MARIO BENEDETTI.... NO TE RINDAS/Derechos Humanos “Aparecen datos nuevos”, y las excavaciones seguirán hasta el año 2013/Semproni se opone a ley de aborto/Argentina: La CTA se moviliza contra la Ley Antiterrorista/“Casos de lesa humanidad prioridad"

MARIO BENEDETTI.... NO TE RINDAS No te rindas, aún estás a tiempo De alcanzar y comenzar de nuevo, Aceptar tus sombras, Enterrar tus miedos, Liberar el lastre, Retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, Continuar el viaje, Perseguir tus sueños, Destrabar el tiempo, Correr los escombros, Y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, Aunque el frío queme, Aunque el miedo muerda, Aunque el sol se esconda, Y se calle el viento, Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo Porque lo has querido y porque te quiero Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, Quitar los cerrojos, Abandonar las murallas que te protegieron, Vivir la vida y aceptar el reto, Recuperar la risa, Ensayar un canto, Bajar la guardia y extender las manos Desplegar las alas E intentar de nuevo, Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, Aunque el frío queme, Aunque el miedo muerda, Aunque el sol se ponga y se calle el viento, Aún hay fuego en tu alma, Aún hay vida en tus sueños Porque cada día es un comienzo nuevo, Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. Derechos Humanos “Aparecen datos nuevos”, y las excavaciones seguirán hasta el año 2013 El gobierno uruguayo decidió extender por el plazo de un año el convenio con los investigadores y arqueólogos que se encargan de la búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985), informó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Martes 27 de diciembre de 2011 | 6:58 La República El jefe de antropología forense de la Udelar, José López Mazz “El próximo convenio que se firme con la Universidad de la República va a ser por un año”, dijo Breccia en una conferencia de prensa en la que recordó que el actual acuerdo termina en febrero de 2012. “Las excavaciones y las investigaciones históricas van a continuar hasta el año 2013 bajo la coordinación de la Secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz”, añadió. Hasta ahora las prórrogas de las excavaciones, iniciadas el año pasado, se realizaban por tres meses, pero tras el hallazgo en octubre pasado de restos óseos en un predio militar “ese sitio se transforma en un sitio de particular interés para las excavaciones”, sostuvo Breccia, quien añadió que desde entonces han recibido datos nuevos que son analizados por la Secretaría. La bala que cambió la historia Unos de los restos descubiertos fueron identificados este mes como pertenecientes al maestro y periodista Julio Castro, desaparecido en 1977. Los análisis revelaron que éste murió por un disparo en la cabeza, en contradicción con la versión oficial que sostenía que Castro había sido sometido a torturas a consecuencia de las cuales había fallecido. “A partir de la aparición de los restos del maestro Julio Castro la información ha venido creciendo en cantidad. Aparentemente ese hallazgo y las particulares circunstancias que, de acuerdo al análisis, rodearon la muerte, asesinato, del maestro Castro generaron una especie de sacudón en algunas conciencias adormecidas y aparecen ahora datos nuevos”, señaló. Esta vez el convenio se prolongará por un año “para facilitar la continuidad del trabajo del equipo de investigación histórica que comprende cerca de 20 personas lideradas por el profesor Álvaro Rico”, aclaró Breccia, en declaraciones recogidas por el portal de Presidencia. No obstante, advirtió, “son datos que se manejan con mucha cautela y prudencia”. Desde el inicio de las excavaciones en cuarteles militares y otros predios, tras la asunción del primer gobierno de izquierda en el país (en 2005), se encontraron, además de los de Castro, los restos de dos militantes comunistas desaparecidos: Fernando Miranda y Ubagesner Chávez Sosa. (AFP) Retiran placas de gobierno de facto Sacan referencia a exdictadores de puente San Martín FRAY BENTOS | DANIEL ROJAS La Comisión Administradora del Río Uruguay retirará esta tarde las placas con los nombres de los presidentes de los gobiernos de facto de Argentina y Uruguay que inauguraron el puente internacional José de San Martín, que une las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú. De esta forma se eliminarán los nombres de Jorge Rafael Videla y Aparicio Méndez, que el 16 de septiembre de 1976 inauguraron oficialmente la obra diseñada y ejecutada por el ingeniero uruguayo Alberto Ponce Delgado. El País Digital Movilización de integrantes de cooperativas de vivienda de propietarios y conjuntos habitacionales hasta la puerta de la Agencia Nacional de Vivienda, ayer en la Ciudad Vieja. Foto: Nicolás Celaya Colgamento y pico Propietarios de viviendas cooperativas reclaman negociar soluciones para problemas generados por años de irregularidades en la administración. Integrantes de Plenario de Cooperativas de Vivienda de Propietarios y Conjuntos Habitacionales (Covipro-Ch) se manifestaron ayer, primero frente a la sede de la Agencia Nacional de Vivienda (ANI), y luego en la puerta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Solicitan, entre otras cosas, suspender sanciones, retasación de las viviendas y la conformación de una comisión que estudie cada caso en particular. La convocatoria era para las 15.30 frente a la puerta de la ANV, en Cerrito y Zabala, en la Ciudad Vieja, Montevideo. A esa hora eran muchas las personas que cortaban la calle Zabala y expresaban a través de pancartas, aplausos y silbidos su preocupación. Jóvenes, adultos y veteranos de distintos puntos de la ciudad se congregaron en esa esquina; todos integrantes de Covipro-Ch. De mudanza Mientras que en horas de la tarde integrantes del plenario de Cooperativas de Viviendas de Propietarios y Conjuntos Habitacionales cortaban el transito por la calle Zabala al manifestarse en la puerta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), la mañana de la ministra se presentaba más tranquila. A primera hora del día concurrió a la sala de acuerdos de la sede central de la Intendencia de Montevideo (IM) y participó en la firma de un nuevo convenio que beneficiará a 454 familias de asentamientos de Montevideo. Habitantes de Isla de Gaspar, La Manchega, Las Duranas y Joanicó accederán desde 2012 a soluciones habitacionales a partir del acuerdo generado entre ambos organismos. Para concretar el pasaje a las viviendas definitivas el ministerio realizará una inversión de 245 millones de pesos. Asimismo, brindará asesoramiento técnico y supervisará el proyecto de manera integral. Por último, capacitará a los vecinos para que puedan construir sus propias viviendas mediante convenios con distintos organismos públicos y privados. En tanto, la IM aportará los predios para construir las nuevas viviendas y administrará los fondos entregados por el MVOTMA con el fin de asegurar los servicios indispensables: alumbrado, electricidad y saneamiento. Es de destacar que los asentamientos en juego se encuentran ubicados en zonas inundables y contaminadas. Isla de Gaspar es de los más antiguos; según consigna el sitio de Presidencia se creó en 1935 y en la actualidad viven 279 familias. La relocalización será en zonas cercanas a los asentamientos. Los vecinos podrán acceder a posibilidades de alquiler, compra de viviendas usadas, autoconstrucción o construcción cooperativa. Durante la presentación, la ministra expresó que el realojo es un trabajo que se estudia "caso a caso" y que se busca la solución habitacional que más se adecue a las "necesidades y posibilidades" de cada familia. El proyecto integra, además, capacitación laboral, educación, autoconstrucción y clasificación de residuos, principal tarea desarrollada para el sustento. A medida que los predios ocupados vayan quedando libres, los espacios serán recuperados y en muchos construirán parques. "¿Vivienda social? Oferta única, sólo en Uruguay", decían los volantes que circulaban por el aire y luego aterrizaban para finalmente acumularse en el piso. "Cooperativa de tres dormitorios a sólo 8.130 UR [Unidades Reajustables] (¡220.000 dólares!) con cuotas accesibles de 16.837", era una de las propuestas que ofrecía en forma simbólica el folleto impreso. En forma irónica reflejaban lo que muchas familias están viviendo. Las cooperativas de propietarios de vivienda que Covipro-Ch agrupa desde 2001 se consolidaron en la década del noventa, en la previa a la crisis económica de 2002. Fue una época en la que también el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) estaba en crisis y peligraba su continuidad. La mala administración, el incremento de la Unidad Reajustable y acuerdos fraudulentos generaron que construir propiedades catalogadas como viviendas sociales, cuyo valor promediaba los 30.000 dólares, hoy haya aumentado a 220.000 dólares. Y que muchos cooperativistas hayan pagado cuotas durante 15 años y les resten otros 30 años para terminar de pagar. Sergio Requet, presidente de Covipro-Ch, explicó a la diaria que a mediados de los 90 funcionaba "un sistema de cooperativa de viviendas bastante pervertido, y hubo mucha joda entre los Institutos de Asistencia Técnica, empresas constructoras y el BHU". El banco otorgaba préstamos muy superiores a los que se necesitaba para las obras. Ese dinero no se invertía en la construcción y se tenía como resultado muchas viviendas de mala calidad y deudas millonarias, que no aparecían a primera vista sino que llegaban con los colgamentos o con el tiempo. Además participaban intermediarios que no representaban a ningún grupo cooperativo y luego venían las viviendas como propiedad horizontal. Durante años, Covipro-Ch negoció pagos de deudas que resultaban impagables en período de crisis y poscrisis. "Durante mucho tiempo pagamos la mitad de la cuota, con la promesa por parte del BHU, de que algún día iba a construir una comisión que estudiara a fondo el valor de la vivienda, porque nos cobran por algo que no lo vale", señaló. Al asumir el primer gobierno frenteamplista empiezan a solucionarse aspectos administrativos. Entre otras cosas, se crea la Agencia Nacional de Vivienda, responsable de la cartera social de viviendas, mientras que en 2008 se firma un convenio entre el ministerio y Covipro-Ch con la "perspectiva de superar, en los próximos años, situaciones generadas durante décadas que afectaron a miles de uruguayos y sus hogares y, por cierto, también golpearon al sistema cooperativo de vivienda". A partir de ese documento se refinanciaron pagos, intereses y subsidios, entre otras cosas. Asimismo se acordó que las personas siguieran pagando, pero que una comisión analizara el valor real de la deuda y de las viviendas sociales. Esa negociación se vio interrumpida días atrás cuando los socios de Covipro-Ch comenzaron a recibir cartas-cedulón en las que eran intimados a concurrir a la ANV, en un plazo máximo de 10 días, para regularizar el atraso de la deuda o el incumplimiento del pago. Y de no concurrir "se iniciarán las gestiones tendientes al remate extrajudicial del bien" o "titulares, codeudores y fiadores" de quienes no pagan "serán incluidos en el clearing de informes". Requet reconoció que algunos cooperativistas dejaron de pagar al no vislumbrar soluciones, en un panorama donde se gana más yendo a juicio que pagando, pero contó que algunos de los que recibieron el cedulón están abonando la deuda reacordada con el ministerio. En la tarde de ayer, Gustavo López, secretario general de Covipro-Ch, fue recibido por funcionarios de la ANV (no por su director Carlos Mendive) y dijeron que los cedulones se emitieron "por el sistema informático" que es utilizado. Igualmente "dieron a entender que no había una dirección clara por parte del ministerio para resolver la situación", detalló. "O sea, hay como una especie de teléfono descompuesto en media cuadra que hay de un organismo a otro", puntualizó. En ese momento se caminaron unos pasos rumbo al ministerio, donde esperaron para ser recibidos y poder entregar una carta destinada a la ministra Muslera. Allí detallaban los hechos y pedían suspender por 180 días cualquier tipo de ejecución, y la inmediata conformación de una comisión que estudie las situaciones particulares y analice a fondo cada una de las cuentas. La ministra no los recibió y según Requel "se escapó por la puerta del costado del ministerio". Sí mantuvieron un diálogo informal con la directora Nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, quien se comprometió a que haya novedades entre hoy y mañana. la diaria no pudo comunicarse con la ministra ni con Mendive. Genoveva Malcuori La Diaria TRIBUTO Impuesto al agro afectará a 11 de los 31 senadores Ley. Dos de ellos, del Frente, votaron el gravamen a la tierra DANIEL ISGLEAS "Parece que no hay muchos industriales en el Senado", comentó Danilo Astori, luego de escuchar que once senadores plantearon excusarse de participar en la discusión sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). El planteo de los legisladores de todos los partidos fue hecho en plena sesión del Senado, que sobre la medianoche del martes 27 se aprestaba a discutir el proyecto que crea el impuesto, por tener directa o indirectamente predios alcanzados por la nueva ley. "¿Alguien más tiene alguna hectárea?", preguntó