viernes, 19 de enero de 2018

Blackwater: el ejército del terror del Pentágono // Rostros de la crisis en Puerto Rico: “Todos están en bancarrota” // Las diez crisis humanitarias de 2017 que empeorarán en 2018 // Se anuncia posible crisis humanitaria en el Salvador tras no renovación del TPS // México reitera a Trump que "no pagará bajo ninguna circunstancia" por el muro fronterizo con EE.UU. // La revolución rusa no fue una utopía // HONDURAS: Un fraude con sabor a golpe de Estado con modalidad electoral Escrito por Padre Melo. // Estados Unidos calla las muertes en Honduras por violencia post electoral: The Guardian // URUGUAY: 2017: debacle del progresismo, horizonte de contragobierno por Ricardo Viscardi


Blackwater: el ejército del terror del Pentágono
por Leandro Albani
15/01/2018 - LA HAINE

La empresa de seguridad más poderosa del planeta, acumula denuncias por crímenes cometidos en Medio Oriente y por casos de corrupción en EEUU
Radiografía de un negocio en expansión, impulsado por la Casa Blanca.
Ya pasaron veinte años y una sombra espesa sigue moviéndose hasta los más lejanos rincones del mundo. Con impunidad, con armamento de última tecnología, montada sobre mercenarios de diferentes naciones, esa sombra tiene un nombre acorde a su historia: Blackwater (BW), una de las mayores empresas de seguridad a nivel internacional –fundada en 1997 por Erik Prince y Al Clark–, goza de muy buena salud, pese a las decenas de denuncias en su contra, en la mayoría de los casos por cometer crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Desde hace algunos años renombrada como Academi, Blackwater  surgió en pleno esplendor del avance neoconservador en Norteamérica, de la mano del presidente George W. Bush (2001-2009). Los neocons, que venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush padre, encontraron en la administración republicana del empresario petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus cañones contra esa vaga definición conocida como “terrorismo internacional”, pero que para los neocons era muy claro dónde se ubicaba: en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana.
La transnacional comandada por Prince y Clark, fundada bajo la bendición de la ultraderecha católica estadounidense,  ingresó en las grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los Balcanes en la década de 1990. Para ese entonces, BW daba sus primeros pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y 2003, con las invasiones a Afganistán e Irak, respectivamente, se convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Pero los fundadores de BW, en especial Prince –con un pasado como SEAL, conservador y, entre otros hobbys, financista de grupos católicos, extremistas y marginales–, no pensaron a su empresa como un simple ejército de respaldo a las ocupaciones de la Casa Blanca en otras partes del mundo. Por eso, en Carolina del Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 hectáreas, BW fundó la instalación militar privada más grande del mundo. En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones extranjeras ‘amigas’”. En su sede central, BW “tiene su propia división de inteligencia y cuenta entre sus ejecutivos a ex altos cargos militares y de otros servicios secretos”, apunta Scahill, colaborador de la revista The Nation y de la cadena Democracy Now! Con el paso del tiempo, el mercado de la “seguridad” produjo redituables demandas para BW, por eso también construyó instalaciones en California, Illinois y en la selva de Filipina.
El gran negocio
“Una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, definió Prince a Blackwater. Y no era para menos. Con los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre de 2001, el gobierno de Bush tuvo el camino limpio para concretar, en el plano militar, “el choque de civilizaciones” acuñado por el politólogo Samuel Huntington. Caída la Unión Soviética y el mundo socialista, el poder de Washington se apresuró a encontrar nuevos enemigos a los que combatir. Si pocos años antes, el movimiento talibán y Al Qaeda sirvieron para expulsar al Ejército Rojo de Afganistán, ahora esos mismos grupos eran el propio mal que amenazaban la vida occidental. Además de las tropas regulares, la administración Bush inundó Afganistán e Irak de mercenarios de compañías como DynCorp y Blackwater.

Desde las invasiones a territorios afgano e iraquí, BW expandió sus tentáculos de manera acelerada, encargándose de la seguridad del personal estadounidense en esos países, pero también entrenando tropa y, con el correr de los días, convirtiéndose en una parte fundamental del Ejército de ocupación. Entre los muchos beneficios a los que accedían los mercenarios dirigidos por Prince se encontraban la impunidad total de sus acciones, definida por ley por la autoridad de ocupación estadounidense en Irak, y salarios que doblaban a los de los soldados rasos. La revista Fortune describía esta situación en Irak: “Los sueldos normales de los profesionales del DSP (destacamento de seguridad personal) se cifraban hasta hace poco en unos 300 dólares diarios. En cuanto Blackwater empezó a reclutar para su primera gran labor (la de ejercer de guardia personal de Paul Bremer –máxima autoridad estadounidense en Irak–), la tarifa se disparó hasta los 600 dólares al día”. Mientras BW facturaba millones de dólares y reclutaba a ex militares estadounidenses y chilenos –en funciones durante la dictadura de Augusto Pinochet–,  para engrosar sus filas y cumplir con la demanda exigida por la Casa Blanca, también lograba que el Congreso estadounidense aprobara a su propio grupo de lobby para hacer cabildeo entre los parlamentarios. El poder de BW crecía y devoraba todo a su paso, al mismo tiempo que esa voracidad quedaba al descubierto. Varios informes de organismos públicos de Estados Unidos llamaron la atención porque el gobierno no supervisaba a los “contratistas” y permitían su total impunidad en las operaciones militares. Con respecto a Irak, alertaban que BW afectaba negativamente a la población y a las propias tropas estadounidenses, las cuales, ante las acciones de la compañía, bajaban su moral y cuestionaban sus magros salarios.
Auge, caída y auge
El crecimiento de la firma de Prince fue constante desde los atentados de 2001. Una división de aviación, submarinos, la última tecnología para el espionaje y decenas de contratos millonarios conformaban una sonrisa que resplandecía en la fachada de BW. Pero su suerte se vio opacada con los golpes recibidos por la resistencia iraquí. En marzo de 2004, las imágenes de cuatro personas descuartizadas y mutiladas, colgadas en un puente de Faluya, ciudad que se negaba a caer frente a la ocupación estadounidense, dieron la vuelta al mundo. Con el correr de los días se supo que esos cuerpos eran de mercenarios de Blackwater. El linchamiento de los “contratistas” puso sobre la mesa que la compañía no sólo realizaba operaciones militares por fuera de lo acordado, sino que enviaba a sus propios mercenarios en vehículos sin blindar, con un poder de fuego reducido y a misiones casi suicidas, como en el caso de Faluya.

En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, un convoy de Blackwater ingresó de forma aparatosa con cuatro vehículos blindados, que cargaban ametralladoras de 7,62 milímetros, capaces de derrumbar paredes. El episodio que siguió, según la prensa estadounidense, fue confuso, pero lo único real es que los mercenarios abrieron fuego de manera indiscriminada. Como ya era costumbre en Irak, las víctimas fueron 17, todas civiles. La ira del pueblo iraquí no tardó en manifestarse en las calles y en la profundización de las acciones armadas de una resistencia heterogénea y que buscaba diversos intereses.
Pese al encubrimiento político, judicial y mediático, los mercenarios Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough y Nicholas Slatten fueron condenados, los primeros a penas de 30 años y Slatten a cadena perpetua. En agosto de este año, la cadena Russia Today informó que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló las sentencias de los mercenarios y ordenó la celebración de un nuevo juicio para Slatten. Conocida la noticia, Husein Sahib Nasir, cuyo hermano fue asesinado en la plaza Nisur, declaró: “Mi hermano tenía solamente 24 años. Nuestra familia ha sufrido mucho hasta ahora. ¿Dónde están los derechos humanos? Si el tribunal los absuelve y los libera, volverán a cometer un delito parecido”.
La masacre de la plaza de Nisur tuvo un impacto tan grande, que el ex presidente Barack Obama revocó los contratos con Blackwater en 2009, para después volver a contratar a la empresa por cerca de 10 mil millones de dólares en 2010.
Las últimas noticias de BW las reveló el ex primer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah, que reveló que miles de mercenarios de la compañía fueron entrenados en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para invadir el territorio qatarí. En octubre, Al-Atiyyah brindó declaraciones al diario español ABC, en las cuales señaló que este plan, en medio de la ruptura de relaciones de las monarquías del Golfo Pérsico con Qatar, no tuvo la aprobación de la Casa Blanca.
Según el ex primer ministro, EAU contrató los servicios de Blackwater para sus operaciones en la invasión a Yemen, liderada por Arabia Saudí, aunque hace unos meses los mercenarios sufrieron varios reveses militares y se vieron obligados a abandonar ese país, el más pobre de Medio Oriente.
El gobierno de Qatar confirmó que BW entrenó a unos 15.000 empleados, “gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, en la base militar emiratí de Liwa, en el oeste de EAU. En 2011, el diario New York Times ya había revelado en detalle el inicio de los contactos entre el propio Prince y la casa real de EAU.

En julio de 2017 también se conoció que el gobierno del presidente Donald Trump intenta que la firma de Prince retorne a sus andanzas en Afganistán. Según informó la cadena HispanTV, “Jared Kushner, asesor y yerno del mandatario estadounidense, y Steve Bannon, uno de los principales estrategas en la Casa Blanca, están a cargo de supervisar la iniciativa y han presentado a sus candidatos para implementar el plan” de Trump. Los candidatos de Washington son, no más ni menos, que el propio Prince y Stephen Feinberg, propietario de DynCorp International. Sobre la iniciativa de la Casa Blanca, el diario The New York Times citó fuentes cercanas a los empresarios que aseguraron que “Prince y Feinberg han creado un plan más barato y mejor que el del Ejército (estadounidense)”.
Blackwater, como otras firmas de seguridad privada en expansión, “no son sólo manzanas podridas: son el fruto de un árbol muy tóxico –escribe Scahill–. Este sistema depende del maridaje entre inmunidad e impunidad. Si el gobierno empezara a golpear a las empresas de mercenarios con cargos formales de acusación de crímenes de guerra, asesinato o violación de los derechos humanos (y no sólo a título simbólico), el riesgo que asumirían estas compañías sería tremendo”. Y a esta descripción, finaliza de manera determinante: “La guerra es un negocio y el negocio ha ido muy bien. No sólo son las acciones de Blackwater y los de su clase las que tienen que ser investigadas, reveladas y enjuiciadas: es todo el sistema en su conjunto”.
Revista Sudestada

Rostros de la crisis en Puerto Rico: “Todos están en bancarrota”

| CUBADEBATE

Una mueblería cerrada en Río Piedras, San Juan. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
Ángel González, un maestro jubilado que enfrenta un recorte de 10 por ciento de su pensión, ha comenzado a preguntarse si las tres personas en su familia tendrán que usar el mismo teléfono celular y turnárselo.
Santiago Domenech, un contratista que tenía ahorrados dos millones de dólares en bonos gubernamentales cuyo pago recientemente incumplió Puerto Rico, alguna vez tuvo 450 empleados. Ahora tiene ocho. Su suegro, Alfredo Torres, es dueño de la librería boricua más antigua, pero desde hace dos años ha ido en picada.
El gobierno está en bancarrota”, dijo Bernardo Rivera, un chofer de 75 años que conduce autobuses privados y en ocasiones gana 40 dólares en un día. “Todos están en bancarrota. Ya no queda nada. La gente que no tiene trabajo no toma el autobús para ir a trabajar”.
Estas son algunas de las historias de jubilados, comerciantes y servidores públicos de Puerto Rico que están atrapados en medio —ellos dirían que en el fondo— de la insolvencia más grande de un gobierno local en la historia de Estados Unidos.
Con una deuda de 123 mil millones de dólares que no puede pagar, Puerto Rico presentó el 3 de mayo un tipo de protección en caso de bancarrota, una medida que sacudió las espinas dorsales de todos, desde tenedores de bonos que temen pérdidas espeluznantes hasta barrenderos y empleados públicos cuyos salarios de por sí raquíticos probablemente seguirán reduciéndose.
El Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, una huelga resultó en manifestaciones de varios miles de personas en las calles, las cuales se tornaron violentas. Días antes, la gente estaba reunida en el trabajo, en los parques y en sus casas para debatir interminablemente sobre la incertidumbre de la situación. En la terminal de Río Piedras donde trabaja Rivera, los choferes y el personal de limpieza se juntaron para quejarse tanto de la baja en trabajo y el monto de las jubilaciones como del constante aumento en el precio de los servicios, como el agua y la electricidad.
Los negocios de transporte como este en Río Piedras han sufrido debido a la crisis económica; los choferes tienen que esperar horas para llenar un viaje de sus rutas. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
A pesar de que la medida que se presentó el 3 de mayo no fue para nada una sorpresa, dejó a su paso una sensación de pesimismo y ansiedad: los funcionarios públicos se preguntan si recibirán sus jubilaciones y las empresas privadas prevén sufrir las consecuencias de un efecto dominó resultado del aumento de los impuestos, la caída de los salarios y el éxodo en masa a Florida por parte de la clase media.
“Yo me voy a quedar aquí, aunque gane solo un dólar”, dijo Rivera.
Los próximos meses, el gobierno planea implementar medidas de austeridad que golpearán en particular a los maestros. La secretaria de Educación puertorriqueña ya anunció una propuesta para el cierre de 184 escuelas. El profesorado podría enfrentar un recorte de dos días por mes.
Así que, mientras el gobierno busca protegerse de las demandas tanto de los fondos de cobertura como de otras firmas financieras que invirtieron para pagar la deuda riesgosa de Puerto Rico, los residentes de este territorio estadounidense están sufriendo las restricciones.
Las multas por estacionarse mal y otras violaciones de tránsito han aumentado al doble. Hay varias agencias gubernamentales que están en serios apuros y prestaciones como los bonos anuales de Navidad o la prima vacacional están a punto de convertirse en recuerdos nostálgicos.
Los residentes están preocupados de que su futuro esté en manos de extraños, una junta de supervisión y un juez federal.
Llegará un momento en el que tendré que decidir entre si vivir en una casa o tener seguro médico”, afirmó Ángel González, el maestro jubilado de 55 años de edad. “¿Y la comida?”, preguntó, con un suspiro.
Su jubilación es de cerca de mil 900 dólares al mes, de los cuales 556 están destinados a pagar el plan médico de su familia.
Roberto Pagán, vicepresidente de la división puertorriqueña del Service Employees International Union (sindicato internacional de funcionarios públicos), dijo que esperaba que casi 400.000 personas pierdan sus planes de salud porque no podrán solventarlos. Es probable que ya no haya quién registre querellas de servicios públicos como las denuncias de abuso infantil.
Una pizarra de la terminal de vehículos públicos del este de Río Piedras muestra que un día solo se registraron ocho pasajeros. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
El gobernador Ricardo Rosselló, quien asumió el cargo en enero, reconoció que las personas con ingresos más bajos que no cuenten con acceso a asistencia médica y los padres que tengan a sus hijos en escuelas públicas serán las más vulnerables en los próximos meses.
“Todos deben hacer un sacrificio”, explicó en una entrevista. “Hemos sido muy claros acerca de cuál es ese sacrificio”.
Las medidas que tomó Rosselló se aplicaron poco a poco con el objetivo de que no fueran más injustas para un grupo, afirmó. La mayoría de los residentes cree que la única opción que tenía Rosselló era buscar un tipo de protección en contra de la ráfaga de demandas por el impago, aunque hay otras personas que lo han criticado por romper sus promesas de campaña.
Rosselló está en la posición incómoda de ser el heredero de muchos gobernadores que pusieron a Puerto Rico de rodillas en materia fiscal por tomar y tomar prestado para equilibrar los presupuestos y para financiar una burocracia abotargada de mecenazgo político.
Cuando asumió el cargo, Rosselló dijo que su primera tarea era determinar “la gravedad de la situación”. Esperaba un déficit de 3 mil millones de dólares, pero en cambio se encontró con uno de 7,5 mil millones de dólares.
Las dos administraciones pasadas hicieron recortes de miles de puestos de trabajo de la nómina pública y ahora Rosselló ha prometido que hará “recortes estratégicos”, que presuntamente no repercutirán en despidos y pondrán al gobierno en una posición que le permita negociar con sus acreedores desde una mejor posición. Entre las ideas que se han presentado se encuentra el recorte de 10 por ciento a las jubilaciones gubernamentales, lo cual afectará más a los jubilados de la policía y el magisterio porque no reciben beneficios del sistema de seguridad social.
El plan no impresionó a los acreedores, explicó Rosselló.
“No creen que el plan fiscal sea apropiado; piensan que deben ganar más dinero y que gane menos la gente de Puerto Rico”, dijo. “Por supuesto que mi postura es completamente opuesta: siempre protegeré al pueblo puertorriqueño”.
La escuela primaria Dr. Martin G. Brumbaugh en Puerta de Tierra, San Juan, será uno de muchos colegios que cerrarán como parte de las medidas de austeridad. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
Santiago Domenech, el contratista general, vive en Aguadilla, un municipio ubicado al poniente de Puerto Rico. Dijo que no tenía idea de dónde quedarán las personas como él en la nueva realidad puertorriqueña. Con las enormes deudas que tiene el gobierno con cooperativas de crédito, con empresas como Microsoft, fondos de cobertura y proveedores de gasolina, ¿cuándo le pagarán para que salde sus cuentas pendientes?
No solo sus ahorros están sujetos a bonos de Puerto Rico, sino que su negocio de contratista también se fue a pique, principalmente porque el gobierno no pagó las interminables facturas de un proyecto de renovación del aeropuerto que rebasó el presupuesto.
“Me quedé sin dinero”, dijo Domenech, quien indicó que ha pensado en mudarse a Canadá. “Me siento frustrado e indefenso”.
Su suegro de 63 años, Alfredo Torres, es dueño de la Librería La Tertulia, la más antigua de la isla y la cual depende del ingreso disponible de estudiantes y profesores del campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, los estudiantes llevan un mes en huelga protestando en contra de los severos recortes al presupuesto, y las ganancias de la tienda cayeron hasta 70 por ciento este semestre, comentó Torres.
Torres dijo que lo más fácil sería culpar a la huelga de estudiantes por la baja afluencia de clientes, pero que cuando ve al centro urbano deteriorado que lo rodea, cree que la culpa está en las décadas de negligencia que llevaron a más personas hacia centros comerciales suburbanos y a otras tantas a salir de la isla.
“Mucho de lo que sucede podría ser nada más una percepción, pero es real”, comentó. “Basta darse una vuelta por la plaza”. La mayoría de los negocios en zonas comerciales como el Paseo de Diego están cerrados.
Los datos del Buró de Estadísticas Laborales muestran que la mano de obra de Puerto Rico cayó en casi 300.000 empleados durante la década pasada, dijo Carlos J. Saavedra Gutiérrez, el secretario del Trabajo de la isla.
“Este es un capítulo nuevo”, dijo, cuando recitó los cambios en materia laboral que espera que estimulen la economía y creen “un parche para el éxodo”.
Muchas de las personas que permanecen en Puerto Rico no tienen el dinero para irse. Jesús González, de 53 años, ha pasado 30 años barriendo las calles de San Juan, pero con los recortes que sufrirán las jubilaciones, calcula que tendrá que seguir trabajando por lo menos hasta los 70 años.
Los dos hijos adultos de Iris Matos se mudaron a la parte continental de Estados Unidos en busca de trabajo. Ella y su marido, empleados jubilados de una empresa eléctrica, se están preparando para un recorte mensual de 500 dólares en sus pensiones, a pesar de que sus nietos dependan de ellos para cubrir sus necesidades básicas.
“No hay un solo sector que no haya sido golpeado: los adultos mayores están preocupados por sus jubilaciones, los padres trabajan menos horas, los jóvenes están en huelga en la universidad y los niños están a punto de ver cómo cierran sus escuelas”, explicó Matos, de 64 años. “Están distribuyendo el dolor, pero solo a un tipo de personas: nosotros”.
Michael Portes y Agustín Portes trabajan en la reconstrucción del muro de un monumento que se encuentra frente al capitolio en San Juan. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
(Tomado de The New York Times)


