EE.UU.: Disturbios en protesta antirracista en Saint Louis
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sábado, 16 sep 2017
10:28 LA JORNADA
No hemos avanzado desde Ferguson, lamentaron los manifestantes en Saint Louis, Misuri. Foto Afp
St. Louis.
La Policía lanzó gas lacrimógeno y disparó balines de goma este sábado
durante enfrentamientos con manifestantes en St. Louis, Estados Unidos,
luego de que un juez de Misuri exoneró a un expolicía blanco de la
muerte en 2011 de un sospechoso afroestadunidense.
Los pacíficos actos de protesta se volvieron
violentos luego de que la Policía se enfrentó a un pequeño grupo de
manifestantes en St. Louis. Los incidentes se producen a tres años de
que la muerte de otro hombre afroestadunidense en el cercano suburbio de
Ferguson provocó debates e ira en todo el país.
La policía lanzó lacrimógenas a las personas
que rompieron las ventanas de varios locales y que arrojaron botellas
de agua a los agentes. Los manifestantes tiraron piedras y pintura a la
casa de la alcaldesa, indicó el Jefe de Policía en funciones, Lawrence
O'Toole, agregando que 10 agentes resultaron heridos y que se arrestó a
23 personas.
La indignación estalló tras el fallo del
viernes, que juzgó al expolicía Jason Stockley no culpable del cargo de
asesinato en primer grado en la muerte de Anthony Lamar Smith, de 24
años.
"Estoy triste, herido, estoy furioso", dijo
el reverendo Clinton Stancil de la Wayman AME Church in St. Louis. "No
hemos logrado ningún avance desde Ferguson, eso está claro. Los policías
todavía pueden matarnos con impunidad".
Ferguson se convirtió en el centro del
debate en Estados Unidos sobre las relaciones raciales luego de la
exoneración del oficial de policía blanco Darren Wilson, quien disparó y
mató al adolescente afroestadunidense Michael Brown el 9 de agosto de
2014. Las manifestaciones dieron vida al movimiento Black Lives Matter (La vida de los afrodescendientes importa).
Smith fue baleado cinco veces en su auto
cuando trataba de huir de Stockley y su compañero el 20 de diciembre de
2011, tras una presunta transacción de drogas, según autoridades.
Durante la persecución se escuchó a Stockley decir en un video interno
del auto policial que iba a matar a Smith, dijo la fiscalía.
Según documentos judiciales, el otro policía
chocó el auto de Smith y entonces Stockley se acercó al auto del
sospechoso y disparó con su arma de servicio. La defensa dijo que creía
que Smith iba armado, pero fiscales dijeron que Stockley plantó el arma,
que sólo tenía ADN del expolicía.
Conflicto racial: Disturbios en San Luis por la absolución de un expolicía que mató a un joven negro
Fue precisamente en un suburbio de esta ciudad
estadounidense donde en 2014 empezó una ola de disturbios raciales en
todo el país después de que un policía blanco matase al joven
afroamericano Michael Brown y fuera también absuelto, convertido en
símbolo del movimiento 'Black Lives Matter'.
Un manifestante se encara con agentes de la Policía en San Luis (EEUU). | WHITNEY CURTIS (EFE)
Dos agentes de la
Policía de San Luis (Misuri, EEUU) resultaron heridos la madrugada del
viernes al sábado, uno de consideración por un ladrillazo, tras las
violentas protestas que tuvieron lugar en la ciudad por la absolución el
viernes de un expolicía que mató a un joven negro.
En lo que parece un nuevo caso de discriminación racial, la comunidad negra de la ciudad estalló y su protesta llegó hasta la casa de la alcaldesa de San Luis, la demócrata Lyda Krewson, donde los manifestantes rompieron una ventana y lanzaron pintura antes de ser dispersados por la Policía.
Los manifestantes protestaban por la decisión de un tribunal de Misuri de absolver de asesinato en primer grado al expolicía Jason Stockley, que en 2011 mató a un joven afroamericano, lo que calentó los ánimos de una ciudad con otros casos de violencia policial.
El juez consideró a Sotckley no culpable de
los cargos de los que se le acusaba y en el veredicto dictaminó que la
muerte a tiros del joven Anthony Lamar Smith se debió a su "conducta
peligrosa".
Fue precisamente en un suburbio de San Luis, Ferguson, donde en 2014 empezó una ola de disturbios raciales en todo el país después de que un policía blanco matase al joven afroamericano Michael Brown y fuera también absuelto, convertido en símbolo del movimiento Black Lives Matter.
Se contabilizan 10 policías heridos luego de protestas en St. Louis, EEUU
Foto: Reuters.
El Departamento de Policía de ese territorio explicó hoy que los arrestos se produjeron luego que manifestantes bloquearan carreteras, dañaran propiedades públicas y privadas, rompieran ventanas, arrojaran piedras a la casa del alcalde y lanzaran ladrillos a los policías, que respondieron dispersando gases lacrimógenos.
La Policía Metropolitana de St. Louis precisó que 10 oficiales resultaron heridos -9 agentes del Departamento de Policía de St. Louis y un oficial de la Patrulla de Carreteras de Missouri-, dos de los cuales fueron trasladados a un hospital con lesiones sufridas después de ser golpeados por un ladrillo.
(Con información de ANSA)
Noticias Internacionales Independientes
Tras el paso de Irma, analizamos porqué los cubanos tienen quince veces menos probabilidades de morir durante un huracán que los estadounidenses
12 de septiembre de 2017
Una
de las islas caribeñas más afectadas por el huracán Irma fue Cuba,
donde diez personas murieron. Irma se abatió sobre la costa norte de
Cuba como una tormenta de categoría cinco. Fue el peor huracán en dicho
país desde el año 2005, cuando 16 personas murieron como consecuencia
del huracán Dennis. Hace mucho tiempo se considera a Cuba líder en
materia de preparación contra huracanes y recuperación. De acuerdo al
Centro para Políticas Internacionales, una persona tiene quince veces
más probabilidades de morir durante un huracán en Estados Unidos que en
Cuba. Mientras tanto, Cuba ya mandó más 750 trabajadores de la salud a
Antigua, Barbuda, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucía, Bahamas, República
Dominicana y Haití.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Elizabeth Newhouse. Newhouse es directora del Centro para Políticas Internacionales del Proyecto Cuba. Newhouse llevó a numerosas delegaciones de Estados Unidos a Cuba, para que vean cómo los cubanos se preparan para casos de desastre.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Elizabeth Newhouse. Newhouse es directora del Centro para Políticas Internacionales del Proyecto Cuba. Newhouse llevó a numerosas delegaciones de Estados Unidos a Cuba, para que vean cómo los cubanos se preparan para casos de desastre.
Medidas de austeridad, desinversión e Irma: Juan González habla de porqué 300 mil puertorriqueños están sin energía eléctrica
12 de septiembre de 2017
Brock Long, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA),
viaja hoy a Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, para evaluar
de primera mano el daño causado por el huracán Irma. En Puerto Rico, 300
mil personas siguen sin energía eléctrica, a pesar de que la isla fue
apenas afectada por la tormenta. Las autoridades advirtieron que partes
de Puerto Rico podrían quedar sin electricidad por un período de hasta
seis meses, en parte debido a la crisis económica de la isla.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Juan González. González explica de qué modo las medidas de austeridad y desinversión impuestas por Estados Unidos contribuyen a la crisis eléctrica tras el paso de Irma.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Juan González. González explica de qué modo las medidas de austeridad y desinversión impuestas por Estados Unidos contribuyen a la crisis eléctrica tras el paso de Irma.
Una tormenta de silencio: según un estudio los medios de comunicación ignoran en gran parte el vínculo entre los huracanes y el cambio climático
12 de septiembre de 2017
“Una
tormenta de silencio” es el título de un nuevo informe realizado por la
organización de control ciudadano Public Citizen. En el informe se
analiza cómo los medios de comunicación no debatieron acerca del cambio
climático en la amplia cobertura del huracán. Si bien todas las redes de
televisión comentaban la magnitud del huracán Harvey y “las condiciones
climáticas extremas”, virtualmente nadie explicó cómo las mayores
temperaturas oceánicas provocan vientos más fuertes, cómo el aire más
cálido genera más precipitaciones y cómo el aumento del nivel del mar
exacerba el surgimiento de tormentas. El informe examinó la cobertura
del huracán Harvey realizada por dieciocho fuentes de noticias. Se
analizaron diez periódicos importantes, tres revistas de noticias
semanales y la programación nacional de las cadenas ABC, CBS, NBC, CNN
y Fox News durante ocho días de cobertura periodística del huracán
Harvey. En el informe se llega a la conclusión que “Muchos medios en
gran medida no analizaron el tema [del cambio climático] o no cubrieron
aspectos importantes de este... Dos de las tres cadenas de noticias
principales, ABC, y NBC, no mencionaron el cambio climático para nada en el contexto del huracán Harvey.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos a David Arkush. Arkush es director ejecutivo del programa de cambio climático de la organización Public Citizen.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos a David Arkush. Arkush es director ejecutivo del programa de cambio climático de la organización Public Citizen.
