Huracanes Irma y Harvey arrasan con la propuesta de Trump de construir un muro entre México y EE.UU.
Publicado: 13 sep 2017 20:54 GMT - RT
Según el servicio AccuWeather, los estragos
provocados por los recientes fenómenos meteorológicos ascienden a
290.000 millones de dólares, lo equivalente a 1,5 puntos del PIB de
EE.UU.
Mike Blake / Reuters
Tan solo el fenómeno Harvey provocó pérdidas por un valor de 190.000 millones de dólares, según la misma agencia. Debido a ello, muchos analistas políticos se han preguntado si el presidente Donald Trump continúa con su postura de edificar un muro que, de acuerdo con la aprobación de la Cámara de Representantes de EE.UU., podría costar 1.600 millones de dólares en su etapa inicial de 120 kilómetros.
Cabe mencionar que el pasado 23 de agosto Trump aseguró en un evento en Phoenix, Arizona, que está dispuesto a dejar que el Gobierno Federal cierre si el financiamiento para el muro fronterizo con México no está incluido en la próxima factura de gastos del Congreso norteamericano: "De un modo u otro, vamos a conseguir ese muro", aseguró ante un auditorio repleto de simpatizantes.
El 27 de agosto, el presidente de EE.UU. volvió a arremeter contra su vecino del sur a través de su cuenta personal de Twitter: "México es una de las naciones más criminales del mundo, por ello debemos construir un muro. México pagará por él a través de un reembolso o de otro modo".
El pasado 2 de septiembre, la agencia de noticias EFE dio a conocer que Trump dio marcha atrás en sus planes para cerrar de manera parcial el Gobierno estadounidense. Esto ocurrió luego de que líderes legislativos del Partido Demócrata frenaran la petición del mandatario en el Senado para disponer de los millones de dólares y edificar la valla fronteriza con México.
De acuerdo con algunos cálculos, el muro que prometió Trump durante su campaña costará 20.000 millones de dólares. Sin embargo, el Congreso norteamericano evaluará las prioridades en materia de inversión, y podría no ser hasta finales de 2018 cuando se reanuden las negociaciones políticas tras la elaboración de un posible proyecto de ley de gastos destinados para el muro.
Según medios locales, los demócratas han reafirmado su compromiso de no aprobar ningún presupuesto que esté orientado a la construcción de la valla entre México y EE.UU. Para que Trump continúe con dichos planes, la mayoría republicana necesitaría el apoyo de ocho demócratas, y con ello conseguiría la mayoría calificada para aprobar su proyecto de ley en el Senado norteamericano.
Lo único cierto es que los huracanes Irma y Harvey, que arrasaron con varios estados de la unión americana y causaron decenas de pérdidas humanas, ahora amenazan con provocar un tsunami de decisiones políticas en la ciudad de Washington D.C.
José Luis Montenegro
El turbio negocio de la catástrofe: ¿Explotará una nueva burbuja financiera?
Publicado: 13 sep 2017 22:27 GMT - RT
No, la naturaleza no golpea a todos por
igual. En el mundo, miles de ejecutivos financieros apuestan por
catástrofes que den mejores rendimientos a sus acciones o llenen las
arcas de las compañías de seguros. Pero, ¿acaso el mercado especulativo
nos arrastra a una nueva crisis?
Imagen ilustrativa
Brendan McDermid / Reuters
No se trata únicamente de los pequeños vendedores locales de botellas de agua o los carpinteros locales que encarecen sus servicios profesionales después de un tifón o un huracán. No. Son gigantescas firmas del mundo financiero que, con ingentes cantidades de dinero, se valen de las probabilidades de un siniestro para diseñar riesgosos instrumentos de inversión a los cuales exprimirles jugosos rendimientos y que han denominado como "bonos de catástrofe".
Pero, ¿no es ilógico que los capitales privados inviertan allí cuando en el mundo son más frecuentes los desastres naturales? Al parecer no. Los halcones de la banca han sabido dominar el arte de la letra pequeña para evitar pagar, mientras aumentan los beneficios en un mercado cada vez más "atractivo". Por eso, no extraña que un reportaje de la agencia Bloomberg lo diga sin pudor: "El tiempo de los bonos 'catástrofe' ha llegado".
'No pain, no gain'
El florecimiento de este tipo de bonos empezó en 1992, cuando el paso del huracán Andrew en Florida dejó mal paradas a las aseguradoras. Desde entonces, los inversionistas, generalmente familias ricas o fondos de pensionados, optaron por dejar dinero en estos papeles con jugosos beneficios: desde 2003 hasta 2016, este tipo de instrumentos ha tenido rendimientos positivos, refiere el portal Dinero en Imagen.¿Cómo funciona el mecanismo? Las compañías "pautan" el siniestro: un huracán de tal categoría, un sismo de cierta magnitud o una inundación de determinadas proporciones. Si el desastre ocurre, técnicamente, el inversor paga. Pero, como diría Cantinflas, ahí está el detalle.
Las "letras pequeñas" implican que si tras una evaluación técnica no se cubren todos los parámetros, el inversor queda eximido de responsabilidades o tendría que hacer apenas un pago parcial. En el reciente sismo ocurrido en México, por ejemplo, el debate se ha centrado en determinar cuál fue la magnitud del mismo porque la diferencia entre 8,1 y 8,2 podría ser crucial para saber si el Estado percibirá recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas o no.
La "ventaja" que se vende a los inversionistas para que vayan tras este tipo de bonos es que no se ven afectados directamente por el desempeño macroeconómico de un país ni con el destino azaroso de los mercados. Se apuesta más bien al impredecible designio de la naturaleza.
Mercado en ascenso
Aunque la semana pasada, el índice de bonos catástrofe se desplomó en 15,7% luego del sismo en México y la llegada del huracán Irma a las costas de EE.UU., no es el fin de estas emisiones. Los principales interesados en promover este tipo de papeles son las aseguradoras porque, de esa manera, trasladan sus riesgos a inversionistas privados dispuestos a tomarlos a cambio de rendimientos positivos. Así, la caja gana.Las compañías de seguro también prevén recuperar las pérdidas. Esta semana, ya se anunciaba el aumento de las primas que se negociarán en diciembre. ¿Qué significa eso? Pólizas más caras y con coberturas más reducidas. El miedo por la creciente magnitud de los desastres naturales augura que habrá un mercado fecundo.
Un informe de Morgan Stanley, citado por Diario Financiero, refiere que históricamente el sector de las aseguradoras experimenta un comportamiento "más favorable" en los días posteriores a cualquier catástrofe.
De hecho, los recientes eventos naturales no son una preocupación demasiado grande para las compañías de seguros. La rebaja en las estimaciones de daño de Irma, que pasó de 200.000 millones de dólares a menos de 50.000 millones, le dan un alivio a las cuentas de las empresas. Además, la diversificación de los riesgos que han hecho las aseguradoras mediante los bonos catástrofe diluye tanto sus responsabilidades de pago que -refiere Bloomberg- "un bamboleo de uno de ellos no necesariamente afectará a todo el sector".
La otra carta a favor de los emisores de bonos catástrofe es que generalmente están sobresuscritos, es decir, hay más capital en juego que lo que realmente se procede a indemnizar.
¿Crisis en ciernes?
Los 'bonos catástrofe' -que según El Economista se mueve en un mercado de unos 90.000 millones de dólares- no sólo son emitidos por compañías sino también por Estados y hay entidades financieras multilaterales como el Banco Mundial (BM) que participan en esas iniciativas. México fue uno de los pioneros en poner en el mercado este tipo de instrumentos que, teóricamente, trasladan a privados la responsabilidad de una respuesta en casos de tragedias de marca mayor.Después del sismo de la semana pasada, el gobierno mexicano ha anunciado que utilizará el bono por un monto de 150 millones dólares aunque todavía está por determinarse si, tras las evaluaciones, efectivamente se podrá liquidar esa cantidad. Por lo pronto, la agencia Artemis prevé que, al menos en este caso, podría presentarse una pérdida total para los tenedores de los papeles.
El peligro es que, si empiezan a cobrarse ese tipo de bonos a los inversionistas, al tiempo que los seguros privados se vean rebasados en su capacidad para atender indemnizaciones, se abriría la posibilidad de una crisis como la experimentada en 2008 con las hipotecas subprime.
Sin embargo, eso no parece preocupar demasiado a las aseguradoras que esta semana experimentaron un repunte significativo en la bolsa. Acciones como las de Universal Insurance Holdings y HCI Group subieron más de 12%, mientras que las de Heritage ascendieron espectacularmente a un 21%. La burbuja especulativa de la catástrofe, por ahora, tiene quien le insufle aire.
Nazareth Balbás
Noticias Internacionales Independientes
Bannon: la decisión de Trump de despedir a Comey fue el mayor error político en la historia moderna
12 Sep. 2017
El ex estratega en jefe de la Casa Blanca Stephen Bannon sostuvo que la decisión de Trump de despedir al director del FBI
James Comey fue el mayor error político de la historia moderna. Bannon,
quien ahora dirige el medio de extrema derecha Breitbart Media, hizo
los comentarios en una entrevista con Charlie Rose, del programa “60
minutos”.
Charlie Rose: “Alguien me dijo que usted describió el despido de James Comey –usted estudia historia– como el mayor error en la historia política”.
Stephen Bannon: “Eso probablemente sería... probablemente sería demasiado bombástico, incluso para mí, pero tal vez [sea el mayor error] en la historia política moderna”.Este fragmento no salió al aire en el programa, sino que fue publicado en Internet en la noche del domingo.
