Blackwater: el ejército del terror del Pentágono // Rostros de la crisis en Puerto Rico: “Todos están en bancarrota” // Las diez crisis humanitarias de 2017 que empeorarán en 2018 // Se anuncia posible crisis humanitaria en el Salvador tras no renovación del TPS // México reitera a Trump que "no pagará bajo ninguna circunstancia" por el muro fronterizo con EE.UU. // La revolución rusa no fue una utopía // HONDURAS: Un fraude con sabor a golpe de Estado con modalidad electoral Escrito por Padre Melo. // Estados Unidos calla las muertes en Honduras por violencia post electoral: The Guardian // URUGUAY: 2017: debacle del progresismo, horizonte de contragobierno por Ricardo Viscardi
Blackwater: el ejército del terror del Pentágono
por Leandro Albani
15/01/2018 - LA HAINE
La empresa de seguridad más poderosa del
planeta, acumula denuncias por crímenes cometidos en Medio Oriente y por
casos de corrupción en EEUU
Radiografía de un negocio en expansión, impulsado por la Casa Blanca. Ya pasaron veinte años y una sombra espesa sigue moviéndose hasta los
más lejanos rincones del mundo. Con impunidad, con armamento de última
tecnología, montada sobre mercenarios de diferentes naciones, esa sombra
tiene un nombre acorde a su historia: Blackwater (BW), una de las
mayores empresas de seguridad a nivel internacional –fundada en 1997 por
Erik Prince y Al Clark–, goza de muy buena salud, pese a las decenas de
denuncias en su contra, en la mayoría de los casos por cometer
crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en
contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de
Defensa de Estados Unidos. Desde hace algunos años renombrada como Academi, Blackwater surgió
en pleno esplendor del avance neoconservador en Norteamérica, de la mano
del presidente George W. Bush (2001-2009). Los neocons, que
venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush
padre, encontraron en la administración republicana del empresario
petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo
Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros
puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus
cañones contra esa vaga definición conocida como “terrorismo
internacional”, pero que para los neocons era muy claro dónde se ubicaba: en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana. La transnacional comandada por Prince y Clark, fundada bajo la
bendición de la ultraderecha católica estadounidense, ingresó en las
grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los
Balcanes en la década de 1990. Para ese entonces, BW daba sus primeros
pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a
disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y
2003, con las invasiones a Afganistán e Irak, respectivamente, se
convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma
cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas
estadounidenses. Pero los fundadores de BW, en especial Prince –con un pasado como
SEAL, conservador y, entre otros hobbys, financista de grupos católicos,
extremistas y marginales–, no pensaron a su empresa como un simple
ejército de respaldo a las ocupaciones de la Casa Blanca en otras partes
del mundo. Por eso, en Carolina del Norte, en un pantano conocido como
Moyock de 2.800 hectáreas, BW fundó la instalación militar privada más
grande del mundo. En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo,
el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se
instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del
orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones
extranjeras ‘amigas’”. En su sede central, BW “tiene su propia división
de inteligencia y cuenta entre sus ejecutivos a ex altos cargos
militares y de otros servicios secretos”, apunta Scahill, colaborador de
la revista The Nation y de la cadena Democracy Now!
Con el paso del tiempo, el mercado de la “seguridad” produjo redituables
demandas para BW, por eso también construyó instalaciones en
California, Illinois y en la selva de Filipina. El gran negocio “Una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos”, definió Prince a Blackwater. Y no era para menos. Con los
atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre de 2001, el
gobierno de Bush tuvo el camino limpio para concretar, en el plano
militar, “el choque de civilizaciones” acuñado por el politólogo Samuel
Huntington. Caída la Unión Soviética y el mundo socialista, el poder de
Washington se apresuró a encontrar nuevos enemigos a los que combatir.
Si pocos años antes, el movimiento talibán y Al Qaeda sirvieron para
expulsar al Ejército Rojo de Afganistán, ahora esos mismos grupos eran
el propio mal que amenazaban la vida occidental. Además de las tropas
regulares, la administración Bush inundó Afganistán e Irak de
mercenarios de compañías como DynCorp y Blackwater. Desde las invasiones a territorios afgano e iraquí, BW expandió sus
tentáculos de manera acelerada, encargándose de la seguridad del
personal estadounidense en esos países, pero también entrenando tropa y,
con el correr de los días, convirtiéndose en una parte fundamental del
Ejército de ocupación. Entre los muchos beneficios a los que accedían
los mercenarios dirigidos por Prince se encontraban la impunidad total
de sus acciones, definida por ley por la autoridad de ocupación
estadounidense en Irak, y salarios que doblaban a los de los soldados
rasos. La revista Fortune describía esta situación en Irak:
“Los sueldos normales de los profesionales del DSP (destacamento de
seguridad personal) se cifraban hasta hace poco en unos 300 dólares
diarios. En cuanto Blackwater empezó a reclutar para su primera gran
labor (la de ejercer de guardia personal de Paul Bremer –máxima
autoridad estadounidense en Irak–), la tarifa se disparó hasta los 600
dólares al día”. Mientras BW facturaba millones de dólares y reclutaba a
ex militares estadounidenses y chilenos –en funciones durante la
dictadura de Augusto Pinochet–, para engrosar sus filas y cumplir con
la demanda exigida por la Casa Blanca, también lograba que el Congreso
estadounidense aprobara a su propio grupo de lobby para hacer cabildeo
entre los parlamentarios. El poder de BW crecía y devoraba todo a su
paso, al mismo tiempo que esa voracidad quedaba al descubierto. Varios
informes de organismos públicos de Estados Unidos llamaron la atención
porque el gobierno no supervisaba a los “contratistas” y permitían su
total impunidad en las operaciones militares. Con respecto a Irak,
alertaban que BW afectaba negativamente a la población y a las propias
tropas estadounidenses, las cuales, ante las acciones de la compañía,
bajaban su moral y cuestionaban sus magros salarios. Auge, caída y auge El crecimiento de la firma de Prince fue constante desde los
atentados de 2001. Una división de aviación, submarinos, la última
tecnología para el espionaje y decenas de contratos millonarios
conformaban una sonrisa que resplandecía en la fachada de BW. Pero su
suerte se vio opacada con los golpes recibidos por la resistencia
iraquí. En marzo de 2004, las imágenes de cuatro personas descuartizadas
y mutiladas, colgadas en un puente de Faluya, ciudad que se negaba a
caer frente a la ocupación estadounidense, dieron la vuelta al mundo.
Con el correr de los días se supo que esos cuerpos eran de mercenarios
de Blackwater. El linchamiento de los “contratistas” puso sobre la mesa
que la compañía no sólo realizaba operaciones militares por fuera de lo
acordado, sino que enviaba a sus propios mercenarios en vehículos sin
blindar, con un poder de fuego reducido y a misiones casi suicidas, como
en el caso de Faluya. En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, un convoy de Blackwater
ingresó de forma aparatosa con cuatro vehículos blindados, que cargaban
ametralladoras de 7,62 milímetros, capaces de derrumbar paredes. El
episodio que siguió, según la prensa estadounidense, fue confuso, pero
lo único real es que los mercenarios abrieron fuego de manera
indiscriminada. Como ya era costumbre en Irak, las víctimas fueron 17,
todas civiles. La ira del pueblo iraquí no tardó en manifestarse en las
calles y en la profundización de las acciones armadas de una resistencia
heterogénea y que buscaba diversos intereses. Pese al encubrimiento político, judicial y mediático, los mercenarios
Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough y Nicholas Slatten fueron
condenados, los primeros a penas de 30 años y Slatten a cadena perpetua.
En agosto de este año, la cadena Russia Today informó que un
tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló las sentencias de los
mercenarios y ordenó la celebración de un nuevo juicio para Slatten.
Conocida la noticia, Husein Sahib Nasir, cuyo hermano fue asesinado en
la plaza Nisur, declaró: “Mi hermano tenía solamente 24 años. Nuestra
familia ha sufrido mucho hasta ahora. ¿Dónde están los derechos humanos?
Si el tribunal los absuelve y los libera, volverán a cometer un delito
parecido”. La masacre de la plaza de Nisur tuvo un impacto tan grande, que el ex
presidente Barack Obama revocó los contratos con Blackwater en 2009,
para después volver a contratar a la empresa por cerca de 10 mil
millones de dólares en 2010. Las últimas noticias de BW las reveló el ex primer ministro de Qatar,
Abdula bin Hamad Al-Attiyah, que reveló que miles de mercenarios de la
compañía fueron entrenados en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para invadir
el territorio qatarí. En octubre, Al-Atiyyah brindó declaraciones al
diario español ABC, en las cuales señaló que este plan, en
medio de la ruptura de relaciones de las monarquías del Golfo Pérsico
con Qatar, no tuvo la aprobación de la Casa Blanca. Según el ex primer ministro, EAU contrató los servicios de Blackwater
para sus operaciones en la invasión a Yemen, liderada por Arabia Saudí,
aunque hace unos meses los mercenarios sufrieron varios reveses
militares y se vieron obligados a abandonar ese país, el más pobre de
Medio Oriente. El gobierno de Qatar confirmó que BW entrenó a unos 15.000 empleados,
“gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, en la
base militar emiratí de Liwa, en el oeste de EAU. En 2011, el diario New York Times ya había revelado en detalle el inicio de los contactos entre el propio Prince y la casa real de EAU. En julio de 2017 también se conoció que el gobierno del presidente
Donald Trump intenta que la firma de Prince retorne a sus andanzas en
Afganistán. Según informó la cadena HispanTV, “Jared Kushner,
asesor y yerno del mandatario estadounidense, y Steve Bannon, uno de los
principales estrategas en la Casa Blanca, están a cargo de supervisar
la iniciativa y han presentado a sus candidatos para implementar el
plan” de Trump. Los candidatos de Washington son, no más ni menos, que
el propio Prince y Stephen Feinberg, propietario de DynCorp
International. Sobre la iniciativa de la Casa Blanca, el diario The New York Times
citó fuentes cercanas a los empresarios que aseguraron que “Prince y
Feinberg han creado un plan más barato y mejor que el del Ejército
(estadounidense)”. Blackwater, como otras firmas de seguridad privada en expansión, “no
son sólo manzanas podridas: son el fruto de un árbol muy tóxico –escribe
Scahill–. Este sistema depende del maridaje entre inmunidad e
impunidad. Si el gobierno empezara a golpear a las empresas de
mercenarios con cargos formales de acusación de crímenes de guerra,
asesinato o violación de los derechos humanos (y no sólo a título
simbólico), el riesgo que asumirían estas compañías sería tremendo”. Y a
esta descripción, finaliza de manera determinante: “La guerra es un
negocio y el negocio ha ido muy bien. No sólo son las acciones de
Blackwater y los de su clase las que tienen que ser investigadas,
reveladas y enjuiciadas: es todo el sistema en su conjunto”. Revista Sudestada
Rostros de la crisis en Puerto Rico: “Todos están en bancarrota”
|CUBADEBATE
Una mueblería cerrada en Río Piedras, San Juan. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
Ángel González, un maestro jubilado que enfrenta un recorte de 10 por ciento de su pensión, ha comenzado a preguntarse si las tres personas en su familia tendrán que usar el mismo teléfono celular y turnárselo. Santiago Domenech, un contratista que tenía ahorrados dos millones de
dólares en bonos gubernamentales cuyo pago recientemente incumplió
Puerto Rico, alguna vez tuvo 450 empleados. Ahora tiene ocho. Su suegro,
Alfredo Torres, es dueño de la librería boricua más antigua, pero desde
hace dos años ha ido en picada. “El gobierno está en bancarrota”, dijo Bernardo Rivera, un chofer de 75 años que conduce autobuses privados y en ocasiones gana 40 dólares en un día. “Todos están en bancarrota. Ya no queda nada. La gente que no tiene trabajo no toma el autobús para ir a trabajar”. Estas son algunas de las historias de jubilados, comerciantes y
servidores públicos de Puerto Rico que están atrapados en medio —ellos
dirían que en el fondo— de la insolvencia más grande de un gobierno local en la historia de Estados Unidos. Con una deuda de 123 mil millones de dólares que no puede
pagar, Puerto Rico presentó el 3 de mayo un tipo de protección en caso
de bancarrota, una medida que sacudió las espinas dorsales de todos,
desde tenedores de bonos que temen pérdidas espeluznantes hasta
barrenderos y empleados públicos cuyos salarios de por sí raquíticos
probablemente seguirán reduciéndose. El Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, una huelga
resultó en manifestaciones de varios miles de personas en las calles,
las cuales se tornaron violentas. Días antes, la gente estaba reunida en
el trabajo, en los parques y en sus casas para debatir
interminablemente sobre la incertidumbre de la situación. En la terminal
de Río Piedras donde trabaja Rivera, los choferes y el personal de
limpieza se juntaron para quejarse tanto de la baja en trabajo y el
monto de las jubilaciones como del constante aumento en el precio de los
servicios, como el agua y la electricidad.
Los
negocios de transporte como este en Río Piedras han sufrido debido a la
crisis económica; los choferes tienen que esperar horas para llenar un
viaje de sus rutas. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
A pesar de que la medida que se presentó el 3 de mayo no fue para nada una sorpresa, dejó a su paso una sensación de pesimismo y ansiedad:
los funcionarios públicos se preguntan si recibirán sus jubilaciones y
las empresas privadas prevén sufrir las consecuencias de un efecto
dominó resultado del aumento de los impuestos, la caída de los salarios y
el éxodo en masa a Florida por parte de la clase media. “Yo me voy a quedar aquí, aunque gane solo un dólar”, dijo Rivera. Los próximos meses, el gobierno planea implementar medidas de austeridad que golpearán en particular a los maestros.
La secretaria de Educación puertorriqueña ya anunció una propuesta para
el cierre de 184 escuelas. El profesorado podría enfrentar un recorte
de dos días por mes. Así que, mientras el gobierno busca protegerse de las demandas tanto
de los fondos de cobertura como de otras firmas financieras que
invirtieron para pagar la deuda riesgosa de Puerto Rico, los residentes
de este territorio estadounidense están sufriendo las restricciones. Las multas por estacionarse mal y otras violaciones de tránsito han
aumentado al doble. Hay varias agencias gubernamentales que están en
serios apuros y prestaciones como los bonos anuales de Navidad o la
prima vacacional están a punto de convertirse en recuerdos nostálgicos. Los residentes están preocupados de que su futuro esté en manos de extraños, una junta de supervisión y un juez federal. “Llegará un momento en el que tendré que decidir entre si vivir en una casa o tener seguro médico”, afirmó Ángel González, el maestro jubilado de 55 años de edad. “¿Y la comida?”, preguntó, con un suspiro. Su jubilación es de cerca de mil 900 dólares al mes, de los cuales 556 están destinados a pagar el plan médico de su familia. Roberto Pagán, vicepresidente de la división puertorriqueña del Service Employees International Union
(sindicato internacional de funcionarios públicos), dijo que esperaba
que casi 400.000 personas pierdan sus planes de salud porque no podrán
solventarlos. Es probable que ya no haya quién registre querellas de
servicios públicos como las denuncias de abuso infantil.
Una
pizarra de la terminal de vehículos públicos del este de Río Piedras
muestra que un día solo se registraron ocho pasajeros. Foto: Erika P.
Rodríguez/ The New York Times.
El gobernador Ricardo Rosselló,
quien asumió el cargo en enero, reconoció que las personas con ingresos
más bajos que no cuenten con acceso a asistencia médica y los padres
que tengan a sus hijos en escuelas públicas serán las más vulnerables en
los próximos meses. “Todos deben hacer un sacrificio”, explicó en una entrevista. “Hemos sido muy claros acerca de cuál es ese sacrificio”. Las medidas que tomó Rosselló se aplicaron poco a poco con el
objetivo de que no fueran más injustas para un grupo, afirmó. La mayoría
de los residentes cree que la única opción que tenía Rosselló era
buscar un tipo de protección en contra de la ráfaga de demandas por el
impago, aunque hay otras personas que lo han criticado por romper sus
promesas de campaña. Rosselló está en la posición incómoda de ser el heredero de muchos
gobernadores que pusieron a Puerto Rico de rodillas en materia fiscal
por tomar y tomar prestado para equilibrar los presupuestos y para
financiar una burocracia abotargada de mecenazgo político. Cuando asumió el cargo, Rosselló dijo que su primera tarea era
determinar “la gravedad de la situación”. Esperaba un déficit de 3 mil
millones de dólares, pero en cambio se encontró con uno de 7,5 mil
millones de dólares. Las dos administraciones pasadas hicieron recortes de miles
de puestos de trabajo de la nómina pública y ahora Rosselló ha prometido
que hará “recortes estratégicos”, que presuntamente no
repercutirán en despidos y pondrán al gobierno en una posición que le
permita negociar con sus acreedores desde una mejor posición. Entre las
ideas que se han presentado se encuentra el recorte de 10 por ciento a las jubilaciones gubernamentales, lo cual afectará más a los jubilados de la policía y el magisterio porque no reciben beneficios del sistema de seguridad social. El plan no impresionó a los acreedores, explicó Rosselló. “No creen que el plan fiscal sea apropiado; piensan que deben ganar
más dinero y que gane menos la gente de Puerto Rico”, dijo. “Por
supuesto que mi postura es completamente opuesta: siempre protegeré al
pueblo puertorriqueño”.