Informe especial: cómo las redes descentralizadas de ayuda mutua están colaborando en la recuperación de Houston tras el paso de Harvey
12 de septiembre de 2017
Cerramos
el programa de hoy en Houston, Texas, dos semanas después de que el
paso del huracán Harvey causara una histórica inundación e hiciera que
residentes se coordinen entre sí en el rescate de miles de personas que
quedaron varadas, cuando los funcionarios se vieron desbordados. Ahora,
el espíritu voluntario y de ayuda mutua continúa tras la tormenta.
Para saber más de este tema, puede ve un informe (en inglés) de Renée Feltz. Feltz comenta cuántos residentes de Houston formaron redes descentralizadas para limpiar las casas inundadas, alimentar a miles de personas que perdieron todo y ofrecer una muy necesaria asesoría.
Para saber más de este tema, puede ve un informe (en inglés) de Renée Feltz. Feltz comenta cuántos residentes de Houston formaron redes descentralizadas para limpiar las casas inundadas, alimentar a miles de personas que perdieron todo y ofrecer una muy necesaria asesoría.
Noticias Internacionales Independientes
Trump y su huracán de odio
08 de septiembre de 2017
Como si el huracán Harvey no hubiera causado suficiente temor en Texas, el presidente Donald Trump acaba de desencadenar una tormenta de miedo en las comunidades inmigrantes de todo el país.
El martes, el fiscal general Jeff Sessions anunció que Trump va a cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que otorga a casi 800.000 jóvenes inmigrantes permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos. El presidente Barack Obama implementó este programa en 2012 tras casi una década de protestas por parte de jóvenes indocumentados que instaban al Congreso a aprobar la ley conocida como DREAM Act, que otorgaría un estatus legal permanente a muchos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en la infancia. El presidente Obama calificó el ataque de Trump contra el programa DACA de “autodestructivo” y “cruel”.
El alcalde de Boston, Marty Walsh, declaró a la Casa Blanca: “Puedo decirle lo siguiente a la Casa Blanca de forma honesta: no los queremos aquí en Boston. No queremos nada que sea parte de ustedes en Boston. Nos las estamos arreglando perfectamente sin ustedes. Considero lamentable el mensaje que están enviando el presidente y el fiscal general de Estados Unidos a tantos jóvenes virtuosos”. Houston alberga a unos 85.000 beneficiarios del DACA, también conocidos como “soñadores”, o “DREAMers” en inglés. A nivel nacional, el 95% de los DREAMers trabaja o estudia. La orden de Trump implica que los beneficiarios del DACA –a quienes Trump afirma “amar”– podrían ser deportados a partir de marzo. Esto ha provocado una gran conmoción en toda la comunidad latina. Dado que los latinos comprenden casi la mitad de la población de Houston, ¿quién va a poner el trabajo, las habilidades y el dinero para reconstruir la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos tras la devastación que dejó el huracán? El beneficiario del DACA Cesar Espinosa se transformó en un héroe tras el huracán Harvey. Es el director ejecutivo de FIEL, una organización sin fines de lucro con sede en Houston que durante la tormenta fue puerta a puerta alentando a los habitantes latinos, que temían tanto a la tormenta como a la policía de inmigración, a salir de sus hogares inundados y buscar ayuda. Espinosa dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Acabamos de sufrir uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos, y [Trump] decide llevar a cabo la medida en este momento. ¿Por qué?”.
Espinosa, que llegó a Estados Unidos junto con sus padres hace 25 años, cuando tenía tan solo seis años de edad, dio la respuesta a su pregunta: “Cada vez que el presidente Trump vive un fracaso, vuelve al tema de la inmigración para desviar la atención y obtener más apoyo a su favor. Así que le pedimos que se deje de juegos, específicamente con la comunidad DREAMer, pero también con la comunidad de inmigrantes en general. Porque no somos un juguete. Somos seres humanos, tenemos derechos humanos y merecemos estar aquí junto con nuestras familias”.
El fin de semana pasado viajamos a Houston para ver de cerca el impacto del huracán Harvey. Rápidamente nos quedó claro que estábamos presenciando las consecuencias de dos catástrofes gemelas: el cambio climático y el racismo. En la acera de enfrente de la refinería de Exxon Mobil en Baytown, la segunda refinería de petróleo más grande de Estados Unidos, hablamos con Carlos Caban, pastor del Templo Emanuel: “Esta es una comunidad de personas con ingresos realmente bajos. Esta casa estaba con agua hasta aquí, hasta las luces traseras de su vehículo”. El pastor Caban señaló a los sobrevivientes de la inundación que se encontraban en su iglesia realizando tareas de recepción y distribución de agua y vestimenta, y nos mostró fotos de la filtración de productos químicos de la refinería a los ríos de agua que inundaron las calles y las casas de la población. Le preguntamos también sobre las chimeneas de la planta, que siguieron quemando químicos incluso durante la tormenta, y que es lo más preocupante de esas llamas. El pastor Caban nos respondió: “El benceno que, como sabemos, es un carcinógeno. Y el benceno es un aditivo para la gasolina y el diésel. Y es un subproducto de lo que hacen en la refinería. Es una de las peores cosas que se pueda imaginar”. Gracias a las exenciones concedidas por la Agencia de Protección Ambiental, en las chimeneas de las refinerías se siguen quemando los productos químicos de la planta, que permanece temporalmente cerrada. En todo el estado de Texas, uno de los más desregulados, las comunidades pobres viven bajo la sombra tóxica de la industria petroquímica.
El pastor Caban indicó que muchos habitantes latinos permanecieron en sus casas a pesar de las inundaciones y el moho: “Tienen miedo de salir a buscar ayuda. Algunos piensan que [los agentes de] inmigración los van a capturar”. Estos temores están justificados: estaba previsto que Texas prohibiera oficialmente las “ciudades refugio” a partir del 1 de septiembre, con amenazas de sanciones penales y multas a los jefes de policía y autoridades municipales en caso de que no quisieran cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En medio del caos generado por el huracán Harvey, dos días antes de que entrara en vigor la nueva ley, un juez federal la bloqueó provisoriamente.
El pastor Caban declaró a Democracy Now! que su comunidad no había recibido la visita de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ni de la Cruz Roja. ¿Se sentía olvidado? Su respuesta fue que sí.
Volvimos a Houston para entrevistar al Dr. Robert Bullard, que acababa de volver a su casa tras haber tenido que evacuarla. Bullard, distinguido profesor de Universidad del Sur de Texas, una universidad históricamente negra, es conocido por ser fundador del movimiento por la justicia ambiental. El académico explicó: “Cuando observamos el color de la vulnerabilidad y observamos qué comunidades son las que presentan un mayor riesgo de sufrir desastres e inundaciones como estos, históricamente han sido comunidades de bajos ingresos y comunidades de color. Comunidades que viven en zonas de baja altitud, con mayor probabilidad de inundarse, y es muy difícil obtener seguro; no solo seguro por inundaciones, sino cualquier seguro común, por ser zonas calificadas como de riesgo. Por lo tanto, lo que Harvey ha hecho es exponer esas desigualdades que ya existían antes de la tormenta”.
Al señalar que ni el presidente Trump ni el gobernador de Texas, Greg Abbott, creen en la ciencia del clima, Bullard observó con ironía: “Nos encontramos en un estado de negación llamado Texas”. Frente a la oposición nacional a la rescisión del programa DACA, Trump dijo que podría “reconsiderar el tema” en seis meses. Muchos temen que intente obligar al Congreso a vincular el pago de su muro fronterizo con el futuro de los 800.000 DREAMers.
La única forma de hacer que Trump dé marcha atrás es enfrentarlo a una gran presión popular. Dolores Huerta, activista por los derechos civiles de larga trayectoria, dijo en Democracy Now!: “El muro que tenemos que construir es el muro de la resistencia”.
© 2017 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Elecciones en Alemania: El candidato ultraderechista a canciller pide a los alemanes estar "orgullosos" de lo que hicieron los nazis
"Si los franceses con razón están orgullosos de sus
emperadores y los británicos de Nelson y Churchill; entonces tenemos
nosotros el derecho de estar orgullosos del rendimiento de los soldados
alemanes en las dos guerras mundiales", asegurá Alexander Gauland en un
vídeo
Alice Weidel y Alexander Gauland, líderes del partido ultraderechista AfD el pasado 21 de agosto de 2017 en Berlín. | REUTERS
El líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD)
y candidato a canciller en las elecciones del próximo 24 de septiembre,
Alexander Gauland, ha afirmado que los alemanes pueden estar "orgullosos" de lo que los soldados nazis hicieron durante la II Guerra Mundial, según ha trascendido hoy.
