Señala a ANC y a Ómnium. Las penas por el delito de
sedición oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para los que hubieran
inducido, sostenido o dirigido la sedición y de 10 a 15 si son
autoridades públicas las que lo han promovido.
Manifestantes ante la sede del Tribunal Superior de Catalunya. | SUSANA VERA (REUTERS)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes una denuncia en este tribunal para investigar por sedición las protestas en Catalunya durante la operación policial lanzada para evitar la celebración del referéndum del 1-0, han informado a Efe fuentes jurídicas.
La denuncia menciona expresamente a los
presidentes de la ANC y Ómnium y se detallan todos los altercados
ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre y pide a la Guardia Civil
que elabore un atestado para buscar a los autores.
Aunque la denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez,
como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios
"conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un
cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la
Guardia Civil.
Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa.
Al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart,
también le cita y le sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche
de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, precisa la
denuncia, que luego, al ver que no podía controlar la concentración,
pidió a los manifestantes que se disolvieran
"La finalidad última de estas movilizaciones es
conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación
de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de
que desarrollan una actuación al margen de las vías legales", sostiene
el texto de la denuncia.
Según la Fiscalía, se han impulsado "movilizaciones
generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum
independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación,
haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso
violentamente, ante una eventual oposición".
La denuncia, que ha recaído en el juzgado central
de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael
Moreno, describe que los incidentes fueron protagonizados por "una
turba" e interpreta "la sedición", "forma colectiva y tumultuaria de
alzamiento", como una "rebelión en pequeño".
Según el artículo 544 del Código Penal, "son reos
de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se
alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de
las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad,
corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus
funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones
administrativas o judiciales".
En estas conductas encajarían, según el criterio de la Fiscalía,
las manifestaciones que protagonizan desde el miércoles miles de
ciudadanos partidarios de la independencia de Catalunya contra la
operación policial ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de
Barcelona contra la organización del referéndum del 1-O.
Las penas por el delito de sedición oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para los que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición y de 10 a 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.
La denuncia de la Fiscalía está firmada por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, según fuentes de la Audiencia Nacional.
A raíz de la puesta en marcha el miércoles de la llamada operación Anubis,
en la que fueron detenidas 14 personas relacionadas con los
preparativos del referéndum, entre ellas los dos directos colaboradores
del responsable de Economía del gobierno catalán, Oriol Junqueras, miles
de independentistas salieron a la calle.
Según la Fiscalía, se han
impulsado "movilizaciones generalizadas o movimientos populares para
imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de
la intimidación"
La comitiva judicial y los
miembros de la Guardia Civil, que habían entrado hacia las ocho de la
mañana en la Consellería de Economía, abandonaron el edificio pasadas
las 7.00 horas del día siguiente. Señala el fiscal que la presión de los
concentrados frente a la Consellería de Economía se llegó a traducir
incluso en agresiones físicas a Mossos d'Esquadra y agentes de la
Guardia Civil —algunos de los cuáles no pudieron salir del edificio
hasta 24 horas después— y cuyos coches, subraya, acabaron abollados, con
las ruedas pinchadas y repletos de pegatinas y pintadas a favor del
referéndum.
El juez que investiga el 1-O y que había ordenado
el registro tuvo incluso que llamar al Mayor de los Mossos d'Esquadra,
Josep Lluís Trapero, para ordenarle que sus agentes abrieran un corredor
de seguridad para permitir la salida de la comitiva judicial y de la
Guardia Civil.
Tras algunas cargas y empujones,
la policía autonómica logró crear un cordón de seguridad en un pequeño
tramo de la acera que hay ante la sede de las dependencias de la
conselleria y el lateral de la Rambla de Catalunya, donde se encontraban
aparcados tres vehículos de la Guardia Civil.
El fiscal relata los episodios desde que la
Guardia Civil se personó a primera hora de la mañana en la Consejería
para proceder al registro ordenado por el juzgado de instrucción número
13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O.
Horas después, señala, un grupo de voluntarios de
la ANC, que incluso "repartía bebida y comida a los concentrados", hizo
"un cordón ante la puerta para evitar que la Guardia Civil se llevara a
los detenidos", entre los que se encontraban los dos más estrechos
colaborares del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
Entretanto, apunta, la sede del PSC en Barcelona
fue "igualmente atacada por los manifestantes, llegando incluso a
producirse agresiones a militantes socialistas".
La denuncia de la Fiscalía prosigue que, una vez
finalizados los registros a las 22.00 horas, los manifestantes seguían
asediando el edificio y, dos horas después, dos agentes trataron de
salir por el Cinema Coliseun, "pero los manifestantes se congregaron en
las puertas del teatro e impidieron" su salida.
Además de a estos altercados, la denuncia hace también referencia a otros incidentes,
entre ellos en la sede de la CUP, donde se concentraron, apunta, más de
2000 personas para impedir el acceso a la Policía y en la que los
agentes tuvieron que disparar al aire para evitar el ataque inminente a
un furgón policial".
La hostilidad, agrega el fiscal, se extendió a
todos los registros realizados esos días por la Guardia Civil, entre
ellos el de la imprenta Bigues I Riells, donde se encontraron casi
10.000 papeletas, así como en el del domicilio del jefe de gabinete de
Goberanción de Cataluña, Joan Ignasi Sánchez.
Juristas aseguran que las protestas en Catalunya no son "sedición" y dudan de que la Audiencia sea competente
Los expertos en Código Penal coinciden en que las
protestas en Catalunya durante la operación policial lanzada para evitar
la celebración del referéndum del 1-0 no pueden ser calificados como
"sedición".
Moments de tensió entre la Guardia Civil i ciutadans en acció de protesta a la Via Laietan
No. Protestar en las
calles contra la operación policial lanzada para evitar el referéndum
del 1 de octubre no puede ser calificado como un delito de sedición. Así de contundentes se muestran los juristas especializados en Código Penal consultados por Público que, además, muestran dudas acerca de si la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar este presunto delito.
"La Fiscalía está pidiendo investigar como sedición unos hechos que no son sedición. Es decir, romper tres coches de policía no es una sedición ya que no está interrumpiendo el Ordenamiento Jurídico ni se está intentando cambiar la Constitución. La denuncia no refleja ninguna de las conductas
que está prevista en el Código Penal para este delito, por tanto, no
puede ser sedición", explica, en conversación telefónica con Público, el catedrático de Derecho procesal en la Universidad de Barcelona Jordi Nieva.
"La Fiscalía está pidiendo
investigar como sedición unos hechos que no son sedición. Es decir,
romper tres coches de policía no es una sedición", dice Nieva
El
jurista argumenta que los hechos por los que la Fiscalía califica de
sedición las protestas en Catalunya han ocurrido muchas veces durante
diversas manifestaciones y que nunca se ha acusado de sedición a los
responsables. "Esto ha pasado 50 veces en cualquier manifestación. No tiene sentido", incide Nieva.
Los argumentos hasta aquí esgrimidos por
Jordi Nieva son compartidos "al 100%" por otros abogados especializados
en Derecho Penal como la letrada Isabel Elbal, profesora de Derecho procesal penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, y Daniel Amelang, miembro del equipo de abogados Red Jurídica.
La unanimidad desaparece respecto a la
cuestión de si la Audiencia Nacional es competente para investigar este
tipo de delitos. En este sentido, tanto Isabel Elbal como Daniel Amelang
coinciden en afirmar que la Audiencia Nacional no es competente
para investigar este tipo de delitos. Por contra, el catedrático Nieva
considera que sí puede ser competente. La profesora en el Centro de
Estudios del Colegio de Abogados de Madrid Isabel Elbal explica que la
sedición es un delito contra el orden público, tal y como aparece recogido en el título 22 del Código Penal, por lo que estos hechos deberían ser "instruido por un juzgado de instrucción ordinario" y "enjuiciado por la Audiencia Provincial de Barcelona".
"Anteriormente la sedición era considerada
como un delito contra las instituciones del Estado y la forma de
Gobierno. Por tanto, antes sí era competente. Sin embargo, esta
legislación fue modificada y la sedición aparece en el título XXII del
Código Penal que recoge los tres delitos contra el orden público de mayor a menor gravedad: sedición, atentado a la autoridad y desórdenes públicos", explica la letrada.
Elbal explica que la sedición es un
delito contra el orden público, tal y como aparece recogido en el
título 22 del Código Penal, por lo que estos hechos deberían ser
"instruido por un juzgado de instrucción ordinario"
Por su parte, el catedrático Jordi Nieva
expone que, aunque con "dudas", la Audiencia Nacional sí es competente
para realizar esta investigación. "La Audiencia Nacional sí puede ser competente,
aunque tengo mis dudas. El título en el cual se sustenta la denuncia de
la Fiscalía es el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en
su punto número 1. Ahí se habla de delitos contra la forma de gobierno y
ese título está basado en el Código Penal antiguo, de 1973,
donde efectivamente están incluidos los delitos de rebeldía y sedición
como delitos contra la forma de gobierno. Por tanto, creo que sí es
competente", sentencia.
El letrado Daniel Amelang, por su parte, asegura que la postura de la "Audiencia Nacional" y de Jordi Nieva es "comprensible"
aunque no la comparte. En este sentido, Amelang defiende que el actual
Código Penal deja claro que la Audiencia Nacional tiene competencia para
investigar los delitos contra "altos organismos de la Nación y contra
la forma de Gobierno", por lo que ya no es competente para investigar
los delitos contra el orden público, como la sedición.
"Si en el Código Penal antiguo recogía la
sedición como un delito contra la forma de gobierno y el actual no lo
recoge, mi interpretación es que el legislador quiso alejar la investigación de estos delitos de la Audiencia Nacional
y dejar la instrucción en manos de un juez natural", sentencia el
jurista que destaca como "llamativo" que la Fiscalía valore en su
denuncia si el artículo correspondiente del Código Penal "está bien
situado o no", mientras que en otras ocasiones realiza una "interpretación absolutamente literalista del Código Penal".
El debate salta a las redes
La tipificación como sedición de las protestas
que están teniendo lugar en Catalunya y su investigación por la
Audiencia Nacional han alarmado a diferentes juristas que han dado su
opinión en las redes sociales. Es destacable en este caso los mensajes
que han lanzado en las redes sociales reconocidos juristas como Carlos Almeida y Gonzalo Boye.
Un edil de la CUP, primer electo imputado por incitación a la sedición
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decide
atender la petición de la Fiscalía y abrir una investigación contra
Joan Coma, concejal en Vic, por apoyar la declaración independentista
que el Parlament de Catalunya aprobó el 9 de noviembre.
Joan Coma
BARCELONA.- Nueva vuelta de
tuerca en la judicialización del proceso soberanista catalán. Un
concejal de Capgirem Vic, la confluencia entre la CUP y Procés
Constituent en esta ciudad de 40.000 habitantes situada a 70 kilómetros
de Barcelona, se ha convertido en el primer cargo electo imputado por el
supuesto delito de incitación a la sedición. El juez de la Audiencia
Nacional Ismael Moreno ha aceptado la petición de la Fiscalía para
investigar a Joan Coma, edil de la formación independentista desde las
últimas elecciones municipales. ¿La razón? Las palabras que pronunció
en el pleno del ayuntamiento del 9 de diciembre en defensa de una
moción de apoyo a la declaración de ruptura con el Estado español que el
Parlament de Catalunya había aprobado un mes antes. La iniciativa se aprobó con los votos de los ediles de CDC, ERC y Capgirem, pero sólo Coma está investigado.
