaba pidiendo no era la desunión, sino la redefinición de España. El president Companys, lejos de ser secesionista, se consideraba español y quería ayudar a establecer una nueva España. Era altamente popular, no solo en Catalunya, sino también en el resto de España. Un indicador de ello es que cuando fue liberado de la cárcel de Cádiz, fue aclamado por la población de las distintas ciudades españolas que tuvo que atravesar en su vuelta a Barcelona. Esta visión plurinacional fue brutalmente reprimida (el president Companys fue fusilado) durante la dictadura, siendo considerada como la anti-España. Tal visión plurinacional fue también la que estaba en los programas de todos los partidos de izquierda, tanto catalanes como españoles, durante la resistencia antifascista. Todos ellos apoyaron el derecho de autodeterminación (lo que ahora se llama el derecho a decidir), garantizando así una unión voluntaria y no forzada de los distintos pueblos y naciones de España.
La imposición por parte del Monarca y del Ejército de la visión uninacional en el periodo democrático
Dicha visión fue abandonada, sin embargo, durante la transición debido al veto que pusieron el Monarca y el Ejército. Las izquierdas catalanas, sin embargo, nunca abandonaron tal compromiso. Y el gobierno tripartito dirigido por el socialista Pasqual Maragall propuso un Estatut en 2005 que definía a Catalunya como nación dentro del Estado español, Estatut que, a pesar de haber sido votado y aprobado por el Parlament, por las Cortes Españolas (con sustanciales recortes) y por la población catalana en un referéndum, fue vetado por las derechas españolas, lideradas por el PP, que controlaban (y continúan controlando) el Tribunal Constitucional. Fue, como bien señala el conocido y reputado catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, en su reciente artículo L’obligació de Rajoy, ARA (04.10.17), “un golpe de Estado” en el que se violaba la llamada soberanía popular (expresada en la aprobación del Estatut en el Parlament, en las Cortes Españolas y en el referéndum que tuvo lugar en Catalunya) por parte de un tribunal (el Tribunal Constitucional) controlado por las derechas herederas del Estado franquista, vetándolo. Y todo ello bajo el acuerdo constitucional, sancionado por la inmodélica transición. De ahí surgió, como también señala Javier Pérez Royo, la rebelión que ha llevado al 1 de octubre. A ello ha contribuido la enorme pasividad y el silencio ensordecedor del PSOE y de la gran mayoría de la intelectualidad española. Esta rebelión fue radicalizándose a medida que el gobierno Rajoy, máxima expresión e instrumento de los vencedores de la Guerra Civil y de las fuerzas que dominaron la transición, ignoró, desoyó y despreció las propuestas que le hicieron los sucesivos gobiernos de la Generalitat para redefinir su relación con el Estado español. Era, pues, inevitable que lo que está pasando, pasara. Los partidos independentistas, principalmente dos bajo la alianza de Junts Pel Sí, no habían sido independentistas hasta recientemente, siguiendo un proceso bastante predecible: la gran mayoría de ellos (CDC y ERC) habían sido antes federalistas, transformándose en independentistas cuando no vieron ninguna posibilidad de cambio dentro del Estado actual.
Las raíces franquistas de las derechas españolas (muchas de las cuales se definen como de centro o centroderecha)
Está claro que la mayor responsable de la gran crisis existente hoy en España es la pervivencia de la cultura franquista en los aparatos del Estado. Hay que recordar que el PP fue fundado en 1977 bajo el nombre de Alianza Popular, una alianza de las asociaciones políticas de ultraderecha franquista de las cuales las más destacadas fueron: Reforma Democrática, liderada por Fraga Iribarne, ministro del Estado dictatorial franquista durante el periodo 1962-1969 y 1975-1976; Unión del Pueblo Español, liderada por Cruz Martínez Esteruelas, ministro entre 1974-1976; Acción Democrática Española, liderada por Federico Silva Muñoz, ministro en 1965-1970; Democracia Social, liderada por Licinio de la Fuente y de la Fuente, ministro en 1969-1975, y vicepresidente del gobierno durante el periodo 1974-1975; Acción Regional, liderado por Laureano López Rodó, ministro en 1965-1967, 1967-1973 y 1973-1974; Unión Social Popular, liderado por Enrique Thomas de Carranza, gobernador de Toledo en 1965-1969 y procurador de las Cortes Españolas en 1971-1977, miembro de Fuerza Nueva; y Unión Nacional Española, ministro en 1970-1974. Todos ellos eran fundadores de dicha fuerza política. Hoy la relación entre tal partido y aquel régimen se reproduce leyendo la biografía de gran número de sus dirigentes. Un ejemplo es Rafael Hernando, actual portavoz parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, que fue miembro de Alianza Popular desde los años ochenta, y que según algunas informaciones periodísticas habría mostrado simpatías hacia el partido de ultraderecha Fuerza Nueva.
Ni que decir tiene que dicho partido es una especie de paraguas bajo el cual hay diversas sensibilidades, desde la fascista (que explica que en España no haya un partido ultraderechista de masas) hasta la cristianodemócrata y la liberal. Pero su cultura hegemónica es claramente franquista, y su nacionalismo uninacional extremo es heredero del existente durante la dictadura. Esta visión, tanto en la versión extrema como en la versión más moderada, es la que domina la intelectualidad española, basada en la capital del Reino. Han contribuido a ello los mayores medios de información, incluyendo El País, que fue establecido por algunos personajes dentro de la dictadura que se consideraron reformadores, tales como Fraga Iribarne, quien fichó a Juan Luis Cebrián para que lo gestionara. Juan Luis Cebrián (cuyo padre fue el director del diario Arriba, el diario oficial del régimen fascista) había sido director de los servicios informativos de la Radio Televisión Española en 1974, que era el mayor instrumento propagandístico del régimen dictatorial. Ni que decir tiene que El País fue abriéndose, permitiendo cierta pluralidad en sus páginas, de las cuales fueron excluidas, con notables excepciones, las izquierdas y los que cuestionaron la visión uninacional del Estado, convirtiéndose en el máximo valedor de la Monarquía y de tal Estado. Su respuesta a la crisis actual ha sido un furibundo ataque a las nuevas izquierdas y a los partidos independentistas (el último ejemplo es el artículo de uno de sus intelectuales, el Sr. Santos Juliá, que, predeciblemente, atribuye todo lo que ocurre en Catalunya a la CUP, un partido independentista que obtuvo solo un 8% de los votos validos en las elecciones de 2015).
El establishment uninacional, heredero del franquismo, pone todo el peso de su argumentario en defensa de su visión uninacional (que justifica la represión llevada a cabo por los aparatos judiciales y de seguridad del Estado en Catalunya) en el respeto a la ley y a la Constitución, leyes y Constitución que en gran medida fueron elaboradas en un proceso altamente desigual (que propagandística y erróneamente se definió como modélico), dominado por las derechas.
Ni que decir tiene que, incluso en el caso de que se aceptara que la ley refleja la soberanía popular (supuesto altamente cuestionable), hay que señalar que el gobierno Rajoy se ha saltado las leyes españolas constantemente, siendo uno de los partidos políticos con mayor corrupción en España. Y, de nuevo, incluso aceptando que la ley fuera resultado de la soberanía popular (que no lo es), su aplicación es constantemente sesgada a favor de los intereses económicos, financieros, religiosos, partidistas y de clase que ejercen un enorme dominio sobre el aparato judicial; el caso Millet en Catalunya y el caso Púnica en España son un ejemplo de ello. El enorme conservadurismo y corporativismo del estamento judicial es de sobras conocido.
La incapacidad de comprender qué pasa en Catalunya (y en España)
Otra característica del pensamiento uninacional típico del régimen del 78 es su incapacidad para entender lo que ocurre en Catalunya, atribuyendo el movimiento de rebeldía en defensa de la identidad y la nación catalanas a la propaganda y capacidad de movilización de los partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya, antes Convergència i Unió (alianza de un partido liberal y un partido cristianodemócrata) y ahora el mismo partido Convergència con ERC. En dicha interpretación se olvida que el primer partido, Convergència, ha caído en gran descrédito debido a haberse conocido la gran corrupción de su dirección, que utilizó la Generalitat de Catalunya como si fuera de su propiedad para su beneficio personal (situación que Pablo Iglesias ha definido, con acierto, como el nacional-patrimonialismo del PP, y que puede atribuirse igualmente a CDC), teniendo incluso que cambiar su nombre a PDeCAT. El otro partido de la coalición CiU, Unió Democràtica, ha desaparecido.
Se olvida u oculta también que los que propusieron el Estatut de Catalunya del 2005 fueron las izquierdas (el tripartito dirigido por Pasqual Maragall). Y también se ignora que las movilizaciones iniciales fueron para defender tal Estatut. Su posterior radicalización es responsabilidad de la insensibilidad democrática y de la falta de respeto a la plurinacionalidad por parte del Estado central. Es sorprendente que la mayoría de artículos sobre la crisis publicados, por ejemplo, en El País, hayan sido críticos con Junts Pel Sí y pocos con el gobierno Rajoy.
