Chile en regresión: más desiguales y pobres
Publicado el 20 Agosto 2017
Escrito por Paul Walder - EL CLARÌN DE CHILE
El malogrado ex presidente Ricardo Lagos hizo declaraciones que concitaron otra vez aplausos en el sector empresarial y financiero. En un seminario organizado por la administradora de inversiones Moneda Asset y ante una audiencia conformada por el pequeño pero poderoso mundillo de las finanzas y las basas locales del capital global, Lagos lanzó una frase para el bronce: “Desde el punto de vista económico, en el caso de Chile la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música”.
A
partir de esa declaración de principios, vino su propuesta, nada nueva
por cierto, de retomar las inversiones en infraestructuras. No públicas,
claro, sino vía concesiones.
Bastaron
éstas y algunas otras frases para que numerosos intérpretes y voceros
del núcleo duro del sector privado, como el rector de la Universidad
Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, brindaran elogios a las propuestas de
Lagos.
Lagos
llegó a la Presidencia de Chile junto con el inicio del siglo XXI. Lo
hizo bajo una premisa de campaña: impulsar el crecimiento con equidad.
Tras la década administrada por dos gobiernos democratacristianos que
privilegiaron el crecimiento y la inversión sin filtros, selección ni
discriminación, Lagos acuñaba aquel hábil eslogan: regresaba tras varias
décadas a La Moneda el primer presidente socialista después de Salvador
Allende.
Es
durante el gobierno de Lagos que el Banco Mundial mide y difunde las
primeras escandalosas cifras de la desigualdad en Chile, que colocan a
su sociedad como la más inequitativa de la región y una de las peores
del planeta. Es un registro alcanzado durante los tres primeros
gobiernos de la transición a la democracia, una marca que se ha
convertido en parte esencial de la institucionalidad, en un rasgo de la
identidad de Chile.
Hoy,
con 27 años de capitalismo a ultranza y unas instituciones lábiles
creadas a la medida de las grandes corporaciones, las cifras de la
distribución de la riqueza no sólo se han mantenido, sino que logran
nuevas marcas. Chile es el país de la OCDE con los peores niveles de
equidad, sólo superado por el estado fallido que es México tras décadas
de políticas neoliberales y corrupción desatada.
UN PIB ENGAÑOSO
Chile
ha logrado multiplicar su Producto Interno Bruto (PIB) desde 1990 a la
fecha. Si entonces su producto sumaba escasos 33 mil millones dólares
anuales, en 2013 marcó casi 280 mil millones. Un crecimiento acumulado
del 748 por ciento que puso a la economía chilena entre los más
atractivos indicadores para inversionistas durante varias décadas y
lanzó al estrellato regional a no pocos grupos económicos criollos.
En
los salones que frecuenta Lagos hablar de economía es hablar de
macroeconomía y de grandes consorcios. Los cerca de 280 mil millones de
dólares alcanzados por el PIB en 2013 equivalen a un producto per cápita
de más de 23 mil dólares anuales, según datos del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Un ingreso individual que significa teóricamente
que cada chileno o chilena debería recibir cada mes casi dos mil dólares
(o 1,2 millones de pesos). Este es el resultado del crecimiento
económico ininterrumpido durante varias décadas.
Pero
la torta, como sabemos, está repartida de otro modo. El último informe
de la OCDE sobre distribución del ingreso en los países miembros, ubica a
Chile en el peor lugar según el coeficiente Gini. Con 0,45 (uno es
inequidad total), Chile comparte el ominoso lugar con México. Se trata
de dos economías entregadas al libre albedrío de las grandes
corporaciones. Para comparar se puede citar a Alemania, con un índice
Gini de 0,28, Austria 0,27, Portugal 0,33, España 0,34, Francia 0,29.
Entre economías no europeas de la OCDE, Estados Unidos tiene un Gini de
0,39 y Japón 0,33, Israel 0,36 y Corea del Sur 0,30.
El
principal ingreso de los chilenos es fruto de la venta de su fuerza
laboral. Un estudio de la Fundación Sol concluye que en promedio, los
chilenos perciben 461.951 pesos líquidos al mes por concepto de ingresos
asociados a su ocupación principal. “Sin embargo -advierte el estudio-,
al inspeccionar la mediana, esto es, el umbral máximo alcanzado por la
mitad de los trabajadores, los datos de la Casen 2015 la ubican en sólo
300 mil pesos líquidos mensuales. Dicho de otro modo, la mitad de los
trabajadores percibe menos de 300 mil pesos líquidos”.
Una
diferencia abismal respecto a la engañosa cifra del PIB. Al segregar
estos datos, nos acercamos aún más a la realidad salarial: el 53,2 por
ciento de los trabajadores gana menos de 300 mil pesos; el 77,9 por
ciento menos de 500 mil y sólo el 13,6 por ciento obtiene más de 700 mil
pesos líquidos al mes.
DESIGUALDAD ESCABROSA
Las
cifras aportadas por la Fundación Sol reflejan el enorme grado de
desigualdad en los ingresos en nuestro país. Un fenómeno anormal e
impropio expresado en los estudios de la OCDE. Entre los trabajadores
asalariados del sector privado el 70 por ciento gana menos de 445 mil
pesos y en el mundo de las grandes empresas (aquellas que tienen 200 o
más trabajadores), sólo el 30 por ciento gana más de 556 mil. “Vale
decir, a pesar de las variaciones según categoría y tamaño de empresa,
el problema de los bajos salarios en Chile es una realidad transversal”,
señala la Fundación Sol.
Al
hablar de salarios relativamente mejores, sólo el 7% tiene ingresos
superiores a un millón de pesos (aproximadamente 1.500 dólares). Es en
este segmento en el que se vuelve a reproducir y amplificar la brutal
desigualdad. Sólo el uno por ciento de los trabajadores (gerentes,
directores de empresas, altos funcionarios públicos y empresarios) tiene
sueldos superiores a tres millones de pesos, que pueden alcanzar hasta
los 30 millones de pesos mensuales.
Otro
informe de este mismo centro de estudios publicado en julio pasado
derriba otro mito de las políticas neoliberales: la sostenida reducción
de la pobreza a partir de 1990 desde los primeros gobiernos de la
Concertación. La encuesta Casen de 2015 registró que sólo el 11,7 por
ciento de la población ( poco más de dos millones de personas) vive bajo
la línea de la pobreza, cifra que es la menor en Latinoamérica. Este
indicador se ha levantado como un talismán por los oficiantes del modelo
de libre mercado. No obstante, bajo una nueva metodología -cuya
complejidad excede los límites de esta crónica-, los estudiosos de la
Fundación Sol han llegan a la conclusión que la encuesta Casen tiene
ciertos sesgos que la distorsionan a favor de la institucionalidad
económica. Con la nueva medición se concluye que “la pobreza ascendería a
26,9 por ciento. Vale decir, si sólo se miden los resultados que
produce el mercado y el ingreso disponible que tienen las familias,
prácticamente tres de cada diez chilenos y chilenas no cuenta con los
ingresos autónomos para superar la línea de la pobreza respectiva”.
SIETE MILLONES DE POBRES
Según
el tipo de medición utilizado, las personas en situación de pobreza en
Chile pueden fluctuar entre algo más de dos millones, según la
estadística oficial, y 4,7 millones según la metodología de la Fundación
Sol, que agrega: “Ahora bien, si se trabaja con líneas de pobreza más
exigentes, las personas en situación de pobreza pueden fácilmente
superar los siete millones (esto es un 41,6 por ciento de pobreza)”. Si
se toman en cuenta los escuálidos salarios, es posible establecer una
relación directa entre ingresos y pobreza.
Sobre
esta realidad de precariedad, pobreza y desigualdad, opera otra: la
extrema concentración de la riqueza. Un proceso en marcha que no da
tregua. En coincidencia con las cifras antes anotadas sobre ingresos y
pobreza, las Isapres (seguros de salud privados) registraron ganancias
impúdicas para una economía aletargada y un creciente desempleo. En
junio estas corporaciones de capitales locales y globales amasaron
utilidades por más de 66 millones de dólares, con un alza del 101%
respecto al mismo mes del año pasado.