La
escuela primaria Dr. Martin G. Brumbaugh en Puerta de Tierra, San Juan,
será uno de muchos colegios que cerrarán como parte de las medidas de
austeridad. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
Santiago Domenech, el contratista general, vive en Aguadilla, un
municipio ubicado al poniente de Puerto Rico. Dijo que no tenía idea de
dónde quedarán las personas como él en la nueva realidad puertorriqueña.
Con las enormes deudas que tiene el gobierno con cooperativas de crédito, con empresas como Microsoft, fondos de cobertura y proveedores de gasolina, ¿cuándo le pagarán para que salde sus cuentas pendientes? No solo sus ahorros están sujetos a bonos de Puerto Rico, sino que su
negocio de contratista también se fue a pique, principalmente porque el
gobierno no pagó las interminables facturas de un proyecto de
renovación del aeropuerto que rebasó el presupuesto. “Me quedé sin dinero”, dijo Domenech, quien indicó que ha pensado en mudarse a Canadá. “Me siento frustrado e indefenso”. Su suegro de 63 años, Alfredo Torres, es dueño de la Librería La
Tertulia, la más antigua de la isla y la cual depende del ingreso
disponible de estudiantes y profesores del campus de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, los estudiantes llevan un mes
en huelga protestando en contra de los severos recortes al presupuesto, y
las ganancias de la tienda cayeron hasta 70 por ciento este semestre,
comentó Torres. Torres dijo que lo más fácil sería culpar a la huelga de estudiantes
por la baja afluencia de clientes, pero que cuando ve al centro urbano
deteriorado que lo rodea, cree que la culpa está en las décadas de
negligencia que llevaron a más personas hacia centros comerciales
suburbanos y a otras tantas a salir de la isla. “Mucho de lo que sucede podría ser nada más una percepción, pero es
real”, comentó. “Basta darse una vuelta por la plaza”. La mayoría de los
negocios en zonas comerciales como el Paseo de Diego están cerrados. Los datos del Buró de Estadísticas Laborales muestran que la
mano de obra de Puerto Rico cayó en casi 300.000 empleados durante la
década pasada, dijo Carlos J. Saavedra Gutiérrez, el secretario del Trabajo de la isla. “Este es un capítulo nuevo”, dijo, cuando recitó los cambios en
materia laboral que espera que estimulen la economía y creen “un parche
para el éxodo”. Muchas de las personas que permanecen en Puerto Rico no tienen el
dinero para irse. Jesús González, de 53 años, ha pasado 30 años
barriendo las calles de San Juan, pero con los recortes que sufrirán las
jubilaciones, calcula que tendrá que seguir trabajando por lo menos
hasta los 70 años. Los dos hijos adultos de Iris Matos se mudaron a la parte continental
de Estados Unidos en busca de trabajo. Ella y su marido, empleados
jubilados de una empresa eléctrica, se están preparando para un recorte
mensual de 500 dólares en sus pensiones, a pesar de que sus nietos
dependan de ellos para cubrir sus necesidades básicas. “No hay un solo sector que no haya sido golpeado: los adultos
mayores están preocupados por sus jubilaciones, los padres trabajan
menos horas, los jóvenes están en huelga en la universidad y los niños
están a punto de ver cómo cierran sus escuelas”, explicó Matos, de 64
años. “Están distribuyendo el dolor, pero solo a un tipo de personas:
nosotros”.
Michael
Portes y Agustín Portes trabajan en la reconstrucción del muro de un
monumento que se encuentra frente al capitolio en San Juan. Foto: Erika
P. Rodríguez/ The New York Times.
(Tomado de The New York Times)
Las diez crisis humanitarias de 2017 que empeorarán en 2018
Héctor AlonsoHéctor Alonso @hdelosrios2 El año 2017 acabó con numerosas crisis humanitarias sin resolver -la
mayoría debidas a conflictos bélicos, o al desplazamiento de personas
que huyeron de la guerra o del hambre- que se prolongarán o incluso
empeorarán durante 2018. Muchas de estas crisis llevan ya varios años en
marcha sin que la comunidad internacional haya sido capaz de ponerlas
fin. Yemen En Yemen estamos asistiendo a una guerra cruel en la que la población
civil es la principal víctima y que ha sido definida como “una crisis
de libro” porque se dan todas las circunstancias para que la situación
se haya convertido en catastrófica: conflicto bélico, destrucción de
infraestructuras básicas para la supervivencia y desarrollo de una
epidemia -cólera- para cuyo control haría falta que funcionara algo que
ha sido destruido, la estructura sanitaria. Antes de la guerra civil que está asolando el país y que enfrenta a
dos facciones, apoyada una por Arabia Saudí y sus aliados, y la otra por
Irán, Yemen era uno de los más pobres del mundo con enormes
necesidades. La guerra ha arrasado las infraestructuras básicas y ha
convertido la vida de los civiles en un infierno: carreteras,
hospitales, depósitos de agua y centrales eléctricas han sido
destruidos, dejando sin luz ni agua potable a la población. El bloqueo
de puertos y aeropuertos han dejado el país sin suministros médicos,
combustible o alimentos. En este contexto se ha desatado la mayor
epidemia de cólera que se recuerda desde la sucedida en los campos de
refugiados de Ruanda, con un millón de casos a finales de 2017. También
han reaparecido enfermedades erradicadas, como la difteria, que ha
matado a decenas de niños, y los niveles de desnutrición infantil son
altísimos. Las conversaciones de paz no avanzan y no parece que los principales
aliados de las dos facciones que se enfrentan (chiítas y sunnitas) estén
dispuestas a ceder. Los analistas creen que el daño que ha sufrido el
país es prácticamente irreparable y las consecuencias las sufrirán
varias generaciones de yemeníes. Rohingyas Los rohingyas son una etnia de religión musulmana que vivían en
Myanmar, la antigua Birmania. Nunca fueron reconocidos como ciudadanos
birmanos, sino como oriundos de Bangladesh, país que tampoco les
reconoce como conciudadanos, por lo que la mayoría son apátridas. En
agosto del pasado año la guerrilla rohingya atacó varios puestos
policiales en el estado de Rakhine, tras lo cual se desató una fuerte
represión por parte del ejército y de grupos armados budistas, que
atacaron aldeas y asesinaron a centenares de civiles. Estos ataques
produjeron un enorme éxodo de la población de esta etnia, con un antiguo
historial de huida. En pocas semanas la práctica totalidad de los
rohingyas -más de 800.000- había huido de Myanmar para refugiarse en
Bangladesh en condiciones muy precarias. A pesar de las presiones internacionales la antigua Birmania se niega
a reconocerles y sólo admitirá a los que demuestren tener residencia en
Myanmar o ser propietarios de tierras o casas, algo que deja a
prácticamente toda la población de esa etnia sin reconocimiento, puesto
que la mayoría carece de documentos. La solución del conflicto, que ha
sido calificado por Naciones Unidas como una “limpieza étnica” de
manual, será francamente difícil: incluso aunque se permitiera el
regreso de estos refugiados, las autoridades birmanas se han incautado
de sus tierras al considerar que su posesión era ilegal, y la mayoría de
las aldeas han sido quemadas, algo negado por el gobierno pero que ha
sido documentado por filmaciones hechas por drones. También hay opacidad
sobre los miles de asesinatos denunciados por los refugiados cometidos
por el ejército y la policía de Myanmar y grupos armados budistas. La
líder birmana, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ha recibido
fuertes críticas internacionales por su pasividad o incluso connivencia
con la represión y expulsión de los rohingyas e incluso se ha intentado
que se le retire el premio Nobel por su actitud ante esta crisis. Libia Se calcula que en Libia permanecen atrapados entre 700.000 y un
millón de migrantes cuyo objetivo es llegar a Europa. La mayoría procede
de África subsahariana, pero también de otros países, como Afganistán o
Pakistán, e intenta la vía mediterránea, una vez cerrada la vía griega,
para tratar de cruzar el Mediterráneo. Libia, tras el derrocamiento de
Gadaffi, se ha convertido en un Estado fallido, sin un gobierno que
controle el territorio y con amplias zonas del país en manos de
facciones e incluso mafias que han visto que los migrantes pueden ser
una lucrativa fuente de recursos. En un documental que escandalizó hace
pocas semanas al mundo, se pudo ver cómo los migrantes eran vendidos en
subastas, como si de bienes o animales se tratara. Los migrantes son
esclavizados, comprados y vendidos entre mafias, extorsionados y
secuestrados a cambio de rescates, engañados e incluso abandonados en el
desierto tras haberles despojado de sus bienes. La mayoría de mujeres
que han conseguido llegar a Europa o rescatadas en el mar han reconocido
haber sido violadas durante el viaje a Libia o en la propia Libia. En
este momento Libia es, sin duda, el país en el que más crímenes contra
la Humanidad y los derechos humanos se están cometiendo. A pesar de que se han celebrado varias cumbres para tratar de
solucionar esta crisis, parece que ésta se prolongará en el tiempo. En
primer lugar, porque el contingente es enorme: posiblemente un millón de
personas. En segundo lugar, por la inseguridad que presenta ese país y
en tercer lugar por la falta de medios de las autoridades y la falta de
control del territorio. En la última cumbre, celebrada a finales de
2017, se planteó impulsar el retorno de los migrantes que lo desearan a
sus países de origen y realojar a los demás en centros de acogida en
mejores condiciones de las que disfrutan actualmente. Sin embargo ese
plan carece de medidas concretas y múltiples obstáculos para poder ser
llevado a cabo. Siria Siete años después del comienzo de la guerra civil que ha destrozado
el país, aún se está lejos de poner fin a una de las crisis más graves
de las últimas décadas y la que ha provocado los movimiento de personas
más grandes desde la segunda guerra mundial. Hace unos días la ONU
advertía de la grave situación en la que se encuentran más de 13
millones de sirios, desplazados dentro del país por culpa del
recrudecimiento de los combates en varias regiones o con escasos
recursos para enfrentarse a las bajas temperaturas que ha traído el
invierno. A estos 13 millones habría que sumar los más de cuatro
millones de sirios que han abandonado su país y que se han refugiado en
los países vecinos (Turquía y Jordania sobre todo), en Europa, que aún
tratan de llegar a través de Libia o que permanecen en los centros de
acogida de Grecia. A comienzos del invierno aún permanecían más de 13.500 refugiados en
las islas griegas, en condiciones poco adecuadas y a pesar de los
compromisos de la Unión Europea y de Grecia sobre su traslado al
continente, la tramitación de sus solicitudes de asilo o su
repatriación, en cumplimiento del Tratado firmado entre la Union Europea
y Turquía. Este retraso ha sido visto por algunos expertos como
“deliberado”, y cuyo objetivo sería desanimar la llegada de más
migrantes y refugiados. En esta situación las principales víctimas
serían los menores de edad, muchos de los cuales no están acompañados
por sus familias y que sufren o son potenciales víctimas de abusos o
violencia. La guerra no parece decantarse por ninguna de las facciones
contendientes, por lo que es previsible que durante 2018 sigan
aumentando los desplazamientos forzados y el exilio de miles de personas
y sea inviable el retorno al país de los millones de refugiados que
huyeron para escapar de la guerra. Sudán del Sur Los combates que se iniciaron en julio de 2016 entre el gobierno y la
oposición del país más joven del mundo (se independizó de Sudán en
julio de 2011) han provocado la huida del país de más de dos millones de
personas, que se han desplazado a los países vecinos. Se trata ésta de
la mayor crisis de refugiados del continente africano, con el agravante
de que los países de acogida, o no están preparados para gestionar una
cantidad tan enorme de recién llegados, o también sufren conflictos en
sus territorios, como Sudán, Etiopía, la República Democrática del Congo
o la República Centroafricana. Con semejantes cifras, Sudán del Sur se
ha convertido en el tercer país del mundo, después de Siria y
Afganistán, en número de refugiados. A diferencia de los refugiados
sirios o afganos, los sudaneses del sur apenas cuentan con apoyo
internacional y financiero. El 60 por ciento de los refugiados
sur-sudaneses son niños, muchos de los cuales llegan a los países de
acogida con niveles alarmantes de desnutrición. También se han producido
brotes de cólera y ataques contra agencias humanitarias internacionales
y cooperantes. Este país apenas ha conocido la paz durante su breve historia. Tras
un referéndum se proclamó la independencia de Sudan en 2011, pero pronto
comenzaron los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición,
impulsados por Sudán y otras potencias con el trasfondo del control de
las grandes reservas de petróleo del país y conflictos sobre fronteras y
el agua. Dado que se trata de una guerra provocada básicamente por
intereses económicos, ésta no finalizará hasta que quienes desean el
control del petróleo lo consigan. República Democrática del Congo Como el Sur Sudán, la violencia ha hecho que durante los dos últimos
años más de 2,6 millones de personas hayan abandonado sus hogares en las
provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Kasai y Tanganyika. La
inestabilidad comenzó cuando el presidente Kabila se negó a abandonar el
poder en 2016 después de dos mandatos consecutivos, como recoge la
Constitución. Aunque en Congo era casi una costumbre la existencia de
zonas fuera del control del gobierno en manos de diversas guerrillas,
esa negativa hizo que se sumaran nuevas rebeliones y alianzas contra el
gobierno. Este año se prevé que más de 13 millones de congoleses requerirán
asistencia y protección humanitaria, seis millones más que en 2017. Sólo
en la región de Kasai más de tres millones de personas están en
situación de inseguridad alimentaria grave. Sin financiación ni apoyo,
Congo se podría convertir en la crisis más grave de 2018. Cambio climático A pesar de Trump y los escépticos, hay un consenso científico de que
el cambio climático es ya una realidad y sus consecuencias ya las están
sufriendo numerosos países del mundo. Las sequías, las inundaciones por
lluvias y los fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, ciclones y
tormentas catastróficas), produjeron el pasado año graves crisis
humanitarias, miles de muertos y daños prácticamente incalculables.
Cosechas arruinadas, ganadería diezmada, destrucción de
infraestructuras, epidemias que se extienden entre grandes masas de
desplazados climáticos que no tienen acceso a medicamentos, agua potable
o alimentos, son ya una realidad. Etiopía ha sufrido varias sequías devastadoras seguidas,
relacionadas con el fenómeno meteorológico conocido como El Niño, que se
produce cada 2-7 años, pero también con el cambio climático. Dado que
más del 80 por ciento de la población etíope subsiste de la pequeña
agricultura, las consecuencias para el país han sido catastróficas: las
cosechas se han arruinado año tras año, dejando a los agricultores sin
semillas para plantar de nuevo, lo que ha provocado una situación de
crisis alimentaria que afecta a más de 10 millones de personas. Somalia también se enfrenta en estos momentos a una grave
crisis alimentaria provocada por la sequía recurrente que ha llevado a
buena parte de su población a una situación de hambruna. Más de la
cuarta parte del país depende de la ayuda alimentaria para sobrevivir,
porque no tienen acceso a los alimentos o no pueden pagar los elevados
precios que éstos han alcanzado en el mercado por la escasez. Como
consecuencia de esta situación y del desplazamiento de decenas de miles
de personas que han abandonado sus hogares para buscar alimentos y agua,
así como de la falta de acceso a servicios médicos, se han producido en
el país brotes de enfermedades infecciosas fácilmente prevenibles con
vacunas, y que son potencialmente mortales en determinadas
circunstancias, como el sarampión. Por esta razón la OMS concluyó hace
unos días una campaña de vacunación masiva del sarampión y de suministro
de vitamina A para tratar de proteger a los niños somalíes, muchos de
los cuales presentan tasas de desnutrición alarmantes. Actualmente más de un millón de somalíes se han refugiado en los países vecinos y 1,5 millones son desplazados internos. Islas del Pacífico Las islas del Pacífico se han convertido, por culpa del cambio
climático, en las zonas más vulnerables a los gigantescos huracanes y
tormentas que se han producido durante 2017 y que llevan una progresión
creciente desde hace algunos años. Ya en 2008 la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) advirtió en un informe de la amenaza que
el cambio climático supondría para la seguridad alimentaria: “El
calentamiento de los océanos, los frecuentes ciclones tropicales, las
lluvias torrenciales y las sequías tendrán un efecto devastador en los
sistemas de producción alimentaria de los países de las islas del
Pacífico”. “Éstas -según el informe- se encuentran en un permanente
estado de recuperación”. Desde entonces la realidad ha venido dando la
razón a la FAO. El aumento en la frecuencia e intensidad de las
inundaciones costeras, y la salinización de las tierras como
consecuencia de dichas inundaciones y la erosión, reducen las tierras
disponibles para la agricultura. También se han comprobado la
disminución de las capturas pesqueras por el aumento de las temperaturas
del mar. Ademas de las pequeñas islas del Pacífico, también archipiélagos como
Filipinas están sufriendo con frecuencia el azote de los ciclones. Durante 2017 vimos los efectos de los huracanes y tormentas en
algunas de estas islas, que quedaron completamente devastadas por el
viento y las inundaciones. Islas del Caribe
Durante 2017 las islas y la zona costera del Caribe sufrieron el
azote de tres huracanes devastadores, Harvey, Irma y María, los tres de
categoría 5, la máxima posible. Antigua y Barbuda, San Bartolomé, San
Martín, las islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Haití,
Bahamas y Cuba experimentaron la violencia de los vientos y las lluvias,
y olas gigantescas. Los daños fueron cuantiosísimos y los muertos se
contaron por centenares. El huracán Irma quedó clasificado como uno de
los más potentes de la Historia, con vientos superiores a 290 kilómetros
por hora. Todo parece indicar que este tipo de fenómenos se repetirán
durante 2018.
