CATALUNYA
¡A la cárcel todo el mundo!
por Insurgente - LA HAINE -
14/09/2017
Han hecho causa común contra el referéndum y amenazan con cárcel para los culpables de tamaño delito, querer que la gente vote
Tejero
en el año 1981 grito pistola en mano en el Congreso ¡al suelo todo el
mundo! Hoy parece repetirse la escena con otros protagonistas. El
gobierno, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Jueces, falsa oposición,
aparato mediático, borbones… han hecho causa común contra el referéndum y
amenazan con cárcel para los culpables de tamaño delito, querer que la
gente vote. Los dirigentes del gobierno de Catalunya primero, luego los
parlamentarios, ahora los alcaldes y los presidentes de mesa, y dentro
de unas horas los que piensen ir a votar aparecen en el centro de la
diana, y se le venden al populacho como asesinos en las tabernas de la
España profundísima.
Un despropósito absoluto que sirve para que -como viaja por las redes- reflexionemos sobre que si esto pasa por un intento de ir a votar, qué ocurriría si de lo que se tratase fuera de subvertir el orden burgués. De revolucionar sus leyes y sus instituciones en favor de los trabajadores.
Un despropósito absoluto que sirve para que -como viaja por las redes- reflexionemos sobre que si esto pasa por un intento de ir a votar, qué ocurriría si de lo que se tratase fuera de subvertir el orden burgués. De revolucionar sus leyes y sus instituciones en favor de los trabajadores.
‘Marca España’: El gobierno pretende cortar hasta la luz y la conexión informática a los colegios electorales el 1-O
Por Kaos. Estado EspañolKAOS EN LA RED - Publicado en: 14 Septiembre, 2017
A la ofensiva judicial (TC, TSJC, fiscales, prohibición de actos…), policial y mediática para impedir que el pueblo catalán pueda decidir su futuro a través del voto -haciendo, de paso, saltar en pedazos la ‘bienatada’ constitución que propició la actual restauración borbónica- el gobierno pretende incluso cortar la luz y la conexión informática si, a pesar de todo, se abrieran los colegios electorales en Catalunya.
¿Todavía le puede quedar a alguien alguna duda de cuál es el carácter real de la ‘democracia’ surgida de la ‘modélica transición española’?
Los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del Referéndum y sus disposiciones anexas, y la de Transitoriedad, han cerrado el círculo de las acciones a emprender por el Gobierno ante los tribunales con vistas a anular toda la arquitectura legislativa con la que la Generalitat quiere dar cobertura a la consulta independentista del 1 de octubre y el posterior proceso de desconexión con el Estado. El Gobierno, ahora, una vez activada la maquinaria judicial, se centra en disponer todos los mecanismos para cortocircuitar la logística del referéndum.
Impedir la apertura de colegios, la constitución de mesas electorales, la colocación de urnas, el suministro de papeletas y el uso de programas informáticos. Estos son los objetivos de Rajoy para evitar el referéndum catalán.
El Gobierno asegura que en ningún caso se repetirá la situación del 9 de noviembre de 2014, cuando la Generalitat logró transmitir al mundo entero imágenes propias de un proceso democrático homologable. «Entonces», explica un ministro directamente concernido, «actuamos sobre la marcha instando a la Fiscalía la noche anterior; ahora las cosas son muy distintas porque llevamos meses preparándonos para este momento».
En esta ocasión, los servicios de inteligencia del Estado han desarrollado un trabajo minucioso desde hace semanas. Su labor comenzó cuando la Generalitat empezó a internacionalizar el conflicto y lanzó puentes hacia Gobiernos extranjeros en busca de apoyo a sus planteamientos de autodeterminación.
La labor de la inteligencia se tornó mucho más concreta a la hora de confirmar si, efectivamente, como afirmó Puigdemont en el Financial Times, la Generalitat dispone ya de las urnas necesarias para la votación. «No es así», afirma una fuente gubernamental que cita los datos proporcionados en este sentido por el Centro Nacional de Inteligencia.
El CNI asegura que las 6.000 urnas a las que se refirió el presidente de la Generalitat no existen. Sí añaden que el Govern cuenta con un número indeterminado, «pero mucho menor», de las mismas; todas procedentes del simulacro de consulta que se llevó a cabo en 2014. En cualquier caso, señalan las fuentes consultadas, las urnas existentes «están localizadas».
Sin urnas no hay consulta y por ello la Fiscalía ha remitido ya las órdenes oportunas a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía para que requisen en el momento oportuno todas aquellas que se instalen, así como las papeletas de votación, la propaganda o los cuadernillos de instrucciones para los miembros de las mesas electorales.
Los directores de institutos y colegios públicos, así como todos los funcionarios -los cargos políticos, incluidos más de 700 alcaldes que ya han sido apercibidos- cuya participación es necesaria en una jornada electoral, han sido advertidos de la ilegalidad que supone prestarse a colaborar el 1-O, al mismo tiempo que desde la Administración Central se les dan ‘garantías’ de protección al amparo de la ley.
En este sentido, el propio presidente del Gobierno lanzó ayer mismo un mensaje a la ciudadanía catalana pidiendo a todos aquellos que reciban una citación para formar parte de las mesas electorales como presidentes o vocales que la desoigan, puesto que están siendo convocados para formar parte de un acto -el referéndum- anulado por inconstitucional por el TC.
Las fuentes gubernamentales no descartan que a estas medidas puedan sumarse otras en los próximos días e incluso en la misma jornada del 1 de octubre. Entre las decisiones de último minuto que podrían ser decididas por los jueces para impedir la consulta citan la posibilidad de ordenar cortes del suministro eléctrico o de la conexión informática para impedir el acceso y la comprobación de datos censales, así como el recuento de las votaciones.
Ayer mismo, la Fiscalía, en cumplimiento de las sentencias y decisiones cautelares del TC, procedió, mediante orden dada a la Guardia Civil, a la clausura de la página web promocional del 1-O, una decisión que se añade a la prohibición de celebrar un acto propagandístico del referéndum en un local cedido por el Ayuntamiento de Madrid.
Pese a estas medidas, el Gobierno no descarta que en algún punto se abran locales de votación pero, afirman: «Será tan minoritario y precario que todo el mundo verá que eso no es un referéndum».
Iglesias alerta a sus diputados de que "el PP está creando un estado de excepción"
A su juicio, el hecho de que el rey, el Gobierno, los
partidos "monárquicos" y la Fiscalía se muestren "unidos y coordinados"
en el tema catalán "no proyectan su fuerza, sino debilidad y miedo a la
democracia".