Coma ha confirmado a Público que este miércoles por la mañana ha recibido la notificación de su imputación por parte de la Audiencia Nacional, avanzada durante el martes por el diario 'El Español'. La petición de la Fiscalía solicitando la investigación del concejal trascendió el pasado lunes 14 de marzo, cuando el mismo Coma la conoció, a pesar de que la notificación había llegado a la alcaldesa de Vic, la convergente Anna Erra, tres días antes. “En un primer momento me quedé sorprendido, porque parece algo extemporáneo, de otra época, acusar a un cargo electo de incitación a la sedición. Después, pensándolo más, ya no me sorprendió tanto, en el sentido que es normal que desde las instituciones estatales españolas se quiere empezar una campaña del miedo para intentar parar el proceso independentista”, apunta el regidor.
Coma ha confirmado a Público que este miércoles por la mañana ha recibido la notificación de su imputación por parte de la Audiencia Nacional, avanzada durante el martes por el diario 'El Español'. La petición de la Fiscalía solicitando la investigación del concejal trascendió el pasado lunes 14 de marzo, cuando el mismo Coma la conoció, a pesar de que la notificación había llegado a la alcaldesa de Vic, la convergente Anna Erra, tres días antes. “En un primer momento me quedé sorprendido, porque parece algo extemporáneo, de otra época, acusar a un cargo electo de incitación a la sedición. Después, pensándolo más, ya no me sorprendió tanto, en el sentido que es normal que desde las instituciones estatales españolas se quiere empezar una campaña del miedo para intentar parar el proceso independentista”, apunta el regidor.
Según el informe que presentó la Fiscalía al juez
Moreno, Coma habría hecho “referencias directas a la comisión de actos
contra la legalidad”, en su apoyo a una resolución, la del 9 de
noviembre, que entre otras cosas aboga por desobedecer al Tribunal
Constitucional (TC). En concreto, el electo manifestó que “dejemos de
supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de
las instituciones españolas, en particular a las del TC”, al que
considera carente de legitimidad. El edil de Capgirem Vic concluyó
diciendo: “Desobediencia, hace tiempo que la reclamamos. Nosotros
siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los
huevos”.
"Con todo, creo que es imposible que me condenen. Sería espectacular”.
“Si después del pleno [del 9 de diciembre] me dicen
que el fiscal pediría imputarme hubiera dicho que era imposible. Después
dije que seria imposible que el juez lo asumiera...y parece que lo
asume. Con todo, creo que es imposible que me condenen. Sería
espectacular”, confiesa Coma a este diario. Según el Código Penal, si una persona es condenada por un delito de sedición le pueden caer entre ocho y diez años de cárcel.
En el caso de Coma, la petición de la Fiscalía seria menor, ya que en
su caso se le acusa de “incitación a la sedición”, pero a pesar de ello
el ministerio fiscal puede solicitar varios años de cárcel.
“Un ataque a las libertades civiles”
La investigación que ha supuesto la imputación del concejal independentista empezó a raíz de una denuncia a la Guardia Civil presentada por el edil de extrema derecha Josep Anglada, exlíder de Plataforma per Catalunya (PxC) y actualmente representante de Plataforma Vigatana. Y si el caso ha llegado tan lejos ha sido también porqué ha caído en manos del único juez de la Audiencia Nacional que tiene abiertas investigaciones a ayuntamientos tras aprobar resoluciones de apoyo a la declaración de ruptura del 9-N.Mientras otros magistrados han archivado las causas contra otros consistorios, Ismael Moreno tiene en marcha procesos contra los ayuntamientos de Girona y Deltebre (Tarragona). El origen es la causa abierta contra la Asamblea Nacional Catalana y la Asociación de Municipis per la Independència (AMI) como “impulsoras y promotoras” a las mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament. Entre otras causas, Moreno es conocido por ser el instructor del caso de los titiriteros.
Como reacción al caso contra Coma, el pasado jueves unas 150 personas se concentraron en la plaza Mayor de Vic para denunciar la “ofensiva judicial contra el independentismo en los ayuntamientos”. Además, se prevé que el ayuntamiento de la ciudad apruebe una declaración de apoyo al concejal cupaire.
A nivel nacional, la CUP exige al conseller de Interior, Jordi Jané, que ordene a los Mossos d'Esquadra que “dejen de obedecer los requerimientos que les lleguen por parte de la Audiencia Nacional en relación a la criminalización de la actividad democrática de nuestros ayuntamientos”. Además, la formación anticapitalista también ha emplazado a los ayuntamientos a “desatender las peticiones de información” que llegan desde la policía autonómica, que siguiendo instrucciones del alto tribunal requiere toda la documentación referente a los distintos plenos en los que se aprobaron mociones de apoyo a la declaración rupturista.
Hasta el momento, los Mossos d'Esquadra han atendido las peticiones que le han llegado desde la Audiencia Nacional y los consistorios requeridos también han facilitado la información, lo que lleva a Coma que “todo parece indicar que no tienen ninguna voluntad de cumplir con la resolución del 9 de noviembre”. Como conclusión, el concejal afirma que su situación “es un ataque a las libertades civiles”.
Es evidente que el Gobierno de Puigdemont está incumpliendo la ley. Igual que los que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos opusimos al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitoria. La diferencia es que quebrábamos la ley por razones políticas. Queríamos cambiar las cosas y el Estado no nos escuchaba. Negar la condición de presos políticos es una cuestión de ignorancia o de falta de respeto a las reglas de la democracia. Porque en democracia, la legalidad no es lo mismo que la legitimidad. Lo contrario lo defendía Carl Schmitt, el jurista nazi por excelencia. Para que dejes de sentarte como negra en la parte de atrás de los autobuses tienes que quebrar la legalidad.
Presos políticos en la España de Rajoy: nota para despistados
Comiendo Tierra
por Juan Carlos Monedero
Presos polìticos durante la dictadura fascista de Franco
Demasiadas opiniones sobre Catalunya están marcadas más por el miedo a que te coloquen en alguno de los bandos en disputa que por la voluntad de defender una idea y hacerla valer. Cuanto tanto pensamiento está siendo rehén del miedo a que te encasillen en uno de los lados de la trinchera, mal asunto para la democracia. Sin embargo, el grueso de la ciudadanía ha encontrado llenas de sensatez las opiniones conjuntas de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y de Manuela Carmena, pidiendo diálogo, democracia, votar y un proceso constituyente. Sobran políticos que monologan y sobran periodistas y tertulianos que repiten en una cacofonía chirriante esos monólogos en bucle.
La situación actual en el estado español, que va tomando tintes surrealistas, ha sido creada tanto por la decisión unilateral del gobierno de Puigdemont de desconocer las leyes, como por la cerrazón del PP desde, al menos, el momento en que Rajoy salió a la calle a recoger firmas contra el Estatut catálan, que había sido aprobado por el Parlament catalán, el Parlamento español y ratificado en referéndum.
Como ocurre siempre con las cosas de la patria (que es cosa religiosa), se ciega la razón y el vientre ocupa el espacio central a la hora de tomar de decisiones. Las tertulias y redes de opinión de Madrid están siendo responsables de buena parte del ruido que se crea. Hay periodistas (también hay mercenarios) e incluso profesores (a los que se les presuponen lecturas y capacidad de reflexión) que en vez de ayudar a poner sensatez, echan más gasolina, por las razones que sea, a un ambiente que otros querríamos más sosegado.
Entre las afirmaciones con poco fuste que se están sosteniendo está la de los que critican que se hable en España de “presos políticos”, un recordatorio hecho por Pablo Iglesias. Vaya, que si Junqueras o Puigdemont terminan en la cárcel es por idénticas razones por las que están entre rejas los ladrones de la Gürtel o la Púnica, los violadores o maltratadores, los violentos, enemigos de lo ajeno o irresponsables que matan a alguien por conducir borrachos. Es evidente que el Gobierno de Puigdemont está incumpliendo la ley. Igual que los que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos opusimos al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitoria. La diferencia es que quebrábamos la ley por razones políticas. Queríamos cambiar las cosas y el Estado no nos escuchaba. Negar la condición de presos políticos es una cuestión de ignorancia o de falta de respeto a las reglas de la democracia. Porque en democracia, la legalidad no es lo mismo que la legitimidad. Lo contrario lo defendía Carl Schmitt, el jurista nazi por excelencia. Para que dejes de sentarte como negra en la parte de atrás de los autobuses tienes que quebrar la legalidad.
Lo que no puedes hacer es ir contra la leyes vigentes cometiendo actos ilegítimos, principalmente usar la violencia. Gracias a la desobediencia hoy votamos, ha aumentado la igualdad de la mujer, tenemos educación y sanidad públicas, pensiones, los niños no trabajan y los patrones no pueden hacer lo que les de la gana con sus empleados. Aunque hay gente que también quiere dar marcha atrás a la historia en estos asuntos.
No soy independentista, porque creo que hay soluciones más luminosas para el encaje territorial en una España que es una nación de naciones. Los antepasados recientes de millones de catalanes y catalanas no pueden ser extranjeros en la tierra de sus hijos y sus nietos. No debiéramos ser tan obtusos. Vamos hacia fórmulas federales reales o nos vamos a romper. Y la principal culpa la tenemos los que no somos capaces de hacer valer esa España de Lorca, de Torrijos, de Manuela Malasaña, de María Zambrano, de las 13 Rosas, de Buñuel, Alberti, Manuel de Falla, García Pelayo, Riego, Cervantes y toda la gente que se levanta todos los días para trabajar, cuidar de su familia, ser decentes.
Sé que el gobierno de Puigdemont está fuera de la ley. Pero también sé que está fuera de la ley el Gobierno de Rajoy que ha ganado las elecciones con dinero negro provenientes de contratos públicos fraudulentos. Con una Constitución que fomentara más la participación, el gobierno de Puigdemont estaría dentro de la ley. Pero el PP seguiría fuera de una Constitución que garantizara el derecho de expresión, de reunión, la división de poderes, la limpieza de las elecciones y unas reglas de juego justas e iguales para todos. 800 cargos del PP están imputados por corrupción.
Para los que están negando que las detenciones de miembros del gobierno de la Generalitat son presos políticos, les recuerdo lo que decía la Ley de Amnistía de 1977. En su artículo primero sancionaba:
I. Quedan amnistiados:
- a) Todos Ios actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
- b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
- Y continuaba en el Artículo segundo:
- En todo caso están comprendidos en la amnistía:
- a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
- b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.
- c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
- d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
- e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
- f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
- Es curioso, que en la recuperación de la democracia se amnistiaron precisamente los mismos delitos por los que hoy el PP está encarcelando a personas. En democracia. Con el PP en España vuelve a haber presos políticos. Se hace urgente una Transición que solvente todos los problemas que aún quedan abiertos. Antes de que el PP nos regrese a ese lugar de donde proviene.