Francia: protestas en todo el país contra planes de Macron de eliminar medidas de protección de los trabajadores
12 Sep. 2017
En
Francia, decenas de sindicatos se declararon en huelga el día de hoy y
están previstas alrededor de 200 manifestaciones a nivel nacional para
protestar contra los planes del presidente de Francia, Emmanuel Macron,
de eliminar mediante un decreto presidencial distintas medidas de
protección de los trabajadores. Las huelgas están entorpeciendo
industrias clave, como la del transporte, y más de 100 vuelos y trenes
fueron cancelados o suspendidos.
Corte Suprema de EE.UU. levanta restricciones contra prohibición migratoria de Trump y afecta a 24.000 refugiados
12 Sep. 2017
Nuevamente
en Estados Unidos, la Corte Suprema levantó temporalmente las
restricciones a la prohibición migratoria emitida por el presidente
Donald Trump, lo que significa que se les negaría el ingreso a Estados
Unidos a aproximadamente 24.000 refugiados. La semana pasada, un
tribunal de apelaciones de Seattle falló que se les permitiría el
ingreso a decenas de miles de refugiados a los que se les había
prometido ser asistidos por organizaciones de reubicación de refugiados.
Pero el lunes, la Corte Suprema intervino para impugnar el fallo. Se
prevé que la Corte Suprema emita pronto un fallo más completo sobre la
prohibición que impide a los refugiados y a los ciudadanos de seis
países de mayoría musulmana ingresar a Estados Unidos.
Nuevo Hampshire: familia afirma que niño de 8 años de origen birracial sobrevivió tras ser colgado de un árbol en intento de linchamiento
12 Sep. 2017
En
Nuevo Hampshire, las autoridades investigan un supuesto intento de
linchamiento en la ciudad de Claremont. Una mujer afirma que su hijo de
ocho años, de origen birracial, tuvo que ser llevado en helicóptero al
hospital luego de que un grupo de adolescentes blancos supuestamente lo
colgaran de un árbol. También publicó fotos en Facebook que muestran las
heridas en el cuello del niño. La abuela del niño también afirma que
los adolescentes se burlaron del niño con insultos raciales antes del
ataque. El 96% de los habitantes de la ciudad de Claremont son blancos.
Otras miradas
No tú, Noruega
por Elena Cabrera
Fundación porCausa
Este emocionante 2017 podría recordarse como el año que vivimos
peligrosamente (las jornadas electorales). La urna, ese tedioso cajón
que saluda las sociedades democráticas cada varios años, como esa tía
lejana que solo te visita cuando pensabas que te estabas olvidando de
ella, se pasea por Europa como lo haría un adolescente por una
convención friki: imprevisible y eufórico.Este 11 de septiembre le toca a Noruega, una cita que los países del sur vivimos con apasionado desinterés y arrebatadora ignorancia. Decir que Noruega se la juega suena muy a frase de 0,60 así que, intentando huir un poco de la obviedad, diremos que quien se la juega, en realidad, somos los migrantes.
Los partidos políticos noruegos (como en otros lugares) le sacan más rendimiento electoral al eje vertical élite / oprimidos que al horizontal derecha / izquierda, cuando en realidad el que está siendo decisivo (como en otros muchos lugares) es la diagonal antinmigración / acogida. Si el gran tema de este momento histórico es el derecho a la movilidad humana, o la negación de ese derecho, la posición de un gobierno al respecto dará forma a las normas de esa comunidad y a sus relaciones de vecindad.
Y hablando de vecinas, esa visita frustrada de la ministra de Inmigración a su colega del país de al lado, Suecia, dice mucho del berenjenal en el que se ha metido Noruega estos cuatro años. Habiendo ganado el Partido Laborista las elecciones de 2013 (como viene haciendo religiosamente desde nada menos que el año 1927), una coalición de la derecha le arrebató la opción de gobernar. El Partido Conservador selló un pacto con el Partido del Progreso, firmes defensores de la antinmigración. Aparentemente, los Conservadores debieron de firmar ese acuerdo en alguna antesala del infierno pues con su 16,3 por ciento de votos se embolsó las carteras de ocho ministerios. Y no ocho cualquiera. La ultraderecha decide sobre materias como igualdad, pesca, agricultura, alimentación, justicia, petróleo (la principal fuente de riqueza del país), finanzas, transporte, comunicaciones y, oh sorpresa, inmigración.
Así que ahí tenemos a la ministra de inmigración, la célebre autora de las declaraciones “aquí comemos cerdo, bebemos alcohol y mostramos el rostro”, siendo devuelta a su país con cajas destempladas por su homóloga sueca (laborista) a finales de agosto, alegando que para discutir seriamente, que sí, pero que para hacer campaña electoral, mira mejor no. Ambos países llevaban meses enzarzados en una guerra de declaraciones a propósito del alarmante descenso de las cifras de asilo en Noruega.
Noruega es un país próspero, igualitario, con poco paro y mucha calidad de vida. Cuando Anders Behring Breivik atentó contra un campamento de las Juventudes Socialistas asesinando a 77 personas en 2011, desgarró una sociedad poco o nada acostumbrada a la violencia. Lo que sucedió, parecía impensable en Noruega. Breivik era militante del Partido del Progreso.
Si en algo vienen coincidiendo los sondeos preelectorales es que el Partido Laborista no va hacer la remontada. Una coalición de la derecha parece más fuerte que nunca, aunque el Partido del Centro, que permitió la gobernabilidad de la izquierda en dos mandatos anteriores, puede dar la sorpresa y facilitar un tibio gobierno laborista. Pero, como decíamos, la pregunta que se hacen hoy los votantes ya no es ¿me siento de derechas o de izquierdas? En cada urna resuena el eco de una pregunta más peligrosa: ¿estoy con el inmigrante o contra él?
Elecciones en Noruega: La 'Merkel noruega' gana pero no logra la mayoría con la ultraderecha en las elecciones
La también llamada 'Erna de hierro' -por su línea
dura en inmigración- consigue ser la primera líder conservadora que es
reelegida en más de tres décadas.
La primera ministra noruega, Erna Solberg, habla a sus simpatizantes en Oslo (Noruega). EFE/Junge Heiko
La primera ministra Erna Solberg, apodada la Merkel noruega,
no consiguió la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias
celebradas este lunes en el país nórdico. No obstante, la también
llamada Erna de hierro -por su línea dura en inmigración- consigue ser la primera líder conservadora que es reelegida en más de tres décadas.
El Partido Conservador (Høyre), contra todo pronóstico, la ultraderecha de Partido del Progreso (FrP), demócrata cristianos y liberales
obtuvieron 89 de los 169 escaños. Como hace cuatro años, los
conservadores tendrán que sentarse a negociar con las otras formaciones
de derechas para poder gobernar.
El Gobierno 'rojiverde', como el que lideró Jens Stoltenberg entre 2005 y 2013, queda descartado, pues el Partido Laborista (el centro-izquierda socialdemócrata) sumó junto con los Socialistas de Izquierda y el Partido del Centro sólo 80 escaños.
Política antimigratoria
Solberg, de 56 años, entró en el Parlamento
en 1989, cuando ya había finalizado sus estudios de Sociología y
Ciencias Políticas, y años después presidió la Asociación de Mujeres
Conservadoras (1994-1998).
Fue ministra de Administraciones Locales y
Regionales en el segundo Gobierno del democristiano Bondevik
(2001-2005), y de esa época le viene el apodo de 'Erna de hierro', por su línea dura en inmigración y por sus presiones a Extranjería para intentar expulsar del país al líder religioso kurdo mulá Krekar.
Su etapa de ministra se vio salpicada
también por el "caso Vanunu", por el "espía atómico" israelí Mordejai
Vanunu, al que su departamento negó asilo político para no enturbiar las
relaciones políticas con Israel, como se reveló años más tarde.
A pesar del mal resultado, la ultraderecha,
de la mano del Partido Conservador liderado por Solberg, accedió al
gobierno en 2013, siendo esta la primera vez que un partido de este
corte ideológico llegaba al poder en Escandinavia.
CHILE
U. de Chile entrega 104 títulos póstumos a ejecutados políticos y desaparecidos
Karina Palma |Lunes 11 de septiembre 2017 19:20 hrs.
Este
lunes, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del
golpe de Estado, la Universidad de Chile anuncio mediante decreto la
entrega de títulos póstumos a estudiantes que fueron detenidos
desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura cívico
militar.
La
actividad se llevó a cabo en el patio Domeyko de la Universidad de
Chile y contó con la asistencia de los familiares de los 104 estudiantes
que fueron reconocidos, quienes provenían de diversas carreras.
Claudio Nash, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos en el plantel, explicó que la ceremonia es parte de un proceso que comenzó con el retorno a la democracia y tiene relación con reparar a las víctimas de la dictadura, en este caso a los estudiantes.
El académico dijo que la comunidad de la Universidad fue objeto de actos de violencia a sus funcionarios, académicos y estudiantes, por lo que este acto sería parte de “esa comunidad que se reconstruye y vuelve a acompañar a sus alumnos para decirles que no se les ha olvidado”.
El rector de la institución, Ennio Vivaldi, señaló que las instituciones públicas tienen responsabilidades ineludibles como reconocer a quienes fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Desde su perspectiva, este tipo de acciones contribuye a una reconciliación con sentido de justicia.
“Nos emociona la tremenda convocatoria que esto a ha tenido en los familiares, porque significa que para ellos uno de los atributos de sus seres queridos era precisamente aquello que los ligaba con nuestra Universidad”, afirmó.
Lorena Fries, subsecretaria de Derechos Humanos, valoró la ceremonia y manifestó que no solo se trata de un gesto significativo para las familias de los jóvenes, sino también de una forma de aportar a la construcción de una verdad que permite crear memoria en el país.
