CATALUNYA
ÚLTIMO MOMENTO: Catalunya DIRECTO
Puigdemont asume el mandato del 1-O tras rechazar Rajoy su propuesta de elecciones
Puigdemont abre la puerta a la independencia tras no ceder el Gobierno en su aplicación del 155
Puigdemont no convoca elecciones al Parlament
Puigdemont: "Estaba dispuesto a
convocar elecciones siempre que se dieran unas condiciones. La
aplicación del 155 está fuera de ley, busca erradicar el soberanismo. No
acepto estas medidas. Nadie podrá decir que no he estado dispuesto a
hacer sacrificios".
Junqueras, Puigdemont y Turull, en Barcelona. EFE/Marta Pérez
Día clave en
Catalunya. Los acontecimientos se han precipitado este jueves. Carles
Puigdemont ha acabado compareciendo a las 17.00 horas, tras suspenderlo
por dos veces, para anunciar que no convoca elecciones porque no ha
conseguido del Gobierno garantías para convocar elecciones con
normalidad, ha dicho en alusión a que no se aplicara el 155. Durante
toda la mañana parecía que el president iba anunciar las convocatoria de
comicios tras muchas negociaciones a varias bandas, pero al final no se
ha producido y Puigdemont ha dejado en manos del Parlament el mandato
del 1-O y los siguientes pasos.
El Pleno del Parlament ha sido convocado finalmente a las 18.00 horas. En paralelo, el Senado comienza hoy y concluye mañana viernes dos jornadas de debates y votación de las medidas que el Gobierno quiere aplicar en Catalunya.
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Puigdemont ha dicho en su comparecencia que deja en manos del Parlament el mandato del 1-O y los siguientes pasos
El presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, ha decidido que "la mayoría [del Parlament] determine" cómo
reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución,
porque no ha conseguido del Gobierno garantías para convocar elecciones
con normalidad, ha dicho en alusión a que no se aplicara el 155.
El Senado rechaza la petición de Unidos Podemos de aplazar la comisión y el Pleno sobre el 155
El portavoz de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea en la comisión del 155 del Senado, Óscar Guardingo, ha
anunciado que el PP ha rechazado su propuesta de aplazar hasta la semana
que viene la sesión de esta comisión prevista para esta tarde así como
del Pleno convocado para este viernes, para no continuar de momento
adelante con el debate de estas medidas.
A su salida de la reunión de la Mesa y
los portavoces de la comisión, celebrada esta tarde para ordenar los
trabajos, Guardingo ha explicado que aunque no ha habido votación, el
PP, con mayoría absoluta, ha rechazado su propuesta, alegando que los
plazos están previstos desde el pasado sábado y que, de hecho, "es la
única certeza que queda en estos momentos".
Catalunya DIRECTO | Puigdemont suspende la comparecencia a la espera de un gesto de Rajoy
Sigue toda la actualidad del día relacionada con Catalunya.
Junqueras, Puigdemont y Turull, en Barcelona. EFE/Marta Pérez
Día clave en
Catalunya. Los acontecimientos se han precipitado este jueves por la
mañana: cuando se esperaba una declaración de independencia en el pleno
del Parlament convocado para esta tarde, nos encontramos con una probable convocatoria de elecciones anticipadas. En un quiebro de última hora derivado de la presión interna en el PDeCAT, el president Carles Puigdemont se inclina por la convocatoria electoral confiando
en frenar la aplicación del artículo 155. Sin embargo, habrá que
esperar a que comparezca a las 14.30 horas en el Palau de la
Generalitat.
Esta posibilidad ha generado un terremoto político de enormes consecuencias: ERC baraja abandonar el Govern y la coalición con el PDeCAT—de hecho, Gabriel Rufián ya ha acusado a Puigdemont de traición con un tuit demoledor—; el PSOE ya había dicho que no apoyaría al Gobierno del PP en el 155 si Puigdemont convocaba elecciones, y la CUP, estupefacta,
llama a la rebelión social. Sin embargo, fuentes de Moncloa aseguran
que el Gobierno de Rajoy de momento no retirará el 155. Si finalmente
Puigdemont convoca elecciones, el Pleno del Parlamento catalán previsto para este jueves a las 17.00 horas quedaría en el aire.
En paralelo, el Senado comienza hoy y concluye mañana viernes dos jornadas de debates y votación de las medidas que
el Gobierno quiere aplicar en Catalunya. La ponencia que estudia en
primer lugar las medidas del Gobierno estaba convocada a las 12.00
horas. Previamente, la Generalitat tenía hasta las 10.00 horas para
presentar alegaciones (PDF) contra ellas. Lo hizo con tres minutos de retraso, pero el Senado las ha aceptado igual.
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Puigdemont suspende su comparecencia
Primero estaba anunciada a las 13.30 horas, luego
a las 14.30 y finalmente se ha suspendido, seguramente esperando un
gesto del Gobierno de Mariano Rajoy.
La comisión del Senado rechaza las alegaciones de la Generalitat
La ponencia del Senado que estudia las medidas
del Gobierno para Catalunya, celebrada entre las 12.00 y las 13.30, ha
rechazado las alegaciones con los votos de PP, PSOE y UPN. Sólo Unidos
Podemos, ERC, PDeCAT y PNV
Rajoy estudia ya suspender el 155 si Puigdemont convoca elecciones
A pesar de las declaraciones en sentido contrario
de algunos senadores del PP, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
valora suspender la aplicación del artículo 155 en Catalunya. Según ha
podido saber 'Público' es posible que se apruebe la aplicación del 155
en el Senado pero que no entre en vigor, con lo que en la próxima
legislatura, si el independentismo ignora la Constitución, bastaría una
votación en el Senado para levantar la moratoria y aplicar el 155 con
todo el peso y sin dilaciones.
Òmnium y ANC piden a los estudiantes que sigan "luchando por libertad de Catalunya"
El vicepresidente de la Asamblea Nacional
Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, y el portavoz de Òmnium Cultural,
Marcel Mauri, han pedido a los estudiantes universitarios y de
secundaria que se manifiestan esta mañana en Barcelona que sigan con sus
movilizaciones y "luchando por las libertades de Catalunya".
En una alocución improvisada a los estudiantes,
que han arrancado su marcha este mediodía desde la plaza de la
Universidad para dirigirse a la sede de Òmnium y después a la plaza de
Sant Jaume, Marcel Mauri ha pedido a los estudiantes: "No os dejéis
engañar, el futuro es vuestro".
Tras pedir la libertad de los presidentes de la
ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a quienes ha calificado de
"dos personas buenas", Mauri ha criticado a "un Estado que ataca la
democracia con violencia" y ha animado a los estudiantes a que sigan
manifestándose "de forma pacífica pero contundente".
"Con esta respuesta vuestra sabemos que no
pasarán, si os mantenéis firmes, no pasarán", ha gritado Mauri, a lo que
los estudiantes han respondido coreando el lema: "¡No pasarán! ¡No
pasarán!"
Dos diputados del PDeCAT renuncian a su acta tras la decisión de Puigdemont
Los diputados del PDeCAT en el Parlament Jordi
Cuminal y Albert Batalla han expresado hoy su rechazo tajante a la
decisión de convocar elecciones en Cataluña y renunciar a una
declaración unilateral de independencia (DUI) esta semana y han
anunciado que abandonan el partido.
Desde Twitter, el alcalde de La Seu d'Urgell
(Lleida), Albert Batalla, ha afirmado: "Respeto la decisión, pero no la
comparto para nada. Hoy mismo renuncio como diputado y me doy de baja
del PDeCAT", un mensaje que ha acompañado con una fotografía de una
bandera estelada y el lema "Visca Catalunya lliure".
También Jordi Cuminal, exresponsable de
comunicación de CDC y del Govern de Artur Mas, ha publicado un mensaje
en similares términos: "No comparto la decisión de ir a elecciones.
Renuncio a mi acta de diputado y me doy de baja del PDeCAT".
Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI— Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017
No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat— Jordi Cuminal️
(@jordicuminal) 26 de octubre de 2017
Los senadores del PP aseguran que la tramitación del 155 seguirá adelante en el Senado
"Una convocatoria de elecciones no implica que
se revoque lo que ha dado lugar a la aplicación del 155", ha dicho José
Manuel Barreiro. "Hay un problema de restablecimiento de la legalidad
constitucional y estatutaria. Y eso no sé si se va a producir a la 13.30
(con la declaración institucional de Puigdemont) o no", ha añadido
Javier Arenas. "El Senado seguirá con el procedimiento que tiene
encargado y previsto", ha concluido Albiol. Informa Paula Díaz.
Puigdemont comparecerá a las 14.30 horas
La reunión entre el Govern y los partidos
independentistas, excepto la CUP, que no estuvo en la cumbre ha
terminado. Parece que la convocatoria de elecciones es inminente. El
presidente Puigdemont comparecerá a las 14.30 —en un principio estaba
previsto a las 14.30 horas— en el Palau de la Generalitat. Dice Cuatro
que miembros de ERC han salido llorando de la reunión de esta mañana. El
pleno del Parlament previsto para las 17.00 horas de hoy queda en el
aire.
La Audiencia Nacional autoriza a la Policía Nacional a intervenir la documentación que los Mossos d'Esquadra llevaban para incinerar
La Audiencia Nacional ha autorizado a la Policía
Nacional a intervenir y analizar la documentación que los Mossos
d'Esquadra llevaban a incinerar en una furgoneta, que permanece
interceptada a las puertas de la planta de tratamiento de residuos de
Sant Adrià del Besòs (Barcelona).
El IBEX 35 rebota un 1,7% ante posible convocatoria de elecciones catalanas
El IBEX 35 rebota un 1,7 % a las 13.00 ante la
posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
convoque elecciones en Catalunya.
El selectivo español se coloca a esta hora en
10.326 puntos tras revalorizarse ese 1,7% después de que Puigdemont
anunciara que comparecerá a las 13.30 ante la prensa para, según
diversas fuentes, anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas
anticipadas. El IBEX 35 no superaba el nivel de los 10.300 puntos desde
finales de septiembre.