El sectarismo del establishment intelectual-mediático español
Creo haber sido uno de los autores catalanes y españoles que más ha criticado en España y en Catalunya al gobierno de Junts Pel Sí de la Generalitat de Catalunya por sus políticas económicas y sociales, que pertenecían claramente a la sensibilidad neoliberal, la misma, por cierto, que inspiró al gobierno del PP (en realidad, las tensiones nacionales entre el gobierno del PP y Junts Pel Sí están ocultando la enorme crisis social que sus políticas económicas han provocado; la evidencia de ello es abrumadora). Y también he criticado el comportamiento antidemocrático de Junts Pel Sí, mostrado en su manipulación sectaria del Parlament de Catalunya, como bien denunció el parlamentario Joan Coscubiela, de la coalición Catalunya Sí que es Pot.
Ahora bien, es de un sectarismo denunciable el comportamiento del establishment político-mediático español y de su intelectualidad (incluyendo grandes sectores de la intelectualidad de la izquierda española), que mientras denuncian en varias páginas de El País (uno de los rotativos más sectarios hoy en España, eje del establishment mediático uninacional, profundamente hostil a los nacionalismos “periféricos” y a las nuevas izquierdas, y defensor a ultranza del régimen del 78, definiendo la transición como modélica) el comportamiento antidemocrático de Junts Pel Sí, permanecen callados, en un silencio ensordecedor, frente a la enorme represión que ha ocurrido en Catalunya (alrededor de 900 heridos). Es interesante señalar que la atribución de la mayor responsabilidad por la gran crisis política del país al gobierno catalán es característica del uninacionalismo franquista vigente que apareció también en el discurso del rey Felipe VI. Una postura más equilibrada, pero también errónea, es la que atribuye la responsabilidad en igualdad de condiciones al gobierno central y al gobierno catalán, y digo errónea porque es fácil de demostrar que ha sido la versión uninacional franquista, presente no solo en el gobierno Rajoy, sino también en el establishment político-mediático español, la causante de la gran crisis política del país.
Una última observación: el error de algunas voces de izquierdas
Una postura bastante extendida en amplios sectores de las izquierdas españolas es considerar estas discusiones y tensiones como resultado del protagonismo de los nacionalismos en la vida política del país, que están ocultando la enorme crisis social del país. Esta percepción, a la cual me he referido en varias ocasiones, tiene un gran elemento de verdad. Describe parte de la situación actual. Es, pues, necesario subrayar la importancia de este argumento. Ahora bien, un argumento puede ser necesario pero no suficiente, ya que el mismo Estado uninacional que prohíbe y persigue el plurinacionalismo en España es también (como he documentado ampliamente) el Estado responsable de la crisis social actual. Esto es una realidad obvia, de manera que el tema social está íntimamente ligado al tema nacional. De ahí que históricamente las izquierdas, no solo las catalanas, sino también las españolas, hubieran incorporado en sus proyectos de gobierno el apoyo a un Estado republicano plurinacional. Hay que recuperar la validez del proyecto republicano social y plurinacional. Y me alegra constatar que ello está ya ocurriendo. En Catalunya, en las movilizaciones, pueden verse más y más banderas republicanas. Y lo mismo está ocurriendo a lo largo del territorio español.
Hay una creciente constatación en Catalunya que para conseguir un cambio social y nacional hay que favorecer y defender la reestructuración del Estado español, por el bien de España y por el bien de Catalunya. Las nuevas izquierdas están hoy cuestionando la uninacionalidad de España. Su iniciativa de invitar a todas las fuerzas democráticas a actuar de forma colaborativa para trasformar España (incluyendo Catalunya) es de una enorme trascendencia e importancia.
Ni que decir tiene que las derechas postfranquistas están acusando a tales nuevas izquierdas de ayudar al independentismo. Y dicho mensaje aparece extensamente hoy en el establishment uninacional español, alcanzando niveles grotescos en su promoción internacional. Nada menos que el director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales (European Council of Foreign Relations), escribió hace unos días un artículo que define al movimiento de rebelión en Catalunya frente al Estado central como un movimiento racista (sí, ha leído bien, racista) que considera a los españoles como inferiores, y acusando, por si no fuera poco, a Podemos de proindependentista, utilizando “tácticas insurreccionales” (tal personaje se llama Francisco de Borja Lasheras; su artículo aparece en Social Europe). Y lo que es más lamentable es que algunas izquierdas están contribuyendo a esta campaña. Pero cualquier persona que conozca la realidad (pasada y presente) de este país puede ver que la única solución para mantener España unida hoy es precisamente pidiendo una alianza de todas las fuerzas democráticas en oposición al establishment heredero del franquismo. La vía actual defendida por el Rey y por Rajoy creará la ruptura de España.
Comiendo Tierra
por Juan Carlos Monedero
Hacer España a ostias
Si lo que nos queda es defender España a ostias ya hemos perdido. El “a por ellos” que han jaleado algunos centenares de personas a policías, arengándoles contra otros ciudadanos, es un grito impotente de gente a la que el siglo XXI les ha pasado por encima. Lo digo habiendo nacido en Madrid, de padre asturiano y madre manchega, de abuelos catalanes, andaluces y de un pequeño pueblo de la provincia de Albacete. Lo digo pensando en que el fascismo fue un marcha en Italia, unas elecciones en Alemania, un paseo en Francia y en España les costó tres años y un genocidio. Madrid, que resistió hasta el final, dejó el “no pasarán”, lleno de dignidad. Lo he escuchado hoy mismo en los alrededores del puerto de Barcelona a gente que impedía el paso a los antidisturbios. ¿Cómo nos han podido llevar hasta este callejón sin salida?
Desde Madrid he aprendido, no sin dificultades, que Catalunya es una nación, que el País Vasco es una nación, que Galicia es una nación, y que España, a la que siento como mi patria (con Lorca y Valle Inclán, con Riego y Negrín, con Picasso y María Zambrano, con Josefina de Aragón y Manuela Malasaña, con las 13 Rosas y Salvador Puig Antich, con Azaña y Machado, con Miguel Hernández y Clara Campoamor, con LLuis Llach y Blanco White y Juan Goytisolo), sólo puede serlo, con las fronteras actuales, si los catalanes, los vascos, los gallegos y los demás pueblos de España sienten a España también como parte de su identidad. Solo si deciden, conscientes y asumiendo sus responsabilidades, formar parte de esta nación de naciones que es España.
Nuestra historia no nos ayuda. Nunca hemos debatido una Constitución desde abajo. Cuando hemos tenido que decidir la convivencia colectiva se han reforzado las burbujas culturales que nos encerraban en nuestros pequeños espacios. ¿De donde sacas, lector o lectora, tu idea de España? ¿Con quién la has reflexionado? ¿Te has parado en algún momento a preguntarte de dónde viene esta patria que te acompaña como un soporte simbólico de tu vida aunque no la convoques? ¿Has pensado alguna vez, en Catalunya, en España, en el País Vasco, que te estaban engañando? ¿Has pensado qué significa que el artículo 2 de la Constitución, el que habla de la soberanía indivisible del pueblo español, lo redactaron e impusieron militares cuya legitimidad era haber ganado la guerra española que iniciaron con el golpe de Estado de 1936? ¿Te has preguntado por qué tantos españoles quieren a España pero no se ven reflejados en la bandera, y por qué los que la han hecho suya terminan con frecuencia manifestándose cantando el Cara al Sol o pegando a inmigrantes o a gente que no piensa como ellos?
Cuando la democracia estaba construyéndose en Europa aquí tuvimos el golpe de Primo de Rivera y luego el definitivo, el de Franco, que nos amordazó cuarenta años y que nos silenció por un siglo con 200.000 fusilados, 350.000 exiliados, 500.000 encarcelados. A veces parece mentira que hayamos sido capaces de levantar cabeza Hay algo grande en este país. En 1978 alguien decidió que era mejor que votáramos pero que no opinaramos. Hasta retrasaron a 1979 las elecciones municipales para que la democracia, bajada a la calle, no influyera en el texto constitucional. Nadie nos ha contado que los catalanes tienen instituciones propias desde hace siglos y que tienen un sentimiento de comunidad que antes de llegar al resto de España pasa por Barcelona. En vez de enseñarnos canciones y poemas en catalán han alimentado el odio a su lengua y los intereses económicos del fútbol han sembrado más odio que comprensión. Si España les cierra la puerta simbólica, pueden pensarse sin necesidad de nosotros. Una parte importante, más de la mitad, se sentirán amputados, porque su identidad también es española. Pero si España les dice lo que tienen que sentirse a ostias, decidirán cerrar esa puerta. Al PP no le importa: mientras hablamos de Catalunya no hablamos del 100% de sus tesoreros imputados por corrupción ni del desastre de gestión que han hecho. Si quisieran a España no habrían robado tanto ni hubieran gestionado tan mal ni tendrían tanto dinero fuera.
