Estado español
La Guardia Civil lleva a cabo la mayor operación hasta la fecha contra el referéndum catalán
Publicado: 20 sep 2017 07:02 GMT | Última actualización: 20 sep 2017 11:40 GMT RT
Tras los registros de varias sedes de la
Generalitat de Cataluña por la Guardia Civil, al menos 12 personas han
sido detenidas. Mientras tanto, el presidente catalán ha convocado a su
Gobierno a una reunión de urgencia.
En total, la Guardia Civil ha detenido a 14 cargos catalanes, entre los cuales figura Josue Sallent Rivas (el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), Xavier Puig Farré (la Consejería de Asuntos Sociales y Familias) y Josep M. Salvado Tenesa (la Consejería de Economía y Hacienda), entre otros.
Gran operativo relacionado con el referéndum independentista
La Policía española realiza esta mañana un gran operativo en busca de documentación relacionada con el referéndum ilegal que los independentistas planean celebrar el próximo 1 de octubre. El objetivo de la operación es encontrar el centro de datos informático que el Gobierno catalán tenía como 'plan b' en el caso de que la Guardia Civil se inacutara de las notificaciones y tarjetas censales para el 1-O, según la cadena SER.Entre los edificios registrados por los agentes figuran:
- La Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por Oriol Junqueras;
- La Consejería de Trabajos;
- La Consejería de Asuntos Sociales y Familias, en manos de Raül Romeva;
- La sede del Instituto Catalán de Finanzas (ICF);
- La Agencia Tributaria;
- El Consorcio de la Administración Abierta.
Además, los agentes han registrado el domicilio particular de Joan Ignasi Sánchez, asesor del Departamento de Gobernación que dirige Meritxell Borràs y exconcejal del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Sabadell (Barcelona).
Se convoca una reunión de urgencia en Cataluña
Debido a la redada, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha convocado a las 10:30 (hora de España) a su Gobierno a una reunión de urgencia.Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a Puigdemont "una rectificación" y le ha instado a que "cumpla la ley" y dé "marcha atrás" a un reto independentista que ha tachado de "disparate que no conduce a parte alguna".
Reacciones a los registros
Debido a la redada, se suspende la actividad en el Ayuntamiento de Barcelona, según lo ha anunciado el concejal del ERC, Alfred Bosh, en su cuenta de Twitter. "Es un Estado de excepción que no toleraremos", aseguró.En Madrid, los diputados del ERC, del Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT) y de En Comú Podem han abandonado el pleno del Congreso en protesta por las medidas del Gobierno para impedir el referéndum del 1 de octubre. Antes de abandonar el hemiciclo el portavoz adjunto del ERC, Gabriel Rufián, ha pedido a Rajoy que saque "sus sucias manos" de Cataluña.
Por su parte, el presidente del Gobierno ha justificado la operación, ya que "se ha hecho por decisión del juez". Además, ha indicado que la Guardia Civil lleva a cabo los registros para que "se cumpla la ley". El Gobierno de España está haciendo "lo que tiene que hacer" y "cumpliendo con su obligación", ha apuntado Rajoy.
"No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas; estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país", ha subrayado.
Mientras los partidarios del referéndum independentista de Cataluña aseguran que la operación policial es ilegal, el Ministerio del Interio de España ha explicado que la redada que se realiza para "recopilar pruebas e indicios para la investigación", sobre la base de las diligencias judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
"Votemos para ser libres"
Por su parte, los partidarios del referéndum se han concentrado ante la Consejería de Economía al grito de "Votaremos" e "Independencia". Algunas personas portan banderas independentistas y se están repartiendo carteles con el mensaje "Votemos para ser libres".Más tarde, también se han producido concentraciones ciudadanas frente a la Conselleria de Gobernación.
La redada policial tiene lugar un día después de que la Policía interviniera más de 45.000 sobres nominales con notificaciones a los miembros de las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre. Hasta el momento la Policía ha bloqueado 32 páginas web y ha requisado 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos a favor del referéndum.
ACTOS Y CONCENTRACIONES DIA 20 DE SETIEMBRE EN TODO EL ESTADO
Referéndum 1-O: Miles de personas salen a la calle contra la actuación del Gobierno en Catalunya
Más de 40 ciudades se han movilizado contra la
detención de los 14 cargos de la Generalitat y defendido el derecho a
decidir y las libertades democráticas.
Miles de personas salen a la calle contra la actuación del Gobierno en Catalunya tras la detención de los 14 cargos de la Generalitat y
los registros de diversos departamentos del Govern. Más de 40 ciudades
han convocado movilizaciones en las que se han reivindicado los derechos
civiles y a las libertades democráticas.
En Madrid, la Puerta del Sol se ha llenado reclamando el derecho a decidir de Catalunya. La concentración ha estado promovida por movimientos sociales como la Coordinadora 25S y Madrileños por el derecho a decidir, y partidos como Unidos Podemos, Izquierda Unida, PDeCAT, PNV y ERC.
Desde el conocido lema de las movilizaciones
"que viva la lucha de la clase obrera" o "el pueblo unido nunca será
vencido" hasta otros propios del momento como "Sí, sí, sí, al derecho a
decidir" o "el Estado español es la cárcel de los pueblos" han sido coreados por los manifestantes durante las casi dos horas que ha durado el acto reivindicativo.
En declaraciones para Público, Alberto Garzón,
líder de Izquierda Unida ha denunciado las políticas del Gobierno
señalando que la forma de resolver la cuestión catalana "no es con
cañones como en la historia de España se ha hecho ni tampoco con la
represión más moderna que se está viviendo estos días". René Otaduy, de la Coordinadora 25S,
ha explicado que esta movilización se trata de una "respuesta
democrática y de solidaridad con el pueblo catalán y en defensa de los
derechos y libertades democráticas".
Han acudido a la concentración, entre otros
dirigentes de Podemos y sus confluencias, el secretario de Organización,
Pablo Echenique; el cofundador de la formación morada Juan Carlos
Monedero; el exJEMAD Julio Rodríguez y el diputado Alberto
Rodríguez. Asimismo, los diputados Ester Capella, Teresa Jordà, Jordi
Salvador y Joan Capdevila de ERC y del PDeCAT, entre otros, Carles
Campuzano y Teresa Xuclà también han estado presentes.
Al inicio de la movilización, la Policía ha identificado a varios manifestantes al
llegar a la Plaza alegando que la concentración no estaba autorizada
por la Delegación de Gobierno. Sin embargo, el resto de la manifestación
ha transcurrido sin incidentes.
Movilizaciones en más de 40 ciudades
Este no ha sido el único acto contra las detenciones de los 14 dirigentes, ya que a lo largo de la tarde se han convocado concentraciones en más de 40 ciudades.
En Barcelona, según cifras de la Guardia Urbana unas 40.000 personas se han reunido en los alrededores de la sede de la consellería de Economía y Hacienda de
la Generalitat, en una concentración que ha comenzadoa las ocho de la
mañana poco después del inicio del registro y a la que se ha ido sumando
gente paulatinamente a lo largo del día.
