CATALUNYA
"Una jornada romántica": El Gobierno español pedirá que corten la luz el día del referéndum
Publicado: 14 sep 2017 14:41 GMT RT
Batería de medidas judiciales para evitar la
celebración de la consulta soberanista del 1 de octubre.
El
Gobierno español está dispuesto a acabar con cualquier intento de la
Generalitat de Cataluña de llevar a cabo el referéndum de
autodeterminación del próximo 1 de octubre. Así, cuando faltan poco más
de 15 días para la celebración de la consulta soberanista, el pulso
entre ambas administraciones sigue marcando la agenda política y un
acuerdo negociado entre las partes parece ya imposible de alcanzar.
Desde que el Parlamento de Cataluña aprobó la semana pasada la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, gracias a los votos de las fuerzas independentistas Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, con mayoría en la Cámara, la maquinaria judicial promovida por el Gobierno central ha sido imparable.
A los recursos de inconstitucionalidad contra la citadas normas, aceptados a trámite por el Tribunal Constitucional, se han sumado una serie de acciones en batería por parte de la Fiscalía General del Estado: apercibimientos a funcionarios, políticos y miembros de las mesas electorales advirtiendo de la ilegalidad de participar en la consulta; órdenes para interrogar a los alcaldes que participan en el referéndum e, incluso, instrucciones a las fuerzas de seguridad para que requisen urnas, papeletas e impidan cualquier tipo de propaganda.
Además, no se descartan más medidas en los próximos días e incluso durante la celebración de la jornada del 1 de octubre. Según informa este jueves 'El Mundo', existe la posibilidad de que el Gobierno pida al juez que ordene cortar el suministro eléctrico en los colegios electorales que pongan las urnas y, así, impedir el acceso de los datos censales y el recuento de votos.
Una información a la que ya ha reaccionado con ironía el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Con su obsesión, todavía nos regalarán una jornada romántica. ¡Buenos días!", ha escrito en su cuenta personal de Facebook.
Desde que el Parlamento de Cataluña aprobó la semana pasada la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, gracias a los votos de las fuerzas independentistas Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, con mayoría en la Cámara, la maquinaria judicial promovida por el Gobierno central ha sido imparable.
A los recursos de inconstitucionalidad contra la citadas normas, aceptados a trámite por el Tribunal Constitucional, se han sumado una serie de acciones en batería por parte de la Fiscalía General del Estado: apercibimientos a funcionarios, políticos y miembros de las mesas electorales advirtiendo de la ilegalidad de participar en la consulta; órdenes para interrogar a los alcaldes que participan en el referéndum e, incluso, instrucciones a las fuerzas de seguridad para que requisen urnas, papeletas e impidan cualquier tipo de propaganda.
Otras medidas
En este sentido, ayer mismo, miércoles, la Fiscalía ordenaba a la Guardia Civil que procediese al cierre de la página web que promociona la consulta soberanista. Una medida que se une a la decisión reciente de un juez de prohibir la celebración de un acto a favor del referéndum en un local que había sido cedido por el Ayuntamiento de Madrid.Además, no se descartan más medidas en los próximos días e incluso durante la celebración de la jornada del 1 de octubre. Según informa este jueves 'El Mundo', existe la posibilidad de que el Gobierno pida al juez que ordene cortar el suministro eléctrico en los colegios electorales que pongan las urnas y, así, impedir el acceso de los datos censales y el recuento de votos.
Una información a la que ya ha reaccionado con ironía el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Con su obsesión, todavía nos regalarán una jornada romántica. ¡Buenos días!", ha escrito en su cuenta personal de Facebook.
Madrid advierte a Cataluña: "Si son 700 alcaldes los que cometen un delito, todos irán a juicio"
Publicado: 17 sep 2017 15:06 GMT RT
Además asegura que la Generalidad está creando tensiones entre los propios catalanes.
"Un referéndum es un proceso que se basa en una convocatoria, que no existe porque ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y trae consigo un conjunto de elementos materiales: censo, urnas, papeletas, locales donde votar, tarjeta censal, una administración electoral. Ninguno va a existir en este proceso, por lo tanto no habrá referéndum", dijo Catalá en entrevista al diario 'La Razón'.
El ministro indicó que Madrid está dispuesto a dialogar "de todos los problemas" con las autoridades catalanas, pero negociar "exigiendo que el diálogo forme parte ese referéndum es hacerlo imposible desde el inicio". Al respecto instó a la Generalidad (Gobernación) de Cataluña a no crear tensiones "enfrentando a unos catalanes con otros", y añadió que el Gobierno español no va a caer "en ninguna trampa de provocación de altercados" de orden público.
Asimismo adelantó que en caso de que se efectúe el referéndum, Madrid utilizará "todos los mecanismos" para garantizar que la ley se cumpla. "Estamos en presencia de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación (…) Un referéndum contra la Constitución no puede ser democrático. Es un delito y tiene una responsabilidad penal. Y si son 700 (alcaldes catalanes soberanistas) los que cometen un delito, serán 700 los que los que irán a juicio", advirtió Catalá, explicando que si todos esos regidores son inhabilitados entonces serían sustituidos por sus concejales.
- Ayer los 715 alcaldes catalanes que mostraron su apoyo al referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre, y que están siendo investigados por la Fiscalía General de España, fueron recibidos en el Ayuntamiento de Barcelona y el Palacio de la Generalidad, en un acto que tenía como fin rechazar "la persecución judicial de los ediles" por parte de Madrid.
- "Esto no va de independencia, va de defensa de los derechos y las libertades de Cataluña", dijo en su intervención la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para quien las citaciones judiciales que ya han recibido algunos de los regidores catalanes son una "vergüenza".
Cerco al 1-O: Echenique pregunta a Sánchez si el PSOE sigue apoyando el "estado de excepción" de Rajoy
El secretario de Organización hace un repaso de los
últimas actuaciones del Gobierno para impedir la consulta
independentista el próximo 1 de octubre. Muestra su preocupación por el
apoyo del líder del PSOE al Gobierno.
Pablo Echenique ha
preguntado a Pedro Sánchez si el PSOE sigue apoyando el "estado de
excepción" de Rajoy. En una publicación de Facebook, el secretario de
Organización de Podemos ha reprochado al secretario general socialista
que "ofreció su apoyo cerrado a las actuaciones del Gobierno de Mariano Rajoy", cuyas acciones han servido para suspender derechos civiles fundamentales como la "libertad de expresión o de reunión".
Echenique ha hecho un repaso de los últimas
actuaciones del Gobierno para impedir la consulta independentista el
próximo 1 de octubre. Así, el secretario de la formación morada ha
recordado la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del
Ministerio de Hacienda, "aplicando de manera encubierta el Artículo 155 de la Constitución y suspendiendo de facto el autogobierno en Catalunya".
Asimismo, ha criticado que el fiscal general
del Estado, José Manuel Maza, -reprobado por el Congreso y defensor del
exfiscal Anticorrupción "offshore"- ha emitido órdenes para
"requisar teléfonos móviles y ordenadores" e identificar periodistas en
medios de comunicación, registraba imprentas "en busca de peligrosas
papeletas" o amenazaba con meter en la cárcel a 700 alcaldes "elegidos democráticamente -y no por corrupción precisamente-".
Echenique también ha mencionado la
prohibición de la Justicia de celebrar actos "pacíficos" en Madrid y
Vitoria, así como la censura de las páginas webs relacionadas con el
1-O.
Es por eso que el secretario de Organización
de Podemos considera que el "ya no solamente va del derecho a decidir
de los catalanes", pues ahora se habla de derechos civiles fundamentales.
"Derechos sin los cuales una democracia deja
de serlo. Derechos como la libertad de expresión, de prensa, de
manifestación o de reunión. Derechos que el Gobierno de Mariano Rajoy ha
decidido suspender en Catalunya, pero también en Vitoria o en Madrid".
Ante esta situación, Echenique refleja su preocupación por el apoyo del PSOE a Rajoy, cuya formación política cometería "un grave error si suscribe la hoja de ruta del Partido Popular".
