El grupo
confederal ha obtenido permiso para utilizar un nuevo espacio, después
de que el PSOE de Aragón impidiese que desarrollaran su asamblea de
cargos electos en un local de la Diputación de Zaragoza.
La alcaldesa de Barcelona participará en el acto a
pesar de tener que acudir a otro evento horas después.
Unidos Podemos ya cuenta con un espacio para desarrollar su asamblea del domingo, después de que el PSOE de Aragón lograse impedir que pudieran realizarla en el lugar que escogieron originariamente. El escenario que acogerá la "Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades" será el Pabellón Siglo XXI, en Zaragoza.
Por otro lado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmado que asistirá a la asamblea extraordinaria de cargos públicos, parlamentarios y alcaldes que Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea ha convocado el domingo, pese a que ese día sea la festividad de la Mercè, patrona de la capital catalana.
Fuentes municipales han precisado que la alcaldesa estará en la asamblea "a primera hora" y llegará a Barcelona durante la misma mañana,
ya que su intención es encabezar el tradicional séquito municipal tras
la misa solemne en la basílica de la Mercè y presidir la jornada
castellera.
Colau ha anunciado su asistencia a la asamblea convocada para construir un frente común contra la "represión" del Gobierno en Catalunya y en favor de un referéndum pactado con un tuit en el que dice: "Ante una crisis política: diálogo, soluciones políticas y más democracia. Asistiré a la Asamblea de cargos electos en Zaragoza"
La alcaldesa edil barcelonesa se suma así a otros
regidores que ya han anunciado su presencia en esta asamblea, como los
de A Coruña (Xulio Ferreiro) o Santiago de Compostela (Martiño Noriega). La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no estará en el acto. Referéndum del 1-O: Compromís, que gobierna con el PSOE en Valencia, sí se suma a la asamblea de Unidos Podemos
Además de la formación valenciana, de momento han
confirmado su asistencia a la asamblea de cargos electos convocada por
Unidos Podemos PNV, ERC, PDeCAT, BNG y Mès. El PSOE no va a asistir a la
cita.
Compromís se suma a la asamblea de cargos electos convocada este domingo por Unidos Podemos. A falta de que el grupo confederal pueda aclarar en qué espacio de Zaragoza se celebrará el evento -el PSOE de Aragón no lo está poniendo fácil-, Compromís ha anunciado en una nota de prensa este miércoles que asistirá a la asamblea, a la que no acudirá su socio de gobierno en la Comunidad Valenciana, el PSOE.
Baldoví: “Rajoy es parte del problema y no de la solución, el proceso tiene que acabar sin Rajoy de presidente”
Su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví,
ha afirmado que la asamblea “es un espacio de diálogo” y que Compromís
estará en “todos los espacios que busquen una solución política”. Ya
han confirmado su asistencia todas las fuerzas que integran el grupo
Confederal Unidos Podemos -En Comú Podem- En Marea -también IU-, así
como PNV, ERC, PDeCAT, BNG y Mès.
En la misma línea, Compromís pide que todos los
grupos participen en la comisión de estudio sobre la reforma del modelo
territorial y el estado autonómico que abandera el PSOE en la Cámara
Baja.
“Si quieren que esta comisión valga para algo, hay que creérsela; y eso implica que todos los partidos del Estado participemos de la reforma territorial”.
“Hay un problema territorial que no se limita solo a Catalunya, es
muchísimo más amplio”, afirma Baldoví en el mismo comunicado. En
cualquier caso esta iniciativa echará a andar después del 1 de Octubre.
Así, el portavoz de Compromís en el Congreso también ha reclamado “una solución política para Catalunya y una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy”.
“Rajoy es parte del problema y no de la solución, el
proceso tiene que acabar sin Rajoy de presidente”, apunta el diputado de
la formación catalana, que fue en coalición con Podemos el 26-J, pero
que se encuadra en el Grupo Mixto de la Cámara Baja.
El PSOE trata de boicotear la mesa de diálogo de Unidos Podemos sobre Catalunya
"No voy a permitir que se celebre un acto que va en
contra de la Constitución", ha afirmado el presidente de la Diputación
de Zaragoza en las páginas de 'El Heraldo de Aragón'. La Diputación, que
controla el espacio, sostiene que no han pedido permiso
formalmente. Podemos afirma que el miércoles obtuvieron el visto bueno
para celebrar el acto.
El PSOE trata de
boicotear la mesa de diálogo de Unidos Podemos sobre Catalunya. Así lo
denuncia la formación morada y lo corrobora una declaración del propio
presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza(DPZ). "El PSOE trata
de frenar la asamblea", aseguran a Público fuentes de la dirección del partido morado.
El miércoles, después de estudiar otras opciones, Unidos Podemos anunció que la asamblea tendría lugar en la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli, en manos de la Diputación de Zaragoza.
Horas después, El Heraldo de Aragón
publicaba unas polémicas declaraciones del presidente de la Diputación,
el socialista José Antonio Sánchez Quero, a las su equipo se refiere
como "su opinión". "[El espacio] Está a disposición de toda la sociedad,
pero no voy a permitir que se celebre un acto que va en contra de la Constitución", dijo el miércoles por la noche el presidente de la Diputación.
Sánchez Quero: "No voy a permitir que se celebre un acto que va en contra de la Constitución"
También anunció que este jueves reuniría de urgencia al consejo de administración del centro, para que decida si autoriza definitivamente la celebración del acto. No obstante, desde la Diputación precisan a este diario que no se convocará a este consejo hasta que haya una petición formal para usar el espacio, que hoy afirman no haber recibido.
Un email de Zaragoza en Común
Y aquí hay un nuevo punto de fricción entre PSOE y Podemos. En un correo electrónico remitido por un asesor del grupo municipal de Zaragoza en Común
al que ha tenido acceso este medio, la formación que gobierna en
Zaragoza explica las características del acto de Unidos Podemos, algo
que contradice la versión del PSOE.
El alcalde de Zaragoza critica las
"malas palabras" del presidente de la Diputación. Le acusa de "ir contra
el pluralismo político y la libertad de opinión"
"Sirva
este correo para confirmar la reserva del Salón de Actos de la
"Residencia Escolar Ramón Pignatelli" para este domingo 24 de septiembre
de 08:30 a 16 horas a fin de desarrollar un encuentro de parlamentarios
nacionales y autonómicos de diferentes fuerzas políticas convocados por
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos", reza el correo
electrónico.
Fuentes del partido morado afirman que el email desmonta la versión de los socialistas
de que no conocían la naturaleza del acto -muy difundido en medios de
conunicación estos días-, e insisten en que "en los últimos días" han
mantenido varias conversaciones sobre el evento, sin que nadie planteara
problemas.
Tormenta política en Zaragoza
Esta negativa de los representantes del
PSOE en el consejo de la Ciudad Escolar Pignatelli de Zaragoza, apoyados
por los de PP y C's, a ceder el local para celebrar la asamblea de
parlamentarios y cargos electos del próximo domingo está provocando una
escalada de tensión en la política aragonesa, donde la izquierda
gobierna las principales instituciones en una compleja, y a menudo
tormentosa, combinación de equilibrios sin mayorías absolutas.
El consejo, según informó la Diputación
Provincial de Zaragoza, entidad propietaria del complejo, considera "que
una residencia estudiantil, como es este caso, no es un lugar adecuado
para la celebración de un acto de estas características", al que se
refieren como "una cumbre prorreferéndum".
Para el grupo En Común de la Diputación,
cuyo apoyo resultó clave para que el PSOE relevara al PP en la
presidencia de esa institución, la posición de los socialistas supone
“cargar contra uno de los principios básicos y derechos fundamentales de
cualquier democracia que se precie". Eso, añaden, "obliga
indudablemente" a que la formación confluyente "se replantee seriamente
el apoyo formulado al actual presidente", Sánchez Quero, el cual, en su
opinión, "se ha significado" mostrando "un rostro de autoritarismo
impropio de alguien que dice llamarse demócrata".
Para los comunes, la DPZ se suma con la
negativa ceder la sala "a una escalada represiva y de recorte de
libertades más que preocupante".
Carlos López, portavoz de Zaragoza en
Común, se pronunció en una línea similar al señalar que el "PSOE de
Aragón dirigido por Javier Lambán está maniobrando en la sombra para
impedir que el domingo se celebre en nuestra ciudad la asamblea". "Tiene
que decidir si está con los derechos democráticos o con el Partido
Popular”, añadió.
Este nuevo foco de tensión emponzoña las
relaciones entre la izquierda aragonesa en un momento clave tanto a
nivel institucional, por la proximidad de las negociaciones presupuestarias en la comunidad, el Ayuntamiento de la capital y las diputaciones, como orgánico, ya que PSOE y Podemos están desarrollando sendos procesos de elección de líderes.
Iglesias pide "sentido común" a PP y PSOE
A la espera de que se resuelva esta situación, el líder de Podemos, Pablo Iglesias,
se ha mostrado alarmado ante la posibilidad de que PP o PSOE intenten
impedir la celebración del acto. En los pasillos del Congreso de los
Diputados, Iglesias les ha reclamado "sentido común": "Les pido que
rectifiquen y entiendan que en democracia el derecho de reunión es
sagrado".
Iglesias: "Les pido que rectifiquen y entiendan que en democracia el derecho de reunión es sagrado"
Según el líder morado, lo "fundamental y más grave es que se esté deteniendo a cargos públicos por hacer política",
mientras el PP, un partido corrupto y "fundado por ministros de la
dictadura" sigue "destrozando la democracia" y "los derechos por los que
lucharon nuestros abuelos".
Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve,
ha acusado al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza de “ir
contra el pluralismo político y la libertad de opinión". En una nota de
prensa remitida este jueves, Santisteve afirma que sus declaraciones
“son una muestra más de la degradación del pluralismo político y la
libertad de opinión que estamos viviendo estos días en Catalunya y todo
el Estado".
Según el comunicado, el edil ha contactado con el presidente de la Diputación para pedirle una rectificación pública de “sus malas palabras”,
que “poco tienen que ver con la política y las relaciones
institucionales”, más en un momento en el que “Ayuntamiento y Diputación
pasan por un buen tiempo de colaboración”.
Por otra parte, desde el Consistorio recuerdan que Santisteve acudirá al evento como invitado, como tantos otros alcaldes. El edil zaragozano se ha ofrecido a alquilar otros locales del Ayuntamiento, pero Unidos Podemos finalmente ha escogido este centro por motivos de aforo.
En el grupo parlamentario confederal
aseguraban el miércoles a este diario que esperan una gran asistencia a
su asamblea. Están convencidos de que el Gobierno está centrado en el
corto plazo, y no contempla que, pasado el 1 de octubre, en Catalunya
seguirá existiendo un problema, y éste sólo encontrará solución en un
referéndum pactado.