Mapa Poltico de Oriente Medio

Las diez crisis humanitarias de 2017 que empeorarán en 2018

Héctor Alonso
Héctor Alonso
Héctor Alonso @hdelosrios2
El año 2017 acabó con numerosas crisis humanitarias sin resolver -la mayoría debidas a conflictos bélicos, o al desplazamiento de personas que huyeron de la guerra o del hambre- que se prolongarán o incluso empeorarán durante 2018. Muchas de estas crisis llevan ya varios años en marcha sin que la comunidad internacional haya sido capaz de ponerlas fin.
Yemen
En Yemen estamos asistiendo a una guerra cruel en la que la población civil es la principal víctima y que ha sido definida como “una crisis de libro” porque se dan todas las circunstancias para que la situación se haya convertido en catastrófica: conflicto bélico, destrucción de infraestructuras básicas para la supervivencia y desarrollo de una epidemia -cólera- para cuyo control haría falta que funcionara algo que ha sido destruido, la estructura sanitaria.
Antes de la guerra civil que está asolando el país y que enfrenta a dos facciones, apoyada una por Arabia Saudí y sus aliados, y la otra por Irán, Yemen era uno de los más pobres del mundo con enormes necesidades. La guerra ha arrasado las infraestructuras básicas y ha convertido la vida de los civiles en un infierno: carreteras, hospitales, depósitos de agua y centrales eléctricas han sido destruidos, dejando sin luz ni agua potable a la población. El bloqueo de puertos y aeropuertos han dejado el país sin suministros médicos, combustible o alimentos. En este contexto se ha desatado la mayor epidemia de cólera que se recuerda desde la sucedida en los campos de refugiados de Ruanda, con un millón de casos a finales de 2017. También han reaparecido enfermedades erradicadas, como la difteria, que ha matado a decenas de niños, y los niveles de desnutrición infantil son altísimos.
Las conversaciones de paz no avanzan y no parece que los principales aliados de las dos facciones que se enfrentan (chiítas y sunnitas) estén dispuestas a ceder. Los analistas creen que el daño que ha sufrido el país es prácticamente irreparable y las consecuencias las sufrirán varias generaciones de yemeníes.
Rohingyas
Los rohingyas son una etnia de religión musulmana que vivían en Myanmar, la antigua Birmania. Nunca fueron reconocidos como ciudadanos birmanos, sino como oriundos de Bangladesh, país que tampoco les reconoce como conciudadanos, por lo que la mayoría son apátridas. En agosto del pasado año la guerrilla rohingya atacó varios puestos policiales en el estado de Rakhine, tras lo cual se desató una fuerte represión por parte del ejército y de grupos armados budistas, que atacaron aldeas y asesinaron a centenares de civiles. Estos ataques produjeron un enorme éxodo de la población de esta etnia, con un antiguo historial de huida. En pocas semanas la práctica totalidad de los rohingyas -más de 800.000- había huido de Myanmar para refugiarse en Bangladesh en condiciones muy precarias.
A pesar de las presiones internacionales la antigua Birmania se niega a reconocerles y sólo admitirá a los que demuestren tener residencia en Myanmar o ser propietarios de tierras o casas, algo que deja a prácticamente toda la población de esa etnia sin reconocimiento, puesto que la mayoría carece de documentos. La solución del conflicto, que ha sido calificado por Naciones Unidas como una “limpieza étnica” de manual, será francamente difícil: incluso aunque se permitiera el regreso de estos refugiados, las autoridades birmanas se han incautado de sus tierras al considerar que su posesión era ilegal, y la mayoría de las aldeas han sido quemadas, algo negado por el gobierno pero que ha sido documentado por filmaciones hechas por drones. También hay opacidad sobre los miles de asesinatos denunciados por los refugiados cometidos por el ejército y la policía de Myanmar y grupos armados budistas. La líder birmana, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ha recibido fuertes críticas internacionales por su pasividad o incluso connivencia con la represión y expulsión de los rohingyas e incluso se ha intentado que se le retire el premio Nobel por su actitud ante esta crisis.
Libia
Se calcula que en Libia permanecen atrapados entre 700.000 y un millón de migrantes cuyo objetivo es llegar a Europa. La mayoría procede de África subsahariana, pero también de otros países, como Afganistán o Pakistán, e intenta la vía mediterránea, una vez cerrada la vía griega, para tratar de cruzar el Mediterráneo. Libia, tras el derrocamiento de Gadaffi, se ha convertido en un Estado fallido, sin un gobierno que controle el territorio y con amplias zonas del país en manos de facciones e incluso mafias que han visto que los migrantes pueden ser una lucrativa fuente de recursos. En un documental que escandalizó hace pocas semanas al mundo, se pudo ver cómo los migrantes eran vendidos en subastas, como si de bienes o animales se tratara. Los migrantes son esclavizados, comprados y vendidos entre mafias, extorsionados y secuestrados a cambio de rescates, engañados e incluso abandonados en el desierto tras haberles despojado de sus bienes. La mayoría de mujeres que han conseguido llegar a Europa o rescatadas en el mar han reconocido haber sido violadas durante el viaje a Libia o en la propia Libia. En este momento Libia es, sin duda, el país en el que más crímenes contra la Humanidad y los derechos humanos se están cometiendo.
A pesar de que se han celebrado varias cumbres para tratar de solucionar esta crisis, parece que ésta se prolongará en el tiempo. En primer lugar, porque el contingente es enorme: posiblemente un millón de personas. En segundo lugar, por la inseguridad que presenta ese país y en tercer lugar por la falta de medios de las autoridades y la falta de control del territorio. En la última cumbre, celebrada a finales de 2017, se planteó impulsar el retorno de los migrantes que lo desearan a sus países de origen y realojar a los demás en centros de acogida en mejores condiciones de las que disfrutan actualmente. Sin embargo ese plan carece de medidas concretas y múltiples obstáculos para poder ser llevado a cabo.
Siria
Siete años después del comienzo de la guerra civil que ha destrozado el país, aún se está lejos de poner fin a una de las crisis más graves de las últimas décadas y la que ha provocado los movimiento de personas más grandes desde la segunda guerra mundial. Hace unos días la ONU advertía de la grave situación en la que se encuentran más de 13 millones de sirios, desplazados dentro del país por culpa del recrudecimiento de los combates en varias regiones o con escasos recursos para enfrentarse a las bajas temperaturas que ha traído el invierno. A estos 13 millones habría que sumar los más de cuatro millones de sirios que han abandonado su país y que se han refugiado en los países vecinos (Turquía y Jordania sobre todo), en Europa, que aún tratan de llegar a través de Libia o que permanecen en los centros de acogida de Grecia.
A comienzos del invierno aún permanecían más de 13.500 refugiados en las islas griegas, en condiciones poco adecuadas y a pesar de los compromisos de la Unión Europea y de Grecia sobre su traslado al continente, la tramitación de sus solicitudes de asilo o su repatriación, en cumplimiento del Tratado firmado entre la Union Europea y Turquía. Este retraso ha sido visto por algunos expertos como “deliberado”, y cuyo objetivo sería desanimar la llegada de más migrantes y refugiados. En esta situación las principales víctimas serían los menores de edad, muchos de los cuales no están acompañados por sus familias y que sufren o son potenciales víctimas de abusos o violencia. La guerra no parece decantarse por ninguna de las facciones contendientes, por lo que es previsible que durante 2018 sigan aumentando los desplazamientos forzados y el exilio de miles de personas y sea inviable el retorno al país de los millones de refugiados que huyeron para escapar de la guerra.
Sudán del Sur
Los combates que se iniciaron en julio de 2016 entre el gobierno y la oposición del país más joven del mundo (se independizó de Sudán en julio de 2011) han provocado la huida del país de más de dos millones de personas, que se han desplazado a los países vecinos. Se trata ésta de la mayor crisis de refugiados del continente africano, con el agravante de que los países de acogida, o no están preparados para gestionar una cantidad tan enorme de recién llegados, o también sufren conflictos en sus territorios, como Sudán, Etiopía, la República Democrática del Congo o la República Centroafricana. Con semejantes cifras, Sudán del Sur se ha convertido en el tercer país del mundo, después de Siria y Afganistán, en número de refugiados. A diferencia de los refugiados sirios o afganos, los sudaneses del sur apenas cuentan con apoyo internacional y financiero. El 60 por ciento de los refugiados sur-sudaneses son niños, muchos de los cuales llegan a los países de acogida con niveles alarmantes de desnutrición. También se han producido brotes de cólera y ataques contra agencias humanitarias internacionales y cooperantes.
Este país apenas ha conocido la paz durante su breve historia. Tras un referéndum se proclamó la independencia de Sudan en 2011, pero pronto comenzaron los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, impulsados por Sudán y otras potencias con el trasfondo del control de las grandes reservas de petróleo del país y conflictos sobre fronteras y el agua. Dado que se trata de una guerra provocada básicamente por intereses económicos, ésta no finalizará hasta que quienes desean el control del petróleo lo consigan.
República Democrática del Congo
Como el Sur Sudán, la violencia ha hecho que durante los dos últimos años más de 2,6 millones de personas hayan abandonado sus hogares en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Kasai y Tanganyika. La inestabilidad comenzó cuando el presidente Kabila se negó a abandonar el poder en 2016 después de dos mandatos consecutivos, como recoge la Constitución. Aunque en Congo era casi una costumbre la existencia de zonas fuera del control del gobierno en manos de diversas guerrillas, esa negativa hizo que se sumaran nuevas rebeliones y alianzas contra el gobierno.
Este año se prevé que más de 13 millones de congoleses requerirán asistencia y protección humanitaria, seis millones más que en 2017. Sólo en la región de Kasai más de tres millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria grave. Sin financiación ni apoyo, Congo se podría convertir en la crisis más grave de 2018.
Cambio climático
A pesar de Trump y los escépticos, hay un consenso científico de que el cambio climático es ya una realidad y sus consecuencias ya las están sufriendo numerosos países del mundo. Las sequías, las inundaciones por lluvias y los fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, ciclones y tormentas catastróficas), produjeron el pasado año graves crisis humanitarias, miles de muertos y daños prácticamente incalculables. Cosechas arruinadas, ganadería diezmada, destrucción de infraestructuras, epidemias que se extienden entre grandes masas de desplazados climáticos que no tienen acceso a medicamentos, agua potable o alimentos, son ya una realidad.
Etiopía ha sufrido varias sequías devastadoras seguidas, relacionadas con el fenómeno meteorológico conocido como El Niño, que se produce cada 2-7 años, pero también con el cambio climático. Dado que más del 80 por ciento de la población etíope subsiste de la pequeña agricultura, las consecuencias para el país han sido catastróficas: las cosechas se han arruinado año tras año, dejando a los agricultores sin semillas para plantar de nuevo, lo que ha provocado una situación de crisis alimentaria que afecta a más de 10 millones de personas.
Somalia también se enfrenta en estos momentos a una grave crisis alimentaria provocada por la sequía recurrente que ha llevado a buena parte de su población a una situación de hambruna. Más de la cuarta parte del país depende de la ayuda alimentaria para sobrevivir, porque no tienen acceso a los alimentos o no pueden pagar los elevados precios que éstos han alcanzado en el mercado por la escasez. Como consecuencia de esta situación y del desplazamiento de decenas de miles de personas que han abandonado sus hogares para buscar alimentos y agua, así como de la falta de acceso a servicios médicos, se han producido en el país brotes de enfermedades infecciosas fácilmente prevenibles con vacunas, y que son potencialmente mortales en determinadas circunstancias, como el sarampión. Por esta razón la OMS concluyó hace unos días una campaña de vacunación masiva del sarampión y de suministro de vitamina A para tratar de proteger a los niños somalíes, muchos de los cuales presentan tasas de desnutrición alarmantes.
Actualmente más de un millón de somalíes se han refugiado en los países vecinos y 1,5 millones son desplazados internos.
Islas del Pacífico
Las islas del Pacífico se han convertido, por culpa del cambio climático, en las zonas más vulnerables a los gigantescos huracanes y tormentas que se han producido durante 2017 y que llevan una progresión creciente desde hace algunos años.
Ya en 2008 la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) advirtió en un informe de la amenaza que el cambio climático supondría para la seguridad alimentaria: “El calentamiento de los océanos, los frecuentes ciclones tropicales, las lluvias torrenciales y las sequías tendrán un efecto devastador en los sistemas de producción alimentaria de los países de las islas del Pacífico”. “Éstas -según el informe- se encuentran en un permanente estado de recuperación”. Desde entonces la realidad ha venido dando la razón a la FAO. El aumento en la frecuencia e intensidad de las inundaciones costeras, y la salinización de las tierras como consecuencia de dichas inundaciones y la erosión, reducen las tierras disponibles para la agricultura. También se han comprobado la disminución de las capturas pesqueras por el aumento de las temperaturas del mar.
Ademas de las pequeñas islas del Pacífico, también archipiélagos como Filipinas están sufriendo con frecuencia el azote de los ciclones.
Durante 2017 vimos los efectos de los huracanes y tormentas en algunas de estas islas, que quedaron completamente devastadas por el viento y las inundaciones.
Islas del Caribe
Durante 2017 las islas y la zona costera del Caribe sufrieron el azote de tres huracanes devastadores, Harvey, Irma y María, los tres de categoría 5, la máxima posible. Antigua y Barbuda, San Bartolomé, San Martín, las islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Haití, Bahamas y Cuba experimentaron la violencia de los vientos y las lluvias, y olas gigantescas. Los daños fueron cuantiosísimos y los muertos se contaron por centenares. El huracán Irma quedó clasificado como uno de los más potentes de la Historia, con vientos superiores a 290 kilómetros por hora. Todo parece indicar que este tipo de fenómenos se repetirán durante 2018.