“Estamos reconociendo como sociedad que esos proyectos de vida, que no solo eran personales sino también una forma de servir a la construcción de un país, fueron injustamente truncados por la dictadura. Con esto estamos aportando a profundizar la verdad, porque se visibilizan aquellos hechos que tuvieron que padecer quienes hoy están siendo homenajeados”, agregó.
Por su parte, los familiares de los estudiantes que fueron reconocidos valoraron y agradecieron la entrega de títulos póstumos. Una de las personas que se encontraba en el patio Domeyko fue Mónica Pilquil, esposa de Ismael Darío Chávez Lobos, quien fue detenido en julio de 1974 cuando era estudiante de derecho en la Universidad de Chile. El joven era militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), tenía 22 años y un hijo de casi un mes cuando fue detenido.
Para Mónica este reconocimiento es parte de la justicia que por años han esperado. “La Universidad tenía que hacer un reconocimiento como este porque eso hace que las nuevas generaciones tomen de ejemplo a estos jóvenes que además de ser estudiantes eran luchadores sociales, que participaban con su gente en los sindicatos y las poblaciones”.
María Isabel Leiva, prima de Luis Valenzuela Leiva, estudiante de sociología de 21 años que desapareció en 1975 según los antecedentes que ha recopilado su familia, también se refirió a la ceremonia: “Es una alegría entre comillas porque hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Que lo reconozcan como estudiante de este lugar es algo muy hermoso como familia”.
Al acto también asistió Ángela Jeria, madre de la presidenta Michelle Bachelet, quien comentó que es fundamental que se les haga un homenaje a los jóvenes que “tuvieron un gran compromiso con el país, para que las nuevas generaciones conozcan su valor y entrega”. Sobre el trabajo que han desarrollado las instituciones en esta materia indicó que “no han tenido el tiempo de hacer lo suficiente”, pero que “hay que estimularlo para que se realice”.
Si bien la entrega de títulos póstumos corresponde a un acción inédita en la Universidad de Chile, existen otros planteles como la Universidad de Santiago y la Universidad de La Frontera en Temuco que ya han realizado este tipo de homenajes a los estudiantes que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Por el momento el anuncio contempla a 104 jóvenes, pero desde la cátedra de Derechos Humanos señalaron que son muchos más los estudiantes de la Universidad que merecen este reconocimiento, por lo que ya han empezado a trabajar en ello.
Claudio Nash, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos en el plantel, explicó que la ceremonia es parte de un proceso que comenzó con el retorno a la democracia y tiene relación con reparar a las víctimas de la dictadura, en este caso a los estudiantes.
El académico dijo que la comunidad de la Universidad fue objeto de actos de violencia a sus funcionarios, académicos y estudiantes, por lo que este acto sería parte de “esa comunidad que se reconstruye y vuelve a acompañar a sus alumnos para decirles que no se les ha olvidado”.
El rector de la institución, Ennio Vivaldi, señaló que las instituciones públicas tienen responsabilidades ineludibles como reconocer a quienes fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Desde su perspectiva, este tipo de acciones contribuye a una reconciliación con sentido de justicia.
“Nos emociona la tremenda convocatoria que esto a ha tenido en los familiares, porque significa que para ellos uno de los atributos de sus seres queridos era precisamente aquello que los ligaba con nuestra Universidad”, afirmó.
Lorena Fries, subsecretaria de Derechos Humanos, valoró la ceremonia y manifestó que no solo se trata de un gesto significativo para las familias de los jóvenes, sino también de una forma de aportar a la construcción de una verdad que permite crear memoria en el país.
“Estamos reconociendo como sociedad que esos proyectos de vida, que no solo eran personales sino también una forma de servir a la construcción de un país, fueron injustamente truncados por la dictadura. Con esto estamos aportando a profundizar la verdad, porque se visibilizan aquellos hechos que tuvieron que padecer quienes hoy están siendo homenajeados”, agregó.
Por su parte, los familiares de los estudiantes que fueron reconocidos valoraron y agradecieron la entrega de títulos póstumos. Una de las personas que se encontraba en el patio Domeyko fue Mónica Pilquil, esposa de Ismael Darío Chávez Lobos, quien fue detenido en julio de 1974 cuando era estudiante de derecho en la Universidad de Chile. El joven era militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), tenía 22 años y un hijo de casi un mes cuando fue detenido.
Para Mónica este reconocimiento es parte de la justicia que por años han esperado. “La Universidad tenía que hacer un reconocimiento como este porque eso hace que las nuevas generaciones tomen de ejemplo a estos jóvenes que además de ser estudiantes eran luchadores sociales, que participaban con su gente en los sindicatos y las poblaciones”.
María Isabel Leiva, prima de Luis Valenzuela Leiva, estudiante de sociología de 21 años que desapareció en 1975 según los antecedentes que ha recopilado su familia, también se refirió a la ceremonia: “Es una alegría entre comillas porque hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Que lo reconozcan como estudiante de este lugar es algo muy hermoso como familia”.
Al acto también asistió Ángela Jeria, madre de la presidenta Michelle Bachelet, quien comentó que es fundamental que se les haga un homenaje a los jóvenes que “tuvieron un gran compromiso con el país, para que las nuevas generaciones conozcan su valor y entrega”. Sobre el trabajo que han desarrollado las instituciones en esta materia indicó que “no han tenido el tiempo de hacer lo suficiente”, pero que “hay que estimularlo para que se realice”.
Si bien la entrega de títulos póstumos corresponde a un acción inédita en la Universidad de Chile, existen otros planteles como la Universidad de Santiago y la Universidad de La Frontera en Temuco que ya han realizado este tipo de homenajes a los estudiantes que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Por el momento el anuncio contempla a 104 jóvenes, pero desde la cátedra de Derechos Humanos señalaron que son muchos más los estudiantes de la Universidad que merecen este reconocimiento, por lo que ya han empezado a trabajar en ello.
Cinco historias de estudiantes de la U. de Chile asesinados en dictadura
Victoria Viñals |Lunes 11 de septiembre 2017 7:53 hrs.
Este
lunes la Universidad de Chile entregará títulos profesionales póstumos a
los familiares de 104 estudiantes que fueron detenidos desaparecidos o
ejecutados políticos durante el régimen de Augusto Pinochet. Aquí, cinco
historias para preservar la memoria en un nuevo 11 de septiembre.
Lumi
Videla, Patricia Quiroz, Ricardo Silva, Jécar Nehgme y Eduardo Vergara.
Los cinco militaban en organizaciones revolucionarias, tenían menos de
30 años y fueron perseguidos y asesinados por agentes del Estado durante
la dictadura. Los cinco, junto a otras 99 personas, conforman el
registro de estudiantes de la Universidad de Chile ejecutados o
detenidos desaparecidos durante el régimen.
Este lunes, a 27 años de la salida de Augusto Pinochet del poder, la Universidad emitirá un decreto que formalizará la entrega de títulos póstumos y simbólicos a esos 104 estudiantes. Aquí, la historia de cinco estudiantes y sus casos emblemáticos para la memoria del país.
Según consta en el Informe Retting, Lumi murió el 3 de noviembre en una sesión de tortura. La causa precisa de la muerte fue “asfixia producto de una obstrucción de la boca y la nariz estando el cuerpo de cúbito ventral”.
El 4 de noviembre de 1974 su cuerpo fue tirado al interior de la Embajada de Italia, “como una venganza debido a que en esos días había habido un enfrentamiento entre gente del MIR y agentes de la DINA en el que murieron personas por ambos lados y Lumi, que era la más alta dirigente del MIR que tenía la DINA en ese momento, fue muerta en represalia a este hecho…”, declaró un testigo a los tribunales, según consta en la sentencia del caso, emitida el 23 de julio de 2007.
Este caso resultó emblemático no sólo por la brutalidad de la tortura que sufrió Lumi, sino que por el tratamiento que la prensa afín al régimen dio al crimen: señalaron que la estudiante habría sido víctima de los asilados que se encontraban en la embajada, en el marco de una orgía. La embajada de Italia desmintió categóricamente que Lumi Videla se hubiera encontrado asilada o al interior del recinto.
Poco después de que apareciese el cuerpo en la Embajada de Italia, El Mercurio y La Segunda festinaron con el crimen. El dibujante Lukas publicó una caricatura en El Mercurio del 7 de noviembre de 1974, sólo tres días después de los hechos, que compara la aparición del cadáver con un circo, bajo la leyenda “El fantástico número del proyectil humano disparado sobre los muros de una embajada”.
Fulano, dibujante de La Segunda, hizo también una caricatura donde se observa a una mujer barriendo restos humanos de la propia embajada italiana.
Sergio Pérez, pareja de Lumi y también recluido en José Domingo Cañas, es actualmente detenido desaparecido.
Eduardo tenía 20 años y era estudiante de Pedagogía en Historia de la Universidad de Chile. La causa de su muerte fue un traumatismo toráxico por bala, sin salida de proyectil. Además, presentaba lesiones por orificio de bala en distintas partes del cuerpo. Su hermano de 18 años, Rafael Vergara, murió a causa de un disparo en la nuca a corta distancia.
La corta edad de los hermanos, su militancia, compromiso político y la incansable búsqueda de justicia realizada por sus padres Manuel y Luisa hicieron del crimen de los hermanos Vergara todo un hito de la resistencia chilena. En homenaje a ellos, cada 29 de marzo se conmemora el Día del Joven Combatiente.
Patricia Quiroz Nilo y Ricardo Silva Soto eran militantes del Frente y estudiantes de la Universidad de Chile. Ella estudiaba Lenguas Clásicas y él, Química y Farmacia.