Astori, sorprendido, luego de escuchar el undécimo planteo hecho en sala. Uno tras otro, los senadores Pedro Bordaberry, Luis Alberto Lacalle, Rodolfo Nin Novoa, Sergio Abreu, Tabaré Viera, Jorge Saravia, Lucía Topolansky, Luis Alberto Heber, Juan Chiruchi, Jorge Larrañaga y Eber Da Rosa dieron cuenta al cuerpo de que se encontraban bajo el alcance de una disposición que indica que cuando en cámara se va a tratar un asunto que los involucra, deben excusarse o pedir autorización para participar del debate y votar. En el caso del ICIR los senadores indicaron que son titulares de predios que pueden estar sujetos al impuesto en su totalidad o en parte, o que estarán alcanzados por una segunda parte del proyecto de ley que refiere a la enajenación de esos bienes inmuebles rurales. El ICIR fija un gravamen anual extra de US$ 8 por hectárea para las extensiones de tierra entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de US$ 12 por hectárea para las extensiones de entre 5.000 y 10.000 hectáreas; y de US$ 16 por hectárea para las superiores a 10.000. Según los cálculos oficiales, el impuesto afectará a unos 1.500 de los más de 50.000 productores que tiene el país, que poseen un tercio de las 17 millones de hectáreas cultivables o productivas que hay en el territorio nacional. La segunda parte de la iniciativa comprende una adecuación del régimen para determinar la renta (sea IRPF o IRAE) por la enajenación de inmuebles rurales adquiridos antes de 2007, cuando se implementó la reforma tributaria bajo la administración del expresidente Tabaré Vázquez. Así, el primero en pedir autorización fue Bordaberry (Vamos Uruguay), quien informó que posee un 19% de un predio de 2.500 hectáreas que estará sujeto al pago de este impuesto. Heber (Unidad Nacional) dijo ser titular del 20% de una sociedad agropecuaria de 2.200 hectáreas en Florida. Luego, Lacalle (Unidad Nacional) dijo en el plenario que es titular de 948 hectáreas en Florida y que lo alcanzará la segunda parte de la nueva ley. A continuación, los senadores Viera (Propuesta Batllista), Abreu (Dignidad Nacional), Nin Novoa (Alianza Progresista) y Saravia (Concertación Republicana) también dijeron tener inmuebles rurales, pero no informaron cuánto ni dónde. Larrañaga (Alianza Nacional), dijo que tiene un predio de nueve hectáreas, Arroyo Grande, Flores. Chiruchi (Unidad Nacional) dijo que es titular de un predio de 651 hectáreas en San José. Topolansky (MPP) informó al Senado que es titular de un predio de 14,5 hectáreas y que posee el 50% de otro predio de 9 hectáreas. Da Rosa (Alianza Nacional) dijo que su esposa está vinculada por razones sucesorias con un predio de 800 hectáreas en Tacuarembó. Los once senadores que dijeron tener predios rurales fueron autorizados por el Senado a participar en el debate. Finalmente sobre las 3 de la madrugada de ayer miércoles 28, el Senado sancionó la ley por 16 votos en 27 presentes, votándolo únicamente la bancada del Frente Amplio. "Cambió el clima" Los presidentes de la Asociación Rural y la Federación Rural, José Bonica y Miguel Sanguinetti, respectivamente, rechazaron formalmente ayer el impuesto a los inmuebles rurales votado por el Senado. Aunque en términos re-lativos los propietarios afectados no son muchos, Bonica sostuvo que "el clima de negocios en Uruguay formalmente ha cambiado porque el gobierno se aparta de sus propios dichos dejando de lado normas claras y es- tables que brindaban confianza". Sanguinetti dijo a El País que "mientras en Argentina y Brasil apoyan al agro", en el marco de una crisis internacional, en Uruguay se aprueba "un nuevo impuesto". Eso "quiere decir que estamos todos locos", sostuvo el dirigente rural. El País Digital Ángel malvado MIEM investiga "grupo económico" que controla 11 emisoras radiales y espera sus descargos para tomar decisiones. La organización no gubernamental (ONG) Grupo Medios y Sociedad (GMS) presentó el martes los descargos del informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que estableció que correspondería que el Ejecutivo revocara los permisos de 11 emisoras radiales privadas que violentan la normativa vigente por formar parte de un mismo "grupo económico" disimulado por medio de testaferros. El subsecretario Edgardo Ortuño señaló en diálogo con la diaria que la cartera tomará una decisión una vez que se diligencien las pruebas presentadas en los descargos, para lo cual se vence el plazo esta semana. El informe jurídico del MIEM llegó el 13 de diciembre como respuesta a la denuncia realizada por el GMS, en 2009, ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). La organización le solicitó a ese organismo que investigara las transferencias de titularidad de las emisoras individualizadas como pertenecientes al Grupo Sarandí y al Grupo Sofía, este última de Miguel Sofía, sobre quien pesa un pedido de captura internacional por su responsabilidad en los asesinatos de Manuel Ramos e Ibero Gutiérrez y las desapariciones de Héctor Castagnetto y Abel Ayala, crímenes que la Justicia atribuye al Escuadrón de la Muerte. Las 11 emisoras son Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana, Radio Disney, Emisora del Plata, Futura FM, Radio Real de San Carlos, Emisora Cenit, Emisora Santa Rosa y La Pedrera. GMS denunció que todas estas habían sido adquiridas por el empresario mexicano-americano Ángel González mediante "terceras personas", y que las últimas siete mencionadas, pertenecientes al Grupo del Plata, conforman una "concentración disimulada" por medio de prestanombres o familiares. Tras la investigación, la Asesoría Jurídica del MIEM determinó que estas 11 emisoras privadas pertenecen a un mismo "conjunto económico", es decir, a un mismo grupo empresarial. Llegaron a esa conclusión a partir de constatar que en algunos casos se compartía un mismo domicilio o tenían similitud de actividades o intercambiabilidad de trabajadores. En este caso, el Grupo Sarandí y el Grupo del Plata funcionan en una misma dirección en Montevideo, lo cual resultó probado por Jurídica del MIEM tras las inspecciones realizadas en las instalaciones del edificio donde están radicadas las oficinas de siete emisoras. Además, componen el Grupo Mont Sololei Sociedad Anónima, según surgió del informe de facturación de publicidad que desde el MIEM se solicitó a la Intendencia de Montevideo. La misma información, solicitada a la Dirección General Impositiva, fue negada por este organismo alegando "ausencia de un deber de proporcionar información a la Ursec". De esta manera, la Asesoría Jurídica determinó que dicho grupo económico viola el decreto 734/978 que regula actualmente los servicios de radiodifusión. El artículo 12 establece: "Una persona no puede ser beneficiada a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de radiodifusión en total en las tres bandas citadas (OM - FM - TV)". Por esta razón, concluye: "Correspondería al Poder Ejecutivo dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de titularidad de las emisoras involucradas". Para el ministro En los descargos, GMS enfatiza en el hecho de que el "centro de decisión" de las 11 emisoras es el administrador de Radio Sarandí, Fernando Cohelo, y quien aparece como titular de Futura, y de otras radioemisoras, es Carlos Molinari, "al igual que en Radio Real de San Carlos y Emisora del Plata (todas del ex grupo Sofía-Troncoso), pero el dictamen de referencia nada dice respecto a ese titular". También denuncian que la dirección liderada por Cohelo determinó días atrás el cierre de varios programas en Futura y el despido de "buena parte" de su personal. La ONG también reclama que no se aborda lo relacionado con la titularidad de Ángel González teniendo en cuenta que es "un punto de central importancia", ya que nuestra normativa prohíbe que ciudadanos extranjeros sean titulares directa o indirectamente de licencia para explotar frecuencias que administra el Estado uruguayo. Sobre este punto, Jurídica del MIEM explica que la información solicitada a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior "resultó insuficiente". En ese sentido, GMS aporta en los descargos el número de pasaporte de González para "conocer cuándo y cuántas veces y en qué fechas este ciudadano ingresó al país". Asimismo, entienden que, además las consideraciones de Jurídica del MIEM sobre la violación del decreto 734, deben tomarse en cuenta "las graves consecuencias que tiene para la diversidad cultural y el pluralismo informativo la concentración de las emisoras en un solo grupo extranjero". "Radios pioneras como Radio Real de San Carlos o Futura FM han sido desmanteladas para pasar a ser simples repetidoras de la producción de Radio Sarandí en Montevideo. Otro tanto pasa con Radio Cenit de Rivera y Radio La Pedrera, que tampoco tienen producción local y se han transformado en simples bocas de salida de la producción que centralmente se realiza en Montevideo", señala GMS. El subsecretario del MIEM, Edgardo Ortuño, dijo a la diaria que las pruebas propuestas por el GMS y las que presenten los denunciados serán dirigenciadas por la asesoría, que emitirá un informe final. Una vez que esto suceda será analizado por el ministro de Industria, Roberto Kreirmerman. Semproni se opone a ley de aborto Canten Víctor, no victoria 29.12.2011 09:30 Pese a la aprobación en el Senado, el proyecto de despenalización del aborto puede fracasar en la Cámara de Diputados al no contar con los votos necesarios. El legislador Víctor Semproni se opone a la ley y afirmó que no cometerá la "inmoralidad de otros legisladores" de permitir que entre un suplente a votar. Tras la media sanción que recibió en el Senado la Ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto deberá pasar ahora por la aprobación de la Cámara de Diputados, donde el panorama no está tan claro. El Frente Amplio puede no contar con los votos suficientes en Diputados, si no logra cambiar el parecer de algunos de sus legisladores o los de la oposición. Un artículo de hoy del diario Últimas Noticias asegura que la Cámara de Diputados no cuenta con los votos suficientes para despenalizar el aborto, ya que Víctor Semproni y Andrés Lima no lo apoyarán ni dejarán entrar a sus suplentes por disciplina partidaria. Al igual que sucediera con la eliminación de la Ley de Caducidad, Vïctor Semproni se opone al proyecto pese a la media sanción del Senado. "Yo no lo voto y no cometeré la inmoralidad de otros legisladores, de dejar entrar a un suplente para que vote lo que yo no quiero", dijo Semproni a Ultimas Noticias, en alusión a lo que hizo el senador Carlos Baráibar (se opuso al proyecto pero dejó que lo votara su suplente). Semproni quiere hacerle modificaciones para que se despenalice el aborto pero "no suponga una legalización". Otro diputado que no acompañará el proyecto es Andrés Lima, según el matutino, quien asegura que todo su sector (Agrupación Humanista Armando Aguirre) está "a favor de la vida y en contra de toda propuesta que signifique la despenalización del aborto". Daniela Payssé e Ivonne Passada tampoco tienen decidido aún apoyar el proyecto, lo que complica la situación para el Frente Amplio en Diputados. El Frente tiene 50 diputados, cuyos votos precisa para superar a la oposición y que se logre la aprobación del proyecto, a no ser que decidan acompañarlo legisladores de la oposición. Montevideo Portal Propaganda a favor de la despenalización del aborto frente al Palacio Legislativo mientras se desarrollaba la sesión de la Cámara de Senadores Foto: Nicolás Celaya Otra vez Proyecto que despenaliza el aborto recibió media sanción en el Senado. Con las barras repletas de personas a favor y en contra y tras casi diez horas de debate, se aprobó ayer en el Senado, con votos del Frente Amplio y del blanco Jorge Saravia, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. La séptima iniciativa para despenalizar el aborto que se presentó en el Parlamento desde el retorno de la democracia pasa ahora a Diputados, donde no está claro si están los votos para la sanción definitiva. La presencia de organizaciones sociales y religiosas a favor y en contra de la despenalización del aborto fue numerosa. Unos de naranja y otros de amarillo, dentro y fuera del Palacio Legislativo, acompañaron un debate parlamentario que reiteró, una vez más, los mismos argumentos que se esgrimen desde hace más de 25 años. Los opositores buscaron concentrar la discusión en si hay vida desde el momento de la concepción y en si “el feto pertenece o no a la mujer”. En veremos La situación con la bancada del Frente Amplio (FA) en Diputados sigue teniendo algunas incógnitas. A la negativa del salteño Andrés Lima (Agrupación Humanista Armando Aguerre) de votar el proyecto, se suman algunas dudas planteadas por el diputado Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista, Espacio 609). "No tengo posición definida porque todavía no sé qué proyecto va a salir del Senado, no lo conozco, así que cuando llegue a Diputados lo analizaremos. Estoy a favor de despenalizar el aborto, pero no de legalizarlo, que son cosas diferentes", señaló. Semproni aclaró que este tema no ha sido discutido ni en la bancada del Espacio 609 ni en la del FA en la Cámara de Representantes. "Pero si desde mi punto de vista el proyecto que llega contiene algún artículo que legalice el aborto, voy a pedir cambios en la redacción", adelantó. “Un embrión