Se anuncia posible crisis humanitaria en el Salvador tras no renovación del TPS

Tomado de Mundo Hispanico
Una deportación masiva de los casi 200,000 salvadoreños que residen en Estados Unidos tras el fin estatus migratorio conocido como TPS podría suponer una crisis humanitaria para el país centroamericano, estimó el lunes una autoridad migratoria.
El presidente Donald Trump anunció el lunes que no renovará la protección legal, otorgada tras los daños causados por un huracán en 1999 y un terremoto en 2001 en Centroamérica y que fue renovada en varias oportunidades. El gobierno estadounidense esgrimió que El Salvador ha recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la infraestructura del país ha sido reconstruida por lo que no se justifica mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
 “Nuestro país no está preparado para recibir a miles de salvadoreños”, dijo en conferencia de prensa Cesar Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante. “Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la economía del país, un grave golpe al grupo familiar. Esto provocaría una crisis humanitaria”, agregó.
Ríos pidió buscar una solución permanente antes de que expire la vigencia del trato preferencial el 9 de septiembre de 2019.
Por su parte, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén expresó en un comunicado oficial su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por “la prórroga por un período de 18 meses” y consideró que la decisión “constituye un reconocimiento al aporte de nuestros compatriotas que cuentan con dicho beneficio migratorio, al ser en ese país una importante fuerza laboral y realizar relevantes contribuciones en otros ámbitos como el económico, el cultural y el social”.
Teresa Salmerón manifestó su preocupación por la situación de sus familiares amparados por el TPS. “Sigo preocupada, entiendo que no los van a sacar de ahorita, pero si no arreglan papeles van a tener que salir. ¿Qué van hacer ellos aquí? Aquí no hay trabajo y yo vivo del dinero que me dan”.
Según estudios recientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía en 2016 la población desempleada en El Salvador era de 204,636 personas, el equivalente a una tasa del 7 por ciento.
El 97 por ciento de los salvadoreños con TPS poseen 25 años o más, una tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en la construcción. A su vez, el 69 por ciento reside en Estados Unidos en viviendas de su propiedad.
Por otra parte, las remesas familiares son fundamentales para la economía del pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 4,576 millones de dólares a El Salvador, un 7.6 por ciento más que en 2015. Las remesas recibidas en 2016 equivalieron al 17.1 por ciento del Producto Interno Bruto.

Nota relacionada Gobierno de Estados Unidos cancela TPS a El Salvador

El gobierno salvadoreño ha puesto en marcha un plan para ayudar a sus compatriotas en Estados Unidos, donde ha contratado abogados y ha formalizado alianzas con organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para que asesoren a los salvadoreños a que gestionen la ciudadanía estadounidense.
También se trabaja en un programa de asistencia para quienes no cumplan los requisitos que les permitirían aspirar a un estatus migratorio estable y deban retornar a El Salvador.
Después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador más de 260,000 salvadoreños fueron beneficiados con el TPS. Con el tiempo algunos mejoraron su estatus migratorio y otros perdieron el beneficio. En la actualidad sólo 190,000 lo conservan.

Jefe de gabinete de Trump: "México no pagará por la construcción del muro fronterizo"

Publicado: 18 ene 2018 04:54 GMT | Última actualización: 18 ene 2018 05:45 GMT - RT
John Kelly estima que el muro costaría unos 20.000 millones de dólares, pero reconoce que nunca será construido.
Jefe de gabinete de Trump: "México no pagará por la construcción del muro fronterizo"
Jorge Duenes / Reuters
El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, declaró que México no pagará la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos y que este nunca será levantado completamente.
Así lo expresó durante un encuentro con legisladores demócratas en el Capitolio, según una fuente familiarizada con el caso, informó el diario The Washington Post.

La política migratoria de Trump ha evolucionado, según Kelly

Kelly afirmó también que algunas de las políticas de inmigración de línea dura que el presidente Donald Trump defendió durante la campaña electoral estaban "desinformadas".
Kelly dijo reiteradamente que Trump apoya la promulgación de protecciones legales permanentes para los 'dreamers' y que él ha ayudado al mandatario a evolucionar en política migratoria.
La reunión terminó sin ninguna resolución sobre lo que la Administración quiere exactamente a cambio de autorizar protecciones legales permanentes para unas 690.000 personas inscritas en el programa de Acción Diferida para la Llegada de Niños (DACA) de la era de Barack Obama, que Trump terminó el año pasado, según varios asistentes.

Posteriormente, Kelly en una entrevista con la cadena Fox News, tras ser cuestionado sobre el muro fronterizo —una de las principales promesas de campaña del magnate neoyorquino—, dijo que el Gobierno de México no pagará directamente por su construcción, aunque Trump no pierde sus esperanzas de obligarlos a hacerlo.
"De una manera u otra, es posible que podamos obtener ingresos de México, aunque no directamente de su Gobierno", afirmó Kelly, quién estimó también que su costo sería de unos 20.000 millones de dólares.
Sus palabras contrastan con los más recientes comentarios en Twitter de Trump, quien una vez más ha dicho que México será el que pague la construcción de su ansiado muro, e incluso sugirió que sería a través del Tratado Libre Comercio de América del Norte, cuyas negociaciones para su modernización se retomarán a finales de enero en Canadá.

Trump: "Necesitamos el muro para parar el flujo masivo de drogas de México"

Publicado: 18 ene 2018 13:33 GMT | Última actualización: 18 ene 2018 18:30 GMT - RT
El presidente de EE.UU. defiende a través de Twitter la construcción del muro fronterizo con México.
El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió este jueves a las declaraciones de su jefe de gabinete, John Kelly, que aseguró en una reunión con legisladores demócratas, filtrada por los medios estadounidenses, que el mandatario había cambiado su posición sobre el muro fronterizo con México. 
"Necesitamos el muro para la seguridad de nuestro país. Necesitamos el muro para ayudarnos a parar el flujo masivo de drogas desde México, ahora calificado como el país más peligroso del mundo. ¡Si no hay muro no hay trato!", ha afirmado Trump en la red social Twitter en relación a las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EE.UU. y México.
No es el único mensaje que ha mandado Trump al respecto en el día de hoy. También por la misma red social, ha publicado otros dos tuits. En el primero de ellos comenzaba: "El muro es el muro, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día que lo concebí", en clara alusión a las palabras de John Kelly.
Además, en un segundo tuit, el presidente estadounidense hizo referencia al pago del muro, sobre el que siempre ha manifestado que es México quien debe afrontar su coste: "Los 20.000 millones de dólares del muro son 'cacahuetes' comparado con lo que obtiene México de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio". "¡Es una mala broma!", ha concluido.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Actualmente se está procediendo a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EE.UU. y México, justo en un momento en el que el presidente Trump había bajado la presión sobre la cuestión de que el muro fuera pagado por los mexicanos. La respuesta podría ser que el muro se considerase amortizado dependiendo de qué tipo de acuerdos se alcancen en el marco del TLCAN.

México reitera a Trump que "no pagará bajo ninguna circunstancia" por el muro fronterizo con EE.UU.

Publicado: 18 ene 2018 16:13 GMT | Última actualización: 18 ene 2018 18:28 GMT - RT
El Gobierno de México ha respondido así a los tuits del mandatario estadounidense, en los que insiste en avanzar con la construcción del muro.
México reitera a Trump que "no pagará bajo ninguna circunstancia" por el muro fronterizo con EE.UU.
Palacio Nacional, México D.F., México.
wikipedia.org / Nanosmile / CC BY-SA 2.0 DE

El Gobierno mexicano respondió a los recientes tuits del presidente estadounidense, Donald Trump, y dicen que este país "no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México".
A través de un comunicado, emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, México señala que "esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional".
Este jueves, Trump dijo a través de su cuenta en Twitter que "¡Si no hay muro no hay trato!", en relación a las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EE.UU. y México.
Al respecto, México ha señalado que su posición en la mesa de renegociación del TLCAN "continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen".
Además, que "no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación".
En su mensaje, Trump también señaló que la urgencia del muro responde a que México ha sido "calificado como el país más peligroso del mundo" y que esa barrera también ayudará a "a parar el flujo masivo de drogas" provenientes del país latinoamericano.
"Aunque México tiene un problema significativo de violencia, es abiertamente falso que México sea el país más peligroso del mundo", han respondido desde la Cancillería mexicana.
Reiteraron que la violencia generada en México por el tráfico de "drogas, armas y dinero entre nuestros países" es "un problema compartido", que para terminarlo se deben atacar sus "causas de raíz", como "la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México".



Cien años se cumplen de la Revolución de Octubre de 1917.
TOPOEXPRESS

La revolución rusa no fue una utopía

La revolución rusa no fue una utopía
Retoma aquí Fernández Buey su serie sobre la Utopía, con una reflexión que viene como anillo al dedo frente a todos los que reprochan a los nuevos movimientos su supuesta debilidad en el planteamiento de alternativas.
¿Fue la revolución rusa de octubre de 1917 una utopía? Los contemporáneos de aquella revolución tuvieron tres respuestas diferentes para esta pregunta.
La primera respuesta dice: sí, fue una utopía en el sentido peyorativo de la palabra; fue desde el principio una fantasía, una ilusión, porque socialismo es sinónimo de abundancia, de gran desarrollo de la industria y de las fuerzas productivas en general, y la Rusia de entonces, el topos en el que se pretendía construir el socialismo, era un país económica y culturalmente atrasado (por lo menos en comparación con la Europa occidental de la época). Según esto, los bolcheviques soñaban despiertos. Tal fue la respuesta de la mayoría de los teóricos marxistas de la socialdemocracia alemana de entonces.
Libro recomendado
La segunda respuesta dice: sí, fue una utopía, aunque en el sentido positivo de la palabra; fue una aproximación al topos bueno, el intento de realización (parcial e imperfecta) de un ideal, el ideal socialista, en las condiciones históricas dadas y, en ese sentido, una utopía concreta, apreciable. Esta fue la respuesta de todas aquellas personas que pensaban que el espíritu de utopía es consustancial al movimiento revolucionario y al ideal emancipador o liberador.
La tercera respuesta dice: no, no fue una utopía; no fue una utopía en la acepción positiva de la palabra porque los sujetos que hicieron la revolución no querían tener nada que ver con utopías en el sentido de las fantasías y las ensoñaciones; y tampoco fue una utopía en la acepción negativa de la palabra porque, aunque la revolución no cumplía con los requisitos teóricos establecidos para la construcción del socialismo, los hombres y mujeres que la hicieron tenían la voluntad de poner las condiciones para hacer posible el topos bueno, la sociedad socialista. Esta respuesta fue la de Antonio Gramsci en 1918.
La revolución rusa no fue una autopía
José Carlos Mariátegui
El debate que produjo la contestación a aquella pregunta ha llegado hasta nuestros días. Y este debate es, entre otras cosas, un episodio significativo de lo que valen las palabras, de lo que cuenta en la historia quién y cómo las usa y de la importancia que tiene reconstruir el concepto cuando una palabra, en este caso la palabra “utopía”, ha quedado deshonrada. Vistas las cosas desde hoy, la tercera respuesta, la de Gramsci, es, sin duda, la más aguda de las respuestas que se dieron entonces a la pregunta. Para juzgar las cosas así importa poco que la revolución de 1917 acabara derrotada y que Gramsci haya sido un perdedor, un revolucionario sin revolución. Al fin y al cabo las pocas cosas de verdad importantes que se han dicho o escrito sobre estos asuntos las han escrito perdedores: de Platón a More, de Savonarola a Bloch, de Maquiavelo a Walter Benjamin y de Bartolomé de las Casas a Mariátegui y Guevara.
La respuesta de Gramsci suena un tanto paradójica. Se puede resumir así: la revolución rusa fue a la vez una revolución contra el capital (o sea, una revolución anticapitalista) y contra El capital (o sea, una revolución contra el libro célebre de Karl Marx). Y, siendo las dos cosas al mismo tiempo, no tiene por qué considerarse, sin embargo, como una utopía. ¿Cómo se come eso? Para entenderlo bien hay que probar a invertir el sentido corriente de las grandes palabras (utopía, orden social, socialismo), que están degradadas por el uso y el abuso, y recuperar el concepto auténtico que recubren. Esto obliga siempre a pensar por cuenta propia, con la propia cabeza, no sólo cuando se está en una determinada tradición (la socialista en este caso) sino incluso cuando se está en un partido político (el socialista o socialdemócrata que se quiere comunista, en su caso).