Los estibadores de Barcelona y Tarragona no abastecerán a los “barcos de la represión”
Por Kaos. Països Catalans
“Los estibadores de Barcelona decidimos en asamblea no dar apoyo los barcos de la represión”, tal como ha confirmado el delegado sindical de la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona, Sebastián Huguet, y el concejal de ERC al Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas.
Según
informan fuentes de los trabajadores la decisión ha sido unánime, lo
que comporta que no cargarán ni descargarán nada de las dos
embarcaciones que el gobierno español amarró ayer en el puerto de
Barcelona para alojar fuerzas policiales destinadas a impedir que el 1-O
haya urnas y se pueda celebrar el referéndum de autodeterminación catalán.
En concreto se trata de los barcos ‘Rhapsody’, una nave comercial de la naviera italiana Grandi Navi Veloci que está atracada en el Muelle de Lepanto, y una embarcación comercial de la compañía Mobyline. Ambas entraron en las instalaciones porturarias de Barcelona a través de un procedimiento poco transparente, puesto que notificaron el amarre poco antes de realizarlo.
Los estibadores de Tarragona, donde también está atracado otro barco con el mismo propósito, han anunciado que actuarán igual que los de Barcelona. Juan Galera, el presidente del comité de empresa, ha explicado que “nuestro sentimiento es de defensa de la democracia y la libertad, y por tanto, no prestaremos ningún servicio a ningún barco que nos lo pida si va cargado de policía“.
“Los estibadores de Barcelona decidimos en asamblea no dar apoyo los barcos de la represión”, tal como ha confirmado el delegado sindical de la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona, Sebastián Huguet, y el concejal de ERC al Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas.
En concreto se trata de los barcos ‘Rhapsody’, una nave comercial de la naviera italiana Grandi Navi Veloci que está atracada en el Muelle de Lepanto, y una embarcación comercial de la compañía Mobyline. Ambas entraron en las instalaciones porturarias de Barcelona a través de un procedimiento poco transparente, puesto que notificaron el amarre poco antes de realizarlo.
Los estibadores de Tarragona, donde también está atracado otro barco con el mismo propósito, han anunciado que actuarán igual que los de Barcelona. Juan Galera, el presidente del comité de empresa, ha explicado que “nuestro sentimiento es de defensa de la democracia y la libertad, y por tanto, no prestaremos ningún servicio a ningún barco que nos lo pida si va cargado de policía“.
Pensamiento crítico
por Vicenç Navarro
Cómo el tema nacional y el tema social se relacionan en Catalunya y en España
Hoy existen dos problemas graves en España, que están relacionados pero en situación distinta a lo que se creen muchas voces, incluyendo de izquierdas. Uno es el problema social, que es el mayor y más urgente, pues la calidad de vida y bienestar de las clases populares se ha estado deteriorando de una manera muy marcada durante estos años de la Gran Recesión (ver El nuevo régimen social de España, Público. 21.06.17; El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social, Público, 30.06.17; y ¿Qué pasa en Catalunya? Lo que no se dice en los medios ni en Catalunya ni en España, Público, 11.09.17). Tal problema debería ser motivo de movilización y respuesta prioritaria por parte de las izquierdas, pues históricamente han sido los instrumentos políticos creados para defender sus intereses.El otro problema es el problema nacional, resultado en parte de una transición inmodélica que perpetuó un Estado uninacional borbónico, claramente centralizado y radial, origen de las tensiones territoriales que han alcanzado su máxima expresión estos días, en el conflicto entre el Estado español (representante del nacionalismo uninacional españolista) por un lado, y la Generalitat de Catalunya (representante de la versión independentista del nacionalismo catalanista) por el otro.
Las causas de la enorme crisis social
Las causas de la crisis social son fáciles de ver, aunque el lector no las verá, oirá o leerá en los mayores medios de información del país. Como he mostrado en mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante (Anagrama, 2015) tales causas son las políticas neoliberales que los gobiernos españoles, incluyendo los catalanes, han ido imponiendo a la población (y digo imponiendo porque no están en sus ofertas electorales) durante estos años, y que incluyen desde las reformas laborales (que han causado un gran descenso de los salarios y un gran crecimiento del desempleo y la precariedad) a los enormes recortes en las transferencias públicas (como las pensiones) y servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en España– los servicios domiciliarios a la población con discapacidades, la vivienda, y muchos otros).Y lo que es importante de subrayar es que los responsables de tales políticas tienen nombres y apellidos: han sido los partidos gobernantes en España, específicamente el PSOE, que las inició (y que nunca ha hecho una autocrítica por ello), y el PP que las continuó y expandió. En Catalunya, el mayor responsable ha sido Convergència Democrática de Catalunya, CDC, que ha gobernado la Generalitat de Catalunya durante la mayoría del periodo democrático (30 de 37 años), en alianza con Unió Democràtica hasta el 2015, y luego con ERC, en la coalición Junts Pel Sí, liderado por CDC. En realidad, CDC es el partido catalán más parecido al PP en España, con el cual, por cierto, siempre ha tenido, en temas económicos y sociales, gran afinidad al pertenecer a la misma familia política, la neoliberal conservadora. Su enorme poder institucional y mediático (este último resultado de la instrumentalización en términos abusivos de los medios de información públicos, y de los medios privados a través de subvenciones clientelares y corruptibles) aparece en todas las dimensiones de la vida política del país, en un sistema caciquil, fundado por la familia Pujol, que continúa, aunque bajo un nombre diferente, con el Partit Demòcrata de Catalunya o PDeCAT. La sustitución del presidente Mas por el presidente Puigdemont es mero marketing político que no ha cambiado la ideología y modus operandi de tal partido.
La ideología hegemónica en los aparatos de la Generalitat de Catalunya gobernados por Convergència
Su ideología es un nacionalismo conservador que en su día tenía una concepción etnicista e incluso racista (Hay que recordar, que Pujol había llegado a decir que los trabajadores que venían de Andalucía y/o Murcia, definidos como “charnegos”, tenían un coeficiente intelectual más bajo que los catalanes, hecho que sorprendentemente no tuvo respuesta y denuncia en Catalunya, excepto por unas pocas voces, incluyendo la mía, cuando era yo entonces precisamente el médico de los llamados “charnegos” en el barrio más pobre de Barcelona, el Somorrostro). Este elemento de superioridad e identidad ya no se basa tanto ahora en un elemento étnico y racial (aunque al escuchar a la esposa de Pujol, la Sra. Ferrusola, no parece claro que esta visión haya desaparecido) sino un elemento cultural. Este nacionalismo profundamente conservador, mezcla de neoliberalismo con apuntes de democracia cristiana y cultura montserratina, es todavía dominante en tal partido. Esta ideología –también conocida como pujolismo– ha tenido un enorme impacto en la vida política y mediática, y continúa teniéndolo. Y los partidos que la sostenían son CDC y UDC, los mayores corresponsables del subdesarrollo social de Catalunya. Son también instrumentos políticos que sirven primordialmente los intereses económicos y financieros de la estructura del poder catalana. Este servicio no se hace solo como mero instrumento de tales intereses, sino también como transmisión de la ideología neoliberal (CDC) y conservadora (UDC) que les beneficia.Una anécdota refleja lo que digo. Cuando volví del exilio, dirigí un estudio del Estado del Bienestar catalán en donde se mostraban sus enormes déficits como resultado de las políticas públicas aplicadas por el gobierno catalán conservador neoliberal (y por el Estado español). Tal estudio fue más tarde distribuido ampliamente, a través de videos, por una persona anónima, sin conocerlo yo, y que tuvo un gran impacto. El portavoz de CDC, el Sr. Felip Puig, lo denunció en el Parlament, acusándome de que yo había vuelto a Catalunya para generar una lucha de clases, a lo cual respondí que yo solo estaba fotografiando la realidad social catalana, a través del estudio, añadiendo que eran ellos –los gobernantes de Catalunya- los mayores corresponsables del gran retraso social de Catalunya.
Desde entonces soy una de las personas más vetadas en los medios catalanes de información. Hoy esta lucha de clases continúa en Catalunya, y las políticas de recortes y privatizaciones masivas y las reformas laborales, aprobadas ambas por CDC, tanto en las Cortes Españolas (en alianza con el PP), como en el Parlament de Catalunya, son las responsables del subdesarrollo social de las clases populares. Un dato refleja muy bien lo que estoy diciendo. Durante la Gran Recesión (2008-2016) las rentas del capital han aumentado en Catalunya de un 42% a un 45% (el mayor aumento en la época democrática), mientras que las rentas del trabajo han ido disminuyendo de un 50% a un 46% durante el mismo periodo.
¿Cómo están relacionados el tema nacional y el tema social?
En teoría, todas las opciones políticas afirman retóricamente que su objetivo final es mejorar la calidad de vida y bienestar de la población. Y ello ocurre especialmente en el caso de los partidos independentistas, que señalan su compromiso con el tema social argumentando que el problema social en Catalunya solo puede resolverse mediante la secesión de tal país de España, pues el problema social está causado por España (porque, en su versión más belicista, “España roba a Catalunya”). De ahí que concluyen que la resolución del problema nacional tiene que ser prioritario dejando la solución de lo social a después, una vez se tenga la independencia. Y aún cuando retóricamente se dice en su argumentario que el tema nacional y el social siempre van juntos, en realidad anteponen siempre el tema nacional al tema social. Y ello ocurre también con las izquierdas independentistas (ERC y CUP) que así justifican su alianza con las derechas (lo cual dificulta la resolución rápida del problema social, relegado a un futuro lejano, a cuando seamos independientes).El coste social de algunas izquierdas al aliarse con las derechas independentistas
Ello lleva a tales izquierdas independentistas a aliarse con las derechas en un proyecto dirigido por el PDeCAT para conseguir la ruptura con España, partido que, al controlar la gran mayoría del aparato de la Generalitat, jugaría un papel clave en la transición hacia el desarrollo de tal secesión. Ahora bien, tal alianza está imposibilitando la resolución el problema social. En este aspecto no es cierto lo que el Sr. Oriol Junqueras, Vicepresidente de Junts Pel Sí, y dirigente de ERC, dijera en el programa de Ana Pastor en La Sexta este pasado domingo que, según él, el presupuesto aprobado por Junts Pel Sí “haya sido el más social de los que hayan existido durante el periodo democrático”.Los datos muestran lo contrario. El gasto público social del presupuesto de la Generalitat para el año 2017, aprobado por Junts Pel Sí con el apoyo de la CUP, era un 11,1% más bajo del que se había aprobado en el último año del gobierno tripartito de izquierdas 2010 (y del cual, por cierto, ERC era miembro). Y ello pasó en prácticamente todos los capítulos del Estado del Bienestar (un 9,9% menos en educación, un 10,4% menos en sanidad, un 56% menos en vivienda, un 7,1% menos en protección social, y así capítulo por capítulo). Por otra parte, la Renta de Garantía Ciudadana, que provenía de una Iniciativa Legislativa Popular (y que fue aprobada en el Parlament) fue recortada significativamente hace solo unos días por el gobierno independentista, sin apenas discusión o debate y sin alboroto mediático. Y un tanto similar ocurrió con la reciente propuesta escrita en el proyecto de Decreto de Turismo (que el Conseller de Empresa y Conocimiento y el Govern quieren aprobar para finales de 2017), en donde propone, nada más y nada menos, que cualquier vivienda pueda convertirse en turística sin límite de días al año (tirando por tierra toda la lucha del Gobierno municipal de Ada Colau contra el alquiler turístico ilegal). Frente a tal expansión de los pisos turísticos (que están expulsando a las clases populares de su barrio), hubo un silencio ensordecedor por parte de los medios, absorbidos todos ellos en el tema nacional.