Entre las compañías que más suben del índice se
encuentran los bancos catalanes: Sabadell y CaixaBank, que avanzan un
4,64% y un 2,99%, respectivamente.
El Govern recurre ante el Supremo la aplicación del 155
El Govern ha presentado ante el Supremo dos
recursos que ya han sido registrados y que piden, mediante la adopción
de medidas cautelarísimas urgentes, la suspensión provisional de los
acuerdos del Gobierno que proponen al Senado la aplicación del 155 de la
Constitución, informa la agencia EFE. Las medidas cautelarísimas
suponen que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo tenga
que resolver sobre la paralización provisional o no del acuerdo del
Gobierno de Mariano Rajoy en un plazo menor de 48 horas y sin otro
trámite. Fuentes del Supremo han señalado a Efe que resolverá esta tarde
o mañana.
Los recursos son dos: uno de la institución de
la Generalitat de tipo administrativo; y otro suscrito por cada uno de
los miembros del Govern como sujetos individuales de derechos
fundamentales. En este segundo caso, se trata de derechos de tipo
político.
El independentismo reacciona contra Puigdemont
La posible decisión de Puigdemont de convocar
elecciones ha enfurecido a amplios sectores del independentismo.
"¡Eleccions és traició, Puigdemont dimissió!", se puede escuchar en las
calles de Girona, donde más de un millar de estudiantes universitarios
se están manifestando. También la asociación juvenil independentista
Arran ha arremetido contra Puigdemont en Twitter recordándole que no
hace mucho dijo que el resultado del 1-O se aplicaría "sin dilaciones y
sin excusas".
Més d’un miler d’estudiants de la @univgirona criden: “Eleccions és traició, Puigdemont dimissió” pic.twitter.com/Hqy79aP0Qi— CatInfo Girona (@Cati_Girona) 26 de octubre de 2017
— Arran #RepúblicaARA (@Arran_jovent) 26 de octubre de 2017TRAÏDORS
https://t.co/kAoiGjWGN0
Jordi Orobitg, diputado de JuntspelSi y miembro
de ERC, resume en un solo twitter el sentimiento de su partido. Las
juventudes de ERC tampoco se han quedado y han puesto un tuit muy claro:
"Fieles al mandato popular y a la gente (...). Algunos nos han vendido.
Nosotros seguiremos, seguiremos hasta el final".
Trist, avergonyit, indignat...Catalunya no s'ho mereix això— Jordi Orobitg i Solé (@Jordi_Orobitg) 26 de octubre de 2017
Fidels al mandat popular i a la gent, que ha fet la feina.— JERC
Alguns ens han venut.Nosaltres seguim, seguirem fins al final!#EndavantRepública pic.twitter.com/t2ciFY3bwC(@lesJERC) 26 de octubre de 2017
Urkullu medió para que Puigdemont planteara una convocatoria de elecciones
El lehendakari, Iñigo Urkullu, se reunió ayer
con una delegación de empresarios catalanes para que planteasen al
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la convocatoria de
elecciones para evitar la aplicación del artículo 155 de la
Constitución.
Fuentes conocedoras de este encuentro han
confirmado a Efe esta cita, pero no han precisado la respuesta que
Puigdemont ha dado a este intento de intermediación del lehendakari,
quien preguntado en los pasillos del Parlamento Vasco por este asunto se
ha limitado a contestar que está "tranquilo".
ERC se plantea romper con Puigdemont y el PDeCAT
Ante la inminencia de elecciones, Gabriel
Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, acusa a
Puigdemont de traición. ERC, por su parte, se plantea romper con
Puigdemont y el PDeCAT, informan fuentes cercanas al president. Rufián
ha puesto un tuit muy duro contra Puigdemont, en el que le compara con
Judas.
155 monedas de plata.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017
Elecciones autonómicas: El independentismo se fractura con el quiebro de Puigdemont
Ante la inminencia de elecciones, ERC se plantea
romper con Puigdemont y el partido soberanista. La CUP avisa de
que sería una "deslealtad" y que el único escenario "posible" es que
declare la independencia y proclame la república catalana.
El
vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) y el Presidente Carles Puigdemont
(PDeCAT) en la reunión del govern de la Generalitat / EFE Marta Pérez
El president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado un giro en sus planes y está
dispuesto a convocar elecciones al Parlament si el Gobierno de Mariano
Rajoy renuncia a aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que alejaría la posibilidad de una declaración de independencia, según han confirmado fuentes de Junts pel Sí.
Ante la inminencia de elecciones, ERC, que conforma el Govern junto a PDeCAT, se plantea romper con Puigdemont y el partido soberanista, informan fuentes cercanas al president.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián,
ha rememorado la traición de Judas al comentar la previsible
convocatoria de elecciones. "155 monedas de plata". Con este escueto
mensaje en Twitter ha recordado Rufián la traición de Judas a Jesús que
cuenta la Biblia, a cambio de treinta monedas de plata. El portavoz de
Esquerra ha cambiado esa cifra por la del 155, en alusión al artículo de
la Constitución al que ha recurrido el Gobierno para restablecer la
legalidad en Catalunya.
155 monedas de plata.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017
Trist, avergonyit, indignat...Catalunya no s'ho mereix això— Jordi Orobitg i Solé (@Jordi_Orobitg) 26 de octubre de 2017
Dos diputados de JxSí renuncian a su acta
El diputado de Junts pel Sí Jordi Cuminal ha
comunicado a través de su cuenta de Twitter que renuncia a su acta tras
la decisión de Puigdemont. Asimismo, el alcalde de la Seu d'Urgell y
diputado del Parlament por JxSí, Albert Batalla, ha anunciado que se ha dado de baja del PDeCAT.
No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat— Jordi Cuminal
Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI— Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017
La CUP califica de "deslealtad" la decisión de Puigdemont
Por otro lado, la CUP ha advertido a Puigdemont de que convocar elecciones autonómicas sería una "deslealtad" y que el único escenario "posible" es que declare la independencia y proclame la república catalana.
En declaraciones en el Parlament, el diputado de
la CUP Carles Riera, acompañado de la también parlamentaria
anticapitalista Mireia Boya, ha alertado de esa posibilidad: "En los
últimos minutos parece ser que todos los escenarios vuelven a estar abiertos y sobre la mesa, y en estos momentos gana peso y probabilidad la posibilidad de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas anticipadas".
La traïció dels líders pic.twitter.com/vA4IxdXsL9— Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 26 de octubre de 2017
Aunque ha asegurado que no han recibido ninguna
comunicación al respecto desde la Generalitat al respecto, ha avisado al
president que "el único escenario posible y políticamente positivo para
el país no es una convocatoria de elecciones, sino hacer efectiva la
declaración de independencia y la proclamación de la república".
"No obedecer el resultado del referéndum del 1-O y
no declarar la independencia sería una deslealtad. Ya no a la CUP, a
JxSí o a la mayoría independentista del Parlament, sino a los más de dos
millones de personas que defendieron colegios y que contra la represión
del Estado votaron a favor de la independencia", ha dicho.
En cualquier caso, Riera ha instado a aguardar a
la comparecencia de Puigdemont para que "confirme su decisión" y, en
función de ello, la formación "tomará las medidas políticas, institucionales y de movilización más adecuadas para defender la democracia, la república y el referéndum".
— Arran #RepúblicaARA (@Arran_jovent) 26 de octubre de 2017
Los anticapitalistas han recordado que en las
reuniones entre CUP y JxSí, además de otros "actores sociales y
políticos independentistas", era de un "acuerdo unívoco y unánime ir de
forma inmediata a una declaración de independencia, proclamar la
república e iniciar un proceso constituyente".
Por ello, Riera ha querido hacer un "llamamiento" al Govern y JxSí para que "no caigan en la tentación de decir no a la democracia y sí a las presiones, chantaje y violencia del Estado"
y "obedecer, en un acto de sumisión, subordinación y vasallaje, al
Estado, a judicatura y Fiscalía, a las fuerzas de seguridad españolas,
al Ejército, al IBEX35 y a una UE en quiebra democrática".
Y es que "si se produjera una convocatoria de
elecciones (autonómicas), el movimiento independentista tendría dos
problemas para hacer efectiva la autodeterminación: el Estado y la
propia Generalitat", ha zanjado.Del "Puigdemont traidor" a gritos de "independencia"
Miles de estudiantes universitarios y de secundaria se manifiestan este mediodía por el centro de Barcelona en protesta por la aplicación del artículo 155 y para pedir la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que se proclame la independencia de Catalunya. Ante la posible convocatoria de elecciones, los manifestantes han lanzado gritos de "Puigdemont traidor". Tras la comparecencia del president en la que ha anunciado que no convocará comicios, se han escuchado gritos de "independencia".Catalunya: Miles de estudiantes se manifiestan en Barcelona al grito de "Puigdemont traidor"
Convocados por la plataforma Universitats per la
República y el Sindicato de Estudiantes, la manifestación también pide
la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y protesta por la
aplicación del artículo 155.
Un
momento de la manifestación para pedir la libertad de Jordi Sànchez y
Jordi Cuixart, que se celebró el pasado sábado 21 de octubre. / EFE
Cientos de estudiantes universitarios y de secundaria se manifiestan este mediodía por el centro de Barcelona en protesta por la aplicación del artículo 155 y para pedir la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que se proclame la independencia de Cataluña. En la concentración se escuchan gritos de "Puigdemont traidor".
Convocados por la plataforma Universitats per la
República y el Sindicato de Estudiantes, la manifestación ha arrancado
de la plaza Universitat encabezada por una pancarta con el lema "El pueblo ha votado. Ahora República",
y pasará por la sede de Òmnium Cultural para acabar en la plaza de Sant
Jaume, para exigir al presidente de la Generalitat que proclame la
república catalana.
El portavoz de Universitats per la República, Jordi Vives, ha manifestado al iniciarse la marcha que no aceptarán una convocatoria de elecciones autonómicas porque "se debe proclamar una república catalana ya en base a los resultados del referéndum del 1-O".
En apoyo a la manifestación y al mensaje que pretende lanzar, la CUP ha colgado una pancarta para pedir "libertad de los presos políticos" pero el Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado retirarla.