Hacia 1918-1919 Gramsci era un joven socialista revolucionario impresionado por lo ocurrido en Rusia. Ni más ni menos que tantos otros revolucionarios de entonces (socialistas, anarquistas, comunistas, libertarios e incluso liberales): como Lukács y Pestaña, como Pannekoek y De Leon, como Karl Korsch y Piero Gobetti. Pero aquel joven Gramsci no era un marxista típico: no era un marxista de manual, ni de libro, ni académico. No sabía tanto de Marx como Lenin, Kautsky, Trotsky o Rosa Luxemburg. Era un filólogo, pero no un marxólogo. Sabía de historia, pero no era un materialista histórico propiamente dicho. Daba mucha importancia a lo económico en el quehacer de los hombres en sociedad, pero no era determinista. Y daba tanta importancia importancia a la voluntad y a la subjetividad en la historia que, oyéndole hablar, parecía de una tribu distinta a la de los marxistas del momento.
La interpretación gramsciana de la revolución rusa como una rebelión, tan inevitable como voluntarista, que, contra las apariencias, entra en conflicto con las previsiones del primer volumen de El capital, fue en su momento tan atípica como sugerente. Gramsci ha sido uno los primeros socialistas en darse cuenta de la dimensión del problema político- social implicado por una situación muy nueva en la historia de la humanidad, a saber: la situación de un proletariado que era minoritario en el conjunto de la sociedad rusa, que en 1917 no tenía apenas nada que llevarse a la boca y que, sin embargo, resultó ser hegemónico, en un océano de campesinos, durante el proceso revolucionario propiciado por la guerra mundial; la situación paradójica, en suma, de una clase social que nada tiene, excepto –nominalmente– el poder político.
Gramsci adopta un punto de vista original: niega que haya leyes históricas con carácter absoluto; se opone a la aplicación de esquemas genéricos, muy abstractos (tomados de la interpretación del desarrollo normal de la actividad económica y política del mundo occidental), a la historia de Rusia; postula que todo fenómeno histórico tiene carácter individual o particular y que, por tanto, tiene que ser es tudiado en su concreción; afirma que el desarrollo histórico se rige por el ritmo de la libertad y acaba poniendo en primer plano el papel de la psicología, de la voluntad, de la subjetividad de los individuos que actúan desde y ante la necesidad particular. Rebate así Gramsci la opinión de que la revolución en curso tenga que ser considerada como una utopía.
La revolución rusa no fue una utopía
Piotr Kropotkin
Observa Gramsci que la intención de cambiar el mundo de base, de transformarlo en un sentido igualitario, socialista, tal como se expresa en el canto de La Internacional, suele identificarse vulgarmente con la utopía. La palabra degeneró, quedó deshonrada, a partir del momento en que se impuso el punto de vista según el cual toda propuesta de transformación, de cambio radical del mundo capitalista en que vivimos, es utópica, es una utopía, una ensoñación, ilusión irrealizable. Pero Gramsci distingue entre el sentido histórico que tuvo la utopía desde el Renacimiento y, sobre todo, en el siglo XIX, y el uso contemporáneo, ya habitual en el siglo XX, de la palabra. Históricamente con la utopía se quería proyectar en el futuro un fundamento del orden nuevo que quitara a los de abajo, a los pobres y proletarios que querían cambiar el mundo, la impresión de salto en el vacío. Este es el lado bueno de las utopías históricas, Pero lo que hace utópica en un sentido negativo o peyorativo –argumenta Gramsci– la aspiración al ideal de un orden nuevo no es la afirmación del principio moral (igualitario) que conlleva esta aspiración, sino el detalle sobre lo que debe ser la ciudad ideal, sobre la sociedad del futuro. La verdadera utopía negativa es la pretensión de que, para anticipar el orden nuevo, hay que basarse en una infinidad de hechos, en lugar de basarse en un solo principio moral, en función del cual luego se actúa. Lo que hace del ideal una utopía es, para Gramsci, la pretensión de calcular lo incalculable, de prever más de lo que razonablemente el hombre puede prever tratándose del futuro. Algo parecido había escrito el anarquista ruso Piotr Kropotkin: “Es imposible legislar para el futuro. Todo lo que podemos hacer con respecto al porvenir es precisar vagamente las tendencias esenciales y despejar el camino para su mejor y más rápido desenvolvimiento”.
El defecto de las utopías, que Gramsci llama “orgánico”, o sea, sustantivo, estriba íntegramente en esto: en creer que la previsión puede serlo de hechos, cuando lo razonable es pensar que en cuestiones sociopolíticas y socioculturales la prognosis, la anticipación, sólo puede serlo de principios o de máximas jurídicas. Las máximas jurídicas (el derecho, el ius, es, para Gramsci, la moral actuada, en acto) son creación de la voluntad de los hombres. Si se quiere dar a esa voluntad colectiva una dirección determinada, hay que proponerse como meta lo único que razonablemente puede serlo, pues en otro caso se cae en el detallismo, y el exceso de detalle anticipado sobre la organización del futuro, después de un primer entusiasmo, hace que las voluntades se ajen, se disipen, que la voluntad individual y colectiva decaiga y que lo que fue entusiasmo inicial se convierta en mera ilusión o en desilusión escéptica o pesimista.
Esta manera de ver las cosas supone una inversión de lo que el realista cree habitualmente. Éste tiende a pensar que la aspiración declarada a un orden nuevo será tanto más utópica cuanto más genérica y de principios porque la afirmación de principios deja muchos cabos sueltos acerca de qué ha de ser en concreto la sociedad del futuro. Gramsci, en cambio, mantiene que la aspiración al socialismo se degrada y se convierte en (mala) utopía cuanto más intentemos detallar cómo funcionará esa sociedad del futuro: a más detalle más degradación de la aspiración.
Reflexionando sobre el significado de la revolución rusa Gramsci descubre el Escila y Caribdis de la utopía. Scila: la conversión del ideal en programa detalladísimo para el futuro a partir de la consideración (en principio razonable) de que si no se perfila con todo detenimiento y concreción cómo serán la ciudad y la sociedad del futuro los que tienen que cambiar la sociedad presente no se moverán porque les parecerá que no hay garantías y se resignarán. Caribdis: presumir de que es posible pasar definitivamente de la utopía a la ciencia, imaginar una ciencia superior a la que se da el nombre de “socialismo científico” y concluir, de manera determinista, que la buena aplicación del método que funda esta ciencia tiene que conducir a la sociedad armónica, regulada, socialista, con la consideración (razonable también) de que los hombres no van a cambiar el mundo fantaseando sobre el futuro sino conociendo las leyes de la historia como se conocen las leyes de la naturaleza.
Ernst Bloch
Esta reflexión de Gramsci deja abierto un problema interesantísimo que ha llegado hasta nuestros días y del que hay un eco más reciente en la oposición entre el principio esperanza de Ernst Bloch y el principio de responsabilidad de Hans Jonas. El problema se puede formular así: ¿hasta dónde se puede concretar y precisar en la anticipación del orden nuevo cuando se ha llegado a la conclusión de que la mera afirmación del reino de libertad como principio es tan utópico (en el sentido negativo) como utópica es la pretensión de prefigurar en detalle lo que será la sociedad futura? ¿Puede la buena utopía, la utopía concreta que no quiere verse reducida a ensoñación, ilusión o fantasía, afirmar algo más que lo que Gramsci llamaba principios o máximas jurídicomorales y Kropotkin “precisar vagamente las tendencias esenciales”? O planteado de otra manera: ¿es posible escapar al Escila y Caribdis de la utopía por la vía de una futurología que no sea utópica en el sentido peyorativo de la palabra? ¿Lo ha intentado realmente el pensamiento socialista? La respuesta a esta otra pregunta tiene que ser: sí, lo ha intentado. Y lo sigue intentando. Ese intento consiste en precisar por la vía negativa. O sea: no diciendo “el socialismo será así y así”, sino diciendo más bien: “el socialismo no podrá ser así y así” porque quererlo sería tanto como: a) rebasar las capacidades humanas, o b) entrar en contradicción con los principios jurídico-morales que nos proponemos plasmar. Por esa vía negativa el pensamiento socialista acaba encontrándose con Maquiavelo: “Conocer los caminos que conducen al infierno para evitarlos”.
Hans Jonas
Ya los clásicos del socialismo fueron algo más allá de los principios jurídico-morales. Precisaron, por ejemplo, al hablar del trabajo, que el socialismo no aspira a superar toda división del trabajo (puesto que hay una división técnica del mismo que es condición sustantiva para la producción de riqueza), sino precisamente ese tipo de división social fija que hace que los hijos y los nietos de los trabajadores manuales sigan siendo trabajadores manuales mientras que los hijos y los nietos de los empresarios, funcionarios e intelectuales sigan disfrutando de los privilegios de sus antepasados.
Precisaron, por ejemplo, al hablar de la distribución en la futura sociedad de iguales, que el socialismo no aspira a repartir entre los trabajadores el fruto íntegro de su trabajo, porque del producto social total habrá que deducir fondos para la reposición de los medios de producción consumidos, fondos para la ampliación de la producción y proveer, entre otras cosas, un fondo de reserva contra accidentes y perturbaciones debidas a fenómenos naturales cuya cantidad no se puede calcular con criterios de justicia sino, a lo sumo, según el cálculo de probabilidades.
Precisaron, por ejemplo, al hablar del producto que habrá que destinar al consumo antes de llegar al reparto individual, que, aunque se simplifique drásticamente el aparato burocrático y aún aspirando a ello, se deben tener en cuenta los costes generales de la administración, lo que hay que dedicar a escuelas, a la sanidad y a otras necesidades sociales como las de los impedidos, inválidos e imposibilitados que en las sociedades anteriores han ido a cargo de la beneficencia.
Precisaron, por ejemplo, cómo pagar al trabajador en una sociedad socialista cuando se ha establecido ya el control social de la producción, a saber: mediante un vale que certificaría lo que el trabajador ha aportado, deduciendo en él lo que aporta al fondo colectivo; vale con el que el trabajador individual podrá obtener de los depósitos sociales de bienes de consumo una cantidad que cuesta lo mismo que su trabajo (en el sentido de que es equivalente).
Precisaron, por ejemplo, que siendo el trabajo el criterio principal por el que ha de regirse el derecho en la sociedad socialista, la concreción de la igualdad, más allá de las abstracciones, tiene que tener en cuenta las diferencias de aptitudes, capacidades y situaciones de los ciudadanos trabajadores, por lo que habrá que introducir algún tipo de discriminación, o sea, de derecho de la desigualdad, en este caso positiva, para favorecer a los que estén en peor situación de partida.
Y si se quiere seguir hablando de socialismo en serio, sin perder el espíritu positivo de la vieja utopía, habrá que seguir precisando en esa línea. Precisando sobre lo que, racional y plausiblemente, no puede ser. Esa es la vía que, con el tiempo, condujo a la nueva utopía, a la utopía rojiverde, al socialismo ecológicamente fundamentado. Y esa es, en mi opinión, la única vía que permite juntar utopía y ciencia sin que las dos palabras se peguen entre ellas ni caer en un cientificismo en el que no puede creer hoy en día ningún aspirante a científico social que se precie.

HONDURAS

Un fraude con sabor a golpe de Estado con modalidad electoral

Escrito por Padre Melo.
Posted

El 22 de diciembre el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Orlando Hernández como presidente electo. Con su decisión calló a Luis Almagro, Secretario General de la OEA con su llamado a nuevas elecciones, y condenó a los manifestantes hondureños a quedar al margen de la ley, y por eso mismo, expuestos a las arbitrariedades de los órganos de seguridad y de fuerza de un Estado hondureño organizado en muy poco tiempo para defender las arbitrariedades de un reducido sector de políticos y empresarios liderado por Juan Orlando Hernández, quien como se sabe, supo aprovechar su investidura para controlar los otros poderes del Estado para impulsar su candidatura de facto a la inconstitucional reelección presidencial.

El presidente que el Departamento de Estado eligió

Los promotores del fraude anunciado y ejecutado antes, durante y después del 26 de noviembre quedaron con la razón, con la ley y con las armas apuntando a transgresores del orden público. Los que se oponen al fraude y demandan nuevas elecciones o rechazan una dictadura, quedan fuera de la ley. Washington hizo caso omiso a todas las voces y protestas que denunciaron el fraude y exigían anulación de elecciones y la convocatoria a nuevos comicios. Con su reconocimiento, el gobierno de Estados Unidos dio su espaldarazo al desacreditado Tribunal Supremo Electoral quien, a través de su presidente, David Matamoros, oficializó el día 17 del mismo mes de diciembre los resultados electorales que dieron por triunfador al presidente hondureño.
Una vez que Washington reconoció al presidente electo, el grueso de la comunidad internacional dobló sus rodillas. Los países comenzaron oportunos y con celeridad, como en concierto armónico, a publicar sus cartas de felicitación al nuevo presidente electo, y todos, sin excepción, haciendo eco del llamado al diálogo nacional, convocado por el mismo presidente Hernández, para buscar consensos que pusieran fin a la crisis política hondureña. El reconocimiento en su conjunto dejó entre líneas diplomáticas que en Honduras hay un problema, que en una dosis importante de ese problema reside en el gobierno al que reconocen, y por eso mismo la sociedad debe tener una participación activa en la búsqueda de resolución de la crisis.
El poder de Estados Unidos se hizo sentir con toda su fuerza. Bastó que hablara para que los demás rompieran el silencio. No importó la protesta contra el fraude. No importó si hubo o no hubo fraude en las elecciones del 26 de noviembre. Tampoco importó el país en que había ocurrido esta crisis. Lo que importó para la llamada “comunidad internacional” fue su sumisión a la palabra dictada por Washington. Una vez más quedó patente el poder del imperio y la inexistencia de países como Honduras. Lo que pase en el presente y el futuro a este país es lo de menos. Si se despedazan sus gentes por conflictos internos, si se instaura una dictadura, eso no interesa. Lo que pesa son intereses geopolíticos y financieros. Y para esto la comunidad internacional necesitará siempre estar bien con lo que quiere y dice Washington.

El miedo a un fantasma geopolítico, ganó las elecciones

El miedo a un fantasma ganó las elecciones hondureñas del 26 de noviembre pasado. Un fantasma revoloteó por las oficinas hondureñas de los políticos de la extrema derecha primitiva, de la más alta élite empresarial, de algunas oficinas de un conspicuo sector autodenominado de “sociedad civil”, de los escritorios de misiones extranjeras, de misiones especiales de observadores, y especialmente de las oficinas de la Embajada Americana y en el buró de altos funcionarios del Departamento de Estado en Washington.
El miedo a un fantasma impuso finalmente la decisión que se decantó a favor del nada confiable en muchos de esos círculos Juan Orlando Hernández. Ese fantasma tiene nombre y apellido: Manuel Zelaya Rosales, un fantasma que, por estar en los hechos desprendido de sus rasgos humanos naturales, en todas estas oficinas acabó siendo tratado bajo la categoría de un auténtico mito, como si se tratara del monstruo de la laguna negra con los que los padres amenazan a los niños si no se van temprano a la cama.
No ha sido Juan Orlando Hernández quien propiamente ganó en esta vorágine política hondureña. No fue tanto el fraude el que por sí mismo se impuso. Si el gobierno de los Estados Unidos no se hubiese decidido por respaldar a Juan Orlando Hernández existían muchas razones para acusarlo de fraude y obligar al Tribunal Supremo Electoral a declarar ganador a Nasralla. No ganó Juan Orlando Hernández, tampoco el fraude. Quien ganó fue el miedo y prejuicio del gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado a un gobierno que tuviera a Manuel Zelaya Rosales como principal protagonista. Nunca tuvo reparo en Salvador Nasralla. A lo sumo se rió con sarcasmo cuando lo imaginaban de presidente. Pero persistió el convencimiento de que quien gobernaría tras Nasralla sería el hombre del sombrerón.

Se impuso la lógica de la banana republic

De nuevo se ha impuesto en Honduras la geopolítica imperial por sobre los dinamismos nacionales. De nuevo ha pesado en Honduras la lógica de la Banana Republic: los asuntos hondureños se definen sin el país, fuera del país y en contra del país. El Departamento de Estado y el Comando Sur, por encima de las tibiezas de los demócratas que están en la Embajada en Tegucigalpa, decidió cerrar filas en contra del peligro que para ellos supone un gobierno imprevisible como el que se venía venir con un pendular Salvador Nasralla y un Zelaya Rosales con sus vasos comunicantes con el tambaleante socialismo del siglo veintiuno.
Cualquier cosa, incluso seguir avalando a un rufián y mafioso Juan Orlando Hernández, a tropezar de nuevo con la misma piedra o la redición en Honduras de un gobierno al que se le dio golpe de Estado en 2009 por haber establecido sospechosas alianzas no controladas ni por el Departamento de Estado ni por la élite más exclusiva de la oligarquía criolla. El fantasma de Manuel Zelaya revoloteó en todo el proceso electoral, estuvo presente en el conteo de los votos, formó parte de las sumas y restas de Juan Orlando con los obedientes miembros del TSE, y de las pláticas y decisiones con la Embajada y los miembros del Departamento de Estado.

Juan Orlando perdió irremediablemente las elecciones

Él lo sabe, lo sabe David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral, lo saben los miembros de la Misión de Observación de la OEA y de la Unión Europea. Lo sabe el Departamento de Estado. Y lo sabe y lo convierte en rabio un sector mayoritario de la sociedad hondureña que votó en las elecciones no tanto porque creyera con firmeza en Salvador Nasralla, sino por el repudio a Juan Orlando Hernández, quien se ha convertido en l individuo hondureño más repudiado en la historia política de al menos los últimos 40 años.

