por Marcelo Colussi
05/01/2018 LA HAINE
La
medida del régimen de Trump de ningún modo es una extravagancia de un
presidente loco, excéntrico, una pura bravuconada descontextualizada
«Israel debe ser como un perro rabioso, muy peligroso para ser molestado.General Moshé Dayán
¿Qué pasaría si el presidente de un determinado país, pongamos como
ejemplo Guatemala, o las Islas Marshall, unilateralmente decidiera
trasladar la embajada de su país en EEUU, es decir de Washington a otra
ciudad distinta de la capital: digamos a Atlanta, o Las Vegas? Además de
tomarlo por chiflado, ello provocaría un revuelo tal (o un escarnio
tal) que la medida ni remotamente podría concretarse. ¿Por qué no sucede
lo mismo con lo que acaba de hacer el presidente estadounidense Donald
Trump con la decisión de trasladar la sede diplomática de su país en
Israel, desde la capital Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén/Al Quds?
Porque esa potencia se mueve como dueña del mundo. Obviamente no lo es, pero su pretensión va por ese lado. Lo que hace, saltándose todo tipo de norma jurídica internacional, es una demostración de su prepotencia, de su soberbia imperial. En alguna ocasión, hace unos pocos años, John Bolton, funcionario de alto nivel de Washington, dijo sin tapujos: «Cuando EEUU marca el rumbo, la ONU debe seguirlo. Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos». Lo proclamado por el presidente Trump va en ese sentido.
El anuncio del traslado de la embajada en Israel complica más aún la ya complicada, compleja, incendiaria situación de Medio Oriente. En modo alguno esto contribuye al proceso de paz entre israelís y palestinos sino que, por el contrario, lo aleja, lo boicotea. ¿Por qué, entonces, toma esta medida Donald Trump? Hacer un análisis pormenorizado de la misma impone tratar de sintetizar innúmeros y variados elementos, sabiendo que muchos de ellos son fragmentarios, o se mueven en el más absoluto secretismo, de ahí la dificultad de su comprensión. De todos modos es necesario intentar entender por dónde va el proceso, para ir más allá de la crónica roja –e ideológicamente peligrosísima– de continuas muertes entre «judíos y terroristas árabes» por «motivos religiosos». Esa televisiva forma de presentar los acontecimientos entorpece el análisis, obviando los elementos reales en juego: lucha de clases e intereses capitalistas. Lo que menos está en juego aquí son elementos de fe religiosa, aunque así se pretenda presentarlo.
Donald Trump efectivizó lo que ningún presidente estadounidense se había atrevido a concretar desde 1995, año en que una medida legislativa del Congreso de EEUU ya fijaba el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén/Al Quds. Todos los mandatarios habían evitado efectivizar la medida, sorteándola con prórrogas semestrales. ¿Por qué lo hace ahora Trump?
Hay varias explicaciones, seguramente interactuantes entre sí. Lo que sí, de ningún modo es una extravagancia de un presidente loco, excéntrico, una pura bravuconada descontextualizada. En todo caso, todas las políticas imperiales de Washington son una bravuconada, siendo que el estilo del actual mandatario es menos «políticamente correcto» que otros. Pero la medida actual de ningún modo puede tomarse como la expresión de una ocurrencia caprichosa. Hay lógicas férreas tras todo esto, hay procesos que dan cuenta de la decisión.
Por un lado, se ha intentado ver esto como una medida determinada por la situación doméstica: existe la posibilidad que el ahora ex asesor de Seguridad Nacional, el general Michael Flynn, testifique contra el presidente en el caso de la denunciada injerencia rusa en las pasadas elecciones. La situación se podría complicar así para Trump, por eso, la presente medida sería un distractor buscando el apoyo del Congreso, supuestamente influenciado (¿dominado?) por el llamado lobby judío. Con ello elevaría el perfil de su yerno, el judío Jared Kushner (casado con su hija Ivanka, quien se convirtiera a la fe judía), investigado ahora por la justicia en relación al caso de Rusia, apelando de esa manera a la influencia israelí para salir del atolladero.
En esa línea, hay quien interpreta la medida como una cuestión explicable por razones enteramente de política interna: ahora que su popularidad está en franco descenso, Trump intentaría recuperar el apoyo de millones de votantes de derecha, conservadores, reaccionarios, en especial de evangélicos fundamentalistas, que fueron determinantes para ganar la presidencia. Y también enviando un guiño al lobby judío, tan importante en la financiación de las campañas presidenciales, cumpliéndole así la promesa oportunamente formulada de traslado de la capital hacia Jerusalén/Al Quds.
Con todo esto se podría pensar (buena parte de analistas así lo cree) que Trump responde a las presiones de ese llamado lobby judío, la poderosa AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) en principio –el Comité de Asuntos Públicos Israel-EEUU–, quien en su página electrónica expresa: «Los EEUU e Israel forman una alianza única para enfrentarse a las cada vez mayores amenazas estratégicas de Oriente Medio. Este esfuerzo colaborador ofrece beneficios importantes tanto para los EEUU como para Israel». Ello presentifica, una vez más, una cierta teoría conspirativa. De ese modo, ese supuesto lobby judío sería el responsable de la política exterior estadounidense. Cada medida que toma cualquier presidente sentado en la Casa Blanca responde a los mandatos de ese lobby, que pareciera moverse en las sombras pero con un poder inaudito.
La política imperial de Washington la fijan los intereses de sus grandes megacapitales, que no tienen otra lógica que la interminable acumulación capitalista, sin importar credos religiosos (pudiendo ser judíos o no). En un brillante análisis «Sobre el “lobby judío”», del Grupo ReVista, publicado el 9 de agosto de 2012, puede entenderse más a fondo el mito en juego que hay allí: En cuanto al aporte de los distintos grupos de lobby «La industria de la minería, particularmente la del carbón, ocupa el segundo lugar con casi 100 millones de dólares entre 2007 y 2010. Le sigue la Industria de la Defensa, de la que el informe no aclara montos. La industria del agro, alimentación y tabaco gastan “más de 150 millones al año, financiando campañas” y haciendo lobby. Por supuesto, las petroleras no van a la zaga: “150 millones en 2010”. El lobby financiero le sigue, pero no se aportan cifras. Las grandes industrias farmacéuticas gastaron más de 25 millones de dólares en 2009; seguidas de cerca, sí, aunque no lo puedan creer, por la Asociación Americana de Personas Retiradas, que gastaron 22 millones de dólares en lobby. La Asociación Nacional del Rifle, según este informe, gastó 7.2 millones de dólares en las elecciones de 2010. Y, ahora sí, el omnipresente y omnipotente lobby pro-israelí, el AIPAC, que gastó… 4 millones de dólares en 2010. Veamos, algo va mal: si un lobby logra tantísimo con 4 millones de dólares, o son de una astucia e inteligencia inenarrables, o bien la torpeza del resto es gigantesca (lo cual, por otra parte, es inverosímil: cómo, entonces, han llegado a obtener tantísimo dinero).»
Más acertadamente, creemos, se podría entender la medida de Trump como la expresión de una política exterior sostenida por Washington en el tiempo, que ahora, sin ambages, se permite dar un manotazo sobre la mesa sin guardar las formas de corrección política. Sin ningún lugar a dudas el reconocimiento de Jerusalén/Al Quds Este como capital de Israel traerá más conflictos en la región, de por sí ya muy convulsionada. Esto hace saber al mundo que EEUU ya no considera la ocupación israelí en Jerusalén/Al Quds Oriental como un acto ilegal, avalando así los asentamientos judíos construidos después de la Guerra de 1967, los cuales vulneran el derecho internacional según el Convenio de Ginebra. Por supuesto que esto traerá la reacción de los palestinos (que ya comenzó, y no sería improbable que se forme una Tercera Intifada), o de buena parte del mundo musulmán incluso, lo que se verá reflejado en más represión por parte del Estado de Israel. La posibilidad de creación de un estado palestino queda así relegada sin fecha, lo que militarmente significa más guerra para toda el área (¿más negocio para el complejo militar-industrial?).
En otros términos: la medida de Trump, rechazada por la amplia mayoría de países, no es sino la escenificación «sin anestesia» (un tanto brutalmente, como es el estilo de este magnate arrogante, «macho» probado) de una inveterada política estadounidense respecto a Israel, más allá de las presiones de un pretendido todopoderoso lobby judío. ¿Por qué Washington, en solitario, sigue apoyando al Estado israelí, más allá de todas las condenas que pueda haber hecho la comunidad internacional, más allá del derecho internacional, más allá de las medidas enjuiciatorias emanadas de la ONU? ¿Por qué Israel es el país que más ayuda recibe como cooperación internacional de parte del país americano: 3.000 millones de dólares anuales? ¿Por qué su poderío nuclear ni se menciona, cuando a Washington lo enfurece el desarrollo atómico de Irán o de Corea del Norte? ¿Por qué tolera la continua violación flagrante de derechos humanos contra el pueblo palestino, una de las más monstruosas aberraciones humanas, comparable a las atrocidades que décadas atrás cometieron los nazis contra los judíos en los oprobiosos campos de concentración europeos, tan abiertamente condenados por Washington? Porque la clase dominante de EEUU hace lo que quiere, considerándose dueña del mundo: «Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos». Y el Estado de Israel sirve a esos intereses imperiales de los grandes megacapitales norteamericanos.
«¿Por qué EEUU apoya a Israel?» (PDF), se preguntaba Stephen Zunes en un muy lúcido análisis:
Está ahí, y seguirá estando –la medida de Trump envía el mensaje claramente– para:
disciplinar a todo aquel que intente tomar alguna medida popular con tinte socialista, o que ponga en entredicho los intereses estadounidenses, extendiendo así la lógica de la Guerra Fría (Israel comenzó a ser una «delegación militar» de EEUU en la década de los 60 del siglo pasado, cuando el «socialismo árabe» pro soviético comenzaba a expandirse por la región); cuidar las reservas petroleras de las que se aprovecha la economía norteamericana (el Consejo de Cooperación del Golfo –compuesto por Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, el mayor proveedor de petróleo del mundo, constituido por regímenes conservadores disciplinadamente alineados con Washington, un muy importante comprador de equipo militar del complejo militar-industrial americano–, es un aliado de Israel, lo que evidencia que no todo el mundo árabe o musulmán está enfrentado con ese país); contener el avance de las geoestrategias de Rusia, China o de Irán;
Sin cuidar las formas –parece que a este presidente eso no le preocupa mucho– Trump ha hecho saber al mundo que el complejo militar-industrial (que podrá ser judío o no, eso no importa, es casi anecdótico) sigue marcando el ritmo de la política imperial de Washington. Lo cual evidencia, por otro lado, que el capitalismo, en tanto sistema global, no puede ofrecer solución a los problemas de la Humanidad, puesto que su única salida, su única posibilidad de supervivencia, es la guerra. Por lo que, una vez más, son válidas las palabras de Rosa Luxemburgo: «socialismo o barbarie».
De igual a igual
Porque esa potencia se mueve como dueña del mundo. Obviamente no lo es, pero su pretensión va por ese lado. Lo que hace, saltándose todo tipo de norma jurídica internacional, es una demostración de su prepotencia, de su soberbia imperial. En alguna ocasión, hace unos pocos años, John Bolton, funcionario de alto nivel de Washington, dijo sin tapujos: «Cuando EEUU marca el rumbo, la ONU debe seguirlo. Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos». Lo proclamado por el presidente Trump va en ese sentido.
El anuncio del traslado de la embajada en Israel complica más aún la ya complicada, compleja, incendiaria situación de Medio Oriente. En modo alguno esto contribuye al proceso de paz entre israelís y palestinos sino que, por el contrario, lo aleja, lo boicotea. ¿Por qué, entonces, toma esta medida Donald Trump? Hacer un análisis pormenorizado de la misma impone tratar de sintetizar innúmeros y variados elementos, sabiendo que muchos de ellos son fragmentarios, o se mueven en el más absoluto secretismo, de ahí la dificultad de su comprensión. De todos modos es necesario intentar entender por dónde va el proceso, para ir más allá de la crónica roja –e ideológicamente peligrosísima– de continuas muertes entre «judíos y terroristas árabes» por «motivos religiosos». Esa televisiva forma de presentar los acontecimientos entorpece el análisis, obviando los elementos reales en juego: lucha de clases e intereses capitalistas. Lo que menos está en juego aquí son elementos de fe religiosa, aunque así se pretenda presentarlo.
Donald Trump efectivizó lo que ningún presidente estadounidense se había atrevido a concretar desde 1995, año en que una medida legislativa del Congreso de EEUU ya fijaba el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén/Al Quds. Todos los mandatarios habían evitado efectivizar la medida, sorteándola con prórrogas semestrales. ¿Por qué lo hace ahora Trump?
Hay varias explicaciones, seguramente interactuantes entre sí. Lo que sí, de ningún modo es una extravagancia de un presidente loco, excéntrico, una pura bravuconada descontextualizada. En todo caso, todas las políticas imperiales de Washington son una bravuconada, siendo que el estilo del actual mandatario es menos «políticamente correcto» que otros. Pero la medida actual de ningún modo puede tomarse como la expresión de una ocurrencia caprichosa. Hay lógicas férreas tras todo esto, hay procesos que dan cuenta de la decisión.
Por un lado, se ha intentado ver esto como una medida determinada por la situación doméstica: existe la posibilidad que el ahora ex asesor de Seguridad Nacional, el general Michael Flynn, testifique contra el presidente en el caso de la denunciada injerencia rusa en las pasadas elecciones. La situación se podría complicar así para Trump, por eso, la presente medida sería un distractor buscando el apoyo del Congreso, supuestamente influenciado (¿dominado?) por el llamado lobby judío. Con ello elevaría el perfil de su yerno, el judío Jared Kushner (casado con su hija Ivanka, quien se convirtiera a la fe judía), investigado ahora por la justicia en relación al caso de Rusia, apelando de esa manera a la influencia israelí para salir del atolladero.
En esa línea, hay quien interpreta la medida como una cuestión explicable por razones enteramente de política interna: ahora que su popularidad está en franco descenso, Trump intentaría recuperar el apoyo de millones de votantes de derecha, conservadores, reaccionarios, en especial de evangélicos fundamentalistas, que fueron determinantes para ganar la presidencia. Y también enviando un guiño al lobby judío, tan importante en la financiación de las campañas presidenciales, cumpliéndole así la promesa oportunamente formulada de traslado de la capital hacia Jerusalén/Al Quds.
Con todo esto se podría pensar (buena parte de analistas así lo cree) que Trump responde a las presiones de ese llamado lobby judío, la poderosa AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) en principio –el Comité de Asuntos Públicos Israel-EEUU–, quien en su página electrónica expresa: «Los EEUU e Israel forman una alianza única para enfrentarse a las cada vez mayores amenazas estratégicas de Oriente Medio. Este esfuerzo colaborador ofrece beneficios importantes tanto para los EEUU como para Israel». Ello presentifica, una vez más, una cierta teoría conspirativa. De ese modo, ese supuesto lobby judío sería el responsable de la política exterior estadounidense. Cada medida que toma cualquier presidente sentado en la Casa Blanca responde a los mandatos de ese lobby, que pareciera moverse en las sombras pero con un poder inaudito.
La política imperial de Washington la fijan los intereses de sus grandes megacapitales, que no tienen otra lógica que la interminable acumulación capitalista, sin importar credos religiosos (pudiendo ser judíos o no). En un brillante análisis «Sobre el “lobby judío”», del Grupo ReVista, publicado el 9 de agosto de 2012, puede entenderse más a fondo el mito en juego que hay allí: En cuanto al aporte de los distintos grupos de lobby «La industria de la minería, particularmente la del carbón, ocupa el segundo lugar con casi 100 millones de dólares entre 2007 y 2010. Le sigue la Industria de la Defensa, de la que el informe no aclara montos. La industria del agro, alimentación y tabaco gastan “más de 150 millones al año, financiando campañas” y haciendo lobby. Por supuesto, las petroleras no van a la zaga: “150 millones en 2010”. El lobby financiero le sigue, pero no se aportan cifras. Las grandes industrias farmacéuticas gastaron más de 25 millones de dólares en 2009; seguidas de cerca, sí, aunque no lo puedan creer, por la Asociación Americana de Personas Retiradas, que gastaron 22 millones de dólares en lobby. La Asociación Nacional del Rifle, según este informe, gastó 7.2 millones de dólares en las elecciones de 2010. Y, ahora sí, el omnipresente y omnipotente lobby pro-israelí, el AIPAC, que gastó… 4 millones de dólares en 2010. Veamos, algo va mal: si un lobby logra tantísimo con 4 millones de dólares, o son de una astucia e inteligencia inenarrables, o bien la torpeza del resto es gigantesca (lo cual, por otra parte, es inverosímil: cómo, entonces, han llegado a obtener tantísimo dinero).»
Más acertadamente, creemos, se podría entender la medida de Trump como la expresión de una política exterior sostenida por Washington en el tiempo, que ahora, sin ambages, se permite dar un manotazo sobre la mesa sin guardar las formas de corrección política. Sin ningún lugar a dudas el reconocimiento de Jerusalén/Al Quds Este como capital de Israel traerá más conflictos en la región, de por sí ya muy convulsionada. Esto hace saber al mundo que EEUU ya no considera la ocupación israelí en Jerusalén/Al Quds Oriental como un acto ilegal, avalando así los asentamientos judíos construidos después de la Guerra de 1967, los cuales vulneran el derecho internacional según el Convenio de Ginebra. Por supuesto que esto traerá la reacción de los palestinos (que ya comenzó, y no sería improbable que se forme una Tercera Intifada), o de buena parte del mundo musulmán incluso, lo que se verá reflejado en más represión por parte del Estado de Israel. La posibilidad de creación de un estado palestino queda así relegada sin fecha, lo que militarmente significa más guerra para toda el área (¿más negocio para el complejo militar-industrial?).
En otros términos: la medida de Trump, rechazada por la amplia mayoría de países, no es sino la escenificación «sin anestesia» (un tanto brutalmente, como es el estilo de este magnate arrogante, «macho» probado) de una inveterada política estadounidense respecto a Israel, más allá de las presiones de un pretendido todopoderoso lobby judío. ¿Por qué Washington, en solitario, sigue apoyando al Estado israelí, más allá de todas las condenas que pueda haber hecho la comunidad internacional, más allá del derecho internacional, más allá de las medidas enjuiciatorias emanadas de la ONU? ¿Por qué Israel es el país que más ayuda recibe como cooperación internacional de parte del país americano: 3.000 millones de dólares anuales? ¿Por qué su poderío nuclear ni se menciona, cuando a Washington lo enfurece el desarrollo atómico de Irán o de Corea del Norte? ¿Por qué tolera la continua violación flagrante de derechos humanos contra el pueblo palestino, una de las más monstruosas aberraciones humanas, comparable a las atrocidades que décadas atrás cometieron los nazis contra los judíos en los oprobiosos campos de concentración europeos, tan abiertamente condenados por Washington? Porque la clase dominante de EEUU hace lo que quiere, considerándose dueña del mundo: «Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos». Y el Estado de Israel sirve a esos intereses imperiales de los grandes megacapitales norteamericanos.