Según consta en la sentencia del caso, dictada el 28 de agosto de 2007 por la Corte Suprema, Patricia y Ricardo fueron víctimas, junto a otros cinco frentistas, de homicidio calificado. El 15 de agosto asistían a una escuela de formación de guerrillas del FPMR cuando fueron detenidos, posteriormente llevados al Cuartel Borgoño y finalmente a una casa en el sector de Pedro Donoso con avenida Recoleta, donde fueron asesinados.
La sentencia declara que las circunstancias de estas muertes constituyeron homicidios calificados “por haber mediado en su comisión las circunstancias de ‘alevosía’ y ‘premeditación conocida’ (…) siendo ambas calificantes de naturaleza subjetiva o personal, es necesario, para apreciar su concurrencia, verificar si efectivamente se dan, en cada caso, sus respectivos elementos, que hacen más reprochable el injusto, por evidenciar una particular disposición moral de los intervinientes en cada uno de los homicidios que se les imputan”.
Jécar Nehgme
Es
conocido como el último asesinado en manos de agentes del Estado en
dictadura. El 4 de septiembre de 1989 fue ejecutado cuando transitaba
por calle Bulnes con dirección a la Alameda.
Jécar Nehgme Cristi era un alto dirigente del MIR polìtico y estudiante de Pedagogía en Historia en la Universidad de Chile.
* La entrega de títulos profesionales a estos 5 y otros 99 estudiantes de la Universidad de Chile que fueron ejecutados políticos o detenidos desaparecidos, se realizará este lunes 11 de septiembre a las 12:30 hrs. en el Patio Domeyko de la Casa Central de la U. de Chile, ubicada en Alameda 1058.
URUGUAY
Herencias invisibles: el pasado reciente en el Uruguay
"Algunos de los cambios en la estrategia contrainsurgente vienen de la mano de un énfasis en herramientas de poder blando, que estaban presentes durante la Guerra Fría, pero que se tornaron aún más convenientes en el marco de las democracias liberales". Entrevista a Silvina M. Romano*
16 Aug 2017| Por: Hemisferio Izquierdo
Hemisferio Izquierdo (HI): La brutal ofensiva de la clase dominante materializada los sucesivos golpes de Estado y la instalación de dictaduras cívico-militares entre las décadas de 1960 y 1980 dejó secuelas profundas en la vida política de nuestros países que se proyectan hasta hoy ¿Cuáles huellas de la violencia política de este período todavía persisten en nuestras sociedades y cómo se manifiestan?
Silvina M. Romano (SMR): Considero que quedan más huellas de lo que suele notarse o de lo que suele asumirse tanto en los discursos como en las prácticas. Me gustaría referirme al vínculo entre la estigmatización y/o criminalización de la participación en ámbitos políticos y la actual “lucha contra la corrupción”, como parte de esta violencia política que se arrastra desde hace varias décadas. El “mejor no te metas” o “algo habrá hecho”, frases que marcaron el clima de las dictaduras cívico-militares y el terrorismo de Estado, aluden a la participación política: no te metas en política, algo habrá hecho: se metió en política. La ideología neoliberal, victoriosa en una batalla por las ideas que implicó la eliminación física de los “subversivos”, plantea entre otras cuestiones y de modo explícito, lo valioso del encerramiento en la vida privada, en el espacio privado donde la participación se concreta a través de la imagen de la realidad que brindan los medios de comunicación y/o redes sociales, no hace falta involucrarse. Es menos riesgoso consumir fragmentos de una pseudo realidad por televisión/facebook que estar en la calle. Este “privatismo civil” se legitima a partir del desprecio por la participación en espacios/actividades políticas. Así, el sindicalista, el militante de partido político, el militante de base, es denostado, despreciado por representar la idea de lo ineficiente, lo anticuado, y particularmente, lo “corrupto”.
Esto encuentra buena parte de su explicación en algunos de los ejes centrales del ajuste estructural: la despolitización del Estado y de la política, el apartamiento del Estado de las decisiones económicas (que deben ser regidas por la lógica del mercado), el achicamiento/debilitamiento de lo público. Como parte de este proceso que caló profundo en los ’90, se planteó la lucha contra la corrupción como mal endémico de los funcionarios, militantes, sindicalistas definidos como “corruptibles por naturaleza”. Pero esta bandera ha adquirido especial visibilidad en los últimos años de cara al reflujo de los gobiernos progresistas y retorno de las derechas a algunos gobiernos, como el de Argentina y Brasil. La lucha contra la corrupción se libra en defensa del “Estado de Derecho”, un Estado que debe ser administrado de modo eficiente y transparente por y para minorías que prometen “no aprovecharse de él” como aparentemente lo hacen las ignorantes/abusivas mayorías en períodos en que la lucha, la voluntad política y los factores estructurales confluyen en procesos de redistribución que implican la repolitización de la economía y del Estado. La lucha contra corrupción, que formó parte de ese ajuste de los Estados a favor del sector privado, las elites transnacionalizadas, las instituciones financieras internacionales, adquiere un nuevo impulso en la actual judicialización de la política que se extiende en América Latina para dirimir por la vía judicial la batalla que se podría perder en el campo de lo político: el Lava Jato, el caso de las coimas Odebrecht en Brasil, el caso Nisman en Argentina. No solo consolida la idea (de larga data, como vimos) de que los funcionarios, sindicalistas, militantes (especialmente pero no únicamente los vinculados a los gobiernos progresistas) solo se dedicaron a “robarle al Estado”, como viene machacando permanentemente la prensa hegemónica de la mano de las derechas. También se reinstala con mayor fuerza la idea de que toda la clase política es corrupta y por eso hay que meterlos a todos presos, como reza el Juez Moro a cargo del Lava Jato. Es una especie de “que se vayan todos” sentenciado desde aparatos judiciales que se vienen modernizando bajo asesoría del Departamento de Justicia estadounidense (país donde aparentemente sí funcionaría la justicia). Lo que debe señalarse es que lo más probable es no solo que no se vayan todos, sino que se quedarán aquellos que acuerden con y trabajen en pos de un Estado “eficiente y transparente”: técnicos, burócratas y empresarios que no llevan el estigma de la militancia, con escasa trayectoria en la política, o si la tienen seguramente está vinculada a espacios de derecha poco vinculados a partidos políticos, sindicatos y movimiento sociales que demandan justicia social. Este proceso de estigmatización y criminalización de lo político es una continuidad o resultado de las premisas del orden neoliberal instaladas a sangre y fuego por el terrorismo de Estado.
HI: Una característica trasversal de estos años fueron los procesos contrainsurgentes y la llamada “guerra sucia” llevados a cabo bajo influencia de Estados Unidos. En este marco ¿cuáles continuidades y rupturas se pueden establecer en la política externa de Estados Unidos para América Latina?
SMR: La continuidad más clara con la contrainsurgencia está inscrita en la “guerra contra las drogas” planteada por el gobierno estadounidense, institucionalizada a partir de finales de los ’90. El nuevo orden que siguió a la desarticulación de la Unión Soviética, incluyó una serie de nuevas amenazas, es decir, nuevos enemigos, entre los que se encuentran el narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático y la pobreza. Todos reconocidos por la Comisión Trilateral como agentes de “desestabilización”. Pero rápidamente se hizo evidente que todas esas amenazas ocultaban al mismo enemigo: los subversivos, insurgentes, los sectores politizados y organizados, los pueblos en lucha. De modo que la continuidad de la contrainsurgencia se vincula también a la continuidad de la violencia política enunciada más arriba.
La guerra contra el narcotráfico materializada en el Plan Colombia impulsado desde EEUU, tiene epicentro en la zona andina del Cono Sur. Se desata allí el plan represivo no solo contra la guerrilla, sino contra cualquier sector o grupo que intente disputar el poder al Estado neoliberal. El despliegue militar, paramilitar, de “asistencia para el desarrollo”, no solo no disminuye el espectro de acción de los narcotraficantes, sino que profundiza los niveles de violencia y desarticulación del tejido social. Un ejemplo es la expulsión de campesinos generada por la fumigación de los cultivos para acabar con la producción de coca (vegetal que solo se transforma en cocaína gracias a los químicos producidos en países de la Unión Europea, como Alemania). El otro, son los falsos positivos y la naturalización de la actividad paramilitar. Este plan es “exportado” y se reproduce en otros proyectos como la Iniciativa Mérida, la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica, entre otros, donde la violencia se ha incrementado notablemente, en particular, la perpetrada desde los aparatos represivos de estos Estados contra sectores que reclaman derechos económicos, sociales, ambientales, etc. (desde la masacre de Ayotzinapa hasta el asesinato de Berta Cáceres).
Estas tendencias marcan una suerte de continuidad con los inicios de la Guerra Fría. En aquel momento el objetivo de evitar la expansión del comunismo, en América Latina, se materializó en objetivos y planes específicos destinados a instalar una doctrina de seguridad hemisférica para garantizar la “seguridad” continental (léase: garantizar la seguridad de territorio estadounidense, así como el acceso y flujo de materias primas, combustibles y materiales estratégicos) y estandarizar las FFAA de América Latina de acuerdo a los cánones y necesidades del complejo industrial militar estadounidense. Para ello se necesitaba de gobiernos leales y dispuestos a alinearse a las premisas de seguridad y democracia enunciadas en el TIAR y la OEA. Aquellos que no lo hicieron, tuvieron que enfrentarse al despliegue imperial en todas sus formas: presión económica y extorsión, guerra psicológica, presión diplomática, intervención militar, etc.
