“El pueblo unido avanza sin partido”
Marcha convocada con la Tupac Amaru en Jujuy (24 de marzo)
Vista aérea de la multitudinaria manifestación de estudiantes en Valencia (29 de febrero)
"En el presente, los
partidos políticos se ven constreñidos a entidades administrativas
portadoras de una “marca” o, en el mejor de los casos, de una “memoria”
que no siempre es capaz de “seducir” a las nuevas generaciones."
Partidos políticos
Entre
los muchos gritos que se escuchan en diversas manifestaciones en el
país, llama la atención aquel que reza: “El pueblo unido avanza sin
partido”. Si bien la primera parte de la frase nos resulta más que
familiar, conviene detenerse en la segunda parte. Es claro que hay un
divorcio entre los emergentes movimientos sociales y los partidos
tradicionales de todo el espectro político. Dicho con toda franqueza,
los partidos no están de moda o, peor aún, han perdido toda su “aura”
como instituciones portadoras de grandes valores. Esto resultaba
impensable en nuestro país hace algunas décadas donde lo político era
administrado, precisamente, por los diferentes partidos. Esta suerte de
partitocracia desplazó del imaginario chileno, con escasas excepciones,
los movimientos autónomos.
Con todo,
sería precipitado decretar el ocaso del partidismo en nuestra sociedad.
Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre los partidos
políticos y los diversos movimientos se ha tornado mucho más laxa y de
baja intensidad. Las causas de este fenómeno son variadas y se pueden
encontrar en los nuevos contextos locales y globales en que se inscriben
los partidos y los movimientos sociales en la actualidad. El mundo de
hoy es muy otro respecto de aquel orden republicano e ilustrado que
presidió lo político en nuestro país durante buena parte del siglo
pasado.
En el caso específico de nuestro país, es indudable que el bombardeo e incendio de La Moneda
–macabra metáfora de una tragedia- marca un antes y un después para
los partidos políticos. Recordemos que la dictadura militar se ocupó,
muy especialmente, de reprimir y desarticular tanto los movimientos
sociales como los partidos políticos opositores, utilizando el asesinato
y el terror. Este hecho traumático pone fin a un orden económico y
político, pero al mismo tiempo inaugura un tiempo alterno que permanece
obstinado en el orden institucional plasmado en una constitución apenas
maquillada.
En el presente, los
partidos políticos se ven constreñidos a entidades administrativas
portadoras de una “marca” o, en el mejor de los casos, de una “memoria”
que no siempre es capaz de “seducir” a las nuevas generaciones. Un
mundo de consumidores que tiende a abolir la “convicción” en favor de la
“seducción” es, en principio, adverso a militancias estrictas. Un
mundo, en fin, que va dejando atrás la masificación “broadcast” en favor de la personalización “podcast”, no es un mundo propicio a grandes partidos políticos sino, más bien, a extensas “redes sociales” virtualizadas.
Lo
interesante del momento actual es que los anhelos y demandas de las
mayorías siguen siendo, en gran medida, las mismas de antaño. Amplios
sectores de trabajadores han visto acentuada la precariedad en sus
empleos, los bajos salarios y la privación de sus derechos. Los
estudiantes sienten en carne propia los costos que significa para ellos y
sus familias una educación mercantilizada. Por último, cualquier
ciudadano sabe que el actual estado de cosas no garantiza en absoluto el
acceso a la salud o la previsión social. En suma, la cuestión de fondo
en el Chile actual es cómo canalizar políticamente estas demandas sociales: Una tarea pendiente para los partidos políticos.
Por Álvaro Cuadra
Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. Elap. Universidad Arcis
TODO EL PODER, Y TODOS LOS CON PODER, CONTRA LA JUEZA MARIANA MOTA
Miércoles 4 de abril de 2012
(circula de manera masiva en la red): Llamamiento
Lo que no hagamos hoy, lo lamentaremos mañana
Ante estas graves situaciones, es imprescindible hacer algo por la jueza Mariana Mota.Lo que no hagamos hoy, lo lamentaremos mañana.
Compañeros:
No sé si están al tanto de la campaña desatada contra la jueza Mariana Mota, a raíz de declaraciones que hizo al diario Página 12, con motivo de su concurrencia a un Seminario organizado por el CELS en Buenos Aires, donde estaba invitada.
Esas declaraciones fueron "entresacadas" por Búsqueda de la semana anterior, El País se hizo eco y se sumó a la campaña mediática y la Suprema Corte de Justicia le solicitó informes en 72 hs., que ella ya contestó. No hay nada en esas declaraciones que pueda ser reprochable del punto de vista de la función, se le preguntó sobre el estado de los juicios en Uruguay, y queda claro cuáles son las condiciones en las que trabajamos acá, los recursos con que contamos y el sistema procesal.
Si un juez no puede decir eso, entonces hay que ponerles mordaza a todos.
Lo que hay detrás todos lo conocemos, Mariana es la juez que se ha tomado el tema de las graves violaciones a los derechos humanos en serio, con respeto y dedicación, es estudiosa y trabajadora, llega a resultados y eso molesta.
Lo grave es que hay un Ministro en especial, de la SCJ, que quiere su cabeza. Sacarla del Poder Judicial o al menos de ese cargo, donde lleva a adelante las investigaciones con eficacia.
Mariana está sola, en la Tertulia de El Espectador dijeron cosas realmente alarmantes y muy tristes para la democracia uruguaya. Se llega a la conclusión de que hay una gran hipocresía y que todo ese discurso de la libertad de expresión y de información es solamente para ciertos tema y ciertas cosas.
Enviamos esta alerta porque pensamos que debemos hacer algo, procurar que se oigan otras voces de apoyo, para preservar la independencia de la justicia y la posibilidad de seguir adelante con las investigaciones.
Opinión de Roger Rodríguez sobre los ataques a la Jueza Mariana Motta (Mujica y Suprema Corte)
¿Qué pienso?... Pienso que es sintomático que se inicie una nueva campaña contra la jueza Mariana Motta, cuando debe tomar una decisión judicial en el caso Perrini que determine, eventualmente, el enjuiciamiento del general Pedro Barniex. Nada de lo que Mota dijo en P12 puede ser considerado "político partidario" que es lo único que esta vedado hacer públicamente a los magistrados. ¿La Suprema Corte de Justicia y el propio presidente Mujica están jugando? ¿Es tiempo de silenciar a los jueces? ¿El caso Garzón se repetirá en Uruguay? ¿Son "cosas que pasan", como las balas de goma y los carros antimotines contra las protestas del Liceo 70?... No sean nabos, ¡por favor!
EL BOZAL SELECTIVO
DIFUNDIRLO ES SEMBRAR MEMORIA.
EL BOZAL SELECTIVO.
La jueza Dra. Mariana
Mota ha tenido que trabajar en estos años sobre las investigaciones de
los crímenes de la dictadura cometidos desde el estado uruguayo.
La
inmensa cantidad de causas entradas en los juzgados a fines del año
pasado se sumaron a las que ya llevaban años de estar archivadas y
vueltas a desarchivar por resolución del poder ejecutivo
La jueza, en su entender jurídico siguió
y sigue adelante con las causas, pues en ellas se denuncian crímenes de
lesa humanidad, es decir que, aplicó la imprescriptibilidad en las
mismas y la imposibilidad de renunciar a su juzgamiento por parte del
estado sobre esos crímenes que marcaron una sombría y temible década de calvarios para muchísimas familias uruguayas.
Familias
que siguen buscando a sus seres queridos y que hoy tristemente se los
va encontrando en fosas, escondidas por los militares y civiles
cómplices.
Otras
causas; se sumaron por torturas cometidas en los cuarteles y que sus
víctimas removiendo el pasado doloroso pueden relatar hoy ante los
estrados judiciales con garantías -a diferencia de aquellas décadas
infames de libertad mutilada-.
Es decir en este caso concreto que nos atañe, la jueza Mota divide su tiempo en las causas "comunes" que llegan día a día a su juzgado y en las de Derechos Humanos que incluyen: tomar testimonios a los sobrevivientes, indagar a los responsables, solicitar documentos de la época al ministerio de defensa y a otros organismos del estado, todo esto con los pocos recursos que tiene el poder judicial, volviéndose así, juicios eternos en un proceso penal obsoleto.
Argentina
La magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ),
para volcar su experiencia como jueza penal de 7° turno de Montevideo,
donde investiga los delitos cometidos por la dictadura (entre otras cosas).
El diario página 12 le realizó una entrevista que es de fácil acceso a los que manejan Internet.
En esa entrevista dice claramente que: “el proceso judicial uruguayo es lento”-
¿Acaso alguno tiene duda de esta verdad incontrastable?
Luego
el periodista le hace mención a una situación que se dio el año pasado
en la marcha del silencio y de cómo quisieron recusarla por hablar con
un abogado, al cruzar la marcha por una esquina. Con lo cual la jueza
tuvo como consecuencia de ello, que realizar un informe en 24 horas a
pedido de la Suprema Corte de Justicia.
La jueza en los ojos del poder.
La jueza Mariana Mota nuevamente en la mira de la SCJ, pero esta vez por mandato del poder ejecutivo a través del presidente Mujica.
–“El presidente José Mujica expresó a través del semanario Búsqueda, que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre el
hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales
manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”,
deslizó Mujica.
Lo
que llama la atención es que a tantos años parece ser que aún no
aprendimos que algunos medios de prensa, no solo no se opusieron al
golpe de estado sino que aplaudieron su paso. Antes para desestabilizar a
los gobiernos y dar paso a los golpistas y hoy para sembrar conflictos o
caos ciudadano.
En este caso, apoyarse en las líneas tergiversadas de un semanario para pedir que se ''tomen medidas'' contra
la jueza Mota se podría calificar- humildemente- de falta de filtro
político. A no ser… que se quiera esconder detrás de ese semanario para
aprovechar a sacarla del medio.
El
largo camino andado para quebrar el escudo de la impunidad; ha traído
grandes sorpresas en la sociedad, que alberga en su seno a las
organizaciones de Derechos Humanos entre ellas la más prestigiosa:
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Un camino de intenso dolor acumulado, en todas las víctimas del
terrorismo de estado que no están dispuestas a retroceder ni un paso
más.
Hace
pocos días todos miramos por cadena de radio y televisión al estado en
la figura del presidente decir del cumplimiento del tema derechos
humanos.
Y
ahora vemos su marcada mirada sobre la jueza Mota, a través de la
suprema corte de justicia. Esto nos deja nuevamente una pregunta que a
simple vista se responde por sí sola. ¿El poder judicial carece de
independencia?
Estemos
atentos para que luego de pasada la semana de turismo no tengamos que
presenciar el traslado de la jueza Mota para otro lugar y de esa forma
los juicios que están encaminados se paren por otro largo tiempo más.
POR VERDAD Y JUSTICIA.
LA IZQUIERDA Y LA DERECHA, UNIDAS,
JAMÁS SERÁN VENCIDAS
Casi simúltaneos hemos podido ver tres sucesos muy graves. Salvaje represión policial con balas de goma y carros de asalto contra padres, alumnos, profesores y vecinos sindicalistas solidarios, en relación a sus reclamos de servicios higiénicos para el Liceo 70 de El Cerro. Intervención del Presidente Mujica en su audición radial privada, acusando a quienes protestaron en el Liceo 70, de ser infantilistas de izquierda, partidarios de Cuba y de Irán, y que llevan al país por el mismo camino que condujo a la derrota republicana en la Guerra Civil española (1936-39) , así como al ascenso al poder de Hitler (1933), matizado con "profundos análisis" como por ejemplo el calificar a quienes protestaban de "cabecitas trastocadas".Y en tercer lugar, hemos asistido a la puesta en marcha de una "quema de brujas" Siglo XXI con el fin de sacar de su puesto a la Jueza Mariana Mota que ha sido quién ha juzgado a una parte importante de los criminales de lesa humanidad, comenzando por el ex dictador Bordaberry y otros asesinos del tipo de Calcagno y varios más.Mujica dió la clarinada y la jauría de la prensa y radio de la derecha, así como sus partidos y diversos "opinólogos" siempre adictos al poder, cual éste sea,se lanzaron sobre su "presa" con una artillería de insultos y calificaciones que nos traen el recuerdo de la Cadena "de las conjuntas" cuya especialidad fué el denigrar. Lo hacen sabiendo -además- que la Jueza no puede salir a debatir. El inicio del intento de desplazamiento de la Jueza Mota arranca a partir de una intervención pública del Presidente Mujica reclamando a la Suprema Corte de Justicia del porqué no se han tomado medidas contra la Jueza a partir de sus declaraciones en un reportaje en Argentina, declaraciones que Mujica considera políticas.
Estos sucesos -simúltaneos y encadenados-, muestran con evidencia que no estamos ante una serie de casualidades sino de la instrumentalización de una ofensiva gubernamental o solamente presidencial, ya que eso nunca queda claro dado que Mujica se expresa desde ámbitos variados, a veces como Presidente, otras a nombre del Gobierno, y de vez en cuando en representación de una "izquierda" indefinida y de un "progresismo" en general, y en otras oportunidades como figura central del Frente Amplio. Ofensiva que lleva como fin acallar voces díscolas, sean o no de su partido, y sacar de en medio a todos aquellos que "ponen palos en la rueda" según su conocida expresión.
Según Mujica los que "ponen palos en la rueda" son todos aquellos que no aplauden el ciento por ciento de las medidas gubernamentales, todos aquellos que tienen otros puntos de vista o, sencillamente, que se animan a juzgar a los criminales de lesa humanidad cumpliendo con su trabajo, como es el caso de la Jueza Mota. Pueden ser -también- padres que ponen "palos en la rueda" reclamando servicios higiénicos para el instituto educativo al que van sus hijos, a quienes -de hecho- los interpreta Mujica como elementos peligrosos que pueden traernos a Hitler. Tal cúal hizo cuando la huelga de los recolectores municipales de basura antes de mandarles a los militares a quebrar la huelga. O con las protestas de COFE, de los Bancarios y de los profesores y maestros. Todos ellos ponen "palos en la rueda" y mediante reclamos aparentemente elementales - de hecho, según predica el Presidente - nos conducen a que un Hitler o un Franco (esto es novedad) se hagan con el poder.
Más en este proceso de reclamos, hay hijos y entenados. Don Ney es desalojado de su tierra por no estar al día con las cuotas del banco. Pero los banqueros que a través de su "lobby" viven exigiendo prebendas no están llevando al nazi-fascismo,son - según parece- lo mejorcito que le va quedando a la democracia. La misma comparación puede hacerse entre los grandes propietarios de tierras, los exportadores, los industriales, que viven reclamando mejoras, prebendas y regalías estatales. Son también puntales de la democracia. No como los metalúrgicos que para reclamar mejoras salariales hacen -según Mujica- "huelgas malas" que por ser aquellas que "espantan a los inversores" devienen en claramente anti-patrióticas.
Esta situación concreta con el triple ataque de estos días lleva como destinatario inmediato a la derecha política con la cual el Gobierno acaba de hacer el "acuerdo histórico" de la educación. Lleva también como receptores a los militares, después de que tuvieron que ver al Presidente pidiendo "perdón" a nombre del Estado por los crimenes AÚN IMPUNES de la mafiosa patota militar. Con estos movimientos seguramente catalogado como de "estrategia fina" por muchos "polítologos" al mejor postor, el Presidente entra en un juego de "toma y daca" en el cual todo el toma va para la olígarquía, la derecha y los parásitos militares.
Como se podrá apreciar en los materiales que se presentan en esta edición el ataque contra la Jueza Mota no es nuevo. Tampoco los intentos por removerla, así como los ataques contra la Fiscal Guianze, otro integrante del Poder Judicial que hace honor al concepto de justicia. Para el gobierno, que tiene planes estratégicos de alianza con la derecha, es una necesidad el "sacarse de encima" a todos los "molestos", sean jueces, fiscales o federaciones sindicales enteras como la de los profesores. Es la moneda de cambio para los acuerdos con la derecha.Hoy es el turno de la Jueza Mota.
Esa derecha que como hemos visto actúa completamente desbocada cuando la oportunidad se le ha presentado de tan manera fácil. Hemos visto el griterío de "dictadura sindical" para a renglón seguido decir que "los sindicatos no representan a nadie", que "hay que quebrarlos" y que lo único que hacen es "tomar rehenes". Cuestión esta muy, pero muy grave, habida cuenta la política general de los gobiernos que funcionan bajo la égida del FMI, como el uruguayo, ya que el FMI y el imperio son decididos cultores de la "guerra preventiva" para la cual recomiendan -o exigen- la adopción de leyes "antiterroristas" difusamente formuladas para dar espacio a condenas por simples protestas sociales o sindicales y estudiantiles. La está promoviendo el gobierno de Rajoy, la tienen y aplican en Chile desde que la Presidenta "socialista" Bachelet la descargó contra los mapuches y los estudiantes, y ultimamente ha sido votada con gran mayoría por el parlamento argentino. El imperio sabe que vienen períodos difíciles cuando procedan al saqueo de los ingresos de los trabajadores, y partiendo de la base que estos van a resistirse se dotan ya de medios represivos que van desde las tanquetas y las balas de goma israelíes que acaba de probar el Ministerio del Interior, hasta leyes que permitan juicios sumarios bajo leyes "antiterroristas" que criminalizan la protesta. Es decir, el "modelo" yanqui aplicado en todo el mundo.
La resistencia a este proceso que esta en marcha en aras de la unidad con la derecha, comenzando con un plan cuyo objetivo de largo alcance es la privatización de la educación,es una necesidad VITAL para el movimiento popular, de los DDHH y particularmente para los sindicatos que ya están sufriendo un duro ataque y más se verá en los próximos meses. Resistencia como la que se manifiesta en protestas masivas en otros países en donde este proceso esta en marcha, como por ejemplo en Chile o en España. Resistencia a la que han llamado "subversivos" tales como Adolfo Pérez Esquivel que exige que se derogue la llamada ley "antiterrorista" en Argentina.
En este momento concreto hay que coordinar las protestas contra la agresión a la Jueza Mota, reclamar, enviar mensajes de rechazos vía internet, hacer actos explicativos,sacar pronunciamientos de las organizaciones de DDHH y sindicales y estudiantiles.
Si el Presidente con "un tirón de orejas" -nada menos que a la Suprema Corte de Justicia- consigue ofrecerle en bandeja la cabeza de la Jueza Mota a los militares y a la derecha, el proceso será muy duro para cuando -los sindicatos por ejemplo- deban hacer frente a la reglamentación sindical que esta flotando en el ambiente.
Para que el frente cupular de izquierda-derecha no logre sus propósitos, hay que oponerle un vasto frente POPULAR, sin distingos, un FRENTE GRANDE, un frente DE LOS DE ABAJO, un frente de trabajadores que reclaman, y de los maestros, profesores y padres que exigen solamente lo elemental, un frente DEMÓCRATICO CONTRA LA IMPUNIDAD porque se si van sacando jueces y fiscales que no aceptan la impunidad, esta va a seguir imponiéndose.
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Dossier con materiales publicados en Blog El Muerto
El Espectador. com Viernes 30.03.2012
La SCJ tiene a estudio un informe de la Jueza Mota sobre las declaraciones que hizo al diario argentino Página 12
ACOSEN A LOS JUECES
No es un tema nuevo, y tampoco es exclusivo de ningún lugar en particular. Cuando uno recorre la prensa mundial, se da cuenta que la persecución a los jueces es una forma más de manifestación del poder, y que se aplica en todas partes en forma más o menos desembozada. Desde la convulsionada Colombia, pasando por los jueces de Túnez, o por Honduras, y más recientemente las 17 organizaciones de jueces y fiscales que hicieron público un comunicado contra la persecución al juez Baltasar Garzón por haber investigado "los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista", y más específicamente, los delitos de desaparición forzada, comunicado que también fuera suscrito por la Federación de Asociaciones de Jueces para la democracia de Latinoamérica y del Caribe.
POR CASA COMO ANDAMOS
En
junio del año pasado, escribimos un artículo en el que hablábamos de la
indignación popular en el tema de los derechos humanos, y señalábamos
lo siguiente, en función de la presión que se ejerecía sobre la jueza
Mota:Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”. Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, por la verdad y la justicia.
Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces se abstendrán: 1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.
Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.
NUEVAMENTE LA PRESION SOBRE MOTA
Nueve
meses después, vemos con sorpresa (o no tanto) que desde diferentes
ámbitos se vuelve a presionar a la jueza Mota, esta vez, por las
declaraciones echas en una entrevista al diario Página 12 de Argentina, a
donde la magistrada viajó invitada por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional
(ICTJ), para hablar sobre su experiencia como jueza penal de séptimo
turno en donde investiga los delitos cometidos por la dictadura.¿Y qué cosas tan graves expresó la Dra. Mota en esa entrevista? Habló por ejemplo del delito de desaparición forzada y de su tipificación como tal en nuestro país, habló de la dictadura uruguaya , de los muertos, desaparecidos y presos políticos. Dijo que según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado, que los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas, etc. Explicó lo ocurrido luego de la marcha del 20 de mayo pasado: “Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político”.
Y bien, de acuerdo a lo que informó la prensa días pasados, “El presidente José Mujica afirmó que le "llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" se haya pronunciado sobre los dichos de la jueza penal Mariana Mota, quien elogió al gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al uruguayo”.
Y ¿qué fue lo que molestó al presidente y por lo cual esperaba un pronunciamiento de la SCJ o de “algo parecido”?
El periodista argentino le pregunta: “¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?”, a lo cual la jueza Mota respondió: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
Y la pregunta que nos hacemos es: ¿Hay alguna duda que en nuestro país no hay un interés real por parte del gobierno de que estas cosas se esclarezcan? ¿Hay alguna duda de que la actitud del gobierno argentino es bien diferente a la del uruguayo? Una prueba contundente es que mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitado éticamente” para desempañarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. ¿Se puede dudar de que Mujica y Huidobro pierden objetividad en estos temas?
Pero la pregunta fundamental es: ¿Son estas declaraciones político partidarias? Claro que no. Y como lo no son, lo que habría que averiguar es qué hay detrás de la presión que se quiere ejercer sobre la jueza Mota.
Antecedentes de los arteros ataques contra la Jueza Mariana Mota. Ayer presiones de los militares, hoy presiones de los militares y moneda de cambio para los acuerdos políticos con la derecha.
viernes 27 de mayo de 2011
La jueza Mariana Motta en la mira
Arremetidas contra la justicia
SIGUE LA CAMPAÑA DE PERSECUSIÓN
A LA JUEZA MARIANA MOTA.
Ya lo habíamos anunciado en notas anteriores (18 de marzo del 2011), del hostigamiento desplegado hacia la jueza.
Decía así:
-Durante
las últimas semanas, las arremetidas desesperadas hacia la jueza penal
de 7º turno Mariana Motta, con el objetivo de desprestigiar su función; no dan fin.
Esta jueza como otros funcionarios del poder judicial, han sido el blanco elegido, por los defensores de los involucrados en delitos de Lesa humanidad. Como por ejemplo el Dr. Langón, quien incluso ha hecho manifestaciones, de que el Escuadrón de la Muerte no existió.
Ayer el ex-presidente Batlle y el ex-vicepresidente Gonzalo Aguirre la calificaron de que "aplica recursos hitlerianos "
El derecho a replica es un instrumento que se ejerce en democracia, a diferencia de la oscura y larga noche del Terrorismo de Estado, que vivimos.
La marcha del silencio realizada el día 20 del mes corriente,
Fue una de las más grandes en años. Congregó a 100.000 almas que marcharon en total silencio, luego de la nueva derrota infligida desde el parlamento, sobre la votación para la anulación de la maldita ley de impunidad que aún persiste en nuestra constitución.
La prensa grande, y otros actores, nuevamente traen al tapete una nueva arremetida por la supuesta presencia de la jueza Mariana Motta en la marcha del silencio. Esa noticia solo alimenta el objetivo diseñado tiempo atrás: quitarla del medio.
Lo que hay que hacer es frenar toda la enorme declaración que vienen haciendo los militares desde hace un buen tiempo. Y hasta ahora no se los ve molestados desde el gobierno o de los responsables de tales mandos. Andan desbocados.
Este plan comenzó en febrero, cuando empezaron a ser citados en el juzgado de la calle Misiones; los militares responsables de delitos cometidos en dictadura.
La jueza Mariana Motta, tiene derecho en su vida privada de tener sus propias actividades, eso no inflinge ninguna falta con respecto al derecho que ejerce.
En tanto su vida personal no colide con el deber y el ejercicio del derecho en los estrados judiciales, no debe ser motivo de sanción.
Desde todas las organizaciones de Derechos Humanos, y aquellas otras comprometidas con la Verdad y la Justicia deberían pronunciarse en forma pública.
Solidaridad con la jueza Mariana Motta!
MARTHA PASSEGGI.
reportera-gráfica.
Mi blog http://capturavidas.blogspot.
PUBLICADO EL VIERNES 27 DE MAYO EN CARAS&CARETAS
LA OFENSIVA CONTRA LOS JUECES EN CASOS DE DERECHOS HUMANOS
Disparan sobre la jueza Mota
El ataque político, técnico-profesional
y personal contra la jueza penal de 7º turno, doctora Mariana Mota,
promete llegar a niveles extremos. Como ocurrió con los magistrados
Alberto Reyes, Alejandro Recarey y Gustavo Mirabal, desde distintos
flancos se busca deteriorar la imagen de la jueza que condenó al
dictador Juan María Bordaberry y a varios militares por delitos que no
dudó en tipificar como crímenes de lesa humanidad. En tiempos de
impunidad, el sistema judicial desnuda su fragilidad cuando gobierno y
parlamento no le dan apoyo para su mejor funcionamiento.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el juzgado penal de 3º turno en la ciudad de la costa adelantaban su coraje para enfrentar a toda una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero, cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el juzgado penal de 7º turno, muchos impunes suspiraban de alivio, por el traslado a los juzgados especial sobre ilícitos económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.
La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.
Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.
La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.
En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.
El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.
Esa molesta justicia
No es la primera vez que jueces que intentaron avanzar en la investigación de violaciones a los derechos humanos terminan siendo cuestionados. En 1997 el juez Alberto Reyes quiso iniciar las excavaciones en los Batallones 13 y 14 en busca de los desaparecidos y chocó con una resolución del presidente Julio María Sanguinetti quien “estiró” la Ley de Caducidad para impedirlo. En 2003, el juez Gustavo Mirabal impulsó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman y en tres oportunidades fue detenido por el fiscal Enrique Moller. Mirabal terminó pidiendo su traslado a un juzgado de lo contencioso administrativo y Moller pasó a comisión en el Parlamento como asesor del diputado blanco Sergio Botana. Aquel año, cuando el juez Alejandro Recarey sustituyó por enfermedad al titular Eduardo Cavalli en la causa sobre desaparición de la maestra Elena Quinteros, intentó acelerar la indagatoria y terminó cuestionado por su condición de magistrado suplente. Pese a su estado de salud, Cavalli reasumió en el juzgado.
La embestida contra jueces y fiscales que procuraban esclarecer las violaciones a los derechos humanos también tuvo como víctima a la fiscal Mirtha Guianze, impedida de ascender al cargo de Fiscal de Corte y atacada por la condición de preso político que tuvo su marido. También la fiscal Ana María Telechea fue cuestionada y denunciada ante sus superiores, en el marco de la estrategia desplegada por los abogados de los criminales de lesa humanidad, que cuentan con el asesoramiento y experiencia de sus colegas argentinos especializados en la defensa de estos casos, quienes les han facilitado el acceso a seminarios internacionales y un lobby regional financiado por poderosos grupos económicos que apoyan a partidos políticos conservadores en contra de los gobiernos progresistas existentes en la región.
Mariana Mota terminó siendo blanco de un ataque del ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre por su sentencia contra el coronel Carlos Calcagno. La jueza se vio obligada a hacer una aclaración pública ante un programa de radio El Espectador donde se le cuestionaba sin fundamentos. Hasta la actual directiva del propio Colegio de Abogados del Uruguay llegó a difundir una crítica declaración que motivó días atrás el pedido de desafiliación gremial por parte de la fiscal Telechea. Ahora, la jueza también pasaría a ser investigada por su eventual participación como ciudadana en una marcha de silencio en la que cien mil uruguayos reclamaron el pasado 20 de mayo por verdad, justicia y la vigencia de los derechos humanos en Uruguay.
La situación termina por revelar la dificultad que fiscales y jueces tienen para realizar su trabajo en las causas de derechos humanos, ante la falta de apoyo de los poderes del Estado que no les facilitan la infraestructura necesaria y donde no hubo voluntad política para crear un par de juzgados especiales en la materia (similares a los de la lucha contra los delitos económicos) como había propuesto el senador Oscar López Goldaracena durante la discusión del presupuesto quinquenal. Similar indefensión sufren los propios testigos y víctimas de las causas por violaciones a los derechos humanos, quienes tienen que compartir sala de espera con los posibles indagados (en ocasiones sus propios torturadores) o declarar en pequeños despachos donde la víctima y el victimario prácticamente se tocan, como le ocurrió a Sara Méndez en un careo con el policía Ricardo Conejo Medina.
El grupo de abogados que defiende a los criminales de lesa humanidad, aparece hoy encabezado por el ex fiscal de Corte, Miguel Langón, que utiliza como sede el Estudio del abogado Carlos Curbelo Tammaro, ubicado junto al edificio de los juzgados de la calle Misiones. Langón, quien asesora directamente al Foro Libertad y Concordia y a varios de los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena, maneja los contactos con los abogados argentinos que defienden a los golpistas del vecino país. En forma paralela se mueve el estudio Bordaberry-Viana, donde el abogado Gastón Chaves Sosa se ocupa de la defensa del dictador Bordaberry junto al doctor Gustavo Bordes. En varias causas ambos grupos de abogados han manejado estrategias en común, como en el caso Luzardo, donde el abogado Pedro Montano (que junto a Curbelo Tammaro fue codefensor de Gregorio Alvarez) recusó al juez Juan Carlos Fernandez Lecchini
Entre las maniobras impulsadas por los defensores se encuentra la de impedir que los testigos sean acompañados por un abogado (como establece la ley 18.026), mientras que los acusados se presentan con un ejército de profesionales que llegan a destratar a las víctimas e interponen sucesivos recursos para dilatar el proceso (aunque saben que serán desestimados), como ha ocurrido en la causa Gelós Bonilla. También ha existido una directa intimidación sobre personal subalterno que podía proporcionar información, a quienes abogados impuestos por los clubes militares les advirtieron que habían llegado como testigos pero podían terminar siendo imputados si hablaban. En la causa Sabalsagaray, la citación a los testigos militares se hizo desde el propio Ministerio de Defensa, con un papel grapado donde aparecía el teléfono de un coronel del despacho del Comandante del Ejército, con quien debían comunicarse antes de ir a declarar.