La CUP coloca una pancarta para pedir "libertad de los presos políticos" y el Ayuntamiento de Barcelona ordena retirarla pic.twitter.com/SsBQ25accz— Europa Press (@europapress) 26 de octubre de 2017
Además, Marta Rosique, también portavoz de la
plataforma Universitats per la República, ha manifestado su "apoyo,
afecto y solidaridad con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart" y ha exigido la no aplicación del artículo 155.
Rosique ha asegurado que la jornada de huelga convocada para hoy en todas las universidades está teniendo un seguimiento masivo y sin incidentes, igual que en los institutos de secundaria.
Los estudiantes llevan banderas independentistas y pancartas con lemas como "No podéis encarcelar a todo un pueblo", "Contra la represión franquista" y "Fuera el gobierno del PP".
Alberto Garzón: "No es coherente ser independentista y comunista en el contexto catalán"
El coordinador federal de Izquierda Unida, que acaba
de publicar el libro 'Por qué soy comunista', analiza en entrevista con
'Público' el escenario catalán, las opciones de Puigdemont y las
responsabilidades de quienes han llevado a este escenario: el president y
su homólogo en Moncloa, Mariano Rajoy. Califica la situación actual
como una "guerra de banderas", afirma que el 155 tiene elementos "que no
se pueden justificar jurídicamente, como la intervención de TV3", y
vaticina que, de haber declaración de independencia, "no tendrá valor
jurídico".
Alberto Garzón, hace unos días en el Congreso. EFE/Javier Lizón
El coordinador federal de
Izquierda Unida no ve "coherente" ser "independentista y comunista" en
el contexto catalán, un polarizado conflicto de "guerra de banderas", y
deja claro que él sólo se identifica con la segunda etiqueta. Alberto Garzón Espinosa (Logroño, 1985) presentó este lunes su nuevo libro, Por qué soy comunista
(Ediciones Península), en el que intenta "fortalecer la caja de
herramientas" de la que se sirve la izquierda para "criticar el mundo
existente" y "construir uno alternativo".
En entrevista con Público, Garzón reparte
entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy la responsabilidad de haber
llegado a la actual situación en Catalunya, y no pierde de vista su
objetivo de construir una república federal que garantice los derechos
sociales de los trabajadores y luche contra la desigualdad y la
precariedad.
Dos asuntos, afirma, en los que no han puesto ningún
énfasis ni el presidente del Gobierno ni su homólogo en la Generalitat.
Apunta que el proceso independentista "no está siendo apoyado por las
clases trabajadoras" y advierte sobre el rebrote de la ultraderecha y el
avance del nacionalismo español: "PP y Ciudadanos llevan en su ADN lo
que Franco llamaba 'la sacrosanta unidad de España'".
En el horizonte, la aplicación de un 155 con
elementos "que no se pueden justificar jurídicamente, como la
intervención de TV3", y una posible DUI "sin valor jurídico" y "sin
legitimidad". Garzón habla claro y no esconde que la polarización puede
pasar factura electoral al discurso del grupo parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, en el que se integra la coalición de
izquierdas, pero asegura estar convencido de que "tarde o temprano se
abrirá camino la propuesta de un referéndum pactado".
¿Por qué surge la voluntad de escribir este libro? ¿Para qué espera que sirva?
Hay dos propósitos fundamentales: el primero es
contribuir humildemente a la formación teórica de la izquierda,
fortalecer la caja de herramientas que tiene la izquierda para criticar
el mundo existente y construir uno alternativo. Por otro lado, en
tiempos como los actuales creo necesario fortalecer la idea de un
proyecto político alternativo que yo llamo comunismo, que pretende
construir una sociedad sin clase. El elemento de clases sociales es
fundamental y el libro se articula a partir de ese concepto, que es el
que mejor permite entender fenómenos diversos, como por qué sube la
extrema derecha en el norte de Europa, por qué surge Trump o por qué se
dan fenómenos como el 15-M. Estos fenómenos parecen aislados y se
explican mejor con el análisis y el instrumental marxista que yo intento
poner a disposición en este libro.
Con la crisis catalana, en un clima tan polarizado
¿falta discurso, relato o capacidad de analizar y explicar la situación
por parte de la izquierda?
Creo que falta mucho análisis marxista, dicho de
forma simplificada. La izquierda ha pecado de haber dejado de hablar de
las cuestiones de la economía política, de las estrategias a largo
plazo, de reforzar un planteamiento internacionalista, y creo que esos
elementos son fundamentales para abordar fenómenos y problemas como los
de Catalunya. Necesitamos entender por qué las clases populares, las más
perjudicadas por la crisis y la globalización, siguen votando al
Partido Popular, o por qué un proceso como el independentista no está
apoyado por las clases trabajadoras de Catalunya. Esas clases
trabajadoras, inmigrantes de segunda generación en muchos casos,
proceden de otros lugares de España y no son independentistas. El
marxismo no lo explica todo, pero creo que es una herramienta
imprescindible para entender lo que sucede y actuar sobre ello.
"Siempre que exista el capitalismo como sistema
existirá el comunismo como idea, movimiento y alternativa", dice el
libro. También afirma que es incongruente ser maxista y nacionalista a
la vez. ¿Y ser comunista e independentista al mismo tiempo?
"Parte del nuevo independentismo cree que la independencia le devolverá las condiciones de vida precrisis, pero es una quimera"
Creo
que es un error. No niego que existan, porque yo no soy quien reparte
los carnés de comunista, pero creo que la independencia, en referencia a
la independencia nacional, no proporciona las bases necesarias para el
comunismo. Si, por ejemplo, Catalunya fuera independiente, sólo hay que
ver que la Ley de Transitoriedad Jurídica que han aprobado mantiene la
estructura de la UE, mantiene sus normas... Vivimos en un sistema-mundo
donde la globalización capitalista es el terreno de juego en el que nos
movemos, y eso no se va a combatir desde el independentismo, así de
sencillo. Desde mi punto de vista es un error. Sé que hay gente que cree
lo contrario y lo respeto, pero desde el punto de vista que yo planteo,
atendiendo a cómo funciona la economía realmente, no es posible.
Desde mi punto de vista, no es coherente ser
independentista y ser comunista, en un contexto como el que estamos
hablando en Catalunya. Creo que hay otras circunstancias históricas que
han hecho que naciones colonizadas, naciones bajo la opresión de un
imperio en los años 50 del siglo pasado, buscaran su libertad a través
de ideales comunistas, pero eran dos ideales que encontraban una
carretera común. El comunismo es internacionalista. La mejor definición
es, quizás, pero no la única, Proletarios del mundo, uníos [Manifiesto Comunista], no separaos.
Sostiene en el libro que el capitalismo está
condenado a muerte, y habla sobre el desempleo, la desigualdad o la
precariedad laboral... ¿hasta cuándo se van a seguir tapando estas
realidades con cortinas como la situación en Catalunya, que también
sirve al PP para dejar en segundo plano su corrupción?
Creo que el capitalismo, y es una de las virtudes de
Marx, fue desvelado, desentrañado, de tal forma que Marx encontró
cuales eran las lógicas de funcionamiento de un sistema económico que ha
cambiado muy poco en este tiempo. Su lógica, la lógica de la ganancia,
es la misma, y eso permite entender cómo el capitalismo es destructor:
destructor de las relaciones sociales, del planeta y de la vida. En la
vida política es verdad que estas expresiones más brutales del
capitalismo han pasado a un segundo plano en estos meses como
consecuencia del conflicto en Catalunya, que no es un conflicto
económico, o, mejor dicho, no es sólo un conflicto económico. Es un
conflicto que tiene un largo arraigo en términos de identidad nacional y
de construcción de una nación. Lo que tenemos en Catalunya es un
conflicto de banderas, por decirlo de forma simplificada, pero abarca
muchos fenómenos más complejos.
En ese conflicto de banderas importa muy poco la
cuestión social, y esto tiene que ver con la vivienda, el empleo o la
precariedad, que son las cuestiones más urgentes y prioritarias. Una
parte del nuevo independentismo cree que la independencia le devolverá
las condiciones de vida previas a la crisis, y creo que eso es una
quimera, un engaño. Por otro lado tenemos un rebrote del nacionalismo
español, que frente a la amenaza independentista, que amaga con alterar
su concepción de la unidad de España, deja y aparca las diferencias que
pueda tener con PP y C's en términos de clase. Y eso es un problema,
porque significa que entramos de nuevo en una guerra entre pueblos, en
una guerra entre trabajadores de diferentes pueblos y naciones, en vez
de coordinarnos para construir un proyecto de país que pueda albergar a
todos en su diversidad, y proteger los derechos sociales de un lado y de
otro.
¿Cómo valora el desarrollo del 155 que quiere aplicar el Gobierno? ¿Lo esperaba así?
La aplicación del 155 anunciada por el Gobierno es
desproporcionada y un error. Era de esperar, pero contiene elementos que
no se pueden justificar desde ningún punto de vista jurídico, como la
intervención de los medios de comunicación públicos. Toda esta deriva
empeorará la situación y elevará la tensión sin servir para encauzar
políticamente el problema. Este problema no tiene que ver con
Puigdemont, ni con que cuatro o cinco personas se salten la ley, sino
con un fenómeno social que desborda claramente los límites de la ley;
tiene que ver con 2,5 millones de personas movilizadas, pidiendo algo
que ahora mismo es ilegal. Hay un 80% de la sociedad en Catalunya que
quiere votar, esté a favor o en contra de la independencia. Ante este
hecho uno puede cerrar los ojos y actuar con represión, jueces, policías
o con el 155, o puede afrontar una realidad: esto sólo vamos a poder
resolverlo con diálogo, negociación y encontrando fórmulas razonables.
La primera vía, la de los ojos cerrados, te va a llevar a un incremento
del independentismo, es la forma de proceder de los últimos años y la
conocemos.
¿Qué respuesta espera de Puigdemont? ¿Serían unas elecciones una alternativa para ganar tiempo y destensar la situación?