Se anuncia posible crisis humanitaria en el Salvador tras no renovación del TPS
Redacción
Tomado de Mundo Hispanico
Una
deportación masiva de los casi 200,000 salvadoreños que residen en
Estados Unidos tras el fin estatus migratorio conocido como TPS podría
suponer una crisis humanitaria para el país centroamericano, estimó el
lunes una autoridad migratoria.
El
presidente Donald Trump anunció el lunes que no renovará la protección
legal, otorgada tras los daños causados por un huracán en 1999 y un
terremoto en 2001 en Centroamérica y que fue renovada en varias
oportunidades. El gobierno estadounidense esgrimió que El Salvador ha
recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la
infraestructura del país ha sido reconstruida por lo que no se justifica
mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en
inglés).
“Nuestro
país no está preparado para recibir a miles de salvadoreños”, dijo en
conferencia de prensa Cesar Ríos, del Instituto Salvadoreño del
Migrante. “Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la
economía del país, un grave golpe al grupo familiar. Esto provocaría una
crisis humanitaria”, agregó.
Ríos pidió buscar una solución permanente antes de que expire la vigencia del trato preferencial el 9 de septiembre de 2019.
Por
su parte, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén expresó en
un comunicado oficial su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos
por “la prórroga por un período de 18 meses” y consideró que la decisión
“constituye un reconocimiento al aporte de nuestros compatriotas que
cuentan con dicho beneficio migratorio, al ser en ese país una
importante fuerza laboral y realizar relevantes contribuciones en otros
ámbitos como el económico, el cultural y el social”.
Teresa
Salmerón manifestó su preocupación por la situación de sus familiares
amparados por el TPS. “Sigo preocupada, entiendo que no los van a sacar
de ahorita, pero si no arreglan papeles van a tener que salir. ¿Qué van
hacer ellos aquí? Aquí no hay trabajo y yo vivo del dinero que me dan”.
Según
estudios recientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del
Ministerio de Economía en 2016 la población desempleada en El Salvador
era de 204,636 personas, el equivalente a una tasa del 7 por ciento.
El
97 por ciento de los salvadoreños con TPS poseen 25 años o más, una
tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en la
construcción. A su vez, el 69 por ciento reside en Estados Unidos en
viviendas de su propiedad.
Por
otra parte, las remesas familiares son fundamentales para la economía
del pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que
viven en Estados Unidos enviaron 4,576 millones de dólares a El
Salvador, un 7.6 por ciento más que en 2015. Las remesas recibidas en
2016 equivalieron al 17.1 por ciento del Producto Interno Bruto.
El
gobierno salvadoreño ha puesto en marcha un plan para ayudar a sus
compatriotas en Estados Unidos, donde ha contratado abogados y ha
formalizado alianzas con organizaciones que defienden los derechos de
los migrantes para que asesoren a los salvadoreños a que gestionen la
ciudadanía estadounidense.
También
se trabaja en un programa de asistencia para quienes no cumplan los
requisitos que les permitirían aspirar a un estatus migratorio estable y
deban retornar a El Salvador.
Después
de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999 y los terremotos
de enero y febrero de 2001 en El Salvador más de 260,000 salvadoreños
fueron beneficiados con el TPS. Con el tiempo algunos mejoraron su
estatus migratorio y otros perdieron el beneficio. En la actualidad sólo
190,000 lo conservan.
Jefe de gabinete de Trump: "México no pagará por la construcción del muro fronterizo"
Publicado: 18 ene 2018 04:54 GMT | Última actualización: 18 ene 2018 05:45 GMT - RT
John Kelly estima que el muro costaría unos
20.000 millones de dólares, pero reconoce que nunca será construido.
Jorge Duenes / Reuters
El
jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, declaró que México no
pagará la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos y que
este nunca será levantado completamente. Así lo expresó durante un
encuentro con legisladores demócratas en el Capitolio, según una fuente
familiarizada con el caso, informó el diario The Washington Post.
La política migratoria de Trump ha evolucionado, según Kelly
Kelly afirmó también que algunas de las políticas de inmigración de línea dura que el presidente Donald Trump defendió durante la campaña electoral estaban "desinformadas". Kelly dijo reiteradamente que Trump apoya la promulgación de protecciones legales permanentes para los 'dreamers' y que él ha ayudado al mandatario a evolucionar en política migratoria. La
reunión terminó sin ninguna resolución sobre lo que la Administración
quiere exactamente a cambio de autorizar protecciones legales
permanentes para unas 690.000 personas inscritas en el programa de
Acción Diferida para la Llegada de Niños (DACA) de la era de Barack
Obama, que Trump terminó el año pasado, según varios asistentes.
Posteriormente, Kelly en una entrevista con la cadena Fox News, tras ser cuestionado sobre el muro fronterizo —una de las principales promesas de campaña del magnate neoyorquino—, dijo que el Gobierno de México no pagará directamente por su construcción, aunque Trump no pierde sus esperanzas de obligarlos a hacerlo. "De
una manera u otra, es posible que podamos obtener ingresos de México,
aunque no directamente de su Gobierno", afirmó Kelly, quién estimó
también que su costo sería de unos 20.000 millones de dólares. Sus palabras contrastan con los más recientes comentarios en Twitter de Trump, quien una vez más ha dicho que México será el que pague la construcción de su ansiado muro, e incluso sugirió que
sería a través del Tratado Libre Comercio de América del Norte, cuyas
negociaciones para su modernización se retomarán a finales de enero en
Canadá.
Trump: "Necesitamos el muro para parar el flujo masivo de drogas de México"
Publicado: 18 ene 2018 13:33 GMT | Última actualización: 18 ene 2018 18:30 GMT - RT
El presidente de EE.UU. defiende a través de Twitter la construcción del muro fronterizo con México.
El presidente estadounidense, Donald Trump,
respondió este jueves a las declaraciones de su jefe de gabinete, John
Kelly, que aseguró en una reunión con legisladores demócratas, filtrada por los medios estadounidenses, que el mandatario había cambiado su posición sobre el muro fronterizo con México. "Necesitamos
el muro para la seguridad de nuestro país. Necesitamos el muro para
ayudarnos a parar el flujo masivo de drogas desde México, ahora
calificado como el país más peligroso del mundo. ¡Si no hay muro no hay
trato!", ha afirmado Trump en la red social Twitter en relación a las
actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) entre EE.UU. y México. No
es el único mensaje que ha mandado Trump al respecto en el día de hoy.
También por la misma red social, ha publicado otros dos tuits. En el
primero de ellos comenzaba: "El muro es el muro, nunca ha cambiado o
evolucionado desde el primer día que lo concebí", en clara alusión a las
palabras de John Kelly. Además,
en un segundo tuit, el presidente estadounidense hizo referencia al
pago del muro, sobre el que siempre ha manifestado que es México quien
debe afrontar su coste: "Los 20.000 millones de dólares del muro son
'cacahuetes' comparado con lo que obtiene México de Estados Unidos a
través del Tratado de Libre Comercio". "¡Es una mala broma!", ha
concluido.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Actualmente
se está procediendo a las negociaciones sobre el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EE.UU. y México, justo en un
momento en el que el presidente Trump había bajado la presión sobre la
cuestión de que el muro fuera pagado por los mexicanos. La respuesta
podría ser que el muro se considerase amortizado dependiendo de qué tipo
de acuerdos se alcancen en el marco del TLCAN.
México reitera a Trump que "no pagará bajo ninguna circunstancia" por el muro fronterizo con EE.UU.
Publicado: 18 ene 2018 16:13 GMT | Última actualización: 18 ene 2018 18:28 GMT - RT
El Gobierno de México ha respondido así a
los tuits del mandatario estadounidense, en los que insiste en avanzar
con la construcción del muro.
El Gobierno mexicano respondió a los recientes tuits del presidente estadounidense, Donald Trump, y dicen que este país "no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México".A través de un comunicado,
emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, México señala que
"esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana,
sino un principio de soberanía y dignidad nacional". Este jueves, Trump dijo
a través de su cuenta en Twitter que "¡Si no hay muro no hay trato!",
en relación a las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) entre EE.UU. y México. Al
respecto, México ha señalado que su posición en la mesa de
renegociación del TLCAN "continuará siendo seria y constructiva, siempre
poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el
que los tres países norteamericanos ganen". Además, que "no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación". En
su mensaje, Trump también señaló que la urgencia del muro responde a
que México ha sido "calificado como el país más peligroso del mundo" y
que esa barrera también ayudará a "a parar el flujo masivo de drogas"
provenientes del país latinoamericano. "Aunque México tiene un problema significativo de violencia, es abiertamente falso que México sea el país más peligroso del mundo", han respondido desde la Cancillería mexicana. Reiteraron
que la violencia generada en México por el tráfico de "drogas, armas y
dinero entre nuestros países" es "un problema compartido", que para
terminarlo se deben atacar sus "causas de raíz", como "la alta demanda
de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México".
Retoma
aquí Fernández Buey su serie sobre la Utopía, con una reflexión que
viene como anillo al dedo frente a todos los que reprochan a los nuevos
movimientos su supuesta debilidad en el planteamiento de alternativas.
¿Fue la revolución rusa de octubre de 1917 una utopía? Los
contemporáneos de aquella revolución tuvieron tres respuestas diferentes
para esta pregunta. La primera respuesta dice: sí, fue una utopía en el sentido
peyorativo de la palabra; fue desde el principio una fantasía, una
ilusión, porque socialismo es sinónimo de abundancia, de gran desarrollo
de la industria y de las fuerzas productivas en general, y la Rusia de
entonces, el topos en el que se pretendía construir el socialismo, era
un país económica y culturalmente atrasado (por lo menos en comparación
con la Europa occidental de la época). Según esto, los bolcheviques
soñaban despiertos. Tal fue la respuesta de la mayoría de los teóricos
marxistas de la socialdemocracia alemana de entonces.
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La segunda respuesta dice: sí, fue una utopía, aunque en el sentido
positivo de la palabra; fue una aproximación al topos bueno, el intento
de realización (parcial e imperfecta) de un ideal, el ideal socialista,
en las condiciones históricas dadas y, en ese sentido, una utopía
concreta, apreciable. Esta fue la respuesta de todas aquellas personas
que pensaban que el espíritu de utopía es consustancial al movimiento
revolucionario y al ideal emancipador o liberador. La tercera respuesta dice: no, no fue una utopía; no fue una utopía
en la acepción positiva de la palabra porque los sujetos que hicieron la
revolución no querían tener nada que ver con utopías en el sentido de
las fantasías y las ensoñaciones; y tampoco fue una utopía en la
acepción negativa de la palabra porque, aunque la revolución no cumplía
con los requisitos teóricos establecidos para la construcción del
socialismo, los hombres y mujeres que la hicieron tenían la voluntad de
poner las condiciones para hacer posible el topos bueno, la sociedad
socialista. Esta respuesta fue la de Antonio Gramsci en 1918.
José Carlos Mariátegui
El debate que produjo la contestación a aquella pregunta ha llegado
hasta nuestros días. Y este debate es, entre otras cosas, un episodio
significativo de lo que valen las palabras, de lo que cuenta en la
historia quién y cómo las usa y de la importancia que tiene reconstruir
el concepto cuando una palabra, en este caso la palabra “utopía”, ha
quedado deshonrada. Vistas las cosas desde hoy, la tercera respuesta, la
de Gramsci, es, sin duda, la más aguda de las respuestas que se dieron
entonces a la pregunta. Para juzgar las cosas así importa poco que la
revolución de 1917 acabara derrotada y que Gramsci haya sido un
perdedor, un revolucionario sin revolución. Al fin y al cabo las pocas
cosas de verdad importantes que se han dicho o escrito sobre estos
asuntos las han escrito perdedores: de Platón a More, de Savonarola a
Bloch, de Maquiavelo a Walter Benjamin y de Bartolomé de las Casas a
Mariátegui y Guevara. La respuesta de Gramsci suena un tanto paradójica. Se puede resumir
así: la revolución rusa fue a la vez una revolución contra el capital (o
sea, una revolución anticapitalista) y contra El capital (o sea, una
revolución contra el libro célebre de Karl Marx). Y, siendo las dos
cosas al mismo tiempo, no tiene por qué considerarse, sin embargo, como
una utopía. ¿Cómo se come eso? Para entenderlo bien hay que probar a
invertir el sentido corriente de las grandes palabras (utopía, orden
social, socialismo), que están degradadas por el uso y el abuso, y
recuperar el concepto auténtico que recubren. Esto obliga siempre a
pensar por cuenta propia, con la propia cabeza, no sólo cuando se está
en una determinada tradición (la socialista en este caso) sino incluso
cuando se está en un partido político (el socialista o socialdemócrata
que se quiere comunista, en su caso). Hacia
1918-1919 Gramsci era un joven socialista revolucionario impresionado
por lo ocurrido en Rusia. Ni más ni menos que tantos otros
revolucionarios de entonces (socialistas, anarquistas, comunistas,
libertarios e incluso liberales): como Lukács y Pestaña, como Pannekoek y
De Leon, como Karl Korsch y Piero Gobetti. Pero aquel joven Gramsci no
era un marxista típico: no era un marxista de manual, ni de libro, ni
académico. No sabía tanto de Marx como Lenin, Kautsky, Trotsky o Rosa
Luxemburg. Era un filólogo, pero no un marxólogo. Sabía de historia,
pero no era un materialista histórico propiamente dicho. Daba mucha
importancia a lo económico en el quehacer de los hombres en sociedad,
pero no era determinista. Y daba tanta importancia importancia a la
voluntad y a la subjetividad en la historia que, oyéndole hablar,
parecía de una tribu distinta a la de los marxistas del momento. La interpretación gramsciana de la revolución rusa como una rebelión,
tan inevitable como voluntarista, que, contra las apariencias, entra en
conflicto con las previsiones del primer volumen de El capital, fue en
su momento tan atípica como sugerente. Gramsci ha sido uno los primeros
socialistas en darse cuenta de la dimensión del problema político-
social implicado por una situación muy nueva en la historia de la
humanidad, a saber: la situación de un proletariado que era minoritario
en el conjunto de la sociedad rusa, que en 1917 no tenía apenas nada que
llevarse a la boca y que, sin embargo, resultó ser hegemónico, en un
océano de campesinos, durante el proceso revolucionario propiciado por
la guerra mundial; la situación paradójica, en suma, de una clase social
que nada tiene, excepto –nominalmente– el poder político. Gramsci adopta un punto de vista original: niega que haya leyes
históricas con carácter absoluto; se opone a la aplicación de esquemas
genéricos, muy abstractos (tomados de la interpretación del desarrollo
normal de la actividad económica y política del mundo occidental), a la
historia de Rusia; postula que todo fenómeno histórico tiene carácter
individual o particular y que, por tanto, tiene que ser es tudiado en su
concreción; afirma que el desarrollo histórico se rige por el ritmo de
la libertad y acaba poniendo en primer plano el papel de la psicología,
de la voluntad, de la subjetividad de los individuos que actúan desde y
ante la necesidad particular. Rebate así Gramsci la opinión de que la
revolución en curso tenga que ser considerada como una utopía.