La burguesía catalana se benefició en Catalunya de los andaluces, de los extremeños, de los castellanos, y en el conjunto de España de todos los españoles. Por eso nunca tuvieron problemas los ricos de un lado y los de otro. Felipe González y José María Aznar siempre se llevaron muy bien con Pujol (incluso, en el caso de Aznar, tuvo su romance con ETA, a la que llamó Movimiento de Liberación Nacional). Y aún hoy se puede escuchar a historiadores conservadores decir que Pujol, en el fondo, mantuvo el ánimo nacional contenido. Aunque tuviera el dinero en Andorra, a pesar del 3% de comisiones ilegales, a pesar de los recortes en sanidad, en educación, en servicios públicos. Hoy están en la calle catalanes que vienen de Andalucía, de Extremadura y de Castilla. Catalanes que no toleran la falta de respeto de los representantes de España desde que Rajoy se echó a la calle a recoger firmas contra el Estatut. Como siempre, sólo porque pensaba que le daba votos en el conjunto de España. La demanda de ese pueblo que hoy está defendiendo su derecho a votar es legítima, igual que la dirección política de ese proceso no es de fiar.
Fueron los que ayer mandaron a los antidisturbios, los que recortaron y robaron, los que envueltos en casos de corrupción y alejados de la ciudadanía por su seguidismo de los ajustes de Bruselas se han hecho independentistas en un curso rápido de lectura en diagonal. Son los que han mentido prometiendo una independencia que nunca se va a dar y que, a la postre, sabiendo que tienen enfrente a la derecha menos democrática de nuestro entorno, les han brindado la excusa que buscaban y no han dudado en mandar a trabajadores pobres de las fuerzas y cuerpos de seguridad a aporrear y detener a trabajadores no mucho más ricos que están reclamando que España les escuche.
Rajoy ha dinamitado la Constitución al quebrar los artículos 151 y 152, que desarrollan la verdad que encierra el artículo 2: que España es España y sus comunidades y regiones. Es decir –y hoy ya se puede decir porque no hay tanques ni ruidosos sables-, que España es España junto con sus naciones. Dice la Constitución que el encaje territorial era un acuerdo entre los parlamentos –en este caso el catalán y el español- y que lo sancionaba el pueblo –si: el pueblo catalán- en referéndum. Eso dice la Constitución. Pero Rajoy dijo: que el Estatut lo redacten los jueces del Tribunal Constitucional, que para eso los hemos puesto nosotros. Y al que no le guste, palo.
La dirección política del proces catalán no está a la altura de la demanda popular. En Catalunya se demanda un referéndum con garantías. Y las garantías tienen que ver con que el conjunto de España también lo entienda. No se puede solventar algo tan serio como son las fronteras de un país con bravuconadas. Los españoles dentro y fuera de Catalunya tienen derecho a preocuparse cuando alguien decide, sin mediar debate ni explicaciones, cuáles son los nuevos contornos de su país. Y los independentistas debieran tener la mínima sensibilidad para pensar que hay gente que no piensa como ellos y les preocupa qué va a pasar en el país en el que viven. Porque hablamos de las cuencas hidrográficas, de las costas, de las líneas férreas, del déficit público, de las embajadas, de los funcionarios, de los hospitales, de las pensiones, de las carreteras. Claro que hay españolistas que son los mismos que salieron a protestar contra el aborto, el matrimonio homosexual o la España de las autonomías. Pero hay otros muchos, que han aprendido a entender que Catalunya es una nación, que piden diálogo. Y que piensan que igual que el PP no cumple la Constitución tampoco lo hace –y se le nota mucho más- los que pretenden declarar unilateralmente la independencia.
Esos millones de personas reclamando democracia en Catalunya este 1 de octubre podrían haber alentado en el conjunto del Estado un sentimiento de solidaridad que, sin embargo, no está. Algo habrán hecho mal esos millones de catalanes cuando no han sido capaces de convencer a la izquierda española. ¿Lo van a explicar sin más llamándoles “españolazos”? ¿No habrán también cometido errores?
Sin embargo, y con una enorme generosidad, una fuerza política como Podemos sigue diciendo, pese a los insultos a un lado y a otro, y como lo ha hecho desde el principio, que apuesta por un referéndum vinculante, y sigue recorriendo el Estado para explicar por qué solventar de una vez el encaje territorial de Catalunya es lo mejor para una España democrática y fuerte en el contexto internacional. Podemos está haciendo lo más difícil: defender el derecho a decidir estando en contra de la secesión. Eso se llama coraje democrático.
Otros están en la enajenación. Desde una ira que no entiende nada, algunos han dicho, hablando de los “Comunes” que “Roma no paga traidores”, junto a gente que no se presentó con un discurso independentista y que ha traicionado a sus votantes haciendo campaña independentista. El futuro de Catalunya y de España no debe estar en manos de mentirosos ni de locos, sino de gente sensata.
Esa España incorregible que retrata el independentismo ya no es mayoritaria. Podemos no tiene la culpa de ser una fuerza con apenas tres años. Sin embargo ha demostrado, con mucha sensatez y sin dejar que las amenazas le hagan dar volantazos, que construir una España plurinacional es posible. Ha roto el bipartidismo, es responsable de que los jueces puedan imputar a los casi mil cargos del PP que pasarán por los juzgados, está dando lecciones de gobierno en los ayuntamientos, baja a la calle en cada pelea laboral en cada ciudad y le recuerda todos los días al nuevo Rey que así no vale para nada. Ha demostrado también que al PP sólo le interesa su negocio y sus problemas. Que Ciudadanos es una mera muleta de Rajoy. Y que el PSOE, aunque Sánchez haya resucitado, no termina de demostrar el coraje que tuvo en la campaña interna. Podemos no va a tolerar las detenciones, vulneraciones del derecho de reunión, de la libertad de expresión, la violencia ni la locura que ha desatado el PP por no querer escuchar a Catalunya. La sedición y la traición a España la ha cometido el partido en el gobierno que no ha escuchado las voces que decían que íbamos hacia el desastre. Que Rajoy, con menos del 30% de los votos, esté causándole este dolor a España le hace merecedor de la más grande repulsa, cuando no de responsabilidades ante la justicia. Ojalá que no haya que esperar a que sea Europa quien ponga a Rajoy y su séquito de hispanofóbicos en su sitio.
El día 2 algunos seguiremos diciendo que no hay solución con los que han generado este despropósito. Que se tienen que ir. Y después del 1-O con mucha más razón. Yo no quiero una Catalunya de rodillas en España. Quiero una Catalunya erguida y digna que se quiera sentir también parte de España. Eso se construye con respeto. No a ostias. No otra vez a ostias.
Agentes de operaciones especiales se despliegan en infraestructuras estratégicas de Catalunya
El Ministerio de Interior no pone plazo al tiempo que
permanecerán las Fuerzas de Seguridad del Estado en Catalunya: "Estarán
mientras sea necesario".
Imagen de archivo de dos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.
Agentes de
unidades de operaciones especiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado han comenzado a desplegarse en infraestructuras estratégicas
de Catalunya como el aeropuerto de El Prat, según han informado fuentes policiales.
Al menos 150 agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil
se encuentran en un hangar de El Prat, uno de los aeropuertos de mayor
tráfico aéreo en España, ante la previsión de que grupos afines al
independentismo cumplan su amenaza de tomar el control de
infraestructuras como aeropuertos, puertos y fronteras.
El GAR de la Guardia Civil tiene como misión, según las citadas fuentes, liderar al equipo que reforzará la seguridad de la torre de control y el centro de control de tráfico aéreo
del aeropuerto de El Prat. El GAR, una de las unidades de mayor
prestigio por su lucha contra ETA, está especializado en ejecutar
operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida.
Estarán en Catalunya mientras sea necesario
Fuentes del Ministerio del Interior han
reiterado el compromiso del Gobierno para frenar la declaración
unilateral de independencia, "sin descartar ninguna medida dentro del
Estado de Derecho". Sobre el refuerzo policial, insisten en que no se ha puesto un plazo límite. "Estarán el tiempo que sea necesario", sostienen.
El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, visitó este jueves a agentes de la Guardia Civil en la base militar de Sant Climent Sescebes,
en el Alto Ampurdán (Girona). Aquí saludó a los agentes del Grupo de
Acción Rápida (GAR) y de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), a
los que trasladó su "agradecimiento y admiración".
El ministro hizo lo propio el miércoles visitando a los policías alojados en los barcos amarrados en el Puerto de Barcelona.
"Nos han dicho que no nos podemos ir de aquí", explican fuentes
policiales como resumen de estas visitas de los máximos responsables de
Interior. Unos 4.000 agentes han ido llegando a Catalunya antes del 1-O
para reforzar la plantilla de casi 6.000 agentes en esta comunidad
autónoma.
Este jueves, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant llamó a analizar la forma de controlar puertos y aeropuertos para hacer efectiva la independencia de Catalunya.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en una
entrevista en la BBC que proclamaría la República catalana a finales o
principios de la próxima semana. Minutos antes, el Rey llamó a los
"legítimos poderes del Estado a asegurar el orden constitucional".