Rasgos con los que se recuerdan a los presidentes hondureños

De los militares que dieron golpes de Estado en los años setenta, se les recuerda con burla por sus acumuladas ignorancias, y todo mundo en Honduras se mofa de Suazo Córdova, el primer presidente en la era de las democracias representativas por abrir las puertas a las políticas intervencionistas de los gringos con sus alardes pueblinos y su concepción de alcalde de pueblo. A Azcona Hoyos se le recuerda por la mediocridad con la que trató la demanda internacional de sacar a la contrarrevolución nicaragüense de territorio hondureño, mientras que a Callejas se le asocia inevitablemente con el más feroz neoliberalismo teñido de galopante corrupción patrimonial. Callejas es el símbolo de gobernante corrupto, que hasta lo convertía en héroe de la cleptocracia.
Carlos Roberto Reina quedó en el imaginario hondureño como el presidente que quiso adecentar la institucionalidad con una inexistente “revolución moral”, aunque dejó el imperecedero recuerdo de haber abolido el servicio militar obligatorio. De Flores Facussé se queda una agenda política arrasada por la tormenta tropical Mitch, y por ser un eximio controlador mediático a través de la sublime compra de periodistas. Fue el auténtico constructor del “cerco mediático” hondureño. Maduro se quedó en la memoria popular como el hombre de la mano dura, que pasó su gobierno entero vengando la muerte de su hijo y capitalizar las ayudas del Mitch para fortalecer las alianzas de la élite más pura de la oligarquía con el capital transnacional expresado en la ratificación de los tratados de libre comercio.
A Zelaya Rosales se le asocia con un “poder ciudadano” que puso a temblar todo lo que de que neoliberalismo se había consolidad desde Callejas hasta Maduro, la Cuarta Urna y el golpe de Estado. De Micheletti apenas se recuerdan su estridente tripleta de gritos de “Viva Honduras” propios de la afortunada mentalidad de un “gorilete”; de Pepe Lobo se le asocia con la mano extendida hacia la comunidad internacional suplicando reconocimiento, y tapando los agujeros que dejaban a su paso las prácticas corruptas de sus más cercanos colaboradores, incluyendo a su amada “mi Rosa”. ¿Y de Juan Orlando Hernández? Solo como el individuo cínico y ambicioso que alcanzó los niveles de repudio que ni por asomo alcanzaron sus predecesores en la silla presidencial.
Juan Orlando Hernández representa al sector de la élite más exclusiva de la oligarquía hondureña que tuvo el mayor liderazgo en la implementación del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. No existe contradicción entre el hecho político de haber defenestrado a Zelaya Rosales con el argumento de buscar la reelección y de respaldar con fervor a Juan Orlando Hernández en su empresa de reelegirse pasando por encima de la Constitución de la República, porque en ambos eventos persiste la defensa de negocios y el control del Estado como el mayor de los negocios. Lo de la ley es asunto contingente y pragmático.

Cinco líneas de batalla de la estrategia para blanquear el fraude

Para la élite que lidera Juan Orlando Hernández el ciclo electoral se cerró con el reconocimiento por parte del Departamento de Estado. Como parte del proceso hacia de la asunción de su gobierno en esta etapa especialmente difícil, el equipo de Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha una evidente estrategia política con al menos cinco líneas simultáneas de trabajo.
La primera es la línea internacional conducente a buscar el reconocimiento de la comunidad internacional, el cual temporalmente se ha ido logrando con notable éxito. De la mano del Departamento de Estado, el equipo de Juan Orlando Hernández encabezado por Arturo Corrales, ex canciller de la República y ex ministro de Seguridad, y experto en el uso de encuestas para blanquear fraudes o crear maliciosamente tendencias, penetró los pasillos del gobierno de Estados Unidos, y en una jugada del más descarado servilismo, se ofreció a ser uno de los países en votar a favor de la propuesta del gobierno de Trump de declarar Jerusalén capital de Israel a cambio del reconocimiento del triunfo electoral de Juan Orlando Hernández. Una vez alcanzado el favor de Washington el resto de reconocimientos vendría por añadidura.
La segunda línea es la estructuración de la alianza interna con los sectores afines a Juan Orlando a través del recurrente llamado al Diálogo Nacional, una línea íntimamente unida a la primera, puesto que todos los países que en el concierto armónico del reconocimiento incluyeron en su carta oficial el llamado a que el diálogo interno conllevara a la superación de la crisis política suscitada por el estrecho margen electoral con el que finalmente el TSE le adjudicó el triunfo a Juan Orlando Hernández. Esta línea del diálogo ya fue usada en 2015 en el fragor de la crisis que se expresó en el fenómeno de las antorchas, cuando se estrenó la consigna, ¡Fuera JOH! Sin duda la más popular que se haya conocido en Honduras en las últimas décadas, y que dio origen a la canción “¡Es pa fuera que vas!” tan cantada a lo largo del país y sonada en las redes sociales que, de acuerdo a una encuesta de internet de música, logró ocupar a finales de diciembre el lugar número tres entre las 50 canciones más escuchadas en el año 2017 a nivel internacional.
Cuando Juan Orlando y su equipo se vieron acorralados por las presiones por investigar y enjuiciar a quienes saquearon el Instituto Hondureño del Seguro Social, se convocó a un diálogo “incluyente y abierto”. Sin embargo, en el mismo participaron los afines a Juan Orlando Hernández, y del mismos surgió lo que hoy se conoce como la MACCIH (Misión de Apoyo a la lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) como respuesta oficial que en arreglo con el Secretario de la OEA logró amarrar Arturo Corrales Álvarez a la sazón Canciller de la República, en respuesta a la demanda de una CICIH, una comisión de la ONU al modo como se instaló en Guatemala. La MACCIH fue una especie de híbrido que nunca acabó de cuajar no obstante la buena voluntad de algunos de sus integrantes.
Sin embargo, el auténtico fruto de aquel diálogo fue haber “normalizado” la situación, aplacado la crisis para allanar el camino para que Juan Orlando y su equipo avanzaran con precisión hacia la candidatura a la reelección presidencial, asunto que devino en la crisis electoral que orilló al país a una auténtica convulsión política y social, que hoy se trata de solventar con la reedición de un diálogo cuyo punto de partida es dejar intactas las reglas del juego en torno a la aceptación de los polémicos y conflictivos resultados electorales.
Esto es así porque el diálogo, que no fue ni abierto ni incluyente, buscaba aplacar la crisis, no resolverla, y fue como una tapadera puesta en una olla hirviendo en un fuego que no se aplacó. Ese fuego llevó a que la olla rebalsara con ocasión del proceso electoral conducido por una reelección que desde todo punto de vista fue el factor que disparó todos los conflictos, malestares y repudios concentrados en la figura de Juan Orlando Hernández.
La tercera línea de trabajo es la alianza magistral de Juan Orlando Hernández con los propietarios de los principales medios de comunicación. Es la línea mediática del blanqueo del fraude. Aquí se han afinado todos los dispositivos para ignorar a los opositores cuando hay que hacerlo; estigmatizar su trabajo y sus vidas, presentándolos como enemigos de la paz, aliados del crimen organizado, promotores del vandalismo y el desorden; sobornarlos o cooptarlos si encuentran la ocasión, cosa buscaron hacer con mucho esmero con el candidato de la Alianza Opositora Salvador Nasralla, a quien consideraron el eslabón más débil para provocar fricciones conducentes a la división interna; criminalizarlos, como en efecto ha ocurrido con la captura y levantamiento de procesos judiciales en contra de decenas de manifestantes con algún nivel de liderazgo de las diversas zonas con mayores índices de protestas; y finalmente, la persecución y eliminación física de varios de los líderes de base de la oposición.
Todo esto se ha manejado de manera proverbial y sin fisura a través de los medios de comunicación, los cuales se han dedicado a elevar el perfil humano, espiritual, familiar y del estadista Juan Orlando Hernández, a destacar los beneficios del diálogo nacional para unir y reconciliar a la familia hondureña, a destacar los daños y perjuicios ocasionados por el vandalismo de quienes se resisten a aceptar las reglas del juego de la democracia en donde hay un ganador y un perdedor, a destacar el reconocimiento internacional de los países a la democracia hondureña y a celebrar con alegría y regocijo espiritual la magia de la navidad y del año nuevo.
La cuarta línea de trabajo es la inversión económica descarada en afianzar la alianza con los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Militar del Orden Público, de la Policía Nacional, y con los colaboradores más cercanos. Esta línea comenzó con los oficiales y clases del batallón Cobras de la Policía Nacional tuvieron un conato de sublevación pocos días después de las elecciones. El Presidente atajó personalmente la crisis con una inversión notable de dinero. El éxito de este operativo lo la trasladado a todos los mandos de las diversas estructuras armadas del Estado, y a otros colaboradores civiles a los que interesa tener muy a gusto para evitar que salte en esta crisis una desagradable sorpresa sin control.
La quinta línea de trabajo es la frontalmente represiva y de fuerza bruta contra manifestantes y opositores. Para el éxito de esta línea Juan Orlando Hernández decidió nombrar nuevos comandantes del ejército, entre ellos al General René Orlando Ponce Fonseca, estricto amigo personal, y formado en el Batallón 3-16, escuadrón de la muerte, responsable de asesinatos y desaparición forzada de decenas de opositores al Estado en la década de los ochentas. Mientras organiza con diligencia y publicidad el diálogo de nuevo “amplio e incluyente”, como en 2015, y que entonces no sirvió sino para catapultarlo a la reelección, las fuerzas represivas persiguen, captura, torturan, desaparecen y cuando los perseguidos tienen” suerte” los entregan a la fiscalía para que la misma los acuse por delitos de terrorismo, daños a la propiedad privada y sedición que suponen la condena por varios años de cárcel sin derecho a fianza o a medidas sustitutivas.

Entre todos los escenarios, el peor

Entre todos los escenarios, ninguno de ellos ideal, Honduras entró a partir del 22 de diciembre en el peor de los escenarios, el escenario que confronta y polariza sin posibilidades de entendimientos o negociaciones al proyecto autoritario que por la vía de la reelección y el fraude se erigirá a partir del 27 de enero en una auténtica dictadura liderada por Juan Orlando Hernández, con una oposición que aunque sin una articulación sólida, hace coincidir a todos los sectores que a ella se remiten en el repudio, rechazo y accionar en contra de la dictadura. Ese es el marco contextual en el que se sitúa este escenario por el cual optó el gobierno de los Estados Unidos y que conduce a una inevitable ingobernabilidad para los próximos años. Cuando el 27 de enero de 2018 Juan Orlando Hernández reciba la banda presidencial por segundo período consecutivo, al menos tres cuartas partes de la sociedad hondureña, entenderá ese gesto como la instauración de un gobierno de facto, que llegó a esa magistratura por la vía fraudulenta. El estigma del fraude no solo no se lo podrá quitar el gobierno entrante, sino que seguirá siendo el factor decisivo detonador de conflictos, movilizaciones y protestas.

Rasgos de una dictadura débil y enclenque, pero altamente peligrosa y mortífera

El gobierno que se inaugurará a partir del 27 de enero de 2018 será simultáneamente el gobierno más débil de la historia política hondureña al menos de los últimos 35 años. Y lo será porque su legitimidad está carcomida. Ya la primera administración de Juan Orlando Hernández se caracterizó por su escasa legitimidad. Fue legalmente muy dudoso y legítimamente muy pobre. En su segunda administración, Juan Orlando Hernández representará a un gobierno con el nivel más bajo de legitimidad y con una alta dosis de ilegalidad.
A estos dos rasgos habrá que añadir además la percepción amplia de estas tres cuartas partes de la sociedad de que el gobierno hondureño es usurpador de la voluntad soberana del pueblo, y por tanto es una dictadura impuesta inconstitucionalmente. A este usurpador habrá que hacerle la vida imposible, no puede gobernar en paz un gobierno que le ha quitado la paz a la sociedad, dirían estos amplios sectores hondureños. Y finalmente, el gobierno de Juan Orlando Hernández seguirá cargando con el calificativo de corrupto, debidamente ganado a pulso por el manejo oscuro de los bienes públicos por parte de los círculos más estrechos de los colaboradores de Juan Orlando Hernández en su primera administración como cuando lo fue como presidente del Congreso Nacional.
Un gobierno ilegal, ilegítimo, usurpador y corrupto no puede sostenerse en el poder si no es a costa de seis factores íntimamente articuladores:
Primero factor: una enorme inversión en la compra y soborno de voluntades, conciencias, estómagos en todos los niveles de la sociedad, desde los más encumbrados empresarios, políticos, profesionales y empleados, hasta los líderes de base necesarios para la atención clientelar de las demandas. El presupuesto de Casa presidencial y el discrecional del presidente deberán elevarse a niveles conocidos y sobre todo desconocidos incluso por los círculos de poder dentro del gobierno.
Segundo factor: la fuerza de las armas, con una inversión permanente y constante en la militarización de la sociedad y el fortalecimiento de la Policía Militar del Orden público. No le queda ninguna otro camino que recurrir a la represión y a la coerción, porque el Estado bajo la conducción de un gobierno fraudulento, usurpador, ilegal e ilegítimo perdió la capacidad de construir consensos, porque su naturaleza lo conduce únicamente a promover disensos. Y eso lo obliga a convertirse en un Estado esencialmente coercitivo. La militarización del Estado y amenazar con armas a la sociedad para mantenerla con miedo, serán plenamente necesarios para un gobierno con tan altos niveles de debilidad. El poder del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se elevará a niveles de llegar a ser la instancia en donde se toman todas las decisiones determinantes para el país, porque será la defensa y la seguridad basada en las armas y la inteligencia militar los instrumentos fundamentales del gobierno dictatorial.
Tercer factor: este gobierno deberá estar buscando alianzas permanentes con la élite más exclusiva y rica de Honduras y con el capital transnacional en base a establecer una alianza sólida con esto que en Honduras se ha dado en llamar COALIANZA. La privatización de los bienes, los proyectos extractivos y los contratos basados en los sobornos y chantajes serán típicos de un gobierno que necesita congraciarse con quienes manejan los capitales para evitar tenerlos en algún momento como sus enemigos porque resultaría fatal. De especial importante será el cuidado de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con quien de manera muy particular se habrá de expresar la ausencia de libertad y autonomía a través de los vínculos y prácticas serviles frente a la política de seguridad de Estados Unidos que será la determinante en sus relaciones con el gobierno hondureño.
Cuarto factor: el manejo mediático a través de compromisos directos con los propietarios de los medios de comunicación y con la inversión en publicidad en todos los medios posibles, con el propósito de tener el control de la noticia y del manejo de la opinión pública. De igual manera, se deberá invertir en el soborno permanente de periodistas a título personal para fortalecer la línea oficial de la noticia y de la línea editorial, y en atenazar, chantajear, amenazar a medios y comunicadores que se salen de la égida del “cerco mediático”. El sabotaje a una antena y torre de radio Progreso ocurrido entre la noche y madrugada de los días 9 y 10 de diciembre es apenas una advertencia a lo que podría ocurrir a los medios de comunicación que no se sometan a la línea oficial del cerco mediático.
Quinto factor: el manejo de lo jurídico a través de la legislación que se aprobará en el Congreso en virtud de contar con mayoría de diputados, y de los instrumentos que se aprueben para endurecer leyes, para aplicar penas a los detractores y para facilitar salidas legales a los aliados con quienes se necesita mantener excelentes relaciones.
Sexto factor: el sustento divino como necesidad de dar legitimidad sobrenatural a una debilidad política casi insostenible. Nunca se hablará tanto de Dios y de la providencia divina como en el gobierno que se inaugurará con los rasgos autoritarios y autárquicos como en este segundo período de Juan Orlando Hernández. Recurrir a Dios y al providencialismo como conductores de la obra humana de Juan Orlando Hernández sin duda que se expresará en alianzas específicas con iglesias, tanto evangélica como católica.