Es imposible saber lo que va a suceder, pues son
muchos los actores e intereses en juego. Quizás Puigdemont convoque
elecciones, o quizás declare la independencia. En el primer caso se gana
tiempo, pero quizás sólo eso, dado que no es solución. La solución solo
puede venir por el diálogo, la negociación y el espacio para repensar
el modelo territorial y social. En el segundo caso, lo más probable es
que la DUI no tenga valor jurídico, lo que implicaría más confusión aún,
si cabe. En todo caso, todo está muy abierto. Nosotros seguiremos
defendiendo nuestra propuesta federal y de derechos sociales, la única
salida posible a medio plazo.
"Es todavía pronto para saber qué querrá hacer
Pedro Sánchez, si desafiar a quienes le destituyeron ya una vez, o si
aceptará ser el líder reformista del país", escribe en su libro. Viendo
la deriva actual, ¿qué esperan del PSOE de Sánchez?
"PP y C's llevan en su ADN lo que Franco llamaba 'la sacrosanta unidad de España'"
Es
complicado saberlo porque Pedro Sánchez ha querido mantener un perfil
bajo a lo largo de toda esta crisis. Queda mucho recorrido todavía y las
cosas pueden cambiar muchas veces. Tengo la esperanza de que el PSOE no
siga la línea del PP y que, tarde o temprano, espero que más temprano
que tarde, sea capaz de entender que si algún día va a gobernar este
país será en concurso con nosotros, y que si nosotros gobernamos alguna
vez será en concurso con el PSOE, en un modo o en otro. Y eso significa
que el PSOE tiene que entender que su aliado no es el PP, sino que lo
somos nosotros, de forma natural, más allá de las enormes diferencias
que podamos tener.
¿Qué les parece que el Gobierno haya aceptado la
petición del PSOE de que en la tramitación del 155 no desfilen por el
Senado los presidentes autonómicos, como permitía uno de los
procedimientos?
Es una cuestión meramente jurídica que creo que
tiene que ver con la protección de la imagen pública de muchos
presidentes, entre ellos Susana Díaz o Ximo Puig, que verían su imagen
mermada en su defensa a ultranza del 155 de una manera tan evidente y
gráfica.
¿Qué estrategia van a seguir en el Pleno del viernes en el Senado para ratificar el 155?
Votaremos en contra, como también estamos en contra
de la DUI. Creemos que lo que ha hecho Puigdemont es un error. La
declaración unilateral de independencia no tiene legitimidad ninguna, el
referéndum del 1-O no tuvo garantías para que pudiera sacarse de ahí
una expresión legítima. Si nos remontamos a las autonómicas de 2015
tampoco los indepentdentistas alcanzaron la mitad del electorado, por
tanto no hay fundamento para declarar unilateralmente la independencia,
sería un gesto absolutamente antidemocrático. La hoja de ruta de
Puigdemont no es sólo un desastre, sino que además es irresponsable,
pero aplicar el 155 es un error porque las razones que se esgrimen son
incorrectas. Creo que deberían haber aprovechado la no declaración de
independencia formal para abrir un espacio de diálogo. En su lugar han
preferido ir a este escenario de mayor confrontación, y creo que esto a
lo único a lo que va a ayudar es a que el independentismo tome oxígeno y
crezca.
En el discurso de Pablo Iglesias no había crítica
a Puigdemont hasta que se celebró el Consejo Ciudadano Estatal de hace
unas semanas. Ahí fue bastante claro y repartió la responsabilidad de la
situación entre el presidente del Gobierno y el president de la
Generalitat. ¿Quién tiene más responsabilidad: Rajoy o Puigdemont?
Como partido que defiende una España federal y de
derechos sociales, nosotros siempre hemos sido muy críticos con
Puigdemont y Rajoy. No olvidemos que Puigdemont representa al PDeCAT, el
partido que ha hecho los recortes en Catalunya en esta legislatura, el
partido que ha sostenido las reformas laborales del PP. Tenemos muy
presente que ambos son representantes de los partidos que representan
los intereses contrapuestos a los de la clase trabajadora, en Catalunya
y España. Pero el problema es más histórico de lo que lo son Rajoy y
Puigdemont en su propia existencia vital. Puigdemont y Rajoy son dos
protagonistas colocados en un relato de más larga trayectoria y son
absolutamente irresponsables. No es fácil discernir quien tiene más
responsabilidad, porque el problema es mucho más complejo que lo que
alcanza a ellos dos. Son irresponsables porque son incapaces de
facilitar que haya un diálogo. Los dos.
La aplicación del 155 y la DUI, ¿tienen vuelta de
hoja? ¿Es reversible la situación, o la fractura social que abre ya es
más difícil de superar?
La fractura social ya está abierta, y todo esto se
hubiera evitado si hubiera habido diálogo desde el principio. En 2012,
en el Congreso de los Diputados, desde IU propusimos traspasar las
competencias para celebrar referéndums no vinculantes a las comunidades
autónomas. Eso hubiera permitido hacer un referéndum dentro de la ley,
hubiera sido una fórmula similar a la de Reino Unido, hubiera abierto
unas posibilidades interesantes. Si se hubiera hecho caso a IU en 2012, y
a otros actores que pedían cosas parecidas, no hubiéramos tenido 1-O,
cargas policiales y la tensión que estamos viviendo no sólo en
Catalunya, también en España, en las familias, en todos lados.
La fractura se puede resolver, pero va a necesitar
tiempo y dirigentes a la altura del momento histórico. Hay que estar
dispuestos a reconstruir el país, y eso pasa por construir un país en el
que la unidad respete la diversidad: un país federal que respete el
anclaje territorial diferente, con el punto en común de satisfacer las
necesidades básicas de los trabajadores, en Catalunya y en el resto del
Estado, que es un elemento sobre el que PP y PSOE no quieren discutir en
absoluto.
En el libro asegura que está en contra del
"cretinismo parlamentario". ¿Cómo pueden usar su fuerza, en el Congreso y
en otras instituciones, para encauzar la situación, más allá de la
petición de diálogo? Como Unidos Podemos piden diálogo y un referéndum
pactado, pero además IU apuesta por instaurar una república federal.
"Necesitamos entender por qué un proceso como el independentista no está apoyado por las clases trabajadoras de Catalunya"
Correcto.
Nosotros creemos que una república federal es el traje más adecuado
para resolver los problemas territoriales y sociales. Éste es el camino
que nosotros creemos adecuado, otros piensan que hay otros caminos y no
pasa nada, absolutamente nada. Pero el diálogo ha de construirse siempre
en ambos espacios, en el espacio institucional y en la calle, para que
se ayuden mutuamente. No es fácil dialogar cuando tienes a la gente con
un rebrote nacionalista pidiéndote el "¡A por ellos!", pero tampoco es
fácil hacerlo y que la gente pida diálogo cuando tiene dirigentes que
también gritan "¡A por ellos!". El primer paso es el de los dirigentes
políticos, que tienen que llamar a la calma, a la tranquilidad, y pedir
diálogo. Si eso fuera así no tendríamos a tanta gente en la calle
diciendo "¡A por ellos!".
Hablando de nacionalismo, ¿cómo se explica que la
derecha haya logrado que cuando se habla de nacionalismo esta palabra
se atribuya a los catalanes, pero no se hable del nacionalismo español?
Desde Cánovas del Castillo hasta Franco ha habido
una reacción española contraria al republicanismo, al federalismo y a
los deseos de aspiración nacional de muchos territorios de nuestro país,
y eso está en el ADN de partidos de derechas como PP y C's. Está en el
ADN de lo que Franco llamaba "la sacrosanta unidad de España". Esto es,
una España homogénea en la que se subliman todas las identidades
regionales, por decirlo en terminología que ellos usarían, en la que no
se permite la diferencia sustantiva, empezando por la lengua, que el
franquismo boicoteaba. Cuando uno tiene esa concepción cree que el
nacionalismo está en otras partes, cuando esa posición es nacionalista
española.
Eso explicaría por qué el discurso de Albert Rivera o
de Rajoy se refiere todo el rato al nacionalismo ajeno y no al propio.
El nacionalismo alimenta al nacionalismo de signo contrario, y eso
explica muy bien el fenómeno que estamos viviendo hoy entre Catalunya y
España. Y hay un elemento añadido: que nuestro país es un país
plurinacional en el que Catalunya es una nación pero España es otra, y
eso a veces se le olvida a una parte de la izquierda. Si España es otra
nación significa que tenemos que ser conscientes de que tenemos un
conflicto en nuestro país entre identidades nacionales que no se puede
resolver por los golpes ni por la judicialización, sino por el diálogo,
antes de que sea demasiado tarde. Antes de que en Catalunya el
porcentaje de independentistas sea absolutamente desorbitado e impida
una puesta en común de un proyecto político.
¿Qué pasa con la ultraderecha? ¿Siempre ha estado
aquí o está creciendo? Baste el ejemplo del acoso a Mónica Oltra que se
ha querido llamar escrache, o las agresiones a manifestantes pacíficos
en Valencia.
Los rebrotes de nacionalismo español que estamos
viendo son complejos. Una parte corresponde a la extrema derecha, que en
algunos casos es directamente neonazi, fascista, y en otros casos es
una nueva extrema derecha a imagen y semejanza de la nueva ultraderecha
del norte de Europa. Hay otro nacionalismo banal que tiene que ver con
eventos deportivos, más primario: "En mi DNI pone que soy español y me
estás quitando una parte de mi país", y es un pensamiento absolutamente
primario, pero existe y moviliza bastante. Esta complejidad hace que el
nacionalismo español esté ultramovilizado ahora mismo, siendo
heterogéneo, porque no todos son nazis.
Eso es un caldo de cultivo estupendo para que la
extrema derecha, que ya existía en sus diferentes formulaciones. Ya
existía, pero ahora está muy movilizada porque ha encontrado un
catalizador, el debate nacional. La extrema derecha en España es muy
particular, porque proviene del franquismo. Es una extrema derecha que
incluye elementos neofascistas, a imagen y semejanza de muchos partidos
de extrema derecha del norte de Europa, pero que también incluye uno que
llamamos franquismo sociológico: posiciones muy conservadoras,
reaccionarias, que tienen fronteras difusas entre sí, y que es un
porcentaje muy elevado de los votantes del PP. Las encuestas plantean
que ahora, de haber elecciones, PP y Ciudadanos tendrían mayoría
absoluta entre los dos. Esto es un paso hacia atrás regresivo, gracias a
que el debate se ha situado en el campo nacional.