Algo
similar sucede en la banca. Al primer semestre del año, los bancos que
operan en el país aumentaron sus ganancias en 16% respecto al mismo
periodo del año pasado, acumulando un total de 1.870 millones de
dólares. Este escenario de inequidad y concentración extrema de la
riqueza ha pivotado un creciente malestar social con fuertes
implicaciones en la estabilidad política. Es un factor que destroza los
consensos de las elites en torno a la institucionalidad neoliberal y
desarma el acotado espacio de las grandes coaliciones políticas. Chile
se mueve ahora en la incertidumbre, fenómeno internalizado por
inversionistas, fondos y agencias evaluadoras de riesgos.
Esas
agencias internacionales vienen rebajando de forma sostenida las
categorías de riesgo soberano de la economía chilena. Tal como hiciera
hace unos meses S&P Global Ratings, ahora Fitch también rebajó el ratingde
Chile por “bajo crecimiento y mayor deuda”. Una argumentación que
tiene, por cierto, un trasfondo político. Esta y otras agencias se hacen
cargo para sus calificaciones del escenario sociopolítico. La
incertidumbre y las presiones sociales no están ausentes en sus
informes. Fitch apuntó que las tensiones en la coalición de gobierno
“podrían representar un escenario nuevo y potencialmente más desafiante
para la legislación”.
Lo
que tenemos, en síntesis, es un nuevo escenario: bajo crecimiento y
desempleo en alza, incertidumbre política y un movimiento social en
reestructuración y francamente indignado. Los datos salariales, de
inequidad y pobreza son el combustible de esta realidad. Estamos en
vísperas de la chispa que puede hacer arder la pradera.
PAUL WALDER
Publicado en“Punto Final”, edición Nº 882, 18 de agosto 2017.
Nieto de Allende: ¿Con qué moral se atreven a condenar un Proceso Constituyente en Venezuela?
Pablo Sepúlveda Allende | Jueves 24 de agosto 2017 15:17 hrs.
Caracas, 23 de agosto del 2017Vergonzosa es la declaración de Senado chileno donde condenan la supuesta ruptura del orden constitucional en Venezuela.Ese mismo Senado se erige sobre la antidemocrática e ilegítima Constitución chilena, la cual fue impuesta bajo el terrorismo de Estado de la dictadura pinochetista.¿Con que moral y ética se atreven a condenar un Proceso Constituyente cuya iniciativa y alcance de poderes está claramente previsto en la los Artículos: 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*?Cabe recordar que en la Carta Magna de la República de Chile no está prevista posibilidad alguna de convocar al Poder Constituyente para redactar una nueva Constitución, no está previsto el Poder Originario del Pueblo. Dicha Constitución está hecha perfectamente a la medida para proteger la gran propiedad privada de unos pocos. Los derechos sociales están pavorosamente desprotegidos y todos son mercantilizables. Los espacios de participación democrática son mínimos y meramente formales; entonces ¿con que autoridad moral llaman dictadura a Venezuela?Aquí, en los últimos 18 años han habido 21 elecciones, todas elecciones limpias en las cuales la oposición ha ganado importantes espacios. En esta última elección, la oposición no quiso participar pues tenían todo apostado a la agenda insurreccional y violenta de las guarimbas en su afán de derrocar al Gobierno. Aun así, en las elecciones del 30 de julio para elegir la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), participó el 42% del padrón electoral. Se alcanzaron más de 8 millones de votos lo cual otorga absoluta legitimidad a la ANC.Tanto ha sido el impacto positivo que a partir del día siguiente a la elección, como por arte de magia, se terminaron las violentas manifestaciones callejeras que llevaban más de 3 meses con más de 120 fallecidos. A los pocos días los partidos políticos opositores abandonan el llamado a la calle y comenzaron a inscribir sus candidaturas a las elecciones de Gobernadores.Por todo esto, desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y lo claramente previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es, ante todo, una insolencia y una injerencia, más cuando viene de quienes defienden y conviven con una Constitución profundamente antidemocrática, manchada en sangre y de origen claramente ilegitimo. Simplemente no tienen autoridad moral.¿Por qué esa obsesión por atacar a Venezuela? ¿Por qué no sacan comunicados alertando del peligro mundial que representa el psicópata de Donald Trump? ¿Por qué el silencio sobre las fosas comunes de Colombia y México? ¿Por qué no critican el asesinato sistemático de dirigentes sociales y de periodistas es esos países hermanos? ¿Por qué nunca criticaron al reconocido narcoparamilitar, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe? Demasiadas y contundentes son las pruebas que hay para acusarlo de narcotraficante y genocida. ¿Por qué nunca se pronunciaron?La lista sería demasiado larga al nombrar tantas otras situaciones mucho más extremas que la actual difícil situación económica y social que vive Venezuela; pero no, Venezuela es un ejemplo peligroso de democracia revolucionaria, ejemplo peligroso de lo que es el Poder Constituyente al cual temen todas las oligarquías y los políticos a quienes financian.¿Les suena SOQUIMICH, el Odebrecht chileno? Es la empresa pública enajenada por Pinochet que actualmente les financia sus partidos políticos y sus campañas. Creo que les resulta políticamente más rentable tapar toda esa mugre hablando de la crisis venezolana.Resulta altamente sospechoso y vergonzoso que entre las y los senadores firmantes del comunicado estén desde los sectores más reaccionarios y pinochetistas hasta la pseudo centro izquierda. No es de extrañar que la derecha lo haga, nunca han tenido moral ni principios a la hora de defender sus privilegios y los de sus pares en otras latitudes. Lo doloroso que es este tipo de declaraciones la suscriban sectores que dicen creer en el socialismo, pero que en la práctica política gustosamente han gobernado durante casi 30 años el País consolidando en los hechos el perverso e injusto modelo neoliberal heredado de Pinochet.Por último, hay que precisar cosas y despejar mentiras:● No existe una violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela; los casos puntuales en que hubo, durante el control y dispersión de manifestaciones altamente violentas, un uso excesivo de la fuerza y atropellos, están siendo investigados. Hay varios funcionarios policiales detenidos y los hechos siendo investigados. En cada caso de atropello ha habido una condena pública por parte de las autoridades nacionales.● La declaración del Senado habla de parar la persecución a miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente. Inmunidad no es lo mismo que impunidad. Varios diputados hicieron llamados públicos a la ingobernabilidad y la sedición contra un gobierno elegido democráticamente. Varios de esos diputados (están los videos) salían públicamente comandando y saludando a encapuchados que luego causaban innumerables destrozos en la vía pública, encapuchados altamente violentos que llegaron a quemar vivos a seres humanos. Varios diputados incitaron abiertamente al odio, llamaron y conspiraron para una sedición insurreccional, golpista y/o intervencionista. Esos hechos no deben quedar impunes, y los responsables políticos deben ser juzgados.
A modo de reflexión final:La experiencia del Gobierno Popular de Salvador Allende nos indica que si no actuamos con firmeza y determinación frente a la sedición y conspiración terminaran por derrocarnos y luego vendrá el terrorismo de Estado para someter al Pueblo y para descabezar su dirigencia política y social.
Dr. Pablo Sepúlveda Allende
* Notas:
Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Artículo 348.
La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de
Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos
terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo,
mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince
por ciento de los electores inscritos y electoras
inscritas en el registro civil y electoral.
Artículo 349.
El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva
Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir
las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.
En la fotografía: Pablo Sepúlveda Allende.
Red de Sitios de Memoria conmemorará Día Internacional del Detenido(a) Desaparecido(a) en Villa Grimaldi
Levantando la voz contra estos crímenes contra la humanidad, el próximo sábado 26 de agosto, la Red de Sitios de Memoria y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi conmemorarán el Día Internacional del Detenido(a) Desaparecido(a).
La
jornada será una nueva ocasión para expresar el ¿dónde están? que no se
ha dejado de repetir por nuestros ausentes de ayer y por los de hoy,
como Hugo Arispe, José Huenante, y José Vergara en Chile; por los 43
estudiantes de Ayotzinapa en México; y por el reciente caso de Santiago
Maldonado en la Patagonia argentina.