El
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea , Irene Montero, al inicio de la primera
reunión del grupo parlamentario de en este periodo de sesiones en el
Congreso de los Diputados. EFE/Víctor Lerena
El secretario
general de Podemos, Pablo Iglesias, ha alertado este jueves a los
diputados de su grupo parlamentario de que los actuales acontecimientos
políticos y la crisis catalana sitúan a España en el camino hacia un "estado de excepción" por el uso partidista de las instituciones por parte del Gobierno.
"El PP está creando un estado de excepción", ha
dicho Iglesias al abrir la primera reunión del grupo parlamentario
confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en este periodo de
sesiones en el Congreso, marcado fundamentalmente por el debate
soberanista.
El líder de Podemos ha intervenido al
inicio de la reunión, que se celebra a puerta cerrada, para hacer un
breve análisis político sobre la situación en Catalunya, la corrupción o el "uso partidista de las instituciones por parte del PP", según fuentes del grupo parlamentario.
Según su análisis, el PSOE "no se siente cómodo" en el actual contexto político, y
ha aprovechado para reiterar "la necesidad de organizar la alternativa
para echar" al Partido Popular del Gobierno, porque, en su opinión,
España se merece más.
Además, en una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter, el líder del partido morado advierte de que "un Jefe del Estado más cerca del PP que de la ciudadanía catalana no augura un futuro fácil para la monarquía".
A su juicio, el hecho de que el rey, el
Gobierno, los partidos "monárquicos" y la Fiscalía se muestren "unidos y
coordinados" ante la oleada soberanista "no proyectan su fuerza, sino
debilidad y miedo a la democracia". Pablo Iglesias está convencido de
que "cada día que pasa, es más obvio que la salida al problema catalán
solo será posible si sus ciudadanos se expresan y deciden".
En ese sentido, cree que "negociar y
pactar un referéndum con garantías es la vía más democrática y también
la más sensata en términos de responsabilidad de Estado".
"La deriva judicial sólo aumenta el nivel de tensión"
Antes del comienzo del encuentro, la
portavoz del grupo parlamentario, Irene Montero, se ha referido en
declaraciones a los periodistas al acto de inicio de campaña a favor del
'sí' que Junts pel Sí celebrará esta tarde en Tarragona, y a la
posibilidad de que sea prohibido. Montero ha recomendado a todos los
catalanes y españoles que se informen y conozcan sus derechos de
participación, manifestación y reunión y que "los ejerzan".
"Estamos ante una deriva judicial que
sólo aumenta el nivel de tensión y en un país democrático un acto para
defender una opinión no debería estar sujeto a prohibición porque son
derechos que están consagrados y forman parte de la base de la
democracia", ha dicho Montero antes de instar a rebajar la crispación.
Ha admitido que la legalidad o ilegalidad
de un acto la deciden los jueces, pero ha subrayado que la crisis
catalana "no se resuelve así", sino dando la palabra a los ciudadanos.
Por eso, ha criticado que los problemas políticos se judicialicen, lo
que ha calificado como una mala práctica y ha vuelto a apostar por
buscar una solución política que, a su juicio, debe ser un "referéndum
pactado y con garantías".
En cualquier caso, afirma que el próximo 1
de octubre lo que se va a producir es una movilización ciudadana y ante
esa convocatoria insiste en que los catalanes tienen que "conocer sus
derechos y ejercerlos" y los políticos trabajar para encontrar una
solución política.
Referéndum 1-O: El Gobierno suma a Correos como herramienta 'antivoto' en Catalunya
La empresa pública comunica a los centros operativos
que "deberán abstenerse de realizar la admisión de envíos, o llevar a
cabo cualquier acto" que pudiera estar relacionado con la consulta
catalana del 1-O.
Oficina de Correos. CORREOS
La dirección de Correos ha
enviado un correo electrónico a los centros operativos de Catalunya en
el que comunica que la empresa "deberá abstenerse de realizar la
admisión de envíos, o llevar a cabo cualquier acto" que pudiera estar
relacionado con la consulta catalana del 1-O. El Gobierno se sirve así de la empresa pública en su intento de frenar el referéndum.
La empresa pública recuerda en su misiva que el
Tribunal Constitucional "ha acordado la suspensión de toda la normativa
que regula el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, al haber
sido impugnada, lo que conlleva la de cualquier actuación o iniciativa que traiga causa del mismo".
En el correo electrónico, dirigido a los directores de
oficinas y sucursales, Correos hace hincapié en que esta información "se
comunicará a todo el personal" de las unidades "con especial atención a
los turnos de tarde".
Destaca que el mensaje se debe trasladar también al
personal de las oficinas dependientes (satélites, oficinas Auxiliares y
rurales con admisión).
Un juez ordena cerrar la web del referéndum catalán puesta en marcha por la Generalitat
Puigdemont y Alerta Solidària difunden otras url para acceder después de que la Guardia Civil procediese al cierre
La web referendum.cat, antes de su cierre.
La Guardia Civil ha clausurado este miércoles la página web referendum.cat
por orden del Juzgado número 13 de Barcelona, cuyo titular es el
titular Juan Antonio Ramírez, han informado fuentes conocedoras de la
intervención.
Se trata del mismo juez que el 3 de marzo
encargó a la Guardia Civil la labor de policía judicial en la causa
abierta a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santiago Vidal,
quien reveló que el Gobierno catalán tenía una partida camuflada de 400
millones para el referéndum ilegal del 1 de octubre y crear estructuras
de Estado. En el marco de estas pesquisas, el juez Ramírez ha llamado a
declarar a numerosos altos cargos de la Generalitat implicados en los
preparativos del 1-O.
La página web referendum.cat puesta en
marcha por la Generalitat de Cataluña para informar sobre el referéndum
de independencia del próximo 1 de octubre ya no se encontraba operativa
esta tarde.
Puigdemont difunde otra url para acceder a la web
La organización de la izquierda independentista Alerta Solidària,
próxima a la CUP, ha replicado este miércoles la web del referéndum a
los pocos minutos de que la web oficial realizada por el Gobierno
catalán haya cerrado por orden de la Guardia Civil. La nueva url es alerta.cat/www.referendum.c
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también informó a través de su cuenta en Twitter de que se podía acceder a la web a través de ref1oct.cat y ref1oct.eu
Por otra parte, la web impulsada por JxSí garanties.cat,
con información sobre el referéndum, sigue operativa. Contiene la ley
del referéndum que JxSí y la CUP presentaron a principios de julio y
registraron a finales de mes, que no es la definitiva, ya que estos dos
mismos grupos introdujeron enmiendas antes de aprobarla la semana
pasada.
La web fue impulsada por JxSí para
defender ante los ciudadanos que el referéndum tiene las "garantías" de
un consulta de estas características homologables a nivel internacional.
Assange ayuda al Govern catalán a crear la web alternativa del referéndum
El fundador de Wikileaks asegura que el 1-O es "el acontecimiento político más importante de occidente este año, de lejos".