Referéndum en Catalunya: Los madrileños abarrotan el acto por el derecho a decidir
En el acto el portavoz de ERC, Joan Tardà, ha declarado que "está en jaque la democracia, no el derecho a decidir".
Cientos de madrileños han abarrotado el acto por el derecho a decidir en el Teatro del Barrio, organizado por el colectivo "Madrileños por el derecho a decidir",
en el que han participado políticos como Joan Tardá, Natalia Esteve,
Eduardo Reyes, Isabel Serra, Nuria GIbert, Alberto Arregui o Lluis
Llach.
Durante el acto, una multitud se ha
agolpado en los aledaños del teatro para mostrar su apoyo a la consulta
soberanista del próximo 1 de octubre y protestar contra las recientes
medidas del Gobierno para impedir el referéndum.
El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha
llamado a todos los demócratas a rebelarse ante una situación en la que
tanto el Gobierno como el PSOE han puesto "en jaque", a su juicio, tanto
el "ejercicio del derecho a decidir" como "la misma democracia".
Tardà ha hecho estas declaraciones a su llegada al Teatro del Barrio,
un recinto privado de Lavapiés (Madrid) que hoy acoge el acto a favor
del 1-O que se iba a celebrar en un espacio del Ayuntamiento de Madrid y
que un juez prohibió celebrar en ese local municipal.
El portavoz de ERC ha agradecido al pueblo
de Madrid su "respuesta fraternal" hacia los catalanes. En este punto,
ha parafraseado el lema del republicanismo catalán cuando la ciudad de
Madrid se encontraba asediada durante la Guerra Civil -"Defender Madrid es defender Cataluña"-.
Tardà ha considerado que todos los demócratas se tienen que rebelar contra los que buscan consolidar "una democracia 'low cost', de baja calidad".
En este punto, ha lamentado que el PSOE,
un partido "antifranquista" que "luchó por la libertades" y que ahora
está diciendo al PP "que cuente con él para lo que sea". "Incluso ha
hecho suya las terminología del PP", ha lamentado.
A preguntas de los periodistas sobre
posibles consecuencias del acto, el diputado de ERC ha asegurado que los
demócratas "nunca" tienen miedo y saben que la "democracia siempre acaba ganando".
Puigdemont, sobre la actuación de la Fiscalía: "Ni la Ley Fraga se atrevía a tanto"
Puigdemont ha criticado el despliegue de efectivos de
la Guardia Civil en Cataluña en un acto a favor del referéndum
celebrado en el Teatro Principal de Badalona.
El presidente de
la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado este viernes la
actuación de la Fiscalía para frenar actos y publicaciones que promuevan
el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional: "¡Ni la Ley Fraga se atrevía a tanto!".
En un acto a favor del referéndum celebrado en el Teatro Principal de Badalona (Barcelona),
Puigdemont ha criticado el despliegue de efectivos de la Guardia Civil
en Cataluña: "¿Dónde estaba la Guardia Civil este verano cuando los
necesitábamos en el aeropuerto? ¿Dónde estaban mientras la gente perdía
sus vuelos?", ha preguntado.
"El 1 de octubre, o sale reforzado Rajoy y su España en blanco y negro, la España del Nodo y la Ley Fraga,
o ganamos los demócratas", ha dicho Puigdemont, que ha calificado la
situación actual en Catalunya de "estado de excepción encubierto".
Referéndum soberanista: El partido de Colau participará en el 1-O entendiéndolo como una movilización
Un 44% de los inscritos de Catalunya en Comú participan en la consulta para dar apoyo al 1-O, pero no como un referéndum
La coordinadora de
comunicación de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha anunciado este
viernes en rueda de prensa que las bases de los comuns han decidido participar en el referéndum del 1 de octubre entendiéndolo como una movilización.
Tras la decisión de la Coordinadora de los comuns de
dar apoyo al 1-O, pero no como un referéndum, decidieron someter a
consulta los días 12, 13 y 14 de septiembre sus inscritos que la han
respaldado con un 44% de participación. Un total de 3.485 inscritos han
participado en la consulta que preguntaba si "CatComú tiene que
participar en la movilización del 1-O" y 2.053 han votado a favor (un
59,39%), 1.404 han votado en contra (un 40,61%), y se ha emitido un voto
nulo.
De ese modo Catalunya en Comú ha llamado a
participar en la "movilización legítima" del 1 de octubre en la que los
catalanes "no pueden doblegarse" ante la "ola represiva" del PP, y harán
campaña con actos propios para movilizar al "80 % de los catalanes"
favorables al derecho a decidir, sin entrar en la "polarización".
CatComú llama a participar en la
"movilización legítima" del 1-O en la que los catalanes "no pueden
doblegarse" ante la "ola represiva" del PP
Los comunes hacen un llamamiento a la participación, sin decantarse ni por el sí ni por el no dadas
las diferentes sensibilidades dentro del partido, y harán una campaña
propia aunque no participarán en ninguno de los actos oficiales
programados por los independentistas.
Alamany ha admitido que el 1 de octubre,
suspendido por el TC, "no tendrá la normalidad democrática que
desearíamos", pero ha defendido esta llamada a la participación frente a
la "ola represiva" de un Gobierno que practica la "estrategia del
miedo", "se escuda tras los tribunales y las querellas" y adolece de
"sordera" ante las demandas catalanas. "No podemos doblegarnos", ha
dicho la portavoz de Catalunya en Comú.
La portavoz de CatComú, por otro lado, se ha
mostrado muy crítica con el PSOE y con el PSC, y ha instado a los
socialistas catalanes "a romper su silencio de una vez por todas" para
denunciar la "agresión flagrante" del PP a las instituciones catalanas:
"Como partido progresista, no se pueden permitir estar callados ni un
minuto más", ha opinado.
Colau recibirá en a los alcaldes independentistas
De otro lado, la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, recibirá este sábado en el Ayuntamiento a los alcaldes que
participarán en el acto convocado por la Associació Catalana de
Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI)
antes de que les reciba el presidente del Govern, Carles Puigdemont, en
la Generalitat.
Fuentes municipales han detallado que Colau
los recibirá sobre las 11.00 horas en el Ayuntamiento, y que después
los alcaldes cruzarán la plaza para que les reciba Puigdemont, con quien
la alcaldesa ha alcanzado un acuerdo para garantizar la participación
el 1 de octubre sin poner en riesgo la institución ni sus trabajadores,
del que todavía no han dado detalles.
El acto organizado por la AMI y la ACM
empezará a las 12.00 horas en el paraninfo de la Universitat de
Barcelona (UB) bajo el título 'Mundo local X referéndum', en el que se
leerá un manifiesto con el compromiso de los alcaldes de colaborar para
poder celebrar el 1-O.El presidente del PNV se reúne con Puigdemont y le garantiza apoyo al 1-O
Ortuzar coincide con el president de la Generalitat en que "el diálogo es necesario antes y después!" del referéndum
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha reunido este sábado en Girona con el máximo mandatario del Euskadi Bru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, en un encuentro en que han analizado la situación política en Euskadi y Catalunya.
Ortuzar, que se encuentra este fin de semana en Girona para
participar en un acto benéfico, ha destacado en su cuenta personal de
Twitter que ambos han coincidido en que "el diálogo es necesario antes y
después del 1-O".
Según ha señalado el dirigente jeltzale, la reunión se ha prolongado durante una hora y en la misma le ha adelantado también que "una amplia delegación del PNV participará en Bilbao en la manifestación de Gure Esku Dago en favor del referéndum del 1-O".
"Hemos analizado la situación política en Euskadi y en Catalunya y hemos coincidido en que el diálogo es necesario antes y después del 1 de octubre", ha añadido.