Más allá de la ley de caducidad, causas por tortura invaden los juzgados penales
25.05.11 - Uruguay | Roger Rodríguez
Tras el debate parlamentario de ayer (y más allá de su resultado) y una vez que se acalle el silencio que hoy retumbará en 18 de Julio, Uruguay ingresará a otro debate sobre los derechos humanos ante la presentación de una serie de denuncias penales vinculadas a casos de tortura, el crimen de lesa humanidad que intentaba ocultar la ley de caducidad y sobre el cual se debate hoy a nivel internacional. Serán citados José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y el Goyo Álvarez, entre otros testigos e indagados. Mientras los medios de comunicación seguían las alternativas de la ley interpretativa de la ley de caducidad, los dichos y contradichos de legisladores, dirigentes del gobierno, voceros del oficialismo, personajes de la oposición, constitucionalistas y juristas y hasta de militares en retiro o actividad, la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un aspecto importante del tema de los derechos humanos, al considerar que los desaparecidos del "segundo vuelo” de Orletti no debían tipificarse como tales, como pedía la fiscal Mirtha Guianze, y darle la razón al juez Luis Charles, quien había condenado a militares y policías por un delito de homicidio especialmente agravado.
El punto, fue interpretado erróneamente como una definición en contra de la tipificación de crimen de lesa humanidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y como una confirmación de que en noviembre próximo todos los casos no denunciadas hasta el momento habrían prescripto. Sin embargo, la propia fiscal Guianze explicó –sin que se le diera mayor repercusión- que había pedido una aclaración a la Corte de Justicia ya que el homicidio también puede ser considerado un crimen de lesa humanidad imprescriptible. La respuesta aún no ha llegado y el tema no se ha definido.
El escenario judicial también se conmovió con otro inesperado episodio en la guerra desatada contra la jueza Mariana Mota, a cargo de varios de los más importantes casos de violaciones a los derechos humanos, cuando el Colegio de Abogados realizó un pronunciamiento en su contra (siguiendo la campaña que habían iniciado el ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre), que determinó una desafiliación pública al gremio por parte de la fiscal Ana María Telechea, quien acusó a la Colegiatura de convertirse en un tribunal de alzada y no defender a jueces y fiscales afiliados que son sometidos a una presión política.
Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista.
En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como "Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia.
La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta.
También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el "pantera”. También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta.
El tema de la tortura, en debate internacional cuando se apologizan la base de Guantánamo, la cárcel de Abu Ghraib, las guerra en Afganistán e Irak o los métodos para encontrar y ejecutar a Osama Bin Laden, será también el eje de un seminario regional, impulsado por varias organizaciones de derechos humanos, en el que personalidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay expondrán sobre éste imprescriptible crimen de lesa humanidad, en los días previos al próximo 27 de junio, cuando se cumplirán treinta y ocho años del golpe de Estado de 1973.
5 presidentes y la tortura
Desde el 10 de diciembre de 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Estado uruguayo, uno de los 48 países firmantes, se comprometió a cumplir el artículo 5º que estableció que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Desde entonces la tortura implicó una violación al derecho internacional. "Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados”, subrayaba en su artículo 30º aquel compromiso de La Haya.
Semejante crimen de lesa humanidad también fue prohibido –aún en situación de guerra interna- en el Convenio de Ginebra aprobado el 12 de agosto de 1949 y ratificado en Uruguay (Ley 13.683) el 17 de setiembre de 1968 (con la firma del presidente Jorge Pacheco Areco y de los ministros del exterior Venancio Flores y de Defensa, general Antonio Francese). En el artículo 3º se estableció que "las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad (…) Al respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar (…) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios…”
El 27 de diciembre de 1985, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay también ratificó la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Ley 15.798) que tipificaba: "se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el 11 de agosto de 1992, Uruguay ratificó la "Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” (Ley 16.294) que rezaba: "se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
El 13 de junio de 2001, con la firma del presidente Jorge Batlle, Uruguay ratificó (Ley 17.347) la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968, donde se impone que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmado por resoluciones de Naciones Unidas de 1946, 1948 y 1949, "son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”
Y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el 25 de setiembre de 2006, se aprobó la Ley 18.026 que incorporó a la normativa uruguaya lo establecido por la "Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y se tipificó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles (Art. 7º) y que "no podrán declarase extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados” (Art. 8º).
Jueza Mota recibió informe de la Fundación Benedetti con datos de 19 muertos por tortura
Torturadores cara a cara con la justicia muestran su miseria
"Busqueda" duda de la justicia
La presencia de la jueza penal Mariana Mota en la "marcha del silencio" del pasado viernes 20 desatará una investigación de la Suprema Corte de Justicia.
El vocero de ese organismo, Raúl Oxandabarat, dijo a Subrayado que al presidente de la SCJ "no le consta" que haya participado, pero de todas formas se investigará.
"Va a haber que investigar y reunir los elementos necesarios para determinar la conducta de la doctora Mariana Mota", dijo Oxandabarat. "De suponerse que esto implica una falta, se iniciarán los procedimientos pertinentes", agregó el vocero de la corte
La SCJ tiene establecido un procedimiento disciplinario que implica entre otras cosas que la persona indagada pueda hacer sus descargos. "Si se comprueba su responsabilidad podrá haber una sanción de la corte", señaló Oxandabarat.
Según publicó el semanario Búsqueda, Mota participó de esa marcha y se la vio allí acompañando a al abogado Óscar López Goldaracena.
Mota entiende en varias causas sobre violaciones de los derechos humanos y fue ella quien procesó al ex dictador Juan María Bordaberry.
Viernes 27.05.2011
Defensas de militares recusarán a la jueza Mota
Los abogados defensores de los militares indagados por violaciones a los derechos humanos cuyos casos están a cargo de la jueza Mariana Mota, recusarán a la magistrada, luego de conocerse públicamente que participó en la "Marcha del Silencio" el pasado viernes 20.
Mota tramita varios expedientes por crímenes de la dictadura, como por ejemplo el juicio contra el ex dictador Juan María Bordaberry. También procesó al coronel (r) Carlos Calcagno por la desaparición de dos uruguayos en Paraguay, y a los oficiales (r) de la Fuerza Aérea Enrique Rivero y José Araújo por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.
A su vez, la jueza tiene a su cargo una denuncia por torturas presentada por un grupo de 13 ex presos políticos de la base de Boiso Lanza, por la que serán indagados varios efectivos de la Fuerza Aérea.
La magistrada estuvo en la última edición de la "Marcha del Silencio", que tuvo lugar por la avenida 18 de Julio en reclamo de información sobre el destino de los desaparecidos, así como castigo para los responsables de esos hechos.
"No tengo por qué decir si estuve o no estuve, es mi vida", dijo Mota al semanario Búsqueda, que el miércoles informó sobre la presencia de Mota en la "Marcha del Silencio".
"Yo estuve... estuve en la calle", expresó la jueza, quien reconoció que en el lugar dialogó con el senador suplente y abogado denunciante en varias causas Óscar López Goldaracena. El País intentó ayer comunicarse con Mota, pero la magistrada no respondió las llamadas en su teléfono celular.
El miércoles, la Suprema Corte de Justicia envió un pedido de información a la jueza para que confirme oficialmente "la versión divulgada por la prensa y recién entonces se resolverá qué se hace", dijo el ministro Jorge Ruibal Pino.
Por ahora, solamente "hay una aparente denuncia de la prensa sobre la concurrencia de una jueza a un aparente acto político", señaló Ruibal Pino al ser consultado por El País.
RECUSACIÓN.
La Ley de la Judicatura (15.750) establece en su artículo 94 que los jueces se abstendrán de "expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite".
En el mismo sentido, el ar- tículo 77 de la Constitución de la República establece que los jueces "deberán abstenerse" de "formar parte de comisiones o clubes políticos".
En función de estas disposiciones, los abogados de varios de los militares indagados en causas a su cargo, recusarán a Mota al entender que la magistrada "está demostrando una ideología que no le permite ser imparcial", dijo un defensor.
"Si Mota fuera jueza de familia no tendría importancia, pero en estos casos es importante que no demuestre cuál es su ideología política", agregó uno de los abogados, que prefirió no ser identificado.
Por su parte, el abogado Emilio Mikolic, quien representa a varios militares que están siendo indagados por Mota por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, adelantó a El País que recusará a la jueza.
"Esto deja en clara evidencia que la jueza Mota no está en condiciones de resolver en estos casos de acuerdo a Derecho", sostuvo Mikolic.
El País Digital
de Roger Rodriguez, el Viernes, 03 de junio de 2011
LA SUPREMA CORTE DE URUGUAY Y EL CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El escenario judicial uruguayo emergió a las primeras planas y espacios de los medios de comunicación una vez que se despejó el humo del debate parlamentario sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado ante la lucha “contra reloj” que tendrán las causas sobre violaciones a los derechos humanos cuando se señala que todos los crímenes que no se hayan denunciado pueden prescribir el próximo 31 de octubre.
Uruguay ya fue noticia internacional días atrás cuando la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó que el Parlamento uruguayo no anulara la ley de caducidad. “Se sigue haciendo cuesta arriba abordar el legado de muchos años de abusos sistemáticos por parte del Estado”, dijo Pillay, quien agregó que “las transiciones democráticas son incompletas si no pueden concluir las reformas institucionales apropiadas, incluidos los procesos de justicia transicional”.
Al hablar sobre Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay sostuvo que "el fracaso en fortalecer las nuevas instituciones lleva no solo a la impunidad de pasadas violaciones de los derechos humanos, sino a nuevas violaciones, corrupción y crimen organizado" y coincidió con Amnistía Internacional al lamentarse de que Uruguay haya perdido "una oportunidad histórica de hacer justicia para las víctimas de los abusos contra dichos derechos cometidos durante el gobierno militar".
La advertencia, se sumó a la que habían realizado en un comunicado de prensa las abogadas Ariela Peralta y Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes recordaron que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Caso Gelman obliga al Estado uruguayo a dejar sin efectos la ley de caducidad y debe remover los obstáculos que existan para asegurar la verdad y la justicia a las victimas.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia puede transformarse en una nueva noticia con repercusiones internacionales, por la decisión adoptada ante el planteo de una fiscal sobre si se puede o no tipificar como crimen de lesa humanidad los casos de homicidio político durante la dictadura y ante la posibilidad de que se sancione a una jueza por su eventual participación en la marcha del silencio.
La jueza penal de 7º turno, Mariana Mota, que instruye varios de los más importante casos de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, fue interrogada por la jerarquía Judicial ante una denuncia de prensa sobre su presencia en la marcha del pasado 20 de mayo. Mota respondió con un extenso alegato y cualquier sanción que eventualmente decida aplicarle la Suprema Corte se transformaría en argumento para su recusación en cada una de las causas que hoy lleva adelante.
Desde el 14 de abril de 2010 el máximo órgano judicial venía estudiando una serie de reclamos interpuestos por la defensa y por el ministerio público ante la sentencia por la que el 29 de marzo de 2009 el juez penal de 19º turno, Luis Charles, resolvió la condena a 25 años de prisión de los ex coroneles José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, entre otros, como autores responsables de 28 homicidios especialmente agravados.
El juez Charles había instruido desde el año 2006 el caso de desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba, que había derivado en la causa conocida como la del “Segundo vuelo de Orletti”, donde una veintena de uruguayos, secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” Automotores Orletti, había sido trasladada ilegalmente a Uruguay donde se los ejecutó sumariamente y se desapareció sus cuerpos.
La sentencia de Charles, apelada por la defensa y por la fiscalía, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno el 4 de febrero de 2010, por lo que los abogados de Gavazzo y Arab y el propio ministerio público plantearon recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Los defensores, en contra de la condena y la fiscal Mirtha Guianze en contra de la tipificación del delito.
Los abogados de Gavazzo y Arab plantearon que los imputados debían ser amparados en la Ley de Caducidad en la medida que se trataba de una amnistía, afirmaron además que los crímenes que se les adjudicaban habían prescripto, que tampoco podía ampliarse la prescripción porque ambos reos a su edad y estado de salud no era peligrosos y que no podía tipificárseles un delito de homicidio cuando no había cadáveres.
La fiscal Guianze, por su parte, consideraba que la figura a aplicar era la de una desaparición forzada dado su carácter de delito pluriofensivo y su condición de crimen de lesa humanidad. Guianze abundó en ejemplos de derecho internacional, sentencias en distintos países, convenciones y tratados vigentes desde 1945, para fundamentar el carácter permanente e imprescriptible del delito cometido.
La resolución de la Suprema Corte, fechada el 6 de mayo último, redactada por el ministro Jorge Ruibal Pino, apoyada por los jueces Jorge Chediak, Daniel Gutiérrez y Jorge Larrieux, con el voto desconforme del presidente Leslie Van Rompaey, descartó los reclamos: Mantuvo la condena por 28 homicidios especialmente agravados y rechazó el planteo de la fiscalía de tipificarlos como casos de desaparición forzada.
El propio presidente de la Corte, Leslie Van Rompaey, había fundamentado en solitario que “aún cuando esta figura delictiva no estuviere incorporada a la legislación nacional a la época del comienzo de consumación con la privación injusta de libertad de las víctimas, no resulta impedida por una aplicación estricta del principio de legalidad y el de irretroactividad de la norma penal, por cuanto el delito de desaparición forzada se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueran ultimados por los agentes estatales”. Es decir, lo que alguna vez Isabel Letelier denominó como el “derecho al cadáver”.
La sentencia de los magistrados no analizó entonces uno de los temas de fondo planteado por la fiscal Guianze sobre si se trataba o no de crímenes de lesa humanidad y por tanto era imprescriptibles. Y tampoco lo hizo en las últimas horas al responder con cierto malestar al nuevo pedido del ministerio público que fue cuestionado por los ministros como la búsqueda de "un precedente para hacer valer en otras causas, lo que no es admisible en este proceso", rezongó.
El órgano judicial sostuvo finalmente que “pronunciarse o aclarar cuál es la posición de la Corte con respecto a los principios orientadores del sistema interamericano de los derechos humanos, tal como lo pretende la representante del Ministerio Público, haría incurrir a la Corporación en una suerte de desborde respecto de los límites del proceso penal y ajeno a la naturaleza misma del medio impugnativo movilizado, así como recaer una posible causal de prejuzgamiento"
Al evitar un prejuzgamiento, los ministros de justicia pospusieron una vez más un pronunciamiento, que haría jurisprudencia, sobre si las violaciones a los derechos humanos son o no crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. La nueva definición de la Corte deja ahora en manos del Parlamento la posibilidad de aprobar –antes del próximo 31 de octubre- una ley que amplíe los casos de prescripción previstos en el Código Penal, como propuso en Caras&Caretas, Alberto Pérez Pérez, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los observadores y defensores de los derechos humanos tendrán que esperar, ahora, cuál será la caracterización que el máximo órgano judicial uruguayo dará a la serie de casos por tortura que se han presentado en el presente año ante los juzgados penales, cuando el delito está tipificado como crimen de lesa humanidad en el Tratado de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención de Ginebra de 1949, ratificada por Uruguay en 1968.
La Suprema Corte ya ha considerado que el secuestro, la tortura, el traslado ilegal, la ejecución y la desaparición sobre una persona, no constituye un crimen de lesa humanidad y sostuvo que sólo se podría aplicar esa tipificación -establecida en la Ley 18.026 de setiembre de 2006- si los delitos se volverán a cometer en el futuro. Lo paradójico es que esa ley incorporó a la legislación uruguaya las normas internacionales establecidas en el Tratado de Roma, precisamente, para que esos crímenes no ocurrieran nunca más.
Mota y Guianze suben la apuesta por DDHH
La jueza Mariana Mota y la fiscal Mirtha Guianze no atenderán el fallo de la Suprema Corte de Justicia según el cual los delitos cometidos en la dictadura prescriben en noviembre.
05.06.2011
Con el procesamiento del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco en 2001 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros se abrió una nueva etapa en la Justicia. Con la fiscal Mirtha Guianze a la cabeza se reabrieron decenas de causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
A su despacho llegaron las denuncias contra los principales militares que estuvieron al frente de la represión. Por la acción de la fiscal, fueron primero procesados y luego condenados José Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande Lima, el ex dictador Gregorio Álvarez, Juan Carlos Larcebeau y Erneso Soca, hoy recluidos en la Cárcel Militar de Domingo Arena.
Su postura le valió el aplauso de la izquierda y de las organizaciones de derechos humanos y la crítica de la derecha que la tachó de ser una fiscal “tupamara”. Los militares procesados sacaron a relucir el vínculo de su esposo, José Alvarizza, con el MLN, y señalaron que había sido procesado en 1972. Luego ella explicó: “A mi marido le pidieron esconder gente del M.L.N. cuando este ya estaba desbaratado y él habló para conseguir un lugar”, y concluyó que se ha hecho del tema “una bulla excesiva”.
La fiscal dijo a El Observador que se le hizo mucha campaña en contra. Relató que cuando pidió el procesamiento de Blanco, el entonces ministro de Defensa, Yamandú Fau y los comandantes en jefe le “cayeron duro”. Afirmó que el ministro de Educación de la época, Leonardo Guzmán -de donde dependen jerárquicamente los fiscales- quiso sacarla de la órbita penal por considerar que había cometido “un grueso error de derecho”.
Guianze sostuvo que con la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno obtuvo respaldo para investigar las causas pero más tarde desde la oposición y desde la propia Presidencia (con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández a la cabeza) le hicieron una “zancadilla” para impedir que llegara a la Fiscalía de Corte.
Pero Guianze no es la única magistrada que se ha embarcado en el esclarecimiento de estas causas. Hay casi una veintena repartidas entre distintos jueces y fiscales que están investigando lo que ha ocurrido en el pasado (ver pieza aparte).
La jueza penal Mariana Mota al llegar al juzgado penal de 7o turno, proveniente de Ciudad de la Costa, heredó cinco causas que ya estaban en ese juzgado, entre ellas la de Juan María Bordaberry procesado por la jueza Graciela Gatti y condenado por Mota por diez homicidios cometidos en la dictadura.
También heredó el expediente por la desaparición de los militantes del Partido Por la Victoria del Pueblo, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, por la que procesó al coronel Carlos Calcagno.
A pesar de que Calcagno negó su participación en la detención y tortura de los desaparecidos en Paraguay, la jueza se basó en documentación de la dictadura de ese país que “evidencian que tomó parte en los interrogatorios bajo tortura de Inzaurralde y Santana”, dijo en su fallo.
Mota afirmó que “el principio de que nadie está obligado a probar en su contra” es “obsoleto y profundamente injusto”.
El ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre señalaron: “Significa claramente que todos tenemos que probar nuestra inocencia y, según este fallo, los jueces pueden, por convicción, aunque sea sin pruebas, condenarnos a todos”.
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) cuestionó la posición de la magistrada por ser “opuesta a los principios” del Derecho en Uruguay y “descalificadora del principio de inocencia consagrado” en la Constitución.
Mota dijo que el cuestionamiento del Colegio de Abogados “le dolió mucho” porque jamás había tenido problemas con el órgano que “salió a decir algo muy ofensivo” .
La jueza tiene 47 años y señaló que cuando sucedieron estos hechos iba a la escuela. Aseguró que “nunca” tuvo militancia partidiaria en la izquierda, ni la hubo en su familia. A pesar de que hay abogados que afirmaron en estos días que militó en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), lo negó y aseguró que su única militancia fue en la Universidad y “en extensión universitaria, jamás en política”.
La magistrada no siempre tuvo la misma postura frente a los casos de derechos humanos, sino que la adoptó luego que empezó a investigar.
“Estar en las causas por dentro me ha hecho caer en la realidad. De afuera uno tiende a idealizar pero desde adentro me di cuenta que en aquel momento las cosas eran difíciles y que no se puede tomar partido ni de un lado ni del otro”, reflexionó.
En estos casos como en cualquier otro que llega a su despecho intenta “averiguar como ocurrieron los hechos”, dijo.
Pero en estos expedientes se topó con una dificultad como es la ley de Caducidad “porque no permite avanzar” y resulta “molesto”.
De todos modos, admitió que el tema esta “demasiado politizado” y por ello está pagando “el tributo” de asumir una postura que a su juicio es técnica y no política.
En la misma línea argumentó la fiscal Guianze. La magistrada dijo a El Observador que su posición política no le influyó en los fallos que ha dictado.
De hecho, mencionó la postura que han asumido otros jueces “jóvenes” y que “no han tenido militancia política jamás”, como el caso del juez Luis Charles, quien procesó al mayor número de militares, o el juez Eduardo Pereyra, quien tiene a su cargo la muerte de Gerardo Alter.
“Son personas honestas que luego de investigar estos casos e informarse con exactitud de lo que ocurrió siguen para adelante”, afirmó.
La fiscal negó rotundamente tener una postura vengativa como se le ha endilgado. Como prueba de ello, dijo que no se opone a una ley que les permita a los militares recuperar la libertad, si tuvieran la actitud de reconocer que estuvieron mal.
Ser y parecer
La presencia de la jueza Mota en la marcha del silencio, que se organiza desde la salida democrática para reclamar conocer la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, desató la indignación de los militares que vienen siendo indagados por la Justicia y de sus defensores.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dejó el episodio en un rezongo por lo que consideró “una falta ética”. Mota disintió. A su juicio no faltó a la ética porque no cree que se trate de una actividad político partidaria.
Además aseguró que no fue algo premeditado. Había quedado de encontrarse con su marido en la Plaza de los Treinta y Tres, y al llegar allí se topó con la marcha y saludó al abogado denunciante de varias de las causas, Oscar López Goldaracena. “me quieren presentar como una jueza parcializada pero no es así. Tengo la conciencia tranquila”, concluyó Mota.
Mota dijo que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que confirmó que los delitos cometidos son homicidios muy especialmente agravados y no desaparición forzada, no la obliga a fallar en ese sentido.
Agregó que ella como magistrada debe juzgar según su leal saber y entender. Y seguirá juzgando de esa manera aunque cada vez los defensores apelen. Los tribunales de apelaciones y la Suprema Corte deberán estudiar cada caso y resolver. A juicio de la magistrada llegará un momento en que la Suprema Corte cambiará su posición.
Mota y Guianze destacaron la posición del presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, único ministro que opinó que se debe tipificar desaparición forzada. En su discordia planteó que ese delito por ser permanente, “se sigue consumando en la actualidad, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales”. Desde su punto de vista aunque el delito haya sido incorporado a la legislación nacional en el 2006, no impide su aplicación al caso.
En base a esa posición, la jueza y la fiscal seguirán investigando los casos luego de noviembre, a pesar de que la mayoría de la jurisprudencia afirme que a partir de ese momento los delitos prescriben y no se puede seguir investigando si no hay un pedido de procesamiento.
domingo 5 de junio de 2011
La prescripción de la Justicia
de Roger Rodriguez, el Viernes, 03 de junio de 2011
LA SUPREMA CORTE DE URUGUAY Y EL CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
La prescripción de la Justicia
Condenado por la OEA y criticado por la
ONU, el Estado uruguayo puede volver a constituirse estos días en
noticia internacional, si la Suprema Corte de Justicia sanciona a un
magistrado por reivindicar el derecho a la verdad y la justicia, o en
algún momento termina por desconocer que las violaciones a los derechos
humanos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad. La prescripción
que se viene sería, entonces, la de la propia justicia.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El escenario judicial uruguayo emergió a las primeras planas y espacios de los medios de comunicación una vez que se despejó el humo del debate parlamentario sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado ante la lucha “contra reloj” que tendrán las causas sobre violaciones a los derechos humanos cuando se señala que todos los crímenes que no se hayan denunciado pueden prescribir el próximo 31 de octubre.
Uruguay ya fue noticia internacional días atrás cuando la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó que el Parlamento uruguayo no anulara la ley de caducidad. “Se sigue haciendo cuesta arriba abordar el legado de muchos años de abusos sistemáticos por parte del Estado”, dijo Pillay, quien agregó que “las transiciones democráticas son incompletas si no pueden concluir las reformas institucionales apropiadas, incluidos los procesos de justicia transicional”.
Al hablar sobre Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay sostuvo que "el fracaso en fortalecer las nuevas instituciones lleva no solo a la impunidad de pasadas violaciones de los derechos humanos, sino a nuevas violaciones, corrupción y crimen organizado" y coincidió con Amnistía Internacional al lamentarse de que Uruguay haya perdido "una oportunidad histórica de hacer justicia para las víctimas de los abusos contra dichos derechos cometidos durante el gobierno militar".
La advertencia, se sumó a la que habían realizado en un comunicado de prensa las abogadas Ariela Peralta y Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes recordaron que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Caso Gelman obliga al Estado uruguayo a dejar sin efectos la ley de caducidad y debe remover los obstáculos que existan para asegurar la verdad y la justicia a las victimas.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia puede transformarse en una nueva noticia con repercusiones internacionales, por la decisión adoptada ante el planteo de una fiscal sobre si se puede o no tipificar como crimen de lesa humanidad los casos de homicidio político durante la dictadura y ante la posibilidad de que se sancione a una jueza por su eventual participación en la marcha del silencio.
La jueza penal de 7º turno, Mariana Mota, que instruye varios de los más importante casos de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, fue interrogada por la jerarquía Judicial ante una denuncia de prensa sobre su presencia en la marcha del pasado 20 de mayo. Mota respondió con un extenso alegato y cualquier sanción que eventualmente decida aplicarle la Suprema Corte se transformaría en argumento para su recusación en cada una de las causas que hoy lleva adelante.
Homicidio o desaparición
Desde el 14 de abril de 2010 el máximo órgano judicial venía estudiando una serie de reclamos interpuestos por la defensa y por el ministerio público ante la sentencia por la que el 29 de marzo de 2009 el juez penal de 19º turno, Luis Charles, resolvió la condena a 25 años de prisión de los ex coroneles José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, entre otros, como autores responsables de 28 homicidios especialmente agravados.
El juez Charles había instruido desde el año 2006 el caso de desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba, que había derivado en la causa conocida como la del “Segundo vuelo de Orletti”, donde una veintena de uruguayos, secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” Automotores Orletti, había sido trasladada ilegalmente a Uruguay donde se los ejecutó sumariamente y se desapareció sus cuerpos.
La sentencia de Charles, apelada por la defensa y por la fiscalía, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno el 4 de febrero de 2010, por lo que los abogados de Gavazzo y Arab y el propio ministerio público plantearon recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Los defensores, en contra de la condena y la fiscal Mirtha Guianze en contra de la tipificación del delito.
Los abogados de Gavazzo y Arab plantearon que los imputados debían ser amparados en la Ley de Caducidad en la medida que se trataba de una amnistía, afirmaron además que los crímenes que se les adjudicaban habían prescripto, que tampoco podía ampliarse la prescripción porque ambos reos a su edad y estado de salud no era peligrosos y que no podía tipificárseles un delito de homicidio cuando no había cadáveres.
La fiscal Guianze, por su parte, consideraba que la figura a aplicar era la de una desaparición forzada dado su carácter de delito pluriofensivo y su condición de crimen de lesa humanidad. Guianze abundó en ejemplos de derecho internacional, sentencias en distintos países, convenciones y tratados vigentes desde 1945, para fundamentar el carácter permanente e imprescriptible del delito cometido.
La resolución de la Suprema Corte, fechada el 6 de mayo último, redactada por el ministro Jorge Ruibal Pino, apoyada por los jueces Jorge Chediak, Daniel Gutiérrez y Jorge Larrieux, con el voto desconforme del presidente Leslie Van Rompaey, descartó los reclamos: Mantuvo la condena por 28 homicidios especialmente agravados y rechazó el planteo de la fiscalía de tipificarlos como casos de desaparición forzada.
Lesa humanidad o no
El propio presidente de la Corte, Leslie Van Rompaey, había fundamentado en solitario que “aún cuando esta figura delictiva no estuviere incorporada a la legislación nacional a la época del comienzo de consumación con la privación injusta de libertad de las víctimas, no resulta impedida por una aplicación estricta del principio de legalidad y el de irretroactividad de la norma penal, por cuanto el delito de desaparición forzada se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueran ultimados por los agentes estatales”. Es decir, lo que alguna vez Isabel Letelier denominó como el “derecho al cadáver”.
La sentencia de los magistrados no analizó entonces uno de los temas de fondo planteado por la fiscal Guianze sobre si se trataba o no de crímenes de lesa humanidad y por tanto era imprescriptibles. Y tampoco lo hizo en las últimas horas al responder con cierto malestar al nuevo pedido del ministerio público que fue cuestionado por los ministros como la búsqueda de "un precedente para hacer valer en otras causas, lo que no es admisible en este proceso", rezongó.
El órgano judicial sostuvo finalmente que “pronunciarse o aclarar cuál es la posición de la Corte con respecto a los principios orientadores del sistema interamericano de los derechos humanos, tal como lo pretende la representante del Ministerio Público, haría incurrir a la Corporación en una suerte de desborde respecto de los límites del proceso penal y ajeno a la naturaleza misma del medio impugnativo movilizado, así como recaer una posible causal de prejuzgamiento"
Al evitar un prejuzgamiento, los ministros de justicia pospusieron una vez más un pronunciamiento, que haría jurisprudencia, sobre si las violaciones a los derechos humanos son o no crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. La nueva definición de la Corte deja ahora en manos del Parlamento la posibilidad de aprobar –antes del próximo 31 de octubre- una ley que amplíe los casos de prescripción previstos en el Código Penal, como propuso en Caras&Caretas, Alberto Pérez Pérez, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los observadores y defensores de los derechos humanos tendrán que esperar, ahora, cuál será la caracterización que el máximo órgano judicial uruguayo dará a la serie de casos por tortura que se han presentado en el presente año ante los juzgados penales, cuando el delito está tipificado como crimen de lesa humanidad en el Tratado de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención de Ginebra de 1949, ratificada por Uruguay en 1968.
La Suprema Corte ya ha considerado que el secuestro, la tortura, el traslado ilegal, la ejecución y la desaparición sobre una persona, no constituye un crimen de lesa humanidad y sostuvo que sólo se podría aplicar esa tipificación -establecida en la Ley 18.026 de setiembre de 2006- si los delitos se volverán a cometer en el futuro. Lo paradójico es que esa ley incorporó a la legislación uruguaya las normas internacionales establecidas en el Tratado de Roma, precisamente, para que esos crímenes no ocurrieran nunca más.
Mota y Guianze suben la apuesta por DDHH
La jueza Mariana Mota y la fiscal Mirtha Guianze no atenderán el fallo de la Suprema Corte de Justicia según el cual los delitos cometidos en la dictadura prescriben en noviembre.