Assange, con el puño en alto en el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres. REUTERS/Peter Nicholls
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, asegura
que ha colaborado para que la Generalitat pudiese abrir una web
alternativa con la información del referéndum después de que la Guardia
Civil ordenara cerrar la página oficial este miércoles.
"Tenemos mucha experiencia frenando la
censura abusiva. Estoy feliz de ayudar a proteger los derechos de
publicación de la web del referéndum de Catalunya", ha explicado Assange
en un mensaje en Twitter. Para el australiano, el referéndum del 1 de
octubre es "el acontecimiento político más importante de occidente este
año, de lejos".
Assange ha difundido en la misma red
social un duplicado del código que sustenta la web alternativa. Ese
duplicado ("mirror") ha sido creado, según ha explicado el editor de
Wikileaks, "vista la represión informativa llevada a cabo por el Estado al
cerrar la web de información www.referendum.cat". "Actualme
Assange no ha dudado en mostrar en público
su apoyo al derecho de autodeterminación de Catalunya y a la
celebración del referéndum. El fundador de Wikileaks, refugiado desde hace más de cinco años
en la embajada de Ecuador en Londres, ha criticado la postura del
Gobierno de Mariano Rajoy y tampoco se ha cortado en atacar a medios de
comunicación. Sonada fue su discusión en Twitter con el escritor Arturo Pérez-Reverte a cuenta del soberanismo catalán y la consulta del 1-O.
Wikileaks ha comenzado este jueves a
promover una encuesta de 24 horas en Twitter en la que informa de la
organización del 1-O y en la que asegura que la policía y los servicios
de inteligencia estatales "tratan de frenarlo".
La encuesta da cuatro opciones: a favor de
la independencia; a favor de seguir en España; a favor de votar pero
sin posicionarse y a favor de frenar la votación que hay en marcha. Con más de 42.000 votos en siete horas, el 55% apoya la independencia; el 12% por seguir en España; el 22% por la tercera opción y el 11% porque no se deje votar.
Referéndum de independencia en Catalunya: Colau garantiza el voto en Barcelona el 1-O
Así lo ha anunciado la alcaldesa en Twitter tras
llegar a un acuerdo con la Generalitat. Carles Puigdemont ha retuiteado
el mensaje de Colau y ha comentado: "Buena noticia", mientras que el
vicepresidente Oriol Junqueras ha comentado en la red social: "¡Una
buena noticia para la democracia!"
Colau con Puigdemont en la pasada Diada. | EFE
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este jueves a través de Twitter que "se podrá participar" en la ciudad en el referéndum del 1 de octubre, y que, además, se podrá hacer "sin poner en riesgo institución ni servidores públicos".
"Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona
el 1-O se podrá participar sin poner en riesgo institución ni servidores
públicos", ha escrito la alcaldesa en Twitter tras llegar a un acuerdo con el Govern de Carles Puigdemont para facilitar la participación, del que aún no se han dado a conocer los detalles.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha retuiteado el mensaje de Colau y ha comentado: "Buena noticia", mientras que el vicepresidente Oriol Junqueras ha comentado en la red social: "¡Una buena noticia para la democracia!".
El anuncio Colau se ha producido poco después de que el
secretario del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cases, dictaminara que
la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal
Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo
colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias
penales.
En un informe de 15 páginas, el secretario
general del consistorio descarta así que el Ayuntamiento pueda acceder a
las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración
del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal
Constitucional.
El informe no tiene carácter preceptivo,
pero en él se puede leer: "La alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona y
sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas
quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional, de
abstenerse a realizar actuaciones que permitan la preparación y/o
celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña,
actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la puesta a disposición
de locales para la votación".
Este informe, según ha podido saber este diario de instancias próximas a la Alcaldía, no entra en contradicción con el acuerdo del
Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, ya que lo que haga el
consistorio no afectará ni "pondrá en riesgo institución ni servidores
públicos".
Fuentes consultadas por Públic han confirmado de esta manera que el anuncio de la alcaldesa se produce como consecuencia de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, sobre el que hablaban desde hace días..
En este momento están trabajando sobre las concreciones del acuerdo, para "que se pueda celebrar con normalidad la movilización" de la jornada del 1 de Octubre. Las fuentes consultadas, cercanas a la Alcaldía, insisten en que Colau mantiene el carácter de "movilización", ya que considera que posteriormente será necesario seguir trabajando en favor "del referéndum que necesita Catalunya".
Las mismas fuentes señalan que de momento no pueden precisar las características de los espacios que se podrán poner a disposición de la ciudadanía, para que puedan tener lugar las votaciones, si efectivamente se puede celebrar la consulta.
El acuerdo con la Generalitat, según las mismas fuentes, no significa que aprueben la política de "tirar millas" de ERC y del PDeCAT, pero sí que consideran que es la respuesta necesaria "ante todo lo que está pasando", a fin de encontrar una respuesta política y no judicial al conflicto abierto.
Fuentes consultadas por Públic han confirmado de esta manera que el anuncio de la alcaldesa se produce como consecuencia de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, sobre el que hablaban desde hace días..
En este momento están trabajando sobre las concreciones del acuerdo, para "que se pueda celebrar con normalidad la movilización" de la jornada del 1 de Octubre. Las fuentes consultadas, cercanas a la Alcaldía, insisten en que Colau mantiene el carácter de "movilización", ya que considera que posteriormente será necesario seguir trabajando en favor "del referéndum que necesita Catalunya".
Las mismas fuentes señalan que de momento no pueden precisar las características de los espacios que se podrán poner a disposición de la ciudadanía, para que puedan tener lugar las votaciones, si efectivamente se puede celebrar la consulta.
El acuerdo con la Generalitat, según las mismas fuentes, no significa que aprueben la política de "tirar millas" de ERC y del PDeCAT, pero sí que consideran que es la respuesta necesaria "ante todo lo que está pasando", a fin de encontrar una respuesta política y no judicial al conflicto abierto.
El PSC matiza: el acuerdo ha sido entre Colau y el Govern
El segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha afirmado hoy que "si ha habido acuerdo" para el 1 de octubre ha sido entre partidos "favorables a una movilización" y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no facilitará "ni locales ni medios" para la votación.
En declaraciones a Efe, Collboni ha respondido así al anuncio de Colau.
El dirigente del PSC ha defendido que lo comunicado por Colau "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido",
y ha defendido que el consistorio barcelonés no incumplirá la legalidad
y hará caso el informe del secretario general del Ayuntamiento de
Barcelona.