Estos datos muestran que la alianza con la derecha catalana para conseguir la secesión se realiza a costa de la continuación del deterioro social. Es cierto que la presencia de ERC en el gobierno Junts Pel Sí ha disminuido la intensidad de los recortes de gasto público. Pero no hay duda de que si se hubiera aliado con las izquierdas En Comú Podem y el PSC (como lo hizo en el tripartito), se podría haber establecido un gobierno que habría podido disminuir la enormidad del problema social. Hoy las encuestas muestran que de haber una elección, este tripartito de izquierdas podría gobernar Catalunya. Esta alternativa ni siquiera es considerada en el planteamiento independentista, dando pie para que PDeCAT utilice el tema nacional para ocultar el problema social, tal como hace también la derecha españolista, el PP, que son también profundamente nacionalistas, herederos de los que se definieron como los nacionales, interrumpiendo un Estado democrático -la II República- con un golpe militar, y del cual hablaré en la parte final del artículo.
Por qué la clase trabajadora no es independentista
El hecho de que el proceso proindependentista esté dirigido por las mismas derechas responsables del gran problema social explica el escaso atractivo de tal proyecto por parte de las clases populares, que no apoyan la secesión. De ahí que cuando los secesionistas hablan de que el pueblo catalán quiere la independencia, están faltando a la verdad. La mayoría de la población catalana no desea la independencia. Es más, la monopolización del soberanismo (que es el apoyo al derecho a decidir) por el independentismo (que es el apoyo a la secesión) está dificultando seriamente el desarrollo del soberanismo, pues la manera tan poco democrática con que Junts Pel Sí está actuando está desacreditando el soberanismo. Poner las urnas para que la población vote es una condición necesaria, pero no suficiente, para definir la hoja de ruta como democrática. Democracia requiere una diversidad de opiniones expresadas a nivel de los medios públicos de información, hoy totalmente controlados por el gobierno de la Generalitat. La falta de garantías para realizar el referéndum no está causada únicamente por el Estado central, pues hay muchas garantías que son responsabilidad exclusiva de la Generalitat. de Catalunya que siempre ha mostrado escasa conciencia democrática. En Catalunya, como en el resto de España, existe casi una dictadura mediática con práctica exclusión de voces de izquierda, excepto las independentistas, como las CUP, o las que apoyan su hoja de ruta, como el Podem dirigido por Albano Dante.Tales izquierdas son fuerzas muy minoritarias en los barrios obreros, pues son percibidas en este caso como que están apoyando una movilización a favor del mal llamado referéndum dirigida por el responsable de la crisis social que les ha dañado tanto. Tal punto de vista quedó muy claro cuando una mujer trabajadora del barrio obrero de Nou Barris en la reunión de la Coordinadora de Catalunya en Comú, indicó que “el cuerpo me pide ir y sumarme a una manifestación que es anti PP. Pero el corazón me lo impide porque las tripas se me revuelven cuando veo a Puigdemont, el dirigente de los que nos han hecho tanto daño, liderándolo. No, compañeros, no podemos apoyar tal proyecto. Son los que siempre nos han hecho daño”. Presentar que las únicas alternativas probables son Rajoy o Puigdemont es un abuso que permite una enorme manipulación, como están haciendo Junts Pel Sí y la CUP hoy en Catalunya. La pluralidad nacional existe ya en Catalunya. De ahí que el problema nacional no se resolverá a no ser que sea apoyado por las clases populares, que constituyen la gran mayoría de la población catalana. A no ser que dichas clases vean que tal cambio les beneficiará, no se movilizarán a su favor. Y es difícil que vean que se beneficiarán si los dirigentes y partidos políticos que hegemonizan tales movimientos son de derechas. Solo en el caso de que el movimiento de transformación nacional lo dirijan las fuerzas políticas que hayan mostrado su compromiso con las clases populares (a través de políticas públicas que les favorezcan), habrá tal movilización. La experiencia escocesa muestra claramente esta situación. El partido nacionalista escocés fue votado incluso en Glasgow (la Barcelona de Escocia), al estar más a la izquierda que el Partido Laborista. Cuando acentuó su independentismo, perdió votos.
La solución de los problemas sociales y nacionales en Catalunya y en España
La evidencia es clara que el enorme problema social de España y de Catalunya responde a causas comunes: el enorme dominio del Estado español y de la Generalitat de Catalunya por parte de las derechas, que explica el subdesarrollo social tanto de España como de Catalunya. Los datos así lo muestran. Y las políticas económicas y sociales que han estado aplicando son muy semejantes, correspondiendo a su sensibilidad neoliberal conservadora. He documentado que el argumento que utilizan para justificar la aplicación de tales políticas (de que no hay otras alternativas) no es sostenible. Hay alternativas.Otro elemento común de estas derechas es que las dos, la española y la catalana, son nacionalistas conservadoras pero de características muy distintas: una es el nacionalismo españolista, que es el más fuerte y dominante, de raíces imperialistas (que fundó el imperio español), de carácter racista (el día nacional, el 12 de Octubre, era el día de la Raza) y enormemente opresivo y asfixiante. Su máxima expresión apareció durante la dictadura fascista, que fue una dictadura no solo autoritaria, sino también totalitaria, es decir, que intentaba crear un nuevo “hombre” (las mujeres no cuentan en el fascismo), imponiendo sus normas, incluidas en las áreas más personales –como el sexo o el idioma– para configurar una nueva sociedad, creando una cultura –la cultura franquista– que reproducía su ideología que, en forma diluida, continúa reproduciéndose en y por el Estado español y su intelectualidad.
Impuesta por los “nacionales”, presentó a cualquier otra visión de España, contraria a la uninacionalidad que la caracterizaba, como “la anti-España”. De ahí que reprimiera cualquier otra visión de España, como la visión plurinacional, que admitía la existencia de otras naciones dentro del Estado español. Esta expresión fue particularmente acentuada en Catalunya, en el País Vasco y en Galicia. De ahí que la lucha por recuperar la libertad y democracia, incluía la lucha para redefinir España, aceptando su plurinacionalidad y el derecho a la autodeterminación como garantía de que la unidad del Estado era voluntaria y no forzada. Las izquierdas hicieron surgir esta visión. Y tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista tenían en sus programas durante la clandestinidad este compromiso, que fue abandonado debido a la imposición del Monarca y del Ejército, que vetaron tal propuesta. El enorme desequilibrio de fuerzas que hubo durante la transición, entre las derechas españolas (que controlaban el aparato del Estado y los medios de información), y las izquierdas que habían liderado las fuerzas democráticas (que acababan de salir de la clandestinidad o vuelto del exilio), no podía ser mayor. Resultado de aquella transición desequilibrada e inmodélica, salió la Constitución, el marco legal de la democracia española, que se presentó propagandísticamente como homologable a cualquier democracia europea, lo cual es incorrecto.
La escasa cultura democrática existente en España, la escasa diversidad ideológica en los medios, el subdesarrollo social de España, la escasa financiación de su Estado del Bienestar y la perpetuación de la cultura franquista, incluida su visión uninacional, represiva de la plurinacionalidad, su centralizado poder político sin posibilidades de democracia directa, como referendos, y un largo etcétera, se deben a este desequilibrio de fuerzas que continúa existiendo en el Estado borbónico español, cuya negación de la plurinacionalidad alcanzó ya su expresión en 1714, cuando un Borbón, Felipe V, por la fuerza de las armas destruyó los derechos de Catalunya, utilizando, como siempre, el argumento de prevenir la unidad de España, cuando los dirigentes de la resistencia catalana estaban luchando, además de por los derechos catalanes, por el bien de España (cita textual). Fue también la justificación del golpe fascista (exitoso debido a la ayuda de Hitler y Mussolini), para defender la unidad de España cuando, en realidad, nadie la estaba cuestionando.
El otro nacionalismo: el catalanista
Tal nacionalismo catalanista raramente fue secesionista. En realidad, los dirigentes definidos como separatistas, eran federalistas, pues pedían establecer el Estado catalán dentro de una federación republicana, imposible de realizar dentro del Estado borbónica. Y fueron las izquierdas –como en su día reconoció Jordi Pujol– las que defendieron con mayor riesgo, con mayor intensidad y con mayor coherencia la identidad catalana, relacionando claramente el tema social con el tema nacional. Fueron estas izquierdas las que mantuvieron viva la identidad catalana (que incluso algunas voces de la izquierda española confunden con separatismo), tanto durante la dictadura como después, durante la democracia. No fue el conservador Pujol, sino el socialista Maragall, el que lideró el Estatut donde cristalizaba el reconocimiento de Catalunya como nación (y todo lo que ello conlleva). Y fue el PP, el nacionalismo españolista, el que lo vetó (aquellos puntos clave en los que se definía lo esencial). Y fueron ahora las izquierdas catalanas –En Comú, Podem, ICV, EUiA– las que pidieron el referéndum, y no las derechas. Y en España fueron las nuevas izquierdas las que pidieron la plurinacionalidad.Es más, la Diada -que este año fue capturada e instrumentalizada por los independentistas- olvidó a la mayoría de catalanes, a los que dejó aparte o silenció.
El movimiento contestatario frente al PP y al Estado central es muy necesario y positivo
Ni que decir tiene que la existencia de un movimiento contestatario frente al gobierno central es un hecho muy positivo que hay que apoyar. Pero su instrumentalización por el gobierno Junts Pel Sí liderado por la derecha, es negativa, pues deja de lado la mayoría de la población catalana y la gran mayoría de las clases populares, sin las cuales no se puede garantizar que una nueva Catalunya fuera la Catalunya progresista y social que se necesita. España ya ha mostrado que el que controla la transición controla el producto de tal transición. Tener una Catalunya independiente con Ministros de Economía ultraliberales, como son los que aparecen como los gurús mediáticos en los programas de la televisión catalana actual, no es tranquilizador.A no ser que tal transición la hiciera una coalición de izquierdas, dudo que la nueva Catalunya fuera mejor para las clases populares que la existente. Ahora bien, tal coalición es posible pues no solo en Catalunya sino también en el resto de España, están apareciendo nuevas izquierdas, que junto con las tradicionales (ahora renovadas) puedan establecer una amplia coalición que transforme Catalunya y España. En Catalunya el mayor problema es la desunión de las izquierdas, pues podrían ya hoy gobernar si se unieran. Según las encuestas más recientes, si se suman los votos y también los escaños en el Parlament (a pesar del sesgo de la ley electoral anti-izquierdas), los votos de ERC, Catalunya Sí que es Pot, PSC, y la CUP, podrían gobernar Catalunya, ayudando a resolver la enorme crisis social. Lo que es igualmente importante es que esta coalición, tomando la resolución del tema social como el punto de partida para resolver el tema nacional, podría movilizar a la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares, presionando al socialismo español para que aceptara la plurinacionalidad y el referéndum. Una nueva Catalunya social dirigida por los representantes de las clases populares que, junto con fuerzas políticas hermanadas en el resto de España, podría realizarse, sobre todo si España cambiara también de gobierno, pasando este a ser una coalición de izquierda y nacionalistas, donde tal proyecto fuera posible. El punto clave es si el PNV o el PDeCAT desearían sustituir a Rajoy por un gobierno amplio de coalición entre izquierdas y nacionalistas. La experiencia muestra que, paradójicamente, parecen preferir un gobierno Rajoy tal como ocurrió con la negativa a votar Podemos (por parte de PDeCAT) en la última moción de censura.