En las otras capitales de provincia catalanas, Tarragona, Lleida y Girona, y
en otras poblaciones de la comunidad se han celebrado también
concentraciones contra los registros de la Guardia Civil, como Lleida en
la que han llegado a concentrarse unas 10.000 personas ante la
delegación de la Generalitat.
También cientos de personas se han concentrado a sede de la Delegación del Gobierno en València
para reivindicar la "libertad y democracia de Cataluña", defender que
"quieren decidir" y asegurar al Gobierno central que su "represión no
les parará". Asimismo, ha habido protestas simultáneas en las sedes de
la Delegación del Gobierno de Castellón y Alicante, así como frente a
los ayuntamientos de las ciudades alicantinas de Alcoy, Elche y
Pedreguer.
En Galicia, se han convocado actos de protesta en siete ciudades por la plataforma Galiza com Catalunya bajo
el lema conjunto de 'Fascismo nunca máis'. En Santiago, en torno a un
millar de personas ha participado en la protesta que ha llegado a
obligar que se corte el tráfico en varias calles con retenciones y colas
de decenas de coches.
En otras ciudades de diferentes Comunidades
Autónomas también se han convocado las movilizaciones como Cáceres,
Valladolid, Zaragoza y Oviedo.
Miles de personas protestan en Barcelona por los registros al Govern: "Votaremos"
"Que lo vea toda Europa" o "Fuera las fuerzas de
ocupación", entre las consignas de los manifestantes, que han cortado
varias calles céntricas de la capital catalana.
La escalada en las
actuaciones del Estado para impedir el referéndum sobre la
independencia de Catalunya del 1-O ha alcanzado cotas inéditas este
miércoles, con la entrada y registro a diversas conselleries de la
Generalitat, en una operación en que agentes de la Guardia Civil han detenido a una docena de altos cargos
del ejecutivo catalán. Y la respuesta ciudadana también ha alcanzado
niveles máximos de intensidad. Especialmente, ante la sede del
departamento de Economía, donde se han concentrado miles de personas. Ya
desde muy temprano.
La operación se ha iniciado a primera hora
de la mañana, antes de que se iniciara la jornada laboral en las
conselleries. Y poco después ya se habían producido las primeras
movilizaciones. Sobre las nueve y media, unas 1.000 personas se
congregaban ante la sede del departamento de Economía y Hacienda -que
dirige el vicepresidente de la Generalitat, el republicano Oriol
Junqueras-, en la parte baja de la Rambla de Catalunya de Barcelona. Una
cifra que ha ido creciendo, hasta llegar a varios miles a mediodía.
Igual que en otras concentraciones similares
de los últimos días, los manifestantes no han parado de lanzar
consignas y cánticos a los agentes de la Guardia Civil. Entre los más
repetidos, "votaremos", "esto sí es un golpe de estado" o "que lo vea
toda Europa". Pero también lemas directamente dirigidos a los agentes,
como "fuera las fuerzas de ocupación". Además del canto de 'Els
Segadors", de forma recurrente cada pocos minutos.
También han madrugado algunas caras visibles
del soberanismo. Como los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana
(ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, presentes en
primera fila junto a un puñado de parlamentarios: el diputado en el
Congreso Jordi Tardà (ERC), el eurodiputado Ramon Tremosa (PDeCAT), los
diputados de JxSí en el Parlament Antoni Castellà, Lluís Llach y Anna
Simó, y el representante de CSQP y líder de Podem Catalunya, Albano
Dante Fachín. Este grupo, de hecho, ha coordinado sobre la marcha las
acciones de protesta ante el departamento de Economía. Con Sánchez y
Cuixart llevando la voz cantante y dando instrucciones a los políticos.
El propio Sánchez ha sido el primero en dirigirse a los manifestantes, a
los que ha pedido serenidad y una respuesta "no violenta". "Nos quieren
provocar", ha advertido, justo antes de llamar a cortar la Gran Vía
-cosa que ha ocurrido minutos después-, y de encargar a los
representantes electos que permanecieran en el lugar de la protesta.
Los Mossos, por delante de la Guardia Civil
Como en otras concentraciones similares de
los últimos días ante registros de la Guardia Civil, efectivos de los
Mossos d'Esquadra se han situado delante de los agentes del instituto
armado, separándolos físicamente de los manifestantes, pero sin
intervenir en el registro. Unos manifestantes que, de hecho, han
cambiado sistemáticamente los cánticos y las consignas por abucheos cada
vez que un miembro de la Guardia Civil asomaba la cabeza por la puerta
de la conselleria. O un sospechoso de serlo, como le ha ocurrido a un
agente de paisano de los Mossos que ha optado por mostrar su placa a los
manifestantes, en un infructuoso intento de acallar los silbidos contra
su persona.
La protesta, no obstante, ha sido pacífica
en todo momento -incluyendo lanzamientos de flores a los agentes, al
grito de "estas son nuestras armas". Justamente lo que estaban pidiendo
los representantes electos presentes. "La respuesta a este estado de
sitio por la puerta de atrás debe ser pacífica", ha señalado la
republicana Simó, que ha pedido a la ciudadanía que se mantenga
"movilizada en defensa de nuestras instituciones". "Si ahora no
respondemos a esto, habremos perdido la batalla de la democracia", ha
exclamado.
"Impedir militarmente que votemos"
"Hoy han traspasado todas las líneas
rojas", ha opinado el democristiano Castellà, que cree que las
actuaciones del Estado para impedir el referéndum están conculcando
"nuestros derechos como ciudadanos europeos". También se ha referido a
Europa el eurodiputado Tremosa, que ha señalado que grandes agencias y
medios de comunicación internacionales están dedicando un amplio espacio
a la represión del referéndum del 1-O. "Esto ya no se puede esconder",
ha afirmado. "El Gobierno español a lo mejor puede impedir militarmente
que votemos el día 1, pero, como dicen los diarios alemanes, habrá más
independentistas el día 2".
Fachín, por su parte, ha considerado que la
actuación de la Guardia Civil de este miércoles da aun más motivos para
votar el 1-O. Ha apuntado que su formación tenía prevista una rueda de
prensa esta misma mañana para explicar que sus bases han decidido llamar
a la participación en el referéndum, pero que el acto se ha anulado a
la vista de los acontecimientos. "En lugar de anunciar los resultados,
estamos ejerciéndolos. El 1-O se empieza a defender aquí y hoy", ha
señalado.