Los alcaldes de la CUP ignorarán la citación de la Fiscalía
Frente a la orden de la Fiscalía de
citar en calidad de investigados a estos 712 alcaldes independentistas
que firmaron su compromiso con el referéndum ilegal del 1 de octubre,
bajo la amenaza de que los Mossos d'Esquadra actúen en el caso de que el
alcalde citado no comparezca, algunos ediles han respondido triturando
la orden. Los 30 alcaldes de la CUP en Cataluña se han declarado en
rebeldía, a diferencia de los de PdeCAT y Esquerra republicana, que sí
acudirán en sintonía con la postura de la presidenta de la Asociación de
Municipios Independentistas, que defiende que no tienen "nada que
esconder". Convocan, también, una protesta para este sábado en contra de
la forma de proceder de la Justicia. PDeCat, Esquerra, Unidos Podemos,
Compromís, PNV y Bildu han pedido ya la comparecencia en el Congreso de
José Manuel Maza para que explique la citación de los alcaldes.
-Redacción-
El independentismo desoye al Gobierno y pone en marcha la campaña por el 'sí'
Aún con los ecos de la Diada muy
presentes, el presidente de la Generalitat insistía anoche en una
entrevista concedida a TV3 en que "la campaña se va a abrir". Hoy
arranca la campaña por el 'sí', después del cierre por orden judicial
de la página web REFERENDUM.CAT que la Generalitat ha abierto casi al
instante. "La gente encuentra la manera de sortear los muros virtuales
que los gobiernos chapados a la antigua piensan que pueden imponer en un
mundo, como el de la comunicación electrónica, que no tiene fronteras",
argumenta el propio Puigdemont. El presidente catalán insiste: "el
referéndum se va a celebrar". Y se confiesa "muy tranquilo". A día de
hoy, incluso, se muestra dispuesto a hablar con el Gobierno de Rajoy
para que el referéndum "sea acordado", pero es tajante: "el día 1
votaremos". No da más detalles de cómo se va a hacer, tan solo anuncia
que en los próximos días explicará los aspectos técnicos del pretendido
referéndum en rueda de prensa.
-Redacción-
Referéndum 1-O: Puigdemont y Junqueras proclaman que ha llegado el momento del pueblo: "¡Claro que votaremos!"
Miles de personas abarrotan el Tarraco Arena de
Tarragona en la celebración del primer acto electoral en favor del
referéndum independentista del 1 de octubre. Junqueras recuerda que "es
importantísimo" movilizar a los votantes del 'no'
El
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante su
intervención en el Tarraco Arena donde se celebró un acto unitario del
independentismo en favor de la celebración de un referéndum el 1 de
octubre.| JAUME SELLART (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue el último orador en intervenir este jueves en el primer acto de la campaña electoral del referéndum del 1 de octubre que esta noche protagonizaron los partidos y las entidades soberanistas en un abarrotado Tarraco Arena de Tarragona.
Puigdemont enumeró todos los intentos del
Estado para frenar el referéndum sobre la independencia de Catalunya, y
proclamó que no serán suficientes para evitarlo: "¡Claro que
votaremos!", proclamó el presidente de la Generalitat de Catalunya.
Puigdemont denunció la "querellocracia" del Estado español
y reivindicó un Estado catalán en el cual "no se prohibirán actos, no
se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se
intimidarán medios que quieren informar: en Catalunya esto no lo
haremos".
El presidente catalán ironizó también sobre
el hecho de que el Gobierno central haya advertido de que este acto de
campaña es un delito: "Dijeron que este acto no lo haríamos y no solo lo
hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera lo podríamos hacer dos
veces. O tres, o las que hagan falta".
Junqueras: "Esto va de democracia"
Antes de Puigdemont tomó la palabra el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, quien centró su intervención en la movilización del votante del 'no': "Es importantísimo".
Junqueras explicó que tiene que trabajar
para convencer a los que rechazan la independencia de que el referéndum
del 1 de octubre también es para ellos, "porque esto va de democracia".
Argumentó Junqueras que votar es democracia
porque considera que el voto es la dignidad del pueblo, y ha llamado a
los asistentes a erigirse en "defensores del derecho a voto" de los
detractores de la independencia.
"¿Por quién se sentirán más respetados y más queridos? ¿Por aquellos que hacemos todo lo que podemos para que puedan votar y se escuche su voto, o por los que hacen lo imposible por no dejarles votar?", se preguntó.
El también líder de ERC aseguró que han
recorrido Catalunya comprometiéndose a construir una mayoría social, que
convertirían en mayoría en las instituciones.
Afirmó que ahora la calle, las instituciones, el Govern, los pueblos, las ciudades y los ayuntamientos están "todos puestos al servicio de este pueblo", lo que considera fundamental para tirar adelante el proyecto del Govern.
"Hemos aprendido a asumir los retos de
forma masiva y colectiva, llenando plazas, pueblos y ciudades, y también
urnas. Esta es vuestra fuerza", dijo Junqueras, y añadió que llegan a
este momento mucho más fuertes de lo que algunos pensaban, en referencia
al Gobierno del Estado.
Por eso, insistió en la importancia de la participación en el referéndum:
"Todo lo que queda por hacer depende de vosotros, de que salgáis a
votar masivamente el 1 de octubre. Está en vuestras manos", proclamó,
para conseguir ganar una república que vislumbra "libre, justa y digna".La Comuna y el derecho a decidir
Verdad Justicia Reparación
Recientemente afirmaba el diario “El País”, con la clara intención de engañar a sus inocentes lectores, que: “El Ayuntamiento de Madrid cedió un espacio municipal a un colectivo que apoya la independencia de Cataluña”. Quizás, que no lo sabemos a ciencia cierta, la intención de la afirmación panfletaria era la de referirse a la convocatoria de un acto en la sala Terneras del Matadero donde se iba a celebrar un acto en defensa del Derecho democrático a Decidir; es decir, un acto que reivindica el derecho de los pueblos a decidir y a hacerlo en las urnas. El colectivo convocante, concertado para la ocasión, es el de “Madrileños por el derecho a decidir”. Su breve manifiesto lleva por título: “Por qué apoyar en Madrid un referéndum de autodeterminación”.
Por supuesto en el tal referéndum se podrá votar Si o votar NO. Y dicen las encuestas que la mayoría votaría NO.
¿Dónde está, pues, el apoyo a la “independencia de Cataluña”?
El colectivo citado, como su propia denominación deja claro, no apoya, ni siquiera se pronuncia por el SÍ o por el NO a la independencia de Cataluña.
Eso lo sabe el ruinoso País y otros medios que han proporcionado diferentes noticias sesgadas y malintencionadas sobre el asunto, pero su interés antidemocrático es oponerse a un derecho (el de decidir) y por y para ello mienten.
También el mismo panfleto pretende poner en entredicho a la asociación en cuyo nombre se solicitó el uso del espacio público (es decir, de todos) para el acto que, finamente fue, en perfecta connivencia:
-primero, amenazado por La Falange, grupo que se reclama del fascismo español de los años 30 y de toda a Dictadura franquista;
-a continuación, denunciado por la banda corrupta PP, grupo heredero directo de los intereses de la misma Dictadura a la que sigue defendiendo y…
-finalmente prohibido por la sentencia del juez de lo contencioso administrativo José Yusty Bastarreche. Como diría Valle Inclán “vaya tres patas para un banco”.