Algunos de los cambios en la estrategia contrainsurgente vienen de la mano de un énfasis en herramientas de poder blando, que estaban presentes durante la Guerra Fría, pero que se tornaron aún más convenientes en el marco de las democracias liberales. Así, la asistencia para el desarrollo, incluido el financiamiento a ONGs, la definición de la agenda mediática, los intercambios estudiantiles y académicos, la expansión del modo de consumo estadounidense (desde la comida hasta las películas de Hollywood) se presentan como elementos muy adecuados para consolidar la reproducción de la ideología dominante. De esto se trata el “poder blando”: convencer a los demás de que “nuestro modo de vida es el mejor”, diría Joseph Nye, el que acuñó el concepto (asesor de Bill Clinton). Desde el gobierno estadounidense, especialmente a través del Departamento de Estado, se impulsan una serie de programas que incluyen esta batería de herramientas siempre dirigidas al mismo objetivo: lograr la alineación a los intereses del sector público-privado estadounidense y la red de poder transnacional que alimenta (que incluye empresas transnacionales, think-tanks, prensa, ONGs, organismos internacionales). El poder blando adquirió protagonismo en la era Obama y de la mano de Hillary Clinton como Secretaria de Estado, el lanzamiento de la política de las Tres D (diplomacia, defensa y desarrollo) fue el corolario de esta idea. Lo interesante, es que precisamente durante la gestión Obama, Estados Unidos se vio implicado en procesos que aparecieron como contradictorios (en un primer momento) con respecto a la política de paz y negociación que en apariencia buscaba implementar: el golpe a Chávez en el 2002, la desestabilización de Bolivia en el 2008, la desestabilización de Ecuador en el 2010, el golpe de Estado a Zelaya en el 2009, el derrocamiento de Lugo en 2012, el derrocamiento de Dilma Rousseff en 2016, el permanente asedio al proceso de cambio en Venezuela. En todos esos procesos las agencias del gobierno estadounidense que operan de modo abierto o encubierto han dejado huella. Sin dudas prevalecieron estrategias de poder blando que a mí parecer se incluyen en lo que podríamos denominar una guerra psicológica de amplio espectro, cuyos objetivos no difieren sustancialmente de los planteados durante la Guerra Fría (contención/aniquilación de la insurgencia, desestabilización/derrocamient
Pero en esencia, el establishment de política exterior de EEUU (Departamento de Estado, Pentágono, capital transnacional) sigue concibiendo a América Latina como fuente de materiales estratégicos y recursos vitales para el desarrollo de su complejo industrial militar y la expansión de la economía estadounidense como la garantía de “su seguridad”. El poder blando opera a favor de la reproducción de la ideología dominante, pero respaldado por un poder duro, un poder “real”, que está siempre listo para ser activado en caso de que peligre el logro de los objetivos. Esto ha quedado claro en la Operación Freedom II, del Comando Sur para intervenir en Venezuela “en caso de que sea necesario”. Esta articulación entre poder duro y blando es bien resumida por el ex Comandante del Comando Sur, Gral. John F. Kelly (actualmente jefe de gabinete del gobierno de Trump), quien asegura que a los latinoamericanos “les gustan nuestras cosas, les gustan nuestras cosas sean de Waltmart o productos militares. Les gusta comprar cosas estadounidenses” [1] .
Es importante aclarar que este resumen de las continuidades y rupturas del modo en que opera el imperialismo estadunidense en la región no supone la existencia de un poder homogéneo ni omnipotente. Por el contrario, se trata de estrategias de una potencia en crisis interna y en disputa por espacios y recursos a nivel global, en un contexto más amplio dado por un capitalismo en crisis. Y eso es preocupante porque exacerba la “rapiña” por esos recursos. Pero no es omnipotente, porque como lo demostraron varios gobiernos de corte progresista, hay maneras de poner límites a la injerencia estadounidense: desde el cierre de bases militares hasta expulsión de diplomáticos y agencias estadounidenses, o las experiencias emprendidas en conjunto por organismos regionales, como la UNASUR, que discuten el paradigma de seguridad centrado en la “guerra contra el narcotráfico”. La repolitización de los Estados y de la economía, la recuperación de la soberanía o el cuestionamiento del paradigma de seguridad, experimentada en estos últimos diez o quince años, son el mejor ejemplo de que ha habido cambios desde América Latina. En la actualidad, con el giro a la derecha de gobiernos como el de Argentina y Brasil, el retorno de la anti-política y la ortodoxia, esos cambios y logros pasan a un segundo plano, pero no desaparecen. Tal vez esa es la fantasía del establishment estadounidense sobre la región: de que los pueblos olvidarán esos avances y que de paso olvidarán la trayectoria de EEUU en la región. Allí apunta la batalla librada por el poder blando y respaldado por el Comando Sur. Pero la trayectoria por la emancipación de América Latina muestra lo contrario, con idas y vueltas, ciclos de auge y de retroceso, la lucha sigue.
* Silvina M. Romano es Investigadora del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Es Dra. en Ciencia Política, Licenciada en Historia y Licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Especialista en relaciones de Estados Unidos con América Latina.
Notas
[1] http://csis.org/multimedia/lea
COMCOSUR INFORMA
Almagro, Israel y la mentira como política continental
por María Landi (Desinformémonos)
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no contento con promover la intervención estadounidense en Venezuela -en lugar de tender puentes para reducir la polarización social-, recientemente ha sumado motivos para la indignación popular al visitar Israel y hacer declaraciones que nos ofenden.
Almagro no habló como el representante de un organismo internacional, sino como un simple propagandista de Israel, presentándolo como un Estado normal, progresista y moderno, respetuoso de la democracia y los derechos humanos. Curioso concepto de democracia tiene el Secretario General de la OEA, que según él es compatible con el nacionalismo religioso, la ocupación colonial y el apartheid.
Por contraste, esta semana en una conferencia en la UNAM de Ciudad de México, el historiador israelí Ilan Pappé dejó claro que el Estado de Israel, nacido de la destrucción del pueblo, el territorio y la cultura árabes de Palestina, se sostiene desde hace siete décadas en base a un régimen de limpieza étnica, ocupación militar, colonización territorial y apartheid jurídico.
Ese Estado controla por la fuerza la totalidad del territorio de la Palestina histórica, desde el Mediterráneo hasta el Jordán, manteniendo a la mitad de la población que vive en él (unos seis millones de personas) sin absolutamente ningún derecho (en los territorios ocupados) o con derechos limitados (dentro de Israel) por el simple hecho de no ser judía. Y al tiempo que promueve la inmigración de población judía de todo el mundo, le niega a otros seis millones de palestinos/as el derecho de regresar a su tierra, obligándoles a vivir en el exilio o en miserables campos de refugiados en los países vecinos.
Israel es el Estado que ha desconocido e ignorado más resoluciones de la ONU desde 1948 hasta el presente (incluyendo la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad). Además de las numerosas resoluciones incumplidas, Israel comete diariamente crímenes de guerra -según el Derecho Internacional Humanitario- contra la población palestina. Entre ellos, desplazamiento forzado, traslado de población ocupante al territorio ocupado, apartheid (como recientemente afirmó la CESPAO, un órgano de la ONU) y genocidio incremental, como llama Ilan Pappé a la combinación de limpieza étnica gradual (en Cisjordania y Jerusalén Este) con ataques y bombardeos periódicos (en Gaza).
Pappé dejó claro lo que hemos dicho en esta columna muchas veces: el llamado “conflicto” palestino-israelí no es una disputa entre dos pueblos por la misma tierra, sino el resultado de una ideología y un proyecto colonial surgidos en Europa a fines del siglo XIX (el sionismo), que se propuso apropiarse del territorio de Palestina, expulsando a su población árabe nativa para sustituirla por colonos (judíos) provenientes de otros países. Los colonos sionistas europeos y blancos que llegaron a Palestina no eran descendientes de las y los palestinos originarios de religión judía, que hasta 1948 convivían pacíficamente con sus compatriotas de religión musulmana y cristiana –en Palestina y en todo el mundo árabe.
En sus declaraciones Almagro afirmó también que los pueblos latinoamericanos tenemos “los mismos principios y valores de respeto a la democracia y los derechos humanos” que Israel. Palabras similares suelen estar en boca de diplomáticos y representantes del régimen sionista en nuestros países. Semejantes afirmaciones deberían ser respondidas categóricamente con una indignación generalizada, pero la verdad es que suelen pasar desapercibidas y hasta toleradas.
A menudo me pregunto por qué los pueblos latinoamericanos, que tenemos siglos de resistencia contra el racismo y el colonialismo, y varias décadas de lucha contra el autoritarismo militar y el terrorismo de Estado, nos dejamos insultar por representantes de un Estado que mantiene la ocupación colonial más larga de la historia moderna (la única que queda en la agenda de la ONU desde su creación) y nos la presenta como “la única democracia de Medio Oriente”.
La dura verdad es que América Latina -al igual que otras regiones del llamado Sur Global- se está convirtiendo en la retaguardia estratégica de Israel, ante el deterioro acelerado de su legitimidad en el hemisferio Norte como consecuencia del avance de la campaña mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). El sionismo está desplegando en nuestro continente una preocupante ofensiva diplomática, económica y mediática, buscando incrementar su influencia, especialmente a través de la OEA y el BID.
Detrás de su interés en “cooperar” con nuestros países en cuestiones como tecnología agrícola y de irrigación (desarrollada tras décadas de despojo de sus recursos hídricos a las comunidades palestinas, mediante un verdadero apartheid del agua), Israel esconde su codicia por nuestros recursos estratégicos (por ejemplo, el acuífero Guaraní en América del Sur) y también su intención de exportar a nuestros países su modelo de Estado segurocrático, militarizado y represivo.