Termino así esta exposición. La hoja de ruta de Junts Pel Sí, dirigido por las derechas catalanas contra las derechas españolas no nos llevará a los cambios necesarios ni en Catalunya ni en España. Ni que decir tiene que como manifestación de un sentido popular merece ser apoyada, aunque está pésimamente dirigida; aun así, hay que oponerse a un intento deliberado de incrementar el conflicto entre Catalunya y España. Es obvio que los dos nacionalismos, el españolista y el catalanista, se necesitan uno al otro y se retroalimentan. Los dirigentes de tales nacionalismos están intentando mantener este enfrentamiento, pues en las próximas elecciones les será de gran utilidad. Su enfrentamiento es parte de una altamente exitosa estrategia electoral. Pero nos alejará de la solución del problema social y nacional.
Una última observación. Cuando varias personas fundamos el Procés Constituent, estaba claro que nuestro enfrentamiento no era solo con el Estado central, sino también con la Generalitat de Catalunya. El “no nos representan” del 15-M aplicaba tanto a las instituciones del Estado español como a las instituciones de la Generalitat de Catalunya. Hay que recordar que el 15-M, inspirador del Procés Constituent, rodeó el Parlament de Catalunya para exigir que se interrumpieran las políticas de austeridad que estaban imponiendo a las clases populares de Catalunya. El president del Govern de derechas, el Sr. Mas, tuvo que entrar con helicóptero. Ahora bien, sería ridículo que tengamos que rodear el Parlament ahora para defender a su sucesor, el Sr. Puigdemont, para continuar haciendo las mismas políticas. De ahí que a la oposición al gobierno Rajoy hay que añadir la oposición al gobierno Puigdemont, lo cual no quiere decir, como maliciosamente se interpreta, que se les considere equivalentes (pues Rajoy es el problema mayor), pero sí que se debe criticar a Junts Pel Sí como corresponsables de la enorme crisis social. No debemos olvidar ni el “no nos representan”, ni los principios del 15-M. Y este olvido típico y característico ocurre cuando el tema nacional va por encima de todo, incluido el tema social. Para resolver los dos, hay que centrarse en el tema social para movilizar a las clases populares en el intento de resolver el tema nacional. Y para ello, un gobierno de izquierdas en Catalunya y otro, también de izquierdas, en España, son esenciales. Así de claro.
ARGENTINA
Suprema vergüenza
El gobierno ha iniciado una campaña para desarmar la política de DDHH. Empezó con funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor, es decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos que decimos que son 30 mil y no el plan sistemático regional de exterminio que afectó a todo el pueblo y a la humanidad.
¿Acaso alguien cuestiona que en los campos de concentración nazi murieron seis millones de judíos? ¿Quién cuestiona que el genocidio armenio cometido por las tropas turcas asesinó a un millón y medio de personas? Sólo los nazis, sólo el Estado turco.
Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes. La desaparición es un delito de lesa humanidad que no deja de transcurrir hasta que no aparezcan las personas ausentes.
¿Quién explica a las madres y familiares víctimas de la represión que los genocidas reciban beneficios, cuando hasta la fecha ni siquiera hay arrepentimiento por los crímenes cometidos y no dan información alguna sobre el paradero de sus seres queridos?
La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por tres votos contra dos, equipararon los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes para reducir sus penas. La paradoja es que para los detenidos por estos delitos comunes, no se otorgan los mismos beneficios.
Y en paralelo se endurecen las leyes penales y de ejecución para que permanezcan más tiempo detenidos, sosteniendo el discurso de mayor seguridad. Se parte del supuesto de que los represores en libertad, no afectarían la seguridad. No olvidemos la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas y hostigamientos a los testigos de los juicios.
Toda persona que cumple una condena por delitos cometidos, debe ser tratado humanitariamente y darle todas las garantías dentro del marco de las leyes vigentes en cada país. Pero eso no significa reconciliación, ni mucho menos que el Estado les brinde beneficios por los peores crímenes cometidos en la historia de nuestra nación.
Ya de por sí se alojan en pabellones “vip” en mejores condiciones que los restantes detenidos, y son tratados de manera preferencial con regímenes permisivos, acceso a visitas especiales, computadoras y celulares. Gran cantidad de jueces les otorgan arrestos domiciliarios ante enfermedades leves o afectaciones menores, mientras que pocas veces otorgan la domiciliaria a presos comunes que padecen gravísimas enfermedades y mueren en la cárcel. La desigualdad ante la ley es muy clara.
La cúpula de la Iglesia Católica argentina, que tuvo en muchos de sus exponentes jerárquicos una activa complicidad con la dictadura genocida, ha impulsado en varias oportunidades iniciativas tendientes a asegurar la impunidad de los represores, como la llamada “Ley del Olvido”, señalando que el pasado fue doloroso, pero hay que mirar para adelante y pensar en la reconciliación.
Hoy vuelve a plantear la reconciliación, que lejos de su concepto doctrinario, no tiene otro sentido que favorecer el retroceso en materia de juicios de lesa humanidad y resulta altamente funcional a un gobierno neoliberal que procura desdibujar las políticas de memoria, verdad y justicia por las que nuestro pueblo ha luchado durante años.
Pero no basta con decir a la sociedad que todo es un hecho doloroso y que hay que mirar hacia adelante. Lo que se siembra se recoge, no hay otra alternativa. Todos y todas queremos cerrar las heridas pero no de cualquier forma y a cualquier precio. No hay reconciliación posible sin siquiera reconocimiento de las culpas, arrepentimiento y perdón, por eso la reconciliación no es ni será posible con los represores argentinos. La reconciliación no es el olvido, ni la impunidad.
El derecho es a la Verdad, la Justicia y la Reparación del daño hecho. En este caso concreto saber, dónde están y que hicieron con los desaparecidos o sea, que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, rompan su pacto de silencio, esa suspensión de conciencia que los lleva a la complicidad colectiva.
El Papa Francisco está colaborando con la desclasificación de archivos del Vaticano sobre lo ocurrido en la dictadura, porque sabe que no existe reconciliación, no existe paz sin justicia. Queda mucho camino por delante, y desde que asumió el gobierno de Cambiemos sólo ha crecido el negacionismo del terrorismo de Estado, el fortalecimiento de la autonomía de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de los organismos de inteligencia, la violencia institucional, la persecución política, así como también han empeorado todas las áreas vinculadas a la justicia social que nos permiten pensar a los Derechos Humanos desde una perspectiva integral y no sólo acotados a un período histórico determinado. No es casualidad que los dos jueces que propuso este gobierno para la Corte Suprema hayan votado a favor de estos beneficios a los represores, de esta afrenta al pueblo argentino, equivalente a los indultos de Menem en los años 90’s.
No es casualidad que esta misma nota haya sido primero solicitada y luego explícitamente rechazada por la agencia de noticias oficial de la República Argentina con el argumento de que “la agencia decidió no sacar opiniones sobre el tema del 2×1”. Los grandes medios de comunicación, de antes y de ahora, siguen jugando un papel central en legitimar u ocultar estas injusticias.
Frente a estas provocaciones hay que ser claros, responderemos como siempre lo hemos hecho con la movilización no violenta de nuestro pueblo, reclamaremos la vigencia vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de DDHH como instancia internacional, pese al rechazo de esta Corte Suprema dependiente del poder ejecutivo.
El Senado argentino aprobó el ingreso de tropas estadounidenses
Publicado: 15 sep 2017 23:28 GMT | Última actualización: 15 sep 2017 23:29 GMT - RT
La Cámara de Diputados deberá sumar su visto
bueno a la participación de tropas de EE.UU. en ejercicios militares
conjuntos, que se realizarán en la misma provincia donde fue
desaparecido el joven Santiago Maldonado. El presidente Macri avala el
proyecto.
Aeronave P-3 C Orion
Murad Sezer / Reuters
La moción presentada a la Cámara alta obtuvo 47 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, informa Arg Noticias. Con ello el proyecto tiene hasta ahora sólo la mitad de la aprobación, pues el próximo paso para que se convierta en ley será lograr la aceptación de la Cámara de Diputados.
La propuesta lleva las firmas del Presidente Mauricio Macri; el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Marcelo Faurie; y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Según comunica el propio Parlamento, el arribo de tropas norteamericanas a esa parte del Cono Sur se producirá en el marco del Programa de Ejercitaciones Militares Combinadas, que incluye a otras naciones latinoamericanas como Brasil, Chile y Uruguay. Estos países también participarán en pruebas conjuntas con Argentina entre el primero de septiembre de este año y el 31 de agosto del 2018.
El debate parlamentario se produjo a raíz de que un proyecto de ley anterior, donde se proponía regular las capacidades argentinas en todo el programa de participación internacional, no incluía a los Estados Unidos. El motivo de esa auencia, según argumentaron los autores del escrito, fue que aún no había fechas acordadas para su actividad en la zona.
El texto legislativo puntualiza que los ejercicios contarán con "una aeronave P-3 B Orion y un máximo de 16 tripulantes" por el lado argentino, mientras que los visitantes dispondrían de "dos aeronaves P-3 C Orion con un máximo de 30 tripulantes". Además, especifica que "las ejercitaciones se llevarán a cabo en aguas de la zona económica exclusiva de la República Argentina". Esa zona, también llamada mar patrimonial, se interna en el océano 370 kilómetros después del límite del mar territorial.
Se calcula que la Armada argentina gastará 90.000 pesos (5.300 dólares) en el operativo, lo que presupone que será de envergadura menor. De todas formas, la información oficial es de carácter preliminar; el proyecto puede recibir modificaciones y todavía no fue aprobado de forma definitiva por el Congreso.
El sur argentino, en la mira
La reciente aprobación en una de las cámaras legislativas despertó algunas consideraciones negativas. El dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de la provincia de Río Negro, Rodolfo Aguiar, sostuvo que las fuerzas de EE.UU. "llegarán para custodiar los intereses de los Lewis y los Benetton", que poseen grandes extensiones territoriales privadas en el país. Este gremio intentará que los legisladores de su distrito no voten a favor de la iniciativa.Por otro lado, algunos medios zonales del sur argentino destacan la vinculación de la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado y estos ensayos, aunque resaltan que se planificaron con anterioridad al trágico suceso. La última vez que se vio con vida al argentino estaba en una comunidad mapuche de la provincia de Chubut, donde el 1 de agosto hubo un violento operativo de la Gendarmería local, y desde entonces no se ha podido establecer su paradero.