05.06.2011
Con el procesamiento del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco en 2001 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros se abrió una nueva etapa en la Justicia. Con la fiscal Mirtha Guianze a la cabeza se reabrieron decenas de causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
A su despacho llegaron las denuncias contra los principales militares que estuvieron al frente de la represión. Por la acción de la fiscal, fueron primero procesados y luego condenados José Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande Lima, el ex dictador Gregorio Álvarez, Juan Carlos Larcebeau y Erneso Soca, hoy recluidos en la Cárcel Militar de Domingo Arena.
Su postura le valió el aplauso de la izquierda y de las organizaciones de derechos humanos y la crítica de la derecha que la tachó de ser una fiscal “tupamara”. Los militares procesados sacaron a relucir el vínculo de su esposo, José Alvarizza, con el MLN, y señalaron que había sido procesado en 1972. Luego ella explicó: “A mi marido le pidieron esconder gente del M.L.N. cuando este ya estaba desbaratado y él habló para conseguir un lugar”, y concluyó que se ha hecho del tema “una bulla excesiva”.
La fiscal dijo a El Observador que se le hizo mucha campaña en contra. Relató que cuando pidió el procesamiento de Blanco, el entonces ministro de Defensa, Yamandú Fau y los comandantes en jefe le “cayeron duro”. Afirmó que el ministro de Educación de la época, Leonardo Guzmán -de donde dependen jerárquicamente los fiscales- quiso sacarla de la órbita penal por considerar que había cometido “un grueso error de derecho”.
Guianze sostuvo que con la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno obtuvo respaldo para investigar las causas pero más tarde desde la oposición y desde la propia Presidencia (con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández a la cabeza) le hicieron una “zancadilla” para impedir que llegara a la Fiscalía de Corte.
Pero Guianze no es la única magistrada que se ha embarcado en el esclarecimiento de estas causas. Hay casi una veintena repartidas entre distintos jueces y fiscales que están investigando lo que ha ocurrido en el pasado (ver pieza aparte).
La jueza penal Mariana Mota al llegar al juzgado penal de 7o turno, proveniente de Ciudad de la Costa, heredó cinco causas que ya estaban en ese juzgado, entre ellas la de Juan María Bordaberry procesado por la jueza Graciela Gatti y condenado por Mota por diez homicidios cometidos en la dictadura.
También heredó el expediente por la desaparición de los militantes del Partido Por la Victoria del Pueblo, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, por la que procesó al coronel Carlos Calcagno.
A pesar de que Calcagno negó su participación en la detención y tortura de los desaparecidos en Paraguay, la jueza se basó en documentación de la dictadura de ese país que “evidencian que tomó parte en los interrogatorios bajo tortura de Inzaurralde y Santana”, dijo en su fallo.
Mota afirmó que “el principio de que nadie está obligado a probar en su contra” es “obsoleto y profundamente injusto”.
El ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre señalaron: “Significa claramente que todos tenemos que probar nuestra inocencia y, según este fallo, los jueces pueden, por convicción, aunque sea sin pruebas, condenarnos a todos”.
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) cuestionó la posición de la magistrada por ser “opuesta a los principios” del Derecho en Uruguay y “descalificadora del principio de inocencia consagrado” en la Constitución.
La verdad “por dentro”
En diálogo
con El Observador Mota dijo que su “pecado” fue investigar y luego
calificar los delitos como crímenes de lesa humanidad. La jueza aseguró
que a partir de estas calificaciones, comenzó una campaña en su contra
que busca “destuir” su imagen y que va a seguir.Mota dijo que el cuestionamiento del Colegio de Abogados “le dolió mucho” porque jamás había tenido problemas con el órgano que “salió a decir algo muy ofensivo” .
La jueza tiene 47 años y señaló que cuando sucedieron estos hechos iba a la escuela. Aseguró que “nunca” tuvo militancia partidiaria en la izquierda, ni la hubo en su familia. A pesar de que hay abogados que afirmaron en estos días que militó en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), lo negó y aseguró que su única militancia fue en la Universidad y “en extensión universitaria, jamás en política”.
La magistrada no siempre tuvo la misma postura frente a los casos de derechos humanos, sino que la adoptó luego que empezó a investigar.
“Estar en las causas por dentro me ha hecho caer en la realidad. De afuera uno tiende a idealizar pero desde adentro me di cuenta que en aquel momento las cosas eran difíciles y que no se puede tomar partido ni de un lado ni del otro”, reflexionó.
En estos casos como en cualquier otro que llega a su despecho intenta “averiguar como ocurrieron los hechos”, dijo.
Pero en estos expedientes se topó con una dificultad como es la ley de Caducidad “porque no permite avanzar” y resulta “molesto”.
De todos modos, admitió que el tema esta “demasiado politizado” y por ello está pagando “el tributo” de asumir una postura que a su juicio es técnica y no política.
En la misma línea argumentó la fiscal Guianze. La magistrada dijo a El Observador que su posición política no le influyó en los fallos que ha dictado.
De hecho, mencionó la postura que han asumido otros jueces “jóvenes” y que “no han tenido militancia política jamás”, como el caso del juez Luis Charles, quien procesó al mayor número de militares, o el juez Eduardo Pereyra, quien tiene a su cargo la muerte de Gerardo Alter.
“Son personas honestas que luego de investigar estos casos e informarse con exactitud de lo que ocurrió siguen para adelante”, afirmó.
La fiscal negó rotundamente tener una postura vengativa como se le ha endilgado. Como prueba de ello, dijo que no se opone a una ley que les permita a los militares recuperar la libertad, si tuvieran la actitud de reconocer que estuvieron mal.
Ser y parecer
La presencia de la jueza Mota en la marcha del silencio, que se organiza desde la salida democrática para reclamar conocer la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, desató la indignación de los militares que vienen siendo indagados por la Justicia y de sus defensores.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dejó el episodio en un rezongo por lo que consideró “una falta ética”. Mota disintió. A su juicio no faltó a la ética porque no cree que se trate de una actividad político partidaria.
Además aseguró que no fue algo premeditado. Había quedado de encontrarse con su marido en la Plaza de los Treinta y Tres, y al llegar allí se topó con la marcha y saludó al abogado denunciante de varias de las causas, Oscar López Goldaracena. “me quieren presentar como una jueza parcializada pero no es así. Tengo la conciencia tranquila”, concluyó Mota.
Desaparición y homicidio
Tanto la
jueza Mariana Mota como la fiscal Mirtha Guianze seguirán peleando por
tipificar los delitos cometidos durante la dictadura como crímenes de
lesa humanidad y por lo tanto, como delitos imprescriptibles. Ambas
magistradas creen que la independencia técnica de la que gozan, les
permite mantener su posición más allá de que la jurisprudencia falle en
sentido contrario.Mota dijo que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que confirmó que los delitos cometidos son homicidios muy especialmente agravados y no desaparición forzada, no la obliga a fallar en ese sentido.
Agregó que ella como magistrada debe juzgar según su leal saber y entender. Y seguirá juzgando de esa manera aunque cada vez los defensores apelen. Los tribunales de apelaciones y la Suprema Corte deberán estudiar cada caso y resolver. A juicio de la magistrada llegará un momento en que la Suprema Corte cambiará su posición.
Mota y Guianze destacaron la posición del presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, único ministro que opinó que se debe tipificar desaparición forzada. En su discordia planteó que ese delito por ser permanente, “se sigue consumando en la actualidad, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales”. Desde su punto de vista aunque el delito haya sido incorporado a la legislación nacional en el 2006, no impide su aplicación al caso.
En base a esa posición, la jueza y la fiscal seguirán investigando los casos luego de noviembre, a pesar de que la mayoría de la jurisprudencia afirme que a partir de ese momento los delitos prescriben y no se puede seguir investigando si no hay un pedido de procesamiento.
Ver además:
El Muerto |||: Palos en la rueda de Mujica a la justicia
España: El Gobierno pretende equiparar protesta callejera con terrorismo
por Kaos. Represión
Lunes, 02 de Abril de 2012 08:34
Los ministerios de Interior y Justicia impulsarán conjuntamente una
reforma legal para que el castigo a los que, según ellos, participen en
actos vandálicos sea equiparado al terrorismo. Esto es, para que todo
aquel que salga a manifestarse, si hay incidentes, pueda ser juzgado
como terrorista.
Agencias/Kaosenlared
Según ha confirmado al diario La Vanguardia el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la principal medida consistirá en que los que sean considerados culpables de actos de vandalismo recibirán el tratamiento penal que durante años se ha otorgado al terrorismo callejero de la 'kale borroka', una medida sugerida el pasado viernes por el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, tras los disturbios en la ciudad el día de la huelga contra la reforma laboral. Testigos de las cargas denunciaron agresiones indiscriminadas contra los asistentes, entre los que se encontraban familias y personas de todas las edades.
También el propio titular de Interior anticipó la reforma con ocasión de la respuesta contra los estudiantes del instituto valenciano de Lluís Vives, que, al protestar contra las consecuencias de los recortes en su centro de estudios, se toparon con una dura represión policial. Entonces, cuando el PP justificó la actuación de los agentes e incluso acusó al PSOE de orquestar las manifestaciones en Valencia, Fernández Díaz mostró su intención de endurecer las penas para la desobediencia y resistencia a la autoridad.
Los dos ministerios llevan trabajando desde hace más de un mes en una reforma del Código Penal para que las fuerzas de seguridad puedan contar con instrumentos jurídicos "más eficaces en la lucha contra la guerrilla urbana o en fenómenos como la multirreincidencia", cuenta el ministro al diario catalán.
Fernández Díaz ha indicado que "no se trata de legislar a golpe de ocasión, sino de equipararnos a la legislación de países como Francia o el Reino Unido, que no tienen complejos en preservar la paz pública desde su tradición democrática". Para el ministro, "los antisistema actúan con una agresividad planificada, con provocación, con orgullo de la transgresión, impunidad, anonimato y con mucha habilidad para después hacerse las víctimas. Todo eso es lo que ha provocado la mal entendida cultura de la permisividad y tolerancia".
Según el periódico, los últimos datos de los servicios policiales de Información arrojan que el número estable de personas de "este movimiento" en Barcelona ha pasado de 400 a más de 2.000 en un solo año, y destaca el elevado número de jóvenes extranjeros.
Por ello Fernández Díaz justifica su medida en que "Barcelona no se puede convertir en la capital antisistema de Europa" y advierte de que trabajará para "que no lo sea". El proyecto de cambio del Código Penal pretende estar listo y aprobado por el Consejo de Ministros antes del verano.
El PP incrementa así su tendencia hacia las políticas de corte clara y nítidamente fascistas. Aunque, claro, tampoco nos extraña...
Pelotas de goma que "casi" matan, igual que las balas de goma, "casi" dejan inválidos, "casi" dejan ciegos
Según ha confirmado al diario La Vanguardia el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la principal medida consistirá en que los que sean considerados culpables de actos de vandalismo recibirán el tratamiento penal que durante años se ha otorgado al terrorismo callejero de la 'kale borroka', una medida sugerida el pasado viernes por el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, tras los disturbios en la ciudad el día de la huelga contra la reforma laboral. Testigos de las cargas denunciaron agresiones indiscriminadas contra los asistentes, entre los que se encontraban familias y personas de todas las edades.
También el propio titular de Interior anticipó la reforma con ocasión de la respuesta contra los estudiantes del instituto valenciano de Lluís Vives, que, al protestar contra las consecuencias de los recortes en su centro de estudios, se toparon con una dura represión policial. Entonces, cuando el PP justificó la actuación de los agentes e incluso acusó al PSOE de orquestar las manifestaciones en Valencia, Fernández Díaz mostró su intención de endurecer las penas para la desobediencia y resistencia a la autoridad.
Los dos ministerios llevan trabajando desde hace más de un mes en una reforma del Código Penal para que las fuerzas de seguridad puedan contar con instrumentos jurídicos "más eficaces en la lucha contra la guerrilla urbana o en fenómenos como la multirreincidencia", cuenta el ministro al diario catalán.
Fernández Díaz ha indicado que "no se trata de legislar a golpe de ocasión, sino de equipararnos a la legislación de países como Francia o el Reino Unido, que no tienen complejos en preservar la paz pública desde su tradición democrática". Para el ministro, "los antisistema actúan con una agresividad planificada, con provocación, con orgullo de la transgresión, impunidad, anonimato y con mucha habilidad para después hacerse las víctimas. Todo eso es lo que ha provocado la mal entendida cultura de la permisividad y tolerancia".
Según el periódico, los últimos datos de los servicios policiales de Información arrojan que el número estable de personas de "este movimiento" en Barcelona ha pasado de 400 a más de 2.000 en un solo año, y destaca el elevado número de jóvenes extranjeros.
Por ello Fernández Díaz justifica su medida en que "Barcelona no se puede convertir en la capital antisistema de Europa" y advierte de que trabajará para "que no lo sea". El proyecto de cambio del Código Penal pretende estar listo y aprobado por el Consejo de Ministros antes del verano.
El PP incrementa así su tendencia hacia las políticas de corte clara y nítidamente fascistas. Aunque, claro, tampoco nos extraña...
Pelotas de goma que "casi" matan, igual que las balas de goma, "casi" dejan inválidos, "casi" dejan ciegos
España: Mejora el joven gazteiztarra que sufrió un traumatismo cranoencefálico por un pelotazo por parte de la Ertzaintza durante la huelga general
Xuban Nafarrate, de 19 años,
recibió en el suelo, según los testigos presenciales, un pelotazo a
bocajarro en la cabeza por parte de la Ertzaintza. Ya se encuentra fuera
de peligro tras pasar varias horas en la UCI.
El pasado jueves 29 de marzo, durante las protestas con motivo de la huelga general en Vitoria, Xuban Nafarrate, estudiante de historia de la Universidad del País Vasco, fue golpeado fuertemente por una pelota de goma en la cabeza y tuvo que ser trasladado de urgencia al céntrico Hospital Santiago de la capital vasca. Xuban fue
ingresado de inmediato en la UCI con pronóstico reservado debido a un
hematoma subdural derivado de un fuerte traumatismo cranoencefálico.
Después de unas horas de angustia, el padre de Xuban, Joseba Nafarrate,
comunicó que su hijo se encontraba consciente y que no iba a ser
necesario operarle. En estos momentos, Xuban presenta una mejoría
notable respecto a su estado del pasado jueves tras el incidente con la
Ertzaintza que le llevó al hospital.
Xuban participó durante primera hora de la mañana del jueves en dejar
propaganda de la huelga en varios institutos hasta que llegó a la calle
Ekialde, que fue repentinamente taponada en ambos extremos por agentes
de la Ertzaintza, quienes comenzaron a cargar contra los presentes.
Xuban, que en esos momentos se encontraba junto a otras tres personas,
fue retenido por los agentes antes de conseguir escapar y según testigos
presenciales, esos mismos agentes le propinaron una paliza para, ya en el suelo, dispararle a bocajarro una pelota de goma en la cabeza.
«Hubiera sido fatal si el tiro hubiera impactado un par de centímetros a
la izquierda, porque está en el parietal y de ahí a la sien no hay
nada, se ha librado por los pelos», comenta su padre Joseba. No
obstante, la cosa no quedó ahí. Según esos mismos testigos que se
encontraban en esa calle, los agentes de la Ertzaintza, después
del pelotazo, desatendieron a Xuban, quien yacía malherido en el suelo y
procedieron a introducirle propaganda de la huelga en la boca.
Mientras tanto, Xuban sufría convulsiones y espasmos derivados de la
lesión. Fueron quince minutos. La ambulancia llegó pasados esos minutos.
La versión oficial no coincide con la aportada por los presentes en el violento suceso. El
Departamento de Interior del Gobierno Vasco asegura que los agentes
desplazados a la zona no utilizaron pelotas de goma y que las lesiones
de Xuban, el mencionado hematoma subdural consecuencia del traumatismo
cranoencefálico se debió a una caída del joven mientras los agentes se
disponían a pedir su identificación. Sin embargo, son varios
los testigos que contradicen la versión oficial mencionada y mantienen
que Xuban sufrió un pelotazo en la cabeza después de haber sido
apaleado. Joseba Nafarrate dice que esa es la realidad y que «así lo
aseguran no uno sino varios testigos, el que lo quiera desmentir no
tiene más que argumentarlo y aportar pruebas». Asimismo, Joseba ha
aprovechado estos días para comunicar que tiene intención de tomar
medidas legales porque esto es «propio de un Estado dictatorial,
fascista».
Al margen de lo sucedido el jueves durante la huelga general,
la Ertzaintza también tuvo una actuación polémica el pasado viernes
precisamente en la concentración que se celebró en Vitoria en
solidaridad con Xuban Nafarrate. Antidisturbios de la policía
autonómica entraron a golpes en la concentración deteniendo a cinco
jóvenes y amenazando con sancionar a otros tantos por portar una
pancarta en apoyo a Xuban.
Ezker Batua (EB) y Eusko Alkartasuna (EA) critican la actuación de la Erzaintza
Juanjo Agirrezabalaga, parlamentario de EA, ha pedido la
comparecencia del Consejero de Interior, Rodolfo Ares, para que aclare
los incidentes de Vitoria del pasado jueves. Agirrezabalaga
considera que Interior «debe investigar en qué circunstancias resultó
herido de gravedad» Xuban Nafarrate y «si fuera pertinente, depurar
responsabilidades a nivel interno». Asimismo, sostiene que «más
allá de que el Departamento de Interior haya negado cualquier
responsabilidad en lo ocurrido, a la vista de la gravedad de los hechos
es importante que el consejero dé en el Parlamento todas las
explicaciones que sean necesarias para determinar si la Ertzaintza actuó
correctamente o si, por el contrario, se cometieron excesos por parte
de algunos agentes».
Por su parte, Nerea Gálvez, portavoz de EB en las Juntas Generales de
Álava, ha ido más allá al afirmar en su blog que la Ertzaintza tuvo
como intención el pasado jueves «provocar y atacar gratuitamente» a los
participantes de la concentración en apoyo a Xuban Nafarrate. Gálvez
narra, con ironía, que el verdadero peligro para la seguridad ciudadana
que entrañaba la concentración era «una pancarta, unas voces
sinmegafonía y un grupo de personas reunidas en una plaza». Gálvez,
quien presenció desde dentro la concentración, relata que la Ertzaintza
«rodeó, provocó y atacó gratuitamente a la pequeña concentración y a
quienes asistían como público en los alrededores de la plaza».
Para la portavoz, «fue una demostración de fuerza bruta» y «un exceso
innecesario». Gálvez acaba lamentándose de que no percibió el
«acompañamiento o protección de las fuerzas de seguridad» sino que «el
cuerpo público vino a atacarnos, a asustarnos, a intimidarnos».
Los sindicatos de profesores sostienen que se trata de un "nuevo error
de la administración". El dirigente de ADES Montevideo, Luis Martínez,
responsabilizó al Consejo de Secundaria (CES) y el Consejo Directivo
Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP).
El viernes pasado la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y
el CES acordaron de palabra un plan de trabajo que involucra a media
docena de liceos con problemas de infraestructura. En tal sentido se
acordó un sistema de diagnóstico y de planificación de obras que incluye
la participación de técnicos del CES, miembros del sindicato y la
comunidad educativa (padres y alumnos) de cada uno de los liceos.
Semana Santa sin obras en liceos; para el gremio "un error"
Pit-Cnt. Aún no analizó represión en el 70
PABLO MELGAR
Al igual que en las vacaciones estivales, los días de Semana Santa no se aprovecharán para reparar liceos. Hasta el viernes pasado los sindicatos y Secundaria estuvieron negociando la salida a un conflicto que se llevó los primeros días de clase.
Al igual que en las vacaciones estivales, los días de Semana Santa no se aprovecharán para reparar liceos. Hasta el viernes pasado los sindicatos y Secundaria estuvieron negociando la salida a un conflicto que se llevó los primeros días de clase.
La consejera de Secundaria, Ema Zaffaroni, confirmó a El País que no
habrá obras en los liceos durante las vacaciones de Semana Santa. En
este período se desarrolla la segunda licencia anual de la construcción.
"En general, todas las obras arrancaron y se retomarán el lunes (9 de
abril)", afirmó ayer la jerarca.
Los sindicatos de profesores sostienen que se trata de un "nuevo error
de la administración". El dirigente de ADES Montevideo, Luis Martínez,
responsabilizó al Consejo de Secundaria (CES) y el Consejo Directivo
Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP).
El viernes pasado la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y
el CES acordaron de palabra un plan de trabajo que involucra a media
docena de liceos con problemas de infraestructura. En tal sentido se
acordó un sistema de diagnóstico y de planificación de obras que incluye
la participación de técnicos del CES, miembros del sindicato y la
comunidad educativa (padres y alumnos) de cada uno de los liceos.
El arquitecto de Secundaria tendrá la responsabilidad de definir fechas
estimativas para el comienzo de las obras. El sindicato y la comunidad
educativa tendrán a su cargo el seguimiento de los compromisos asumidos
por el CES. En cada centro educativo se firmará un acta de compromiso
entre las partes.
Los detalles del acuerdo entre Fenapes y el CES hasta ayer no habían
sido informados oficialmente a la cúpula de ADES Montevideo, que
protagonizó dos ocupaciones junto a los padres en reclamo de
reparaciones para los liceos 70 (Cerro) y 62 (Colón). En tal sentido,
fuentes sindicales afirmaron a El País que el choque interno entre
Fenapes y ADES es cada vez mayor.
La Fenapes, que tiene unos 9.000 afiliados entre 17.000 profesores, está
controlada por militantes comunistas que no están dispuestos a
generalizar el conflicto con el CES, por lo menos, hasta que se realicen
las elecciones internas en el Frente Amplio, previstas para el 27 de
mayo. En cambio, ADES Montevideo, con 3.000 afiliados, está dirigida por
radicales asociados al Partido de los Trabajadores, Partido Comunista
de los Trabajadores y algunos independientes que integran la Plenaria
Memoria y Justicia.
En el comienzo del año lectivo el sindicato de profesores de San José
ocupó el liceo de Playa Pascual pidiendo obras. Se salió del conflicto
con un compromiso del CES para activar y culminar rápidamente las obras.
CENTRAL. El Pit-Cnt aún no evaluó la represión policial del miércoles 28
de marzo frente al liceo 70, según confirmó a El País el dirigente
Ismael Fuentes, que integra el secretariado ejecutivo de la central de
trabajadores. "Siempre vamos a defender el derecho de los trabajadores a
movilizarse pero hay leyes que hay que respetar. El desalojo de una
ruta también implica correlación de fuerzas. Si se meten 50 mil
personas es una cosa, pero cuando son grupos minoritarios la situación
es otra", dijo Fuentes.
Varios sindicatos controlados por dirigentes que no son afines al
gobierno han rechazado el accionar policial frente al liceo 70. Entre
ellos los gremios de la Administración Central nucleados en COFE, que
criticaron con dureza al Ministerio del Interior (MI). "El gobierno ha
generado un hecho de violencia con un esquema de represión que
lamentablemente sufrimos en el pasado y creíamos extinto", afirmó COFE
en un comunicado.
Fuentes señaló que el MI cumplió con la normativa "pero tal vez se podría haber resuelto de otra manera".
LAS CIFRAS
12
son los liceos de todo el país que definirán los planes de obras en acuerdo entre el sindicato y el Consejo de Secundaria (CES).
3.000
son los afiliados de ADES Montevideo, algunos de ellos pidieron su desafiliación tras el paro y los desmanes en el liceo 70.
El País Digital
"...los directores de escuelas para contratar personal de limpieza por medio de las comisiones de fomento, deben abrir una empresa. Esto según Ademu roza los aspectos legales y sobrecarga al director."
Nacional - MONTEVIDEO
Maestros pararán por crisis edilicia y algo más
El 12 de abril cuando se lleve a cabo el paro de 24 horas decretado por Ademu, los docentes exigirán que Bonomi se exprese sobre la habilitación de Bomberos en las escuelas, entre otras cosas
Los maestros de Montevideo pararán 24 horas el
próximo jueves 12 en reclamos de una serie de puntos que entienden que
la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) no ha cumplido.
No se trata solo de la crisis que enfrentan los centros educativos,
informó este martes La Diaria.
La medida tomada por la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) incluye una consulta por escuela con el objetivo de que cada escuela opine sobre la posibilidad de realizar paros zonales de 24 horas.
El paro del jueves 12 estará acompañado por tres movilizaciones. Una de ellas hacia el Ministerio del Interior para solicitar a Bonomi que se exprese respecto a la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) de las 264 escuelas de la capital. El 8 de marzo el sindicato realizó el pedido a Bomberos, pero todavía no recibió ninguna respuesta, dijo la secretaria de Ademu, Daisy Iglsias al matutino.
Las otras movilizaciones se harán hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para presentar dos denuncias. Una de ellas tiene que ver con que actualmente los directores de escuelas para contratar personal de limpieza por medio de las comisiones de fomento, deben abrir una empresa. Esto según Ademu roza los aspectos legales y sobrecarga al director.
La segunda denuncia está relacionada con el síndrome laboral del burn out o desgaste profesional, con agotamiento emocional y estrés físico y psicológico.
Además, reclaman la contratación de nuevos maestros y de auxiliares de servicio, así como el reconocimiento de antigüedad para los maestros suplentes. A todo esto, se suma el tema edilicio de los centros que todavía persiste.
Por su parte, el presidente de Primaria, Héctor Florit señaló a La Diaria que no considera necesario realización del paro para exigirle al ministro del Interior que se expida sobre la habilitación de Bomberos. Respecto al síndrome del burn out, manifestó que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) trabaja sobre el tema desde la década del 90 y propuso un ámbito de discusión entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CESU) y la Anep.
Florit también se refirió a los problemas edilicios y señaló que si Ademu presenta algunas urgencias que no están siendo comprendidas por las obras de reparación que se están llevando a cabo, entonces “es un tema que se puede analizar”
La medida tomada por la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) incluye una consulta por escuela con el objetivo de que cada escuela opine sobre la posibilidad de realizar paros zonales de 24 horas.
El paro del jueves 12 estará acompañado por tres movilizaciones. Una de ellas hacia el Ministerio del Interior para solicitar a Bonomi que se exprese respecto a la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) de las 264 escuelas de la capital. El 8 de marzo el sindicato realizó el pedido a Bomberos, pero todavía no recibió ninguna respuesta, dijo la secretaria de Ademu, Daisy Iglsias al matutino.
Las otras movilizaciones se harán hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para presentar dos denuncias. Una de ellas tiene que ver con que actualmente los directores de escuelas para contratar personal de limpieza por medio de las comisiones de fomento, deben abrir una empresa. Esto según Ademu roza los aspectos legales y sobrecarga al director.
La segunda denuncia está relacionada con el síndrome laboral del burn out o desgaste profesional, con agotamiento emocional y estrés físico y psicológico.
Además, reclaman la contratación de nuevos maestros y de auxiliares de servicio, así como el reconocimiento de antigüedad para los maestros suplentes. A todo esto, se suma el tema edilicio de los centros que todavía persiste.
Por su parte, el presidente de Primaria, Héctor Florit señaló a La Diaria que no considera necesario realización del paro para exigirle al ministro del Interior que se expida sobre la habilitación de Bomberos. Respecto al síndrome del burn out, manifestó que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) trabaja sobre el tema desde la década del 90 y propuso un ámbito de discusión entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CESU) y la Anep.
Florit también se refirió a los problemas edilicios y señaló que si Ademu presenta algunas urgencias que no están siendo comprendidas por las obras de reparación que se están llevando a cabo, entonces “es un tema que se puede analizar”
Nacional
Pit-Cnt pide apoyo al Frente para convocar Constituyente
19 de abril. Actos para debatir cambios a la Carta Magna
VALERIA GIL
El Pit-Cnt pidió a la Mesa Política del Frente Amplio que apoye la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La central sindical invitó a la fuerza política a participar de los actos que se realizarán el jueves 19 para debatir las reformas.
El secretario de organización del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, concurrió ayer a la Mesa Política del Frente Amplio para solicitar la participación de la coalición de izquierda en una jornada cívica que tendrá lugar el jueves 19. La instancia de diálogo entre el Pit-Cnt y la coalición fue solicitada por el Partido Comunista.
Fuentes participantes de la reunión dijeron a El País que durante la jornada cívica se realizarán 40 actos para discutir una plataforma de cara a una reforma de la Constitución, la cual se procesaría por medio de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La lista de reivindicaciones que se discutirá en la jornada cívica tiene más de 40 puntos, pero no fue dada a conocer ayer a los dirigentes del Frente Amplio. Fuentes de la coalición dijeron a El País que aún no se fijó posición respecto a la invitación para participar de los actos que se desarrollarán en forma simultánea en todo el país.Tras la reunión, Abdala di- jo a El País que durante el encuentro trasmitió "una resolución del Pit-Cnt que tiene que ver con el desarrollo de una jornada cívica nacional, la cual plantea un progra- ma de necesidades profundas en materia de desarrollo industrial y social, expansión de derechos y desarrollo democrático en los que la central viene trabajando".
El excoordinador del Pit-Cnt y candidato a presidente del FA por el Partido Comunista, Juan Castillo, explicó a El País que la propuesta de realizar una jornada cívica fue decidida a fines de 2011 por el congreso de la central obrera.
En la jornada se discutirán las propuestas de resolución del mencionado congreso, que tienen que ver con el modelo productivo, la distribución de la riqueza, la educación, la salud y la matriz energética. Dentro de ese paquete de medidas está contenida la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de impulsar una reforma constitucional.
Castillo dijo que la invitación para participar de los actos se realizó a diferentes actores sociales y políticos, entre los que se encuentran la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), la Asociación de ex Presos Políticos del Uruguay (Crysol) y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).
En relación a la convocatoria de la Constituyente, Castillo explicó que se puede hacer este año o el próximo "pero no tiene por qué hacerse ya, aunque sabemos que el Frente viene discutiendo el tema".
Además, indicó que en su calidad de candidato a la presidencia del FA está "totalmente de acuerdo con la convocatoria de la Constituyente, porque forma parte de la resolución del último Congreso del Frente y del Pit-Cnt".
Dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista ha sido el principal impulsor de la convocatoria a una Constituyente. La senadora Lucía Topolansky (MPP) también comparte la iniciativa, que por otra parte es rechazada por Asamblea Uruguay, sector que lidera el vicepresidente Danilo Astori.