Sus declaraciones tuvieron lugar el 2 de
septiembre en un encuentro con políticos locales en el estado federado
de Turingia (este de Alemania), pero han sido divulgadas ahora por la
versión alemana del medio digital Buzzfeed.
"Si los franceses con razón están orgullosos
de sus emperadores y los británicos de Nelson y Churchill; entonces
tenemos nosotros el derecho de estar orgullosos del rendimiento de los
soldados alemanes en las dos guerras mundiales", asegura Gauland en un
vídeo de ese encuentro.
A su juicio, los alemanes han tratado ya en profundidad "los delitos de esos doce años", en relación al período nazi, desde la llegada de Adolf Hitler al poder al fin de la II Guerra Mundial (1933-1945).
El denominado Encuentro Kyffhäuser, un acto
que suele reunir al ala más a la derecha de AfD, fue organizado en esta
ocasión por el colectivo liderado por Björn Höcke, el político de esta
formación que llamó "monumento de la vergüenza" al que recuerda en Berlín a las víctimas del Holocausto.
El ministro de Justicia, el socialdemócrata
Heiko Maas, criticó las declaraciones de Gauland, y argumentó que quien
llama a sentirse "orgulloso" de los "crímenes" nazis, "no puede rechazar
que lo acusen de ultraderechista".
Estas declaraciones vienen a sumarse a otras
revelaciones difundidas en los últimos días y que afectan a candidatos
de AfD, como el caso del presunto correo electrónico enviado por la otra
candidata a la Cancillería, Alice Weidel.
En ese texto llamaba "cerdos" y "marionetas de las potencias vencedoras" a los miembros del Gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, y aludía en términos racistas a árabes y gitanos. EFE
"300 años de civilización en Barbuda fueron extinguidos por Irma"
Publicado: 15 sep 2017 22:48 GMT RT
Con 640 kilómetros de ancho, la tormenta
azotó por completo la isla y devastó el 95 % de su infraestructura.
Reconstruirla costará unos 300 millones de dólares, cantidad inaccesible
para la pequeña nación.
Gemma HANDY / AFP
"El daño es completo", declaró Sanders en el programa The Takeaway, de la emisora Public Radio International (PRI). "Por primera vez en 300 años, no hay una sola persona viva en la isla de Barbuda. Una civilización que ha existido allí por más de 300 años, se ha extinguido ahora".
El huracán Irma golpeó a Barbuda el 6 de septiembre, cuando como ciclón tropical ostentaba la categoría 5 o máxima. Con sus 640 kilómetros de ancho, la tormenta cubrió por completo la isla de 100 kilómetros cuadrados, la azotó con vientos de hasta 298 kilómetros por hora y dejó devastado el 95 % de su infraestructura.
"Este fue un enorme monstruo", añadió Sanders. "Ni la isla ni su gente tenían absolutamente ninguna posibilidad".
Los residentes fueron evacuados con tiempo a la vecina Antigua, donde todavía se alojan en refugios, en una medida que logró evitar enormes pérdidas humanas. Las únicas criaturas vivientes que ahora se encuentran allí son algunas mascotas y ganado que pudieron resistir. La organización World Animal Protection está tratando de alimentar y rescatar a los animales.
¿Es posible reconstruirla?
Sanders dijo a PRI que, según se estima, la reconstrucción podría costar 300 millones de dólares y tomará bastante tiempo. Y es que no será simple cuestión de reemplazar lo que alguna vez estuvo allí: la isla debe ser reconstituida de tal manera que pueda sobrevivir a otra Irma.
"Barbuda no va a ser reconstruida con prisas. Cuando la reconstruyamos, tendremos que hacerlo de acuerdo con los estándares de los huracanes masivos", dijo Sanders. "Esto va a tomar un tiempo. No hay allí electricidad, ya no hay agua potable, no hay estructura en la que la gente pueda sobrevivir. Tenemos una tarea gigantesca en nuestras manos".
El embajador pidió a la comunidad internacional que preste ayuda, porque Barbuda simplemente no tiene los recursos para enfrentar la gigantesca tarea. El PIB de la nación es de 1.400 millones de dólares, frente a, por ejemplo, los 20 billones de dólares de EE.UU.
Perú: El choque entre Kuczinsky y fujimoristas se cobra a todo el Ejecutivo peruano
Si el Parlamento reprueba dos gabinetes en una
legislatura, la Constitución peruana habilita al presidente a disolver
la cámara y convocar nuevas elecciones.
El
primer ministro de Perú, Fernando Zavala (d), da un discurso en el
hemiciclo del Congreso acompañado de sus ministros en Lima (Perú).
EFE/Ernesto Arias
La tensión entre el Congreso de Perú dominado por la oposición fujimorista y el Gobierno de Pedro Pablo Kuczinsky
estalló este viernes con la retirada de la confianza parlamentaria al
primer ministro Fernando Zavala y el gabinete, lo que obliga a su cese y
la formación de uno nuevo antes de 72 horas.
Tras un áspero debate, tan solo los 22
diputados del oficialista Peruanos por el Kambio y de Alianza para el
Progreso votaron a favor de mantener la confianza del primer ministro.
El resto de los 115 diputados presentes,
encabezados por los 71 del fujimorista Fuerza Popular, los más
beligerantes en contra del Ejecutivo y quienes anunciaron de antemano su
disposición a negar el apoyo a Zavala, negaron su apoyo al
Gobierno o se abstuvieron, dejando en evidencia la fractura entre los
poderes Legislativo y Ejecutivo del país.
La votación de este viernes, que abre una
crisis institucional que deberá saldarse con la formación de un nuevo
Ejecutivo en las próximas 72 horas, fue fruto de la decisión de Zavala de someter a todo su Gobierno a un voto de confianza antes que permitir que la cámara censurara a la hasta ahora ministra de Educación, Marilú Martens.
De haber sido censurada, hubiera sido el cuarto ministro y el segundo de Educación en ser cesado por presión parlamentaria en menos de un año.
El antecesor de Martens, Jaime Saavedra,
fue censurado en diciembre pasado con los votos mayoritarios de Fuerza
Popular y en junio pasado también debió renunciar el anterior ministro
de Economía, Alfredo Thorne, tras perder el voto de confianza del
Legislativo.
Pendientes de la reprobación del Parlamento
El Congreso peruano también interpeló al
primer vicepresidente del país, Martín Vizcarra, quien luego renunció
como ministro de Transportes y Comunicaciones para evitar una censura
del fujimorismo y una mayor fractura entre Gobierno y Parlamento.
Cada uno de estas interpelaciones y censuras
estuvo acompañada por un cruce de acusaciones y amenazas veladas por
parte del Gobierno de escalar la crisis, si bien Kuczinsky siempre se
mantuvo en un cauce conciliador para intentar mantener buenas relaciones
con el fujimorismo, lo que también le valió muchas críticas de otros
sectores políticos, que lo acusaron de "ceder al chantaje".
Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori,
la hija mayor del expresidente encarcelado Alberto Fujimori y quien
fuera derrotada por escasos votos por Kuczinsky en las presidenciales de
2016, cuestionó desde un primer momento las políticas del Ejecutivo, rehén de su amplia mayoría parlamentaria.
Martens iba a ser censurada, según sus
críticos, por su mala gestión de la huelga de maestros, que dejó más de
dos meses sin clase a los alumnos peruanos, aunque para el Gobierno se
trataba más bien de una forma de liquidar la reforma educativa que
constituye uno de los pilares irrenunciables de su programa.
Con ese paso, Zavala obligó al parlamento
fujimorista a "quemar" una de sus dos posibilidades para censurar al
Gobierno, cuando este lleva poco más de un año en el poder.
Si el Parlamento reprueba dos gabinetes en
una legislatura, la Constitución peruana habilita al presidente a
disolver la cámara y convocar nuevas elecciones, una circunstancia que
solo perjudicaría a los fujimoristas, que pondrían en juego su mayoría
parlamentaria.
De hecho, este tema estuvo muy presente en el debate y varios diputados fujimoristas defendieron la censura afirmando que "no tienen miedo" de perder su escaño en una hipotética elección, al tiempo que insistieron en califica de "irresponsable" el paso dado por Zavala.
Según dijeron, la intención del Gobierno
con este paso es "intimidar" a los diputados para que no vuelvan a
interpelar a ningún ministro so pena de forzar unas elecciones
anticipadas.
El premier sin embargo se presentó ante el
Parlamento dolido por lo que consideró intentos de "querer socavar una
política de Estado fundamental, sobre la que los peruanos no queremos
retroceder".