«¿Por qué EEUU apoya a Israel?» (PDF), se preguntaba Stephen Zunes en un muy lúcido análisis:
«Las frecuentes guerras libradas por Israel han servido de campo de pruebas para el armamento norteamericano, a menudo contra el armamento soviético. Israel ha servido como conducto para suministrar armamento norteamericano a regímenes y movimientos demasiado impopulares en EEUU como para concederles ayuda militar directa, como el régimen del apartheid en Sudáfrica, la República Islámica de Irán, la Junta Militar de Guatemala, o los contra en Nicaragua. Asesores militares israelíes han ayudado a la Contra, a la Junta de El Salvador, y a las fuerzas de ocupación presentes en Namibia y el Sáhara Occidental. Los servicios de inteligencia de Israel han ayudado a los servicios de inteligencia de EEUU en la recogida de información y en operaciones secretas. Israel cuenta con misiles capaces de llegar hasta la antigua Unión Soviética, tiene un arsenal nuclear de cientos de armas, y ha cooperado con la industria militar de EEUU en la investigación y el desarrollo de nuevos aparatos de vuelo y sistemas de defensa antimisiles. (…) La correlación está clara: cuanto más fuerte y más dispuesta a cooperar con los intereses de EEUU se muestra Israel, mayor es el apoyo que se le brinda.»En otros términos, el Estado de Israel es una avanzada de la política exterior estadounidense en Medio Oriente. Está ahí, armado hasta los dientes (se sabe que dispone de hasta 400 armas atómicas, no declaradas oficialmente, existiendo lo que se conoce como Opción Sansón –estrategia de disuasión de retaliación masiva con armas nucleares en contra de las naciones cuyos ataques militares amenazan su existencia–) para cuidar los intereses estadounidenses, intereses que ¡no son religiosos precisamente!
Está ahí, y seguirá estando –la medida de Trump envía el mensaje claramente– para:
disciplinar a todo aquel que intente tomar alguna medida popular con tinte socialista, o que ponga en entredicho los intereses estadounidenses, extendiendo así la lógica de la Guerra Fría (Israel comenzó a ser una «delegación militar» de EEUU en la década de los 60 del siglo pasado, cuando el «socialismo árabe» pro soviético comenzaba a expandirse por la región); cuidar las reservas petroleras de las que se aprovecha la economía norteamericana (el Consejo de Cooperación del Golfo –compuesto por Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, el mayor proveedor de petróleo del mundo, constituido por regímenes conservadores disciplinadamente alineados con Washington, un muy importante comprador de equipo militar del complejo militar-industrial americano–, es un aliado de Israel, lo que evidencia que no todo el mundo árabe o musulmán está enfrentado con ese país); contener el avance de las geoestrategias de Rusia, China o de Irán;
Sin cuidar las formas –parece que a este presidente eso no le preocupa mucho– Trump ha hecho saber al mundo que el complejo militar-industrial (que podrá ser judío o no, eso no importa, es casi anecdótico) sigue marcando el ritmo de la política imperial de Washington. Lo cual evidencia, por otro lado, que el capitalismo, en tanto sistema global, no puede ofrecer solución a los problemas de la Humanidad, puesto que su única salida, su única posibilidad de supervivencia, es la guerra. Por lo que, una vez más, son válidas las palabras de Rosa Luxemburgo: «socialismo o barbarie».
De igual a igual
El polémico libro sobre Trump sale a la venta y desata su ira
"El libro está lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", tuiteó el presidente de los EEUU.
"Fire and Fury: Inside the Trump White House", el libro sobre la campaña electoral de Trump y su presidencia./REUTERS
El polémico libro sobre la campaña electoral y la presidencia de Donald Trump
en Estados Unidos salió este viernes a la venta pese a la presión de la
Casa Blanca, mientras el mandatario continuaba sus furiosos ataques
contra el autor de la obra, los medios de comunicación y su exasesor
Steve Bannon.
Horas antes de la salida a la venta del libro, llamado Fire and Fury (Fuego y Furia)
y que desató esta semana una dura disputa entre Trump y Bannon, el
presidente ventiló en la red social Twitter su frustración por la
publicación de la obra.
"(El libro) está lleno de mentiras,
tergiversaciones y fuentes que no existen", tuiteó la noche del jueves
Trump, quien horas después criticó a los medios de comunicación por
dedicar atención al tema.
Aseguró que no autorizó "ningún acceso" a la
Casa Blanca al autor del libro, Michael Wolff y que "nunca" habló con
él para ese texto, y pronosticó que las cosas no irán bien ni para ese
periodista ni para "el chapucero" Bannon.
Pero el libro se convirtió en todo un éxito editorial incluso antes de su salida a la venta, con una enorme demanda en Amazon y en las librerías de todo el país, que en muchos casos agotaron los ejemplares en cuestión de minutos.
La editorial responsable, Henry Holt & Company,
desafió así la amenaza del equipo legal de Trump, que había pedido
detener la publicación del libro por considerar que contenía múltiples
declaraciones difamatorias sobre el presidente y su familia.
El autor del libro defendió su trabajo en
una entrevista en NBC News, en la que dijo que sigue respaldando
"absolutamente" todo el contenido de la obra y dio irónicamente las
gracias a Trump por darle publicidad.
"No solo me está ayudando a vender libros,
está demostrando que la conclusión del libro es cierta. Es
extraordinario que el presidente de Estados Unidos intente detener la
publicación de un libro", afirmó Wolff.
El periodista, bastante desconocido en
Washington hasta esta semana, asegura que durante los primeros meses de
Trump en el poder tuvo un acceso prácticamente ilimitado a una caótica
Casa Blanca, donde nadie controlaba demasiado sus movimientos, y que
pudo entrevistar a docenas de asesores del mandatario.
Wolff sostiene en su libro que el objetivo
de Trump en la campaña electoral de 2016 no era llegar a ser presidente,
sino potenciar su marca, a la vez que afirma que sus asesores no
confían en el mandatario.
"Todos dicen que es como un niño", señaló Wolff a NBC.
"Dicen que es un imbécil, un idiota. Hay
una competición para llegar al fondo de quién es este hombre", añadió.
"Este hombre no lee, no escucha. Es como un 'pinball', virando a todas
partes", opinó.
Preguntado por el estado mental del
presidente de EEUU, Wolff respondió con una cita de algo que
supuestamente le dijo Bannon en una de sus conversaciones: "La ha
perdido (la cabeza)".
Wolff también aseguró haberle dicho a los
funcionarios de la Casa Blanca todo lo "necesario" para poder tener
acceso a las fuentes que le habrían de proporcionar información, algo
que puede dar munición al equipo de Trump en su intento de
desacreditarle con el argumento de que dio razones falsas para
justificar sus visitas al Ala Oeste.
Trump, por su parte, continuó este viernes
su batalla con Bannon, al que este miércoles acusó de haber "perdido la
cabeza" por haber calificado de "traición" y "antipatriótica" la
decisión del hijo del mandatario, Donald Trump Jr., de reunirse en junio
de 2016 en Nueva York con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.
"La familia Mercer rompió recientemente con
el filtrador conocido como el Chapucero Steve Bannon. ¡Inteligente
(decisión)!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.
El presidente se refería al comunicado que
emitió este jueves Rebekah Mercer, una multimillonaria donante
republicana y accionista de la publicación ultraconservadora Breitbart
News, de la que Bannon es presidente, en la que aseguraba que ya no le
estaba financiando y no apoyaba "sus acciones y declaraciones
recientes".
Esa retirada de apoyo es un duro golpe para
Bannon, que había prosperado hasta ahora como defensor de la agenda
populista de Trump desde fuera de la Casa Blanca y que ha tratado de contener la ira del mandatario al asegurar esta semana que le considera "un gran hombre" y que "nunca nada se interpondrá" entre ambos.
Trump quiere impedir “a toda costa” la publicación del libro sobre su primer año de presidencia
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Trump charla con Bannon en una reunión en la Casa Blanca. REUTERS/Carlos Barria.
Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
han reclamado este jueves que se cancele inmediatamente la publicación y
difusión de un libro sobre su presidencia que contiene más 200
entrevistas con el círculo íntimo del presidente e incluye un testimonio que Trump quiere impedir a toda costa, el de Steve Bannon, su exasesor.
El que fuera último jefe de campaña y exestratega jefe de Donald Trump en la Casa Blanca, Steve Bannon, le tacha de “traición” y “antipatriota” en
una reunión mantenida en 2016 entre el hijo mayor de Trump, Donald Jr.,
y un grupo de rusos en busca de documentos que perjudicasen a su rival
demócrata, Hillary Clinton.
El letrado Charles Harder pidió al autor de Fuego y Furia, Michael Wolff, y a su editorial que “cesen y desistan de cualquier publicación, revelación o diseminación”
del nuevo libro, según han informado varios medios locales. Sin
embargo, la editorial responsable del libro, Henry Holt & Company,
permitirá que varios mayoristas comiencen a vender la obra este viernes
en lugar del próximo 9 de enero, la fecha prevista, según informaron hoy
la cadena de televisión CNN y el diario The Wall Street Journal.
Se han divulgado ya algunos extractos del libro en la revista New York Magazine, dónde se llega a afirmar que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente e imponerse a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino potenciar su marca personal.
“Estamos investigando numerosos comentarios falsos
que ha hecho usted sobre el señor Trump”, han acusado desde el círculo
del presidente al autor de la obra, cuya publicación completa se prevé
para la semana que viene.
En el escrito explica que se puede probar una “maldad
real” en la creación de Wolff, ya que -inciden- “el libro admite en la
introducción que contiene declaraciones no verdaderas” y no cita a
ninguna fuente para muchas de sus “dañinas afirmaciones” sobre Trump.
Los abogados del mandatario enviaron también a Bannon
un documento legal similar al remitido a Wolff para que cese sus
declaraciones sobre el presidente y cumpla el compromiso de confidencialidad que firmó.
“Ha incumplido el acuerdo (de confidencialidad) al
comunicarse con el autor Michael Wolff sobre el Sr. Trump, los miembros
de su familia y la Compañía (Trump Organization), divulgar información confidencial al sr. Wolff y hacer declaraciones despectivas
y, en algunos casos, directamente difamatorias al sr. Wolff sobre el
sr. Trump, los miembros de su familia y la Compañía”, reza la orden
enviada a Bannon.
Tras conocerse ayer las declaraciones de Bannon, la Casa Blanca emitió un comunicado muy duro del presidente en el que acusó a Bannon de haber “perdido la cabeza” y afirmó que el exasesor “no tenía nada que ver” con su presidencia.
También los portavoces de la residencia del mandatario trataron de desacreditar Fuego y Furia, asegurando que estaba lleno de “falsas afirmaciones” y de fuentes “que no tienen acceso ni influencia sobre la Casa Blanca”.
Wolff asegura que su libro está bien contrastado con
el entorno de presidente (y se puede confirmar leyendo las entrevistas)
y su círculo político, y según fuentes citadas por The Washington Post, en los primeros meses de la presidencia de Trump se le podía ver vagando por el ala oeste de la Casa Blanca sin escolta o escondido en la oficina de Bannon.
(Con información de Público)
HONDURAS
Juventud se moviliza ante imposición de dictadura en Honduras
Ene 05, 2018
A pesar de la avalancha represiva, estigmatizadora y de
criminalización que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha impulsado
utilizando la institucionalidad, el liderazgo y resistencia de la
juventud hondureña está dejando a la sociedad un mensaje muy claro: No
quieren vivir bajo una dictadura. “JOH te metiste con la generación
equivocada”.
Esta juventud lleva varias semanas resistiendo de forma pacífica y creativa a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral que dan como ganar al candidato ilegal y actual presidente Juan Orlando Hernández. Las acciones de protesta se han hecho sentir a nivel nacional, y son los jóvenes quienes las lideran.
Para la Convergencia Juvenil contra el Continuismo, esa juventud reprimida y criminalizada, representa la razón, el diálogo y la ética, y es la garantía de una nueva generación de ciudadanas y ciudadanos que sin duda romperá los paradigmas de la opresión, corrupción e impunidad en que se sostienen los actuales liderazgos políticos.
“Somos una generación indignada por tanta corrupción, impunidad y abandono estatal”, dijo en Radio Progreso Adriana Zúniga, una joven doctora con maestría en salud pública, que desde el golpe de Estado de 2009 ha venido denunciado públicamente las violaciones a derechos humanos que ha sufrido el pueblo hondureño. Adriana junto a otros jóvenes de El Progreso, Yoro se han organizado para hacerle frente al continuismo de Juan Orlando Hernández.
“No es sólo contra la reelección ilegal, es contra el continuismo dictatorial de Juan Orlando Hernández y del modelo neoliberal extremista y criminal que representa”, señaló Gabino Fernández un joven maestro organizado en la Convergencia Juvenil contra el Continuismo. Gabino a pesar del miedo y la incertidumbre hace un llamado a la población a luchar desde todas las iniciativas ciudadanas para impedir la toma de posesión de Juan Orlando, el próximo 27 de enero. “Hay que sumar para vencer”, por ello desde la Convergencia Juvenil se convoca a toda la sociedad a sumarse a las acciones movilizadoras indignadas contra la dictadura.
Un país joven
Honduras es un país joven; la base de su pirámide poblacional está formada por jóvenes. El Instituto Nacional de Estadísticas-INE, en sus estudios sobre diferentes sectores poblacionales, revela que el 60 por ciento de la población hondureña es joven (20 a 40 años), o sea 5.2 millones de personas.
Sin embargo, la encuesta de hogares más reciente (2016) del Instituto Nacional de Estadísticas revela datos alarmantes sobre la situación socioeconómica de la juventud. La Tasa de Desempleo Abierto es de 32% para jóvenes de 15 a 24 años de edad, lo que representa 60% de los desocupados a nivel nacional. Lo más crítico es el subempleo visible e invisible, o sea, jóvenes que trabajan menos tiempo del deseado o que reciben un ingreso miserable. “La fuerza productiva del país está sumergida en la precariedad”, dice Adriana señalando que esos jóvenes marginados y criminalizados por los gobiernos ahora encabezan la lucha por rescatar a Honduras de los corruptos y violentos.
Pero ante la resistencia y movilización la ciudadanía la respuesta del gobierno ha sido de represión, criminalización y muerte. Hasta el momento el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, registra más de 31 asesinatos a manos de militares.
Sólo en el Valle de Sula más de 80 personas enfrentan procesos criminales, de los que 15 jóvenes se encuentran privados de libertad en los centros penales en Ilama, Santa Bárbara y en El Progreso, Yoro, por el hecho de participar en protestas contra el fraude electoral.
Sueños
“Que nos dejen vivir y que no nos repriman”, expresó Adriana como su sueño más anhelado para este 2018. Cada expresión popular o manifestación en las vías públicas por parte de la ciudadanía indignada, un fuerte desplazamiento militar con tanquetas y gases lacrimógenos es la respuesta del gobierno de Juan Orlando para al clamor o demanda del pueblo.
Además, desde la Convergencia Juvenil se sueña con una ciudadanía consciente, capaz de defender sus derechos y de denunciar la corrupción e impunidad que por años ha gobernado a Honduras. Estos chavos y chavas sueñan con una Honduras distinta, inclusiva, una Honduras de todos y todas.
Esta juventud lleva varias semanas resistiendo de forma pacífica y creativa a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral que dan como ganar al candidato ilegal y actual presidente Juan Orlando Hernández. Las acciones de protesta se han hecho sentir a nivel nacional, y son los jóvenes quienes las lideran.
Para la Convergencia Juvenil contra el Continuismo, esa juventud reprimida y criminalizada, representa la razón, el diálogo y la ética, y es la garantía de una nueva generación de ciudadanas y ciudadanos que sin duda romperá los paradigmas de la opresión, corrupción e impunidad en que se sostienen los actuales liderazgos políticos.
“Somos una generación indignada por tanta corrupción, impunidad y abandono estatal”, dijo en Radio Progreso Adriana Zúniga, una joven doctora con maestría en salud pública, que desde el golpe de Estado de 2009 ha venido denunciado públicamente las violaciones a derechos humanos que ha sufrido el pueblo hondureño. Adriana junto a otros jóvenes de El Progreso, Yoro se han organizado para hacerle frente al continuismo de Juan Orlando Hernández.
“No es sólo contra la reelección ilegal, es contra el continuismo dictatorial de Juan Orlando Hernández y del modelo neoliberal extremista y criminal que representa”, señaló Gabino Fernández un joven maestro organizado en la Convergencia Juvenil contra el Continuismo. Gabino a pesar del miedo y la incertidumbre hace un llamado a la población a luchar desde todas las iniciativas ciudadanas para impedir la toma de posesión de Juan Orlando, el próximo 27 de enero. “Hay que sumar para vencer”, por ello desde la Convergencia Juvenil se convoca a toda la sociedad a sumarse a las acciones movilizadoras indignadas contra la dictadura.
Un país joven
Honduras es un país joven; la base de su pirámide poblacional está formada por jóvenes. El Instituto Nacional de Estadísticas-INE, en sus estudios sobre diferentes sectores poblacionales, revela que el 60 por ciento de la población hondureña es joven (20 a 40 años), o sea 5.2 millones de personas.
Sin embargo, la encuesta de hogares más reciente (2016) del Instituto Nacional de Estadísticas revela datos alarmantes sobre la situación socioeconómica de la juventud. La Tasa de Desempleo Abierto es de 32% para jóvenes de 15 a 24 años de edad, lo que representa 60% de los desocupados a nivel nacional. Lo más crítico es el subempleo visible e invisible, o sea, jóvenes que trabajan menos tiempo del deseado o que reciben un ingreso miserable. “La fuerza productiva del país está sumergida en la precariedad”, dice Adriana señalando que esos jóvenes marginados y criminalizados por los gobiernos ahora encabezan la lucha por rescatar a Honduras de los corruptos y violentos.
Pero ante la resistencia y movilización la ciudadanía la respuesta del gobierno ha sido de represión, criminalización y muerte. Hasta el momento el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, registra más de 31 asesinatos a manos de militares.
Sólo en el Valle de Sula más de 80 personas enfrentan procesos criminales, de los que 15 jóvenes se encuentran privados de libertad en los centros penales en Ilama, Santa Bárbara y en El Progreso, Yoro, por el hecho de participar en protestas contra el fraude electoral.
Sueños
“Que nos dejen vivir y que no nos repriman”, expresó Adriana como su sueño más anhelado para este 2018. Cada expresión popular o manifestación en las vías públicas por parte de la ciudadanía indignada, un fuerte desplazamiento militar con tanquetas y gases lacrimógenos es la respuesta del gobierno de Juan Orlando para al clamor o demanda del pueblo.