es como un astronauta que no puede salir de la cápsula espacial. No por eso deja de ser astronauta”, comparó Eber da Rosa (Alianza Nacional, AN). Su par Sergio Abreu apeló, como otros, al Pacto de San José de Costa Rica, que consagra el derecho a la vida. Blancos y colorados apelaron a la postura del ex presidente Tabaré Vázquez. “La vida comienza con la concepción; esta conclusión es compartida, entre otros, por Vázquez”, decía el informe en minoría de la Comisión de Salud elaborado por Alfredo Solari (Vamos Uruguay, VU) y Carlos Moreira (AN). También alegaron que en los países que “legalizaron los métodos abortivos” las interrupciones de los embarazos han aumentado “significativamente”. “En un país que imperativamente debe cambiar su composición demográfica, en tanto nuestra población ha descendido de acuerdo a las estadísticas del último censo, abrir la posibilidad de disminuir el número de nacimientos parece a todas luces un contrasentido”, completaron. Mal ahí, Pedro La prosecretaría de Género del Comité Nacional del Partido Colorado (PC) rechazó ayer, mediante un comunicado, la decisión, impulsada por el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), de aplicar disciplina partidaria a los legisladores de su sector que habían adelantado un voto favorable a la despenalización del aborto. Las integrantes de la mencionada prosecretaría mostraron “preocupación” por la decisión “del sector mayoritario del PC, fuerza política de hombres y mujeres libres que históricamente ha respetado la libertad de opinión y de conciencia”. También “lamenta” la falta de consulta a este ámbito, constituido por mujeres coloradas de todo el país, “las cuales tienen voz y opinión formada sobre este tema tan complejo para la sociedad toda”. “Hemos recorrido el país durante un año y medio reuniéndonos con todas y enriqueciendo el debate, en la mayoría de los talleres sobre la implementación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva vigente”, reclaman. En el comunicado adelantan que, cuando se retomen las actividades partidarias en febrero, solicitarán reuniones con las autoridades y líderes para que “rindan cuentas” a la prosecretaría sobre las decisiones tomadas y acerca de “por qué se procedió del modo que cuestionamos”. “Aspiramos a que, en lo posible, se pueda instalar de manera regular un espacio de análisis y encuentro en el que se incorpore la visión de las mujeres y de los hombres del PC, en la discusión de próximos temas que se vinculen a cuestiones importantes de la realidad nacional”, concluyen. Andrea Maddalena, integrante de la prosecretaría, dijo a la diaria que el cuestionamiento apunta "a las formas y los procedimientos", aunque aclaró que ese ámbito no tiene una posición tomada respecto al proyecto. "Es difícil, porque en la prosecretaría hay mujeres que están en contra y otras que están a favor de la despenalización, pero en cualquier caso nos deberían consultar". La oposición también apuntó a que “no se puede admitir” que “se pretenda hacer prevalecer la voluntad de la mujer a disponer de su propio cuerpo, como si el feto fuera parte de éste”. Aunque no volvió a mencionarse durante el debate, Solari y Moreira recalcaron que el proyecto discrimina al progenitor masculino, ya que se lo “excluye” de sus derechos y deberes. “Este proyecto no es aceptable desde el punto de vista bioético al no tener en cuenta a todos los involucrados”, señalaron. Para decidir Los impulsores de la iniciativa basaron sus argumentos en la “omisión de la Justicia” al aplicar la penalización de la práctica del aborto prevista en el Código Penal y en la situación de desigualdad ante la toma de decisiones. “Esta ley (9.763, que penalizó el aborto) mantiene múltiples formas de discriminación. Una de ellas es la disparidad entre los hombres y las mujeres con relación a la igualdad de derechos para decidir. El hombre siempre ha tenido derecho a decidir entre las mujeres que pueden acceder a métodos y procedimientos con relativa seguridad y las que no”, dijo Mónica Xavier (Partido Socialista). Con relación a dicha ley, Xavier indicó que “prácticamente no se ha aplicado y no cumplió el objeto para el que fue votada: disminuir la cantidad de abortos”. “¿Se dan cuenta de que lo que se propone es que haya 20.000 mujeres presas por año?”, señaló, a su turno, el senador frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio), mientras que Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) expresó: “Si esto no es hipocresía social, ¿en qué consiste la hipocresía social?”. José Luis Gallo (Asamblea Uruguay), presidente de la comisión de Salud, destacó el carácter laico del proyecto. “El aborto se define como un dilema ético pero no como un problema. Si todos tuviéramos la misma ideología y religión no habría dilema; no tengo que imponer la ética, tengo que tener tolerancia”, enfatizó. Disciplina y conciencia Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) fundamentó en contra de la iniciativa aclarando que si bien tiene “formación cristiana”, sus argumentos eran "ideológicos y sociológicos". Dijo que está en contra del aborto y de la despenalización aunque “acepta algunas condiciones para hacerlo” como en caso de violación, pero que su “punto de quiebre” es que no está de acuerdo en que la condición sea “la propia voluntad de la mujer”. Luego pidió licencia para dejar entrar a su suplente Milton Antognazza, que votó a favor. Más tarde, cuando Baráibar ya se había retirado del recinto, Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) cuestionó este procedimiento, a lo cual Alberto Couriel (Espacio 609) respondió que el FA no declaró asunto político este tema y que pedir licencia fue “una decisión individual”. A su vez, Heber respondió los cuestionamientos de militantes nacionalistas en las redes sociales porque el Partido Nacional (PN) no declaró “asunto político” esta votación, frente al hecho de que Jorge Saravia (Concertación Republicana Nacional) votaría el proyecto. Heber explicó que la despenalización es un “tema de conciencia” que no puede declararse “asunto político”. Añadió que no le gustaría que si, en un futuro, su partido cambia de postura él se viera obligado a votar en contra de sus convicciones, marcando distancia de la decisión adoptada por el sector de Bordaberry. A su turno, Saravia, quien firmó la iniciativa mientras estuvo en el FA, destacó la “libertad de acción” dentro del PN. Señaló que es tradicional en su partido “respetar las distintas posturas” en los “temas de conciencia” y que esto “lo enaltece” y le “da valor”. El colorado Pedro Bordaberry (VU) pidió a Saravia una interrupción en su alocución para aclarar que el Partido Colorado “no tiene disciplina partidaria” y que debió aludir a VU. Bordaberry enumeró que cuando se aprobó la ley que busca evitar la prescripción y deroga de hecho la Ley de Caducidad, “un senador se fue del FA [por Saravia], otro renunció [por Eleuterio Fernández Huidobro] y otros pidieron licencia”. Y, dirigiéndose a Danilo Astori, que presidía la sesión, añadió: “Usted, señor presidente, no está de acuerdo con el Impuesto [a la Concentración de Inmuebles Rurales, ICIR] que vamos a votar a continuación”. “Que un sector diga que va a tener unidad de acción, son las reglas de juego. Se dice que es un tema de conciencia y no político, y yo creo que todo es político. Y cuando la vida está en juego, si eso no es político, ¿qué es? Hay que tener unidad de acción en la defensa de la vida”, remató Bordaberry. Sobre el punto de la defensa de la vida, a Bordaberry le respondió el diputado Fernando Amado (VU), que todavía no se ha pronunciado sobre si acatará la disciplina partidaria. “Pedro, la ley no le quita la vida a nadie; quita la penalización legal a la mujer que tome esa decisión. Ojo con el eslogan”, posteó Amado, quien siguió la sesión desde las barras. En la votación, Pasquet aclaró que votó negativamente “sólo por disciplina partidaria” cumpliendo con el mandato de su bancada. “La disciplina partidaria es un instrumento últil y hábil. Pero se ha hecho una aplicación errónea, no se debe aplicar para estos temas, pero acato la decisión de la mayoría de la bancada. No soy partidario del aborto, pero sí de la despenalización, porque la penalización es inútil y dañina”, concluyó. Lourdes Rodríguez La Diaria Julio Baraibar. (archivo, octubre de 2008) Foto: Javier Calvelo No es lo que parece Julio Baráibar criticó declaración del PIT-CNT en respaldo a la Unión Ferroviaria. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió ayer un comunicado en el que rechaza el “apresuramiento” del gobierno al “emitir un decreto en una fecha inadecuada, sin haber favorecido todas las instancias posibles de diálogo y negociación con los trabajadores de AFE [Administración de Ferrocarriles del Estado]”, en referencia a la norma presentada el lunes en la última reunión del año del Gabinete Productivo. “Eso es ridículo y me molesta sobremanera. El 29 de noviembre fui yo mismo al secretariado y delante de todos los dirigentes comuniqué la posición que tiene el gobierno de sacar el decreto con todas estas características”, criticó, en diálogo con la diaria, el asesor presidencial Julio Baráibar, principal interlocutor del gobierno en la negociación con la Unión Ferroviaria (UF). El ex ministro de Trabajo y Seguridad Social recordó además que el 12 de diciembre le entregó por escrito a la dirección del PIT-CNT las garantías en las condiciones de trabajo que iban a tener los operarios de AFE en la reestructura de la empresa. Por otra parte, aseguró que a fines de noviembre ya había asegurado a los representantes de la UF que el gobierno estaba por sacar el decreto, una postura que, según dijo, fue ratificada el 22 de diciembre. Baráibar considera que se les daba amplias garantías a los trabajadores que no quisieran ingresar al derecho privado, que incluían, entre otros beneficios, la posibilidad de jubilarse para aquellos que cumplieran 55 años en este período y recibiendo un subsidio para equipararse con su sueldo actual, así como la opción para todos los trabajadores de mantenerse en las tareas de infraestructura de AFE, que continuará regida bajo el derecho público. “No se iba a mandar a nadie por obligación al derecho privado ni tampoco se iba a derivar a ningún trabajador a ningún ministerio”, explicó. Según dijo Baráibar, esta garantía para los trabajadores todavía está vigente. “Salvo que en algún momento nos declaren una guerra santa. Si eso pasa, los tendré que llamar en algún momento y decirles que eso estará siendo interpretado por el gobierno como que rechazan la oferta”, continuó. Baráibar explicó que de los poco más de 1.000 trabajadores que tiene AFE, alrededor de 650 permanecerán en la órbita del derecho público, ya que desempeñarán tareas en áreas que el ente dedicará a la infraestructura, mientras que los otros 350 pasarán al derecho privado. También aseguró que los trabajadores “no entienden” que en esta reestructura “no se trata de privatizar, sino estatizar”: “Hoy más de 90% del transporte de carga se realiza en forma privada y nosotros queremos tener un porcentaje de esa logística estatizada, entonces no es lo que dicen los trabajadores, sino todo lo contrario. Es una empresa del Estado y lo va a ser siempre”. A pesar de las diferencias, el jerarca destacó que la negociación con la UF fue “de guante blanco”. “Este gobierno va a reactivar el ferrocarril y la UF va a ser más grande que nunca”, remató. Otras visiones La declaración del PIT-CNT expresa “solidaridad” con los trabajadores de AFE y hace referencia a la necesidad de defender “sus derechos y condiciones de trabajo”. Sin embargo, ayer Últimas Noticias publicó declaraciones de dirigentes de la central como Juan Castillo (Partido Comunista) e Ismael Fuentes (Articulación), que relativizaron los reclamos de la UF. Fuentes dijo que la reestructura no es “privatizadora”, mientras que Castillo aseguró que los trabajadores tienen todas las garantías laborales al pasar del derecho público al privado. “No están siendo afectados”, aseguró. Por su parte, el diputado comunista Hugo Dávila es crítico con el decreto gubernamental. “Cuando votamos en el presupuesto [la creación de la dirección de transporte ferroviario] pensábamos que iba a haber una base de acuerdo que contemplara todas las partes”, recordó. No obstante, afirmó que todavía no entiende “cuál es la razón para sacar a los trabajadores del derecho público, porque hasta ahora no me ha quedado claro”. Además, Dávila opinó que hubiera sido mejor “profundizar la discusión [con el sindicato] y que podría haber habido un acuerdo con los trabajadores, que sostuvieron esta empresa maltratada, a base de su esfuerzo”. “Ahora, en medio de las fiestas, aparece un decreto que parece que prácticamente impuso esta reforma”, evaluó. Santiago Sánchez La Diaria Argentina: Hay distintas maneras de terrorismo... hay otras leyes que estàn esperando ser aprobadas , hace algunos años que son màs importantes y otras que son modificadas segùn la conveniencia polìtica....Vamos Carlotto... Argentina, Carlotto La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó este lunes (26/12) que "en Argentina no hay terrorismo" y cuestionó la denominada Ley Antiterrorista que aprobó el Congreso la semana pasada con el impulso del kirchnerismo porque aseguró que causa "preocupación" "La preocupación es porque en la Argentina no hay terrorismo. Hubo un atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, producto de injerencias externas, no de argentinos, y si argentinos colaboraron, son mercenarios, pero no hay una red de la que uno tenga que preocuparse", enfatizó la dirigente. Carlotto subrayó que ""hay delitos comunes, hay muchas razones para pensar que hay que modificar las normas para la seguridad en todo el país, pero nada más". .