Aprovechándose de una coyuntura mundial donde aumentan el miedo al terrorismo y la islamofobia, de la impunidad que le ofrece la Era Trump y del giro hacia la derecha en nuestros países, Israel ve una oportunidad única para vendernos su industria de seguridad y armamentística (con el valor agregado de “probado en terreno”, es decir, en los cuerpos palestinos), así como su experticia en la lucha contra “el terrorismo” -que no es otra cosa que la represión brutal de la población palestina, que resiste mayoritariamente por medios no violentos al despojo de su tierra.
Quienes sufrimos el terrorismo de Estado reconocemos a un Estado terrorista, y debemos rechazarlo. Así como rechazamos la incitación de Almagro a la intervención externa en Venezuela, debemos rechazar su trabajo de blanqueo (‘whitewashing’) para normalizar los crímenes de Israel. No tiene nada de ‘normal’ un régimen que desde hace siete décadas viola sistemáticamente todos los derechos humanos del pueblo palestino, asesinándolo extrajudicialmente, encarcelándolo indefinidamente sin cargos ni juicio, apresando a sus niños por tirar piedras al ejército de ocupación y juzgándolos en tribunales militares, robándole y negándole su agua, expulsándolo de sus tierras, demoliendo sus casas, escuelas y hospitales como castigo colectivo o para vaciar la tierra y entregársela a colonos judíos, y permitiendo que éstos roben, destruyan y quemen cultivos, casas y propiedades palestinas con total impunidad.
Los pueblos latinoamericanos no tenemos ningún valor ni principio en común con Israel. Por el contrario, estamos por el fin de toda ocupación militar, de todo régimen colonial, racista y supremacista (basado en la superioridad de un grupo de población sobre otro, como es el caso de la etnocracia israelí), y por la autodeterminación de los pueblos, la misma que se le niega al pueblo palestino.
El paradigma de los derechos humanos y la democracia en el siglo XXI no admite que dos grupos de población viviendo en el mismo territorio sean gobernados por dos sistemas legales y jurídicos distintos en función de su origen étnico o religioso (civil para la población judía, militar para la población palestina), o que la población no judía sea discriminada por más de 50 leyes. Eso se llama apartheid, no democracia.
La mejor respuesta a las mentiras de Almagro como vocero del sionismo la dio Ilan Pappé al concluir su exposición en la UNAM: “Debemos entender que Palestina es un asunto de justicia social y moral. No es el peor conflicto que hay en el mundo, ni el movimiento sionista es el más cruel que ha existido en la historia. Pero es el relato más fabricado de nuestro tiempo. Es la historia más mentirosa del mundo. Y es la que muestra como ninguna otra la hipocresía y el doble rasero de Occidente. Hay muchos regímenes malos en el mundo, pero nadie los describe como positivos, o como “complejos”. El conflicto Palestina-Israel no tiene nada de complicado: es un caso clásico de colonialismo de asentamiento. Y la única solución es la descolonización de Palestina. Eso va a ocurrir cuando el mundo le diga a los sionistas: ‘No les creemos más su relato fabricado. Sabemos demasiado para creerles. ¡Dejen de mentir!’”
MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017 - COMCOSUR
Este lunes, a 27 años de la salida de Augusto Pinochet del poder, la Universidad emitirá un decreto que formalizará la entrega de títulos póstumos y simbólicos a esos 104 estudiantes. Aquí, la historia de cinco estudiantes y sus casos emblemáticos para la memoria del país.
Lumi Videla y Sergio Pérez
Lumi Videla Moya era estudiante de Sociología. El 21 de septiembre de 1974 fue detenida por agentes de la DINA junto a su pareja, el estudiante de Pedagogía en Historia Sergio Pérez Molina. Ambos militantes del MIR fueron recluidos en el centro de José Domingo Cañas.Según consta en el Informe Retting, Lumi murió el 3 de noviembre en una sesión de tortura. La causa precisa de la muerte fue “asfixia producto de una obstrucción de la boca y la nariz estando el cuerpo de cúbito ventral”.
El 4 de noviembre de 1974 su cuerpo fue tirado al interior de la Embajada de Italia, “como una venganza debido a que en esos días había habido un enfrentamiento entre gente del MIR y agentes de la DINA en el que murieron personas por ambos lados y Lumi, que era la más alta dirigente del MIR que tenía la DINA en ese momento, fue muerta en represalia a este hecho…”, declaró un testigo a los tribunales, según consta en la sentencia del caso, emitida el 23 de julio de 2007.
Este caso resultó emblemático no sólo por la brutalidad de la tortura que sufrió Lumi, sino que por el tratamiento que la prensa afín al régimen dio al crimen: señalaron que la estudiante habría sido víctima de los asilados que se encontraban en la embajada, en el marco de una orgía. La embajada de Italia desmintió categóricamente que Lumi Videla se hubiera encontrado asilada o al interior del recinto.
Poco después de que apareciese el cuerpo en la Embajada de Italia, El Mercurio y La Segunda festinaron con el crimen. El dibujante Lukas publicó una caricatura en El Mercurio del 7 de noviembre de 1974, sólo tres días después de los hechos, que compara la aparición del cadáver con un circo, bajo la leyenda “El fantástico número del proyectil humano disparado sobre los muros de una embajada”.
Fulano, dibujante de La Segunda, hizo también una caricatura donde se observa a una mujer barriendo restos humanos de la propia embajada italiana.
Sergio Pérez, pareja de Lumi y también recluido en José Domingo Cañas, es actualmente detenido desaparecido.
Eduardo Vergara
El 29 de marzo de 1985, los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados por agentes del Estado en el sector de avenida 5 de Abril con calle Las Rejas. Ambos eran militantes del MIR.Eduardo tenía 20 años y era estudiante de Pedagogía en Historia de la Universidad de Chile. La causa de su muerte fue un traumatismo toráxico por bala, sin salida de proyectil. Además, presentaba lesiones por orificio de bala en distintas partes del cuerpo. Su hermano de 18 años, Rafael Vergara, murió a causa de un disparo en la nuca a corta distancia.
La corta edad de los hermanos, su militancia, compromiso político y la incansable búsqueda de justicia realizada por sus padres Manuel y Luisa hicieron del crimen de los hermanos Vergara todo un hito de la resistencia chilena. En homenaje a ellos, cada 29 de marzo se conmemora el Día del Joven Combatiente.
Ricardo Silva y Patricia Quiroz
Ambos estudiantes fueron asesinados en el marco de la denominada Operación Albania, ocurrida el 15 y 16 de junio de 1987, en la que perdieron la vida doce integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Patricia Quiroz Nilo y Ricardo Silva Soto eran militantes del Frente y estudiantes de la Universidad de Chile. Ella estudiaba Lenguas Clásicas y él, Química y Farmacia.
Según consta en la sentencia del caso, dictada el 28 de agosto de 2007 por la Corte Suprema, Patricia y Ricardo fueron víctimas, junto a otros cinco frentistas, de homicidio calificado. El 15 de agosto asistían a una escuela de formación de guerrillas del FPMR cuando fueron detenidos, posteriormente llevados al Cuartel Borgoño y finalmente a una casa en el sector de Pedro Donoso con avenida Recoleta, donde fueron asesinados.
La sentencia declara que las circunstancias de estas muertes constituyeron homicidios calificados “por haber mediado en su comisión las circunstancias de ‘alevosía’ y ‘premeditación conocida’ (…) siendo ambas calificantes de naturaleza subjetiva o personal, es necesario, para apreciar su concurrencia, verificar si efectivamente se dan, en cada caso, sus respectivos elementos, que hacen más reprochable el injusto, por evidenciar una particular disposición moral de los intervinientes en cada uno de los homicidios que se les imputan”.
Jécar Nehgme
Es
conocido como el último asesinado en manos de agentes del Estado en
dictadura. El 4 de septiembre de 1989 fue ejecutado cuando transitaba
por calle Bulnes con dirección a la Alameda.Jécar Nehgme Cristi era un alto dirigente del MIR polìtico y estudiante de Pedagogía en Historia en la Universidad de Chile.
* La entrega de títulos profesionales a estos 5 y otros 99 estudiantes de la Universidad de Chile que fueron ejecutados políticos o detenidos desaparecidos, se realizará este lunes 11 de septiembre a las 12:30 hrs. en el Patio Domeyko de la Casa Central de la U. de Chile, ubicada en Alameda 1058.
URUGUAY
Herencias invisibles: el pasado reciente en el Uruguay
"Algunos de los cambios en la estrategia contrainsurgente vienen de la mano de un énfasis en herramientas de poder blando, que estaban presentes durante la Guerra Fría, pero que se tornaron aún más convenientes en el marco de las democracias liberales". Entrevista a Silvina M. Romano*
16 Aug 2017| Por: Hemisferio Izquierdo
Hemisferio Izquierdo (HI): La brutal ofensiva de la clase dominante materializada los sucesivos golpes de Estado y la instalación de dictaduras cívico-militares entre las décadas de 1960 y 1980 dejó secuelas profundas en la vida política de nuestros países que se proyectan hasta hoy ¿Cuáles huellas de la violencia política de este período todavía persisten en nuestras sociedades y cómo se manifiestan?