A la asamblea están llamados a participar parlamentarios europeos, estatales y autonómicos, así como acaldes y concejales de todas las formaciones políticas, salvo PP y Ciudadanos, que no han sido invitados. Además de los integrantes del grupo confederal, de momento han confirmado su asistencia PNV, ERC, PDeCAT, Mès y Compromís.
Por su parte, el PSOE no estará presente, y
ha pedido que esta iniciativa se trate en el marco de su comisión de
estudio sobre el modelo territorial, que no empezará a funcionar antes
del 1 de Octubre.
ARGENTINA
Ocurrió en la comunidad Vuelta del Río, cercana al Pu Lof de Cushamen, quienes habían denunciado un violento allanamiento y pidieron la renuncia del juez Otranto.
Tras la ocupación pacífica del juzgado federal de Guido Otranto
en reclamo de su renuncia tras el violento allanamiento que sufrieron el
lunes, la comunidad mapuche de Vuelta al Río, cercana al Pu Lof de
Cushamen donde fue desaparecido Santiago Maldonado, fueron víctimas de
un nuevo ataque.
El miércoles por la noche, un grupo de personas armadas incendió al menos una de las casas de los miembros de la comunidad según alertó la dirigente mapuche Moira Millán y consideró que se trató de una represalia por la protesta pacífica que habían realizado esa misma mañana en el juzgado. Rogelio Fermín, miembro de la comunidad confirmó a radio Alas de El Bolsón que la casa de Marcelo Calfupan fue incendiada, y mientras avanzaba en la caravana de apoyo a la comunidad expresaba que "la comunidad de Vuelta del Río jamás ha tenido lo que el Estado argentino llama justicia". Al mismo tiempo contaba sobre "la sensación de bronca e impotencia de no saber si voy a encontra mi casa en pie". Mientras tanto, contra la evidencia, la policía de Chubut afirmó que se acercó a la comunidad pero que no encontró indicios del incendio. "Cuando no hay voluntad de encontrar nada, no se encuentra. Pero la realidad de la comunidad es esta. Por suerte, estamos recibiendo mucha solidaridad".
"En este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remoción del juez Otranto, para que renuncie a su cargo", dice Millán al inicio del audio difundido anoche.
La dirigente agregó que "están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales", y agregó: "ellos están llevando adelante estos crímenes".
En apoyo a esa comunidad mapuche, las regionales de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut y El Bolsón convocaron "a los vecinos a unirse hoy en caravana a las 10.30, en el cruce de Maitén rumbo a la comunidad Vuelta del Río".
Los integrantes de la comunidad Vuelta del Río denunciaron "malos tratos" sufridos durante el allanamiento del lunes pasado en esa comunidad y en la de Pu Lof Resistencia Cushamen. ”Los policías ingresaron armados rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos", señalaron.
"Les dimos corchazos para que tengan", confesó uno de los
gendarmes que participó del operativo que el 1 de agosto reprimió a la
comunidad Pu Lof de Cushamen al momento de la desaparición de Santiago
Maldonado.
Según publicó el diario La Nación, la frase se desprende de un audio enviado por uno de los gendarmes a un superior y que fue detectado durante el peritaje hecho sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los efectivos que participaron de la represión.
Si bien no se difundió el nombre del gendarme, sí se conoció que fue uno de que ingresó al territorio mapuche y persiguió a miembros de la comunidad hasta la vera del río Chubut. Allí fue visto por última vez Santiago Maldonado, donde fue golpeado y llevado en un camión Unimog de Gendarmería según los testimonios de integrantes del Pu Lof de Cushamen.
El miércoles por la noche, un grupo de personas armadas incendió al menos una de las casas de los miembros de la comunidad según alertó la dirigente mapuche Moira Millán y consideró que se trató de una represalia por la protesta pacífica que habían realizado esa misma mañana en el juzgado. Rogelio Fermín, miembro de la comunidad confirmó a radio Alas de El Bolsón que la casa de Marcelo Calfupan fue incendiada, y mientras avanzaba en la caravana de apoyo a la comunidad expresaba que "la comunidad de Vuelta del Río jamás ha tenido lo que el Estado argentino llama justicia". Al mismo tiempo contaba sobre "la sensación de bronca e impotencia de no saber si voy a encontra mi casa en pie". Mientras tanto, contra la evidencia, la policía de Chubut afirmó que se acercó a la comunidad pero que no encontró indicios del incendio. "Cuando no hay voluntad de encontrar nada, no se encuentra. Pero la realidad de la comunidad es esta. Por suerte, estamos recibiendo mucha solidaridad".
"En este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remoción del juez Otranto, para que renuncie a su cargo", dice Millán al inicio del audio difundido anoche.
La dirigente agregó que "están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales", y agregó: "ellos están llevando adelante estos crímenes".
En apoyo a esa comunidad mapuche, las regionales de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut y El Bolsón convocaron "a los vecinos a unirse hoy en caravana a las 10.30, en el cruce de Maitén rumbo a la comunidad Vuelta del Río".
Los integrantes de la comunidad Vuelta del Río denunciaron "malos tratos" sufridos durante el allanamiento del lunes pasado en esa comunidad y en la de Pu Lof Resistencia Cushamen. ”Los policías ingresaron armados rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos", señalaron.
Se desprende del peritaje del celular de los efectivos que participaron de la represión a la comunidad Pu Lof de Cushamen al momento de la desaparición de Santiago Maldonado.
Según publicó el diario La Nación, la frase se desprende de un audio enviado por uno de los gendarmes a un superior y que fue detectado durante el peritaje hecho sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los efectivos que participaron de la represión.
Si bien no se difundió el nombre del gendarme, sí se conoció que fue uno de que ingresó al territorio mapuche y persiguió a miembros de la comunidad hasta la vera del río Chubut. Allí fue visto por última vez Santiago Maldonado, donde fue golpeado y llevado en un camión Unimog de Gendarmería según los testimonios de integrantes del Pu Lof de Cushamen.
19 de septiembre de 2017
Con la memoria en López, con el presente por Maldonado: aparición con vida
En la tarde de ayer, miles de personas se movilizaron por las calles del centro de la capital neuquina, para reivindicar la lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López, a 11 años de su segunda desaparición forzada, y por la de Santiago Maldonado, al cumplirse 48 días sin saber nada de él. Por ANRed.
La primavera se adelantó en la capital neuquina, como en cada 18 de septiembre, y bajo un sol abrazador una multitud se movilizó para exigir una vez más la aparición con vida de Jorge Julio López, un testigo clave en el juicio por delitos de lesa humanidad, cuyo valioso testimonio sirvió para condenar a prisión perpetua al represor, líder de la bonaerense durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, Miguel Etchecolatz.
A once años de su segunda desaparición forzada, fueron miles los neuquinos y las neuquinas que se plegaron a la cita en el monumento al general San Martín, en el corazón de la ciudad norpatagónica, que desde las 18 horas se movilizaron por la avenida Argentina hasta el destacamento de gendarmería que se encuentra emplazado en la intersección con las calles Pinar y Ameguino.
Un vallado cubría la entrada del edificio de la fuerza nacional, pero las voces se hicieron oír, que organizadas en partidos políticos, movimientos sociales y territoriales, cooperativas, sindicatos combativos y antiburocráticos, organizaciones de derechos humanos y antirrepresivas, cantaron a viva voz por la aparición con vida de López y clamaron por el esclarecimiento en la desaparición de Santiago Maldonado, el joven artesano que luego de solidarizarse con la causa de la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut, lleva desaparecido 49 días (al cierre de esta edición) y con la gendarmería como principal apuntada en las responsabilidades del hecho.
Un acto a los pies del monumento a San Martín, frente al palacio municipal, cerró la actividad que contó con la participación en buen número de vecinos y vecinas que demostraron que Neuquén tampoco quiere naturalizar las desapariciones forzadas en democracia como método represivo.
Las oradoras, que leyeron un documento firmado por el conjunto de organizaciones que se sumaron a la actividad, cuestionaron el rol de los gobiernos kirchneristas y macristas, por la dilación en la búsqueda de certezas, por la construcción de falsas hipótesis de investigación y operaciones mediáticas que buscaron (y todavía pretenden), dilatar las luchas y dispersar los reclamos por la aparición con vida de Julio López –primero- y Santiago Maldonado –hoy día-.
Además, en el caso de la desaparición del joven artesano, responsabilizaron a la gendarmería nacional como autores materiales del hecho, y a las cabezas del ministerio de seguridad nacional, la ministra Patricia Bullrich y su secretario Pablo Noceti, como responsables intelectuales y políticos de las represiones al pu lof en resistencia en Cushamen y el secuestro de Maldonado.
19 de septiembre de 2017
La Plata gritó por Julio López, Santiago y Johana
A 11 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López y a 49 días de la de Santiago Maldonado, en la ciudad de La Plata organizaciones de derechos humanos, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), HIJOS La Plata, trabajadores/as y estudiantes marcharon exigiendo la aparición con vida. Por ANRed
Más de 10 mil personas se congregaron este lunes en plaza Moreno para manifestar la responsabilidad del Estado en las desapariciones no solo de Jorge Julio López sino la de todos/as los/as desaparecidos/as en democracia. En La Plata desde fines de julio no se sabe nada de la joven Johana Ramallo, y la última vez que se la vio fue en la zona de avenida 1 y calle 63. El acto de cierre que se desarrolló en plaza San Martín frente a casa de Gobierno, y fue abierto por la madre de Johana, exigiendo la aparición con vida de su hija.
El acto continuó con las palabras de Nilda Eloy: “Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su segunda desaparición. Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral que condenó al genocida Miguel Etchecolazt, director de la policía bonaerense durante la dictadura, desde entonces la lucha y la movilización ha sido incesante”.
“Con el secuestro de López el 18 de septiembre de 2006, los genocidas intentaron caer los alegatos e impedir la condena de un fallo histórico. Intentaron reinstalar el miedo para que los juicios no continuaran y no pudieron. Asesinaron a Silvia Supo y amenazaron a sobrevivientes, jueces, miembros de organizaciones sociales y políticas, ninguno de estos hechos fue esclarecido. Sin embargo ninguna amenaza suficiente para frenar el reclamo en los tribunales y en las calles exigiendo justicia”, afirmó la referente de la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada.
Por su parte, la militante de HIJOS La Plata remarcó, “este año nos encontró enfrentando la provocación del gobierno macrista, de darle la libertad al genocida Miguel Etchecolazt, la inmediata denuncia y la masiva respuesta popular pusieron al desnudo la maniobra y se frenó el otorgamiento de semejante beneficio”. “Cárcel, común, perpetua y efectiva ni un solo genocida por las calles de Argentina” fueron los cantitos de los/as presentes.
"Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Fuera Patricia Bullrich", planteaba el documento que aglutinaba el acto. “Hace 49 días que fue detenido y desaparecido por el Estado, luego de la brutal represión de gendarmería al interior de Pu Lof de resistencia de Cuyamen, Chubut. El presidente Macri, la ministra Burllich y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, el abogado de genocidas, Pablo Lozzeti son los responsables directo de su desaparición forzada”, dijo el militante de AEDD.
Nilda Eloy mencionó además que la continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas ha sido moneda corriente de todos los gobiernos tras 34 años de democracia. Andrés Núñez, Miguel Bru, Daniel Solano en Río Negro, Luciano Arruga en la Matanza, Kiki Lezcano, Marita Verón en Tucumán. “En el caso de Santiago Maldonado la responsabilidad estatal es evidente ya que fue detenido y desaparecido por una fuerza nacional en el marco de una represión abierta” cerró Nilda Eloy.
Organizaciones presentes: Frente de Izquierda por el Socialismo, Frente Social y Político La Brecha, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Libres del Sur, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, La Poderosa, Corriente de Izquierda Poder Popular, Juventud Guevarista, Surcos, Izquierda Latinoamericana. Centros de estudiantes, agrupaciones sindicales, movimientos culturales, agrupaciones anti patriarcales.
21 de septiembre de 2017
Una acta sin acuerdo, continúa la protesta de estudiantes
Por primera vez se encontraron la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y representantes de los colegios secundarios tomados, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. No hubo acuerdo ni siquiera sobre los resultados de la cumbre. Los estudiantes continuarán con las protestas que rechazan la reforma. Hoy habrá conferencia de prensa. Por Leo Rodríguez
En el marco de una lucha estudiantil que más que desgastarse empieza a ampliarse más allá del estudiantado secundario, se reunieron por primera vez las autoridades del ministerio de educación con estudiantes y también docentes, directivos y familiares. En sí mismo el encuentro simboliza todo un cambio en la actitud del gobierno, que hasta el momento combinaba intimidaciones con ninguneo.
El resultado es un "Acta acuerdo" en la que el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, refleja lo expresado por ambas partes en una reunión que fue presentada como de formato "asambleario".
De parte de la comunidad educativa sólo pudieron expresarse estudiantes, quienes plantearon sus reivindicaciones: antes que nada rechazo de la reforma inconsulta, luego retorno de la ESI (educación sexual infantil), taler de protocolo ante la violencia de género, obras atrasadas. Mientras, reclaman que el gobierno presente por escrito y con claridad, para un debate genuino y amplio, qué reformas quiere hacer, por ejemplo en qué consistirían las pasantías.
La ministra fue ambigua, expresando que el diálogo es fundamental, dejando por escrito que acuerda con que vuelvan a haber jornadas de ESI, un protocolo sobre violencia de género y jornadas para debatir la Secundaria del Futuro. Al mismo tiempo, pocos minutos después en conferencia de prensa aclaró que los debates no pueden demorar la aplicación inmediata de la reforma tal como está planteada.
Los y las estudiantes se mostraron disconformes con la ministra, percibiendo a su presencia en la reunión como algo sólo formal, sin intenciones de abrir un debate genuino, percepción reforzada por la conferencia posterior al encuentro. Anunciaron que este jueves comunicarán en una conferencia de prensa en el Colegio Avellaneda los próximos pasos, si bien ya adelantaron que redoblarán la apuesta hacia la marcha del viernes 22 junto a cada vez más sectores sociales que están tomando la lucha de los secundarios como una lucha por la educación para el conjunto del pueblo.
Las tomas por su parte siguen teniendo algunos colegios que se bajan para descansar, mientras varios más se suman a las mismas, superando ya la treintena. También comienzan a tomar posición instituciones terciarias y universitarias, sindicales y sociales de diverso tipo.
Los y las estudiantes secundarios de CABA reclamamos:
Aplicación de la ESI y protocolo ante casos de violencia de género
Fuera la policía de los colegios
NO a la “Secundaria del Futuro”
Reformas edilicias, viandas y comedores para todos los colegios
Aparición con vida de Santiago Maldonado
Hoy, miércoles 20 de septiembre, nos reunimos una vez más con el Ministerio de Educación de CABA, en una mediación con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el diálogo no está abierto. Soledad Acuña, ministra de Educación, no está abierta al diálogo: nos cita a numerosas reuniones en las cuales no responde nuestras preguntas y los avances son mínimos, además de que estas reuniones no son resolutivas, al igual que las jornadas de debate que se darían próximamente en las escuelas.
Las comunidades educativas nos encontramos en lucha en defensa de la educación pública. Exigimos un debate público y una reunión resolutiva con la ministra. Mañana, jueves 21 de septiembre, a las 16hs en el Colegio Nicolás Avellaneda los y las estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires daremos una conferencia de prensa para que todos los medios de comunicación sigan difundiendo nuestra lucha.
Llegaron al Congreso marchando desde la 9 de Julio, apoyados por diversas corrientes sindicales y políticas para presentar un proyecto para que los legisladores les permitan convertirse en cooperativa.
El 21 de junio la sede de la empresa Pepsico de Florida, partido
de Vicente López, donde trabajaban unos 500 empleados, cerró sus
persianas. La multinacional decidió concentrar su producción en su
planta de Mar del Plata y, sobre todo, importar sus productos desde
Chile para abaratar costos. Esto a pesar de que durante 2016, facturaron
4800 millones de pesos, que implica un incremento del 26% respecto de
2015.
Varios trabajadores tomaron la planta como medida de protesta en defensa de sus puestos de trabajo, hasta que el 13 de julio uniformados de la Policía bonaerense los reprimieron violentamente y desalojaron. Desde entonces tienen una carpa en la plaza de Congreso, como recordatorio de sus derechos como trabajadores y reclamo por que estos se cumplan.
Alrededor de las 11 de la mañana del miércoles, llegaron al Congreso marchando desde la 9 de Julio, apoyados por diversas corrientes sindicales y políticas para presentar un proyecto para que los legisladores les permitan convertirse en cooperativa. En un comunicado, dicen: “Nuestro pedido es que esta (por la planta) sea entregada a los trabajadores como una de las posibles vías de solución del conflicto”.
Una notable presencia policial cercaba a los trabajadores que pacíficamente esperaban en la puerta de Diputados, sobre avenida Rivadavia, el resultado de las gestiones. De los 500 despedidos, 150 continúan la pelea por los puestos y son quienes presentan el proyecto de expropiación para que sea tratado en una sesión extraordinaria.
Camilo Mones, uno de los delegados, explicó a una emisora su iniciativa: “Se expropiarían los bienes y el inmueble de la planta, nos darían en forma de cooperativa, podríamos trabajar con la maquinaria y logística para hacer una autogestión de la fábrica".
Desde que el cierre de la planta, los trabajadores realizaron varias medidas de protesta para difundir y visibilizar su reclamo. El último tiempo se reunieron con distintos bloques y elaboraron un anteproyecto de ley para la expropiación de la planta de Florida, para el que contaron con la asistencia de la diputada Nathalia González Seligra (FIT). Este anteproyecto tendría el visto bueno de varios diputados de bloques opositores.
El día de ayer tuvo ingreso “sobre tablas” el proyecto de ley para la expropiación de la Planta envasadora de Bebidas Pepsi de Trelew, perteneciente a la multinacional AB InBev (Cerveceria y Malteria Quilmes). Sus ex trabajadores, constituidos en cooperativa, buscan retomar la producción y recuperar sus fuentes laborales, luego de más de 100 días de acampe en los portones del establecimiento. Por Santiago O´Higgins para ANRed.
En la sesión ordinaria que se llevó a cabo, en la legislatura de la provincia de Chubut, en Rawson, se presentó “sobre tablas” el proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la planta envasadora de bebidas de la línea Pepsi de Trelew, perteneciente a la firma Cervecería y Maltería Quilmes. El proyecto de ley fue anunciado el día sábado, en el marco de un festival que se realizó en los portones de la empresa, con la presencia de varios artistas y de más de 400 personas.
Fue la diputada Gabriela Dofour quien tomó la palabra para presentar el proyecto, ante el resto de la cámara legislativa y los trabajadores de la Pepsi, que observaron la sesión desde los palcos. El proyecto de ley incluye la perspectiva de expropiar la planta, cederla a la Cooperativa de Trabajo Reko Patagonia, que conformaron los trabajadores que fueron despojados de sus fuentes laborales, luego de que el 29 de mayo, los empresarios les anoticiaron de su voluntad de cerrar la planta.
De sancionarse la presente ley, la planta quedaría bajo gestión obrera.
La expropiación de la planta comprendería no solo el inmueble, sino toda la maquinaria y mobiliario que se encuentra allí dentro. En resguardo de aquellas herramientas de trabajo, es que los trabajadores bloquean el ingreso del establecimiento, para que no pueda ser vaciado por la firma.
El proyecto de ley pone en jaque al gobierno dasnevista, teniendo en cuenta que intervino infructuosamente durante dos meses negociando con la firma, sin dar ninguna respuesta a los trabajadores. El jueves próximo se dará una reunión en la Comisión de Legislación Social y Trabajo del parlamento el Intendente de Trelew, Adrian Maderna; el Secretario de Trabajo, Marcial Paz; y el Ministro de Producción, Pablo Mamet, para iniciar la mesa de diálogo por el proyecto de ley.
Peligro de desalojo
Sin perjuicio del proyecto de ley de expropiación, que el día de hoy tomó estado parlamentario, sigue latente el peligro de desalojo, ante la medida judicial presentada por la empresa en agosto. En efecto, la firma solicitó ante el Juzgado de Ejecución N° 2 de Trelew una medida autosatisfactiva con el objeto de obtener una resolución judicial que le permita, de ser necesario procediendo al desalojo del acampe de los trabajadores, retirar de la planta toda maquinaria, insumo y mobiliario que se encuentre allí dentro.
A ese pedido, la jueza María Andrea García Abad, dictó una resolución favorable, ordenando la medida impulsada por la firma. Hoy día, esa orden judicial se encuentra latente, dado que aun no se ha librado el mandamiento para su ejecución concreta. De todas formas, los trabajadores anunciaron en el Festival del sábado pasado el estado de alerta, recibiendo la adhesión de decenas de organizaciones, sindicatos y partidos políticos para sostener la medida del acampe hasta que sea ley el proyecto de expropiación.
Varios trabajadores tomaron la planta como medida de protesta en defensa de sus puestos de trabajo, hasta que el 13 de julio uniformados de la Policía bonaerense los reprimieron violentamente y desalojaron. Desde entonces tienen una carpa en la plaza de Congreso, como recordatorio de sus derechos como trabajadores y reclamo por que estos se cumplan.