Esas encuestas vaticinan una caída de Unidos
Podemos en votos. ¿Se ha entendido el discurso, la estrategia y la
posición del grupo confederal?
Aquí hay dos cosas también: nuestra posición es la
más honesta y coherente pensando en un país que quiere seguir siendo un
país común y conjunto para los próximos 30 o 40 años. Dentro de las dos
posiciones insostenibles, la de Rajoy y la de Puigdemont, al final se
tendrá que abrir un proceso de diálogo. El segundo elemento es que
nuestra posición, sensata y coherente, en un contexto de polarización
nacional en el que la disputa es por quién tiene la bandera más grande,
hace que inevitablemente se diluya nuestra capacidad de atraer a la
gente. Desgraciadamente es así, porque se produce en cualquier elemento
histórico de nacionalismo. Es normal que bajemos en las encuestas,
porque los que más se movilizan son los que piensan en términos
nacionales, y esos no nos van a votar a nosotros porque están
ultramovilizados en defensa de posiciones intransigentes e
insostenibles. Y, sin embargo, tarde o temprano se abrirá camino nuestra
propuesta, y esa es mi esperanza y mi sensación de cara al futuro
próximo.
Elecciones
Rajoy ha comprado el ‘aznarismo’ de Ciudadanos y ha pasado de intervenir la autonomía de Catalunya a suspenderla.
Un
grupo de ciudadanos siguen desde una pantalla de televisión la
declaración institucional del presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, tras la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 en
Cataluña. EFE/Quique García
La aprobación en Consejo de Ministros de un artículo 155 desarrollado con la mayor dureza posible por el Gobierno de Mariano Rajoy ha confirmado este sábado los peores presagios: el presidente ha comprado el ‘aznarismo’ de Ciudadanos y ha pasado de intervenir la autonomía de Catalunya a suspenderla.
No habrá más Gobierno allí que el de La Moncloa y sus ramificaciones
ministeriales; Parlament y Generalitat quedan completamente anulados.
El viernes 27 -Puigdemont mediante- el Senado
celebrará el Pleno que aprobará este 155 constitucionalmente indigesto
(están por conocer los análisis con perspectiva de los expertos y los
posibles recursos ante el Tribunal Constitucional) y, sin duda, políticamente tóxico. Entonces, no habrá marcha atrás y frente a la “normalidad” y la “convivencia” que, en su infinita ceguera, dice Rajoy
que pretende restablecer, buena parte del pueblo catalán
(independentistas y no independentistas) se levantará y elevará aún más
contra el golpe de los golpes, que hace pequeño, incluso, a aquel
recurso de inconstitucionalidad contra un Estatut pactado entre Gobierno
y Generalitat, aprobado en el Parlament y ratificado en el Congreso.
Pocos podían imaginar entonces, en 2006, que el mismo Rajoy que pedía en
las Cortes un referéndum sobre el Estatut (sí, un referéndum) sería el
primer presidente de la Historia de España que aplicaría el artículo 155
de la vapuleada Constitución del 78 contra Catalunya. Así se le
recordará en los libros.
El 155 duro hace pequeño, incluso,
al recurso de inconstitucionalidad contra un Estatut pactado entre
Gobierno y Generalitat, aprobado en el Parlament y ratificado en el
Congreso
La comparecencia de Puigdemont este
sábado noche no ha tranquilizado a quienes seguimos tratando de
mentalizarnos de que no tocaremos fondo así; de que la agonía de una
Carta Magna necesitada de reformas, modernidad, políticos/as de altura,
consenso social y aire fresco no dará sus últimos estertores en
Catalunya con un 155 parido en las cavernas de la corrupción, las
cloacas policiales, la desigualdad, las mordazas y un largo etcétera que
hacen indigerible el apoyo que le ha dado el otrora ‘nuevo PSOE’.
¿Cree Pedro Sánchez que un PP incapaz de cumplir su propio programa electoral va a reformar la vetusta Constitución
en esa comisión territorial que habría sido una gran inciativa hace
cinco años, pero que llega tan tarde e incompleta como la preocupación
por el secesionismo de una Unión Europea de poca concordia y mucho
sufrimiento en sus fronteras? Confiar en Rajoy a estas alturas o,
incluso, hacer que se le cree para no perder el favor de los barones de
la mitad sur denota una ingenuidad alarmante en quien sufrió -él sí- el
peor golpe orgánico que en 40 años se recuerda, con permiso de Borrell.
Hace un año. Ya. O todavía.
Para Sánchez, confiar en Rajoy a
estas alturas o, incluso, hacer que se le cree para no perder el favor
de los barones de la mitad sur denota una ingenuidad alarmante
Recuerde
Sánchez que es esta Constitución a medida (135 agosteño incluido) la
que quiere Rajoy, y no otra que haga tambalearse su impunidad de
presidente del Gobierno con un partido imputado. Recuerde Sánchez que si
Rajoy se sale con la suya con un par de bordados a la Carta Magna para
justificar su compromiso, muchos/as le diremos -con razón- que, tal vez,
lo que se ha pretendido es dar alas a un bipartidismo sentenciado a
muerte, con más o menos dolor para este país, pero a muerte; y ésa es
ahora la (su) cuestión: aferrarse a ese bipartidismo o cambiarse al tren de una nueva sociedad que nace en condiciones tan duras como meritorias;
una sociedad a la que no abochorne sacar su bandera nacional porque se
han apropiado de ella desde los que cultivan con esmero los lodazales de
las cloacas y las ‘cajas b’ hasta los peligrosos fascistas de amenaza y
paliza fácil.
Parlon, por ejemplo, lo ha entendido;
es alcaldesa en Catalunya, y bien sabemos todos que es la política
local la que hace mirar a los ojos a la gente a diario y ver sus
alegrías o frustraciones; hoy, sobre todo, éstas, las de los/as
catalanes que quieren irse y las de los que no. Todos/as abandonados por
unas instituciones en decadencia, de un lado y del otro.
La vicepresidenta Sáenz de
Santamaría se cuece desde hace semanas en el jugo de su fracaso como
intermediadora, algo que en su propio partido recuerdan machaconamente
Quienes
nos resistimos a desprendernos del último hilo de esperanza en esta
semana que entra hemos pasado de pedir una consulta pactada y con
garantías en Catalunya o en España a implorar casi que Puigdemont
convoque elecciones en las próximas horas. Que las convoque él y no
Rajoy en un gesto de generosidad hacia Catalunya y el resto de España
que, sin duda, le será reconocido por la gente que clama por la Política
(con mayúscula) desde hace años.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría se
cuece desde hace semanas en el jugo de su fracaso como intermediadora
durante todo un año entre La Moncloa y la Generalitat; algo que, por
cierto, en su propio partido recuerdan machaconamente, alegrándose sin
disimulo de la caída en desgracia de quien caminó de perfil por los
escándalos de corrupción cuando otros/as se partían la cara ante la
prensa. Con todo, en su tenacidad de aspirante a sucesora de Rajoy,
libra una batalla casi personal con el independentismo, del que sólo
aceptará una derrota sin paliativos.
Convoque Puigdemont elecciones y demuestre que
derrota es la del gobernante que no tiene puñetera idea de política ni
quiere tenerla. Deje la DUI a un lado, convoque elecciones y
convénzanos de que el pueblo catalán quiere irse, porque nos cuesta
creerlo. Aunque lo entendamos más cada día que pasa, visto lo visto.
El PSOE no firma la propuesta de Podemos y nacionalistas para modificar la Ley de Amnistía y juzgar el franquismo
Diputados de Podemos, Compromís, En Comú Podem,
EH-Bildu, ERC, En Marea y PdeCat han registrado en el Congreso este
miércoles dos proposiciones de ley para intentar acabar con la impunidad
del franquismo. IU, por su parte, presentará en los próximos días una
proposición propia para declarar "la nulidad" de la Ley de Amnistía.
Víctimas del franquismo junto a diputados de Podemos, Compromís, En Comú Podem, EH-Bildu, ERC, En Marea y PdeCat.- EN MAREA
Diputados de Podemos,
Compromís, En Comú Podem, EH-Bildu, ERC, En Marea y PdeCat han
registrado en el Congreso este miércoles dos proposiciones de ley para
intentar acabar con la impunidad del franquismo. Por una parte, han
registrado una Proposición de Ley para modificar la Ley de Amnistía y que esta no sea aplicable a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. Por otra, han registrado otra Proposición para modificar el Código Penal e incorporar el Principio de Legalidad internacional, un cambio necesario para terminar con los impedimentos señalados por la Justicia cuando se ha intentado juzgar los crímenes franquistas.
"Las dos iniciativas buscan acabar con los impedimentos
que la Justicia ha puesto para no investigar las querellas que se
presentan para juzgar los crímenes del franquismo. El objetivo es que el
Estado español reconozca de una vez el derecho a la Justicia que
tenemos las víctimas del franquismo", ha expresado Chato Galante,
expreso de la dictadura por su militancia en las luchas estudiantiles.
"El objetivo es que el Estado
español reconozca el derecho a la Justicia que tenemos las víctimas del
franquismo", ha señalado Galante
El gran ausente en la presentación de estas dos iniciativas ha sido el PSOE,
ya que se da por descontado que ni Partido Popular ni Ciudadanos están
por la labor de aceptar estas propuestas. Los socialistas han
participado en todas las reuniones preparatorias entre los diferentes
partidos que han suscrito las iniciativas pero han decidido finalmente no estampar su firma en el registro de las mismas.
La ausencia de los socialistas ha sido lamentada por
los diferentes portavoces políticos que han comparecido ante los medios.
Así, Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya, ha señalado que ve "con dolor
que partidos políticos que lucharon en la lucha antifranquista, como el
PSOE, no hayan firmado esta proposición". "Esto merece una crítica.
Representa la creencia de que el olvido puede amortiguar el dolor o que
es una buena arma para encarar los retos del siglo XXI. Yo creo que se equivocan y que supone darse por vencido ante el fascismo", ha reprochado el diputado republicano.