-¿por problemas de tierras hay delitos comunes? El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, (Mocase Vía Campesina) denunció hoy que Cristian Ferreyra, uno de sus miembros de 25 años, fue asesinado con disparos de escopeta supuestamente por dos sicarios de un empresario sojero de apellido Ciccioli. esto es terrorismo! interno Remarcó que "nuestra preocupación es que con este Gobierno tenemos la garantía de que no van a ser reprimidas las manifestaciones sociales cuando se demanda un derecho, al trabajo, al aumento de sueldo, lo que se reclama desde tiempo inmemorial, y que no se reprimen aun cuando hay desmanes que no son justificables". "Pero ¿qué pasará más adelante, con esta ley, con otros gobiernos que interpreten la ley de otra manera o con jueces a los que les va a encantar meter presos a quienes manifiestan pidiendo derechos? Esa fue una preocupación", se preguntó Carlotto también se refirió a los medios de comunicación, a los que aconsejó "moderar" la información en torno a delitos: .- ¿por què son demasiados? y no te conviene que los den a conocer "La repetición de los hechos delictivos casi se dan lecciones de cómo poder salir a delinquir. Las cosas malas no hay que ocultarlas, pero hay que decirlas una vez", postuló. "Los medios tienen que moderar la información en ese sentido y por ahí dedicarse un poco más a temas culturales, que van a hacer bien a los jóvenes, y no a todo ese egoísmo desenfrenado y competitivo. Hay mucho para corregir, y estamos esperando que se aplique la Ley de Medios, y lo demás vendrá por añadidura", aseguró. .es en el país donde se está viviendo Carlotto. También de los cultural se habla... La dirigente de Derechos Humanos remarcó que "nadie habla de cercenar ni de censurar en absoluto, porque eso está excluido de cualquier pensamiento, y transitar con disidencias, pero no con antinomias". En ese contexto, también cargó contra los "medios monopólicos, los más importantes, que han propiciado golpes de Estado y derrocado gobiernos y dirigido desde sus páginas el pensamiento del ciudadano. Yo soy una víctima de eso, fui formada en la antinomia al peronismo y como no leía o escuchaba otra cosa, fui anti", admitió Fuente: http://probablementeseayo.skyrock.com/ Publicado por Pelusa en Otro Uruguay es Posible Argentina: 29 de diciembre a partir de las 17 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo La CTA se moviliza contra la Ley Antiterrorista La Central de Trabajadores de la Argentina y los organismos de Derechos Humanos convocan a todos los compañeros y compañeras a participar de la movilización que se llevará a cabo este jueves 29 de diciembre a partir de las 17 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo. La misma será para exigir el veto a la Ley Antiterrorista. Además, este miércoles 28 a las 15 horas en Lima 609, sede de la CTA Nacional, se realizará una conferencia de prensa para desarrollar esta información. En caso de que se produzcan las modificaciones a la Ley Antiterrorista, se duplicarían las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla. De esta manera, juntar fondos para los mapuches presos acusados de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de compañeros, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima. Por todo lo expuesto, la Central de Trabajadores de la Argentina repudia la intención del mencionado proyecto, deplora la defensa que hacen de ese mamarracho jurídico algunos diputados autodenominados “progresistas” y convoca al movimiento obrero, a las organizaciones sociales y al conjunto del pueblo a resistir democráticamente su aprobación en el Congreso Nacional aunque nos acusen de terroristas. Ante el achicamiento de las libertades democráticas la CTA de Capital convoca a toda la militancia a concentrarse este jueves 29 de diciembre a las 17 horas en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio para movilizar hacia la Plaza de Mayo y exigir el veto a la Ley Antiterrorista. "Cuando no les alcance con la amenaza de volver a crisis pasadas. Cuando ni siquiera el miedo a viejas muertes o a fracasos dolorosos, les sirva. Cuando entre la resignación y el posibilismo renazca la eterna flor de la rebelión. El día que nos convoquemos a abrir las puertas que encierran a los condenados, y a los locos y a las locas de tanto esperar. Cuando hagamos un ejército con esos olvidados, con los disconformes, con los mutilados, con los que no fueron vencidos ni en la derrota. Cuando transformemos en bandera esos sueños que resistieron las requisas de los defensores de la realidad. Cuando nuestros muertos queridos dejen de habitar el pasado y sean el abono de nuestro futuro. Ese día... no habrán más falsas divisiones, ni leyes antiterroristas que nos detengan." Publicado por Pelusa en Otro Uruguay es Posible FeTERA FLORES, ESTRICTAMENTE CONSUSTANCIADA CON LA DECISIÓN DE NUESTRA CENTRAL: ADHIERE, PARTICIPA, CONVOCA E INVITA EL:  29 de diciembre a partir de las 17 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo La CTA se moviliza contra la Ley Antiterrorista EN EL MISMO ANDARIVEL HACEMOS NUESTRA LA RESOLUCIÓN DE LA MESA NACIONAL DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE:  Hacia una Central de millones de afiliados Resoluciones de la Mesa Nacional que deliberó en Rosario Martes 27 de diciembre de 2011, por Redacción *   En nombre y representación de la Central de Trabajadores de la Argentina comunicamos lo resuelto el 20 de diciembre en la ciudad de Rosario al cabo de la reunión de la Mesa Nacional de la CTA. Luego de un rico intercambio de ideas sobre diversos temas relativos a consolidar nuestro desarrollo como Central a lo largo y ancho del país, crecimiento en afiliación y avanzar hacia los 100.000 nuevos delegados resolvimos el siguiente plan de acción para el año próximo. A continuación transcribimos el comunicado de la CTA enviado a sus distintas regionales en todo el país y que lleva las firmas de Pablo Micheli, José Rigane y Ricardo Peidro, secretario general y secretarios adjuntos de la Central respectivamente: • "Construir una Jornada Nacional de Lucha para abril y un Paro Nacional para mayo o junio del año 2012 con el objeto de profundizar nuestro debate de cara a nuestro pueblo y en defensa de nuestros derechos indelegables como clase trabajadora. • Llevar a cabo entre el 28 y 30 de junio un Seminario Internacional sobre “Prácticas y Pensamientos Emancipatorios en el Siglo XXI” que nos permita construir sobre nuestra propia practica el andamiaje filosófico de nuestras definiciones políticas en los distintos aspectos que hacen al sujeto social y modelo de sociedad más justo y soberano. • Impulsar el trabajo hacia la Constituyente Social para garantizar las asambleas en todo el país durante el 2012. Encomendar a la Secretaría de Relaciones Institucionales la relación con las distintas fuerzas del campo popular que puedan impulsar la Constituyente Social. • Declarar año 2012 como el año de la "Lucha por la Libertad y Democracia Sindical", delegando la concreción de un calendario de actividades al respecto a la Secretaría Gremial. • Impulsar la Jornada de Formación en la primera quincena de marzo sobre la "Ley de Riesgo del Trabajo" y convocar a la Movilización Nacional del 28 de abril por el mismo tema. • Realizar el Encuentro de Trabajadores de la Educación en la CTA la primera quincena de febrero para tratar, entre otras cosas, iniciativas sobre la Ley de Educación Superior. • Realizar un Encuentro de Trabajadores del sector Privado para el segundo trimestre del 2012. • Realizar un Encuentro de Organizaciones Territoriales antes del 30 de marzo, que nos permita unificar un criterio político de acción nacional y encarar el debate sobre la tierra, los servicios públicos, la vivienda y el hábitat en su conjunto, a fin de establecer una estrategia de lucha nacional. • Reunir a los Diputados Nacionales de la CTA en fecha próxima, para debatir, coordinar y resolver en conjunto una estrategia nacional de acción hacia los poderes legislativos en general". ARGENTINA › FUE DETENIDO LUIS BARALDINI, BUSCADO POR LA JUSTICIA DESDE 2003 La caída del represor prófugo El jefe de la policía pampeana durante la dictadura fue apresado en Bolivia y trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Había participado del levantamiento carapintada y en 2009 intervino en un intento de golpe contra Evo Morales. Baraldini fue detenido por la policía aeroportuaria de Santa Cruz y luego fue expulsado de Bolivia. Luis Enrique Baraldini, jefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura y prófugo de la Justicia desde 2003, fue detenido en Bolivia y expulsado a la Argentina, donde será juzgado por delitos de lesa humanidad. Baraldini, que fue carapintada, fue capturado anteayer por la policía aeroportuaria en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y se encuentra desde ayer en la cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires. “De extrema ferocidad en los años del terrorismo de Estado, (Baraldini) también evidenció peligrosidad por lo menos hasta hace muy poco, al participar en 2009 de una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales, junto con grupos de extrema derecha locales y otros carapintadas ex oficiales argentinos”, dijo la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en una conferencia que brindó ayer por la tarde. Entre 1976 y 1979, Baraldini fue jefe de la Policía de La Pampa, y se destacó, además, como jefe operativo de la Sub Zona 1.4, teniendo a su cargo el centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría 1ª de la ciudad de Santa Rosa. “Según los relatos de testigos, se trata de un hombre que torturaba personalmente, que participaba directamente de las sesiones de tortura”, detalló la ministra Garré. Luego de cumplir funciones en La Pampa, Baraldini, de ahora 73 años, fue trasladado en 1980 como agregado militar en Bolivia. Allí participó activamente del Plan Cóndor, entrenando a oficiales del Ejército boliviano. Más de cien militares argentinos arribaron por aquellos años a Bolivia para cumplir funciones similares. Restablecida la democracia argentina, Baraldini fue detenido e imputado por veinte delitos. Pero en 1988 la Corte Suprema de la Nación lo desprocesó, aplicando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El 3 de diciembre de 1990, Baraldini participó del golpe carapintada encabezado por Mohamed Alí Seineldín. Su misión fue la toma del Regimiento de Patricios, en Palermo. Por estos hechos Baraldini fue condenado y estuvo preso en Campo de Mayo hasta que, en 2002, el entonces presidente interino Eduardo Duhalde lo indultó por “razones humanitarias” y por la “reconciliación de los argentinos”, según informaba el decreto que además indultaba al propio Seineldín y a otros civiles y militares. El teniente coronel Baraldini huyó a Bolivia en 2003, cuando se reanudaron las causas por crímenes de la dictadura y el juez Daniel Rafecas ordenó detenerlo por su actuación como jefe de Policía pampeana. Desde entonces, y hasta el sábado, Baraldini logró burlar la Justicia, contenido por sus pares bolivianos. En efecto, en 2005, en Santa Cruz de la Sierra, Baraldini fue condecorado por un Círculo de Oficiales por “sus méritos personales, profesionales y vocación de servicio”. La prensa boliviana informó en 2006 que Baraldini había instalado una escuela de equinoterapia, el Centro Ecuestre Especial. Para gestionarla, se hacía llamar “Luis Pelliegre”, en vez de Pellegri, como indica el apellido materno. También se lo vinculó a Jorge Mones Ruiz, un carapintada relacionado con un intento de golpe contra Evo Morales en 2009 por parte de una célula terrorista integrada por húngaros, croatas y bolivianos. “Estamos ante sujetos que no sólo hicieron un enorme daño en la Argentina, sino que también en Bolivia. Donde evidentemente tienen márgenes de protección de algunos sectores de ultraderecha enemigos de las autoridades constituidas”, dijo Garré. La ministra remarcó que Baraldini contaba con la contención de su yerno, quien desde su cargo como director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, dependencia que “tiene mil efectivos de control y vigilancia urbana”, le daba “una especial cobertura para ocultarse”. Este fin de semana navideño, Baraldini pensaba reunirse con su familia en Santa Cruz, pero fue detenido el sábado en el aeropuerto de la ciudad, donde habría llegado para recibir a sus familiares. “Quiso identificarse exhibiendo un documento boliviano falsificado. Se lo detuvo, se ordenó el traslado a la ciudad de La Paz, donde las autoridades resolvieron expulsarlo”, detalló la ministra. Desde ayer a la mañana permanece en la cárcel de Marcos Paz, donde espera la reapertura de la causa judicial que se tramita en La Pampa. Página 12 Garré sobre el ex militar extraditado: "Era un oficial de extrema ferocidad" La ministra de seguridad confirmó que Luis Baraldini, prófugo de la