"No sabemos cuáles son los contenidos que se proponen para proceder a una reforma y creemos que para cambiar la Constitución hay que saber qué se quiere modificar". Read señaló que habría que discutir públicamente si es el momento oportuno para proponer una reforma de tal magnitud. "Mi opinión, como delegado de la Federación de la Bebida y en representación de mi gremio, es que no estamos de acuerdo con reformular la Constitución y entiendo que eso no fue resuelto por el Congreso del Pit-Cnt", declaró Read. El dirigente recordó que en el año 2011 preguntó a los impulsores de la convocatoria a la Asamblea Constituyente cuál era la modificación propuesta, pero no obtuvo respuesta. Read dijo que personalmente desconocía la invitación que se le hizo al FA para participar de la jornada cívica prevista para el 19, pero argumentó que desde hace cuatro meses se encuentra con licencia médica.
Una vez aprobada la iniciativa, el Poder Ejecutivo debe convocar a elecciones en un plazo de 90 días. Como resultado de esa votación resultan electos 260 constituyentes, los que se encargan de estudiar el proyecto.
Como paso final, el texto aprobado por los constituyentes es sometido a un plebiscito.
El Pit-Cnt pidió a la Mesa Política del Frente Amplio que apoye la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La central sindical invitó a la fuerza política a participar de los actos que se realizarán el jueves 19 para debatir las reformas.
El secretario de organización del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, concurrió ayer a la Mesa Política del Frente Amplio para solicitar la participación de la coalición de izquierda en una jornada cívica que tendrá lugar el jueves 19. La instancia de diálogo entre el Pit-Cnt y la coalición fue solicitada por el Partido Comunista.
Fuentes participantes de la reunión dijeron a El País que durante la jornada cívica se realizarán 40 actos para discutir una plataforma de cara a una reforma de la Constitución, la cual se procesaría por medio de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La lista de reivindicaciones que se discutirá en la jornada cívica tiene más de 40 puntos, pero no fue dada a conocer ayer a los dirigentes del Frente Amplio. Fuentes de la coalición dijeron a El País que aún no se fijó posición respecto a la invitación para participar de los actos que se desarrollarán en forma simultánea en todo el país.Tras la reunión, Abdala di- jo a El País que durante el encuentro trasmitió "una resolución del Pit-Cnt que tiene que ver con el desarrollo de una jornada cívica nacional, la cual plantea un progra- ma de necesidades profundas en materia de desarrollo industrial y social, expansión de derechos y desarrollo democrático en los que la central viene trabajando".
El excoordinador del Pit-Cnt y candidato a presidente del FA por el Partido Comunista, Juan Castillo, explicó a El País que la propuesta de realizar una jornada cívica fue decidida a fines de 2011 por el congreso de la central obrera.
En la jornada se discutirán las propuestas de resolución del mencionado congreso, que tienen que ver con el modelo productivo, la distribución de la riqueza, la educación, la salud y la matriz energética. Dentro de ese paquete de medidas está contenida la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de impulsar una reforma constitucional.
Castillo dijo que la invitación para participar de los actos se realizó a diferentes actores sociales y políticos, entre los que se encuentran la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), la Asociación de ex Presos Políticos del Uruguay (Crysol) y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).
En relación a la convocatoria de la Constituyente, Castillo explicó que se puede hacer este año o el próximo "pero no tiene por qué hacerse ya, aunque sabemos que el Frente viene discutiendo el tema".
Además, indicó que en su calidad de candidato a la presidencia del FA está "totalmente de acuerdo con la convocatoria de la Constituyente, porque forma parte de la resolución del último Congreso del Frente y del Pit-Cnt".
Dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista ha sido el principal impulsor de la convocatoria a una Constituyente. La senadora Lucía Topolansky (MPP) también comparte la iniciativa, que por otra parte es rechazada por Asamblea Uruguay, sector que lidera el vicepresidente Danilo Astori.
Read: "No estoy de acuerdo con reformar la Constitución"
Dentro de la central obrera hay diferentes opiniones respecto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformular la Carta Magna. El presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read, dijo a El País que en su opinión no es necesaria la discusión de una reforma constitucional."No sabemos cuáles son los contenidos que se proponen para proceder a una reforma y creemos que para cambiar la Constitución hay que saber qué se quiere modificar". Read señaló que habría que discutir públicamente si es el momento oportuno para proponer una reforma de tal magnitud. "Mi opinión, como delegado de la Federación de la Bebida y en representación de mi gremio, es que no estamos de acuerdo con reformular la Constitución y entiendo que eso no fue resuelto por el Congreso del Pit-Cnt", declaró Read. El dirigente recordó que en el año 2011 preguntó a los impulsores de la convocatoria a la Asamblea Constituyente cuál era la modificación propuesta, pero no obtuvo respuesta. Read dijo que personalmente desconocía la invitación que se le hizo al FA para participar de la jornada cívica prevista para el 19, pero argumentó que desde hace cuatro meses se encuentra con licencia médica.
Camino hacia la reforma
Para llamar a una Constituyente se requiere de la presentación de un proyecto de nueva Constitución ante la Asamblea General.Una vez aprobada la iniciativa, el Poder Ejecutivo debe convocar a elecciones en un plazo de 90 días. Como resultado de esa votación resultan electos 260 constituyentes, los que se encargan de estudiar el proyecto.
Como paso final, el texto aprobado por los constituyentes es sometido a un plebiscito.
El País Digital
Qué oprobio ! qué desquicio ! Reaccionaria y derechista comparación.Cuba con medio siglo de bloqueo imperial ha recibido 18 veces el apoyo de la Asamblea General de la ONU, menos EEUU, Israel y alguna isla del Pacífico. Comparar un grupo de colonos de un imperio colonial ocupante con el ÚNICO PAÍS latinoamericano que es COMPLETAMENTE SOBERANO E INDEPENDIENTE . Los principios del FA vendidos al bajo precio de la necesidad con los criminales de guerra británicos ( Iraq, Afganistán, Libia y para atrás la lista es larga)
POSICIÓN
Almagro dijo que Uruguay no apoya bloqueo a Malvinas y lo comparó al de Cuba
Postura. El gobierno no impedirá gestión comercial de privados. |
Foto: El País. |
En diálogo con Radio Universal, Almagro aseguró que apoyar el bloqueo
sería "violatorio a los derechos humanos de los habitantes de esa isla y
lo mismo que decimos para Cuba, lo decimos en este caso" y explicó que
los empresarios privados son libres de negociar con "quien quieran y
puedan".
Además agregó que "Uruguay nunca dijo que hay que bloquear las islas. En
el primer comunicado de la Presidencia de la Republica se señala
claramente que de ninguna manera se procederá a un bloqueo económico o
comercial de las islas"
Por su parte, según publica hoy el diario argentino La
Nación
, el presidente de la Cámara Británica en Uruguay, Conrado Hughes,
reafirmó que la visita de empresarios anunciada para el día 13 de abril
no tiene apoyo ni vinculación con la representación del Reino Unido.
Según Hughes, se trata de una iniciativa "exclusivamente privada" que tiene como objetivo "hacer negocios".
ALERTA.
Por otro lado, el grupo extremista argentino Quebracho
planea el copamiento de un buque que estuvo en la guerra de las Malvinas.
La intención del grupo de capturar la embarcación, que hoy luce bandera
uruguaya, es como parte de una presunta reivindicación de derechos de
los excombatientes del conflicto de 1982
Otro oprobio: conceptos vertidos por el Ministro de Defensa Fernández Huidobro en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing
Eleuterio Fernández Huidobro, en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).
Por primera vez un ministro de Defensa Nacional acepta la invitación a disertar en un almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Fernández Huidobro concurrió al primer evento del año de este tipo acompañado por el senador y ex ministro de esa cartera Luis Rosadilla y por el director general de Secretaría, Jorge Delgado. Fernández Huidobro tituló su ponencia “La certeza de la incertidumbre” y comenzó con la historia de la batalla del Río de la Plata, ocurrida en 1939 frente a las costas uruguayas, que enfrentó al a
A Fernández Huidobro le preguntaron si aún hay una separación en la sociedad uruguaya en el marco del acto de asunción de responsabilidades por el caso Gelman y el pedido de perdón por parte del Estado. Contestó a título personal que “hay mucha gente que se apunta para exigirles a los demás que pidan perdón, fácil, pedir perdón también es fácil; pero hay poca gente que se anote para perdonar, eso sí que es difícil”. En ese sentido señaló que, independientemente de ser “creyente o no”, Uruguay es parte de una cultura occidental y cristiana que está basada en lo que decía Jesús, al que definió como “ese flaco que lo crucificaron por gil y que se pasó predicando el perdón”.
Nacional - CARTA DEL OBISPO DE MINAS
“Tu lunfardo te jugó en contra”
Monseñor Jaime Fuentes, obispo de Minas, escribió una carta al ministro de Defensa, Fernández Huidobro, con el que fueron compañeros de escuela, por sus dichos sobre Jesucristo
A la reacción del ex presidente y
senador, Luis Alberto Lacalle, quien exigió al ministro de Defensa
Eleuterio Fernández Huidobro que pida disculpas por sus declaraciones
públicas contra Jesús, se suma la carta que el obispo de Minas, Monseñor
Jaime Fuentes le escribió al secretario de Estado, y wur publicó en su
blog Desde el Verdún bajo el título “Ministro, te pasaste”.
En la carta fechada el 30 de marzo, Fuentes se refiere a Fernández
Huidobro en un estilo muy personal. Y es que según consigna en la
misiva, durante la infancia concurrieron al mismo colegio, el de los
Hermanos Maristas (Santa María), aunque se llevaban tres años de
diferencia.
En referencia a lo que dijo el ministro en el almuerzo de ADM de la
semana pasada -cuando habló de Jesús como “ese flaco al que crucificaron
por gil y que lo que se pasó predicando fue perdonar”-, el obispo le
advirtió: “¿Sabés qué pienso? Que tu lunfardo te jugó en contra”.
“Porque vos y yo estudiamos en los Maristas (con tres años de diferencia a favor tuyo, que para los más chicos era una diferencia importante). Tuvimos los mismos profesores: el Hermano Antonio (a) El Tronco; Salvador (a) Pildorita, Alberto, Alfonso… Ahora pienso...¡qué capacidad de perdonar demostraban!”, afirmó Fuentes.
“El otro día, en la reunión de ADM, dijiste muchas cosas con tu estilo de siempre: para cantar algunas verdades hablás en "lunfardo". Pero no siempre lo usás: por ejemplo, cuando dijiste que “pedir perdón es fácil, perdonar es difícil y poca gente se suma a esa fila”. No pudiste usar un lenguaje más formal y verdadero para expresar algo en lo que estamos muy de acuerdo”, manifestó el obispo de Minas, quien a su vez, le expresó: “En el contexto no te puedo acompañar”.
“La razón principal es porque pusiste como ejemplo “al flaco ese, que lo crucificaron por gil, porque se pasó predicando el perdón”. ¡Pará la mano hermano! Te pasaste. Si hubiera estado en la reunión me levantó y te paro el carro”, aseguró. “Una cosa es que tengas derecho a decir lo que se te antoje y en el lenguaje que se te antoje, pero hay límites, como en todo: el límite se llama respeto. (…) Si nadie te dijo nada en público, será por tu cargo de Ministro. Pero después, en privado, te aseguro que te están mandando a… la vos también mencionaste”.
“Para mí el lunfardo esta vez te traicionó: porque, en realidad vos sabés por qué murió Jesucristo; y sabés que su Perdón hay que escribirlo con mayúscula. Y a la altura de la vida en la que estamos, vos y yo tenemos bien presente que cualquier día de estos vamos a encontrarlo y nos va a preguntar qué hicimos de bueno aquí abajo”.
En su carta, Fuentes no olvida reconocerle a Fernández Huidobro su voto en contra de la ley del aborto. “Espero que haya más que sigan tu ejemplo”, apuntó antes de despedirse.
“Porque vos y yo estudiamos en los Maristas (con tres años de diferencia a favor tuyo, que para los más chicos era una diferencia importante). Tuvimos los mismos profesores: el Hermano Antonio (a) El Tronco; Salvador (a) Pildorita, Alberto, Alfonso… Ahora pienso...¡qué capacidad de perdonar demostraban!”, afirmó Fuentes.
“El otro día, en la reunión de ADM, dijiste muchas cosas con tu estilo de siempre: para cantar algunas verdades hablás en "lunfardo". Pero no siempre lo usás: por ejemplo, cuando dijiste que “pedir perdón es fácil, perdonar es difícil y poca gente se suma a esa fila”. No pudiste usar un lenguaje más formal y verdadero para expresar algo en lo que estamos muy de acuerdo”, manifestó el obispo de Minas, quien a su vez, le expresó: “En el contexto no te puedo acompañar”.
“La razón principal es porque pusiste como ejemplo “al flaco ese, que lo crucificaron por gil, porque se pasó predicando el perdón”. ¡Pará la mano hermano! Te pasaste. Si hubiera estado en la reunión me levantó y te paro el carro”, aseguró. “Una cosa es que tengas derecho a decir lo que se te antoje y en el lenguaje que se te antoje, pero hay límites, como en todo: el límite se llama respeto. (…) Si nadie te dijo nada en público, será por tu cargo de Ministro. Pero después, en privado, te aseguro que te están mandando a… la vos también mencionaste”.
“Para mí el lunfardo esta vez te traicionó: porque, en realidad vos sabés por qué murió Jesucristo; y sabés que su Perdón hay que escribirlo con mayúscula. Y a la altura de la vida en la que estamos, vos y yo tenemos bien presente que cualquier día de estos vamos a encontrarlo y nos va a preguntar qué hicimos de bueno aquí abajo”.
En su carta, Fuentes no olvida reconocerle a Fernández Huidobro su voto en contra de la ley del aborto. “Espero que haya más que sigan tu ejemplo”, apuntó antes de despedirse.
“Un abrazo sin ningún rencor y, como gritábamos todos los días en el patio del Santa María al terminar las clases ¡Viva Cristo Rey!”.
Mensaje a Monseñor Jaime Fuentes, obispo de Minas
En memoria combatiente de Jacinto
Monseñor:
En representación de varios compañeros
Tupamaros (ex integrantes del hoy en día inexistente MLN) y creyéndonos
interpretar el sentir de la mayoría de los tupamaros de antes le hago
llegar este mensaje a través de los Blogs solidarios. Mensaje que tiene
relación con la afrenta inferida por el Sr. Ministro de Defensa a la
figura de Cristo.
Comprendemos
su reacción y enojo. Lo dicho por Fernández Huidobro es una de las
tantas provocaciones que suele llevar adelante el Sr. Ministro, como
aquella tan cruel, infame y mentirosa de que la búsqueda por parte de
los Familiares de sus seres queridos desaparecidos era "un asunto de
plata", de "mucha plata". Es el estilo corrupto que ha tomado para su
práctica política una vez que ha saboreado "las mieles del poder" como
dijera Fidel Castro refiriéndose a los burócratas cubanos.
Queremos
hacerle saber que estas palabras del Ministro de Defensa no representan
en absoluto, ni lo que fué el espíritu ni la práctica de los tupamaros
de antes. Siempre existió un profundo respeto por las creencias de los
otros integrantes de la organización así como las del pueblo en general.
No encontrará Ud. un solo documento o material de "la orga" de aquellos
tiempos en el cual se denigre al creyente ni tampoco que se burle de
sus símbolos. Nunca nadie fué maltratado, excluído, relegado o dejado de
lado por su credo. Ni se lo preguntaba , ni se lo sabía si el creyente
no lo decía. Era algo personal y altamente respetado.
Con
estas palabras queremos expresarle que lo dicho por el Ministro no
tiene nada que ver con la tradición de un movimiento popular y
revolucionario que nunca discriminó a la gente en razón de su fe. En el
encabezamiento dedicabamos estas palabras al hermano combatiente
Jacinto. Seguramente usted sabrá que se trata del Padre Indalecio
Olivera, miembro del MLN tupamaros muerto a causa de la heridas de bala
sufridas en un enfrentamiento armado en 1969. Cuando el Obispo de su
Diócesis fué a verlo al hospital, moribundo ya, lo único que Indalecio
le preguntó al Obispo fué ¿"se salvó el compañero
?" en referencia al otro combatiente que estaba junto con él en el
momento del enfrentamiento. La respuesta positiva del Obispo fué la
última noticia que Indalecio escuchó en vida.
Indalecio
Olivera fué uno de los tantos sacerdotes y monjas que integró las filas
del MLN, que combatieron por la justicia social, que fueron
perseguidos, detenidos, torturados y presos, en muchos casos durante
largos períodos. Seguramente usted conoce la mayoría de los casos, así
que no es necesaria una lista. Sin embargo corresponde destacar algo que
reafirma la validéz histórica de lo explicitado en este mensaje:
hubieron muchos combatientes que sin vestir los hábitos, eran creyentes
convencidos. Por ejemplo "El Gorila" Horacio Ramos, vilmente asesinado
en prisión. Incluso más, en 1968 llegó a haber una columna entera del
MLN compuesta solamente por cristianos. Los ejemplos serían muchos.
Así como los
ejemplos de otros países latinoamericanos que tuvieron también gran
influencia entre los tupamaros dado su carácter de referente en el
compromiso con el pueblo. El más conocido quizás sea el de Camilo Torres
en Colombia, pero hay muchos más, como lo ha sido Cardenal en
Nicaragua, la gran corriente de la Teología de la Liberación en Brasil y
el resto del Continente, los curas obreros y la corriente de
Cristianismo y Revolución dirigida por Juan García Ellorrio en
Argentina, toda la enorme corriente de cristianos por el socialismo en
Chile y muchos ejemplos más. Era impensable que los tupamaros se
burlarsen de militantes y combatientes que en los otros países
desarrollaban un trabajo tan vasto entre los sectores explotados y que
tenían tal formación y tan profunda convicción. Carlos Flores, primer
mártir del MLN caído en combate el 22 de diciembre de 1966 fué
identificado porque portaba una camiseta de la Asociación Cristiana de
Jovenes.
Como usted
podrá apreciar el respeto hacia los hermanos cristianos siempre ha
existido entre los tupamaros. Así como por las otras creencias, iglesias
y congregaciones de la fe, avalado esto por la cantidad de integrantes
de muchas de ellas. No hubiera sido posible el que tanta gente hubiera
hecho un sacrificio generoso por la creencia social que tenía, de haber
existido siquiera un dejo de una actitud como la de Fernández Huidobro.
Los cristianos que murieron, fueron presos y torturados bajo las
banderas del MLN son prueba suficiente de que esta postura de Fernández
es solamente suya y públicamente expresada ahora, no antes, cuando era
dirigente del MLN.
Los
tupamaros siempre consideraron, individualmente, ya que sobre esos temas
no había porque tener algún tipo de definición como organización, que
Jesús se rebeló contra un imperio ocupante y por eso fué torturado y
asesinado. Sobre el rol del Vaticano y en general el de la jerarquía se
era tan crítico como lo son las mismas corrientes progresistas de la
Iglesia, particularmente la inspirada en la Teología de la Liberación.
Sin más y
lamentando que haya sido herido en su fe por un Ministro que dice
representar un sentimiento, el tupamaro, que está en total contradicción
con la práctica de este gobernante en todos los aspectos sociales y
políticos. Otros vientos soplarán en el porvenir y entonces se podrá ver
que el martirio de Indalecio no ha sido en vano.
Att. Rosendo
La Teología de la Liberación: Leonardo Boff y Frei Betto
Los
cristianos comprometidos socialmente son uno de los componentes más
activos e importantes del movimiento altermundista; particularmente,
pero no sólo, en América Latina y muy especialmente en Brasil, país que
acogió las primeras reuniones del Foro Social Mundial (FSM). Uno de los
iniciadores del Foro, Chico Whitaker, miembro de la “Comisión Justicia y
Paz” de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños),
pertenece a esta esfera de influencia, lo mismo que el sacerdote belga
François Houtart, amigo y profesor de Camilo Torres, promotor de la
revista Alternatives Sud, fundador del “Centro Tricontinental” (CETRI) y
una de las figuras intelectuales más influyentes del Foro.
Podemos fechar el nacimiento de esta corriente, que podríamos
denominar como “cristianismo de la liberación”, a principios de los años
60, cuando la Juventud Universitaria Cristiana brasileña (JUC),
alimentada de cultura católica francesa progresista (Emmanuel Mounier y
la revista Esprit, el padre Lebret y el movimiento “Economía y
Humanismo”, el Karl Marx del jesuita J.Y. Calvez), formula por primera
vez, en nombre del cristianismo, una propuesta radical de transformación
social. Este movimiento se extiende después a otros países del
continente y encuentra, a partir de los años 70, una expresión cultural,
política y espiritual en la “Teología de la Liberación”.
Los dos principales teólogos de la liberación brasileños, Leonardo
Boff y Frei Betto están, por tanto, entre los precursores e inspiradores
del altermundismo; con sus escritos y sus palabras participan
activamente en las movilizaciones del “movimiento de los movimientos” y
en los encuentros del Foro Social Mundial. Si su influencia es muy
significativa en Brasil, donde muchos militantes de los movimientos
sociales como sindicatos, MST (campesinos sin tierra) y movimientos de
mujeres, provienen de comunidades eclesiásticas de base (CEB) que se
reconocen en la Teología de la Liberación, sus escritos también son muy
conocidos entre los cristianos de otros países, tanto de América Latina
como del resto del mundo.
Si hubiera que resumir la idea central de la Teología de la
Liberación en una sola frase, sería “opción preferente para los pobres”.
¿Cuál es la novedad? ¿La Iglesia no estuvo siempre caritativamente
atenta al sufrimiento de los pobres? La diferencia -capital- es que el
cristianismo de la liberación ya no considera a los pobres como simples
objetos de ayuda, compasión o caridad, sino como protagonistas de su
propia historia, artífices de su propia liberación. El papel de los
cristianos comprometidos socialmente es participar en la “larga marcha”
de los pobres hacia la “tierra prometida” -la libertad- contribuyendo a
su organización y emancipación sociales.
El concepto de “pobre” tiene obviamente un profundo alcance religioso
en el cristianismo, pero corresponde también a una realidad social
esencial en Brasil y América Latina: la existencia de una inmensa masa
de desposeídos, tanto en las ciudades como en el campo, que no son todos
proletarios o trabajadores. Algunos sindicalistas cristianos
latinoamericanos hablan de “pobretariado” para describir a esta clase de
desheredados que no sólo son víctimas de la explotación sino, sobre
todo, de la exclusión social pura y simple.
El proceso de radicalización de las culturas católicas de Brasil y América Latina que desembocó en la creación de la Teología de la Liberación no va desde la cumbre de la Iglesia para irrigar su base ni de la base popular hacia la cumbre (dos versiones que se encuentran a menudo en los planteamientos de los sociólogos o historiadores del fenómeno), sino de la periferia hacia el centro. Las categorías o sectores sociales del ámbito religioso que serán el motor de la renovación son todos, de alguna forma, marginales o periféricos con relación a la institución: movimientos laicos de la Iglesia y sus capellanes, expertos laicos, sacerdotes extranjeros, órdenes religiosas. En algunos casos el movimiento alcanza el “centro” y consigue influir en las conferencias episcopales (particularmente en Brasil), en otros casos se queda bloqueado en los “márgenes” de la institución.
Aunque existen divergencias significativas entre los teólogos de la
liberación, en la mayoría de sus escritos encontramos repetidos los
temas fundamentales que constituyen una salida radical de la doctrina
tradicional y establecida de las Iglesias católica y protestante:
Una implacable acusación moral y social contra el capitalismo como sistema injusto e inicuo, como forma de pecado estructural.
El uso del instrumento marxista para comprender las causas de la pobreza, las contradicciones del capitalismo y las formas de la lucha de clases.
La opción preferente a favor de los pobres y la solidaridad con su lucha de emancipación social.
El uso del instrumento marxista para comprender las causas de la pobreza, las contradicciones del capitalismo y las formas de la lucha de clases.
La opción preferente a favor de los pobres y la solidaridad con su lucha de emancipación social.
El desarrollo de comunidades cristianas de base entre los pobres como la nueva forma de la Iglesia y como alternativa al modo de vida individualista impuesto por el sistema capitalista.
La lucha contra la idolatría (y no el ateísmo) como enemigo principal de la religión, es decir, contra los nuevos ídolos de la muerte adorados por los nuevos faraones, los nuevos Césares y los nuevos Herodes: El consumismo, la riqueza, el poder, la seguridad nacional, el estado, los ejércitos; en pocas palabras, “la civilización cristiana occidental “.
Examinemos más de cerca los escritos de Leonardo Boff y de Frei Betto, cuyas ideas contribuyeron sin duda a la formación de la cultura político-religiosa del componente cristiano del altermundismo.
El libro de Leonardo Boff -en la época miembro de la orden
franciscana- Jesus Cristo libertador, (Petropolis, Vozes, 1971), puede
considerarse como la primera obra de la Teología de la Liberación en
Brasil. Esencialmente se trata de una obra de exégesis bíblica, pero uno
de los capítulos, posiblemente el más innovador, que se titula
“Cristología desde América Latina”, expresa el deseo de que la Iglesia
pueda “participar de manera crítica en el arranque global de liberación
que conoce hoy la sociedad sudamericana”. Según Boff, la hermenéutica
bíblica de su libro está inspirada por la realidad latinoamericana, lo
que da como resultado “la primacía del elemento antropológico sobre el
eclesiástico, del utópico sobre el efectivo, del crítico sobre el
dogmático, del social sobre el personal y de la ortopraxis sobre la
ortodoxia”; aquí se anuncian algunos de los temas fundamentales de la
Teología de la Liberación [1].
Personaje carismático, con una cultura y una creatividad enormes, al
mismo tiempo místico franciscano y combatiente social, Boff se convirtió
enseguida en el principal representante brasileño de esta nueva
corriente teológica. En su primer libro ya encontramos referencias al
“Principio Esperanza” de Ernst Bloch, pero progresivamente, en el curso
de los años 70, los conceptos y temas marxistas cada vez aparecen más en
su obra hasta convertirse en uno de los componentes fundamentales de su
reflexión sobre las causas de la pobreza y la práctica de la
solidaridad con la lucha de los pobres por su liberación.
Rechazando el argumento conservador que pretende juzgar el marxismo
por las prácticas históricas del llamado “socialismo real”, Boff
constata no sin ironía que lo mismo que el cristianismo no se identifica
con los mecanismos de la Santa Inquisición, el marxismo no tiene porqué
equipararse a los “socialismos” existentes, que “no representan una
alternativa deseable a causa de su tiranía burocrática y el ahogo de las
libertades individuales”. El ideal socialista puede y debe tomar otras
formas históricas [2]
En 1981 Leonardo Boff publica el libro Igreja carisma e poder, una vuelta de tuerca en la historia de la Teología de la Liberación: por primera vez desde la Reforma protestante, un sacerdote católico pone en entredicho, de manera directa, la autoridad jerárquica de la Iglesia, su estilo de poder romano-imperial, su tradición de intolerancia y dogmatismo –simbolizada durante varios siglos por la Inquisición-, la represión de toda crítica venida de abajo y el rechazo de la libertad de pensamiento. Denuncia también la pretensión de infalibilidad la Iglesia y el poder personal excesivo de los papas, que compara, no sin ironía, con el del secretario general del Partido Comunista soviético.
Convocado por el Vaticano en 1984 para un “coloquio” con la Santa
Congregación para la Doctrina de la Fe (antes el Santo Oficio), dirigida
por el Cardenal Ratzinger, el teólogo brasileño no agacha la cerviz, se
niega a plegarse, permanece fiel a sus convicciones y Roma le condena a
un año de “silencio obsequioso”; finalmente, frente a la multiplicación
de las protestas en Brasil y otros lugares, se le redujo la sanción a
varios meses. Diez años más tarde, cansado del hostigamiento, las
prohibiciones y las exclusiones de Roma, Boff abandona la orden de los
franciscanos y la Iglesia sin abandonar, no obstante, su actividad de
teólogo católico.
A partir de los años 90 se interesa cada vez más por las cuestiones
ecológicas, que aborda a la vez con un espíritu de amor místico y
franciscano por la naturaleza y con una perspectiva de crítica radical
del sistema capitalista. Será el objeto del libro Dignitas Terrae.
Ecologia: grito da terra, grito dos pobres, (S. Paulo, Atica, 1995) y
escribe innumerables ensayos filosóficos, éticos y teológicos que
abordan esta problemática. Según Leonardo Boff, el encuentro entre la
Teología de la Liberación y la ecología es el resultado de una
constatación: “La misma lógica del sistema dominante de acumulación y la
organización social que conduce a la explotación de los trabajadores,
lleva también al pillaje de naciones enteras y finalmente a la
degradación de la naturaleza”.
Por tanto, la Teología de la Liberación aspira a una ruptura con la lógica de este sistema, una ruptura radical que apunta a “liberar a los pobres, los oprimidos y los excluidos, las víctimas de la voracidad de la acumulación injustamente distribuida y liberar la Tierra, esta gran víctima sacrificada por el pillaje sistemático de sus recursos, que pone en riesgo el equilibrio físico, químico y biológico del planeta como un todo”. El paradigma opresión/liberación se aplica, pues, para ambas: las clases dominadas y explotadas por un lado y la Tierra y sus especies vivas por otro [3].
Amigo próximo de Leonardo Boff (publicaron algunos libros juntos),
Frei Betto es sin duda uno de los teólogos de la liberación más
importantes de Brasil y América Latina y uno de los principales
animadores de los CEB (movimientos cristianos de base). Dirigente
nacional de la Juventud estudiante cristiana (JEC) a principios de los
años 60, Carlos Alberto Libânio Christo (su verdadero nombre) comenzó su
educación espiritual y política con Santiago Maritain, Emmanuel
Mounier, el padre Lebret y el gran intelectual católico brasileño Alceu
Amoroso Lima, pero, durante su actividad militante en el movimiento en
que estudiaba, la Unión Nacional de los Estudiantes (UNO), descubrió El
Manifiesto Comunista y La Ideología Alemana. Cuando entró como novicio
en la orden de los dominicos en 1965, en aquella época uno de los
principales focos de elaboración de una interpretación liberacionista
del cristianismo, ya había tomado firmemente la resolución de
consagrarse a la lucha de la revolución brasileña [4].
Impresionado por la pobreza del pueblo y por la dictadura militar
establecida en 1964, se incorpora a una red de dominicos que simpatizan
activamente con la resistencia armada contra el régimen. Cuando la
represión se intensificó en 1969, socorrió a numerosos militantes
revolucionarios ayudándolos a esconderse o a cruzar la frontera para
alcanzar Uruguay o Argentina. Esta actividad le costó cinco años de
prisión, de 1969 a 1973.