Silvina M. Romano (SMR): Considero que quedan más huellas de lo que suele notarse o de lo que suele asumirse tanto en los discursos como en las prácticas. Me gustaría referirme al vínculo entre la estigmatización y/o criminalización de la participación en ámbitos políticos y la actual “lucha contra la corrupción”, como parte de esta violencia política que se arrastra desde hace varias décadas. El “mejor no te metas” o “algo habrá hecho”, frases que marcaron el clima de las dictaduras cívico-militares y el terrorismo de Estado, aluden a la participación política: no te metas en política, algo habrá hecho: se metió en política. La ideología neoliberal, victoriosa en una batalla por las ideas que implicó la eliminación física de los “subversivos”, plantea entre otras cuestiones y de modo explícito, lo valioso del encerramiento en la vida privada, en el espacio privado donde la participación se concreta a través de la imagen de la realidad que brindan los medios de comunicación y/o redes sociales, no hace falta involucrarse. Es menos riesgoso consumir fragmentos de una pseudo realidad por televisión/facebook que estar en la calle. Este “privatismo civil” se legitima a partir del desprecio por la participación en espacios/actividades políticas. Así, el sindicalista, el militante de partido político, el militante de base, es denostado, despreciado por representar la idea de lo ineficiente, lo anticuado, y particularmente, lo “corrupto”.
Esto encuentra buena parte de su explicación en algunos de los ejes centrales del ajuste estructural: la despolitización del Estado y de la política, el apartamiento del Estado de las decisiones económicas (que deben ser regidas por la lógica del mercado), el achicamiento/debilitamiento de lo público. Como parte de este proceso que caló profundo en los ’90, se planteó la lucha contra la corrupción como mal endémico de los funcionarios, militantes, sindicalistas definidos como “corruptibles por naturaleza”. Pero esta bandera ha adquirido especial visibilidad en los últimos años de cara al reflujo de los gobiernos progresistas y retorno de las derechas a algunos gobiernos, como el de Argentina y Brasil. La lucha contra la corrupción se libra en defensa del “Estado de Derecho”, un Estado que debe ser administrado de modo eficiente y transparente por y para minorías que prometen “no aprovecharse de él” como aparentemente lo hacen las ignorantes/abusivas mayorías en períodos en que la lucha, la voluntad política y los factores estructurales confluyen en procesos de redistribución que implican la repolitización de la economía y del Estado. La lucha contra corrupción, que formó parte de ese ajuste de los Estados a favor del sector privado, las elites transnacionalizadas, las instituciones financieras internacionales, adquiere un nuevo impulso en la actual judicialización de la política que se extiende en América Latina para dirimir por la vía judicial la batalla que se podría perder en el campo de lo político: el Lava Jato, el caso de las coimas Odebrecht en Brasil, el caso Nisman en Argentina. No solo consolida la idea (de larga data, como vimos) de que los funcionarios, sindicalistas, militantes (especialmente pero no únicamente los vinculados a los gobiernos progresistas) solo se dedicaron a “robarle al Estado”, como viene machacando permanentemente la prensa hegemónica de la mano de las derechas. También se reinstala con mayor fuerza la idea de que toda la clase política es corrupta y por eso hay que meterlos a todos presos, como reza el Juez Moro a cargo del Lava Jato. Es una especie de “que se vayan todos” sentenciado desde aparatos judiciales que se vienen modernizando bajo asesoría del Departamento de Justicia estadounidense (país donde aparentemente sí funcionaría la justicia). Lo que debe señalarse es que lo más probable es no solo que no se vayan todos, sino que se quedarán aquellos que acuerden con y trabajen en pos de un Estado “eficiente y transparente”: técnicos, burócratas y empresarios que no llevan el estigma de la militancia, con escasa trayectoria en la política, o si la tienen seguramente está vinculada a espacios de derecha poco vinculados a partidos políticos, sindicatos y movimiento sociales que demandan justicia social. Este proceso de estigmatización y criminalización de lo político es una continuidad o resultado de las premisas del orden neoliberal instaladas a sangre y fuego por el terrorismo de Estado.
HI: Una característica trasversal de estos años fueron los procesos contrainsurgentes y la llamada “guerra sucia” llevados a cabo bajo influencia de Estados Unidos. En este marco ¿cuáles continuidades y rupturas se pueden establecer en la política externa de Estados Unidos para América Latina?
SMR: La continuidad más clara con la contrainsurgencia está inscrita en la “guerra contra las drogas” planteada por el gobierno estadounidense, institucionalizada a partir de finales de los ’90. El nuevo orden que siguió a la desarticulación de la Unión Soviética, incluyó una serie de nuevas amenazas, es decir, nuevos enemigos, entre los que se encuentran el narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático y la pobreza. Todos reconocidos por la Comisión Trilateral como agentes de “desestabilización”. Pero rápidamente se hizo evidente que todas esas amenazas ocultaban al mismo enemigo: los subversivos, insurgentes, los sectores politizados y organizados, los pueblos en lucha. De modo que la continuidad de la contrainsurgencia se vincula también a la continuidad de la violencia política enunciada más arriba.
La guerra contra el narcotráfico materializada en el Plan Colombia impulsado desde EEUU, tiene epicentro en la zona andina del Cono Sur. Se desata allí el plan represivo no solo contra la guerrilla, sino contra cualquier sector o grupo que intente disputar el poder al Estado neoliberal. El despliegue militar, paramilitar, de “asistencia para el desarrollo”, no solo no disminuye el espectro de acción de los narcotraficantes, sino que profundiza los niveles de violencia y desarticulación del tejido social. Un ejemplo es la expulsión de campesinos generada por la fumigación de los cultivos para acabar con la producción de coca (vegetal que solo se transforma en cocaína gracias a los químicos producidos en países de la Unión Europea, como Alemania). El otro, son los falsos positivos y la naturalización de la actividad paramilitar. Este plan es “exportado” y se reproduce en otros proyectos como la Iniciativa Mérida, la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica, entre otros, donde la violencia se ha incrementado notablemente, en particular, la perpetrada desde los aparatos represivos de estos Estados contra sectores que reclaman derechos económicos, sociales, ambientales, etc. (desde la masacre de Ayotzinapa hasta el asesinato de Berta Cáceres).
Estas tendencias marcan una suerte de continuidad con los inicios de la Guerra Fría. En aquel momento el objetivo de evitar la expansión del comunismo, en América Latina, se materializó en objetivos y planes específicos destinados a instalar una doctrina de seguridad hemisférica para garantizar la “seguridad” continental (léase: garantizar la seguridad de territorio estadounidense, así como el acceso y flujo de materias primas, combustibles y materiales estratégicos) y estandarizar las FFAA de América Latina de acuerdo a los cánones y necesidades del complejo industrial militar estadounidense. Para ello se necesitaba de gobiernos leales y dispuestos a alinearse a las premisas de seguridad y democracia enunciadas en el TIAR y la OEA. Aquellos que no lo hicieron, tuvieron que enfrentarse al despliegue imperial en todas sus formas: presión económica y extorsión, guerra psicológica, presión diplomática, intervención militar, etc.
Algunos de los cambios en la estrategia contrainsurgente vienen de la mano de un énfasis en herramientas de poder blando, que estaban presentes durante la Guerra Fría, pero que se tornaron aún más convenientes en el marco de las democracias liberales. Así, la asistencia para el desarrollo, incluido el financiamiento a ONGs, la definición de la agenda mediática, los intercambios estudiantiles y académicos, la expansión del modo de consumo estadounidense (desde la comida hasta las películas de Hollywood) se presentan como elementos muy adecuados para consolidar la reproducción de la ideología dominante. De esto se trata el “poder blando”: convencer a los demás de que “nuestro modo de vida es el mejor”, diría Joseph Nye, el que acuñó el concepto (asesor de Bill Clinton). Desde el gobierno estadounidense, especialmente a través del Departamento de Estado, se impulsan una serie de programas que incluyen esta batería de herramientas siempre dirigidas al mismo objetivo: lograr la alineación a los intereses del sector público-privado estadounidense y la red de poder transnacional que alimenta (que incluye empresas transnacionales, think-tanks, prensa, ONGs, organismos internacionales). El poder blando adquirió protagonismo en la era Obama y de la mano de Hillary Clinton como Secretaria de Estado, el lanzamiento de la política de las Tres D (diplomacia, defensa y desarrollo) fue el corolario de esta idea. Lo interesante, es que precisamente durante la gestión Obama, Estados Unidos se vio implicado en procesos que aparecieron como contradictorios (en un primer momento) con respecto a la política de paz y negociación que en apariencia buscaba implementar: el golpe a Chávez en el 2002, la desestabilización de Bolivia en el 2008, la desestabilización de Ecuador en el 2010, el golpe de Estado a Zelaya en el 2009, el derrocamiento de Lugo en 2012, el derrocamiento de Dilma Rousseff en 2016, el permanente asedio al proceso de cambio en Venezuela. En todos esos procesos las agencias del gobierno estadounidense que operan de modo abierto o encubierto han dejado huella. Sin dudas prevalecieron estrategias de poder blando que a mí parecer se incluyen en lo que podríamos denominar una guerra psicológica de amplio espectro, cuyos objetivos no difieren sustancialmente de los planteados durante la Guerra Fría (contención/aniquilación de la insurgencia, desestabilización/derrocamient
Pero en esencia, el establishment de política exterior de EEUU (Departamento de Estado, Pentágono, capital transnacional) sigue concibiendo a América Latina como fuente de materiales estratégicos y recursos vitales para el desarrollo de su complejo industrial militar y la expansión de la economía estadounidense como la garantía de “su seguridad”. El poder blando opera a favor de la reproducción de la ideología dominante, pero respaldado por un poder duro, un poder “real”, que está siempre listo para ser activado en caso de que peligre el logro de los objetivos. Esto ha quedado claro en la Operación Freedom II, del Comando Sur para intervenir en Venezuela “en caso de que sea necesario”. Esta articulación entre poder duro y blando es bien resumida por el ex Comandante del Comando Sur, Gral. John F. Kelly (actualmente jefe de gabinete del gobierno de Trump), quien asegura que a los latinoamericanos “les gustan nuestras cosas, les gustan nuestras cosas sean de Waltmart o productos militares. Les gusta comprar cosas estadounidenses” [1] .