Los escenarios ciudadanos para derrocar a la dictadura

Escenarios a construir. El escenario ideal, pero menos posible, es el que revierte el proceso de fraude, y se convoca a nuevas elecciones bajo estricta supervisión internacional. Esto supondría que el Departamento de Estado rectifique, retomo con responsabilidad el análisis de los riesgos para la sociedad hondureña, y acabe dando un respaldo a la Secretaría General de la OEA. Este escenario es tan irreal como esperar que el gobierno de Estados Unidos se convierte en las reyes magos que traen regalos para el pueblo hondureño.
Otro escenario es la construcción de una convocatoria amplia de ciudadanía en rebeldía contra la dictadura que presiona desde los diversos ámbitos a que el gobierno tenga cada menos espacio para impulsar su propuesta autoritaria y en amenaza a la soberanía nacional y popular. Este escenario es el necesario y obligado a construir por parte de los diversos sectores que rechazan el fraude y la imposición de la dictadura.
Esto supone un amplio espectro de alianzas que irían desde los sectores más radicales del partido Libertad y refundación, pasando por el espectro que conformó la Alianza Opositora contra la Dictadura, llegando al sector del partido Liberal que lidera Luis Zelaya hasta extenderse a los sectores ciudadanos y populares que actualmente se aglutinan en la Convergencia Contra el Continuismo que aglutina a diversas iniciativas articuladoras de diversos sectores sociales y ciudadanos.
Una amplia alianza así, a partir de consensos básicos comunes puede impulsar una estrategia que puede ir desde la ampliación de las convocatorias para que cada vez más gente quepa y se integre a esta convocatoria ciudadana opositora, las estrategias mediáticas, la estrategia legal y de derechos humanos, la estrategia de incidencia internacional, la estrategia de contenidos hasta la actividad en la calle.
Con una convocatoria opositora ciudadana amplia como esta y una estrategia en base a consensos comunes, no habría manera de que el proyecto dictatorial tenga margen de éxito. Aunque tenga las armas y se esfuerce en imponer su ley, llegará un momento en que se verá en la obligación de negociar una salida, que puede ser a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, en caso de llegarse a este extremo, deberá ser parte integral de la estrategia de lucha de la Convocatoria Opositora Ciudadana.
Escrito por Padre Melo.

Familiares dudan que manifestante de la Alianza se haya ahorcado en su celda

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Familiares de Óscar Antonio Flores, de 32 años de edad, encontrado este fin de semana ahorcado en una celda de la posta policial del municipio de Pespire, Choluteca, en el sur de Honduras, exigen justicia ya que la víctima presentaba golpes en varias partes del cuerpo y dudan que éste haya suicidado,como aseguran autoridades policiales. 
El joven presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo somo se aprecian en su camiseta
Según relatos de las personas que se encontraban en escena, el ahora occiso fue detenido durante la manifestación que se salió de control. La zona sur ha sido de las regiones comerciales más afectadas por las tomas de carretera en los últimos meses.

Los afectados afirman que el arresto de Óscar Antonio, se dio luego de que éste participara en una protesta con toma de la vía por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura en esta zona del país.

Desde el pasado mes de diciembre simpatizantes y el liderazgo de la coalición opositora reporta más de 30 víctimas mortales a causa de la represión violenta del régimen de Juan Hernández; del lado de los uniformados las autoridades reportan al menos tres víctimas, sin embargo este extremo aún no ha sido confirmado por entidades de derechos humanos en el país.

Tanto el candidato presidencial opositor, Salvador Nasralla, el Coordinador General de la Alianza Contra la Dictadura, Manuel Zelaya rosales como organismos independientes de derechos humanos independientes han venido denunciando la presencia de escuadrones de la muerte, como parte de la “colombianización del conflicto social en Honduras” desde la época del golpe de estado del 28 de junio de 2009, en la que se reportaron cerca de 200 víctimas mortales a consecuencia de la represión policíaco-militar en este país.

Este miércoles se conoció que los familiares se reunieron con la jefe de medicina forense, Julissa Villanueva, algo que no es usual en este tipo de casos.


Estados Unidos calla las muertes en Honduras por violencia post electoral: The Guardian

Las familias temen que no haya justicia para las víctimas, ya que 31 mueren en Honduras después de la violencia electoral
Los Estados Unidos callan sobre la supuesta responsabilidad de la policía militar por las muertes a pesar de la ayuda de 114 millones de dólares a las fuerzas de seguridad, en medio de reclamos de ‘fraude electoral’ por parte del presidente Juan Orlando Hernández
Sarah Kinosian en San Pedro Sula 
Árboles y luces de colores todavía adornan muchas casas en Choloma, una ciudad manufacturera arenosa cerca de la costa caribeña de Honduras, pero en la casa de David Ramos no hay señales de la temporada festiva.
“La Navidad ya no existe para nosotros: no este año, no cualquier año”, dijo Ramos mientras hojeaba imágenes recién impresas de su hijo mayor. José Ramos, de 22 años, fue asesinado por agentes de la policía militar el mes pasado, en una protesta por presunto fraude en las elecciones presidenciales del país.
Los resultados impugnados desencadenaron la peor crisis política del país en una década y provocaron la muerte de al menos 30 personas, según el Comité para las Familias de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), un grupo de derechos humanos.
La mayoría de las víctimas eran opositores al presidente Juan Orlando Hernández, a quien dicen que manipularon el voto para vencer al candidato de la oposición, Salvador Nasralla.
Según Cofadeh, al menos 31 personas fueron asesinadas por la policía militar (PMOP), que fue creada originalmente para liderar la represión del gobierno contra las pandillas callejeras violentas.
Los familiares de los muertos dicen que temen que no habrá justicia sobre la violencia postelectoral: algunos dicen que han sido amenazados por las tropas; otros señalan que los enjuiciamientos de derechos humanos que involucran a las fuerzas de seguridad son supervisados ​​por el mismo grupo de trabajo que ayuda a coordinar las operaciones de PMOP.
En toda Honduras, los manifestantes tomaron las calles después de las elecciones del 26 de noviembre, bloquearon las carreteras y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad que usaban gas lacrimógeno, cañones de agua y munición real.
Los disturbios fueron más letales en el norte de Honduras, en particular alrededor de la segunda ciudad de San Pedro Sula, que apoyó abrumadoramente a Nasralla.
De las 30 muertes documentadas, 21 estaban en el norte, dijo Cofadeh. Pero el total es probablemente mayor.
La morgue de San Pedro Sula confirmó que 13 manifestantes habían muerto en el área y dijo que tenía al menos otros seis cadáveres que “con toda probabilidad” estaban relacionados con las protestas.
“[La cifra de muertos] es mayor: algunas personas no han informado las muertes por miedo; otras muertes no han sido investigadas “, dijo un trabajador de la morgue que pidió no ser identificado.
Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de desplegar “tácticas peligrosas e ilegales para silenciar las voces disidentes”, mientras que las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado la tortura de detenidos en instalaciones militares y dijeron que estaban “alarmados por lo ilegal y uso excesivo de la fuerza para dispersar las protestas “.
Pero el gobierno respaldado por Estados Unidos ha rechazado una solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA) para enviar un delegado especial para investigar abusos.
Funcionarios hondureños han restado importancia a las muertes, alegando que los miembros de pandillas están detrás de las protestas.
Al menos otras cuatro personas murieron en el mismo incidente que José Ramos. El PMOP le dijo a la prensa local que habían disparado contra un grupo de hombres armados, pero un video de teléfono celular enviado a la familia Ramos por un testigo cuenta una historia diferente.

José Ramos aparece en la foto a la izquierda, con una bandera roja de la oposición sobre los hombros, en una imagen de teléfono celular del incidente en el que murió.
La escena comienza con un pequeño grupo de hombres jóvenes que bloquean una carretera y lanzan piedras contra lo que testigos y la prensa local dicen que fueron oficiales de la policía militar.
José aparece brevemente con la bandera roja del partido opositor Libre atado a sus hombros.
Luego estalla un aluvión de disparos. El camarógrafo comienza a correr. José, que también se había dado vuelta para correr, golpea el suelo.
En las imágenes, ninguno de los manifestantes tiene un arma de fuego. José claramente tiene las manos vacías.
La fuente de la morgue dijo de los cinco jóvenes asesinados en el incidente, “prácticamente todos fueron asesinados en algún lugar de la parte posterior de sus cuerpos”.
Los Estados Unidos no han respondido a los homicidios, más allá de una declaración del 22 de diciembre en la que se pedía a “todos los hondureños que se abstuvieran de la violencia” y pedían a los militares que respetaran los derechos de los manifestantes pacíficos.
Y el gobierno de Trump felicitó rápidamente a Hernández , quien ha trabajado estrechamente con Washington para frenar la migración y el tráfico de drogas.

Nota relacionada Conoce los nombres de los hondureños que han perdido la vida por protestar contra el fraude

Desde 2009, Estados Unidos ha proporcionado al menos $ 114 millones en asistencia de seguridad a Honduras, según Security Assistance Monitor, un grupo de expertos con sede en Washington DC.
Altos funcionarios militares, incluido el recién nombrado jefe de las fuerzas armadas, René Ponce, han recibido una amplia formación militar de los EE. UU.
Ponce -quien fue designado en medio de la crisis postelectoral el 20 de diciembre- tiene fuertes vínculos tanto con el PMOP como con Fusina, la estructura interinstitucional dirigida por militares a través de la cual se despliega en gran medida la policía militar.

José Ramos en vida junto a su familia. foto de la familia
Mientras era comandante militar en San Pedro Sula, Ponce supervisó el entrenamiento y las operaciones de la fuerza de PMOP en el área. Luego fue nombrado jefe de Fusina en el norte de Honduras.
Ponce ha participado en varios cursos de capacitación de los EE. UU., Según informes de la prensa local, incluido un curso antiterrorista en la Universidad de operaciones conjuntas especiales en la base de la fuerza aérea MacDill en Florida.
Si bien los Estados Unidos no financian directamente el PMOP o Fusina, las unidades asignadas a Fusina pueden recibir fondos de los EE. UU. Y operar junto con el PMOP.
“Estados Unidos tiene un fuerte incentivo para presionar a Hernández para que lo recorte”, dijo Adam Isacson, asociado sénior de la Oficina de Washington para América Latina. “La óptica de Estados Unidos respaldando a un candidato que sale y masacra mucho a la oposición no es grandioso”.
Las unidades de policía militar que operan en Fusina han sido vinculadas a graves violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres.
Sin embargo, dos días después de las elecciones, el Departamento de Estado certificó que Honduras había progresado en la mejora de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, allanando el camino para que millones de personas en ayuda de seguridad sean liberados.
Y Fusina también supervisa a los abogados responsables de casos de derechos humanos que involucran a soldados, lo que lleva a muchos activistas a preocuparse de que no habrá una investigación seria de la violencia postelectoral.
Los familiares de algunas de las víctimas dicen que temen represalias si hablan.
Las fuerzas de seguridad dispararon contra el esposo de Sandi Mancía, David Quiroz, durante una protesta del 15 de diciembre; cuando corrió al hospital para verlo, Mancia y su hijo fueron amenazados por las tropas.
“En el hospital, la policía militar tomó videos y fotos míos y de mi familia. Estuvieron de pie a cada lado de la cama de David todo el día y amenazaron con matar a mi hijo cuando les tomó una foto”. Dos grupos de derechos humanos y un médico a cargo confirmaron que los soldados hostigaron a la familia. Quiroz murió más tarde de sus heridas.
Las protestas han disminuido durante las vacaciones, pero los activistas locales dicen que retomarán el año nuevo, particularmente antes de la inauguración de Hernández el 27 de enero.
Mariela Hernández, cuyo hermano Cristian fue asesinado a tiros por el PMOP el 18 de diciembre, dice que otros seguirán luchando.
“Todo este país está de luto, hay tantos asesinatos y no hay justicia”. No puedo recuperar a mi hermano, pero la resistencia continuará. Juan Orlando no es mi presidente”.

Celebran misa en honor a mártires de actual crisis post electoral

Posted
Más de 30 personas han sido asesinadas desde las pasadas elecciones generales celebradas el 26 de noviembre en Honduras. A esos asesinatos se suman las detenciones arbitraras, amenazas, persecución y violaciones a los derechos humanos. 
En honor a las víctimas de la crisis post electoral, pero también a la hermosa muestra de patriotismo que han manifestado miles de ciudadanos y ciudadanas que se volcaron a demandar el respeto a su voluntad y dignidad, este día en las instalaciones de Radio Progreso y el ERIC, en la ciudad de El Progreso, Yoro se celebró una misa que junto a ciudadanos y ciudadanos de San Pedro Sula, El Progreso, La Lima y Tegucigalpa.
La misa fue celebrada por el padre Ismael Moreno sj, director del ERIC-RP en compañía de los jesuitas Antonio Pedraz y Martín García. Las oraciones al Dios de la vida fueron marcadas por las peticiones de solventar la actual crisis en Honduras, deteniendo las ambiciones de mantenerse en el poder frente al rechazo popular. 
Compartimos la siguiente galería de las imágenes que este día estuvieron presenten en la celebración que también reflexionó sobre el camino a continuar de cara a construcción salidas pacíficas al actual conflicto.



La crisis post electoral es una máquina productora de violaciones a los ddhh

Los países que reconocen como legal el fraude electoral en Honduras -- por influencia de los lobistas del crimen organizado -- no solamente cometen un error de consecuencias políticas, sino que participan conscientemente de las violaciones a la vida y las libertades y eso tendrá consecuencias jurídicas y éticas. El pueblo hondureño lo resiente y lo reclama. Entrevista a Berta Oliva coordinadora General del Cofadeh

Cómo están las condiciones de derechos humanos ahora en Honduras en relación a las elecciones?
Las condiciones de vigencia y respeto de los derechos humanos antes de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 eran precarias, pero después de esa fecha las condiciones son extremas. Nosotras hemos definido la situación como una emergencia, pues han sido desbordados los niveles de brutalidad de las fuerzas militares – soldados del Ejército, comandos de la Policía Militar de Orden Público y grupos paramilitares ovedeciendo la estrategia de represión gubernamental –, y la institucionalidad democrática nacional es practicamente inexistente para las víctimas. El cuadro resumen adjunto revela las cifras más visibles de la tragedia. En la crisis actual todas las instancias de investigación criminal, las fiscalías, el poder judicial y el sistema de comunicación están bajo control absoluto del Presidente-Candidato del país; no es posible ejercer la demanda de justicia en condiciones siquiera mínimas de garantía de obtener respuesta pronta y fundada en Derecho. La población, que ha sido robada en su derecho a elegir y ser electa, está manifestándose en las peores condiciones de inseguridad jamás vividas en la historia del país, y el aparato represivo está echado con todo su arsenal de guerra – incluyendo la propaganda, la apología al odio y la inteligencia militar – para anular los esfuerzos de la población contra el fraude electoral documentado por los partidos de oposición política y confirmado por la Misión de Observación de la OEA.
Berta Oliva | Foto: Giorgio Trucch
Berta Oliva | Foto: Giorgio Trucch
La situación es similar al Golpe de Estado en 2009? O cuáles son las diferencias?
No somos amigas de hacer comparaciones, porque cada evento tiene sus propias circunstancias, pero sin duda el momento actual es similar al que sufre un pueblo en circunstancias de golpe de Estado: sin garantías constitucionales, sin respeto a sus derechos individuales y sin reconocimiento de su identidad de sujeto social y político por todo el aparato de guerra activado a nivel nacional, que incluye a los medios de desinformación, las iglesias beneficiadas por la corrupción gubernamental, los sectores privados, las fuerzas militares y el lobby internacional que actúa como un cartel de crimen organizado para validar el fraude y, en suma, imponer la dictadura. Esta vez el golpe de Estado ha sido cometido por los mismos golpistas de hace ocho años, que atenazaron el poder coludidos con el crimen organizado local e internacional. Es, en definitiva, un nuevo golpe de Estado llano y razo que solo los ciegos se niegan a mirar.

Qué clase de líder es el Sr. Hernández? Cuál es su historia en relación de derechos humanos?
Hernández es, esencialmente, un militar autoritario vestido de civil. Hijo de militar, hermano de militares y colega de militares, por tanto su liderazgo está basado en la fuerza desmedida de las armas con el disfraz de urbano demócrata. Es un abogado apegado a la disciplina cuartelaria, disciplinado en la consecución de las metas de beneficio personal, familiar y grupal, y sin escrúpulos para lograr los fines generales del poder. Es un político comprometido con la estrategia hegemónica de Estados Unidos en la región, y específicamente con los centros de poder que controlan la mafia económica mundial, con evidentes antecedentes de adecuación fraudulenta de las leyes a su favor. Violó la Constitución para ser diputado, para ser candidato presidencial y para constituir la nueva dictadura nacionalista neoliberal de las republiquetas ZEDES, que van a imponer la legalidad de los corruptos paraísos fiscales en Honduras.