La asociación solicitante del espacio a que nos referimos es la Asociación La Comuna de represaliados y represaliadas por el franquismo.
La Comuna y “Madrileños por…” convocaron el acto. Y si la segunda es un colectivo circunstancial, aunque cualificado, de ciudadanos, La Comuna lleva siete años trabajando para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo y por el enjuiciamiento de los criminales que todavía viven entre nosotros…
La Comuna no es un partido ni una organización política, de ahí que no se haya pronunciado ni debe hacerlo, por ejemplo, por una u otra opción política electoral, ni por la independencia o no de Cataluña, por poner dos ejemplos fácilmente comprensibles para los lectores habituales de El País.
La Comuna es, como hemos dicho, una asociación legal de una serie de personas que fueron represaliadas por la Dictadura debido a su lucha por la democracia, por la libertad de los pueblos y por una sociedad más justa. Una asociación que se ha querellado contra un buen número de asesinos y torturadores que sirvieron y se beneficiaron de la Dictadura.
En condiciones de clandestinidad y persecución sus miembros lucharon por la democracia y aunque hoy, como tal asociación, no se define por ninguna opción política. Sí seguimos siendo, individual y colectivamente, defensores y luchadores por la democracia y contra los intentos totalizantes de limitarla e incluso de liquidarla paso a paso como ocurre hoy en España.
Es en este sentido, que hemos dado nuestro apoyo a la convocatoria por el derecho a decidir, porque creemos que se trata de un derecho básico y fundamental de todas las personas y de todos los pueblos.
Estamos porque el pueblo catalán decida y porque lo haga libremente en las urnas: SÍ o NO a la unidad con España o a la república independiente.
No vamos a dictar a nadie el SÍ o el NO. Estamos por el ejercicio de ese derecho democrático, sin amenazas, sin invasión policial/militar y sin presiones como las que se están dando en Cataluña por parte de un gobierno que ha puesto el problema en manos de los tribunales, de la policía y de la guardia civil. Y las amenazas son reales y están ya en marcha:
- Amenazas de multas, procesamientos y prisión para los alcaldes que desobedezcan las consignas antidemocráticas de los tribunales nacional-españolistas
- Amenazas de multas y de procesamientos según grados para todos los funcionarios que colaboren en la preparación del referéndum.
- Amenazas de multas a los 40.000 voluntarios para el 1-O de treinta mil euros por cabeza.
- Amenazas, multas, procesamientos y eventual prisión para los diferentes representantes democráticamente elegidos que organicen el 1-O
- Además de registros, aperturas de diligencias, persecuciones varias, interrogatorios y un largo y vergonzoso etcétera que quiere convertir a Cataluña en el reinado del terror nacionalista español. Por todo ello, quienes luchamos contra la Dictadura hoy reincidimos y nos enfrentamos, desde nuestras diferentes historias personales y nuestro pluralismo político, a los sucesores directos y beneficiarios de aquella dictadura y a quienes se han puesto bajo su dictado, en lucha de nuevo por los derechos democráticos, por el derecho a decidir.
La revolución catalana
"Puedes encarcelar a un revolucionario, pero no puedes encarcelar la revolución"Huey Newton.
La senyera, vista a través de la reja de un escaparate de una tienda de Barcelona. REUTERS/Albert Gea
"Puedes encarcelar a un revolucionario, pero no puedes encarcelar la revolución"
Huey Newton.
Huey Newton.
Según las estadísticas de las investigadoras Maria Stephan y Erika Chenoweth, citadas por Jesús Castañar en Teoría e historia de la revolución noviolenta, durante el siglo 20, las revoluciones ídem han triunfado en un 60% mientras que las violentas lo han hecho sólo en un 30%.
En todas las revoluciones que en el mundo
han sido y son desde la calle, con éxito y sin él, hay un denominador
común que consiste en una reivindicación social a un sistema de leyes y
poderes que ya no responden ni -mucho menos- satisfacen a realidades
cambiantes y evolucionadas. De grandes revoluciones han salido grandes
leyes; recuérdense los precedentes del voto femenino interruptus del siglo pasado y el matrimonio homosexual de éste, a pesar del Partido Popular.
La revolución que respira del pueblo, de la
gente, se nutre de sus anhelos y necesidades, crece con ellos y se
manifiesta con una contundente llamada de atención a sistemas,
instituciones y poderes que ya no representan a esa sociedad. Piden al
sistema atención y ayuda, porque su nueva realidad necesita su
ordenamiento institucional correspondiente para que el cambio fluya por
cauces ordenados. Por eso, tribunales y fuerzas de seguridad del
sistema, del Estado, nunca estarán con las revoluciones y sus impulsores
y seguidores, sino con aquello -el sistema- de lo que forman parte. No
esperen, pues, los revolucionarios o defensores de democracias al
servicio de la gente apoyo de un sistema que trata de perpetuarse por
puro reflejo acomodaticio y, en el caso que nos ocupa, por interés
partidista y/o personal, enfrente del sentir legítimo de la revolución.
¿Son entonces más democráticos los sistemas
instaurados caducos o las revoluciones que los cuestionan amparadas en
una base social incuestionable en su magnitud? ¿Es más democrático votar
libremente el 1 de octubre en Catalunya o no hacerlo sin libertad
porque lo ordena -bajo amenaza- el sistema? La reivindicación de una
aplastante mayoría en Catalunya (80%) pidiendo ese voto, esas urnas, ha
adquirido ya el estatus de una de las grandes revoluciones del siglo 21
en España, muy similar a la inconclusa del 15-M. Sólo la ceguera,
cerrazón e ineptitud política de quienes nos gobiernan y de quienes
manejan los mismos intereses del ordeno y mando propios de un poder
fosilizado, tan alejados de la seducción, la empatía y la Política con
mayúsculas, niegan una realidad que por cambiante debería ser abordada
con la forma exquisita del que trata de entender y acaba entendiendo y/o
compartiendo porque pone todo de su parte; cuerpo y alma, noche y día,
que eso y no otra cosa es la vocación política, de servicio público. Y
del entendimiento a la solución, nunca definitiva, naturalmente, porque
las sociedades son cambiantes y hay que darles respuestas de continuo.