Todos
ellos, señalan los convocantes, “desaparecidos a manos de agentes del
Estado, son la prueba de una práctica terrorista que no deja de herir a
nuestro país y al continente”.
La
actividad, que se iniciará a las 15 horas, considera la Feria de
Derechos Humanos, donde participan los distintos sitios de memoria; y un
acto conmemorativo, que partirá a las 17 horas, y que tendrá exhibición
de
video, música, danza y culminará con una ofrenda floral en el Muro de los Nombres de Villa Grimaldi.
Radiografía de los principales conflictos socioambientales de Chile
Martín Espinoza |Sábado 26 de agosto 2017 10:34 hrs.
La
participación ciudadana, dificultada por las normativas vigentes, han
dado muestra de ser efectivas si son persistentes y organizadas. Al
mismo tiempo en el país se aprueban proyectos hidro eléctricos,
termoeléctricos, gasíferos, mineros y de otras áreas que afectan y dañan
sistemáticamente el medio ambiente. Acá el detalle de algunos de los
conflictos.
El
rechazo del comité de ministros al proyecto de hierro y cobre Dominga,
de la región de Coquimbo, por tres votos contra dos, sienta un nuevo
hito en torno a los conflictos socioambientales en Chile.
“Queremos
comunicar como Andes Iron frente a la resolución del Comité de
Ministros nuestra más profunda decepción a la institucionalidad”. Así
reaccionó Iván Garrido, presidente ejecutivo la empresa, al enterarse de
la votación de los ministros. El ejecutivo también señaló que la
decisión le “ha causado un daño a la democracia de nuestro país”.
Garrido
dio cuenta de las intenciones del proyecto de insistir en su
aprobación, por lo que señaló que concurrirán a tribunales ambientales
con el objetivo de “seguir defendiendo el Estado de Derecho y la
igualdad ante la ley”.
Según un
estudio elaborado por el Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la
República, los motivos de conflictos socioambientales que más se repiten
en todos los casos analizados son: el reclamo al derecho de la
participación ciudadana y consulta indígena, la solicitud de incorporar
el conocimiento de los habitantes del territorio, demanda por
ordenamiento territorial, y localización de proyectos en el borde
costero, entre otros.
Pero Dominga no
es el único proyecto que tiene a las comunidades atentas y movilizadas.
Acá una radiografía de los principales conflictos socioambientales que
se desarrollan en Chile.
Pascua Lama
El
polémico proyecto de extracción de oro, plata y cobre desde los
glaciares ubicados en la región de Atacama y en la provincia de San
Juan, en Argentina, hoy se encuentra detenido. La remoción de partes de
tres distintos glaciares, además de un método de extracción que
contemplaría el manejo de sustancias tóxicas y la supuesta contaminación
de las aguas de la cuenca del Huasco despertaron el malestar de las
comunidades diaguitas del sector.
La
minera Barrick Gold, la empresa canadiense a cargo de proyecto, ha
defendido su posición declarando que grandes sumas de dinero serán
invertidas en la misma región.
La
compañía norteamericana anunció en enero de este año la reactivación del
proyecto minero a través de avances en un nuevo estudio de impacto
ambiental. En junio de este año la Presidenta Bachelet generó
controversia al saberse su reunión con los directores y altos ejecutivos
de la transnacional durante su visita a Canadá.
La
reacción de la Asamblea por el agua del Guasco Alto, una de las
principales agrupaciones opositoras al proyecto, no se dejó esperar.
Declaró en su momento que “No puede ser que el Gobierno siga amparando y
celebrando la inversión de empresas cómo Barrick Gold en territorio
chileno, las que han violado reiteradamente las leyes medioambientales
de nuestro país y los derechos humanos e indígenas, destruido glaciares,
contaminado nuestros ríos con metales pesados incluso poniendo en
riesgo a la salud a la población, lo cual ha sido confirmado por los
propios entes del Estado”.
Punta Alcalde
Anunciado
como uno de los proyectos energéticos más grandes de Chile, la central
termoeléctrica Punta Alcalde, ubicada en la comuna de Huasco, recibió el
rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental en el año 2012. Las
emisiones de las chimeneas y el grado de contaminación de las aguas
utilizadas por la central para sus procesos internos –y que después se
devuelven al mar- habrían sido las dos grandes razones de la
desaprobación.
Las agrupaciones
organizadas en contra del proyecto han reclamado que la zona ya se
encuentra contaminada y lucharon fuertemente por lograr que fuera
declarada zona de latencia, es decir, un lugar donde la concentración de
contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúe entre el 80 y 100% de
la respectiva normativa ambiental.
A
principios de 2014 la Corte Suprema aprobó el funcionamiento de la
central. Esto, con la condición de que Endesa, empresa a cargo del
proyecto, mantenga un monitoreo sobre las aguas que devuelve al mar
después de ser utilizadas para el enfriamiento de sus chimeneas.
La conclusión alcanzada es que tales adaptaciones implicarían modificaciones mayores a la RCA aprobada de difícil tramitación”.
Alto Maipo
Alto Maipo es un proyecto hidroeléctrico que comprende la construcción de dos centrales en las alturas del río Maipo, en la comuna de San José de Maipo. El proyecto de la empresa AES Gener, ha levantado olas de manifestaciones opositoras en el sector.A fines de julio, la empresa AES Gener informó que el proyecto está pasando por un default técnico asociado a problemas económicos luego de que pusieran fin al contrato con el consorcio europeo Constructora Nuevo Maipo, a cargo de construir el túnel de 67 kilómetros que une ambas centrales. Los sobrecostos tendrían al proyecto colgando de un hilo, dado que la deuda financiera de Alto Maipo a la fecha ascendería a US$613 millones.
A principios de año, y previendo lo que se venía, el grupo Luksic, representado a través de Antofagasta Minerals, zanjó su salida del proyecto asumiendo pérdidas millonarias.
Respecto del default, la vocería de No a Alto Maipo, señaló a La Nación que la noticia los alegra pero no los invita a descansar: “sí nos pone contentos, al menos, que la empresa comience a transparentar este difícil escenario. Más que un default técnico, significa un defaultambiental, porque ellos tienen problemas gravísimos con el túnel que estarían construyendo en el Monumento Natural El Morado. Por lo tanto, en ese sentido es bueno que la empresa comience a compartir con el país cuál es la verdadera situación en el Maipo”. Al mismo tiempo señaló que la movilización no decaerá.
Til Til
Til
Til en sus tierras lo tiene todo. Plantas de tratamiento de aguas
servidas, desechos mineros, procesadoras de acero, cementeras y rellenos
sanitarios. Las protestas se reactivaron luego de la aprobación de un
centro para residuos industriales tóxicos en el sector.
El
proyecto CIGRI, de la empresa Ciclo S.A., fue aprobado por unanimidad
en el Comité de Ministros en julio pasado y pretende alojar los
productos tóxicos que provengan desde la región de Atacama hasta la de
Bío Bío.
El espaldarazo de las
autoridades a un proyecto que llevará los residuos de cerca de 60% del
país indignó a la comunidad de Til Til. El alcalde de se reveló contra
la medida y ordenó la clausura de otro vertedero de la comuna. Los
vecinos del sector, juntos con algunas autoridades, también anunciaron
la presentación de un recurso de protección ante los Tribunales
Ambientales para que reevalúen la medida.
Octopus (Bío Bío Genera)
La
iniciativa, emplazada en la región del Bío Bío, contempla una inversión
de US$ 150 millones y considera la construcción y operación de un
terminal marítimo de Gas Natural Licuado (GNL), para recibir, almacenar y
regasificar GNL, así como transportarlo a tierra mediante un gasoducto
submarino.
Los detractores del
proyecto han señalado que la iniciativa dañaría el ecosistema marino en
el borde costero y que Chile no cuenta actualmente con una legislación
que norme terminales de este tipo. Andrés Escalona, dirigente de la
agrupación de Protección al Medio Ambiente y la Cultura de
Penco-Lirquén, declaró en su momento que “existen normas internacionales
que señalan que bajo un efecto probable de accidente, como un choque
entre barcos, se podría ver afectado un radio de 2 mil metros. Esa
precaución no está considerada”.