Alrededor de las 11 de la mañana del miércoles, llegaron al Congreso marchando desde la 9 de Julio, apoyados por diversas corrientes sindicales y políticas para presentar un proyecto para que los legisladores les permitan convertirse en cooperativa. En un comunicado, dicen: “Nuestro pedido es que esta (por la planta) sea entregada a los trabajadores como una de las posibles vías de solución del conflicto”.
Una notable presencia policial cercaba a los trabajadores que pacíficamente esperaban en la puerta de Diputados, sobre avenida Rivadavia, el resultado de las gestiones. De los 500 despedidos, 150 continúan la pelea por los puestos y son quienes presentan el proyecto de expropiación para que sea tratado en una sesión extraordinaria.
Camilo Mones, uno de los delegados, explicó a una emisora su iniciativa: “Se expropiarían los bienes y el inmueble de la planta, nos darían en forma de cooperativa, podríamos trabajar con la maquinaria y logística para hacer una autogestión de la fábrica".
Desde que el cierre de la planta, los trabajadores realizaron varias medidas de protesta para difundir y visibilizar su reclamo. El último tiempo se reunieron con distintos bloques y elaboraron un anteproyecto de ley para la expropiación de la planta de Florida, para el que contaron con la asistencia de la diputada Nathalia González Seligra (FIT). Este anteproyecto tendría el visto bueno de varios diputados de bloques opositores.
20 de septiembre de 2017
Se presentó el proyecto de ley para la expropiación de la Pepsi
El día de ayer tuvo ingreso “sobre tablas” el proyecto de ley para la expropiación de la Planta envasadora de Bebidas Pepsi de Trelew, perteneciente a la multinacional AB InBev (Cerveceria y Malteria Quilmes). Sus ex trabajadores, constituidos en cooperativa, buscan retomar la producción y recuperar sus fuentes laborales, luego de más de 100 días de acampe en los portones del establecimiento. Por Santiago O´Higgins para ANRed.
En la sesión ordinaria que se llevó a cabo, en la legislatura de la provincia de Chubut, en Rawson, se presentó “sobre tablas” el proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la planta envasadora de bebidas de la línea Pepsi de Trelew, perteneciente a la firma Cervecería y Maltería Quilmes. El proyecto de ley fue anunciado el día sábado, en el marco de un festival que se realizó en los portones de la empresa, con la presencia de varios artistas y de más de 400 personas.
Fue la diputada Gabriela Dofour quien tomó la palabra para presentar el proyecto, ante el resto de la cámara legislativa y los trabajadores de la Pepsi, que observaron la sesión desde los palcos. El proyecto de ley incluye la perspectiva de expropiar la planta, cederla a la Cooperativa de Trabajo Reko Patagonia, que conformaron los trabajadores que fueron despojados de sus fuentes laborales, luego de que el 29 de mayo, los empresarios les anoticiaron de su voluntad de cerrar la planta.
De sancionarse la presente ley, la planta quedaría bajo gestión obrera.
La expropiación de la planta comprendería no solo el inmueble, sino toda la maquinaria y mobiliario que se encuentra allí dentro. En resguardo de aquellas herramientas de trabajo, es que los trabajadores bloquean el ingreso del establecimiento, para que no pueda ser vaciado por la firma.
El proyecto de ley pone en jaque al gobierno dasnevista, teniendo en cuenta que intervino infructuosamente durante dos meses negociando con la firma, sin dar ninguna respuesta a los trabajadores. El jueves próximo se dará una reunión en la Comisión de Legislación Social y Trabajo del parlamento el Intendente de Trelew, Adrian Maderna; el Secretario de Trabajo, Marcial Paz; y el Ministro de Producción, Pablo Mamet, para iniciar la mesa de diálogo por el proyecto de ley.
Peligro de desalojo
Sin perjuicio del proyecto de ley de expropiación, que el día de hoy tomó estado parlamentario, sigue latente el peligro de desalojo, ante la medida judicial presentada por la empresa en agosto. En efecto, la firma solicitó ante el Juzgado de Ejecución N° 2 de Trelew una medida autosatisfactiva con el objeto de obtener una resolución judicial que le permita, de ser necesario procediendo al desalojo del acampe de los trabajadores, retirar de la planta toda maquinaria, insumo y mobiliario que se encuentre allí dentro.
A ese pedido, la jueza María Andrea García Abad, dictó una resolución favorable, ordenando la medida impulsada por la firma. Hoy día, esa orden judicial se encuentra latente, dado que aun no se ha librado el mandamiento para su ejecución concreta. De todas formas, los trabajadores anunciaron en el Festival del sábado pasado el estado de alerta, recibiendo la adhesión de decenas de organizaciones, sindicatos y partidos políticos para sostener la medida del acampe hasta que sea ley el proyecto de expropiación.
Reforma laboral: Preparando el terreno para la entrega
Mientras
en público llaman a votar contra Macri, puertas adentro, los
principales dirigentes de la CGT pactan con el gobierno las condiciones
de la reforma laboral que se viene. Negocian los derechos de las y los
trabajadores, a cambio de mantener sus privilegios.
El lunes 18 de septiembre se desarrolló un encuentro entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y varios referentes principales de la CGT, entre los cuales se encontraban los integrantes del triunvirato Daer, Shmid y Acuña, junto con José Luis Lingieri, Andrés Rodríguez y Francisco “Barba” Gutierrez.
En primer lugar, en un guiño al gobierno, los dirigentes sindicales acordaron junto con Triaca evitar el término “reforma laboral” por la carga negativa que genera, teniendo el ejemplo inmediato de Brasil. Así la cúpula cegetista y los funcionarios del gobierno comenzaron a poner sobre la mesa, los términos respecto a los cambios estructurales que se vienene.
Es sabido que buscan que cada cambio de la reforma, sea negociado convenio a convenio, y no como un paquete general (como Brasil) y retomar lo mismo que se hizo con pretroleros, para la explotación de Vaca Muerta bajo condiciones de flexibilización laboral.
En este marco, dentro de las reformas que intentarán aplicar, se encuentra en una primera instancia, la promoción del régimen de pasantías. De esta forma, bajo el disfraz de “prácticas laborales formativas” las patronales tendrán garantizada la mano de obra barata, con menor cantidad de salarios y habrá menos derechos para los trabajadores y trabajadoras en planta.
A su vez, la CGT le dio el visto bueno al plan de blanqueo laboral que promoverá el gobierno, que consiste en favorecer a las patronales que efectivicen trabajadores/as que estén “en negro”, evitándoles el pago de multas y de las cargas no aportadas, que irán por cuenta del Estado.
De más está decir, que este plan de blanqueo que no castiga a las patronales negreras, promete mucho más ser un ingrediente de la campaña electoral de Cambiemos que una solución efectiva para el 35% de las y los trabajadores que están precarizados.
Estas negociaciones que teje la cúpula sindical burocrática en las sombras, de espalda a las y los trabajadores se dan en marco de la tregua que vienen otorgando al macrismo. Recordemos, sin ir más lejos, que en un año en el que se han perdido miles y miles de puestos de trabajo, la CGT sólo ha convocado a dos movilizaciones y un paro general, siempre bajo presión de las bases.
No debe sorprender que esta actitud entreguista de las burocracias se de mientras públicamente llaman a votar contra Macri en octubre (como lo han hecho en las últimas semanas Daer, Schmid y Moyano, entre otros) mientras que lo que buscan es la continuidad de sus prvilegios. Eso y no otra cosa, es lo que acuerdan tras bambalinas con el gobierno, a cambio de entregar los derechos laborales.
De esta forma, buscan poner un freno a las intervenciones e investigaciones que el macrismo ha promovido contra distintos sindicatos y favorecer los negociados que mantienen desde las cajas sindicales y las obras sociales.
Frente a la reforma laboral que promete avanzar contra nuestros derechos, los trabajadores y trabajadoras debemos promover la movilización desde las bases y la más amplia unidad de acción de todos los sectores dispuestos a enfrentar en las calles la avanzada neoliberal que impulsa el gobierno.¡Construyamos desde las bases una organización y representación sindical que exprese verdaderamente nuestros intereses como trabajadores/as!
El lunes 18 de septiembre se desarrolló un encuentro entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y varios referentes principales de la CGT, entre los cuales se encontraban los integrantes del triunvirato Daer, Shmid y Acuña, junto con José Luis Lingieri, Andrés Rodríguez y Francisco “Barba” Gutierrez.
En primer lugar, en un guiño al gobierno, los dirigentes sindicales acordaron junto con Triaca evitar el término “reforma laboral” por la carga negativa que genera, teniendo el ejemplo inmediato de Brasil. Así la cúpula cegetista y los funcionarios del gobierno comenzaron a poner sobre la mesa, los términos respecto a los cambios estructurales que se vienene.
Es sabido que buscan que cada cambio de la reforma, sea negociado convenio a convenio, y no como un paquete general (como Brasil) y retomar lo mismo que se hizo con pretroleros, para la explotación de Vaca Muerta bajo condiciones de flexibilización laboral.
En este marco, dentro de las reformas que intentarán aplicar, se encuentra en una primera instancia, la promoción del régimen de pasantías. De esta forma, bajo el disfraz de “prácticas laborales formativas” las patronales tendrán garantizada la mano de obra barata, con menor cantidad de salarios y habrá menos derechos para los trabajadores y trabajadoras en planta.
A su vez, la CGT le dio el visto bueno al plan de blanqueo laboral que promoverá el gobierno, que consiste en favorecer a las patronales que efectivicen trabajadores/as que estén “en negro”, evitándoles el pago de multas y de las cargas no aportadas, que irán por cuenta del Estado.
De más está decir, que este plan de blanqueo que no castiga a las patronales negreras, promete mucho más ser un ingrediente de la campaña electoral de Cambiemos que una solución efectiva para el 35% de las y los trabajadores que están precarizados.
Estas negociaciones que teje la cúpula sindical burocrática en las sombras, de espalda a las y los trabajadores se dan en marco de la tregua que vienen otorgando al macrismo. Recordemos, sin ir más lejos, que en un año en el que se han perdido miles y miles de puestos de trabajo, la CGT sólo ha convocado a dos movilizaciones y un paro general, siempre bajo presión de las bases.
No debe sorprender que esta actitud entreguista de las burocracias se de mientras públicamente llaman a votar contra Macri en octubre (como lo han hecho en las últimas semanas Daer, Schmid y Moyano, entre otros) mientras que lo que buscan es la continuidad de sus prvilegios. Eso y no otra cosa, es lo que acuerdan tras bambalinas con el gobierno, a cambio de entregar los derechos laborales.