Piotr Kropotkin
Observa Gramsci que la intención de cambiar el mundo de base, de
transformarlo en un sentido igualitario, socialista, tal como se expresa
en el canto de La Internacional, suele identificarse vulgarmente con la
utopía. La palabra degeneró, quedó deshonrada, a partir del momento en
que se impuso el punto de vista según el cual toda propuesta de
transformación, de cambio radical del mundo capitalista en que vivimos,
es utópica, es una utopía, una ensoñación, ilusión irrealizable. Pero
Gramsci distingue entre el sentido histórico que tuvo la utopía desde el
Renacimiento y, sobre todo, en el siglo XIX, y el uso contemporáneo, ya
habitual en el siglo XX, de la palabra. Históricamente con la utopía se
quería proyectar en el futuro un fundamento del orden nuevo que quitara
a los de abajo, a los pobres y proletarios que querían cambiar el
mundo, la impresión de salto en el vacío. Este es el lado bueno de las
utopías históricas, Pero lo que hace utópica en un sentido negativo o
peyorativo –argumenta Gramsci– la aspiración al ideal de un orden nuevo
no es la afirmación del principio moral (igualitario) que conlleva esta
aspiración, sino el detalle sobre lo que debe ser la ciudad ideal, sobre
la sociedad del futuro. La verdadera utopía negativa es la pretensión
de que, para anticipar el orden nuevo, hay que basarse en una infinidad
de hechos, en lugar de basarse en un solo principio moral, en función
del cual luego se actúa. Lo que hace del ideal una utopía es, para
Gramsci, la pretensión de calcular lo incalculable, de prever más de lo
que razonablemente el hombre puede prever tratándose del futuro. Algo
parecido había escrito el anarquista ruso Piotr Kropotkin: “Es imposible
legislar para el futuro. Todo lo que podemos hacer con respecto al
porvenir es precisar vagamente las tendencias esenciales y despejar el
camino para su mejor y más rápido desenvolvimiento”. El defecto de las utopías, que Gramsci llama “orgánico”, o sea,
sustantivo, estriba íntegramente en esto: en creer que la previsión
puede serlo de hechos, cuando lo razonable es pensar que en cuestiones
sociopolíticas y socioculturales la prognosis, la anticipación, sólo
puede serlo de principios o de máximas jurídicas. Las máximas jurídicas
(el derecho, el ius, es, para Gramsci, la moral actuada, en acto) son
creación de la voluntad de los hombres. Si se quiere dar a esa voluntad
colectiva una dirección determinada, hay que proponerse como meta lo
único que razonablemente puede serlo, pues en otro caso se cae en el
detallismo, y el exceso de detalle anticipado sobre la organización del
futuro, después de un primer entusiasmo, hace que las voluntades se
ajen, se disipen, que la voluntad individual y colectiva decaiga y que
lo que fue entusiasmo inicial se convierta en mera ilusión o en
desilusión escéptica o pesimista. Esta manera de ver las cosas supone una inversión de lo que el
realista cree habitualmente. Éste tiende a pensar que la aspiración
declarada a un orden nuevo será tanto más utópica cuanto más genérica y
de principios porque la afirmación de principios deja muchos cabos
sueltos acerca de qué ha de ser en concreto la sociedad del futuro.
Gramsci, en cambio, mantiene que la aspiración al socialismo se degrada y
se convierte en (mala) utopía cuanto más intentemos detallar cómo
funcionará esa sociedad del futuro: a más detalle más degradación de la
aspiración. Reflexionando sobre el significado de la revolución rusa Gramsci
descubre el Escila y Caribdis de la utopía. Scila: la conversión del
ideal en programa detalladísimo para el futuro a partir de la
consideración (en principio razonable) de que si no se perfila con todo
detenimiento y concreción cómo serán la ciudad y la sociedad del futuro
los que tienen que cambiar la sociedad presente no se moverán porque les
parecerá que no hay garantías y se resignarán. Caribdis: presumir de
que es posible pasar definitivamente de la utopía a la ciencia, imaginar
una ciencia superior a la que se da el nombre de “socialismo
científico” y concluir, de manera determinista, que la buena aplicación
del método que funda esta ciencia tiene que conducir a la sociedad
armónica, regulada, socialista, con la consideración (razonable también)
de que los hombres no van a cambiar el mundo fantaseando sobre el
futuro sino conociendo las leyes de la historia como se conocen las
leyes de la naturaleza.
Ernst Bloch
Esta reflexión de Gramsci deja abierto un problema interesantísimo
que ha llegado hasta nuestros días y del que hay un eco más reciente en
la oposición entre el principio esperanza de Ernst Bloch y el principio
de responsabilidad de Hans Jonas. El problema se puede formular así:
¿hasta dónde se puede concretar y precisar en la anticipación del orden
nuevo cuando se ha llegado a la conclusión de que la mera afirmación del
reino de libertad como principio es tan utópico (en el sentido
negativo) como utópica es la pretensión de prefigurar en detalle lo que
será la sociedad futura? ¿Puede la buena utopía, la utopía concreta que
no quiere verse reducida a ensoñación, ilusión o fantasía, afirmar algo
más que lo que Gramsci llamaba principios o máximas jurídicomorales y
Kropotkin “precisar vagamente las tendencias esenciales”? O planteado de
otra manera: ¿es posible escapar al Escila y Caribdis de la utopía por
la vía de una futurología que no sea utópica en el sentido peyorativo de
la palabra? ¿Lo ha intentado realmente el pensamiento socialista? La
respuesta a esta otra pregunta tiene que ser: sí, lo ha intentado. Y lo
sigue intentando. Ese intento consiste en precisar por la vía negativa. O
sea: no diciendo “el socialismo será así y así”, sino diciendo más
bien: “el socialismo no podrá ser así y así” porque quererlo sería tanto
como: a) rebasar las capacidades humanas, o b) entrar en contradicción
con los principios jurídico-morales que nos proponemos plasmar. Por esa
vía negativa el pensamiento socialista acaba encontrándose con
Maquiavelo: “Conocer los caminos que conducen al infierno para
evitarlos”.
Hans Jonas
Ya los clásicos del socialismo fueron algo más allá de los principios
jurídico-morales. Precisaron, por ejemplo, al hablar del trabajo, que
el socialismo no aspira a superar toda división del trabajo (puesto que
hay una división técnica del mismo que es condición sustantiva para la
producción de riqueza), sino precisamente ese tipo de división social
fija que hace que los hijos y los nietos de los trabajadores manuales
sigan siendo trabajadores manuales mientras que los hijos y los nietos
de los empresarios, funcionarios e intelectuales sigan disfrutando de
los privilegios de sus antepasados. Precisaron, por ejemplo, al hablar de la distribución en la futura
sociedad de iguales, que el socialismo no aspira a repartir entre los
trabajadores el fruto íntegro de su trabajo, porque del producto social
total habrá que deducir fondos para la reposición de los medios de
producción consumidos, fondos para la ampliación de la producción y
proveer, entre otras cosas, un fondo de reserva contra accidentes y
perturbaciones debidas a fenómenos naturales cuya cantidad no se puede
calcular con criterios de justicia sino, a lo sumo, según el cálculo de
probabilidades. Precisaron, por ejemplo, al hablar del producto que habrá que
destinar al consumo antes de llegar al reparto individual, que, aunque
se simplifique drásticamente el aparato burocrático y aún aspirando a
ello, se deben tener en cuenta los costes generales de la
administración, lo que hay que dedicar a escuelas, a la sanidad y a
otras necesidades sociales como las de los impedidos, inválidos e
imposibilitados que en las sociedades anteriores han ido a cargo de la
beneficencia. Precisaron, por ejemplo, cómo pagar al trabajador en una sociedad
socialista cuando se ha establecido ya el control social de la
producción, a saber: mediante un vale que certificaría lo que el
trabajador ha aportado, deduciendo en él lo que aporta al fondo
colectivo; vale con el que el trabajador individual podrá obtener de los
depósitos sociales de bienes de consumo una cantidad que cuesta lo
mismo que su trabajo (en el sentido de que es equivalente). Precisaron, por ejemplo, que siendo el trabajo el criterio principal
por el que ha de regirse el derecho en la sociedad socialista, la
concreción de la igualdad, más allá de las abstracciones, tiene que
tener en cuenta las diferencias de aptitudes, capacidades y situaciones
de los ciudadanos trabajadores, por lo que habrá que introducir algún
tipo de discriminación, o sea, de derecho de la desigualdad, en este
caso positiva, para favorecer a los que estén en peor situación de
partida. Y si se quiere seguir hablando de socialismo en serio, sin perder el
espíritu positivo de la vieja utopía, habrá que seguir precisando en esa
línea. Precisando sobre lo que, racional y plausiblemente, no puede
ser. Esa es la vía que, con el tiempo, condujo a la nueva utopía, a la
utopía rojiverde, al socialismo ecológicamente fundamentado. Y esa es,
en mi opinión, la única vía que permite juntar utopía y ciencia sin que
las dos palabras se peguen entre ellas ni caer en un cientificismo en el
que no puede creer hoy en día ningún aspirante a científico social que
se precie.
HONDURAS
Un fraude con sabor a golpe de Estado con modalidad electoral
Escrito por Padre Melo.
Posted
El 22 de diciembre el Departamento de
Estado del gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Orlando Hernández
como presidente electo. Con su decisión calló a Luis Almagro,
Secretario General de la OEA con su llamado a nuevas elecciones, y
condenó a los manifestantes hondureños a quedar al margen de la ley, y
por eso mismo, expuestos a las arbitrariedades de los órganos de
seguridad y de fuerza de un Estado hondureño organizado en muy poco
tiempo para defender las arbitrariedades de un reducido sector de
políticos y empresarios liderado por Juan Orlando Hernández, quien como
se sabe, supo aprovechar su investidura para controlar los otros poderes
del Estado para impulsar su candidatura de facto a la inconstitucional
reelección presidencial.
El presidente que el Departamento de Estado eligió
Los promotores del fraude anunciado y
ejecutado antes, durante y después del 26 de noviembre quedaron con la
razón, con la ley y con las armas apuntando a transgresores del orden
público. Los que se oponen al fraude y demandan nuevas elecciones o
rechazan una dictadura, quedan fuera de la ley. Washington hizo caso
omiso a todas las voces y protestas que denunciaron el fraude y exigían
anulación de elecciones y la convocatoria a nuevos comicios. Con su
reconocimiento, el gobierno de Estados Unidos dio su espaldarazo al
desacreditado Tribunal Supremo Electoral quien, a través de su
presidente, David Matamoros, oficializó el día 17 del mismo mes de
diciembre los resultados electorales que dieron por triunfador al
presidente hondureño.
Una vez que Washington reconoció al
presidente electo, el grueso de la comunidad internacional dobló sus
rodillas. Los países comenzaron oportunos y con celeridad, como en
concierto armónico, a publicar sus cartas de felicitación al nuevo
presidente electo, y todos, sin excepción, haciendo eco del llamado al
diálogo nacional, convocado por el mismo presidente Hernández, para
buscar consensos que pusieran fin a la crisis política hondureña. El
reconocimiento en su conjunto dejó entre líneas diplomáticas que en
Honduras hay un problema, que en una dosis importante de ese problema
reside en el gobierno al que reconocen, y por eso mismo la sociedad debe
tener una participación activa en la búsqueda de resolución de la
crisis.
El poder de Estados Unidos se hizo sentir
con toda su fuerza. Bastó que hablara para que los demás rompieran el
silencio. No importó la protesta contra el fraude. No importó si hubo o
no hubo fraude en las elecciones del 26 de noviembre. Tampoco importó el
país en que había ocurrido esta crisis. Lo que importó para la llamada
“comunidad internacional” fue su sumisión a la palabra dictada por
Washington. Una vez más quedó patente el poder del imperio y la
inexistencia de países como Honduras. Lo que pase en el presente y el
futuro a este país es lo de menos. Si se despedazan sus gentes por
conflictos internos, si se instaura una dictadura, eso no interesa. Lo
que pesa son intereses geopolíticos y financieros. Y para esto la
comunidad internacional necesitará siempre estar bien con lo que quiere y
dice Washington.
El miedo a un fantasma geopolítico, ganó las elecciones
El miedo a un fantasma ganó las elecciones
hondureñas del 26 de noviembre pasado. Un fantasma revoloteó por las
oficinas hondureñas de los políticos de la extrema derecha primitiva, de
la más alta élite empresarial, de algunas oficinas de un conspicuo
sector autodenominado de “sociedad civil”, de los escritorios de
misiones extranjeras, de misiones especiales de observadores, y
especialmente de las oficinas de la Embajada Americana y en el buró de
altos funcionarios del Departamento de Estado en Washington.
El miedo a un fantasma impuso finalmente la
decisión que se decantó a favor del nada confiable en muchos de esos
círculos Juan Orlando Hernández. Ese fantasma tiene nombre y apellido:
Manuel Zelaya Rosales, un fantasma que, por estar en los hechos
desprendido de sus rasgos humanos naturales, en todas estas oficinas
acabó siendo tratado bajo la categoría de un auténtico mito, como si se
tratara del monstruo de la laguna negra con los que los padres amenazan a
los niños si no se van temprano a la cama.
No ha sido Juan Orlando Hernández quien
propiamente ganó en esta vorágine política hondureña. No fue tanto el
fraude el que por sí mismo se impuso. Si el gobierno de los Estados
Unidos no se hubiese decidido por respaldar a Juan Orlando Hernández
existían muchas razones para acusarlo de fraude y obligar al Tribunal
Supremo Electoral a declarar ganador a Nasralla. No ganó Juan Orlando
Hernández, tampoco el fraude. Quien ganó fue el miedo y prejuicio del
gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado a un
gobierno que tuviera a Manuel Zelaya Rosales como principal
protagonista. Nunca tuvo reparo en Salvador Nasralla. A lo sumo se rió
con sarcasmo cuando lo imaginaban de presidente. Pero persistió el
convencimiento de que quien gobernaría tras Nasralla sería el hombre del
sombrerón.
Se impuso la lógica de la banana republic
De nuevo se ha impuesto en Honduras la
geopolítica imperial por sobre los dinamismos nacionales. De nuevo ha
pesado en Honduras la lógica de la Banana Republic: los asuntos
hondureños se definen sin el país, fuera del país y en contra del país.
El Departamento de Estado y el Comando Sur, por encima de las tibiezas
de los demócratas que están en la Embajada en Tegucigalpa, decidió
cerrar filas en contra del peligro que para ellos supone un gobierno
imprevisible como el que se venía venir con un pendular Salvador
Nasralla y un Zelaya Rosales con sus vasos comunicantes con el
tambaleante socialismo del siglo veintiuno.
Cualquier cosa, incluso seguir avalando a
un rufián y mafioso Juan Orlando Hernández, a tropezar de nuevo con la
misma piedra o la redición en Honduras de un gobierno al que se le dio
golpe de Estado en 2009 por haber establecido sospechosas alianzas no
controladas ni por el Departamento de Estado ni por la élite más
exclusiva de la oligarquía criolla. El fantasma de Manuel Zelaya
revoloteó en todo el proceso electoral, estuvo presente en el conteo de
los votos, formó parte de las sumas y restas de Juan Orlando con los
obedientes miembros del TSE, y de las pláticas y decisiones con la
Embajada y los miembros del Departamento de Estado.
Juan Orlando perdió irremediablemente las elecciones
Él lo sabe, lo sabe David Matamoros,
presidente del Tribunal Supremo Electoral, lo saben los miembros de la
Misión de Observación de la OEA y de la Unión Europea. Lo sabe el
Departamento de Estado. Y lo sabe y lo convierte en rabio un sector
mayoritario de la sociedad hondureña que votó en las elecciones no tanto
porque creyera con firmeza en Salvador Nasralla, sino por el repudio a
Juan Orlando Hernández, quien se ha convertido en l individuo hondureño
más repudiado en la historia política de al menos los últimos 40 años.
Rasgos con los que se recuerdan a los presidentes hondureños
De los militares que dieron golpes de
Estado en los años setenta, se les recuerda con burla por sus acumuladas
ignorancias, y todo mundo en Honduras se mofa de Suazo Córdova, el
primer presidente en la era de las democracias representativas por abrir
las puertas a las políticas intervencionistas de los gringos con sus
alardes pueblinos y su concepción de alcalde de pueblo. A Azcona Hoyos
se le recuerda por la mediocridad con la que trató la demanda
internacional de sacar a la contrarrevolución nicaragüense de territorio
hondureño, mientras que a Callejas se le asocia inevitablemente con el
más feroz neoliberalismo teñido de galopante corrupción patrimonial.
Callejas es el símbolo de gobernante corrupto, que hasta lo convertía en
héroe de la cleptocracia.
Carlos Roberto Reina quedó en el imaginario
hondureño como el presidente que quiso adecentar la institucionalidad
con una inexistente “revolución moral”, aunque dejó el imperecedero
recuerdo de haber abolido el servicio militar obligatorio. De Flores
Facussé se queda una agenda política arrasada por la tormenta tropical
Mitch, y por ser un eximio controlador mediático a través de la sublime
compra de periodistas. Fue el auténtico constructor del “cerco
mediático” hondureño. Maduro se quedó en la memoria popular como el
hombre de la mano dura, que pasó su gobierno entero vengando la muerte
de su hijo y capitalizar las ayudas del Mitch para fortalecer las
alianzas de la élite más pura de la oligarquía con el capital
transnacional expresado en la ratificación de los tratados de libre
comercio.