El
proyecto recibió la aprobación de la Resolución de Calificación
Ambiental de la región a mediados del año pasado. La medida fue revocada
por la Corte Suprema, por la no realización de una consulta ciudadana
que debía ejecutarse antes de dicha aprobación. La Corte Suprema ordenó
que en mayo de 2017 se realizara dicha consulta.
Después
de realizada la instancia, la Comisión Evaluadora Regional aprobó la
concreción del proyecto gasífero. Las comunidades locales han
manifestado su voluntad de no descansar. Carolina Arriagada, la vocera
de una de las organizaciones opositoras al proyecto, declaró que
acudirán al Comité de Ministros: “hay permisos que faltan, hay cosas que
la empresa por obligación debía hacer y que el Servicio de Evaluación
Ambiental tampoco fiscalizó. Hay un permiso que se tiene que pedir, el
de compatibilidad territorial, que es un trámite que la empresa debió
haber hecho y que se lo tiene que pedir a la municipalidad. Nosotros
ahora estamos preparando la apelación al Comité de Ministros para llegar
a las últimas instancias que es el Tribunal Ambiental de Valdivia”,
sostuvo hace menos de un mes.
Central Hidroeléctrica Río Cuervo
Aprobado
en mayo de 2013 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de
Aysén y rechazado tres días después por la Corte Suprema ante la
carencia de estudios geológicos fundamentales, la Central Hidroeléctrica
Río Cuervo aspira a construir dos presas en el río Cuervo, en la
Patagonia chilena.
Una vez expuestos
los estudios, el Comité de ministros de Bachelet dio el visto bueno al
proyecto. Sin embargo, hace algunos días circuló en la prensa le hecho
de que las empresas controladoras del proyecto, Glencore y Origin,
habría desistido de concretar el proyecto porque “la línea de
transmisión submarina que se analizó no era viable, a lo cual se suma el
hecho que al no concretarse HidroAysén, tampoco existían los incentivos
para desarrollarla.
Hidroaysén
El
proyecto hidroeléctrico Hidroaysén debe ser una de las propuestas que
más descontento ha generado, no solo en las comunidades locales, sino
también a nivel nacional. La aprobación regional del proyecto en 2011
despertó manifestaciones en varias regiones del país. Hidroaysén recibió
la venia del Comité de Ministros de Sebastián Piñera, pero meses más
tarde la misma instancia, esta vez del gobierno de Bachelet, invalidó la
resolución y rechazó el estudio de impacto ambiental.
Ante
dicha respuesta, la empresa judicializó la causa en Tribunales
Ambientales de Valdivia y Santiago. La Corte Suprema dijo que ambas
causas se debían juntar. Los alegatos fueron hace dos años y el Tribunal
Ambiental debería fallar dentro de los próximos meses.
Pero
el proyecto tiene otra arista de conflicto. Endesa, una de las dos
firmas a cargo, ha evaluado regresar los derechos de agua de los ríos
Baker y Pascua al Estado. Ahí el problema lo tienen con Colbún, la otra
compañía responsable, que no quiere liberar esos derechos estos ríos
para poder represarlos.
Isla Riesco
El
proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicado en Isla
Riesco, en la región de Magallanes, también ha generado el rechazo de la
comunidad local. En más de la mitad de la superficie de Río Verde, la
comuna en la que se emplaza el proyecto, se encuentra la Reserva
Nacional Alacalufe, donde habitan cerca de 24 especies de mamíferos y
124 de aves.
Los opositores han
señalado que el proyecto, una termoeléctrica que opera con carbón,
arrasará con 1.500 hectáreas de bosques, humedales, praderas, valles y
lagunas. Además se harán excavaciones de 180 metros de profundidad.
En
marzo de este año, la Corte Suprema acogió el recurso de dos
organizaciones ambientalistas y ordenó la realización de una consulta
ciudadana sobre el proyecto, contradiciendo la resolución de la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas por considerarla arbitraria.
Las
tronaduras –uso de detonadores en explosivos- como método
complementario para extraer material estéril en las faenas constituyen
el eje central del conflicto. La vocera de Alerta Isla Riesco declaró,
después de conocerse el fallo de la Suprema, que como argumento apelarán
al “componente ambiental, el tema del ruido, la generación de
vibración, de movimiento y contaminación de las napas subterráneas, las
emisiones de polvillo y el impacto tanto en la flora como en la fauna
del entorno. Y a eso sumamos el componente social productivo, ya que
increíblemente ninguno de los servicios ni la misma empresa dicen, que
al lado del yacimiento se realiza ganadería de ovejas. Estas zonas son
sumamente delicadas en distintos momentos productivos en el año. Nadie
ha dimensionado que eso existe y por lo tanto, tampoco lo han evaluado.
En la práctica, eso significa que hay ciertos momentos del año en que la
empresa no debería utilizar el método de tronaduras”.
Desde la ANEF llamaron al Gobierno a cumplir con sus compromisos con los trabajadores del Estado
Alta adhesión a Paro Nacional de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero
Dirigentes nacionales y regionales de la ANEF solidarizaron, este jueves 24 de agosto, con el Paro Nacional de los funcionarios del Servicio Agrícola Ganaderos (SAG), agrupados en la AFSAG. En diferentes puntos el país la Agrupación respaldó las demandas de su asociación afiliada y con su paro, que tiene carácter de advertencia.
Según consigna el portal Sindical.cl, los principales motivos de esta jornada de protesta son el incumplimiento por parte del Gobierno a tres protocolos de acuerdo y el rechazo de la AFSAG al traspaso de personal a honorarios a contrata bajo la modalidad del Código del Trabajo, cuando la asociación pide que sea vía Estatuto Administrativo, respetando sueldos acordes a labor que realiza cada funcionario.
Desde la AFSAG señalan que solucionando la materia de los traspasos se podría dar inicio a la construcción de una Ley de Planta que modernice y fortalezca la misión y función fiscalizadora del SAG. El presidente de la AFSAG, Claudio Banda, manifestó que la reunión que se sostuvo con autoridades del Ejecutivo, con la presencia del presidente de la ANEF, Carlos Insunza, en la tarde de este miércoles 23 de agosto, no se dieron avances. Sin embargo, indicó que desde Hacienda se comprometieron a realizar una nueva propuesta.
Con respecto al Paro Nacional, el dirigente se mostró gratamente sorprendido por la contundente adhesión y la unidad demostrada durante esta movilización. Además, expresó que se detuvieron todas las cargas y se ralentizaron los controles fronterizos; asegurando que se procuró no afectar a la ciudadanía pero si al sector empresarial. En ese sentido, desde la ANEF reiteró su llamado al Gobierno a “cumplir con sus compromisos con los trabajadores del Estado”.
Publicado en Sindical.cl
Organizaciones ciudadanas realizaron exitosa primera Marcha “No Más Abuso Inmobiliario"
Publicado el 13 Agosto 2017
Escrito por Colaboradores - EL CLARÌN DE CHILE
El
sábado 12 de agosto de 2017 se realizó la Marcha No Más Abuso
Inmobiliario. La iniciativa se inició frente al Museo de Bellas Artes y
continuó por calles del centro de Santiago, para finalizar en Plaza de
Armas.
En
la actividad, diversas organizaciones ciudadanas que convocaron se
hicieron presentes con sus representantes. También participaron
concejales/as, diputados/as y candidatos de diversos distritos que
adhirieron a la convocatoria por el derecho a la ciudad, a la vivienda y
el patrimonio.
La
actividad nace luego del inserto aparecido en diversos medios de prensa
durante julio de 2017, en el que la Cámara Chilena de la Construcción
cuestionó las declaratorias patrimoniales de Villa San Luis y Casa
Italia y producto de las permanentes situaciones que afectan en todo
Chile a nuestras comunidades. Diversas organizaciones que luchan por el
derecho a la ciudad, a la vivienda y el patrimonio, decidieron coordinar
sus luchas, expresándose en una manifestación unitaria frente a los
abusos inmobiliarios.