En un libro fascinante publicado en Brasil y reeditado más de diez veces, Batismo de Sangue. Os dominicanos e a morte de Carlos Marighella (Río de Janeiro, Ed. Bertrand, 1987), traza el retrato del dirigente del principal grupo revolucionario armado, asesinado por la policía en 1969, así como el de sus amigos dominicos atrapados en las ruedas de la represión y destrozados por la tortura. El último capítulo está consagrado a la trágica figura de Frei Tito de Alencar, tan cruelmente torturado por la policía brasileña que jamás recobró su equilibrio psíquico: liberado de la prisión y exiliado en Francia, sufrió una aguda manía persecutoria y acabó por suicidarse en 1974.
En un libro fascinante publicado en Brasil y reeditado más de diez veces, Batismo de Sangue. Os dominicanos e a morte de Carlos Marighella (Río de Janeiro, Ed. Bertrand, 1987), traza el retrato del dirigente del principal grupo revolucionario armado, asesinado por la policía en 1969, así como el de sus amigos dominicos atrapados en las ruedas de la represión y destrozados por la tortura. El último capítulo está consagrado a la trágica figura de Frei Tito de Alencar, tan cruelmente torturado por la policía brasileña que jamás recobró su equilibrio psíquico: liberado de la prisión y exiliado en Francia, sufrió una aguda manía persecutoria y acabó por suicidarse en 1974.
Las cartas de prisión de Betto, publicadas en 1977, muestran su
interés por el pensamiento de Marx, a quien designaba, para burlar la
censura política, “el filósofo alemán”. En una carta de octubre de 1971 a
una amiga, abadesa benedictina, observaba: “la teoría económico-social
del filósofo alemán no habría existido sin las escandalosas
contradicciones sociales provocadas por el liberalismo económico, que lo
condujeron a percibirlas, analizarlas y establecer principios capaces
de sobrepasarlas” [5].
Después de su liberación de prisión en 1973, Frei Betto se consagró a
la organización de las comunidades de base. Durante los años siguientes
publicó varios folletos que, en un lenguaje simple e inteligible,
explicaban el sentido de la Teología de la Liberación y el papel de las
CEB. Muy pronto se convirtió en uno de los principales dirigentes de los
encuentros intereclesiásticos nacionales, donde las comunidades de base
de todas las regiones de Brasil intercambiaban sus experiencias
sociales, políticas y religiosas. En 1980 organizó el 4º Congreso
internacional de los teólogos del tercer mundo.
Desde 1979 Betto es responsable de la Pastoral obrera de Säo Bernardo
do Campo, ciudad industrial del suburbio de Säo Paulo donde nació el
nuevo sindicalismo brasileño. Sin adherirse a ninguna organización
política, no escondía sus simpatías por el Partido de los Trabajadores
(PT). Tras la victoria electoral del candidato del PT, Luis Inacio Lula
da Silva, en 2001, fue designado por el nuevo presidente para dirigir el
programa “Hambre Cero”; sin embargo, descontento con la orientación
económica del gobierno, prisionero de los paradigmas neoliberales,
dimitió de su puesto dos años después.
Mientras algunos teólogos intentan reducir el marxismo a una “mediación socio-analítica”, Betto defiende, en su ensayo de 1986, Cristianismo e Marxismo, una interpretación mucho más amplia de la teoría marxista que incluye la ética y la utopía: “el marxismo es, sobre todo, una teoría de la praxis revolucionaria (…). La práctica revolucionaria sobrepasa el concepto y no se agota en análisis estrictamente científicos, porque necesariamente incluye dimensiones éticas, místicas y utópicas (…). Sin esta relación dialéctica teoría-praxis, el marxismo se esclerosa y se transforma en una ortodoxia académica peligrosamente manipulable por los que controlan los mecanismos del poder”. Esta última frase es sin duda una referencia crítica a la URSS y a los países del socialismo real que constituyen, a sus ojos, una experiencia deformada por su “óptica objetivista”, su “tendencia economicista” y sobre todo, su “metafísica del Estado”.
Mientras algunos teólogos intentan reducir el marxismo a una “mediación socio-analítica”, Betto defiende, en su ensayo de 1986, Cristianismo e Marxismo, una interpretación mucho más amplia de la teoría marxista que incluye la ética y la utopía: “el marxismo es, sobre todo, una teoría de la praxis revolucionaria (…). La práctica revolucionaria sobrepasa el concepto y no se agota en análisis estrictamente científicos, porque necesariamente incluye dimensiones éticas, místicas y utópicas (…). Sin esta relación dialéctica teoría-praxis, el marxismo se esclerosa y se transforma en una ortodoxia académica peligrosamente manipulable por los que controlan los mecanismos del poder”. Esta última frase es sin duda una referencia crítica a la URSS y a los países del socialismo real que constituyen, a sus ojos, una experiencia deformada por su “óptica objetivista”, su “tendencia economicista” y sobre todo, su “metafísica del Estado”.
Betto y Boff, como la inmensa mayoría de los teólogos de la
liberación no aceptan la reducción, típicamente liberal, de la religión a
un “asunto privado” del individuo. Para ellos la religión es un asunto
eminentemente público, social y político. Esta actitud no es
necesariamente una oposición a la laicidad; de hecho, el cristianismo de
la liberación se sitúa en las antípodas del conservadurismo clerical:
Predicando la separación total entre la Iglesia y el Estado y la
ruptura de la complicidad tradicional entre el clero y los poderosos.
Negando la idea de un partido o un sindicato católico y reconociendo
la necesaria autonomía de los movimientos políticos y sociales
populares.
Rechazando toda idea de regreso al “catolicismo político” precrítico y su ilusión de una “nueva cristiandad”.
Favoreciendo la participación de los cristianos en los movimientos o partidos populares seglares.
Para la Teología de la Liberación no hay contradicción entre esta exigencia de democracia moderna y seglar y el compromiso de los cristianos en el ámbito político. Se trata de dos enfoques diferentes de la relación entre religión y política: desde el punto de vista institucional es imprescindible que prevalezcan la separación y la autonomía pero en el ámbito ético-político el imperativo esencial es el compromiso.
Para la Teología de la Liberación no hay contradicción entre esta exigencia de democracia moderna y seglar y el compromiso de los cristianos en el ámbito político. Se trata de dos enfoques diferentes de la relación entre religión y política: desde el punto de vista institucional es imprescindible que prevalezcan la separación y la autonomía pero en el ámbito ético-político el imperativo esencial es el compromiso.
Teniendo en cuenta esta orientación eminentemente práctica y
combativa no es de extrañar que muchos de los dirigentes y activistas de
los movimientos sociales más importantes de los últimos años –desde
1990-, se formasen en América Latina en las ideas de la Teología de la
Liberación. Podemos poner como ejemplo el MST (Movimiento de los
Campesinos sin Tierra), uno de los movimientos más impresionantes de la
historia contemporánea de Brasil por su capacidad de movilización, su
radicalismo, su influencia política y su popularidad (y además una de
las principales fuerzas de la organización del Foro Social Mundial). La
inmensa mayoría de los dirigentes y activistas del MST proceden de las
CEB o de la Pastoral de la Tierra: su formación religiosa, moral, social
y, en cierta medida, política, se efectuó en las filas de “la Iglesia
de los pobres”. Sin embargo, desde su origen en los años 70, el MST se
quiso un movimiento laico, seglar, autónomo e independiente con relación
a la Iglesia. La inmensa mayoría de sus militantes son católicos pero
también hay evangélicos y no creyentes (pocos). La doctrina
(¡socialista!) y la cultura del MST no hacen referencia al cristianismo,
pero podemos decir que el estilo de militancia, la fe en la causa y la
disposición al sacrificio de sus miembros, de los que muchos han sido
víctimas de asesinatos y hasta de matanzas colectivas durante los
últimos años, tienen probablemente fuentes religiosas.
Las corrientes y los militantes cristianos que participan en el
movimiento altermundista son muy diversos -ONG, militantes de los
sindicatos y partidos de izquierda, estructuras próximas a la Iglesia- y
no comparten las mismas elecciones políticas. Pero la inmensa mayoría
se reconocen en las grandes líneas de la Teología de la Liberación tal
como la formularon Leonardo Boff, Frei Betto, Clodovis Boff, Hugo
Assmann, D. Tomas Balduino, D. Helder Câmara, D. Pedro Casaldaliga, y
tantos otros conocidos y menos conocidos, y comparten su crítica ética y
social del capitalismo y su compromiso por la liberación de los pobres.
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
Leonardo Boff, Jesus Christ Libérateur, Paris, Cerf, 1985.
L. Boff, Eglise, Charisme et Pouvoir, Bruxelles, Lieu Commun 1985.
L. Boff, O caminhar da Igreja com os oprimidos, Petropolis, Vozes, 1988, 3a ediçâo, prefacio de Darcy Ribeiro.
L. Boff, “Je m’explique” (entrevistas con C. Dutilleux), Paris, Desclée de Brouwer, 1994.
L. Boff, Dignitas Terrae. Ecologia: grito da terra, grito dos pobres, S.Paulo, Atica, 1995.
L. Boff, “Libertaçâo integra: do pobre e da terra”, en A teologia da libertaçâo. Balanço e Perspectivas, S.Paulo, Atica, 1996.
L. Boff, “Libertaçâo integra: do pobre e da terra”, en A teologia da libertaçâo. Balanço e Perspectivas, S.Paulo, Atica, 1996.
Fr. Fernando, Fr. Ivo, Fr. Betto, O canto na fogueira. Cartas de três
dominicanos quando em carcere politico, Petropolis, Vozes, 1977.
Frei Betto, Cristianismo e Marxismo, Petropolis, Vozes, 1986.
Frei Betto, Batismo de Sangue. Os dominicanos e a morte de Carlos Marighella, Río de Janeiro, Editora Bertrand, 1987.
Théologies de la libération. Documents et debats
, Paris, Le Cerf, 1985.
Michael Löwy, La guerre des dieux. Religion et politique en Amerique Latine, Paris, Ed. du Felin, 1998.
Michael Löwy, La guerre des dieux. Religion et politique en Amerique Latine, Paris, Ed. du Felin, 1998.
NOTAS:
[1] L. Boff, Jesus Christ Libérateur, París, Cerf, 1985, pp. 51-55. Ibid. p. 275.
[2] L.Boff, “Libertaçâo integra: do pobre et da terra”, en A teologia
da libertaçâo. Balanço e Perspectivas, S.Paulo, Atica, 1996, pp. 115,
124-128.
[3] Entrevista de Frei Betto con el autor, 13-09-1988.
[4] Fr. Fernando, Fr. Ivo, Fr. Betto, O canto na fogueira. Cartas de
três dominicanos quando em carcere politico, Petropolis, Vozes, 1977,
pp. 39 e 120.
[5] Frei Betto, Cristianismo e Marxismo, Petropolis, Vozes, 1986, pp. 35-37.
[5] Frei Betto, Cristianismo e Marxismo, Petropolis, Vozes, 1986, pp. 35-37.
Texto original en francés: http://risal.collectifs.net/ article.php3?id_article=2065
Michael Löwy, (Brasil, 1938) sociólogo, es uno de los principales
investigadores del mundo sobre el marxismo latinoamericano. Reside en
París, donde es director de investigaciones en el “Centre National de la
Recherche Scientifique” (CNRS), ha escrito numerosos libros, entre los
que destacan El pensamiento del Che Guevara, La guerra de los dioses,
Religión y política en América Latina y Redención y utopía. Sus obras se
han traducido a más de veinte idiomas.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión , Tlaxcala y
Cubadebate . Esta traducción se puede reproducir libremente a condición
de respetar su integridad y mencionar al autor, la traductora y la
fuente.
Semana por la Paz en Marinaleda 2012
El pueblo andaluz realiza una serie de eventos culturales-reivindicativos aprovechando la celebración de la Semana Santa
El pueblo de Marinaleda, gobernado por el representante de
CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, celebra todos los años diferentes
eventos culturales coincidiendo con la Semana Santa.
Mientras que en otros lugares del Estado español se viven
manifestaciones religiosas diversas, en este caso concreto se aprovechan
estos días para convocar una serie de actividades que sirven para la
reflexión y el compromiso social.
PROGRAMA
SEMANA POR LA PAZ EN MARINALEDA 2012
Miércoles 4: 22.00 horas Presentación del libro “Las voces que no callaron” de Juan Pinilla + Actuación Gente del Pueblo
Jueves 5: 21.00 horas Presentación del libro SIN NINGUNA BASE (Bases
militares en Andalucía) de Juan José Tellez + Actuación Chirigota
ganadora del Carnaval de Cádiz “Los puretas del caribe”
Viernes 6: Charla coloquio de Acardi Oliveres + Actuación El Cabrero
Sábado 7: Concierto de Rock en solidaridad con el pueblo Saharaui y Palestino: Molestando a los vecinos + Reincidentes
Domingo 8: Marcha en bici hacia “El Humoso”.
El efecto de la crisis europea ya se extiende a Latinoamérica
El efecto de la crisis europea
ya se está extendiendo a Latinoamérica, y obligará a cambiar las
previsiones sobre el crecimiento económico en la región, según destacan
algunos expertos.
De acuerdo con el economista Carlos Romero, el primero en sufrir las
consecuencias es el sector bancario. “Se está viendo una falta de
inversión en Latinoamérica, debido a que los activos que antes entraban
de Europa han disminuido. Como consecuencia, el sector privado no tiene
acceso a créditos, lo que significa que no pueden desarrollar la
economía y pueden tener un fenómeno de estancamiento económico”,
asegura.
No obstante, Romero considera que para disminuir los efectos, América
Latina “debe controlar un poco el proceso de inversiones”, por lo que
“se habla de proveerle créditos al sector de bienes raíces”.
Artículo completo en: http://actualidad.rt.com/ economia/global/issue_38267. html
Artículo completo en: http://actualidad.rt.com/
La izquierda uruguaya en debate:
la economía hasta fines de 2011
RED DE ECONOMISTAS DE IZQUIERDA|En los siete años de gobierno del FA, la deuda se duplicó: de 13.00 millones de dólares a 26.000 millones de dólares. Nuevamente, el gobierno señala (y se atribuye) otro año de éxitos en la economía. Lo fundamenta en algunas variables macroeconómicas.Como son grandes agregados y promedios a nivel país esconden a las personas y su vida cotidiana, sus problemas, su futuro.
Y
dijimos “algunas variables”, porque no considera otras, como veremos.
Esto no es casual. Es una opción activa: expresan un enfoque de la
economía, en el que se privilegian los objetivos del capital. A los
economistas de izquierda nos preocupan las personas; el trabajo; sus
vivencias, en términos sencillos, entendibles.
Nadie podría criticar atender la pobreza, pero el asistencialismo no
soluciona problemas de fondo; es un mero paliativo. Por algo el Banco
Mundial lo incluye en sus recomendaciones desde 1996; obviamente trata
de “aliviar” protestas sociales.
El PIB creció 6.5 por ciento en 2011, interesante porcentaje. Pero
surgen preguntas. Por ejemplo: ¿a quién hay que felicitar? Porque si el
volumen exportado no cambia, la clave está en los altos precios
internacionales de nuestros productos de exportación; somos pasivos
absolutos.
Frente al crecimiento del PIB, lo decisivo es preguntarnos ¿quién se lo queda?; ¿a quién beneficia primordialmente?
Hay más gente trabajando, hay más plata en la calle, sin embargo
varios análisis –en especial de la REDIU[1]- muestran que en los siete
años de gobierno del FA la desigualdad entre personas mantiene en todos
sus términos (ver gráfica 1, en archivos adjuntos), en tanto que la
distribución funcional del ingreso aumenta: los ricos son más ricos, y
los pobres más pobres. Frente al 6.5 de aumento del PIB en 2011, los
salarios reales aumentaron sólo 4.0 por ciento. En el mejor de los
casos, la masa salarial no aumentó en relación a los ingresos del
capital. Nuevamente, la brecha se amplía; la plusvalía apropiada por el
capital sigue creciendo.
La mirada del PIT-CNT, la central obrera
Al respecto, en diciembre del 2011, el Instituto Cuesta Duarte del
PIT CNT nos proporciona una información fundamental [2]. Entre 1998 y
2010 estudia qué parte de la producción nacional (el PIB) queda para los
asalariados. Los primeros años la masa salarial se queda con el 34 por
ciento, pero desciende al 30 por ciento en 2010. Por el contrario, en
los doce años las ganancias del capital e impuestos pasan del 50 al 59
por ciento del
PIB.
Las cifras impactan. Los trabajadores son los creadores de la
riqueza, pero luego de siete años de gobierno frenteamplista, ni
siquiera recuperaron la porción del producto nacional que tenían 12 años
antes. Pese a todas las promesas y discursos, la desigualdad continúa.
Es más, el estudio señala: “los lineamientos del Poder Ejecutivo en
la ronda de Consejos de Salarios dificultan retornar a los valores
pre-crisis 2002”[3]. Es grave, porque en instancias fundamentales para
al menos recuperar el ingreso de los trabajadores, esto indica una
voluntad explícita del gobierno de no hacerlo.
A futuro -al fin de la bonanza capitalista para nuestros productos-,
que ni los empresarios ni gobierno sugieran que “todos debemos
apretarnos el cinturón”.
¿Por qué el gobierno no habla de esta “variable macroeconómica”? ¿Por
qué el Banco Central dejó de publicar los datos del “Excedente de
explotación” (básicamente las ganancias empresariales)?
El Cuesta-Duarte señala además que dentro de la masa salarial hay
serias diferencias: en el período, el ingreso de los asalariados en
general aumenta 14 por ciento, pero el de profesionales y gerentes un 25
por ciento. Estos datos mucho clarifican la tan difundida imagen de que
“hay plata”, “se compra mucho”, el “nuevo uruguayo”; son los segundos
los que afianzan esa sensación, amén de que sus comportamientos pesan
desproporcionadamente en la prensa oral y escrita, y en círculos de
amistad.
El gobierno apunta sus baterías sobre los funcionarios públicos en un
proceso de flexibilización laboral que incorpora, entre otras perlas,
el contrato en régimen de derecho privado y el “provisoriato” por 18, a
la vez que restringe los derechos sindicales de estos trabajadores con
la prohibición de ocupar los lugares de trabajo, las declaraciones de
esencialidad y el incumplimiento de la Ley de Negociación colectiva
(este último hecho fue denunciado por el PIT-CNT en la OIT).
Participación público-privada
Continúa avanzando, paralelamente, un proceso de reducción de los
ámbitos de acción estatal y ampliación de los ámbitos mercantiles con la
aprobación de una ley de participación público- privado (PPP) en la
que, entre otros, cárceles, centros de educación y hospitales pasan a
ser campo de inversiones privadas en construcción, con gestión privada
de la “hotelería”. Inversiones que por su porte y por la experiencia en
el ramo que se requiere a los operadores será seguramente extranjera.
Incentivadas, por supuesto, con subsidios bajo la forma de “renuncias”
fiscales.
Las leyes de PPP son impulsadas por el Banco Mundial en otros países
dependientes en la lógica predominante de instituciones “talla única”
favorables al capital. Su fundamento conceptual asume dos supuestos
falsos: uno, no existen fuentes de financiamiento menos costosas para
hacer estas inversiones -nuestro país tiene los mejores resultados
fiscales en décadas y la tasa de interés internacional es mínima-; dos,
el Estado no tiene capacidad de gestión. Con esta nueva ley el capital
extranjero aumentará el control de la economía en un país que no tiene
un programa de desarrollo que señale prioridades nacionales.
Encontramos aquí elementos que explican el sólido respaldo al
gobierno del FA de la Asociación Rural; la Cámara de Industrias y la
Cámara de Comercio.
¿Alguien
se sorprende? ¿Es esto casualidad o coyuntural? No; es lógico que
suceda. La historia lo demuestra, y señalemos la coherencia con el dato
del INE: el 42% de los empleos son de baja calidad. O tomemos datos
preliminares del Censo de Población y encontraremos que ésta aumenta en
los aledaños de Montevideo, mientras baja en la ciudad como tal.
En el momento de optar, el gobierno se juega al “mercado”, es decir, a
las decisiones de los capitalistas, en especial extranjeros, quienes
determinan dónde y cuánto se invierte; cómo será el empleo y la
distribución; qué harán con la riqueza que los trabajadores generan y
quién se la apropia. La inversión extranjera directa, alcanzo su nivel
máximo en 2010 y en el primer semestre de 2011 continuó creciendo (ver
cuadro 1, en archivos adjuntos). En este proceso, el gobierno sólo toma
decisiones marginales, mientras el capitalismo concentra la riqueza en
una minoría y distribuye generosamente en la mayoría de la población
problemas de todo tipo. Ninguna sorpresa, entonces.
Esta opción no sólo hipoteca nuestra autonomía, nos cuesta plata
contante y sonante, hoy. Más en concreto: el capital recibe enormes
incentivos y subsidios: la eufemísticamente llamada “renuncia fiscal”[4]
en 2010 alcanza la cifra de 2.300 millones de dólares[5]. Sí, leyó
bien: 2.300 de dólares. Por esa opción nos dicen: “no hay recursos”.
Pero ese dinero permitiría construir 2.500 escuelas o liceos de 700
metros cuadrados cada uno, o contratar 70 mil maestros o enfermeros o
policías, a 20 mil pesos mensuales. Frente al argumento de que tales
incentivos son positivos pues estimulan las inversiones, una encuesta
del BID mostró que el 70 por ciento de ellas se hubiera realizado de
todas maneras.
El capital extranjero es especialmente favorecido; hoy controla
varias cadenas productivas fundamentales del país, como el arroz; la
soja y la ganadería. El argumento oficial es que “aporta los recursos
que Uruguay no tiene”. Pero la experiencia de Botnia-UPM muestra que se
trata en realidad de un saqueo; se lleva del país un total, neto, de
5.600 millones de dólares[6]. ¿Creación de empleo?: 180, de muy baja
calificación. ¿Impulso a otras empresas? Ninguna.
Montes del Plata repite el esquema, agravado por la insólita
pretensión gubernamental de mantener secreto un lesivo y perjudicial
contrato con la empresa. Está en proceso Aratirí, que por su gravedad
sería bueno existiera un verdadero y democrático debate nacional, e
incluso que los medios pasaran, por ejemplo, el video clip que conocidas
figuras del teatro y la televisión (Cristina Morán; Osvaldo Laport, y
otros) realizaron en oposición a la gran minería a cielo abierto.
Seguimos sin datos (por el vergonzoso atraso en el Censo
Agropecuario) sobre extranjerización y concentración de la tierra. Pero
es ya conocido que desde 1900 superan todo lo conocido en Uruguay.
Deuda
La deuda externa es otra de las variables macroeconómicas de las que
se ufana el gobierno. ¿Seremos reiterativos? Lo cierto es que genera
enormes condicionantes, incluso por ejemplo a nivel del salario de una
maestra, porque de la bolsa de recursos del presupuesto nacional, lo
primero que este gobierno aparta, es lo necesario para pagar los
intereses de la deuda. Luego, con lo que resta, atiende salarios;
inversión en carreteras; ambulancias; etcétera.
Dato
central: en los siete años de gobierno del FA, la deuda se duplicó: de
13.000 millones de dólares a 26.000 millones. Una deuda que se aceptó
pagar rechazando investigar “qué había adentro”[7], y que varios
estudios -entre ellos los de la REDIU- demostraron que es una deuda no
destinada mayoritariamente a fomentar el desarrollo del país.
Esa deuda no se está pagando; sólo se pagan intereses, porque el
capital se refinancia, “se tira para adelante”. Nos dicen que en
proporción al PIB ha bajado mucho, pero lo calculan con un dólar a 20
pesos, y si hacemos el elemental cálculo de comparar con el dólar a 28 o
29 (como era antes), la proporción del PIB rápidamente supera el 70 por
ciento.
Refinanciar para el futuro ¿es un éxito? Por un lado, es inevitable
el efecto bola de nieve, y ya hoy no hay producción nacional para
pagarla[8]. Por otro, no es posible dar “respuesta” a tal pregunta.
Porque le tendríamos que preguntar a nuestros nietos si están de acuerdo
en que les pasemos la pesadísima carga que, irresponsablemente, les
generamos.
Sólo en 2011 aumentamos la deuda en unos 4.000 millones de dólares.
“Para enfrentar contingencias financieras internacionales”, nos dicen.
Pero el equipo económico habló varias veces de que “estamos blindados”;
de que “nuestras necesidades financieras están cubiertas hasta 2013”, y
así sucesivamente. ¿Entonces?
Otro “éxito” sería la pesificación de la deuda. En realidad su costo
para el país es una ruleta más, puesto que depende de posibles
devaluaciones y tasas de inflación, por lo cual toda afirmación es pura
especulación. Lo cierto es que pagamos para emitir deuda en moneda
constante. Además, en un país con libertad total para el cambio de
divisas, no hay que ser muy perspicaz para pensar que lo primero que
hará el inversor al recuperar su dinero (en pesos) es cambiarlo a
dólares. De modo que aun en el mejor de los casos, el impacto positivo
sería menor[9].
Por último, consideremos la actual crisis del capitalismo. Porque de
eso se trata, una crisis del capitalismo. Ya en 2008 la REDIU la
advirtió (al punto que propuso “medidas urgentes para enfrentarla para
enfrentarlas”) y nos trataron de agoreros, llegando a declarar que se
trataba apenas de alteraciones menores. Pero lo importante es aprender
de la experiencia europea, y ser conscientes de que el instrumento que
utiliza el capital financiero para doblegar países y avanzar en la
demolición del Estado de bienestar de los trabajadores, es la deuda
externa.
Por todo esto una consigna inmediata: ¡Basta de endeudarnos!
Más aún: ¿cómo puede entenderse que Uruguay participe siempre a
regañadientes de un proyecto tan importante como el Banco del Sur? ¿Cómo
se explica el rechazo a utilizar nuestras monedas nacionales para los
intercambios comerciales en la región?
Muchas fanfarrias oficiales hubo en torno al Impuesto a la
Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Impulsado para “cambiar la
agenda política por ciento, empantanada para el FA por la ley de
caducidad, es en realidad nimio frente al escandaloso enriquecimiento de
los terratenientes (30.900 millones de dólares en diez años) y la
bajísima presión fiscal al agro.
La Comisión Nacional de Fomento Rural señaló que era un paso
positivo, pero intrascendente, y J. Nin, de COPAGRAN, opinó que es
“irrelevante desde el punto de vista de la concentración de tierras; el
impuesto al patrimonio era muchísimo más alto y no la impidió”.
En definitiva
La economía uruguaya continúa en el tren del sistema, y simplemente
“sigue la vía”, sin otro maquinista que los grandes capitales, sobre
todo extranjeros. La política económica del gobierno sólo acompaña, sin
intentar alternativas.
El resultado es coherente: un país cada vez más dependiente de las
exportaciones de sus sectores primarios; escasa industrialización;
empleos de baja calidad y mal remunerados; lleno de zonas francas; con
enormes incentivos al capital; un IRPF que castiga trabajadores y
sectores medios; extranjerizado; con una desigualdad en aumento, y sin
programa de desarrollo.
Seguimos perdiendo oportunidades. Desperdiciamos siete años de
bonanza de nuestras exportaciones (aunque el déficit comercial continúa
creciendo). Todo hace pensar que este escenario ya dio todo lo que puede
dar; llegamos a sus lógicos límites. Luego, cuando nos alcance la
crisis, no culpemos a ella ni a “los otros”.
Un país frágil; endeudado por generaciones, con una política
económica que beneficia al capital y no a los trabajadores. No era esto a
lo que aspiraba el pueblo uruguayo.
POSDATA. ¿Propuestas? Las hemos hecho sistemáticamente a lo largo de
nuestros trabajos[10]. Todas mantienen vigencia. La “madre de todas las
propuestas”: optar por los intereses y necesidades nacionales
[1] Véase nuestro último libro: La torta y las migajas. El gobierno
progresista 2005-2010. Ed. Trilce, Mdeo. 2010, 4 reediciones.
[2] Instituto Cuesta Duarte, PIT CNT: “La masa salarial entre 1998 y 2010”. Diciembre 2011.
[3] 3] Ob. cit. pág. 5.
[4] Recaudación que el gobierno renuncia a percibir de impuestos y otros instrumentos ya vigentes. Novedosa expresión para llamar lo que, en verdad, es un subsidio. Con palabras “difíciles” se busca que el pueblo no entienda, y con la lógica complicidad del FMI, que “mira para otro lado”, porque es un subsidio al capital.
[5] DGI: “Estimación del Gasto Tributario en Uruguay 2008 – 2010”. Disponible en http://www.dgi.gub.uy
[6] Véase Melazzi y Yohai: “¿Aporte de recursos o saqueo? El ejemplo de Botnia – UPM” Brecha, 15/08
[7] Que es lo elemental que hace cualquiera cuando un banco le presenta su estado de cuenta: lo revisa.
[8] La propuesta del gobierno –afortunadamente fracasada- de disminuir en dos puntos porcentuales la obligatoriedad de transferir recursos al BPS: ¿debe entenderse como un intento por “liberarse de ataduras” previendo futuras dificultades?
[9] Y si el mecanismo fuera tan bueno, ¿cómo explicar declaraciones del presidente del BCU de pensar contratos con extranjeros para garantizarles en el futuro un tipo de cambio para sus inversiones? ¿Será otra versión de la trágica “tablita”?
[10][10] Véase, por ejemplo: La torta y las migajas (2010); El necesario golpe de timón, 2008; Propuestas para el 2º Congreso del Pueblo (mimeo, 2008); Medidas urgentes para proteger a los uruguayos de la crisis (mimeo, 2008); Otro camino económico (2006).
[2] Instituto Cuesta Duarte, PIT CNT: “La masa salarial entre 1998 y 2010”. Diciembre 2011.
[3] 3] Ob. cit. pág. 5.
[4] Recaudación que el gobierno renuncia a percibir de impuestos y otros instrumentos ya vigentes. Novedosa expresión para llamar lo que, en verdad, es un subsidio. Con palabras “difíciles” se busca que el pueblo no entienda, y con la lógica complicidad del FMI, que “mira para otro lado”, porque es un subsidio al capital.
[5] DGI: “Estimación del Gasto Tributario en Uruguay 2008 – 2010”. Disponible en http://www.dgi.gub.uy
[6] Véase Melazzi y Yohai: “¿Aporte de recursos o saqueo? El ejemplo de Botnia – UPM” Brecha, 15/08
[7] Que es lo elemental que hace cualquiera cuando un banco le presenta su estado de cuenta: lo revisa.
[8] La propuesta del gobierno –afortunadamente fracasada- de disminuir en dos puntos porcentuales la obligatoriedad de transferir recursos al BPS: ¿debe entenderse como un intento por “liberarse de ataduras” previendo futuras dificultades?