A Zelaya Rosales se le asocia con un “poder
ciudadano” que puso a temblar todo lo que de que neoliberalismo se
había consolidad desde Callejas hasta Maduro, la Cuarta Urna y el golpe
de Estado. De Micheletti apenas se recuerdan su estridente tripleta de
gritos de “Viva Honduras” propios de la afortunada mentalidad de un
“gorilete”; de Pepe Lobo se le asocia con la mano extendida hacia la
comunidad internacional suplicando reconocimiento, y tapando los
agujeros que dejaban a su paso las prácticas corruptas de sus más
cercanos colaboradores, incluyendo a su amada “mi Rosa”. ¿Y de Juan
Orlando Hernández? Solo como el individuo cínico y ambicioso que alcanzó
los niveles de repudio que ni por asomo alcanzaron sus predecesores en
la silla presidencial.
Juan Orlando Hernández representa al sector
de la élite más exclusiva de la oligarquía hondureña que tuvo el mayor
liderazgo en la implementación del golpe de Estado del 28 de junio de
2009. No existe contradicción entre el hecho político de haber
defenestrado a Zelaya Rosales con el argumento de buscar la reelección y
de respaldar con fervor a Juan Orlando Hernández en su empresa de
reelegirse pasando por encima de la Constitución de la República, porque
en ambos eventos persiste la defensa de negocios y el control del
Estado como el mayor de los negocios. Lo de la ley es asunto contingente
y pragmático.
Cinco líneas de batalla de la estrategia para blanquear el fraude
Para la élite que lidera Juan Orlando
Hernández el ciclo electoral se cerró con el reconocimiento por parte
del Departamento de Estado. Como parte del proceso hacia de la asunción
de su gobierno en esta etapa especialmente difícil, el equipo de Juan
Orlando Hernández ha puesto en marcha una evidente estrategia política
con al menos cinco líneas simultáneas de trabajo.
La primera es la línea internacional
conducente a buscar el reconocimiento de la comunidad internacional, el
cual temporalmente se ha ido logrando con notable éxito. De la mano del
Departamento de Estado, el equipo de Juan Orlando Hernández encabezado
por Arturo Corrales, ex canciller de la República y ex ministro de
Seguridad, y experto en el uso de encuestas para blanquear fraudes o
crear maliciosamente tendencias, penetró los pasillos del gobierno de
Estados Unidos, y en una jugada del más descarado servilismo, se ofreció
a ser uno de los países en votar a favor de la propuesta del gobierno
de Trump de declarar Jerusalén capital de Israel a cambio del
reconocimiento del triunfo electoral de Juan Orlando Hernández. Una vez
alcanzado el favor de Washington el resto de reconocimientos vendría por
añadidura.
La segunda línea es la estructuración de la
alianza interna con los sectores afines a Juan Orlando a través del
recurrente llamado al Diálogo Nacional, una línea íntimamente unida a la
primera, puesto que todos los países que en el concierto armónico del
reconocimiento incluyeron en su carta oficial el llamado a que el
diálogo interno conllevara a la superación de la crisis política
suscitada por el estrecho margen electoral con el que finalmente el TSE
le adjudicó el triunfo a Juan Orlando Hernández. Esta línea del diálogo
ya fue usada en 2015 en el fragor de la crisis que se expresó en el
fenómeno de las antorchas, cuando se estrenó la consigna, ¡Fuera JOH!
Sin duda la más popular que se haya conocido en Honduras en las últimas
décadas, y que dio origen a la canción “¡Es pa fuera que vas!” tan
cantada a lo largo del país y sonada en las redes sociales que, de
acuerdo a una encuesta de internet de música, logró ocupar a finales de
diciembre el lugar número tres entre las 50 canciones más escuchadas en
el año 2017 a nivel internacional.
Cuando Juan Orlando y su equipo se vieron
acorralados por las presiones por investigar y enjuiciar a quienes
saquearon el Instituto Hondureño del Seguro Social, se convocó a un
diálogo “incluyente y abierto”. Sin embargo, en el mismo participaron
los afines a Juan Orlando Hernández, y del mismos surgió lo que hoy se
conoce como la MACCIH (Misión de Apoyo a la lucha contra la Corrupción y
la Impunidad en Honduras) como respuesta oficial que en arreglo con el
Secretario de la OEA logró amarrar Arturo Corrales Álvarez a la sazón
Canciller de la República, en respuesta a la demanda de una CICIH, una
comisión de la ONU al modo como se instaló en Guatemala. La MACCIH fue
una especie de híbrido que nunca acabó de cuajar no obstante la buena
voluntad de algunos de sus integrantes.
Sin embargo, el auténtico fruto de aquel
diálogo fue haber “normalizado” la situación, aplacado la crisis para
allanar el camino para que Juan Orlando y su equipo avanzaran con
precisión hacia la candidatura a la reelección presidencial, asunto que
devino en la crisis electoral que orilló al país a una auténtica
convulsión política y social, que hoy se trata de solventar con la
reedición de un diálogo cuyo punto de partida es dejar intactas las
reglas del juego en torno a la aceptación de los polémicos y
conflictivos resultados electorales.
Esto es así porque el diálogo, que no fue
ni abierto ni incluyente, buscaba aplacar la crisis, no resolverla, y
fue como una tapadera puesta en una olla hirviendo en un fuego que no se
aplacó. Ese fuego llevó a que la olla rebalsara con ocasión del proceso
electoral conducido por una reelección que desde todo punto de vista
fue el factor que disparó todos los conflictos, malestares y repudios
concentrados en la figura de Juan Orlando Hernández.
La tercera línea de trabajo es la alianza
magistral de Juan Orlando Hernández con los propietarios de los
principales medios de comunicación. Es la línea mediática del blanqueo
del fraude. Aquí se han afinado todos los dispositivos para ignorar a
los opositores cuando hay que hacerlo; estigmatizar su trabajo y sus
vidas, presentándolos como enemigos de la paz, aliados del crimen
organizado, promotores del vandalismo y el desorden; sobornarlos o
cooptarlos si encuentran la ocasión, cosa buscaron hacer con mucho
esmero con el candidato de la Alianza Opositora Salvador Nasralla, a
quien consideraron el eslabón más débil para provocar fricciones
conducentes a la división interna; criminalizarlos, como en efecto ha
ocurrido con la captura y levantamiento de procesos judiciales en contra
de decenas de manifestantes con algún nivel de liderazgo de las
diversas zonas con mayores índices de protestas; y finalmente, la
persecución y eliminación física de varios de los líderes de base de la
oposición.
Todo esto se ha manejado de manera
proverbial y sin fisura a través de los medios de comunicación, los
cuales se han dedicado a elevar el perfil humano, espiritual, familiar y
del estadista Juan Orlando Hernández, a destacar los beneficios del
diálogo nacional para unir y reconciliar a la familia hondureña, a
destacar los daños y perjuicios ocasionados por el vandalismo de quienes
se resisten a aceptar las reglas del juego de la democracia en donde
hay un ganador y un perdedor, a destacar el reconocimiento internacional
de los países a la democracia hondureña y a celebrar con alegría y
regocijo espiritual la magia de la navidad y del año nuevo.
La cuarta línea de trabajo es la inversión
económica descarada en afianzar la alianza con los altos oficiales de
las Fuerzas Armadas, de la Policía Militar del Orden Público, de la
Policía Nacional, y con los colaboradores más cercanos. Esta línea
comenzó con los oficiales y clases del batallón Cobras de la Policía
Nacional tuvieron un conato de sublevación pocos días después de las
elecciones. El Presidente atajó personalmente la crisis con una
inversión notable de dinero. El éxito de este operativo lo la trasladado
a todos los mandos de las diversas estructuras armadas del Estado, y a
otros colaboradores civiles a los que interesa tener muy a gusto para
evitar que salte en esta crisis una desagradable sorpresa sin control.
La quinta línea de trabajo es la
frontalmente represiva y de fuerza bruta contra manifestantes y
opositores. Para el éxito de esta línea Juan Orlando Hernández decidió
nombrar nuevos comandantes del ejército, entre ellos al General René
Orlando Ponce Fonseca, estricto amigo personal, y formado en el Batallón
3-16, escuadrón de la muerte, responsable de asesinatos y desaparición
forzada de decenas de opositores al Estado en la década de los ochentas.
Mientras organiza con diligencia y publicidad el diálogo de nuevo
“amplio e incluyente”, como en 2015, y que entonces no sirvió sino para
catapultarlo a la reelección, las fuerzas represivas persiguen, captura,
torturan, desaparecen y cuando los perseguidos tienen” suerte” los
entregan a la fiscalía para que la misma los acuse por delitos de
terrorismo, daños a la propiedad privada y sedición que suponen la
condena por varios años de cárcel sin derecho a fianza o a medidas
sustitutivas.
Entre todos los escenarios, el peor
Entre todos los escenarios, ninguno de
ellos ideal, Honduras entró a partir del 22 de diciembre en el peor de
los escenarios, el escenario que confronta y polariza sin posibilidades
de entendimientos o negociaciones al proyecto autoritario que por la vía
de la reelección y el fraude se erigirá a partir del 27 de enero en una
auténtica dictadura liderada por Juan Orlando Hernández, con una
oposición que aunque sin una articulación sólida, hace coincidir a todos
los sectores que a ella se remiten en el repudio, rechazo y accionar en
contra de la dictadura. Ese es el marco contextual en el que se sitúa
este escenario por el cual optó el gobierno de los Estados Unidos y que
conduce a una inevitable ingobernabilidad para los próximos años. Cuando
el 27 de enero de 2018 Juan Orlando Hernández reciba la banda
presidencial por segundo período consecutivo, al menos tres cuartas
partes de la sociedad hondureña, entenderá ese gesto como la
instauración de un gobierno de facto, que llegó a esa magistratura por
la vía fraudulenta. El estigma del fraude no solo no se lo podrá quitar
el gobierno entrante, sino que seguirá siendo el factor decisivo
detonador de conflictos, movilizaciones y protestas.
Rasgos de una dictadura débil y enclenque, pero altamente peligrosa y mortífera
El gobierno que se inaugurará a partir del
27 de enero de 2018 será simultáneamente el gobierno más débil de la
historia política hondureña al menos de los últimos 35 años. Y lo será
porque su legitimidad está carcomida. Ya la primera administración de
Juan Orlando Hernández se caracterizó por su escasa legitimidad. Fue
legalmente muy dudoso y legítimamente muy pobre. En su segunda
administración, Juan Orlando Hernández representará a un gobierno con el
nivel más bajo de legitimidad y con una alta dosis de ilegalidad.
A estos dos rasgos habrá que añadir además
la percepción amplia de estas tres cuartas partes de la sociedad de que
el gobierno hondureño es usurpador de la voluntad soberana del pueblo, y
por tanto es una dictadura impuesta inconstitucionalmente. A este
usurpador habrá que hacerle la vida imposible, no puede gobernar en paz
un gobierno que le ha quitado la paz a la sociedad, dirían estos amplios
sectores hondureños. Y finalmente, el gobierno de Juan Orlando
Hernández seguirá cargando con el calificativo de corrupto, debidamente
ganado a pulso por el manejo oscuro de los bienes públicos por parte de
los círculos más estrechos de los colaboradores de Juan Orlando
Hernández en su primera administración como cuando lo fue como
presidente del Congreso Nacional.
Un gobierno ilegal, ilegítimo, usurpador y
corrupto no puede sostenerse en el poder si no es a costa de seis
factores íntimamente articuladores:
Primero factor: una enorme inversión en la
compra y soborno de voluntades, conciencias, estómagos en todos los
niveles de la sociedad, desde los más encumbrados empresarios,
políticos, profesionales y empleados, hasta los líderes de base
necesarios para la atención clientelar de las demandas. El presupuesto
de Casa presidencial y el discrecional del presidente deberán elevarse a
niveles conocidos y sobre todo desconocidos incluso por los círculos de
poder dentro del gobierno.
Segundo factor: la fuerza de las armas, con
una inversión permanente y constante en la militarización de la
sociedad y el fortalecimiento de la Policía Militar del Orden público.
No le queda ninguna otro camino que recurrir a la represión y a la
coerción, porque el Estado bajo la conducción de un gobierno
fraudulento, usurpador, ilegal e ilegítimo perdió la capacidad de
construir consensos, porque su naturaleza lo conduce únicamente a
promover disensos. Y eso lo obliga a convertirse en un Estado
esencialmente coercitivo. La militarización del Estado y amenazar con
armas a la sociedad para mantenerla con miedo, serán plenamente
necesarios para un gobierno con tan altos niveles de debilidad. El poder
del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se elevará a niveles de
llegar a ser la instancia en donde se toman todas las decisiones
determinantes para el país, porque será la defensa y la seguridad basada
en las armas y la inteligencia militar los instrumentos fundamentales
del gobierno dictatorial.
Tercer factor: este gobierno deberá estar
buscando alianzas permanentes con la élite más exclusiva y rica de
Honduras y con el capital transnacional en base a establecer una alianza
sólida con esto que en Honduras se ha dado en llamar COALIANZA. La
privatización de los bienes, los proyectos extractivos y los contratos
basados en los sobornos y chantajes serán típicos de un gobierno que
necesita congraciarse con quienes manejan los capitales para evitar
tenerlos en algún momento como sus enemigos porque resultaría fatal. De
especial importante será el cuidado de las relaciones con el gobierno de
los Estados Unidos, con quien de manera muy particular se habrá de
expresar la ausencia de libertad y autonomía a través de los vínculos y
prácticas serviles frente a la política de seguridad de Estados Unidos
que será la determinante en sus relaciones con el gobierno hondureño.
Cuarto factor: el manejo mediático a través
de compromisos directos con los propietarios de los medios de
comunicación y con la inversión en publicidad en todos los medios
posibles, con el propósito de tener el control de la noticia y del
manejo de la opinión pública. De igual manera, se deberá invertir en el
soborno permanente de periodistas a título personal para fortalecer la
línea oficial de la noticia y de la línea editorial, y en atenazar,
chantajear, amenazar a medios y comunicadores que se salen de la égida
del “cerco mediático”. El sabotaje a una antena y torre de radio
Progreso ocurrido entre la noche y madrugada de los días 9 y 10 de
diciembre es apenas una advertencia a lo que podría ocurrir a los medios
de comunicación que no se sometan a la línea oficial del cerco
mediático.
Quinto factor: el manejo de lo jurídico a
través de la legislación que se aprobará en el Congreso en virtud de
contar con mayoría de diputados, y de los instrumentos que se aprueben
para endurecer leyes, para aplicar penas a los detractores y para
facilitar salidas legales a los aliados con quienes se necesita mantener
excelentes relaciones.
Sexto factor: el sustento divino como
necesidad de dar legitimidad sobrenatural a una debilidad política casi
insostenible. Nunca se hablará tanto de Dios y de la providencia divina
como en el gobierno que se inaugurará con los rasgos autoritarios y
autárquicos como en este segundo período de Juan Orlando Hernández.
Recurrir a Dios y al providencialismo como conductores de la obra humana
de Juan Orlando Hernández sin duda que se expresará en alianzas
específicas con iglesias, tanto evangélica como católica.
Los escenarios ciudadanos para derrocar a la dictadura
Escenarios a construir. El escenario ideal,
pero menos posible, es el que revierte el proceso de fraude, y se
convoca a nuevas elecciones bajo estricta supervisión internacional.
Esto supondría que el Departamento de Estado rectifique, retomo con
responsabilidad el análisis de los riesgos para la sociedad hondureña, y
acabe dando un respaldo a la Secretaría General de la OEA. Este
escenario es tan irreal como esperar que el gobierno de Estados Unidos
se convierte en las reyes magos que traen regalos para el pueblo
hondureño.
Otro escenario es la construcción de una
convocatoria amplia de ciudadanía en rebeldía contra la dictadura que
presiona desde los diversos ámbitos a que el gobierno tenga cada menos
espacio para impulsar su propuesta autoritaria y en amenaza a la
soberanía nacional y popular. Este escenario es el necesario y obligado a
construir por parte de los diversos sectores que rechazan el fraude y
la imposición de la dictadura.
Esto supone un amplio espectro de alianzas
que irían desde los sectores más radicales del partido Libertad y
refundación, pasando por el espectro que conformó la Alianza Opositora
contra la Dictadura, llegando al sector del partido Liberal que lidera
Luis Zelaya hasta extenderse a los sectores ciudadanos y populares que
actualmente se aglutinan en la Convergencia Contra el Continuismo que
aglutina a diversas iniciativas articuladoras de diversos sectores
sociales y ciudadanos.