De esta forma, buscan poner un freno a las intervenciones e investigaciones que el macrismo ha promovido contra distintos sindicatos y favorecer los negociados que mantienen desde las cajas sindicales y las obras sociales.
Frente a la reforma laboral que promete avanzar contra nuestros derechos, los trabajadores y trabajadoras debemos promover la movilización desde las bases y la más amplia unidad de acción de todos los sectores dispuestos a enfrentar en las calles la avanzada neoliberal que impulsa el gobierno.¡Construyamos desde las bases una organización y representación sindical que exprese verdaderamente nuestros intereses como trabajadores/as!
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
Democracia directa: un aspecto central de la política
El
proceso que atraviesa el movimiento de masas se caracteriza por haber
comenzado una profunda ruptura con las dirigencias sindicales en
particular, y con las perimidas formas de organización vertical del
sindicalismo en general.
Durante este último año, muchísimas
empresas realizaron sus primeras asambleas. Empresas donde la represión
por parte de la burocracia sindical y de las gerencias han impedido
durante décadas la másmínima expresión democrática dentro de la fábrica.
En otros lugares, donde ya existía la
experiencia de haber realizado alguna que otra asamblea, éstas se
multiplicaron y se han reconocido ya como órgano institucional de la
organización de la clase. Si bien este fenómeno se da en algunos lugares
con mayor o menor profundidad, la tendencia general es de un aumento cuantitativo en la conquista de libertades políticas –es decir, del proceso de democratización de las organizaciones de la clase obrera.
La asamblea en sí, es un paso
importantísimo en este sentido, pero no debe concebirse como un fin en
sí mismo, sino como una instancia más en la construcción de
organizaciones horizontales, de democracia directa. Y es en ese sentido
que debemos desarrollar la democracia directa también en profundidad, desplegando como primer herramientapara afrontar ese camino, las asambleas de sector.
Allí es donde se consigue integrar del
primer al último trabajador a la discusión, toma de decisiones y
ejecución de las tareas. Es con los compañeros de trabajo más cercanos,
los de todos los días, esos que son casi familia, donde se dan los
espacios de discusión profunda sobre los problemas laborales, que
comienzan incluso a trascender la barrera de los reclamos puramente
económicos. La discusión del aumento salarial se fortalece, al igual que
los reclamos sobre las condiciones particulares de seguridad laboral de
la sección de trabajo, pero incluso llega a plantearse la cuestión del
“para qué” y “cómo” trabajamos.
Es desde allí donde, al integrar a la
discusión a la inmensa masa de trabajadores de la empresa, se llega a
las asambleas generales fortalecidos:
- Desde ese punto de vista, los revolucionarios debemos preocuparnos por que las propuestas llevadas a la asamblea general o al cuerpo de delegados ya no sean planteadas en forma individual, sino que se constituyan como propuestas colectivas planteadas como sector o sección, hacia el conjunto de la fábrica.
- Las asambleas generales se ven fortalecidas si con anterioridad ya desplegamos la discusión en los sectores de trabajo (“al pié de la máquina”). Eso aporta a ganar masividad en la asamblea general, porque se va a decidir en base a las propuestas y discusiones ya desplegadas en un ámbito que permite la intervención de más cantidad de compañeros.
- Se evita así que la asamblea general se constituya como un fin en sí mismo, fortaleciendo el carácter ejecutivo de la misma.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de
combatir las famosas “asambleas informativas”, que se terminan
constituyendo en un monologo del delegado o el activismo, y,
conscientemente o no, se planta una falsa división entre “los que
luchan, y los que trabajan”. Incluso las asambleas de sector deben
funcionar con capacidad ejecutiva propia: debemos preocuparnos porque
estas asambleas puedan desplegar acciones concretas ante determinados
problemas del sector, o bien propuestas de acción hacia la asamblea
general y el conjunto de la fábrica, pero donde todo el sector se
encuentre dispuesto a participar de la iniciativa.
Desarrollar la democracia directa en profundidad es
indispensable para ganar en masividad y avanzar en la destrucción de la
democracia representativa y de todo caudillismo sindical o partidario,
es decir, de las formas verticalistas de organización, que no se
corresponden con las actuales formas de organización de la producción.
La democracia directa es un aspecto central de la política: de la labor política y organizativa, así como para garantizar la masividad en los reclamos.
Es una tarea infinitamente ardua y
compleja. Las particularidades de cada sector de trabajo determinarán
las formas específicas en que este tipo de organización toma forma, pero
tampoco se trata de una abstracción.
La clase obrera ya está atravesando
este proceso de ruptura con el viejo verticalismo sindical, de los
delegados como una “casta superior”, de la política del seguidismo.
Es parte de nuestro papel como
revolucionarios allanar el camino para que se abran paso estas nuevas,
revolucionarias, y democráticas experiencias de organización.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
La crisis económica tiene plazo fijo
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo: “los funcionarios tienen derecho a tener su dinero depositado” afuera de la Argentina”. Este “buen señor” siguió justificándose: “Pienso
que un funcionario tiene todo el derecho del mundo a tener su dinero en
el exterior. En mi caso, estando en el exterior, está en un 90%
invertido en activos argentinos”.
Cuando la “inversión directa” no llega
al país hay que escuchar estas declaraciones para comenzar a entender la
mirada de la oligarquía financiera hacia nuestro país. Este ministro no
tiene escrúpulos pero es la verdadera conducta política expuesta en su máxima expresión.
Aquí está una de las claves para seguir
sosteniendo que la clase dominante atraviesa una crisis política
estructural. Ni su propio ministro de Hacienda “arriesga” sus capitales.
Esa sostenida crisis política repercute directamente en lo económico.
Un país en donde ayer martes, el Banco
Central llevó adelante la licitación mensual de Lebac, en donde renovó
$484.000 millones, lo que significa aproximadamente 28.470 millones de
dólares a una tasa a plazos cortos del 26.5%, hablando del mercado
minorista.
A modo de ejemplo: un pequeño ahorrista
que destina $100.000 (u$a 5.869) al cabo de 273 días recibe $120.687, y
si todo va bien en esa especulación, con el dólar va a recomprar esa
divisa y ahora va a tener u$a 6.061 aproximadamente.
Pero cuando hablamos que la “ruleta” se
hace sobre la base de $484.000 millones la cosa cambia, ningún país
puede sostener ese tipo de tasas, el pago de esos intereses fenomenales
sale de algún lado y los argentinos sabemos mucho de todo esto.
La deuda crece 40 mil millones de dólares por año.
El sistema de subsidios está muy
trillado políticamente, en todo caso es ver cómo el Estado de los
monopolios usa los recursos generados con el trabajo de nuestra clase y
del pueblo para sostener a los dueños del poder. Promover estos Lebac,
este “subsidio” eminentemente especulativo, provoca un desangre de
grandes proporciones a la población. El gobierno no lo considera parte
del gasto público, es así como en ese ítem el “ajuste” no existe.
Si nuestro ministro no trae los capitales, ¿por qué otros capitales vienen – se van – vuelven a venir permanentemente?
Estas fabulosas cifras son ganancias rápidas.
Si un monopolio como Telecom, a modo de otro ejemplo, compra Lebac, lo
hace en el terreno mayorista. Las boletas que llegan a nuestras casas
las cobra en pesos, con ellos compra Lebac a 35 días a una tasa anual de
26.5% como pocas en el mundo, las realiza legalmente comprando dólares
subsidiados, y saca esos capitales para aplicarlos a otros negocios.
Entre esos otros negocios es volver a traer una parte de ellos,
cambiarlo a pesos, comprar más Lebac y así sucesivamente.
¿De qué inversiones directas estamos hablando, señor ministro?
Usted es funcionario y no tiene espalda
ancha para hacer ese formidable jueguito, usted en lo personal busca
especulación “en serio” poco y nada de riesgo y a la vez, una jugosa
entradita mensual sin trabajar como buen parásito de la sociedad que es.
Pero la voracidad del capital financiero, al cual las políticas de su
gobierno le abren la puerta de par en par, no tiene límites y usted sabe
que existe un momento en donde “alguien” comienza a hacerse de sus
“ahorros” y se sale de la bicicleta.
Una vez más, las luces de colores se transforman en negros nubarrones para los trabajadores. Nuestro pueblo, de una u otra manera, convive con la crisis económica desde hace décadas. Pero ahora estamos planteando que la
crisis económica que se está preparando con un conjunto de medidas,
abundará en una mayor crisis política de la clase dominante.
La vida cotidiana está plagada de
injusticias. Cuando llegan las boletas, cuando hay despido de un ser
querido, cuando aumentan las cosas, cuando aparece la inseguridad, etc.,
es cuando aparecen los debates verdaderos.
En el trabajo, en la familia, agobian
los problemas, se van recaletando las broncas, eso es lucha de clases,
eso provoca crisis política a la clase dominante. Usted, señor ministro,
lo sabe y pone a resguardo sus ahorros y sus miserias.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
Sobre la visita de Netanyahu a la Argentina
Se le atribuye a Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1932 y 1944, la siguiente frase: “Tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, refiriéndose al dictador nicaragüense Anastasio “Tacho” Somoza.
Ese dicho de Roosevelt viene como anillo
al dedo en referencia a la visita oficial del Primer Ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, a la Argentina, Colombia y México. Estos tres
gobiernos, más la gran mayoría de los gobiernos imperialistas del
planeta, son sordos, ciegos y mudos ante la ya inocultable política
genocida del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados.
La hipocresía y el cinismo del gobierno argentino
al recibir con honores a un presidente de un Estado que ocupa
territorios, encarcela a niños, mata a civiles en incursiones militares
sobre Gaza, somete a la población palestina a vivir sin energía
eléctrica y sin agua durante gran parte del día, no permite la
reconstrucción de infraestructura básica dañada por el ejército ocupante
es la confirmación de que Estado, gobierno, prensa e instituciones
asumen como propias políticas genocidas cuando se trata de regímenes
afines a sus intereses.
Ningún charlatán de la política y el
periodismo que en las últimas semanas reclamaban con histeria tomar
partido contra el gobierno de Venezuela, dice hoy una palabra sobre la
visita de un presidente que está al frente de una política genocida contra el pueblo palestino.
Los discursos de ocasión de ambos
presidentes condenan al “terrorismo” mientras el gobierno de Macri hace
malabares para salvar a la Gendarmería de la responsabilidad material de
la desaparición de Santiago Maldonado; y mientras el régimen de Israel
ha sido propulsor, promotor y ha financiado al ISIS.