[9] Y si el mecanismo fuera tan bueno, ¿cómo explicar declaraciones del presidente del BCU de pensar contratos con extranjeros para garantizarles en el futuro un tipo de cambio para sus inversiones? ¿Será otra versión de la trágica “tablita”?
[10][10] Véase, por ejemplo: La torta y las migajas (2010); El necesario golpe de timón, 2008; Propuestas para el 2º Congreso del Pueblo (mimeo, 2008); Medidas urgentes para proteger a los uruguayos de la crisis (mimeo, 2008); Otro camino económico (2006).
DEUDA PÚBLICA URUGUAYA: ¿DÓNDE ESTAMOS HOY?
Y: ¿Qué Pasó Con El Progresismo?
por WILLIAM YOHAI1 de abril de 2012
La deuda pública puede ser abordada desde múltiples ángulos.
Desde los que figuran en el sitio del Banco Central del Uruguay (BCU) (1);
plazo, moneda, acreedor, organismo deudor, etc., hasta los que sin
figurar en dicho sitio resultan tan importantes como aquellos.
Hablamos de: ¿Qué parte de la deuda pública vence en corto tiempo y
deberá ser, en consecuencia pagada (sucede raramente) o refinanciada
(sucede con frecuencia) en aquel corto tiempo?,
¿Cuál es la proporción entre deuda pública y Producto Bruto Interno (PBI)?,
¿Cuál es la proporción entre deuda pública y recaudación fiscal (al
fin y al cabo con ésta se paga aquella)?, ¿Cuál la proporción entre la
deuda y las exportaciones anuales? y podríamos seguir agregando
parámetros relevantes.
Este trabajo tiene, básicamente, dos partes: en la primera veremos
cómo evolucionó la deuda el último año calendario (2011) en relación a
2010.
En la segunda trataremos de hacer un análisis exhaustivo (lo más
posible) de su evolución en los 7 años completos de gobierno
progresista.
Este último punto de vista tiene un indudable interés político para
los luchadores sociales y políticos cuyo objetivo es cambiar
esencialmente la realidad del país, que no es otra cosa que introducir
transformaciones relevantes al modo de producción y acumulación.
El tema de la legitimidad de la deuda no es objeto de estudio
para nosotros, aunque va de suyo que consideramos en lo esencial que la
misma es ilegítima
Ya desde los albores de la independencia las potencias imperiales
hicieron todo lo posible para que estos nuevos países nos endeudáramos
con sus bancos privados.
No cabe duda, para ellos la deuda era además de un excelente negocio, un mecanismo de dominación.
Generar deuda pública es, pues, parte de la política imperial. Y si
antes los centros financieros mundiales luchaban a brazo partido para
que los países neo colonizados fueran sus deudores ha llegado la hora
de que los propios estados de los países industrializados, incluyendo a
los EEUU y los de la Eurozona, se endeuden a niveles inauditos.
Hablar de la ilegitimidad de la deuda pública tiene todo que ver
con su origen. Que siempre es en mayor o medida fraudulento.
En nuestro país buena parte de la misma es heredada de la dictadura
cívico-militar y podría perfectamente calificar dentro de lo que se
conoce como “deuda odiosa” término que, como muchos lectores saben, fue
acuñado por los mismos imperialistas de EEUU para calificar las deudas
que tenían, cuando pasaron a su tutela, Cuba con su ex potencia
colonial: España, e Irak con muchos países como Francia, Rusia y China,
después que fue invadido por ellos.
Deuda odiosa: aquella que fue contraída no en
beneficio de los pueblos sino con el objetivo de mantenerlos dominados
por un gobierno despótico.
De la deuda contraída por el país “en democracia” (perdón por las
comillas…) una buena parte responde a operaciones de rescate de bancos
privados fundidos-saqueados por sus propios dueños.
De todas formas, por más ilegítima que la consideremos, la deuda
pública es una realidad. Está allí. Algún día un gobierno digno
resolverá lo único decente: renegociarla en condiciones “inamistosas” y
decidirá enfrentar los problemas derivados de una reducción unilateral
muy significativa de la misma.
Fijarse bien: no dije gobierno socialista, ni siquiera gobierno revolucionario….simplemente gobierno DIGNO
No otra cosa hizo la Argentina en 2003, después del inevitable default (moratoria) de enero de 2001.
Yendo a los números: la deuda pública bruta creció entre 2010 y 2011 en 3.021 millones de dólares
Para tener una idea de la magnitud, este crecimiento representa
algo menos de la tercera parte de todo el presupuesto (y por tanto de la
recaudación) del Estado Nacional en un año.
Alcanzó así los 25.948 millones de dólares.
Este crecimiento representa, en términos porcentuales, un 13,18%
Teniendo en cuenta la evolución de los vencimientos a mediano
plazo, 5 años, observamos que crecieron, entre 2010 y 2011 en 1.322
millones de dólares, o, expresado porcentualmente, un 25,32%.
Si consideramos qué parte de esta deuda representaba la de
vencimiento a 5 años en relación a la total, vemos que dicha proporción
crece desde el 22,73% al 25,17. Dicha evolución representa en términos
relativos un crecimiento del 11%.
En términos muy gruesos se puede afirmar:
1) la deuda pública no cesa de crecer, al menos expresada en dólares corrientes.
2) también crece la porción de la misma que se deberá refinanciar-pagar en menos de 5 años.
En relación al PBI:
El PBI creció, expresado en términos de dólares, un 9,8% entre 2010
y 2011. Por lo tanto, el crecimiento de la deuda en dicho período en
relación al PBI debe ser el resultado de la resta entre el crecimiento
de la deuda pública y dicha cifra. El resultado 15,51%. Este número
representa, entonces el crecimiento de la deuda en términos reales en
relación al producto bruto interno. (2)
Variación en composición por monedas: Entre los años comparados la
proporción en “pesos” de la deuda pública del sector público no
financiero (la que excluye al BCU)
Pasó del 29,4% al 42,7%. Un aumento del 45%.
La deuda del BCU ya estaba (83% en números redondos) ya nominada casi toda en “pesos”, y así se mantuvo.
La deuda del BCU ya estaba (83% en números redondos) ya nominada casi toda en “pesos”, y así se mantuvo.
Acá está expresada la política de “pesificación de la deuda
pública” que persigue tenazmente el Gobierno del FA. Lástima que, como
otros tantos “éxitos” de la política económica sea lisa y llanamente una mentira.
La deuda no se pesifica. En lo esencial se pasa de dólares corrientes a Unidades Indexadas.
O, lo que es lo mismo, de moneda corriente, el dólar, cuyo poder adquisitivo cae en forma sistemática y cada vez más acelerada, a una moneda artificial (nadie ha visto nunca un billete o moneda de unidades indexadas) pero que, como unidad de cuenta, es moneda constante, ya que su poder adquisitivo se mantiene invariable al evolucionar de acuerdo a la inflación en el país.
O, lo que es lo mismo, de moneda corriente, el dólar, cuyo poder adquisitivo cae en forma sistemática y cada vez más acelerada, a una moneda artificial (nadie ha visto nunca un billete o moneda de unidades indexadas) pero que, como unidad de cuenta, es moneda constante, ya que su poder adquisitivo se mantiene invariable al evolucionar de acuerdo a la inflación en el país.
Hemos escrito ya bastante sobre el tema y remitimos a nuestros lectores al blog www.resonandoenfenix.blogspot. com donde se encuentran los trabajos correspondientes.
Calendario de pagos: 4.363 es la suma de millones
de dólares que el conjunto del sector público deberá renovar-oblar
durante lo que queda de 2012 y el primer trimestre de 2013, o sea, el
año que empezó el primero de abril.
DEUDA NETA: Harta alharaca hacen los funcionarios
del gobierno y los plumíferos económicos, con y sin título académico,
acerca de la “evidente mejora de la situación del país en torno a la
deuda neta”.
Tanto es ésta que a veces hasta los tipos más desconfiados y analíticos, como uno, comienza a creérsela.
Pues no, estimadas lectoras: si utilizamos nuestra metodología que
considera deuda neta al resultado de restarle a la deuda bruta las
reservas del gobierno sin contrapartida, o activos de reserva, vemos
que la deuda neta ha crecido en 2.091 millones de dólares entre el 31 de
diciembre de 2011 y el mismo día de 2010.
Esto representa un crecimiento porcentual del 11,42%. Otra vez, nada para celebrar.
Si discriminamos más aún y tomamos la versión oficial, vemos que
las reservas que no consideramos como tales a efectos de calcular la
deuda neta, han crecido, por un lado en 900 millones de dólares como
resultado del aumento de los encajes bancarios (llamados oficialmente
“obligaciones con el sector financiero”).
Esto responde al aumento de los depósitos en los bancos, que, como
ya hemos subrayado muchas veces no son otra cosa, por sus elevados
niveles y por su condición de estar en un 80% a la vista, que una bomba
de tiempo financiera.
Por otro lado, han crecido las “obligaciones con el sector
público”, éstas en 1.114 millones de dólares. Aún sumando estas últimas a
las reservas para calcular la deuda neta, observamos un aumento de la
misma de 976 millones de dólares.
A MODO DE RESUMEN:
El país vive un período de bonanza económica sin precedentes en, por lo menos, un siglo.
Dos factores externos y uno interno se han conjugado para ello:
a) como factor interno digamos que este período de auge económico
coincide con el fin de una gravísima crisis (una de las mayores, sino la
mayor, de la historia). Estos períodos post-críticos suelen generar
grandes crecimientos económicos ya que hay una subutilización marcada de
factores de producción, básicamente mano de obra e infraestructura que,
al ocuparse rápidamente, hacen crecer la economía en forma muy rápida.
b) las bajas tasas de interés predominantes en el mundo desde el
fin de la crisis han engendrado un flujo masivo de capital desde los
países centrales hacia los periféricos.
Parte de esos capitales han recalado en nuestro país, algunos para financiar compra de activos, lo cual si bien no aumenta la capacidad productiva de la economía, libera a su vez fondos que los vendedores de aquellos utilizan parcialmente para invertir, ya sea productivamente o en construcciones de lujo e importación de artículos de alto precio que generan empleo y mayor recaudación fiscal.
Parte de esos capitales han recalado en nuestro país, algunos para financiar compra de activos, lo cual si bien no aumenta la capacidad productiva de la economía, libera a su vez fondos que los vendedores de aquellos utilizan parcialmente para invertir, ya sea productivamente o en construcciones de lujo e importación de artículos de alto precio que generan empleo y mayor recaudación fiscal.
Súmese a esto la corriente de inversiones en busca de la extracción
de recursos naturales que cada vez escasean más en el mundo
c) coincidiendo con lo anterior se ha producido un aumento
sostenido de los precios internacionales de los bienes primarios que
produce históricamente el país.
Si bien el aumento de la producción de los mismos ha sido magro, tal cual reflejan las cuentas nacionales y hemos informado en consecuencia, los altos precios han contribuido decididamente en el sentido del párrafo anterior
Si bien el aumento de la producción de los mismos ha sido magro, tal cual reflejan las cuentas nacionales y hemos informado en consecuencia, los altos precios han contribuido decididamente en el sentido del párrafo anterior
Uno de los factores notables en este sentido ha sido, sin dudas, el aumento exponencial de la renta de la tierra en el período
Sin embargo, este período de bonanza extraordinaria no ha significado reducción alguna de la deuda pública.
Sin duda ésta es, como ya demostraremos en un próximo trabajo, mucho más manejable de lo que era hace 7 años.
Sin duda ésta es, como ya demostraremos en un próximo trabajo, mucho más manejable de lo que era hace 7 años.
Pero llama la atención que no sólo no disminuya sino que no pare de crecer.
MALOS AUGURIOS SI, COMO SUCEDE SIEMPRE, LA TORTILLA DE LA BONANZA IMPORTADA SE DA VUELTA.
LA SOLUCIÓN DEL TEMA DE LA DEUDA ES, SIN DUDA, POLÍTICA.
Queda pendiente, como obligación a nuestros lectores, la segunda parte del trabajo:
¿Qué pasó con el progresismo?
¿Qué pasó con el progresismo?
2) Método de cálculo: utilizamos la planilla del PBI del BCU
expresada en pesos constantes del 2005, y dividimos los resultados del
PBI por el promedio de la cotización del dólar interbancario en cada mes
según la publica el INE
Xavier: "no queremos más adolescentes presos"
03.04.2012 | 18.40
La senadora Mónica Xavier, candidata a la
Presidencia del Frente Amplio por el Partido Socialista y Frente Liber
Seregni, salió al cruce de la campaña por plebiscito por la baja de la
edad de imputabilidad penal.
En un blog creado para la campaña frentista de elecciones del 27 de mayo, Xavier rechazó la reforma y dijo: “no queremos más adolescentes presos que en vez de ir a un liceo terminen haciendo posgrado del delito
El Espectador
Alumnos de la escuela Nº 94 de tiempo completo del barrio Palermo, Montevideo. Foto: Nicolás Celaya
Situaciones cotidianas
Maestros de escuelas públicas de Montevideo pararán el jueves 12.
La
filial capitalina de la Asociación de Maestros del Uruguay
(Ademu-Montevideo) resolvió parar el jueves 12 en reclamo de una serie
de puntos que considera no han sido atendidos por la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP). Estando en conocimiento de la
medida pero no de la plataforma, Héctor Florit, director general del
Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), expresó sus dudas
respecto a qué tanto podrá resolverse con la medida.
La resolución sindical fue tomada por el Secretariado Ejecutivo de Ademu-Montevideo, cuya secretaria general, Daysi Iglesias, explicó que luego del jueves 12 se extenderá una consulta por escuela para que cada centro opine sobre la posibilidad de concretar paros zonales de 24 horas por jurisdicción.
El del jueves estará acompañado por tres movilizaciones. Una consistirá en solicitar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre la base de la Ley de Acceso a la Información Pública, que se exprese respecto de la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) de los 264 locales escolares de Montevideo; el 8 de marzo el gremio hizo el pedido ante la DNB, pero aún no recibió respuesta, dijo Iglesias.
Las otras movilizaciones se harán ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde serán presentadas dos denuncias. Una de ellas refiere a que los directores de escuela, para contratar personal de limpieza por intermedio de las comisiones de fomento, deben abrir una empresa. “Esto, más allá de la sobrecarga del maestro director, roza los aspectos legales, como la simulación de realidad, porque el director y el presidente de comisión de fomento no son empresarios, están recibiendo un dinero del organismo para pagar los salarios y los aportes. Creemos que existiendo recursos en la administración la situación de estos auxiliares de limpieza debió ser regularizada y debieron haber pasado a la órbita de su legítimo empleador, que es la ANEP”, sostuvo Iglesias. Agregó que este punto lo plantearon ante el CEIP en 2010 y que, al no obtener respuesta, fueron a dos instancias de mediación en el MTSS que transcurrieron en 2010 y en las que tampoco hubo acuerdo.
La segunda denuncia la hará un conjunto de maestros y se relaciona con el síndrome laboral de burn out o de desgaste profesional, con agotamiento emocional y estrés físico y psicológico.
Pero el gran tema sigue siendo el estado edilicio de los locales. Iglesias tenía ayer en su escritorio en la Casa del Maestro un conjunto de papeles firmados por directores y cuerpo docente de diferentes centros que detallaban problemas que, en primaria y educación media, son moneda corriente. Revoques que se caen, techos que se filtran, enchufes con riesgo de descarga eléctrica debido a problemas de humedad, instalaciones sanitarias en mal estado, una canilla para abastecer de agua a 160 alumnos, tanques sin la debida habilitación, escuelas de extensión pedagógica sin comedor o centros sin cercos perimetrales.
El jueves 12 Ademu entregará a las autoridades de la educación una carpeta con las negociaciones, que datan de 2010 cuando elevaron al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP un listado de 50 locales que requerían atención urgente. Según Iglesias, el impacto ha sido escaso.
Respecto de la contratación de auxiliares por directores y comisiones de fomento, dijo que es algo que se hace en la ANEP “desde que yo tengo memoria”. Puntualizó que hay cerca de 4.500 auxiliares de servicio en el CEIP, algunos contratados de manera tercerizada (por la ley 17.556), otros por intermedio de directores y comisiones de fomento, y algunos que dependen del CEIP. El organismo resolvió no contratar más por la ley 17.556 y que los cargos vacantes de esa modalidad sean absorbidos por el CEIP, lo que puede llevar hasta cinco años. Florit opinó: “Hay cargos que no se van a resolver hasta las próximas leyes de Rendición de Cuentas”. Por eso las movilizaciones, a su entender, no contribuyen.
En cuanto a los problemas edilicios, el jerarca comentó que la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene asignadas 197 obras. Habló de las reparaciones puntuales del CEIP, de convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para reformas grandes en cinco o seis escuelas, de las acciones de la Dirección Sectorial de Infraestructura del Codicen y obras financiadas por fondos internacionales. “El conjunto de todas estas obras permite estar mejorando el parque edilicio”, dijo, y agregó que si Ademu-Montevideo menciona otras urgencias que no están comprendidas en ese listado “es un tema que se puede analizar”.
Por su parte, Iglesias alegó que se llega al paro luego de varios caminos recorridos y manifestó que “si se fuera sensible a la crítica pública se evitarían este y otros paros, pero estas anécdotas cotidianas que estamos viviendo -espumaderas en lugar de vasos, ‘pídale agua al vecino’, ‘trabaje con la pared electrificada’- son situaciones de poco fundamento. En un Uruguay que se jacta de recursos económicos, decir que hay que dar clase debajo de los árboles, la verdad, es absolutamente incomprensible”.
La resolución sindical fue tomada por el Secretariado Ejecutivo de Ademu-Montevideo, cuya secretaria general, Daysi Iglesias, explicó que luego del jueves 12 se extenderá una consulta por escuela para que cada centro opine sobre la posibilidad de concretar paros zonales de 24 horas por jurisdicción.
El del jueves estará acompañado por tres movilizaciones. Una consistirá en solicitar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre la base de la Ley de Acceso a la Información Pública, que se exprese respecto de la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) de los 264 locales escolares de Montevideo; el 8 de marzo el gremio hizo el pedido ante la DNB, pero aún no recibió respuesta, dijo Iglesias.
Las otras movilizaciones se harán ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde serán presentadas dos denuncias. Una de ellas refiere a que los directores de escuela, para contratar personal de limpieza por intermedio de las comisiones de fomento, deben abrir una empresa. “Esto, más allá de la sobrecarga del maestro director, roza los aspectos legales, como la simulación de realidad, porque el director y el presidente de comisión de fomento no son empresarios, están recibiendo un dinero del organismo para pagar los salarios y los aportes. Creemos que existiendo recursos en la administración la situación de estos auxiliares de limpieza debió ser regularizada y debieron haber pasado a la órbita de su legítimo empleador, que es la ANEP”, sostuvo Iglesias. Agregó que este punto lo plantearon ante el CEIP en 2010 y que, al no obtener respuesta, fueron a dos instancias de mediación en el MTSS que transcurrieron en 2010 y en las que tampoco hubo acuerdo.
La segunda denuncia la hará un conjunto de maestros y se relaciona con el síndrome laboral de burn out o de desgaste profesional, con agotamiento emocional y estrés físico y psicológico.
Más planteos
Además de esas tres acciones concretas, la reivindicación incluye la contratación de más maestros -Iglesias dijo que hay grupos de educación inicial que tienen entre 35 y 40 alumnos- y auxiliares de servicio, y el reconocimiento de la antigüedad para los maestros suplentes. También relató cuestiones cotidianas, como el caso de una escuela que entrega “copa de leche”, que a fines de 2011 fue asaltada y quedó sin vasos; al pedirle al CEIP otros nuevos, se les contestó que por una demora en las licitaciones sólo les podían ofrecer espumaderas.Pero el gran tema sigue siendo el estado edilicio de los locales. Iglesias tenía ayer en su escritorio en la Casa del Maestro un conjunto de papeles firmados por directores y cuerpo docente de diferentes centros que detallaban problemas que, en primaria y educación media, son moneda corriente. Revoques que se caen, techos que se filtran, enchufes con riesgo de descarga eléctrica debido a problemas de humedad, instalaciones sanitarias en mal estado, una canilla para abastecer de agua a 160 alumnos, tanques sin la debida habilitación, escuelas de extensión pedagógica sin comedor o centros sin cercos perimetrales.
El jueves 12 Ademu entregará a las autoridades de la educación una carpeta con las negociaciones, que datan de 2010 cuando elevaron al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP un listado de 50 locales que requerían atención urgente. Según Iglesias, el impacto ha sido escaso.
Del otro lado
Florit dijo no haber recibido aún la plataforma reivindicativa. Cuestionó si se necesitaba hacer un paro para entregar las cartas al ministro del Interior; respecto al síndrome de burn out indicó que en Magisterio se trabaja el tema desde la década de 1990, y consideró que podía ser propicio un ámbito de discusión entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y la ANEP, ya que seguramente la situación excedería a los maestros y a los de Montevideo, en particular.Respecto de la contratación de auxiliares por directores y comisiones de fomento, dijo que es algo que se hace en la ANEP “desde que yo tengo memoria”. Puntualizó que hay cerca de 4.500 auxiliares de servicio en el CEIP, algunos contratados de manera tercerizada (por la ley 17.556), otros por intermedio de directores y comisiones de fomento, y algunos que dependen del CEIP. El organismo resolvió no contratar más por la ley 17.556 y que los cargos vacantes de esa modalidad sean absorbidos por el CEIP, lo que puede llevar hasta cinco años. Florit opinó: “Hay cargos que no se van a resolver hasta las próximas leyes de Rendición de Cuentas”. Por eso las movilizaciones, a su entender, no contribuyen.
En cuanto a los problemas edilicios, el jerarca comentó que la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene asignadas 197 obras. Habló de las reparaciones puntuales del CEIP, de convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para reformas grandes en cinco o seis escuelas, de las acciones de la Dirección Sectorial de Infraestructura del Codicen y obras financiadas por fondos internacionales. “El conjunto de todas estas obras permite estar mejorando el parque edilicio”, dijo, y agregó que si Ademu-Montevideo menciona otras urgencias que no están comprendidas en ese listado “es un tema que se puede analizar”.
Por su parte, Iglesias alegó que se llega al paro luego de varios caminos recorridos y manifestó que “si se fuera sensible a la crítica pública se evitarían este y otros paros, pero estas anécdotas cotidianas que estamos viviendo -espumaderas en lugar de vasos, ‘pídale agua al vecino’, ‘trabaje con la pared electrificada’- son situaciones de poco fundamento. En un Uruguay que se jacta de recursos económicos, decir que hay que dar clase debajo de los árboles, la verdad, es absolutamente incomprensible”.
Amanda Muñoz
La Diariacomunicado
Declaración ante hechos del 70
La enseñanza pública se cae a pedazos. Sin presupuesto suficiente, sin infraestructura adecuada, sin planes ni políticas acordes a las necesidades culturales y sociales populares, alumnos y profesores sufren, literalmente, una crisis que nadie ignora ni se preocupa demasiado en ocultar. Se inculca la idea de que las cosas están siendo hechas de la única y mejor manera posible, fatalmente, lo que está mal, no puede estar mejor.
Un pueblo obediente será siempre un pueblo en crisis, pero un joven o peor aún, un joven trabajador o un estudiante obsecuente, son la determinante de una sociedad condenada. Y lamentablemente, los hechos del conflicto en secundaria y en especial los recientes acontecimientos en la ocupación del liceo 70 del Cerro nos enfrentan a la triste certeza de un creciente acercamiento a esta realidad de no confrontación cuando ante un grupo de trabajadores en lucha por objetivos innegablemente justos y mínimos, no estuvimos, ni estuvieron allí ninguna de las grandes organizaciones estudiantiles y sindicales de nuestro movimiento popular.
Salvo excepciones, el 100 por ciento de los jóvenes estudiantes actuales conocemos la historia del movimiento estudiantil y sindical uruguayo por haberla leído o escuchado del relato vivencial de nuestros mayores, y todos coinciden en la descripción de un movimiento popular vigoroso y solidario, contestatario pero con un programa de vanguardia que privilegiaba las luchas de confrontación con el orden de injusticia social establecido. Ese programa y esas luchas tenían a trabajadores y estudiantes como protagonistas solidariamente unidos. Por otra parte, sabemos a ciencia cierta que ni siquiera la dictadura tomó tan rápidamente la decisión de desalojar a los trabajadores cuando ocupaban sus lugares de trabajo como medida de lucha por sus reivindicaciones, como lo han hecho los supuestos gobiernos “progresistas”.
Dos de las poquísimas y por lo tanto, de las más valiosas armas de nuestro pueblo, están en cuestión en este conflicto y estos hechos, LA LUCHA DECIDIDA POR LAS CUESTIONES NECESARIAS Y LA SOLIDARIDAD POPULAR Y SOCIAL PARA QUE ESAS LUCHAS ALCANCEN SUS OBJETIVOS. ¿Será con el objetivo de destruir esas herramientas que los aparatos represivos se lanzan tan fácilmente en contra del pueblo?
Es tiempo de que nuestro glorioso movimiento estudiantil retome el camino de la lucha y la confrontación donde y cuando sea necesario, en el marco de una profunda alianza con los trabajadores y el pueblo todo. No podemos permanecer inmóviles cuando lo que se juega es la capacidad de pensar y proponer alternativas por parte del pueblo. No podemos permitir gratuitamente que se imponga la represión y el aislamiento de las luchas populares. Por el contrario, debemos ser los principales impulsores de la organización, la solidaridad y la lucha social por tirar abajo la injusticia social y la explotación del hombre por el hombre.
Repudiamos la represión en contra de todos aquellos que se dispongan a luchar por sus reivindicaciones y de todos aquellos que, pertenezcan o no al grupo de interés, se dispongan a ofrecer su solidaridad militante y combativa en favor de los que luchan.
¡¡Viva la lucha de los trabajadores, estudiantes y familiares de la enseñanza!!
¡¡Viva la organización y la lucha popular!!
¡¡Viva la solidaridad de clase con los que luchan!!
¡¡Basta de represión y criminalización de la lucha, la protesta y la juventud!!
Asociación de Estudiantes de Agronomía ASCEEP FEUU
__._,_.___
Publicado por contrafuegos para c o n t r a f u e g o s el 4/03/2012 12:40:00 PM
Marcha en demanda de soluciones para el Plan de Vivienda Sindical. Foto: Pablo Nogueira
Público-privada
PIT-CNT negoció financiamiento de inversores a 10.000 viviendas para trabajadores y demanda mayor apoyo del Estado al plan.
El
PIT-CNT entregó ayer más de 70.000 firmas a Presidencia de la República
reclamando que se vuelque parte de los 140 millones de dólares del
superávit fiscal para la financiación del Plan de Vivienda Sindical
(PVS) y que se agilite la aprobación por parte del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) de los
sistemas de saneamiento alternativo propuestos para cooperativas del
interior que accedieron a terrenos sin este servicio básico. Además,
tras una negociación con cinco empresas españolas que se acogieron a los
beneficios de la Ley de Promoción de la Vivienda de Interés Social, el
PIT-CNT anunciará hoy que se podrá financiar la construcción de 10.000
viviendas.
Tras una marcha desde 18 de Julio y Ejido hasta la Plaza Independencia, una delegación conformada por Marcelo Abdala, del Secretariado Ejecutivo (SE) del PIT-CNT, y varios dirigentes sindicales de diferentes gremios de todo el país caminaron hasta la Torre Ejecutiva donde se había convenido que el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, los recibiría. Sin embargo, la entrada al edificio no fue fácil, ya que los funcionarios de la puerta no estaban al tanto de la reunión, tuvo que pasar primero un delegado sin los paquetes de firmas y posteriormente sólo entraron siete dirigentes que tras sortear el escáner de metales lograron subir. Mientras tanto, llegó hasta el lugar el subcomisario de la Seccional 1ª, se acercó a los trabajadores que estaban en la puerta de la torre y les preguntó qué había pasado, ya que lo habían llamado “por un problema que hubo acá”, les dijo. Informado del motivo del pequeño tumulto, se retiró hablando por radio.
Según los organizadores, hubo muchas firmas del interior del país que no pudieron llegar a tiempo y se va a continuar con la recolección hasta llegar a 100.000.
Eduardo Burgos, responsable del PVS, dijo en el acto: “Tenemos más de 15.000 familias inscriptas” pero “es obvio” que con los presupuestos asignados por el MVOTMA “no da para todos” por lo que “estamos buscando la forma de que todos podamos acceder a la vivienda”. Burgos señaló que en el interior del país no existe saneamiento en muchos lugares por lo que se necesita “una rápida aprobación de los sistemas alternativos” por parte del MVOTMA.
Marcelo Abdala dijo que lo que empezó como una “quijotada de obreros industriales que fabricaban viviendas y se preguntaron: ‘por qué nosotros que las estamos fabricando no tenemos derecho a tener la nuestra’” se ha convertido en el movimiento “más vasto de aspiración a resolver la cuestión de la vivienda”, haciendo referencia a los trabajadores de UMISSA, fábrica de casas de metal ubicada en La Teja donde surgió la idea del PVS que luego fue tomada por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) y posteriormente por el PIT-CNT en su conjunto.
Los trabajadores inscriptos en el PVS podrán acceder a una financiación directa por parte del MVOTMA a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y por otra parte a préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay a partir de un convenio que la entidad firmó con el PIT-CNT.
Según Abdala el MVOTMA se comprometió con la central de trabajadores a asegurar este año la construcción de 1.000 viviendas, pero “no podemos esperar 15 años” para llegar a cubrir a todos los aspirantes. Por eso “necesitamos agilizar el trámite y masificar el acceso mediante la participación en condiciones razonables del sistema financiero”, dijo Abdala, “manteniendo el sistema cooperativo y pagando una cuota por debajo de lo que ya se paga de alquiler”.
Finalmente anunció que se está estudiando la posibilidad de montar “una gran cooperativa de ahorro y crédito para negociar colectivamante la salida del clearing de todos los trabajadores” y que tras una negociación con inversores privados “potencialmente acogidos a los beneficios de la promoción privada hacia la vivienda social, estamos en condiciones de financiar directamente la construcción de 10.000 viviendas”. Hoy, en conferencia de prensa, el SE del PIT-CNT revelará los detalles de esta negociación y cómo beneficiará a los inscriptos en el PVS.
Tras una marcha desde 18 de Julio y Ejido hasta la Plaza Independencia, una delegación conformada por Marcelo Abdala, del Secretariado Ejecutivo (SE) del PIT-CNT, y varios dirigentes sindicales de diferentes gremios de todo el país caminaron hasta la Torre Ejecutiva donde se había convenido que el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, los recibiría. Sin embargo, la entrada al edificio no fue fácil, ya que los funcionarios de la puerta no estaban al tanto de la reunión, tuvo que pasar primero un delegado sin los paquetes de firmas y posteriormente sólo entraron siete dirigentes que tras sortear el escáner de metales lograron subir. Mientras tanto, llegó hasta el lugar el subcomisario de la Seccional 1ª, se acercó a los trabajadores que estaban en la puerta de la torre y les preguntó qué había pasado, ya que lo habían llamado “por un problema que hubo acá”, les dijo. Informado del motivo del pequeño tumulto, se retiró hablando por radio.