"La calidad de la educación de nuestros
estudiantes está en juego, no pongamos en jaque ese futuro por
cuestiones coyunturales", anotó.
El jefe del gabinete añadió que "ahora es
responsabilidad del Congreso decidir si se le otorga o no" la confianza,
la cual pidió que se votara en el mismo porque "el país no puede
esperar".
Posibilidad de convocar elecciones anticipadas
Ahora la cuestión es cómo reconstruirá su
Ejecutivo el presidente y si podrá contar con alguno de los ministros
censurados en el mismo, aunque sea en otras carteras.
Ese nuevo gabinete si estaría, o al menos
así se espera, más protegido que el anterior, ya que el Congreso tendrá
que cuidarse más a la hora de presentar cuestiones de confianza.
A Kuczinsky le restan todavía cuatro años de Gobierno, y la posibilidad de que pueda convocar elecciones anticipadas es
ahora una opción real, por lo que esta gran crisis de gabinete podría
significar al mismo tiempo un alivio para el mandatario.
CATALUNYA
Referéndum del 1-O: El Gobierno interviene las cuentas de la Generalitat
El ministro de Hacienda asumirá la aprobación de los
presupuestos catalanes para garantizar que "ni un sólo euro" se destine a
pagar el "referéndum ilegal". Para ello, ha lanzado un ultimátum al
Govern de Puigdemont: si en 48 horas no informa de sus créditos
pendientes, el Ejecutivo central cerrará el grifo y los dejará sin
financiación
El
portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo (i), y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Ministros celebrada en el Complejo de La Moncloa. EFE/Ángel Díaz
Sin
querer dar "titulares". Así se presentó Cristóbal Montoro en la rueda
de prensa posterior al Consejo de Ministros que este viernes ha aprobado
un "novedoso mecanismo de control de pagos" que, en la práctica, supone una intervención de las cuentas de la Generalitat. El
titular de Hacienda no quiso llamarlo así, pero, "durante el tiempo que
dure esta situación de excepcionalidad", será él quien aprobará (o no)
los presupuestos catalanes.
Una vez la medida se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Govern de Carles Puigdemont tendrá 48 horas para adoptar el acuerdo de no disponibilidad impuesto desde Moncloa.
Es decir, deberá informar al Estado central del estado de todos sus
créditos pendientes no relacionados con los servicios básicos,
entendidos éstos como las nóminas de los funcionarios y los gastos de
sanidad, educación y servicios sociales. El objetivo es no sólo vigilar
sino impedir que la Generalitat libere "ningún tipo de pago que no esté
suficientemente acreditado". A partir de ahora, "todas las
operaciones de endeudamiento, incluidas las de a corto plazo, tienen que
ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda", explicó Montoro.
Esto es: Catalunya no podrá aprobar, por
ejemplo, la construcción de una nueva carretera sin permiso del Gobierno
central. Sí podrá, en cambio, terminar una que ya se encuentre empezada
si (y sólo si) acredita y certifica debidamente que el dinero
presupuestado para ello irá destinado directamente a la carretera y no a
"ninguna actividad relacionada con el proceso refrendario". Por ello,
también "todas las facturas de proveedores de servicios públicos
deberán presentarse y consultarse a través del punto general de entrada
de facturas económicas".
"No estamos sustituyendo competencias autonómicas y sí garantizando que ningún pago de esa Administración [la catalana] va a una actividad ilegal
o a actividades compatibles con los objetivos de estabilidad
presupuestaria", se excusó Montoro. Sin embargo, no negó -ni afirmó
tampoco- que se trate de una "intervención".
Es más, el acuerdo de no disponibilidad
incluye de forma velada un ultimátum. Si en las 48 horas transcurridas
desde que la medida entre en vigor, la Generalitat no ha informado al
Gobierno de su relación de "gastos comprometidos", el Ejecutivo central cerrará el grifo y los dejará sin financiación alguna. Siguiendo el ejemplo anterior, la carretera que estaba a medias, se quedará a medias.
Pese a todo, ello no afectará a las nóminas, servicios sanitarios, educativos y sociales ya que todos estos pagos sí estarán garantizados.
El dinero provendrá del presupuesto de financiación autonómica que ya
corresponde a la vomunidad catalana (es decir, ya es dinero catalán
liberado por el Ejecutivo central a través del FLA) y que Montoro cifró
en unos 1.400 millones al mes.
El
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa
posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Complejo
de La Moncloa. EFE/Ángel Díaz
"Todo el mundo va a cobrar en plazo",
quiso tranquilizar Montoro. El Estado ofrece seguridad ante la
incertidumbre que crean determinadas posiciones polítcas porque lo que
está en juego es el interés general de todos los catalanes, del conjunto
de los españoles, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la
defensa de la ley", mitineó después.
En cualquier caso, el titular de Hacienda
(que no informó de sus intenciones al resto de formaciones políticas, ni
siquiera a los constitucionalistas de PSOE y Ciudadanos) se
comprometió a comparecer en el Congreso la próxima semana para explicar
todas estas medidas al resto de los grupos. "Es un mecanismo nuevo, un
mecanismo especial de liquidez que sirve como respuesta del Gobierno en
términos de moderación y prudencia", le restó importancia.
Aunque sí reconoció que se trata de la
primera vez que el Ejecutivo central interviene así en las cuentas de
una Autonomía. "Estamos aplicando la disposición adicioinal primera de
la Ley de estabilidad presupuestaria que faculta al Gobierno a tomar
medidas excepcionales. Es una novedad en términos de intervención del
Estado que no se había hecho nunca y se hace ahora por la situación de
excepcionalidad que estamos viviendo", se justificó. "¿Y a quién le
molesta que le controlen que el gasto público que realiza se atiene a la
legalidad? Esto sigue siendo un control de legalidad y hay que
preguntarse a quién le molesta. ¿Qué quiere hacer con el presupuesto
público que no es capaz de informar del presupuesto empleado, qué está
pensando pagar? Lo que intentamos es evitar malas ideas", ironizó después.
No obstante, no quiso echar más leña al fuego y rechazó responder sobre la posibilidad de aplicar más medidas excepcionales en
caso de que el Govern de Carles Puigdemont decida no someterse a este
nuevo sistema de control de cuentas. "Estamos convencidos de que va a
cumplir. Entendemos que estas medidas van a ser eficaces, así que no nos
pongamos ya en el siguiente escenario", dijo rebajando el tono.
"Si les contamos los mecanismos novedosos,
ya no serían novedosos", espetó en cambio su compañero de mesa, el
portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo. Él prefirió dejar en el aire esa cuestión y la posibilidad de ir más allá de la intervención de las cuentas.
Por un lado, resumió el objetivo fundamental de la medida anunciada hoy
con el eslogan de Moncloa: "Ni un sólo euro de los presupuestos se
destinará a la celebración del referéndum ilegal". Por otro, volvió a
admitir que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no descarta "nada" ni renuncia
"a nada", ni siquiera llegar a aplicar el artículo 155 de la
Constitución.
(Habrá ampliación)
Referéndum 1-O: Cierre del gasto, control de pagos y aviso a los bancos, las medidas de Montoro en Catalunya
El Gobierno responde por esta vía, en una orden
ministerial y con la estabilidad presupuestaria como uno de los
argumentos base, a los movimientos de la Generalitat para llevar a cabo
el referéndum.
El
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa
posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Complejo
de La Moncloa. EFE/Ángel Díaz
El BOE de este
sábado recoge la orden ministerial que establece las medidas de control a
las cuentas de la Generalitat establecidas ayer por Cristobal Montoro,
ministro de Hacienda, para evitar que se destinen fondos públicos a financiar el referéndum de independencia
del próximo 1 de octubre. Firmada por la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos a propuesta del propio ministro, establece el control de
pagos, operaciones financieras y contrataciones, además de la
congelación del gasto en todos los apartados presupuestarios, excepto en aquellos destinados a mantener los servicios básicos.
El Gobierno responde por esta vía, en una
orden ministerial y con la estabilidad presupuestaria como uno de los
argumentos base, a los movimientos de la Generalitat para llevar a cabo
el referéndum. La decisión, según el propio texto, responde a la carta
de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, que escribió a
Montoro para anunciarle que la Generalitat dejaba de enviar los informes semanales de gasto que el Gobierno impuso a Catalunya en julio como medida de control.
Aunque recuerda la unidad de España establecida en la Constitución, la exposición de motivos se centra, sobre todo, en cuestiones financieras.
Según el texto, "en las últimas semanas se ha producido una escalada de
acontecimientos que ponen en riesgo el principio de coordinación de las
Haciendas Públicas, el de estabilidad presupuestaria y el de
sostenibilidad financiera, perjudicando gravemente el interés general y
poniendo en peligro el funcionamiento del sistema de financiación
autonómico en Catalunya". Y que la autonomía financiera termina donde
empieza la estabilidad financiera, a la que coloca por encima nombrando
el artículo 135 de la Constitución, reformado de forma exprés por PSOE, PP y UPN en 2011.