Cómo están los grupos de maras, como los Salvatrucha, por ejemplo, tomando ventaja de esta situación caótica y la falta de orden por la ley?
Los ministros de defensa y seguridad, que es la misma identidad en definitiva, afirman que las irreconciliables maras 18 y 13 están rechazando juntas al lado de la población indignada el fraude electoral del 26 de noviembre, pero no han capturado a ninguno de sus liderazgos en tales actividades, más bien están a la caza de liderazgos juveniles universitarios presentes en la insurrección social que vive Honduras. Nosotras no somos expertas en maras, pero no entenderíamos cómo eso sería posible en tanto las dos organizaciones conocidas – M18 y MS – definen sus territorios y los disputan hasta morir. Estamos convencidas que el tema es, más bien, cómo la reacción popular en barrios, colonias y regiones territoriales ha dado ventaja al gobierno para introducir al lado de las fuerzas uniformadas grupos civiles armados al vivo “modelo colombiano” para reprimir las protestas al margen de la ley y, lamentablemnete, también revivir la estructura de un escuadrón de muerte ya reconocido que operó ilegal en los años ochentas, el 3-16.

Qué debe hacer el Sr. Nasralla y quienes lo apoyan para arreglar la situación política, combatir condiciones de pobreza y sufrimiento, y proteger el futuro de la democracia en Honduras?
La pregunta está planteada para ser respondida por la Alianza de Oposición política, en nuestro caso formamos parte de la Convergencia Ciudadana contra el Continuismo que plantea la expulsión del grupo político actual que ha organizado el Estado para ponerlo al servicio del crimen organizado local e internacional, saqueando los recursos activos de Honduras para su benficio sectario, sin importarles el impacto en violaciones a los derechos humanos. Esa expulsión el pueblo la votó el 26 de noviembre, pero la elite se resiste a obedecer el mandato poular, y esta situación es la que ha dado lugar a una insurrección popular que apenas comienza este diciembre 2019 y que va a extenderse sobre los años veneideros mientras el país no acuerde un nuevo pacto social y político surgido de un proceso constituyente. Si la dictadura se fortalece sobre el delito del fraude vulgar y perruno, más de un millónde jóvenes menores de 35 años van a partir en 2018 hacia el Norte del Continente, y la democracia será inestable e ingobernable hasta constituirse en una amenaza a los intereses políticos de Estados Unidos en la región.


URUGUAY
Infogad bild 1

Dirigente sindical rural afirmó que se están “entreverando” las demandas con una intención electoral

La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) definirá la semana próxima su posición con respecto a las movilizaciones de productores agropecuarios. César Rodríguez, dirigente del sindicato, dijo a la diaria que cada trabajador es libre de asistir a la reunión convocada para el 23 de enero en Durazno, pero advirtió que se están “mezclando” las demandas con una intención electoral.
Rodríguez aseguró que las movilizaciones que hubo en los últimos días fueron convocadas por “productores más que nada grandes, con una plataforma en la que se pone todo en una misma bolsa”. Consideró que algunas reivindicaciones “son genuinas”, sobre todo las que apuntan a generar mejores condiciones para los pequeños productores familiares a partir de la aplicación de “políticas diferenciales reales” para ese sector. “Se ha subsidiado y capitalizado bastante a sectores mucho más poderosos. Es necesario un pasaje de recursos más concreto y directo para esta economía. Pero hay que separar los bagres de las tarariras: una cosa es atención a problemas reales que sectores de pequeña escala aún mantienen, y otra cosa es subir al carro una serie de cuestiones más del mundo financiero, como la cotización de dólar”, advirtió.
El dirigente opinó que las distintas demandas “se están mezclando y entreverando con una intencionalidad bastante clara de cara a un año preelectoral”, y que se apunta “más que nada a sacar réditos políticos por parte de alguna organización de la oposición”.
De todos modos, aclaró que está “totalmente de acuerdo con que la gente se manifieste y se dé el debate de ideas en cualquier ámbito”. Acotó que seguramente en la reunión del 23 habrá participación de colonos y organizaciones a las que la UNATRA está vinculada, “y ojalá se pueda plantear frontalmente todos estos temas, y dejar claro quiénes son los pescadores que van a sacar la ganancia”.
Por otra parte, ayer el diario El País consignó la denuncia de un ex dirigente sindical de la UNATRA sobre presuntas presiones de patrones rurales a los trabajadores en Cerro Largo para que asistieran a las movilizaciones. El ex sindicalista Dardo Pérez dijo a ese medio que los patrones han “usado” a los trabajadores y les ordenaron “subirse a un tractor con la bandera uruguaya, sin preguntarles” si tenían ganas o no. “Esos patrones son los mismos que reprimen al trabajador cuando el peón reclama algo, que le dicen no al trabajador, son los que ahora apelan a ellos para hacer bulto en las manifestaciones”, cuestionó. “Salir a protestar junto con los patrones para que a ellos les vaya bárbaro y a nosotros nos peguen con un talero, como pasó con un peón, eso no lo comparto”, añadió. Esta nota, posteriormente fue levantada de la web del matutino.
Rodríguez dijo a la diaria que al sindicato no han llegado denuncias directas de este tipo de situaciones, pero que esto puede deberse a “la relación de subordinación y de sometimiento que a veces se da en la relación laboral con los trabajadores” en el medio rural, que tuvo “muestras fehacientes en los últimos tres meses”, con casos de lesiones graves y ataques a trabajadores rurales. “Llama la atención que los propios patrones, que en instancias de Consejos de Salarios van a no acordar y a no acceder a beneficios para sus trabajadores, hoy estén invitándolos a participar en reivindicaciones”, comentó el sindicalista.
En tanto, Marcelo Amaya, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines, dijo a la diaria que le preocupa que esta movida de productores se lleve a cabo el año en que vence el convenio colectivo del sector rural. Consultado sobre si constató que algún trabajador haya sido obligado a participar en las protestas por sus patrones, dijo que en esta reciente movilización no, pero que en 2002, cuando se hicieron marchas similares, a los trabajadores “no los obligaban, sino que los mandaban a marchar con los tractores como parte del trabajo. Los mandaban al lugar de la marcha y les decían ‘quedate ahí todo el día’, y les pagaban el jornal como si hubieran trabajado en el establecimiento”.

Por: Lucía Barrios
La relación entre la política y la religión suele ser un tema históricamente polémico. Sin embargo, en los últimos años ha estado en el foco del cuestionamiento público: en Uruguay han surgido ciertas declaraciones por parte de algunos políticos que versan sobre una gran vinculación entre dos campos que parecían separados. Ante esta situación, distintos legisladores de los diversos partidos políticos brindaron su opinión a LA REPÚBLICA sobre este tema. En el caso de algunos  diputados frenteamplistas, tanto Bettiana Díaz (perteneciente al MPP) como Gerardo Núñez (Partido Comunista) señalaron que la aparición de una Bancada Evangelista en la contienda política uruguaya significa un serio cuestionamiento a la histórica relación de secularización que ha mantenido el Estado. Además, señalaron que dicha bancada impulsan una agenda muy conservadora y que su expresión más absoluta sucede en Brasil, con la llamada Bancada Ruralista.
“En este momento estamos empezando a ver determinados cambios en la relación entre la religión y la política en Uruguay que responden a que hoy tenemos líderes religiosos dentro de las bancadas parlamentarias. Este hecho abre al debate público cuando se plantea, por ejemplo, desde la bancada evangelista, que la Ley no puede estar por encima de la Ley de Dios”, declaró a LA REPÚBLICA Díaz. “Creo que la bancada evangelista tiene una agenda muy conservadora, la cual busca atacar la nueva agenda de derechos impulsada por el Frente Amplio. Además, plantea posiciones fundamentalistas que lejos de encontrar caminos de entendimiento entre todas las personas, buscan, por la vía de los hechos, una división y un señalamiento”, señaló Núñez.  Tanto Díaz como Núñez consideraron que esta situación impacta en el país de forma más tardía que lo que sucedió en otros Estados de América Latina. “Hace un tiempo algunos legisladores del  Partido Nacional hacían referencia a la Bancada Ruralista en Brasil, que está compuesta por militares retirados y evangélicos. Lo que hay que ver es que esta bancada está cuestionando todo lo que fue el avance en la agenda de derechos que se ha realizado en los últimos años”.
Según Díaz, la Bancada Ruralista propone la creación de un tipo ideal de familia, la cual sólo podría estar conformada por hombres y mujeres, aspecto que estaría vulnerando al matrimonio igualitario. Además, afirmó que dicha bancada está impulsando un día del “Orgullo Heterosexual”, “lo que indica que se está cuestionando todo lo que es el avance en materia de derechos que refieren al respeto de la diversidad sexual”. “Si lo vemos en el panorama regional, no solamente se han atacado la agenda de derechos sino que también las bancadas evangelistas han estado al servicio de la imposición de ciertos modelos económicos. En el caso de Brasil es clave. La embajada evangélica en este país fue la que dio el golpe parlamentario a Dilma Rousseff y es la que lleva adelante una reforma  laboral de carácter estructural que implica retrocesos enormes para los trabajadores. En general, son sectores poderosos, con mucho dinero, que hacen sus propias campañas en función de sus intereses. Por tanto, esto no contribuye a la mirada plural y democrática que debe existir en un país”, agregó Núñez.
Tanto el diputado Fernando Amado (Partido Colorado), el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) como el diputado Pablo Abdala (Partido Nacional) presentaron una visión similar en cuanto a la relación que debe existir entre política y religión. Los tres declararon a LA REPÚBLICA que son dos campos distintos, los cuales deben ser independientes. Abdala señaló que la política debe ser “neutral” frente a la religión, pero eso no quiere decir que se abstenga del fenómeno religioso. “La política debe reconocer a la religión como un fenómeno social muy importante, como un aspecto positivo que genera bienestar en las personas y un respaldo para poder vivir con plenitud. Por tanto, entiendo que la política no debe desconocer el fenómeno religioso e inclusive debe promoverlo”. Por su parte, Amado afirmó que las personas pueden tener una inclinación hacia una determinada religión. Pero explicó que el problema aparece cuando “hay sectores políticos que notoriamente actúan en función de los intereses de un grupo religioso o filosófico”.
Con respecto a la Bancada Evangelista, Mieres afirmó que no “les hace bien a ellos mismos impulsar este tipo de proyectos. Cabe mencionar que es una denominación que ellos usan pero no la han registrado”. Asimismo, opinó que la declaración de que “la Ley de Dios debe estar por encima de la de los hombres”, es una afirmación que “no corresponde”. “Cuando estamos en la vida política actuamos de acuerdo a la Ley que está vigente, que es la normativa que la sociedad se da a si misma a través del Parlamento”. Por su parte, Abdala consideró que “si un dirigente quiere poner en el centro de su mensaje el tema religioso, está en su derecho. Lo que sucederá, en última instancia, es que la ciudadanía podrá juzgarlo o premiarlo”.
“Fui el único que no votó a Amarilla para que fuera presidente de la Cámara”
El diputado colorado Fernando Amado declaró que el caso evangelista ha sido el “más notorio”, porque ha tenido impulso a nivel internacional y ha quedado “muy visible” con las declaraciones de los diputados Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue. “En el 2016 fui el único diputado que no votó a Amarilla para que fuera presidente de la Cámara de Diputados por las expresiones que él había tenido unas semanas antes. En ellas, él había sostenido que para él la Ley de Dios estaba por encima de la de los hombres. Fue un hecho notorio, porque por lo general se vota por unanimidad al presidente de la Cámara. Nunca había pasado que hubiera votos en contra. Esto no quiere decir que Amarilla no pueda a ser evangelista, ni que un legislador no pueda ser el representante de determinada visión relacionada con la religión. Ahora bien, una cosa es que seas representante de un segmento de la población y otra cosa es que seas el presidente de la Cámara de Diputados, porque con ese cargo estas representando a toda la población”.
Amarilla: “Hay retrógrados que no quieren que la religión sea una fuente de inspiración política”
“La relación entre Iglesia y política debe ser de independencia y autonomía. No de prescindencia porque la Iglesia debe tener opinión sobre los temas de la vida pública. No debe confundirse Iglesia y Gobierno o Iglesia y Partido, ahí si tiene que haber independencia y autonomía de las esferas de actuación. La relación entre religión y política, puede ser comparable a la relación entre ideología y política. Los representantes podemos tener nuestra ideología, nuestra filosofía de vida y nuestra fe o religión, que son maneras de ver la vida, de concebir el mundo y la sociedad y por supuesto que todo eso influye, cómo no puede ser de otra manera, en nuestra actividad política. Eso está bien que así sea y debemos asumirlo con honestidad y con transparencia. Hay algunas posturas retrógradas y retorcidas que pretenden censurar las fuentes de inspiración para la actuación política como la religión y eso no me parece justo”, declaró a LA REPÚBLICA el diputado nacionalista Gerardo Amarrilla. Consideró que está bien que exista una separación entre la Iglesia y el Estado, pero señaló que no comparte la actitud de algunos gobernantes que “discriminan” a las Iglesias como actores sociales y “subestiman” la fe de las personas. “Hay posturas laicistas que pretenden que lo religioso esté escondido en la vida privada, casi que sea algo clandestino”. Asimismo, dijo que las leyes deben ser reglas generales que rigen para todos los ciudadanos. Manifestó que deben representar la opinión de la sociedad en general. Sin embargo, señaló que hay concepciones religiosas que están presentes en las bases y fundamentos de la civilización como es la declaración de los Derechos Humanos de ONU, “la cual ha sido inspirada por los textos sagrados de la civilización occidental y cristiana. Quien pretenda excluir la dimensión espiritual y de fe de un pueblo, que también está presente en sus representantes o sus normas, va contra la realidad y la naturaleza de las cosas”, agregó.
Andrade: “La política y la religión son disciplinas complementarias”
La diputada de la Lista 711 del Frente Amplio y presidenta de la Institución Federada Afroumbandista del Uruguay, Susana Andrade, brindó su opinión a LA REPÚBLICA acerca de cuál debería ser la relación entre la política y la religión. Consideró que no tienen por qué ser “compartimentos estancos”. “Ambas son disciplinas humanas y por ende son complementarias. Lo que no estoy de acuerdo es en la existencia de un fundamentalismo. La libertad es fundamental en las sociedades democráticas. Lo medular es ser honestos con los demás y mostrar lo que uno es para integrarse adecuadamente con la sociedad. Tenemos que encontrarnos en las diferencias políticas o religiosas. En última instancia, esto es un principio democrático básico”. La diputada señaló que las religiones cumplen una “función social importante. Dan esperanza y energía a las personas para que enfrenten el día a día”. “Tanto la política como la religión buscan que exista una sociedad más justa, que exista una paz proactiva y que los seres humanos sean mejores”.
Kechichián: “No es casual que los evangelistas y algunas sectas se hayan insertado tan fuerte en AL”
“En el caso uruguayo, la separación entre la iglesia y Estado tiene raíces culturales fuertes y se basa en la concepción vareliana de que la educación pública debe ser laica, obligatoria y gratuita. Es casi un mantra de nuestra tradición. Ahora bien, ¿cómo aparece nuevamente la religión?”, declaró a LA REPÚBLICA el magíster en Ciencia Política, José Kechichián. Consideró que no ha sido “casualidad” el “gran avance” que han presentado las iglesias evangélicas y otros tipos de sectas. “Estas religiones se han insertado fuertemente en América Latina. Por ejemplo, en Argentina se crea un templo por día. Cuando la gente dejó de creer en dios, no despareció la religiosidad sino que se manifiesta de otras formas. Estas iglesias capitalizan esta situación en medios socioculturales críticos. En otras palabras, aparece un templo sencillo en aquellos lugares donde la gente está muy mal y hay niveles altos de pobreza”. Por tanto, manifestó que no es casual que este tipo de iglesias encuentren gente que se siente excluida y marginada. “Gracias a la tecnología, las personas perdieron el vínculo de cara a cara y esto es generador de una especie de agujero negro existencial. La racionalidad occidental  ha creado la pérdida de la magia. Ante esta situación, la humanidad necesita héroes políticos a pesar de que todas las utopías quedaron por el camino y se instauró una concepción filosófica que no llega a armar una cosmovisión armónica de qué significa estar viviendo. Por tanto, definitivamente estamos en una situación compleja”.
Explicó que el avance de estas iglesias se relaciona con fenómenos de carácter sociológicos: El ser humano, en la época moderna, al perder la guía de la tradición y de la religión, se tiene que enfrentar a una “gran” serie de incertidumbres. “El individuo está necesitando de otras cosas que la sociedad capitalista no ha podido darle, como es el encuentro con su situación espiritual. Todo esto es una problemática transversal”. “El mundo moderno racional debe recapacitar y entender que el enfoque de este problema no puede ser desde el punto de vista autosuficiente, es decir que la ciencia demostró que ya no existe Dios. Ahora hay que repensar en qué sentido el mundo racional deberá encontrar la coexistencia en armonía con la multiplicidad de religiones y espiritualidades”, reflexionó.