Pero como siempre decimos, los gobiernos
imperialistas van por su lado y los pueblos van por el suyo. Esta gira
por América Latina se da en un contexto en el que las denuncias
políticas contra el apartheid israelí en Palestina recorren el mundo. Al
mismo tiempo, la iniciativa del movimiento denominado BDS (Boicot,
Desinversiones, Sanciones) gana cada vez más adhesiones en el mundo, al
punto que la propia prensa israelí no oculta la preocupación del régimen
por los efectos de esta campaña mundial, al punto que el ministerio de
asuntos estratégicos reconoció que “recopila información de ciudadanos
israelíes que apoyan el movimiento”. Esto es un claro reconocimiento que
parte de la población de Israel está en contra de la política de su
gobierno.
El silencio y la complicidad de
todo el arco político y mediático de la burguesía respecto del
presidente de Israel y la política genocida de su gobierno contra el
pueblo palestino nos ratifica una vez más, por si hiciera
falta, que la falsa moral burguesa es capaz de barrer bajo la alfombra
toda la basura que sea necesaria cuando de lo que se trata es de la
preservación de sus negocios e intereses estratégicos.
De allí que existen hijos de puta
“buenos” e hijos de puta “malos”, tanto en el plano mundial como en el
doméstico. Cada facción burguesa defiende o defenestra de acuerdo a su
mezquino interés de clase; nunca en función de intereses más elevados
que no sean los de la ganancia y la rapiña. Aun cuando en ello esté
involucrado el genocidio contra todo un pueblo.
Nunca olvidarse que a ese enemigo nos enfrentamos irreconciliablemente."Operativo Independencia": seis represores condenados a perpetua y siete absueltos
La sentencia del juicio por el denominado "Operativo Independencia" que comenzó a desarrollarse en Tucumán, Argentina, en febrero de 1975 determinó seis condenas a perpetuas, siete absoluciones y otras cuatro condenas de entre 4 y 18 años de prisión. Durante el juicio quedó acreditado que se cometieron delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado del 76.
Este viernes fueron sentenciados a prisión perpetua en Argentina seis
acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 271 personas
en Tucumán en “Operativo Independencia”.
El tribunal argentino emitió la sentencia del proceso judicial que investiga los crímenes que tuvieron lugar en 1975, 13 meses antes del comienzo de la dictadura cívico-militar argentina. Durante el juicio quedó acreditado que el Operativo Independencia fue parte del terrorismo de Estado.
Tras 16 meses de debate, las declaraciones de 409 testigos e inspecciones oculares en cárceles y escuelas, que funcionaron como centros clandestinos de detención, los jueces decidieron condenar a perpetua por delitos de lesa humanidad a Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Omar Lazarte.
Otros cuatro exmilitares fueron acusados por torturas, secuestros, desaparición forzada de personas, violación de domicilio y violaciones sexuales, con penas de entre cuatro y 18 años. Mientras que siete funcionarios fueron absueltos.
Entre los absueltos figura Omar Edgardo Parada, quien -según detalla Página/12- estaba acusado de 49 casos de violación de domicilio, 3 casos de robo doblemente agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en banda y en poblado, 191 casos de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, 178 casos de aplicación agravada de torturas, 15 casos de delitos sexuales y 51 casos de homicidios triplemente agravados.
Para la fiscal fue muy importante que los jueces reconocieran que se cometieron delitos de lesa humanidad durante 1975, previo al golpe de Estado: “las audiencias terminaron con una declaración de la existencia de delitos de lesa humanidad durante el operativo. Ello implica que el tribunal dio por acreditado la existencia de un plan sistemático contra de la población civil desde febrero de 1975. Eso es muy importante porque las víctimas habían sido relegadas durante mucho tiempo y ahora se pudo reparar”, declaró al citado medio.
Por su parte el abogado querellante Pablo Garguilo dijo que “habrá que esperar los fundamentos de éste fallo (se leerán recién en noviembre) y poder revertir algunas absoluciones. Hubo fallos divididos en algunos casos, pero es lo que dijeron los jueces. Sabíamos que esto podía suceder”, y reconoció que sentencia los dejó con una sensación “agridulce”.
El “Operativo independencia” comenzó el 5 de febrero de 1975 y fue ordenado con el objetivo expreso de “aniquilar” a los movimientos guerrilleros, en especial al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que actuaba en los montes de Tucumán, en el noroeste del país.
El despliegue y ocupación del territorio provincial por parte del Ejército fue comandado por el coronel Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, quienes tuvieron a su cargo también a las policías federales, provinciales, la Gendarmería Nacional y los servicios penitenciarios.
URUGUAY
El tribunal argentino emitió la sentencia del proceso judicial que investiga los crímenes que tuvieron lugar en 1975, 13 meses antes del comienzo de la dictadura cívico-militar argentina. Durante el juicio quedó acreditado que el Operativo Independencia fue parte del terrorismo de Estado.
Tras 16 meses de debate, las declaraciones de 409 testigos e inspecciones oculares en cárceles y escuelas, que funcionaron como centros clandestinos de detención, los jueces decidieron condenar a perpetua por delitos de lesa humanidad a Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Omar Lazarte.
Otros cuatro exmilitares fueron acusados por torturas, secuestros, desaparición forzada de personas, violación de domicilio y violaciones sexuales, con penas de entre cuatro y 18 años. Mientras que siete funcionarios fueron absueltos.
Entre los absueltos figura Omar Edgardo Parada, quien -según detalla Página/12- estaba acusado de 49 casos de violación de domicilio, 3 casos de robo doblemente agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en banda y en poblado, 191 casos de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, 178 casos de aplicación agravada de torturas, 15 casos de delitos sexuales y 51 casos de homicidios triplemente agravados.
“Incongruencias”
La fiscal Julia Vitar manifestó su sorpresa al conocer el fallo y expresó a Página/12 que “la sentencia tiene algunas incongruencias que a primera vista son preocupantes”. Y explicó “por supuesto que hay disconformidad. Hay algunos que son preocupantes, como el caso de Parada ex jefe militar, él tenía responsabilidad de todos los crímenes cometidos en la localidad de Santa Lucía. Otros recibieron una pena por los mismos hechos. Nos parece muy grave en ese punto”.Para la fiscal fue muy importante que los jueces reconocieran que se cometieron delitos de lesa humanidad durante 1975, previo al golpe de Estado: “las audiencias terminaron con una declaración de la existencia de delitos de lesa humanidad durante el operativo. Ello implica que el tribunal dio por acreditado la existencia de un plan sistemático contra de la población civil desde febrero de 1975. Eso es muy importante porque las víctimas habían sido relegadas durante mucho tiempo y ahora se pudo reparar”, declaró al citado medio.
Por su parte el abogado querellante Pablo Garguilo dijo que “habrá que esperar los fundamentos de éste fallo (se leerán recién en noviembre) y poder revertir algunas absoluciones. Hubo fallos divididos en algunos casos, pero es lo que dijeron los jueces. Sabíamos que esto podía suceder”, y reconoció que sentencia los dejó con una sensación “agridulce”.
El “Operativo independencia” comenzó el 5 de febrero de 1975 y fue ordenado con el objetivo expreso de “aniquilar” a los movimientos guerrilleros, en especial al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que actuaba en los montes de Tucumán, en el noroeste del país.
El despliegue y ocupación del territorio provincial por parte del Ejército fue comandado por el coronel Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, quienes tuvieron a su cargo también a las policías federales, provinciales, la Gendarmería Nacional y los servicios penitenciarios.
URUGUAY
Empleados amenazan con ocupar sucursales del BROU
Los empleados del Banco República podrían además dejar de asistir a capacitaciones y de cubrir horas extras si la entidad no responde a un ámbito de negociación solicitado al Ministerio de Trabajo.
El directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)
tomó finalmente la decisión de fusionar cuatro sucursales en Montevideo
y reducir los horarios a tres días por semana en tres agencias del
interior. Lo anterior entra en conflicto con las demandas de la
Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), quienes exigían que no se
cerrara ninguna sede y que no se redujeran horarios, en pro de
la conservación de puestos de trabajo.
En un principio, el BROU tenía planeado el cierre de 12 sucursales pero, tratando de acercarse a lo que solicitaban los empleados bancarios, redujeron el número a cuatro, aún sin llegar a un lugar común de acuerdos. Por ahora, las sucursales fusionadas son: la de Sayago con la de Paso de Molino, y la de Mercado Modelo con la de Unión. En el interior pasarán a horario reducido las siguientes sedes: Solís de Mataojo y José Pedro Varela (Lavalleja), Aiguá (Maldonado), Colonia Miguelete (Colonia) y Rafael Perazza (San José).
Durante la conferencia de prensa realizada el día de ayer, el representante de AEBU por la banca oficial, Matías Arbizu, recordó que enviaron una nota al Ministerio de Trabajo solicitando un ámbito de negociación tripartito, en el que establecieron un plazo de 10 días para recibir respuesta por parte del banco. De no haber contestación, los agremiados dejarán de asistir a clases de capacitación laboral y de cubrir horas extras.
En la localidad de Jose Enrique Rodó, Soriano, pobladores y empleados se concentran hoy jueves a las 13 horas para manifestar el rechazo al cierre parcial de sucursales y la baja a la categoría de las dependencias.
Más agresiva será la acción si el banco continúa con el cierre parcial o total de alguna agencia. Ante tal posible escenario los empleados agrupados en AEBU procederán con ocupación de los locales.
En el mismo documento pusieron en tela de duda la aplicación de la ley de inclusión financiera, apuntando a que se trata de una “necesidad de los bancos de captar nuevos depósitos para realizar su negocio, y de facilitar su colocación de créditos al consumo, minimizando su propio riesgo”. Los sectores más radicales consideran equivocada la decisión del Ejecutivo de impulsar los medios electrónicos como “camino” para “solucionar la pobreza del mundo”. “Como si los trabajadores pudieran vivir sin techo y sin ingresos dignos pero resguardados por tener una tarjeta de débito y una cuenta bancaria”, concluyeron.
En un principio, el BROU tenía planeado el cierre de 12 sucursales pero, tratando de acercarse a lo que solicitaban los empleados bancarios, redujeron el número a cuatro, aún sin llegar a un lugar común de acuerdos. Por ahora, las sucursales fusionadas son: la de Sayago con la de Paso de Molino, y la de Mercado Modelo con la de Unión. En el interior pasarán a horario reducido las siguientes sedes: Solís de Mataojo y José Pedro Varela (Lavalleja), Aiguá (Maldonado), Colonia Miguelete (Colonia) y Rafael Perazza (San José).
Durante la conferencia de prensa realizada el día de ayer, el representante de AEBU por la banca oficial, Matías Arbizu, recordó que enviaron una nota al Ministerio de Trabajo solicitando un ámbito de negociación tripartito, en el que establecieron un plazo de 10 días para recibir respuesta por parte del banco. De no haber contestación, los agremiados dejarán de asistir a clases de capacitación laboral y de cubrir horas extras.