Además, desde la Convergencia Juvenil se sueña con una ciudadanía consciente, capaz de defender sus derechos y de denunciar la corrupción e impunidad que por años ha gobernado a Honduras. Estos chavos y chavas sueñan con una Honduras distinta, inclusiva, una Honduras de todos y todas.
Estados unidos sigue viendo a Honduras como la república bananera
El
Departamento de Estado planea apoyar agresivamente a Hernández sin
importar cuán criminal sea su comportamiento, cuán represivo sea su
régimen, cuán claramente esté encerrándose en su dictadura.
Por: Jeremy Kryt/TheDailyBeast.com
¿arriesgarías
tu vida para defender la democracia? El tema podría provocar un
intercambio entre los invitados en su próxima cena, pero -al menos por
ahora, al menos en América del Norte- la amenaza de ser asesinado por
ideales incompatibles sigue siendo abstracta.
En el
nuevo y valiente mundo de Honduras después de las elecciones, por otro
lado, la posibilidad de ser fusilado o asesinado a golpes mientras se
muestra apoyo al estado de derecho es una realidad cotidiana para gran
parte de la población. Han muerto decenas, cientos más heridos y al
menos 1.500 han sido encarcelados por resistirse al intento de un
régimen corrupto de retener el poder por cualquier medio necesario. Y la
administración Trump ahora está ayudando y fomentando el golpe
electoral de ese régimen, respaldando abiertamente a un “tirano” y
aspirante a “dictador” con el nombre de Juan Orlando Hernández, quien ha
sido ampliamente criticado por secuestrar la presidencia de los “EE.
UU. Honduras “-solicitó su uso de larga data como base para las
operaciones militares del Tío Sam, ya sea abierta o encubierta.
Esta es
la segunda vez en menos de una década que un presidente estadounidense
en funciones ha permitido una toma hostil del gobierno en la pequeña y
empobrecida nación centroamericana mejor conocida por sus exportaciones
de banano y café. El gobierno de Obama también tácitamente permitió un
agarre de poder de las élites terratenientes y el ejército que derrocó
al presidente democráticamente elegido Manuel “Mel” Zelaya en 2009.
Ese
derrocamiento sumió al país en un largo período de caos que dio lugar al
desenfrenado tráfico de drogas y a las poderosas pandillas callejeras.
Honduras también se convirtió en el hogar perenne de una de las tasas de
homicidios más altas del mundo. La mezcla tóxica de violencia y
privación ha provocado que cientos de miles de migrantes, incluidos
muchos niños indocumentados, huyan del país con la esperanza de
encontrar una vida mejor en los Estados Unidos.
Ahora,
tras las elecciones “robadas” que vio a Hernández violar el límite de un
solo mandato de la Constitución hondureña para retener el poder, las
condiciones de los derechos humanos para amplias franjas de la población
han empeorado una vez más.
“Recibir un disparo o morir aplastado mientras se muestra apoyo al estado de derecho es una realidad cotidiana”.
“Estamos
en una emergencia debido a la brutalidad del ejército, la policía y las
fuerzas paramilitares que obedecen la estrategia de represión
gubernamental”, dijo Bertha Oliva, directora del Comité para los
Familiares de los Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y nominada para el
Premio Nobel de la Paz, en una entrevista con The Daily Beast.
“La
población, a la que se le ha robado su derecho a elegir y ser elegida,
está sufriendo las peores condiciones de inseguridad que se hayan visto
en la historia del país”, dijo Oliva desde la ciudad capital de
Tegucigalpa.
“Es, en resumen, un nuevo golpe de Estado que solo los ciegos se niegan a ver”.
El hombre de Trump en Honduras
El
viernes 22 de diciembre, la administración Trump se convirtió en uno de
los pocos gobiernos en el mundo libre en reconocer la “victoria” de
Hernández en Honduras. Un vocero del Departamento de Estado emitió un
comunicado de prensa que decía:
“Felicitamos
al presidente Juan Orlando Hernández por su victoria en las elecciones
presidenciales del 26 de noviembre, según lo declarado por el Tribunal
Supremo Electoral de Honduras (TSE)”.
¿Notara
algo gracioso sobre la fecha de las felicitaciones y la de las
elecciones reales? Está bien; le tomó al Departamento de Estado casi un
mes entero ofrecerle al líder titular Hernández su huzzah.
Eso es
porque el TSE tardó tanto en contar la votación. E incluso después de
cuatro semanas parece que no pudieron, o no pudieron hacerlo bien.
El conteo
oficial de votos del TSE ha sido cuestionado por miradas de
observadores internacionales, incluidos grupos de derechos humanos,
miembros del Congreso de los EE. UU., La Unión Europea (UE) y la
Organización de Estados Americanos (OEA), quienes han expresado su
preocupación por la generalización del fraude en el proceso electoral
en noviembre.
El
opositor de Hernández, un popular personaje de televisión llamado
Salvador Nasralla, también denunció los resultados e incluso viajó a
Washington para obtener apoyo para una recuperación electoral, según la
recomendación de la OEA. Esto marca la primera vez en la historia de ese
cuerpo que ha pedido la anulación de una elección nacional. Mientras
tanto, decenas de miles de hondureños comunes acudieron a protestar por
el desacreditado proceso electoral. Las fuerzas de seguridad han atacado
regularmente a los manifestantes, dejando al menos 33 personas muertas
en el momento de escribir este informe.
Aunque
las felicitaciones oficiales se retrasaron por toda la indignación
internacional, la administración Trump dejó en claro durante toda la
campaña presidencial hondureña, e incluso en el caos posterior al voto,
que Hernández era su hombre. El Departamento de Estado llegó incluso a
firmar un acuerdo para reforzar la ayuda militar al régimen en los
primeros días después de las elecciones. Ese proceso implicó certificar
que el gobierno cumplía con las estrictas regulaciones de los EE. UU.
Contra los abusos contra los derechos humanos, por lo que podría recibir
su parte de aproximadamente $ 645 millones del Congreso asignado a
América Central, incluso cuando las tropas hondureñas estaban atacando a
manifestantes desarmados.
“Es un
nuevo golpe de estado que solo los ciegos se niegan a ver”, dijo Bertha
Oliva, directora del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras
“Hernández puede compararse con el líder de un sindicato delictivo que
se ha beneficiado enormemente del completo derrumbe del Estado de
derecho que ha tenido lugar en Honduras desde el golpe de 2009”, dijo
Alex Main, un analista senior del Centro para Asuntos Económicos e
investigación de políticas en Washington.
“La
familia de Hernández y muchos de sus colegas del Partido Nacional están
supuestamente implicados en el narcotráfico, y el gobernante Partido
Nacional ha malversado vastas sumas de fondos públicos, algunos de los
cuales fueron invertidos en la última campaña presidencial de
Hernández”, dijo Main.
Nada de
eso parece disuadir a los miembros de la administración Trump de
respaldar al hombre fuerte tropical. Según Dana Frank, experta en
Honduras e historia de Estados Unidos en la Universidad de California en
Santa Cruz (UCSC), el Departamento de Estado planea “apoyar
agresivamente a Hernández sin importar cuán criminal sea su
comportamiento, cuán represivo sea su régimen, cuán claramente esté
encerrándose en su dictadura.”
¿Pero por
qué? Teniendo en cuenta la dura charla de POTUS sobre subir la apuesta
en la Guerra contra las drogas, uno podría ser perdonado por pensar que
un líder y un partido con una inclinación establecida por incursionar en
el tráfico de narcóticos podrían ser desagradables compañeros de cama.
Sin embargo, ese no parece ser el caso: “El jefe de gabinete de la Casa
Blanca John Kelly tiene una historia establecida de celebrar a Hernández
cuando era jefe del Comando Sur de los EE. UU. Y dijo que Hernández
estaba haciendo un ‘magnífico trabajo’ combatiendo a los
narcotraficantes”, dijo Frank, señalando que era “algo asombroso”, para
decir, dado un cuerpo sustancial de evidencia que sugiere que Hernández
está vinculado al narcotráfico “.
La oficina del presidente Hernández rechazó una invitación para ser entrevistado para este artículo.
Plátanos republicanos
La base
aérea Soto Cano del Comando Sur de los Estados Unidos en Honduras sigue
siendo la mayor instalación militar de los EE. UU. En el hemisferio.
Pero la presencia de cientos de tropas estadounidenses y una flota de
aviones no ha impedido que Honduras se convierta en un semillero de
drogas y contrabando de drogas. Hernández, un abogado educado en un
colegio militar, se ha ganado el cariño de los líderes de centroderecha
en los EE. UU., Vamos a seguir llamándolos Banana Republicanos,
precisamente por sus duras afirmaciones para frenar la anarquía. “En sus
campañas electorales, Hernández ha promocionado su agenda de seguridad
‘dura contra el crimen’, en respuesta a la explosión real de crimen y
violencia”, dijo el analista de CEPR Main.
El
submundo de la nación ahora está dominado por una especie
particularmente brutal de grupos del crimen organizado. Poderosas
pandillas callejeras como los Salvatruchas y Barrio 18 trabajan como
intermediarios para los cárteles de la droga mexicanos y colombianos,
además de llevar a cabo sus propios anillos de extorsión y prostitución.
Las mafias internacionales a gran escala han aprovechado al máximo las
condiciones caóticas. Hasta 90 por ciento de los narcóticos ilegales que
ingresan a México ahora pasan por América Central, y Honduras es un
blanco particularmente tentador para los contrabandistas debido a la
presencia de pandillas atrincheradas y funcionarios notoriamente
corruptos.
Los
economistas internacionales, los observadores de derechos humanos y los
analistas de políticas se apresuran a señalar que los problemas de
delincuencia y violencia que enfrentan Honduras y sus vecinos son
causados directamente por las altísimas tasas de pobreza. Los
conservadores de Estados Unidos, sin embargo, siempre han puesto el
carro delante del caballo, y prefieren reforzar a la policía y el
ejército en lugar de abordar la falta de empleo o educación.
“Sin
seguridad, es imposible tener … desarrollo económico”, dijo el
secretario de Estado Rex Tillerson en una conferencia de líderes
centroamericanos en junio pasado. Tillerson parece incapaz de imaginar
la otra cara de la moneda: que sin desarrollo y una mejor calidad de
vida para las masas no puede haber seguridad. Sin embargo, en
consonancia con su ethos de palo antes de la zanahoria, los bananos
republicanos han facultado a Hernández y sus predecesores para reprimir a
las pandillas a toda costa en un entorno donde las maras
centroamericanas han sido elegidas como villanos perfectos de Trump.
Estados
Unidos ha enviado cientos de millones de dólares en ayuda militar
controvertidamente no supervisada desde 2009. Pero, como sucede a menudo
en la Guerra contra las drogas, la ofensiva contra el crimen en
Honduras ha llevado a abusos generalizados contra ciudadanos comunes. Y
los críticos dicen que eso no es un accidente.
Nota relacionada El tirano en Honduras que Estados Unidos pretende no ver
“El jefe
de personal John Kelly tiene una historia establecida de celebrar a
Hernández cuando era jefe del Comando Sur de Estados Unidos”, dijo Dana
Frank, de la Universidad de California Santa Cruz. “Concretamente, la
agenda [de Hernández] ha implicado una intensa militarización del país”,
dijo Main, a menudo con el fin de promover intereses privados. Las
fuerzas de seguridad del Estado se han desplegado para reprimir los
“conflictos sociales” que han surgido debido a los “megaproyectos
extractivistas, hidroeléctricos, agroindustriales y turísticos que
desplazan o afectan negativamente a las comunidades, muchas de ellas
indígenas”.
Históricamente,
ese tipo de explotación ha sido la norma en Honduras y en muchas otras
naciones de América Central y del Sur. A partir de finales del siglo
XIX, grandes corporaciones como Dole y la United Fruit Company
comenzaron a asociarse con líderes locales y élites terratenientes para
garantizar exportaciones baratas de frutas y verduras.
Si bien muchos otros países de la región
se rebelaron contra este tipo de regla cuasi corporativa, los EE. UU.
Honduras nunca lo hizo. Económica y militarmente ha seguido sirviendo
como una plataforma de lanzamiento para iniciativas respaldadas por los
EE. UU., Como la Guerra Contra en la década de 1980, la actual Guerra
contra las drogas y, más recientemente, ciudades charter destinadas a
servir a empresas transnacionales.
Como
sabemos, Trump aprecia clientes leales y, para que nadie lo dude,
Honduras es uno de los dos únicos países hasta la fecha (el otro es
Guatemala) que ha anunciado que seguirán el ejemplo de los Estados
Unidos al trasladar sus embajadas en Israel a Jerusalén. Cuando los
líderes comunitarios e indígenas intentan defender sus propios
intereses, a menudo son blanco de las fuerzas de seguridad estatales o
privadas.
Ese fue
el caso del asesinato de Berta Cáceres, una ecologista prominente que
fue asesinada a tiros por asesinos con vínculos con el ejército
hondureño en marzo de 2016. Oliva de COFADEH describe a Hernández como
comprometido a apoyar las agendas corporativas en Honduras “incluso si
esto significa una violación fraudulenta de la ley hondureña”.
Dado su
enfoque similar a favor del gobierno corporativo aquí en casa, no es de
extrañar que POTUS haya elegido apoyar al último déspota de tinpot de
Honduras. Insurrección Electoral El Tribunal Supremo Electoral de
Honduras (TSE), que estuvo a cargo del conteo de votos, está dirigido
por miembros del propio Partido Nacional de Hernández, que resultó haber
sido sorprendido in fraganti conspirando para urdir las urnas a su
favor durante el último elección. Pero el plan para alterar las hojas de
conteo originales de los polsters resultó insuficiente para obtener una
victoria de Hernández. Con más de la mitad de los votos contados el 26
de noviembre, los resultados mostraron que Nasralla -cuyo partido
opositor se llama acertadamente la Coalición contra la Dictadura en
referencia al propio Hernández- con lo que un magistrado del TSE se
refirió en un raro momento de probidad como “irreversible” ” dirigir.
En ese
momento, el TSE simplemente dejó de publicar información de conteo de
votos al público. Cuando se permitió que la cuenta continuara, unos días
después, Nasralla se había quedado misteriosamente detrás de su
oponente. “Los primeros resultados anunciados por el TSE, que sitúan a
Nasralla a cinco puntos de ventaja, se basaron en el 56 por ciento del
total de los votos emitidos”, dijo Main, de CEPR. “La única manera de
que una ventaja tan fuerte pueda revertirse sería si los votos restantes
favorecieran abrumadoramente a Hernández, lo que estadísticamente sería
un acontecimiento altamente improbable dado que los votos contados
antes del primer anuncio se tomaron de todas partes del país”. ” “Como
sucede a menudo en la Guerra contra las drogas, la represión de la lucha
contra el crimen en Honduras ha llevado a abusos generalizados contra
ciudadanos comunes. Y los críticos dicen que eso no es accidental “.
Y las
anomalías de votación no se detuvieron allí. Los observadores
electorales de la OEA y la UE también lloraron la falta en varios otros
cargos. “Las irregularidades incluyeron numerosos informes creíbles de
la compra de votos y credenciales de observadores antes de las
elecciones”, dijo Main, “y graves violaciones de seguridad que
comprometen muchas de las hojas de votación que fueron transportadas
físicamente al TSE en la última fase de la votación”.
” Esas
brechas de seguridad no fueron un accidente. Cambiar físicamente las
papeletas para fijar el voto había sido la piedra angular del plan del
Partido Nacional desde el principio, como informó The Economist la
semana de las elecciones.
Déja Coup All Over Again
Tal vez
la historia más irónica -y políticamente cínica- de las elecciones se
refiere al hecho de que fue el propio Partido Nacional de Hernández
quien ayudó a lanzar el golpe militar contra el entonces presidente
Zelaya nueve años atrás, precisamente porque fue acusado (por ellos) de
buscar un segundo mandato en oficina. Zelaya, un líder de centro
izquierda, había enfurecido a las élites locales al sugerir programas
sociales progresivos como almuerzos escolares gratuitos para niños
pobres, y un modesto aumento al salario mínimo.
También
habló críticamente sobre los Estados Unidos y la influencia corporativa.
Su caída se produjo cuando propuso un referéndum no vinculante, o
plebiscito, que habría permitido a una asamblea constitucional abordar
cuestiones tales como los impuestos progresivos, la mejora de las leyes
de derechos de los votantes y la protección de los recursos naturales.
La misma mañana en que se realizaría la votación, “Mel” se vio marginado
de su casa, todavía vestido con su pijama, por tropas armadas.
A pesar
de que la campaña presidencial de ese año estaba en marcha, y Zelaya no
estaba en la carrera ni era elegible para serlo, sus oponentes lo
acusaron de organizar el plebiscito para extender su tiempo en el cargo.
Como ya se había enfrentado a los líderes de Estados Unidos, el cargo
de buscar un segundo período fue una excusa conveniente para que la
secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, mirara hacia otro lado
cuando Zelaya fue secuestrado por soldados y sacado del país.
“Con cero
pruebas, las élites hondureñas lanzaron la acusación completamente
ficticia de que el presidente Manuel Zelaya estaba utilizando el llamado
a una constituyente para tratar de obtener un segundo mandato, para
justificar su golpe militar de 2009”, dijo Frank de la UCSC, que es el
autor de Bananeras: Mujeres Transformando las Uniones Banana de América
Latina.
Por el
contrario, el incumplimiento de Hernández de la Carta Magna para
permanecer en el cargo no ha provocado ni una pizca de protesta del
Departamento de Estado de Trump, porque, por supuesto, él es un “todo”.
“Hernández, por el contrario, lanzó su verdadera campaña de reelección,
en completa violación de la Constitución hondureña, que muy
explícitamente no solo prohíbe un segundo mandato, sino que convierte en
un acto criminal que un presidente en funciones propugne incluso la
reelección”, dijo Frank. ¿Guerra civil? Cuando quedó claro que, a pesar
de todas las pruebas que apuntaban a un recuento de votos falsos, la
administración de Trump iba a apoyar a Hernández, el candidato anti
dictador, Nasralla, advirtió a los periodistas que la crisis electoral
podría empujar al país hacia “guerra civil.”
El
analista de seguridad Main dijo que no solo es una retórica vacía: “La
posibilidad de una guerra civil es real dado el nivel de indignación por
las descaradas chanchullerías electorales que se han llevado a cabo”,
dijo.
Algunas
fuerzas de seguridad del estado ya se han acercado a lanzar su suerte
con los manifestantes, incluso desobedeciendo órdenes de atacar
manifestaciones. Esas divisiones podrían ser la primera indicación de un
cisma más amplio dentro de las fuerzas armadas, dijo Main. “Hoy está
claro que la mayoría de los hondureños no confía en los resultados de
las elecciones y esto [podría] crear una inestabilidad social aguda en
el futuro”.