Fachín ha sido bien recibido por los
manifestantes. Pero estos han señalado la ausencia de algunos de sus
compañeros de viaje en el ámbito de los Comunes. Una ausencia que, al
grito de "¿dónde está la alcaldesa?", se ha personalizado en el nombre
de Ada Colau, a la que parte del independentismo reprocha lo que
considera una ambigüedad en relación al 1-O.Numerosas movilizaciones en Euskal Herria por la democracia y en solidaridad con Catalunya
Miles de personas han participado en
las movilizaciones celebradas en las capitales y en numerosas
localidades de Euskal Herria para rechazar la última operación policial
desarrollada en Catalunya con el fin de frenar el referéndum del próximo
1 de octubre.
|BILBO|2017/09/20 20:450
Movilización en Iruñea. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)
Convocadas por EH Bildu, miles de personas se han
concentrado en las numerosas protestas convocadas tras el operativo
policial llevado a cabo este martes por la Guardia Civil en Catalunya
para intentar evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Las concentraciones se han llevado a cabo bajo el lema ‘Kataluniarekin bat. Demokraziarekin bat’ y muchos de los asistentes han portado esteladas y papeletas de voto.
Por la mañana, tras llamar a la ciudadanía a salir a la calle, la coalición abertzale ha constatado que, ante lo sucedido en Catalunya, «el Estado de las Autonomías ha muerto y lo han matado ellos», ha dicho Arnaldo Otegi.
Las concentraciones se han llevado a cabo bajo el lema ‘Kataluniarekin bat. Demokraziarekin bat’ y muchos de los asistentes han portado esteladas y papeletas de voto.
Por la mañana, tras llamar a la ciudadanía a salir a la calle, la coalición abertzale ha constatado que, ante lo sucedido en Catalunya, «el Estado de las Autonomías ha muerto y lo han matado ellos», ha dicho Arnaldo Otegi.
Referéndum Catalunya: Los primeros alcaldes partidarios del 1-O citados por la Fiscalía se niegan a declarar
Consideran que el ministerio público se está extralimitando al imputarles por apoyar el referéndum.
Los tres primeros alcaldes catalanes citados ante la Fiscalía como investigados por su apoyo referéndum del 1-O se han acogido a su derecho a no declarar, según han informado fuentes jurídicas.
Este martes por la mañana han acudido a la
sede de la Fiscalía Superior de Catalunya y del ministerio público en
La Seu d'Urgell (Lleida) los alcaldes de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona ─también diputado del Parlament─, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet.
Sin embargo, los tres alcaldes se han
negado a prestar declaración, dado que consideran que el ministerio
público se está extralimitando al imputarles, teniendo en cuenta que la
causa del referéndum está judicializada.
Solsona, que ha declarado ante la Fiscalía Superior dada su condición de aforado, ha lamentado de que los fiscales no le hayan dejado explicar el porqué de su negativa a declarar: "En la comparecencia quedará que no he querido declarar cuando he intentado explicar por qué no quería hacerlo".
Ha sostenido que para él el fiscal se
extralimita en sus competencia por citarle como investigado. "Solo me
han preguntado mis datos personales y si quería declarar, nada más", ha
dicho ante las decenas de medios presentes, y ha considerado que la Fiscalía es un órgano politizado.
Preguntado por si tiene medio a lo que le pueda pasar, ha remarcado que lo que le pase a él no es importante: "Las consecuencias que haya serán las consecuencias que habrá".
Al finalizar las declaraciones con los
medios, un centenar de personas que se habían concentrado ante la
Fiscalía para darle apoyo -entre ellos la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, y diputados- le han aplaudido y han entonado el cántico
'Votarem!'.
La Generalitat expresa su "total apoyo"
El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha manifestado su "total apoyo". "Estamos con ellos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
El papel previsto para los alcaldes en este referéndum es la cesión de espacios municipales para votar: más de 700 han sido objeto de una querella por transmitir a la Generalitat su voluntad de colaboración.Referéndum del 1-O: Iglesias quiere que la asamblea sobre Catalunya sea este fin de semana y que asista Puigdemont
El líder de Podemos afirma que la propuesta que
lanzaron este lunes "ha empezado muy bien", y celebra la predisposición a
participar de ERC, PDeCAT y PNV. Afirma que Pedro Sánchez le dijo que
los socialistas "no tenían marco político" para entrar en este espacio,
en el que están llamados a participar parlamentarios y concejales de
todo el país.
Pablo Iglesias quiere que su "asamblea extraordinaria" para desbloquear la situación en Catalunya debería celebrarse este mismo fin de semana, y también que cuente con la asistencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Iglesias: "Estamos haciendo una propuesta que respetamos que no le guste al PSOE, y que prefieran estar cerca del PP"
Este martes, en una entrevista en Al Rojo Vivo,
el secretario general de Podemos ha afirmado que la iniciativa que
presentó el lunes su grupo parlamentario para desbloquear la situación
en Catalunya "ha empezado bien", y ha celebrado que "incluso el PNV, un partido conservador que ha sido socio presupuestario del PP",
se haya mostrado dispuesto a participar, aunque esté a la espera de
recibir más detalles sobre la iniciativa, como explicaba hoy su portavoz
en el Congreso, Aitor Esteban.
No obstante, Iglesias también ha cuestionado la posición del PSOE, prometiendo que
desde su grupo, Unidos Podemos, trabajarán para evitar que los
socialistas estén "tan cerca de PP y Ciudadanos". El líder de Podemos
afirma que Pedro Sánchez le trasladó en una conversación
telefónica que en su partido "no tenían marco político" para entrar a
participar en este espacio, y este martes la portavoz parlamentaria del
PSOE, Margarita Robles, seguía esta línea.
Margarita Robles
afirmaba en el Congreso que su partido quiere que la propuesta de
Unidos Podemos sea debatida en el marco de la comisión de estudio para
reformar el modelo territorial que pide constituir el PSOE. "Estamos
haciendo una propuesta que respetamos que no le guste y que prefieran
estar cerca del PP", respondía Iglesias este martes.
(Habrá ampliación)
(Habrá ampliación)
Referéndum Catalunya: El BNG se suma a la asamblea extraordinaria convocada por Podemos para frenar la deriva del Gobierno en Catalunya
Saluda que "denuncie el recorte de derechos" y se muestra "dispuesto a escuchar propuestas para garantizar el 1-O"
El BNG se ha sumado a la propuesta de Podemos, Catalunya En Comú, IU y En Marea de convocar una "asamblea extraordinaria"
de alcaldes, parlamentarios y cargos públicos de todas las fuerzas
democráticas para hacer un frente común contra las medidas del PP en su
intento de frenar la "consulta popular" del 1 de octubre en Catalunya.
"Saludamos que Podemos denuncie recorte de
derechos y libertades y estamos dispuestxs a escuchar propuestas para
garantizar el referendo del 1-O", comunicó el BNG a través de un mensaje en lengua gallega difundido en Twitter. Los nacionalistas gallegos se suman así a otras fuerzas políticas como ERC o PNV.
Los portavoces Irene Montero (Podemos), Xavier Domènech (En Comù Podem), Alberto Garzón
(IU) y Yolanda Díaz (En Marea) lanzaron ayer su propuesta e instaron al
PP a abandonar sus medidas de "represión" y sentarse a negociar un
referéndum. También mostraron su preocupación por la "situación de
excepcionalidad" y apostaron por "abrir vías de diálogo para una
solución política".
Aunque el coordinador general de Catalunya
En Comù había avanzado que tendría que celebrarse antes de la consulta
del 1-O, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho hoy que le gustaría que tuviese lugar este fin de semana.