Documentos internos de la ANC
La asociación independentista Asamblea
Nacional Catalana (ANC) ha plasmado en sus documentos en los últimos
años que a la declaración de independencia de Catalunya tendrían que
seguirle acciones que visualicen el ejercicio de la soberanía como la toma de control de grandes infraestructuras y de fronteras, puertos y aeropuertos, además de la seguridad pública o las comunicaciones.
Así, en un documento previo a la celebración
del 9N, la asociación establecía una hoja de ruta en la que decía que
el control efectivo de Catalunya facilitará el reconocimiento
internacional, por ello llamaba a trabajar "conjuntamente con el resto
de actores del procés" para hacer efectiva esta soberanía.
En ese documento concretaba acciones como
tomar el control de puertos, aeropuertos y las comunicaciones y apuntaba
a que esta acción podría iniciarse a partir del mismo día de la declaración de independencia, en el momento más adecuado para la correcta finalización del llamado 'procés'.
El Ministerio de Defensa ha ordenado esta
semana desplazar a Catalunya material logístico como literas, cocinas,
duchas y taquillas. Para ello, se ha recurrido a la Agrupación de Apoyo
Logístico nº41 del Ejército de Tierra, con base en San Jorge (Zaragoza).
El material tiene como destino el acuartelamiento 'Santa Eulalia', en
Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
El desconcierto
Por Fernando López Agudín
La salvajada de Barcelona
Las imágenes de las cargas policiales en Barcelona dan la vuelta al mundo. De la marca España no quedan ni las raspas. Las de la ciudad condal no son más que un fragmento de la brutal represión policial que ayer mismo se abatió sobre cientos de miles de pacíficos catalanes en toda Cataluña. Si se dice que una imagen vale diez mil palabras, la colección de salvajadas de este 1 de octubre constituyen todo un amplio diccionario sobre la baja catadura moral de la mafia corrupta instalada en la Moncloa. Una cadena de políticos bajo sospecha de toda clase de delitos, una fiscalía reprobada, un Tribunal Constitucional desacreditado tras la última reforma del 2015 impuesta por el PP, han ordenado a las Fuerzas de Seguridad del Estado protagonizar lo que será conocido como la salvajada de Barcelona. En tan solo un único día, se han visto obligadas a recuperar los malos hábitos que la desaparición de la dictadura del general Francisco Franco había enviado al baúl de las viejas prácticas de Interior.
En un día se han cargado el famoso modelo de la transición que había asombrado al mundo al final de la dictadura. En veinticuatro horas han barrido al régimen de 1978. Ya mortalmente herido por la reforma del artículo 135 de la Constitución, que nos condena a pagar la deuda antes que atender los gastos sociales de la inmensa mayoría de los españoles, recibió el tiro de gracia de la mano de Rajoy que firmó la carga policial contra una masiva concentración social. Adiós a todo diálogo, a la transacción política; bienvenida a las porras, balas de goma, gases lacrimógenos, salvas. Desde aquel gobierno de Arias Navarro, el de los asesinatos de Vitoria, no se había vuelto a vivir en las calles las escenas de violencia contra pacíficos manifestantes. Ilegales, es cierto, pero tanto como lo eran los que se manifestaban entonces contra la legalidad preconstitucional. Aquella consigna de Aznar, recortar todos los derechos democráticos de 1978 dada la actual debilidad de la oposición demócrata, ha dado ayer un gran paso hacia delante.
Se empieza demoliendo el Estatut de Cataluña del año 2006, votado por los parlamentos españoles y catalán, se continúa negando el derecho a votar y se termina con las competencias de las autonomías. Estamos a minuto y medio de un paquete de propuestas de la derecha tendentes a cambiar la ley electoral, la enseñanza, financiación y seguridad de algunas de las nacionalidades históricas. Va en la misma dirección de poner punto final al pacto de la transición por el que la derecha aceptó a regañadientes el Estado de las Autonomías y el pacto social a cambio de que la izquierda tragara con la bandera de los vencedores de la Guerra Civil y la II Restauración de los Borbones. La ilegalización de John Maynard Keynes, como consecuencia de la reforma del 135, ya se ha cargado todo aquel pacto social; la ofensiva preconstitucional contra el derecho a votar se llevará por delante el sistema autonómico. Detrás de los muñecos de Rajoy y Soraya, altos funcionarios del estado de derecha, hay toda una estrategia invisible de corte involucionista.
Si Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, levantara la cabeza, correría a gorrazos a Sánchez y sus plañideras. No digamos de todos los líderes socialistas de la II República. Que el socialismo avale la salvajada neofranquista de Barcelona carece de explicación, comprensión o justificación. ¿Para qué compitieron con Susana Díaz antes del verano? Para hacer la política de Susana Díaz nada más empezar el otoño. Taparse las vergüenzas con la razón de Estado o el Estado de Derecho es impresentable por cuanto cuentan con expertos y juristas más que sobrados para saber que Rajoy es el asalto permanente a la razón de Estado y el Estado de Derecho, que describía Giorgy Luckas como los pasos previos al autoritarismo. Condenar las cargas policiales sin rechazar a quien como Rajoy las ordena es puro cinismo que se esconde, además, en la defensa de las instituciones, cuando es la Moncloa el más grave riesgo para las instituciones.
Los letratenientes, habituales firmantes de manifiestos gubernamentales, son igualmente cómplices de la salvajada de Barcelona. Cabe, si es necesario, criticar la política de la Generalitat, cuestionar la ilegalidad de su actuación, pedir que no se vote, siempre y cuando vaya acompañado al menos de una mínima denuncia sobre la irresponsabilidad del PPSOE en el tema catalán. Felipe González impidió el procesamiento de Jordi Pujol en 1985; Zapatero traicionó el Estatut catalán que promovió él mismo; Aznar movilizó al PP contra el gobierno catalán del socialista Maravall y Rajoy acaba de abrir la caja de Pandora tras negarse al más mínimo dialogo sobre una clara demanda de voto compartida por el 80% de los catalanes. Este nuevo compromiso político de los intelectuales, al contrario del sartriano, es el penúltimo reflejo de la degradación de la cultura llevada a cabo por ese “poder cultural” que la ha manipulado a lo largo de varias décadas desde el lobby de Prisa.
La salvajada de Barcelona exige una moción de censura. Lo de menos es que cuente o no con los votos necesarios. Si se presentó por la corrupción, mucho más lo es por la involución autoritaria que se desprende del día dramático de ayer en Barcelona. La extraordinaria amenaza de ruptura del Estado español, como consecuencia de la política de Rajoy, que muera España para que viva el PP, demanda a gritos un diálogo entre la Generalitat y un nuevo gobierno central encabezado por un líder progresista que recoja todo el voto de centro izquierda. Ese debate parlamentario permitiría visualizar a todos los partidarios, directos e indirectos, de una política de enfrentamiento de todos los pueblos que aún componen España, mediante la represión con la porra, las bolas de gomas y los gases lacrimógenos. Urge poner pie en pared y frenar a Rajoy tanto como emplazar a los que ponen dos velas al Dios de la Moncloa y una al diablo.
Tras la huelga del 3-O, CNT llama a extender la respuesta social
No se trata de una convocatoria más. Estamos ante un recorte de derechos y libertades que profundiza aún más la brecha entre la clase dominante y nosotras y nosotros, la clase trabajadora. El Estado y el Capital enseñan los dientes y lo hacen con un claro objetivo: apuntalar su corrupto y totalitario sistema. Un sistema que hoy, gracias a la gran movilización combativa, sabemos que puede tambalearse.
La huelga general realizada este martes en Catalunya es un paso de gigante en la lucha social para derribar este modelo político y económico. Se trata de un conflicto trascendental para el anarcosindicalismo: no luchamos para cambiar de bandera sino por un Cambio Social en mayúsculas que nos permita recuperar las riendas de nuestras vidas y todo lo que nos están arrebatando.
Desde CNT mostramos nuestro absoluto rechazo hacia los aparatos burocráticos que se hacen llamar sindicatos y una vez más se alinean al lado de gobierno y patronal para torpedear la huelga general en Catalunya. No es nada nuevo. Nos reafirma en nuestro modelo sindical basado en la acción directa y el apoyo mutuo. Mientras CCOO y UGT sabotean el movimiento obrero, miles de personas participarán en las numerosas convocatorias de solidaridad más allá de cualquier frontera. Para ellas nuestro reconocimiento. Para ellas nuestra lucha en los centros de trabajo y en las calles. Para ellas la CNT.
Contra todo Estado. Por la libertad. ¡Por la revolución social!
Secretariados Permanentes del Comité Regional de Catalunya i Balears y del Comité Confederal
Confederación Nacional del Trabajo
El Estado actúa en Catalunya como una Dictadura
La Confederación General del Trabajo manifiesta su absoluto rechazo a estas actuaciones y expresa su apoyo y solidaridad con el pueblo de Catalunya.