La única certeza que tenemos ahora no es que
Catalunya quiera ser independiente, sino que quiere votar y frente a
ese anhelo legítimo, el Estado capitaneado por Rajoy ha respondido a
parte de su pueblo con una guerra sucia (operación Cataluña) con el
dinero de todos, bloqueos, amenazas, denuncias, cárcel, boicots, multas,
veto de actos y la promesa de las Diez Plagas bíblicas sobre Catalunya,
generando, además, una gigantesca ola de simpatía del resto de España
hacia el pueblo catalán. No busquen, por cierto, la plasmación de esa
simpatía en los medios de comunicación deudores del Ibex que mueve los
hilos del Gobierno: búsquenla en la calle, en los bares, en las redes,
en los supermercados, en las puertas de las guarderías, en los
exteriores de los colegios, interior de universidades o en las plazas de
los pueblos.
Fue Pepe Bono quien en Castilla-La Mancha, cuando la presidía y colaboraba yo con él empotrada para
un libro de cara a sus siguientes elecciones, se plantó ante uno de sus
consejeros, que insistía en que no podía hacer algo que le había pedido
una asociación de vecinos porque "la ley [autonómica] lo impide", y le
espetó (como era aquel Pepe): "No me vengas con la ley, la ley... Las
leyes se cambian cuando se demuestra que no sirven a la gente; son para
resolver la vida de la gente, no la tuya". No sé que pensará Bono ahora,
es posible que dijera esto porque había una periodista delante y el
exministro no daba puntada sin hilo, pero es un hecho que aquel
presidente pasaba más tiempo en las calles de los pueblos que en un
coche oficial. Pongo este ejemplo, además, porque podría apelar a otro
previsible y más ajustado al tópico del político revolucionario, pero la
realidad es menos romántica que todo eso.
Un político (no una burda réplica con barba)
está para resolver problemas, no para crearlos; y en Catalunya, hay un
problema porque la ausencia intencionada de voluntad política, el
desprecio por la voluntad popular y sus representantes, el autoritarismo
de la derecha más rancia, los métodos delictivos y fascistas ejercidos
desde las cloacas de Interior y una propaganda excluyente del que piensa
distinto han creado el caldo de cultivo de una revolución no violenta
(salvo cuatro tarados/as, de momento) que ya no tiene marcha atrás. Y es
una revolución hermosa porque pide ejercer un derecho hermoso: votar.
Nada más y, sobre todo, nada menos.
Julio Anguita en estado puro, ofreciendo su impresión sobre el
soberanismo catalán. Las redes han recuperado en las últimas horas este
vídeo en el que el ex coordinador federal de Izquierda Unida expresa su
opinión sobre la situación catalana. Está grabado en noviembre de 2015,
durante la presentación de su libro 'Atraco a la memoria’, en el
momento en que aún no se había formado el nuevo Gobierno catalán
presidido por Puigdemont.
Ahora ha vuelto a ser colgado en Youtube y compartido en redes sociales como Facebook o Twitter, donde suma decenas de miles de visualizaciones en las últimas horas.
"Vamos a un choque de trenes conducidos por auténticos insensatos, mentecatos y corruptos” […] “Este choque se viene preparando porque nunca se ha querido abordar el problema de un estado plurinacional que es el español…”, decía entonces.
El veterano político expone en 10 minutos su visión histórica del asunto desde la transición, pasando por los continuos pactos de los gobiernos españoles con la derecha soberanista catalana y sus intereses comunes.
“Si hubiera habido un dirigente o un Gobierno español con inteligencia política y valor cívico se hubiese resuelto el problema. España tiene reconocido el derecho de autodeterminación firmado por el rey Juan Carlos en el BOE el 4 de abril de 1977” [...] "En aquella época, en la ‘década prodigiosa’, tanto en Catalunya como en Euskadi la gente no votaría independencia”, explica. Y añade: “Pero a la gente hay que preguntarle, porque si la gente optara por la independencia para mí eso es sagrado. Ahora bien, que después sepan a qué atenerse. Que sean consecuentes con lo que hay”.
Ahora ha vuelto a ser colgado en Youtube y compartido en redes sociales como Facebook o Twitter, donde suma decenas de miles de visualizaciones en las últimas horas.
"Vamos a un choque de trenes conducidos por auténticos insensatos, mentecatos y corruptos” […] “Este choque se viene preparando porque nunca se ha querido abordar el problema de un estado plurinacional que es el español…”, decía entonces.
El veterano político expone en 10 minutos su visión histórica del asunto desde la transición, pasando por los continuos pactos de los gobiernos españoles con la derecha soberanista catalana y sus intereses comunes.
“Si hubiera habido un dirigente o un Gobierno español con inteligencia política y valor cívico se hubiese resuelto el problema. España tiene reconocido el derecho de autodeterminación firmado por el rey Juan Carlos en el BOE el 4 de abril de 1977” [...] "En aquella época, en la ‘década prodigiosa’, tanto en Catalunya como en Euskadi la gente no votaría independencia”, explica. Y añade: “Pero a la gente hay que preguntarle, porque si la gente optara por la independencia para mí eso es sagrado. Ahora bien, que después sepan a qué atenerse. Que sean consecuentes con lo que hay”.
https://youtu.be/y8guF4lV5js
El Govern deja de enviar a Hacienda los informes semanales de gastos
El conseller de Economía y vicepresidente del Govern,
Oriol Junqueras, comunica por carra al ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, que ya no certificará por escrito el detalle de gastos
semanales por ser incompatible con la ley del referéndum aprobada la
semana pasada por el Parlament. El Gobierno anuncia un mayor control
sobre los gastos de la Generalitat.
El
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al
vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, durante el debate en el
Parlament. - EFE
El conseller de Economía y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha comunicado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat, según la carta enviada a la que ha tenido acceso Europa Press.
Junqueras avisa de que ya no certificará por escrito el detalle de gastos semanales —como
requirió el Gobierno para controlar que no se destinan partidas
presupuestarias al 1-O—, si bien la Generalitat mantiene su "compromiso con la estabilidad presupuestaria".
Argumenta Junqueras que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlament para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con
las medidas establecidas en el acuerdo de la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, por el cual se adoptaron
"medidas adicionales para garantizar en Catalunya la prestación de los
servicios públicos en defensa del interés general y en cumplimiento de
la Constitución y las leyes", que requería los informes semanales sobre
los gastos del Ejecutivo catalán.
Junqueras considera que las medidas establecidas en el acuerdo de CDGAE "suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".
Por esta razón, el Govern ha adoptado un
nuevo acuerdo mediante el cual "se exime y dispensa a los responsables
pertinentes la remisión de la información requerida" por el acuerdo de
CDGAE de 21 de julio.
Estabilidad presupuestaria
Junqueras ha subrayado que el compromiso de
la Generalitat con la estabilidad presupuestaria y la estabilidad
financiera "se mantiene inalterable, como se demuestra en la mejora de la situación económico financiera de
la Generalitat", y ha afirmado que continuará colaborando con el
Ministerio en los términos en que se ha venido desarrollando hasta el
momento.