Asimismo, Xavier Domènech, portavoz de En Comú
Podem, también ha lamentado la ausencia del PSOE con el que ha
asegurado que han estado trabajando en la elaboración de ambas
iniciativas, pero que "ha decidido no apuntarse en el último momento".
Domènech, no obstante, ha deseado que finalmente el PSOE apoye en el
Congreso estas iniciativas y puedan ser aprobadas. "No entendería que el
PSOE no apoyara esta iniciativa", ha zanjado.
Fuentes de la Ejecutiva del PSOE han explicado a Público que la formación ha creado un gabinete técnico-juridico que está trabajando en una ampliación de la Ley de Memoria Histórica que
permita dar solución a "siete u ocho temas que están encima de la
mesa". Estas fuentes, no obstante, no precisan si entre estas medidas se
encuentra la derogación de los efectos de la Ley de Amnistía. "Buscamos
la manera de tenerla mayor seguridad jurídica para introducir los
cambios", han precisado estas fuentes.
IU presenta su propia iniciativa
La otra gran ausencia entre los firmantes ha sido la
de Izquierda Unida. Fuentes parlamentarias de la coalición de izquierdas
han destacado a este medio que sus diputados apoyarán las proposiciones
presentadas este miércoles cuando se voten en el Congreso, pero que han
preferido presentar su propia propuesta que pide que la Ley de Amnistía
sea declarada "nula". La propuesta será presentada la semana que viene.
IU apoyará la iniciativa en el Congreso pero presenta una diferente que pide que la Ley de Amnistía sea declarada nula
"Consideramos
que la propuesta de modificar la Ley de Amnistía es positiva, por eso
la apoyaremos, pero también insuficiente. Nosotros estamos por declarar
nula directamente la Ley de Amnistía, tal y como Argentina hizo con su
ley de punto final", han destacado a Público fuentes
parlamentarias, que han señalado que el partido también había recogido
esas peticiones de diferentes colectivos memorialistas y de víctimas del
franquismo.
Escudo franquista
El Poder Judicial ha rechazado investigar los
crímenes de la dictadura escudándose en la Ley de Amnistía. Asimismo,
PP, PSOE y CiU rechazaron en 2011 por mayoría absoluta la proposición de
ley para modificar la Ley de Amnistía. Más recientemente, el 20 de
diciembre de 2016, PP, PSOE y Ciudadanos evitaron en la Comisión de Justicia la modificación de la norma para que estableciera que no se aplicaría a casos de torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, tal y como dispone la normativa internacional".
El Ministerio Fiscal también recurrió hasta en tres
ocasiones a la Ley de Amnistía para impedir a los jueces españoles
colaborar con la justicia de Argentina en la única causa abierta
en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura. Por su parte,
la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó en dos ocasiones las
solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional.
La Fiscalía General del Estado también invocó a la Ley de Amnistía en
una orden interna que emitió a los juzgados para amedrentarles y que no
colaboraran con las peticiones de auxilio judicial que llegaban desde
Argentina.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha invocado la Ley de Amnistía para justificar la negativa del Estado a juzgar los crímenes franquistas
ante diversos organismos internacionales. Y es que hasta cinco
organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos han pedido
a España su derogación. A saber: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos
Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada; y Relator Especial sobre
Verdad, Justicia y Reparación.
Pensamiento crítico
por Vicenç Navarro
El mal cálculo de los independentistas: los errores de su estrategia
Por lo visto, no calcularon los costes económicos de la transición a la independencia
Es sorprendente la falta de atención que el movimiento independentista en Cataluña ha dado a las posibles consecuencias negativas que pueda tener para la economía de Cataluña el desarrollo de su estrategia (lo que llaman “el procés”) para alcanzar su objetivo: la secesión de Cataluña del resto de España. En un artículo reciente en el diario pro independencia catalán ARA (“El coste de independizarse”, 21.10.17), el economista que escribe con mayor frecuencia en sus páginas, el Sr. Miquel Puig, señalaba que ningún economista perteneciente a tal sensibilidad política se había dado cuenta de los posibles costes que la Transición de la Cataluña actual a la futura Cataluña independiente significaría para la economía catalana. El artículo del Sr. Puig daba la razón a un editorial del mismo rotativo, escrito dos días antes, que se quejaba de que parecía que entre los independentistas no se hubiera pensado en el posible impacto negativo que tal transición podría tener en el desarrollo económico del país. En realidad, el autor de tal editorial era bastante generoso en su crítica a los economistas independentistas pues la realidad era incluso peor de lo que indicaba tal editorial, pues no solo no habían pensado en los costes de la Transición sino que, al contrario, habían promocionado una visión de tal Transición excesivamente optimista, presentando el procés como un camino de rosas que llevaría a una Cataluña más prospera; prosperidad que ocurriría casi al día siguiente que el Parlament de Catalunya aprobará la declaración unilateral de independencia. Las exageraciones (e incluso falsedades) del equipo económico del gobierno de Junts Pel Sí eran notorias como he señalado y mostrado en un artículo anterior (“Los problemas y los errores del independentismo” Público, 13.10.2017). Un comportamiento semejante ocurrió entre economistas próximos al Gobierno Junts Pel Si, como Sala i Marti (el gurú económico de la televisión pública TV3). Cualquier persona con un mínimo de objetividad, conocedora de la realidad del país, podía detectar fácilmente las exageraciones y falsedades promovidas por tales voces del independentismo.
Es importante señalar que los mismos economistas que ocultaron y/o falsearon los costes de la Transición y de la independencia catalana (la gran mayoría de sensibilidad neoliberal), habían antes también ocultado y falseado los costes de las políticas neoliberales que el gobierno Junts Pel Sí (y de Convergencia i Unió en periodos anteriores) habían estado imponiendo a la población catalana, y que habían causado y continúan causando un gran deterioro del bienestar social y calidad de vida de la población catalana y muy en particular de sus clases populares (ver “El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social” Público, 30.06.2017).
Los no calculados costes políticos de la estrategia independentista
Pero la falta de previsibilidad de Junts Pel Si ha caracterizado no solo sus cálculos y estimaciones económicas sino también sus proyecciones políticas. Es más que sorprendente, que el gobierno de Junts Pel Si así como la CUP (y los movimientos sociales independentistas que ellos influencian, como la ANC y Ómnium Cultural) no conocieran ni predijeran que su estrategia de confrontación con el Estado español conduciría a una situación en la que el Estado Central destituiría a todo el Gobierno Junts pel Si, y que la Generalitat de Catalunya pasaría a ser gobernada desde Madrid por el gobierno del Partido Popular, un partido que obtiene un apoyo electoral muy minoritario en Cataluña (solo un 8% del electorado). Tal estrategia podría incluso conducir a la detención del President Puigdemont y otros dirigentes de su gobierno, en caso de que se declare la independencia unilateral en el Parlament de Catalunya. Cada uno de estos pasos que serán enormemente negativos para Cataluña (y para España) podrían haberse predicho fácilmente.
Se me dirá -como ya se me ha dicho-, que gran parte de los dirigentes del movimiento independentista sí que eran conscientes de que todos estos hechos podrían ocurrir, lo cual aceptaron pues creían que la predecible represión por parte del Estado Central crearía olas de simpatía hacia su causa y peticiones al gobierno Rajoy por parte de gobiernos extranjeros estimulándole a que se sentara y dialogara con el Gobierno Puigdemont.
¿Era posible que tal estrategia fuera exitosa? La credibilidad limitada del argumentario independentista
Hay varios datos, que sin embargo cuestionan la sabiduría de esta estrategia. El primero es que en contra de lo que anunciaba el Sr. Puigdemont, en su carta al Presidente Rajoy, él no tenía un mandato del pueblo de Cataluña, expresado en el referéndum del 1º de octubre, de declarar la independencia. Además de que tal referéndum no ofrecía las garantías democráticas necesarias para que se pudiera aceptar como válido (y no me estoy refiriendo solo a si era o no legal, sino a otras garantías que no fueron respetadas), el hecho es que la mayoría del pueblo catalán no participó en el referéndum (votaron solo el 43% de un censo poco fiable). No había pues un mandato popular para declarar la independencia. Es más, el Sr. Puigdemont añadió en su carta al Presidente Rajoy un par de datos para subrayar que este 43% del electorado que había votado en el referéndum del 1 de Octubre (1-O) era un porcentaje de participación válido y suficiente, para atribuirse un mandato popular, pues tal porcentaje era superior al que había tenido el referéndum en la Gran Bretaña que condujo al Brexit, lo cual no era cierto. La tasa de participación fue en aquel referéndum un 72,2% (un porcentaje mucho mayor que el 43% del 1-O) Y el otro dato que Puigdemont presentó, también en la carta al Presidente Rajoy, creyendo erróneamente (intentando justificar que el 43% que se había obtenido el 1-O era suficiente) que el número de participantes en el 1-O era superior al que aprobó el Estatuto de Autonomía del 2006, lo cual tampoco es cierto, pues el número de votos fue de 2.286.217 en el 1-O del 2017 (un 43%) un número menor al conseguido en 2006, 2.594.167 votos (un 48,85%). En realidad, según una encuesta reciente, la mayoría de catalanes (60%) no creen que el referéndum del 1-O reuniera las garantías necesarias para considerar vinculante su resultado y el 55% no cree tampoco que con los resultados del referéndum del 1-O el Parlamento está legitimado para declarar la independencia (El Periódico, 21.10.17). Por tanto, nunca hubo el mandato para declarar tal independencia. Y la población lo sabe.