Una amplia alianza así, a partir de
consensos básicos comunes puede impulsar una estrategia que puede ir
desde la ampliación de las convocatorias para que cada vez más gente
quepa y se integre a esta convocatoria ciudadana opositora, las
estrategias mediáticas, la estrategia legal y de derechos humanos, la
estrategia de incidencia internacional, la estrategia de contenidos
hasta la actividad en la calle.
Con una convocatoria opositora ciudadana
amplia como esta y una estrategia en base a consensos comunes, no habría
manera de que el proyecto dictatorial tenga margen de éxito. Aunque
tenga las armas y se esfuerce en imponer su ley, llegará un momento en
que se verá en la obligación de negociar una salida, que puede ser a
través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la
cual, en caso de llegarse a este extremo, deberá ser parte integral de
la estrategia de lucha de la Convocatoria Opositora Ciudadana.
Escrito por Padre Melo.
Familiares dudan que manifestante de la Alianza se haya ahorcado en su celda
Tegucigalpa.-
Familiares de Óscar Antonio Flores, de 32 años de edad, encontrado este
fin de semana ahorcado en una celda de la posta policial del municipio
de Pespire, Choluteca, en el sur de Honduras, exigen justicia ya que la
víctima presentaba golpes en varias partes del cuerpo y dudan que éste
haya suicidado,como aseguran autoridades policiales.
El joven presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo somo se aprecian en su camiseta
Según
relatos de las personas que se encontraban en escena, el ahora occiso
fue detenido durante la manifestación que se salió de control. La zona
sur ha sido de las regiones comerciales más afectadas por las tomas de
carretera en los últimos meses.
Los
afectados afirman que el arresto de Óscar Antonio, se dio luego de que
éste participara en una protesta con toma de la vía por la Alianza de
Oposición Contra la Dictadura en esta zona del país.
Desde
el pasado mes de diciembre simpatizantes y el liderazgo de la coalición
opositora reporta más de 30 víctimas mortales a causa de la represión
violenta del régimen de Juan Hernández; del lado de los uniformados las
autoridades reportan al menos tres víctimas, sin embargo este extremo
aún no ha sido confirmado por entidades de derechos humanos en el país.
Tanto
el candidato presidencial opositor, Salvador Nasralla, el Coordinador
General de la Alianza Contra la Dictadura, Manuel Zelaya rosales como
organismos independientes de derechos humanos independientes han venido
denunciando la presencia de escuadrones de la muerte, como parte de la
“colombianización del conflicto social en Honduras” desde la época del
golpe de estado del 28 de junio de 2009, en la que se reportaron cerca
de 200 víctimas mortales a consecuencia de la represión
policíaco-militar en este país.
Este
miércoles se conoció que los familiares se reunieron con la jefe de
medicina forense, Julissa Villanueva, algo que no es usual en este tipo
de casos.
Estados Unidos calla las muertes en Honduras por violencia post electoral: The Guardian
Redacción
Las familias temen que no haya justicia para las víctimas, ya que 31 mueren en Honduras después de la violencia electoral
Los
Estados Unidos callan sobre la supuesta responsabilidad de la policía
militar por las muertes a pesar de la ayuda de 114 millones de dólares a
las fuerzas de seguridad, en medio de reclamos de ‘fraude electoral’
por parte del presidente Juan Orlando Hernández
Sarah Kinosian en San Pedro Sula
Árboles y
luces de colores todavía adornan muchas casas en Choloma, una ciudad
manufacturera arenosa cerca de la costa caribeña de Honduras, pero en la
casa de David Ramos no hay señales de la temporada festiva.
“La
Navidad ya no existe para nosotros: no este año, no cualquier año”, dijo
Ramos mientras hojeaba imágenes recién impresas de su hijo mayor. José
Ramos, de 22 años, fue asesinado por agentes de la policía militar el
mes pasado, en una protesta por presunto fraude en las elecciones
presidenciales del país.
Los
resultados impugnados desencadenaron la peor crisis política del país en
una década y provocaron la muerte de al menos 30 personas, según el
Comité para las Familias de Detenidos y Desaparecidos en Honduras
(Cofadeh), un grupo de derechos humanos.
La
mayoría de las víctimas eran opositores al presidente Juan Orlando
Hernández, a quien dicen que manipularon el voto para vencer al
candidato de la oposición, Salvador Nasralla.
Según
Cofadeh, al menos 31 personas fueron asesinadas por la policía militar
(PMOP), que fue creada originalmente para liderar la represión del
gobierno contra las pandillas callejeras violentas.
Los
familiares de los muertos dicen que temen que no habrá justicia sobre la
violencia postelectoral: algunos dicen que han sido amenazados por las
tropas; otros señalan que los enjuiciamientos de derechos humanos que
involucran a las fuerzas de seguridad son supervisados por el mismo
grupo de trabajo que ayuda a coordinar las operaciones de PMOP.
En toda
Honduras, los manifestantes tomaron las calles después de las elecciones
del 26 de noviembre, bloquearon las carreteras y se enfrentaron con las
fuerzas de seguridad que usaban gas lacrimógeno, cañones de agua y
munición real.
Los
disturbios fueron más letales en el norte de Honduras, en particular
alrededor de la segunda ciudad de San Pedro Sula, que apoyó
abrumadoramente a Nasralla.
De las 30 muertes documentadas, 21 estaban en el norte, dijo Cofadeh. Pero el total es probablemente mayor.
La morgue
de San Pedro Sula confirmó que 13 manifestantes habían muerto en el
área y dijo que tenía al menos otros seis cadáveres que “con toda
probabilidad” estaban relacionados con las protestas.
“[La
cifra de muertos] es mayor: algunas personas no han informado las
muertes por miedo; otras muertes no han sido investigadas “, dijo un
trabajador de la morgue que pidió no ser identificado.
Amnistía
Internacional ha acusado al gobierno de desplegar “tácticas peligrosas e
ilegales para silenciar las voces disidentes”, mientras que las
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han
denunciado la tortura de detenidos en instalaciones militares y dijeron
que estaban “alarmados por lo ilegal y uso excesivo de la fuerza para
dispersar las protestas “.
Pero el
gobierno respaldado por Estados Unidos ha rechazado una solicitud de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para enviar un delegado
especial para investigar abusos.
Funcionarios
hondureños han restado importancia a las muertes, alegando que los
miembros de pandillas están detrás de las protestas.
Al menos
otras cuatro personas murieron en el mismo incidente que José Ramos. El
PMOP le dijo a la prensa local que habían disparado contra un grupo de
hombres armados, pero un video de teléfono celular enviado a la familia
Ramos por un testigo cuenta una historia diferente.
José
Ramos aparece en la foto a la izquierda, con una bandera roja de la
oposición sobre los hombros, en una imagen de teléfono celular del
incidente en el que murió.
La escena
comienza con un pequeño grupo de hombres jóvenes que bloquean una
carretera y lanzan piedras contra lo que testigos y la prensa local
dicen que fueron oficiales de la policía militar.
José aparece brevemente con la bandera roja del partido opositor Libre atado a sus hombros.
Luego
estalla un aluvión de disparos. El camarógrafo comienza a correr. José,
que también se había dado vuelta para correr, golpea el suelo.
En las imágenes, ninguno de los manifestantes tiene un arma de fuego. José claramente tiene las manos vacías.
La fuente
de la morgue dijo de los cinco jóvenes asesinados en el incidente,
“prácticamente todos fueron asesinados en algún lugar de la parte
posterior de sus cuerpos”.
Los
Estados Unidos no han respondido a los homicidios, más allá de una
declaración del 22 de diciembre en la que se pedía a “todos los
hondureños que se abstuvieran de la violencia” y pedían a los militares
que respetaran los derechos de los manifestantes pacíficos.
Y el
gobierno de Trump felicitó rápidamente a Hernández , quien ha trabajado
estrechamente con Washington para frenar la migración y el tráfico de
drogas.
Desde
2009, Estados Unidos ha proporcionado al menos $ 114 millones en
asistencia de seguridad a Honduras, según Security Assistance Monitor,
un grupo de expertos con sede en Washington DC.
Altos
funcionarios militares, incluido el recién nombrado jefe de las fuerzas
armadas, René Ponce, han recibido una amplia formación militar de los
EE. UU.
Ponce
-quien fue designado en medio de la crisis postelectoral el 20 de
diciembre- tiene fuertes vínculos tanto con el PMOP como con Fusina, la
estructura interinstitucional dirigida por militares a través de la cual
se despliega en gran medida la policía militar.
José Ramos en vida junto a su familia. foto de la familia
Mientras
era comandante militar en San Pedro Sula, Ponce supervisó el
entrenamiento y las operaciones de la fuerza de PMOP en el área. Luego
fue nombrado jefe de Fusina en el norte de Honduras.
Ponce ha
participado en varios cursos de capacitación de los EE. UU., Según
informes de la prensa local, incluido un curso antiterrorista en la
Universidad de operaciones conjuntas especiales en la base de la fuerza
aérea MacDill en Florida.
Si bien
los Estados Unidos no financian directamente el PMOP o Fusina, las
unidades asignadas a Fusina pueden recibir fondos de los EE. UU. Y
operar junto con el PMOP.
“Estados
Unidos tiene un fuerte incentivo para presionar a Hernández para que lo
recorte”, dijo Adam Isacson, asociado sénior de la Oficina de Washington
para América Latina. “La óptica de Estados Unidos respaldando a un
candidato que sale y masacra mucho a la oposición no es grandioso”.
Las
unidades de policía militar que operan en Fusina han sido vinculadas a
graves violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato de la
activista ambiental Berta Cáceres.
Sin
embargo, dos días después de las elecciones, el Departamento de Estado
certificó que Honduras había progresado en la mejora de los derechos
humanos y la lucha contra la corrupción, allanando el camino para que
millones de personas en ayuda de seguridad sean liberados.
Y Fusina
también supervisa a los abogados responsables de casos de derechos
humanos que involucran a soldados, lo que lleva a muchos activistas a
preocuparse de que no habrá una investigación seria de la violencia
postelectoral.
Los familiares de algunas de las víctimas dicen que temen represalias si hablan.
Las
fuerzas de seguridad dispararon contra el esposo de Sandi Mancía, David
Quiroz, durante una protesta del 15 de diciembre; cuando corrió al
hospital para verlo, Mancia y su hijo fueron amenazados por las tropas.
“En el
hospital, la policía militar tomó videos y fotos míos y de mi familia.
Estuvieron de pie a cada lado de la cama de David todo el día y
amenazaron con matar a mi hijo cuando les tomó una foto”. Dos grupos de
derechos humanos y un médico a cargo confirmaron que los soldados
hostigaron a la familia. Quiroz murió más tarde de sus heridas.
Las
protestas han disminuido durante las vacaciones, pero los activistas
locales dicen que retomarán el año nuevo, particularmente antes de la
inauguración de Hernández el 27 de enero.
Mariela Hernández, cuyo hermano Cristian fue asesinado a tiros por el PMOP el 18 de diciembre, dice que otros seguirán luchando.
“Todo
este país está de luto, hay tantos asesinatos y no hay justicia”. No
puedo recuperar a mi hermano, pero la resistencia continuará. Juan
Orlando no es mi presidente”.
Celebran misa en honor a mártires de actual crisis post electoral
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Más de 30 personas han sido asesinadas desde las pasadas elecciones
generales celebradas el 26 de noviembre en Honduras. A esos asesinatos
se suman las detenciones arbitraras, amenazas, persecución y violaciones
a los derechos humanos. En honor a las víctimas de la crisis post electoral, pero también a
la hermosa muestra de patriotismo que han manifestado miles de
ciudadanos y ciudadanas que se volcaron a demandar el respeto a su
voluntad y dignidad, este día en las instalaciones de Radio Progreso y
el ERIC, en la ciudad de El Progreso, Yoro se celebró una misa que junto
a ciudadanos y ciudadanos de San Pedro Sula, El Progreso, La Lima y
Tegucigalpa. La misa fue celebrada por el padre Ismael Moreno sj, director del
ERIC-RP en compañía de los jesuitas Antonio Pedraz y Martín García. Las
oraciones al Dios de la vida fueron marcadas por las peticiones de
solventar la actual crisis en Honduras, deteniendo las ambiciones de
mantenerse en el poder frente al rechazo popular.
Compartimos la siguiente galería de las imágenes que este día
estuvieron presenten en la celebración que también reflexionó sobre el
camino a continuar de cara a construcción salidas pacíficas al actual
conflicto.
La crisis post electoral es una máquina productora de violaciones a los ddhh
Los
países que reconocen como legal el fraude electoral en Honduras -- por
influencia de los lobistas del crimen organizado -- no solamente cometen
un error de consecuencias políticas, sino que participan
conscientemente de las violaciones a la vida y las libertades y eso
tendrá consecuencias jurídicas y éticas. El pueblo hondureño lo resiente
y lo reclama. Entrevista a Berta Oliva coordinadora General del Cofadeh
Cómo están las condiciones de derechos humanos ahora en Honduras en relación a las elecciones? Las condiciones de vigencia y respeto de los derechos humanos antes
de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 eran precarias,
pero después de esa fecha las condiciones son extremas. Nosotras hemos
definido la situación como una emergencia, pues han sido desbordados los
niveles de brutalidad de las fuerzas militares – soldados del Ejército,
comandos de la Policía Militar de Orden Público y grupos paramilitares
ovedeciendo la estrategia de represión gubernamental –, y la
institucionalidad democrática nacional es practicamente inexistente para
las víctimas. El cuadro resumen adjunto revela las cifras más visibles
de la tragedia. En la crisis actual todas las instancias de
investigación criminal, las fiscalías, el poder judicial y el sistema de
comunicación están bajo control absoluto del Presidente-Candidato del
país; no es posible ejercer la demanda de justicia en condiciones
siquiera mínimas de garantía de obtener respuesta pronta y fundada en
Derecho. La población, que ha sido robada en su derecho a elegir y ser
electa, está manifestándose en las peores condiciones de inseguridad
jamás vividas en la historia del país, y el aparato represivo está
echado con todo su arsenal de guerra – incluyendo la propaganda, la
apología al odio y la inteligencia militar – para anular los esfuerzos
de la población contra el fraude electoral documentado por los partidos
de oposición política y confirmado por la Misión de Observación de la
OEA.
Berta Oliva | Foto: Giorgio TrucchLa situación es similar al Golpe de Estado en 2009? O cuáles son las diferencias? No somos amigas de hacer comparaciones, porque cada evento tiene sus
propias circunstancias, pero sin duda el momento actual es similar al
que sufre un pueblo en circunstancias de golpe de Estado: sin garantías
constitucionales, sin respeto a sus derechos individuales y sin
reconocimiento de su identidad de sujeto social y político por todo el
aparato de guerra activado a nivel nacional, que incluye a los medios de
desinformación, las iglesias beneficiadas por la corrupción
gubernamental, los sectores privados, las fuerzas militares y el lobby
internacional que actúa como un cartel de crimen organizado para validar
el fraude y, en suma, imponer la dictadura. Esta vez el golpe de Estado
ha sido cometido por los mismos golpistas de hace ocho años, que
atenazaron el poder coludidos con el crimen organizado local e
internacional. Es, en definitiva, un nuevo golpe de Estado llano y razo
que solo los ciegos se niegan a mirar. Qué clase de líder es el Sr. Hernández? Cuál es su historia en relación de derechos humanos? Hernández es, esencialmente, un militar autoritario vestido de
civil. Hijo de militar, hermano de militares y colega de militares, por
tanto su liderazgo está basado en la fuerza desmedida de las armas con
el disfraz de urbano demócrata. Es un abogado apegado a la disciplina
cuartelaria, disciplinado en la consecución de las metas de beneficio
personal, familiar y grupal, y sin escrúpulos para lograr los fines
generales del poder. Es un político comprometido con la estrategia
hegemónica de Estados Unidos en la región, y específicamente con los
centros de poder que controlan la mafia económica mundial, con evidentes
antecedentes de adecuación fraudulenta de las leyes a su favor. Violó
la Constitución para ser diputado, para ser candidato presidencial y
para constituir la nueva dictadura nacionalista neoliberal de las
republiquetas ZEDES, que van a imponer la legalidad de los corruptos
paraísos fiscales en Honduras. Cómo están los grupos de maras, como los Salvatrucha, por ejemplo,
tomando ventaja de esta situación caótica y la falta de orden por la
ley? Los ministros de defensa y seguridad, que es la misma identidad en
definitiva, afirman que las irreconciliables maras 18 y 13 están
rechazando juntas al lado de la población indignada el fraude electoral
del 26 de noviembre, pero no han capturado a ninguno de sus liderazgos
en tales actividades, más bien están a la caza de liderazgos juveniles
universitarios presentes en la insurrección social que vive Honduras.