Firmas y ocupación
AEBU recogió unas 15.000 firmas que fueron entregadas al despacho del presidente de la República, Tabaré Vázquez, las cuales fueron colectadas “en defensa de la banca oficial y del Banco República”, y aseguran que tendrán otra tanda para entregar pronto.En la localidad de Jose Enrique Rodó, Soriano, pobladores y empleados se concentran hoy jueves a las 13 horas para manifestar el rechazo al cierre parcial de sucursales y la baja a la categoría de las dependencias.
Más agresiva será la acción si el banco continúa con el cierre parcial o total de alguna agencia. Ante tal posible escenario los empleados agrupados en AEBU procederán con ocupación de los locales.
AEBU contra la inclusión financiera
De acuerdo con lo afirmado en un texto aprobado por mayoría en la asamblea de AEBU del pasado sábado, el Gobierno promueve “privatizaciones” en el sector bancario “que de manera constante y continua avanzan precarizando el empleo, aplicando el ajuste sobre los trabajadores, y dando de ganar a las empresas privadas, bajo el falso argumento de la baja de costos”.En el mismo documento pusieron en tela de duda la aplicación de la ley de inclusión financiera, apuntando a que se trata de una “necesidad de los bancos de captar nuevos depósitos para realizar su negocio, y de facilitar su colocación de créditos al consumo, minimizando su propio riesgo”. Los sectores más radicales consideran equivocada la decisión del Ejecutivo de impulsar los medios electrónicos como “camino” para “solucionar la pobreza del mundo”. “Como si los trabajadores pudieran vivir sin techo y sin ingresos dignos pero resguardados por tener una tarjeta de débito y una cuenta bancaria”, concluyeron.
Presidente de la ARU dijo que “la elevada regulación laboral vigente implica rigideces que atentan contra la productividad”
Unos minutos después de que la banda de la Fuerza Aérea se
retirara tocando La Cumparsita, el presidente de la Asociación Rural del
Uruguay (ARU), el veterinario Pablo Zerbino Vanrell, se aprestó a
clausurar la 112ª Exposición Rural del Prado con el tradicional discurso
de cierre. Luego contestaría las críticas de la ARU al ministro
interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech.
Zerbino comenzó pegándole a “la bancarización obligatoria para el agro”, una medida que se logró postergar, “lo que relega pero no elimina la preocupación para cuando la exigencia se formalice”. Después repasó el rol de la ARU en la negociación colectiva: “Participamos en la negociación de los Consejos de Salarios. Luego de muchas idas y venidas y tras largas e infructuosas reuniones, los productores quedamos en minoría. Al no permitírsenos incluir en el acta de trabajo la posición defendida, nos retiramos de la mesa de negociación sin firmar el convenio”.
Zerbino dijo que el gobierno “distribuyó la bonanza a través de los programas sociales, lo que fue oportuno, pero también aumentando fuertemente el tamaño del Estado. Ahora la bonanza se acabó y deshacer esas políticas es muy difícil. Si esta década nos deja una enseñanza, es que deberíamos aprender de Chile, que en las buenas ahorra para poder aguantar en las malas”.
El presidente de la ARU observó que si bien la economía continúa creciendo, “aumentó el desempleo desde 2013”, y criticó “el peso salarial”, que los “obliga al no deseado recorte de mano de obra que lleva a una menor rentabilidad”. También afirmó que “la elevada regulación laboral vigente implica rigideces y aumento de costos que atentan contra la productividad en todos los sectores”. Esta regulación, sostuvo, “dista mucho de los cambios que se observan en el mercado de trabajo a nivel mundial, con mayor flexibilidad en el manejo de horarios, horas extras y negociación salarial”.
Para Zerbino, la solución pasa por “exportar varias veces más de lo que lo hacemos”. Pidió, parafraseando a José Mujica: “Competitividad, competitividad, competitividad. Tres veces. Bien claro”. “La falta de competitividad es la causa de la carestía para vivir y producir en Uruguay y también la causa de la migración”, agregó. “El gobierno debe trabajar más sobre la pobreza y no tanto sobre la distribución. La riqueza antes de repartirla hay que generarla. La riqueza se genera con el trabajo de las empresas privadas, que son las que generan recursos genuinos, y con las empresas estatales al servicio del sector productivo, y no viceversa. La pobreza se combate con educación, con trabajo que eleva la autoestima y recupera los valores éticos y morales que se han ido perdiendo paulatinamente, llevando a una creciente inseguridad en toda la población”, señaló.
A su turno, Benech dijo que si bien el país produce ahora alimentos para 28 millones de personas, el objetivo es alcanzar a 50 millones. Agregó que en el gobierno “hay un equipo que trabaja con una agenda” que marca el rumbo de las políticas, y repasó el programa del Frente Amplio en la materia. Afirmó que se han mantenido operativos más de 139 mercados para la carne y 51 para los lácteos, e informó de varios mercados en los que se trabaja para exportar arroz, trigo, sorgo, manzanas y cítricos, y que se completó toda la información requerida para abrir el mercado japonés para la carne sin hueso.
COMCOSUR INFORMA INTENDENTE MARTÍNEZ MANTIENE "SISTEMA BENGOA" Y TRIBUNAL OBSERVA PAGOS MILLONARIOS
El mecanismo ideado por el jerarca condenado por la Justicia en 2007 sigue vigente. ICM SA es un legado de aquellos días: aún le alquila 100 tragamonedas al Casino Parque Hotel y cobra millones.
Pablo Alfano /Sudestada /13.09.2017
El intendente Daniel Martínez renovó, desde junio de 2017 a mayo de 2018, una vieja contratación con la empresa ICM SA a la que le alquila 100 máquinas tragamonedas para el casino del Parque Hotel, por un total de 29.280.000 de pesos, IVA incluido.
Esta decisión fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TC) y forma parte de una larga lista de señalamientos que la comuna ha recibido en su contrato con ICM SA. Desde 2013 y sumando el dinero que percibirá hasta 2018 la empresa cobrará a la Intendencia de Montevideo un total de 127.856.868 pesos (aproximadamente 4,4 millones de dólares) a pesar de las sucesivas observaciones del organismo de contralor.
Esta empresa, presidida por Juan Pedro Crisci, hace negocios con la Intendencia desde principios de los 2000, cuando comenzó a integrar la nómina de empresas que el entonces director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, incluyó en su sistema de arrendamiento de slots.
La política de arrendamiento, en lugar de la compra de las máquinas tragamonedas, culminó con pérdidas multimillonarias en las salas municipales y el procesamiento con prisión de Bengoa (quien ocupaba la Dirección General de Casinos desde 2005) y de sus ex asesores Orestes González Braida (entonces Director Nacional de Loterías y Quinielas), José Luis Antúnez, y Gustavo Dalmonte, y el empresario Felipe Ruiz.
Lo que en su momento se denominó el "sistema Bengoa" quedó reflejado en el auto de procesamiento, dictado por la jueza penal Fanny Canessa, el 20 de diciembre de 2007, cuando señaló que "Bengoa para lograr imponer su sistema de arrendamiento de slots al grupo de empresarios que él conocía perfectamente, dándole a cada uno un porcentaje diferente de la utilidad, sin ningún fundamento serio de sus actos como no sea beneficiarlos, aun a costa del daño efectuado al Estado cuya cuantificación exacta se determinará oportunamente, pero que sin duda existió".
El 26 de junio pasado la administración Martínez decidió volver a renovar el contrato para el alquiler de 100 máquinas tragamonedas a ICM SA entre junio de 2017 a mayo de 2018 por un monto total de 29.280.000, IVA incluido. Esta resolución fue observada por el Tribunal de Cuentas, según documentación a la que accedió Sudestada, y se debió a que el contrato anterior había vencido el 31 de diciembre de 2016.
Para subsanar esto, Martínez había firmado otra resolución el 29 de mayo donde resolvió ampliar nuevamente la contratación de ICM SA para el período comprendido entre enero y mayo de 2017 por un total de 12.319.268 de pesos, IVA incluido.
El 7 de enero de 2016 el Tribunal de Cuentas ya había señalado en que el contrato con ICM SA derivaba de "un procedimiento cuyo gasto fue observado por motivos insubsanables" y volvió a observar la decisión de la comuna.
El intendente Martínez -en diciembre de 2015, y siguiendo los pasos de su antecesora Ana Olivera- volvió a adjudicar a la empresa ICM SA el arrendamiento, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, de 100 máquinas tragamonedas por 34.257.600 pesos, IVA incluido.
En junio de 2013 la intendenta Ana Olivera había resuelto contratar en forma directa a las empresas ICM SA y Famostar SA para arrendar 150 máquinas tragamonedas por el equivalente al 26% más IVA de la utilidad bruta por mes de cada slots y por el plazo de un año, para el casino del Parque Hotel, hoy el único en manos municipales, luego de la concesión de la sala de juegos del Hotel Carrasco.
Además, decidió contratar, también a ICM SA, para el arrendamiento del sistema TITO durante un año por el equivalente al 4% más IVA de los equipos que utilizan este método que permite al apostador introducir dinero en las tragamonedas. TITO es la sigla del sistema informático Tiquet in – Tiquet out que permite que se utilicen “tokens” (monedas o billetes) hasta cierta suma de dinero y luego el apostador debe desembolsar su dinero directamente a través de esta vía.
Un mes después, en julio de 2013, el Tribunal de Cuentas observó el gasto con el argumento de que no existía "la causal de excepción invocada" para esta contratación y porque no había "disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable". De todas formas, la Intendencia de Montevideo reiteró el gasto.
En aquella época las autoridades municipales ajustaban detalles para la mudanza del casino Parque Hotel a la emblemática Casa de Andalucía, ubicada enfrente al viejo edificio que pasó a ser la sede del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
La mudanza implicaba algunos cambios en la operativa de la sala de juegos y una de ellas era reducir la cantidad de máquinas tragamonedas. En setiembre de 2014 la intendenta Olivera convalidó el alquiler de 100 slots a ICM SA para el Parque Hotel. El contrato establecía que desde el 1° de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, la empresa cobraría 15 millones de pesos durante 2014 IVA incluido y otros 27 millones de pesos por el alquiler de slots durante el año 2015.
Una vez más, el Tribunal de Cuentas observó el gasto ya que este contrato derivaba de "un procedimiento observado por razones insubsanables" y "por falta de disponibilidad en el rubro de imputación". La administración Olivera hizo caso omiso al señalamiento del órgano de contralor y siguió adelante con el arrendamiento de las tragamonedas. Y pasadas las elecciones municipales, Martínez siguió en la misma línea de contratación.
La intendencia de Montevideo registró en el último año un descenso de las ganancias en su sala de juego y el director del área Hugo Gandoglia atribuyó el hecho al "azar" que determinó el aumento de la suerte de los apostadores.