Nada justifica agredir a una población pacífica que se defiende con urnas y papeletas, independientemente de la posición que se tenga sobre el derecho a decidir o sobre la independencia de Catalunya.
La CGT defenderá en Catalunya y en cualquier parte los derechos y las libertades de todos y todas, con los medios que tenga.
Catalunya, De la sedición al delito de odio: las costuras abiertas de la Justicia
La decisión del Gobierno de enfrentar el problema
político que plantea Catalunya por la vía judicial plantea riesgos para
la legitimidad futura del sistema. Juristas y expertos afirman que no se
ha producido ningún delito de sedición, dudan de que la Audiencia
Nacional sea el juzgado competente para instruirlo y aseguran que los
agentes de Policía y Guardia Civil no pueden ser víctimas de un delito
de odio.
El fiscal general del Estado promete su cargo ante el Rey y Mariano Rajoy (EFE)
"España es un Estado de Derecho y aquí la ley se cumple".
La frase es de Mariano Rajoy y ha sido utilizada por el Gobierno de
manera sistemática para explicar la respuesta de su Ejecutivo ante la
'hoja de ruta' soberanista. El presidente, lejos de ofrecer una
respuesta política al 'conflicto catalán', decidió que su Gobierno
delegaría o actuaría a través de la Fiscalía y de la Justicia, a través del Estado de Derecho. Así lo reconocía el mismo miércoles el socio de investidura de Rajoy, Albert Rivera. "El
Gobierno no ha actuado políticamente, ha actuado a través de la
Fiscalía y de la Justicia, pero ese camino tiene sus tiempos", decía el
líder de Ciudadanos sin que nadie se preguntara si el Poder Judicial no
debía actuar solo, como poder independiente que es, mientras que los
poderes ejecutivo y legislativo actúan en el ámbito político.
Pero no. El presidente del Gobierno ha
decidido que el único poder que actúa, de momento, es el judicial. No
obstante, atacar un conflicto político con las herramientas que otorga
el Derecho Penal y el sistema judicial es un camino arriesgado.
Lleno de peligros. El Derecho Penal está ideado para que el Estado
reaccione y castigue los delitos cometidos por una persona o un grupo.
Por ejemplo, cuando un grupo de personas roba en una casa. La respuesta
del Código Penal es clara y contundente y, además, la Policía tiene la
obligación de utilizar la fuerza si fuera necesario para evitar el
hurto. Las bordados del Derecho Penal comienzan a saltar por los
aires cuando es aplicado para problemas de otra naturaleza. Por ejemplo,
dos millones de personas quieren votar en un referéndum declarado
ilegal. Los actuantes ya no son ladrones y no están robando. Están
votando. Están haciendo política. Es un problema político, pero el
Estado aplica una solución judicial. Resultado 900 heridos.
"No se puede aplicar el Derecho
Penal a un problema político. La Justicia podrá sancionar, pero nunca
resolverá el problema", dice Paredes
"No
se puede aplicar el Derecho Penal a un problema político. La Justicia
podrá sancionar a determinadas personas, pero nunca resolverá el
problema. Además, tiene una consecuencia clara: cuando se aplica una solución judicial a
un problema político se retuercen las costuras del Derecho para hacerle
llegar a situaciones donde es imposible que llegue. Y de ahí viene que
algunas de las actuaciones de la Fiscalía que hemos visto en estos últimos días, aunque todo está en fase muy preeliminar, sean un tanto discutibles", señala a Público Jose Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Oviedo.
Traducido al romano paladino: el Estado está
respondiendo con Derecho Penal al conflicto catalán y para ello está
teniendo que retorcer las costuras del Código Penal y del Estado de
Derecho que dicen defender. Pero, ¿qué puede salir mal? "Si se cometen
errores en las decisiones que van tomando, el Derecho y el Estado de
Derecho perderán legitimidad", explica el catedrático Jose Manuel
Paredes. Otro peligro: "Si es cierto que el Gobierno está actuando a
través de Fiscalía, temo por la separación de poderes y el
principio de independencia", dice Daniel Amelang, miembro de la Red
Jurídica. Por último, la letrada Isabel Elbal sentencia que el otro gran
riesgo de "judicializar un problema político" es que se utilicen las
herramientas legales para perseguir o conseguir resultados diferentes al
deseado por el Ordenamiento Jurídico, por lo que nos encontraríamos
ante un "fraude de ley".
Entrando en materia. ¿Qué decisiones están
provocando que los bordados del Derecho Penal salten por los aires? Son
varias. Por un lado, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional calificara de sedición
las protestas que tuvieron lugar en Catalunya los días 20 y 21 de
septiembre tras la detención de 14 altos cargos de la Generalitat. Por
otro, que la Audiencia Nacional se considere competente
para juzgar el delito de sedición aunque para ello tenga que hacer un
'flash back' al Código Penal de 1973. Pero hay más. La Fiscalía
considera que no hay motivos para investigar las cargas policiales del pasado 1-O
de manera conjunta e Interior ha anunciado que tramitará como delitos
de odio las denuncias de agentes de Policía y Guardia Civil contra los
manifestantes que protestan frente a sus hoteles
"No solamente están judicializando un
problema político sino que aplican sin justificar debidamente uno de los
máximos delitos, como es la sedición, y encima no siguen el dictado de
la ley en cuanto a la competencia. Entiendo que el tema de Catalunya ha
hecho saltar las costuras del sistema ideado en la Transición, de
su relato y de las instituciones que fueron organizadas sin que apenas
participara el pueblo", opina la letrada Isabel Elbal.
Por partes. De la sedición al delito de odio pasando por las pelotas de goma.
¿Es un delito de sedición?
La Fiscalía de la Audiencia Nacional
solicitó el pasado viernes 22 de septiembre que se investigara "por
sedición" las protestas que se sucedieron en Catalunya tras la detención
de altos cargos de la Generalitat y los registros en sedes del Govern
en el marco de una operación contra el referéndum del 1-O. La respuesta
de juristas y expertos fue unánime: las protestas que se produjeron en
Catalunya durante el 20 y el 21 de septiembre no pueden ser calificadas como sedición.
Aún así, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Trapero ha declarado
este viernes como investigado por un presunto delito de sedición.
Registros en la 'conselleria' de Economía (EFE)
"La Fiscalía quiere investigar como
sedición unos hechos que no son sedición. Es decir, romper tres coches
de policía no es una sedición ya que no se está interrumpiendo el
Ordenamiento Jurídico ni se está intentando cambiar la Constitución. La
denuncia no refleja ninguna de las conductas que está prevista en
el Código Penal para este delito, por tanto, no puede ser sedición",
explicó entonces, en conversación telefónica con Público, el catedrático de Derecho procesal en la Universidad de Barcelona Jordi Nieva,
que señaló que en los últimos años se han producido decenas de
manifestaciones como la que vivió Catalunya durante esos días y que
nunca se había acusado de sedición a los responsables. "No tiene sentido", concluyó Nieva.
En esta misma línea se manifestaron tanto
Isabel Elbal, como Daniel Amelang y José Manuel Paredes. Una costura que
salta por los aires.
¿La Audiencia Nacional es competente?
La siguiente pregunta que formulamos
entonces fue si la Audiencia Nacional era competente para investigar los
delitos de sedición. La juez Carmen Lamela admitió a trámite la
denuncia presentada el pasado miércoles por la Fiscalía, por lo que se
declaró competente para investigar la sedición. El jurista Jordi Nieva
considera, por su parte, que la Audiencia Nacional sí puede ser
competente. Otros juristas como Isabel Elbal, Daniel Amelang y José
Manuel Paredes coinciden en afirmar que la Audiencia Nacional no es competente para investigar este tipo de delitos.
La profesora en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid Isabel Elbal explica que la sedición es un delito contra el orden público,
tal y como aparece recogido en el título XXII del Código Penal, por lo
que estos hechos deberían ser "instruidos por un juzgado de instrucción
ordinario" y "enjuiciados por la Audiencia Provincial de Barcelona".
"Anteriormente la sedición era considerada como un delito contra las
instituciones del Estado y la forma de Gobierno. Pero eso era en el
Código Penal antiguo. Por tanto, antes sí era competente. Sin embargo,
esta legislación fue modificada y la sedición aparece en el título XXII
del Código Penal que recoge los tres delitos contra el orden público de
mayor a menor gravedad: sedición, atentado a la autoridad y desórdenes
públicos", explica la letrada.
"La argumentación que hace la
Fiscalía para declarar competente a la Audiencia Nacional en el caso de
sedición me parece algo disparatada"
"La argumentación que hace la Fiscalía para declarar competente a la Audiencia Nacional en el caso de sedición me parece algo disparatada.
Hay que aplicar lo que dice la Ley ahora. No tiene sentido. Es como si
dentro de 20 años volvemos a una legislación anterior para enjuiciar un
hecho. Ya fue modificada y debe ser respetada la voluntad del
legislador", enfatiza Paredes.