La mayoría del pueblo catalán nunca ha votado ni por la independencia ni por los partidos independentistas. Su mayoría en el Parlament no corresponde con la mayoría de votos, y ello como consecuencia del sesgo de la Ley electoral que favorece las zonas rurales y conservadoras a costa de las áreas urbanas y progresistas, situación que ocurre también en el resto de España. Es más, lo que es también muy importante es que el apoyo al independentismo varía según la clase social de la población catalana. En las grandes ciudades como Barcelona, los votos a favor de partidos pro-independencia son más elevados en los barrios por encima del nivel de renta promedio de la ciudad que los que están por debajo, dato también confirmado por los datos provenientes por la agencia de análisis sociológico y demográfico del Gobierno de la Generalitat de Catalunya (barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Julio 2017)
Las consecuencias del 155: los independentistas subestimaron la respuesta del Gobierno Rajoy
Tal estrategia seguida por los independentistas (el procés) está dañando a la mayoría de la población que está viendo reducido sus derechos políticos, como consecuencia de la estrategia fallida, resultado de haber subestimado la capacidad de respuesta del Estado Español. Parece que el “procés” no ha sido consciente, ni de la naturaleza del Estado Español ni la del Gobierno Rajoy. En muchas ocasiones he señalado el carácter inmodélico de la transición, resultado de un enorme desequilibrio de fuerzas en aquel momento histórico, en el que las derechas controlaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios de comunicación, mientras que las izquierdas (que lideraban las fuerzas democráticas) tenían muy poca fuerza pues acababan de salir de la prisión y/o de la clandestinidad, y/o del exilio. . Es más, no hay plena conciencia ni en Cataluña ni en España que las derechas de España son equivalentes a la ultraderecha en Europa. Esta es la causa, por cierto, de que no haya un gran movimiento o partido de ultraderecha en España, pues, tal movimiento está dentro del PP, representado por un gran número de sus dirigentes.
Es más, la ideología dominante de este Estado tiene muchos puntos en común con la ideología dominante en el Estado dictatorial anterior, tal como su nacionalismo extremo uninacional, de raíces imperialistas, de carácter religioso-militar, con gran componente cultural, étnico y racial (durante muchos años, el día nacional –el 12 de Octubre- se conocía como el día de la Raza). Tal nacionalismo ha mostrado gran hostilidad a la plurinacionalidad de España que existe en muchos de los aparatos del Estado, incluyendo en la judicatura, los estamentos militares y policiales.
Tal nacionalismo uninacional del Estado Monárquico como la mayor causa del crecimiento del independentismo
Tal aparato estatal, centrado en la Monarquía Borbónica, tiene un enorme poder no solo en España sino a nivel europeo. Era por lo tanto muy predecible que tal Estado Central, dirigido por una formación política (el PP), heredera de las derechas que controlaban el estado dictatorial, actuara como ha actuado. La transición inmodélica condujo a un Estado que no era una ruptura, sino una adaptación, conservando el enorme poder de las derechas en los aparatos del Estado. De ahí que el PP tiene la mayor influencia sobre los aparatos del Estado. Y la ley electoral está diseñada para perpetuar tal poder. Así, la cámara legislativa (el Senado) que aprobará la ocupación (y no hay otra manera de definirla) de Cataluña, tiene un sistema electoral que conduce a que el PP que consiguió en las últimas elecciones un 29.96% de votos del electorado, consiguieron mayoría absoluta en tal cámara -¡consiguiendo el 62,5% de los escaños: más del doble que su resultado electoral!-. Este es resultado del enorme poder de las derechas sobre el Estado. La constante referencia a la necesidad de respetar la Ley que utilizan las derechas y las izquierdas gobernantes es, en realidad, siempre la defensa de un profundamente injusto status quo. Es el enorme desequilibrio de las fuerzas políticas dentro del Estado Español (facilitado por la cooptación del equipo dirigente del PSOE en tal Estado) la causa de que vamos a ver a Catalunya gobernada directamente por un partido, el PP, que es marginal en el espectro político catalán.
Que pasará ahora: el surgimiento de un movimiento democrático en Cataluña
La brutal represión por parte del Estado tendrá una respuesta popular de considerables dimensiones. La mayoría de la población se movilizará en contra de la aprobación de la Ley 155, que, según la encuesta citada, cuenta con la oposición de un 66% de la población catalana. Pero para que tales movilizaciones puedan ser exitosas, tienen que variar en su orientación y en su liderazgo, sustituyendo la demanda de secesión por otra exigiendo democracia y fin de la represión. Este cambio, que se está ya dando, está siendo resistido por los independentistas, pues no quieren diluir su protagonismo. Pero tal cambio es necesario. Tal cambio, además de expandir la población movilizable, tendría otro componente esencial: su articulación con movimientos pro-democracia ya existentes en España, articulación que no era posible cuando el objetivo de tal movimiento ciudadano en Cataluña era la independencia liderado por independentistas.
Este movimiento pro-democracia existe ya en Cataluña y está liderado ahora por un amplio abanico de partidos y movimientos (tales como sindicatos, patronal, movimientos vecinales, asociaciones profesionales, entre muchos otros). Tanto independentistas como no independentistas están movilizando a la población a favor de las libertades y los derechos que serán afectados negativamente por la ocupación de Cataluña. Esta estrategia ya ha mostrado su gran valor y eficacia en la organización del paro general del 3 de Octubre. En tal día, toda Cataluña paró como acto de protesta frente a la brutalidad de la policía estatal. Tal paro no se hubiera conseguido sin el apoyo de la gran mayoría del pueblo catalán, que no es independentista. Este paro fue organizado por la Mesa Democrática, que no fue liderada por el movimiento independentista sino por el movimiento pro-democracia que es mucho mayor. A ello se sumaron sectores de la población –sobre todo barrios populares- que no se había movilizado el 1-O en el referéndum independentista. El movimiento independentista solo no podría haber conseguido un paro general. El movimiento pro-democracia si lo consiguió. Es este movimiento que junto con otros movimientos semejantes en el resto de España pueden conseguir una mayor transformación en Cataluña y en España.
Mil juristas catalanes firman un manifiesto reclamando la libertad de Cuixart y Sánchez
Consideran que los presidentes de Òmnium Cultural y
la Asamblea Nacional están en prisión por "un uso ideológico del
Derecho, que supone la quiebra del principio de separación de poderes y
el uso partidista de la Fiscalía". Al manifiesto siguen sumándose
abogados de todos los colegios catalanes y catedráticos y profesores
universitarios.
Jordi Cuixart y Jordi Sánchez a su entrada en la Audiencia Nacional.
Los abogados, procuradores y
el mundo jurídico catalán se han unido en la firma de un manifiesto en
el que se exige la libertad de los presidentes de Òmnium Cultural y de
la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, a quienes consideran presos políticos.
Consideran que el encarcelamiento "no responde a criterios legales, sino a un uso ideológico del Derecho
que supone la quiebra del principio de separación de poderes, el uso
partidista de la Fiscalía, y la vulneración de derechos fundamentales".
Entre los firmantes se encuentran varios expresidentes del Consejo de la Abogacía Catalana, como Abel Pié Lacueva o Miquel Sàmper Rodríguez; Josep Cruanyes i Tor, presidente de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos; Josep Pagès Massó, letrado del Ayuntamiento de Barcelona o Josep A. Faiges Morales, coordinador de Juristas por la Independencia, y catedráticos como Joan Queralt o Josep M. Vilajosana, Enoch Albertí i Rovira, así como notarios, procuradores y abogados miembros del Colectivo Praga y de la Associació Drets.
Argumentos legales para la libertad
El documento comenzó a pasar por diferentes despachos de abogados y universidades –y aún sigue sumando apoyos–, que han concretado su denuncia y la exigencia de libertad en tres puntos básicos.
En primer lugar, "los hechos que han dado lugar a tal
imputación no pueden constituir un delito de sedición, de acuerdo con
el Código Penal vigente, sino un libre ejercicio del derecho de manifestación
(vulneración art. 21 CE)". Destacan los firmantes que la concentración
ante la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat fue
inicialmente pacífica y que los ahora presos fueron precisamente quienes
intervinieron para instar a los participantes a disolverla cuando se
produjeron los conatos de violencia.
Aseguran también que "la Audiencia Nacional (y su Juzgado Central de Instrucción) no es el Tribunal competente
para este caso ni, por lo tanto, el juez predeterminado por la ley
(vulneración art. 24. 2 CE); sólo puede serlo un juzgado de instrucción
con sede en Cataluña".
Y, por último, "no se dan los supuestos que la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia constitucional exigen
para dictar la prisión provisional (vulneración art. 17 CE)".
Marcha Alerta Feminista, ayer, en 18 de Julio. Foto: Pablo Albarenga
Movilización por el femicidio número 26 en lo que va del año
En la actualidad, las personas víctimas de violencia o quienes quieran consultar por este tipo de delito se pueden comunicar con el 08004141 por teléfono fijo o con el *4141 desde celulares Antel y Movistar. El servicio es gratuito, confidencial y anónimo; la llamada desde línea fija puede realizarse desde cualquier teléfono público sin necesitar tarjetas o monedas. El horario de atención es de lunes a viernes de 8.00 a 24.00, y los sábados y domingos entre las 8.00 y las 20.00. Este servicio no recibe denuncias, pero atiende consultas, informa acerca de los recursos institucionales y comunitarios y deriva y coordina con otras instituciones.
SCJ declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad para un caso de torturas en Tacuarembó
25 • oct. • 2017
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió una sentencia en la
que, por mayoría de sus integrantes, declaró inconstitucionales los
artículos 2º y 3º de la Ley 18.831, “asentándose en el fallo un cambio
jurisprudencial”, según dice el resumen del documento al que accedió la diaria.
La sentencia responde a un recurso de casación penal interpuesto por
BB, indagado en la causa que investiga la denuncia de torturas,
privación de libertad y detención ilegítima en el Regimiento de
Caballería Nº 5 de Tacuarembó, presentada por Gloria Izquierdo en 2012, y
que tramita el Juzgado Letrado de Primera Instancia de ese
departamento.
Tal como se asienta, la sentencia que votaron favorablemente el presidente del cuerpo, Jorge Chediak, y los ministros Elena Martínez Rosso y Julio Turell, y que contó con la opinión discordante de los ministros Felipe Hounie y Bernadette Josefina Minvielle, establece un cambio en la jurisprudencia, dado que la SCJ vuelve a considerar inconstitucionales los artículos de la norma interpretativa aprobada en 2011 que establecen que no se computará “plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos” cometidos “en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, comprendidos en el artículo 1º de la Ley 15.848 (de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, del 22 de diciembre de 1986), y que declara a esos delitos “crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte”.