El autor
Frank dijo que la amplia coalición que impulsa la democracia en Honduras
-incluyendo académicos, ecologistas, la comunidad LGBT, grupos
indígenas y afrohondureños- probablemente no retrocederá pronto. “Saben
que si no continúan protestando, ellos y sus hijos morirán, ya sea a
punta de pistola, de la pobreza, de la falta de atención médica o al
intentar huir a otro país”, dijo.
“Si Hernández permanece en el poder,
está claro que su [régimen] escalará una ola terrorífica de asesinatos,
intimidación, represión mediática y acoso para acabar con los
movimientos sociales y su liderazgo por completo”.
En su
carta oficial de felicitación a Hernández, el Departamento de Estado
ofreció una respuesta tibia a las quejas de los seguidores de Nasralla
que acababan de robarles su país (nuevamente): “Los resultados de las
elecciones, las irregularidades identificadas por la OEA y las misiones
de observación electoral de la UE y las fuertes reacciones de los
hondureños en todo el espectro político subrayan la necesidad de un
diálogo nacional sólido”, dijo. Para Frank, sin embargo, el tono huele a
una peligrosa falsa equivalencia.
“Debemos
tener cuidado con los llamados a ‘negociación’ y ‘diálogo’ entre
Hernández y Nasralla”, agregó. “Un lado controla a los militares, la
policía, el Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Congreso, el poder
ejecutivo y la comisión electoral. El otro no.
“Es como
pedirle a las gallinas que negocien con los zorros sobre quién controla
el gallinero”. Bertha Oliva ha visto las oficinas de COFADEH gastadas y
disparadas por los escuadrones de matones locales con la suficiente
frecuencia como para saber que las preocupaciones de Frank sobre una
mayor represión no son meras hipérboles.
Dijo que
la votación en noviembre pasado fue un “mandato” del pueblo hondureño
contra una larga serie de gobernantes, incluido Hernández, que puso al
país “a merced del crimen organizado local e internacional y saqueó los
recursos de Honduras para su propio beneficio”.
“La
gente votó para expulsar a estos líderes, pero las elites son reacias a
obedecer. Eso ya condujo a una insurrección popular “, dijo Oliva,” y
esto es solo el comienzo”.
Los jesuitas denuncian amenazas contra el padre “Melo”
Por. David Agren, Catholic News Service
La
Compañía de Jesús ha denunciado las amenazas contra un franco jesuita
hondureño que ha destacado las acusaciones de irregularidades
generalizadas en las recientes elecciones presidenciales del país
centroamericano.
La
Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe dijo el 30 de
diciembre que las hostilidades en las redes sociales contra el padre,
Ismael Moreno Coto, mejor conocido como “Padre Melo”, “recuerda las
amenazas de muerte que circulaban en El Salvador antes del asesinato del
padre jesuita Rutilio Grande”, un jesuita salvadoreño asesinado en
1977.
Los
jesuitas también defendieron a otros ocho activistas regionales que
están siendo amenazados. “Todas las acusaciones son mentiras destinadas a
contrarrestar la organización de base y la resistencia pacífica y
democrática que los acusados, junto con el pueblo de Honduras, están
llevando a cabo en un momento en que Juan Orlando Hernández no respetó
el voto popular”, dijo la declaración, refiriéndose al presidente en
ejercicio y vencedor electoral oficial.
“Este es
un intento de crear terror en las personas como una estrategia para
desmovilizarlas”, dijo la declaración, firmada por el padre, Roberto
Jaramillo, presidente de la conferencia. “Consideramos a Juan Orlando
Hernández y sus aliados responsables de la seguridad y el bienestar
físico y moral de las nueve personas acusadas falsamente”.
Las
elecciones hondureñas del 26 de noviembre devolvieron a Hernández al
poder, pero solo después de un largo proceso de conteo de votos empañado
por retrasos inexplicables y dificultades técnicas improbables. El
titular también superó una gran ventaja del candidato de la oposición
Salvador Nasralla, quien obtuvo la mayoría de los votos antes de una
larga suspensión del conteo por parte del tribunal electoral del país.
El
gobierno de los EE. UU., que ha colaborado estrechamente con la
administración de Hernández en cuestiones de inmigración y seguridad,
reconoció la victoria el 22 de diciembre, a pesar de las irregularidades
observadas por los observadores electorales y los llamamientos a nuevas
elecciones.
Hernández
ha pedido diálogo, pero la oposición lo ha rechazado, incluido Moreno,
fundador de Radio Progreso. Al menos 31 personas han muerto en protestas
desde las elecciones, según los observadores, que alegan represión
policial. Una torre de transmisión de Radio Progreso fue derrocada en
diciembre en un acto que Moreno denominó “sabotaje”. “Recibo acusaciones
que ponen en riesgo mi vida”, tuiteó el 29 de diciembre.
“Este es
el diálogo abierto del que habla el presidente y está respaldado por la
Embajada de los EE. UU.” Moreno siempre ha sido franco en sus críticas a
Hernández y la clase empresarial del país, ambos acusados de
corrupción, aprovechando indebidamente concesiones y privatizaciones y
no deteniendo los asesinatos de activistas sociales y ambientales.
La
Conferencia episcopal hondureña, dijo en una declaración el 21 de
diciembre, que el tribunal electoral “no ha superado la falta de certeza
sobre los resultados electorales”, pero pidió calma y que los
hondureños luchen por “un gran pacto social a través del diálogo”.
Nota relacionada La ciudadanía se ha estructurado en contra de la dictadura: Padre Melo (vídeo)
Los
llamados al diálogo han caído en saco roto anteriormente, incluso
después del golpe de 2009, cuando la oposición acusó al presidente
recién instalado de utilizar la perspectiva de hablar como un medio para
ganar tiempo.
El golpe
de 2009 se produjo después de que los opositores acusaron al entonces
presidente Manuel Zelaya de preparar ilegalmente un intento de
reelección; Honduras solo había permitido un mandato de cuatro años. Sin
embargo, Hernández, que apoyó el golpe, convenció a la Corte Suprema de
permitir su propio intento de reelección, algo que los observadores
dicen que ha envenenado las perspectivas de diálogo.
“No se
puede decir que el gobierno ha sido terrible en todo”, dijo el p. German
Calix, director de Caritas Honduras. “Lo que la gente no toleró es que
la ley fue violada, por lo que (Hernández) podría postularse nuevamente
como candidato. (Ellos) sienten que la ley se ha burlado y se puede
seguir burlando”.
Senadores estadounidenses preocupados por toma de posesión de JOH en medio de crisis
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Los
senadores Ben Cardin y Eliot Engel reiteran sus preocupaciones antes
de la toma de posesión presidencial hondureña, en medio de una crisis
política en curso.
WASHINGTON
– El senador estadounidense Ben Cardin (D-Md.), Miembro de rango del
Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el representante Eliot
Engel (DN.Y.), miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores
de la Cámara, emitieron la siguiente declaración conjunta el jueves en
respuesta al reconocimiento de la Administración Trump de un ganador en
la elección presidencial hondureña a pesar de las irregularidades
generalizadas reportadas por los observadores electorales
internacionales.
Las protestas y los disturbios políticos en Honduras continúan:
“Antes
de la toma de posesión presidencial de Honduras a fines de este mes,
seguimos profundamente preocupados por la legitimidad de las elecciones
del 26 de noviembre. La decisión de la Administración Trump de reconocer
al presidente Hernández como el ganador de las elecciones -a pesar de
la abrumadora evidencia de irregularidades generalizadas documentadas
por las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea-
marcó otro paso en falso diplomático estadounidense en el escenario
mundial.
Senador Eliot Engel
“Alentamos
a los ex presidentes latinoamericanos Jorge Quiroga y Álvaro Colom a
que continúen sus esfuerzos para fomentar un diálogo nacional en
Honduras que pueda restaurar la credibilidad del proceso electoral del
país y fomentar el acuerdo sobre las reformas políticas que hace tanto
tiempo debían haberse producido”.
Es
imperativo que las autoridades electorales hondureñas tomen medidas
adicionales para aumentar la confianza ciudadana en el proceso electoral
y sus resultados.
“Estamos
profundamente preocupados por los asesinatos extrajudiciales de
manifestantes cometidos por la Policía Militar hondureña y otros
incidentes de violencia que han ocurrido en todo Honduras desde las
elecciones. El presidente Hernández debe garantizar que los autores de
estos crímenes sean identificados y responsables”.
Nota relacionada Senadores de EE.UU. frustrados por corrupción y violencia en Honduras
El
comunicado expresa además: “Instamos a las autoridades hondureñas a
que se abstengan de la violencia y permitan que el pueblo de Honduras
ejerza pacíficamente sus derechos democráticos fundamentales consagrados
en la Constitución hondureña y la Carta Democrática Interamericana”.
URUGUAY
Ante creciente violencia, el PIT-CNT inicia campaña de rechazo con un paro general
PORTAL PIT-CNT
“Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia nada construyen, porque sus simientes son de odio”
José Martí
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT analizó en la mañana de hoy los distintos casos de violencia que están afectando a ciudadanos del país y, con la intención de generar cultura y humanismo contra estos actos aberrantes de agresión desmedida, resolvió realizar el martes 9 del corriente un paro general a partir de las 14 horas y hasta el final de la jornada. En este marco, la dirección de la central sindical pondrá a consideración de los trabajadores un documento en el cual se llama a cambiar la cultura de creciente violencia que hoy afecta a la sociedad.
Al finalizar el encuentro Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT, confesó que existe “un enorme dolor por las vidas que se han perdido (de forma violenta) durante estos últimos días. Cuando culminaba el 2017 murió un policía en el ejercicio de su trabajo. Van cuatro días del año y ya se han registrado dos fimicidios. A esto se le debe sumar la brutal muerte de un taxista y el asesinato de un dirigente sindical, cosa que en el Uruguay hacía mucho tiempo que no sucedía y que nos quiebra el alma. El movimiento sindical es responsable a la hora de construir una cultura de paz y, al mismo tiempo, por darle a nuestros compañeros la mayor seguridad posible”.
El Presidente del PIT-CNT consultado sobre la carátula judicial que tiene la agresión fatal hacia el dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) fue categórico al afirmar que “el asesino, para hablar claro, en varias oportunidades había amenazado a dirigentes sindicales. Los compañeros del Sutcra nos dicen que públicamente afirmo que los iba a pasar por arriba con el camión o que los iba a matar, lo que finalmente sucedió. El mismo día atentó dos veces contra la vida del trabajador (Marcelo Silvera) y su familia, ya que volcó el camión sobre el auto y luego le disparó de forma incalificable, ya que lo mato frente a su esposa e hija. Todos nos podemos dar cuenta que estamos ante un homicidio terrible y esperamos que la justicia tome las medidas adecuadas para que este tipo de cosas no sucedan más en el Uruguay”.
Consultado Pereira cuales serían las medidas adecuadas de la justicia sostuvo que son las que surjan de un” homicidio agravado. De todos modos, no voy a actuar por la justicia. Lo cierto es que la justicia debe brindar una condena clara a un hecho que ha sido brutal”.
Marcelo Abdala, Secretario General del PIT-CNT, agregó que si bien se está ante un hecho judicial lo importante es que se está hablado de cuestiones humanas. “Estamos hablando de como la sociedad uruguaya encuentra caminos para evitar la violencia que lleva a asesinar a mujeres y ciudadanos. En los últimos días se han asesinado a dos policías mientras estaban trabajando y a dos trabajadores del transporte. El caso del dirigente del Sutcra forma parte de la estigmatización que se hace de la actividad sindical, que es una actividad democrática y producto de la lucha de los trabajadores. En el caso del compañero del Sutcra (Marcelo Silvera) estamos ante un hecho aberrante, ya que es asesinado delante de su mujer y de su hijo. En este caso estamos ante una situación que no es estrictamente judicial, estamos ante una situación cultural y de sensibilidad humana. Por esta razón es que paramos el martes 9 y comenzamos una campaña en favor de la vida”.
Pereira, por su parte, anuncio que ante esta sucesión asesinatos es que el Secretariado Ejecutivo ha resuelto realizar el martes 9 un paro a partir de las 14 horas y hasta el final de la jornada. Se distribuirá, además, un documento que se le hará llegar a todos los trabajadores en la cual se indica cual es la posición del PIT-CNT en torno a la “no violencia y a la construcción de la cultura de paz”. Se resolvió, también, convocar a la Mesa Representativa para la primera semana de febrero para tomar posición sobre la propuesta de llevar adelante un paro general parcial en la tercera semana de febrero junto a otras organizaciones sociales. “La idea es colocar la paz, el rechazo a la violencia, la lógica del insulto, el agravio y la descalificación que se da a través de muchas vidas en contra de los dirigentes sindicales. Queremos contrarrestar la lógica que muchos hombres están teniendo al matar a sus ex o actuales parejas. La violencia que se genera en los ámbitos laborales en contra de los trabajadores y la violencia que se genera cotidianamente en contra de la ciudadanía”.
Pereira indicó que la paralización del martes 9 será “de luto y apoyo a la familia, apoyo que ya se le ha brindado desde el primer momento. El hecho central es generar una cultura de paz y de rechazo a la violencia.
Se adjunta declaración del Secretariado Ejecutivo:
“Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia nada construyen, porque sus simientes son de odio”
José Martí
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT analizó en la mañana de hoy los distintos casos de violencia que están afectando a ciudadanos del país y, con la intención de generar cultura y humanismo contra estos actos aberrantes de agresión desmedida, resolvió realizar el martes 9 del corriente un paro general a partir de las 14 horas y hasta el final de la jornada. En este marco, la dirección de la central sindical pondrá a consideración de los trabajadores un documento en el cual se llama a cambiar la cultura de creciente violencia que hoy afecta a la sociedad.
Al finalizar el encuentro Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT, confesó que existe “un enorme dolor por las vidas que se han perdido (de forma violenta) durante estos últimos días. Cuando culminaba el 2017 murió un policía en el ejercicio de su trabajo. Van cuatro días del año y ya se han registrado dos fimicidios. A esto se le debe sumar la brutal muerte de un taxista y el asesinato de un dirigente sindical, cosa que en el Uruguay hacía mucho tiempo que no sucedía y que nos quiebra el alma. El movimiento sindical es responsable a la hora de construir una cultura de paz y, al mismo tiempo, por darle a nuestros compañeros la mayor seguridad posible”.
El Presidente del PIT-CNT consultado sobre la carátula judicial que tiene la agresión fatal hacia el dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) fue categórico al afirmar que “el asesino, para hablar claro, en varias oportunidades había amenazado a dirigentes sindicales. Los compañeros del Sutcra nos dicen que públicamente afirmo que los iba a pasar por arriba con el camión o que los iba a matar, lo que finalmente sucedió. El mismo día atentó dos veces contra la vida del trabajador (Marcelo Silvera) y su familia, ya que volcó el camión sobre el auto y luego le disparó de forma incalificable, ya que lo mato frente a su esposa e hija. Todos nos podemos dar cuenta que estamos ante un homicidio terrible y esperamos que la justicia tome las medidas adecuadas para que este tipo de cosas no sucedan más en el Uruguay”.
Consultado Pereira cuales serían las medidas adecuadas de la justicia sostuvo que son las que surjan de un” homicidio agravado. De todos modos, no voy a actuar por la justicia. Lo cierto es que la justicia debe brindar una condena clara a un hecho que ha sido brutal”.
Marcelo Abdala, Secretario General del PIT-CNT, agregó que si bien se está ante un hecho judicial lo importante es que se está hablado de cuestiones humanas. “Estamos hablando de como la sociedad uruguaya encuentra caminos para evitar la violencia que lleva a asesinar a mujeres y ciudadanos. En los últimos días se han asesinado a dos policías mientras estaban trabajando y a dos trabajadores del transporte. El caso del dirigente del Sutcra forma parte de la estigmatización que se hace de la actividad sindical, que es una actividad democrática y producto de la lucha de los trabajadores. En el caso del compañero del Sutcra (Marcelo Silvera) estamos ante un hecho aberrante, ya que es asesinado delante de su mujer y de su hijo. En este caso estamos ante una situación que no es estrictamente judicial, estamos ante una situación cultural y de sensibilidad humana. Por esta razón es que paramos el martes 9 y comenzamos una campaña en favor de la vida”.
Pereira, por su parte, anuncio que ante esta sucesión asesinatos es que el Secretariado Ejecutivo ha resuelto realizar el martes 9 un paro a partir de las 14 horas y hasta el final de la jornada. Se distribuirá, además, un documento que se le hará llegar a todos los trabajadores en la cual se indica cual es la posición del PIT-CNT en torno a la “no violencia y a la construcción de la cultura de paz”. Se resolvió, también, convocar a la Mesa Representativa para la primera semana de febrero para tomar posición sobre la propuesta de llevar adelante un paro general parcial en la tercera semana de febrero junto a otras organizaciones sociales. “La idea es colocar la paz, el rechazo a la violencia, la lógica del insulto, el agravio y la descalificación que se da a través de muchas vidas en contra de los dirigentes sindicales. Queremos contrarrestar la lógica que muchos hombres están teniendo al matar a sus ex o actuales parejas. La violencia que se genera en los ámbitos laborales en contra de los trabajadores y la violencia que se genera cotidianamente en contra de la ciudadanía”.
Pereira indicó que la paralización del martes 9 será “de luto y apoyo a la familia, apoyo que ya se le ha brindado desde el primer momento. El hecho central es generar una cultura de paz y de rechazo a la violencia.
Se adjunta declaración del Secretariado Ejecutivo:
Montevideo, 4 de enero de 2017
El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, reunido en el día de la fecha, ante la conmoción generada por la muerte de un policía el 30 de diciembre de 2017, dos femicidios en los primeros tres días del año, el homicidio de un taxista y el asesinato de un dirigentes sindical del transporte de carga, resuelve:
El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, reunido en el día de la fecha, ante la conmoción generada por la muerte de un policía el 30 de diciembre de 2017, dos femicidios en los primeros tres días del año, el homicidio de un taxista y el asesinato de un dirigentes sindical del transporte de carga, resuelve:
-
Condenar todas las acciones de violencia que se expresan de la peor
forma, con la pérdida de vidas, bien superior a defender y expresar su
más profundo dolor ante estos hechos.
-
Solidarizarnos con la familia, los amigos y los compañeros y
compañeras de las víctimas.
-
El PIT CNT convoca a un paro general parcial, el próximo martes 9 de
enero, a partir de las 14 horas y hasta el final de la jornada laboral, por
duelo y en la necesidad de reflexionar colectivamente lo que nos está
sucediendo.
-
El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT convocará a una Mesa
Representativa Nacional Ampliada en la primera semana de febrero, a
los efectos de proponer una movilización nacional en defensa de la
vida y contra la violencia, con paro general parcial de 9.00 a 13.00
horas, para la tercera semana de febrero, llamando a movilizarse al
resto de la sociedad.
-
El PIT CNT elaborará un documento sobre estos temas, que ayuden a
la reflexión en cada lugar de trabajo.