Por su parte, el catedrático Jordi Nieva expone quela Audiencia Nacional sí es competente para realizar esta investigación. "La Audiencia Nacional sí puede ser competente,
aunque tengo mis dudas. El título en el cual se sustenta la denuncia de
la Fiscalía es el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en
su punto número 1. Ahí se habla de delitos contra la forma de gobierno y
ese título está basado en el Código Penal antiguo, de 1973,
donde efectivamente están incluidos los delitos de rebeldía y sedición
como delitos contra la forma de gobierno. Por tanto, creo que sí es
competente", sentencia. Otra costura que, cuanto menos, ha sido
retorcida.
La Fiscalía rechaza investigar cargas policiales
Ha sido una de las decisiones más polémicas
y que más dolor ha causado en Catalunya. La Fiscalía de Barcelona se
opuso a investigar la actuación global de la Guardia Civil y Policía
Nacional durante la jornada del 1-O que dejó más de 900 heridos, según
la Generalitat. La Fiscalía consideró que la actuación policial no afectó "en absoluto a la normal convivencia ciudadana", porque los agentes actuaron amparados en el "cumplimiento de un deber" y en "legítima defensa".
Asimismo, el fiscal expuso que como "ejercicio intelectual" y basándose
en los datos proporcionados por la Generalitat, si en el 1-O votaron
2.262.424 personas y 844 resultaron heridos, solo un 0,037 % de los votantes resultaron afectados por la "presunta violencia policial". Además, al haber un único herido grave, hubo solo "un 0,000042 % de individuos afectados por la presunta violencia grave policial".
El escrito de la Fiscalía es rechazado por los expertos consultados por Público, aunque consideran que la decisión es legitima. No obstante, Jordi Nieva
recuerda que la opinión de la Fiscalía en este caso no es vinculante,
ya que es el juez el que decida si debe investigar o no la actuación
policial durante el pasado 1-0. De hecho, este viernes hemos conocido
que el juez ha admitido a trámite la querella e investigará las cargas
policiales del domingo tras admitir a trámite la denuncia del Govern de
la Generalitat.
Isabel Elbal, por su parte, se muestra tajante en este caso y considera que la Justicia tiene que investigar si había un plan conjunto de actuación, con órdenes de actuar de un modo agresivo y si esas órdenes provenían del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de las actuaciones de la Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra.
"La juez no dijo que se cerraran todos los colegios por las bravas. Dijo sin alterar la normal convivencia.
Eso quiere decir que no se puede golpear a los ciudadanos. Ningún juez
daría esa orden. Y no parece que fueran hechos aislados. Dice la
Generalitat que hubo cerca de 900 heridos. Por tanto, hay indicios suficientes para investigar si fue una actuación policial generalizada y sistemática que obedece a un plan coordinado", defiende Elbal, que considera que también se debería investigar por qué se utilizaron las "pelotas de goma" cuando el Parlament de Catalunya prohibió su uso.
Por su parte, Amelang señala que la decisión de la Fiscalía "no parece descabellada, pero sí prematura".
"Existen indicios de que hubo una unidad de actuación policial en
distintos puntos de Catalunya. Lo suyo sería investigar interrogando a
algunos de los agentes intervinientes y a sus mandos para esclarecer si
hubo alguna orden relativa al grado de violencia que se pudo emplear y al hecho de no llevar identificaciones visibles, según testigos", explica este letrado.
¿Policías y delito de odio?
Una de las últimas decisiones que se han
conocido estos días es que Interior ha creado un gabinete jurídico para
tramitar como delitos de odio las denuncias de los agentes destinados a
Catalunya que están siendo increpados por ciudadanos catalanes en las
puertas de sus hoteles. La
pregunta pertinente en este caso es la siguiente: ¿es susceptible un
agente de Policía o de Guardia Civil de ser víctima de un delito de
odio? La respuesta en este caso de reconocidos juristas como Isabel Elbal, Daniel Amelang, José Manuel Paredes y Jordi Nieva es contundente: "No".
"Para que la investigación de la
Fiscalía concluya que los agentes sufrieron un delito de odio habría que
asumir que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una ideología
propia"
El motivo es sencillo. Lo explica Nieva: "El delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal,
fue concebido para proteger a minorías discriminadas por su religión,
lengua, etnia, nación... mientras que la protección de los agentes de
Policía o Guardia Civil está regulada a través de figuras como el
atentado a la autoridad o la resistencia". En palabras de Isabel Elbal: "Es técnicamente imposible que un agente de Policía sea víctima de un delito de odio.
Tendrían que reescribir un Código Penal y resoluciones dictadas por la
Unión Europea. Es toda una revolución tecno-jurídica", denuncia Elbal,
que asegura que si finalmente Interior tramita las denuncias por un
delito de odio estaríamos ante un nuevo intento de Interior de "disuadir
a la gente". "Tratan de coartar derechos fundamentales. No se sostiene
jurídicamente", sentencia Elbal.
"Para que la investigación de la Fiscalía concluya que los agentes sufrieron un delito de odio
habría que asumir que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una
ideología propia o que hace suya la del gobierno. Ambos supuestos son
ilegales e inaceptables", denuncia el jurista Daniel Amelang en el
artículo ¿Pueden ser los cuerpos policiales víctimas de delitos de odio? publicado en El Salto.
No obstante, el experto de Amnistía Internacional Daniel Canales señala a Público
que no es la primera vez que la Justicia señala a agentes de la Guardia
Civil o de la Policía Nacional como víctimas de un delito de odio.
Sucedió en el caso de las agresiones a miembros de la Guardia Civil en
Altasasua. El auto de prisión sin fianza para seis de los acusados
recogía la imputación de un delito de odio a los acusados, aunque el
proceso judicial ha seguido después por el delito de "lesiones terroristas".
"¿Es hora de considerar sanciones contra Madrid?"
Publicado: 5 oct 2017 11:53 GMT - RT
Mientras la comunidad internacional sigue
preocupada por la gestión que hace el Gobierno de España de la crisis en
Cataluña, surgen preguntas interesantes.
Enrique Calvo / Reuters
La intervención de las fuerzas de seguridad del Estado español dejó varios centenares de heridos y una gran cantidad de fotografías y videos que nadie esperaría ver en el seno de una democracia europea en el siglo XXI.
Así se expresó la parlamentaria escocesa Joanna Cherry en un tuit en el que comentaba unas perturbadoras imágenes del día del referéndum catalán, difundidas por el diario 'El País'. En ellas puede verse a un nutrido grupo de agentes de la Guardia Civil irrumpiendo por la fuerza en uno de los colegios electorales para impedir la votación y requisar el material dispuesto para la celebración de la consulta:
"No son escenas que yo esperaría ver en una democracia europea", recalcó la representante del Scottish National Party (SNP).
¿Habría que sancionar a España?
Una de las contestaciones más interesantes a este tuit la publicó el periodista estadounidense Glenn Greenwald, uno de los fundadores de 'The Interceipt', una combativa publicación independiente online, dedicada principalmente al análisis político internacional y a la denuncia de los ataques contra la libertad de prensa. Greenwald lanzó la siguiente pregunta: "¿Es hora de considerar sanciones contra Madrid?" y añadió "¿O ése tipo de respuesta es sólo para gobiernos represivos no occidentales?"La pregunta del periodista norteamericano ha sido retuiteada miles de veces y su mero planteamiento parece apuntar a la existencia de un doble rasero en la comunidad internacional a la hora de reaccionar ante la represión ejercida por los diferentes gobiernos. De hecho, el tuit en el que Greenwald plantea la posibilidad (o más bien la legitimidad política y ética) de implementar sanciones contra el Gobierno de España es una respuesta a su propio tuit principal, en el que afirma que "esto es un acontecimiento enorme: fuerte y violenta represión de un movimiento pacífico y democrático por parte de un gobierno occidental / de la OTAN".
Mientras, en el interior de España la tensión no deja de crecer. Tanto los nacionalistas catalanes como el gobierno central arrecian sus posturas y parecen operar sordamente en virtud de sus propias lógicas.
Coordinadora 25S @Coordinadora25S
A Pedro Sánchez le queda nada para salir cantando el “A por ellos, oeee”
Ha bastado un tuit del líder socialista para encender la mecha de numerosos internautas que no han dudado en mostrar su indignación por el apoyo de Sánchez al PP y a la actuación policial durante el 1-O. Izquierda Unida ha sido uno de los primeros.
Algunos de ellos incluso se han declarado militantes del PSOE.
Otros no han dudado en mandarle las fotografías de las consecuencias de las cargas.
Tweets
Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina y José Rodríguez de la Borbolla, entre otros, reclaman al secretario general que no hay nada de qué hablar "con los que han puesto a los españoles al borde del precipicio".
La
Comisión Permanente del PSOE en la reunión que tuvo lugar en la sede de
la calle Ferraz, un día después del 1-O - EFE/Mariscal
Un grupo de
destacados dirigentes del PSOE, que se denominan como veteranos
socialistas, han elaborado una carta para hacérsela llegar al secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez, en el que censuran abiertamente la postura que está manteniendo en torno al conflicto de Catalunya y, en especial, su apuesta por el diálogo, la negociación y el acuerdo.