justicia argentina por delitos de lesa humanidad,fue entregado por Bolivia a la Argentina y aseguró que se trata de un hombre peligroso ya que, además, había intentado un  "magnicidio" en el país vecino Nilda Garré precisó que Baraldini era "un oficial muy buscado, prófugo desde hace mucho tiempo, y además de extrema ferocidad en los años del terrorismo de Estado". En conferencia de prensa realizada anoche desde la cartera de Seguridad, aseguró que "también evidenció peligrosidad hasta hace muy poco, cuando en Bolivia participó de una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales". La ministraseñaló que el ex militar, de 73 años, habría trabajado junto a "grupos de extrema derecha" de Bolivia y "otros carapintadas, ex oficiales argentinos" en un intento de Estado en el país vecino. Testigos de los tiempos de la dictadura, agregó por otra parte, aseguraron que era "hombre de extrema ferocidad, que torturaba personalmente, participaba de las sesiones de tortura, y torturaba" Baraldini fue detenido en Santa Cruz de la Sierra el sábado último y entregado hoy a las autoridades argentinas, ya que estuvo durante años prófugo de la justicia por delitos cometidos cuando fue jefe dela Policía de La Pampa durante la dictadura. Garré recordó que el detenido fue "una de las cabezas" del alzamiento carapintada de 1990, encabezado por Mohamed Alí Seineldín por lo que permaneció varios años preso. Aparentemente, el ex militar argentino habría sido ayudado en su permanencia en Bolivia por un yerno con cargo en la intendencia de Santa Cruz dela Sierralo que le permitió "una especial cobertura para ocultarse", dijo la ministra. Fuente: Infobae Argentina EL NUEVO TITULAR DE LA CAMARA DE CASACION PENAL, PEDRO DAVID “Los casos de lesa humanidad serán prioritarios” El jurista Pedro David fue elegido para dirigir el tribunal cuestionado por paralizar causas de derechos humanos y otras irregularidades. Anuncia cambios en la Cámara y asegura que su objetivo es “dar celeridad y transparencia a todo”.  Por Irina Hauser Página 12 Pedro David se fue del país y volvió muchas veces. Partió expulsado por dictaduras, en 1955 y 1976, o eyectado por los resabios que esos regímenes dejaron en tribunales en democracia y tentado por organismos internacionales para trabajar en derecho penal y, en especial, en derechos humanos. David integra la Cámara de Casación Penal –el escalón previo a la Corte– desde su creación, en 1992, donde siempre se sintió sapo de otro pozo entre jueces a los que el ex ministro de Justicia Carlos Arslanian bautizó como “esperpentos”. Volvió a irse en 2008, elegido para juzgar los crímenes de la ex Yugoslavia. En su último retorno, hace dos meses, aterrizó con grandes expectativas. La semana pasada fue elegido presidente de Casación y, según le dijo a Página/12, uno de sus grandes objetivos es que este tribunal deje de ser el principal escollo para completar los juicios contra represores de la última dictadura: “Resolver los casos de delitos de lesa humanidad será absolutamente prioritario”, anunció. “Quiero aprovechar este nuevo tiempo en Casación”, explicó, en alusión a que casi la mitad del tribunal cambió en cuestión de semanas. A los 82 años, David disfruta repasar cómo se forjó como jurista. Cuenta, entre muchos otros datos, que en Estados Unidos, dirigió el Departamento de Criminología de la Universidad de Nuevo México y fue consejero de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas, en Viena. En el tribunal Penal de La Haya llegó a trabajar en dos juicios en simultáneo. –¿A qué se debe su entusiasmo? Uno podría pensar que después de más de medio siglo en la Justicia y sus experiencias en el exterior ya vio todo. –Las nuevas incorporaciones en Casación son un cambio importante (se refiere a los nombramientos de Alejandro Slokar, Ana Figueroa, Mariano Borinsky y Juan Gemignani). Le llamo nuevo tiempo por los cambios no sólo en la composición, sino en las circunstancias históricas y nuevos desafíos. Los tribunales también reflejan los cambios de doctrina y de pensamiento. Cuando juramos en diciembre de 1992 en Casación, el único o casi el único juez que no había servido bajo el gobierno militar era yo. Por una u otra razón ejercieron la judicatura entonces. A mí me cesantearon, pero tampoco quise servir como juez bajo un gobierno militar. En el ’55 era juez de la Corte de Salta. En el ’76 integraba la Cámara Criminal de Capital. Yo era un juez de la Constitución. Con esto no estoy acusando a nadie, es sólo una diferencia. –¿Cómo convivió con esa composición de Casación, de la que aún queda parte? –Un juez puede defender sus opiniones aun en el contexto colectivo de un tribunal. Para eso tiene la jurisprudencia y la doctrina, y la guía de su propia conciencia. Mi sala, la Sala II, con Juan Fégoli especialmente, fue absolutamente renovadora. Pusimos la impronta en las causas de derechos humanos. De hecho, antes de irme al tribunal penal (en La Haya) declaramos la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, donde establecimos la imprescriptibilidad de los crímenes. Y antes habíamos intervenido en el caso de Arancibia Clavel, donde voté para que el Estado chileno pudiera ser querellante para defender los derechos de las víctimas. Ese fallo sirvió de antecedente para que las ONG quedaran legitimadas para presentarse en los juicios. La Corte luego pudo condenar Arancibia Clavel. –Pero la Casación tiene más salas y la mayoría operó como un “embudo” en causas de derechos humanos. –Bueno, cada sala tenía su conducta, no quiero personalizar. –¿Con qué panorama se encontró a su regreso? –Casación estuvo signada por muchos conflictos en los últimos años. Yo, por ejemplo, le había denegado la excarcelación a Alfredo Astiz y en mi ausencia (los subrogantes) se la otorgaron. Empezaron a cambiar el rumbo de toda la jurisprudencia que habíamos establecido con Fégoli. Después la Corte revocó y empezó a poner pautas. Lo que hizo la nueva Corte en los último seis o siete años en materia de derechos humanos es único en el mundo. Aquí no ha habido sólo comisiones para investigar la verdad. Se dictaron leyes y nulidades. Se ha tratado y se sigue tratando de averiguar la verdad en todos los sentidos. No sólo por la importancia de llegar a la verdad, sino de castigar a los responsables. En otros países, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, por ejemplo, hay mucho retraso. –Aun así la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración General sigue alertando sobre las demoras y centra la preocupación en Casación. Dice que en el último año se revisaron sólo tres sentencias contra represores. –En sus comienzos Casación tenía 900 causas en total, cuando volví ahora encontré que había 10 mil, con el mismo número de jueces y salas. Ya se había creado por ley la Cámara de Casación ordinaria y se hicieron los concursos, pero aún no se implementó. Hubiera alivianado mucho el trámite de las causas ordinarias y derechos humanos. La celeridad de las causas de derechos humanos, además, está ligada a la necesidad de homogeneizar trámites. Hacen falta reformas procesales y una informatización acabada. Que no haya causas con compartimentos estancos, que las pruebas de una causa se apliquen directo a otras. –¿Usted dice que es sólo un problema procesal y burocrático, no de voluntad y/o discrecionalidad de los jueces? –Lo que le puedo decir, como presidente por asumir del tribunal, es que resolver los casos de delitos de lesa humanidad será absolutamente prioritario y voy a instruir a los presidentes de las distintas salas para eso. Vamos a dar actividad y movimiento a estas causas, para que no queden paradas. Serán prioritarias y dinamizadas, quiero decir, que no esperen el juicio de los siglos. No se puede hacer eso con ninguna causa y menos con causas de derechos humanos. Nosotros, en la Sala II, estamos haciendo nuestro inventario con todas las causas y su estado. –¿Qué va a aportar de su experiencia en el tribunal penal para los crímenes de la ex Yugoslavia? –La modernización de las doctrinas, pero en especial apuntalar los juicios con recursos más efectivos e interconexión entre las causas. Hay que lograr un sistema que permita la visualización conjunta de todas las tramas de los distintos casos. En La Haya todos los testigos que deponen en un juicio se incorporan directamente en otro, no necesitan declarar una y otra vez lo mismo. Hay que mejorar, además, el sistema de protección de testigos. Allí muchos testigos cambian de nombre y domicilio, incluso de países. Tienen una total confidencialidad. –Usted se refería a la necesidad de una reforma procesal, ¿por qué todos los gobiernos prometen reformas procesales, hasta arman proyectos y ninguno la concreta? –Es cuestión de voluntad política. Necesitamos una voluntad política del Estado para tener una justicia más flexible y ágil. La Justicia larga y poco efectiva genera escepticismo en la gente. Habría que combinar la protección de derechos con celeridad de procesos. Aligerar el sistema procesal, oralizarlo, pero con recursos, de manera que se puedan obviar las instancias escritas. Lo que sucede es que, por ejemplo, el programa de informática jurídica empezó con el gobierno de Raúl Alfonsín y aún no se implementó en toda su dimensión originaria. Tampoco se pude reformar el Código Penal sin el procesal y viceversa. Las reformas parciales no sirven. –¿Pondría en esa categoría a la ley antiterrorista que se acaba de votar? –Y, tengo la impresión de que es una reforma parcial, que se va a tener que calibrar en algún momento. Tal como se votó, va a depender de la aplicación cuidadosa que haga el Poder Judicial. Una cosa son los actos terroristas, otra son las actividades que son expresiones legítimas de protesta social. Yo participé en todas las discusiones sobre este tema en Naciones Unidas y no es sencillo. Aquí integré una comisión en el Ministerio de Justicia con Arslanian y el procurador Esteban Righi, creo que fue al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, donde trabajamos en una ley para este tema, pero con una definición de terrorismo muy acotada, aunque no recuerdo los detalles. Deliberamos todo un año y después no se usó. –¿Van a hacer reformas concretas en Casación? –Vamos a modificar el reglamento para adaptarlo a los nuevos tiempos y a la nueva composición. Queremos dar celeridad y transparencia a todo. Que cualquiera pueda ver y saber, por ejemplo, en qué está un expediente, cómo es la circulación entre los jueces. –La designación de Luis Cabral –presidente de la Asociación de Magistrados– como camarista subrogante en el tribunal fue cuestionada en varias presentaciones judiciales, entre ellas de un juez. ¿Las van a tratar o lo avalan? –No le puedo decir ahora si vamos a analizar lo de Cabral, que no conozco en detalle, pero sí puedo afirmar que ya se acordó que de ahora en más las subrogancias son sólo entre jueces del propia tribunal, o en última instancia, se cuenta con una lista de conjueces que se le solicitó al Poder Ejecutivo. –En una causa donde se investiga la presunta manipulación del sorteo de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra y posibles sobornos justamente en Casación para favorecer a los ferroviarios detenidos, hay camaristas investigados: dos renunciaron al tribunal, uno no, me refiero a Eduardo Riggi. ¿Debería irse? –Preferiría no opinar del caso puntual. Hay un principio de responsabilidad que todos tenemos, que implica que cada uno es responsable de lo que hace. La gente espera de los jueces una conducta de cuidado y responsabilidad y probidad. –El juez de la Corte Enrique Petracchi, que tiene 76 años, fue cuestionado por abogados que interpretan que si el Senado no volvió a darle acuerdo debía jubilarse y dejar el tribunal ya el año pasado. Usted tiene seis años más. –Estoy jubilado desde 1983, lo que percibo es la jubilación y algo que otorga la Corte. Soy legítimo en mis funciones y no tengo interés personal. Argentina: Polémica porque autorizaron a ex represor a ejercer como abogado Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Rosario, que levantó la matricula suspendida de Daniel Amelong (foto), condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar La Cámara de Apelaciones de Tribunales provinciales de Rosario levantó la suspeción de la matrícula de abogado que pesaba sobre el ex teniente Daniel Amelogon, condenado por crímenes de lesa humanidad cometios durante la última dictadura militar El Tribunal revocó la decisión del Colegio de Abodados de Rosario, que le había suspendido la matrícula a Amelong, al responder a un recurso en ese sentido que había presentado el propio afectado El fallo fue criticado por el titular del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio del Vecchio, quien anunció que "es muy probable que se presente un recurso de inconstitucionalidad de la medida judicial" Los camaristas Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho consideraron que para suspender la matrícula de Amelgon no hubo intervención o pronunciamiento del Triubunal de ètica en pleno del Colegio de Abogados como lo exigiera la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia DelVecchio consideró hoy que "la Cámara hizo una lectura demasido estricta del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial" Además, justificó la decisión del Colegio de Abogados de