Además, argumenta que, al generar "dudas
sobre la voluntad del Gobierno de la Comunidad de atender los pagos de
la deuda pública", siendo la Hacienda estatal el principal acreedor, las
decisiones económicas de Catalunya son "una clara amenaza para el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública del conjunto del país".
Esta es la tercera orden de Hacienda para
controlar las cuentas catalanas y, un control que ha ido escalando desde
las probadas en noviembre de 2015 y el pasado mes de julio. Ahora, lo
que se ordena en este texto es un control casi total de pagos, gastos y financiación.
Si Puigdemont no firma el acuerdo de no disponibilidad, lo hará Montoro
La primera medida pasa por exigir a Carles
Puigdemont, presidente de la Generalitat, que firme un acuerdo de no
disponibilidad en 48 horas que suponga la prohibición de nuevos gastos,
excepto aquellos destinados a pagar los servicios públicos básicos y las
remuneraciones de los funcionarios. Si no lo hace, avisa la orden, será
el propio Montoro el que la firme.
Para los pagos sí permitidos, todas las
facturas que vayan con cargo a los fondos del sistema de financiación se
pagarán desde el Ministerio de Hacienda. Deberán contar con
certificados que acrediten que se destinan a asuntos que no incumplen la ley.
También se exigirá esa certificación a los contratos públicos, y se
advierte a las empresas adjudicatarias que deberán informar a Hacienda y
al Ministerio Fiscal, si fuera necesario, si son contratados para
servicios o suministros vinculados con el referéndum.
En cuanto al control financiero, la orden
establece que todas las operaciones de financiación o deuda de la
Generalitat deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Cualquier
operación en entidades de crédito deberá contar con un certificado o
una declaración responsable que acredite que el movimiento no está
destinado a actividades ilegales. Además, obliga al Interventor General
de la Generalitat, en 48 horas, a entregar a Hacienda una lista de los
contratos de servicios bancarios o financieros en vigor. El objetivo es
que Hacienda pueda comunicar a las entidades financieras que no pueden autorizar movimientos destinados a sufragar el referéndum.
Ante la quiebra de su credibilidad, la respuesta del poder en esos momentos es agitar los fantasmas de un conflicto en apariencia irresoluble. Porque de tanto robar, la riqueza se acaba y ya no cabe dar más pedales afanando. Además de que el Estado –en este caso los jueces- no pueden hacer caso omiso a todas las tropelías –que se quemen todas las pruebas, que prescriban todos los delitos, que se mueran todos los imputados- sin que se ponga en juego su propia supervivencia por falta de legitimidad. El sistema tiene muchos recursos. El golpe del 23-F nunca se dio para que ganara. Se hizo para sembrar miedo. Por eso triunfó. El PSOE entró en el gobierno disciplinado unos meses después, igual que los sindicatos y las fuerzas de izquierda se hicieron más obedientes, se consolidó la entrada en la OTAN y cesaron las exhumaciones de la guerra civil. Regresó el miedo. Doscientos mil fusilados pesan. ¿No le interesa acaso al PP agitar de nuevo el miedo? Aunque regrese, como las cosas repetidas, en forma de farsa.
por Juan Carlos Monedero
¿Acaso está buscando el PP una guerra?
Dice el profesor de Lancaster Bob Jessop (El Estado, Catarata, Madrid, 2017) que la democracia liberal “disfraza la naturaleza del poder de clase de manera más efectiva que cuando el aparato estatal está controlado más abiertamente por las clases dominantes (o las fracciones de clase), o por gestores del Estado que tienen estrechos vínculos con el capital depredador o están dirigiendo abiertamente regímenes cleptocráticos para su enriquecimiento personal”. Esto ultimo retrata en la práctica lo que está pasando en España. Ante la quiebra de su credibilidad, la respuesta del poder en esos momentos es agitar los fantasmas de un conflicto en apariencia irresoluble. Porque de tanto robar, la riqueza se acaba y ya no cabe dar más pedales afanando. Además de que el Estado –en este caso los jueces- no pueden hacer caso omiso a todas las tropelías –que se quemen todas las pruebas, que prescriban todos los delitos, que se mueran todos los imputados- sin que se ponga en juego su propia supervivencia por falta de legitimidad. El sistema tiene muchos recursos. El golpe del 23-F nunca se dio para que ganara. Se hizo para sembrar miedo. Por eso triunfó. El PSOE entró en el gobierno disciplinado unos meses después, igual que los sindicatos y las fuerzas de izquierda se hicieron más obedientes, se consolidó la entrada en la OTAN y cesaron las exhumaciones de la guerra civil. Regresó el miedo. Doscientos mil fusilados pesan. ¿No le interesa acaso al PP agitar de nuevo el miedo? Aunque regrese, como las cosas repetidas, en forma de farsa.
En los próximos meses vamos a ver otra vez a cuadros de máxima relevancia del Partido Popular desfilar por los juzgados (o por los cementerios). Si el PdeCat anda desesperado por los juicios del 3%, el PP anda desesperado porque su corrupción abarca treinta años, a toda la cúpula del partido y a una buena parte del gobierno. Y no parece prudente que se mueran todos. El penúltimo imputado, Gallardón, puede terminar cantando el Cara al Sol a la sombra. Por eso extreman el conflicto. Los desesperados sólo pueden sobrevivir en situaciones colectivas de desesperación. Al Jefe del Estado, por su parte, ni está ni se le espera. Su padre Emérito; él, inédito. No se está ganando su sueldo. Mientras, los heraldos del miedo siguen haciendo sonar sus trompetas.
Al PP le apoyan grupos que votan por rutina. Creen que votar PP es votar continuidad, aunque hayan vaciado la hucha de las pensiones; les votan sectores franquistas nostálgicos de la Plaza de Oriente –y sus cachorros-; pensionistas a los que les han metido el miedo en los tuétanos de la memoria; ultracatólicos antiabortistas, antidivorcistas y enemigos de los homosexuales, de las feministas, de los inmigrantes; también grupos no pequeños de gente a la que le han enseñado a odiar a la izquierda –a veces incluso con argumentos- por encima de cualquier otra consideración; incluyamos gente conservadora –porque les ha ido bien este tiempo, porque son egoístas como principio vital, porque son cobardes y necesitan justificarse-; añadamos sectores económicos que se han beneficiado del capitalismo del compadreo y están, por lo general, implicados de una forma u otra en la corrupción -o en las amnistías fiscales-; y presentadores, tertulianos,periodistas y columnistas que comen, más que de defender al PP, de echar basura sobre las alternativas -especialmente Podemos- y saben que han estrechado su espacio de credibilidad tanto que, perdida la condición de periodistas, sólo tienen futuro como mercenarios de Génova. No es fácil encontrar – aunque los hay- voceros del PP que no estén abrevando en sus comederos, sea a través de publicidad, filtraciones de la brigada política, subvenciones, tertulias, columnas o puestos de algún tipo. En conjunto, los votantes del PP no llegan al 30% pero controlan medios de comunicación, el Ibex 35, una parte de la judicatura, las relaciones con la UE más reaccionaria de la historia, e incluso, en algún momento, llegaron a convencer a alguno de los grandes sindicatos. Son una minoría exigua, menguante (el PP está ahora mismo en seis millones y medio de votos frente a los once millones que tuvo), que se siente amenazada y que, como un animal herido, lanza zarpazos moribundos que pueden aún hacer mucho daño. Gentes que votan plebiscitariamente al PP, y con su voto sancionan el fin del estado de derecho, la pérdida de derechos laborales, la crisis de las pensiones e, incluso, la corrupción, a la que prefieren antes que a un gobierno alternativo. No vinculan su situación con la existencia de derechos, sino con una suerte de privilegio personal, y esa transacción, donde abandonan a la sociedad desde su bienestar, les permite tolerar la corrupción. Aunque a su alrededor el mundo se devaste.