Según Xavier Domènech, el PP "está
utilizando Catalunya como excusa" para "hacer una involución
democrática" que afecta al conjunto del Estado y que lo está haciendo
sin mayoría absoluta, sin dar cuentas al Congreso, "por la puerta de
atrás y violentando los principios de la democracia".
La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz,
también había denunciado las "enormes dificultades" para que los
ciudadanos ejerzan los derechos a la libertad de reunión o expresión y
lanzado un llamamiento a las fuerzas políticas gallegas y en concreto al
BNG para que, "ante la gravedad de los hechos", se sumasen a la
asamblea de cargos públicos que propone Podemos, como finalmente ha
sucedido.
Díaz considera imprescindible que alcaldías como Pontevedra (ciudad de 82.OOO habitantes gobernada por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores) secunden esta iniciativa en favor "de la democracia, de los derechos cívicos y de la paz y de la no violencia".
Díaz considera imprescindible que alcaldías como Pontevedra (ciudad de 82.OOO habitantes gobernada por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores) secunden esta iniciativa en favor "de la democracia, de los derechos cívicos y de la paz y de la no violencia".
"Una jornada romántica": El Gobierno español pedirá que corten la luz el día del referéndum
Publicado: 14 sep 2017 14:41 GMT RT
Batería de medidas judiciales para evitar la
celebración de la consulta soberanista del 1 de octubre.
El
Gobierno español está dispuesto a acabar con cualquier intento de la
Generalitat de Cataluña de llevar a cabo el referéndum de
autodeterminación del próximo 1 de octubre. Así, cuando faltan poco más
de 15 días para la celebración de la consulta soberanista, el pulso
entre ambas administraciones sigue marcando la agenda política y un
acuerdo negociado entre las partes parece ya imposible de alcanzar.
Desde que el Parlamento de Cataluña aprobó la semana pasada la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, gracias a los votos de las fuerzas independentistas Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, con mayoría en la Cámara, la maquinaria judicial promovida por el Gobierno central ha sido imparable.
A los recursos de inconstitucionalidad contra la citadas normas, aceptados a trámite por el Tribunal Constitucional, se han sumado una serie de acciones en batería por parte de la Fiscalía General del Estado: apercibimientos a funcionarios, políticos y miembros de las mesas electorales advirtiendo de la ilegalidad de participar en la consulta; órdenes para interrogar a los alcaldes que participan en el referéndum e, incluso, instrucciones a las fuerzas de seguridad para que requisen urnas, papeletas e impidan cualquier tipo de propaganda.
Además, no se descartan más medidas en los próximos días e incluso durante la celebración de la jornada del 1 de octubre. Según informa este jueves 'El Mundo', existe la posibilidad de que el Gobierno pida al juez que ordene cortar el suministro eléctrico en los colegios electorales que pongan las urnas y, así, impedir el acceso de los datos censales y el recuento de votos.
Una información a la que ya ha reaccionado con ironía el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Con su obsesión, todavía nos regalarán una jornada romántica. ¡Buenos días!", ha escrito en su cuenta personal de Facebook.
Desde que el Parlamento de Cataluña aprobó la semana pasada la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, gracias a los votos de las fuerzas independentistas Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, con mayoría en la Cámara, la maquinaria judicial promovida por el Gobierno central ha sido imparable.
A los recursos de inconstitucionalidad contra la citadas normas, aceptados a trámite por el Tribunal Constitucional, se han sumado una serie de acciones en batería por parte de la Fiscalía General del Estado: apercibimientos a funcionarios, políticos y miembros de las mesas electorales advirtiendo de la ilegalidad de participar en la consulta; órdenes para interrogar a los alcaldes que participan en el referéndum e, incluso, instrucciones a las fuerzas de seguridad para que requisen urnas, papeletas e impidan cualquier tipo de propaganda.
Otras medidas
En este sentido, ayer mismo, miércoles, la Fiscalía ordenaba a la Guardia Civil que procediese al cierre de la página web que promociona la consulta soberanista. Una medida que se une a la decisión reciente de un juez de prohibir la celebración de un acto a favor del referéndum en un local que había sido cedido por el Ayuntamiento de Madrid.Además, no se descartan más medidas en los próximos días e incluso durante la celebración de la jornada del 1 de octubre. Según informa este jueves 'El Mundo', existe la posibilidad de que el Gobierno pida al juez que ordene cortar el suministro eléctrico en los colegios electorales que pongan las urnas y, así, impedir el acceso de los datos censales y el recuento de votos.
Una información a la que ya ha reaccionado con ironía el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Con su obsesión, todavía nos regalarán una jornada romántica. ¡Buenos días!", ha escrito en su cuenta personal de Facebook.
Referéndum en Catalunya: Los madrileños abarrotan el acto por el derecho a decidir
En el acto el portavoz de ERC, Joan Tardà, ha declarado que "está en jaque la democracia, no el derecho a decidir".
Cientos de madrileños han abarrotado el acto por el derecho a decidir en el Teatro del Barrio, organizado por el colectivo "Madrileños por el derecho a decidir",
en el que han participado políticos como Joan Tardá, Natalia Esteve,
Eduardo Reyes, Isabel Serra, Nuria GIbert, Alberto Arregui o Lluis
Llach.
Durante el acto, una multitud se ha
agolpado en los aledaños del teatro para mostrar su apoyo a la consulta
soberanista del próximo 1 de octubre y protestar contra las recientes
medidas del Gobierno para impedir el referéndum.
El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha
llamado a todos los demócratas a rebelarse ante una situación en la que
tanto el Gobierno como el PSOE han puesto "en jaque", a su juicio, tanto
el "ejercicio del derecho a decidir" como "la misma democracia".
Tardà ha hecho estas declaraciones a su llegada al Teatro del Barrio,
un recinto privado de Lavapiés (Madrid) que hoy acoge el acto a favor
del 1-O que se iba a celebrar en un espacio del Ayuntamiento de Madrid y
que un juez prohibió celebrar en ese local municipal.
El portavoz de ERC ha agradecido al pueblo
de Madrid su "respuesta fraternal" hacia los catalanes. En este punto,
ha parafraseado el lema del republicanismo catalán cuando la ciudad de
Madrid se encontraba asediada durante la Guerra Civil -"Defender Madrid es defender Cataluña"-.
Tardà ha considerado que todos los demócratas se tienen que rebelar contra los que buscan consolidar "una democracia 'low cost', de baja calidad".
En este punto, ha lamentado que el PSOE,
un partido "antifranquista" que "luchó por la libertades" y que ahora
está diciendo al PP "que cuente con él para lo que sea". "Incluso ha
hecho suya las terminología del PP", ha lamentado.
A preguntas de los periodistas sobre
posibles consecuencias del acto, el diputado de ERC ha asegurado que los
demócratas "nunca" tienen miedo y saben que la "democracia siempre acaba ganando".