Nosotras no somos expertas en maras, pero no entenderíamos cómo eso
sería posible en tanto las dos organizaciones conocidas – M18 y MS –
definen sus territorios y los disputan hasta morir. Estamos convencidas
que el tema es, más bien, cómo la reacción popular en barrios, colonias y
regiones territoriales ha dado ventaja al gobierno para introducir al
lado de las fuerzas uniformadas grupos civiles armados al vivo “modelo
colombiano” para reprimir las protestas al margen de la ley y,
lamentablemnete, también revivir la estructura de un escuadrón de muerte
ya reconocido que operó ilegal en los años ochentas, el 3-16. Qué debe hacer el Sr. Nasralla y quienes lo apoyan para arreglar
la situación política, combatir condiciones de pobreza y sufrimiento, y
proteger el futuro de la democracia en Honduras? La pregunta está planteada para ser respondida por la Alianza de
Oposición política, en nuestro caso formamos parte de la Convergencia
Ciudadana contra el Continuismo que plantea la expulsión del grupo
político actual que ha organizado el Estado para ponerlo al servicio del
crimen organizado local e internacional, saqueando los recursos activos
de Honduras para su benficio sectario, sin importarles el impacto en
violaciones a los derechos humanos. Esa expulsión el pueblo la votó el
26 de noviembre, pero la elite se resiste a obedecer el mandato poular, y
esta situación es la que ha dado lugar a una insurrección popular que
apenas comienza este diciembre 2019 y que va a extenderse sobre los años
veneideros mientras el país no acuerde un nuevo pacto social y político
surgido de un proceso constituyente. Si la dictadura se fortalece sobre
el delito del fraude vulgar y perruno, más de un millónde jóvenes
menores de 35 años van a partir en 2018 hacia el Norte del Continente, y
la democracia será inestable e ingobernable hasta constituirse en una
amenaza a los intereses políticos de Estados Unidos en la región.
URUGUAY
Dirigente sindical rural afirmó que se están “entreverando” las demandas con una intención electoral
18 • ene. • 2018LA DIARIA
La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines
(UNATRA) definirá la semana próxima su posición con respecto a las
movilizaciones de productores agropecuarios. César Rodríguez, dirigente
del sindicato, dijo a la diaria que cada trabajador es libre de
asistir a la reunión convocada para el 23 de enero en Durazno, pero
advirtió que se están “mezclando” las demandas con una intención
electoral. Rodríguez aseguró que las movilizaciones que hubo en los últimos días
fueron convocadas por “productores más que nada grandes, con una
plataforma en la que se pone todo en una misma bolsa”. Consideró que
algunas reivindicaciones “son genuinas”, sobre todo las que apuntan a
generar mejores condiciones para los pequeños productores familiares a
partir de la aplicación de “políticas diferenciales reales” para ese
sector. “Se ha subsidiado y capitalizado bastante a sectores mucho más
poderosos. Es necesario un pasaje de recursos más concreto y directo
para esta economía. Pero hay que separar los bagres de las tarariras:
una cosa es atención a problemas reales que sectores de pequeña escala
aún mantienen, y otra cosa es subir al carro una serie de cuestiones más
del mundo financiero, como la cotización de dólar”, advirtió. El dirigente opinó que las distintas demandas “se están mezclando y
entreverando con una intencionalidad bastante clara de cara a un año
preelectoral”, y que se apunta “más que nada a sacar réditos políticos
por parte de alguna organización de la oposición”. De todos modos, aclaró que está “totalmente de acuerdo con que la
gente se manifieste y se dé el debate de ideas en cualquier ámbito”.
Acotó que seguramente en la reunión del 23 habrá participación de
colonos y organizaciones a las que la UNATRA está vinculada, “y ojalá se
pueda plantear frontalmente todos estos temas, y dejar claro quiénes
son los pescadores que van a sacar la ganancia”. Por otra parte, ayer el diario El País consignó la denuncia
de un ex dirigente sindical de la UNATRA sobre presuntas presiones de
patrones rurales a los trabajadores en Cerro Largo para que asistieran a
las movilizaciones. El ex sindicalista Dardo Pérez dijo a ese medio que
los patrones han “usado” a los trabajadores y les ordenaron “subirse a
un tractor con la bandera uruguaya, sin preguntarles” si tenían ganas o
no. “Esos patrones son los mismos que reprimen al trabajador cuando el
peón reclama algo, que le dicen no al trabajador, son los que ahora
apelan a ellos para hacer bulto en las manifestaciones”, cuestionó.
“Salir a protestar junto con los patrones para que a ellos les vaya
bárbaro y a nosotros nos peguen con un talero, como pasó con un peón,
eso no lo comparto”, añadió. Esta nota, posteriormente fue levantada de
la web del matutino. Rodríguez dijo a la diaria que al sindicato no han llegado
denuncias directas de este tipo de situaciones, pero que esto puede
deberse a “la relación de subordinación y de sometimiento que a veces se
da en la relación laboral con los trabajadores” en el medio rural, que
tuvo “muestras fehacientes en los últimos tres meses”, con casos de
lesiones graves y ataques a trabajadores rurales. “Llama la atención que
los propios patrones, que en instancias de Consejos de Salarios van a
no acordar y a no acceder a beneficios para sus trabajadores, hoy estén
invitándolos a participar en reivindicaciones”, comentó el sindicalista. En tanto, Marcelo Amaya, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines, dijo a la diaria
que le preocupa que esta movida de productores se lleve a cabo el año
en que vence el convenio colectivo del sector rural. Consultado sobre si
constató que algún trabajador haya sido obligado a participar en las
protestas por sus patrones, dijo que en esta reciente movilización no,
pero que en 2002, cuando se hicieron marchas similares, a los
trabajadores “no los obligaban, sino que los mandaban a marchar con los
tractores como parte del trabajo. Los mandaban al lugar de la marcha y
les decían ‘quedate ahí todo el día’, y les pagaban el jornal como si
hubieran trabajado en el establecimiento”.
Aparición de una bancada evangelista genera preocupación en el Parlamento
Dic 17, 2017 | LA REPÙBLICA UY
Por: Lucía Barrios
La
relación entre la política y la religión suele ser un tema
históricamente polémico. Sin embargo, en los últimos años ha estado en
el foco del cuestionamiento público: en Uruguay han surgido ciertas
declaraciones por parte de algunos políticos que versan sobre una gran
vinculación entre dos campos que parecían separados. Ante esta
situación, distintos legisladores de los diversos partidos políticos
brindaron su opinión a LA REPÚBLICA sobre este tema. En el caso de
algunos diputados frenteamplistas, tanto Bettiana Díaz (perteneciente
al MPP) como Gerardo Núñez (Partido Comunista) señalaron que la
aparición de una Bancada Evangelista en la contienda política uruguaya
significa un serio cuestionamiento a la histórica relación de
secularización que ha mantenido el Estado. Además, señalaron que dicha
bancada impulsan una agenda muy conservadora y que su expresión más
absoluta sucede en Brasil, con la llamada Bancada Ruralista. “En este momento estamos empezando a ver determinados cambios en la
relación entre la religión y la política en Uruguay que responden a que
hoy tenemos líderes religiosos dentro de las bancadas parlamentarias.
Este hecho abre al debate público cuando se plantea, por ejemplo, desde
la bancada evangelista, que la Ley no puede estar por encima de la Ley
de Dios”, declaró a LA REPÚBLICA Díaz. “Creo que la bancada evangelista
tiene una agenda muy conservadora, la cual busca atacar la nueva agenda
de derechos impulsada por el Frente Amplio. Además, plantea posiciones
fundamentalistas que lejos de encontrar caminos de entendimiento entre
todas las personas, buscan, por la vía de los hechos, una división y un
señalamiento”, señaló Núñez. Tanto Díaz como Núñez consideraron que
esta situación impacta en el país de forma más tardía que lo que sucedió
en otros Estados de América Latina. “Hace un tiempo algunos
legisladores del Partido Nacional hacían referencia a la Bancada
Ruralista en Brasil, que está compuesta por militares retirados y
evangélicos. Lo que hay que ver es que esta bancada está cuestionando
todo lo que fue el avance en la agenda de derechos que se ha realizado
en los últimos años”. Según Díaz, la Bancada Ruralista propone la creación de un tipo ideal
de familia, la cual sólo podría estar conformada por hombres y mujeres,
aspecto que estaría vulnerando al matrimonio igualitario. Además,
afirmó que dicha bancada está impulsando un día del “Orgullo
Heterosexual”, “lo que indica que se está cuestionando todo lo que es el
avance en materia de derechos que refieren al respeto de la diversidad
sexual”. “Si lo vemos en el panorama regional, no solamente se han
atacado la agenda de derechos sino que también las bancadas evangelistas
han estado al servicio de la imposición de ciertos modelos económicos.
En el caso de Brasil es clave. La embajada evangélica en este país fue
la que dio el golpe parlamentario a Dilma Rousseff y es la que lleva
adelante una reforma laboral de carácter estructural que implica
retrocesos enormes para los trabajadores. En general, son sectores
poderosos, con mucho dinero, que hacen sus propias campañas en función
de sus intereses. Por tanto, esto no contribuye a la mirada plural y
democrática que debe existir en un país”, agregó Núñez. Tanto el diputado Fernando Amado (Partido Colorado), el senador Pablo
Mieres (Partido Independiente) como el diputado Pablo Abdala (Partido
Nacional) presentaron una visión similar en cuanto a la relación que
debe existir entre política y religión. Los tres declararon a LA
REPÚBLICA que son dos campos distintos, los cuales deben ser
independientes. Abdala señaló que la política debe ser “neutral” frente a
la religión, pero eso no quiere decir que se abstenga del fenómeno
religioso. “La política debe reconocer a la religión como un fenómeno
social muy importante, como un aspecto positivo que genera bienestar en
las personas y un respaldo para poder vivir con plenitud. Por tanto,
entiendo que la política no debe desconocer el fenómeno religioso e
inclusive debe promoverlo”. Por su parte, Amado afirmó que las personas
pueden tener una inclinación hacia una determinada religión. Pero
explicó que el problema aparece cuando “hay sectores políticos que
notoriamente actúan en función de los intereses de un grupo religioso o
filosófico”. Con respecto a la Bancada Evangelista, Mieres afirmó que no “les hace
bien a ellos mismos impulsar este tipo de proyectos. Cabe mencionar que
es una denominación que ellos usan pero no la han registrado”.
Asimismo, opinó que la declaración de que “la Ley de Dios debe estar por
encima de la de los hombres”, es una afirmación que “no corresponde”.
“Cuando estamos en la vida política actuamos de acuerdo a la Ley que
está vigente, que es la normativa que la sociedad se da a si misma a
través del Parlamento”. Por su parte, Abdala consideró que “si un
dirigente quiere poner en el centro de su mensaje el tema religioso,
está en su derecho. Lo que sucederá, en última instancia, es que la
ciudadanía podrá juzgarlo o premiarlo”. “Fui el único que no votó a Amarilla para que fuera presidente de la Cámara” El diputado colorado Fernando Amado declaró que el caso evangelista
ha sido el “más notorio”, porque ha tenido impulso a nivel internacional
y ha quedado “muy visible” con las declaraciones de los diputados
Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue. “En el 2016 fui el único diputado
que no votó a Amarilla para que fuera presidente de la Cámara de
Diputados por las expresiones que él había tenido unas semanas antes. En
ellas, él había sostenido que para él la Ley de Dios estaba por encima
de la de los hombres. Fue un hecho notorio, porque por lo general se
vota por unanimidad al presidente de la Cámara. Nunca había pasado que
hubiera votos en contra. Esto no quiere decir que Amarilla no pueda a
ser evangelista, ni que un legislador no pueda ser el representante de
determinada visión relacionada con la religión. Ahora bien, una cosa es
que seas representante de un segmento de la población y otra cosa es que
seas el presidente de la Cámara de Diputados, porque con ese cargo
estas representando a toda la población”. Amarilla: “Hay retrógrados que no quieren que la religión sea una fuente de inspiración política” “La relación entre Iglesia y política debe ser de independencia y
autonomía. No de prescindencia porque la Iglesia debe tener opinión
sobre los temas de la vida pública. No debe confundirse Iglesia y
Gobierno o Iglesia y Partido, ahí si tiene que haber independencia y
autonomía de las esferas de actuación. La relación entre religión y
política, puede ser comparable a la relación entre ideología y política.
Los representantes podemos tener nuestra ideología, nuestra filosofía
de vida y nuestra fe o religión, que son maneras de ver la vida, de
concebir el mundo y la sociedad y por supuesto que todo eso influye,
cómo no puede ser de otra manera, en nuestra actividad política. Eso
está bien que así sea y debemos asumirlo con honestidad y con
transparencia. Hay algunas posturas retrógradas y retorcidas que
pretenden censurar las fuentes de inspiración para la actuación política
como la religión y eso no me parece justo”, declaró a LA REPÚBLICA el
diputado nacionalista Gerardo Amarrilla. Consideró que está bien que
exista una separación entre la Iglesia y el Estado, pero señaló que no
comparte la actitud de algunos gobernantes que “discriminan” a las
Iglesias como actores sociales y “subestiman” la fe de las personas.
“Hay posturas laicistas que pretenden que lo religioso esté escondido en
la vida privada, casi que sea algo clandestino”. Asimismo, dijo que las
leyes deben ser reglas generales que rigen para todos los ciudadanos.
Manifestó que deben representar la opinión de la sociedad en general.
Sin embargo, señaló que hay concepciones religiosas que están presentes
en las bases y fundamentos de la civilización como es la declaración de
los Derechos Humanos de ONU, “la cual ha sido inspirada por los textos
sagrados de la civilización occidental y cristiana. Quien pretenda
excluir la dimensión espiritual y de fe de un pueblo, que también está
presente en sus representantes o sus normas, va contra la realidad y la
naturaleza de las cosas”, agregó. Andrade: “La política y la religión son disciplinas complementarias” La diputada de la Lista 711 del Frente Amplio y presidenta de la
Institución Federada Afroumbandista del Uruguay, Susana Andrade, brindó
su opinión a LA REPÚBLICA acerca de cuál debería ser la relación entre
la política y la religión. Consideró que no tienen por qué ser
“compartimentos estancos”. “Ambas son disciplinas humanas y por ende son
complementarias. Lo que no estoy de acuerdo es en la existencia de un
fundamentalismo. La libertad es fundamental en las sociedades
democráticas. Lo medular es ser honestos con los demás y mostrar lo que
uno es para integrarse adecuadamente con la sociedad. Tenemos que
encontrarnos en las diferencias políticas o religiosas. En última
instancia, esto es un principio democrático básico”. La diputada señaló
que las religiones cumplen una “función social importante. Dan esperanza
y energía a las personas para que enfrenten el día a día”. “Tanto la
política como la religión buscan que exista una sociedad más justa, que
exista una paz proactiva y que los seres humanos sean mejores”. Kechichián: “No es casual que los evangelistas y algunas sectas se hayan insertado tan fuerte en AL” “En el caso uruguayo, la separación entre la iglesia y Estado tiene
raíces culturales fuertes y se basa en la concepción vareliana de que la
educación pública debe ser laica, obligatoria y gratuita. Es casi un
mantra de nuestra tradición. Ahora bien, ¿cómo aparece nuevamente la
religión?”, declaró a LA REPÚBLICA el magíster en Ciencia Política, José
Kechichián. Consideró que no ha sido “casualidad” el “gran avance” que
han presentado las iglesias evangélicas y otros tipos de sectas. “Estas
religiones se han insertado fuertemente en América Latina. Por ejemplo,
en Argentina se crea un templo por día. Cuando la gente dejó de creer en
dios, no despareció la religiosidad sino que se manifiesta de otras
formas. Estas iglesias capitalizan esta situación en medios
socioculturales críticos. En otras palabras, aparece un templo sencillo
en aquellos lugares donde la gente está muy mal y hay niveles altos de
pobreza”. Por tanto, manifestó que no es casual que este tipo de
iglesias encuentren gente que se siente excluida y marginada. “Gracias a
la tecnología, las personas perdieron el vínculo de cara a cara y esto
es generador de una especie de agujero negro existencial. La
racionalidad occidental ha creado la pérdida de la magia. Ante esta
situación, la humanidad necesita héroes políticos a pesar de que todas
las utopías quedaron por el camino y se instauró una concepción
filosófica que no llega a armar una cosmovisión armónica de qué
significa estar viviendo. Por tanto, definitivamente estamos en una
situación compleja”. Explicó que el avance de estas iglesias se relaciona con fenómenos de
carácter sociológicos: El ser humano, en la época moderna, al perder la
guía de la tradición y de la religión, se tiene que enfrentar a una
“gran” serie de incertidumbres. “El individuo está necesitando de otras
cosas que la sociedad capitalista no ha podido darle, como es el
encuentro con su situación espiritual. Todo esto es una problemática
transversal”. “El mundo moderno racional debe recapacitar y entender que
el enfoque de este problema no puede ser desde el punto de vista
autosuficiente, es decir que la ciencia demostró que ya no existe Dios.