El PNV romperá con Rajoy “si se toman medidas drásticas” en Catalunya
La formación nacionalista vasca podría finiquitar el
acuerdo con el PP si el gobierno supera determinadas “líneas rojas”. Aún
no ha decidido si participará en la campaña electoral a favor del Sí,
aunque tiene previsto estar en Barcelona el día 1 “pase lo que pase”
“Si te vas, quiero
verte partir, saber que te has ido”, cantaba el inolvidable artista
Alfredo Zitarrosa, una de las voces más conocidas del Río de la Plata.
En el majestuoso y antiguo edificio “Sabin Etxea” jamás habrá sonado
esta canción, pero su letra puede hacerse realidad en cuestión de días.
Desde su cuartel principal, la dirección del PNV valora cada minuto de
la realidad catalana con la cabeza fría, el corazón caliente y el móvil
en la mano. Esperan llamadas desde Barcelona, pero también desde Madrid.
Si las cosas siguen empeorando, la formación liderada por Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu no
tendrá más remedio que tomar una decisión: o rompe sus acuerdos de
colaboración con el gobierno del PP o traiciona a sus viejos amigos –y
aliados- catalanes. Paradójicamente, el “derecho a decidir” les
obligará a tomar una decisión clara, contundente y difícil. Quizás tan
difícil como la que tomaron en marzo pasado, cuando decidieron acordar
los presupuestos vascos con los nueve parlamentarios del PP –quinta y
última fuerza política en el Parlamento de Vitoria-. O en mayo de
este mismo año, cuando anunciaron que votarían las cuentas de Rajoy en
el Congreso a cambio de obtener beneficios en torno al Cupo.
“Todo estuvo bien, alguna vez. ¿Por qué tuvo
que cambiar?”, cantaban “Los Estómagos”, otro grupo de la tierra de
Zitarrosa. Y así fue. En plena luna de miel entre peneuvistas y
populares apareció un elemento de sobra previsible: Catalunya. O mejor
dicho, la decisión del Govern y de los partidos que lo sustentan de
impulsar un referéndum, algo que el Ejecutivo liderado por Rajoy
considera ilegal. Y no solamente eso, sino que ha empezado a dar pasos
firmes para tratar de impedir que el día 1 de octubre haya gente
votando.
Frente a esa situación, el PNV se ha visto en
la obligación de admitir públicamente que debería reconsiderar sus
relaciones con el PP en caso de que la crisis supere ciertas líneas
rojas. Léase artículo 155 de la Constitución. Léase apartar a Puigdemont. Léase mandar a la Guardia Civil a retirar urnas.
“Estamos muy pendientes de lo que ocurre en
Catalunya. En función de lo que vaya sucediendo, decidiremos qué es
asumible y qué no”, explicaron a Público desde Sabin Etxea. Las fuentes
consultadas aseguraron que “si se toman medidas drásticas”, el PNV lo
interpretará “como un ataque y como un clara negativa a reconocer el
hecho plurinacional”. En otras palabras, “si la respuesta que sigue
dando el PP es esta, la ciudadanía entenderá que no se puede legitimar a
un gobierno que actúa así”. “Hoy es Catalunya, pero mañana será
Euskadi”, subrayaron.
Sin embargo, el lehendakari habló esta semana
de la “falta de garantías” en torno al referéndum, algo que choca con
las declaraciones realizadas por otros dirigentes de su partido que han
mostrado su apoyo al proceso electoral. “Cuando Urkullu dice que el
referéndum no cumple todas las condiciones, no está culpando al gobierno
catalán, sino a quien no ha facilitado que las cosas se hagan de otra
forma”, aseguraron desde la dirección peneuvista.
“No es una crítica al referéndum, sino a quien no lo ha permitido”, remarcaron.
“Tienen dos almas”
Estas interpretaciones no convencen al sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) Imanol Zubero.
“El PNV es un partido muy complejo. Siempre se ha dicho que tiene dos
almas: una reformista, que ha participado históricamente en el gobierno
del Estado, y otra independentista”, destaca este analista.
Zubero –quien entre 2008 y 2011 ejerció como
senador del PSE por Bizkaia- conoce muy bien a Urkullu. No en vano,
ambos son de la misma generación (nacieron en 1961) y del mismo pueblo
(Alonsotegi, a unos ocho kilómetros de Bilbao). “El lehendakari es un
nacionalista cívico. Mientras él tenga el control del partido habrá
algún gesto de complicidad con los catalanes, pero no pasará de ahí”,
sostiene.
En otras palabras, este sociólogo no cree
que la formación nacionalista haga realidad sus amenazas de ruptura con
el PP. “El PNV no podrá soportar que se le ponga en la tesitura de
decidir a quién apoya: a un gobierno centralizador y represor, aunque en
los Presupuestos te respete el Cupo, o a unos socios históricos del
nacionalismo vasco como han sido los nacionalistas catalanes”, subraya.
Una de las pruebas más recientes de esa
amistad se registró el pasado domingo 10 en un restaurante de Barcelona.
Coincidiendo con la víspera de la Diada, el presidente del Euskadi Buru Batzar (órgano de dirección del PNV), Andoni Ortuzar, y el responsable de Organización, Joseba Aurrekoetxea, compartieron mesa con varios pesos pesados del PDeCAT, como el ex president Artur Mas, el senador Francesc Homs
o la actual coordinadora de ese partido, Marta Pascal. “Ortuzar conoce a
muchos de ellos desde hace años, y son muy buenos amigos”, subrayaron
las fuentes consultadas por Público.
Está previsto que los principales
responsables del PNV –excluyendo al lehendakari- vuelvan a visitar
Catalunya el día del referéndum, “pase lo que pase”. Sin embargo, aún no
está claro si tomarán parte en alguno de los actos de campaña electoral
a favor del Sí. Mientras toman una decisión, podría volver a sonar el
teléfono. Quizás sea de La Moncloa. O también de la calle Génova.
Entonces habrá que dar una respuesta clara, de esas que cantaba
Zitarrosa. “No hay mejor amor que el que ya pasó, se siente al decir
adiós”, dice el último verso de una de sus canciones más sentidas.
Apunten el título: “Si te vas”.
Miles de personas, 32.000 según el recuento realizado por
NAIZ y GARA, se han manifestado en Bilbo en apoyo al referéndum catalán,
en una marcha convocada por Gure Esku Dago que se ha visto adornada por
un mar de ikurriñas y banderas catalanas, así como carteles de
proclamas en favor del derecho a decidir.
La pancarta de la cabecera estaba sostenida por, entre otros, por los portavoces de este colectivo Ángel Oiarbide y Zelai Nikolas, el exrector de la EHU-UPV Iñaki Goirizelaia, sindicalistas como Maite Aristegi –también exdiputada– o Jesús Uzkudun, de CCOO, o el músico Jabier Muguruza.
Al acto han acudido sendas delegaciones de EH Bildu y PNV. La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha destacado que miles de personas han llenado las calles de Bilbo para poner de manifiesto que «están a favor de la democracia, de un derecho tan básico como el derecho a poder decidir» y, además, denunciar «la actitud antidemocrática del Estado español».
«El Estado español no es un estado democrático, no es un estado avanzado. Es un estado atrasado que no está al nivel de otros estados democráticos europeos, como está demostrando estos días con su actitud hacia Catalunya», ha denunciado.
La presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, ha declarado que han acudido a la manifestación porque «Catalunya es una nación y como nación tiene derechos políticos. El pueblo catalán tiene derecho a decidir en libertad cuál quiere que sea su futuro, y por supuesto, las instituciones catalanas están absolutamente legitimadas a llamar a su pueblo a un referéndum».
Manifiesto final de Gure Esku Dago
Al término de la marcha se ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha subrayado que «hemos dado muchos pasos juntos, todos en la misma dirección, para defender la democracia y el derecho a decidir. Hemos demostrado que somos un pueblo solidario y que esa solidaridad es parte de nuestra identidad».
«Estamos aquí para dar nuestro apoyo al pueblo catalán, precisamente en el momento histórico en el que va a decidir su futuro», han añadido.