Los
organizadores han coincidido en que la presión del mundo inmobiliario y
sus permanentes acciones de abuso que afectan a la ciudad, nuestros
lugares patrimoniales, la recuperación de áreas verdes y parques, así
como el derecho a la vivienda, que hoy se ve amenazada por una
institucionalidad que históricamente ha favorecido al gran capital
inmobiliario, por sobre la labor de nuestras comunidades. Estas
situaciones reflejan la lógica del lucro, la desigualdad y segregación
de nuestro país.
El
mercado inmobiliario y su destrucción de la ciudad la hemos sufrido en
las últimas décadas, a costa del buen vivir de nuestras comunidades. La
planificación urbana la controla el mercado inmobiliario. Son cientos
de casos que afectan nuestros territorios. Por nombrar sólo algunos
ejemplos: guetos verticales, falta de acceso al suelo y la vivienda,
demolición de Villa San Luis, Mall Plaza Puerto Barón, situación de
manejo de la basura en Til Til, Parque Las Moscas, Mall de Castro,
situación del transporte, de bordes costeros y puertos, etc.
Una
de las demandas principales de la movilización fue la exigencia de un
nuevo rol del Estado. Es por ello que los representantes de diversas
organizaciones se movilizaron para que los sueños de nuestras
comunidades se puedan cumplir en sus territorios, desde procesos
colectivos y en cogestión con la institucionalidad pública. Muy
importante ha sido que en las últimas semanas el Consejo de Monumentos
haya protegido lugares que han sido asediados por las inmobiliarias: Las
Canteras de Colina, Villa San Luis y Casa Italia. Igualmente el caso de
Fabrica Bellavista de Tomé a la que el Tribunal Constitucional ha dado
la razón para su protección a través de la Ley de Monumentos Nacionales.
Al
finalizar la marcha los organizadores realizaron una positiva
evaluación y se autoconvocaron para mantener un proceso de movilización
que permita avanzar en las diversas demandas que unieron al movimiento.
El zumbido de la histórica marcha de apicultores
Melisa
Pizarro es vocera de APIValpo, la organización que nuclea a los
apicultores de la región de Valparaíso. Ovacionada por centenares de
apicultores que marcharon desde la plaza Victoria hacia el Congreso,
ella entregó un claro mensaje el pasado 16 de agosto al cierre: “Año
tras año caen muertas las abejas. Chile es un basurero donde se vierte a
destajo lo que en otros países está prohibido. Es necesario prohibir
el uso de los agrotóxicos que matan las abejas. Que lo sepa Chile
entero, queremos una ley que nos haga tener apicultura sustentable,
para que podamos trabajar.”
Hace
poco, Melissa vivió en carne propia el desastre, en Petorca: una
fumigación aérea con plaguicidas dejó muertas de inmediato a 100 de sus
colmenas de abejas y dañó a otras 200. Ella y otras apicultoras de la
región, como María Inés Carvallo y Pía Castro, dijeron “basta” a la
falta de fiscalización y de regulación, y convocaron desde las bases a
la histórica manifestación, replicada en Temuco por ApiNovena. En la
apicultura, las mujeres son mayoría, y la organización de la marcha, la
primera de este tipo, reafirmó su liderazgo en medio de la crisis que
enfrenta el sector. El SAG ha negado persistentemente que en Chile sea
parte del síndrome global de desaparición de las colmenas.
Con
sus trajes blancos y sus ahumadores, las y los apicultores marcharon
por las calles de Valparaíso coreando consignas como “Por las abejas y
por la vida, No a los pesticidas” y pancartas alertando “En Chile matan
las abejas” y “Protejan el bosque nativo”. Llegaron desde Queilén,
Chiloé; de San Clemente (Maule), de Rancagua (O’Higgins); de Santa
Bárbara, Florida, y Lloicura (BioBio), de Melipilla y Paine
(Metropolitana). Los locales, venían de Limache, San Esteban, Petorca,
Cabildo, Cartagena, San Antonio y otras localidades, y saludaron también
las pancartas de la Red de Acción en Plaguicidas que exigían la
prohibición de los neonicotinoides de Bayer y el glifosato de Monsanto.
Tras
la marcha los dirigentes fueron recibidos por el presidente del Senado,
Andrés Zaldívar, quien junto a la Comisión de Agricultura de esa
cámara, se comprometió a organizar un encuentro formal con
representantes de los apicultores de las diferentes regiones para
conocer sus demandas.
Un objetivo común
Uno
de los dirigentes, Roberto Halim, expresó a esta periodista: “Nuestra
gran pelea es contra el uso de pesticidas que matan a las abejas. Lo
importante es que todos estamos aquí con ese objetivo en común”. Halim
es secretario de la Asociación de Apicultores de Casablanca que preside
Pía Castro. Su organización, junto a ApiValparaíso y la Asociación de
Apicultores de Petorca, puso en pie de batalla a una multitud de
apicultores.
Explica
Halim: “Con las indicaciones sustitutivas firmadas por el gobierno, la
ley que está en trámite no acoge lo fundamental, que es el fomento y la
protección de las abejas y los polinizadores. Porque no están los
artículos que prohibían los plaguicidas más peligrosos y no hay
sanciones ni normativa para los que nos están perjudicando. Esta
movilización surge por la reciente mortandad de abejas, pero también se
venía gestando porque algunos de nosotros hemos estado haciendo
seguimiento a los proyectos de ley por dos años y ahora sabemos lo mal
que se hacen las leyes. Presentamos una propuesta que no fue tomada en
cuenta; las leyes sobre nosotros las hacen sin consultarnos. Nos
invitaban a seminarios bien encima de las fechas, una vez fue dos días
antes, pero nuestras intervenciones y las de los científicos no
sirvieron de nada.”
Halim
hacía estas declaraciones mientras la masiva manifestación marchaba
hacia el Congreso donde varios senadores salieron del recinto para
mostrar su súbita preocupación por las demandas de los apicultores. Los
legisladores eran interrumpidas por apicultores que los interpelaban
gritando “No a las leyes entre cuatro paredes, agricultores al poder”, o
bien “Diga qué va a hacer en concreto” y “¿Por qué en Francia sí
prohíben y aquí no?”
Participación de regiones
Para
Roberto Halim una ley debería incluir los intereses de los diversos
tipos de apicultores, incluyendo a los pequeños y a los trashumantes.
Actualmente el gobierno sólo escucha a los grandes, los exportadores.
En la Comisión Nacional de Apicultura, al alero del Ministerio de
Agricultura, los empresarios de las semilleras y la agroindustria están
sobrerepresentados, mientras que por los apicultores sólo está la Red
Nacional Apícola. “Tiene que haber una participación de las diversas
regiones, porque los problemas son diferentes”, sostiene. Por ello
estima que debe haber una regulación interna para los distintos tipos de
apicultores, pero también y sobre todo, debe haber un ordenamiento del
uso del territorio nacional. En el tema del fomento, propone que se
incorpore la capacitación, la capacidad de respuesta en emergencias y
también “recursos para campaña de difusión como las que se han hecho
sobre la palta y el huevo, porque el consumo de miel de los chilenos y
chilenas es muy bajo”.
El bosque en riesgo
Los
apicultores tienen conciencia de la importancia del bosque nativo.
Algunos de los manifestantes representaron esa inquietud. Andrea
Figueroa, pequeña apicultora de Florida, usuaria de INDAP, se vio
obligada a convertirse en apicultora trashumante este año. “En mi
parcela yo tenía de todo para mis abejas, pero con el incendio se quemó
este verano el bosque de boldo, arrayán y mañío que tenía y ahora tengo
que trasladar mis abejas.”
Por
su parte, Cristina Miranda, apicultora de Queilén, y miembro de Chiloé
orgánico se mostró feliz de estar defendiendo las abejas que son su
sustento. “Mis abejas están en el campo hibernando, resistiendo la nieve
y también los plaguicidas porque nosotros no echamos plaguicidas a los
ajos chilotes, pero muchos sí lo hacen. Este invierno ha sido duro, hubo
dos nevazones, dicen los antiguos que hace 40 años era así... Nuestra
miel es de calidad porque tenemos bosque nativo, pero las forestales
siguen avanzando y poniendo en peligro nuestra actividad.”.