Referémdum 1-O: El juez veta la charla de la CUP sobre el 1-O en Vitoria
El juzgado de la capital vasca aduce que es ilegal
defender el referéndum convocado por el Govern. A pesar de la suspensión
del acto, la portavoz de la CUP inició la conferencia que fue
interrumpida por la Policía local a los 45 minutos de su inicio.
El juzgado de
Vitoria aduce que es ilegal defender el referéndum convocado por el
Govern, de forma que ha suspendido la autorización de cesión de un local
municipal de la capital alavesa para acoger una conferencia de la diputada de la CUP, Anna Gabriel.
A pesar de la suspensión, la diputada de la CUP comenzó la charla sobre las 11.30 horas.
Sin embargo, en torno a las 12:15, la Policía local interrumpió el
acto. La conferencia ha durado unos 45 minutos y ha concluido de forma
pacífica y los asistentes han abandonado el salón de actos.
El auto judicial, dictado poco antes de que
comenzara esta charla en el centro cívico Aldabe de Vitoria y que
finalmente ha sido suspendido por la Policía Local, explica que se ordena la suspensión cautelar de la charla por la situación que se generaría si se celebrase la conferencia a favor de la consulta catalana.
De este modo el juez ha admitido el recurso
presentado por la Delegación del Gobierno ayer por la tarde, que pidió
que se adoptase una "medida cautelarísima" para suspender la
cesión por parte del Ayuntamiento de Vitoria de dicho local municipal
para "un acto de campaña electoral de promoción del referéndum" del 1 de
octubre.
Tras señalar que "la urgencia" en dictar este auto era "evidente",
dado que de lo contrario se consumaría el acto que la Delegación del
Gobierno trataba de impedir, el juez constata que el objeto de la
conferencia era defender la celebración del referéndum independentista.
En este sentido recuerda que el Tribunal
Constitucional ha ordenado en una resolución "impedir o paralizar
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" la suspensión de esa consulta independentista,
como a su juicio ocurre con la charla de la diputada de la CUP, Anna
Gabriel, que tiene "una intención clara de promoción de dicho
referéndum".
Además señala que defender el referéndum de Catalunya "no entra dentro de las competencias" del Ayuntamiento de Vitoria,
que ha cedido el local para ello, cuando se trata de un acto
"partidista", en el sentido de que no es "representativo del conjunto de
los ciudadanos" de la capital alavesa.
Los locales en los que Gabriel está
ofreciendo su charla son de titularidad municipal, motivo por el que, a
instancias de la Delegación de Gobierno, el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 3 de Vitoria, municipio gobernado por el PNV, ha suspendido la autorización de cesión del local.
El acto, titulado "referéndum sí o sí" consiste
en una conferencia en favor de la independencia catalana. La Delegación
de Gobierno en el País Vasco puso el acto en conocimiento de la
Fiscalía y del Juzgado de Guardia por considerarlo ilegal. En esta
charla la portavoz ha asegurado que la situación que se está viviendo en
Cataluña se ha convertido ya en una "confrontación con la demofobia que
muestra el Estado español".
Al acto, organizado en el Centro Cívico Aldabe de la capital alavesa por la plataforma AsCatasuna,
una plataforma de reciente creación en el País Vasco en apoyo al
referéndum catalán, están asistiendo alrededor de dos centenares de
personas.
"El derecho de libertad de expresión está amenazado"
En declaraciones previas a la charla y
cuando ha tenido conocimiento por parte de los periodistas presentes en
el acto de la suspensión judicial, ya que, según ha reconocido, no ha
recibido notificación alguna ni comunicación oficial al respecto,
Gabriel ha advertido de que "siempre habíamos escuchado que sin violencia se puede hablar de todo, pero parece que no es verdad". "El derecho de reunión y de libertad de expresión están amenazados", ha añadido.
Cuestionada por la suspensión de la charla
llevada a cabo por del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de
Vitoria, Gabriel ha reconocido no tener noticia al respecto. "Sabéis mas que yo", ha advertido a los periodistas, al tiempo que ha reconocido que, no obstante, "la intención igualmente es celebrarlo".Cerco al 1-O: Echenique pregunta a Sánchez si el PSOE sigue apoyando el "estado de excepción" de Rajoy
El secretario de Organización hace un repaso de los
últimas actuaciones del Gobierno para impedir la consulta
independentista el próximo 1 de octubre. Muestra su preocupación por el
apoyo del líder del PSOE al Gobierno.
Pablo Echenique ha
preguntado a Pedro Sánchez si el PSOE sigue apoyando el "estado de
excepción" de Rajoy. En una publicación de Facebook, el secretario de
Organización de Podemos ha reprochado al secretario general socialista
que "ofreció su apoyo cerrado a las actuaciones del Gobierno de Mariano Rajoy", cuyas acciones han servido para suspender derechos civiles fundamentales como la "libertad de expresión o de reunión".
Echenique ha hecho un repaso de los últimas
actuaciones del Gobierno para impedir la consulta independentista el
próximo 1 de octubre. Así, el secretario de la formación morada ha
recordado la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del
Ministerio de Hacienda, "aplicando de manera encubierta el Artículo 155 de la Constitución y suspendiendo de facto el autogobierno en Catalunya".
Asimismo, ha criticado que el fiscal general
del Estado, José Manuel Maza, -reprobado por el Congreso y defensor del
exfiscal Anticorrupción "offshore"- ha emitido órdenes para
"requisar teléfonos móviles y ordenadores" e identificar periodistas en
medios de comunicación, registraba imprentas "en busca de peligrosas
papeletas" o amenazaba con meter en la cárcel a 700 alcaldes "elegidos democráticamente -y no por corrupción precisamente-".
Echenique también ha mencionado la
prohibición de la Justicia de celebrar actos "pacíficos" en Madrid y
Vitoria, así como la censura de las páginas webs relacionadas con el
1-O.
Es por eso que el secretario de Organización
de Podemos considera que el "ya no solamente va del derecho a decidir
de los catalanes", pues ahora se habla de derechos civiles fundamentales.
"Derechos sin los cuales una democracia deja
de serlo. Derechos como la libertad de expresión, de prensa, de
manifestación o de reunión. Derechos que el Gobierno de Mariano Rajoy ha
decidido suspender en Catalunya, pero también en Vitoria o en Madrid".
Ante esta situación, Echenique refleja su preocupación por el apoyo del PSOE a Rajoy, cuya formación política cometería "un grave error si suscribe la hoja de ruta del Partido Popular".
Madrid advierte a Cataluña: "Si son 700 alcaldes los que cometen un delito, todos irán a juicio"
Publicado: 17 sep 2017 15:06 GMT RT
Además asegura que la Generalidad está creando tensiones entre los propios catalanes.
"Un referéndum es un proceso que se basa en una convocatoria, que no existe porque ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y trae consigo un conjunto de elementos materiales: censo, urnas, papeletas, locales donde votar, tarjeta censal, una administración electoral. Ninguno va a existir en este proceso, por lo tanto no habrá referéndum", dijo Catalá en entrevista al diario 'La Razón'.