Ha recordado que, regularmente, el Govern comunica al Ministerio el seguimiento mensual del Plan de Ajuste,
con la información necesaria para verificar el cumplimiento del
compromiso con los objetivos de déficit, deuda y gasto público.
"Pese al desacuerdo entre los dos gobiernos
sobre la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya
compartimos con el Ministerio que usted preside la necesidad de seguir
colaborando en todos los aspectos que hacen referencia a la estabilidad
presupuestaria y financiera de Catalunya y de España", manifiesta
Junqueras en la carta.
Voluntad de diálogo
El vicepresidente ha manifestado que la
voluntad del Govern es "seguir apostando por el diálogo y el ejercicio
de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones
políticas entre Catalunya y España".
Ha añadido que, hasta el momento, no ha sido posible llegar a un acuerdo con
el Gobierno central sobre la celebración de un referéndum, "pese a las
reiteradas propuestas y peticiones" formuladas por el Govern y el
Parlament, y ha asegurado que la propuesta sigue en pie.
Respuesta del Gobierno: más control sobre los gastos
El Gobierno presidido por Mariano Rajoy no
ha tardado en dar respuesta al anuncio de la Generalitat: ha anunciado
que mañana viernes, en el Consejo de Ministros, adoptará nuevas medidas
para garantizar que ni un solo euro de dinero público sea destinado a la
celebración del referéndum del 1-O.
En realidad, el pasado 21 de julio el Consejo de Ministros ya decidió aumentar el control sobre los gastos de la Generalitat,
exigiendo ese informe semanal de los mismos y advirtiendo de que, en
caso contrario, actuaría con las entregas del Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA).
La negativa de la Generalitat a dar
traslado del informe semanal ha sido objeto de análisis en la reunión
que ha mantenido este jueves en el Palacio de la Moncloa la Comisión
Delegada de Asuntos Económico, han informado a Efe fuentes del
Gobierno. Las medidas que se han estudiado serán aprobadas mañana
viernes por el Consejo de Ministros.
A la espera de que el Ejecutivo desvele el
detalle de esas decisiones, las fuentes citadas aseguran que no se
perjudicará a los proveedores de la Generalitat ni se verán afectados
los servicios públicos.
En ese sentido recuerdan que Montoro ya ha
garantizado que ninguna actuación que pudiera adoptar el Gobierno
afectaría negativamente a los proveedores.
Juristas ven "inconstitucional" impedir el acto por el derecho a decidir en Madrid
Expertas en Derecho Constitucional critican la
decisión del juez Yusti de no permitir su celebración en un espacio del
Ayuntamiento y denuncian una "utilización ideológica del derecho"
Un activista muestra el cartel del acto de 'Madrileños por el derecho a decidir', en una rueda de prensa este miércoles. EFE
La Constitución
española otorga la máxima protección a las libertades individuales, como
las de expresión y reunión, y solo una situación límite puede amparar
su suspensión. Un extremo que no se daba en el acto de Madrileños por el derecho a decidir que iba a desarrollarse en un espacio del Ayuntamiento de Madrid y que el juez José Yusty anuló, aceptando el recurso del PP.
Así opinan las expertas juristas consultadas
por este medio, que critican que el magistrado ha retorcido el derecho
para adaptarlo a su ideología política.
"Es un auto absolutamente fuera de lugar,
no respeta los derechos constitucionales de libertad de expresión y
reunión y los restringe con una medida cautelar, que en cuestiones sobre
derechos fundamentales se dan muy excepcionalmente", explica Argelia
Queralt, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de
Barcelona.
"No tienen nada que ver los actos preparatorios del referéndum con un acto en apoyo a la consulta", explican las profesoras
"Es
una decisión que está muy marcada por una visión ideológica del
derecho", continúa la jurista, y detalla que el juez Yusty cita
artículos de la Constitución sobre la integridad de España en su auto,
pero no menciona ni una sola vez las libertades de expresión y reunión,
ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos que llama a darles la máxima protección.
"Los jueces lo que tienen que hacer es dar la mayor efectividad a los derechos fundamentales, y solo restringirlos si no hay otra posibilidad, como cuando se contraponen intereses generales como la seguridad nacional", opina Queralt.
La asociación de Madrileños por el derecho ha decidir ha comunicado que trasladarán el acto a otro lugar,
pero las juristas no aceptan las tesis del juez, que considera que un
acto a favor de la autodeterminación no puede celebrarse en un espacio
público. Ana Varela, profesora de Derecho Constitucional en la
Universidad de Castilla-La Mancha, considera que el hecho de el
Constitucional haya suspendido la ley de referéndum catalana "es algo
totalmente secundario".
"Es como cuando se manifiestan los franquistas"
"Una cosa son los actos preparatorios del
referéndum y otra es un acto de libertad de expresión en apoyo a la
consulta. No tiene nada que ver. Lo único que se exige es respetar
los procedimientos previstos en la Constitución, no la adhesión a los
contenidos constitucionales. De hecho el texto permite su entera
reforma", expone Valero: "Es como cuando se manifiestan los franquistas
en el aniversario de la muerte de Franco".
"El Constitucional no ha suspendido
la libertad de expresión, bajo la que se puede debatir sobre las
propias resoluciones del Tribunal"
Coincide
en el posicionamiento de las profesoras Patricia Goicoechea, abogada de
Rights International Spain. "El Constitucional no ha suspendido la
libertad de expresión, bajo la que se puede debatir sobre las propias
resoluciones del Tribunal", recalca Goicoechea, que destaca que "la
resolución está poco argumentada", ya que el juez Yusty no da ningún
detalle sobre el contenido del acto que motive una suspensión de la
libertad de expresión, más allá de su título.
"Dice en el auto que el acto debe ser
suspendido por ser contrario a la Constitución. No, lo que es contrario a
la Constitución es su auto", concluye Ana Valero.
Referéndum 1-O: El veto a la libertad de expresión sobre Catalunya llega a Asturias
El Ayuntamiento de Gijón revoca la autorización
inicialmente concedida de cesión de un espacio municipal para la
celebración de la charla-coloquio titulada 'Cataluña, de la Transición
al referéndum'.
Cartel del acto suspendido en Gijón.
Primero fue Madrid y ahora Gijón. El Gobierno local de la ciudad asturiana ha prohibido la celebración de un debate en torno al proceso independentista catalán,
que iba a tener lugar este sábado en un centro municipal. El
Consistorio de Foro ha argumentado que el acto no se ajusta a los "fines
primordiales" del equipamiento público de acoger actividades sociales,
culturales, deportivas o de participación ciudadana. Lo cierto es que
dicha decisión llega después de que un juez suspendiera un acto en Madrid a favor del 'derecho a decidir'.