PIT-CNT Conferencia de prensa - 4 de enero 2018
Pit-Cnt conmovido: el martes paro parcial por los dos trabajadores asesinados
Paro
general parcial para el 9 de enero por los asesinatos de dos
trabajadores: Marcelo Silvera, chofer de camiones en Rivera, y Jorge
Miranda Páez, taxista en Montevideo.
Pereira anunció que el movimiento sindical tomó varias decisiones: “La primera es un paro el martes que viene [por el 9 de enero], a partir de las 14 hora y hasta el final de la jornada; un documento que circulará por todos los trabajadores y sindicatos que está relacionado a la no violencia y a la construcción de una cultura de paz; convocar a la Mesa Representativa para la primera semana de febrero y votar una medida de paro general parcial para la tercera semana de febrero conjuntamente con otras organizaciones para colocar la paz como una consigna para el movimiento sindical y contraatacar la lógica del insulto, del agravio, de la descalificación que se da por muchas vías contra dirigentes sindicales”, expresó, agregando que también se debe “contrarrestar la lógica que muchos hombres están teniendo matando a sus esposas o a sus exesposas, la violencia que se genera contra los trabajadores y la ciudadanía de distintas formas”, indicó.
En relación al asesinato de Marcelo Silvera, en Rivera, Pereira dijo que el asesino “en varias ocasiones había amenazado a dirigentes sindicales, diciendo que los iba a matar”, dijo Pereira, agregando que “en el mismo día atentó dos veces contra el trabajador: le volcó el camión sobre su auto y luego le disparó en forma incalificable matándolo delante de su esposa e hijo. Todos nos damos cuenta de que hay un homicidio terrible y esperamos que la Justicia tome cosas adecuadas para que no tengamos que lamentar más este tipo de cosas en Uruguay. Han asesinado a un compañero nuestro y eso nos tiene fuertemente conmovidos”, sostuvo.
Pereira dijo que el caso de Rivera “es una aberración porque concentra toda una estigmatización de la actividad sindical, que es democrática por conquista de los trabajadores”, indicó.
Más temprano, Pereira había dicho: “No es la mejor circunstancia la que estamos atravesando, es dolorosa, se trata de la muerte de dos compañeros en el ejercicio de su trabajo. Uno militando sindicalmente y llevando a su hijo al médico, y el otro trabajando en el taxi, entonces de verdad estamos desgarrados pero no queremos pasarnos en lo que decimos”.
Existe "un enorme dolor por las vidas que se han perdido"
Sin precedentes: PIT-CNT realiza paro general por serie de crímenes
En la mañana de ayer se reunió el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT el cual analizó los distintos casos de violencia que se sucintaron en los últimos días, lo cuales afectan a los ciudadanos del país. Este análisis se llevó a cabo con la intención de generar cultura y humanismo contra estos actos aberrantes de agresión desmedida. Por esto mismo, se resolvió que el próximo martes, desde las 14:00 horas iniciará un paro general parcial, el cual concluirá al cierre de la jornada.
Tras la asamblea del Secretariado Ejecutivo, el Presidente del PIT CNT manifestó que existe “un enorme dolor por las vidas que se han perdido (de forma violenta) durante estos últimos días. Cuando culminaba el 2017 murió un policía en el ejercicio de su trabajo”. Recordando cada uno de ellos el titular de la gremial señaló que “van cuatro días del año y ya se han registrado dos femicidios. A esto se le debe sumar la brutal muerte de un taxista y el asesinato de un dirigente sindical, cosa que en el Uruguay hacía mucho tiempo que no sucedía y que nos quiebra el alma. El movimiento sindical es responsable a la hora de construir una cultura de paz y, al mismo tiempo, por darle a nuestros compañeros la mayor seguridad posible”.
Respecto a la carátula judicial que tiene la agresión que terminó en la muerte del dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), Marcelo Silvera, el Presidente del PIT CNT fue contundente señalando que “el asesino, para hablar claro, en varias oportunidades había amenazado a dirigentes sindicales”.
“Los compañeros del Sutcra nos dicen que públicamente afirmo que los iba a pasar por arriba con el camión o que los iba a matar, lo que finalmente sucedió. El mismo día atentó dos veces contra la vida del trabajador (Marcelo Silvera) y su familia, ya que volcó el camión sobre el auto y luego le disparó de forma incalificable, ya que lo mato frente a su esposa e hija. Todos nos podemos dar cuenta que estamos ante un homicidio terrible y esperamos que la justicia tome las medidas adecuadas para que este tipo de cosas no sucedan más en el Uruguay”, añadió.
Respecto a las medidas adecuadas que tendría que adoptar la justicia, Pereira expresó que las mismas serán las que surjan de un “homicidio agravado”. De todos modos, no voy a actuar por la justicia. Lo cierto es que la justicia debe brindar una condena clara a un hecho que ha sido brutal”.
Estigmatización a la actividad sindical
A su vez el Secretario General del PIT CNT, Marcelo Abdala, señaló que hay cuestiones humanas de las cuales se están tocando: “Estamos hablando de como la sociedad uruguaya encuentra caminos para evitar la violencia que lleva a asesinar a mujeres y ciudadanos”, dijo el “Turco, añadiendo que “en los últimos días se han asesinado a dos policías mientras estaban trabajando y a dos trabajadores del transporte”.
Respecto al asesinato de Marcelo Silvera, Abdala expresó que “el caso del dirigente del Sutcra forma parte de la estigmatización que se hace de la actividad sindical, que es una actividad democrática y producto de la lucha de los trabajadores. En el caso del compañero del Sutcra (Marcelo Silvera) estamos ante un hecho aberrante, ya que es asesinado delante de su mujer y de su hijo. En este caso estamos ante una situación que no es estrictamente judicial, estamos ante una situación cultural y de sensibilidad humana. Por esta razón es que paramos el martes 9 y comenzamos una campaña en favor de la vida”.
Fernando Pereira anunció que estos asesinatos que vienen aconteciendo son los puntos por los cuales el Secretariado Ejecutivo ha resuelto realizar el martes 9 un paro a partir de las 14 horas y hasta el final de la jornada. El mismo será “de luto y apoyo a la familia, apoyo que ya se le ha brindado desde el primer momento. El hecho central es generar una cultura de paz y de rechazo a la violencia”.
A su vez indicó que se distribuirá, además, un documento que se le hará llegar a todos los trabajadores en la cual se indica cual es la posición del PIT-CNT en torno a la “no violencia y a la construcción de la cultura de paz”. “La idea es colocar la paz, el rechazo a la violencia, la lógica del insulto, el agravio y la descalificación que se da a través de muchas vidas en contra de los dirigentes sindicales. Queremos contrarrestar la lógica que muchos hombres están teniendo al matar a sus ex o actuales parejas. La violencia que se genera en los ámbitos laborales en contra de los trabajadores y la violencia que se genera cotidianamente en contra de la ciudadanía”, concluyó el presidente del PIT CNT.
Resolución del PIT CNT
El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, que se reunió en la pasada jornada por “la muerte de un policía el 30 de diciembre de 2017, dos femicidios en los primeros tres días del año, el homicidio de un taxista y el asesinato de un dirigentes sindical del transporte de carga” resolvió condenar todas las acciones de violencia que se expresan de la peor forma, con la pérdida de vidas, bien superior a defender y expresar su más profundo dolor ante estos hechos, solidarizándose con la familia, los amigos y compañeros y compañeras de las victimas.
“El PIT CNT convoca a un paro general parcial, el próximo martes 9 de enero, a partir de las 14 horas y hasta el final de la jornada laboral, por duelo y en la necesidad de reflexionar colectivamente lo que nos está sucediendo”, señala la gremial mediante un comunicado, en el que indica que el Secretariado Ejecutivo “convocará a una Mesa Representativa Nacional Ampliada en la primera semana de febrero, a los efectos de proponer una movilización nacional en defensa de la vida y contra la violencia, con paro general parcial de 9.00 a 13.00 horas, para la tercera semana de febrero, llamando a movilizarse al resto de la sociedad.
La imagen no es nada
La Justicia prohibió la difusión de las imágenes del asesinato del sindicalista
Además,
descartó que la empresa haya incurrido en omisión de asistencia, como
afirmó el Sutcra, o que haya habido una motivación sindical en el
crimen.
05.01.2018 08:48 - MONTEVIDEO PORTAL
La Justicia determinó la prisión preventiva para el camionero que en la noche del martes asesinó de un disparo al dirigente sindical Marcelo Silvera en el departamento de Rivera.
La fiscal Bettina Ramos solicitó el enjuiciamiento del detenido por los delitos de homicidio especialmente agravado y tenencia de armas no autorizada.
La jueza aceptó el pedido de la fiscal y ordenó que el hombre permanezca en prisión preventiva hasta que se realice el juicio.
En declaraciones a la prensa, la fiscal Ramos aclaró que tras las primeras declaraciones descartó que el crimen fuera motivado por un problema sindical. "Nunca manejamos ese factor. Está descartado", afirmó, señalando que "ni la familia de la víctima, ni los testigos ni el imputado manifestaron nada sindical".
La motivación sindical había sido manejada tanto por el Sutcra -al que pertenecía la víctima- como el PIT-CNT, que ayer calificó la actitud del asesino de "anti sindical" y "matón". Según los testimonios tanto del acusado como de la familia de la víctima, fue una discusión por el tránsito lo que desencadenó el enfrentamiento.
Hubo "conductas en el procedimiento judicial que llevaron a pedir esta medida cautelar de prisión preventiva", acotó. La fiscal, sin embargo, descartó que hubiera omisión de asistencia por parte de la empresa, como denunció el Sutcra. "Se determinó que hubo llamadas al 911, ambulancia y pedido de auxilio a los vecinos. No se justifica ni es imputable el delito de omisión de asistencia", señaló.
Ahora, el acusado enfrenta una pena de prisión que puede variar entre 15 y 30 años. Según explicó la fiscal Bettina Ramos a Gerardo Hernández, corresponsal del programa Uruguay Verano (Radio Uruguay), se decretó también la prohibición de mostrar las imágenes de las cámaras de la empresa, que muestran el asesinato. La argumentación es que son imágenes muy violentas, y que en un momento de tanta sensibilidad en la sociedad por hechos violentos no aportan al tema.
Este planteamiento fue hecho por la familia del sindicalista, y fue aceptado por la Justicia. De acuerdo a lo afirmado por la abogada de la familia, el pedido fue hecho por una cuestión de sensibilidad y "para evitar represalias"
La defensa del homicida asegura que el hombre "temía por su integridad física, por su vida y tuvo esa respuesta". "Se encuentra acongojado. Nunca pensó que los resultados finales fueran estos. Además de arrepentido está desesperado, porque se encontró en esa realidad de repente y dice que jamás tiró con la intención de matarlo", explicó la defensa del transportista.
La fiscal Bettina Ramos solicitó el enjuiciamiento del detenido por los delitos de homicidio especialmente agravado y tenencia de armas no autorizada.
La jueza aceptó el pedido de la fiscal y ordenó que el hombre permanezca en prisión preventiva hasta que se realice el juicio.
En declaraciones a la prensa, la fiscal Ramos aclaró que tras las primeras declaraciones descartó que el crimen fuera motivado por un problema sindical. "Nunca manejamos ese factor. Está descartado", afirmó, señalando que "ni la familia de la víctima, ni los testigos ni el imputado manifestaron nada sindical".
La motivación sindical había sido manejada tanto por el Sutcra -al que pertenecía la víctima- como el PIT-CNT, que ayer calificó la actitud del asesino de "anti sindical" y "matón". Según los testimonios tanto del acusado como de la familia de la víctima, fue una discusión por el tránsito lo que desencadenó el enfrentamiento.
Hubo "conductas en el procedimiento judicial que llevaron a pedir esta medida cautelar de prisión preventiva", acotó. La fiscal, sin embargo, descartó que hubiera omisión de asistencia por parte de la empresa, como denunció el Sutcra. "Se determinó que hubo llamadas al 911, ambulancia y pedido de auxilio a los vecinos. No se justifica ni es imputable el delito de omisión de asistencia", señaló.
Ahora, el acusado enfrenta una pena de prisión que puede variar entre 15 y 30 años. Según explicó la fiscal Bettina Ramos a Gerardo Hernández, corresponsal del programa Uruguay Verano (Radio Uruguay), se decretó también la prohibición de mostrar las imágenes de las cámaras de la empresa, que muestran el asesinato. La argumentación es que son imágenes muy violentas, y que en un momento de tanta sensibilidad en la sociedad por hechos violentos no aportan al tema.
Este planteamiento fue hecho por la familia del sindicalista, y fue aceptado por la Justicia. De acuerdo a lo afirmado por la abogada de la familia, el pedido fue hecho por una cuestión de sensibilidad y "para evitar represalias"
La defensa del homicida asegura que el hombre "temía por su integridad física, por su vida y tuvo esa respuesta". "Se encuentra acongojado. Nunca pensó que los resultados finales fueran estos. Además de arrepentido está desesperado, porque se encontró en esa realidad de repente y dice que jamás tiró con la intención de matarlo", explicó la defensa del transportista.
Por paz
La fiscal del caso, Bettina Ramos, consideró que el homicidio fue muy especialmente agravado por la “brutal ferocidad”, “la alevosía y el uso de arma de fuego”. Añadió que “no hubo posibilidad de defenderse por parte del fallecido” y consideró que la reacción del procesado “fue desmedida”, ya que no hubo una acción de “provocación”. Ramos aseguró que hasta este punto de la investigación nunca se manejó como un factor desencadenante del hecho las diferencias por temas sindicales que pudieran tener ambos trabajadores: “Ni los testigos ni el imputado han manifestado nada sindical”, señaló. Silvera, de 41 años y delegado sindical del SUTCRA, fue asesinado frente a su hijo y su esposa. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de Transportes Viana, pero a pedido de la fiscalía y de la esposa de la víctima se prohibió que se difundan esas imágenes.
En la noche del miércoles, en tanto, fue asesinado Jorge Alberto Miranda Páez, de 46 años y padre de dos hijos, mientras conducía un taxi. El hecho sucedió en la esquina de Jacinto Trápani y Teniente Galeano, en el barrio Plácido Ellauri, cuando el taxista dejaba a dos pasajeras. Dos personas intentaron rapiñarlas y el conductor, cuando intentó evitarlo, recibió tres disparos. Fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula y murió allí. El hecho motivó un paro del Sindicato del Taxi (SUATT) desde la madrugada de ayer hasta la medianoche, y una importante movilización de taxistas por el centro de Montevideo en la tarde de ayer. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte también se plegó, ayer, al paro de 24 horas; los ómnibus urbanos comenzaron la medida en la mañana de ayer y los suburbanos de Copsa lo harían dos horas antes y hasta dos horas después del sepelio del trabajador, hoy a las 9.00 en el Cementerio del Norte.
Estos dos casos, sumados a la muerte de un policía el 30 de diciembre de 2017 y dos femicidios ocurridos en los primeros días del año, motivaron ayer una reunión del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, en la que se resolvió convocar a un paro general el martes 9 de enero, desde las 14.00 hasta el final de la jornada, y promover una movilización, acompañada de un paro general parcial para la tercera semana de febrero.
Después de la reunión del Secretariado, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en conferencia de prensa, afirmó que el movimiento sindical está “preocupado por todas las vidas”. Recordó que “hacía muchísimo tiempo” que no había un asesinato de un dirigente sindical, algo que “naturalmente nos quiebra el alma; como movimiento sindical somos responsables por construir una cultura de paz, pero al mismo tiempo por darles a nuestros compañeros la mayor seguridad posible”. Pereira informó que la central sindical elaborará un documento que circulará entre los sindicatos y los trabajadores “explicitando nuestra posición sobre el tema, vinculada a la no violencia y a la cultura de paz”, de cara a la convocatoria de una Mesa Representativa del PIT-CNT en la primera semana de febrero. Según expresó el dirigente sindical, la idea es convocar, en conjunto con otras organizaciones sociales, una movilización “para colocar la paz como una consigna fundamental del movimiento sindical y sobre todo para contraatacar la lógica del insulto, del agravio, de la descalificación, que se da por distintas vías contra los dirigentes sindicales, contrarrestar la lógica que muchos hombres están teniendo matando a sus esposas o ex esposas en actos de femicidio, la violencia que se genera contra los trabajadores y la ciudadanía de distintas formas”. Pereira afirmó que el paro del martes 9 responde al “luto, pero después del luto y la solidaridad con la familia, se trata de construir una perspectiva de futuro, una perspectiva de paz y no violencia”. Respecto de si el asesinato de Silvera estuvo vinculado con cuestiones sindicales, Pereira afirmó que, según transmitieron los dirigentes del SUTCRA, el asesino “en varias oportunidades había amenazado a dirigentes sindicales que les iba a pasar con el camión o que les iba a disparar”. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que “la cuestión no es judicial”, con relación a si la pena debía contemplar estos hechos, sino “humana, de cómo la sociedad uruguaya encuentra caminos para evitar la violencia”. El dirigente señaló que la actividad sindical, que es “una actividad democrática, por conquista de los trabajadores”, enfrenta “una estigmatización que en este caso se sintetiza en un hecho aberrante”.
El asesino de Marcelo Silvera fue conducido al juzgado en Rivera
Prisión preventiva para camionero que mató al dirigente sindical
La Fiscalía presentó el caso ante la Justicia en una audiencia de formalización y allí pidió prisión preventiva por homicidio especialmente agravado, con saña y ferocidad. La pena mínima para este crimen es de 15 años y la máxima es de 30.
La defensa del camionero solicitó que espere el juicio en libertad porque había confesado, pero la Fiscalía y la Justicia negaron tal extremo y determinaron prisión preventiva por 90 días.
Este plazo es para que la Fiscalía presente las acusaciones y se inicie el juicio que terminará con una condena, de entre 15 y 30 años de prisión.
En la audiencia de este jueves quedó claro (así lo dijo la Fiscalía y la esposa de la víctima) que Silvera y su matador no se conocían, y que todo comenzó con una discusión de tránsito por una maniobra que hizo el camionero y molestó a Silvera, que iba en auto con su esposa y el hijo de ambos, de seis años. También se comprobó que el asesino tenía el arma sin registrar.
Fiscalía
La Fiscalía de Rivera realizó en la noche del miércoles la reconstrucción del homicidio de Marcelo Silvera, uno de los miembros de la dirección nacional del sindicato de camioneros, tras un entredicho mantenido el martes con otro chofer de la empresa de camiones Viana.
Silvera fue ultimado de un disparo efectuado por el camionero que tiró con un calibre 38 desde la cabina del pesado rodado, mientras aguardaba para ingresar al predio de la empresa. Por estas horas distintas han sido las versiones sobre un accionar antisindical del matador.
No obstante, la esposa del fallecido que presenció el hecho declaró ante la fiscalía y así consta en el expediente al que accedió Subrayado, que el móvil del crimen surge de un entredicho en el tránsito.
Esa misma versión fue manejada por el imputado del crimen, quien rechazó mantener una enemistad con el fallecido, a quien dijo haber visto solamente un par de veces.