El ministro indicó que Madrid está dispuesto a dialogar "de todos los problemas" con las autoridades catalanas, pero negociar "exigiendo que el diálogo forme parte ese referéndum es hacerlo imposible desde el inicio". Al respecto instó a la Generalidad (Gobernación) de Cataluña a no crear tensiones "enfrentando a unos catalanes con otros", y añadió que el Gobierno español no va a caer "en ninguna trampa de provocación de altercados" de orden público.
Asimismo adelantó que en caso de que se efectúe el referéndum, Madrid utilizará "todos los mecanismos" para garantizar que la ley se cumpla. "Estamos en presencia de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación (…) Un referéndum contra la Constitución no puede ser democrático. Es un delito y tiene una responsabilidad penal. Y si son 700 (alcaldes catalanes soberanistas) los que cometen un delito, serán 700 los que los que irán a juicio", advirtió Catalá, explicando que si todos esos regidores son inhabilitados entonces serían sustituidos por sus concejales.
- Ayer los 715 alcaldes catalanes que mostraron su apoyo al referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre, y que están siendo investigados por la Fiscalía General de España, fueron recibidos en el Ayuntamiento de Barcelona y el Palacio de la Generalidad, en un acto que tenía como fin rechazar "la persecución judicial de los ediles" por parte de Madrid.
- "Esto no va de independencia, va de defensa de los derechos y las libertades de Cataluña", dijo en su intervención la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para quien las citaciones judiciales que ya han recibido algunos de los regidores catalanes son una "vergüenza".
URUGUAY
Hay
denuncias sobre la actuación de la CIA en hechos de espionaje en
democracia, donde le pagaba a 37 informantes uruguayos que le pasaban
información, dijo a LA REPÚBLICA el diputado Luis Puig quien aseguró
que la Comisión Investigadora solicit ará a la cancillería de Estados
Unidos un “informe jurídico” para luego poder convocar al embajador de
dicho país.
La intervención de la CIA
Debido a las denuncias que hay de la actuación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los hechos de espionaje en democracia, “la Comisión solicitaría a la cancillería de Estados Unidos un informe jurídico”, dijo a LA REPÚBLICA un diputado Luis Puig, para luego poder convocar al embajador de dicho país.
Respecto a la intervención de la CIA en estos hechos, el integrante del PVP dijo que “hay denuncias de la actuación de la CIA en Uruguay, incluso el pago de a 37 informantes de la CIA”, los cuales eran uruguayos, “lo cual desde el punto de vista de soberanía era algo gravísimo”.
Semanas atrás, el presidente de la Comisión Investigadora, Gerardo Núñez expresó a LA REPÚBLICA que “hay claras referencias a determinados informantes que tenía la CIA en algunos de los servicios de inteligencia del Estado”.
El contralmirante Oscar Otero, ex director de Julio María Sanguinetti fue el primero en reconocer que sabía de los hechos de espionaje posterior a la dictadura. Luis Puig, quien por la reserva de la investigación no quiso confirmar que fuera el exdirector de inteligencia, dijo que “se vuelve a confirmar la existencia de espionaje militar en democracia, la situación planteada durante años donde algunos convocados a la comisión manifestaron claramente que si, se hacia espionaje sobre organizaciones políticas, sobre políticos, organizaciones sociales, lo asocio con una costumbre a ese espionaje que se venía realizando desde hacía tiempo. Hacia referencia al proceso dictadura y a la continuidad en democracia”.
“Lo que se establece es la continuidad en las labores de inteligencia, en el periodo democrático, donde claramente la comisión tiene a disposición un voluminoso archivo de 3 millones de documentos, el Berruti, en donde una gran parte de los documentos se puede apreciar con sellos y firmas, como la inteligencia militar actuó violando la constitución y la ley”, añadió.
Las actuaciones de espionaje se realizaban sobre organizaciones, sobretodo de Derechos Humanos, partidos políticos, sobretodo el Frente Amplio y dentro del mismo el PCU y el PVP, también se realizaban investigaciones sobre políticos, personalidades, y determinadotes sectores y gremiales, desde profesores y maestros para determinar su afiliación política o el Pit Cnt.
“Debería presentarse una denuncia nivel de la justicia”
Consultado sobre la relevancia que toma la ausencia de 4 militares que se negaron a declarar ante la comisión, teniendo en cuenta lo que señaló Otero y compañía, Luis Puig expresó que se seguirá analizando e investigando en la medida que Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins (exjefes de inteligencia entre el ‘85 y el ’99 no concurrieron. Estas ausencias “lo cual mereció una declaración unánime del Parlamento rechazando esa actitud y diciendo claramente que se pretendía obstaculizar la investigación, la comisión investigará esa situación”, expresó.
Además agregó que cuando se lleguen a las conclusiones “se convocaran a los jefes de departamento que actuaron en esa época para tener respuestas a la documentación y la comisión evaluará. Lo determinará la comisión, pero creo que cuando culmine sus investigaciones, además de presentar un informe a la Cámara, seguramente debería presentarse una denuncia nivel de la justicia”.
“Habrá que analizar responsabilidades”
Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins no participaron de las convocatorias de la comisión investigadora. Si bien los documentos no dejan dudas “importante cotejarlo con cada uno de los integrantes, para intercambiar con ellos”, dijo Puig.
“Habrá que analizar la responsabilidad de los que lo llevaron adelante el espionaje como la omisión de funcionarios públicos, que no controlaron como era su obligación”, señaló el diputado, quien concluyendo cuestionó: si los jefes de inteligencia no sabían, ¿para que se montaba todo ese espionaje sistemático con dineros públicos?. Dinero del presupuesto de Defensa que era asignado a los servicios de inteligencia. Si no lo saben ellos ¿a quien hay que consultarle?”.
Exjefe militar admitió ante la Comisión Investigadora que el espionaje en democracia se desarrollaba “prácticamente por costumbre”, dijo a LA REPÚBLICA el presidente de la Comisión, el diputado Gerardo Núñez. Quien a su vez señaló que posiblemente la información que recavaban la utilizaban para “adelantarse a posibles procedimientos que se dieran en la Justicia para proteger a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura”.
Los contralmirantes retirados Óscar Otero y Carlos Magliocca, y el brigadier general retirado José Mayo Irigoyen, comparecieron en la pasada jornada ante la Comisión Investigadora. Gerard o Núñez, diputado
comunista, dijo a LA REPÚBLICA que uno de los tres, el cual no quiso
precisar, no llamó espionaje a las actividades que realizaban los
servicios de inteligencia, sino que para ellos “era recolección de
información que se hacían, según él, con métodos abierto pero que se
desarrollaban prácticamente por costumbre, un ejercicio automatizado que
tenia la dirección de inteligencia”.
Ante la confesión, Núñez señaló que “esto para nosotros constituye un elemento de reconocimiento de las actividades que se llevaron a cabo, y al mismo tiempo señalar que estas actividades fueron violatorias de la Constitución y las leyes, y por eso esta información que se recolectó, no toda fue información abierta sino que hubo métodos de infiltración, escuchas telefónicas, distintas formas que están presente en los archivos que estamos analizando”.