“Salvemos
las abejas de Chile”, el lema de la marcha, quedó zumbando en el aire
de un soleado agosto, cuando precisamente comienza la temporada en que
aumenta el uso de plaguicidas en frutales y hortalizas.
Funcionarios de empresas públicas de todo el país paran 24 horas el 7 de setiembre
La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) realizará un paro nacional de actividades de 24 horas el próximo jueves 7 de setiembre, con dos actos centrales en Montevideo y otro en Paysandú. La plataforma reivindicativa incluye: “La defensa de las empresas públicas, por mayor inversión pública e ingreso de personal y contra las privatizaciones, la esencialidad y tercerizaciones”.
En el marco de un conflicto con el gobierno, los sindicatos que integran la Mesa Sindical Coordinadora de Entes instalaron días pasados una carpa en la explanada de la Intendencia de Montevideo.
Luego de ello, la MSCE resolvió realizar un paro nacional de 24 horas el próximo 7 de setiembre.
La paralización de los trabajadores de las empresas públicas será en todo el país, de todos modos el paro en el interior será de 0 a 24 horas y en Montevideo de 10 de la mañana del día 7 hasta las 10 horas del jueves 8.
A ello se suman dos actos en la capital, uno frente al Ministerio de Trabajo en el cual se hará mención a la negociación colectiva, y otro frente a la Torre Ejecutiva en el que se abordará la defensa de las empresas públicas.
Asimismo, se realizará un acto en el departamento de Paysandú.
El paro nacional de 24 horas con movilización que desarrollará la MSCE, pondrá énfasis en: “La defensa de las empresas públicas, contra todo intento de privatización, por inversión pública, contra la esencialidad y las distintas formas de aplicación que ha implementado el Poder Ejecutivo, por ingreso de personal y contra las tercerizaciones”.
Privatizaciones encubiertas
El dirigente y delegado de Federación de Funcionarios de OSE (FOSSE) en el PIT-CNT, Ismael Cortazzo, dijo a LARED21 que rechazan las “privatizaciones encubiertas”, ya que por la vía de los instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “las empresas públicas no mantienen el ritmo de inversiones”.Otro de los ejemplos que manejó el dirigente sindical se refiere a la “precarización del trabajo, ya que no se pueden realizar contrataciones”, y la no reglamentación de la Ley Postal lo cual deriva en que el Correo tenga que competir con 90 prestadores privados”.
Cortazzo también dijo que existe una puja para que el Muelle C del puerto de Montevideo pase al “sector privado”, y mencionó el “desmantelamiento de AFE”.
Por su parte, el coordinador de la MSCE e integrante del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), Guillermo Reherman, manifestó al Portal del PIT-CNT su preocupación por la “baja calidad de la negociación colectiva”.
“No sostenemos que no exista, pero sí afirmamos que ha bajado mucho la calidad de la negociación colectiva”, sentenció el dirigente sindical.
“Estas reivindicaciones nos van a acompañar hasta el final de este gobierno, porque son temas que nos implican en función de nuestra condición de trabajadores”, dijo Reherman.
PIT-CNT califica despido de trabajadora de ALUR como “hecho aberrante”
El PIT-CNT rechazó el despido de una trabajadora de ALUR por considerar que “constituye un acto discriminatorio contra la trabajadora, ya que el mismo se realizó inmediatamente después a su reintegro por licencia maternal prevista en la regulación internacional y la normativa laboral de Uruguay”.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este miércoles 30 de agosto una declaración a través de la cual rechaza el despido de la trabajadora de ALUR, Luiggina D’Agosto, realizado en el período de amparo dispuesto por la normativa nacional e internacional.
La central sindical catalogó el despido como “un hecho aberrante” exigió la inmediata restitución de la trabajadora.
Declaración
A continuación el texto íntegro de la declaración:“Montevideo, martes 29 de agosto de 2017.
Ante el despido efectuado por parte de la empresa ALUR a la trabajadora Luiggina D’Agosto, realizado en el período de amparo dispuesto por la normativa nacional e internacional, previsto para proteger la estabilidad postparto de las trabajadoras, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, ante la falta de voluntad de negociación por parte de la empresa ALUR, declara:
1- Que echar a una trabajadora embarazada o en período de lactancia es un hecho aberrante desde el punto de vista humano. Que no toma en absoluto en cuenta las vulnerabilidades de una mujer en ese período, ni las consecuencias que sobre la madre y el niño puede tener.
2- No solamente implica la violación de las normas protectoras de la maternidad (Ley 11.577), respecto de la cual el movimiento sindical siempre ha defendido, sino que además vulnera el principio de igualdad de género, configurando una clara discriminación.
3- Su contundente rechazo ante dicho despido y la exigencia de una inmediata restitución, en tanto el despido constituye un acto discriminatorio contra la trabajadora, ya que el mismo se realiza inmediatamente después a su reintegro por la licencia maternal prevista en la regulación internacional y la normativa laboral de nuestro país.
4- Dicho acto debilita los mecanismos establecidos por el Estado destinados a proteger la maternidad, la paternidad, la lactancia y los cuidados, desde un enfoque de derechos.
5- Los mecanismos de reparación dispuestos por la empresa, asumiendo que el despido se realiza en un caso especialmente protegido por el derecho nacional e internacional, no hacen otra cosa que corroborar el carácter abusivo del mismo, siendo un acto inadmisible para una empresa directamente vinculada al Estado.
6- Que la práctica del despido abusivo se asemeja a las mismas que fueron utilizadas contra los dirigentes sindicales en la década del 90 para despedir a los dirigentes sindicales, bajo la primacía de un modelo de relaciones laborales desreguladas, en absoluta contradicción con el rumbo asumido por el Estado uruguayo en la última década.
7- Consideramos que el gobierno uruguayo debe tomar cartas en el asunto, que evite que un conjunto de políticas implementadas en materia de género y equidad, se vean desvirtuadas por decisiones de un directorio que no ha tomado en absoluto en cuenta lo que afecta a una mujer en periodo de lactancia, decisiones como las que tomo.
8- Aspiramos a que el directorio de ALUR revise esta decisión errática y contradictoria con las políticas de género y equidad impulsadas por el gobierno y el legislador, y evite que una injusticia de este tipo se concrete.
9- Nuestro compromiso de acompañar a la trabajadora hasta las últimas consecuencias y de seguir promoviendo las transformaciones legales y culturales, que impidan la proliferación de estas prácticas abusivas y discriminatorias en nuestro país.
Por Secretariado Ejecutivo: Fernando Pereira, presidente.
Nuevo aniversario del Día Internacional del Detenido Desaparecido
Desde la entrada a la Biblioteca Nacional, como una búsqueda
del tesoro, los carteles de “¿Dónde está Santiago Maldonado?” guiaban a
los asistentes escalera abajo, hacia la sala Carlos Vaz Ferreira, donde
se conmemoraría el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
La fecha comenzó con un espectáculo del grupo de danza La Forestal. Con las bocas tapadas, sus integrantes bailaron una versión musicalizada del poema “Desaparecidos”, de Mario Benedetti. Luego se presentó la mesa, que fue aplaudida desde antes de comenzar: Elena Zaffaroni por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto a Mariana Mota y Wilder Tayler, que hoy asumirán como autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Zaffaroni comenzó con una frase categórica: “Si están acá es porque la impunidad les duele. A cada uno de nosotros nos duele”, dijo. Su intervención estuvo cargada de una responsabilización pasada, presente y futura del Estado. En su opinión, la forma de combatir la impunidad “tiene que ver con una reformulación de los privilegios de las Fuerzas Armadas”. “Hoy el Estado destina millones a la construcción de un nuevo liceo militar en Tacuarembó. ¿Por qué, habiendo necesidad de tantos liceos?”, cuestionó. También resaltó que “la reforma de la Caja Militar parece que queda en la nada”, mientras hay ex militares “prófugos de la Justicia que siguen recibiendo su jubilación”.
También Mota hizo referencia a la Justicia. Dijo que “no son delitos del pasado, porque no tienen sanción y porque están desaparecidos en el presente”. “Si no se reconocen los crímenes que sucedieron en el pasado, no se puede asegurar que no vuelvan a cometerse en el presente”, aseguró.