La fiscal Bettina Ramos hizo en la noche de este miércoles una composición de lugar, situó el camión y el auto de la víctima en la escena del crimen y repasó las imágenes de las cámaras de seguridad, para corroborar si las declaraciones recabadas por la tarde tenían sustento en la reconstrucción.
Allí se ve que el matador, luego de disparar a Silvera, entra el camión al predio de la empresa, baja su mochila y hace un llamado telefónico.
Según supo Subrayado, el hombre confesó ante la fiscalía que en ese llamado le decía a sus familiares directos que se había mandado una macana.
El dato
Omisión
Otro de los temas que intentó probarse fue si hubo o no omisión de asistencia por parte de la empresa. El sereno dijo que apenas tomó conocimiento de que había una persona herida, intentó llamar desde un teléfono derivado al 911. No pudo hacerlo, porque no era una línea directa. El sereno llamó entonces al encargado para que diera aviso a la policía. Esto fue comprobado en la reconstrucción.
Gremio de judiciales aceptó propuesta del gobierno en plebiscito y ahora el conflicto está a punto de terminar
Tras casi siete años de conflicto, la situación en el Poder
Judicial parece estar volviendo a la normalidad, ya que ayer uno de los
sindicatos más grandes del sector dio un paso importante para llegar a
un acuerdo con el gobierno. La mayoría de quienes participaron en el
“plebiscito” que la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay
(AFJU) realizó durante diciembre votó a favor de aceptar la última
propuesta presentada por el Poder Ejecutivo para dar solución al
conflicto.
Según datos del escrutinio primario que se dieron a conocer ayer y fueron confirmados por el secretario general de AFJU, Richard Ascurrein, en total 1.470 funcionarios votaron a favor del “Sí”, mientras que 1.018 lo hicieron por el “No”.
“El sindicato aceptó la propuesta, pero para que esta realmente corra, el convenio debe tener 80% de adhesiones, que no son adhesiones del sindicato sino de todos los trabajadores judiciales e incluso algunos jubilados”, explicó Ascurrein. El sindicalista dijo que se trata del mismo procedimiento que ya se aplicó con la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, que ya acordaron el cobro de la deuda que el gobierno mantenía con ellos. De concretarse el convenio, sólo quedará pendiente un acuerdo con los actuarios judiciales, que son alrededor de 400, mientras que los funcionarios judiciales son casi diez veces más: cerca de 4.000, explicó Ascurrein. Su organización, la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay, se declaró en cuarto intermedio ante la última oferta del Poder Ejecutivo.
Si bien el gobierno actualmente no cuenta con recursos para aprobar los aumentos acordados con los judiciales, desde el sindicato explicaron que lo que se estila es hacer una “ley puente” para habilitar los fondos y luego ratificar el gasto en la Rendición de Cuentas, cuando “simplemente se ratifica lo aprobado el 1º de enero de 2018”, ilustró Ascurrein.
La propuesta del Ejecutivo implica un incremento de 18,8% del salario de los funcionarios judiciales. Al 7,76% de aumento dado por la Ley 19.310 se le agregará 5% adicional retroactivo a partir del 1º de enero de este año, y a ese monto se le agregará un nuevo 5% en enero de 2019. “El aumento de 5% no es sobre el salario original previo al conflicto, sino sobre ese salario y 7,76% del aumento de finales de 2014. Lo mismo ocurrirá con el aumento de 5% de 2019. No es que se suman, sino que se acumulan”, explicó Ascurrein. El reclamo original del gremio era de un aumento de 26%, y luego se bajó a 21,6% tras la victoria judicial que el sindicato consiguió en 2016.
Ahora, lo que resta es saber si al menos 80% de los funcionarios o ex funcionarios judiciales implicados en la deuda acepta el acuerdo. “Yo me voy a atener a lo que decidió mi sindicato. Pero hay un montón de trabajadores que no son afiliados o que ya se han jubilado que también van a tomar la decisión”, dijo Ascurrein. También aclaró que los integrantes del sindicato que votaron en contra del convenio no están mandatados a aceptarlo en esta instancia. “Cada uno es dueño de hacer lo que quiera”, graficó.
El pasado no pisado
El conflicto que enfrentó a varios actores judiciales con el Estado tuvo su origen en un artículo de la Ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica, de 2010. El artículo buscaba igualar los salarios de los ministros con los de los legisladores, lo que hizo que también se subieran los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Pero como todos los salarios del sistema judicial estaban atados a los de los ministros de la SCJ, los diferentes sindicatos comenzaron a reclamar aumentos salariales que no habían sido acordados.
En la Rendición de Cuentas de 2011, aprobada ese año, el gobierno y el Parlamento intentaron minimizar el problema que se había generado, con un artículo que desglosaba los salarios de los ministros de los del resto de los funcionarios judiciales. De hecho, se derogó el artículo de la Rendición de Cuentas que había establecido los aumentos y en su lugar se aprobó otro en el que los aumentos salariales se limitaban expresamente a una lista concreta de jerarcas. “Los cargos taxativamente enumerados precedentemente son los únicos cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes allí referidos al sueldo nominal de Senador de la República. Para el cálculo de toda otra retribución o dotación, cualquiera sea la norma que la establezca –general o especial–, cuyo monto se determine en relación a, o en un porcentaje de las retribuciones de los cargos enumerados taxativamente en el inciso primero del presente artículo, se tomará como base el valor de los sueldos nominales de dichos cargos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualizaron y actualicen en el futuro los sueldos de la Administración Central”, decía un inciso del nuevo artículo.
Pero esta maniobra jurídica también terminaría fracasando. Una SCJ ad hoc (integrada por ministros del Tribunal de Apelaciones para ese fallo concreto) terminó declarando inconstitucional la salida, lo que obligó al gobierno a asumir la deuda o, al menos, parte de ella. Para eso se aprobó a fines del gobierno de Mujica la Ley 19.310, que estableció aumentos de 7,76% para los trabajadores judiciales, aunque este monto fue rechazado por los gremios por considerarse insuficiente.
Además, la AFJU le ganó en 2016 una demanda civil al Estado, que había sido iniciada en 2014, en la que se reconoció que se le adeudaba 21,6%.
A fines de 2016 comenzaron los acuerdos. Hace casi exactamente un año, el Poder Ejecutivo arregló con magistrados, fiscales y defensores de oficio los pagos de la deuda salarial producida durante los años del conflicto que involucró a la casi totalidad de los funcionarios del Poder Judicial, y la readecuación salarial del futuro. Si bien la mayoría de la dirección de AFJU, por aquel entonces, se aprestaba a acordar la propuesta del gobierno, finalmente el sindicato rechazó la oferta y el conflicto se terminó extendiendo por un año más.
Según datos del escrutinio primario que se dieron a conocer ayer y fueron confirmados por el secretario general de AFJU, Richard Ascurrein, en total 1.470 funcionarios votaron a favor del “Sí”, mientras que 1.018 lo hicieron por el “No”.
“El sindicato aceptó la propuesta, pero para que esta realmente corra, el convenio debe tener 80% de adhesiones, que no son adhesiones del sindicato sino de todos los trabajadores judiciales e incluso algunos jubilados”, explicó Ascurrein. El sindicalista dijo que se trata del mismo procedimiento que ya se aplicó con la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, que ya acordaron el cobro de la deuda que el gobierno mantenía con ellos. De concretarse el convenio, sólo quedará pendiente un acuerdo con los actuarios judiciales, que son alrededor de 400, mientras que los funcionarios judiciales son casi diez veces más: cerca de 4.000, explicó Ascurrein. Su organización, la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay, se declaró en cuarto intermedio ante la última oferta del Poder Ejecutivo.
Si bien el gobierno actualmente no cuenta con recursos para aprobar los aumentos acordados con los judiciales, desde el sindicato explicaron que lo que se estila es hacer una “ley puente” para habilitar los fondos y luego ratificar el gasto en la Rendición de Cuentas, cuando “simplemente se ratifica lo aprobado el 1º de enero de 2018”, ilustró Ascurrein.
La propuesta del Ejecutivo implica un incremento de 18,8% del salario de los funcionarios judiciales. Al 7,76% de aumento dado por la Ley 19.310 se le agregará 5% adicional retroactivo a partir del 1º de enero de este año, y a ese monto se le agregará un nuevo 5% en enero de 2019. “El aumento de 5% no es sobre el salario original previo al conflicto, sino sobre ese salario y 7,76% del aumento de finales de 2014. Lo mismo ocurrirá con el aumento de 5% de 2019. No es que se suman, sino que se acumulan”, explicó Ascurrein. El reclamo original del gremio era de un aumento de 26%, y luego se bajó a 21,6% tras la victoria judicial que el sindicato consiguió en 2016.
Ahora, lo que resta es saber si al menos 80% de los funcionarios o ex funcionarios judiciales implicados en la deuda acepta el acuerdo. “Yo me voy a atener a lo que decidió mi sindicato. Pero hay un montón de trabajadores que no son afiliados o que ya se han jubilado que también van a tomar la decisión”, dijo Ascurrein. También aclaró que los integrantes del sindicato que votaron en contra del convenio no están mandatados a aceptarlo en esta instancia. “Cada uno es dueño de hacer lo que quiera”, graficó.
El pasado no pisado
El conflicto que enfrentó a varios actores judiciales con el Estado tuvo su origen en un artículo de la Ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica, de 2010. El artículo buscaba igualar los salarios de los ministros con los de los legisladores, lo que hizo que también se subieran los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Pero como todos los salarios del sistema judicial estaban atados a los de los ministros de la SCJ, los diferentes sindicatos comenzaron a reclamar aumentos salariales que no habían sido acordados.
En la Rendición de Cuentas de 2011, aprobada ese año, el gobierno y el Parlamento intentaron minimizar el problema que se había generado, con un artículo que desglosaba los salarios de los ministros de los del resto de los funcionarios judiciales. De hecho, se derogó el artículo de la Rendición de Cuentas que había establecido los aumentos y en su lugar se aprobó otro en el que los aumentos salariales se limitaban expresamente a una lista concreta de jerarcas. “Los cargos taxativamente enumerados precedentemente son los únicos cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes allí referidos al sueldo nominal de Senador de la República. Para el cálculo de toda otra retribución o dotación, cualquiera sea la norma que la establezca –general o especial–, cuyo monto se determine en relación a, o en un porcentaje de las retribuciones de los cargos enumerados taxativamente en el inciso primero del presente artículo, se tomará como base el valor de los sueldos nominales de dichos cargos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualizaron y actualicen en el futuro los sueldos de la Administración Central”, decía un inciso del nuevo artículo.
Pero esta maniobra jurídica también terminaría fracasando. Una SCJ ad hoc (integrada por ministros del Tribunal de Apelaciones para ese fallo concreto) terminó declarando inconstitucional la salida, lo que obligó al gobierno a asumir la deuda o, al menos, parte de ella. Para eso se aprobó a fines del gobierno de Mujica la Ley 19.310, que estableció aumentos de 7,76% para los trabajadores judiciales, aunque este monto fue rechazado por los gremios por considerarse insuficiente.
Además, la AFJU le ganó en 2016 una demanda civil al Estado, que había sido iniciada en 2014, en la que se reconoció que se le adeudaba 21,6%.
A fines de 2016 comenzaron los acuerdos. Hace casi exactamente un año, el Poder Ejecutivo arregló con magistrados, fiscales y defensores de oficio los pagos de la deuda salarial producida durante los años del conflicto que involucró a la casi totalidad de los funcionarios del Poder Judicial, y la readecuación salarial del futuro. Si bien la mayoría de la dirección de AFJU, por aquel entonces, se aprestaba a acordar la propuesta del gobierno, finalmente el sindicato rechazó la oferta y el conflicto se terminó extendiendo por un año más.
No tan excepcional: estigmatización y criminalización de la protesta en Uruguay
Diego Castro, Victoria Furtado, Andrés Martínez & María Noel Sosa (Zur) / Foto: Rebelarte
Continuando
con la publicación de capítulos del Informe sobre Derechos Humanos en
Uruguay 2017 del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) presentamos el informe
elaborado por el equipo de Zur sobre la criminalización de la protesta
social en Uruguay.
En
los últimos años, y en particular en este 2017, se ha intensificado el
uso de algunos mecanismos de deslegitimación de la movilización social
que, además de hacer más evidente el distanciamiento entre el gobierno
progresista y el movimiento popular, dan cuenta de una cada vez más
clara criminalización de la protesta en Uruguay. En las páginas que
siguen nos proponemos problematizar este aspecto a partir del análisis
de los hechos más relevantes de este año, como la declaración de
esencialidad de algunos servicios en respuesta a los conflictos
laborales a nivel estatal o el llamado “decreto antipiquete”. Nos
interesa mirar estos acontecimientos no como hechos aislados, repentinos
o recientes, sino como una continuidad con otros elementos que han
estado presentes durante todo el período progresista porque han sido
parte de su construcción de hegemonía.
Por otra parte, entendiendo la necesidad de mirar con atención la creciente criminalización de la protesta social en toda la región, esbozaremos un abordaje preliminar de las características que esta tiene en nuestro país. Cabe aclarar que cuando decimos criminalización de la protesta nos referimos a una estrategia política que ni incluye ni excluye a la represión. Se trata de diversos modos de deslegitimación de la movilización y protesta social que pueden suponer distintos niveles de judicialización o represión policial o militar. En cualquier caso, se trata de discursos y acciones que impiden, debilitan o frenan la disidencia política y minimizan las expresiones del descontento popular. En general tales procesos se enmarcan en medidas globales de seguridad ciudadana que justifican o establecen un contexto de medidas represivas.
La estigmatización de la lucha social en el país y en la región
La estigmatización y criminalización de la protesta o disidencia no es cuestión de un país o estado en particular, aunque existen importantes diferencias entre ellos. La orientación ideológica del gobierno que administra los aparatos represivos que la llevan a cabo, sean estos liberales, conservadores o progresistas, de derecha o de izquierda, tampoco clarifica mucho la situación. Es posible sostener que no existen excepciones, sino más bien grados y matices, niveles de violencia mayores o menores, sutiles o despiadados. No obstante, todo poder estatalizado estigmatiza y criminaliza en algún grado la disidencia para sostenerse, al igual que para emitir mensajes tranquilizadores a los posibles inversionistas que decidan aterrizar en un u otro territorio. El rol del estado es, principalmente, ser el garante jurídico-político de la acumulación de capital, tarea que necesita ampliar y reproducir para solventar los servicios públicos y su propio funcionamiento por medio de la recaudación. En este marco y para tales fines, las protestas, las disidencias, los y las rebeldes son sencillamente un estorbo.
En América Latina, en el marco del gobierno progresista de Rafael Correa, en Ecuador, se procesó a más de doscientos militantes sociales, la mayoría de ellos indígenas y campesinos. En Brasil, Argentina y Chile se han aprobado leyes “antiterroristas” que posteriormente fueron usadas para criminalizar la protesta social. Además, en Brasil, Dilma Rouseff utilizó en 2013 la misma batería de recursos legales para detener las protestas contra el aumento de tarifas del transporte público y el mundial de fútbol que las implementadas por Michel Temer luego de su destitución. En Bolivia, el gobierno del Movimiento al socialismo (MAS), encabezado por Evo Morales, desconoció a las organizaciones indígenas y campesinas, impulsó la conformación de estructuras paralelas a ellas -creando nuevas o colaborando en la fractura de las existentes- y otorgó el reconocimiento para ser voz legítima y legalizada a estas últimas, que mayormente responden a la línea gubernamental. Al visitar Bolivia, en junio de este año, pudimos constatar un afinado mecanismo de estigmatización y judicialización de la protesta y la disidencia que se sustenta en la manipulación de los mecanismos de consulta popular a las comunidades para instalar proyectos extractivos. Primero se intenta convencer a las comunidades de los impactos positivos del emprendimiento a través de un discurso modernizador vinculado al desarrollo y al aumento de las fuentes de trabajo. Posteriormente, si la comunidad se opone, se intenta dividirla por variados e ingeniosos medios. Si aun así no se logran los resultados esperados, la judicialización, estigmatización y represión de quienes resisten son los pasos siguientes, tal como ha sucedido con la construcción de carreteras o los proyectos hidroeléctricos (1).
Cuando comparamos la realidad uruguaya con la de estos países encontramos algunas diferencias importantes, pero hay asimismo similitudes. También aquí asistimos a la instalación y repetición de un discurso modernizador y desarrollista que califica de atrasados a quienes se oponen a ciertos proyectos o inversiones, ubicándolos como contrarios a un supuesto progreso que las más de las veces es solo un buen negocio para las transnacionales. Este discurso se constituye como caldo de cultivo para la estigmatización de los que protestan o disienten, algo que en nuestro país ha sucedido principalmente con los ambientalistas y con los docentes, siendo estos últimos responsabilizados por los problemas de la educación. Si bien este mecanismo es menos violento y judicializador que el empleado en otras latitudes, ha contribuido igualmente al señalamiento de la disidencia y la protesta.
El primer ejercicio de este tipo aplicado por gobiernos progresistas en Uruguay se remonta a los años de mayor conflicto entre la Intendencia de Montevideo y su sindicato, la Asociación de obreros y empleados municipales (ADEOM). En aquel entonces, el gobierno municipal desplegó una serie de recursos para deslegitimar la lucha del sindicato, siendo este un proceso en el que intervinieron también otros sectores sindicales que optaron por alinearse y actuar en complicidad con el gobierno, distanciándose de un sindicalismo al que señalaban como híper radicalizado. Un detalle no menor a tener en cuenta es que, en el último tiempo, la estigmatización ha afectado especialmente a aquellos sindicatos donde el estado es patrón (municipio, empresas públicas, educación y salud) pero que no son conducidos por los sectores oficialistas o frenteamplistas del gremialismo. Por otra parte, en el caso de las empresas públicas, los sindicatos resisten actualmente a las acciones privatizadoras del gobierno, defendiendo así las conquistas obtenidas por el movimiento popular ante el avance del neoliberalismo en nuestro país.
Saliendo del ámbito sindical, el desalojo violento de los estudiantes que ocupaban el Consejo directivo central de la educación en setiembre de 2015, en el marco de un importante conflicto por mayor presupuesto para la educación, también marcó un hito en el proceso que estamos describiendo, pues evidenció la disposición del gobierno para ejercer mano dura, haciendo uso de fuerzas policiales de choque para reprimir a estos jóvenes. En junio de este año hubo un nuevo hecho de tensión con el movimiento estudiantil dada la infiltración policial en una de las marchas por presupuesto que fue denunciada por varios gremios.
Habiendo presentado este breve panorama, en los dos apartados que siguen nos concentramos en algunos de los hechos más destacados de 2017. Entendemos que su consideración conjunta permite una lectura más profunda que la que habilita el abordaje aislado o caso a caso que suele proporcionar el tratamiento mediático de estos sucesos. Vistos en su globalidad, estos eventos dan cuenta de una intensificación del proceso de criminalización y estigmatización de la protesta social y de una voluntad de aplicar mano dura ante la disidencia.