«El referéndum del 1de octubre tiene todo nuestro apoyo, porque es el resultado de la voluntad democrática del pueblo catalán, manifestada y canalizada a través de las instituciones legítimas de Catalunya. Por ello, por encima de persecuciones, amigas y amigos de Catalunya, queremos mostraros nuestro respeto y apoyo, estem amb vosaltres», ha aseverado.
Han hecho una mención especial a «todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, cargos políticos y medios de comunicación que estáis sufriendo la persecución judicial y policial», y han remarcado que «en Euskal Herria también queremos ser dueños y dueñas de nuestro futuro. No empezamos el camino desde cero, pero no es menos cierto que hay mucho trabajo por hacer y que en Euskal Herria tenemos que trabajar nuestro propio camino. No es el momento de quedarse mirando, sino el momento para comenzar a andar juntos, trabajar generando confianzas mutuas y ser creativos».
Mensaje de Carme Forcadell
Asimismo, los asistentes han escuchado un mensaje de la presidenta del Parlamento de Catalunya, Carme Forcadell, quien ha agradecido el apoyo «al referéndum que vamos a celebrar el 1 de octubre».
«Es muy importante para nosotros contar con vuestro apoyo para cuando nosotros decidamos de forma democrática y pacífica nuestro futuro», ha afirmado.
Asimismo, ha asegurado que «no hay democracia en un Estado que persigue penalmente el debate de las ideas y obliga a los pueblos que forman parte de él a estar en este Estado».
La pancarta de la cabecera estaba sostenida por, entre otros, por los portavoces de este colectivo Ángel Oiarbide y Zelai Nikolas, el exrector de la EHU-UPV Iñaki Goirizelaia, sindicalistas como Maite Aristegi –también exdiputada– o Jesús Uzkudun, de CCOO, o el músico Jabier Muguruza.
Al acto han acudido sendas delegaciones de EH Bildu y PNV. La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha destacado que miles de personas han llenado las calles de Bilbo para poner de manifiesto que «están a favor de la democracia, de un derecho tan básico como el derecho a poder decidir» y, además, denunciar «la actitud antidemocrática del Estado español».
«El Estado español no es un estado democrático, no es un estado avanzado. Es un estado atrasado que no está al nivel de otros estados democráticos europeos, como está demostrando estos días con su actitud hacia Catalunya», ha denunciado.
La presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, ha declarado que han acudido a la manifestación porque «Catalunya es una nación y como nación tiene derechos políticos. El pueblo catalán tiene derecho a decidir en libertad cuál quiere que sea su futuro, y por supuesto, las instituciones catalanas están absolutamente legitimadas a llamar a su pueblo a un referéndum».
Manifiesto final de Gure Esku Dago
Al término de la marcha se ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha subrayado que «hemos dado muchos pasos juntos, todos en la misma dirección, para defender la democracia y el derecho a decidir. Hemos demostrado que somos un pueblo solidario y que esa solidaridad es parte de nuestra identidad».
«Estamos aquí para dar nuestro apoyo al pueblo catalán, precisamente en el momento histórico en el que va a decidir su futuro», han añadido.
«El referéndum del 1de octubre tiene todo nuestro apoyo, porque es el resultado de la voluntad democrática del pueblo catalán, manifestada y canalizada a través de las instituciones legítimas de Catalunya. Por ello, por encima de persecuciones, amigas y amigos de Catalunya, queremos mostraros nuestro respeto y apoyo, estem amb vosaltres», ha aseverado.
Han hecho una mención especial a «todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, cargos políticos y medios de comunicación que estáis sufriendo la persecución judicial y policial», y han remarcado que «en Euskal Herria también queremos ser dueños y dueñas de nuestro futuro. No empezamos el camino desde cero, pero no es menos cierto que hay mucho trabajo por hacer y que en Euskal Herria tenemos que trabajar nuestro propio camino. No es el momento de quedarse mirando, sino el momento para comenzar a andar juntos, trabajar generando confianzas mutuas y ser creativos».
Mensaje de Carme Forcadell
Asimismo, los asistentes han escuchado un mensaje de la presidenta del Parlamento de Catalunya, Carme Forcadell, quien ha agradecido el apoyo «al referéndum que vamos a celebrar el 1 de octubre».
«Es muy importante para nosotros contar con vuestro apoyo para cuando nosotros decidamos de forma democrática y pacífica nuestro futuro», ha afirmado.
Asimismo, ha asegurado que «no hay democracia en un Estado que persigue penalmente el debate de las ideas y obliga a los pueblos que forman parte de él a estar en este Estado».
Referéndum 1-O: Miles de personas salen a las calles de Bilbao para denunciar la “demofobia” del PP
La capital vizcaína acoge una multitudinaria
manifestación a favor del referéndum catalán, convocada por la
plataforma soberanista Gure Esku Dago. La mayoría política y sindical de
Euskadi respaldó el acto.
El reputado
académico estadounidense Stephen Ansolabehere es poco sospechoso de
buscar la “destrucción” de España. Mucho menos de apoyar “acciones
ilegales” o dedicadas a subvertir cualquier orden establecido. Cuando la
aún menos sospechosa cadena de noticias CBS quiere hablar de
elecciones, recurre a los servicios de este comedido analista político y
profesor de la Universidad de Harvard. Este sábado, Mr. Ansolabehere
–cuya familia procede de Baigorri, en el País Vasco bajo jurisdicción
francesa- se dejó ver por las calles de Bilbao. No compraba souvenirs ni visitaba el Museo Guggenheim. Su objetivo, al igual que el de otras miles de personas, era protestar contra quienes buscan impedir el referéndum catalán.
La convocatoria partió de Gure Esku Dago, la plataforma soberanista vasca que promueve el derecho a decidir en Euskadi.
Tras organizar varias consultas simbólicas en distintos puntos del País
Vasco, este sábado encabezó una movilización que tenía, al menos, dos
objetivos. Por un lado, mostrar el apoyo vasco a Catalunya. Por otro,
gritar bien fuerte contra la “demofobia” del gobierno del PP. “Votar
para decidir. Democracia. Catalunya, estamos con vosotros" era el lema
trilingüe (castellano, euskera y catalán) de la pancarta principal.
Había ikurriñas, banderas de Navarra y esteladas. Muchas esteladas.
"El pueblo catalán tiene derecho a decidir en libertad cuál quiere que sea su futuro"
“Hoy
son ellos, pero mañana podemos ser nosotros”, reflexionaba uno de los
manifestantes poco antes de que la movilización empezara a andar. El
reloj marcaba las 17.30, y en el parque de La Casilla de Bilbao –lugar
habitual de partida de muchas protestas- se habían congregado numerosas
personas. Muchas de ellas habían llegado en autobuses especialmente
contratados en diferentes localidades vascas para viajar este sábado a
Bilbao.
Entre los manifestantes que se acercaron hasta La Casilla había varias caras conocidas de la política vasca.
El PNV, que aún mantiene su acuerdo con el PP –algo que podría cambiar
si el gobierno adopta “medidas drásticas”-, estuvo representado por
Itxaso Atutxa, Jose Antonio Suso y Joseba Egibar, máximos responsables
del partido en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa respectivamente, así como por
la secretaria del Euzkadi Buru Batzar (órgano de dirección peneuvista),
Mireia Zarate. También acudieron el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto,
y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.
"El pueblo catalán tiene derecho a decidir
en libertad cuál quiere que sea su futuro", afirmó Atutxa antes de que
empezara la manifestación. Además, sostuvo que las instituciones
catalanas están "absolutamente legitimadas para llamar a su pueblo a un
referéndum". "Lamentamos que el gobierno español en lugar de garantizar
lo que el pueblo catalán está demandando democrática esté torpedeando e
impidiendo por la fuerza su decisión y su voluntad política, agregó. Sin
embargo, evitó aclarar si compartía las afirmaciones formuladas esta
misma semana por el lehendakari Iñigo Urkullu sobre la" falta de
garantías" en torno al referéndum.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se había reunido por la mañana con el mandatario Carles Puigdemont en Girona, donde le contó que su partido iba a estar en la manifestación de Bilbao.