Según fuentes consultadas, la iniciativa ha partido del expresidente de la Junta de Andalucía , José María Rodríguez de la Borbolla,
y a la misma se han sumado los expresidentes de Madrid y Extremadura,
Joaquín Leguina y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, así como otras
destacadas figuras del socialismo hace unos años, entre otros, el
expresidente del Senado, Javier Rojo; o el senador Juan José Laborda.
En la misiva, los firmantes acusan directamente al Gobierno de la Generalitat y a los partidos que lo apoyan, de haber puesto en marcha un "golpe de Estado" con una acción "ilegítima, desleal y malversadora", y piden que todos los partidos constitucionalistas estén unidos "ante el infame ataque a la democracia española".
Por ello, afirman que no entienden la
continua apelación al diálogo que está haciendo Pedro Sánchez y se
preguntan: "¿Diálogo, ahora, con quién? ¿Diálogo, ahora, para qué? ¿Con
los responsables de poner a España al borde del precipicio? ¿Para
escuchar otra vez que quieren la fractura de España, con razón o sin
razón, por unos medios u otros?".
Los socialistas a Sánchez: "¿Diálogo?¿Con los responsables de poner a España al borde del precipicio?"
Los
dirigentes socialistas recuerdan a Sánchez que nunca ha servido el
diálogo bajo chantaje, y le lanzan un mensaje envenenado: "A menos que
lo único que se quiera sea salva el pellejo y, a la vez, perder la
propia dignidad".
Aseguran, además, que se sienten
"humillados, despreciados y violentados" por los comportamientos de los
responsables institucionales y sociales de Catalunya, "porque no hay
mayor violencia que la utilización de cochinas mentiras como relato
justificador de la quiebra de la democracia que es lo que ellos
persiguen".
Los firmantes también censuran la decisión de Pedro Sánchez de recusar a la vicepresidenta primera por las cargas policiales en Barcelona,
y recuerdan que hay una investigación judicial sobre el asunto, "y que
van apareciendo prueba y más pruebas de la manipulación de lo acaecido",
dicen.
Los impulsores de esta iniciativa quieren seguir recogiendo firmas y que Sánchez cambie cuanto antes de discurso político en este tema.
Anuncian, además, que en el Comité Federal que ha anunciado Sánchez que
piensa convocar habrá más de una voz defendiendo estos planteamientos.
NI MITO NI LEYENDA (publicado esta semana en VOCES, en el 50 aniversario del asesinato del Che)
por Josè Luis Perera
Si
un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas
cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que
tienen en realidad, y si leyenda es una narración popular que cuenta
un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o
maravillosos, el Che no es ninguna de las dos cosas. El Che es un ser
humano ejemplo de revolucionario, y cuya vigencia se expresa en una
de las mayores obras de la que fue partícipe: la revolución cubana.
Cuando Fidel dice -entre otras cosas- que “si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole: !que sean como el Che!, está expresando no solo un deseo, sino una necesidad. Porque si algo está siendo demostrado medio siglo después de su muerte es que sin hombres como él difícilmente cualquier intento revolucionario llegue a buen puerto.
Sin duda era un hombre de acción, pero también de un muy elaborado pensamiento, un hombre de ideas, de una insuperable sensibilidad humana, pero sobre todo de una intachable conducta y virtudes morales, y a esto quiero referirme, por tomar algún aspecto de su vida.
El Che dijo: “El socialismo económico sin moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación… Si el comunismo descuida los hechos de conciencia puede ser un
método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria”.
Esta idea, que el che asumía para su práctica cotidiana, implicaba que toda acción humana, desde la más cotidiana hasta la más compleja, es una acción en potencia revolucionaria, transformadora y liberadora, y que la revolución de los oprimidos en contra del sistema es una revolución que, para frenar y extinguir el capitalismo, tiene que atravesar y transformar todos los ámbitos de la vida humana.
Todo el accionar y la concepción revolucionaria del Che, su lectura crítica y creativa de los clásicos del Marxismo Leninismo, está impregnado absolutamente de una intención permanente de forjar al Hombre Nuevo, de construir la nueva moral comunista.
En su ensayo “el Socialismo y el Hombre en Cuba decía: “Para construir el comunismo, simultáneamente con la base material hay que hacer al hombre nuevo. De allí que sea tan importante elegir correctamente el
instrumento de movilización de las masas. Este instrumento debe ser de índole moral, fundamentalmente, sin olvidar una correcta utilización del estímulo material, sobre todo de naturaleza social”.
Cuando se multiplican por dos los salarios de los ministros de un gobierno porque “no se les puede pedir tanta poesía”, o cuando se exponen como grandes logros porcentajes de crecimiento, obtención de grado inversor, aumentos del PBI o puntos de más o de menos en el empleo o en la pobreza, pero se dejan de lado como valores la honestidad, la rectitud, la entrega y la austeridad, se está yendo en el sentido contrario de lo que el Che predicaba. “No me interesa” diría el Che.
La necesidad de Artigas
Jueves 5 de octubre de 2017, por *
Dicen
que el 23 de septiembre de 1850 José Gervasio Artigas murió en Paraguay,
en el exilio al que lo condenaron las burguesías de Buenos Aires,
Montevideo y Río de Janeiro.
* Periodista. Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE)
Pero la
muerte es una mentira. Artigas terminó siendo la expresión de la guerra
por la liberación nacional, por un lado, y la síntesis de la liberación
social, por otro.
Sus ideas y sus hechos surgen en las necesidades del presente.
“Un puñado de patriotas orientales cansados ya de humillaciones habían decretado su libertad en la orilla de Mercedes”, sostuvo José Gervasio Artigas el 7 de diciembre de 1811. Se refería al llamado Grito de Asencio, producido entre los días 27 y 28 de febrero de aquel año. Surgía el ejército oriental: “Fuertes hacendados, arrendatarios o meros poseedores de la tierra cuyos hombres movilizaban al vecindario; los paisanos peones de estancia, los hombres sueltos; los curas patriotas, portavoces del ideal revolucionario; los indios tapes de las tierras misioneras, los charrúas y los minuanes; los negros esclavos fugados de sus amos que buscaban entre las columnas patriotas su liberación”, describieron los historiadores uruguayos Cristina Martínez y Carlos Alcoba.
Era un frente social policlasista, similar al constituido por San Martín desde Cuyo. Pero el liderazgo político de Artigas se manifestaría con una fuerza elocuente en el denominado éxodo del pueblo oriental, en octubre de 1812.
Por diferencias políticas, sociales y económicas con Buenos Aires, Artigas decide dejar el sitio a Montevideo todavía ocupado por españoles.
Ocho mil familias siguieron al líder hasta la actual provincia de Salto en Uruguay.
Ocho mil familias que dejaron sus casas, sus ocupaciones, sus penurias, el lugar de su historia existencial para seguir el proyecto de un hombre que decía que “los más infelices serán los más agraciados”.
¿De dónde surgía semejante poder de convencimiento si no es porque Artigas y sus palabras no representaban las necesidades de las mayorías de la Banda Oriental?.
Más de veinte mil personas detrás de Artigas y su proyecto.
“Sólo a los pueblos será reservado sancionar la constitución general...Como todos los hombres nacen libres e iguales, y tienen ciertos derechos naturales, esenciales e inajenables, entre los cuales pueden contra el de gozar propiedad y, finalmente, el de buscar y obtener la seguridad y la felicidad, es un deber de la institución, continuación y administración del gobierno, asegurar estos derechos, proteger la existencia del cuerpo político y el que sus gobernados gocen con tranquilidad las bendiciones de la vida, y siempre que no se logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un derecho para alterar el gobierno y para tomar las medidas necesarias a su seguridad, prosperidad y felicidad”, indicó en su proyecto de Constitución para la Provincia Oriental en 1813.
El sujeto histórico en el ciclo artiguista es el pueblo movilizado y su legitimidad se expresaba a través de asambleas y la posibilidad de cambiar los gobiernos si no respondían a los principios enunciados y prometidos.
Artigas sabía que su enfrentamiento en la dinámica de la guerra por la liberación nacional contra los españoles primero y luego contra los portugueses, lo llevaría a ser perseguido por los intereses minoritarios que se habían expropiado de la revolución de mayo.
Porque su respeto a la soberanía popular implicaba una lucha por la igualdad que estaba en contra de los privilegios de las clases criollas dominantes.
Artigas terminó siendo la expresión de la guerra por la liberación nacional, por un lado, y la síntesis de la liberación social, por otro.
El oriental lo sintetizó muy bien: “tienen miedo que la cría se vuelva respondona”.
Es decir, la estatura y dimensión política de ciudadanos que el artiguismo dio a las masas del Litoral era intolerable para aquellos que querían mantenerlas bajo su explotación, política y social.