suspender la matrícula del condenado al señalar que la entidad "debe garantizar a la población que quien ejerza la profesión sea una persona ética. Publicado por Pelusa en Otro Uruguay es Posible Argentina: Juez federal llama a indagatoria por la matanza de Rincón Bomba Por Diario la Mañana A pedido del fiscal federal subrogante, la Justicia Federal de Formosa dispuso el llamado a indagatoria a los presuntos responsables de los hechos conocidos como “La masacre de Rincón Bomba”, ocurrida en la zona de Las Lomitas en octubre del año 1947, y en la que perdieron la vida centenares de aborígenes de la etnia Pilagá a manos de efectivos de la Gendarmería Nacional. En el año 2005 se interpuso en el Juzgado Federal de Formosa una acción de conocimiento de resarcimiento colectivo a consecuencia de la violación de Derechos Humanos por crímenes de “lesa humanidad”, contra el Estado nacional. Por la misma se solicitaba “la indemnización, por la cantidad de pesos que el señor Juez Federal se sirva presupuestar, de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica, a favor del pueblo de argentinos de etnia Pilagá, en razón de la llamada “Matanza de Rincón Bomba”, acaecida en las cercanías de la hoy ciudad de Las Lomitas, entre el 10 y el 30 de octubre del año 1947, perpetrada por personal perteneciente al Estado Nacional, Gendarmería Nacional Argentina y Policía Nacional de Territorios”. En el mes de abril de 1947, miles de peones Pilagás, Tobas y Wichís son despedidos sin indemnización del Ingenio San Martín de El Tabacal. Cabe recordar que Formosa era Territorio Nacional y se convertiría en provincia recién en 1956 y, hasta ese entonces, el gobierno central era quien designaba las autoridades de cada lugar. La demanda se concretó ante el Juzgado Federal a cargo del doctor Marcos Bruno Quinteros. La presentación inicial señalaba que “en total son asesinados en la ‘campaña’ entre 400 a 500 argentinos de etnia Pilagá, aproximadamente, además de los heridos y más de 200 ‘desaparecidos’. Ello sumado a los más de 50 muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños. Se elevan las bajas a más de 750, entre niños, ancianos, mujeres y hombres”. La denuncia la realizaron los abogados Carlos Díaz y Julio García, representantes de la comunidad aborigen Pilagá. El fiscal federal instructor, Arístides Fernández Bedoya, efectuó requisitoria instructiva formal y solicitó al juez federal de Formosa, Marcos Bruno Quinteros, que llame a indagatoria a los victimarios de la masacre. Entre ellos aún con vida hay un ex juez Federal de Formosa y Camarista de Chaco, miembros de la Fuerza Aérea Argentina, miembros de Gendarmería de la época. El juez federal Quinteros ordenó el llamado a indagatoria, en razón de la edad de los presuntos responsables que actualmente están con vida. Años atrás se realizaron excavaciones en la zona de Rincón Bomba y en un campo ubicado al sur de Pozo del Tigre, donde se hallaron restos óseos (foto) que serían de las víctimas de aquella matanza. www.lamanana-online.com.ar/nota.php?id=11724 ARGENTINA› MARCELO GOYENECHE, DIRECTOR DE UN DOCUMENTAL SOBRE LOS CONSCRIPTOS QUE SIRVIERON A LAS ORDENES DE BUSSI “Un alegato contra la militarización de las sociedades” Algunos conscriptos denuncian cómo torturaba Bussi y las lecciones que les daba sobre tortura. Otros están orgullosos del papel que jugaron en el Operativo Independencia. El “estancamiento” era común como castigo. Image  Por Leonardo Castillo Página 12 –¿SMO (Servicio Militar Obligatorio) El Batallón olvidado es una historia que surgió cuando trabajaba para contar otra cosa? –Sí, mi primera intención era hacer un documental sobre el Operativo Independencia en Tucumán, que comenzó en 1975 con el pretexto de aniquilar a las formaciones guerrilleras del ERP que operaban en el monte, pero que en realidad fue un amplio dispositivo de represión sobre la población civil y las organizaciones de trabajadores azucareros que desde hacía una década venían movilizándose contra el cierre de los ingenios. El 35 por ciento de las desapariciones que tuvieron lugar en la provincia se produjeron entre enero de 1975 y marzo de 1976. Además, funcionó allí el primer centro clandestino de represión, La Escuelita, en Famaillá. Al iniciar la investigación preliminar, al recabar las primeras informaciones sobre aquellos años en la provincia y las consecuencias del Operativo que comenzó bajo las órdenes de Acdel Vila y que luego siguió Domingo Bussi, me encontré con que en Orán, Salta, existía una asociación de ex conscriptos que había tomado parte del accionar del Ejército contra la guerrilla. Noté que había una historia silenciada, que merecía ser indagada y contada, por eso el nombre del documental, El Batallón Olvidado. Se trataba de jóvenes de 18 años, que siete años antes de la Guerra de Malvinas fueron expuestos a situaciones traumáticas que los marcaron para siempre. –Lo que muestra la película es que muchos de esos ex soldados reivindican el papel que cumplieron durante la colimba en Tucumán. –Sí, es así. Muchos reproducen aún ese discurso de la oficialidad, que rezaba que el Operativo Independencia era un acto de servicio para “salvar a la patria de la agresión marxista”. Encontrarse con esa versión de la historia de aquellos años implicó un desafío para mí, pues significaba una visión contraria a la que tengo como documentalista, una confrontación con mi propia mirada. Entonces, el reto que me impuse pasó por entender por qué subsiste esa mirada en varios de los ex conscriptos. –¿Y por qué cree que todavía muchos de esos ex soldados avalan la tarea que el Ejército llevó a cabo en Tucumán durante el Operativo Independencia? –Muchos de esos jóvenes provenían de poblaciones rurales de Salta, Jujuy y las provincias cuyanas, y el Servicio Militar Obligatorio constituía para ellos una experiencia de socialización muy fuerte. Está claro que el propósito del Ejército era llevar a Tucumán jóvenes de otros lugares para que no tuvieran que enfrentarse con vecinos, con gente que tal vez conocieran. Incluso así, para muchos de ellos, la colimba era la primera oportunidad que tenían de ver el mundo, de encontrase con otra realidad, y lo hicieron desde una perspectiva castrense, verticalista, que aún pervive en muchos de ellos. Hay que entender que muchos de esos pibes, la primera vez que se subieron a un micro fue para ir al cuartel donde se alistaron. Ese viaje constituyó el primero que muchos de ellos hicieron en sus vidas y es una experiencia que deja huellas muy profundas en la conciencia. Ahí me vi obligado a tomar distancia de mi ideología, de algunos de mis preconceptos para tratar de entender por qué perdura entre esos ex soldados una mirada tan autoritaria. –Pero también está la mirada de muchos ex soldados que hicieron la colimba en aquel Tucumán, que padecieron maltratos y fueron testigos de abusos y torturas. –Sí, eso es parte del relato y era algo que también buscábamos reflejar. Así como me encontré con gente que decía “estar orgullosa” de haber tomado parte del Operativo Independencia, otros tenían mucha necesidad de hablar, de sacar a relucir hechos que durante años estuvieron muy reprimidos y noté que todavía persiste mucho miedo, dolor, angustia, pese a que habían pasado más de 35 años. Durante mucho tiempo, en el imaginario colectivo se instaló la idea de que los estacamientos eran un castigo que se aplicó a algunos soldados durante la Guerra de Malvinas, pero en el documental mostramos que esta era una práctica muy difundida en el Ejército y muchos soldados la sufrieron en Tucumán, bajo un sol abrasador. Uno de los testimonios que recabé y que más me reconfortó fue el de Domingo Jerez, a quien entrevisté en 2009 y pusimos en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y volvió a declarar en 2010, esta vez ante un tribunal, en el juicio que se le siguió al genocida Antonio Domingo Bussi (gobernador militar de Tucumán entre 1976-1977) por los crímenes cometidos en la Jefatura de Policía de Tucumán. En ese juicio, Jerez brindó información muy importante, contó cómo Bussi molía a garrotazos a los detenidos y las lecciones de tortura que les daba a los soldados. La información que aportó fue de mucha importancia. Espero que ahora la película se difunda, se vea y se comente en muchos espacios y pueda movilizar a que otros ex soldados puedan aportar más testimonios en otras causas, como por ejemplo la de Campo de Mayo. La Secretaría de Derechos Humanos está convocando a quienes hicieron la colimba entre 1975 y 1983 para que puedan aportar datos. Si esta película contribuye con eso, me voy a sentir muy conforme. –¿Contribuir con la Justicia es el objetivo principal de este documental? –El objetivo era dar testimonio contra el Servicio Militar Obligatorio, denunciarlo como una forma de maltrato y sometimiento. En Argentina operó como una forma de disciplinar a la población civil, y en el caso de muchos de estos ex soldados todavía se percibe como algo positivo, un complemento de la educación inicial y secundaria. Una visión que el documental procura rechazar de plano. –¿Actualmente, es en el Norte del país donde más arraigada se encuentra esta valoración positiva del Servicio Militar, como lo deja entrever la película? –No sólo en el Norte, en Buenos Aires y en otras grandes ciudades se reproduce esa idea de la colimba como un corrector social, un freno ante las drogas y la inseguridad. Una noción que incluso difunden personalidades vinculadas al mundo del espectáculo y la política. Encerrar a un pibe en un cuartel durante un año no nos otorga una persona mejor. Es lo que genera, por ejemplo, experimentos como el de las policías infantiles, que se llevan a cabo en Salta, Misiones, Chubut y Mendoza. Es un sistema por el cual se somete a pibes de entre 6 y 15 años a prácticas diarias de instrucción militar, lo que significa una constante violación de sus derechos. ¿Para qué se prepara a esos chicos? ¿Para que sean policías? ¿Pero al servicio de quién y con qué propósito? Son los interrogantes que intentan plantearse en la película si proponemos una mirada hacia el futuro y el presente. –¿Se podría decir que ése es el concepto que se busca transmitir? –Digamos que se trata de un alegato contra la militarización de las sociedades y lo perjudicial que esta idea representa para los intereses de los sectores populares. Por ejemplo, la gente hoy tiene en claro que la colimba no existe más, pero son pocos los jóvenes que saben que se terminó porque hace más de 15 años un soldado, Omar Carrasco, tuvo que morir a golpes en un cuartel a manos de dos compañeros que seguían órdenes de un superior. Y lo que es llamativo es que, cuando se cancela el Servicio Militar, comienzan a crearse las policías infantiles en varias provincias. ¿Cuántas generaciones de jóvenes pasaron por este sistema de formación y qué terminan haciendo después? Cuándo el Servicio militar se instituyó, en 1901, se lo presentó como “un instrumento de moralización pública”. Pero a lo largo del siglo XX quedó demostrado que ese ejército, que pretendía encauzar y formar ciudadanía terminó, siendo una amenaza real para las instituciones del país y los trabajadores. –Mencionó el caso Carrasco, sin embargo fueron muchísimas las denuncias de abusos y muertes que se verificaron a lo largo de la historia del Servicio Militar. –Es cierto, la colimba siempre estuvo vinculada con el abuso y la tortura. En la década del ’10, se conoció una práctica denominada como el submarino, que consistía en atar de pies y manos a los conscriptos, obligarlos a sumergirse en el río y bucear por debajo de un barco. Fue una práctica que provocó la muerte de 30 soldados en Corrientes. Es más, durante la pasada dictadura se produjo la desaparición de más de 200 soldados de los cuarteles. Eso sin mencionar los bailes y metodologías siniestras, como aplaudir cardos o tormentos que provocaban principios de deshidratación. Los ex soldados con los que hablé me contaron que a veces, como castigo, algunos eran atados en el interior de las carpas debajo del sol, con un tarro de agua en el pecho porque con el calor, la persona siente la sensación de que se ahoga dentro de un horno. –Esos abusos tuvieron consecuencias psíquicas y físicas que aún hoy los ex soldados siguen padeciendo. –Sí, las secuelas de esos abusos siguen durante muchos años. Esto es algo que se toca en la película. Hay casos de alcoholismo, problemas psicológicos y físicos que todavía hoy afectan a quienes tuvieron que hacer la conscripción en el monte tucumano. Entre 1975 y 1983, los años más álgidos de la represión estatal en Argentina, más de 400.000 jóvenes pasaron por los cuarteles, contando además los que debieron ser movilizados al Atlántico Sur como consecuencia del conflicto con Gran Bretaña. Eso solo nos da la pauta de que, entre nosotros, tenemos toda una generación que padeció abusos sistemáticos en las unidades militares. –¿Con qué propósito utilizó en El Batallón Olvidado el recurso de la animación? –Como una forma de recrear, de generar proximidad y dramatismo. El documental permite trabajar con mucha libertad, da la posibilidad de combinar distintos elementos y soportes. Reconozco que me inspiré un poco en Waltz with Bashir, un film israelí animado que cuenta las peripecias de un grupo de soldados durante la Guerra del Líbano, en 1982. Me gustó mucho esa película