Así lo relató el propio Ortuzar en Twitter, donde también incluyó una
mención muy genérica al contenido de la conversación. “Hemos analizado
la situación política en Euskadi y en Catalunya y hemos coincidido en
que el diálogo es necesario antes y después del 1-O”, señaló.
“Compromiso también con la libertad de expresión, de manera pacífica y alegre”
Por
su parte, EH Bildu acudió en masa a la manifestación. Cuando aún
faltaban unos minutos para que la marcha iniciase su recorrido, en las
inmediaciones del parque La Casilla ya se dejaban ver los principales
responsables de las formaciones que integran la coalición abertzale
(Sortu, EA, Alternatiba y Aralar). Por allí se cruzaron con algunos
integrantes de Podemos, como Neskutz Rodríguez, portavoz en las Juntas
de Bizkaia. También estaban los principales responsables de los
sindicatos ELA y LAB, así como distintas caras del mundo de la cultura
vasca.
Absoluta normalidad
La movilización transcurrió bajo consignas a favor del referéndum catalán. "Independentzia, Independentzia" coreaba la multitud que se agolpaba a los costados mientras la cabecera de la marcha avanzaba por la calle Autonomía.
Todo sucedió bajo total normalidad, algo
radicalmente distinto a lo que había ocurrido el día anterior en
Vitoria: allí también se iba a defender la votación catalana, pero un
juzgado número de la capital alavesa, siguiendo lo marcado por la
Delegación de Gobierno, ordenó suspender el acto que debía desarrollarse en un edificio municipal y que tenía a la diputada de la CUP Anna Gabriel
como principal oradora. De hecho, los policías municipales llegaron con
la notificación cuando Gabriel ya estaba en el escenario y la sala se
encontraba repleta. La imagen recorrió todas las redacciones del país.
También fue recordada antes de que la movilización empezara a andar por
la parlamentaria de EH Bildu.
Este sábado, en cambio, no hubo momentos de
tensión. Previamente, Gure Esku Dago había llamado a la ciudadanía
mostrar su “compromiso también con la libertad de expresión, de manera
pacífica y alegre”. Las miles de personas que hicieron el recorrido de
casi dos horas de duración siguieron esas premisas. Además de un amplio
número de banderas catalanas, también se vieron carteles con lemas como
"queremos votar" o "queremos decidir", escritos en euskera, castellano e
inglés. Este último idioma fue el elegido para una pancarta situada a
la altura de la estación de trenes de Renfe, en el que aparecía una urna
junto a una frase contundente: "Today Catalonia. Tomorow Basque Country".
Mensaje de Forcadell
La movilización acabó en las escalinatas
del ayuntamiento de Bilbao. “Entre todas y todos hemos conseguido dar
una respuesta unitaria de solidaridad hacia el pueblo catalán El momento
histórico exigía una respuesta así” fue una de las frases lanzadas por
los altavoces. Seguido, los organizadores anunciaron una “sorpresa”: la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, había enviado un mensaje de
audio para dar las gracias a todas las personas que se habían sumado a esta manifestación.
“Es muy importante contar con vuestro apoyo
para que nosotros decidamos de forma democrática y pacífica nuestro
futuro”, afirmó. Seguido, recordó que “no hay democracia en un estado
que persigue las ideas” y que no respeta “derechos fundamentales”.
“Hoy hemos demostrado que somos un pueblo
solidario”, dijo poco después Zelai Nikolas, una de las portavoces de
Gure Esku Dago. Reivindicó además que “el referéndum es democracia”, al
tiempo que advirtió que “están en juego los derechos fundamentales”.
Mirando hacia casa, aseguró que la ciudadanía vasca debe realizar “su
propio camino” para lo cual será necesario “profundizar acuerdos” y
“trabajar juntos”. Las miles de personas congregadas volvieron a
responder con aplausos. Sánchez Gordillo participa en un acto por el sí que había sido prohibido por la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
Por Kaos. Països CatalansKAOS EN LA RED - Publicado en: 16 septiembre, 2017
Centenares de personas participan en el acto de Som Gramenet (“Somos Gramenet”) a favor del sí en el referéndum en el que ha participado el alcalde de Marinaleda.
El gran protagonista ha sido el alcalde de Marinaleda y dirigente histórico del Sindicato Andaluz de Traba
En el acto han participado también el ex alcalde de Cornellà por el PSUC, Frederic Prieto, y la concejal Anna Pérez, portavoz de Som Gramenet.
Demoledora carta de diputados de siete partidos daneses contra la represión del gobierno español
Por Kaos. InternacionalKAOS EN LA RED - Publicado en: 16 septiembre, 2017
Advierten que las ‘acciones represivas’ y las ‘crecientes amenazas’ no serán la solución al problema político.
Reclaman un diálogo para resolver la cuestión catalana y critican la escasa división de poderes y las amenazas del estado español
Diecisiete diputados del parlamento danés de diferentes grupos políticos han escrito una carta demoledora contra la represión del gobierno español. Reclaman al presidente español, Mariano Rajoy, que haga un ‘papel constructivo’ y que dialogue de manera inmediata con las autoridades catalanas. La misiva ha sido enviada al congreso español, al gobierno español, al Parlamento de Cataluña, a la Generalitat y al parlamento y el gobierno de Dinamarca.
Los parlamentarios expresan su ‘profunda preocupación’ por la situación de Cataluña y afirman que se ha llegado a un momento crítico. Advierten al estado español que las ‘acciones represivas’ de los últimos días y las ‘crecientes amenazas’ a los funcionarios, los diputados, los alcaldes, los medios, las empresas y los ciudadanos no serán la solución al problema político.
‘Las amenazas y y las acciones judiciales no son la solución’, dicen. Que tienen que ser los políticos, y no los jueces ni las fuerzas policiacas, en cualquier país democrático de Europa. Además, explican que se sienten desconcertados y preocupados por la ”aparente falta de habilidades políticas’ para abordar la cuestión catalana.
‘El acuerdo y la buena colaboración serán la única solución posible’, sentencian.
URUGUAY
Los
funcionarios de la empresa estatal de combustibles Ancap, se declararon
en conflicto con el Directorio por la reducción en las guardias en la
planta, ante lo cual desde la noche de este viernes paralizaron la
refinería de La Teja, según informaron a LA REPÚBLICA fuentes del
sindicato, la Federación de Ancap (Fancap).
Más allá de esta decisión de los trabajadores, sostienen que efectuarán las guardias gremiales que asegurarán el normal abastecimiento de combustibles en el país.
En la resolución de la asamblea del Sector Refinería y Turnantes de la empresa, se declaran en conflicto “por la resolución arbitraria del directorio de reducir las guardias mínimas, hecho que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, las instalaciones y la población”.
Sin diálogo
Además, puntualizaron que “se solicitó una Comisión de Asuntos Laborales en forma ‘urgente’, reunión que fuera convocada por Ancap para la semana próxima, hecho que demuestra la falta de voluntad de la Administración en la búsqueda de un acuerdo”.
Agregan en su declaratorio que “ningún integrante del directorio se comunicó con la Federación Ancap, para explorar posibles soluciones”.
A pesar de esto, señalaron que “resaltamos la actitud asumida por los ministros Ernesto Murro y Carolina Cosse, y el director de Trabajo Jorge Mesa, para impulsar ámbitos de negociación, esfuerzos que chocan con la intransigencia del directorio”.
Remarcaron que la implementación de las medidas resueltas por la asamblea de refinería se hacen efectivas a partir del viernes 15 de setiembre a las 22 horas.
Recordaron que “dicha medida implica no realizar ninguna maniobra operativa en la planta, excepto sala de bombas y laboratorio (para asegurar el abastecimiento de combustibles)” y que “las medidas resueltas no afectaran el paro de mantenimiento”.