En este contexto se explica la carta que escribió el director supremo de las Provincias Unidas del Río de La Plata, Gervasio Posadas, cuando se preguntaba: “¿Qué me importa que el que nos haya de mandar se llame rey, emperador, mesa, banco o taburete?...los orientales deben ser tratados como asesinos o incendiarios...sin olvidar que la destrucción de los caudillos Artigas y Otorgués es el único medio de terminar con la guerra civil en esta provincia y la de Entre Ríos”.
Y en las actas secretas del Congreso de Tucumán, en 1816, se estableció que Buenos Aires dejaría invadir a los portugueses el territorio de la Banda Oriental a cambio de desterrar para siempre a Artigas y su pueblo insurgente.
La lógica de semejante traición se explica por la profundización de las medidas políticas, económicas y sociales que había dispuesto y llevado a la práctica el Protector de los Pueblos Libres, Don José Artigas.
Esas disposiciones atentaban contra los propietarios, los privilegiados del Litoral y de Buenos Aires.
Era inadmisible que se repitiera la experiencia concreta del gobierno revolucionario artiguista entre setiembre de 1815 y mayo de 1816.
La permanente y mentada inseguridad presente, tenía para Artigas una solución política, principista y existencial.
“...como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos, cada provincia formará un gobierno bajo esas bases, además del gobierno supremo de la nación”, dice Artigas en sus instrucciones del año 1813.
Es decir, para que exista seguridad es necesario que el gobierno primero garantice la igualdad y la libertad.
Un principio político que deberían tener en cuenta los gobernadores del presente en el barrio cósmico latinoamericano.
Ante la invasión de mercaderías extranjeras, la concentración de riquezas en pocas manos y la extranjerización de la banca que hoy sufren los pueblos del sur, las palabras artiguistas no solamente suenan como contraste sino también como proyecto político económico alternativo: “Todos los derechos, impuestos y sisas que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las provincias unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de dar fomento a la industria de nuestro territorio”.
El sujeto de la historia, el origen de la legitimidad política y el destinatario de la acción estatal son las mayorías populares pauperizadas: “Los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancias, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia”.
Un gobierno que reparte la tierra y recompensa al trabajo. Reforma agraria en ciernes y protección al mercado interno. Distribución de riquezas desde la decisión política del Estado naciente. Dirá sobre los ingleses: “Abriré el comercio con quien más nos convenga...los ingleses deben conocer que ellos son los beneficiados, y por lo mismo jamás deben imponernos”.
Y repetirá sobre el origen y fin de los impuestos: “Los señores comerciantes serán obligados a pagar en nuestros puertos los derechos de introducción y extracción establecidos y acostumbrados en las diversas receptorías según los reglamentos generales”.
“Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hallan indultados por el jefe de la provincia, para poseer sus antiguas propiedades”.
Artigas no murió, está vigente en las urgencias del presente.
Fuente: www.pelotadetrapo.org.ar
Sus ideas y sus hechos surgen en las necesidades del presente.
“Un puñado de patriotas orientales cansados ya de humillaciones habían decretado su libertad en la orilla de Mercedes”, sostuvo José Gervasio Artigas el 7 de diciembre de 1811. Se refería al llamado Grito de Asencio, producido entre los días 27 y 28 de febrero de aquel año. Surgía el ejército oriental: “Fuertes hacendados, arrendatarios o meros poseedores de la tierra cuyos hombres movilizaban al vecindario; los paisanos peones de estancia, los hombres sueltos; los curas patriotas, portavoces del ideal revolucionario; los indios tapes de las tierras misioneras, los charrúas y los minuanes; los negros esclavos fugados de sus amos que buscaban entre las columnas patriotas su liberación”, describieron los historiadores uruguayos Cristina Martínez y Carlos Alcoba.
Era un frente social policlasista, similar al constituido por San Martín desde Cuyo. Pero el liderazgo político de Artigas se manifestaría con una fuerza elocuente en el denominado éxodo del pueblo oriental, en octubre de 1812.
Por diferencias políticas, sociales y económicas con Buenos Aires, Artigas decide dejar el sitio a Montevideo todavía ocupado por españoles.
Ocho mil familias siguieron al líder hasta la actual provincia de Salto en Uruguay.
Ocho mil familias que dejaron sus casas, sus ocupaciones, sus penurias, el lugar de su historia existencial para seguir el proyecto de un hombre que decía que “los más infelices serán los más agraciados”.
¿De dónde surgía semejante poder de convencimiento si no es porque Artigas y sus palabras no representaban las necesidades de las mayorías de la Banda Oriental?.
Más de veinte mil personas detrás de Artigas y su proyecto.
“Sólo a los pueblos será reservado sancionar la constitución general...Como todos los hombres nacen libres e iguales, y tienen ciertos derechos naturales, esenciales e inajenables, entre los cuales pueden contra el de gozar propiedad y, finalmente, el de buscar y obtener la seguridad y la felicidad, es un deber de la institución, continuación y administración del gobierno, asegurar estos derechos, proteger la existencia del cuerpo político y el que sus gobernados gocen con tranquilidad las bendiciones de la vida, y siempre que no se logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un derecho para alterar el gobierno y para tomar las medidas necesarias a su seguridad, prosperidad y felicidad”, indicó en su proyecto de Constitución para la Provincia Oriental en 1813.
El sujeto histórico en el ciclo artiguista es el pueblo movilizado y su legitimidad se expresaba a través de asambleas y la posibilidad de cambiar los gobiernos si no respondían a los principios enunciados y prometidos.
Artigas sabía que su enfrentamiento en la dinámica de la guerra por la liberación nacional contra los españoles primero y luego contra los portugueses, lo llevaría a ser perseguido por los intereses minoritarios que se habían expropiado de la revolución de mayo.
Porque su respeto a la soberanía popular implicaba una lucha por la igualdad que estaba en contra de los privilegios de las clases criollas dominantes.
Artigas terminó siendo la expresión de la guerra por la liberación nacional, por un lado, y la síntesis de la liberación social, por otro.
El oriental lo sintetizó muy bien: “tienen miedo que la cría se vuelva respondona”.
Es decir, la estatura y dimensión política de ciudadanos que el artiguismo dio a las masas del Litoral era intolerable para aquellos que querían mantenerlas bajo su explotación, política y social.
En este contexto se explica la carta que escribió el director supremo de las Provincias Unidas del Río de La Plata, Gervasio Posadas, cuando se preguntaba: “¿Qué me importa que el que nos haya de mandar se llame rey, emperador, mesa, banco o taburete?...los orientales deben ser tratados como asesinos o incendiarios...sin olvidar que la destrucción de los caudillos Artigas y Otorgués es el único medio de terminar con la guerra civil en esta provincia y la de Entre Ríos”.
Y en las actas secretas del Congreso de Tucumán, en 1816, se estableció que Buenos Aires dejaría invadir a los portugueses el territorio de la Banda Oriental a cambio de desterrar para siempre a Artigas y su pueblo insurgente.
La lógica de semejante traición se explica por la profundización de las medidas políticas, económicas y sociales que había dispuesto y llevado a la práctica el Protector de los Pueblos Libres, Don José Artigas.
Esas disposiciones atentaban contra los propietarios, los privilegiados del Litoral y de Buenos Aires.
Era inadmisible que se repitiera la experiencia concreta del gobierno revolucionario artiguista entre setiembre de 1815 y mayo de 1816.
La permanente y mentada inseguridad presente, tenía para Artigas una solución política, principista y existencial.
“...como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos, cada provincia formará un gobierno bajo esas bases, además del gobierno supremo de la nación”, dice Artigas en sus instrucciones del año 1813.
Es decir, para que exista seguridad es necesario que el gobierno primero garantice la igualdad y la libertad.
Un principio político que deberían tener en cuenta los gobernadores del presente en el barrio cósmico latinoamericano.
Ante la invasión de mercaderías extranjeras, la concentración de riquezas en pocas manos y la extranjerización de la banca que hoy sufren los pueblos del sur, las palabras artiguistas no solamente suenan como contraste sino también como proyecto político económico alternativo: “Todos los derechos, impuestos y sisas que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las provincias unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de dar fomento a la industria de nuestro territorio”.
El sujeto de la historia, el origen de la legitimidad política y el destinatario de la acción estatal son las mayorías populares pauperizadas: “Los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancias, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia”.
Un gobierno que reparte la tierra y recompensa al trabajo. Reforma agraria en ciernes y protección al mercado interno. Distribución de riquezas desde la decisión política del Estado naciente. Dirá sobre los ingleses: “Abriré el comercio con quien más nos convenga...los ingleses deben conocer que ellos son los beneficiados, y por lo mismo jamás deben imponernos”.
Y repetirá sobre el origen y fin de los impuestos: “Los señores comerciantes serán obligados a pagar en nuestros puertos los derechos de introducción y extracción establecidos y acostumbrados en las diversas receptorías según los reglamentos generales”.
“Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hallan indultados por el jefe de la provincia, para poseer sus antiguas propiedades”.
Artigas no murió, está vigente en las urgencias del presente.
Fuente: www.pelotadetrapo.org.ar