Según los organizadores, hubo muchas firmas del interior del país que no pudieron llegar a tiempo y se va a continuar con la recolección hasta llegar a 100.000.
Eduardo Burgos, responsable del PVS, dijo en el acto: “Tenemos más de 15.000 familias inscriptas” pero “es obvio” que con los presupuestos asignados por el MVOTMA “no da para todos” por lo que “estamos buscando la forma de que todos podamos acceder a la vivienda”. Burgos señaló que en el interior del país no existe saneamiento en muchos lugares por lo que se necesita “una rápida aprobación de los sistemas alternativos” por parte del MVOTMA.
Marcelo Abdala dijo que lo que empezó como una “quijotada de obreros industriales que fabricaban viviendas y se preguntaron: ‘por qué nosotros que las estamos fabricando no tenemos derecho a tener la nuestra’” se ha convertido en el movimiento “más vasto de aspiración a resolver la cuestión de la vivienda”, haciendo referencia a los trabajadores de UMISSA, fábrica de casas de metal ubicada en La Teja donde surgió la idea del PVS que luego fue tomada por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) y posteriormente por el PIT-CNT en su conjunto.
Los trabajadores inscriptos en el PVS podrán acceder a una financiación directa por parte del MVOTMA a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y por otra parte a préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay a partir de un convenio que la entidad firmó con el PIT-CNT.
Según Abdala el MVOTMA se comprometió con la central de trabajadores a asegurar este año la construcción de 1.000 viviendas, pero “no podemos esperar 15 años” para llegar a cubrir a todos los aspirantes. Por eso “necesitamos agilizar el trámite y masificar el acceso mediante la participación en condiciones razonables del sistema financiero”, dijo Abdala, “manteniendo el sistema cooperativo y pagando una cuota por debajo de lo que ya se paga de alquiler”.
Finalmente anunció que se está estudiando la posibilidad de montar “una gran cooperativa de ahorro y crédito para negociar colectivamante la salida del clearing de todos los trabajadores” y que tras una negociación con inversores privados “potencialmente acogidos a los beneficios de la promoción privada hacia la vivienda social, estamos en condiciones de financiar directamente la construcción de 10.000 viviendas”. Hoy, en conferencia de prensa, el SE del PIT-CNT revelará los detalles de esta negociación y cómo beneficiará a los inscriptos en el PVS.
Vecinos de Ciudad de la Costa se movilizan este domingo
Protestan por los valores de la
Contribución Inmobiliaria y denuncian que las obras prometidas "brillan
por su ausencia" y que "detrás de este proyecto contributivo se oculta
un despilfarro de los recursos de los vecinos".
Los vecinos de la Ciudad de la Costa se reunirán en asamblea este domingo a la hora 18 en la rotonda de El Pinar. El motivo será para evaluar qué pasos se tomarán de aquí en más respecto a la Contribución Inmobiliaria, cuyos valores califican de “desproporcionados” e “inconstitucionales”.
“En el corto plazo los vecinos nos vemos indignados por los aumentos desproporcionados de la Contribución Inmobiliaria, que obliga a muchos vecinos a aceptar bajo presión cualquier propuesta de pago”, sostiene un comunicado de los vecinos que organizan la asamblea del domingo.
“Esas propuestas de solución individual no resuelven el problema de fondo, y muchos vecinos se verán en imposibilidad de pago, o deberán sacrificar necesidades básicas para cumplir”, añaden.
Los vecinos proponen que “no se tome como base de cálculo el valor de mercado del inmueble, ni ningún porcentaje del mismo fijado por Catastro”.
“Se aplique el monto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana tomando como base el ingreso del grupo familiar”.
“El pago de la contribución inmobiliaria - que no es un impuesto al patrimonio - deberá necesariamente ajustarse a la canasta básica familiar”.
Los vecinos de la Ciudad de la Costa reclaman que “el presupuesto departamental tenga relación con la capacidad tributaria de los vecinos y su necesidad de obras”.
VECINOS de la COSTA
LOS VECINOS DENUNCIAMOS
* Que la contribución Inmobiliaria es un atropello confiscatorio.
* Que es INCONSTITUCIONAL, de acuerdo a lo resuelto en el parlamento en noviembre de 2001.
* Que se enmarca en una política de expulsar a los pobres y hacer
de la Ciudad de la Costa un lugar para los ricos, o como Punta del Este,
según expresó Orsi.
* Que detrás de este proyecto contributivo se oculta un despilfarro de los recursos de los vecinos.
*Que las obras prometidas siguen “brillando por su ausencia”.
*Que esta administración Municipal (como las anteriores) asumió el
endeudamiento de por vida con los organismos multinacionales de crédito,
para proyectos faraónicos, que nada tienen que ver con las necesidades
elementales de los vecinos.
*Que en esa misma dirección se violan reglas medioambientales
abriendo los brazos a la entrada de capitales extranjeros, especulativos
y de dudosa procedencia.
*Que el proyecto a largo plazo para la Costa es privatizador y extranjerizador.
*Que en el corto plazo los vecinos nos vemos indignados por los
aumentos desproporcionados de la contribución Inmobiliaria, que obliga a
muchos vecinos a aceptar bajo presión cualquier propuesta de pago.
*Que esas propuestas de solución individual no resuelven el
problema de fondo, y muchos vecinos se verán en imposibilidad de pago, o
deberán sacrificar necesidades básicas para cumplir.
*Que rechazamos el proyecto de privatización, y el mega
emprendimiento en el Parque Roosevelt, con las consecuencias gravísimas
que ocasiona al deterioro del medio ambiente y por relación directa a
los seres humanos.
*Que el parlamento dilata en el tiempo el tratamiento del recurso presentado por los vecinos.
LOS VECINOS PROPONEMOS
BASES PARA UNA CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA
* No se tomará como base de cálculo el valor de mercado del inmueble, ni ningún porcentaje del mismo fijado por Catastro
* Se aplicará el monto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana tomando como base el ingreso del grupo familiar.
* Se instrumentará por medio de franjas de ingresos, tomando como
base de cálculo la canasta básica familiar, que alcanza hoy los $
46.760.
* Primer franja de ingresos hasta media canasta básica; estará exonerada.
* El pago de la contribución inmobiliaria - que no es un impuesto
al patrimonio - deberá necesariamente ajustarse a la canasta básica
familiar. Teniendo en cuenta como prioritario que quienes viven en la
propiedad, tengan sus necesidades fundamentales satisfechas
* El presupuesto departamental tendrá relación con la capacidad tributaria de los vecinos y su necesidad de obras.
* Será participativo. Propendiendo y facilitando la participación
de los vecinos del departamento y sus organizaciones sociales.
* Se hará hincapié para las obras en los recursos humanos y materiales propios.
* Se desarrollará un censo socio-económico con participación de
asistentes sociales, a fin de evaluar la situación de las familias, y si
tienen garantizada su calidad de vida.
* Los ajustes al presupuesto por aumentos de precios al consumo,
serán cubiertos por rentas generales o un rubro especifico para tales
fines
Acercate, participá y aportá tus ideas no te dejes robar
ASAMBLEA DE VECINOS DE LA COSTA
DOMINGOS 18 HS. ROTONDA DEL PINAR
AUDICIÓN RADIAL - MIÉRCOLES 21.30 HS
87.7 FM DE LA COSTA
Miércoles 4 a las 19 horas - actividad en la radio 87.7 - Martín Fierro y Giannatasio, actividad de finanzassábado 7 - concentración en la rotonda del pinar a las 15 y 30 horas, a las 16 horas concentración en Giannatassio y Racine (Parque Roosevelt) para actividad de propaganda
domingo 8 a las 18 horas concentración en la rotonda del pinar, propaganda y asamblea
contactos: 099 617 877 - 094 169 186
Uruguay / 2º Encuentro de Comunidades Costeras 4/04/2012
4 de Abril - Punta del Diablo - Rocha
"Partiendo de la lógica de ocupación territorial, el territorio es aquella porción de espacio ocupado, organizado y gestionado por una comunidad, como categoría densa que contiene la historia, que lo contiene, por un tanto vinculado a relaciones de apropiación y poder. Desde la interpretación, el concepto de soberanía territorial se diferencia sustancialmente del concepto de soberanía nacionalista. La soberanía territorial se asocia con la capacidad de los grupos sociales de construir la historia que contiene y está contenida en cada territorio concreto, mientras que la soberanía nacionalista se construye sobre la idea de la existencia de un Estado-Nación en un territorio, y una sociedad que se comporta como un grupo social, compartiendo intereses y objetivosLa integración para la sociedad organizada aparece como la consolidación de diversidad de territorios soberanos, con instancias de gestión participativa de los bienes de la naturaleza que integran el territorio. La complementariedad entre la diversidad de territorios constituye la matriz de esta integración territorial…” (Achkar, M. y Domínguez, A. 2008)
Pensando el territorio desde esta óptica es que invitamos a las comunidades costeras a participar del 2° Encuentro de Comunidades Costeras. A realizarse el día 4 de abril de 9 a 18 hs en la Iglesia de Pta. del Diablo, con el objetivo de tener una instancia de intercambio, reflexión y debate sobre las problemáticas de nuestras comunidades costeras.
En dicha jornada intentaremos proponer alternativas al modelo de desarrollo extractivista y depredador, así como organizarnos para hacer llegar nuestra voz y nuestra propuesta a las autoridades y sociedad toda.
Invita Comisión de Vecinos y Amigos de Pta.del diablo-Compañeros de Aguas Dulces-Cabildo abierto de Barra de Valizas- Unión de Vecinos de la Paloma-La Esmeralda.
Apoya Movimiento Por un Uruguay Sustentable – MOVUS
Monocultivos, fumigaciones y agrotóxicos:
Uruguay y el derecho al agua potable
Uruguay: El derecho al agua potable |
El artículo I capítulo VII dice: “Toda persona deberá abstenerse de provocar impactos ambientales negativos o nocivos en los recursos hídrico, adoptando las medidas de prevención y precaución necesarias”
Por su parte, el artículo 8, capítulo II, letra G establece: “Que el abastecimiento de agua potable a la población es la principal prioridad de uso de los recursos hídricos. Los demás usos se determinarán teniendo en cuenta las prioridades que se establezcan por regiones, cuencas hidrográficas y acuíferos”.
Contaminación del agua
El problema de la contaminación del agua en nuestro país, así como en varios de la región, se agrava cada vez más debido a la expansión agrícola y forestal. Esta expansión se ha dado en un esquema de agronegocios que implica la gran extensión de los monocultivos destinados a la exportación y el uso masivo de agrotóxicos y fertilizantes químicos, reconocidos mundialmente por sus impactos en el agua.
El uso masivo de fertilizantes químicos provoca la eutrofización de los cursos de agua. Este proceso es el resultado de un aumento de los niveles de nutrientes presentes en el agua, generalmente provenientes del fósforo y nitrógeno utilizados como fertilizantes agrícolas. La eutrofización produce un crecimiento excesivo de algas y otras plantas acuáticas, las cuales al morir se depositan en el fondo de los ríos, embalses y lagos, generando residuos orgánicos que, al descomponerse, consumen gran parte del oxígeno disuelto y de esta manera pueden afectar a la vida acuática y producir la muerte por asfixia de la fauna y flora.
En los últimos años, la contaminación del agua por agrotóxicos ha sido una preocupación manifiesta de distintos actores de la sociedad, que viene siendo testigos de comprobaciones cada vez más contundentes del peligro que representan. Además, en los últimos tiempos se han producido casos de mortandad de peces y otros animales en distintos puntos del país. Por otro lado, en enero del 2010 se encontraron residuos de atrazina en el río Santa Lucía, que abastece de agua potable a la ciudad de Montevideo. La atrazina es un herbicida altamente tóxico y de muy difícil eliminación una vez que llega al agua.
.Los agrotóxicos y las UPAs
En muchas zonas de nuestro país, la potabilización del agua se realiza en Unidades Potabilizadoras de Agua (UPAs). Todos los departamentos del país, excepto Montevideo, cuentan con al menos una UPA y los departamentos de Colonia y Florida, por ejemplo, tienen seis. Las UPAs son plantas transportables capaces de llevar a cabo las etapas tradicionales en el proceso de potabilización del agua: coagulación-floculación, (agrupamiento y eliminación de las partículas), sedimentación laminar, filtración rápida, desinfección, adsorción y corrección del pH.
Desde hace un tiempo existe una normativa para el control de agrotóxicos en el agua, sin embargo se desconoce si se está implementando, cómo se realiza, ni cuáles son los resultados.
Las UPAs, tienen superficie abierta y el agua que está en proceso de potabilización queda al descubierto y por lo tanto expuesta a ser contaminada por los residuos de las eventuales fumigaciones aéreas que se realicen en las cercanías. No existe normativa alguna prohibiendo las fumigaciones en las cercanías de las UPAs
Algunas propuestas...
Consiederamos que mientras esté permitido el uso de agrotóxicos, el derecho al agua limpia seguirá siendo violado. Sin embargo, creemos oportuno poner sobre la mesa algunas propuestas concretas que podrían servir para mejorar la situación.
- Prohibir las fumigaciones terrestres y aéreas en las cercanías de las Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA).
- En la actualidad están prohibidas las fumigaciones aéreas a menos 30 metros de las corrientes naturales o fuentes superficiales de agua, y las aplicaciones terrestres a menos de 10 metros de las mismas. Estas distancias son sencillamente ridículas y deben ser ampliadas de forma inmediata.
- Realizar análisis de residuos de agrotóxicos en el agua potable.
- Prohibir de inmediato el uso de la atrazina, uno de los herbicidas más tóxicos y persistentes en el agua de los autorizados en nuestro país.
- Un severo y efectivo control del lavado de las máquinas fumigadoras en las fuentes de agua y el descarte de envases en las cercanías de las mismas, y el establecimiento de fuertes sanciones a los responsables de esta práctica.
El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida. Es un bien social y un patrimonio y derecho de todos. El Estado tiene la obligación constitucional de asegurar que el abastecimiento de agua potable a la población sea la principal prioridad del uso de los recursos hídricos. Si quienes tienen poder de decisión en el Estado, siguen permitiendo que se contamine el agua con agrotóxicos, se harán pasibles a que la sociedad los demande por atentado grave a la salud pública, al ambiente y a la vida. www.ecoportal.net
Grupo Guayubira
MAELA Uruguay
RAPAL Uruguay
REDES - Amigos de la Tierra
Rel-UITA
http://www.rapaluruguay.org/
Casos, cosas y otras de Uruguay
Basta de Mentiras, Frente Amplio, derechista, sin moral, y entreguista Más de lo mismo |
Pero, por alguna razón jamás pude aprender El Credo.
Hoy, creo que fue un anticipo de lo que vendría en el futuro; es decir, hoy.
Creí en el dios poderoso de lo que entonces llamabamos izquierda revolucionaria.
Creadoras de nuevos caminos que conducirian a nuestra liberación.
Creí en el espíritu revolucionario de muchos de nuestros líderes.
Pasando los años, especialmente desde el 2005 y la incursión del FA al poder, mi fe, fue desvaneciendose.
¿es que se puede tener 'fe', en que algo cambie? ¿Podemos confiar en este gobierno con cartas sobre la mesa? ¿Cuál es la diferencia?
No, no creo.
Pero esta vez sí se la letra de la oración. Me la enseñaron ellos.
Algunas de las razones por las que no creo:
La deuda:
En siete años de gobierno del FA, la deuda se duplicó: de 13.00 millones de dólares a 26.000 millones de dólares. Nuevamente, el gobierno señala (y se atribuye) otro año de éxitos en la economía. Lo fundamenta en algunas variables macroeconómicas.Como son grandes agregados y promedios a nivel país esconden a las personas y su vida cotidiana, sus problemas, su futuro.La intendenta de Montevideo fue interpelada en la Junta Departamental por deficiencias en la limpieza y por la oferta realizada por una empresa italiana para invertir en el país US$ 500 millones en el tratamiento de residuos urbanos.
http://questiondigital.com/?p=
Cuando la campaña electoral del 2004, y después también el ex presidente Tabaré Vázquez decia: "No meteremos la mano en la lata".
!No, que va! , se sambulleron.
Corrupción
Una de las últimas que sirva como ejemplo, puesto que hay varios
.Olivera confirmó vínculo de exjerarca de IMM y empresa italiana
Olivera reconoció el vínculo de la empresa donde trabaja el ex director de Limpieza de la IMM Fernando Nopitsch con el grupo inversor A2A de Brescia, Italia, que pretende generar un nuevo vertedero metropolitano y comercializar la energía que se obtenga de la basura.
El edil interpelante, Álvaro Viviano (PN), había anticipado su preocupación por el vínculo existente entre el exjerarca y una empresa (Themac) que hizo el contacto para que Olivera y otros intendentes pudieran viajar a la planta del grupo A2A en Brescia.
El edil de Alianza Nacional dijo a EL PAÍS Digital que Olivera explicitó las bondades técnicas de la empresa. "Consideró que desde el punto de vista técnico es la más viable por ahora", aunque "no descartó analizar otro tipo de propuestas", indicó.
Educación
Tema que deja mucho que decir, y da mucho que hablar.
Entre las tantas sandeces, propias e intencionadas del Sr. Presidente (también de las últimas), fue su crítica a los gremios docentes.
"Una actitud de izquierdismo infantil en algunas cabezas. Todo negro, todo está mal, todo lo que está en el país. Pero si esta en Cuba o en Irán, ahí está todo bien, pero acá está todo mal".
Sobre Irán no estoy muy enterada, sí conozco iranies con muy buena educación generalmente de gente de clase media o alta. Algunos viven en Suecia, otros vienen a cursar estudios universitarios.
¿Pero Cuba, Sr. Presidente?
En Cuba, la educación laica, gratuita y de calidad, ni cerca a lo que tenemos en Uruguay.
En Cuba, Sr. Presidente, los niños van sin hambre a la escuela.
En Cuba, a pesar del bloqueo, las escuelas tienen sanitaria, no como en las escuelas y liceos nuestros.
Y, Uruguay no ha sufrido huracanes como los ha sufrido Cuba, y a pesar de ellos, cuando destrozan se reparan.
¿Sabe ud., que las escuelas uruguayas se pueden comparar a las de Harlem, Nueva York, por darle un ejemplo, pero las encuentra ud, en todos los Estados del país que ud tanto ama.
Estados Unidos.
Mostrando otra vez la hilacha cuanto a Cuba.
Megaproyectos:
El gobierno frente amplista no tiene reparo alguno de lanzar todas sus fuerzas policiales en busca de narcotraficantes en las zonas más carenciadas. Con su megaproyecto anti-drogas.
Pero..., no visitan en casa.
El semanario Búsqueda informó que el narocotraficante estuvo en el despacho del ex vicenpresidente Rodolfo Nin Nova, en el 2008.
Un influyente narcotraficante español, un hombre de negocios chileno y Gonalo Nin Novoa (hemano y secretario del ex vicepresidente).
http://elpolvorin.over-blog.
Diran que fue en tiempo pasado, que está superado, indagado, perdonado, etc.
No creo.
También gozamos de Proyectos de Primera.
Como gustaba llamar Tabaré Vázquez, la construcción de Botnia.
Ahora vienen otros de primera, a formar parte de este Uruguay Natural, el país donde todo está cocido da ante mano.
.4 petroleras de primera línea buscarán crudo en UruguayCuatro nuevas empresas se sumarán a la búsqueda de yacimientos petroleros en la plataforma marítima de Uruguay. Se trata de las inglesas BG y BP, la francesa Total y la irlandesa Tullow Oil.
http://www.elpais.com.uy/
Perdemos soberanía por Tierra y por Mar
.Ancap recibió 19 ofertas para buscar petróleo en el mar
"Este es un acontecimiento histórico para el país", declaró el presidente de Ancap, Raúl Sendic.
!San Benito, si tu padre te oyera!
http://www.elpais.com.uy/
Otro 'gran' proyecto La Minería a cielo abierto
No puedo dejar de nombrar los Derechos Humanos. Los del pasado, los del presente.
Mientras la milicada goza de buena salud y privilegios en su cárcel de lujo, los presos comunes, sufren torturas, malos tratos, falta de atención médica, etc.
Ni olvido, ni perdón.
La niñez:
"Benditos sean los niños porque de ellos es el reino de los cielos".
Así dice en la Biblia.
Los niños uruguayos deben esperar ir al cielo. Acá no tienen lugar.
.Explotación sexual y laboral de niños y mujeres en la mira oficial
Trata de personas
"Son situaciones de trata interna de personas; son gurisas o gurises que están siendo explotados sexualmente por una red dentro del país. En general provienen de contextos económicos bastante empobrecidos, con historias de mucha vulnerabilidad. En general son captados por las redes de explotación en la calle, por haberse fugado de la casa donde, en muchos casos, sufrían violencia doméstica y abuso sexual", ...
http://www.elpais.com.uy/
.Un grave problema que está creciendo
Relatora de ONU constata "falta de aplicación de leyes"
.La trata de personas, en especial de niñas para la explotación sexual, está creciendo en Uruguay. El gobierno ratificó leyes internacionales que ayudan a combatir el flagelo, pero "falta mucho trabajo en la aplicación de estas leyes", dijo Joy Ngozi Ezeilo, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre trata de personas, especialmente de mujeres y niños, quien visitó Uruguay en septiembre de 2010.
http://www.elpais.com.uy/
.Casos de tuberculosis en niños se triplicaron en 2011 en Uruguay
.El foco de tuberculosis en la escuela 338 de Punta de Rieles, que está controlado pero tiene a diez niños infectados y en tratamiento, puso la lupa sobre la enfermedad en Uruguay que creció 16% en 2011. Los casos en niños se triplicaron el año pasado según los registros oficiales.
Nada se ha logrado en siete años. Nada para el pueblo.
Pero sí creo, que sólo la determinación de un pueblo en lucha puede lograr una sociedad justa, un País Soberno, la Verdadera y Única Independencia.
Pero jamás lo logrará sin dejar de lado una vez y para siempre a estos representantes fieles del neoliberalismo, del 'capitalismo bueno' o como quieran lllamarlo.
El Frente Amplio, ya pasó el termino medio, ya es Traición
."los terminos medios son la antesala de la traición"
Ernesto Che Guevara
por Lidia Amelia
Comentarios al artículo de Verónika Engler: ”Mucho palo que aprendan…”
Comentarios del Tony bolivariano desde Venezuela
Mi Querida Veronika:
A todo eso sumale lo que le enseñan a los niños : QUE RIVERA FUÉ UN HÉROE....!!
SEGÚN EL LIBRO DE HISTORIA PATRIA ...ESCRITO POR H.D. (Hermano Dámaso) UN CURA ESPAÑOL....
Cuando
en realidad fue un asesino de los charruas en Salaipuedes, un traidor a
la Patria al sumarse al ejército Portugues en la Batalla de Tacuarembó
...y perseguidor de Lavalleja y los 33 Orientales.
Un
año antes de las elecciones ...perdón ...votaciones....viajamos 700
klms. para ver al Pepe en el Gran Hotel Meliá Caracas en Venezuela
donde estaba acompañado de un numeroso grupo de empresarios Uruguayos y
los jugadores de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y la presencia entre ellos de Enzo Francescoli.
Tuve la oportunidad de preguntarle al Pepe ..,
¿ es verdad que vas a ser candidato Presidencial ?
y
su Respuesta fué TAJANTE : NO ...PORQUE SER PRESIDENTE DEL URUGUAY ES
COMO ESTAR PRESO ...Y YO YA ESTUVE DEMASIADOS AÑOS PRIVADO DE MI
LIBERTAD.
Un par de años después estuvo en
Caracas en visita Oficial ....y fué recibido con alfombra roja por el
Presidente Chávez (de quien había dicho que no gustaba de él PORQUE TODO
LO QUE HACIA ERA PORQUE ESTABA SENTADO ENCIMA DE UN BARRIL DE
PETROLEO....)
En esa visita en el Palacio de
Miraflores...y en Cadena Nacional de Radio y Televisión se refirió a los
URUGUAYOS QUE ESTAMOS RESIDENCIADOS EN VENEZUELA en la siguiente forma :
"LOS URUGUAYOS QUE VIVEN EN VENEZUELA....SUS HIJOS...Y SUS NIETOS...NO
SON NI DE ACÁ
...NI DE ALLÁ...SINO QUE SON COMO LOS BURROS INTELIGENTES QUE NUNCA SE
OLVIDAN DONDE COMIERON LA ULTIMA VEZ.....!!
Así
que mi Querida Verónika....uniendo todo ésto creo que a lo mejor el
señor tiene una edad avanzada y se siente como prisionero ....y por eso
dice lo que dice.
De todas maneras ...nos vemos en la esquina del London París ...!!
Tony
Comentarios del Mau Mau
Claro que la Vero no tiene la culpa del subversivo ácido dexoxiribonucleico que heredó del Dr. Henry Engler a quien el viejo Bebe consideraba en forma muy particular,como buen subversivo que también era.-
Siento un poco de pena como desperdicia - ardientemente y con razón - polvora en chimangos.Es una uruguaya bien nacida y me consta que siente dolorosamente todo lo que dice , que no necesita pruebas ni demostración;y tampoco nadie se va a animar a polemizar.-
No pretendo intentar emendarle la plana sino aportarle el resultado de mi haraganería que me lleva a ocuparme sólo de lo esencial pa' ahorrarme trabajo.-Como ni siquiera he completado una visión objetiva y científica del problema,mal podría aportar soluciones más o menos inmediatas.-
Lo macro a resolver es nuestra bi-centenaria estructura socio/económica que se sustenta en un pueblo que viene siendo manipulado,engañado, corrompido y pauperizado;devoto de la viveza criolla que genera el parasitismo estatal.-
Tengo la sospecha que si quitamos la mentira,la corrupción,la hipocresía,la joda y el paternalismo estatal el país se derrumba.-
Si algún día,ocurre el improbable milagro de que éste pueblo envilecido se ponga los pantalones y se proponga encarar la imprescindible lucha frontal contra los dueños del país deberá comenzar dando el primer insoslayable paso:doblar el brazo armado de la oligarquía que en éste país,es pequeña,pero hábil y poderosa. En Uruguay la tierra (su única fuente auténtica de recursos) está más concentrada que en Brasil:allá el 1% de los habitantes tiene el 50% del territorio,aqui: el 0.75% tiene el 75%!!!
Tomá pa' tu tía Eulalia,no es sólo el Maracaná de 1950bb
También le ganamos en la represión: AQUÍ FUÉ - porcentualmente - MUCHO MAYOR. En impunidad,por ahora,estamos empatados;pero yo confío en la celeste.-
Llega hoy a Cuba Camila Vallejo
2 Abril 2012
Cubadebate
, La dirigente universitaria chilena una de las líderes de las masivas protestas estudiantiles en Chile en 2011, llegará este lunes a Cuba como invitada a la conmemoración de los 50 años de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la isla, informaron medios locales.
Vallejo, de 23 años y vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, “llegará este lunes a Cuba para participar en las actividades por el aniversario 50 de la UJC, el miércoles, dijo Radio Rebelde.
Destacó que Vallejo, estudiante de geografía y militante comunista, “sostendrá encuentros con jóvenes universitarios, a los que expondrá las experiencias de las jornadas de luchas vividas por los estudiantes” chilenos.
Vallejo fue una de los dirigentes en 2011 de las mayores protestas estudiantiles ocurridas en Chile desde el retorno a la democracia en 1990, en demanda de una educación pública gratuita y de mejor calidad.
En la isla, Vallejo disertará sobre “el fortalecimiento de los movimientos sociales” en Chile, y presentará su libro “Podemos cambiar el mundo”, lanzado en enero, según el portal de la Unión de Periodistas de Cuba.
Llegará a La Habana junto a Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, y Luis Lobos, encargado de organización de esa agrupación política, dijeron a la AFP fuentes del Partido Comunista de Chile.
(con información de AFP)
miércoles 4 de abril de 2012
Karol Cariola y Camila Vallejo agradecieron ejemplo de resistencia de Cuba
Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC), y Camila Vallejo, miembro de su Ejecutivo, agradecieron a Cuba ser ejemplo de resistencia y un bastión de la esperanza para su pueblo y el mundo.
En rueda de prensa al término del primer día de su visita a la Isla en ocasión de los festejos por el cuatro de abril, ambas expresaron su admiración por una Revolución en constante perfeccionamiento y que ofrece a todos los cubanos garantías básicas, de las cuales el pueblo chileno ha sido despojado.
A pesar del bloqueo, Cuba avanza firme en la construcción de una sociedad cada vez más socialista, como ejemplo de resistencia frente a los poderosos, del mismo modo que Chile es un bastión del neoliberalismo y de todo lo que eso supone en cuanto a exclusión, desigualdad y opresión, contrastó Karol.
De Cuba y sus jóvenes pidió esa solidaridad de siempre en la ya larga lucha para construir un Chile nuevo y mejor, aunque la Secretaria General de las JJCC, única mujer, luego de Gladys Marín, en ocupar ese cargo, aseguró que la mejor ayuda será mantener viva esta Revolución, preservarla y llevarla adelante.
Karol dijo estar segura de que ser joven comunista tiene hoy más sentido que nunca y de que “siéndolo podemos cambiar el mundo” y consideró esencial el aporte de la juventud cubana y su vanguardia en la historia, la hora presente y el porvenir de la nación caribeña.
Camila Vallejo, en tanto, felicitó a las nuevas generaciones de cubanos por el medio siglo de vida de la UJC y los 51 años que también hoy cumple la Organización de Pioneros José Martí, y las exhortó a defender esta Revolución, que es la esperanza de muchos jóvenes chilenos, latinoamericanos y del mundo entero.
La juventud cubana debe ver hacia fuera y agradecer lo que tiene, juzgó esta veinteañera, con una notable participación en las luchas en 2011 por una educación pública gratuita y de calidad desde la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, responsabilidad que hasta entonces solo otra fémina había desempeñado.
Señaló que, sin ir muy lejos, en su propio país los jóvenes han sido privados de muchísimas cosas, pisoteados sus derechos, constantemente postergados, deshumanizados y reducidos a simples máquinas de reproducción de un modelo que pone en el centro de todo al capital y el mercado y no al ser humano.