Cuatro generales retirados obstaculizaron la labor de investigación sobre el espionaje militar en democracia, negándose a concurrir a la comisión parlamentaria.
por Samuel Blixen
El documento interpreta que, con su negativa, los cuatro militares intentaron “amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló espionaje militar en democracia”. La declaración votada por unanimidad sostiene que “las pruebas encontradas en los archivos de los que dispone la comisión investigadora sobre espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales, seguimiento de personas, infiltraciones y persecución a militantes, son de una contundencia irrefutable entre los años 1986 y 1999, todas ellas violatorias de la Constitución y las leyes, coincidiendo con el período en que los ex militares citados anteriormente fueron directores de inteligencia militar”.
Otros dos militares retirados, el contralmirante Manuel Burgos y el vicealmirante Carlos Gianni, ambos oficiales de la Armada nacional, aceptaron concurrir a la comisión investigadora en la sesión del lunes 11; el contralmirante Burgos, jefe de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) en 2008, fue investigado por la justicia del crimen organizado en 2010, junto con otros altos oficiales, por el escándalo de las compras falsas y las irregularidades en la contabilidad de la Armada; Carlos Gianni, jefe de la inteligencia en 2000-2001, es recordado como el prefecto naval que en 1984 detuvo a Wilson Ferreira cuando regresó al país tras un exilio de 11 años.
Para el lunes 18 fue citado el contralmirante Jorge Otero, jefe de la inteligencia militar en 1995.
Para el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, miembro de la investigadora, resultó significativo que Wins, Legnani y Serpa comunicaran, en el mismo día, que no concurrirían a la comisión; Aguerrondo lo había comunicado un día antes. “Se trata de una actitud coordinada –dijo Núñez a Brecha–, y en mi opinión es producto de una conducta asentada en la impunidad”. Pero no deja de ser sintomático que los cuatro fueron directores de la inteligencia militar en distintos períodos entre 1985 y 1999, y es referido a esas fechas que la investigadora acumuló documentación incontrastable sobre el espionaje militar en democracia.
En los legajos de los cuatro militares aparecen méritos notorios: Juan A Serpa, jefe de la inteligencia desde 1986 a 1990, fue comandante del Batallón 13 de Infantería en 1975, cuando el cuartel se convirtió en un centro de interrogatorios y torturas. Mario Aguerrondo, también comandante del 13 de Infantería, y antes responsable de la represión del 9 de julio de 1973, fue jefe de la inteligencia militar entre 1993 y 1995, cuando el secuestro y desaparición del ex agente chileno Eugenio Berríos, ocultado en Uruguay para evitar que testimoniara ante la justicia trasandina, hasta que se volvió inmanejable y fue asesinado. Aguerrondo asimismo fue responsable de un operativo de espionaje con micrófonos ocultos en el despacho del general Fernán Amado. Daniel A Legnani, jefe de la inteligencia entre 1990 y 1992, también estuvo involucrado en el episodio de los micrófonos, cuya procedencia era de la Dgid; y Francisco Wins, jefe de la inteligencia entre 1998 y 2000, participó –estando en comisión en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa)– en la represión de 1975; en 2004 fue arrestado a rigor al tomar la iniciativa de colgar el retrato del general Liber Seregni en la galería de los jefe de la División de Ejército II, en San José, que había sido retirado después del golpe de 1973.
Más allá de esta decisión de los trabajadores, sostienen que efectuarán las guardias gremiales que asegurarán el normal abastecimiento de combustibles en el país.
En la resolución de la asamblea del Sector Refinería y Turnantes de la empresa, se declaran en conflicto “por la resolución arbitraria del directorio de reducir las guardias mínimas, hecho que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, las instalaciones y la población”.
Sin diálogo
Además, puntualizaron que “se solicitó una Comisión de Asuntos Laborales en forma ‘urgente’, reunión que fuera convocada por Ancap para la semana próxima, hecho que demuestra la falta de voluntad de la Administración en la búsqueda de un acuerdo”.
Agregan en su declaratorio que “ningún integrante del directorio se comunicó con la Federación Ancap, para explorar posibles soluciones”.
A pesar de esto, señalaron que “resaltamos la actitud asumida por los ministros Ernesto Murro y Carolina Cosse, y el director de Trabajo Jorge Mesa, para impulsar ámbitos de negociación, esfuerzos que chocan con la intransigencia del directorio”.
Remarcaron que la implementación de las medidas resueltas por la asamblea de refinería se hacen efectivas a partir del viernes 15 de setiembre a las 22 horas.
Recordaron que “dicha medida implica no realizar ninguna maniobra operativa en la planta, excepto sala de bombas y laboratorio (para asegurar el abastecimiento de combustibles)” y que “las medidas resueltas no afectaran el paro de mantenimiento”.
Mariana Mota: Uno de los objetivos es efectivizar el carácter nacional de la INDDHH
"Si se plantea la protección y acceso a los derechos humanos, esta debe ser efectiva y permanente en todo el territorio”, explicó la presidenta de Consejo Directivo de la INDDHH al recordar que “Uruguay es un país pequeño, pero sigue siendo fuertemente centralizado: la información y los recursos se concentran en Montevideo".
La nueva presidenta del Consejo Directivo de la Institución Nacional
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mariana Mota,
brindó una entrevista a Caras y Caretas para hablar de los desafíos que le implican el nuevo cargo que asumió el pasado 31 de agosto.
Mota señaló que uno de los principales objetivos del actual Consejo Directivo, que presidirá durante el primero de los cinco años de gestión, es poder expandirse y hacer efectivo el carácter nacional de la institución y “llegar a todos los rincones del país”.
Consultada sobre si existe en Uruguay una vulneración de los derechos humanos de distintos colectivos sociales consideró que sí que “en diversas áreas se pueden ver esas situaciones, con mayor o menor grado de afectación o con mayor intensidad en algunas áreas del territorio que en otras”, y señaló como ejemplos “los temas de medioambiente, de discapacidad, de mujeres, de pobreza, de exclusión de colectivos, de las personas con diferente orientación sexual, de los jóvenes -como la no aceptación de los espacios que reclaman por parte de las generaciones mayores-.También el tema de los migrantes y de trabajadores dependientes -como los trabajadores rurales o del servicio doméstico en algunas áreas del interior-“.
“Más allá de las normas que tratan de amparar todos los derechos, la legislación por sí sola no hace nada si no se acompasa con una política estatal. A veces tenemos legislación, pero no podemos llegar a cumplirla y para eso funciona la INDDHH”, destacó Mota y señaló la importancia de que se controle el cumplimiento de las normativas y generar conciencia en la gente que debe cumplir la ley y en propios beneficiados por ella.
Explicó que el incumplimiento de la legislación se da por diversas razones, en algunos casos por aspectos territoriales, como dificultades para llegar al lugar en que se brinda el servicio de Justicia, en otros por el desconocimiento de los derechos o por cómo funciona ese servicio.
“Falta mucha, mucha información sobre cómo funciona el sistema y eso es responsabilidad del propio sistema de Justicia. Después está cómo se brinda, la eficiencia, la rapidez y los tipos de soluciones brindadas y que estas se adecuen efectivamente al derecho que se reclama proteger”, agregó.
La INDDHH es una institución que puede colaborar para que la vulneración no ocurra. “En el anterior período, la INDDHH brindó informes al respecto de esta situación y lo que corresponde es que desde el Estado, en este caso desde el Poder Judicial, se adecuen sus formas de brindar el servicio en forma más apropiada, más completa e integral”, explicó y agregó -al ser consultada- que el Poder Judicial no suele recibir de buen agrado esas recomendaciones hechas por la Institución.
Mota explicó que eso pasa por que existe una falta de conocimiento sobre cuál es la funcional de la INDDHH y en ese sentido recordó que “no está para señalar con el dedo, sino para ayudar en un mayor y mejor cumplimiento de las funciones estatales, entre ellas, una bien importante como es el Poder Judicial. Poder trabajar juntos en beneficio de eso sería muy importante, principalmente para los administrados, para las personas; esa es la tarea primordial. Tal vez falta mayor diálogo y mayor disposición de ambos lados”.