Ahora hay que repensar en qué sentido el mundo racional deberá encontrar
la coexistencia en armonía con la multiplicidad de religiones y
espiritualidades”, reflexionó.
2017: debacle del progresismo, horizonte de contragobierno
por
Ricardo Viscardi
1a. quincena, enero 2018
Dos paliativos al descrédito del progresismo
Muchas veces una circunstancia
particular resume el sentido de un período en su conjunto. Tal es el
caso de la protesta del diputado blanco Javier García (1) ante la
fiesta barrial en que fuera quemado, repleto de fuegos de artificio, un
muñeco que representaba a Raúl Sendic hijo (tal como otros años en la
misma fecha, vecinos del mismo barrio montevideano hicieran con figuras
mediáticas, como Mujica, Luis Suárez, etc.). ¿Por qué el parlamentario
conservador que participara enérgicamente de la campaña de denuncias
contra Sendic sale al cruce y protesta airadamente ante el
cuestionamiento popular de un adversario?
No sólo sorprende la reacción del
político opositor ante la necesaria diversidad de opiniones políticas
entre los vecinos que participaron en la quema, sino sobre todo porque
la misma condescendencia con un adversario largamente denostado
intervino cuando la Asamblea General aceptó la renuncia de Sendic, nada
menos que a la presidencia del órgano legislativo (que ocupaba en
calidad de vicepresidente del gobierno en ejercicio). La sesión que
debiera haber marcado el devenir parlamentario duró, como se recordará,
apenas pocos minutos, consensualmente abreviada tras la renuncia de los
opositores a denunciar a quien imputaron prolongadamente por medios de
prensa. García parece colocar las barbas políticas propias en remojo, en
razón de imputaciones análogas a las que sufriera Sendic, pero que
pesan al presente sobre autoridades públicas emanadas de su propio
partido. Tanta solidaridad inter-partidaria expresada bajo forma de
recato polémico se vuelve, con un efecto de boomerang, contra el propio
progresismo (en este caso, encarnado por Sendic como una de sus
"figuras jóvenes") que supuestamente se preserva del escarnio público,
en cuanto denota hasta qué punto el establishment conservador ha
incorporado al progresismo como un engranaje a preservar, en aras del
buen funcionamiento del "sistema de partidos".
En cuanto este "buen funcionamiento"
aumenta la desigualdad, la exclusión y la marginalidad (en provecho de
la integración a las pautas de la globalización de quienes lo logran y
en detrimento del resto), el progresismo no puede dejar de ser percibido
como "más de lo mismo", con la consiguiente pérdida de apoyo articulado
y efectivo. ¿Sería necesario volver sobre el resultado electoral
chileno de este diciembre 2017, el cuestionamiento al PT brasileño o el
aislamiento ideológico del peronismo en la Argentina? Afirmar que el
dominio de los medios por la derecha determina por sí solo ese proceso
se encuentra claramente desmentido por el ejemplo de Venezuela (por
encima de las diferencias que se pueda tener con el manejo del poder de
Estado en ese país), o incluso por el apoyo que sigue conservando Evo
Morales. Como señal de un potencial desactivado, el reclamo de un sesgo
anticonservador sostiene a figuras tan desgastadas como Lula, percibido
mayoritariamente como "mal menor" en medio del descrédito generalizado
del sistema de partidos.
Tras el repliegue neoliberal de
inicios de siglo en el sur del continente y la consiguiente tentación de
"llegar al gobierno" por una vía tan facilitada como ambigua, el
progresismo se identificó con una estrategia puramente electoral y no
cuenta con planteo de recambio ante el fracaso en las urnas. Tal como
parece cundir en ciertos medios la lectura de la derrota de Guillier,(2)
cuando se persiste en considerarla evitable, se presentan dos
horizontes para retener votos, una vez abandonada la ilusión de ganarlos
por fuera del área de pertenencia progresista: por un lado, conservar
una referencia a la izquierda histórica, que parezca ofrecer un "mal
menor" ante el avance de la derecha; por otro lado, encontrar una
reactivación en reivindicaciones sociales que admitan ampararse en el
paraguas estatal, habilitado por un electorado progresista.
La Iglesia Universal del Estado
La referencia a la izquierda
histórica, ha pasado a ser una mera referencia histórica, desde que el
"Orden Mundial" registra fracasos tales como la salida de EEUU de
los tímidos acuerdos para limitar el cambio climático, el crecimiento
del neo-nazismo en Europa o la imposibilidad de derrotar a la derecha
por la "vía inmediata" de la institucionalidad (Podemos en España, Syriza en Grecia, Frente Amplio
chileno y un largo etc.). Queda la posibilidad de generar "sentimiento
progresista" en torno a la nostalgia neocristiana de "un Nuevo Orden"
donde se reencuentren las buenas intenciones con las acciones al
portador. Esta estrategia de "paz y amor de Estado" tuvo un adalid
mediático planetario, en la figura de "el presidente más pobre del
mundo": José Mujica.
Sin embargo 2017 debiera ser
considerado el "año negro" del amigo de Rockefeller, Soros y la
marihuana. El año empezó con el clímax del escándalo de Almagro, figura
que Mujica promovió a partir de un cargo de embajador en China, elevó
después a ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno y lanzó
finalmente a la candidatura de Secretario General de la OEA
(Organización de Estados Americanos). La criatura se reveló digna de su
creador, pero menos dotada de escrúpulos estratégicos, hasta llegar a
ser corregida en plena Asamblea General de la OEA por la derecha
continental, a la que no le conviene tanta impudicia pro-imperial. 2017
siguió para el expresidente uruguayo con la derrota del candidato de su
sector (MPP) en las internas para la presidencia del Frente Amplio:
Alejandro Sánchez. Esta derrota es una señal política mayor, porque
revela que el apoyo electoral con que cuenta Mujica, lejos de
sustentarse en la militancia frenteamplista, es extra-partidario y se
ubica entre los sectores menos movilizados de la población, con el
consiguiente peligro de que otra figura populista -que ya asoma a través
del mismo perfil de "líder-popular-de-origen-humilde" con el empresario
"self made man" Edgardo Novick- liquide o erosione un caudal electoral
(el voto es obligatorio en el Uruguay) fundado en la mera adhesión
mediática.
Hacia mediados del año Raúl Sendic,
otro de los "candidatos probeta" diseñados en el laboratorio
mujiquista, que no sólo sintetizó offshore a Almagro y
Sendic-hijo-, protagonizó una caída en pérdida ante la opinión pública,
que vino a sumarse a los estigmas que ya por entonces acosaban al
"guerrillero arrepentido". Pero el año fatídico de "el Pepe" no había
tocado aún a su fin y vino a sumarse la desgraciada idea de convocar a
una conferencia pública de Noam Chomsky, sugerido a la opinión pública
con perfil de "compañero de ruta". Chomsky vertió sobre el atribulado
expresidente sentado a su lado varios baldes de agua fría (aunque no fue
su compañero de mesa el único de los presentes que los sufrió), al
señalar que contando con condiciones inicialmente favorables, los
progresismos latinoamericanos habían aumentado desde principios de siglo
la dependencia y el subdesarrollo relativo de sus propios países.(3)
Ninguno de esos fiascos alcanza, sin embargo, los ribetes del sarcasmo
que galardona al expresidente, una vez que el sistema bancario
mundializado veda la gestión, incluso a través de la banca estatal
uruguaya, de la recaudación obtenida por la "marihuana legal" en el
proceso de bancarización (propiciado por el mismo "Pepe").(4) El efecto
de descrédito no podía ser más estridente: una medida supuestamente
adoptada para favorecer la integración social (vía la disminución del
narcotráfico y supuestamente de la delincuencia), es boicoteada por la
misma globalización que se predica como desiderátum integrador para la
sociedad uruguaya.
Representación y grupos de presión
El segundo paliativo consiste en
identificar reivindicaciones de movimientos sociales, emanados del
movimiento feminista, de los derechos de minorías discriminadas y una
pluralidad de sectores crecientemente diferenciados en la sociedad, con
la legislación habilitada por el progresismo. Este paliativo va en
sentido exactamente opuesto a la percepción de un "mal menor", en cuanto
recupera para el campo progresista una referencia de escaso desgaste
histórico, pero presenta mayores dificultades desde el punto de vista de
la recuperación política de la reivindicación.
Los movimientos sociales surgen en los
años 60' con una pluralidad de estrategias e intereses que involucran
diversamente a la comunidad, diferenciándose de una lectura lineal del
destino histórico de la modernidad. Tal destino era concebido hasta
entonces como articulación jerárquica de un único proceso social
(sostenido en los sindicatos obreros) con una estructura partidaria que
lo dirigía verticalmente. Gestados en esa diferenciación política y más
allá de los precedentes de luchas históricas (de las mujeres, contra el
hacinamiento de las ciudades industriales, etc.), esos movimientos
cuestionan originariamente la malversación tecno-política, que
convierte la racionalidad supuestamente liberadora en el más eficaz
instrumento de dominación (conviene recordar que los golpes de Estado de
los 60/70 en América Latina, provienen de la "racionalidad" de la
Guerra Fría, efecto a su vez, de la disuasión tecnológica nuclear, que
dividía el globo en dos "bloques": Este/Oeste).
Pretender incorporar los movimientos
sociales a una racionalidad legislativa de Estado equivale a intentar
mezclar el agua con el aceite, en cuanto la racionalidad representativa
no admite, sustentada en la propia unicidad de la noción de soberanía
(nacional y popular, pero igualmente una e indivisible), una diversidad
de lecturas superpuestas. Sustentada en su propio potencial de
vinculación autónoma - acrecida gracias a la comunicación por redes, la
creciente diversificación de la comunidad es el referente principal de
la ya proverbial crisis de (la) representación. El intento de recuperar
para el Estado un devenir de tal entidad histórica votando leyes en el
Palacio Legislativo, no representa sino cierta ecuación urgida entre
necesidad electoral e inocuidad pública. Conviene al respecto analizar
la contraposición entre la curiosa unanimidad con que el Senado sanciona
reivindicaciones feministas, declaradas poco después inaplicables por
la Suprema Corte de Justicia ante la carencia de recursos suficientes
(que también vota el Parlamento), mientras el movimiento ecologista que
debiera beneficiarse del mismo bálsamo progresista se encuentra,
particularmente en el Uruguay, en franco conflicto con las medidas
legislativas adoptadas en el mismo período (en particular la Ley de
Riego, destinada a fomentar la apropiación capitalista del agua).
Sería asimismo erróneo suponer que los
movimientos sociales se pasean incólumes bajo las columnatas del
Palacio Legislativo. Una vez que la perspectiva institucional gana a
protagonismos que debieran sustentarse en la transformación de los
vínculos comunitarios y cundir sobre el Estado desde ese margen de
autonomía, las actuaciones organizadas en función de un resultado
legislativo quedan prisioneras del cálculo de probabilidades formales,
ante todo, las electorales. Por esa razón ciertos sectores de los
movimientos sociales tienden, una vez seducidos por el mismo facilismo
inmediatista que llevó al progresismo a su actual fracaso, a asemejarse
ante todo a grupos de presión, tal como en el pasado la representación
pública generaba una carga adicional, en determinados sectores, que
habilitaba la "sobre-representación" -es decir, la capacidad de presión
institucional. Los aparatos de los partidos comunistas se
especializaron, tras el giro estalinista de la Unión Soviética, en esta
perversión de las estructuras institucionales supuestamente
democráticas, generando precisamente una de las más sistemáticas
lecturas del "progresismo" (siempre y cuando favoreciera al aparato del
Partido Comunista y a la estrategia internacional de la Unión
Soviética). (5)
El desbarajuste que sufrió la noción
de actuación "políticamente correcta" -es decir moralizada desde un
criterio normativo- en su propio contexto originario, una vez que la
victoria electoral de Trump puso en evidencia el doblez propio de toda
moral, debiera suponer la advertencia más severa para las estrategias
sociales sustentadas en "logros legislativos". Con el agregado de que la
tradición política y constitucional latina dista mucho de la
transformación normativa paulatina y puntual de los contextos
anglosajones. A diferencia de estos últimos, la tradición de la
soberanía popular que proviene de la Revolución Francesa somete cada
transformación legal a un escrutinio ideológico previo y general, que
debe en primer término superar el filtro de la adopción partidaria.
Razón de más para prever que la recuperación partidocrática y
electoralista de los movimientos sociales estará al orden del día,
promovida por un sistema de partidos cada vez más cercado por la
transformación de las costumbres y cada vez más aislado de una base
social crecientemente diferenciada, en su propio contexto, pero aún en
mayor medida ante una representación institucional de Estado.
El horizonte del contragobierno
El horizonte del contragobierno ha
alcanzado particular relieve durante 2017, en cuanto este año ha sido
marcado por el evento trascendente de la declinación de soberanía por
parte del gobierno uruguayo. Conviene recordar que la oposición
partidaria, lejos de oponerse al desarrollo con base en la inversión
transnacional en el país, ha declarado su acuerdo de principio con ese
designio. Al suscribir un acuerdo previo a la decisión de la
transnacional UPM de invertir en el Uruguay, pero supeditado al
cumplimiento por parte del Estado uruguayo de determinadas exigencias
que serán oportunamente evaluadas por la empresa, el gobierno uruguayo
ha sellado institucionalmente la declinación de la soberanía nacional en
un contexto de globalización.(6) Desamparada por la defección
representativa, la población deberá sostener en el contragobierno la
defensa de los intereses propios de la comunidad uruguaya.
En correlación con esta creciente
integración al mercado mundial, el Estado ha desarrollado en los últimos
años una dinámica de control de la opinión pública, destinada a
estigmatizar a corrientes de opinión caricaturizadas, con la complicidad
de ciertos medios de comunicación, como sistemáticamente opositoras y
necesariamente contrarias al sentimiento mayoritario. De esta forma se
configura una perspectiva de "Criminalización mediática de la crítica",
que constituye la contracara funcional de la integración al proceso de
globalización, en cuanto se condiciona la integración social a la
aceptación de cierta fatalidad de un único proceso mundial. La
transgresión de la normalidad globalizadora se convierte, por
consiguiente, en transgresión del orden público, sancionada inicialmente
-aunque no exclusivamente- a través de la exclusión mediática.
Con ese propósito tuvo lugar contra
Casa de Filosofía, nucleamiento de estudiantes y profesores que
edificaron un espacio de libertad crítica, un procedimiento policial
acompañado de cierta difusión periodística, que intentaba poner en
escena una actuación políticamente marginal.(7) Una atinada decisión
judicial y una declaración del colectivo de Casa de Filosofía hicieron
fracasar el operativo destinado a descalificar una propuesta insumisa,
de forma que se abrió paso a un efecto genuino de contragobierno.
El
jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, declaró que México no
pagará la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos y que
este nunca será levantado completamente.
Posteriormente, Kelly en una entrevista con la cadena Fox News, tras ser cuestionado sobre el muro fronterizo —una de las principales promesas de campaña del magnate neoyorquino—, dijo que el Gobierno de México no pagará directamente por su construcción, aunque Trump no pierde sus esperanzas de obligarlos a hacerlo.
Ángel González, un maestro jubilado que enfrenta un recorte de 10 por ciento de su pensión, ha comenzado a preguntarse si las tres personas en su familia tendrán que usar el mismo teléfono celular y turnárselo.
A pesar de que la medida que se presentó el 3 de mayo no fue para nada una sorpresa, dejó a su paso una sensación de pesimismo y ansiedad:
los funcionarios públicos se preguntan si recibirán sus jubilaciones y
las empresas privadas prevén sufrir las consecuencias de un efecto
dominó resultado del aumento de los impuestos, la caída de los salarios y
el éxodo en masa a Florida por parte de la clase media.
El gobernador Ricardo Rosselló,
quien asumió el cargo en enero, reconoció que las personas con ingresos
más bajos que no cuenten con acceso a asistencia médica y los padres
que tengan a sus hijos en escuelas públicas serán las más vulnerables en
los próximos meses.
Santiago Domenech, el contratista general, vive en Aguadilla, un
municipio ubicado al poniente de Puerto Rico. Dijo que no tenía idea de
dónde quedarán las personas como él en la nueva realidad puertorriqueña.
Con las enormes deudas que tiene el gobierno con cooperativas de crédito, con empresas como Microsoft, fondos de cobertura y proveedores de gasolina, ¿cuándo le pagarán para que salde sus cuentas pendientes?
(Tomado de The New York Times)