Tyler, por su parte, recordó los avances internacionales en el reconocimiento de la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, pero lamentó que Uruguay haya ido “a contrapelo” de este progreso.
La fecha comenzó con un espectáculo del grupo de danza La Forestal. Con las bocas tapadas, sus integrantes bailaron una versión musicalizada del poema “Desaparecidos”, de Mario Benedetti. Luego se presentó la mesa, que fue aplaudida desde antes de comenzar: Elena Zaffaroni por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto a Mariana Mota y Wilder Tayler, que hoy asumirán como autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Zaffaroni comenzó con una frase categórica: “Si están acá es porque la impunidad les duele. A cada uno de nosotros nos duele”, dijo. Su intervención estuvo cargada de una responsabilización pasada, presente y futura del Estado. En su opinión, la forma de combatir la impunidad “tiene que ver con una reformulación de los privilegios de las Fuerzas Armadas”. “Hoy el Estado destina millones a la construcción de un nuevo liceo militar en Tacuarembó. ¿Por qué, habiendo necesidad de tantos liceos?”, cuestionó. También resaltó que “la reforma de la Caja Militar parece que queda en la nada”, mientras hay ex militares “prófugos de la Justicia que siguen recibiendo su jubilación”.
También Mota hizo referencia a la Justicia. Dijo que “no son delitos del pasado, porque no tienen sanción y porque están desaparecidos en el presente”. “Si no se reconocen los crímenes que sucedieron en el pasado, no se puede asegurar que no vuelvan a cometerse en el presente”, aseguró.
Tyler, por su parte, recordó los avances internacionales en el reconocimiento de la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, pero lamentó que Uruguay haya ido “a contrapelo” de este progreso.
RECUERDO DEL TERROR DE LA DICTADURA
Ayer se celebró el día Internacional del Detenido Desaparecido
El evento se desarrolló en la sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional y el análisis fue realizado por Mariana Motta y Wilder Tayler quienes son nuevos integrantes de la institución y reflexionaron sobre la desaparición forzada, la impunidad y el camino a seguir para hacer efectivo los reclamos.
Asimismo, Zaffaroni reflexionó sobre la importancia de este día: “Lamentablemente hay que tener en cuenta que es un tema del presente y no del pasado. En cierta forma ha quedado permanentemente planteado en nuestro país por la indiferencia. La desaparición forzada no ha tenido nuevas denuncias en democracia.
Sin embargo, en Argentina no ha sido así e incluso hay una campaña internacional por el caso de Santiago Maldonado. Este tema no ha quedado atrás, es un horror que sigue pasando permanentemente. De todos lados llegan informaciones de periodistas asesinados o desaparecidos. Uruguay tiene que tomar más prevenciones en este sentido porque la justicia es un pilar fundamental para combatir este flagelo de los delitos de Estado.
La desaparición forzada encierra todas las infracciones posibles porque el desaparecido fue secuestrado, torturado y asesinado. Por tanto, es visto como una amenaza latente.
Seguimos buscando a nuestros desaparecidos y solo hemos podido identificar en territorio uruguayo a 5 compañeros, mientras que en Argentina se han registrado 24 identidades más. Sin embargo, seguimos sin tener pistas porque no tenemos información aportada por las Fuerzas Armadas. En resumen, hay mucha investigación que falta por hacer”.
Recordar para no olvidar
Cabe mencionar que este día fue estipulado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos con el objetivo de establecer una fecha que recuerde a las víctimas de la dictadura.
La fecha clave fue en enero de 1981, en la cual algunas Madres y familiares de desaparecidos de América Latina se reunieron en San José de Costa Rica para encontrar a sus seres queridos y evitar otras detenciones.
Por último, en el evento también estuvo presente el historiador Gerardo Caetano, quien disertó sobre “El derecho de no ser desaparecido”.
Asimismo, la organización Madres y Familiares procedió a la lectura de una proclama y el evento se cerró con la proyección del documental: “Todos somos hijos”, dirigido por Esteban Barja y Carlos Conti.
Día del Detenido Desaparecido: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”
Este miércoles 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de Detenido Desaparecido. En Uruguay se realizó una charla bajo la consigna: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”.
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, iniciativa que pretende establecer “una fecha que recuerde a las víctimas que fueron detenidas en forma ilegal durante la dictadura”.
Tal declaración es un aporte a los esfuerzos para promover la “memoria colectiva” y efectivizar la “reparación integral de las víctimas y sus familiares”.
En Uruguay se conmemoró la fecha bajo la consigna: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”. En dicho marco, se realizó una charla en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, con la participación de los integrantes de la INDDHH Mariana Mota y Wilder Tayler, y representantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El evento contó con la convocatoria de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Coordinadora de Apoyo.
Mariana Mota manifestó que se trata de un día de reflexión sobre los hechos que ocurrieron en Uruguay y por los casos que todavía no se han resuelto.
“En tanto los restos no aparecen el delito se sigue cometiendo. Eso afecta a la sociedad, la credibilidad del Estado que debe cumplir con sus obligaciones y garantizar los derechos. Por lo tanto, es presente y también afecta la credibilidad cómo funciona el Estado en el día de hoy”, dijo a Montevideo Portal.
La desaparición forzada
La desaparición forzada se practicó como una estrategia para infundir el terror, afectando no sólo a la víctima directa y sus familiares, sino también a la comunidad y al conjunto de la sociedad.La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República ha asegurado que son 192 las personas detenidas desaparecidas en Uruguay, dentro del período comprendido entre los años 1968-1985.
En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fueron hallados en el Batallón de Infantería Nº13, los restos del escribano Fernando Miranda, quien había estado reportado en la lista de detenidos desaparecidos.
También en 2006, pero en una chacra de Pando, aparecieron los restos de Ubagesner Chávez Sosa.
Mientras que los restos del maestro Julio Castro y del comerciante Ricardo Blanco Valiente, fueron encontrados ambos en el Batallón 14, pero en los años 2011 y 2012 respectivamente, durante la administración de José Mujica.
BUSCAN TENER MAYOR PRESENCIA EN EL INTERIOR Y EN SITIOS DE ALTA VULNERABILIDAD
Hoy asume nueva dirección de la Institución de DD.HH.
Por: Marcelo Hernández
Las
nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo (Inddhh) asumirán hoy jueves 31 de agosto durante
un acto que se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del
Palacio Legislativo.Recordemos que la Inddhh es un órgano estatal autónomo independiente y separado del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, que fue creado a fines de 2008, y que tiene atribuciones y funciones adecuadas para la protección de los DD.HH. en toda su extensión, de alcance nacional, con funcionamiento permanente y sin limitaciones temáticas o sectoriales, dentro del marco constitucional.
En el acto de asunción de este Consejo Directivo, el cual estará en funciones hasta 2022, hablarán el presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic, y la presidenta de la Inddhh, Ariela Peralta.
Además, en ese contexto, se entregará un reconocimiento a los directores salientes del instituto: Ariela Peralta Distefano, Juan Alfonso Faroppa Fontana, Mirtha Alcira Guianze Rodríguez, Juan Raúl Ferreira Sienra y Mariana González Guyer.
También, y cumpliendo con el protocolo, se realizará la firma del acta de toma de posesión del cargo por cada uno de los cinco directores de la Inddhh: Mariana Blengio Valdés, Mariana Isabel Mota Cutinella, María Josefina Plá Regules, Juan Faroppa Fontana y Wilder Tayler Souto.
Esta ceremonia culminará con palabras de la presidenta del Consejo Directivo de la Inddhh, Mariana Mota, la que ocupará dicho cargo en el primer año del periodo, según acordaron las nuevas autoridades.
Los consejeros y sus respaldos
Los nuevos integrantes de la Inddhh, que fueron electos el pasado 1º de agosto por la Asamblea General del Poder Legislativo, podían ser propuestos por legisladores o por organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de Mariana Blengio, esta fue propuesta por los representantes nacionales Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez y Alejo Umpiérrez.
En tanto Juan Faroppa por Idas y Vueltas, Asociación de Familiares y Amigos de Migrantes y Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre.