El PP no entiende el lenguaje de la calle. Entiende el lenguaje del dinero. Y es hora de que el capital entienda que esto va mal. Si las élites económicas españolas siguen apoyando al Partido Popular se va a romper el acuerdo social que se recuperó después de la muerte del dictador Franco. No solamente se ha roto el ascenso social, condenando por vez primera en cuatro decenios a los hijos a vivir mucho peor que sus padres; no es que se estén saqueando las arcas públicas con los Gürtel, los Púnica, los Lezo y lo que venga, que empobrece al conjunto de los españoles y quita dinero para la sanidad, la educación y las pensiones; tampoco que la corrupción ligada a los contratos públicos esté debilitando al conjunto del empresariado español al permitirle no ser competitivo –para qué competir aumentando la productividad si puedes recurrir a un mayor beneficio con el asalto al Estado-; y tampoco, con ser grave, el debilitamiento institucional que implica querer controlar la judicatura, tener a Ministros reprobados, romper pruebas judiciales a martillazos o quemar archivos con pruebas procesales de la corrupción. Se trata de que la desesperación torpe del Partido Popular está rompiendo la convivencia territorial en España, logrando que los que están en contra de la independencia terminen del lado de los independentistas solamente porque el Gobierno les está victimizando negándoles votar, expresarse, defender cambios constitucionales. Un país preñado de desigualdades no es un país cohesionado.
Es evidente que lo que le está haciendo y lo que le haga el PP a los independentistas luego se lo hará al conjunto de los españoles. Defendiendo que no hagan desde el gobierno determinadas cosas nos estamos defendiendo a nosotros mismos. ¿Tiene que significar eso que los independentistas han ganado? No. La independencia no es ninguna solución luminosa para el conjunto del Estado, incluida Catalunya. Los fines de época marcan una desmesura que nos impide entender con claridad. ¿Van a contribuir a la soberanía catalana los que durante decenios han entregado el bienestar de Catalunya a la globalización neoliberal, a los recortes, a las privatizaciones y a la represión? Terminarán negociando con el poder. Por eso necesitamos otra solución que no permita atajos cuando, una vez más, la promesa independentista fracase.
La independencia ha crecido desde que está gobernando Rajoy. De manera que para frenar la independencia lo más eficaz es salir de quien la está alimentando. El PP, heredero de la derecha franquista, siempre le dio a la victoria del 18 de julio la condición legitimadora del gobierno. “Para eso ganamos una guerra”. Y por eso siempre han tenido tantas dificultades para aceptar quedarse, por culpa de unas elecciones, fuera del gobierno. Ganaron mandar en España en 1939 gracias a las armas y parece que aún no han salido de esas. Aceptaron tarde la democracia, aceptaron tarde la Constitución, aceptaron tarde el municipalismo, aceptaron tarde la igualdad, el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual, aceptaron tarde Europa, aceptaron tarde la justicia internacional, aceptaron tarde la confesionalidad del Estado y van a aceptar tarde la plurinacionalidad. Pero no les importa una higa. Viven en la doble vara de medir. Ellos son España y España es lo que ellos dicen que es, el espacio que coincide con sus intereses. Aunque tengan el dinero en Suiza o Panamá. Pueden odiar a los marroquíes y al mismo tiempo entender que Franco trajera a la Guardia Mora a matar españoles con licencia. Pueden aceptar regalos de Gadafi y después mirar hacia otro lado mientras lo asesinaban. Hablan de derechos humanos en Caracas y hacen cartera en Riad o en Pekín.
El independentismo no ayuda. Y su agenda ni siquiera es el independentismo. Quieren negociar. Y por eso no se debe entrar en ese juego. Hay que cerrar la herida territorial de una vez por todas. El PdeCat está luchando a la desesperada por una amnistía y su horizonte es lograr beneficios para la élite económica catalana (con migajas para la ciudadanía). A ERC, salvo muy honradas excepciones, sólo le interesa sustituir a la antigua CiU, cargar el pasado sobre sus hombros como si ella no tuviera nada que ver, y ser la que negocie nuevas condiciones con el Estado. Están esperando, con inteligencia, que el PP haga lo que está haciendo. A mayor represión, más legitimidad. Las CUP viven en una égloga pastoril que desprecia cuanto ignora. Una mezcla poco digerible.
Nunca antes de Rajoy el independentismo tuvo tanta fuerza. Pero basta encarcelar a Alcaldes, cargos públicos, voluntarios, prohibir actos, meter en el calabozo a impresoras (como metían en la cárcel a los burros coceadores en los cuarteles de Franco), declarar a las papeletas armas de destrucción masiva y usar la violencia estatal contra la voluntad de expresarse de los catalanes para que todo llegue al borde del precipicio. Y eso que los asuntos identitarios están en Catalunya y en España muy detrás en las preocupaciones de los españoles. Pero si el PP sigue rompiendo cosas de la convivencia, la marcha atrás se complica. ¿A quién le interesa una psicosis de guerra? Porque guerra no va a haber y tampoco independencia. Las metáforas bélicas, de trincheras, trenes son el anuncio repetido que cada cual quiere ver para solazarse en sus sentimientos. Sólo puede haber diálogo. Diálogo al que, como siempre, el PP llegará tarde.
Los catalanes terminarán, sin duda, votando. Ningún juez a quien nadie ha elegido va a sustituir ese derecho. Y si Felipe VI no lo entiende, le pasará como a su bisabuelo. Este conflicto, que en verdad es un reto, se solventa votado. Convendría que los catalanes votaran también con todos los españoles. En un proceso constituyente que tendrá que reconocer la condición plurinacional de España y el encaje que los catalanes decidan. Podemos debiera recordar que nació reclamando un proceso constituyente, aunque los gritos de la turba mediática le hicieron olvidarlo. Dentro de ese proceso constituyente, los catalanes podrán votar su inserción en el Estado español como un sujeto soberano que decidirá -o no- formar parte del sujeto soberano del Estado. Con todas nuestras peculiariedades. Pero para que vayamos reconociéndonos, debemos ir pensando en votar. Que ya va siendo hora. ¿O no era lo que se pedía a la izquierda abertzale? Para que de una vez por todas podamos dedicarnos a luchar contra nuestros verdaderos caminantes blancos –cambio climático, empleo, envejecimiento, guerras y migraciones- en vez de estar distraídos en cosas que, vistas con distancia, dan bochorno y demuestran que tenemos, igual que la peor prensa de Europa, los peores gobernantes del viejo continente.
Referéndum del 1-O: Reservas de jueces en Catalunya con Maza al citar imputados a más de 700 alcaldes
Hay voces fiscales críticas: consideran que el
Gobierno no quiere desgastarse y recurre a la justicia penal para no
tener que suspender la autonomía.
El
fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el presidente del CGPJ,
Carlos Lesmes, el rey Felipe VI, y el ministro de Justicia, Rafael
Catalá, en el acto de apertura del año judicial EFE
Los jueces destinados en Catalunya ven con reserva la deriva del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha ordenado a los fiscales citar como imputados a los 712 alcaldes partidarios del referéndum del 1 de octubre que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, según fuentes jurídicas.
Esta reserva o distancia de los
magistrados ante las masivas citaciones que realiza la Fiscalía se
acrecienta a medida de que los jueces están más cerca del territorio.
Excepto los alcaldes aforados, la mayoría de estos ediles pertenecen a localidades pequeñas, donde el juez es único.
Los alcaldes han comenzado a recibir las
citaciones de la Fiscalía, para que comparezcan a declarar ante el
ministerio público en calidad de investigados (antiguos imputados) y se
les recuerda que deben acudir acompañados de un abogado.
Este procedimiento masivo de citación de políticos no tiene precedentes,
no en vano los 712 alcaldes serán interrogados en la sede de las
fiscalías en lugar de un juzgado, cuando es un juez el que debe
declararlos como imputados si hay una causa abierta, como es la querella
que existe ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) o
ante un juzgado ordinario de Barcelona por las revelaciones del exsenador Santiago Vidal, respecto a la existencia de datos fiscales de los catalanes recabados por el Govern.
El método ordenado por Maza es legal: la
Fiscalía es la única que tienen capacidad para realizar diligencias
preprocesales en todo el ámbito de la comunidad autónoma de Catalunya.
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. E.P.
Pero en el entorno de los jueces más próximos al territorio se percibe como exceso esta actuación preventiva de la Fiscalía ante los posibles delitos de los alcaldes.
El ambiente generalizado es que, por mucha presión que Maza ejerza sobre los fiscales, los jueces no se sienten concernidos y mantienen sus reservas ante esta deriva.
No en vano cada juez resolverá estos casos
cuando lleguen a su juzgado con arreglo a su criterio y bajo el
principio de independencia, tal y como ordena la Constitución.
Y hay datos que apuntan a que no aceptarán todo lo que la Fiscalía requiera.
Así, la juez instructora del TSJCat encargada de la querella contra el
presidente catalán, Carles Puigdemont, y su gobierno ha rechazado
imponer una fianza, en contra de lo que pedía el ministerio público.
Fuentes judiciales coinciden al explicar en privado que el conflicto nunca debía de haber llegado a los tribunales,
sino que tendría que haberse resuelto por la vía política y no por la
justicia penal. Ahora bien, una vez cometidos posibles delitos como los
de prevaricación o desobediencia, la obligación es juzgarlos.