Consultado sobre lo que hacían los militares con la información que conseguían, Núñez dijo que “es una pregunta trascendental, o que podemos suponer en este caso que la información, mucha de ella se usaba para anticiparse a los movimientos de los partidos políticos, sobretodo de izquierda.
También para adelantarse a posibles procedimientos que se dieran en la Justicia para proteger a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura”. “La infamación son aspectos de control, de poder para generara mecanismos de coacción a la sociedad en su conjunto”, añadió. .
Teniendo en cuenta la autonomía con la que se manejaban los servicios de inteligencia, sobre si hoy podrían suceder cosas de este estilo, el diputado manifestó que “no lo puedo ni afirmar ni descartar, más teniendo en cuenta los elementos recientes que muestran como en apariencia los servicios de inteligencia se movieron con cierta autonomía sobre los mandos civiles”.
La intervención de la CIA
Debido a las denuncias que hay de la actuación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los hechos de espionaje en democracia, “la Comisión solicitaría a la cancillería de Estados Unidos un informe jurídico”, dijo a LA REPÚBLICA un diputado Luis Puig, para luego poder convocar al embajador de dicho país.
Respecto a la intervención de la CIA en estos hechos, el integrante del PVP dijo que “hay denuncias de la actuación de la CIA en Uruguay, incluso el pago de a 37 informantes de la CIA”, los cuales eran uruguayos, “lo cual desde el punto de vista de soberanía era algo gravísimo”.
Semanas atrás, el presidente de la Comisión Investigadora, Gerardo Núñez expresó a LA REPÚBLICA que “hay claras referencias a determinados informantes que tenía la CIA en algunos de los servicios de inteligencia del Estado”.
El contralmirante Oscar Otero, ex director de Julio María Sanguinetti fue el primero en reconocer que sabía de los hechos de espionaje posterior a la dictadura. Luis Puig, quien por la reserva de la investigación no quiso confirmar que fuera el exdirector de inteligencia, dijo que “se vuelve a confirmar la existencia de espionaje militar en democracia, la situación planteada durante años donde algunos convocados a la comisión manifestaron claramente que si, se hacia espionaje sobre organizaciones políticas, sobre políticos, organizaciones sociales, lo asocio con una costumbre a ese espionaje que se venía realizando desde hacía tiempo. Hacia referencia al proceso dictadura y a la continuidad en democracia”.
“Lo que se establece es la continuidad en las labores de inteligencia, en el periodo democrático, donde claramente la comisión tiene a disposición un voluminoso archivo de 3 millones de documentos, el Berruti, en donde una gran parte de los documentos se puede apreciar con sellos y firmas, como la inteligencia militar actuó violando la constitución y la ley”, añadió.
Las actuaciones de espionaje se realizaban sobre organizaciones, sobretodo de Derechos Humanos, partidos políticos, sobretodo el Frente Amplio y dentro del mismo el PCU y el PVP, también se realizaban investigaciones sobre políticos, personalidades, y determinadotes sectores y gremiales, desde profesores y maestros para determinar su afiliación política o el Pit Cnt.
“Debería presentarse una denuncia nivel de la justicia”
Consultado sobre la relevancia que toma la ausencia de 4 militares que se negaron a declarar ante la comisión, teniendo en cuenta lo que señaló Otero y compañía, Luis Puig expresó que se seguirá analizando e investigando en la medida que Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins (exjefes de inteligencia entre el ‘85 y el ’99 no concurrieron. Estas ausencias “lo cual mereció una declaración unánime del Parlamento rechazando esa actitud y diciendo claramente que se pretendía obstaculizar la investigación, la comisión investigará esa situación”, expresó.
Además agregó que cuando se lleguen a las conclusiones “se convocaran a los jefes de departamento que actuaron en esa época para tener respuestas a la documentación y la comisión evaluará. Lo determinará la comisión, pero creo que cuando culmine sus investigaciones, además de presentar un informe a la Cámara, seguramente debería presentarse una denuncia nivel de la justicia”.
“Habrá que analizar responsabilidades”
Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins no participaron de las convocatorias de la comisión investigadora. Si bien los documentos no dejan dudas “importante cotejarlo con cada uno de los integrantes, para intercambiar con ellos”, dijo Puig.
“Habrá que analizar la responsabilidad de los que lo llevaron adelante el espionaje como la omisión de funcionarios públicos, que no controlaron como era su obligación”, señaló el diputado, quien concluyendo cuestionó: si los jefes de inteligencia no sabían, ¿para que se montaba todo ese espionaje sistemático con dineros públicos?. Dinero del presupuesto de Defensa que era asignado a los servicios de inteligencia. Si no lo saben ellos ¿a quien hay que consultarle?”.
Óscar Otero, director de Inteligencia de Sanguinetti, es el primer militar que reconoce el espionaje en democracia
Ayer llegó el tan esperado día para la comisión que investiga
el espionaje militar y policial en democracia. Uno de los tres ex
directores de Inteligencia que comparecieron al edificio anexo del
Palacio Legislativo no sólo reconoció la existencia del espionaje
militar que se ejerció sobre partidos políticos y organizaciones
sociales, sino que planteó que era una actividad que hacían “por
costumbre”, según señaló en rueda de prensa el diputado del Frente
Amplio (FA) Gerardo Núñez, presidente de la comisión investigadora.
Núñez no reveló quién fue el militar retirado que admitió el espionaje, porque la comisión trabaja bajo reserva, pero indicó que sus afirmaciones son “absolutamente rechazables”, porque, ya sea “por costumbre o como se lo quiera llamar”, se violentaron “los derechos y las libertades de los uruguayos”. Núñez agregó que el ex militar dijo que la información “se juntaba para tenerla y utilizarla en algún momento”. “Nosotros pensamos que esta información, una vez analizada, implicaba elementos de control, para generar coerción y poder, y perpetuar escenarios de impunidad como existieron y existen en el país”, indicó el diputado.
Además, Núñez señaló que entre los documentos de espionaje hay una lista “de todas aquellas personas que hicieron denuncias vinculadas a los derechos humanos”. A juicio del presidente de la comisión, había un seguimiento de las denuncias para preparar los escenarios posibles a nivel judicial, y así “mantener con total impunidad los crímenes cometidos en el pasado reciente”.
El diputado agregó que en las próximas semanas citarán a militares que estuvieron al frente de los departamentos de inteligencia y que la comisión realizó una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la embajadora de Estados Unidos también pueda comparecer, ya que existen documentos que muestran una “injerencia muy fuerte que desarrolló la CIA en nuestro país pagando informantes, que brindaban información de aspectos internos de Uruguay”.
La comisión va a seguir trabajando hasta diciembre. Al final harán una evaluación sobre los pasos a seguir. Núñez ya adelantó que “la inmensa mayoría” de los que integran la comisión tienen la “profunda convicción” de que la investigación debe seguir en la Justicia.