Los jóvenes cubanos tienen el privilegio de ser y saberse todo lo contrario, sujetos activos de las transformaciones y la construcción de una sociedad nueva, y han de sentirse orgullosos, valorar lo mucho que tienen, pero sobre todo aportar, no contentarse con disfrutar lo logrado para ellos por sus mayores, añadió. [Texto Maria Elena Alvarez Ponce. AIN]
La lucha estudiantil debe convertirse en movimiento social, afirman jovenes líderes chilenos
Publicado el 4/04/12 • en ContrainjerenciaPL – La actividad estudiantil desatada en Chile debe convertirse en un movimiento social que agrupe hoy a los sectores de la población en el enfrentamiento al neoliberalismo, afirmó aquí Karol Cariola, dirigente juvenil del país suramericano.
De acuerdo con Cariola, quien visita Cuba en su papel de secretaria general de las Juventudes Comunistas Chilenas, su país se ha convertido en el bastión del modelo neoliberal, al dar la aparente impresión del funcionamiento del sistema, cuando solo beneficia a las élites y provoca deshumanización social.
La líder, que asiste a las celebraciones de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Cuba por su aniversario 50, recordó los altos niveles de desigualdad y división de clases presentes en la sociedad chilena, los cuales llegaron al punto de ser asumidos como naturales por la población.
En la Universidad de Ciencias Informáticas de la isla, durante la presentación del libro Ser un joven comunista, recopilación de textos de autores como Pablo Neruda, Ernesto Che Guevara y Salvador Allende, Cariola apuntó que la juventud cubana puede aportar experiencias al camino emprendido en Chile.
Por su parte, Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), consideró el auge del movimiento estudiantil en 2011 como un impulso para que las personas tomaran consciencia del grado de desnaturalización en el que se encontraban.
La gente veía como algo normal el pagar por necesidades básicas como la salud y la educación, y no entendían que hubiera países como Cuba donde esos servicios fueran gratuitos, pero en el presente podemos apreciar que miran esa realidad de manera diferente, señaló.
Vallejo presentó a los estudiantes cubanos el volumen Podemos cambiar el mundo, en el cual reúne diversos artículos, entrevistas y discursos que acercan a las características e interioridades del movimiento estudiantil chileno.
Nos dimos cuenta, comentó, de que para modificar la enseñanza superior no bastaba solamente con pedir determinadas reformas, pues era preciso cambiar radicalmente el sistema del cual hemos sido uno de los principales exponentes por más de 30 años.
Vallejo sostuvo el criterio de que hasta el momento la educación en su país desempeña el papel de colonizar consciencias para formar individuos que no sean capaces de cambiar su realidad y reproduzcan los mismos esquemas imperantes a través del tiempo.
Queremos un modelo de desarrollo nacional distinto al neoliberalismo, que ponga el acento en el ser humano y no en los intereses de determinado grupo o familia, y genere sujetos capaces de transformar y ser protagonistas de su contexto, resaltó.
España: La expresión sin miedo del pueblo
Manifestación en Valladolid/ Alejandro Romera
Manifestación en Valladolid
Huelga General 29 de marzo
La expresión sin miedo del pueblo
Para muchas y muchos la
Huelga General del 29 de marzo en el Estado español, representa un éxito
sin precedentes, un aumento cuantitativo y cualitativo de la
conflictividad social contra el Estado y el capital, una expresión
popular contra el miedo, y un paso adelante en la autoorganización de la
clase trabajadora y de los movimientos populares y combativos.
Antonio J. Carretero, director de “Rojo y Negro” (vocero de la Confederación General del Trabajo)
Fotografías: Alejandro Romera y web CGT
La expresión sin miedo del puebloFotografías: Alejandro Romera y web CGT
Posted By Arthur On abril 1, 2012 @ 12:59 In España,Reportajes, Num. Anterior | No Comments
Barricadas… (conversación entre militantes por email al día siguiente de la huelga )
Paloma: “que digo yo
que… qué bien se está en las barricadas, sobre todo con vosotras, mis
compas, sois las mejores que puedo tener… que sí, que me he puesto un
poco moñis (sentimental), pero es lo que hay hoy y que me dure muchos días.”
Emilio: “Pues…….
creo….. que….. nos ….vamos….a….ver….muchas….más…. veces….. esto de hacer
la revolución…va a resultar de lo más tierno….”
Bienve: “Como dices
tú, qué bien se está en buena compañía en las barricadas y como
complementa Emilio, a ver si nos instalamos ahí, que de mantener este
cauce con la gente consciente nos queda un rato… y bueno, a ver si lo
conseguimos compas.”
Raul: “Habrá más, estate seguro, y es verdad que da gusto estar rodeado de cierta gente en esta puñetera vida. Salud amigos”
Guille: “Aunque te
queda la duda si somos todas las que estamos, la huelga no es sólo ir a
una mani, ni tan siquiera no ir a currar. Hasta la próxima, que será más
pronto que tarde, por desgracia por la situación, por suerte por la
compañía.”
Julio: “Me siento
orgulloso de todas vosotros, compas. El 29 nos ha marcado el camino. La
Confederación que me gusta es la que planta cara en los momentos más
jodidos. Hubo momentos mágicos durante esa manifestación. Me encantó el
espíritu alegre y combativo que se respiró en nuestro bloque. Un abrazo
tierno y revolucionario para todas. La mejor gente que he conocido en mi
vida.”
Estos extractos ‘robados’ de una
conversación entre compañeras y compañeros de la Confederación General
del Trabajo (CGT) de Valladolid (gracias compañeros por vuestras
palabras), ejemplifica el espíritu de lo que se vivió en la jornada de
lucha del 29 de marzo contra la Reforma Laboral del gobierno del Partido
Popular. Pero es necesario señalar que esta huelga general no es sólo
contra esta contra-Reforma que elimina de un plumazo muchos de los
derechos laborales y sindicales conquistados por la clase trabajadora en
decenios y generaciones anteriores. También es contra los drásticos
recortes en sanidad, educación y servicios sociales que llevan meses
ejecutando los gobiernos territoriales, también es contra la impune
esquilmación de las arcas públicas para subvencionar los agujeros negros
de la banca -iniciada en 2010 por el gobierno del PSOE-, también es
contra el desempleo galopante que se acerca a los 6 millones de personas
en paro, contra los continuos desahucios de viviendas de quienes no
pueden pagar la hipoteca, contra la corrupción enfermiza de la élite
política, contra la represión policial indecente de los jóvenes de
secundaria valencianos, contra el hambre voraz de beneficios de patrones
y empresas, también y definitivamente es la contundente expresión
colectiva contra el propio miedo interiorizado y transmitido de
generación en generación tras cuarenta años de dictadura y tras treinta
años de una falsa democracia, edulcorada, amañada, manipuladora y al
servicio del capital. En menor medida, pero de importancia creciente,
esta también ha sido una huelga contra el pacto social y el síndrome
negociador de los dos sindicatos mayoritarios – UGT y CCOO –, que en
buena medida han posibilitado que la élite política conservadora
aprobara esta reforma laboral.
La huelga general del 29 de marzo cobra
aún mayor significado si tenemos en cuenta que en nuestra actual etapa
‘democrática’ -desde 1979 hasta hoy- es la séptima huelga general
convocada en todo el territorio del estado español por las fuerzas
sindicales, entre ellas y con sus propias convocatorias las centrales
anarcosindicalistas CGT y CNT. La anterior fue en 2010 cuando gobernaba
el PSOE, pero la anterior a ésta, por motivos socio-laborales, fue en
2002. Estos tiempos tan largos entre cada huelga general supone siempre
un arduo proceso de información y difusión de cómo ejercer libremente el
derecho de huelga, y cuyo desconocimiento por parte de cada nueva
generación de trabajadores y trabajadoras posibilita la extorsión, el
chantaje y la manipulación por parte de la patronal.
La unidad de acción ha sido clave
El seguimiento e impacto de la huelga, a
pesar de lo que dicen gobierno y patronal, ha sido extremadamente
importante: entre el 80% y el 90% en el sector industrial y en los
transportes, cerca del 50% en servicios, comercio y administraciones
públicas (que tímidamente aun pero de forma creciente, sus empleados y
empleadas se van sumando a las movilizaciones).
Pero tan importantes son estas
estimaciones del paro en la actividad productiva, como la multitudinaria
incidencia en las calles de pueblos y ciudades, en los piquetes urbanos
y en las manifestaciones del mediodía y de la tarde de la jornada.
Manifestaciones realmente históricas por el número de personas que
convocaron, por los lemas reivindicativos coreados, por el espíritu de
clase y solidario que mostraron.
Un éxito rotundo también ha sido la
huelga de consumo, medido en el consumo eléctrico, muy similar al de un
domingo o un festivo, y sobre todo por lo que han declarado los propios
trabajadores y también el gremio de comerciantes: a pesar de estar
abiertas algunas tiendas, la actividad comercial ha sido dramáticamente
escasa, los establecimientos han estado prácticamente vacíos, y con sus
trabajadores cruzados de brazos. La huelga de consumo se expresó
igualmente en internet con el cierre de múltiples webs y portales, como
el de la web que coordino, rojoynegro.info
Todo esto ha sido posible por la
rapidísima y generalizada desafección de la clase trabajadora y de parte
de la clase media a las políticas del gobierno, que se ha reflejado en
el aumento de la abstención en las elecciones recientes para los
gobiernos territoriales de Andalucía y Asturias.
Pero hay que resaltar el papel de
acumulación de fuerzas que ha supuesto el movimiento 15M surgido en la
primavera del año pasado, las movilizaciones de otoño-invierno contra
los recortes en educación (en Madrid y País Valenciá) y de la Sanidad
(especialmente en Catalunya), así como los procesos de confluencias y de
unidad de acción del sindicalismo libertario, autónomo y combativo con
las asambleas del 15M, con las asambleas de estudiantes de secundaria y
de universidad, y con el movimiento ecologista. Este es aún un proceso
en marcha, de autoorganización, de reflexión conjunta y de
establecimiento de complicidades en la lucha, que promete seguir
desarrollándose y ampliándose.
Toda esta acumulación de fuerza se ha
reflejado en los llamados bloques críticos de piquetes y manifestaciones
durante la jornada de huelga, críticos obviamente contra el
sindicalismo de concertación, contra la socialdemocracia política que
ahora en la oposición quiere sacar sus réditos para volver a recuperar
el poder, cínicamente cómplices en las medidas políticas contra las que
se ha expresado el pueblo con esta huelga.
El conflicto social en aumento
Al día siguiente de la jornada de
huelga, el gobierno de Rajoy aprobó el más recortado presupuesto general
del estado que se recuerda. Esta es la respuesta del estado: más
empobrecimiento, más paro, más recortes para las clases populares y más
favores para las clases ricas. Lo que hace menos de medio año prometían
para ganar las elecciones generales, lo incumplen sistemáticamente y con
desparpajo ahora en las riendas del poder: el gobierno del PP es de
hecho el gobierno tecnocrático impuesto por la gobernanza capitalista de
la Unión Europea. Y este será el próximo objetivo a combatir. Una
segunda huelga general se avecina. Falta aún preparar una huelga general
europea. En eso estamos.
No puedo más que terminar esta rápida
reseña con parte de las palabras de mi compañera Isabel (gracias
cariño), militante de la CNT, y que pronunció en el mitin final tras la
multitudinaria manifestación de la tarde-noche del 29 de marzo en mi
ciudad, Valladolid:
“… hoy, mañana
veremos, escucharemos, leeremos en los medios de comunicación que la
huelga ha sido violenta y salvaje. Pero yo os digo que no creáis lo que
nos dicen. Que los violentos son ellos, ellos que nos amenazan con
despedirnos si acudimos a la huelga, que abaratan nuestro despido hasta
que este sea libre y gratuito, que nos hacen trabajar más con peores
condiciones laborales, que nos criminalizan si estamos en el paro y lo
utilizan para que los que aún trabajan se callen, para que los
trabajadores y las trabajadoras vivamos con miedo.
Violencia es tener
más de 5 millones de paradas y parados, 5 millones de trabajadores y
trabajadoras sin esperanza, sin futuro… Violencia es decirnos que los
empresarios y patrones generan la riqueza, cuando todas y todos sabemos
quién limpia, quién construye, quién cura, quién nos enseña… quién
produce lo que necesitamos cada día.
No dejemos que nos engañen. Somos nosotros, los trabajadores y trabajadoras lo que generamos la riqueza.
… Sólo practicando
la solidaridad las personas trabajadoras no nos sentiremos solas.
Practicando el Apoyo Mutuo, el hoy por ti mañana por mi…. Podemos
defendernos, podemos atacar la Violencia del Capital.
Compañeros y
compañeras: El movimiento no termina aquí, es necesario seguir luchando,
es necesario convocar cuantas huelgas sean necesarias para reconquistar
los derechos perdidos, para no perder más derechos y para ganar nuevos
derechos.”
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El suicidio de un jubilado por la crisis sacude a Grecia
El hombre, de 77 años y endeudado, se mató de un disparo ante el Parlamento
En una nota, acusaba al Gobierno de “aniquilar cualquier esperanza de supervivencia”
“Soy jubilado. No puedo vivir en estas condiciones. Me niego a buscar
comida en la basura. Por eso he decidido poner fin a mi vida”, decía el
mensaje que llevaba en un bolsillo. El hombre, de 77 años, un
farmacéutico retirado al que se le comían las deudas, se pegó un tiro en
la sien y murió a escasos metros del Parlamento poco antes de las nueve
de la mañana de hoy, en plena hora punta en el kilómetro cero
ateniense. Fue un suicidio público que ha desatado una ola de cólera,
dolor y reconocimiento: un final por el que cada vez más ciudadanos
optan en una Grecia asfixiada por los recortes.
La nota del suicida hace responsable al Gobierno de “aniquilar
cualquier esperanza de supervivencia” con sus medidas de ajuste. Ítem
más, en la misiva, cuyo contenido divulga la edición digital del diario To Vima,
el pensionista escribe: "Creo que los jóvenes sin futuro algún dia
cogerán las armas y en la plaza Sintagma [de Atenas, la misma donde
terminó con su vida] colgarán a los que traicionaron a la nación, como
hicieron los italianos con Mussolini en 1945". El equivalente del
fascista italiano es, según el texto, el "Gobierno de ocupación" de
Atenas, al que el pensionista añade el epíteto "Tsolakoglu", en
referencia al primer ministro que colaboró con los nazis durante la
invasión por estos del país en 1941.
El movimiento de los aganaktismeni (indignados), prácticamente desinflado desde el verano pasado, ha enarbolado el suicidio como nueva bandera, pero la convocatoria de una concentración ante el Parlamento –bajo el lema “no nos acostumbremos a estas muertes”-, terminó ya entrada la noche con enfrentamientos entre grupos de encapuchados y las fuerzas antidisturbios. La policía practicó una docena de detenciones.
Los políticos –sobre todo los que se oponen a los rescates y los planes de ajuste- no pudieron menos que aprovechar el impacto: “Cuando la gente empieza a suicidarse en Sintagma, es el final, la cohesión social ha estallado”, ha dicho Yorgos Karatzaferis, líder del ultra Laos (cuarta fuerza en el Parlamento). Antonis Samarás, previsible primer ministro tras las próximas elecciones, se declaró “devastado” por la noticia, mientras el líder socialista, Evánguelos Venizelos, argumentó que el suceso era tan monstruoso que “hacía irrelevante y vano cualquier comentario político”. El primer ministro, Lukas Papademos, pidió a sus conciudadanos que "en estas horas críticas" extremen la vigilancia "para no desatender a aquellos que lo están pasando tan mal".
El presidente de la unión de farmacéuticos -una de las profesiones, por cierto, que serán liberalizadas en el marco de los planes de ajuste- abundó en la nota de suicidio del jubilado: "Hay un instigador moral en esta muerte, el Gobierno ha llevado a la gente a esta desesperación". Desde comienzos de 2010, los jubilados han visto recortadas sus pensiones de media un 15%; las superiores a 1.200 euros han sufrido una rebaja adicional del 20%. Tras lamentar la inconsistencia de su retiro ("por el que he cotizado durante 35 años", explica su mensaje), el suicida concluía su nota: "No logro encontrar otra modo de reacción [a la crisis] que un final digno, antes que ponerme a rebuscar comida en la basura".
Si bien los suicidios han aumentado en un 40% desde el inicio de la crisis, según datos de junio de 2011 del Ministerio de Sanidad, nadie puede dar crédito a esta muerte en directo –en Grecia el suicidio sigue siendo un tabú-, aunque todos comprenden sus razones. “La gente está pasando hambre”, decía una mujer, también jubilada, junto al lugar del suicidio; “conozco familias que no tienen dinero ni siquiera para comprar leche para sus hijos”. Día tras día, los periódicos se hacen eco, brevemente y como de pasada, de decesos de “pequeños empresarios arruinados” que, casualmente –nunca se cita el suicidio como causa, siquiera como pista-, se caen por el balcón o por un barranco, o mueren “en un desdichado accidente” (amplia gama de posibilidades, de la sobredosis al corte de venas). La Iglesia ortodoxa sigue negándose a enterrar en sagrado a los suicidas, de ahí el velo de silencio que aún se cierne sobre estos hechos. Una censura que la muerte en directo de hoy podría quebrar.
El movimiento de los aganaktismeni (indignados), prácticamente desinflado desde el verano pasado, ha enarbolado el suicidio como nueva bandera, pero la convocatoria de una concentración ante el Parlamento –bajo el lema “no nos acostumbremos a estas muertes”-, terminó ya entrada la noche con enfrentamientos entre grupos de encapuchados y las fuerzas antidisturbios. La policía practicó una docena de detenciones.
Los políticos –sobre todo los que se oponen a los rescates y los planes de ajuste- no pudieron menos que aprovechar el impacto: “Cuando la gente empieza a suicidarse en Sintagma, es el final, la cohesión social ha estallado”, ha dicho Yorgos Karatzaferis, líder del ultra Laos (cuarta fuerza en el Parlamento). Antonis Samarás, previsible primer ministro tras las próximas elecciones, se declaró “devastado” por la noticia, mientras el líder socialista, Evánguelos Venizelos, argumentó que el suceso era tan monstruoso que “hacía irrelevante y vano cualquier comentario político”. El primer ministro, Lukas Papademos, pidió a sus conciudadanos que "en estas horas críticas" extremen la vigilancia "para no desatender a aquellos que lo están pasando tan mal".
El presidente de la unión de farmacéuticos -una de las profesiones, por cierto, que serán liberalizadas en el marco de los planes de ajuste- abundó en la nota de suicidio del jubilado: "Hay un instigador moral en esta muerte, el Gobierno ha llevado a la gente a esta desesperación". Desde comienzos de 2010, los jubilados han visto recortadas sus pensiones de media un 15%; las superiores a 1.200 euros han sufrido una rebaja adicional del 20%. Tras lamentar la inconsistencia de su retiro ("por el que he cotizado durante 35 años", explica su mensaje), el suicida concluía su nota: "No logro encontrar otra modo de reacción [a la crisis] que un final digno, antes que ponerme a rebuscar comida en la basura".
Si bien los suicidios han aumentado en un 40% desde el inicio de la crisis, según datos de junio de 2011 del Ministerio de Sanidad, nadie puede dar crédito a esta muerte en directo –en Grecia el suicidio sigue siendo un tabú-, aunque todos comprenden sus razones. “La gente está pasando hambre”, decía una mujer, también jubilada, junto al lugar del suicidio; “conozco familias que no tienen dinero ni siquiera para comprar leche para sus hijos”. Día tras día, los periódicos se hacen eco, brevemente y como de pasada, de decesos de “pequeños empresarios arruinados” que, casualmente –nunca se cita el suicidio como causa, siquiera como pista-, se caen por el balcón o por un barranco, o mueren “en un desdichado accidente” (amplia gama de posibilidades, de la sobredosis al corte de venas). La Iglesia ortodoxa sigue negándose a enterrar en sagrado a los suicidas, de ahí el velo de silencio que aún se cierne sobre estos hechos. Una censura que la muerte en directo de hoy podría quebrar.
El Estado español ha inyectado 110.000 millones de euros a la banca en 4 años
España no es el país que más
dinero ha inyectado a la banca. Nada que ver con lo que se ha hecho en
Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Alemania o Francia pero, a lo
largo de cuatro años, la cifra ya es importante.
Hasta ahora, entre avales para tener liquidez y ayudas para
fortalecer la solvencia, la inyección al sector suma 110.000 millones en
cuatro años.
Hasta finales de 2011, el Estado soportó en solitario los daños que la crisis y la mala gestión causó al sector. En 2008 inició un plan de compra de activos (prestó 19.000 millones que han sido devueltos) y estableció una línea de avales para emisiones cuyo saldo vivo es de 81.000 millones. Con este dinero se han atendido las deudas pendientes, pero no se han concedido créditos. En 2009 se creó el fondo de rescate, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y prestó dinero (al 7,75% de interés) para reducir plantillas y reforzar el capital. En tres periodos distintos se ha ayudado al sector con 14.346 millones.
El Gobierno calcula que por la compra de activos ha obtenido 1.800 millones en el cobro de comisiones; unos 400 millones más por los avales y 1.100 millones por los préstamos del FROB: en total unos 3.300 millones. Entre las pérdidas, hasta ahora solo están los 400 millones de Cajasur.
En 2011 llegó la orden de reducir el déficit y cambió el discurso: “La reestructuración del sector la pagará el sector y no los contribuyentes”, afirmó Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno de Zapatero. El traspaso de la factura a la banca supuso la apertura de hostilidades. La rebelión de la banca no ha hecho más que empezar y, curiosamente, contra un Gobierno conservador. Aristóbulo de Juan, consultor y ex director general del Banco de España dice públicamente lo que muchos banqueros afirman en privado: “El sector no puede pagar la factura de la reestructuración. He ayudado a la reestructuración de sistemas financieros en 30 países. En todos, el Estado ha rescatado a las entidades con problemas. España no será una excepción”, añade.
Salgado dio un golpe de timón a finales de 2011 para evitar que la quiebra de la CAM, (5.500 millones), reventara el déficit público. Fusionó los tres Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas y les pasó la factura. Luis de Guindos, ministro de Economía, ha ratificado la estrategia. “Los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”, afirmó.
En la práctica, cargar la reestructuración sobre la banca supone que la pagarán los clientes bancarios, a los que se cobra las comisiones y los productos más caros. Es decir, no lo sufrirán los contribuyentes, pero sí los ciudadanos de a pie, que viene a ser parecido.
La rebelión bancaria va en serio porque la han empezado los más fuertes. En febrero se reunieron los seis más importantes (Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular y Sabadell) y coincidieron en que el sector solo no puede reestructurar sin ayudas del Estado. En la reunión del Fondo de Garantía de 7 de marzo, en la que se decidió pagar 1.000 millones al BBVA por la compra de Unnim, la oposición de algunos grandes bancos y cajas constó en acta, algo inaudito hasta ahora. Las entidades calculan que el saneamiento del sector costará más de 20.000 millones y al Fondo de Garantía no le queda más de 2.300 millones. Entre las seis entidades más importantes pagan el 55% de las cuotas del FGD.
Algunos expertos creen que la factura final superará los 20.000 millones. Todo dependerá de la velocidad de recuperación del mercado inmobiliario, que no pinta bien. El Gobierno cree que, como los grandes pagan más, tendrán un incentivo para presentarse a las subastas y absorber las entidades con problemas. Pero los banqueros dicen que no pueden con todo: “Se nos ha exigido más provisiones, más capital y ahora pagar la restructuración. Todo al mismo tiempo es imposible”, resume un alto ejecutivo que pide el anonimato. La gran banca ha ganado un 35% menos en 2011. Otros argumentan que el FGD incentiva a los más arriesgados, los que tienen más créditos en su balance, y menos depósitos.
De Juan coincide con los banqueros. “Si el Estado no colabora en el saneamiento, puede terminar hundiendo a las entidades”. Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, apunta: “No parece que la situación económica y las perspectivas de rentabilidad del sector favorezcan el que las entidades sanas puedan integrar a las que tengan problemas sin ayudas o medidas que otorguen confianza para que el mercado no las castigue”.
Desde la banca también se quejan de falta de criterios. “Se dijo que no habría dinero para entidades inviables, pero la primera ayuda del Gobierno del PP, con cargo al Estado, ha sido para el banco de Caja España-Duero, un instrumento similar a un banco malo con un futuro más que incierto”, señala otro ejecutivo.
Otros critican el decreto de Guindos para sanear los activos inmobiliarios “está enfocado a las fusiones. La unión de dos entidades malas no crea una buena”, recuerda el director del sector financiero de IE Business School, Manuel Romera. “Es necesario retirar a todos los malos gestores y que el sector cambie de modelo. La mayoría de los ejecutivos no dan créditos porque no saben valorar el riesgo empresarial, el de verdad. Solo conocen los préstamos hipotecarios y eso se ha acabado”, critica Romera.
También están los que censuran el continuo cambio regulatorio desde 2009. Alberto Calle, socio responsable de Regulación Financiera de PwC, cree que “algunas entidades desharían las fusiones actuales. Las hicieron para cumplir con una normativa que ha cambiado completamente”. Primero se pidieron provisiones, después capital y ahora un saneamiento radical del ladrillo. “El tamaño no es tan clave como lo que tengas dentro del balance”, señala Calle. Según este experto, se debería resucitar “el banco malo con ayuda del Estado a precios de mercado para que no se contabilice como déficit”. Otros analistas apoyan esta idea. Y al final, todos coinciden que el éxito o fracaso de la reestructuración dependerá de Bankia; si sale adelante sola o busca otra salida para evitar ser un problema sistémico.
Hasta finales de 2011, el Estado soportó en solitario los daños que la crisis y la mala gestión causó al sector. En 2008 inició un plan de compra de activos (prestó 19.000 millones que han sido devueltos) y estableció una línea de avales para emisiones cuyo saldo vivo es de 81.000 millones. Con este dinero se han atendido las deudas pendientes, pero no se han concedido créditos. En 2009 se creó el fondo de rescate, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y prestó dinero (al 7,75% de interés) para reducir plantillas y reforzar el capital. En tres periodos distintos se ha ayudado al sector con 14.346 millones.
El Gobierno calcula que por la compra de activos ha obtenido 1.800 millones en el cobro de comisiones; unos 400 millones más por los avales y 1.100 millones por los préstamos del FROB: en total unos 3.300 millones. Entre las pérdidas, hasta ahora solo están los 400 millones de Cajasur.
En 2011 llegó la orden de reducir el déficit y cambió el discurso: “La reestructuración del sector la pagará el sector y no los contribuyentes”, afirmó Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno de Zapatero. El traspaso de la factura a la banca supuso la apertura de hostilidades. La rebelión de la banca no ha hecho más que empezar y, curiosamente, contra un Gobierno conservador. Aristóbulo de Juan, consultor y ex director general del Banco de España dice públicamente lo que muchos banqueros afirman en privado: “El sector no puede pagar la factura de la reestructuración. He ayudado a la reestructuración de sistemas financieros en 30 países. En todos, el Estado ha rescatado a las entidades con problemas. España no será una excepción”, añade.
Salgado dio un golpe de timón a finales de 2011 para evitar que la quiebra de la CAM, (5.500 millones), reventara el déficit público. Fusionó los tres Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas y les pasó la factura. Luis de Guindos, ministro de Economía, ha ratificado la estrategia. “Los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”, afirmó.
En la práctica, cargar la reestructuración sobre la banca supone que la pagarán los clientes bancarios, a los que se cobra las comisiones y los productos más caros. Es decir, no lo sufrirán los contribuyentes, pero sí los ciudadanos de a pie, que viene a ser parecido.
La rebelión bancaria va en serio porque la han empezado los más fuertes. En febrero se reunieron los seis más importantes (Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular y Sabadell) y coincidieron en que el sector solo no puede reestructurar sin ayudas del Estado. En la reunión del Fondo de Garantía de 7 de marzo, en la que se decidió pagar 1.000 millones al BBVA por la compra de Unnim, la oposición de algunos grandes bancos y cajas constó en acta, algo inaudito hasta ahora. Las entidades calculan que el saneamiento del sector costará más de 20.000 millones y al Fondo de Garantía no le queda más de 2.300 millones. Entre las seis entidades más importantes pagan el 55% de las cuotas del FGD.
Algunos expertos creen que la factura final superará los 20.000 millones. Todo dependerá de la velocidad de recuperación del mercado inmobiliario, que no pinta bien. El Gobierno cree que, como los grandes pagan más, tendrán un incentivo para presentarse a las subastas y absorber las entidades con problemas. Pero los banqueros dicen que no pueden con todo: “Se nos ha exigido más provisiones, más capital y ahora pagar la restructuración. Todo al mismo tiempo es imposible”, resume un alto ejecutivo que pide el anonimato. La gran banca ha ganado un 35% menos en 2011. Otros argumentan que el FGD incentiva a los más arriesgados, los que tienen más créditos en su balance, y menos depósitos.
De Juan coincide con los banqueros. “Si el Estado no colabora en el saneamiento, puede terminar hundiendo a las entidades”. Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, apunta: “No parece que la situación económica y las perspectivas de rentabilidad del sector favorezcan el que las entidades sanas puedan integrar a las que tengan problemas sin ayudas o medidas que otorguen confianza para que el mercado no las castigue”.
Desde la banca también se quejan de falta de criterios. “Se dijo que no habría dinero para entidades inviables, pero la primera ayuda del Gobierno del PP, con cargo al Estado, ha sido para el banco de Caja España-Duero, un instrumento similar a un banco malo con un futuro más que incierto”, señala otro ejecutivo.
Otros critican el decreto de Guindos para sanear los activos inmobiliarios “está enfocado a las fusiones. La unión de dos entidades malas no crea una buena”, recuerda el director del sector financiero de IE Business School, Manuel Romera. “Es necesario retirar a todos los malos gestores y que el sector cambie de modelo. La mayoría de los ejecutivos no dan créditos porque no saben valorar el riesgo empresarial, el de verdad. Solo conocen los préstamos hipotecarios y eso se ha acabado”, critica Romera.
También están los que censuran el continuo cambio regulatorio desde 2009. Alberto Calle, socio responsable de Regulación Financiera de PwC, cree que “algunas entidades desharían las fusiones actuales. Las hicieron para cumplir con una normativa que ha cambiado completamente”. Primero se pidieron provisiones, después capital y ahora un saneamiento radical del ladrillo. “El tamaño no es tan clave como lo que tengas dentro del balance”, señala Calle. Según este experto, se debería resucitar “el banco malo con ayuda del Estado a precios de mercado para que no se contabilice como déficit”. Otros analistas apoyan esta idea. Y al final, todos coinciden que el éxito o fracaso de la reestructuración dependerá de Bankia; si sale adelante sola o busca otra salida para evitar ser un problema sistémico.