2017: debacle del progresismo, horizonte de contragobierno

1a. quincena, enero 2018
                                   
Dos paliativos al descrédito del progresismo
Muchas veces una circunstancia particular resume el sentido de un período en su conjunto. Tal es el caso  de la protesta del diputado blanco Javier García (1) ante la fiesta barrial en que fuera quemado, repleto de fuegos de artificio,  un muñeco que representaba a Raúl Sendic hijo (tal como otros años en la misma fecha, vecinos del mismo barrio montevideano hicieran con figuras mediáticas, como Mujica, Luis Suárez, etc.). ¿Por qué el parlamentario conservador que participara enérgicamente de la campaña de denuncias contra Sendic sale al cruce y protesta airadamente ante el cuestionamiento popular de un adversario?

No sólo sorprende la reacción del político opositor ante la necesaria diversidad de opiniones políticas entre los vecinos que participaron en la quema, sino sobre todo porque la misma condescendencia con un adversario largamente denostado intervino cuando la Asamblea General aceptó la renuncia de Sendic, nada menos que a la presidencia del órgano legislativo (que ocupaba en calidad de vicepresidente del gobierno en ejercicio).  La sesión que debiera haber marcado el devenir parlamentario duró, como se recordará, apenas pocos minutos, consensualmente abreviada tras la renuncia de los opositores a denunciar a quien imputaron prolongadamente por medios de prensa. García parece colocar las barbas políticas propias en remojo, en razón de imputaciones análogas a las que sufriera Sendic, pero que pesan al presente sobre autoridades públicas emanadas de su propio partido. Tanta solidaridad inter-partidaria expresada bajo forma de recato polémico se vuelve, con un efecto de boomerang,  contra el propio progresismo (en este caso, encarnado por Sendic como una de sus "figuras jóvenes") que supuestamente se preserva del escarnio público,  en cuanto denota hasta qué punto el establishment conservador ha incorporado al progresismo como un engranaje a preservar, en aras del buen funcionamiento del "sistema de partidos".

En cuanto este "buen funcionamiento" aumenta la desigualdad, la exclusión y la marginalidad (en provecho de la integración a las pautas de la globalización de quienes lo logran y en detrimento del resto), el progresismo no puede dejar de ser percibido como "más de lo mismo", con la consiguiente pérdida de apoyo articulado y efectivo. ¿Sería necesario volver sobre el resultado electoral chileno de este diciembre 2017, el  cuestionamiento al PT brasileño o el aislamiento ideológico del peronismo en la Argentina? Afirmar que el dominio de los medios por la derecha determina por sí solo ese proceso se encuentra claramente desmentido por el ejemplo de Venezuela (por encima de las diferencias que se pueda tener con el manejo del poder de Estado en ese país), o incluso por el apoyo que sigue conservando Evo Morales. Como señal de un potencial desactivado, el reclamo de un sesgo anticonservador sostiene a figuras tan desgastadas como Lula, percibido mayoritariamente como "mal menor" en medio del descrédito generalizado del sistema de partidos.    

Tras el repliegue neoliberal de inicios de siglo en el sur del continente y la consiguiente tentación de "llegar al gobierno" por una vía tan facilitada como ambigua, el progresismo se identificó con una estrategia puramente electoral y no cuenta con planteo de recambio ante el fracaso en las urnas. Tal como parece cundir en ciertos medios la lectura de la derrota de Guillier,(2) cuando se persiste en considerarla evitable, se presentan dos horizontes para retener votos, una vez abandonada la ilusión de ganarlos por fuera del área de pertenencia progresista: por un lado, conservar una referencia a la izquierda histórica, que parezca ofrecer un "mal menor" ante el avance de la derecha; por otro lado, encontrar una reactivación en reivindicaciones sociales que admitan ampararse en el paraguas estatal, habilitado por un electorado progresista.

La Iglesia Universal del Estado

La referencia a la izquierda histórica, ha pasado a ser una mera referencia histórica, desde que el "Orden Mundial" registra fracasos tales como la salida de EEUU de los tímidos acuerdos para limitar el cambio climático, el crecimiento del neo-nazismo en Europa o la imposibilidad de derrotar a la derecha por la "vía inmediata" de la institucionalidad (Podemos en España, Syriza en Grecia, Frente Amplio chileno y un largo etc.). Queda la posibilidad de generar "sentimiento progresista" en torno a la nostalgia neocristiana de "un Nuevo Orden" donde se reencuentren las buenas intenciones con las acciones al portador. Esta estrategia de "paz y amor de Estado" tuvo un adalid mediático planetario, en la figura de "el presidente más pobre del mundo": José Mujica.

 Sin embargo 2017 debiera ser considerado el "año negro" del amigo de Rockefeller, Soros y la marihuana. El año empezó con el clímax del escándalo de Almagro, figura que Mujica promovió a partir de un cargo de embajador en China, elevó después a ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno y lanzó finalmente a la candidatura de Secretario General de la OEA (Organización de Estados Americanos). La criatura se reveló digna de su creador, pero menos dotada de escrúpulos estratégicos, hasta llegar a ser corregida en plena Asamblea General de la OEA por la derecha continental, a la que no le conviene tanta impudicia pro-imperial. 2017 siguió para el expresidente uruguayo con la derrota del candidato de su sector (MPP) en las internas para la presidencia del Frente Amplio: Alejandro Sánchez. Esta derrota es una señal política mayor, porque revela que el apoyo electoral con que cuenta Mujica, lejos de sustentarse en la militancia frenteamplista, es extra-partidario y se ubica entre los sectores menos movilizados de la población, con el consiguiente peligro de que otra figura populista -que ya asoma a través del mismo perfil de "líder-popular-de-origen-humilde" con el empresario "self made man" Edgardo Novick- liquide o erosione un caudal electoral (el voto es obligatorio en el Uruguay) fundado en la mera adhesión mediática.

Hacia mediados del año Raúl Sendic, otro de los  "candidatos probeta" diseñados en el laboratorio mujiquista, que no sólo sintetizó offshore a Almagro y Sendic-hijo-, protagonizó una caída en pérdida ante la opinión pública, que vino a sumarse a los estigmas que ya por entonces acosaban al "guerrillero arrepentido". Pero el año fatídico de "el Pepe" no había tocado aún a su fin y vino a sumarse la desgraciada idea de convocar a una conferencia pública de Noam Chomsky, sugerido a la opinión pública con perfil de  "compañero de ruta". Chomsky vertió sobre el atribulado expresidente sentado a su lado varios baldes de agua fría (aunque no fue su compañero de mesa el único de los presentes que los sufrió), al señalar que contando con condiciones inicialmente favorables, los progresismos latinoamericanos habían aumentado desde principios de siglo la dependencia y el subdesarrollo relativo de sus propios países.(3) Ninguno de esos fiascos alcanza, sin embargo, los ribetes del sarcasmo que galardona al expresidente, una vez que el sistema bancario mundializado veda la gestión, incluso a través de la banca estatal uruguaya, de la recaudación obtenida por la "marihuana legal" en el proceso de bancarización (propiciado por el mismo "Pepe").(4) El efecto de descrédito no podía ser más estridente: una medida supuestamente adoptada para favorecer la integración social (vía la disminución del narcotráfico y supuestamente de la delincuencia), es boicoteada por la misma globalización que se predica como desiderátum integrador para la sociedad uruguaya.

Representación y grupos de presión

El segundo paliativo consiste en identificar reivindicaciones de movimientos sociales, emanados del movimiento feminista, de los derechos de minorías discriminadas y una pluralidad de sectores crecientemente diferenciados en la sociedad, con la legislación habilitada por el progresismo. Este paliativo va en sentido exactamente opuesto a la percepción de un "mal menor", en cuanto recupera para el campo progresista una referencia de escaso desgaste histórico, pero presenta mayores dificultades desde el punto de vista de la recuperación política de la reivindicación.

Los movimientos sociales surgen en los años 60' con una pluralidad de estrategias e intereses que involucran diversamente a la comunidad, diferenciándose de una lectura lineal del destino histórico de la modernidad. Tal destino era  concebido hasta entonces como articulación jerárquica de un único proceso social  (sostenido en los sindicatos obreros) con una estructura partidaria que lo dirigía verticalmente. Gestados en esa diferenciación política y más allá de los precedentes de luchas históricas (de las mujeres, contra el hacinamiento de las ciudades industriales, etc.), esos movimientos   cuestionan  originariamente la malversación tecno-política, que  convierte la racionalidad supuestamente liberadora en el más eficaz instrumento de dominación (conviene recordar que los golpes de Estado de los 60/70 en América Latina, provienen de la "racionalidad" de la Guerra Fría, efecto a su vez,  de la disuasión tecnológica nuclear, que dividía el globo en dos "bloques": Este/Oeste).

Pretender incorporar los movimientos sociales a una racionalidad legislativa de Estado equivale a intentar mezclar el agua con el aceite, en cuanto la racionalidad representativa no admite, sustentada en la propia unicidad de la noción de soberanía (nacional y popular, pero igualmente una e indivisible), una diversidad de lecturas superpuestas. Sustentada en su propio potencial de vinculación autónoma - acrecida gracias a la comunicación por redes, la creciente diversificación de la comunidad es el referente principal de la ya proverbial crisis de (la) representación. El intento de recuperar para el Estado un devenir de tal entidad histórica votando leyes en el Palacio Legislativo, no representa sino cierta ecuación urgida entre necesidad electoral e inocuidad pública. Conviene al respecto analizar la contraposición entre la curiosa unanimidad con que el Senado sanciona reivindicaciones feministas, declaradas poco después inaplicables por la Suprema Corte de Justicia ante la carencia de recursos suficientes (que también vota el Parlamento), mientras el movimiento ecologista que debiera beneficiarse del mismo bálsamo progresista se encuentra, particularmente en el Uruguay, en franco conflicto con las medidas legislativas adoptadas en el mismo período (en particular la Ley de Riego, destinada a fomentar la apropiación capitalista del agua).

Sería asimismo erróneo suponer que los movimientos sociales se pasean incólumes bajo las columnatas del Palacio Legislativo. Una vez que la perspectiva institucional gana a protagonismos que debieran sustentarse en la transformación de los vínculos comunitarios y cundir sobre el Estado desde ese margen de autonomía, las actuaciones organizadas en función de un resultado legislativo quedan prisioneras del cálculo de probabilidades formales, ante todo, las electorales. Por esa razón ciertos sectores de los movimientos sociales tienden, una vez seducidos por el mismo facilismo inmediatista que llevó al progresismo a su actual fracaso, a asemejarse ante todo a grupos de presión, tal como en el pasado la representación pública generaba una carga adicional, en determinados sectores, que habilitaba la "sobre-representación" -es decir, la capacidad de presión institucional. Los aparatos de los partidos comunistas se especializaron, tras el giro estalinista de la Unión Soviética, en esta perversión de las estructuras institucionales supuestamente democráticas, generando precisamente una de las más sistemáticas lecturas del "progresismo" (siempre y cuando favoreciera al aparato del Partido Comunista y a la estrategia internacional de la Unión Soviética). (5)

El desbarajuste que sufrió la noción de actuación "políticamente correcta" -es decir moralizada desde un criterio normativo- en su propio contexto originario, una vez que la victoria electoral de Trump puso en evidencia el doblez propio de toda moral, debiera suponer la advertencia más severa para las estrategias sociales sustentadas en "logros legislativos". Con el agregado de que la tradición política y constitucional latina dista mucho de la transformación normativa paulatina y puntual de los contextos anglosajones. A diferencia de estos últimos, la tradición de la soberanía popular que proviene de la Revolución Francesa somete cada transformación legal a un escrutinio ideológico previo y general, que debe en primer término superar el filtro de la adopción partidaria. Razón de más para prever que la recuperación partidocrática y electoralista de los movimientos sociales estará al orden del día, promovida por un sistema de partidos cada vez más cercado por la transformación de las costumbres y cada vez más aislado de una base social crecientemente diferenciada, en su propio contexto, pero aún en mayor medida ante una representación institucional de Estado.

El horizonte del contragobierno

El horizonte del contragobierno ha alcanzado particular relieve durante 2017, en cuanto este año ha sido marcado por el evento trascendente de la declinación de soberanía por parte del gobierno uruguayo. Conviene recordar que la oposición partidaria, lejos de oponerse al desarrollo con base en la inversión transnacional en el país, ha declarado su acuerdo de principio con ese designio. Al suscribir un acuerdo previo a la decisión de la transnacional UPM de invertir en el Uruguay, pero supeditado al cumplimiento por parte del Estado uruguayo de determinadas exigencias que serán oportunamente evaluadas por la empresa, el gobierno uruguayo ha sellado institucionalmente la declinación de la soberanía nacional en un contexto de globalización.(6) Desamparada por la defección representativa, la población deberá sostener en el contragobierno la defensa de los intereses propios de la comunidad uruguaya.

En correlación con esta creciente integración al mercado mundial, el Estado ha desarrollado en los últimos años una dinámica de control de la opinión pública, destinada a estigmatizar a corrientes de opinión caricaturizadas, con la complicidad de ciertos medios de comunicación, como sistemáticamente opositoras y necesariamente contrarias al sentimiento mayoritario. De esta forma se configura una perspectiva de "Criminalización mediática de la crítica", que constituye la contracara funcional de la integración al proceso de globalización, en cuanto se condiciona la integración social a la aceptación de cierta fatalidad de un único proceso mundial. La transgresión de la normalidad globalizadora se convierte, por consiguiente, en transgresión del orden público, sancionada inicialmente -aunque no exclusivamente- a través de la exclusión mediática.

Con ese propósito tuvo lugar contra Casa de Filosofía, nucleamiento de estudiantes y profesores que edificaron un espacio de libertad crítica, un procedimiento policial acompañado de cierta difusión periodística, que intentaba poner en escena una actuación políticamente marginal.(7)  Una atinada decisión judicial y una declaración del colectivo de Casa de Filosofía hicieron fracasar el operativo destinado a descalificar una propuesta insumisa, de forma que se abrió paso a un efecto genuino de contragobierno.

(1) "La quema del "Judas Sendic" en La Blanqueada despertó elogios y críticas" Montevideo Portal (25/12/17) http://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-quema-del-Judas-Sendic-en-La-Blanqueada-desperto-elogios-y-criticas-uc6

(2) Martínez, A. "La candidatura de Guillier prometía ser la revelación en Chile, pero sufrió el desgaste de la campaña" La Diaria (27/12/17) https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/12/la-candidatura-de-guillier-prometia-ser-la-revelacion-en-chile-pero-sufrio-el-desgaste-de-la-campana/

(3) Ver en este blog "Caradamianto, el caradura mediático" http://ricardoviscardi.blogspot.com.uy/2017/07/caradamianto-el-caradura-mediatico-1a.html

(4) Ver en este blog "Bancarizar el porro o fumarse la globalización: el salto al vacío mediático" http://ricardoviscardi.blogspot.com.uy/2017/08/bancarizarel-porro-o-fumarse-la.html

(5) Ver en este blog "Entropía representativa y grupos de presión: surge el partido Nacional-Globalista" http://ricardoviscardi.blogspot.com.uy/2017/08/entropiarepresentativa-y-grupos-de_36.html

(6) Ver en este blog "UPM-ROU: Agradecimientos" http://ricardoviscardi.blogspot.com.uy/2017/11/upm-rouagradecimientos-2.html

(7) Ver en este blog "Memorias de Ibero Gutiérrez: la edición como sedición" http://ricardoviscardi.blogspot.com.uy/2017/05/memoriasde-ibero-gutierrez-la-edicion.html