De tal forma, Estados Unidos participaría de acciones militares en esa misma provincia. La información, sin embargo, casi no tuvo trascendencia en los principales medios del país sudamericano.
Aunque quienes presentaron el proyecto explicitaron por escrito que la idea se originó en una carta enviada en enero de este año por el Agregado Naval de EE.UU., donde ofrecía llevar los aviones "con la finalidad de intercambiar experiencias", lo cierto es que el documento ingresó al Parlamento recién el 28 de agosto de este año. Es decir, casi un mes después de la desaparición de Maldonado. Resta por saber si el Ejecutivo brindará más información sobre estos ensayos militares.
Argentina: Un plan sistemático para desaparecer a los pueblos originarios
por Darío Aranda - LA HAINE - 14/09/2017
Desalojos y represión como política de Estado contra las comunidades. La disputa por los territorios, el despojo y el extractivismo
Violencia
contra indígenas en Misiones. Amenazas de muerte en comunidades de
Jujuy. Presiones a guaraníes en Corrientes. Represión a mapuche en la
Patagonia. Es el contexto de la situación de los pueblos originarios de
Argentina, con un agravante: oficialismo y oposición coinciden en dejar
caer una ley clave (26.160) que frena los desalojos indígenas.
“Pareciera que la Campaña del Desierto continúa con otros rostros, pero con los mismos objetivos; las crías del general Roca continúan marginando, persiguiendo, matando y robando los territorios a los pueblos indígenas”, denunció Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Facundo Jones Huala (mapuche de Chubut) y Agustín Santillán (wichí de Formosa) continúan presos de forma arbitraria.
Casos testigos
La comunidad Chapa’í, de la localidad misionera de San Ignacio, sufre desde el 28 de julio la avanzada conjunta del Municipio y de privados, que pretenden quedarse con su territorio. Con topadoras arrasaron su monte nativo y viviendas.
“Estoy muy preocupada por la comunidad. Estoy destrozada. Estuvieron trabajando gente de la Municipalidad. Abrieron caminos y echaron árboles nativos, nuestra medicina natural. Derribaron árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos vieron cómo tiraban árboles de naranja, limones, palta y otras plantas que todos los años nos daban frutos”, denunció Itatí Brizuela, integrante de la comunidad Chapa’í, que explicó que detrás del despojo están las inmobiliarias de la zona.
De las 180 hectáreas que reivindica la comunidad, la Municipalidad planea dejarle sólo trece. A cambio les promete servicios esenciales: agua potable, energía eléctrica y viviendas.
La comunidad lo denunció y frenó la avanzada. Pero el 6 de septiembre retornó la violencia. La periodista Alicia Rivas alertó: “Continúa el avasallamiento del territorio de la comunidad de Chapa’í.
Esta mañana volvieron a quemar las raíces de los árboles, prendieron gomas para volver más cruel el atropello, motosierras y cubiertas encendidas a plena luz del día, pegadito a las casas de las familias. Impotencia por un lado, pura impunidad por el otro”.
En Jujuy, la organización de Pueblo Indígenas del NOA (Opinoa), denunció el intento de asesinato del cacique del pueblo ocloya Néstor Jerez, de la comunidad Tilquiza (a veinte kilómetros de San Salvador de Jujuy). Acusaron a los privados Ariel Amaranto y Daniel Verzini de intentar atropellar a Jerez y luego dispararle con un revólver. “Te vamos hacer desaparecer como a (Santiago) Maldonado”, alertó la organización Opinoa que amenazaron al cacique.
“Lamentablemente estas situaciones se agravaron en el último año y medio, donde el Poder Judicial se tornó muy intransigente con los indígenas y no así con los usurpadores y terratenientes. Intentan instalar que la defensa de los territorios ancestrales tiene relación con el terrorismo; esto suena como un plan sistemático de desgaste de la causa de los pueblos originarios”, advirtieron las comunidades indígenas nucleadas en Opinoa.
En Corrientes, la comunidad guaraní Jahaveré enfrenta desde hace años un conflicto territorial con la estancia San Eugenio (de Kristine McDavitt, viuda del fallecido millonario Douglas Tompkins) que mantiene desde hace diez años un terraplén ilegal (incluso con sentencia judicial de demolición desde 2007) que perjudica a las familias campesinas e indígenas.
En julio pasado hubo inundaciones en la región y el terraplén agravó la situación. La comunidad guaraní trasladó sus animales a zonas altas y se reavivó el conflicto. También cuestionan el rol de la Fundación Conservation Land Trust (de McDavitt-Tompkins), que donó 150 mil hectáreas para la creación del Parque Nacional Iberá, pero con comunidades dentro.
“Hay un choque de dos visiones sobre qué es el territorio y la propiedad. Una responde a los intereses de una fundación norteamericana que quiere conservar paisajes sin gente. Y la otra a los últimos gauchos correntinos, verdaderos guaraníes del estero, que sólo quieren vivir en paz”, explicó Emilio Spataro, de la organización ecologista Guardianes del Iberá.
Las distintas comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén denuncian desde hace años el accionar de las petroleras, tanto por la contaminación como por la violación de derechos indígenas. Con el pacto Chevron-YPF (2013) en la formación Vaca Muerta se redobló la presión sobre los territorios.
Las comunidades mapuche exigen que se cumpla el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en leyes nacionales). Han bloqueado caminos, mantenido diálogo con el gobierno provincial (sin resultados positivos) y denunciaron la intromisión de Gendarmería Nacional en junio pasado, que avanzó sobre los mapuche para que YPF realice nuevos pozos petroleros.
La última avanzada sobre los mapuche fue desde el Poder Judicial. El juez de Neuquén Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Silva y solicitó la captura de seis integrante de la comunidad Campo Maripe. Los consideró en “rebeldía” por no asistir a una audiencia donde se los acusa de haber “usurpado” el territorio donde siempre vivieron.
“Desde que se firmó el pacto Chevron-YPF, hay más de 50 mapuche procesados en Neuquén por defender el territorio”, afirmó Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche.
Dos casos testigos de la criminalización indígena se dan en Formosa y Chubut. Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez, está detenido desde hace cinco meses por reclamar tierra, agua, salud y educación en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. “Es un preso político”, resumió Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, que visitó a Santillán en la cárcel.
Y Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof en Resistencia, está preso desde el 28 de junio.
Situación nacional
Amnistía Internacional Argentina presentó en 2015 un mapa de conflictos de comunidad indígenas (territorioindigena.com.ar). Contabilizó un piso de 183 casos. “Da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven los pueblos indígenas. Las comunidades exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, resaltó Amnistía.
Realizado de forma colaborativa junto a la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI), la Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Grupo Acceso Jurídico a la Tierra (Gajat) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), es de actualización permanente y ya llegó a 250 casos en 2017.
“Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza”, cuestionó Amnistía.
La relación es directa: a cuanto más avance extractivo (de la mano de empresas agropecuarias, petroleras, mineras y forestales, entre otras), mayor nivel de conflictividad y violación de derechos indígenas.
Senadores
En noviembre vence la Ley Nacional 26.160, muy conocido dentro del mundo indígena porque ordena relevar todos los territorios indígenas y frena las órdenes de desalojo.
Aprobada en 2006, su aplicación fue muy cuestionada por las propias organizaciones. Tanto en su implementación política (los relevamientos territoriales dependen del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sus pares provinciales) como judicial, con jueces y fiscales que pocas veces la aplicaron.
Según información oficial respecto a la Ley 26.160, existen 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). Sólo fueron relevados los territorios de 759 comunidades (49 % del total). De este porcentaje, sólo 459 comunidades cuentan con relevamiento finalizado.
Amnistía Internacional evalúa que durante 2017 se relevarán 150 comunidades, que representan sólo el 10 % del total. “Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que aún no han atravesado ningún proceso de relevamiento y a las 303 comunidades que aún no lo han concluido. En conclusión, al menos 926 comunidades, el 60 %, quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio”, alertó el organismo.
El jueves 7 de septiembre, la Cámara de Senadores tenía la posibilidad de votar la prórroga de la Ley 26.160, en beneficio de los pueblos indígenas. El tratamiento fue propuesto por los senadores Pino Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI). Los bloques del oficialismo (PRO y UCR) y la oposición (tanto el PJ como el Frente Para la Victoria) rechazaron votar la prórroga.
De esta forma, 33 senadores de diversos partidos se negaron a tratar el proyecto y diez se abstuvieron. Sólo once votaron en línea con los pedidos de los pueblos indígenas. Los ocho de la UCR y los seis del PRO votaron por la negativa.
Entre los que votaron por el “no” figuran: José Alperovich, Walter Barrionuevo, Julio Cobos, Rodoldo Urtubey, Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, Luis Naidenoff, Angel Rozas, Omar Perotti y María Laura Leguizamón. Por la abstención (que funcionó como una negativa a tratar la ley) estuvieron Juan Manuel Abal Medina, Hilda Aguirre, Mirtha Luna y Alfredo Luenzo.
Aún con críticas a la implementación, existe consenso indígena en que la ley debe ser prorrogada. Es un paraguas ante la avanzada empresaria sobre los territorios indígenas. No hay dudas: es mejor que esté la ley, a que no esté. Pero los senadores nacionales se resisten a que siga existiendo la ley.
Desaparecer
Adolfo Pérez Esquivel acompaña la lucha de los pueblos indígenas desde hace décadas. El 3 de septiembre emitió un comunicado titulado “pueblos originarios, de víctimas a victimarios”. Enumeró las leyes que benefician a las comunidades indígenas y que no se cumplen. Recordó que Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un reclamo territorial del pueblo mapuche y cuestionó al actual gobierno (y a los anteriores).
“Los pueblos originarios soportan desde hace décadas la violencia social y estructural. Y tanto el gobierno actual, como los que le precedieron, en lugar de buscar soluciones y respetar sus derechos, responden con represión”, cuestionó el Nobel de la Paz.
También denunció “la campaña de descrédito y mentiras que cuenta con la complicidad de grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, de jueces cómplices, de funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes, como Benetton, Lewis y Turner”.
Marcos Pastrana, diaguita de Tucumán, repudió el accionar de los senadores (al negarse a prorrogar la Ley 26.160) y también cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo y de los grandes medios de comunicación “que llaman terroristas” a los indígenas que luchan por sus derechos.
En un audio que circuló entre comunidades indígenas de todo el país, Pastrana resumió el pasado y presente de la clase dirigente y del Estado para con los pueblos originarios: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios, son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes (...) La política del Estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas”.
La Izquierda Diario
“Pareciera que la Campaña del Desierto continúa con otros rostros, pero con los mismos objetivos; las crías del general Roca continúan marginando, persiguiendo, matando y robando los territorios a los pueblos indígenas”, denunció Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Facundo Jones Huala (mapuche de Chubut) y Agustín Santillán (wichí de Formosa) continúan presos de forma arbitraria.