El decreto “antipiquete”, un punto de inflexión
A inicios de este año, el gobierno emitió un decreto que tiene consecuencias directas para las formas de movilización popular que impliquen el desarrollo de actividades en calles y rutas. Mediante el decreto 76/107, del 20 de marzo de 2017, el poder ejecutivo reglamentó el artículo cuatro de la ley número 19.315, relativa al derecho de libre circulación en calles, caminos y carreteras (2). Esta medida, que pasó a ser denominada por las organizaciones y la prensa como “decreto antipiquete”, no tardó en ser aplicada, ya que el 23 de marzo fueron detenidos tres trabajadores del Sindicato único de transportistas de carga y ramas afines (Sutcra) durante la realización de una asamblea en la ruta en Conchillas, Colonia.
Entre tanto, las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos pronunciaban su rechazo al decreto. En un comunicado del 22 de marzo, Serpaj señalaba que el decreto “proporciona aún mayor discrecionalidad a la agencia policial para desactivar cualquier protesta social sin tener el aval del Poder Judicial para hacerlo. Sin un marco de intervención definido desde un enfoque garantista cualquier protesta se convertirá en un campo de vulneración continua de derechos, donde los dispositivos estatales podrán desarrollar prácticas que no se ajustan a los marcos internacionales. Esta medida se incorpora –junto con otras– a una serie de sentidos que el Poder Ejecutivo le otorga al conflicto social y su abordaje. Se profundiza una política que no respeta las reivindicaciones políticas de los movimientos sociales en tanto criminaliza sus instrumentos de empoderamiento político” (3). El mismo día, una declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo informaba que en ningún caso puede detenerse a las personas por manifestarse pacíficamente y que es necesario el control judicial previo para brindar las garantías del caso (4). Asimismo, el 30 de marzo varios sindicatos presentaron un recurso de revocación del decreto (5). El 6 de abril se realizó una marcha desde la explanada de la Universidad hasta la Torre Ejecutiva con la consigna “No al decreto represivo. Las calles son del pueblo”, convocada por la Federación de estudiantes universitarios del Uruguay (FEUU).
Tal como señalábamos desde Zur en ocasión de conocerse el decreto, siempre es caprichosa la identificación de momentos clave en la disrupción de los procesos sociales, pero no cabe duda de que este fue un punto de inflexión (6). La aprobación de una medida que da autonomía a la policía para reprimir protestas sociales solo puede ser leída como un giro conservador del progresismo uruguayo, aunque para muchos el principal quiebre con la propia narrativa de fuerza política de izquierda había estado marcado por la declaración de esencialidad de los servicios educativos prestados por el estado en 2015. A un año y medio de aquel gran conflicto por presupuesto educativo, y en un año que se preveía estaría marcado nuevamente por las reivindicaciones de muchos sindicatos y organizaciones en torno a la distribución del presupuesto público, este camino fue consolidado en 2017.
Pese a no estar dicho expresamente, la resolución abre la puerta a la militarización de la represión en las vías de circulación internas del país, algo que no tiene antecedentes en Uruguay desde el período comprendido entre 1968 y 1973, cuando los gobiernos autoritarios establecieron las medidas prontas de seguridad que antecedieron al golpe de estado. Lo más preocupante es que se prescribe la interposición de una disposición judicial previa a la intervención de las fuerzas represivas, resguardo que garantiza, entre otras cosas, que la represión no se desencadene arbitrariamente por el accionar independiente de la policía. Se establece que el Ministerio del interior “deberá dar cuenta en forma inmediata a la Justicia de la intervención referida”, pero esto puede hacerse luego de que la “intervención” ya fue o está siendo realizada. Por otra parte, el artículo cuarto del decreto aclara que su aplicación no afectará el derecho a huelga, reconocido en la constitución de la república. Y aunque esto pudo haberse leído en un primer momento como una señal hacia las organizaciones y movimientos que desbordan las estructuras sindicales, como el movimiento de mujeres o los ambientalistas, lo cierto es que las primeras aplicaciones del decreto evidenciaron que las protestas de los trabajadores sindicalizados también están comprendidas.
Esencialidad, la medida predilecta (7)
La declaración de esencialidad es una medida contenida en la ley 13.720, promovida en 1968 por el gobierno de Jorge Pacheco Areco en el marco de una fuerte crisis económica y una creciente represión. En la misma se creaba la Comisión de productividad, precios e ingresos, estableciéndose que ese organismo podría indicar qué servicios se consideran esenciales y “deberán ser mantenidos por turnos de emergencia, cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga o el lock out en su caso". El artículo sobre esencialidad de esta ley es uno de los dos que todavía siguen vigentes y desde el retorno la democracia fue utilizado reiteradas veces por los gobiernos de derecha. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti se aplicó siete veces, la mayoría de ellas en organismos públicos (8) y en el segundo dos veces (9). Luis Lacalle usó la medida ocho veces (10) y Jorge Batlle dictaminó la esencialidad en cinco ocasiones (11).
También durante los gobiernos del Frente Amplio el uso de la esencialidad ha estado presente. Durante el primer mandato de Tabaré Vázquez se recurrió a la esencialidad en tres ocasiones: una vez para los servicios regulados por el Ministerio de transporte y obras públicas y dos para los controladores aéreos. El gobierno de José Mujica declaró esenciales los servicios de la Intendencia de Montevideo, de las empresas de recolección, transporte y procesamiento de residuos hospitalarios y, en tres oportunidades, de los trabajadores de la Administración de los servicios de salud del estado (ASSE), totalizando cinco casos. Antes de 2017, el actual gobierno de Tabaré Vázquez había aplicado ya decretos de esencialidad a tres centros del Sistema de responsabilidad penal adolescente y a los servicios de cocina del hospital Pereira Rossell, aunque seguramente el caso más recordado sea huelga de los maestros en 2015. Ante una escalada de la conflictividad sindical en la órbita de la educación pública, Vázquez estableció por decreto la esencialidad de los servicios educativos prestados por el Estado (enseñanza primaria, secundaria y terciaria), lo que necesariamente implicaba la eliminación del derecho a huelga para ese grupo de personas. Finalmente el decreto no fue aplicado, pero sirvió como elemento de presión en la disputa por aumento presupuestal, desviando el foco de atención de una demanda por más recursos para la educación a una demanda por eliminar la esencialidad.
En 2017 el uso de esta medida para limitar el accionar de los sindicatos fue especialmente significativo. La esencialidad fue declarada en el marco de los conflictos desarrollados por los trabajadores del Instituto nacional de meteorología (Inumet), de la Administración nacional de combustibles, alcohol y portland (Ancap) y de ASSE, aplicándose tres veces en un mismo año.
El primer decreto de esencialidad de este año fue para los servicios de Inumet en febrero. El sindicato de trabajadores de este organismo tenía previsto realizar paros que implicaban no emitir pronósticos meteorológicos generales y suspender por dos horas de la emisión de informes a los servicios aeronáuticos, medida que afectaba a los vuelos comerciales. Esto se daba en el marco de un conflicto salarial por partidas adeudadas del año 2016 y por las inequidades salariales derivadas del no reconocimiento de algunas tareas que los trabajadores realizan. La declaración de esencialidad se emitió frente a la decisión de los trabajadores de parar, impidiendo que la medida fuera llevada a cabo.
En junio, el poder ejecutivo resolvió aplicar la esencialidad a los trabajadores de Ancap, quienes desarrollaban un conflicto para evitar la privatización del servicio médico del ente que pasaría a ser adjudicado a la Asociación Española. Este servicio, además ser una conquista de los trabajadores, permitía una atención médica especializada en relación a las enfermedades laborales propias de su tarea. En este marco, habían resuelto no realizar horas extras, lo que perturbó el abastecimiento de combustibles. Tanto trabajadores como autoridades reconocieron la responsabilidad del ente por las deficiencias de un sistema de distribución de combustibles que se sostiene con la realización de horas extras. Pero aun así la esencialidad fue aplicada, esta vez sin sustento jurídico ni administrativo, ya que los trabajadores no interrumpieron sus labores en ningún momento.
En el caso de ASSE, los trabajadores nucleados en la Federación de funcionarios de salud pública habían tomado medidas mientras se desarrollaba la negociación por salarios en la Dirección nacional de trabajo, ocupando cinco centros asistenciales, lo que incluía al Patronato del psicópata. En respuesta a estas ocupaciones, el 10 de agosto el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto de esencialidad de las unidades asistenciales y los servicios de apoyo de Asse. Ante esto, se levantaron las ocupaciones de los centros de salud pero se mantuvo la ocupación del Patronato del psicópata, ya que los trabajadores alegaban que es una comisión honoraria independiente de Asse y por ende no estaba comprendida en el decreto. Finalmente, el centro fue desocupado dada la amenaza del gobierno de que los trabajadores no podrían cobrar a tiempo su salario porque las tareas administrativas necesarias no podrían llevarse a cabo si se mantenía la ocupación.
En este contexto, el 11 de agosto la mesa representativa del Pit-Cnt resolvió hacer un paro general parcial contra el uso de la declaración de esencialidad por parte del gobierno, medida que se concretó el 23 de agosto bajo la consigna: “Contra el decreto abusivo de esencialidad, lo esencial es avanzar en los cambios”.
En el marco de este debate, la ausencia de una definición legal clara en la normativa del país acerca de cuáles son los servicios esenciales ha provocado que algunas voces pidan su regulación para evitar los denunciados abusos por parte de los gobiernos. Sin embargo, esta idea desconoce que la esencialidad es y fue concebida como una herramienta para romper huelgas y exacerba la confianza en una legalidad que pocas veces es benévola con los sectores populares.
El repaso que acabamos de presentar evidencia como el mecanismo de la esencialidad, que implica ya no solo la estigmatización sino también la sanción y posible judicialización de los trabajadores que protestan, ha sido utilizado casi en la misma medida por los gobiernos progresistas que por los gobiernos neoliberales o de derecha. El Frente Amplio ha hecho de la negociación colectiva y la restitución de los consejos de salarios una de sus banderas, pero al mismo tiempo parece estar decidido a romper aquellas huelgas que señalan las limitaciones de su accionar gubernamental. El recurso de la esencialidad, junto con el decreto del gobierno de Mujica que reguló las ocupaciones de los lugares de trabajo (12) y el reciente decreto "antipiquetes" de Vázquez, se aplica en un escenario mayor movilización social, que no presenta ni el auge económico de la década anterior ni la fresca esperanza de una reciente llegada al gobierno del Frente Amplio. Su uso sistemático tiene la intención de dar una señal clara a los trabajadores, aleccionando mediante la amenaza de que si se lucha por mejorar las condiciones laborales y salariales el riesgo es recibir sanciones o perder el empleo. Entre tanto, a los empresarios se les dice que se van a respetar las normas y garantizar las condiciones para la reproducción de su capital. Nada nuevo en la historia de la lucha de clases, pero es llamativo tratándose de un gobierno que pregona la ampliación de derechos para las grandes mayorías.
Reflexiones finales
El consenso instalado por la hegemonía progresista ha supuesto hasta ahora la estigmatización y deslegitimación de quienes lo interpelan. El ataque a aquellos que disienten con el modelo, ya sea por cuestiones ambientales, de derechos humanos o en términos de recursos económicos, vía salarios y presupuesto nacional, también es un recurso utilizado por los gobiernos progresistas. Como toda lógica dominante, el consenso instalado marcó los límites de lo posible, siendo las demandas y protestas que los excedían apaciguadas con diversos recursos legales y con niveles variables de uso de la violencia directa, resguardo último de todo proyecto de dominio.
En nuestro país, los decretos de esencialidad y “antipiquetes” han sido los recursos más utilizados recientemente, intensificándose un proceso que ya había sido puesto en marcha mediante variados mecanismos de estigmatización y deslegitimación de la lucha social. El objetivo preferido del orden en este último tiempo son los ambientalistas, los educadores, las feministas y, en menor medida, los empleados públicos. La insuficiencia y precariedad de los recursos destinados a los servicios públicos, fundamentalmente en salud y educación; la creciente privatización de algunos sectores de las empresas públicas; la subordinación al modelo extractivista, con fuertes impactos sobre la calidad del agua; los beneficios extraordinarios a la inversión extranjera; y el aumento de la violencia contra las mujeres han despertado protestas que desafían los límites del consenso progresista. Para estos casos, la respuesta ha sido o bien incluir parcialmente las demandas, subordinándolas a los intereses del consenso, o bien intentar deslegitimarlas mediante la estigmatización.
Nos interesa señalar que este consenso está enmarcado en el paradigma extractivista, que no solo supone un modelo económico sino también una forma particular de regulación política y social. En países donde este modelo parece estar más avanzado se ha comenzado a hablar de “régimen político del extractivismo” para referirse a esta configuración que, a la vez que expropia riquezas, despoja de las capacidades políticas para incidir en los asuntos públicos. En los territorios donde este modelo se intensifica rige un estado de excepción permanente donde la criminalización se presenta de diversos modos y con distintos matices, pero siempre de manera creciente. En Uruguay no se han presentado todavía casos extremos o continuos de judicialización o represión, pero los casos aislados, la creciente estigmatización de la protesta y el reiterado uso de mecanismos de contención de la lucha social, como los que hemos presentado en estas páginas, así como la tendencia a nivel regional deben advertirnos sobre los caminos que se están pavimentando. Con este aporte esperamos haber colaborado a la reflexión en ese sentido.
Referencias
(1) Nos referimos al conflicto generado a partir del intento del MAS de construir una carretera en el Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), un área protegida que alcanzó ese estatus gracias a la lucha de las comunidades indígenas que habitan la región. También a las resistencias a los proyectos hidroeléctricos El Bala y El Chapete, así como la respuesta a las recientes movilizaciones en Achacachi.
(2) Texto completo del decreto 76/ 2017 disponible aquí.
(3) Serpaj. Comunicado a la opinión pública. 22 de marzo de 2017. Recuperado de aquí.
(4) Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Comunicado respecto del decreto 76/017. 20 de marzo de 2017. Recuperado de aquí.
(5) El pedido de revocación fue firmado por la Confederación de organizaciones de funcionarios del estado (COFE), la Federación nacional de profesores de enseñanza secundaria (Fenapes), la Asociación de docentes de educación secundaria (ADES), la Unión Ferroviaria, la Asociación de funcionarios postales del Uruguay (AFPU), el Sindicato único de gastronómicos y hoteleros del Uruguay (Sughu), la Agremiación federal de funcionarios de la Universidad de la República (Affur), la Asociación de empleados y obreros municipales (Adeom), la Unión de funcionarios del Codicen (UFC), el Sindicato único de automóviles con taxímetros y telefonistas (Suatt) y la Unión de trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC).
(6) Ver Punto de inflexión, Zur, 27 de marzo de 2017. Disponible aquí.
(7) Una versión preliminar de este apartado fue publicada en el artículo Acá mando yo, Zur, 28 de agosto de 2017. Disponible aquí.
(8) Dirección general de seguridad social, Administración nacional de servicios de estiba (en dos oportunidades), Dirección nacional de aduanas, Administración nacional de combustibles, alcohol y portland (Ancap) y Compañía uruguaya de transportes colectivos SA (Cutcsa). También se aplicó durante un conflicto de los trabajadores de la Asociación Española, ocasión en la que el gobierno convocó a una votación secreta de los trabajadores con el objetivo de levantar la ocupación y la huelga.
(9) Unidad Coronaria Móvil (UCM) y Ministerio de ganadería, agricultura y pesca (MGAP).
(10) Dirección Nacional de Aduanas y Ancap (en dos ocasiones cada una), Cutcsa, Administración nacional de estiba, Correo uruguayo y Compañía del gas.
(11) Controladores aéreos, hospital Pereira Rossell, UCM, MGAP y Ministerio de salud pública.
(12) Decreto 354/2010. Disponible aquí.
Por otra parte, entendiendo la necesidad de mirar con atención la creciente criminalización de la protesta social en toda la región, esbozaremos un abordaje preliminar de las características que esta tiene en nuestro país. Cabe aclarar que cuando decimos criminalización de la protesta nos referimos a una estrategia política que ni incluye ni excluye a la represión. Se trata de diversos modos de deslegitimación de la movilización y protesta social que pueden suponer distintos niveles de judicialización o represión policial o militar. En cualquier caso, se trata de discursos y acciones que impiden, debilitan o frenan la disidencia política y minimizan las expresiones del descontento popular. En general tales procesos se enmarcan en medidas globales de seguridad ciudadana que justifican o establecen un contexto de medidas represivas.
La estigmatización de la lucha social en el país y en la región
La estigmatización y criminalización de la protesta o disidencia no es cuestión de un país o estado en particular, aunque existen importantes diferencias entre ellos. La orientación ideológica del gobierno que administra los aparatos represivos que la llevan a cabo, sean estos liberales, conservadores o progresistas, de derecha o de izquierda, tampoco clarifica mucho la situación. Es posible sostener que no existen excepciones, sino más bien grados y matices, niveles de violencia mayores o menores, sutiles o despiadados. No obstante, todo poder estatalizado estigmatiza y criminaliza en algún grado la disidencia para sostenerse, al igual que para emitir mensajes tranquilizadores a los posibles inversionistas que decidan aterrizar en un u otro territorio. El rol del estado es, principalmente, ser el garante jurídico-político de la acumulación de capital, tarea que necesita ampliar y reproducir para solventar los servicios públicos y su propio funcionamiento por medio de la recaudación. En este marco y para tales fines, las protestas, las disidencias, los y las rebeldes son sencillamente un estorbo.
En América Latina, en el marco del gobierno progresista de Rafael Correa, en Ecuador, se procesó a más de doscientos militantes sociales, la mayoría de ellos indígenas y campesinos. En Brasil, Argentina y Chile se han aprobado leyes “antiterroristas” que posteriormente fueron usadas para criminalizar la protesta social. Además, en Brasil, Dilma Rouseff utilizó en 2013 la misma batería de recursos legales para detener las protestas contra el aumento de tarifas del transporte público y el mundial de fútbol que las implementadas por Michel Temer luego de su destitución. En Bolivia, el gobierno del Movimiento al socialismo (MAS), encabezado por Evo Morales, desconoció a las organizaciones indígenas y campesinas, impulsó la conformación de estructuras paralelas a ellas -creando nuevas o colaborando en la fractura de las existentes- y otorgó el reconocimiento para ser voz legítima y legalizada a estas últimas, que mayormente responden a la línea gubernamental. Al visitar Bolivia, en junio de este año, pudimos constatar un afinado mecanismo de estigmatización y judicialización de la protesta y la disidencia que se sustenta en la manipulación de los mecanismos de consulta popular a las comunidades para instalar proyectos extractivos. Primero se intenta convencer a las comunidades de los impactos positivos del emprendimiento a través de un discurso modernizador vinculado al desarrollo y al aumento de las fuentes de trabajo. Posteriormente, si la comunidad se opone, se intenta dividirla por variados e ingeniosos medios. Si aun así no se logran los resultados esperados, la judicialización, estigmatización y represión de quienes resisten son los pasos siguientes, tal como ha sucedido con la construcción de carreteras o los proyectos hidroeléctricos (1).