De esta manera, el Ayuntamiento de Gijón
revoca la autorización inicialmente concedida de cesión de un espacio
municipal en el Centro Municipal del Llano para la celebración de la
charla-coloquio titulada Cataluña, de la Transición al referéndum'.
En este acto estaba prevista la
participación, el próximo día 16, del diputado de ERC en el Congreso de
los Diputados Joan Tardá, así como Óscar Simón, del Consejo de Dirección
de la CUP; Quim Sopena, del Consejo de Dirección de Catalunya en Común;
y Martí Causa, miembro del Consejo de Dirección de la Revista Viento Sur.
Antes de la citada revocación, el
Ayuntamiento había solicitado a los organizadores, la Federación
Asturiana Memoria y República (Famyr), que determinara el contenido
concreto del acto "acreditando suficientemente la conformidad del mismo
con la providencia del Tribunal Constitucional (TC) de tal forma que se
justifique que el citado acto no pretenda en modo alguno vulnerar,
ignorar o eludir la suspensión acordada de la Ley catalana 19/2017 ni
implicar actuación alguna orientada a la preparación y/o la celebración
del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña".
En ese mismo escrito, advierten de que de ser así, se tendrá por desistida la petición de cesión del espacio en el centro municipal.
En respuesta a esta petición, los organizadores remitieron un documento
en el que defienden que "en forma alguna" el acto previsto vulnera la
providencia del Tribunal Constitucional sobre la suspensión del
Referéndum en Catalunya, ya que en Asturias no está convocado ni puede
entenderse como un acto de campaña del mismo.
No se vulnera lo dictado por el Constitucional
Es más, Famyr defiende que, visto los ponentes y las dispares posiciones políticas de estos, se trata de un debate y no un acto de apoyo al Referéndum en
sí "y mucho menos una opción de voto determinado". Y aunque sí
reconocen que es evidente que se hablará de este tema, como se hace
también en medios de comunicación, sedes parlamentarias y otros foros de
debate, han insistido en que no se vulnera lo dictado por el TC.
"Ello sería una interpretación extensiva de
dicha providencia, totalmente vetada por la Constitucional Española y
que vulneraría los derecho de libre reunión y de expresión, así como de
libertad ideológica", aclaran.
Para los organizadores, sería una interpretación "antidemocrática" que
impediría a los ciudadanos debatir de cualquier tema de actualidad.
Asimismo, han añadido que se 'veto' sería "tan absurdo" como impedir un
debate sobre eutanasia, el aborto o el homicidio, "porque en el mismo
alguien pudiera defender la comisión de dichos delitos, lo cual resulta
un absurdo lógico y jurídico", apuntan en el escrito de respuesta al
Ayuntamiento.
También recalcan en el mismo que la
suspensión de este acto les implicaría daños y perjuicios evidentes por
los gastos ya desembolsados a los ponentes, "lo cual entendemos no
debemos sufrir, pues nada ilegal estamos haciendo por debatir de temas de actualidad política", reivindican.
El PP se opone a una regulación europea contra la corrupción
El Parlamento Europeo vota hoy una resolución cuyo
objetivo es mejorar la transparencia, el control y la rendición de
cuentas en las actividades institucionales. Los populares han presentado
varias enmiendas relativas al desarrollo de unos estándares europeos
mínimos contra la corrupción y la protección de los informadores sobre
casos de corrupción.
El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. / EFE
La Eurocámara vota
hoy una resolución relativa a la transparencia, la responsabilidad y la
integridad en las instituciones de la Unión. El objetivo del texto es
promover una mejor regulación de la actividad institucional para luchar contra la opacidad, la corrupción y otras formas de actividades ilícitas,
así como asegurar la rendición de cuentas o el acceso de los ciudadanos
a la información. Los populares europeos han presentado varias
enmiendas a la propuesta que atañen la lucha contra la corrupción y la
protección de los informadores.
En concreto, la enmienda del Partido Popular
Europeo, que apoyan los eurodiputados populares españoles, hace
referencia al párrafo 39 de la resolución. Dicho párrafo establece que
“las personas condenadas con sentencia firme por corrupción en contra de
los intereses financieros de la Unión o de los Estados miembros han de
perder el derecho de presentarse como candidatas en unas elecciones
durante un periodo de tiempo proporcional a la gravedad del delito”.
El texto observa que esta regulación ya existe
en otros países y llama a Bruselas a poner en marcha una directiva que
establezca unos “estándares comunes mínimos” sobre la descalificación
por corrupción. Es precisamente este fragmento en referencia a la
pretensión del Parlamento Europeo de establecer unos criterios mínimos para la prevenir a los condenados por corrupción de presentarse a unas elecciones el que los populares proponen eliminar.
Los eurodiputados piden además que sea
suprimido el párrafo 59, que alude a una investigación del Defensor del
Pueblo Europeo según el cual “algunas instituciones de la Unión aún no
han aplicado correctamente las normas relativas a la protección de los denunciantes de irregularidades”.
Y pide además “que el Parlamento estudie un mecanismo para proteger a
los asistentes parlamentarios acreditados en caso de que denunciaran
irregularidades”.
Más transparencia sobre la actividad de los lobbies
El informe, cuyo ponente es el eurodiputado
alemán del Grupo de los Verdes Sven Giegold, introduce la posibilidad
de incluir en los textos legislativos referencias a los grupos de
interés consultados para su redacción, aunque voluntariamente; aumentar
la representatividad y asegurar la participación de expertos
independientes. También insta a la Comisión a hacer accesible al público
la información sobre estos encuentros y las declaraciones de intereses
del personal de la institución o incrementar la transparencia en las
negociaciones de acuerdos internacionales.
La Eurocámara pide además un acuerdo interinstitucional, Consejo incluido, para hacer obligatorio el Registro de Transparencia en el que, hasta ahora, los lobbies
se inscriben voluntariamente. Estas inscripciones, denuncia además
Transparencia Internacional, son hasta ahora en gran medida inexactas o
incompletas. En este sentido, la resolución pide además que se aumenten
los recursos a disposición de la Unidad de Transparencia del Parlamento
Europeo para poder controlar mejor los datos de los registros.
El texto solicita que las instituciones que no
cuenten con un código de conducta, particularmente al Consejo y al
Consejo Europeo, lo redacten lo antes posible. También incluye
referencias a la necesidad de combatir el fenómeno de las puertas giratorias
y propone ampliar el periodo de incompatibilidad para los comisarios
hasta tres años. Además, el texto cuenta con una petición para que la
Comisión incluya una cláusula en futuros actos legislativos para
empresas propiedad de altos cargos no puedan acceder a fondos europeos.
La votación llega apenas un día después de
que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se
comprometiera durante el debate sobre el Estado de la UE a mejorar el código de conducta
de sus comisarios y a aumentar la transparencia en la actividad de la
institución. La aportación del Parlamento Europeo con este texto puede
avivar el debate.