y pensé en un momento en hacer todo en animación pero era muy costoso, por eso me limité a unas escenas. –¿Y el material fílmico dónde lo consiguió? –Una fuente de buenos recursos fílmicos fue el archivo visual que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, donde me proveí de mucho material como filmaciones periodísticas, cinematográficas y noticieros de la época. –Además de documentalista, también es delegado sindical en Aerolíneas Argentinas. –Lo que me interesa es retratar las luchas, las historias de resistencia y victimización que vivieron los sectores populares en Argentina. Las epopeyas olvidadas, los relatos silenciados. Son composiciones que apuntan a generar conciencia, a fomentar un aprendizaje colectivo que nos permita sacar lo mejor y lo peor de cada experiencia para que ciertos hechos no se repitan. Soy hijo de laburantes, y mi compromiso es con esa clase. Busco retratar a los trabajadores desde sus memorias. Narrar es para mí una manera de intervenir sobre el presente, y el futuro. Si uno es fiel a esos principios, contar se convierte en una acción política. Eso es lo que intento. –¿Es lo que buscó en sus anteriores trabajos documentales, El día que bombardearon Buenos Aires (2004) y Carne Viva (2007)? –Ambas son realizaciones que cuentan hechos silenciados por la historia oficial, que hablaban de la resistencia a un modelo económico. En El día que bombardearon... busqué contar el bombardeo a Plaza de Mayo de junio de 1955 contra el gobierno de Juan Domingo Perón como un ataque a la clase trabajadora. Un atentado terrorista provocado por un cuerpo estatal como la Marina que le costó más de 400 vidas. Se trataba de dar una lección a las masas que apoyaban ese proceso de transformación que llevaba a cabo el peronismo. Ese es el inicio de un largo período de resistencia, de lucha de mucho heroísmo, que tras muchas marchas y contramarchas desemboca en el 2001. En Carne Viva intenté reflejar la gran gesta que significó la huelga de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre, en Mataderos, en 1960. Fue una medida de fuerza comandada por el dirigente Sebastián Borro, que contó con la participación de 9000 obreros de la carne. Y ahí también logré relacionar esa gesta con el presente, con los trabajadores que tras la crisis de 2001 salieron a recuperar fábricas; en esta película tomé el caso del frigorífico Yaguané, en La Matanza. Uno de sus trabajadores era Angel Vivaldelli, que había estado en la huelga del ‘60 y a los 81 años asesoraba a la cooperativa en la sección cortes. –¿Y cuál es el correlato con el presente que se puede hacer desde El Batallón Olvidado? –Relacionar lo que se cuenta con el discurso de mano dura que se reproduce desde algunos medios de comunicación y sectores políticos de derecha. Aun hoy, desde cierta mirada reaccionaria, el Servicio Militar es una manera de combatir la inseguridad y la delincuencia. Entonces, trato de probar que, en realidad, el Servicio Militar nunca fue eficaz a la hora de generar ciudadanía, sino más bien todo lo contrario. Por eso, a diferencia de las dos anteriores, ésta no es una historia en la que se narren grandes gestas de resistencia y heroísmo, más bien es un relato sobre víctimas que, en muchos casos, se identificaron con sus victimarios. –En esta línea de marcar una continuidad histórica con cada realización, ¿cuál es su próximo proyecto? –Me gustaría contar la historia del sindicalismo argentino, y en particular las luchas que se desarrollaron durante el menemismo y el modelo neoliberal. Me parece que en este aspecto hay mucha tela por cortar. El proyecto es arrancar con las primeras organizaciones anarquistas y socialistas para llegar al sindicalismo actual, tan contaminado, de las prácticas empresariales. –En términos económicos, ¿producir estos documentales implica ir siempre a pérdida? –La verdad que sí. Para esta producción conté con respaldo del Incaa y la CTA, a la cual pertenezco. Es muy difícil filmar documentales si uno no cuenta con un buen respaldo. Prácticamente no existe el circuito comercial. Pero bueno, uno no puede pretender hacer un negocio redondo cuando cuenta historias como éstas. La apuesta pasa por otro lado. El propósito es movilizar, concientizar. Me conformo con que dentro de unos meses, la película sea difundida por el canal Encuentro y se difunda en escuelas. La idea es que cuando a las generaciones jóvenes les hablen sobre el Servicio Militar, vean este trabajo y asuman que se trata de un capítulo cerrado en la historia argentina y que no debe volver a repetirse. SE PROFUNDIZA EL MODELO DE AGRONEGOCIOS Y SUS CONTRADICCIONES SOBRE LOS HERIDOS Y ASESINADOS EN EL CAMPO  Crisis Estructural del capitalismo, agotadas las falsas soluciones se agudizan las contradicciones, el progreso liberal agota su tiempo sin cumplir sus promesas. No hace falta ser filósofo para comprenderlo, basta mirar con atención y escuchar al corazón. Argentina: el agronegocio y su modelo de extracción y muerte no mira ni siente, en su naturaleza capitalista, solo existe la posibilidad de acumular, acumulación y concentración en base a la explotación de los pueblos, al saqueo de sus riquezas y a la eliminación de todo adversario. (Incluso de aquellos capitalistas "menos capaces”). Las enormes masas de capital especulativo disponibles y la tecnología al servicio del capital aceleran este proceso de muerte. A la concentración de la tierra, la contaminación de los alimentos con agro tóxicos, al precio elevado de los alimentos por usarlos como combustibles, el trabajo esclavo, al hambre por la prioridad de los mercados externos, al monopolio de la comercialización de alimentos, se le suman las muertes, las amenazas, los baleados, las empresas se apropian de la tierra por medio de violencia armada contra los campesinos indígenas que nos oponemos al “progreso” que nos ofrecen.  Asesinaron a Cristian, ahora balearon a dos campesinos, antes mataron a otras y otros, los jueces cómplices, aliados del ruralismo. La lucha hizo renunciar a uno, pero cuantos quedan.  El agronegocio muestra su fuerza y hegemonía, y en este marco de obviedad de su perversidad, logra que se apruebe la “ley Anti Terrorista”. La ley sera un festín para los jueces, que sin motivos nos encarcelan por usurpadores, cuando llevamos mas de 50 años en la tierra, ahora seremos Terroristas cada vez que defendamos nuestra vida. Esta ley nos demuestra que a pesar de la UNASUR, de la esperanzadora CELAC, muy a pesar, no somos soberanos. Porque para estar en el G20 hay que aprobar leyes contra el terrorismo, que en realidad son contra los pueblos.  ¿Y para que queremos estar en el G20? Pues para defender al agronegocio, porque las potencias del G8 hoy necesitan regular los precios de los comodities.  El gobernador de Santiago del Estero aplica su ofensiva (contra los campesinos), sus punteros han salido con todo a amenazar, a intentar sobornar, descalificar, pero además, en Monte Quemado golpearon a compañeros del MOCASE.VC .  También, Zamora, mediante un “memo institucional” excluye de todos los festivales folclóricos a Raly Barrionuevo, Claudio Acosta, Juan Savedra, músicos populares comprometidos con los sueños y luchas del campesinado. El gobierno de Zamora le rescindió el contrato a dos médicos que son militantes del MOCASE.VC . El gobierno de Zamora responde al Agronegocio.  Es que nada tiene que ver la declaración de la CELAC con esto. Es su otra cara. CELAC, será soberanía de los pueblos, será justicia social, será libertad, solo cuando nos liberemos de las transnacionales. No hay posibilidad de soberanía con ellas definiendo nuestro desarrollo.  El G20 intenta legitimar las decisiones del G8, en un momento de crisis, pero su existencia misma atenta contra la legitimidad de Naciones Unidas, en la cual participan la mayoría de los países del mundo, todos con un voto, sin condicionamientos. No hay ventajas para el pueblo argentino obtenidas en las reuniones del G20. El G20 conspira contra la CELAC.  En este proceso también debemos afinar nuestra definición de lo nacional, desde lo popular. No podemos pensar que los Blaquier, Grobocopatel, los Rocca, o la mesa de enlace tienen intereses en el desarrollo nacional con “inclusión y justicia social”, seria volver a cometer viejos errores. Son y serán traidores a la patria, y no hay modelo nacional y popular que pueda contenerlos.  Por eso no podemos sostener un modelo que para desarrollar políticas sociales deba hipotecar los bienes naturales y amontonar al pueblo en villas, para que la tierra y los bienes naturales sean explotados por esa “siempre ficticia burguesía nacional” junto con las transnacionales que generan “progreso”.  Es necesario sostener el valor de los salarios por encima de la canasta básica, pero además hay una enorme masa de trabajadoras y trabajadores que están fuera de la economía formal y la discusión paritaria. Trabajadores precarizados, desocupados, de fábricas recuperadas, cooperativas, campesinos y agricultores familiares. Todos estos sectores somos sujetos económicos y las políticas deben ir enfocadas a fortalecer y desarrollar la economía social y popular.  Es hora de que los recursos para las políticas sociales salgan de las enormes ganancias de empresas de la “burguesía nacional”. Es hora de que la tierra cumpla su función social: para brindarnos un hábitat digno, para brindarnos la posibilidad de trabajar y producir alimentos y materias primas para cubrir las necesidades populares, y abastecer nuestra industria.  El estado debe apuntalar y fortalecer la economía popular, las cooperativas, las pymes, las empresas estatales.  Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente, abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular.  La ley contra la extranjerización de la Tierra y el nuevo estatuto del peón de campo son herramientas que mitigaran algunos de los embates del agronegocio contra los pueblos rurales. Pero no detendrán su proceso de concentración y acumulación.  La ley contra los desalojos campesinos espera por ser tratada, y nos  movilizaremos para que sea aprobada  La ley de radio difusión y la ley de democratización del Papel prensa son avances históricos en la construcción de la libertad de prensa y la democracia, esperamos que la lucha campesina tenga su voz legitima en todos los medios sin censuras ni recortes. También es urgente otorgar las licencias a las radios comunitarias y fortalecerlas con financiamiento y publicidad oficial.  Nosotras y nosotros vamos a profundizar nuestra lucha en los territorios, vamos a intensificar la movilización en las ciudades y pueblos, vamos a ampliar nuestros lazos con todos los sectores que estén dispuestos a debatir y a luchar por la liberación de nuestro pueblo argentino y latinoamericano, por la soberanía alimentaria por la justicia social.  Somos Tierra para alimentar a los pueblos Movimiento Nacional Campesino Indígena - CLOC – Vía Campesina 88.7 FM del Monte- SachaManta / AMARC Argentina DE COMCOSUR Nº 1344 - 27/12/2011 BRASIL BALANCE EN DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO DE DILMA ROUSSEFF Monitoreo a la Comisión de la Verdad La diputada brasileña Luiza Erundina no es ni muy optimista ni muy pesimista: “Veo la Comisión de la Verdad con realismo, sé que vamos a enfrentar presiones”. Erundina lidera un organismo que dará apoyo a las investigaciones. La creación de la Comisión de la Verdad por el gobierno de Rousseff fue un hecho de importancia histórica.  