Recordatorio
En febrero de 2013, poco después de decidir el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, la SCJ dictó una sentencia en la que declaraba inconstitucionales los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831. Esa vez fue aprobada por cuatro votos a uno y votaron a favor los ministros Julio César Chalar, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Jorge Ruibal Pino, mientras que en discordia lo hizo Ricardo Pérez Manrique. En ese momento, la decisión de la SCJ fue rechazada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como el Servicio Paz y Justicia de Uruguay, que expresó en un comunicado “consternación e indignación” por el pronunciamiento y calificó a la sentencia de un “gravísimo retroceso a la aplicación de la justicia frente a los horrores ocurridos en nuestro pasado reciente”, entendiendo que “incumple manifiestamente” la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman.
En este mismo sentido, en noviembre de 2014 la SCJ revocó un fallo propio y aceptó la presentación de un recurso por parte de la defensa del general Pedro Barneix contra la decisión de un Tribunal de Apelaciones que desestimó la solicitud de prescripción del delito de “homicidio político” de Aldo Perrini. No obstante, a mediados de 2015 la SCJ concluyó que no se debía computar para la prescripción el plazo que va desde la fecha en que se sancionó la ley de caducidad hasta el día en que ese caso se pudo volver a juzgar. La SCJ sostuvo en aquella ocasión que la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado “significó un claro obstáculo insuperable para el ejercicio de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público”, y que “no puede compartirse con el recurrente que existieron medios idóneos para investigar la comisión de los delitos perpetrados durante la dictadura cívico militar, ya que el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche a los responsables de hechos de naturaleza delictiva es, únicamente, la justicia penal que funciona en la órbita del Poder Judicial”. “Durante la vigencia de la ley de caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder-deber de acción, situación jurídico procesal que debemos diferenciar bien de aquella en la que se encuentran los restantes sujetos procesales que detentan el derecho o la potestad de accionar en otras materias”, decía el fallo aprobado por unanimidad y firmado por los tres ministros intervinientes: Felipe Hounie, Ricardo Pérez Manrique y Jorge Larrieux.
Este fallo de la SCJ habilitó a continuar con la indagatoria que culminó con el procesamiento con prisión de Barneix, que no se concretó debido a que el militar se suicidó en su domicilio cuando iba a ser detenido.
Fallo fallido
El fallo fechado el 25 de setiembre dice que la SCJ consideró por mayoría “que las reglas que establecen la imprescriptibilidad de los ‘Crímenes de Lesa Humanidad’ no pueden ser aplicadas al presente caso, ya que las leyes que incorporaron estos a nuestro derecho son posteriores a la comisión de los hechos en esta causa”. Los doctores “Chediak, Martínez y Turell declararon inconstitucionales los artículos 2 y 3 en virtud de violentar los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal más gravosa (ínsito en el artículo 72 de la Carta) y consagrado en una norma de Derecho Internacional (Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7.2, ratificado por ley 15.737). El principio importa una garantía para el sujeto sometido al proceso y para todas las personas que respetan la ley”.
Por su parte, consta que Hounie cree que “no se verifica la inconstitucionalidad pretendida, ya que el crimen de lesa humanidad es una figura que se incorporó a nuestro orden jurídico con anterioridad a las leyes 17.347 y 18.026 y a que no se constata violación alguna al principio de seguridad jurídica. Alega que la imprescriptibilidad resulta de la vocación jusnaturalista de nuestra Carta y del derecho internacional de los derechos humanos”. Finalmente, la doctora Minvielle deja constancia de que “los crímenes de lesa humanidad en cuanto ‘...pueden considerarse atentados a los básicos derechos humanos universalmente aceptados’ son tales no por la voluntad de un Estado sino por imperio de normas internacionales que constituyen el ‘ius cogens’ internacional”.
Consultado sobre este fallo de la SCJ, Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, organización patrocinante de la denuncia de Izquierdo, dijo que las declaraciones de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 no afectaron sustancialmente los procesos judiciales, pero han servido “para alargarlos”, ya que los indagados “ganan casi un año con la presentación de recursos”. “Desde el punto de vista formal no ha tenido incidencia directa, porque no significa que los jueces actúen así”, agregó, aunque consideró que este tipo de sentencias tienen que ver con la forma en que se designan los miembros de la SCJ, sistema que es cuestionado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y con la propia ley interpretativa de la ley de caducidad. Olivera dijo que el Observatorio y otras organizaciones presentaron un proyecto que, básicamente, consistía en “transcribir el contenido” de la sentencia Gelman de la CIDH, y recorrieron “todo el espinel político” suponiendo que iban “a tener consenso”; sin embargo, fue otro el texto que se terminó aprobando, lo que dio lugar “a chicanas y a hacer discutible un tema que no lo es”. “Por eso, la mayoría de los jueces no la aplican”, concluyó.
Tal como se asienta, la sentencia que votaron favorablemente el presidente del cuerpo, Jorge Chediak, y los ministros Elena Martínez Rosso y Julio Turell, y que contó con la opinión discordante de los ministros Felipe Hounie y Bernadette Josefina Minvielle, establece un cambio en la jurisprudencia, dado que la SCJ vuelve a considerar inconstitucionales los artículos de la norma interpretativa aprobada en 2011 que establecen que no se computará “plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos” cometidos “en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, comprendidos en el artículo 1º de la Ley 15.848 (de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, del 22 de diciembre de 1986), y que declara a esos delitos “crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte”.
Recordatorio
En febrero de 2013, poco después de decidir el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, la SCJ dictó una sentencia en la que declaraba inconstitucionales los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831. Esa vez fue aprobada por cuatro votos a uno y votaron a favor los ministros Julio César Chalar, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Jorge Ruibal Pino, mientras que en discordia lo hizo Ricardo Pérez Manrique. En ese momento, la decisión de la SCJ fue rechazada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como el Servicio Paz y Justicia de Uruguay, que expresó en un comunicado “consternación e indignación” por el pronunciamiento y calificó a la sentencia de un “gravísimo retroceso a la aplicación de la justicia frente a los horrores ocurridos en nuestro pasado reciente”, entendiendo que “incumple manifiestamente” la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman.
En este mismo sentido, en noviembre de 2014 la SCJ revocó un fallo propio y aceptó la presentación de un recurso por parte de la defensa del general Pedro Barneix contra la decisión de un Tribunal de Apelaciones que desestimó la solicitud de prescripción del delito de “homicidio político” de Aldo Perrini. No obstante, a mediados de 2015 la SCJ concluyó que no se debía computar para la prescripción el plazo que va desde la fecha en que se sancionó la ley de caducidad hasta el día en que ese caso se pudo volver a juzgar. La SCJ sostuvo en aquella ocasión que la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado “significó un claro obstáculo insuperable para el ejercicio de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público”, y que “no puede compartirse con el recurrente que existieron medios idóneos para investigar la comisión de los delitos perpetrados durante la dictadura cívico militar, ya que el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche a los responsables de hechos de naturaleza delictiva es, únicamente, la justicia penal que funciona en la órbita del Poder Judicial”. “Durante la vigencia de la ley de caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder-deber de acción, situación jurídico procesal que debemos diferenciar bien de aquella en la que se encuentran los restantes sujetos procesales que detentan el derecho o la potestad de accionar en otras materias”, decía el fallo aprobado por unanimidad y firmado por los tres ministros intervinientes: Felipe Hounie, Ricardo Pérez Manrique y Jorge Larrieux.
Este fallo de la SCJ habilitó a continuar con la indagatoria que culminó con el procesamiento con prisión de Barneix, que no se concretó debido a que el militar se suicidó en su domicilio cuando iba a ser detenido.
Fallo fallido
El fallo fechado el 25 de setiembre dice que la SCJ consideró por mayoría “que las reglas que establecen la imprescriptibilidad de los ‘Crímenes de Lesa Humanidad’ no pueden ser aplicadas al presente caso, ya que las leyes que incorporaron estos a nuestro derecho son posteriores a la comisión de los hechos en esta causa”. Los doctores “Chediak, Martínez y Turell declararon inconstitucionales los artículos 2 y 3 en virtud de violentar los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal más gravosa (ínsito en el artículo 72 de la Carta) y consagrado en una norma de Derecho Internacional (Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7.2, ratificado por ley 15.737). El principio importa una garantía para el sujeto sometido al proceso y para todas las personas que respetan la ley”.
Por su parte, consta que Hounie cree que “no se verifica la inconstitucionalidad pretendida, ya que el crimen de lesa humanidad es una figura que se incorporó a nuestro orden jurídico con anterioridad a las leyes 17.347 y 18.026 y a que no se constata violación alguna al principio de seguridad jurídica. Alega que la imprescriptibilidad resulta de la vocación jusnaturalista de nuestra Carta y del derecho internacional de los derechos humanos”. Finalmente, la doctora Minvielle deja constancia de que “los crímenes de lesa humanidad en cuanto ‘...pueden considerarse atentados a los básicos derechos humanos universalmente aceptados’ son tales no por la voluntad de un Estado sino por imperio de normas internacionales que constituyen el ‘ius cogens’ internacional”.
Consultado sobre este fallo de la SCJ, Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, organización patrocinante de la denuncia de Izquierdo, dijo que las declaraciones de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 no afectaron sustancialmente los procesos judiciales, pero han servido “para alargarlos”, ya que los indagados “ganan casi un año con la presentación de recursos”. “Desde el punto de vista formal no ha tenido incidencia directa, porque no significa que los jueces actúen así”, agregó, aunque consideró que este tipo de sentencias tienen que ver con la forma en que se designan los miembros de la SCJ, sistema que es cuestionado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y con la propia ley interpretativa de la ley de caducidad. Olivera dijo que el Observatorio y otras organizaciones presentaron un proyecto que, básicamente, consistía en “transcribir el contenido” de la sentencia Gelman de la CIDH, y recorrieron “todo el espinel político” suponiendo que iban “a tener consenso”; sin embargo, fue otro el texto que se terminó aprobando, lo que dio lugar “a chicanas y a hacer discutible un tema que no lo es”. “Por eso, la mayoría de los jueces no la aplican”, concluyó.