Casos testigos
La comunidad Chapa’í, de la localidad misionera de San Ignacio, sufre desde el 28 de julio la avanzada conjunta del Municipio y de privados, que pretenden quedarse con su territorio. Con topadoras arrasaron su monte nativo y viviendas.
“Estoy muy preocupada por la comunidad. Estoy destrozada. Estuvieron trabajando gente de la Municipalidad. Abrieron caminos y echaron árboles nativos, nuestra medicina natural. Derribaron árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos vieron cómo tiraban árboles de naranja, limones, palta y otras plantas que todos los años nos daban frutos”, denunció Itatí Brizuela, integrante de la comunidad Chapa’í, que explicó que detrás del despojo están las inmobiliarias de la zona.
De las 180 hectáreas que reivindica la comunidad, la Municipalidad planea dejarle sólo trece. A cambio les promete servicios esenciales: agua potable, energía eléctrica y viviendas.
La comunidad lo denunció y frenó la avanzada. Pero el 6 de septiembre retornó la violencia. La periodista Alicia Rivas alertó: “Continúa el avasallamiento del territorio de la comunidad de Chapa’í.
Esta mañana volvieron a quemar las raíces de los árboles, prendieron gomas para volver más cruel el atropello, motosierras y cubiertas encendidas a plena luz del día, pegadito a las casas de las familias. Impotencia por un lado, pura impunidad por el otro”.
En Jujuy, la organización de Pueblo Indígenas del NOA (Opinoa), denunció el intento de asesinato del cacique del pueblo ocloya Néstor Jerez, de la comunidad Tilquiza (a veinte kilómetros de San Salvador de Jujuy). Acusaron a los privados Ariel Amaranto y Daniel Verzini de intentar atropellar a Jerez y luego dispararle con un revólver. “Te vamos hacer desaparecer como a (Santiago) Maldonado”, alertó la organización Opinoa que amenazaron al cacique.
“Lamentablemente estas situaciones se agravaron en el último año y medio, donde el Poder Judicial se tornó muy intransigente con los indígenas y no así con los usurpadores y terratenientes. Intentan instalar que la defensa de los territorios ancestrales tiene relación con el terrorismo; esto suena como un plan sistemático de desgaste de la causa de los pueblos originarios”, advirtieron las comunidades indígenas nucleadas en Opinoa.
En Corrientes, la comunidad guaraní Jahaveré enfrenta desde hace años un conflicto territorial con la estancia San Eugenio (de Kristine McDavitt, viuda del fallecido millonario Douglas Tompkins) que mantiene desde hace diez años un terraplén ilegal (incluso con sentencia judicial de demolición desde 2007) que perjudica a las familias campesinas e indígenas.
En julio pasado hubo inundaciones en la región y el terraplén agravó la situación. La comunidad guaraní trasladó sus animales a zonas altas y se reavivó el conflicto. También cuestionan el rol de la Fundación Conservation Land Trust (de McDavitt-Tompkins), que donó 150 mil hectáreas para la creación del Parque Nacional Iberá, pero con comunidades dentro.
“Hay un choque de dos visiones sobre qué es el territorio y la propiedad. Una responde a los intereses de una fundación norteamericana que quiere conservar paisajes sin gente. Y la otra a los últimos gauchos correntinos, verdaderos guaraníes del estero, que sólo quieren vivir en paz”, explicó Emilio Spataro, de la organización ecologista Guardianes del Iberá.
Las distintas comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén denuncian desde hace años el accionar de las petroleras, tanto por la contaminación como por la violación de derechos indígenas. Con el pacto Chevron-YPF (2013) en la formación Vaca Muerta se redobló la presión sobre los territorios.
Las comunidades mapuche exigen que se cumpla el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en leyes nacionales). Han bloqueado caminos, mantenido diálogo con el gobierno provincial (sin resultados positivos) y denunciaron la intromisión de Gendarmería Nacional en junio pasado, que avanzó sobre los mapuche para que YPF realice nuevos pozos petroleros.
La última avanzada sobre los mapuche fue desde el Poder Judicial. El juez de Neuquén Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Silva y solicitó la captura de seis integrante de la comunidad Campo Maripe. Los consideró en “rebeldía” por no asistir a una audiencia donde se los acusa de haber “usurpado” el territorio donde siempre vivieron.
“Desde que se firmó el pacto Chevron-YPF, hay más de 50 mapuche procesados en Neuquén por defender el territorio”, afirmó Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche.
Dos casos testigos de la criminalización indígena se dan en Formosa y Chubut. Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez, está detenido desde hace cinco meses por reclamar tierra, agua, salud y educación en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. “Es un preso político”, resumió Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, que visitó a Santillán en la cárcel.
Y Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof en Resistencia, está preso desde el 28 de junio.
Situación nacional
Amnistía Internacional Argentina presentó en 2015 un mapa de conflictos de comunidad indígenas (territorioindigena.com.ar). Contabilizó un piso de 183 casos. “Da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven los pueblos indígenas. Las comunidades exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, resaltó Amnistía.
Realizado de forma colaborativa junto a la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI), la Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Grupo Acceso Jurídico a la Tierra (Gajat) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), es de actualización permanente y ya llegó a 250 casos en 2017.
“Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza”, cuestionó Amnistía.
La relación es directa: a cuanto más avance extractivo (de la mano de empresas agropecuarias, petroleras, mineras y forestales, entre otras), mayor nivel de conflictividad y violación de derechos indígenas.
Senadores
En noviembre vence la Ley Nacional 26.160, muy conocido dentro del mundo indígena porque ordena relevar todos los territorios indígenas y frena las órdenes de desalojo.
Aprobada en 2006, su aplicación fue muy cuestionada por las propias organizaciones. Tanto en su implementación política (los relevamientos territoriales dependen del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sus pares provinciales) como judicial, con jueces y fiscales que pocas veces la aplicaron.
Según información oficial respecto a la Ley 26.160, existen 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). Sólo fueron relevados los territorios de 759 comunidades (49 % del total). De este porcentaje, sólo 459 comunidades cuentan con relevamiento finalizado.
Amnistía Internacional evalúa que durante 2017 se relevarán 150 comunidades, que representan sólo el 10 % del total. “Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que aún no han atravesado ningún proceso de relevamiento y a las 303 comunidades que aún no lo han concluido. En conclusión, al menos 926 comunidades, el 60 %, quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio”, alertó el organismo.
El jueves 7 de septiembre, la Cámara de Senadores tenía la posibilidad de votar la prórroga de la Ley 26.160, en beneficio de los pueblos indígenas. El tratamiento fue propuesto por los senadores Pino Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI). Los bloques del oficialismo (PRO y UCR) y la oposición (tanto el PJ como el Frente Para la Victoria) rechazaron votar la prórroga.
De esta forma, 33 senadores de diversos partidos se negaron a tratar el proyecto y diez se abstuvieron. Sólo once votaron en línea con los pedidos de los pueblos indígenas. Los ocho de la UCR y los seis del PRO votaron por la negativa.
Entre los que votaron por el “no” figuran: José Alperovich, Walter Barrionuevo, Julio Cobos, Rodoldo Urtubey, Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, Luis Naidenoff, Angel Rozas, Omar Perotti y María Laura Leguizamón. Por la abstención (que funcionó como una negativa a tratar la ley) estuvieron Juan Manuel Abal Medina, Hilda Aguirre, Mirtha Luna y Alfredo Luenzo.
Aún con críticas a la implementación, existe consenso indígena en que la ley debe ser prorrogada. Es un paraguas ante la avanzada empresaria sobre los territorios indígenas. No hay dudas: es mejor que esté la ley, a que no esté. Pero los senadores nacionales se resisten a que siga existiendo la ley.
Desaparecer
Adolfo Pérez Esquivel acompaña la lucha de los pueblos indígenas desde hace décadas. El 3 de septiembre emitió un comunicado titulado “pueblos originarios, de víctimas a victimarios”. Enumeró las leyes que benefician a las comunidades indígenas y que no se cumplen. Recordó que Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un reclamo territorial del pueblo mapuche y cuestionó al actual gobierno (y a los anteriores).
“Los pueblos originarios soportan desde hace décadas la violencia social y estructural. Y tanto el gobierno actual, como los que le precedieron, en lugar de buscar soluciones y respetar sus derechos, responden con represión”, cuestionó el Nobel de la Paz.
También denunció “la campaña de descrédito y mentiras que cuenta con la complicidad de grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, de jueces cómplices, de funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes, como Benetton, Lewis y Turner”.
Marcos Pastrana, diaguita de Tucumán, repudió el accionar de los senadores (al negarse a prorrogar la Ley 26.160) y también cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo y de los grandes medios de comunicación “que llaman terroristas” a los indígenas que luchan por sus derechos.
En un audio que circuló entre comunidades indígenas de todo el país, Pastrana resumió el pasado y presente de la clase dirigente y del Estado para con los pueblos originarios: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios, son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes (...) La política del Estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas”.
La Izquierda Diario
La larga mano de Wall Street ahoga la regulación de la marihuana en Uruguay
Los bancos estadounidenses rechazan trabajar con
instituciones financieras que acepten “dinero proveniente del comercio
de drogas”, bloqueando económicamente a farmacias y distribuidores que
se adhieran al sistema de legalización uruguayo.
Un hombre muestra un sobre con marihuana comprada en una farmacia de Montevideo /AFP (MIGUEL ROJO)
Cuando en 2014 comenzó a implementarse lo que se conocería como “la experiencia uruguaya de legalización de la marihuana”,
un sistema por el cual se regula -bajo control del Estado- toda la
cadena del cannabis, desde su cultivo hasta su consumo con fines
recreativos y medicinales y sus utilizaciones industriales, los agoreros
enumeraron varias “razones” por las cuales la iniciativa estaría
condenada al fracaso. La más recurrente fue la invocación de fantasmas
similares a los convocados cuando un par de años antes se despenalizó el
aborto: que el consumo de “la hierba” se dispararía y que el pequeño
Uruguay sería poco menos que invadido por “turistas canábicos”
provenientes al menos de los países vecinos y por jóvenes barbudos y
desarrapados que zigzaguearían por las calles causando “problemas de
seguridad”.
Nadie pensó en ese momento que las cosas podrían complicarse, al punto de poner en riesgo todo el andamiaje,
por otro factor: la presión del sistema financiero internacional. En
claro: la presión de los bancos estadounidenses. Es lo que está
ocurriendo en estos momentos.
Nadie pensó en ese momento que las cosas podrían complicarse por otro factor: la presión de los bancos estadounidenses
La
cosa es así. El sistema uruguayo prevé tres modalidades por las cuales
los residentes en el país pueden acceder a un máximo de 40 gramos
mensuales de cannabis para consumo personal: por autocultivo “a
domicilio” (un máximo de seis plantas por vivienda), por pertenencia a
clubes de membresía de hasta 45 integrantes, o adquiriéndola en
farmacias previa inscripción en un registro. Esta última vía es la que
amenaza con dislocar el conjunto.