Por Darío Pignotti Página 12 Desde Brasilia La diputada brasileña Luiza Erundina, líder de un organismo que dará apoyo a la Comisión de la Verdad sobre la dictadura (1964-1985), afirmó que este año fue histórico en materia de derechos humanos pero observó con cautela el escenario en 2012, ante las “presiones” militares. “Es claro que la creación de la Comisión de la Verdad por parte de la presidenta Dilma Rousseff fue un hecho de importancia histórica, pero todavía no podemos ser muy optimistas respecto de si logrará sus objetivos en 2012”, declaró Erundina. “No soy excesivamente optimista ni pesimista, veo la Comisión de la Verdad con realismo, sé que vamos a enfrentar presiones, que ya las hemos constatado en estos meses por parte de grupos conservadores”, dijo la parlamentaria. La dirigente socialista habló de dilaciones. “Sinceramente esperábamos que la presidenta anuncie los nombres de los siete integrantes de la Comisión de la Verdad el 10 de diciembre, como dijeron algunas personas del gobierno informalmente, pero esto no ocurrió”, comentó. De ahí la precaución que manifiesta. “Ahora se dice que la comisión sólo comienza a trabajar en serio en mayo, y no olvidemos que se fijó como plazo hasta 2014 para que presente su informe sobre más de dos décadas de dictadura, no se puede demorar”, agregó. Luiza Erundina, del Partido Socialista, fue electa hace dos semanas titular de un organismo parlamentario cuya misión será “apuntalar a la Comisión de la Verdad, que nos parece que volverá a sufrir presiones cuando intente develar hechos importantes, vamos a recabar información, testimonios”. Para la congresista, en los próximos meses posiblemente habrá “maniobras para obstruir, hacer que la comisión sea desnaturalizada, no llegue a nada que ayude un posterior trabajo de la Justicia”. “Son evidentes las nuevas presiones militares, se hicieron patentes el día del anuncio presidencial, impidiendo que la hija de un desaparecido diga el discurso que tenía preparado”, ejemplificó Erundina. De ese modo, se refirió a la suspensión del discurso que iba a pronunciar la hija del diputado Rubens Paiva, desaparecido desde 1971, en el acto de lanzamiento de la Comisión, celebrado el 18 de noviembre. Asistieron a la ceremonia, realizada en el Palacio del Planalto, varios ministros, familiares y víctimas del régimen y los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. “Lamento que no haya hablado la hija del diputado Paiva y creo que hubiera sido interesante que también realicen un discurso los militares, es positivo que ellos expresen su pensamiento de una manera clara, republicana, sobre las investigaciones de los delitos”, observó Erundina. Medios de prensa publicaron que hubo discusiones acaloradas entre los ministros de Justicia, Defensa y Derechos Humanos en las horas previas a la presentación de la Comisión de la Verdad. Erundina dijo tener conocimiento de esas versiones. “Y por lo que me han dicho, el ministro de Defensa (el ex canciller Celso Amorim) fue de alguna manera mediador, el que transmitió las quejas militares y sus demandas para que no se lea el discurso” de la hija del diputado desaparecido. La diputada luego aclaró que fue un comentario que le llegó, que esa información no está confirmada. Ex alcaldesa de San Pablo en la década del ’90, Luiza Erundina ordenó por entonces investigar las tumbas con cuerpos sin nombre en el cementerio de Perus, donde fueron hallados algunos opositores asesinados por el gobierno de facto. Recientemente, las autoridades brasileñas entregaron a sus familiares los restos del comerciante español Miguel Sabat Nuet, fallecido en una celda de la policía política, el DOPS, en San Pablo. “Hay que seguir analizando los cuerpos encontrados que aún no fueron identificados, eso no puede demorar más, pero estamos contando con el apoyo claro del Ministerio Público Federal y las comisiones de la verdad que comienzan a ser creadas en varios estados, eso es importante”, concluyó Erundina. Chile: Estudiantes critican nulos avances del gobierno para cumplir sus demandas Martes, 27 de Diciembre de 2011 16:08 Colaboradores Líderes universitarios y secundarios criticaron la cuenta pública 2011 del ministro de Educación, Felipe Bulnes, a la que le atribuyeron un carácter apologético a favor del modelo privatizador en el sistema de enseñanza. El balance anual de Bulnes "se transforma en la más clara evidencia de que este gobierno este año ha dado pasos en la dirección de modernizar y perfeccionar el Estado subsidiario en el sistema privado" y nada "en la dirección de avanzar hacia un Estado garante en relación con el derecho a la educación", afirmó la líder estudiantil Camila Vallejo, según informa Prensa Latina. La ahora vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile siguió junto a otros destacados dirigentes del estudiantado la comparecencia del ministro en el Palacio de La Moneda. Es nuestro deber defender el derecho a la educación. Vamos a mantener esta postura porque urge hacer cambios en el sistema educacional y en el sistema político que impera en nuestro país, enfatizó Vallejo. Lamentablemente faltó autocrítica en la cuenta anual del ministro, teniendo en consideración que se cerró el año sin soluciones, apuntó asimismo el dirigente de los estudiantes del nivel de enseñanza media y presidente de los alumnos del Instituto Nacional, José Soto. Por su parte, el titular de la cartera situó como avances de la administración la reforma al Crédito con Aval del Estado, los aumentos a los aportes basales a universidades públicas, el incremento en la cobertura de becas, la creación de beneficios que incentivan el estudio de Pedagogía y el crecimiento de la subvención a la educación preescolar, entre otros. Bulnes restó significación a las multitudinarias movilizaciones que durante más de siete meses marcaron la agenda política en Chile, al sostener que se legisló para todos los sectores y no para los que tomaron las calles. "La gran expectativa que uno puede tener para 2012 es que, junto con la recuperación de los derechos que vivimos este año, sea la recuperación de los deberes", dijo en alusión a las protestas estudiantiles. El ministro realizó su cuenta anual en medio de rumores sobre su posible salida del gabinete, luego del "fatigoso" año que le tocó compartir con su antecesor Joaquín Lavín.

“El gobierno sincera su posición nombrando a uno de los ideólogos del modelo educativo”

Considerando que “el gran aporte del nombramiento de Harald Beyer como ministro de Educación es el sinceramiento que el gobierno hace respecto de lo que quiere en materia educacional, pues Beyer ha sido, sin duda, uno de los ideólogos del modelo educativo chileno que hoy tenemos y que la mayoría de la ciudadanía rechaza y quiere cambiar”, señaló el senador Alejandro Navarro, integrante de la Comisión de Educación quien agregó que “el que hayan habido tres ministros de Educación en un año muestra que este gobierno no ha sabido asumir la importancia de los movimientos sociales”.

Imagen: La Tercera

El parlamentario sostuvo que “el debate sobre si es técnico o es político es falso, en este y todos los gobiernos. Los ministros son todos siempre políticos, aunque no militen formalmente en un partido. En este caso, aunque Beyer está revestido por cierta aureola académica, él ha sido asesor de varios ministros, ha integrado diversas comisiones en los gobiernos anteriores, por lo que es bastante más político de lo que parece”.
Navarro dijo que “con el nuevo ministro el perfil privatizador en materia educacional será la que conducirá los destinos del ministerio, es decir, lejos de la posibilidad de avanzar en reformas para fortalecer la educación pública y terminar con el lucro en la educación superior, el timón del Ejecutivo se orientará hacia el fortalecimiento de la participación privada en educación, convirtiéndola, como ya lo han manifestado, en un bien más que se transará en el mercado al mejor postor. Con Beyer en Educación el debate político ya no tendrá la sospecha de estar ideologizado, será pura y esencialmente Ideológico”.
Finalmente, el legislador y presidente del MAS dijo que “al parecer un nuevo mal diagnóstico respecto de la vigencia y vitalidad de las demandas levantadas por el movimiento estudiantil y apoyadas por gran parte de la sociedad chilena el 2011, hacen que el gobierno haga esta arriesgada apuesta que, seguramente, de nuevo tratará de radicar en el Parlamento buscando acuerdos que les permitan eludir la opinión ciudadana. El 2012 educación seguirá siendo un tema central, de eso no hay duda, simplemente, porque todavía no hay soluciones a los temas de fondo, respecto de los cuales la propia encuesta CEP muestra altos porcentajes de apoyo ciudadano”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Chile: Renuncia segundo ministro de Educación en cinco meses

El ministro de Educación chileno Felipe Bulnes renunció hoy. Esta es la segunda dimisión de un ministro de esa cartera en cinco meses y tras un año marcado por protestas estudiantiles por cambios en la educación pública.
"En el día de hoy, el presidente (Sebastian Piñera) ha aceptado la renuncia a sus cargos de los ministros de Educación, Felipe Bulnes, y Agricultura, José Antonio Galilea", señaló el vocero oficial, Andrés Chadwick.
El nuevo ministro de Educación será Harald Beyer, actual director del Centro de Estudios Públicos (CEP).
La renuncia se produce el mismo día que fue difundida una encuesta sobre la aprobación del presidente Piñera que se sitúa en un histórico 23% según una encuesta del CEP. La cifra es más baja de un mandatario en la era democrática chilena.

Durante los meses de noviembre y diciembre, el presidente registró a su vez un aumento del rechazo a su gestión, que pasó de 53% a 62%, porcentaje que lo convierte en el gobernante con más alto nivel de desaprobación en los últimos 21 años.
Según la encuestadora, la baja aprobación del presidente se debe en gran parte a las movilizaciones por las demandas de los estudiantes, que durante ocho meses protagonizaron marchas y acciones para pedir una educación pública gratuita y de calidad.
En el último sondeo público del CEP, realizado entre los meses de junio y julio, Sebastián Piñera, el primer mandatario de derecha tras la llegada de la democracia en 1990, registró 26% de aprobación.
Con información de AFP y El Mercurio/GDA

El País Digital

 

ARGENTINA LA JUSTICIA ARGENTINA REQUIRIO INFORMACION A ESPAñA SOBRE LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO

Un atajo para luchar contra la impunidad

A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.
La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco. El requerimiento se enmarca en la causa iniciada por víctimas y familiares de fusilados y desaparecidos radicados en Argentina, que denuncian al Estado español, basados en principios de justicia universal. Fue a través de esos mismos términos internacionales que el juez Baltasar Garzón logró abrir investigaciones sobre los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En ese momento, la intervención judicial significó un enorme aporte a las causas de los organismos de derechos humanos de los dos estados americanos.
Mientras en España temen por el silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato de Francisco Franco, la jueza federal argentina rechazó una presentación del país europeo que sostiene que puertas adentro se investigan esos delitos y solicitó medidas probatorias concretas.
Pero lo que se hace hacia afuera, no se replica hacia adentro. Mientras desde el extranjero Garzón es aplaudido, en España lo espera un juicio que le inició el mismo Estado por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por La Falange, el partido que encabezaba Franco. “Yo actué como juez interpretando las normas nacionales e internacionales, como en otros casos”, dijo en declaraciones radiales recientes. Lo que pasa, en su opinión, es que “el franquismo en España todavía está vivo”.
En ese marco, organismos de derechos humanos españoles manifestaron que temen que, con la llegada de la derecha al poder, de la mano del jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, se retroceda en los derechos adquiridos. “Existe un peligro de regresión, porque la crisis económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos”, apuntó Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos, referente de la asociación Memoria Viva. En julio último, además, el Parlamento español ratificó la Ley de Amnistía vigente desde 1977, que bloquea el procesamiento de los militares involucrados.
Por eso, para Garzón es “complicado” que otro juez español investigue los crímenes de la dictadura franquista. Paradójicamente, en ese contexto, la Fiscalía General del Reino de España realizó un informe, a pedido de Cubría, destinado a responder si España investiga los crímenes del franquismo. La respuesta fue que “se han tramitado y se están tramitando numerosos procedimientos judiciales”. Algunas de las causas en curso citadas por la autoridad española se referían a los procesos desprendidos de las acciones de Garzón. “Esas causas se archivan automáticamente por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los jueces buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, explicó el abogado querellante Máximo Castex.
Con el exhorto de ayer, Servini de Cubría derrumbó la endeble torre de argumentos. Solicitó los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” que actuaron durante el franquismo –comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977– con la “certificación de los que hayan fallecido”.
Además, pidió el número de personas desaparecidas, con sus nombres completos, y la fecha y el lugar de sus desapariciones; la cantidad de personas asesinadas y torturas por “persecución política”; y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura. Las agrupaciones que luchan por la memoria aseguran que son al menos 30 mil los bebés robados.
También se requiere informes sobre las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados a la fecha y la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Para Castex, ese último punto del exhorto librado el 13 de diciembre último es fundamental. “Con las enormes distancias y diferencias, puede tener las repercusiones que acá tiene el tema de (la empresa que durante la dictadura militar pasó a manos del Grupo Clarín) Papel Prensa.”
Todas las medidas pedidas por Servini de Cubría corresponden a las peticiones solicitadas por el equipo de abogados de los familiares o españoles radicados en Argentina. En su última presentación, el 25 de noviembre último, la querella solicitó además que la jueza se constituya en la embajada nacional en España para recibir en persona nuevas denuncias y testimonios de víctimas. La magistrada podría dar lugar a este pedido una vez que recabe los datos solicitados.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia –sostienen los abogados argentinos en el último documento entregado a Cubría–, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad (si no que) no hay un solo niño a quien se le haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos.”
Informe: Rocío Magnani.
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