Mariana Mota por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, Observatorio Luz Ibarburu, Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Soriano, Comisión pro DD.HH. de Fray Bentos, Grupo de Trabajo y Justicia de Bella Unión, Crisol, Memorias de la Costa, Mujer Ahora, Fundación Mario Benedetti y Cotidiano Mujer.
Josefina Plá por Gurises Unidos y el CLAEH.
Wilder Tayler por Ielsur, Serpaj, Cainfo y la Fundación Mario Benedetti.
Casi por unanimidad
Los cinco nuevos consejeros de la Institución fue electos el 1º de agosto de este año en la Asamblea General del Poder Legislativo y con la casi unanimidad de los 129 votos de senadores y diputados.
¿Quiénes son los integrantes del Consejo Directivo?
Juan Alfonso Faroppa Fontana nació en Montevideo en 1959. Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales graduado en la UdelaR.
Es Profesor Asistente de la Cátedra de DD.HH. de la Facultad de Derecho de la UdelaR y docente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Integró la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Fue subsecretario del Ministerio del Interior entre marzo de 2005 y marzo de 2007.
Ocupo varios cargos en diferentes organismos internacionales, como ser ONU, Unicef, PNUD, CIDH, OIM, Aecid, ASDI y BID.
Es autor de varias publicaciones sobre DD.HH. y sobre seguridad ciudadana.
Mariana Blengio Valdés es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Excoordinadora de la Cátedra Unesco de DD.HH. de la UdelaR. Obtuvo el título de Profesora Adscripta de DD.HH. de la Facultad de Derecho de la UdelaR.
Dicta clases de DD.HH. en la UdelaR, UDE y Escuela Nacional de Policía. Autora de numerosos aportes académicos en área de su especialidad. Es autor de varias publicaciones sobre DD.HH.
María Josefina Plá fue abogada de AEBU desde 1973 hasta su jubilación en 2003. Fundadora de Movide, asesora legal en la Obra del Padre Cacho. Activa militante y luchadora social en comunidades eclesiásticas.
Participó activamente en la promoción y defensa de los DD.HH., en la campaña por el NO en 1989, en la fundación del Serpaj junto al Padre Luis “Perico” Pérez Aguirre y su integración a la Comisión por el Voto en Blanco y la Comisión Pro Referéndum para la derogación de la Ley de Caducidad.
Mariana Mota nació en Colonia. Es abogada egresada de la UdelaR.
Se desempeñó como jueza en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal de 7º Turno de la ciudad de Montevideo, donde investigaba más de 50 denuncias por violaciones a los DD.HH. vinculadas a la última dictadura militar.
En 2010 condenó al ex presidente y dictador Juan María Bordaberry por delitos de atentado contra la Constitución, desaparición forzada de personas y homicidio político.
Sendic destacó labor de la Institución
El presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic se recibió en el Parlamento a los miembros de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) salientes y los que asumirán en esta jornada.
En la oportunidad, el vicepresidente de la República destacó “la enorme tarea cumplida por el directorio saliente, donde gracias a la tarea realizada se dimensionó la Inddhh, pero a su vez manifestó su preocupación en poblaciones vulnerables como lo son por ejemplo aquellas con patologías psiquiátricas, la infancia y la adolescencia”.
Las autoridades electas señalaron que continuarán con el compromiso ya establecido por el directorio saliente y adelantaron como iniciativas que trabajarán en difundir la presencia del Instituto en el interior a la vez que resaltaron la necesidad de estar más presentes en zonas de máxima vulnerabilidad y generar más cultura en DD.HH. sobre todo en la población más joven.
-Cambio de mando
La presidenta saliente, Ariela Peralta y quien asumirá su cargo hoy, Mariana Mota dijeron que “tuvieron una reunión muy linda con el Presidente del Senado para cerrar una etapa con los miembros del consejo directivo que están saliendo, reflexionaron sobre el balance y los desafíos que enfrenta la Institución, los logros conseguidos y se hizo una evaluación con los nuevos consejeros de los logros de la Institución en estos cinco años e hicieron una proyección de lo que se pretende seguir avanzando y lo que son los cometidos de la Institución hacia adelante, profundizar en algunas áreas y seguir en esta línea que ha sido muy buena, evaluada por los diferentes consejeros y por el propio Presidente de la Asamblea General”.
Fiscal pide procesamiento del militar retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de un militante de OPR33 en la dictadura
El portal Sudestada informó ayer que la fiscal Ana
María Tellechea pidió prisión para el militar Lawrie Rodríguez por el
asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación
Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33),
durante la dictadura. El militante vivía exiliado en Buenos Aires y fue
detenido luego de visitar a su compañera, en Malvín Norte, el 21 de
noviembre de 1974, por un operativo del Organismo Coordinador de
Operaciones Antisubversivas. Luego fue trasladado a la Dirección de
Inteligencia, que en aquella época funcionaba en la calle Maldonado, y
después al Regimiento de Caballería Nº 6, para ser interrogado. En ese
lugar falleció.
Al cuerpo de Generalli le hicieron una autopsia que constató diversas lesiones, pero el médico José Mautone indicó que la causa de muerte probable fue “un estado tóxico”. Sin embargo, el examen toxicológico dio resultado negativo “en todas las reacciones que se efectuaron para identificar a los tóxicos más comunes: cianuro, metales, alcaloides y barbitúricos”, señala un documento sobre Generalli de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
En 2016, la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República hizo un “estudio necrósico” para establecer la verdadera causa de la muerte. La conclusión del informe, que publicó Sudestada, dice: “En el caso en estudio existe una coincidencia absoluta entre los hallazgos externos, internos e histopatológicos, que demuestran que se trató de una muerte violenta y heteroinferida, cuya causa final fue la embolia grasa pulmonar, pero la causa básica fueron los traumatismos múltiples padecidos por Iván Morales Generalli en el contexto del interrogatorio a que fue sometido en la unidad militar el 21 de noviembre de 1974”.
En ese entonces, Rodríguez cumplía funciones de Inteligencia –con grado de capitán– en el Regimiento de Caballería Nº6. Por eso, según cita Sudestada, Tellechea entendió que de la investigación surgen “elementos de convicción suficientes para inferir que –entre otras personas– Lawrie Rodríguez Freire tuvo participación en la muerte” de Generalli. Así las cosas, la fiscal solicitó a la jueza Adriana de los Santos que procese con prisión a Rodríguez. la diaria contactó a Tellechea, quien dijo que no recuerda el caso de Generalli porque el pedido de procesamiento está “desde hace mucho”.
Al cuerpo de Generalli le hicieron una autopsia que constató diversas lesiones, pero el médico José Mautone indicó que la causa de muerte probable fue “un estado tóxico”. Sin embargo, el examen toxicológico dio resultado negativo “en todas las reacciones que se efectuaron para identificar a los tóxicos más comunes: cianuro, metales, alcaloides y barbitúricos”, señala un documento sobre Generalli de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
En 2016, la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República hizo un “estudio necrósico” para establecer la verdadera causa de la muerte. La conclusión del informe, que publicó Sudestada, dice: “En el caso en estudio existe una coincidencia absoluta entre los hallazgos externos, internos e histopatológicos, que demuestran que se trató de una muerte violenta y heteroinferida, cuya causa final fue la embolia grasa pulmonar, pero la causa básica fueron los traumatismos múltiples padecidos por Iván Morales Generalli en el contexto del interrogatorio a que fue sometido en la unidad militar el 21 de noviembre de 1974”.
En ese entonces, Rodríguez cumplía funciones de Inteligencia –con grado de capitán– en el Regimiento de Caballería Nº6. Por eso, según cita Sudestada, Tellechea entendió que de la investigación surgen “elementos de convicción suficientes para inferir que –entre otras personas– Lawrie Rodríguez Freire tuvo participación en la muerte” de Generalli. Así las cosas, la fiscal solicitó a la jueza Adriana de los Santos que procese con prisión a Rodríguez. la diaria contactó a Tellechea, quien dijo que no recuerda el caso de Generalli porque el pedido de procesamiento está “desde hace mucho”.