La posibilidad de comprar la marihuana en farmacias
se hizo realidad a mediados del pasado julio. Fueron necesarios 43
meses de discusiones entre el estatal Instituto de Regulación y Control
del Cannabis (IRCCA) y las asociaciones profesionales de farmacéuticos y
las cadenas comerciales para que todo quedara listo el día 19. Ese día,
las 16 farmacias que aceptaron sumarse como pioneras al sistema y
colgar un cartel en el que se podía leer “Aquí se vende marihuana” se
hicieron internacionalmente famosas: publicaciones de varios países
enviaron fotógrafos para captar cómo sería ese momento en el que los
primeros de los casi 6.000 inscritos en el registro abierto en el Correo
Uruguayo tiempo antes se irían de esos “templos de la salud” tras pagar
el equivalente a 5,7 euros por sus bolsitas de cinco gramos de cannabis
producido por privados en fincas bajo vigilancia estatal.
Se distribuyeron dos variedades de “flores de
cannabis envasadas en estado natural, desecadas, sin moler ni prensar”:
la Alfa I, con 7% de CBD (Cannabidiol) y “efectos psicoactivos que se
manifiestan principalmente a nivel físico”; y la Beta I, con 6% de CBD y
“efectos principalmente a nivel cerebral”. Al menos en las cuatro
heroicas farmacias de la capital que se adhirieron a la iniciativa las
existencias se agotaron en pocas horas.
En las cuatro heroicas farmacias de la capital que se adhirieron a la iniciativa las existencias se agotaron en pocas horas
El
reaprovisionamiento de los locales se demoró, y fueron habituales los
fallos en los lectores de huellas digitales que identifican a los
usuarios registrados. Pero nada del otro mundo. Todo se fue solucionando
y no hubo ningún problema de seguridad, ni siquiera en una pequeña
farmacia instalada en medio de una zona de Montevideo en la que campea
el tráfico y el consumo de drogas duras.
A tal punto la cosa fue relativamente bien, que en pocos días el número de usuarios registrados casi se duplicó, a unos 11.000, y hoy superan los 13.000.
Crecieron también los clubes cannábicos y el total de cultivadores
domésticos. A comienzos de septiembre, más de 24.000 personas, de las
55.000 que se estima consumen habitualmente marihuana en este país de
3,4 millones de habitantes, habían ya optado por una de las tres vías de
acceso al “cannabis legal”.
“Logramos sacarlas de las garras del
narcotráfico, uno de los objetivos principales de la ley de regulación,
junto con un enfoque de reducción de daños, de derechos humanos y de
diálogo con la sociedad civil”, dijo entonces el ex secretario de la
Junta Nacional de Drogas Milton Romani, padre putativo de la ley
uruguaya.
Y en eso llegó el Tío Sam
El primero fue el Banco Santander. Luego
siguieron otras instituciones privadas y finalmente fue el estatal Banco
de la República Oriental del Uruguay (BROU) el que echó todo por la
borda y comunicó a las farmacias que habían decidido vender marihuana
que ya no podrían tener cuentas en ningún banco. El aviso llegaba
después de que el Bank of America advirtiera que la normativa federal
impedía a las entidades bancarias estadounidenses operar con cualquier
institución financiera de cualquier país que aceptara “dinero
proveniente del comercio de drogas”.
Las farmacias que habían decidido vender marihuana ya no podrían tener cuentas en ningún banco
El
Banco Central uruguayo intentó convencer a la Reserva Federal de que el
sistema del país apuntaba justamente a combatir al narcotráfico, que
los controles sobre la cristalinidad de las operaciones con la marihuana
eran totales, que el propio Estado los ejercía, etcétera, etcétera,
pero no hubo manera.
De inmediato se retiró una farmacia de
Montevideo, luego cuatro del interior del país y se difundió que la
mayoría de las otras 20 que estaban observando cómo evolucionaba la
situación habrían desistido de incorporarse al dispositivo. Peor aún:
empresas privadas que habían invertido en el cultivo de marihuana y en
la investigación para desarrollar productos medicinales a partir del
cannabis anunciaron que podrían abandonar el negocio e incluso hacerle
millonarios juicios al Estado.
El tema repercutió en el propio Frente
Amplio, la coalición de centroizquierda que gobierna Uruguay: mientras
el equipo económico del gobierno, federado en torno al muy moderado
Danilo Astori, puso el acento en que “el país no puede quedar por fuera del sistema financiero internacional”
y debe resignarse en última instancia a aceptar lo impuesto desde
Washington, sectores como el liderado por el ex presidente José Mujica,
bajo cuya administración se aprobó la ley de regulación de la marihuana,
y otros, dijeron que lo que está en juego es “sobre todo el respeto por la soberanía nacional”.
“No podemos quedar rehenes de legislaciones de otros países”
“Es insólito que bancos como los estadounidenses, que lavan dinero de narcotraficantes, evasores de impuestos y otros delincuentes, o el Santander, multado por lavado en Argentina y Brasil, evoquen
la lucha contra el narco para considerar ‘tóxico’ al sistema financiero
uruguayo por hacer lo que ellos dicen que hacen pero no hacen”,
afirmó Milton Romani. “No podemos esperar hasta que Estados Unidos
cambie sus leyes, bajo presión de los estados que ya han legalizado la
marihuana. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Cómo hacía el Uruguay soberano
para cumplir sus compromisos comerciales con Irán o con Cuba cuando
estos países sufrían restricciones de parte de Estados Unidos? En los
peores momentos, les mandamos arroz”.
“No podemos quedar rehenes de legislaciones
de otros países”, declaró otro ex presidente de la Junta Nacional de
Drogas, Julio Calzada, mientras organizaciones sociales de todo tenor,
incluida la central sindical única PIT-CNT, se movilizaron para exigir
al Poder Ejecutivo que tome medidas para “asegurar el respeto a los
derechos y libertades constitucionales”. Mujica amenazó a su vez al
gobierno con que si “la burocracia financiera” no ofrece opciones de
financiación por fuera de los bancos bloqueará, a través de los legisladores que le responden, la aprobación de leyes.
Un viaje
La semana pasada el presidente del Banco
Central y el prosecretario de la Presidencia viajaron a Estados Unidos
para intentar destrabar la comercialización de marihuana regulada en
Uruguay -toda una paradoja: ir a Washington para poder aplicar una ley
uruguaya-. “Logramos sensibilizar a las autoridades sobre la seriedad del sistema uruguayo”,
dijo el prosecretario Juan Andrés Roballo, que también preside la Junta
Nacional de Drogas. Pero no hubo solución. Lo mismo que sucede en
Uruguay sucede en Estados Unidos: los establecimientos que venden
marihuana en los estados que la legalizaron no pueden interactuar con el
sistema financiero internacional, explicó. Como el mercado
estadounidense es gigantesco, pueden usar formatos de banca local y
“encapsular” la venta de marihuana no medicinal, dijo.
Lo que está estudiando ahora el gobierno
uruguayo es habilitar establecimientos dedicados exclusivamente a la
comercialización de cannabis, en las mismas condiciones de seguridad y
control de calidad y sanitario que las farmacias, “más adaptables a un funcionamiento con dinero en efectivo”.
Sería provisional. “Uruguay seguirá trabajando con el sistema
financiero para demostrar la seriedad del país, el riesgo bajísimo de
que haya lavado de activos, narcotráfico o financiamiento de terrorismo,
porque el objetivo es que todo esto se haga a través de los bancos”,
insistió Roballo. Días atrás, Sebastián Sabini, uno de los legisladores
del Movimiento de Participación Popular, el sector del Frente Amplio
que lidera José Mujica, había llamado a “pensar en grande” para impedir
que “se derogue indirectamente la ley bajo presión extranjera. Debe
haber voluntad política para solucionar este problema. Nos miran de todo
el mundo”.
Central sindical. Analizan paro parcial: PIT-CNT define el miércoles 27 plan de movilización
En este encuentro los representantes de los sindicatos únicos y federaciones definirán el plan de acción que pondrán en marcha en el corto plazo y que culminará a fin del presente año. Se debe recordar que la reunión estaba prevista para el viernes pasado, 15 de setiembre. Ante la solicitud de varios gremios que desarrollaban ese día una amplia movilización en defensa de la industria se resolvió postergar la discusión.
Advierte el Secretariado Ejecutivo que antes del desarrollo de la MRNA, “todos aquellos sindicatos que mantengan deuda de cotización con el PIT-CNT, deberán ponerse al día con sus aportes, mediante la cancelación de la deuda y/o firma de un convenio de refinanciación el cual no podrá exceder la fecha limitante del mes de junio de 2018. De lo contrario se aplicara el Estatuto que en su “Capítulo XIV de las Finanzas” en su Art. 53, inciso g) dice expresamente. “La filial que se retrase más de tres meses en sus aportes, tendrá suspendidos sus derechos frente a la CNT; salvo en los casos debidamente justificados, a criterio de la Mesa Representativa, la Mesa Representativa Nacional Ampliada o el Congreso”.
El documento en discusión definirá la estrategia para rechazar el “proyecto de restauración conservadora” que se viene instalando en la región y que apunta a imponerse en el Uruguay. Para el PIT-CNT es imprescindible “seguir avanzando en los cambios”.
Se establece en el material que las “contradicciones en Uruguay” son parte de la “agudización de la lucha entre diferentes proyectos de país: de un lado el proyecto de restauración conservadora que implicaría una perspectiva de retroceso en conquistas históricas para los trabajadores, el éxito de esta estrategia ubicaría a nuestro país a tono con las tendencias continentales. El papel más activo de las clases dominantes se refleja tanto en la queja patronal contra la ley de negociación colectiva en la OIT, el planteo de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) de traer a nuestro país la reforma laboral brasilera y un papel mucho más dinámico de la derecha marcando la agenda nacional”.
Entre las propuestas que se proponen están la “recolección de firmas en apoyo a la ley de empleo para personas con alguna discapacidad como forma de iniciar un proceso para la aprobación de dicha ley y las leyes mencionadas más arriba. Del mismo modo se planificara la llegada de los gremios al parlamento como forma de avanzar en la aprobación de los proyectos de ley que hacen parte de nuestra plataforma”.
Además se propone el desarrollo de una gran movilización nacional para el jueves 5 de octubre con los objetivos de plataforma propuesta. Sus características serán en el área metropolitana con paro de 9 a 13 horas. Cada plenario departamental mencionará en la MRNA como se desarrollará ese día la movilización en cada lugar. Este proceso se desarrollará en el cuadro de asambleas en los lugares de trabajo, montaje de todos los comités zonales en el área metropolitana, la instalación de la Mesa de Montevideo, o al menos el desarrollo de una primer convocatoria a los efectos de instalarla, la campaña de recolección de firmas por la ley de empleo para personas con discapacidad y las jornadas de visita al parlamento”.
Para el jueves 16 de noviembre se impulsa el desarrollo de otra movilización con paro de 9 a 13 en el área metropolitana. La cual se realizará en el marco de la Jornada Continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo en que el movimiento obrero y popular uruguayo será honrado con la visita de miles de representantes del movimiento popular de toda América Latina”.