“El CPP tiene un avance importante que implica salir de un sistema inquisitivo, que debería haber sido dejado de lado hace muchísimos años, y pasar a un sistema acusatorio” dijo y sobre el rol de la institución que preside respecto a ese código señaló que “puede ser una veedora de cómo se está implementando ese sistema y señalar los errores, si existen vulneraciones a los derechos o si no se contemplan debidamente las garantías de los imputados y de las propias víctimas”.
Mota consideró que “tampoco este CPP es completo, porque si bien le permite a la víctima participar en el proceso, proponer prueba y participar de su diligenciamiento, no la habilita a recurrir. Es una falta importante, que ya fue observada en algunos informes internacionales para el Estado uruguayo”, explicó.
Mientras que sobre si cree que la víctima debe tener la potestad de ser querellante dijo “hay voces en pro y en contra de víctimas como querellantes. En Argentina existe, pero en Uruguay se entendió que no. Pero sin ser querellante debería darse un mayor rango de actividad que proponer prueba y estar presente cuando se diligencian. Debería tener un papel más activo y tener más fuerza, poder plantear discrepancias”, consideró.
En ese sentido expresó “me queda la duda si la seguridad pasa sólo por más vigilancia. Creo que la seguridad pasa por una mayor comunicación de las personas dentro de la sociedad, por un involucramiento en las soluciones a los problemas”. Al tiempo que alertó sobre hasta dónde la seguridad no coarta la libertad de las personas “se ha ido por esa vía de mayor control de todo, entonces vamos caminando por la calle y nos están filmando, damos nuestros datos para comprar una cosa y estos están en todos los sistemas informáticos y nuestra privacidad está cada vez más limitada” dijo y agregó “es un sistema con el cual puedo no estar de acuerdo, pero es difícil enfrentarlo desde estos lugares, porque es una decisión política y también de la sociedad”.
Desde su punto de vista esa es una estructura que no tiene fin “porque se le pueden agregar otros elementos hasta el punto de ser absolutamente controlados. ¿Qué tipo de vida queremos si después no tenemos nuestra propia privacidad o libertad sin que haya un gran ojo que nos mire? El tema es si se acepta o no. Y cuando se entra a un sistema de este tipo, tan amplio, ¿qué espacio le queda a las personas para ir en contra de eso cuando tienen esa necesidad de seguridad? Esa supuesta demanda de seguridad, de control hasta de uno mismo para poder vivir en paz ¿es real? ¿La paz es posible solamente a partir de tanto grado de vigilancia o de control o se puede lograr por otro lado? No estoy para nada de acuerdo, pero vivo en esta sociedad”, concluyó.
Mota señaló que uno de los principales objetivos del actual Consejo Directivo, que presidirá durante el primero de los cinco años de gestión, es poder expandirse y hacer efectivo el carácter nacional de la institución y “llegar a todos los rincones del país”.
Descentralizar
“Uruguay es un país pequeño, pero sigue siendo fuertemente centralizado: la información y los recursos se concentran en Montevideo. Cuando uno va al interior se da cuenta de que hay un escalón de diferencia -por poner sólo un escalón- que en definitiva no debería existir”, expresó y recordó que esa diferencia implica una disparidad entre quienes pueden ejercer la defensa de sus derechos y quienes no, ya sea por desconocimiento o falta de acceso. “Eso no debería ser. Si se plantea la protección y acceso a los derechos humanos, esta debe ser efectiva y permanente en todo el territorio”, consideró.Consultada sobre si existe en Uruguay una vulneración de los derechos humanos de distintos colectivos sociales consideró que sí que “en diversas áreas se pueden ver esas situaciones, con mayor o menor grado de afectación o con mayor intensidad en algunas áreas del territorio que en otras”, y señaló como ejemplos “los temas de medioambiente, de discapacidad, de mujeres, de pobreza, de exclusión de colectivos, de las personas con diferente orientación sexual, de los jóvenes -como la no aceptación de los espacios que reclaman por parte de las generaciones mayores-.También el tema de los migrantes y de trabajadores dependientes -como los trabajadores rurales o del servicio doméstico en algunas áreas del interior-“.
“Más allá de las normas que tratan de amparar todos los derechos, la legislación por sí sola no hace nada si no se acompasa con una política estatal. A veces tenemos legislación, pero no podemos llegar a cumplirla y para eso funciona la INDDHH”, destacó Mota y señaló la importancia de que se controle el cumplimiento de las normativas y generar conciencia en la gente que debe cumplir la ley y en propios beneficiados por ella.
Explicó que el incumplimiento de la legislación se da por diversas razones, en algunos casos por aspectos territoriales, como dificultades para llegar al lugar en que se brinda el servicio de Justicia, en otros por el desconocimiento de los derechos o por cómo funciona ese servicio.
“Falta mucha, mucha información sobre cómo funciona el sistema y eso es responsabilidad del propio sistema de Justicia. Después está cómo se brinda, la eficiencia, la rapidez y los tipos de soluciones brindadas y que estas se adecuen efectivamente al derecho que se reclama proteger”, agregó.
La INDDHH es una institución que puede colaborar para que la vulneración no ocurra. “En el anterior período, la INDDHH brindó informes al respecto de esta situación y lo que corresponde es que desde el Estado, en este caso desde el Poder Judicial, se adecuen sus formas de brindar el servicio en forma más apropiada, más completa e integral”, explicó y agregó -al ser consultada- que el Poder Judicial no suele recibir de buen agrado esas recomendaciones hechas por la Institución.
Mota explicó que eso pasa por que existe una falta de conocimiento sobre cuál es la funcional de la INDDHH y en ese sentido recordó que “no está para señalar con el dedo, sino para ayudar en un mayor y mejor cumplimiento de las funciones estatales, entre ellas, una bien importante como es el Poder Judicial. Poder trabajar juntos en beneficio de eso sería muy importante, principalmente para los administrados, para las personas; esa es la tarea primordial. Tal vez falta mayor diálogo y mayor disposición de ambos lados”.
Código del Proceso Penal
La exjueza también fue consultada en la entrevista con Caras y Caretas sobre su visión del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y consideró que “es una herramienta, una ley”, al tiempo que destacó que lo importante “es cómo ejecutamos y concretamos esa ley”.“El CPP tiene un avance importante que implica salir de un sistema inquisitivo, que debería haber sido dejado de lado hace muchísimos años, y pasar a un sistema acusatorio” dijo y sobre el rol de la institución que preside respecto a ese código señaló que “puede ser una veedora de cómo se está implementando ese sistema y señalar los errores, si existen vulneraciones a los derechos o si no se contemplan debidamente las garantías de los imputados y de las propias víctimas”.
Mota consideró que “tampoco este CPP es completo, porque si bien le permite a la víctima participar en el proceso, proponer prueba y participar de su diligenciamiento, no la habilita a recurrir. Es una falta importante, que ya fue observada en algunos informes internacionales para el Estado uruguayo”, explicó.
Mientras que sobre si cree que la víctima debe tener la potestad de ser querellante dijo “hay voces en pro y en contra de víctimas como querellantes. En Argentina existe, pero en Uruguay se entendió que no. Pero sin ser querellante debería darse un mayor rango de actividad que proponer prueba y estar presente cuando se diligencian. Debería tener un papel más activo y tener más fuerza, poder plantear discrepancias”, consideró.
“Me queda la duda si la seguridad pasa sólo por más vigilancia”
Finalmente consultada sobre cómo visualiza las políticas de mayor policiamiento para enfrentar la situación de inseguridad dijo: “en muchas sociedades presenciamos una mayor demanda de seguridad, de mayor vigilancia y control, pero nunca sabemos si esa demanda es realmente genuina o si es provocada”.En ese sentido expresó “me queda la duda si la seguridad pasa sólo por más vigilancia. Creo que la seguridad pasa por una mayor comunicación de las personas dentro de la sociedad, por un involucramiento en las soluciones a los problemas”. Al tiempo que alertó sobre hasta dónde la seguridad no coarta la libertad de las personas “se ha ido por esa vía de mayor control de todo, entonces vamos caminando por la calle y nos están filmando, damos nuestros datos para comprar una cosa y estos están en todos los sistemas informáticos y nuestra privacidad está cada vez más limitada” dijo y agregó “es un sistema con el cual puedo no estar de acuerdo, pero es difícil enfrentarlo desde estos lugares, porque es una decisión política y también de la sociedad”.