En fuentes judiciales se coincide en la
ilegalidad de la desobediencia al Tribunal Constitucional, y en la
prevaricación que habrían cometido las autoridades del Parlament y del
Govern al tramitar la ley del referéndum, convocarlo de manera ilegal y
aprobar una ley de tránsito hacia una república catalana.
La percepción es generalizada respecto a la necesidad de restablecer la legalidad y el orden constitucional.
“No puedes imputar a mil personas como si esto fuera Turquía”, dicen jueces progresistas
Pero otras fuentes judiciales consideran fronterizo o difuso desde el punto de vista penal el que los alcaldes sean citados como imputados
por firmar un escrito en el que ponían los recursos municipales a
disposición del referéndum. Estas firmas fueron realizadas antes de que
el TC suspendiera el 1-O y los alcaldes no han realizado actos
administrativos posteriores, ni han abierto colegios electorales
todavía.
“No puedes imputar a mil personas como si
esto fuera Turquía”, destaca una voz judicial progresista. Otra fuente
va más lejos y tilda de “estado de excepción encubierto” las citaciones y registros de redacciones de algunos periódicos que se realizan por orden de la Fiscalía.
Entre los fiscales la opinión mayoritaria es de apoyo masivo a los pasos que está dando José Manuel Maza. Sin embargo, se detectan también algunas voces fiscales críticas.
“El Ejecutivo está quemando como peones de primera línea de batalla a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional”
“El
Ejecutivo está quemando como peones de primera línea de batalla a la
Fiscalía y al Tribunal Constitucional”, explica una fuente fiscal
preocupada por la identificación del Gobierno con el ministerio público
que se traslada a la sociedad. “Es triste que esté quemando a ambas
instituciones porque no quiere recurrir a la única solución legal: aplicar el artículo 155, pero bien explicado a la sociedad. No quiere asumir el coste político” de suspender la autonomía, añade.
La Constitución prevé la intervención de la autonomía
ante decisiones ilegales, como las adoptadas por el Parlament y el
Govern para convocar el referéndum independentista y aprobar una ley de
tránsito hacia una hipotética república catalana.
Así, el artículo 155 de la Constitución
establece que si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones
legales o actúa en contra del interés general de España, el Gobierno
puede obligar al cumplimiento forzoso de sus obligaciones y dar instrucciones a todas las autoridades de dicha comunidad autónoma.
En su lugar, el Gobierno ha optado por la
vía penal para actuar contra las autoridades catalanas de manera
masiva. Todas las fuentes consultadas dejan una pregunta en el aire: “¿Qué armas le quedan entonces al Estado para después del 1 de octubre?”.
Puigdemont: “No subestiméis la fuerza del pueblo de Catalunya”
Ada Colau primero y Carles Puigdemont después han
recibido en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Palau de la Generalitat
a los alcaldes citados por la Fiscalía por firmar un decreto de apoyo
político al referéndum del 1 de octubre .
La
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (i), saluda al presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont (d), durante la concentración de alcaldes
en la plaza Sant Jaume de Barcelona, convocada por la AMI y la ACM para
protestar por las actuaciones de la Fiscalía contra el referéndum del
1-O. EFE/Quique García
Unión y solidaridad en el encuentro de alcaldes este sábado en Barcelona. Han llegado de pueblos de todos los rincones de Catalunya y a las 11 han entrado en el ayuntamiento de la capital catalana.
Con la vara en alto, han escuchado los parlamentos allí y
posteriormente se han desplazado al Palau de la Generalitat, donde ha
tenido lugar la segunda parte del acto. Fuera, una plaza Sant Jaume
abarrotada les ha arropado en todo momento al grito de ‘Votaremos’ i ‘No
estais solos’.
Reunidos en el patio del ayuntamiento,
centenares de alcaldes y alcaldesas charlaban distendidamente. “Nunca
nos reunimos”, decía uno de ellos, y se hacían fotos en grupo. Ya en el
momento de los parlamentos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado la situación actual de “inaudita en democracia”.
“Estamos aquí porque es una vergüenza un gobierno que no sabe escuchar,
que no sabe dialogar ni dar respuestas políticas, un estado que
intimida a los medios de comunicación, que ordena arrancar carteles y
perseguir imprentas”.
Colau ha destacado los puntos en común que
comparten los presentes en el ayuntamiento, alcaldes de PdCAT, ERC, CUP y
partidos municipales diversos. “Tenemos puntos en común por encima
de nuestra diferencias: el compromiso con el sentir mayoritario, que
reivindica el derecho a decidir su futuro, y la defensa de derechos y libertades fundamentales”.
Después de Colau ha hablado Adam Tomàs, alcalde de Amposta y uno de los pocos que ya ha recibido notificación para ir a declarar ante fiscalía, Marta Madrenas, alcaldesa de Girona y Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona. Sabater
ha hecho hincapié en el cariz masivo y pacífico de “una reivindicación
que se ha sostenido el tiempo”. Sabater ha pedido tranquilidad, firmeza y
convicción de cara al 1 de octubre: “Este no es el referéndum que
merecemos, pero sí el mejor dado el régimen político y jurídico
actual”. La alcaldesa de Badalona también ha destacado que la situación
actual en Catalunya "hace temblar el régimen del 78 y sus fundamentos
antidemocráticos.
Aires de revolución en plaza Sant Jaume
El momento más emocionante del día ha tenido
lugar cuando los centenares de alcaldes han cruzado plaza Sant Jaume
para dirigirse del ayuntamiento al Palau de la Generalitat. Centenares
de personas abarrotaban la plaza y las calles adyacentes, y les
gritaban “No estais solos”. Banderas independentistas ondeaban por la
plaza y las proclamas de “Votaremos” se alternaban con los gritos de “Independencia”.
Los manifestantes han mostrado sus deseos de
ir a las urnas el próximo 1-O al grito de "Volem votar". En un momento
dado, los asistentes se han arrancado a cantar el himno de Catalunya, Els Segadors y la mítica canción de Lluís Llach, L'Estaca.
Ya en Palau, han recibido a los representantes municipales el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros del Govern. También presentes estaban los presidentes de Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.
Una decena de alcaldes de las cuatro provincias catalanas han hablado ante los presentes. Destacable ha sido la intervención de Víctor Falguera, alcalde del Albatàrrec (Lleida).
“Seremos interrogados los próximos días por nuestras ideas políticas o
nuestras supuestas intenciones, y es tan grave que deberían estar
despertando conciencias”, ha dicho. Falguera ha explicado que esta
semana vecinos del pueblo que no creen en la independencia y ni siquiera
en el referéndum han ido a verle para decirle: “No puede ser que te persigan porque a ti te hemos votado nosotros, el 1 de octubre votaré para defenderte a ti”.
También destacable ha sido la intervención de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, que ha citado a Víctor Jara, asesinado hace 44 años por
la dictadura chilena y que según Venturós tiene "reminiscencias con lo
que estamos viviendo”. Venturós ha dicho que “no hay ni un argumento
político para negar el derecho de autodeterminación, y los tribunales no
son el espacio donde lidiar contenciosos que son totalmente políticos”.
Carles Puigdemont ha sido el último en
hablar. El president de la Generalitat ha agradecido a los
representantes municipales que respondieran “masivamente e
inmediatamente a la llamada del Govern”. “Os tengo que agradecer que no os acobardáseis con las primeras amenazas y que no os hayan temblado las piernas ante las primeras citaciones de Fiscalía”, ha dicho.
Puigdemont ha dirigido un mensaje al
gobierno español y a los que en el resto del estado están callados: “Que
no subestimen la fuerza del pueblo de Catalunya; pueden tener muchos
Mazas y BOE pero no tienen la fuerza de un pueblo que tomado la decisión
de decidir y plantarse ante un comportamiento antidemocrático”.
Finalmente, ha destacado la unión de las administraciones y de la gente con sus alcaldes. “Votaremos no solo porque es legal sino porque el pueblo de Catalunya quiere votar”.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Cuatro represores condenados
Terminó un nuevo juicio por crímenes del centro clandestino Automotores Orletti
El ex centro clandestino de detención Automotores Orletti, sede, entre otras cosas, del Plan Cóndor.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Los imputados, quienes nunca habían
sido juzgados, recibieron penas de entre 25 y 6 años de prisión. En
Orletti hubo una articulación entre SIDE, Policía Federal, Triple A,
banda de Aníbal Gordon y Plan Cóndor.