Cuando comparamos la realidad uruguaya con la de estos países encontramos algunas diferencias importantes, pero hay asimismo similitudes. También aquí asistimos a la instalación y repetición de un discurso modernizador y desarrollista que califica de atrasados a quienes se oponen a ciertos proyectos o inversiones, ubicándolos como contrarios a un supuesto progreso que las más de las veces es solo un buen negocio para las transnacionales. Este discurso se constituye como caldo de cultivo para la estigmatización de los que protestan o disienten, algo que en nuestro país ha sucedido principalmente con los ambientalistas y con los docentes, siendo estos últimos responsabilizados por los problemas de la educación. Si bien este mecanismo es menos violento y judicializador que el empleado en otras latitudes, ha contribuido igualmente al señalamiento de la disidencia y la protesta.
El primer ejercicio de este tipo aplicado por gobiernos progresistas en Uruguay se remonta a los años de mayor conflicto entre la Intendencia de Montevideo y su sindicato, la Asociación de obreros y empleados municipales (ADEOM). En aquel entonces, el gobierno municipal desplegó una serie de recursos para deslegitimar la lucha del sindicato, siendo este un proceso en el que intervinieron también otros sectores sindicales que optaron por alinearse y actuar en complicidad con el gobierno, distanciándose de un sindicalismo al que señalaban como híper radicalizado. Un detalle no menor a tener en cuenta es que, en el último tiempo, la estigmatización ha afectado especialmente a aquellos sindicatos donde el estado es patrón (municipio, empresas públicas, educación y salud) pero que no son conducidos por los sectores oficialistas o frenteamplistas del gremialismo. Por otra parte, en el caso de las empresas públicas, los sindicatos resisten actualmente a las acciones privatizadoras del gobierno, defendiendo así las conquistas obtenidas por el movimiento popular ante el avance del neoliberalismo en nuestro país.
Saliendo del ámbito sindical, el desalojo violento de los estudiantes que ocupaban el Consejo directivo central de la educación en setiembre de 2015, en el marco de un importante conflicto por mayor presupuesto para la educación, también marcó un hito en el proceso que estamos describiendo, pues evidenció la disposición del gobierno para ejercer mano dura, haciendo uso de fuerzas policiales de choque para reprimir a estos jóvenes. En junio de este año hubo un nuevo hecho de tensión con el movimiento estudiantil dada la infiltración policial en una de las marchas por presupuesto que fue denunciada por varios gremios.
Habiendo presentado este breve panorama, en los dos apartados que siguen nos concentramos en algunos de los hechos más destacados de 2017. Entendemos que su consideración conjunta permite una lectura más profunda que la que habilita el abordaje aislado o caso a caso que suele proporcionar el tratamiento mediático de estos sucesos. Vistos en su globalidad, estos eventos dan cuenta de una intensificación del proceso de criminalización y estigmatización de la protesta social y de una voluntad de aplicar mano dura ante la disidencia.
El decreto “antipiquete”, un punto de inflexión
A inicios de este año, el gobierno emitió un decreto que tiene consecuencias directas para las formas de movilización popular que impliquen el desarrollo de actividades en calles y rutas. Mediante el decreto 76/107, del 20 de marzo de 2017, el poder ejecutivo reglamentó el artículo cuatro de la ley número 19.315, relativa al derecho de libre circulación en calles, caminos y carreteras (2). Esta medida, que pasó a ser denominada por las organizaciones y la prensa como “decreto antipiquete”, no tardó en ser aplicada, ya que el 23 de marzo fueron detenidos tres trabajadores del Sindicato único de transportistas de carga y ramas afines (Sutcra) durante la realización de una asamblea en la ruta en Conchillas, Colonia.
Entre tanto, las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos pronunciaban su rechazo al decreto. En un comunicado del 22 de marzo, Serpaj señalaba que el decreto “proporciona aún mayor discrecionalidad a la agencia policial para desactivar cualquier protesta social sin tener el aval del Poder Judicial para hacerlo. Sin un marco de intervención definido desde un enfoque garantista cualquier protesta se convertirá en un campo de vulneración continua de derechos, donde los dispositivos estatales podrán desarrollar prácticas que no se ajustan a los marcos internacionales. Esta medida se incorpora –junto con otras– a una serie de sentidos que el Poder Ejecutivo le otorga al conflicto social y su abordaje. Se profundiza una política que no respeta las reivindicaciones políticas de los movimientos sociales en tanto criminaliza sus instrumentos de empoderamiento político” (3). El mismo día, una declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo informaba que en ningún caso puede detenerse a las personas por manifestarse pacíficamente y que es necesario el control judicial previo para brindar las garantías del caso (4). Asimismo, el 30 de marzo varios sindicatos presentaron un recurso de revocación del decreto (5). El 6 de abril se realizó una marcha desde la explanada de la Universidad hasta la Torre Ejecutiva con la consigna “No al decreto represivo. Las calles son del pueblo”, convocada por la Federación de estudiantes universitarios del Uruguay (FEUU).
Tal como señalábamos desde Zur en ocasión de conocerse el decreto, siempre es caprichosa la identificación de momentos clave en la disrupción de los procesos sociales, pero no cabe duda de que este fue un punto de inflexión (6). La aprobación de una medida que da autonomía a la policía para reprimir protestas sociales solo puede ser leída como un giro conservador del progresismo uruguayo, aunque para muchos el principal quiebre con la propia narrativa de fuerza política de izquierda había estado marcado por la declaración de esencialidad de los servicios educativos prestados por el estado en 2015. A un año y medio de aquel gran conflicto por presupuesto educativo, y en un año que se preveía estaría marcado nuevamente por las reivindicaciones de muchos sindicatos y organizaciones en torno a la distribución del presupuesto público, este camino fue consolidado en 2017.
Pese a no estar dicho expresamente, la resolución abre la puerta a la militarización de la represión en las vías de circulación internas del país, algo que no tiene antecedentes en Uruguay desde el período comprendido entre 1968 y 1973, cuando los gobiernos autoritarios establecieron las medidas prontas de seguridad que antecedieron al golpe de estado. Lo más preocupante es que se prescribe la interposición de una disposición judicial previa a la intervención de las fuerzas represivas, resguardo que garantiza, entre otras cosas, que la represión no se desencadene arbitrariamente por el accionar independiente de la policía. Se establece que el Ministerio del interior “deberá dar cuenta en forma inmediata a la Justicia de la intervención referida”, pero esto puede hacerse luego de que la “intervención” ya fue o está siendo realizada. Por otra parte, el artículo cuarto del decreto aclara que su aplicación no afectará el derecho a huelga, reconocido en la constitución de la república. Y aunque esto pudo haberse leído en un primer momento como una señal hacia las organizaciones y movimientos que desbordan las estructuras sindicales, como el movimiento de mujeres o los ambientalistas, lo cierto es que las primeras aplicaciones del decreto evidenciaron que las protestas de los trabajadores sindicalizados también están comprendidas.
Esencialidad, la medida predilecta (7)
La declaración de esencialidad es una medida contenida en la ley 13.720, promovida en 1968 por el gobierno de Jorge Pacheco Areco en el marco de una fuerte crisis económica y una creciente represión. En la misma se creaba la Comisión de productividad, precios e ingresos, estableciéndose que ese organismo podría indicar qué servicios se consideran esenciales y “deberán ser mantenidos por turnos de emergencia, cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga o el lock out en su caso". El artículo sobre esencialidad de esta ley es uno de los dos que todavía siguen vigentes y desde el retorno la democracia fue utilizado reiteradas veces por los gobiernos de derecha. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti se aplicó siete veces, la mayoría de ellas en organismos públicos (8) y en el segundo dos veces (9). Luis Lacalle usó la medida ocho veces (10) y Jorge Batlle dictaminó la esencialidad en cinco ocasiones (11).
También durante los gobiernos del Frente Amplio el uso de la esencialidad ha estado presente. Durante el primer mandato de Tabaré Vázquez se recurrió a la esencialidad en tres ocasiones: una vez para los servicios regulados por el Ministerio de transporte y obras públicas y dos para los controladores aéreos. El gobierno de José Mujica declaró esenciales los servicios de la Intendencia de Montevideo, de las empresas de recolección, transporte y procesamiento de residuos hospitalarios y, en tres oportunidades, de los trabajadores de la Administración de los servicios de salud del estado (ASSE), totalizando cinco casos. Antes de 2017, el actual gobierno de Tabaré Vázquez había aplicado ya decretos de esencialidad a tres centros del Sistema de responsabilidad penal adolescente y a los servicios de cocina del hospital Pereira Rossell, aunque seguramente el caso más recordado sea huelga de los maestros en 2015. Ante una escalada de la conflictividad sindical en la órbita de la educación pública, Vázquez estableció por decreto la esencialidad de los servicios educativos prestados por el Estado (enseñanza primaria, secundaria y terciaria), lo que necesariamente implicaba la eliminación del derecho a huelga para ese grupo de personas. Finalmente el decreto no fue aplicado, pero sirvió como elemento de presión en la disputa por aumento presupuestal, desviando el foco de atención de una demanda por más recursos para la educación a una demanda por eliminar la esencialidad.
En 2017 el uso de esta medida para limitar el accionar de los sindicatos fue especialmente significativo. La esencialidad fue declarada en el marco de los conflictos desarrollados por los trabajadores del Instituto nacional de meteorología (Inumet), de la Administración nacional de combustibles, alcohol y portland (Ancap) y de ASSE, aplicándose tres veces en un mismo año.
El primer decreto de esencialidad de este año fue para los servicios de Inumet en febrero. El sindicato de trabajadores de este organismo tenía previsto realizar paros que implicaban no emitir pronósticos meteorológicos generales y suspender por dos horas de la emisión de informes a los servicios aeronáuticos, medida que afectaba a los vuelos comerciales. Esto se daba en el marco de un conflicto salarial por partidas adeudadas del año 2016 y por las inequidades salariales derivadas del no reconocimiento de algunas tareas que los trabajadores realizan. La declaración de esencialidad se emitió frente a la decisión de los trabajadores de parar, impidiendo que la medida fuera llevada a cabo.
En junio, el poder ejecutivo resolvió aplicar la esencialidad a los trabajadores de Ancap, quienes desarrollaban un conflicto para evitar la privatización del servicio médico del ente que pasaría a ser adjudicado a la Asociación Española. Este servicio, además ser una conquista de los trabajadores, permitía una atención médica especializada en relación a las enfermedades laborales propias de su tarea. En este marco, habían resuelto no realizar horas extras, lo que perturbó el abastecimiento de combustibles. Tanto trabajadores como autoridades reconocieron la responsabilidad del ente por las deficiencias de un sistema de distribución de combustibles que se sostiene con la realización de horas extras. Pero aun así la esencialidad fue aplicada, esta vez sin sustento jurídico ni administrativo, ya que los trabajadores no interrumpieron sus labores en ningún momento.
En el caso de ASSE, los trabajadores nucleados en la Federación de funcionarios de salud pública habían tomado medidas mientras se desarrollaba la negociación por salarios en la Dirección nacional de trabajo, ocupando cinco centros asistenciales, lo que incluía al Patronato del psicópata. En respuesta a estas ocupaciones, el 10 de agosto el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto de esencialidad de las unidades asistenciales y los servicios de apoyo de Asse. Ante esto, se levantaron las ocupaciones de los centros de salud pero se mantuvo la ocupación del Patronato del psicópata, ya que los trabajadores alegaban que es una comisión honoraria independiente de Asse y por ende no estaba comprendida en el decreto. Finalmente, el centro fue desocupado dada la amenaza del gobierno de que los trabajadores no podrían cobrar a tiempo su salario porque las tareas administrativas necesarias no podrían llevarse a cabo si se mantenía la ocupación.
En este contexto, el 11 de agosto la mesa representativa del Pit-Cnt resolvió hacer un paro general parcial contra el uso de la declaración de esencialidad por parte del gobierno, medida que se concretó el 23 de agosto bajo la consigna: “Contra el decreto abusivo de esencialidad, lo esencial es avanzar en los cambios”.
En el marco de este debate, la ausencia de una definición legal clara en la normativa del país acerca de cuáles son los servicios esenciales ha provocado que algunas voces pidan su regulación para evitar los denunciados abusos por parte de los gobiernos. Sin embargo, esta idea desconoce que la esencialidad es y fue concebida como una herramienta para romper huelgas y exacerba la confianza en una legalidad que pocas veces es benévola con los sectores populares.
El repaso que acabamos de presentar evidencia como el mecanismo de la esencialidad, que implica ya no solo la estigmatización sino también la sanción y posible judicialización de los trabajadores que protestan, ha sido utilizado casi en la misma medida por los gobiernos progresistas que por los gobiernos neoliberales o de derecha. El Frente Amplio ha hecho de la negociación colectiva y la restitución de los consejos de salarios una de sus banderas, pero al mismo tiempo parece estar decidido a romper aquellas huelgas que señalan las limitaciones de su accionar gubernamental. El recurso de la esencialidad, junto con el decreto del gobierno de Mujica que reguló las ocupaciones de los lugares de trabajo (12) y el reciente decreto "antipiquetes" de Vázquez, se aplica en un escenario mayor movilización social, que no presenta ni el auge económico de la década anterior ni la fresca esperanza de una reciente llegada al gobierno del Frente Amplio. Su uso sistemático tiene la intención de dar una señal clara a los trabajadores, aleccionando mediante la amenaza de que si se lucha por mejorar las condiciones laborales y salariales el riesgo es recibir sanciones o perder el empleo. Entre tanto, a los empresarios se les dice que se van a respetar las normas y garantizar las condiciones para la reproducción de su capital. Nada nuevo en la historia de la lucha de clases, pero es llamativo tratándose de un gobierno que pregona la ampliación de derechos para las grandes mayorías.
Reflexiones finales
El consenso instalado por la hegemonía progresista ha supuesto hasta ahora la estigmatización y deslegitimación de quienes lo interpelan. El ataque a aquellos que disienten con el modelo, ya sea por cuestiones ambientales, de derechos humanos o en términos de recursos económicos, vía salarios y presupuesto nacional, también es un recurso utilizado por los gobiernos progresistas. Como toda lógica dominante, el consenso instalado marcó los límites de lo posible, siendo las demandas y protestas que los excedían apaciguadas con diversos recursos legales y con niveles variables de uso de la violencia directa, resguardo último de todo proyecto de dominio.
En nuestro país, los decretos de esencialidad y “antipiquetes” han sido los recursos más utilizados recientemente, intensificándose un proceso que ya había sido puesto en marcha mediante variados mecanismos de estigmatización y deslegitimación de la lucha social. El objetivo preferido del orden en este último tiempo son los ambientalistas, los educadores, las feministas y, en menor medida, los empleados públicos. La insuficiencia y precariedad de los recursos destinados a los servicios públicos, fundamentalmente en salud y educación; la creciente privatización de algunos sectores de las empresas públicas; la subordinación al modelo extractivista, con fuertes impactos sobre la calidad del agua; los beneficios extraordinarios a la inversión extranjera; y el aumento de la violencia contra las mujeres han despertado protestas que desafían los límites del consenso progresista. Para estos casos, la respuesta ha sido o bien incluir parcialmente las demandas, subordinándolas a los intereses del consenso, o bien intentar deslegitimarlas mediante la estigmatización.
Nos interesa señalar que este consenso está enmarcado en el paradigma extractivista, que no solo supone un modelo económico sino también una forma particular de regulación política y social. En países donde este modelo parece estar más avanzado se ha comenzado a hablar de “régimen político del extractivismo” para referirse a esta configuración que, a la vez que expropia riquezas, despoja de las capacidades políticas para incidir en los asuntos públicos. En los territorios donde este modelo se intensifica rige un estado de excepción permanente donde la criminalización se presenta de diversos modos y con distintos matices, pero siempre de manera creciente. En Uruguay no se han presentado todavía casos extremos o continuos de judicialización o represión, pero los casos aislados, la creciente estigmatización de la protesta y el reiterado uso de mecanismos de contención de la lucha social, como los que hemos presentado en estas páginas, así como la tendencia a nivel regional deben advertirnos sobre los caminos que se están pavimentando. Con este aporte esperamos haber colaborado a la reflexión en ese sentido.
Referencias
(1) Nos referimos al conflicto generado a partir del intento del MAS de construir una carretera en el Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), un área protegida que alcanzó ese estatus gracias a la lucha de las comunidades indígenas que habitan la región. También a las resistencias a los proyectos hidroeléctricos El Bala y El Chapete, así como la respuesta a las recientes movilizaciones en Achacachi.
(2) Texto completo del decreto 76/ 2017 disponible aquí.
(3) Serpaj. Comunicado a la opinión pública. 22 de marzo de 2017. Recuperado de aquí.
(4) Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Comunicado respecto del decreto 76/017. 20 de marzo de 2017. Recuperado de aquí.
(5) El pedido de revocación fue firmado por la Confederación de organizaciones de funcionarios del estado (COFE), la Federación nacional de profesores de enseñanza secundaria (Fenapes), la Asociación de docentes de educación secundaria (ADES), la Unión Ferroviaria, la Asociación de funcionarios postales del Uruguay (AFPU), el Sindicato único de gastronómicos y hoteleros del Uruguay (Sughu), la Agremiación federal de funcionarios de la Universidad de la República (Affur), la Asociación de empleados y obreros municipales (Adeom), la Unión de funcionarios del Codicen (UFC), el Sindicato único de automóviles con taxímetros y telefonistas (Suatt) y la Unión de trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC).
(6) Ver Punto de inflexión, Zur, 27 de marzo de 2017. Disponible aquí.
(7) Una versión preliminar de este apartado fue publicada en el artículo Acá mando yo, Zur, 28 de agosto de 2017. Disponible aquí.
(8) Dirección general de seguridad social, Administración nacional de servicios de estiba (en dos oportunidades), Dirección nacional de aduanas, Administración nacional de combustibles, alcohol y portland (Ancap) y Compañía uruguaya de transportes colectivos SA (Cutcsa). También se aplicó durante un conflicto de los trabajadores de la Asociación Española, ocasión en la que el gobierno convocó a una votación secreta de los trabajadores con el objetivo de levantar la ocupación y la huelga.
(9) Unidad Coronaria Móvil (UCM) y Ministerio de ganadería, agricultura y pesca (MGAP).
(10) Dirección Nacional de Aduanas y Ancap (en dos ocasiones cada una), Cutcsa, Administración nacional de estiba, Correo uruguayo y Compañía del gas.
(11) Controladores aéreos, hospital Pereira Rossell, UCM, MGAP y Ministerio de salud pública.
(12) Decreto 354/2010. Disponible aquí.