Satélites espías
A todo esto, la diaria pudo saber que el militar que reconoció el espionaje fue el contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. A su salida de la Comisión, Otero se negó a hablar con la prensa, alegando la “reserva” con la que se trabaja en la investigación.
Algunos de los documentos de espionaje de ese período muestran, por ejemplo, la nómina de integrantes del FA que concurrieron a una reunión con Fidel Castro, el 14 de octubre de 1995, cuando el líder cubano llegó al país en visita oficial –al lado de los nombres de los dirigentes se adjuntaban sus números de teléfono–. Otro documento del mismo mes y año consignaba los ciudadanos uruguayos que participaron en el Foro de San Pablo, “en calidad de periodistas, delegados u observadores”.
Un “resumen de información” de junio de 1995 indicaba que en un programa de Radio Nacional se había realizado un homenaje a Liber Seregni, y citaban las opiniones de dos personas que se identificaron “como oficiales en actividad del Ejército”. También se informaba que la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas había organizado un festival folclórico, y además de indicar qué artistas se presentaron, destacaban que la publicidad del evento estuvo a cargo del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN).
Un resumen de junio de 1995 mostraba infiltraciones en el Partido Colorado y en diversos sindicatos, como en la Asociación de Maestros, la Asociación de Empleados Bancarios y la Asociación de Funcionarios de Pluna. Luego había un apartado dedicado a las “fuerzas generadoras de conflictos”, en el que se destacaba un “espacio marxista” del Partido Comunista del Uruguay y un “espacio radical” del MLN.
Tampoco faltaban los capítulos dedicados a “hechos que afectan a las fuerzas armadas”, que implicaban espionaje sobre personal militar. En un documento de Inteligencia de 1995 se señalaba que un capitán, en días previos a las elecciones nacionales, “habría repartido listas del Encuentro Progresista”.
Núñez no reveló quién fue el militar retirado que admitió el espionaje, porque la comisión trabaja bajo reserva, pero indicó que sus afirmaciones son “absolutamente rechazables”, porque, ya sea “por costumbre o como se lo quiera llamar”, se violentaron “los derechos y las libertades de los uruguayos”. Núñez agregó que el ex militar dijo que la información “se juntaba para tenerla y utilizarla en algún momento”. “Nosotros pensamos que esta información, una vez analizada, implicaba elementos de control, para generar coerción y poder, y perpetuar escenarios de impunidad como existieron y existen en el país”, indicó el diputado.
Además, Núñez señaló que entre los documentos de espionaje hay una lista “de todas aquellas personas que hicieron denuncias vinculadas a los derechos humanos”. A juicio del presidente de la comisión, había un seguimiento de las denuncias para preparar los escenarios posibles a nivel judicial, y así “mantener con total impunidad los crímenes cometidos en el pasado reciente”.
El diputado agregó que en las próximas semanas citarán a militares que estuvieron al frente de los departamentos de inteligencia y que la comisión realizó una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la embajadora de Estados Unidos también pueda comparecer, ya que existen documentos que muestran una “injerencia muy fuerte que desarrolló la CIA en nuestro país pagando informantes, que brindaban información de aspectos internos de Uruguay”.
La comisión va a seguir trabajando hasta diciembre. Al final harán una evaluación sobre los pasos a seguir. Núñez ya adelantó que “la inmensa mayoría” de los que integran la comisión tienen la “profunda convicción” de que la investigación debe seguir en la Justicia.
Satélites espías
A todo esto, la diaria pudo saber que el militar que reconoció el espionaje fue el contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. A su salida de la Comisión, Otero se negó a hablar con la prensa, alegando la “reserva” con la que se trabaja en la investigación.
Algunos de los documentos de espionaje de ese período muestran, por ejemplo, la nómina de integrantes del FA que concurrieron a una reunión con Fidel Castro, el 14 de octubre de 1995, cuando el líder cubano llegó al país en visita oficial –al lado de los nombres de los dirigentes se adjuntaban sus números de teléfono–. Otro documento del mismo mes y año consignaba los ciudadanos uruguayos que participaron en el Foro de San Pablo, “en calidad de periodistas, delegados u observadores”.
Un “resumen de información” de junio de 1995 indicaba que en un programa de Radio Nacional se había realizado un homenaje a Liber Seregni, y citaban las opiniones de dos personas que se identificaron “como oficiales en actividad del Ejército”. También se informaba que la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas había organizado un festival folclórico, y además de indicar qué artistas se presentaron, destacaban que la publicidad del evento estuvo a cargo del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN).
Un resumen de junio de 1995 mostraba infiltraciones en el Partido Colorado y en diversos sindicatos, como en la Asociación de Maestros, la Asociación de Empleados Bancarios y la Asociación de Funcionarios de Pluna. Luego había un apartado dedicado a las “fuerzas generadoras de conflictos”, en el que se destacaba un “espacio marxista” del Partido Comunista del Uruguay y un “espacio radical” del MLN.
Tampoco faltaban los capítulos dedicados a “hechos que afectan a las fuerzas armadas”, que implicaban espionaje sobre personal militar. En un documento de Inteligencia de 1995 se señalaba que un capitán, en días previos a las elecciones nacionales, “habría repartido listas del Encuentro Progresista”.
Exjefe militar admitió ante la Comisión Investigadora que el espionaje en democracia se desarrollaba “prácticamente por costumbre”, dijo a LA REPÚBLICA el presidente de la Comisión, el diputado Gerardo Núñez. Quien a su vez señaló que posiblemente la información que recavaban la utilizaban para “adelantarse a posibles procedimientos que se dieran en la Justicia para proteger a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura”.
Los contralmirantes retirados Óscar Otero y Carlos Magliocca, y el brigadier general retirado José Mayo Irigoyen, comparecieron en la pasada jornada ante la Comisión Investigadora. Gerard
Ante la confesión, Núñez señaló que “esto para nosotros constituye un elemento de reconocimiento de las actividades que se llevaron a cabo, y al mismo tiempo señalar que estas actividades fueron violatorias de la Constitución y las leyes, y por eso esta información que se recolectó, no toda fue información abierta sino que hubo métodos de infiltración, escuchas telefónicas, distintas formas que están presente en los archivos que estamos analizando”.
Consultado sobre lo que hacían los militares con la información que conseguían, Núñez dijo que “es una pregunta trascendental, o que podemos suponer en este caso que la información, mucha de ella se usaba para anticiparse a los movimientos de los partidos políticos, sobretodo de izquierda.
También para adelantarse a posibles procedimientos que se dieran en la Justicia para proteger a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura”. “La infamación son aspectos de control, de poder para generara mecanismos de coacción a la sociedad en su conjunto”, añadió. .
Teniendo en cuenta la autonomía con la que se manejaban los servicios de inteligencia, sobre si hoy podrían suceder cosas de este estilo, el diputado manifestó que “no lo puedo ni afirmar ni descartar, más teniendo en cuenta los elementos recientes que muestran como en apariencia los servicios de inteligencia se movieron con cierta autonomía sobre los mandos civiles”.