Concluyó ayer un nuevo juicio oral por
crímenes vinculados al centro clandestino Automotores Orletti. El
Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 condenó a cuatro imputados,
quienes nunca habían recibido sentencia, a penas de entre 25 y 6 años de
prisión. Entre ellos fue condenado a la pena máxima José Nestor Ferrer,
de la División de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de la
Policía Federal, por el homicidio de Estela Moya de Gayá, asesinada
frente a su hijo de dos años, un caso que también llegó a juicio por
primera vez. La querella celebró las nuevas sentencias como un avance
del proceso de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, van a recurrir
las condenas a 6 años de prisión de Rolando Nerone y Oscar Gutíerrez,
también del Departamento de Asuntos Extranjeros. Tanto el ministerio
público fiscal como las querellas del Cels y la secretaría de Derechos
Humanos de Nación habían pedido para ellos prisión perpetua por el
asesinato del uruguayo Mario Roger Julian. Los jueces sólo los
condenaron por la privación ilegal de la libertad de su esposa, Victoria
Grisonas. Ahora ambos están en condiciones de pedir la libertad, ya que
llevan cinco años detenidos.
“Hay que celebrar una sentencia más que
reconoce a los crímenes que se cometieron en Orletti como delitos de
lesa humanidad en la que además resultan condenados cuatro imputados que
nunca habían recibido ninguna sentencia”, dice Luz Palmas Zaldúa,
coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del Cels y cabeza de la
querella unificada que integró la Fundación Liga por los Derechos
Humanos. “También es importante que el homicidio de Estela Moya recibió
una primera sentencia que la tiene como víctima. Vamos a esperar los
fundamentos de la sentencia, porque habíamos pedido que ese homicidio
sea considerado agravado, por eso tenía un pedido de prisión perpetua,
pero el tribunal lo consideró un homicidio simple, por eso tiene 25
años”. La abogada adelantó que una de las cuestiones por las que
presentarán un recurso de Casación es por la absolución del homicidio de
Mario Roger Julien. “Habíamos acusado a Nerone y Gutierrez como
coautores del homicidio. Este es el punto más complicado del veredicto
porque acá no hubo una cuestión de calificación legal, hubo una
absolución directamente. No encuentran la responsabilidad de estos dos
acusados en el homicidio”.
El tribunal estuvo integrado por los
jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Daniel Horacio
Obligado. Grünberg leyó la sentencia en el auditorio AMIA de los
tribunales de Comodoro Py ante los cuatro acusados. El juicio comenzó en
octubre del año pasado. Los acusados son tres policías federales y
César Alejandro Enciso, un agente de la SIDE extraditado de Brasil
condenado a 16 años de prisión. Uno de los aportes de este juicio fue
que aunque la existencia de este centro clandestino está probada desde
el Juicio a las Juntas, en los últimos años se produjo gran cantidad de
información que permitió entender la responsabilidad de los acusados
como parte de una articulación entre SIDE, Policía Federal, la Triple A,
la banda de Aníbal Gordon y el Plan Cóndor. Es decir, dijo Palmas
Zaldúa en su alegato, “hilvanar las distintas instancias del plan
sistemático”.
Uno de los casos más trabajados por
fiscales y querellas fueron las pruebas del homicidio de Roger Julien,
esposo de Victoria Grisonas -hoy desaparecida– y padre de los hermanos
Julien Grisonas, trasladados clandestinamente a Chile por la dictadura y
abandonados allí. En línea con la prueba de la instrucción del juez
federal Daniel Rafecas, querellas y fiscalía sostuvieron que a Roger
Julién lo mataron durante el operativo en el que fue capturada su esposa
y sus hijos, realizado el 26 de septiembre de 1976. “Señores jueces:
Nerone y Gutiérrez participaron en la producción de inteligencia que dio
lugar a este operativo, en su planificación”, dijo el fiscal Pablo
Ouviña en su alegato. “Estuvieron allí con la específica función de
capturar ellos mismos a las víctimas, y dispararon contra ellos”.
El ataque de fuerzas conjuntas,
integradas por el Ejército, las policías bonaerense y federal y el grupo
de tareas 5 de la SIDE, fue dirigido contra la casa en la que vivía la
pareja junto a los niños, ubicada en Mitre 1390 de la localidad de San
Martín. Para la reconstrucción de los hechos fueron fundamentales las
declaraciones de tres vecinos que brindaron una secuencia del accionar
criminal, que se desarrolló en cuestión de minutos. Según publicó el
sitio del Ministerio Público Fiscal, “una vez asegurada la escena, los
policías de la DAE encabezaron el ingreso a la vivienda, que habría sido
resistido por la pareja. En ese contexto, Nerone habría recibido el
disparo. Grisonas y sus niños fueron rápidamente capturados, mientras
que Julién Roger escapó hacia una casa vecina por una pared lindera”.
Según los vecinos, “el joven uruguayo de 33 años les pidió que
mantuvieran la calma para que no hubiera disparos, se quitó la ropa que
llevaba sobre el torso, se colocó una toalla y se mojó el rostro para
salir a atender a los militares y policías que estaban golpeando las
puertas de todas las casas de la manzana. Intentó despistarlos, pero
aparentemente los represores lo tenían individualizado, contaban con
imágenes de su rostro y rápidamente lo detuvieron. Instantes después,
una balacera terminó con su vida”.
Esto es lo que la sentencia evaluó de
otra manera. De acuerdo a lo que pudo saber este diario, dieron por
probado el homicidio, pero consideraron que no se pudo tener por probada
la participación de los imputados en el crimen. Para la querella no hay
dudas. Ahora esperan los fundamentos para entender cómo dieron por
probado la participación en el secuestro de Victoria, explica Palmas
Zaldúa, pero “inexplicablemente” los absolvieron por el crimen que forma
parte del mismo operativo. “Tenemos que esperar los fundamentos –dijo–,
pero es como si hubiese partido la responsabilidad para condenador por
un hecho pero no por el otro”.
Durante la mañana, los acusados tuvieron
la oportunidad de decir las últimas palabras antes del veredicto. Nerone
describió su infancia y el nacimiento de su vocación. Luego mencionó
que bajo el lema “entrar para aprender, salir para servir”, en la
Escuela de Cadetes “nos enseñaron a defender a los ciudadanos, a sus
bienes”. “Nunca fui, soy ni seré un monstruo”, cerró. “No soy un
represor”, sostuvo a su turno Ferrer. “No he participado de secuestro u
homicidio alguno”, se limitó a decir. Por su parte, Gutiérrez y Enciso
prefirieron no hacer uso de su derecho.
Fuente: Página 12
LESA HUMANIDAD12 de septiembre de 2017, 06:09hs LR21
Justicia argentina condena a cuatro represores del centro clandestino "Automotores Orletti"
El Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Buenos Aires condenó a cuatro agentes de la última dictadura cívico militar a penas de entre 6 y 25 años de prisión por crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti”.
Justicia argentina condena a cuatro represores del centro clandestino “Automotores Orletti”.
“El tribunal impuso al [agente de espionaje] José Néstor Ferrer la pena de 25 años de prisión, en tanto fijó 16 años para [el expolicía] César Alejandro Enciso, y seis años para Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez [también policías retirados]”, informó el Centro de Información Judicial.
Los condenados estaban acusados de delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas, violencia y homicidio agravado por alevosía.
Los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Daniel Horacio Obligado también establecieron la prohibición de que los condenados puedan ejercer cargos públicos por el doble de la pena de reclusión que recibieron.
La sentencia del Tribunal señala que los hechos investigados constituyeron “crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio” y encontraron a los cuatro acusados “coautores” del delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Se trata del tercer juicio realizado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 y es considerado el principal centro clandestino del Plan Cóndor que actuó en Buenos Aires.
Bolivia crea una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de las dictaduras
Bolivia conformó esta semana una "Comisión de Verdad" integrada por cinco miembros para investigar sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictaduras militares…El Ministerio Público Fiscal había pedido penas de entre 24 años de prisión y cadena perpetua para los cuatro acusados.
El tribunal dará lectura a los fundamentos de la sentencia el próximo 3 de noviembre.
“Nunca se va a reparar la ausencia”
Ricardo Maggio, coordinador del Sitio de Memoria que allí funciona actualmente dijo a “Con el pie izquierdo” (Radio Sur 88.3) que “Automotores Orletti” fue un punto clave del Plan Cóndor porque “es la única base identificada como base operativa” de aquel operativo que “articuló y coordinó todos los aparatos represivos de las dictaduras de América Latina con supervisión de la CIA para la persecución de los militantes populares del Cono Sur”.
Plan Cóndor: grupos de derechos humanos fueron blanco de la CIA
Documentos de la CIA sobre la última dictadura argentina desclasificados por el gobierno de EE.UU. señalan que la Operación Cóndor había identificado a integrantes de Amnistía Internacional y…Finalmente resaltó que más allá de las penas, “nunca se va a reparar la ausencia”, pero consideró que “la sentencia en sí es importante, más en estos momentos en que se intentó instalar el 2×1 o se vuelve a discutir la teoría de los dos demonios o negar el número simbólico de cantidad de compañeros y compañeras desaparecidas”.