Según explicó Gandoglia, el casino del Parque Hotel tuvo en 2015 una ganancia de 87 millones de pesos mientras que en 2016 bajó a poco más de 57 millones. "Con respecto a la reducción en el resultado de la actividad de los slots voy a decir que efectivamente es inferior a la de 2015, pero sin embargo el monto de lo apostado no es inferior al del 2015, sino por el contrario, es superior. Estas cifras no las registra el presupuesto. Estamos hablando de una actividad en la que el azar también existe. Lo que no ingresó a las arcas de la Intendencia está en poder del público", explicó Gandoglia, citado por el diario El País.
Al igual que en los tiempos de Bengoa, la estrategia de la Intendencia para superar el momento difícil de la sala de juego es el arrendamiento de nuevas máquinas tragamonedas. El director de Desarrollo Económico Óscar Curutchet dijo que en 2018 se invertirán 15 millones de pesos en slots
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Pablo Alfano /Sudestada
COMCOSUR INFORMA Nº 1843 – 19/09/2017
Zerbino comenzó pegándole a “la bancarización obligatoria para el agro”, una medida que se logró postergar, “lo que relega pero no elimina la preocupación para cuando la exigencia se formalice”. Después repasó el rol de la ARU en la negociación colectiva: “Participamos en la negociación de los Consejos de Salarios. Luego de muchas idas y venidas y tras largas e infructuosas reuniones, los productores quedamos en minoría. Al no permitírsenos incluir en el acta de trabajo la posición defendida, nos retiramos de la mesa de negociación sin firmar el convenio”.
Zerbino dijo que el gobierno “distribuyó la bonanza a través de los programas sociales, lo que fue oportuno, pero también aumentando fuertemente el tamaño del Estado. Ahora la bonanza se acabó y deshacer esas políticas es muy difícil. Si esta década nos deja una enseñanza, es que deberíamos aprender de Chile, que en las buenas ahorra para poder aguantar en las malas”.
El presidente de la ARU observó que si bien la economía continúa creciendo, “aumentó el desempleo desde 2013”, y criticó “el peso salarial”, que los “obliga al no deseado recorte de mano de obra que lleva a una menor rentabilidad”. También afirmó que “la elevada regulación laboral vigente implica rigideces y aumento de costos que atentan contra la productividad en todos los sectores”. Esta regulación, sostuvo, “dista mucho de los cambios que se observan en el mercado de trabajo a nivel mundial, con mayor flexibilidad en el manejo de horarios, horas extras y negociación salarial”.
Para Zerbino, la solución pasa por “exportar varias veces más de lo que lo hacemos”. Pidió, parafraseando a José Mujica: “Competitividad, competitividad, competitividad. Tres veces. Bien claro”. “La falta de competitividad es la causa de la carestía para vivir y producir en Uruguay y también la causa de la migración”, agregó. “El gobierno debe trabajar más sobre la pobreza y no tanto sobre la distribución. La riqueza antes de repartirla hay que generarla. La riqueza se genera con el trabajo de las empresas privadas, que son las que generan recursos genuinos, y con las empresas estatales al servicio del sector productivo, y no viceversa. La pobreza se combate con educación, con trabajo que eleva la autoestima y recupera los valores éticos y morales que se han ido perdiendo paulatinamente, llevando a una creciente inseguridad en toda la población”, señaló.
A su turno, Benech dijo que si bien el país produce ahora alimentos para 28 millones de personas, el objetivo es alcanzar a 50 millones. Agregó que en el gobierno “hay un equipo que trabaja con una agenda” que marca el rumbo de las políticas, y repasó el programa del Frente Amplio en la materia. Afirmó que se han mantenido operativos más de 139 mercados para la carne y 51 para los lácteos, e informó de varios mercados en los que se trabaja para exportar arroz, trigo, sorgo, manzanas y cítricos, y que se completó toda la información requerida para abrir el mercado japonés para la carne sin hueso.
COMCOSUR INFORMA INTENDENTE MARTÍNEZ MANTIENE "SISTEMA BENGOA" Y TRIBUNAL OBSERVA PAGOS MILLONARIOS
El mecanismo ideado por el jerarca condenado por la Justicia en 2007 sigue vigente. ICM SA es un legado de aquellos días: aún le alquila 100 tragamonedas al Casino Parque Hotel y cobra millones.
Pablo Alfano /Sudestada /13.09.2017
El intendente Daniel Martínez renovó, desde junio de 2017 a mayo de 2018, una vieja contratación con la empresa ICM SA a la que le alquila 100 máquinas tragamonedas para el casino del Parque Hotel, por un total de 29.280.000 de pesos, IVA incluido.
Esta decisión fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TC) y forma parte de una larga lista de señalamientos que la comuna ha recibido en su contrato con ICM SA. Desde 2013 y sumando el dinero que percibirá hasta 2018 la empresa cobrará a la Intendencia de Montevideo un total de 127.856.868 pesos (aproximadamente 4,4 millones de dólares) a pesar de las sucesivas observaciones del organismo de contralor.
Esta empresa, presidida por Juan Pedro Crisci, hace negocios con la Intendencia desde principios de los 2000, cuando comenzó a integrar la nómina de empresas que el entonces director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, incluyó en su sistema de arrendamiento de slots.
La política de arrendamiento, en lugar de la compra de las máquinas tragamonedas, culminó con pérdidas multimillonarias en las salas municipales y el procesamiento con prisión de Bengoa (quien ocupaba la Dirección General de Casinos desde 2005) y de sus ex asesores Orestes González Braida (entonces Director Nacional de Loterías y Quinielas), José Luis Antúnez, y Gustavo Dalmonte, y el empresario Felipe Ruiz.
Lo que en su momento se denominó el "sistema Bengoa" quedó reflejado en el auto de procesamiento, dictado por la jueza penal Fanny Canessa, el 20 de diciembre de 2007, cuando señaló que "Bengoa para lograr imponer su sistema de arrendamiento de slots al grupo de empresarios que él conocía perfectamente, dándole a cada uno un porcentaje diferente de la utilidad, sin ningún fundamento serio de sus actos como no sea beneficiarlos, aun a costa del daño efectuado al Estado cuya cuantificación exacta se determinará oportunamente, pero que sin duda existió".
El 26 de junio pasado la administración Martínez decidió volver a renovar el contrato para el alquiler de 100 máquinas tragamonedas a ICM SA entre junio de 2017 a mayo de 2018 por un monto total de 29.280.000, IVA incluido. Esta resolución fue observada por el Tribunal de Cuentas, según documentación a la que accedió Sudestada, y se debió a que el contrato anterior había vencido el 31 de diciembre de 2016.
Para subsanar esto, Martínez había firmado otra resolución el 29 de mayo donde resolvió ampliar nuevamente la contratación de ICM SA para el período comprendido entre enero y mayo de 2017 por un total de 12.319.268 de pesos, IVA incluido.
El 7 de enero de 2016 el Tribunal de Cuentas ya había señalado en que el contrato con ICM SA derivaba de "un procedimiento cuyo gasto fue observado por motivos insubsanables" y volvió a observar la decisión de la comuna.
El intendente Martínez -en diciembre de 2015, y siguiendo los pasos de su antecesora Ana Olivera- volvió a adjudicar a la empresa ICM SA el arrendamiento, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, de 100 máquinas tragamonedas por 34.257.600 pesos, IVA incluido.
En junio de 2013 la intendenta Ana Olivera había resuelto contratar en forma directa a las empresas ICM SA y Famostar SA para arrendar 150 máquinas tragamonedas por el equivalente al 26% más IVA de la utilidad bruta por mes de cada slots y por el plazo de un año, para el casino del Parque Hotel, hoy el único en manos municipales, luego de la concesión de la sala de juegos del Hotel Carrasco.
Además, decidió contratar, también a ICM SA, para el arrendamiento del sistema TITO durante un año por el equivalente al 4% más IVA de los equipos que utilizan este método que permite al apostador introducir dinero en las tragamonedas. TITO es la sigla del sistema informático Tiquet in – Tiquet out que permite que se utilicen “tokens” (monedas o billetes) hasta cierta suma de dinero y luego el apostador debe desembolsar su dinero directamente a través de esta vía.
Un mes después, en julio de 2013, el Tribunal de Cuentas observó el gasto con el argumento de que no existía "la causal de excepción invocada" para esta contratación y porque no había "disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable". De todas formas, la Intendencia de Montevideo reiteró el gasto.
En aquella época las autoridades municipales ajustaban detalles para la mudanza del casino Parque Hotel a la emblemática Casa de Andalucía, ubicada enfrente al viejo edificio que pasó a ser la sede del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
La mudanza implicaba algunos cambios en la operativa de la sala de juegos y una de ellas era reducir la cantidad de máquinas tragamonedas. En setiembre de 2014 la intendenta Olivera convalidó el alquiler de 100 slots a ICM SA para el Parque Hotel. El contrato establecía que desde el 1° de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, la empresa cobraría 15 millones de pesos durante 2014 IVA incluido y otros 27 millones de pesos por el alquiler de slots durante el año 2015.
Una vez más, el Tribunal de Cuentas observó el gasto ya que este contrato derivaba de "un procedimiento observado por razones insubsanables" y "por falta de disponibilidad en el rubro de imputación". La administración Olivera hizo caso omiso al señalamiento del órgano de contralor y siguió adelante con el arrendamiento de las tragamonedas. Y pasadas las elecciones municipales, Martínez siguió en la misma línea de contratación.
La intendencia de Montevideo registró en el último año un descenso de las ganancias en su sala de juego y el director del área Hugo Gandoglia atribuyó el hecho al "azar" que determinó el aumento de la suerte de los apostadores.
Según explicó Gandoglia, el casino del Parque Hotel tuvo en 2015 una ganancia de 87 millones de pesos mientras que en 2016 bajó a poco más de 57 millones. "Con respecto a la reducción en el resultado de la actividad de los slots voy a decir que efectivamente es inferior a la de 2015, pero sin embargo el monto de lo apostado no es inferior al del 2015, sino por el contrario, es superior. Estas cifras no las registra el presupuesto. Estamos hablando de una actividad en la que el azar también existe. Lo que no ingresó a las arcas de la Intendencia está en poder del público", explicó Gandoglia, citado por el diario El País.
Al igual que en los tiempos de Bengoa, la estrategia de la Intendencia para superar el momento difícil de la sala de juego es el arrendamiento de nuevas máquinas tragamonedas. El director de Desarrollo Económico Óscar Curutchet dijo que en 2018 se invertirán 15 millones de pesos en slots
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Pablo Alfano /Sudestada
COMCOSUR INFORMA Nº 1843 – 19/09/2017