Desde su punto de vista esa es una estructura que no tiene fin “porque se le pueden agregar otros elementos hasta el punto de ser absolutamente controlados. ¿Qué tipo de vida queremos si después no tenemos nuestra propia privacidad o libertad sin que haya un gran ojo que nos mire? El tema es si se acepta o no. Y cuando se entra a un sistema de este tipo, tan amplio, ¿qué espacio le queda a las personas para ir en contra de eso cuando tienen esa necesidad de seguridad? Esa supuesta demanda de seguridad, de control hasta de uno mismo para poder vivir en paz ¿es real? ¿La paz es posible solamente a partir de tanto grado de vigilancia o de control o se puede lograr por otro lado? No estoy para nada de acuerdo, pero vivo en esta sociedad”, concluyó.
Coherentes con su pasado
Cuatro generales retirados obstaculizaron la labor de investigación sobre el espionaje militar en democracia, negándose a concurrir a la comisión parlamentaria.
por Samuel Blixen
Con una declaración votada por unanimidad en la sesión del martes 12, la Cámara de Diputados se pronunció sobre la pretensión de “desconocer al Parlamento”
de los ex directores de la inteligencia militar Juan Zerpa, Daniel
Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins. Los cuatro militares habían
sido citados por la comisión investigadora sobre el espionaje militar en
democracia para “contar con los testimonios de quienes han dirigido
los servicios, conocer su funcionamiento, la forma en que ejercieron su
responsabilidad, y las órdenes y directivas que dictaron”. La negativa a concurrir “muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”,
dice la declaración firmada por los integrantes de la investigadora
parlamentaria, a partir de un planteo político realizado por el diputado
frenteamplista Luis Puig.
El documento interpreta que, con su negativa, los cuatro militares intentaron “amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló espionaje militar en democracia”. La declaración votada por unanimidad sostiene que “las pruebas encontradas en los archivos de los que dispone la comisión investigadora sobre espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales, seguimiento de personas, infiltraciones y persecución a militantes, son de una contundencia irrefutable entre los años 1986 y 1999, todas ellas violatorias de la Constitución y las leyes, coincidiendo con el período en que los ex militares citados anteriormente fueron directores de inteligencia militar”.
Otros dos militares retirados, el contralmirante Manuel Burgos y el vicealmirante Carlos Gianni, ambos oficiales de la Armada nacional, aceptaron concurrir a la comisión investigadora en la sesión del lunes 11; el contralmirante Burgos, jefe de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) en 2008, fue investigado por la justicia del crimen organizado en 2010, junto con otros altos oficiales, por el escándalo de las compras falsas y las irregularidades en la contabilidad de la Armada; Carlos Gianni, jefe de la inteligencia en 2000-2001, es recordado como el prefecto naval que en 1984 detuvo a Wilson Ferreira cuando regresó al país tras un exilio de 11 años.
Para el lunes 18 fue citado el contralmirante Jorge Otero, jefe de la inteligencia militar en 1995.
Para el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, miembro de la investigadora, resultó significativo que Wins, Legnani y Serpa comunicaran, en el mismo día, que no concurrirían a la comisión; Aguerrondo lo había comunicado un día antes. “Se trata de una actitud coordinada –dijo Núñez a Brecha–, y en mi opinión es producto de una conducta asentada en la impunidad”. Pero no deja de ser sintomático que los cuatro fueron directores de la inteligencia militar en distintos períodos entre 1985 y 1999, y es referido a esas fechas que la investigadora acumuló documentación incontrastable sobre el espionaje militar en democracia.
En los legajos de los cuatro militares aparecen méritos notorios: Juan A Serpa, jefe de la inteligencia desde 1986 a 1990, fue comandante del Batallón 13 de Infantería en 1975, cuando el cuartel se convirtió en un centro de interrogatorios y torturas. Mario Aguerrondo, también comandante del 13 de Infantería, y antes responsable de la represión del 9 de julio de 1973, fue jefe de la inteligencia militar entre 1993 y 1995, cuando el secuestro y desaparición del ex agente chileno Eugenio Berríos, ocultado en Uruguay para evitar que testimoniara ante la justicia trasandina, hasta que se volvió inmanejable y fue asesinado. Aguerrondo asimismo fue responsable de un operativo de espionaje con micrófonos ocultos en el despacho del general Fernán Amado. Daniel A Legnani, jefe de la inteligencia entre 1990 y 1992, también estuvo involucrado en el episodio de los micrófonos, cuya procedencia era de la Dgid; y Francisco Wins, jefe de la inteligencia entre 1998 y 2000, participó –estando en comisión en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa)– en la represión de 1975; en 2004 fue arrestado a rigor al tomar la iniciativa de colgar el retrato del general Liber Seregni en la galería de los jefe de la División de Ejército II, en San José, que había sido retirado después del golpe de 1973.
Observatorio Luz Ibarburu expresa malestar por demoras en causas sobre violación a DD.HH
Integrantes del Observatorio Luz Ibarburu expresaron al fiscal de Corte, Jorge Díaz, su “preocupación y malestar” por las demoras en las causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos en dictadura, como consecuencia de la “inacción de algunos fiscales que no estarían actuando con el rigor necesario ante las chicanas judiciales y maniobras dilatorias interpuestas por la defensa de los militares acusados”.
El pasado miércoles 13 de septiembre el fiscal Díaz recibió a una delegación del Observatorio Luz Ibarburu.
En dicha instancia, el director ejecutivo del Observatorio, Raúl Olivera, manifestó que existe preocupación “por la situación que afecta y vulnera el cumplimiento de acuerdos internacionales que comprometen al Estado uruguayo”.
Olivera expresó -según informó el Portal del PIT-CNT- que expresaron al fiscal de Corte que “el proceso de justicia en Uruguay está trancado, por tanto es responsable a nivel internacional de incumplimientos como el de la sentencia del caso Juan Gelman que establece que el Estado tiene la obligación de tener un proceso de justicia rápido y eficaz”.
“Cuando suceden estas demoras como las que venimos señalando se está incumpliendo lo indicado a nivel internacional y que obliga al Estado uruguayo a actuar con celeridad”, dijo Olivera.
El integrante del Observatorio dijo que “no se puede admitir la pasividad que a veces tienen los fiscales frente a una estrategia que desarrollan los abogados del centro militar para alargar en el tiempo los procesos”.
“No me cabe duda que en el posicionamiento desde el punto de vista jurídico y de las declaraciones públicas que ha realizado el fiscal de Corte, van en la misma sintonía que la que tenemos en el Observatorio. Pero no alcanza con declarar, debe haber una actitud más vigilante por parte de las jerarquías del Poder Judicial y de la Fiscalía para que los fiscales no permitan que se siga desarrollando la estrategia de la inacción judicial”, dijo Olivera.
En las próximas horas tramitarán una solicitud de audiencia con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Con CRYSOL
Asimismo, este viernes 15 de septiembre, una delegación de la asociación CRYSOL, que reúne a ex presos políticos de Uruguay, visitó al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en la sede central de la Fiscalía General de la Nación.La delegación de CRYSOL estuvo integrada por el presidente Gastón Grisoni, el secretario Enrique Chalar, el tesorero Carlos López, por Chela Fontora y Ruben Benítez.
Los representantes plantearon sus interrogantes con respecto a la evolución de las causas de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura.
En tal sentido, Díaz reafirmó su voluntad de “crear una fiscalía especializada en Derechos Humanos, iniciativa que actualmente está a estudio del Parlamento”.
21 DE SETIEMBRE ASAMBLEA GENERAL DE FUNCIONARIOS DEL MTOP
15
Sep