Es importante aclarar que este resumen de las continuidades y rupturas del modo en que opera el imperialismo estadunidense en la región no supone la existencia de un poder homogéneo ni omnipotente. Por el contrario, se trata de estrategias de una potencia en crisis interna y en disputa por espacios y recursos a nivel global, en un contexto más amplio dado por un capitalismo en crisis. Y eso es preocupante porque exacerba la “rapiña” por esos recursos. Pero no es omnipotente, porque como lo demostraron varios gobiernos de corte progresista, hay maneras de poner límites a la injerencia estadounidense: desde el cierre de bases militares hasta expulsión de diplomáticos y agencias estadounidenses, o las experiencias emprendidas en conjunto por organismos regionales, como la UNASUR, que discuten el paradigma de seguridad centrado en la “guerra contra el narcotráfico”. La repolitización de los Estados y de la economía, la recuperación de la soberanía o el cuestionamiento del paradigma de seguridad, experimentada en estos últimos diez o quince años, son el mejor ejemplo de que ha habido cambios desde América Latina. En la actualidad, con el giro a la derecha de gobiernos como el de Argentina y Brasil, el retorno de la anti-política y la ortodoxia, esos cambios y logros pasan a un segundo plano, pero no desaparecen. Tal vez esa es la fantasía del establishment estadounidense sobre la región: de que los pueblos olvidarán esos avances y que de paso olvidarán la trayectoria de EEUU en la región. Allí apunta la batalla librada por el poder blando y respaldado por el Comando Sur. Pero la trayectoria por la emancipación de América Latina muestra lo contrario, con idas y vueltas, ciclos de auge y de retroceso, la lucha sigue.
* Silvina M. Romano es Investigadora del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Es Dra. en Ciencia Política, Licenciada en Historia y Licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Especialista en relaciones de Estados Unidos con América Latina.
Notas
[1] http://csis.org/multimedia/lea
COMCOSUR INFORMA
Almagro, Israel y la mentira como política continental
por María Landi (Desinformémonos)
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no contento con promover la intervención estadounidense en Venezuela -en lugar de tender puentes para reducir la polarización social-, recientemente ha sumado motivos para la indignación popular al visitar Israel y hacer declaraciones que nos ofenden.
Almagro no habló como el representante de un organismo internacional, sino como un simple propagandista de Israel, presentándolo como un Estado normal, progresista y moderno, respetuoso de la democracia y los derechos humanos. Curioso concepto de democracia tiene el Secretario General de la OEA, que según él es compatible con el nacionalismo religioso, la ocupación colonial y el apartheid.
Por contraste, esta semana en una conferencia en la UNAM de Ciudad de México, el historiador israelí Ilan Pappé dejó claro que el Estado de Israel, nacido de la destrucción del pueblo, el territorio y la cultura árabes de Palestina, se sostiene desde hace siete décadas en base a un régimen de limpieza étnica, ocupación militar, colonización territorial y apartheid jurídico.
Ese Estado controla por la fuerza la totalidad del territorio de la Palestina histórica, desde el Mediterráneo hasta el Jordán, manteniendo a la mitad de la población que vive en él (unos seis millones de personas) sin absolutamente ningún derecho (en los territorios ocupados) o con derechos limitados (dentro de Israel) por el simple hecho de no ser judía. Y al tiempo que promueve la inmigración de población judía de todo el mundo, le niega a otros seis millones de palestinos/as el derecho de regresar a su tierra, obligándoles a vivir en el exilio o en miserables campos de refugiados en los países vecinos.
Israel es el Estado que ha desconocido e ignorado más resoluciones de la ONU desde 1948 hasta el presente (incluyendo la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad). Además de las numerosas resoluciones incumplidas, Israel comete diariamente crímenes de guerra -según el Derecho Internacional Humanitario- contra la población palestina. Entre ellos, desplazamiento forzado, traslado de población ocupante al territorio ocupado, apartheid (como recientemente afirmó la CESPAO, un órgano de la ONU) y genocidio incremental, como llama Ilan Pappé a la combinación de limpieza étnica gradual (en Cisjordania y Jerusalén Este) con ataques y bombardeos periódicos (en Gaza).
Pappé dejó claro lo que hemos dicho en esta columna muchas veces: el llamado “conflicto” palestino-israelí no es una disputa entre dos pueblos por la misma tierra, sino el resultado de una ideología y un proyecto colonial surgidos en Europa a fines del siglo XIX (el sionismo), que se propuso apropiarse del territorio de Palestina, expulsando a su población árabe nativa para sustituirla por colonos (judíos) provenientes de otros países. Los colonos sionistas europeos y blancos que llegaron a Palestina no eran descendientes de las y los palestinos originarios de religión judía, que hasta 1948 convivían pacíficamente con sus compatriotas de religión musulmana y cristiana –en Palestina y en todo el mundo árabe.
En sus declaraciones Almagro afirmó también que los pueblos latinoamericanos tenemos “los mismos principios y valores de respeto a la democracia y los derechos humanos” que Israel. Palabras similares suelen estar en boca de diplomáticos y representantes del régimen sionista en nuestros países. Semejantes afirmaciones deberían ser respondidas categóricamente con una indignación generalizada, pero la verdad es que suelen pasar desapercibidas y hasta toleradas.
A menudo me pregunto por qué los pueblos latinoamericanos, que tenemos siglos de resistencia contra el racismo y el colonialismo, y varias décadas de lucha contra el autoritarismo militar y el terrorismo de Estado, nos dejamos insultar por representantes de un Estado que mantiene la ocupación colonial más larga de la historia moderna (la única que queda en la agenda de la ONU desde su creación) y nos la presenta como “la única democracia de Medio Oriente”.
La dura verdad es que América Latina -al igual que otras regiones del llamado Sur Global- se está convirtiendo en la retaguardia estratégica de Israel, ante el deterioro acelerado de su legitimidad en el hemisferio Norte como consecuencia del avance de la campaña mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). El sionismo está desplegando en nuestro continente una preocupante ofensiva diplomática, económica y mediática, buscando incrementar su influencia, especialmente a través de la OEA y el BID.
Detrás de su interés en “cooperar” con nuestros países en cuestiones como tecnología agrícola y de irrigación (desarrollada tras décadas de despojo de sus recursos hídricos a las comunidades palestinas, mediante un verdadero apartheid del agua), Israel esconde su codicia por nuestros recursos estratégicos (por ejemplo, el acuífero Guaraní en América del Sur) y también su intención de exportar a nuestros países su modelo de Estado segurocrático, militarizado y represivo.
Aprovechándose de una coyuntura mundial donde aumentan el miedo al terrorismo y la islamofobia, de la impunidad que le ofrece la Era Trump y del giro hacia la derecha en nuestros países, Israel ve una oportunidad única para vendernos su industria de seguridad y armamentística (con el valor agregado de “probado en terreno”, es decir, en los cuerpos palestinos), así como su experticia en la lucha contra “el terrorismo” -que no es otra cosa que la represión brutal de la población palestina, que resiste mayoritariamente por medios no violentos al despojo de su tierra.
Quienes sufrimos el terrorismo de Estado reconocemos a un Estado terrorista, y debemos rechazarlo. Así como rechazamos la incitación de Almagro a la intervención externa en Venezuela, debemos rechazar su trabajo de blanqueo (‘whitewashing’) para normalizar los crímenes de Israel. No tiene nada de ‘normal’ un régimen que desde hace siete décadas viola sistemáticamente todos los derechos humanos del pueblo palestino, asesinándolo extrajudicialmente, encarcelándolo indefinidamente sin cargos ni juicio, apresando a sus niños por tirar piedras al ejército de ocupación y juzgándolos en tribunales militares, robándole y negándole su agua, expulsándolo de sus tierras, demoliendo sus casas, escuelas y hospitales como castigo colectivo o para vaciar la tierra y entregársela a colonos judíos, y permitiendo que éstos roben, destruyan y quemen cultivos, casas y propiedades palestinas con total impunidad.
Los pueblos latinoamericanos no tenemos ningún valor ni principio en común con Israel. Por el contrario, estamos por el fin de toda ocupación militar, de todo régimen colonial, racista y supremacista (basado en la superioridad de un grupo de población sobre otro, como es el caso de la etnocracia israelí), y por la autodeterminación de los pueblos, la misma que se le niega al pueblo palestino.
El paradigma de los derechos humanos y la democracia en el siglo XXI no admite que dos grupos de población viviendo en el mismo territorio sean gobernados por dos sistemas legales y jurídicos distintos en función de su origen étnico o religioso (civil para la población judía, militar para la población palestina), o que la población no judía sea discriminada por más de 50 leyes. Eso se llama apartheid, no democracia.
La mejor respuesta a las mentiras de Almagro como vocero del sionismo la dio Ilan Pappé al concluir su exposición en la UNAM: “Debemos entender que Palestina es un asunto de justicia social y moral. No es el peor conflicto que hay en el mundo, ni el movimiento sionista es el más cruel que ha existido en la historia. Pero es el relato más fabricado de nuestro tiempo. Es la historia más mentirosa del mundo. Y es la que muestra como ninguna otra la hipocresía y el doble rasero de Occidente. Hay muchos regímenes malos en el mundo, pero nadie los describe como positivos, o como “complejos”. El conflicto Palestina-Israel no tiene nada de complicado: es un caso clásico de colonialismo de asentamiento. Y la única solución es la descolonización de Palestina. Eso va a ocurrir cuando el mundo le diga a los sionistas: ‘No les creemos más su relato fabricado. Sabemos demasiado para creerles. ¡Dejen de mentir!’”
MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017 - COMCOSUR
